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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 384, de 29/04/2021
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 384
ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CELSO LUIS DELGADO ARCE
Sesión núm. 19
celebrada el jueves,
29 de abril de 2021
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a reconvertir una parte de la industria española para la elaboración de material sanitario. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001052) ... (Página2)
- Sobre el diagnóstico realista de nuestra situación económica. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001980) ... (Página6)
- Relativa a establecer un marco normativo adaptado a las singularidades de las startups para el fomento del emprendimiento innovador en nuestro país. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002269) ...
(Página10)
- Relativa a otorgar mayores potestades a los ayuntamientos para requerir el soterramiento o mejora de las instalaciones aéreas de las redes eléctricas y de telefonía y su adecuada conservación. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural.
(Número de expediente 161/000356) ... (Página16)
- Sobre la adopción de medidas para regular el precio del servicio de retirada de efectivo en los cajeros automáticos. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente
161/002283) ... (Página20)
- Relativa a conceder ayudas directas a todos los autónomos y empresarios afectados por la epidemia por la COVID-19 bajo el único requisito de haber visto mermada su facturación. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de
expediente 161/002285) ... (Página26)
- Sobre la necesidad de ofrecer soluciones a los jóvenes. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002381) ... (Página30)
- Sobre brecha de género en conocimientos financieros. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002411) ... (Página36)
- Relativa a que la ubicación del SandBox se sitúe en la ciudad de Barcelona. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/002413) ... (Página40)
- Sobre el uso del índice IRPH en préstamos hipotecarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. (Número de expediente 161/002139) ... (Página44)
Votaciones ... (Página50)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Con carácter previo a comenzar el orden del día y mientras llegan los demás compañeros, recordamos que hay unas variaciones en el orden del día que fueron puestas en conocimiento de todos por la letrada. Comenzaremos debatiendo la
proposición no de ley que figura en el orden del día como número 2 para luego continuar con la número 3, la que iba en primer lugar va a continuación -la número 1-, después debatiremos la que venía en el orden del día con el número 5, después la
número 6, la número 7 y la número 8, en octavo lugar debatiremos la iniciativa número 9, después veremos la número 10 y concluiremos con la número 4. En todos los casos han sido peticiones de compañeros que tenían algún problema de movilidad.
Como informamos en Mesa y portavoces, es costumbre ser generoso en los tiempos, pero eso no significa que no podamos economizar lo que se nos asigna. Son, en principio, siete minutos para el proponente, cinco minutos para el grupo
enmendante y tres minutos para el que se posiciona. Hemos hecho una estimación que hemos comunicado ya, que no votaremos antes de las 14:00 horas. Si hubiera algún cambio, lo participaremos; pero es difícil creer que eso pudiera suceder.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A RECONVERTIR UNA PARTE DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL SANITARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001052).
El señor PRESIDENTE: Así, con estos anuncios y después de daros a todos -que ya estáis la mayoría- los buenos días y alegrarnos de ver con salud a todos aquí, comenzamos con el debate de la primera iniciativa que será la proposición no de
ley relativa a reconvertir una parte de la industria española para la elaboración de material sanitario. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y la va a defender el diputado don Juan Luis Pedreño. Tiene la palabra.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, presidente. Buenos días.
Hace unos meses, en pleno azote de la pandemia por el COVID-19, registramos en esta Cámara desde mi grupo parlamentario la proposición no de ley que hoy debatimos sobre cómo reordenar la tecnología de nuestras empresas en España para poder
atender la crisis sanitaria sin dependencias externas en un momento en el que ya se sabía que todo iba a cambiar y además no es descartable que se produzcan episodios similares en el futuro. Esto era en julio de 2020, prácticamente hace un año, en
ese momento ya sabíamos, éramos conscientes de que la ciencia, la tecnología y las empresas de nuestro país iban a tener un papel importante para atajar la pandemia. Muchos meses después hemos comprobado nuestra dependencia hacia la tecnología que
ha tenido que venir de fuera y esto ha provocado diferentes escenarios, diferentes amenazas, que yo creo que el Gobierno de España debe conocer y
abordar, sobre todo si vuelve a ocurrir una pandemia de iguales o mayores consecuencias, que esperemos lógicamente que no sea así. Estos escenarios -lo voy a intentar resumir- fueron: en primer lugar, un riesgo de no poder atender las
necesidades de la población, lo que conocemos como crisis humanitaria; un freno al desarrollo y al empleo cuando no es posible reaccionar a tiempo -que es lo que nos ha pasado-, una crisis económica que desde luego no hace falta imaginarla mucho
porque realmente la tenemos encima, la estamos viendo y lo que nos queda; un freno al autoabastecimiento de material sanitario y, por último, un retraso en la innovación respecto a otros países. Esto lo estamos comprobando con la síntesis y
fabricación, por ejemplo, de las vacunas, que quizá sea lo más llamativo de este aspecto. Es inevitable ahora que exista una cierta incertidumbre sanitaria y que debemos acometer este problema de impacto en nuestro país ante futuras crisis
sanitarias.
La solución la aporta hoy con esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Popular y esperamos que la apoyen todos los grupos. Se trata -por ser sintético- de crear un mapa de capacidades industriales y tecnológicas dirigidas a cada
comunidad autónoma de manera que se ponga en relación su producción con las necesidades sanitarias permitiendo conocer la capacidad que tiene nuestro país para dar una solución rápida en situaciones de emergencia como la pandemia del coronavirus y
sin depender de terceros países. Durante los peores momentos de la crisis hemos comprobado cómo España ha tenido que ser asistida en sus necesidades sanitarias por proveedores de países externos y esta dependencia de terceros ha sido muy negativa.
Por tanto, tenemos que reconvertir las empresas apostando por la autonomía de España en materia sanitaria. Fijaos, sin embargo, en que España cuenta con recursos materiales suficientes para fabricar con sus propios medios estos productos
industriales tan necesarios para salvar vidas humanas, y como ejemplo tenemos test diagnósticos, respiradores, equipos de desinfección, cámaras termográficas, las propias vacunas, sensores, guantes, etcétera. Un largo etcétera de necesidades que
han surgido conforme avanzaba la pandemia y de las que nos hemos ido dando cuenta en su transcurso. Hemos asistido durante este tiempo a grandes esfuerzos del sector industrial y de las universidades por poder adaptarse a este nuevo escenario con
rapidez, pero lo hemos visto sin ninguna coordinación y sin ningún apoyo por parte del Gobierno. Durante este tiempo ha surgido la figura de los makers, de los expertos en nuevas tecnologías, que se han organizado casi de manera voluntaria para
llevar a cabo ideas y proyectos innovadores tan necesarios en estos momentos tan críticos. Se trata, por tanto, de generar un inventario tecnológico que ponga en común las necesidades sociales y sanitarias que demandaría una pandemia global con las
tecnologías existentes en nuestro sector industrial. Es decir, un mapa en el que se identifiquen las necesidades sanitarias regionales y se pongan en relación con las industrias químicas, textiles, tecnológicas, etcétera, cada comunidad autónoma
aportaría la suya. Pedimos también en esta proposición no de ley fomentar el potencial nacional de las empresas tecnológicas a través de su financiación, potenciando el emprendimiento y el crecimiento del talento. Por tanto, no busquemos fuera lo
que tenemos en España y fomentemos la creatividad de nuestros empresarios con los fondos europeos.
Hemos presentado una autoenmienda a un punto que teníamos en esta PNL que registramos hace un año y que hablaba de la financiación en los Presupuestos Generales del Estado del año 2020, que por motivos obvios hemos retirado. En cualquier
caso, esperando que aprueben esta proposición no de ley y estas iniciativas que aquí se reflejan y que son absolutamente necesarias de forma preventiva en nuestro país, estaremos pendientes de la apuesta del Gobierno por la innovación cuando
conozcamos realmente los proyectos solicitados para el Plan de recuperación con el dinero de Europa, que como es obvio se está haciendo esperar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedreño.
Para defender su enmienda, por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el diputado don Pablo Sáez Alonso-Muñumer.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición no de ley relativa a reconvertir una parte de la industria española para la elaboración de material sanitario. Nos encontramos ante una muy interesante proposición no de ley, aunque
con una exposición de motivos que podría haber sido un poquito más extensa ya que consta tan solo de un folio de dos caras. Se menciona en la exposición de motivos una realidad y es la dependencia de la Unión Europea y de España del abastecimiento
externo de material sanitario, que se ha puesto de manifiesto por la pandemia de la COVID-19. Llama la atención que el país
de procedencia del virus haya registrado un crecimiento del PIB del 2,3 % en 2020, mientras la zona euro registró un descenso del 6,6 %, Estados Unidos un descenso del 2,8 % y nuestro país, liderando los peores registros de la Unión Europea,
una caída del 10,8 %. La grandeza de las naciones se basa en su sector industrial, países como Estados Unidos, Japón, China, Francia y Alemania se constituyen como potencias industriales. Si queremos estar entre las principales economías del
mundo, España debe implementar medidas que permitan una reindustrialización del país. Países en los que la industria tiene un mayor peso sobre el PIB son los más resistentes a los ciclos económicos adversos, pierden menos empleo y el que generan es
más estable y de mejor calidad. Conviene recordar que en los años ochenta el peso relativo de la industria en España representaba el 29 % de nuestro producto interior bruto, la progresiva tercerización de nuestra economía nos ha hecho perder peso
industrial, lo cual entre otras consecuencias ha derivado en un progresivo incremento de la tasa de desempleo, desde el 9,5 % en 1979 al 16,1 % actual. Este hecho se explica en el elevado grado de empleo indirecto que genera el sector industrial.
Un sector industrial potente reduce el grado de dependencia del exterior en relación con productos manufacturados, una de las bases de la demanda interna y por tanto del crecimiento económico. En otro orden, un mayor peso del sector
industrial contribuiría a la retención del know how en España, que engloba no solo el ciclo de valor de la cadena de producción manufacturera sino el diseño, marketing y servicio al cliente; por lo que tener la producción en España asegura cubrir
la totalidad de la misma. Al mismo tiempo que se apoya al sector industrial, sería interesante considerar la industria como elemento dinamizador de las regiones españolas por su efecto tractor en el empleo, su vertebración y dinamización del mundo
rural, como en el caso de la industria agroalimentaria. Por ello, se plantea realizar un análisis de potencialidades de la economía provincial y regional de cara a identificar a qué potenciales industrias tractoras sería necesario facilitar su
implantación en cada región española de cara a generar sinergias con la materia prima existente, las infraestructuras y la tipología de empresas secundarias. Todo ello, de cara a maximizar la generación de riqueza y, por tanto, del empleo. Por
todo lo comentado, hemos presentado unas enmiendas a la PNL, que estimamos la enriquecen y esperamos que sean tomadas en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez.
A continuación, para defender su enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el diputado con Javier Alfonso Cendón.
El señor ALFONSO CENDÓN: Muchas gracias, presidente.
Señorías, la crisis sanitaria y la rápida respuesta del Gobierno en la toma de decisiones ha puesto a la ciencia en un lugar preeminente de la sociedad, reconociendo su papel como palanca fundamental del progreso y desarrollo de nuestro
país. Sin embargo, la COVID-19 también ha hecho aflorar la insuficiencia del sistema actual en sectores estratégicos determinantes y la necesidad de desarrollar un modelo de investigación paneuropeo abierto y sólido. Por eso, conocedores de
nuestras diferencias, también debemos serlo de las premisas que nos hacen avanzar, de la misma forma que ustedes son conscientes, como han reconocido, de que el contenido de esta proposición no de ley está obsoleto. Es lógico, fue registrada en
junio de 2020, pero celebro -ya era hora- que hayan sido capaces de reconocer las deficiencias que dejaron los Gobiernos de la derecha en el campo de la ciencia y la innovación, cuando el señor De Guindos solo se consideraba ministro de Economía,
ignorando su responsabilidad para con la cartera de Ciencia, postergando así el futuro de la nación a la conveniencia del ladrillo, que se desvaneció como un castillo de naipes. También les aplaudo que asuman la prioridad del Gobierno, que sí está
preocupado, pero que además se ocupa de los intereses de las personas y que ha centrado el discurso en la investigación e innovación en salud, en la transformación del sistema de ciencia, en la atracción y retención de talento y en el impulso a la
I+D+i empresarial, tres ejes del Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación que venimos impulsando desde julio de 2020 y que contempla inversiones por importe de 1056 millones de euros. Por eso, podemos asegurar que las propuestas de la parte
resolutiva de esta iniciativa parlamentaria ya han sido puestas en marcha por el Gobierno. Permítanme destacar también la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, aprobada el pasado septiembre y dirigida a fomentar la
inversión privada en I+D, que busca alcanzar en 2027 el 2,12 % del PIB. Recuerden que con ustedes en el poder en 2018 -último dato disponible-, la inversión fue del 1,24 %. Hablamos de casi el doble, aunque no dudamos en aspirar a más para así
poder competir a largo plazo en aras de lograr una mayor prosperidad de nuestro país. Pero también permítanme evocarles el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, otro hito histórico conseguido por este Gobierno, una
iniciativa que invertirá más de 3380 millones de euros en ciencia, tecnología e innovación. Asimismo, quiero recordarles que el pasado mes de diciembre aprobamos los Presupuestos Generales del Estado de 2021, unas cuentas históricas
enfocadas a la reconstrucción social y económica de España, que incluyen la mayor financiación de nuestra democracia para la ciencia y la innovación, un hito del que todos deberíamos participar. En concreto, el presupuesto del Ministerio de Ciencia
e Innovación ha aumentado la inversión directa en 1204 millones de euros, un 59,4 % con respecto a 2020.
Como les decía, los tiempos son rápidos y urgen actuaciones proporcionadas a cada momento. Por este motivo, respetando un clima de trabajo que nos hará avanzar en pro de la sostenibilidad, con respuestas firmes y reales para las personas,
proponemos la siguiente enmienda, centrada en cuatro medidas que sucintamente paso a detallar. En primer lugar, seguir fortaleciendo el sistema de investigación biosanitaria y de salud pública en colaboración con las comunidades autónomas, de tal
forma que el tejido productivo sea adaptativo y pueda reaccionar de manera rápida a las necesidades que puedan surgir, actuando con flexibilidad. Durante estos meses la industria española ha demostrado ser muy eficaz a la hora de dar respuestas a
esta crisis sanitaria, modificando sus cadenas productivas para movilizar recursos y poder dar abasto a la demanda nacional. Por otro lado, durante la pandemia, el CDTI ha dado apoyo financiero a más de ochenta empresas mediante convocatorias
públicas de concurrencia competitiva de programas de innovación con el propósito de abastecer de material sanitario de forma urgente, así como impulsar la investigación del desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. Por este motivo, como segunda
medida apostamos decididamente por la creación de sociedades participadas por centros públicos de investigación, por el CDTI, e inversores privados para el desarrollo empresarial de resultados de investigación. Igualmente, consideramos que se debe
seguir estimulando el potencial de las empresas innovadoras españolas e impulsar el incremento del número de las que se inician en la innovación y en la investigación y el desarrollo. Por último, creemos que se debe continuar apoyando con nuevas
acciones los proyectos innovadores y reforzando la investigación biosanitaria y en salud pública, además de reforzar el CDTI como organismo impulsor de la innovación empresarial, basada en el conocimiento de la industria de la ciencia, en
consonancia con nuestra firme apuesta por un Estado emprendedor. Recuerden, la responsabilidad va por barrios, pero no cabe eximirse, todos tenemos que asumir nuestra parte. De hecho, todos compartimos la necesidad de dejar atrás esta pesadilla y,
por supuesto, ojalá que muchos estemos de acuerdo en reconvertir una parte de la industria española para la elaboración de material sanitario, pero con matices, señorías. Los tiempos cambian vertiginosamente y más tras los trastornos de una
pandemia sin precedentes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alfonso Cendón.
¿Algún grupo parlamentario quiere posicionarse al respecto? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra diputada doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Esta iniciativa que presenta el Grupo Popular, como ya se ha dicho, está ciertamente desactualizada, ya que fue presentada en junio de 2020, cuando todavía había en ciertos momentos desabastecimiento de material sanitario. Sin embargo, una
lee la exposición de motivos y parece que sus señorías del PP se han vuelto intervencionistas. No me gustaría pensar que ya no creen ustedes en el libre mercado después de leer frases como la que dice que 'es necesario que la industria española
mejore su modelo de producción y trabajo para lanzarse a crear productos necesarios y responder a las necesidades sanitarias de una pandemia, porque solo así podrá llegar a autoabastecerse sin necesidad de depender de un país tercero'. La crisis
sanitaria ha puesto a prueba nuestro tejido industrial -eso no se lo discuto-, pero ¿de verdad dicen sus señorías del PP que debemos desde el Estado mantener una industria por si ocurren desgracias como la que estamos viviendo sin tener en cuenta la
rentabilidad de las empresas o sin tener en cuenta que respondan o no a necesidades de mercado? Ciudadanos propone ser cuidadosos con el sector público y que este no decida sobre nuestra economía o nuestro tejido empresarial. Afortunadamente, esto
se dice en la exposición de motivos y la cosa mejora en la parte dispositiva de la iniciativa presentada por los populares.
Sin duda, es importante que tengamos mapeadas las capacidades de producción en caso de emergencias y que conozcamos aquellas industrias que son fácilmente transformables de cara a situaciones como la vivida en los últimos meses, de la que
todavía no hemos salido. También estamos a favor de aumentar la financiación de las actividades de innovación y ciencia, y así lo dejamos reflejado en
las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado cuando pedimos en una de ellas que esa financiación no bajara del 2 % del producto interior bruto. Dicho todo esto, les anticipo que votaremos a favor de su iniciativa.
Gracias presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra don Txema Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Buenos días a todas y a todos. Quiero anunciar que vamos a votar en contra de esta iniciativa y no porque no estemos de acuerdo con el contenido, porque en gran medida estamos de acuerdo con el contenido; es más, me congratulo de que en
esta iniciativa que presenta el Grupo Popular se incorporen algunos elementos con los cuales estoy absolutamente de acuerdo. El primero es que España ha vivido un monocultivo económico centrado sobre todo en el sector servicios, específicamente en
el turismo, y luego en la construcción. Está claro que España en las dos últimas décadas ha vivido un proceso de desindustrialización. Hemos perdido 4 décimas, según Eurostat, estamos muy por debajo de los países más avanzados de Europa y esto,
evidentemente, nos marca un camino. Me congratulo también por el hecho de que el PP entienda el papel dinamizador que tiene que cumplir el Estado, tal y como ellos mismos reflejan en su iniciativa, algo que provoca las -me parece que justas- quejas
de la señora Muñoz. Yo diría que a veces el Partido Popular parece que sufre un cierto trastorno de doble personalidad, y en esto me sumo a las críticas que hacía la señora Muñoz. Se diría que son intervencionistas de día y neoliberales de noche.
No sé muy bien cómo decirlo, pero está claro que esta iniciativa está trufada de intervencionismo, cosa a la que, por supuesto, desde una posición progresista como la nuestra, ni mucho menos nos oponemos. No nos oponemos además en un contexto en el
que se ha demostrado la importancia del papel rector del Estado cuando hay que enfrentar una crisis extraordinaria como la que hemos vivido. Con lo cual, como digo, nos parece absolutamente acertado. Pero, claro, luego llega la otra personalidad o
alma que asalta al Partido Popular en estos casos, que es la neoliberal. Curiosamente, en esta Comisión esa segunda personalidad aparece inmediatamente después. ¿A qué me refiero? A que en esta primera iniciativa que discutimos del Partido
Popular hablamos de ese papel intervencionista, pero luego en la siguiente que vamos a discutir precisamente vuelve a su traje neoliberal y básicamente lo que pide es que volvamos con los ajustes y con las políticas de austeridad que caracterizaron
al país durante la pasada década. Entonces, claro, como ya uno no sabe a quién está votando, si al PP intervencionista o al PP neoliberal, ante esa falta de coherencia vamos a votar en contra, sobre todo porque si no, el debate es imposible. Yo
estoy seguro de que con la señora Muñoz, que por lo menos mantiene una posición liberal, se puede discutir. Incluso ella dice: menos Estado. Pues bien, eso es menos Estado. Pero con esta gente del Partido Popular que pide más Estado y a la vez
menos financiación para el Estado, la verdad es que uno termina por no entender nada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guijarro.
Señor Pedreño, en relación con las enmiendas que han formulado.
El señor PEDREÑO MOLINA: Gracias señor presidente.
Nos parecen buenas las aportaciones que han hecho los grupos parlamentarios. Por tanto, aceptamos incorporar las enmiendas de los grupos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE EL DIAGNÓSTICO REALISTA DE NUESTRA SITUACIÓN ECONÓMICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001980).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos a continuación al siguiente punto del orden del día, el que figuraba con el número de 3, que es la proposición no de ley sobre el diagnóstico realista de nuestra situación económica. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular
que defiende el diputado don Miguel Ángel Castellón Rubio.
El señor CASTELLÓN RUBIO: Muchas gracias, presidente.
Buenos días a todos, señorías. Si esta crisis ha puesto algo de manifiesto, yo creo que ha sido la máxima de que este Gobierno, el Gobierno de España, del Partido Socialista, miente a todo el mundo y además miente todo el tiempo. Nos
dijeron que la incidencia del coronavirus en la economía española iba a ser poco significativa -eso lo dijo la primera autoridad de la economía española-, y como consecuencia de esa imprevisión, de ese engaño a los españoles, el PIB, la riqueza
nacional, cayó el año pasado un 10,8 %; ya sabemos todos que con ese calificativo de la mayor caída de la riqueza nacional desde la Guerra Civil, una pérdida de riqueza de 123 000 millones de euros, que supera con creces la que se produjo en la
anterior crisis económica de 2008 de 89 000 millones de euros. Esta magnitud de la crisis, esos 123 000 millones de euros de pérdida de riqueza pone en perspectiva algunas de las medidas que el Gobierno ha adoptado; pone en perspectiva esos 11 000
millones de euros de ayudas directas, que no suponen ni el 9 % de las pérdidas totales de la economía española. Sumando los fondos europeos, si es que se ejecutaran en un cien por cien esos 26 000 millones de euros que tenían previstos los
Presupuestos Generales del Estado ejecutar este año, no recuperaríamos ni mucho menos las pérdidas producidas por la crisis. Y ahí hablamos de la otra gran mentira de esta crisis económica, la de los Presupuestos Generales del Estado, la del cuadro
de previsiones macroeconómicas, que es la foto fija en la cual la acción del Gobierno se tiene que plantear, la acción del Gobierno en materia económica en este caso. Y es que ustedes montaron, señorías del Partido Socialista y de Podemos, un
cuadro de previsiones que no era una previsión, era una coartada para formular unos Presupuestos Generales del Estado, pero no los que España necesitaba, sino aquellos que se acomodaban a su política de tintes ideológicos, a esa agenda que están
pretendiendo implementar en España de infierno fiscal, gasto público descontrolado y desorbitado que penaliza la recuperación.
Cuando dijeron que para cuadrar el presupuesto íbamos a recaudar 222 000 millones de euros, señores del Gobierno, mintieron, porque todo el mundo sabe que no íbamos a recaudar un 14 % más, 28 000 millones de euros más que en el ejercicio
pasado. Y es que esto era imposible de hacer, ni siquiera con los sablazos fiscales que nos tenían preparados, los que recogían estos Presupuestos Generales del Estado y los que van a llegar en poco tiempo, los que van a llegar en los próximos
meses; ni con más impuestos a las primas de seguros, ni con impuestos nuevos a las transacciones financieras, ni con más tasas, como por ejemplo la tasa Google, ni con el aumento del IRPF y del impuesto sobre sociedades -así hasta esos diez
impuestos que nos han subido o que han creado nuevos- sabían ustedes que iban a poder cumplir ese objetivo de ingresos fiscales. Por tanto, como no vamos a recaudar esa cantidad, el Gobierno irresponsablemente mintió. Mintió con una consecuencia,
y es que vamos a acrecentar el agujero como consecuencia -valga la redundancia- de ese descuadre a sabiendas de las cuentas públicas. Por el lado de los gastos, el presupuesto nada más y nada menos que contemplaba un incremento del 10,1 %.
Lógicamente en una pandemia el gasto público tiene que subir; lo que no tiene que subir es el gasto estructural que, como ha dicho el FMI, está en torno a un 2 % de aumento. Con esas cifras, señorías, lógicamente no vamos a cumplir ni siquiera el
7,7 % de déficit previsto, que ya nos parece optimista, por el Gobierno. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues el agujero fiscal que ustedes van a propinar a nuestras finanzas de 95 000 millones de euros, algo que pone en entredicho la credibilidad
y la solvencia de nuestro país. Hoy tenemos un 25 % más de deuda sobre el PIB, que va a suponer, como dice el Banco de España, que tengamos ajustes, o sea recortes, señor Guijarro; ustedes han provocado que vayamos a tener recortes del Estado del
bienestar y mayor presión fiscal en los próximos diez años como consecuencia de estas imprevisiones y de la falta de medidas adoptadas.
Con esta situación tenemos a un Gobierno que no ha presentado todavía un plan de reequilibrio fiscal, que está además sin presentar las reformas que nos demanda Europa de este Plan de recuperación, están esperando a sacarlas en el minuto de
descuento, a ver si nadie se da cuenta de que nos quieren meter otra vez la mano en la cartera a base de freírnos a impuestos. Y esto tiene como consecuencia algo no poco grave, una crisis de liquidez, que era lo que teníamos al inicio de la
crisis, que se ha convertido en una crisis de solvencia y que con su política irresponsable vamos camino de que se convierta en una crisis financiera. No me digan que España coloca la deuda, señores del Grupo Socialista, maravillosamente bien en
los mercados, que todos sabemos quién compra el cien por cien de la emisión neta de deuda en el mercado. Yo creo que ha llegado el momento de políticas responsables, de las recetas que funcionan, de certidumbre, de responsabilidad, de esas recetas
que el Partido Popular está implementando en determinadas partes de España donde gobierna, que van encaminadas a tener un gasto público racional que se enfoque a la inversión productiva, que sea perfectamente compatible con tener y garantizar los
mejores servicios públicos de calidad, la mejor sanidad, señor Guijarro. Madrid tiene la mejor sanidad de España, la mejor educación de España. Los que venimos de otras comunidades envidiamos la educación que hay en Madrid; esa Madrid
neoliberal, coma usted ha tachado. Y todo ello porque en Madrid la política del Partido Popular es la de implementar un marco fiscal que prime la inversión como base del aumento del crecimiento económico en España. Esa política de impuestos bajos,
de libertad y de crecimiento y apuesta por la gente que quiere invertir en generar puestos de trabajo. Por eso, Madrid tiene un PIB per cápita un 36 % mayor que la media de comunidades autónomas, 35 000 euros per cápita frente a 26 000. Por eso,
el empleo en Madrid es la prioridad, y hoy hemos sabido que el paro en Madrid ha bajado cinco veces más, señores del Partido Socialista y de Podemos, que en el resto de España. Por eso sabemos que ustedes -voy terminando, señor presidente- tuvieron
que revisar el pasado 9 de abril desde el Gobierno las previsiones de crecimiento de los Presupuestos Generales del Estado de un 9,8 % a un 6,5 %.
Hemos presentado esta PNL en la cual pedimos que se actualice el cuadro macroeconómico, que se adecúen los gastos a los ingresos previstos, que se presente un plan de reequilibrio de las finanzas y, por tanto, que se haga una política
responsable, que es la que se está haciendo en otras partes de España. A ese Madrid liberal que ustedes critican, al que ustedes quieren subir los impuestos y al que quieren armonizar con el resto de comunidades socialistas; a ese Madrid que este
trimestre ha creado 40 000 empleos, mientras que en el resto de España se han destruido 137 000, a ese Madrid del 6 % más de actividad que la media nacional le quieren armonizar, pero, es al contrario, lo que hay que hacer es armonizar al resto de
comunidades que ustedes gobiernan con Madrid, porque Madrid es la locomotora que tira de la economía de España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellón.
A esta proposición no se han formulado enmiendas. Pasamos, por lo tanto, al turno de posicionamiento. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Yo voy a centrar mi intervención solo en un punto de esta iniciativa del Grupo Popular, y es el relativo al plan de reequilibrio a medio y largo plazo de las finanzas públicas para asegurar la credibilidad de nuestro país en los próximos
años. Es cierto -y así lo dijo mi grupo parlamentario en la Comisión de Reconstrucción y también en los trabajos realizados para los Presupuestos Generales del Estado- que España, al igual que muchos otros países del mundo, se encuentra actualmente
en una situación singular por esta pandemia, que requiere de medidas extraordinarias y que nos va a llevar irremediablemente a un elevado déficit público. Pero también es cierto que esta situación extraordinaria no debería entenderse como un cheque
en blanco para el Gobierno. La suspensión de los compromisos presupuestarios adquiridos con Bruselas para estos años no son en ningún caso una oportunidad para despilfarrar o hacer gastos innecesarios, más bien al contrario. Es el momento de
gastar, por supuesto que sí, pero en lo que sea estrictamente necesario y en lo que haga falta, y comenzar a pensar en todas aquellas políticas que se han mostrado hasta ahora ineficientes para reformarlas y poder hacer un uso razonable y eficiente
de los recursos públicos que tenemos. Este punto ya lo incluimos, como decía al principio de mi intervención, en nuestras enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que, cómo no, pasó sin recibir el apoyo mayoritario de la Cámara. Por
suerte para nosotros y para todos los españoles, la Unión Europea ya se encarga de ponernos los deberes que nuestro Gobierno, como ejemplo de alumno perezoso, se empeña en no hacer. Votaremos a favor de esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra don Txema Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Como decía en mi anterior intervención, antes nos encontramos con un Partido Popular intervencionista y ahora toma la personalidad del partido el alma neoliberal. No me extraña que la señora Muñoz, de Ciudadanos, mire con más simpatía esta
iniciativa que la anterior, porque esta, por lo menos, tiene cierta coherencia ideológica; coherencia que luego se resiente con la propia intervención del portavoz del Partido Popular a la hora de defender esta iniciativa, porque, nuevamente, se ha
vuelto a quejar de la supuesta
falta de ayudas del Estado al sector privado. Entonces, claro, ya uno no entiende muy bien si son intervencionistas de noche y neoliberales de día o directamente van cambiando de posición minuto a minuto. Porque, realmente, esta posición
no termina de ser, como digo, muy coherente.
Respecto al coste de financiación de la deuda, debo decir que la deuda ha venido aumentando en este último año como era de esperar, porque o era eso, o nos íbamos todos al hoyo. Entonces, el hecho de que España haya incurrido en una deuda
importante debe ser matizado con el hecho de que el coste de financiación de esa deuda está en mínimos históricos. Teniendo una deuda sobre el PIB en máximos históricos, sin embargo, el coste de financiación de la misma está en mínimos. ¿Por qué?
Porque, efectivamente, existe una institución que se llama Banco Central Europeo que está haciendo su trabajo, señorías. Se diría que cuando el Partido Popular esgrime este argumento lo hace como con cierto pique, con cierto cabreo, como que no le
gusta que el Banco Central Europeo eche una mano a sus conciudadanos españoles, sino que preferiría, básicamente, que nos dejara un poco al albur del mercado. En fin, gracias a Dios, las autoridades del Banco Central Europeo ahora mismo no están en
esa doctrina y eso nos permite, de alguna forma, respirar un poco más tranquilos.
Cierro con esta frase que está en la iniciativa y que ha repetido el señor portavoz del Partido Popular: que se adecúen los gastos a los ingresos. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? No hay ERTE, no hay ayudas a las empresas, 16 000
millones de ayudas a las comunidades autónomas tampoco existirían... Habría básicamente paro y desesperación, que es, por suerte, lo que hemos logrado evitar in extremis, gracias a la gestión intervencionista del Gobierno. Por lo tanto, me
congratulo de que el Gobierno haya detenido esta posición, no se haya encastillado en este tipo de planteamientos ideológicos neoliberales completamente caducos y vayamos, como digo, a un siglo XXI un poquito más moderno y, sobre todo, un poquito
más democrático.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el diputado don Víctor González Coello de Portugal.
El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Muchas gracias, señor presidente.
El señor Castellón lo ha dejado muy bien explicado: el Gobierno mintió al asumir una recaudación de impuestos que sabía que no se iba a producir y mintió en la elaboración, por lo tanto, de los Presupuestos Generales del Estado. Es más,
hizo trampa aplicando multiplicadores del gasto del año 1985 para cuadrar sus cuentas o el deflactor del PIB que se aplicó, por no seguir. Mentiría si dijera que nosotros, en línea con esta proposición del Partido Popular, hemos apoyado en el mismo
sentido decenas de iniciativas, porque realmente no son decenas, sino que son cientos las que hemos registrado en el último año. También tiene razón el señor Castellón cuando dice que este Gobierno nos lleva a la miseria. Y también tiene razón el
señor Castellón cuando dice que este Gobierno está llegando tarde, muy tarde, y parece que en el último momento, presentando sus informes a Europa. Pero no es que lo diga yo, lo dijo el 28 de abril ese diario con el cual nosotros tenemos tan buena
relación, El País, cuando dijo que la señora Calviño iba a presentar su plan de rescate -si lo recuerdan ustedes- en marzo, luego el 20 de abril y luego el 27 de abril, y ahora parece que lo va a presentar mañana. Bien, nos alegramos de que así
sea. También el mismo artículo del diario El País dice que la aprobación formal de este plan por parte del Consejo de Ministros ya se ha producido, aunque realmente de ese plan se sabe muy poco, pese a que el Gobierno ha presentado sus líneas
maestras más de una docena de veces. Es increíble cómo se está conculcando y negando a esta Cámara sistemáticamente su labor de control al Gobierno. Por lo tanto, que alguien venga y pida prudencia, que pida que las cuentas cuadren, que, al fin y
al cabo, es decir acabemos con el despilfarro político y con el bienestar político para apoyar el bienestar de los españoles, nos parece muy muy adecuado y muy necesario.
Casualidades de la vida, la señora Calviño nos va a presentar su plan mañana con el plan de estabilidad de déficit y deuda para los próximos dos años. ¡Qué pena! Fíjense, el plan de recuperación europeo en Italia lo podemos ver en la página
web, tienen a su absoluta disposición cada uno de esos documentos, que son muchos; Portugal ya ha presentado su plan de estabilidad, si no recuerdo mal, y aquí, en España, como siempre, con este Gobierno llegaremos tarde y mal. Nos preocupa
muchísimo esta situación, la venimos denunciando sistemáticamente y nos parece muy bien que hablemos de presupuestos cero, de cuadrar las cuentas y de pensar en el bienestar de los españoles y no de su clase política.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Coello de Portugal.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado don Valentín García Gómez.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores diputados.
El PP pretende desacreditar las previsiones del Gobierno, pero mal camino lleva al ser desmentido por la realidad, por los organismos internacionales y, lo que es peor, por su experiencia de Gobierno, porque durante los siete años de
Gobierno de Rajoy en ninguno de esos años acertó en sus previsiones. Pero si sus señorías de la derecha ignoran intencionadamente la realidad, les recordaré que las previsiones del Gobierno son las que más se acercaron a los resultados finales en
PIB, tasa de paro y déficit a finales de 2020. Algunos ejemplos: la tasa de paro quedó en el 16,13 % y todas las previsiones estaban por encima del 19 %; las mejoraron las políticas laborales del Gobierno. El déficit cerró con el 10,3 % de
aumento, lo que pronosticó el Gobierno en mayo de 2020, y el PP lo cifraba, en esos pronósticos que hace, en el 14 o 15 %, nada más. El producto interior bruto decreció el 10,8 %. En mayo de ese año el Gobierno previó una caída del 10,1 %, y los
escenarios centrales de los principales organismos superaban el 12 y el 13 %. Para 2021, la AIReF y el Banco de España afirmaron que las previsiones macroeconómicas de los Presupuestos Generales del Estado estaban en el rango de escenarios
razonables, aunque destacaban la incertidumbre que acompaña a toda previsión en la actual situación de pandemia. El Gobierno ha actualizado recientemente sus previsiones después de que la tercera ola de la pandemia haya golpeado de manera
importante a nuestro país, aunque, afortunadamente, menos que a los países de nuestro entorno. Sin embargo, después del primer trimestre organismos, como el FMI, han mejorado sus previsiones para España: el pasado 7 de abril situaba a España y a
Estados Unidos como los países que más crecerán de la OCDE, concretamente el 6,4 %. Para el segundo semestre del año todos los indicadores señalan que, si la vacunación se desarrolla sin contratiempos, se producirá un importante dinamismo de la
economía española; también la AIReF lo ponía de manifiesto el pasado 10 de abril al reconocer que se mantenían las señales de dinamismo después de los dos primeros meses del año muy afectados por la tercera ola.
Pero lo importante no es solo cuánto de realistas tienen las previsiones, lo importante es contar con un Gobierno que, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, del BCE y del Banco de España en 2020 y 2021 está poniendo toda la
artillería fiscal y económica necesaria para que la triple crisis no se convierta en estructural. Aquí radica la diferencia de la salida de esta crisis a las políticas que el Partido Popular aplicó en 2012: apoyo a la liquidez de las empresas,
ayudas directas a los sectores más afectados, flexibilización laboral a través de los ERTE para evitar la salida masiva de trabajadores al desempleo, ayudas para la familia, subsidios especiales e ingreso mínimo.
Para salir de esta crisis la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo han apostado por otro paradigma diametralmente opuesto a las recetas austericidas del anterior, pero el Partido Popular sigue anclado en aquellas viejas recetas.
El Partido Popular está aislado, a contracorriente de lo que se hace en Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Alemania y las grandes economías, solo le queda el abrazo de la ultraderecha de VOX. Señorías del PP, España es un país solvente.
Señorías del PP, hay futuro, hay esperanza y hay salidas solidarias con las políticas económicas y sociales de este Gobierno, no sean tan agoreros.
Por todo lo expuesto, votaremos en contra de su iniciativa.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Valentín García.
- RELATIVA A ESTABLECER UN MARCO NORMATIVO ADAPTADO A LAS SINGULARIDADES DE LAS STARTUPS PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN NUESTRO PAÍS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002269).
El señor PRESIDENTE: Señorías, la siguiente proposición no de ley la tiene que defender el diputado que la propuso, que es don Ferrán Bel. Como ven, no ha aparecido todavía. Le vamos a dar un margen para que no decaiga y, si les parece,
pasamos a la siguiente, que es la número 5.º, la proposición no de ley relativa a establecer un marco normativo adaptado a las singularidades de las startups para el fomento del emprendimiento innovador en nuestro país. Es del Grupo Parlamentario
Socialista y la defiende la diputada doña María de Los Ángeles Marra. Tiene la palabra.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Bos días. Gracias presidente.
Señorías, en las economías avanzadas la innovación y el emprendimiento innovador es el principal motor de desarrollo económico. Los países innovadores tienen economías más fuertes, tienen mayor potencial para generar empleo de calidad y son
más resistentes estructuralmente a las crisis. Si algo hemos aprendido con dureza en la crisis económica de 2008, y objetivable en datos, es que la precarización, los recortes y el debilitamiento del Estado del bienestar con el Gobierno del Partido
Popular ha ocasionado gran parte de las debilidades con las que hemos afrontado la crisis del COVID-19. Hemos aprendido que la crisis del 2018 afectó con especial virulencia a España por su modelo productivo, por la elevada temporalidad y
precarización de su mercado de trabajo, y hemos aprendido también que la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de cambiar nuestro modelo de país.
Señorías, España vive un momento excepcional, una crisis económica y social sin precedentes como consecuencia de la crisis sanitaria originada por el COVID, donde vacunar, vacunar y vacunar ha sido la principal prioridad del Gobierno y, al
tiempo, la reactivación económica y el empleo. Para ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos manifestado que España necesita un nuevo modelo productivo. Ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que no se pueden aplicar las
recetas del Partido Popular en la anterior crisis económica y social, que España necesita transformar sus bases productivas para lograr una economía más productiva, competitiva y resiliente a crisis futuras, una economía basada en la innovación y el
emprendimiento innovador. De hecho, la innovación ha de ser la piedra angular en la que se apalanquen los sectores tractores de este país para que se incremente la productividad y la competitividad de las empresas que lo componen. Con ello,
señorías, se reforzará la creación de empleo de calidad y hará que España consolide un desarrollo económico sostenible, justo e inclusivo, aumentando así el bienestar social y la calidad de vida de sus ciudadanos.
Y es en este momento, señorías, cuando tenemos una oportunidad extraordinaria para hacerlo posible. Contamos con unos Presupuestos Generales del Estado para 2021. De hecho, estos presupuestos incluyen 1803 millones de euros, entre ayudas
directas e indirectas, al emprendimiento innovador, y eso a pesar del voto en contra de la derecha, y en especial del Partido Popular. Contamos con una ingente cantidad de recursos procedentes de los fondos europeos de reconstrucción, más de 70 000
millones de subsidios a fondo perdido hasta 2023, y eso a pesar de las trabas y obstáculos del Partido Popular en la Unión Europea para que estos fondos llegasen. Y contamos, señorías, con una hoja de ruta, el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la economía española, aprobado por el Gobierno para transformar y modernizar nuestro tejido económico y social, para hacerlo más productivo, competitivo y sostenible, eficiente y estructuralmente más resiliente ante crisis futuras.
Esa es la voluntad del Gobierno de España y es la determinación firme del Grupo Parlamentario Socialista.
Además, y por primera vez, el Gobierno ha mostrado un compromiso histórico con el emprendimiento innovador a través de la Estrategia España Nación Emprendedora, una estrategia clave para la transformación económica, social y medioambiental
de España, en la que el emprendimiento innovador es el principal impulsor del nuevo modelo de país; un modelo más productivo, eficiente, con empresas más competitivas y mayor capacidad de generar más y mejores empleos: una estrategia que no deja a
nadie atrás y evita que los nuevos modelos productivos generen desigualdades sociales. Porque, señorías, no habrá crecimiento económico real en España con trabajadoras y trabajadores pobres. Necesariamente, la innovación debe contribuir a que en
la sociedad el crecimiento económico sea justo, sostenible e inclusivo. Una de las medidas más importantes para favorecer este objetivo es crear un marco legal normativo que reconozca la especificidad y singularidad de las empresas emergentes, de
los emprendedores innovadores, de las startups y de todo el ecosistema emprendedor. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que este marco normativo es de vital importancia para articular políticas públicas favorables a la creación,
crecimiento y consolidación del emprendimiento innovador en España. De ello depende en gran medida que la gestación y el desarrollo de las iniciativas de alto componente innovador obtengan un resultado exitoso. Esto no es un asunto baladí,
señorías. Créanme si les digo que el crecimiento económico futuro provendrá cada vez más de emprendimientos innovadores como los de las startups.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley para la aprobación en Cortes Generales de una ley de fomento del emprendimiento innovador o ley de startups, que establezca un marco normativo adaptado a
las singularidades de las startups, que impulse el crecimiento y fomente el emprendimiento innovador, contribuyendo a la modernización de nuestro tejido productivo, con alto potencial de crecimiento y generación de empleo y riqueza e innovación en
nuestro país. Debe
acometerse con urgencia la tramitación de esta ley necesaria para la articulación de políticas públicas que fomenten su actividad a través de la instrumentación de múltiples medidas en todas las etapas del ciclo de vida de las startups. En
particular, esta ley debe fomentar la creación y reubicación de empresas emergentes en España, facilitar la tramitación administrativa, atraer y retener talento especializado en empresas emergentes, debe impulsar el acercamiento entre la formación
profesional, la universidad y las empresas emergentes, y contribuir en el incremento de la transferencia de conocimientos tecnológicos. Asimismo, debe apoyar el desarrollo de polos de atracción de empresas e inversores en ciudades periféricas y
entornos rurales, impulsar la compra pública e innovadora profesional con empresas emergentes, debe garantizar la eficacia y coherencia del sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en la innovación y debe promover también el seguimiento
participativo de la evolución del ecosistema español de empresas emergentes.
Señorías, España debe situarse a la vanguardia en Europa en emprendimiento e innovación, debe catalizar las inversiones internacionales hacia este sector emergente, debe incentivar proyectos de emprendimiento e innovación que fomenten la
inversión en un ecosistema, el digital, con alto potencial de crecimiento y generación de empleo de calidad, riqueza, desarrollo sostenible y crecimiento económico. En nuestras manos está, señorías, que hoy lo podamos hacer posible, que se inicie
la tramitación en esta Cámara de la ley de startups con el voto favorable de todos los grupos a esta PNL que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Esta, señorías, es una demanda histórica de nuestro país. Por ello, finalizo pidiendo el voto
favorable a esta PNL y ofreciendo nuestro acuerdo, unidad y lealtad institucional para la mejor fórmula para afrontar los enormes retos que nos depara el siglo XXI.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marra.
A continuación, para defender la enmienda del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el diputado don Rodrigo Jiménez Revuelta.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.
La presente proposición no de ley que nos presenta el Partido Socialista es tremendamente necesaria para un sector que lleva demandando esta cuestión desde el año 2015. Ahora bien, este grupo parlamentario ha presentado una enmienda de
mejora en el petitum de la proposición no de ley, modificando en parte la propuesta por el Partido Socialista. Los motivos son evidentes, y es que este grupo parlamentario considera necesario que la previsible ley de startups no quede al albur de
este Gobierno y que aplique el rodillo totalitario al que nos tienen acostumbrados. Para ello, consideramos necesario que cuenten para su elaboración con todas las partes interesadas en este ecosistema empresarial, siendo necesario proponer medidas
fiscales que atraigan la inversión en este tipo de empresas.
Fue el pasado día 11 de febrero cuando el presidente Sánchez presentó la llamada Estrategia España Nación Emprendedora, con cincuenta medidas de apoyo al talento y al emprendimiento innovador y en las que manifestó que el Gobierno, mediante
el Consejo de Ministros, abordaría, como él mencionaba, una demanda histórica mediante la aprobación del anteproyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida como ley de startups, y que, en palabras de Sánchez,
facilitará la tramitación administrativa, ayudará a retener y atraer el talento necesario, impulsará el acercamiento entre la formación profesional, la Universidad y las empresas emergentes e incluirá ventajas fiscales e incentivos de inversión.
Claro, todo esto en palabras de Sánchez genera desconfianza, porque su palabra no es creíble, como este Gobierno de la mentira y de la traición que en cuarenta y ocho horas se echó en brazos del comunismo, con quien dijo que nunca lo haría. Para
ello, debemos recordar la credibilidad que tiene este presidente cuando en 2017 dijo: Si no cumplimos con la palabra dada, ni seremos creíbles ni volveremos a ganar el corazón de los progresistas. El resto ya lo conocen sus señorías.
Es necesaria esta ley -¡claro que sí!-, pero también es necesario el consenso y la implicación de todo el ecosistema empresarial, de tal forma que se coincida con lo que piensa la industria y, fundamentalmente, que se apliquen medidas
ambiciosas en las que la fiscalidad será clave. Tal y como hemos propuesto en nuestra enmienda, es importante la atracción de inversores, y para ello es necesaria una fiscalidad atractiva. Es el caso, por ejemplo, del denominado carried interest,
que se define como la contraprestación obtenida por la entidad gestora como consecuencia de la actividad desarrollada por esta y sin que parezca estar vinculada a quienes son los socios de la misma. La consideración del mismo como rentas de capital
mobiliario y no como rendimientos de trabajo reduce la tributación en un 50 %, aproximadamente.
La realidad es que esta flexibilidad fiscal ya se está produciendo en el País Vasco, que está atrayendo gestores de fondos de capital riesgo y estos mismos están barajando la posibilidad de trasladar su domicilio fiscal a Bilbao, San
Sebastián o Vitoria. Entendemos, así, que los socios que apoyan al Gobierno y que ya están practicando esta fiscalidad en sus provincias tengan a bien apoyar esta iniciativa fiscal para que se incluya en la ley de startups, salvo que consideren que
el Estado español -como les gusta denominarlo- les haga competencia y, por tanto, su postura sea la habitual que llevan décadas practicando, como es la insolidaridad con el resto de comunidades.
Este grupo parlamentario considera que esta ley de startups, como mínimo, debería contener los siguientes apartados: definir qué es una startup; que no hayan transcurrido más de siete años desde su constitución o doce cuando pasan a fase
de scaleup; deben tener un carácter innovador; debe haber un registro de startups; un reconocimiento como sector económico; incentivos fiscales para la innovación, teniendo en cuenta que todo trabajo realizado en los dos primeros años de vida de
startups se considere como I+D+i; actualizar y mejorar la regulación de propiedad intelectual e industrial teniendo en cuenta la nueva economía digital; bonificaciones de la Seguridad Social, tales como la bonificación del 100 % de la cuota de
Seguridad Social para los fundadores que son autónomos societarios y para la contratación de los primeros trabajadores durante al menos los tres primeros años; exenciones en el IRPF a los emprendedores en serie, de tal forma que no tengan que
tributar por la plusvalía generada en la startup, siempre y cuando se destine el importe íntegro recibido en la suscripción de nuevas acciones o participaciones de otra startup; no sujeción al impuesto sobre patrimonio; reformar la figura del exit
tax para que no tengan que tributar los emprendedores que trasladan su domicilio a otros países por plusvalías teóricas -sigamos el ejemplo de Portugal- y crear una figura de diferimiento fiscal que genere una obligación tributaria; eliminar el
límite del 70 % en la compensación de bases imponibles negativas de la base imponible en el impuesto sobre sociedades; la posible opción de no sujeción de IVA en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por startups hasta el
umbral máximo de facturación -100 000 euros, por ejemplo-, como ya se está haciendo en el Reino Unido; el patent box o, lo que es lo mismo, la reducción por explotación de propiedad intelectual; apoyo y captación de talento; adaptar la normativa
laboral a las operaciones de las plataformas digitales, y, por supuesto, la eliminación de cargas administrativas, y simplificar la creación de startups.
Termino, presidente. En definitiva, que se inste al Gobierno a la creación de una ley de startups, pero que cuente no solo con las administraciones públicas, sino también con representantes de las asociaciones del sector de las startups,
así como del sector educativo, centros tecnológicos y representantes del mundo financiero. Esperamos, por tanto, que el Partido Socialista apoye nuestra enmienda.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Revuelta.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado don Mario Cortés Carballo.
El señor CORTÉS CARBALLO: Buenos días a todos.
Evidentemente, compartimos el apoyo a las startups para el desarrollo y la innovación en nuestro país. De hecho, prácticamente ya todas las multinacionales se basan en procesos de innovación abierta apoyándose precisamente en las startups.
Pero, señora Marra Domínguez, menuda forma de pedir el consenso. Pide que apoyemos, que sea todo muy happy desde el punto de vista parlamentario, pero se ha dedicado a lo largo de su discurso a machacar al Partido Popular. Curiosa forma de pedir
el apoyo de nuestro partido, y más cuando ha mentido y se ha puesto a hablar de una serie de fondos europeos para la reconstrucción que usted bien sabe que son para las grandes empresas y que las startups quedan totalmente fuera. Luego entiendo que
habrá sido alguna cuña publicitaria, aprovechando su intervención para hablar de otras cosas, y luego, al final, es cuando se ha centrado en la iniciativa.
Nosotros, y todos los países del entorno civilizado -vamos a llamarlo así-, compartimos, evidentemente, la startup como un elemento clave de desarrollo del país, pero hay dos ideas clave que ustedes se dejan en su argumentación. La primera
es el talento, cuestión que esbozan. El talento es clave para que la startup triunfe evidentemente, pero el talento no es algo que crezca como una seta ni que podamos regar; el talento hay que atraerlo y retenerlo, y, desgraciadamente, una de las
formas de sobrevivir que tiene el talento en un país es precisamente a través de los salarios, y ustedes no hacen otra cosa que intentar gravar los salarios. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona con talento que quiera montar una startup
cuando vea cómo tratan ustedes precisamente este tipo de gravamen en el IRPF, dirá: En España, no. Porque tenemos una política de izquierdas que lo que hace es perseguir el
talento. Así de simple. No conozco ningún talento que quiera un bajo sueldo. Precisamente el talento lo que pide es una buena remuneración, remuneración que ustedes precisamente intentan gravar.
La segunda línea es el capital. Una startup no solo se basa en talento -que también, como hemos dicho-, sino que necesita capital para poder desarrollar la idea. Necesita fondos, necesita capital semilla, necesita business angel, y de
nuevo nos encontramos con lo mismo, con que ustedes de nuevo penalizan a aquel que quiere invertir en una empresa, a aquel que quiere arriesgar su dinero para producir mayor desarrollo, lo cual choca totalmente con su discurso.
Luego nosotros en pos del acuerdo, y sinceramente, por arreglar un poco la iniciativa que ustedes traen, vamos en la misma línea que el compañero anterior, y es que se les olvida la parte fiscal. Yo no sé si intencionadamente o no, pero se
les olvida la parte fiscal. Cambios normativos por supuesto que hay hacer, y hay que apoyar la startup desde muchas ópticas, pero las fundamentales son esas dos: uno, potenciemos el talento y que ese talento tenga un especial gravamen -si me
permiten ustedes-, y dos, apoyemos al capital que arriesga su dinero para apoyar proyectos innovadores, muchos de ellos de alto riesgo, porque muchos de ellos se quedan en el camino. De hecho, la estadística habla de que de cada diez proyectos en
los que se invierte solo uno sale adelante. ¿Y ustedes además persiguen eso? Les hago estas reflexiones para que piensen un poco - sobre todo, ahora que va a intervenir el compañero de Podemos- si realmente el modelo es ese. ¿Queremos talento?
Sí. ¿Queremos que el capital se invierta en nuestras empresas y en nuestro talento? Sí. ¿Qué vamos a hacer aparte de cambios normativos? Porque ya les digo que los cambios normativos por sí solos no van a funcionar.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.
A continuación, para que se posicionen aquellos grupos que lo deseen, por el Grupo Parlamentario EH Bildu tiene la palabra don Oskar Matute.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Seré sumamente breve. Se nos hacía una apelación a los partidos vascos, y Euskal Herria Bildu no cabe duda de que es uno de ellos, sobre cuál iba a ser el sentido de nuestro voto y para aclararlo y que esto no genere ningún tipo de duda,
diré que votaremos en contra, pero no lo vamos a hacer por insolidaridad sino, precisamente, porque no es lo que queremos en nuestro territorio - y nuestra postura ha sido clara en torno a esta posición de free tax para atraer talento, que no es
sino allanar el camino de la fiscalidad hasta dejarla a cero para las empresas mientras se sigue machacando a los y las trabajadoras- y, como no lo hemos votado en Bizkaia como no lo hemos votado en Araba y no lo apoyamos en Gipuzkoa, evidentemente,
no lo vamos a apoyar aquí. De hecho, cuando gobernamos en Gipuzkoa, ya tuvimos serios encontronazos con fortunas del Estado español que habían decidido tributar en Gipuzkoa para así obtener mayor rédito al que habían obtenido en su campo
profesional, ya fuera el tenis o el obtenido en otros lugares, y no vamos a variar nuestra posición. Por tanto, no es una cuestión de insolidaridad sino una cuestión de enfoque.
Nosotros no creemos que la riqueza tenga que venir por perdonar impuestos a quienes más tienen y esto, que hemos dicho nosotras y nosotros desde hace mucho tiempo, parece que ya hay gente que va entendiendo que puede que no sea tan absurdo
ni tan estrambótico porque hasta el propio Joe Biden -que sé que para algún partido de la Cámara puede ser hasta comunista, pero para el común de los humanos y humanas, evidentemente, Joe Biden no es una persona comunista- ya está diciendo que lo
que toca ahora a las empresas es aportar más porque más tienen. Además, dice algo también muy sensato, y es que la riqueza en su país -yo creo que esto es extensible a todos- no la generan los mercados financieros ubicados en Wall Street sino los y
las trabajadoras. Por todo eso, votaremos en contra de la proposición que nos planteaban antes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz, ¿desea intervenir? Tiene la palabra.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista es una muestra más de esas iniciativas autobombo de este Gobierno anunciando una nueva regulación, en este caso de startups, de la que solo sabemos unas líneas generales que son básicamente
un consenso compartido por la amplia mayoría de la sociedad civil, por los empresarios y, también, por todos los partidos representados en esta Cámara.
En la actualidad nos encontramos ante una nueva ola de transformación, sin duda; ante una ola de digitalización global empujada, también sin duda, por esta crisis sanitaria y la necesidad de trasladar nuestras vidas al mundo online, y todos
estos cambios, junto a otros muchos que estaban en marcha, están modificando nuestras sociedades, nuestras economías, la forma de relacionarnos, las relaciones laborales, económicas y también sociales. En mi Grupo, Ciudadanos, queremos que en todo
este cambio España sea un actor relevante. Frente a este nuevo paradigma, las startups son vehículos de innovación, atracción de capital, creación de trabajo y alternativa a las salidas profesionales tradicionales. A pesar de los importantes
avances que se han sucedido en este ámbito y en esas materias en los últimos años, con la irrupción de numerosas startups que han conseguido un notable éxito, hay algunos casos en los que, incluso, han llegado a desplazar en volumen de
capitalización a grandes compañías de sectores tradicionales. La situación de España muestra que todavía queda un importante camino por recorrer en esta materia -estoy de acuerdo con el grupo proponente-, en comparación con los Estados Unidos y
otros países de nuestro entorno.
Señoría del Grupo Socialista, vamos a apoyar esta iniciativa, vamos a votar a favor de la propuesta, pero, de verdad, dejen el marketing y la propaganda y pónganse manos a la obra porque tienen ustedes el BOE para hacerlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Ferran Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa para que no quede ningún tipo de duda del compromiso del Partit Demòcrata en relación con las startups, aunque yo les debería dejar algunas reflexiones. La primera reflexión es que ustedes presentaron
esta PNL hace ya más de un año y hemos avanzado relativamente poco. En su iniciativa establecen la necesidad de que haya una regulación específica en el ámbito mercantil y en el ámbito tributario, y yo les podría añadir en el ámbito financiero, en
el ámbito laboral y de las relaciones laborales. Lo que es importante para las startups, sobre todo para aquellas que surgen en torno a todos los avances tecnológicos que se están produciendo en nuestra sociedad, es un marco regulatorio global -no
específico de las startups sino aquel marco en el que ellas se van a desarrollar y trabajar- que les aporte seguridad jurídica y que las líneas de trabajo que inician en estos momentos puedan tener una continuidad o un marco legal similar durante
los próximos tres, cuatro o cinco años, porque este también es uno de los elementos que todas las personas que tienen iniciativas en este ámbito consideran y, cuando evalúan la posibilidad de implantarse en determinado Estado, también lo tienen en
cuenta. Por tanto, nosotros vamos a apoyar la PNL.
En cuanto al discurso de la atracción de talento, solo recordarles alguna propuesta que les hemos planteado recientemente en esta Comisión y que intentaba, desde el ámbito fiscal, favorecer no a las grandes fortunas ni a los ricos, sino la
atracción del talento español que está en el resto del mundo para que pueda volver y del talento de otros Estados que pueda desarrollar su actividad en España. En ese momento no convencimos a la mayoría de sus señorías; en todo caso, vamos a
perseverar.
Es verdad que sería necesario -seguro que todos después tendremos matizaciones y algunas aportaciones que hacer- que este proyecto de ley de startups tuviese entrada rápidamente en esta Cámara y que entre todos fuéramos diligentes en su
tramitación.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra don Txema Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
Voy a empezar por donde lo ha dejado el señor Bel. Creo que hay que pedir diligencia al Gobierno porque es verdad que esta iniciativa es absolutamente fundamental para los próximos años, para el futuro de nuestro país y, por lo tanto, vamos
a apoyar esta iniciativa del Grupo Socialista. Nos parece absolutamente pertinente y, aunque es verdad que se registró hace meses y que las PNL por su propia naturaleza tienden a perder algo de actualidad con el tiempo; sin embargo, me parece que
el contenido sigue siendo válido y es absolutamente necesario ir por la vía o por el sendero que marca la iniciativa.
Solo quiero añadir una reflexión. El portavoz del Grupo Popular se quejaba de esta situación protocomunista en la que está España y decía que, efectivamente, hay una presión insoportable por parte
del Estado, un IRPF infernal, monstruoso, etcétera, pero, claro, luego uno se va a la realidad y, señor portavoz del Grupo Popular, no sé si usted se da cuenta, pero es exactamente al contrario, exactamente al contrario. Es decir, por la
lógica que usted acaba de exponer, Alemania estaría entre los países de cola porque tiene un IRPF superior al español, porque tiene una presión fiscal superior a la española y, sin embargo, ¿sabe usted? ¡Sorpresa! Resulta que Alemania tiene un
índice de innovación brutalmente superior a España. ¿Por qué? ¿Porque los alemanes son especiales o nosotros somos especialmente tontos? Yo diría que no, que la ventaja de los alemanes es que tienen un Estado alemán y el Estado alemán da
certidumbres, certezas, seguridades, que es lo que hace falta para que la iniciativa privada pueda proliferar. La iniciativa privada nunca prolifera en un contexto de incertidumbre, en un contexto donde el Estado no es capaz de garantizar un marco
legal como corresponde. Por lo tanto, si usted se fija en las estadísticas y en la historia de Europa y del mundo, se dará cuenta de que la correlación que acaba usted de establecer es exactamente la contraria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Señora Marra, ¿a los efectos de las enmiendas presentadas?
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: No, no se aceptan, presidente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- RELATIVA A OTORGAR MAYORES POTESTADES A LOS AYUNTAMIENTOS PARA REQUERIR EL SOTERRAMIENTO O MEJORA DE LAS INSTALACIONES AÉREAS DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y DE TELEFONÍA Y SU ADECUADA CONSERVACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL.
(Número de expediente 161/000356).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la iniciativa que habíamos pospuesto, que es la proposición no de ley relativa a otorgar mayores potestades a los ayuntamientos para requerir el soterramiento o mejora de las instalaciones aéreas de las redes
eléctricas y de telefonía y su adecuada conservación. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Plural y la defiende el diputado don Ferran Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente. También quiero agradecer a la Presidencia y al resto de portavoces el haber podido retrasar en el orden del día la presentación y hacerla así compatible con mi llegada al Congreso.
Supongo que no todos ustedes han sido concejales o alcaldes en su municipio, pero sí supongo que habrán tenido conversaciones con concejales y alcaldes de los ayuntamientos, y les habrán reflejado en algún momento la dificultad para poder
interlocutar en igualdad de condiciones con las grandes compañías de suministro eléctrico y de telefonía. Quizá los grandes ayuntamientos -estoy pensando en Barcelona o Madrid- tienen por su importancia esta capacidad de interlocución mejor
resuelta -que yo creo que no-, pero les puedo asegurar que los pequeños y medianos ayuntamientos tienen muchísimas dificultades en la interlocución con las grandes compañías que van actuando en los diferentes términos municipales, no digo a su aire,
pero sí con cierta permisividad que les ofrece la propia legislación, o bien la Ley General de Telecomunicaciones o la Ley del Sector Eléctrico. Todos hemos vivido casos en los que se establecen nuevas líneas, mayoritariamente aéreas, sin respetar
situaciones o la voluntad de la misma corporación municipal, ya no digo de los diferentes vecinos, pero sí de la corporación municipal -que al fin y al cabo es la que representa el interés general en cada uno de los municipios- y, además, es en
determinados barrios, en los cascos antiguos, donde se pone muy de manifiesto esta situación. Incluso aunque el ayuntamiento -y les hablo por experiencia- haga el esfuerzo de inversiones para hacer todas las líneas soterradas y los diferentes
conductos, el simple traslado de las líneas aéreas a las instalaciones ya soterradas por el ayuntamiento en el casco antiguo se convierte en una batalla, cuando no en un intento de cobrar al ayuntamiento unas cantidades absolutamente desorbitadas.
Por estas razones nosotros presentamos esta proposición de ley con el ánimo de que pueda ser aprobada. Por eso hemos redactado una parte dispositiva de forma muy general, instando al Gobierno a que se impulsen -no las concretamos- las
medidas legales necesarias para ampliar las potestades de los ayuntamientos -no decimos ni qué potestades ni en qué ámbitos, también lo dejamos abierto- y que se pueda requerir a los operadores de titulares de telefonía y de electricidad el
soterramiento o la
mejora de las líneas e instalaciones aéreas existentes, de los nuevos despliegues, así como su adecuado estado de conservación. Digo esto porque también la conservación de estas líneas es uno de los temas que genera mucho trabajo y
preocupaciones a los diferentes responsables de las corporaciones locales, que son los que reciben las quejas directas de sus vecinos y que, en ocasiones, no tienen los instrumentos legales suficientes para poder actuar. (El señor vicepresidente,
Hurtado Zurera, ocupa la Presidencia).
En todo caso, les pido su voto favorable. Y haré una última reflexión antes de que ustedes voten. Insisto, pónganse en la piel de aquel alcalde, de aquel concejal de un municipio pequeño o mediano donde la interlocución con una de estas
grandes compañías, como mucho, será con un encargado de una subcontrata que tienen en su zona o en su región y que ve, con la impotencia de no poder hacer nada, cómo se van estableciendo nuevas líneas aéreas o no se pueden soterrar aquellas líneas
aéreas necesarias que causan alguna molestia, a veces algún impacto visual, alguna agresión en el ámbito cultural, pero en otras ocasiones son más cuestiones de seguridad. Por ello les pido su voto favorable.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señor Bel.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. Pasamos al turno de fijación de posiciones, por orden de menor a mayor. ¿EH Bildu? No interviene. Por el Grupo Ciudadanos, la señora María Muñoz tiene la palabra.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
La aplicación nacional del precepto de la Ley General de Telecomunicaciones referente al soterramiento de las instalaciones podríamos decir que se basa en el criterio de la uniformidad. Y por este criterio es esencial que la aplicación de
esta normativa continúe siendo de ámbito estatal, ya que la posibilidad de que los ayuntamientos decidan de forma independiente la conveniencia o no del soterramiento de las instalaciones eléctricas o de telefonía, no solo puede generar problemas en
los entornos municipales sino que supondría un alto coste para las compañías de suministros, coste que -estará de acuerdo conmigo el portavoz, señor Bel- terminarán pagando los consumidores por otro lado. No olvidemos que el soterramiento de las
líneas eléctricas y de telefonía responde a necesidades y criterios técnicos ambientales o de ordenación urbanística. La idoneidad de optar por una línea aérea o subterránea dependerá del resultado del estudio de cada entorno, ya que tanto la
construcción, la instalación y el montaje como el mantenimiento de cada una son muy diferentes. Mi grupo parlamentario votará en contra de esta iniciativa.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señora Muñoz.
¿Grupo Republicano? No interviene. Por Unidas Podemos, el señor Txema Guijarro tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Huelga decir que el señor Bel, por lo menos en alguno de los comentarios que ha hecho, despierta las simpatías de mi grupo parlamentario porque, efectivamente, en la descripción que ha hecho de las dinámicas municipales, los ayuntamientos
españoles de tamaño medio y pequeño no dejan de estar sometidos a una gran tensión y muchas veces muy superior a los de las grandes urbes, pero, claro, señor Bel, la verdad es que luego, a la hora de estudiar un poco los contenidos de la propia Ley
General de Telecomunicaciones del año 2014, entendemos que ahí ya están recogidas muchas de las cuestiones que usted reivindica con justicia, como le decía anteriormente. Entonces, como sabe usted, las entidades locales ya tienen capacidad para
determinar la imposibilidad de ocupación del dominio público o propiedad privada, siempre y cuando se justifique debidamente y se propongan alternativas. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Así lo establece, como digo, la Ley de 2014.
Esta normativa además dispone que los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas. Es decir, la ley ya establece la prevalencia de
los despliegues de canalizaciones subterráneas y solo cuando no existan o sean técnica o económicamente inviable se permite el uso de tendidos aéreos. Entendemos que es una excepción a la norma que, por lo demás, nos parece bien ajustada. Y digo
ajustada porque en el fondo esa norma tiene que contener un cierto equilibrio entre los objetivos que plantea la ley, el propio respeto al ámbito municipal y, también, el propio contexto histórico que estamos viviendo en un proceso de digitalización
acelerada, donde las redes
eléctricas y de telecomunicaciones no dejan de tener una importancia clave -yo diría que estratégica- para el éxito de esta estrategia. Por tanto, estando de acuerdo con algunos de los planteamientos del señor Bel, nos parece que el
contexto normativo actual ya contempla los equilibrios necesarios para evitar los problemas que él indicaba.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el diputado don Pablo Sáez Alonso-Muñumer.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Primero, quiero indicar que estamos ante una proposición no de ley con una exposición de motivos realmente muy pobre. Se echa en falta una referencia al artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y a sus
disposiciones de desarrollo. Se echa en falta una mención al título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica. Se echa en falta una reseña al anexo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, donde se fijan las competencias de los ayuntamientos. O sea, se solicita otorgar mayores potestades a los
ayuntamientos sin describir las potestades actuales que tienen ni tampoco precisar en qué consisten esas mayores potestades que se solicitan. Creo que no es serio. Se echa en falta una alusión a la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, que establece en su artículo 68 quiénes tienen la consideración de Autoridad Nacional de Reglamentación de Telecomunicaciones. Se echa en falta también un análisis del impacto económico del coste de las líneas subterráneas
frente a las aéreas. A este respecto, de acuerdo con los estándares de costes de la normativa de las redes eléctricas, un kilómetro de línea aérea a 123 kilovatios exige invertir 160 000 euros mientras que, si va soterrado, la cantidad se
incrementa hasta los 665 000 euros, cuatro veces más. No es un caso extremo, se llega a multiplicar por diez y su mantenimiento exige un desembolso seis o siete veces mayor. Tampoco se menciona en la exposición de motivos la sentencia del Tribunal
Supremo en la que se reconocen los costes de las empresas al soterrar las líneas en los núcleos urbanos -recordemos, de cuatro a diez veces superiores a los de los tendidos aéreos- y su repercusión en el sistema y en los consumidores.
En fin, se trata de una PNL poco argumentada, sin datos, sin incluir referencia alguna a la legislación existente, poco concreta al no detallar las mayores potestades que se quieren otorgar a los ayuntamientos, y que adolece de un análisis
del posible impacto económico que esta petición podría tener en el bolsillo de los ciudadanos. Por todo ello votaremos en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Mario Cortés.
El señor CORTÉS CARBALLO: Buenos días de nuevo.
Señor Bel, usted trae una problemática que, efectivamente, tienen los ayuntamientos y que, quizás, es una de las principales reivindicaciones vecinales a la hora de mejorar el entorno visual de las calles. La verdad es que el despliegue que
se ha hecho en los últimos años ha sido vertiginoso y ha tenido efectos colaterales en muchas ciudades y pueblos, pero gracias a eso tenemos una red que causa envidia a nivel internacional. De hecho, somos el tercer país del mundo en despliegue de
fibra hasta el hogar, por detrás solamente de Japón y Corea. Durante la pandemia se ha evidenciado que hemos mantenido todos los servicios digitales y la conectividad cuando en muchos otros países ha caído, por lo que hay que tener en cuenta esa
ponderación.
Por otra parte -se ha dicho ya, pero voy a profundizar un poco en ello-, la totalidad de las leyes urbanísticas autonómicas y los planes urbanos municipales hace muchos años que establecen la obligación de que los nuevos desarrollos
urbanísticos cuenten con infraestructuras que permitan el despliegue subterráneo. La Ley General de Telecomunicaciones establece en su artículo 36.1 que las infraestructuras deben ponerse a disposición de los operadores interesados en condiciones
de igualdad, transparencia y no discriminación. Los ayuntamientos tienen potestades que les otorga la normativa urbanística, en especial a través de la figura del deber de conservación, para obligar a los operadores a mantener el adecuado estado de
sus instalaciones; incluso la normativa sobre barreras de movilidad urbana también permite a los ayuntamientos actuar contra los elementos que pueda haber en la vía
pública que supongan un obstáculo para el libre tránsito de personas. Al mismo tiempo, la tramitación administrativa para la instalación de redes de comunicación electrónica en el dominio público requiere también la preceptiva licencia o
autorización previa municipal. En la práctica generalizada la tramitación administrativa para estas instalaciones se hace de forma conjunta mediante un plan de despliegue y una declaración responsable y, tal como establece el artículo 34.6 de la
Ley General de Telecomunicaciones, la declaración responsable no limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción, y, en general, de control que a la Administración en cualquier orden, estatal, autonómico
o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.
Todo esto se lo he dicho porque, como ve, no es un problema de potestades administrativas sino más bien de coordinación. Como usted bien planteaba antes, yo he tenido la suerte de ser concejal de distrito y al mismo tiempo responsable de
nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Málaga, y me ha enfrentado a este problema en muchas ocasiones. ¿Qué hacemos en la práctica? En la práctica habitual se hacen convenios de colaboración entre las operadoras y las empresas eléctricas. Se
hacen planes de soterramiento y esos planes se elaboran en función de los despliegues urbanísticos. Si vamos a levantar una calle o a arreglar un acerado, se aprovecha para conjuntamente meter la canalización y soterrar, pero no olvidemos que todo
este tipo de soterramientos tienen un efecto directo en el vecino, puesto que tú le dejas la canalización en la entrada de su bloque, de su vivienda, y la obra privada para adaptarlo a su vivienda la tiene que hacer el propio vecino. Como usted
sabe, las instalaciones comunes de telecomunicaciones, las famosas ICT, son de reciente obligatoriedad, por lo que la vivienda antigua no tiene este tipo de infraestructuras. Luego, cada vez que se haga un soterramiento, se tiene que prever -de ahí
que sea necesario en el convenio contar con los vecinos- que los vecinos van a tener que desembolsar dinero para hacer sus propias obras de actualización dentro de sus viviendas. Como ve, es un problema complejo que no se soluciona con mayores
potestades administrativas a los ayuntamientos, sino quizá con planes estatales de ayuda al soterramiento de instalaciones aéreas. Esa sería quizá la solución.
Por ese motivo, no vemos que esta iniciativa realmente solucione nada. De hecho, ya le digo que la problemática que le he explicado va en una línea diferente a lo que usted plantea. Por tanto, reconociendo que el problema del cableado lo
tenemos que abordar en nuestro país, dado que su iniciativa no plantea realmente nada nuevo, en nuestro grupo nos abstendremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortés.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado don Diego Taibo Monelos.
El señor TAIBO MONELOS: Gracias, presidente.
Tras una primera lectura de esta proposición no de ley que trae hoy el señor Ferran Bel, quizá podría tener una acogida favorable. Todos estamos de acuerdo en que nos gustaría tener las líneas del sector eléctrico y de las
telecomunicaciones soterradas y también estamos de acuerdo en dar mayores competencias a la Administración local, puesto que es la más cercana al vecino. Los que hemos estado durante muchos años en la Administración local nos hemos enfrentado a
este tipo de problemas con los operadores. Hemos visto la problemática que genera, los abusos de ciertas grandes empresas, los impactos visuales y, también, lo que genera desde un punto de vista urbanístico en nuestras tramas urbanas, pero si se
analiza en profundidad esta proposición no de ley, de ella se puede desprender que tiene una serie de inconvenientes. El primero es que si se dan potestades a los ayuntamientos de nuestro país -son en torno a 8100 entidades locales- y estamos en un
momento en el que se pretende desplegar más banda ancha, más 5G, más servicio para todos los ciudadanos, nos encontraríamos con que los grandes operadores de nuestro país se enfrentarían en torno a ocho mil normativas sectoriales que generarían una
inviabilidad en su despliegue. Por otro lado, la actual normativa, tal como aquí se ha dicho, tanto la Ley General de Telecomunicaciones como la Ley del Sector Eléctrico, ya prevén ahora mismo fomentar en las nuevas instalaciones el soterramiento
de todas estas líneas, tanto del sector eléctrico como del sector de telecomunicaciones, con lo cual entendemos que la PNL no añade nada en ese sentido.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Taibo.
- SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA REGULAR EL PRECIO DEL SERVICIO DE RETIRADA DE EFECTIVO EN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente
161/002283).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente iniciativa, la presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, que es una proposición no de ley sobre la adopción de medidas para regular el
precio del servicio de retirada de efectivo en los cajeros automáticos. La defiende don Txema Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado esta iniciativa atendiendo a dos hechos; dos hechos que para nuestro grupo parlamentario merecen la atención de esta Cámara. Por un lado, el hecho de que el sector bancario en España a lo largo de
los últimos años ha tenido una evolución en la que no ha acompañado, por decirlo de alguna forma, los esfuerzos y el sufrimiento de los pueblos de España frente a la crisis de hace una década y no pareciera que en esta nueva crisis el sector
bancario pretenda arrimar el hombro.
Por otro lado, el propio contexto en el que nos encontramos actualmente, con un panorama de tipos de interés bajos, es cierto que ha limitado o reducido vertiginosamente los márgenes de beneficio con los que ha venido actuando la banca en
tiempos pretéritos, y esto ha hecho que de algún modo el sector haya decidido compensar esas limitaciones en sus beneficios por la vía de tipos de interés aplicando nuevas y, desde nuestro punto de vista, abusivas comisiones bancarias.
Específicamente, en esta iniciativa, como habrán podido ustedes comprobar, nos estamos refiriendo exclusivamente al tema de los cajeros, que a día de hoy siguen prestando un servicio fundamental a la mayoría de la población española. Destaco
específicamente el sector rural, que quizás sea el que tiene una mayor dependencia de este tipo de servicios, precisamente por esa dispersión territorial que padecen. El Partido Popular, en ese sentido, ha registrado una enmienda que subraya y
acentúa la importancia del sector rural en esta iniciativa, cosa con la que estamos absolutamente de acuerdo. Por ello, hemos negociado una transaccional, que entiendo ya está en sus manos, con el Partido Socialista, el Partido Popular y mi grupo,
precisamente para incorporar esos criterios y de alguna manera para ofrecer un poquito de racionalidad en todo esto.
Cuando hablamos de racionalidad básicamente nos estamos refiriendo a dos medidas muy específicas. En primer lugar, instamos al Gobierno a que solicite a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el correspondiente informe, que
se supone que lleva sin publicarse desde el año 2018, porque sin tener una información fidedigna es difícil legislar. En este sentido, nos parece fundamental que primero tengamos la información real de cómo han venido funcionando las comisiones
bancarias en estos últimos tiempos, para luego, finalmente, en un segundo resolutivo, instar al Gobierno a que, en función de los contenidos de este informe y de sus conclusiones, opere en consecuencia para de algún modo no perjudicar, como
decíamos, a las zonas rurales y, sobre todo, señorías, que nos acerquemos a los estándares europeos en materia de comisiones bancarias. No estamos pidiendo otra cosa más que nos parezcamos a Francia, que nos parezcamos a Italia, que nos parezcamos
a Holanda. Yo creo que no estamos pidiendo nada más que el sector bancario acompañe a la ciudadanía y de algún modo entienda que ellos también tienen que estar prestando un servicio público y que no todo es beneficio, de vez en cuando hay que
pensar también en las personas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Para defender las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Rodrigo Jiménez Revuelta.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señorías. La presente proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en esencia puede parecer atractiva y, sin embargo, denota una práctica habitual de la izquierda. Conocemos
perfectamente la filosofía de la izquierda y su carácter intervencionista -de hecho, lo ha reconocido hoy el señor Guijarro en unas cuantas ocasiones-, sobre todo en lo que se refiere a fijar precios de bienes y servicios, alejándose de una economía
liberal en la que la oferta y la demanda sean las que marquen el valor de mercado del servicio. Estas prácticas de
fijar precios son típicas del comunismo, reivindicación, por cierto, que esta semana hacía el líder de la formación morada cuando se le preguntó en el programa de la Cadena SER si comunismo o libertad y este contestó literalmente: ¡qué
cojones, comunismo! Les recuerdo que el pasado 18 de septiembre de 2019 la Unión Europea dictaba una resolución que condenaba los crímenes del comunismo y los equiparaba a los del nazismo, promovida especialmente por los eurodiputados cuyas naciones
habían vivido durante décadas bajo la tiranía comunista, concretamente las de la Europa del Este. Señal inequívoca era ver cómo los alemanes del Este arriesgaban su vida para cruzar el muro al otro lado, donde buscaban una mejor vida y prosperidad.
Pues, señores socialistas, ustedes se han echado en brazos de la tiranía comunista dejándose contaminar y privando de derechos y libertades a los españoles por sus ansias de poder.
Este grupo parlamentario ha presentado una enmienda que mejora la parte expositiva instando al Gobierno a que sea el Banco de España el que elabore un informe financiero sobre las comisiones y coste de las retiradas de efectivo en los
cajeros automáticos, ya que entendemos que debe ser el Banco de España el que se encargue de elaborar dicho informe y no la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuyo papel ha de ser el de identificar prácticas colusorias, más que
fijar los precios de los servicios. Durante la tramitación parece ser que no han tenido en cuenta a VOX a la hora de la transaccional. No es que nos preocupe mucho, sobre todo viniendo de un grupo que alienta la violencia y no condena los actos
violentos que sufrimos cada día. Una vez más, no es que VOX esté solo, es que solo queda VOX.
Pero permítanme que haga unas reflexiones sobre la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. La concentración bancaria se ha visto impulsada por las autoridades financieras del Banco de España y del
Banco Central Europeo como respuesta a la reducción de la rentabilidad de las entidades bancarias. Mucha culpa de la misma la tienen las políticas fiscales seguidas por los Estados miembros de la Unión Europea con un fuerte gasto público financiado
con deuda, porque financiarlo con impuestos habría llevado a muchos votantes a reflexionar sobre el elevado coste de los servicios públicos o sobre si nos podemos permitir tanto servicio público. Habría sido más interesante financiarlo a partir de
impuestos bajos sobre economías muy competitivas porque habrían crecido más y habrían generado ingresos fiscales para ello. Para favorecer el endeudamiento de los Estados la política monetaria a su vez ha decretado tipos bajos, que han dejado a los
ahorradores sin rendimiento por el esfuerzo realizado y han enmascarado la pérdida de capacidad adquisitiva de las nuevas generaciones que, junto con los Estados, se han endeudado fuertemente.
Sobre el cobro de los servicios bancarios, como bien reconoce el grupo proponente, la banca ha comenzado a cobrar sus servicios como consecuencia de la fuerte reducción de su rentabilidad. La alternativa no puede ser una banca pública, que
siempre se ha demostrado peor oferente de bienes y servicios de calidad y una mala gestora del riesgo de crédito, sobre todo por impago, que ha ocasionado elevadas pérdidas a los Estados que la han auspiciado.
En cuanto a la ausencia de competencia en la banca, nos congratula que la izquierda descubra ahora las bondades de la competencia para evitar prácticas colusorias en los mercados. Nosotros siempre hemos sido partidarios de muchas y pequeñas
entidades más que de pocas y grandes, a las que además hay que auxiliar si caen, dado los efectos desconocidos que podría llegar a tener la negación de auxilio público para la economía nacional.
Respecto al cálculo de los costes del servicio del cajero, no se debe olvidar, en cualquier caso, el denominado coste de capital, es decir, la recuperación por parte del empresario bancario de las inversiones practicadas y la justa
remuneración por los riesgos asumidos en la prestación del servicio: traslado de fondos, aseguramiento de dichos traslados, depósito de ejemplares falsos en los cajeros, faltas en caja, etcétera.
Sobre el establecimiento de precios máximos, si la banca establece unos precios elevados en el servicio de cajeros, es posible que ayude a la transformación digital, pues otros medios de pago, como por ejemplo Bizum, se harán más atractivos.
Así que cuidado con fijar los precios muy bajos, pues pueden desincentivar la aparición de competidores de la banca.
Por último, sobre el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, nos parece que su papel es más identificar prácticas colusorias que fijar precios de los servicios. En cualquier caso, la fijación de precios máximos es
siempre peligrosa y nunca sabemos a dónde nos puede conducir. Por todo ello, votaremos en contra de esta proposición.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Revuelta. (El señor Guijarro García pide la palabra).
Voy a darle un minuto al señor Guijarro por la alusión que ha hecho usted a su grupo. Tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
La verdad es que es indignante escuchar este tipo de manifestaciones de los portavoces de VOX diciendo que nuestro grupo ampara la violencia. Yo quisiera recordarle al señor portavoz de VOX dos anécdotas, dos hechos. El primer hecho es que
ante el acto que ustedes convocaron en Vallecas, el Partido Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos emitimos un comunicado conjunto solicitando a los vecinos que no se dejaran provocar, ni atendieran a ningún tipo de episodio de violencia y que
mantuvieran, en la medida de lo posible, el mayor de los espíritus cívicos. Así decía más o menos el famoso comunicado. Ese es un hecho. (Rumores).
El otro hecho es que el otro día el candidato de nuestra formación política a la presidencia de la Comunidad de Madrid recibió unas amenazas en forma de balas de fusil de asalto y la formación VOX, lejos de condenarlo, primero, se mofó de la
idea, y luego, la portavoz del Grupo Parlamentario VOX en este Congreso emitió un tuit que decía literalmente: 'Coletas rata'. Si eso no es incitar a la violencia, señor presidente, que venga Dios y lo vea.
El señor PRESIDENTE: Conocemos el incidente, volvamos al tema y a la normalidad.
Tiene la palabra para defender la enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Ángel Paniagua Núñez.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Señores de Podemos, cómo hemos cambiado. En 2017 mientras estaban en la oposición pedían eliminar las comisiones de los cajeros, ahora en el Gobierno piden regular el precio. Incluso recuerdo que pidieron derogar un
real decreto del Gobierno del Partido Popular que lo que hacía era evitar que se cobrara doble comisión a los clientes y obligaba a informar en pantalla de la comisión máxima que se le podía aplicar al cliente, lo cual estaba basado en la
transparencia, algo que este Gobierno, yo creo, no sabe muy bien qué es. Pero como nosotros somos diferentes y nuestro interés es mejorar la vida de los españoles, aunque la iniciativa provenga de ustedes, hemos planteado una enmienda que mejora,
aclara y añade algún punto a su iniciativa. Por ello hemos firmado una transaccional con ustedes y con el Partido Socialista.
Por un lado, solicitamos no solo el informe de la CNMC, sino la información del supervisor de las entidades financieras, el Banco de España, algo que parece absolutamente lógico. Eliminamos el párrafo final del primer punto porque realmente
no pide nada -no saben qué pedir-, solo dice 'que haga algo el Gobierno mientras tanto'. En el segundo punto aclaramos, por si acaso, que se modifique la regulación, una vez que tengamos los informes solicitados. Después añadimos que se solucionen
algunos problemas que hemos detectado en el análisis de esta proposición: primero, el reducido uso de los cajeros, a pesar de tener uno de los índices más altos de cajeros de Europa; segundo, que se fomente también la implantación de cajeros que
no solo sirvan para retirar efectivo, sino que se puedan hacer más operaciones bancarias en ellos, y por último, que se incentive la implantación de cajeros en las zonas rurales. Con estas propuestas, y teniendo en cuenta el cierre de numerosas
oficinas bancarias, conseguimos dar servicio a millones de españoles, especialmente a aquellos que viven en el mundo rural y los de las zonas más despobladas, a los que tenemos que ayudar sí o sí. Es decir, damos un pasito para evitar la exclusión
financiera de millones de españoles.
Tiene razón en su exposición de motivos sobre el proceso de concentración, aunque no es gracias al dinero de los contribuyentes, sino a pesar de ello. Estas aportaciones no fueron suficientes para mantener un sistema financiero como el que
había, porque ese sistema no era viable. La reestructuración del sistema financiero no es más que un proceso de supervivencia, tiene las consecuencias que ustedes destacan acertadamente -cierres y despidos-, aunque no estamos tan de acuerdo con el
poder de mercado. Lo hemos debatido en multitud de ocasiones en los últimos cinco años y los casos de otros países europeos, en los que muy pocas entidades nacionales mantienen un sistema con absoluta competencia, no nos hacen pensar en un riesgo
para los clientes en nuestro país.
Asimismo tienen razón en cuanto al entorno de baja rentabilidad en la actividad financiera tradicional por los bajos tipos de interés, pero, por ese riesgo que supone para las entidades, también debemos ser cuidadosos a la hora de limitar el
cobro de comisiones, no sea que al final no les dejemos ninguna opción de generar ingresos, lo que redundaría en todos los males que ustedes plantean. Sin embargo, es cierto
que algunas entidades cobran comisiones exageradas a los clientes y debemos poner límites, algo lógico y normal en las comisiones bancarias que están mayoritariamente limitadas. Esto es lo que de verdad nos preocupa, no los acuerdos o
desacuerdos entre entidades financieras.
En cuanto a las externalidades negativas que nos plantean, no estamos de acuerdo con su punto 1, porque ingresar más comisiones por un servicio no desincentiva a otra fuente de ingresos. Es la primera vez que lo veo, y no me imagino a
ninguna empresa que pueda pensar así. Tampoco estamos de acuerdo con su punto 2, porque el resto de las entidades pueden también invertir en cajeros, aunque sí debemos limitar los abusos, eso es obvio. Asimismo, tampoco compartimos su punto 3, ya
que no hay un impacto sobre los usuarios si limitamos las comisiones a cobrar a los clientes. En cuanto al punto 4, el impacto desigual en función de la renta, es ya una pura exageración. Si los servicios que cuestan 2 euros tenemos que hacerlos
progresivos en función de la renta, nos cargamos el servicio, es absolutamente inviable. En el punto 5 tienen absoluta razón en su ineficiencia, que es obvia y realmente esta es la base de esta PNL y de nuestra enmienda: el precio y que se tomen
las medidas necesarias para fomentar el uso, que se incrementen las operaciones a realizar en los cajeros y que se instalen más cajeros en nuestros territorios más despoblados, evitando la exclusión financiera. Estas son nuestras preocupaciones y
nuestros objetivos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
Por el Grupo Parlamentario Socialista para defender su enmienda tiene la palabra don Antonio Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Buenos días a todos. Nos acabamos de enterar que la maldad del comunismo y el socialismo llegan hasta las comisiones de los cajeros automáticos. Yo les pediría a los señores de VOX que tengan un poco de vergüenza, que se preparen los temas
y trabajen más, que no madruguen tanto, pero que trabajen más.
Vayamos al debate de la cuestión. Yo traigo una relación por entidades bancarias de las comisiones que cobran. (Muestra un documento). Aquí pueden ver ustedes que hay una enorme dispersión en cuanto a las comisiones. Hay desde el menor
precio que es 0,5 euros al mayor que es de 3,90, casi 4 euros por sacar dinero en otra entidad. Esta dispersión significa algo. Evidentemente, las reglas del mercado no funcionan porque todos sabemos que cuando la libre competencia funciona se
tiende a concentrar en un único precio que tiende a ser el valor del coste del servicio. Esta enorme dispersión pone de manifiesto, evidentemente, que no están funcionando bien las normas de mercado y la libre competencia. Pero también tiene otro
significado y es que se puede estar incurriendo en malas prácticas con comisiones abusivas. Por tanto, hay dos componentes: por una parte, libre mercado que no está funcionando, y por otra, prácticas abusivas que también se están dando en el cobro
de estas comisiones. Si no, no habría tanta dispersión.
¿De qué modelo partimos? Aquí había un modelo antes de 2015 que lo rompe una entidad bancaria, CaixaBank. Era un modelo colaborativo, en el que cualquier entidad permitía a otras entidades bancarias poder sacar dinero de sus cajeros y las
tasas o el cobro correspondiente era muy moderado, estábamos a la altura de los países de la Unión Europea. No había problema alguno. El funcionamiento y la fórmula colaborativa surtió efectos. Se rompe en 2015 porque CaixaBank dice: yo cobro a
quien utilice mi cajero si no es cliente. Así se establece la doble comisión. Se tuvo que legislar con el Real Decreto 11/2015, en el que se dice que solamente se puede cobrar una comisión y se la puede cobrar el propietario del cajero a la
entidad titular de la tarjeta de crédito y esta, a su vez, se la puede trasladar al cliente, pero con una condición, que no supere lo que le cobra en este caso el propietario del cajero. Ese es el modelo y ha tenido unos efectos que todos
conocemos, porque todos nos vamos a sacar dinero a nuestra entidad, esté más lejos o más cerca. ¿Por qué? Porque nos están cobrando en exceso. Por una parte, se está dando el caso de que cada día sacamos menos dinero, cada día pagamos más con
tarjeta, y por otra, que cuando sacamos dinero, sacamos un volumen mayor. ¿Por qué? Porque si cada vez que saco me cobran, evidentemente en vez de sacar 100 euros, saco 250 euros. Estos son los efectos que está teniendo este modelo.
¿Por qué está fallando si, teóricamente, era un nuevo modelo que aportaba transparencia y sencillez? ¿Por qué está fallando? Pues está fallando por distintas cuestiones y yo voy a aportar ideas al respecto. En primer lugar, no se está
cumpliendo lo que está establecido en la normativa actual. En primer lugar, está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La disposición adicional de ese Real Decreto 11/2015 establece que anualmente la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia tiene que informar sobre las comisiones y sobre las alianzas que se estén produciendo entre entidades para garantizar la libre competencia y el mercado. Pues bien, estamos hablando de un real decreto de 2015 y
solo ha hecho dos informes, uno en el año 2016 y otro en el año 2018, y estamos en 2021. En este último informe (muestra un documento) dice que no consta que hayan subido la los precios o comisiones, con lo cual considera que es muy
precipitado todavía tomar algún tipo de medidas, pero, claro, no se ha hecho más. Por tanto, nosotros creemos necesario que se cumpla con la norma, con ese real decreto.
En segundo lugar, hay otra entidad que tiene mucho que ver y se encuentra regulada en otro real decreto, en este caso del año 2018, pues obliga a las entidades propietarias del cajero automático a remitir sus comisiones al Banco de España.
Sin embargo, es el Banco de España el que tiene la obligación, según este Real Decreto 19/2018, de hacer los análisis y los informes correspondientes para ver la evolución que se está produciendo, evidentemente, para evitar las malas prácticas y
evitar las comisiones abusivas. Por tanto, la primera entidad no está cumpliendo, ya que el libre mercado no está funcionando como debiese estar funcionando, porque si no, no habría tanta dispersión, y el regulador, el Banco de España, tiene que
cumplir con lo que dice la norma, y estoy seguro de que entonces podremos ver realmente la casuística y los efectos que está teniendo esta normativa. Con la normativa actual no estamos conociendo realmente los efectos porque quienes tienen que
estar velando por que consigamos el objetivo -el objetivo, evidentemente, es que el precio tarifa se asimile lo máximo posible a precio de costo- no están cumpliendo y se está permitiendo que unos puedan cobrar un 0,5 y otros 3,90 euros.
Por tanto, queremos que cumplan con sus obligaciones, queremos que tanto el regulador como el que tiene que garantizar el libre mercado pongan los informes sobre la mesa y luego, si hace falta modificar el sistema, modifiquémoslo, y nosotros
seremos los primeros que aportaremos una iniciativa al respecto.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
A continuación está el turno de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario EH Bildu, señor Matute.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo de manera muy breve para anunciar el voto a favor de nuestro grupo a esta iniciativa, aunque no sea más que una mera declaración de intenciones. Como les recordaba antes, creo que era más eficaz y más enérgica la posición que se
mantenía hace unos años sobre la exigencia que hay que tener con los bancos, en lo que tiene que ver con las comisiones bancarias que cobran a sus usuarios y usuarias, que la actual. En cualquier caso, votaremos a favor, porque mejor eso que nada.
En la opinión pública este tema se conoce como la necesidad de acabar con otro sablazo; un sablazo que las entidades bancarias están dando a sus usuarios, que lo son prácticamente toda la ciudadanía, por sacar su propio dinero de uno u otro
cajero automático. Sin embargo, este no es el único sablazo que las entidades bancarias están metiendo a sus usuarios y usuarias, lo están haciendo con las cuotas de mantenimiento de sus cuentas corrientes, lo están haciendo con las cuotas de
mantenimiento de las tarjetas de crédito o débito, lo están haciendo cuando les presionan de una manera casi asfixiante para que contraigan contratos de seguros o para que inviertan en determinados fondos de inversión, etcétera. Es necesario que
empecemos a parar esto porque no es menos cierto que estos sablazos no afectan a todos y a todas por igual. Es decir, cuanto más patrimonio tienes en esa entidad bancaria, más facilidades tienes para que el director te dé algún tipo de dádiva o
generosidad en la forma de condonación de una u otra comisión, que es algo que no tienen al alcance quienes tienen rentas más bajas y, por tanto, patrimonios más bajos en esas entidades bancarias. Con esto que estoy contando no descubro nada a
nadie, porque probablemente todos y todas somos conocedores de esta realidad y creo que ya es momento de que empecemos a acabar con ello. Decir que la desigualdad se tiene que acabar está muy bien, pero permitir prácticas de la propia banca en
términos de desigualdad para quien menos tiene no deja de ser un elemento que nos hace mirar para otro lado y no atacar los problemas reales.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matute.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Desgraciadamente, un día más en una sesión de trabajo me tengo que reafirmar en lo que siempre digo, que son ustedes unos cansinos con su España de derechas o su España de izquierdas, con su comunismo, con sus incitaciones a la violencia y
sus enfrentamientos de los unos contra los otros.
Dicho esto, sobre la adopción de medidas para regular el precio del servicio de retirada de efectivo en los cajeros automáticos, en nuestro entorno con cada vez más concentración en el sector bancario, nos encontramos con un potencial
problema, y es el de la inclusión en los servicios financieros. Esta concentración, si bien servirá para tener más economías de escala, también puede, junto con el proceso de digitalización, crear un vacío en ciertos lugares de nuestro país y para
determinados sectores de población que, por la razón que sea, se están quedando atrás en este proceso, como son las personas mayores, los colectivos vulnerables o los residentes en zonas rurales. Mientras este proceso avanza, el sector financiero
debe seguir cumpliendo con una labor inherente a su servicio, que es acercar a todos los ciudadanos, independientemente de su condición económica, lugar de residencia o nivel de estudios, los servicios financieros que se han demostrado como un motor
de inclusión económica y social.
En España ya hemos tenido dos regulaciones, como ya se ha dicho aquí, que intentan hacer accesible los servicios de retirada de dinero a todos los ciudadanos: el Real Decreto-ley 11/2015, que sería sustituido, posteriormente, por el Real
Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Sin embargo, no hemos podido ponerle coto al desacoplamiento entre las comisiones pagadas por los usuarios y el coste real de la retirada de efectivo.
Teniendo en cuenta el impacto importante de estas comisiones en la inclusión financiera y económica de nuestra población, es pertinente que la autoridad responsable establezca fehacientemente los costes en los que incurren los propietarios de los
cajeros, así como el proceso de establecimiento de precios que hace que las comisiones multipliquen en algunos casos por cuatro o por cinco el coste del servicio.
Por ello, nuestro voto será favorable a la iniciativa que pone de nuevo el foco sobre un debate que, tanto el sector financiero como el supervisor y nosotros mismos en esta Cámara, deberíamos estar teniendo y no las discusiones estériles
como las que hemos presenciado al principio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Plural, don Ferrán Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Con esta PNL se nos plantea un tema realmente interesante, con muchas más connotaciones de fondo de las que puede aparentar y que extralimita los objetivos de una proposición no de ley. Nosotros vamos a votar a favor de la transaccional,
pero les voy a hacer alguna matización. Es verdad que el dinero en efectivo es la forma más pública de pago de la que nos hemos dotado, y esta es una reflexión que debemos tener en cuenta. Si es la forma más pública de hacer los pagos y las
transacciones, tendremos que garantizar que este dinero en efectivo sea accesible a todos los ciudadanos y, obviamente, se deberá regular. Esto lo tendremos que hacer compatible con los intereses de los operadores privados que están interviniendo
en este acceso al dinero por parte de los particulares, y más aún cuando hay iniciativas, que las vamos a discutir en otra Comisión de aquí a unas pocas semanas, donde se van a limitar los pagos en efectivo de determinadas cuantías. En la medida
que limitas el pago en efectivo de determinadas cuantías, también tendremos que ver qué coste adicional se les efectúa, pero esa es otra discusión.
En cuanto a lo que establecen en esta PNL, estamos de acuerdo con lo que han añadido a mano en la enmienda 'especialmente en el ámbito rural', para que se garantice el acceso a los servicios de la retirada de efectivo en cajeros.
Introducimos un término que tiene que estar aquí, pero que tendremos que seguir de cerca 'con un precio ajustado a los costes del servicio'. Habrá que determinar estos costes del servicio y si el coste del servicio acaba siendo general o acabamos
permitiendo que sea individualizado, porque es obvio que no es lo mismo el coste del servicio en un cajero en un pueblo que está a 30 kilómetros de la oficina bancaria más cercana, que el coste del servicio en el cajero de Gran Vía, en Madrid. Por
tanto, el concepto de ajustar el precio de la comisión al coste efectivo del servicio tendrá que ser regulado con extremo cuidado, porque si no podemos entrar en contradicción con este objetivo de facilitar el acceso al servicio del dinero en
efectivo a través de cajeros.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
No interviene ningún grupo más, el señor Guijarro ya se pronunció sobre la enmienda, que está, como saben ustedes, en la cuenta de WhatsApp de esta Comisión.
- RELATIVA A CONCEDER AYUDAS DIRECTAS A TODOS LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESARIOS AFECTADOS POR LA EPIDEMIA POR LA COVID-19 BAJO EL ÚNICO REQUISITO DE HABER VISTO MERMADA SU FACTURACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de
expediente 161/002285).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir, a continuación, la proposición no de ley relativa a conceder ayudas directas a todos los autónomos y empresarios afectados por la epidemia por la COVID-19 bajo el único requisito de haber visto
mermada su facturación. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario VOX que defiende el diputado don Víctor González Coello de Portugal. Tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Gracias, señor presidente.
Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que cuando se declaró mediante Real Decreto de 14 de marzo el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria se conculcaron o se limitaron muchísimas de las libertades esenciales que el
común de los españoles hemos tenido día a día, y esto tuvo unas consecuencias directas que podríamos detallar sobre la manera de ganarse el pan de todos los españoles y sobre muchísimas empresas que han sufrido tremendamente esta decisión. El
Gobierno tardó nueve meses, que se dice pronto -nosotros decimos mal y tarde-, desde el inicio de la pandemia hasta la publicación del Real Decreto 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería, el
comercio y en materia tributaria. Básicamente lo que ofreció en ese momento el Gobierno mediante estas medidas fue endeudamiento y aplazamiento. Fíjense que este real decreto era urgente, pero nueve meses tardó el Gobierno, y en nueve meses
ocurren muchísimas cosas que nos pueden ocurrir a todos, pero también desaparecieron 327 000 autónomos que cesaron su actividad, 194 000 unidades de contratación de distinto tipo desaparecieron, y creemos que no fue acertado, por decirlo suavemente,
tirar esas piedras a las mochilas de los empresarios o a los trabajadores, hacerles más larga o más pesada esa situación excepcional y no haber adoptado medidas de manera inmediata, como dijimos nosotros a finales del mes de marzo o principios de
abril mediante las distintas proposiciones que presentamos y defendimos en esta Cámara sobre ayudas directas, ayudas mediante pago de parte de las nóminas o mediante recapitalización de las sociedades, lo cual no se hizo. Nueve meses después esto
fue un poquito desastroso y, por eso, el 12 de marzo del año 2021 se publicaron las medidas extraordinarias en el Real Decreto-ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del COVID. Nosotros
creemos que los importes son insuficientes y no sabemos por qué el Gobierno ha reducido a 95 códigos CNAE a aquellos que puedan tener la suerte de ser ayudados. Es un criterio en el que no queda muy bien expuesta esa razón de selección. Como
desafortunadamente otra vez esto fue también un poquito confuso, desastroso, sacaron otro real decreto, el 6/2020, de 20 de abril -hace unos días-, para intentar enmendar o apañar lo que habían hecho anteriormente, por el que se adoptan medidas
complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectadas por la pandemia. Básicamente aquí dicen respecto a estos 95 códigos CNAE que si cada comunidad autónoma decide que quiere ampliarlo, que lo amplíen sobre la base de su criterio, y además que
si las comunidades autónomas lo deciden, aunque el resultado de las sociedades sea negativo -algo que impedía las ayudas previamente-, también lo pueden hacer. O sea, una vez más arbitrariedad, discrecionalidad y una falta de planificación o
raciocinio que yo creo que se ha ido denunciando en distintas exposiciones.
Nosotros creemos que se tiene que compensar, como hemos dicho desde el principio, e indemnizar a todos aquellos que se han visto afectados por las decisiones que ha tomado el Gobierno. Si te privan de una libertad, si te privan de algo tan
esencial como poder ir a trabajar para llevar el pan a tu mesa, y lo hace el Gobierno en interés del bienestar general a causa de una pandemia, lo que es comprensible, el Estado debería pagarte o sufragarte por lo menos parte de los ingresos que
dejas de percibir y no que te tire piedras porque a nosotros no nos gusta que le tiren piedras a nadie, y lo hemos dicho mil veces. Eso no lo ha hecho el Gobierno, que ha actuado tarde y mal. Para que nos hagamos una idea y veamos este contexto,
vamos a ver las medidas de recapitalización llevadas a cabo por distintos países. Fíjense que en Alemania, donde se han conjugado tanto el sector privado como el público, en julio ya se habían puesto 100 000 millones de euros a disposición de las
empresas y de los autónomos alemanes; los franceses, entre junio del año pasado y marzo de este año, 40 000 millones; los italianos, en julio de 2020 -estoy hablando de ayudas directas de recapitalización, no de deudas ni aplazamientos- recibieron
44 000 millones y, desafortunadamente, las cifras en España las conocemos todos y no hace falta que las cite. Pero si hablamos de cubrir costes fijos -cubrir costes fijos es cumplir esos costes fijos en los que uno incurre porque suba o no suba
tiene esos costes fijos-, el Gobierno alemán en noviembre
del año 2020 puso 30 000 millones a disposición de las empresas hasta cubrir el 70 % de los ingresos que se habían reducido. Por ponerles otro ejemplo, y no repetir otros países, Austria, que es una economía mucho más pequeña en comparación
con la nuestra, puso 12 000 millones de euros para cubrir, en este caso, el 70 % de los gastos fijos de los empresarios, de las empresas, de los autónomos, que lo solicitaran.
Lo que pedimos, por tanto, a todas las fuerzas políticas que se preocupan -y yo creo que a todos los que estamos aquí nos preocupa el bienestar de los españoles- es que enmendemos lo que hemos hecho mal hasta ahora por parte del Ejecutivo,
que hagamos lo que dijimos a finales del mes de marzo y en el mes de abril, que indemnicemos y compensemos a todas aquellas empresas, a todos aquellos autónomos que se han visto afectados por las medidas tomadas en una situación obviamente
excepcional y, finalmente, que hagamos lo que han hecho otros de nuestros socios europeos, porque no sé por qué nosotros nos empeñamos en hacer justo lo contrario o no hacer lo suficiente, porque llegar tarde aquí tiene muchísimas implicaciones.
Mientras que las empresas alemanas, italianas, francesas, por no hablar ya de las del Reino Unido, que ya no pertenecen a la Unión Europea, se están recapitalizando y están reduciendo ayudas directas, no deudas, no aplazamientos, en España tenemos
importes absolutamente insuficientes para proteger la destrucción del tejido industrial, del tejido empresarial y, en consecuencia, del tejido social. Solo nos queda mirar a los españoles a la cara y hacer lo que hemos hecho. Termino diciendo,
señorías y señor presidente, que hemos visto la enmienda del Partido Popular y que la vamos a aceptar en sus términos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Víctor González.
Tiene la palabra para defender esa enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular, don Víctor Píriz Maya.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Vamos a hablar de ayudas, vamos a hablar de una propuesta muy conveniente que viene hoy a esta Comisión de Economía del Congreso de los Diputados porque los empresarios y autónomos -que seguro que nos están viendo por distintos medios, ya
sea televisión o Internet, como quieran o como puedan- seguro que están muy de acuerdo en que es el momento de hablar de ellos, es el momento de hablar de ayudas, como ha acotado muy bien mi compañero de VOX, casi hablar de indemnizaciones, porque
es algo que les corresponde por justicia. Yo no voy a hablar de ayudas de forma descontextualizada o de forma numérica porque es complicado, en cada país es diferente en función del PIB. Pero hay un estudio del Banco Central Europeo que habla del
porcentaje del PIB que cada país ha invertido en ayudas para su sector productivo, para sus empresas y para sus autónomos; una lista que encabeza Lituania en cuanto a medidas fiscales con cargo al presupuesto, con el 6,5 %, seguida de Austria,
Malta, Italia y no sigo con la lista porque me tengo que ir al final para ver España. El último puesto de la lista es España, con el 1,3 %, casi 3 puntos por debajo de la media europea. Fue noticia de El País del mes de marzo de este año,
haciéndose eco de este anuncio del Banco Central Europeo. Cuando hablamos de líneas de crédito garantizadas para las empresas en dificultades, Italia ha gastado más del 30 % de su PIB; Alemania ha gastado casi el 20 % del PIB; Francia ha
invertido casi el 14 %, pero España apenas llega al 12 o 13 % de ese PIB. De eso es de lo que estamos hablando, sobre las ayudas que se han concedido en España hasta la llegada del Decreto 5/2021, arrastrando los pies, con largas batallas internas
entre los miembros del propio Gobierno. Trajeron aquí tarde y mal un decreto de ayudas para nuestros autónomos y para nuestros empresarios; tarde porque cada día que pasaba desde que los negocios, como decía mi compañero de VOX, estaban cerrados
ya era tarde porque las empresas se morían lentamente -más de cien mil empresas han desaparecido durante esta crisis-, y mal, porque dejan fuera a cuatro de cada cinco empresas, según el CNAE. Solo aparecen 95 códigos de los más de 500 que hay.
En economía es tan importante el cuánto como el cómo y aquí hemos fallado tanto en una cosa como en la otra. Hay una cosa clara, los autónomos y los empresarios quieren ayudas, seguro, como todos, pero estoy más convencido de que lo que
quieren son medidas liberatorias, lo que quieren es que abramos la economía, que les dejemos trabajar y ahí está la propuesta del Partido Popular, propuesta que todos los españoles conocen de menos impuestos y más libertad, que no es una propuesta
de cara a la galería, sino que es una propuesta que llevamos a cabo en todos aquellos sitios donde gobernamos como, por ejemplo, en la comunidad autónoma en la que estamos, Madrid. Todos los países mandan a Bruselas un plan y el único que sube
impuestos casualmente es nuestro país, España. El Gobierno de la izquierda y de la extrema izquierda de nuestro país quiere seguir atracando el bolsillo de los españoles. Tú que estás en casa y nos estás viendo aquí hoy y tienes una empresa o eres
autónomo sabes que a ingresos cero,
cuota cero. Impuestos más bajos, libertad para dirigir tu negocio como tú creas conveniente y hacer compatible la apertura de esos negocios con la salud. Eso es lo que propone el Partido Popular. Eso es lo que estamos llevando a cabo en
todos los sitios donde tenemos posibilidad de gobernar. Y esto tiene efecto, se llama EPA, la hace el INE, no lo hace el CIS, porque si la hiciera el CIS podría salir cualquier cosa. Nos dice hoy el INE a través de la EPA que el desempleo baja en
Madrid cinco veces más que en el resto de España. No una ni dos ni tres ni cuatro, sino cinco veces más que en el resto de España. Por último, nuestra enmienda es para garantizar que las ayudas se centran en las empresas viables, principalmente
para maximizar sobre todo el efecto de estas ayudas que ha ofrecido el Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Quería recordarle o hacerle una puntualización al señor Píriz, que el éxito del Gobierno de la Asamblea de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid y el éxito en los datos de economía y empleo, eso que toda la prensa internacional llama el
milagro económico de Madrid, era de un Gobierno de coalición en el que el consejero Manuel Giménez, de Ciudadanos, era el titular de la cartera de Economía y Empleo.
Dicho esto, también tengo para sus señorías de VOX, claro, porque es sin duda paradójico que VOX continúe trayendo a esta Comisión o al Pleno de la Cámara iniciativas como esta en las que promete el oro y el moro a las empresas, a los
autónomos y a las familias tratando a esta Cámara como un mero escenario de su dosis diaria de propaganda. Sin embargo, ustedes se permiten el lujo de votar en contra de la prórroga de los ERTE o del real decreto de los ICO. Es decir, cuando
tienen la oportunidad de verdad de sumar, de dialogar y de aportar algo positivo al maltrecho tejido económico empresarial de nuestro país, adoptan una actitud de brazos caídos y luego llegan a esta Comisión y nos dan lecciones a todos. Miren, yo
no seré quien diga que el Gobierno ha hecho todo lo que ha podido en materia de ayudas directas, de hecho, hemos sido muy críticos con este Gobierno y lo seguimos siendo porque a día de hoy no ha llegado ni un solo euro a los bolsillos de
empresarios y autónomos, pero lo que también hemos hecho desde mi Grupo Parlamentario Ciudadanos ha sido trabajar, trabajar y trabajar para intentar que las medidas del Gobierno fueran mejores y más completas.
El Gobierno, como ustedes bien saben -les pongo un ejemplo-, pretendía dar 5000 millones en ayudas directas que eran en realidad quitas a los créditos ICO. Finalmente, se darán 7000 millones de ayudas directas gracias al trabajo de mi grupo
parlamentario y gracias a que presentamos públicamente un plan de ayudas directas detallando el coste de la medida, los mecanismos de distribución y los criterios de concesión. Si no fuera por ese trabajo de Ciudadanos, ahora no solo no tendríamos
ayudas directas, sino que habríamos asistido a la enésima chapuza del Gobierno durante esta pandemia. Por otro lado, es una lástima que los partidos del Gobierno, los partidos del Ejecutivo, al igual que sus señorías de VOX, estén instalados en el
no al diálogo, porque si hubiesen incorporado todas estas cuestiones que hicimos llegar ya en el mes de octubre o noviembre al Ministerio de Economía, hoy los empresarios y los autónomos ya podrían estar pagando sus facturas con las ayudas del
Estado, podrían estar pagando los suministros o los alquileres retrasados y muchas empresas se habrían salvado de esa quiebra o de ese concurso. Esto lo propusimos ya en los Presupuestos Generales del Estado en el mes de noviembre, como decía
antes, pero no fue hasta marzo cuando convalidamos ese real decreto-ley de ayudas directas, que todavía adolece de importantes problemas y que el recientemente aprobado Real Decreto 6/2021 no va a solucionar, como también hemos transmitido a la
ministra y a la secretaria de Estado de Economía.
Señores del Gobierno, señorías del PSOE y Unidas Podemos, necesitan ustedes escuchar más e imponer menos, y espero que se lo trasladen así a sus compañeros de Gobierno.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra don Txema Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Voy a volver un poco al marco que he utilizado al comienzo de esta Comisión porque, perdónenme ustedes, pero sigo viendo aquí un síndrome de doble personalidad, además un síndrome muy acentuado esta vez en VOX. Me da la sensación de que es
un síndrome que se extiende por la derecha como alma
que lleva el diablo. Debe ser que el neoliberalismo se les ha caído y ahora están dando un poco tumbos sin saber muy bien para dónde tirar. ¿Por qué digo esto? Porque, de acuerdo, señores de VOX, vamos a ayudar a los empresarios; es más,
el Gobierno ha hecho poco, vamos a dar el doble, el triple, el cuádruple. Ahora explíquenme ustedes de dónde lo sacamos. ¿De los impuestos? ¡Ah, no!, de impuestos no que no hay que subirlos. ¿De la deuda? ¡Ah, no!, que la deuda también está muy
mal. Entonces, están ustedes negando una verdad matemática, señorías de VOX: dos más dos son cuatro siempre, en la Luna, en Marte, en la Tierra, hace dos mil años y dentro de dos mil años. Siempre funciona la regla matemática y si usted quiere
financiar recursos desde el Estado, tendrá que financiarlos de algún modo, o bien con impuestos o bien con deuda. Como todavía no nos han explicado cuál es la fórmula mágica que rompe esta verdad matemática, sencillamente tengo que dar este tipo de
iniciativas por extemporáneas y sin ningún tipo de base argumental, porque aquí no es posible discutir. Por lo menos su compañero, el señor Manso, es mucho más claro en todo esto. El señor Manso dice: el Estado para defensa, policía y asuntos
exteriores. Muy bien, esa es una posición. Desde mi punto de vista, es aberrante, pero desde luego las conclusiones que saca el señor Manso son coherentes con esa posición. A mí me gustaría que las derechas en esta Cámara, al menos, tuvieran esa
coherencia, que si parten de determinadas premisas, tengan el valor de avanzar sobre esas premisas a una conclusión. Lo que no pueden ustedes es decir es que el Estado solo para defensa, seguridad y asuntos exteriores, pero luego paguen a los
empresarios, paguen las pensiones, paguen la sanidad, paguen la educación. Señorías, entiendo que este último año de pandemia ha demostrado que el Estado es necesario y, por tanto, que esa ideología neoliberal no sirve para nada y comprendo que
ustedes están de alguna forma de luto, y yo quiero respetar ese luto. A lo mejor necesitan ustedes un cierto tiempo para asimilar este nuevo esquema en el que se mueve la historia en estos últimos tiempos, pero hasta que no hayan hecho ese proceso
y no se hayan ubicado en una determinada línea argumental, francamente no sé muy bien con quién estoy discutiendo ni de qué.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Pedro Casares Hontañón.
El señor CASARES HONTAÑÓN: Gracias, señor presidente.
La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso va casi camino de ser una continua rueda de posiciones donde se dice lo uno y lo contrario. Hoy hemos escuchado en buena medida en esta sala parte de eso. Algunos proponen más gasto público
como más ayudas directas, a la vez que quieren recortar la deuda. Otros hablan del milagro económico de Madrid, que es el milagro de sálvese quien tenga. Otros hablan de imposición del Gobierno, cuando todas las medidas están siendo convalidadas
por esta Cámara. En fin, tengo la sensación de que la radicalidad y los extremismos les impiden en muchas ocasiones darse cuenta de la realidad. Sinceramente, señorías de VOX, creo que mucho de eso les pasa a ustedes y con ello arrastran también
al Partido Popular. Son negacionistas de casi todo o de todo, niegan la pandemia, niegan el cambio climático, niegan el esfuerzo que está haciendo la sociedad española, el Gobierno de España o el conjunto de la Unión Europea. Señorías, este está
siendo un año difícil para trabajadores, para empresas, para familias, para autónomos y el Gobierno ha desarrollado un conjunto de medidas y de ayudas directas sin precedentes. Por cierto, desde el principio, ya en el mes de marzo del año pasado,
había reales decretos-leyes del Gobierno para dar respuesta a la pandemia. Reales decretos como los ERTE, con los que hemos protegido a millones de trabajadores -hoy todavía más de 700 000-, ayudas como la prestación por el cese de actividad para
los autónomos, avales públicos del ICO que han movilizado a día de hoy más de 120 000 millones de euros en más de un millón de operaciones a empresas y autónomos, el Fondo de ayuda de solvencia empresarial para empresas estratégicas con más de 10
000 millones de euros, el Real Decreto-ley 35 de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería o el comercio. En fin, un 2020 lleno de ayudas y de medidas del Gobierno de España que han movilizado, señorías, el 20 % del producto
interior bruto de nuestro país, más que la media europea por mucho que traten de manipular los datos, el mayor esfuerzo jamás hecho en democracia por un gobierno de la nación. Y en 2021, señorías, el Gobierno sigue la misma línea, tomando medidas,
trabajando para solventar esta difícil situación como el Real Decreto-ley 5 de ayudas directas a los sectores más castigados por la pandemia y que con el Real Decreto-ley 6 pueden complementarlos todas las comunidades autónomas para los sectores que
estimen oportunos. Sé que también niegan la España de las autonomías, pero esa es la grandeza de nuestro país. Señorías, 7000 millones de euros de ayudas directas a los sectores más castigados por la pandemia, la mayor cantidad jamás dada por un
gobierno, ayudas directas a las empresas más 3000 millones de euros para reestructurar deudas del ICO o 1000 millones de euros para recapitalizar empresas. Y a todo esto, en 2021 se suma el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, un proyecto económico de país, el más ambicioso de nuestra historia, al que les invito que se sumen y apoyen también con él a su país.
Termino, señorías. Este año no será fácil, no está siendo fácil, lo sabemos. Es todavía muy complicado, pero noticias como las de hoy, con la reducción de los datos del paro que hemos conocido en el primer trimestre de la EPA nos invitan a
seguir trabajando por el futuro de este país y nos interpela a todos con compromiso con la ciudadanía, con compromiso con los trabajadores y sin demagogias porque nunca desde la demagogia se ha construido una España mejor.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casares.
- SOBRE LA NECESIDAD DE OFRECER SOLUCIONES A LOS JÓVENES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002381).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley sobre la necesidad de ofrecer soluciones a los jóvenes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos y que defiende la diputada doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Creo que ha quedado patente ya la preocupación de mi grupo parlamentario por evitar una vuelta a 1936 y de una vez en esta Cámara mirar al 2036, mirar al futuro y por el futuro de nuestros jóvenes. Jóvenes que son esos grandes olvidados,
esa generación de la que nunca hablamos, que es la que más poder adquisitivo ha perdido en las dos últimas crisis, la generación que lidera el paro en la Unión Europea con una tasa de desempleo del 40 %; esa asolada por la temporalidad, la
parcialidad laboral involuntaria, el retraso en la independencia o el momento de formar una familia. Hemos pedido a nuestros jóvenes ya demasiadas veces en demasiadas ocasiones que pongan en suspenso su vida por una nueva crisis y de nuevo esta vez
no será distinto y serán ellos los que más tardarán en recuperarse.
A principios de esta semana el director general de Economía y Estadística del Banco de España hacía una reflexión sobre el impacto de la crisis -de esta crisis- en las generaciones jóvenes. Ninguno de los datos que expuso en su intervención
en la Universidad de Alcalá daba lugar al optimismo. Los universitarios españoles son los que tienen más dificultades para encontrar empleo y acceder a un puesto acorde a su formación, independientemente de la especialización que tengan. Es un
problema de desacoplamiento entre la educación y el mercado laboral, como así transmití yo misma esta misma semana en otra Comisión al secretario de Estado de Educación. Puede que algunos me acusen de mercantilizar la educación, pero nada más lejos
de mi intención. Lo que pretende mi grupo parlamentario es dar las herramientas a los jóvenes para que sean lo que ellos quieran ser, para que sean versátiles, flexibles y puedan ser de verdad libres y no presos de un sistema educativo que no les
prepara para un mundo interconectado, digital y extremadamente dinámico.
También se refiere ese informe del Banco de España al mercado laboral, y dice que cuando llegan al mercado laboral estos jóvenes, su situación es igual de mala; lamentablemente, no mejora. A este resultado también llega un estudio liderado
por la catedrática Sara de la Rica, publicado hace tan solo unos días. Es ese estudio también se evaluaba el contrato en prácticas, que fue originalmente ideado para impulsar la transición laboral de los jóvenes con nivel educativo superior. Los
resultados de este estudio son abrumadores: los jóvenes con este contrato en prácticas tienen menos probabilidades de continuar en sus empresas y, si lo hacen, la probabilidad de que sea un contrato indefinido también es muy reducida. Es decir,
este estudio de De la Rica viene a decir que nos hemos dotado de unos instrumentos para apoyar a los jóvenes en sus primeros años laborales que no funcionan y que condenan a la temporalidad, a la precariedad y todo ello trae el resto de
consecuencias que sufren las generaciones que vienen por detrás.
Como saben sus señorías, los jóvenes presentan una tasa de empleo menor que el resto de la población y una tasa significativamente mayor de individuos sin ingresos laborales. Este es un elemento clave para entender los problemas que está
sufriendo esta generación. Las dificultades laborales y financieras retrasan también considerablemente la edad de emancipación. Los datos nos dicen que, de los nacidos en 1988, el 87 % vivía con sus padres a los veintiséis años y poseía una
vivienda a los
veintinueve, mientras que de los nacidos doce años antes estos porcentajes se situaban en el 82 % y el 26 % de ellos tenía su primera vivienda en propiedad. El porcentaje de familias menores de treinta y cinco años que viven en alquiler hoy
ha aumentado 12 puntos, hasta el 43 %. Señorías, esto no se explica por un cambio de preferencias sino porque, a consecuencia de la caída de sus ingresos y de su elevada precariedad e incertidumbre, su situación económica no les permite otra cosa.
Todos ustedes saben que sin independencia económica también se resiente la natalidad. La natalidad en nuestro país es la más baja de los países europeos, con 1,2 hijos por mujer, y está muy alejada también del número de hijos deseados. Durante la
crisis provocada por la pandemia, esto no ha mejorado. Los datos recientes nos indican que la natalidad ha caído un 20 %, siendo la mayor de la Unión Europea. A la situación económica de esta generación también se unen deficientes políticas de
conciliación, que, si bien han mejorado mucho en los últimos años, aún deben seguir evolucionando hacía un modelo de sociedad donde la corresponsabilidad en las tareas de cuidados y del hogar sea efectiva y sea una realidad, porque solo así
conseguiremos la inclusión económica plena de la mujer.
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, el informe de Banco de España también habla del envejecimiento demográfico y su catastrófica consecuencia, que pondrá sobre los hombros de nuestros jóvenes una nueva pesada carga, la de toda una
población envejecida, el futuro de un Estado del bienestar que supondrá irremediablemente un aumento de la presión fiscal sobre las generaciones más jóvenes. Además, el aumento de la tasa de dependencia y la mejora de las bases de cotización de las
generaciones que actualmente están jubilándose pueden suponer, según datos del propio Banco de España, un aumento de 8 puntos en las cotizaciones sociales de los trabajadores si no emprendemos ya las tan necesarias reformas. Así, con estos datos
sombríos, señorías, mi grupo parlamentario espera de corazón, de verdad, que con esta iniciativa podamos iniciar un debate sosegado por nuestro futuro, pero también por el de miles de niños y jóvenes que necesitan soluciones que no podemos ignorar
en esta Cámara por más tiempo. Vamos a negociar -de hecho, lo estamos haciendo- con todos los partidos que han presentado enmiendas porque en estos tiempos de crispación lo que podemos aportar es sensatez y un debate abierto, sosegado y razonable
sobre los que nos seguirán y decidirán qué tipo de país queremos ser.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Es el turno de las enmiendas. En primer lugar, el Grupo Parlamentario VOX defiende la suya. Tiene la palabra doña Inés Cañizares Pacheco.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. La PNL de Ciudadanos, con la que en principio estamos de acuerdo, recoge en buena medida los datos que dan soporte a la realidad a la que nuestros jóvenes se enfrentan para emprender una vida independiente, formar una
familia o disponer de una vivienda, entre otros. Nuestros jóvenes parten de una situación anómala y en terrible desventaja en relación con otros jóvenes de otros países de nuestro entorno, y es que no tienen trabajo y, si lo tienen, es temporal y
con salarios precarios.
Dicho esto, lo cierto es que el petitum de la iniciativa, desde nuestro punto de vista, más que proponer medidas concretas que atajen el problema, propone un conjunto de incentivos -sí- que serían beneficiosos, pero partiendo de que nuestros
jóvenes ya tuviesen un trabajo y un salario digno, pues en caso contrario la emancipación se antoja inalcanzable. Por eso, considero que, en primer lugar, deberíamos preguntarnos por qué España es uno de los países con la tasa de paro juvenil
estructural más elevada de nuestro entorno, hecho que arrastramos desde hace décadas, no es una cuestión de actualidad, no es una cuestión de hoy.
¿Cuál es el origen de todo esto? Es prioritario identificar las causas para ofrecer soluciones; solo así podremos elegir qué políticas deben implementarse para mitigar este problema. La evidencia en numerosos estudios indica que existen
deficiencias graves del sistema educativo y del mercado de trabajo que explican la relevancia comparativamente elevada del desempleo juvenil en España. Entre las primeras, por ejemplo, destaca el abandono escolar temprano y el desajuste entre la
oferta y la demanda de trabajo por nivel educativo, que dificultan la transición al empleo de los jóvenes y repercute negativamente en su carrera laboral. Este abandono escolar, unido al aumento de la relevancia de la educación universitaria entre
los jóvenes en detrimento de la superior, como, por ejemplo, la formación profesional, se ha traducido en una polarización de la población por nivel educativo que genera un desajuste entre la demanda y la oferta de trabajo, un incremento del
subempleo y una caída de la compensación o prima salarial a la educación.
Entre las disfunciones del mercado laboral que incrementan el desempleo juvenil y sobre las que desde aquí, desde el Legislativo, podríamos actuar, está la efectividad de las políticas activas de empleo. A pesar de que los jóvenes
constituyen uno de los grupos que, efectivamente, mayor representación tienen entre los participantes en sus programas, la reducida cuantía de los recursos destinados a estas políticas activas de empleo y la orientación errónea de las mismas
condicionan su efectividad. Les voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Por qué no implantamos los sistemas de cruce de datos que tiene la Agencia Tributaria, que son maravillosos, infalibles, o los de la Dirección General de Tráfico? Es decir, existen
recursos, no es algo que nos estemos inventando. ¿Por qué no implantamos, por ejemplo, esas tecnologías para las oficinas del SEPE? A lo mejor así habría muchos más parados que podrían encontrar trabajo, por ejemplo.
A priori, desde los distintos ámbitos, ¿qué soluciones podemos ofrecer aparte de esta, que no es ninguna broma? Intentar reducir al máximo ese abandono escolar, implementar servicios de información en los centros educativos sobre la
rentabilidad que el estudio tiene en el empleo -la educación dentro del empleo-, facilitar la transición de los jóvenes del ámbito educativo al mercado de trabajo evitando situaciones de subempleo y dando un efectivo impulso a la formación
profesional dual, lo que permitiría reequilibrar la composición del sistema educativo y aumentaría la empleabilidad de los jóvenes con educación secundaria superior. Para eso, sería necesaria una mayor implicación de las empresas en el diseño de la
oferta formativa y un acuerdo marco o convenio para fijar unas condiciones laborales adecuadas a los jóvenes en ese proceso de formación práctica. Y por lo que se refiere a la educación universitaria, una reforma del número de titulaciones en
cuanto a contenidos y duración permitiría reducir el número de jóvenes que no llegan a completar sus estudios universitarios, el coste de formación y la proliferación del subempleo. Hay que estrechar la vinculación con las empresas, pero tanto
públicas como privadas, incluso con la propia Administración en todos sus niveles, siendo necesaria siempre la realización de prácticas obligatorias en determinadas disciplinas que doten al alumno de experiencia y conocimientos específicos. Yo
opino que la mejor entrevista de trabajo que puede hacer una persona es que le den la oportunidad de trabajar y de hacer unas prácticas, porque así se podrán conocer sus habilidades. En este sentido, la formación práctica creo que daría un empuje
muy positivo al empleo en los jóvenes. Por tanto, es necesaria una mayor complicidad de las empresas en la elaboración de los programas de formación y en la financiación del periodo de aprendizaje.
Finalmente, el rediseño y la reorientación de estas políticas activas de empleo resultan imprescindibles para incrementar su eficacia. Debería modificarse la composición del gasto que actualmente se produce en estas políticas aumentando el
gasto en formación y en reciclaje profesional. Una actualización continua del catálogo de cursos en la que las empresas tomasen parte contribuiría a adecuar la oferta formativa a la tipología de cualificaciones requeridas por el mercado. En el
caso específico de los jóvenes, las experiencias de éxito en otras economías recomiendan implementar una estrategia de activación temprana, con programas de asistencia en la búsqueda de empleo que exijan una participación activa de los participantes
y establecer itinerarios personalizados que proporcionen al joven desempleado una atención y un asesoramiento integral.
Voy terminando. Es imprescindible adecuar esta formación de los jóvenes a las demandas reales del mercado laboral, ya que actualmente en España hay muchos jóvenes buscando trabajo que no lo encuentran y muchas empresas con puestos vacantes
que no son capaces de encontrar los perfiles que necesitan esos puestos. Muchos economistas sugieren un cambio en los planes de estudio que incremente la oferta de formación profesional atractiva y que los jóvenes puedan trabajar y estudiar a la
vez adaptando las jornadas laborales a tal fin ofreciendo mejores programas de prácticas y diversificando realmente la formación profesional; mejores planes de estudio para que los jóvenes puedan acceder a un empleo acorde con su cualificación, un
empleo estable y bien remunerado. Si desarrollamos esta tarea sin sectarismos, sin desprecio al sector privado ni al público y con propuestas serias, el resto vendrá solo por inercia. Si los jóvenes se aseguran un buen empleo, podrán planificar
sus vidas, y si se aseguran un acceso a la vivienda, podrán formar una familia; en definitiva, se asegurarán su futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cañizares.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para defender la enmienda, tiene la palabra la diputada doña Alicia García Rodríguez.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
La ministra Belarra, responsable del Injuve, ayer en esta Cámara no dedicó ni un minuto a las políticas dirigidas a los jóvenes. El Banco de España alertaba esta misma semana sobre el difícil legado económico que se deja precisamente a los
jóvenes: más jóvenes sin ingresos por la pandemia, una elevada
vulnerabilidad laboral, unos ERTE que les han beneficiado poco y tener que destinar más del 90 % de su sueldo a pagar el alquiler. Y mientras la tasa de paro nacional, como hemos conocido hoy, es del 16 %, la de los jóvenes es del 40 %, la
tasa de paro más alta de Europa. Soy diputada por Ávila y el desempleo juvenil creció casi un 40 % entre marzo y diciembre de 2020. Y Según los datos de hoy de la EPA del primer trimestre, en Madrid hay 40 400 empleos más, el motor de la economía
española. Es verdad que otro socialista, el señor Rodríguez Zapatero, dejó la herencia de un 48 % de paro juvenil en 2011 y tuvo que ser el Partido Popular el que rebajara 14 puntos esa tasa. Está claro que socialismo o libertad. Este dato del 40
% supone que casi 600 000 jóvenes que han estudiado para ser independientes; quieren trabajar y no pueden, se iban a emancipar y tampoco pueden, iban a emprender y ahora no pueden o iban a formar una familia y no podrán hacerlo. También es cierto
que este Gobierno vetó una enmienda del Grupo Parlamentario Popular a los Presupuestos Generales del Estado para crear un fondo con 500 millones de euros adicionales para el empleo joven. Este también es un legado, igual que es el legado de este
Gobierno la deuda pública disparada y un mayor déficit público.
Pero también en materia de educación dejan legado, el modelo de la Lomloe, un modelo de imposición que no garantiza las libertades educativas, que no tiene el consenso de la comunidad educativa y que no da respuesta a los desafíos que
tendrán que afrontar las nuevas generaciones. Rectifiquen. Por eso, les solicitamos vía enmienda que se replanteen este modelo educativo porque solo así avanzaremos hacia un sistema moderno y flexible, homologado con los países de nuestro entorno
y que realmente mejore la empleabilidad de los jóvenes. Fue precisamente el Partido Popular el que redujo la tasa de abandono educativo temprano en más de 10 puntos. Y más legado de este Gobierno: antes de la pandemia el 48 % de los jóvenes se
planteaba dejar de vivir en el hogar de sus progenitores; ahora se lo plantean solamente el 32 %, ha caído 16 puntos incrementándose un 68,2 %. Son datos oficiales del Injuve. Un año de pandemia y nuestros jóvenes se encuentran sin apoyos ni
incentivos del Gobierno ni a la compraventa ni al alquiler, salvo las ayudas que ya existían a la compra en municipios de 5000 habitantes diseñadas por el Gobierno del Partido Popular. Hoy sabemos que los jóvenes madrileños verán ampliadas las
deducciones por alquiler un 20 % más del límite actual.
Concluyo. La pandemia ha vapuleado a todos los países, al mundo entero, pero lamentablemente lo cierto es que ningún país ha castigado tanto a los jóvenes como este Gobierno. Apoyaremos la PNL de Ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Antonio Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SALAS: Muchas gracias, presidente.
Plantea el Grupo Parlamentario Ciudadanos una PNL con diversos puntos enfocados a ofrecer soluciones a los jóvenes. Al respecto, compartimos sin duda la necesidad e importancia de tal objetivo, por supuesto, este colectivo ya ha sufrido los
estragos de la crisis financiera de 2008, sobre quienes recayó en mayor parte del peso de las políticas de austeridad y la precariedad laboral tras la gran recesión, si bien ahora, por cierto, especialmente sacudidas por los efectos económicos
derivados de la COVID-19. De esta forma, quienes tienen ahora en torno a los treinta años afrontan ya su segunda gran crisis económica. Pero para abordar esta cuestión no podemos repetir errores del pasado, no podemos volver a recurrir a medidas
contraproducentes y socialmente injustas de recortes sociales, precariedad laboral y endeudamiento; hay que actuar desde diferentes ámbitos, empezando por la crianza y la educación infantil. Al respecto, lejos de los recortes en educación,
políticas públicas orientadas a favorecer una crianza en términos equitativos y un acceso universal y asequible a las escuelas infantiles de calidad. Mejorar las tasas de escolarización es fundamental, ya que la participación de las niñas y los
niños en la educación infantil es uno de los vectores más importantes de la mejora de los resultados y el desempeño educativo futuro, lo cual puede ayudar a mitigar las desigualdades sociales y a limitar la precariedad laboral futura. Al respecto,
conocíamos ayer un informe, Diversidad y libertad, que ponía de relieve el problema de la segregación socioeconómica que tenemos en España, sobre todo en educación primaria, pero que se agudiza muy especialmente en Madrid. En educación secundaria,
la segregación socioeconómica se suaviza en nuestro país situándonos en el entorno de la media de la OCDE, pero esto es en promedio estatal, porque entre las comunidades autónomas destaca por mucho y para mal precisamente la Comunidad de Madrid,
siendo esta la región con mayor segregación socioeconómica de España y con uno de los índices de segregación más altos de toda la OCDE. Pero, peor aún, es una
segregación que ha aumentado más todavía en los últimos años. Y, claro, señores de Ciudadanos, es una lástima que no plantearan este objetivo por los jóvenes cuando compartían Gobierno con la señora Díaz Ayuso y hayan preferido esperar a
una PNL una vez expulsados del Ejecutivo regional. Por cierto, ¿esta es la libertad que pregona la señora Ayuso? ¿Dónde queda aquello de la igualdad de oportunidades, señorías del PP? Libertad en Madrid es en realidad tener la inversión pública
por alumno más baja de España, pero donde el esfuerzo económico medio por familia es el más alto del país. ¿Y libertad para pactar con quienes defienden el pin parental?
Frente a esta realidad, el Gobierno está trabajando en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde las medidas en el ámbito educativo representan un elemento fundamental; medidas que impulsen, en cooperación con las
comunidades autónomas, la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública con el objetivo de extender el derecho de niños y niñas a disponer de una plaza asequible, inclusiva y de alta calidad.
Además, en su progresiva implantación se deberá priorizar el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y la extensión a áreas rurales con el fin de promover, por supuesto, el acceso universal y
equitativo a escuelas infantiles de calidad. Por su parte, el Plan de recuperación ya prioriza aumentar las oportunidades personales y profesionales de los más jóvenes. Uno de los ejes prioritarios del plan se orienta a impulsar la educación, la
formación profesional y la capacitación digital, absolutamente claves para la mejora de la productividad y los salarios, así como la reducción del alto paro juvenil.
Con relación a la caída de la duración de los contratos, recogida en la exposición de motivos, cabe destacar que una pieza clave del paquete de reformas será la revisión del catálogo de contratos con el fin de promover la contratación
estable, reducir la temporalidad y la precariedad, que será abordada mediante el diálogo social. En este sentido, se busca promover un verdadero contrato de formación que garantice la inversión en capital humano y favorezca la transición desde el
mundo educativo al laboral. Asimismo, se trabaja en un nuevo plan de choque contra el desempleo juvenil adaptado a las necesidades actuales que sustituirá al actual Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. En concreto, este plan busca
impulsar las capacidades digitales, promover un sistema de microcertificaciones para facilitar la empleabilidad y desplegar importantes bonificaciones y ayudas para los contratos de formación.
Con respecto a facilitar la emancipación de los jóvenes mediante el acceso a la vivienda en alquiler, esta es otra prioridad del Gobierno, donde además se han presentado ya diferentes medidas en este sentido. El Real Decreto-ley 7/2019, de
1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, habilita a los ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95 % en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado. Se ha
facilitado la movilización de suelo de la Administración para que, en cooperación con el sector privado, se ofrezcan más viviendas a precios asequibles. Y se amplía la disponibilidad de viviendas sociales mediante diferentes acuerdos. A ello cabe
sumar las ayudas ya contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 20018-2021, destinado exclusivamente a menores de 35 años, pero además inversiones de 1000 millones de euros previstos en el Plan de recuperación destinados a programas de vivienda
social para alquiler. Y a ello se sumará próximamente la nueva ley estatal de vivienda que promoverá el desarrollo de parques públicos de vivienda a precios estables. Se trata, en consecuencia, de reorientar las políticas de vivienda hacia el
acceso, con especial hincapié en el caso de los jóvenes.
Y ya para finalizar, señor presidente, y en línea con todo lo aquí expuesto, reiterando de nuevo la coincidencia con el grupo proponente de ofrecer soluciones a los jóvenes, hemos registrado una enmienda con el fin de mejorar la propuesta
inicial, que esperamos sea considerada. Además, como ustedes saben, estamos trabajando en una transaccional.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: El título de la proposición no de ley es sobre la necesidad de ofrecer soluciones a los jóvenes, pero yo creo que sería mucho más adecuado a la realidad titularla como la necesidad de ofrecer futuro a los jóvenes.
Porque con la actual generación de gente joven se produce una paradoja que debemos analizar con mucha atención e intentar solucionarla, que no va ser fácil. La paradoja es la siguiente. Seguramente esta generación de jóvenes es la generación de
jóvenes que ha tenido acceso a una mejor posibilidad de educación, a unos mejores servicios sanitarios, a unos mejores servicios culturales si lo comparamos con generaciones de jóvenes anteriores. En cambio, corren el
riesgo de ser la primera generación de jóvenes que van a vivir de adultos peor de lo que han vivido sus padres. Esto es un riesgo real. Esencialmente, donde tienen problemas hoy los jóvenes es en la emancipación, en poder encontrar un
trabajo digno y bien remunerado, cuando curiosamente son seguramente la generación que ha recibido más formación hasta el momento. Y eso genera una frustración todavía mayor que la que hemos sufrido otras generaciones de jóvenes que teníamos una
expectativa vital de que con el esfuerzo de nuestros padres y nuestros abuelos y el nuestro propio conseguiríamos mejorar y prosperar. Esta situación no es de fácil solución y menos a corto plazo. Pero, obviamente, nuestra generación tiene la
responsabilidad de actuar y en diferentes ámbitos, porque algunos de los que se han planteado aquí -como el ámbito laboral y el ámbito de la vivienda- son básicos y fundamentales; otros no son tan claros, pero tienen su efecto, y yo sé que algunos
de ustedes no lo van a compartir y otros seguro que sí. Nosotros, en estos momentos, tenemos que incrementar nuestra deuda pública porque es necesario para actuar y afrontar los retos del presente, pero si no limitamos la deuda pública, las
generaciones futuras deberán afrontar el pago de nuestra deuda, de la deuda que habrá generado nuestra generación. Por tanto, si incrementamos la deuda pública sin ningún tipo de limitación, lo que estaremos haciendo es dejar un futuro mucho peor
para nuestros jóvenes, que van a tener que afrontar el pago de nuestras deudas. Y esto ninguna generación lo había hecho anteriormente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la diputada doña Lucía Muñoz Dalda.
La señora MUÑOZ DALDA: Muchas gracias, presidente.
Cuando hablamos de la situación de la juventud hablamos de una situación precaria, de su imposibilidad para construir proyectos vitales, de los contratos basura, de los alquileres abusivos, de jóvenes que están perdiendo la esperanza, que
cargan en sus espaldas el peso del desempleo y el peso del adultocentrismo. Cuando se dice aquí que nos hemos olvidado de los jóvenes, se debe a un sistema de dominio en el que los adultos tienen un poder dominante sobre la juventud, y a eso hace
referencia esta idea de adultocentrismo. Son esos jóvenes a los que la derecha y también el poder mediático llevan criminalizando como irresponsables desde el inicio de la pandemia, pero que se han organizado en redes de solidaridad popular junto a
sus vecinas para tratar de hacer en común todo lo que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y Almeida les han negado a quienes más lo necesitaban. Tenemos una juventud que sufre, unas jóvenes desoladas por unas condiciones de
vida que las empujan a la ansiedad y la depresión. Los números son escalofriantes, uno de cada dos jóvenes en España tiene síntomas compatibles con estos cuadros clínicos. Para ser libre antes hay que estar sano, y la desesperanza que asola a la
juventud de la clase obrera solo puede combatirse con servicios públicos, con una ley de vivienda que regule el precio de los alquileres, el cierre de las casas de apuestas, la puesta en marcha de programas de salud mental, etcétera. Nuestro futuro
como sociedad y el presente de mi generación depende de otras cosas, también de que echemos a Isabel Díaz Ayuso y a sus aliados fascistas de la Puerta del Sol.
Esta pandemia ha sido una nueva bofetada a un colectivo que ya se vio gravemente afectado en la pasada crisis debido a la falta de oportunidades laborales. Recordemos que en el primer trimestre de 2013 la tasa de paro de los menores de
veinticinco años alcanzó el 56,9 %. En aquel momento, ante la falta de oportunidades, un elevado número de jóvenes decidió emigrar a otros países en busca de empleo, y la entonces ministra de trabajo, Fátima Báñez, del Partido Popular -ahora
miembro del Consejo de la CEOE y de Iberdrola-, se refería a este fenómeno como movilidad exterior, incluso presumía del mismo. La situación de partida en el mercado laboral antes de la pandemia era alarmante, con tasas de parcialidad y
temporalidad elevadísimas. Al igual que ocurrió en la pasada crisis financiera, la destrucción de empleo se ha concentrado en puestos con contratos temporales, en los que los jóvenes tienen una alta presencia. Además, su elevada presencia en las
industrias sociales -hostelería, turismo, comercio- ha hecho que el impacto de la pandemia haya sido especialmente intenso en las rentas laborales de los jóvenes. Tal y como alerta el Banco de España, los jóvenes presentan una tasa de empleo menor
al resto de la población y una tasa significativamente mayor de personas sin ingresos laborales. Todo ello tiene repercusiones sociales que afectan al desarrollo de la persona, como, por ejemplo, retraso de la edad de emancipación y de la edad en
la que se tienen hijos.
El Plan de recuperación presta una atención prioritaria al desarrollo de oportunidades vitales y profesionales para las generaciones futuras. Una parte importante de las inversiones se destinarán a la movilidad sostenible y la recuperación
de ecosistemas, la transformación industrial y la modernización de los principales sectores productivos. Un segundo eje principal se orienta a impulsar la educación, la formación profesional y la capacitación digital, absolutamente claves para la
mejora de la productividad y los salarios, así como a la reducción del alto paro juvenil. En materia de vivienda, el plan incorpora un elemento importante de renovación y promoción del parque público con el fin de proporcionar viviendas accesibles
a los jóvenes, con un programa de 1000 millones de euros de inversión en vivienda social para alquiler. En materia de vivienda también hay que tener en cuenta el anteproyecto de ley que está elaborando el Ejecutivo.
Acabo, señorías. Compartimos los planteamientos de esta iniciativa, pero en distintos términos, puesto que el Gobierno ya está trabajando en el diseño y puesta en marcha de distintas medidas que tendrán un impacto positivo en el futuro de
la juventud.
Muchas gracias. (El señor González Coello de Portugal pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Dígame.
El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Por alusiones, artículos 73 y 74 en relación al 103. Cuando se ha mencionado echar al fascismo de Madrid lo entendemos como una ofensa grave porque, a diferencia de nuestra colega, que es comunista,
nosotros no somos fascistas y nos gustaría que se recogiera.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Vamos a zanjar estas cuestiones que no vienen al caso.
La señora MUÑOZ DALDA: Se han dado ellos por aludidos, yo no los he mencionado en ningún momento.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente no has aludido a ningún grupo concreto. Vamos a mantener el tono de una Comisión que es netamente técnica, respetuosa y cordial.
Señora Muñoz, tiene usted la palabra para pronunciarse sobre las enmiendas.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Tanto ruido nos aleja muchas veces de lo importante.
Se ha llegado a una transaccional firmada con el Grupo Socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE BRECHA DE GÉNERO EN CONOCIMIENTOS FINANCIEROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002411).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es la penúltima que debatiremos en la mañana de hoy. Es sobre la brecha de género en conocimientos financieros. Es del Grupo Parlamentario Socialista y la defiende la
diputada doña Patricia Blanquer Alcaraz, que tiene la palabra.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, la formación y la adquisición de competencias en términos de conocimientos financieros se evidencian como claves para fomentar la gestión responsable de las finanzas personales. A lo largo de las distintas etapas de la vida, las
personas nos podemos ver obligadas a adaptarnos a nuevas circunstancias a través de decisiones financieras que solo se tomarán con éxito en términos de mayor bienestar económico y social si decidimos de manera responsable e informada, conscientes de
los beneficios y riesgos que se asumen y ajustándonos a nuestras necesidades y características personales y familiares.
Ante una sociedad con mercados financieros cada vez más complejos, la cultura financiera de la ciudadanía en términos generales siempre es susceptible de mejora. En este sentido, cabe destacar que España, desde el año 2008, impulsa la
elaboración y publicación de los planes de educación financiera en
colaboración estrecha con el Banco de España y la CNMC, con el objetivo precisamente de contribuir a la mejora de la cultura financiera de los ciudadanos dotándoles de conocimientos para adoptar decisiones financieras informadas y apropiadas
a lo largo de su vida. Asimismo, el Gobierno de España, con la aprobación de la Lomloe y conscientes de la necesidad de que este tipo de educación financiera empiece en edades tempranas, está trabajando ya, a través del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, en el diseño del currículo escolar con la incorporación de contenido de formación financiera. Para ello, firmó en septiembre de 2020 un convenio con la CNMC y el Banco de España y esta misma semana estas instituciones,
conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, le han transferido una propuesta de contenidos formativos para el alumnado de primaria y de secundaria, una estrategia curricular que sin duda verá sus frutos en el
largo plazo en aras a mejorar la cultura financiera de la ciudadanía.
Pero la evaluación de los planes de educación financiera llevados a cabo durante estos años, así como el análisis de la primera encuesta de competencias financieras a través de distintos estudios, han puesto de manifiesto que todavía queda
trabajo por hacer para mejorar el diseño de las políticas formativas dirigidas a diferentes públicos objetivo. Dos son los estudios publicados en este sentido este año: Diferencias de género en competencias financieras, publicado en el Boletín
Económico del Banco de España 1/21, y el documento número 75 de la CNMC publicado en marzo, estudios que motivan y justifican nuestra proposición no de ley en esta Comisión como grupo comprometido en la defensa de la igualdad de género al haberse
puesto de relieve la desigualdad en términos de conocimientos financieros en perjuicio de las mujeres con respecto a los hombres, un fenómeno no exclusivo de nuestro país sobre el que debemos actuar, por lo que instamos a reforzar, dentro del Plan
de educación financiera, la eliminación de esta brecha de género en conocimientos financieros.
Solicitamos profundizar en un mejor conocimiento de los factores que determinan esta brecha para mejor hacer frente a esta desigualdad. En este sentido, solicitamos también que se actualice la Encuesta de Empleo del Tiempo, publicada por
última vez en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística, que nos da cuenta de la dimensión del trabajo no remunerado y la distribución de las responsabilidades familiares en el hogar, información que entendemos relevante si tenemos en cuenta el
informe publicado en 2020 por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde se dejaba constancia precisamente de la brecha de género en el ámbito económico y financiero y se indicaba que las brechas de género en el mercado
laboral están muy ligadas a la situación familiar.
Señorías, con independencia de las medidas formativas concretas que se puedan desarrollar a partir del mejor conocimiento de los factores que explican la desigualdad de género en este ámbito, es importante contar con una estrategia más
global y transversal que acabe con la situación estructural de desigualdad de género. De ahí que quiera terminar poniendo en valor la importancia del hecho de que el Gobierno de España incluya el objetivo de avanzar en igualdad, el objetivo de
acabar con la brecha de género, como un gran reto del país, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado en el Pleno del Congreso, aprobado en el Consejo de Ministros esta semana y que se enviará a Bruselas. Un plan que
incluye medidas transversales orientadas a elevar la tasa de empleo femenino, a mejorar, fortalecer y reorganizar el sistema de cuidados de larga duración, a elevar el potencial educativo, y la igualdad de oportunidades y a reducir la brecha
digital. Les recomiendo que vean la contribución de los treinta componentes en la reducción de la brecha de género que se incluyen en el plan.
En definitiva, como decía, es un plan comprometido con acabar con este problema estructural de desigualdad todavía inherente en nuestra sociedad, que se visualiza en muchos ámbitos, también en el ámbito de conocimientos financieros, como les
he traído hoy a la Cámara, y se refleja en el estudio publicado por el Banco de España, problema sobre el que solicitamos actuar. Tengan en cuenta que cuantificar y diagnosticar las brechas de género es tarea indispensable para acabar con ellas,
por lo que solicitamos de la Cámara el voto favorable a esta iniciativa. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.
Por el Grupo Parlamentario Popular y para defender su enmienda, tiene la palabra don Víctor Píriz Maya.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo, señorías.
Venimos a debatir una proposición no de ley del Grupo Socialista, una propuesta de cupo para una realidad que, cuando he empezado a analizarla, realmente existe, es curiosa y en la que a los que nos gustan los estudios y los análisis es
interesante ahondar un poco, que es lo que voy a intentar hacer. Voy a ir al tema diseccionando todo lo que se puede hablar sobre el mismo, porque no solo como diputado, sino como
profesor del área económica de la Universidad de Extremadura en excedencia, me han llamado la atención los datos, ya que no era consciente de que había esta brecha de género en los conocimientos financieros. Yo tengo alumnos y alumnas
-ahora daré datos- y siempre he aprobado a más alumnas que a alumnos, es decir, yo no era consciente de que esta brecha existía hasta que he visto el informe, muy completo y muy profesional, del Banco de España de este año. En el cuadro que aparece
en el informe vemos cómo tenemos menos brecha que Finlandia, Noruega, Bélgica u Holanda, es decir, podemos descartar que sea por una cuestión educativa, porque esos sistemas educativos son modelo a nivel internacional. Si fuera un problema
educativo, se trasladaría a los estudios de administración de empresas y de economía.
Voy a los datos. El curso pasado se matricularon en España 130 000 chicos en el área económica financiera en estudios de grado y 151 000 mujeres, más mujeres que hombres estudiando grados de ámbito financiero. Podemos pensar que se
matriculan, pero no acaban los estudios. Vamos a los datos de quiénes se matriculan. En el curso pasado se graduaron 19 puntos porcentuales más de hombres que de mujeres en las universidades españolas en este tipo de estudios, un 9 % más en
másteres. Por tanto, el carácter educativo de esta brecha es complicado sostenerlo. Nos dice el estudio que el 40 % es por cuestiones sociodemográficas. En el estudio se llega a decir que en otros países han llegado a la conclusión de que no
pueden explicarlo al cien por cien; aquí hablamos del 40 % y en el 60 % restante no hay causas más allá de la sociodemográficas para explicar esta brecha. Como padre, me llama la atención una estadística que aparece, y es la de la custodia
compartida. Yo vengo de Extremadura, en donde se conceden dieciséis de cada cien custodias compartidas por los juzgados extremeños. Según el estudio, tenemos más propensión a tener brecha de género. Le pido al Partido Socialista, que está tan
preocupado por la brecha -aunque yo también lo estoy-, que apoye la custodia compartida, que sea valiente y que, realmente, si va a reducir también la brecha de género financiera, es una causa más para apoyar a esos padres, como yo, que tenemos los
hijos cuando la justicia nos deja.
Por último, a los españoles les interesa también entender las consecuencias o las causas de esto, cómo la tasa de paro femenina es 4 puntos superior a la masculina, o cómo en Madrid el desempleo femenino es un 25,3 % inferior a la media
nacional, según la EPA de hoy. Donde gobernamos demostramos nuestra implicación con la igualdad; hagamos todos lo mismo, hagan todos lo mismo cuando tenga la oportunidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.
Pasamos al turno de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias presidente.
Sabemos que la educación financiera afecta a la autonomía económica y al acceso de oportunidades a nivel personal, familiar y laboral, y, afortunadamente, se están poniendo en marcha iniciativas muy necesarias que buscan paliar esta
situación.
El informe del Banco de España, que menciona el Grupo Socialista en su iniciativa, también señala, entre las posibles causas, el mayor interés que suelen mostrar los hombres por las finanzas, diferencias en las preferencias de riesgo -lo que
hace que las mujeres acumulemos menos activos que los hombres-, o las normas sociales en entornos más tradicionales que limitan el acceso de la mujer a los recursos económicos. Por su parte, CAF apunta que las brechas de género de educación
financiera están relacionadas tanto con un menor nivel de conocimientos financieros como con una menor confianza por parte de las mujeres. Por ello, sin duda, debemos trabajar desde las edades más tempranas para que nuestra sociedad, en general,
esté más informada sobre el mundo de las finanzas, sea más independiente para tomar decisiones de ahorro e inversión informada, y pueda, contando con todas las herramientas que el sector financiero pone a su disposición, asumir riesgos financieros
adecuados a su situación. Ese tema y sus posibles soluciones, que darían para un monográfico, es independiente, al menos en gran parte, de la presencia de las mujeres en el sector financiero y sus condiciones laborales; problema que, sin duda, se
debe abordar y que muchas entidades ya lo están haciendo, pero que corresponde a otro tipo de condicionantes.
En cualquier caso, estamos a favor de la iniciativa. Por consiguiente, votaremos a favor de ella, porque es un tema importante que debe ser puesto sobre la mesa con el ánimo de encontrar soluciones y avanzar hacia la independencia económica
plena de las mujeres.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra la diputada María Lucía Muñoz Dalda.
La señora MUÑOZ DALDA: Gracias, presidente.
La encuesta está realizada conjuntamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística. Los resultados de la encuesta demuestran que en España falta cultura
financiera: solo el 18 % de los encuestados contesta correctamente las tres preguntas que evalúan el conocimiento financiero. Este porcentaje es menor en el caso de las mujeres, un 11 % frente al 23 % de los hombres, y aumenta con el nivel
educativo. Además, casi la mitad de la población, el 46 %, percibe que sus conocimientos son bajos o muy bajos, y otro 46 % dice que son medios. El escaso conocimiento financiero de la población, unido a la falta de control y la mala praxis
empleada por las instituciones financieras y monetarias -falta de transparencia e información en la comercialización de productos financieros complejos, etcétera-, genera situaciones de desprotección que conllevan, en determinados casos, la
reclamación y denuncia ante los organismos correspondientes, tal y como ha sucedido en los últimos años, por ejemplo, con la venta de las participaciones preferentes, las cláusulas suelo y el índice de referencia de préstamos hipotecarios.
Cabe señalar que, el pasado 26 de abril, el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Asuntos Económicos remitieron una propuesta al Ministerio de Educación para que se impartan más contenidos relacionados con la competencia financiera.
Consideramos que la educación financiera es necesaria y debe abordarse desde los centros educativos, pero esa educación no debe basarse única y exclusivamente en la enseñanza de conceptos económicos básicos; también debe ejercitar el pensamiento
crítico y mostrar otras herramientas, como la economía social y solidaria, que incrementa las posibilidades de gestión económica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz Dalda.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra doña Inés Cañizares Pacheco.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.
La PNL que nos presenta el Grupo Socialista es otro ejemplo más de la confusión que tiene dicho grupo sobre lo que significa la igualdad y sobre su incapacidad para entender la información que contienen las estadísticas o su capacidad para
leerla de manera parcial en la parte que le da la razón. Nos cuentan en un estudio de 2016 sobre la capacidad de comprensión de las finanzas por parte de los españoles que el 61 % de los varones responden bien a cinco o más de las siete preguntas
que se les hicieron para evaluar dicha competencia, mientras que en el caso de las mujeres dicho porcentaje solo alcanza el 50 %, y no aporta más datos.
A partir de aquí, nos hace un largo y tedioso escrito lleno de demagogia para solicitar que la eliminación de la brecha de género se tenga en cuenta en el Plan de Educación Financiera que llevan a cabo el Banco de España y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores para promover la actualización de los estudios del INE sobre el uso del tiempo en tareas domésticas y, cómo no, para promover estudios sobre la brecha de género en formación financiera, con los que imaginamos
pretenden regar de dinero a los mal llamados investigadores afines a sus postulados, por la cuenta que les trae.
La brecha en conocimientos financieros que hay que cubrir es la que continuamente muestran ustedes cada vez que hablan de las finanzas públicas. La principal brecha en conocimientos financieros se da, de acuerdo con estudios de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, entre los que han alcanzado una educación superior y los que no la han alcanzado. Por otro lado, dentro de los estudios universitarios hay algunos que parece que capacitan mejor para el entendimiento de las materias
financieras -economía, ADE o ingenierías-, frente a otros que son mejores para las ciencias de la salud o la educación. Resulta, por otro lado, que ahora mismo ya hay más mujeres con estudios superiores que hombres y que esta diferencia es aún
mayor entre mujeres y hombres jóvenes. Entonces, ¿cómo es posible que las mujeres, que tienen ahora mismo más estudios que los hombres, alcancen peores resultados incluso en el segmento de españoles con estudios superiores? Por la preferencia de
las mujeres por determinados estudios, por ejemplo, ciencias de la salud, frente a otros, por ejemplo, ingenierías, y esta diferencia hay que corregirla. Es decir, tenemos que comenzar a reservar plazas en las facultades de Medicina y Enfermería
para hombres, exigiéndoles una nota de ingreso menor y, asimismo, tenemos que comenzar a reservar plazas en las escuelas de ingeniería para mujeres, exigiéndoles una nota de ingreso menor.
Esto no tiene ningún sentido. Las razones por las que un sexo muestra unas preferencias distintas a las de otro en cualquier materia, también en la elección de estudios, forman parte de la libertad humana que ustedes no respetan. Yo creo
que ustedes confunden la igualdad con la equidistribución de los
españoles en todos los grupos o subgrupos que de ellos quieren hacer, y me explico. ¿Es razonable que el número de socios varones del Betis supere al de mujeres, visto que en Sevilla debe haber más o menos el mismo número de mujeres que de
hombres? ¿Deberíamos emprender alguna política que asegure que la equidistribución entre sexos en todos los subgrupos de españoles es la misma? Y eso sin entrar en términos más peliagudos, como el de la equidistribución de otras cuestiones que me
voy a callar. Pues no, señores del PSOE; dejen de hacer el ridículo, por favor. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Señora Blanquer, ¿en relación con la enmienda que presentó el Grupo Popular? (La señora Blanquer Alcaraz pronuncia palabras que no se perciben).
Muchas gracias.
- RELATIVA A QUE LA UBICACIÓN DEL SANDBOX SE SITÚE EN LA CIUDAD DE BARCELONA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/002413).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición no de ley relativa a que la ubicación del SandBox se sitúe en la ciudad de Barcelona. Es del Grupo Parlamentario Republicano y la va defender el diputado don Joan Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Es ocioso recordar en esta Comisión el título II de la Ley 7/2020, de 17 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero, que regula un espacio controlado de pruebas, el regulatorio SandBox, que permitirá aprobar
proyectos financieros que aporten innovación tecnológica y valor añadido de una forma segura para los clientes y los mercados. Es ocioso recordarlo porque muchos de los presentes fueron padres y madres de dicha ley.
Traemos hoy aquí una aportación al desarrollo de dicha norma porque entendemos que el SandBox debe ubicarse cerca del talento y cerca de las nuevas ideas e iniciativas. Barcelona es el quinto starthub europeo y el primero del sur de Europa,
según EU Startup 2018. De todo este universo dinámico, las startups del ámbito fintech e insurtech representan el 4,3 % en Cataluña. Por ello, Barcelona es reconocida internacionalmente como una ciudad innovadora y tecnológica, como desgranan tres
párrafos de datos y argumentos de la parte dispositiva de nuestra PNL, que ustedes ya conocen. Barcelona cuenta ya con sedes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, siendo estos últimos los órganos supervisores del SandBox.
Nuestro grupo parlamentario cree en el propósito de crear un entorno propicio y atraer el desarrollo de expertos y empresas fintech y promover la colaboración entre talento y organizaciones que permitan acelerar el ecosistema tecnológico
porque la cercanía con el talento y el dinamismo de nuevas ideas e iniciativas emergentes determinará el éxito del SandBox. Por ello, la capital catalana resulta la ubicación idónea para localizar dicho espacio.
Hoy, una vez más, veremos quién se acerca más o menos a un modelo descentralizado del Estado o a un modelo estrictamente jacobino, invocando falsos debates de estructura y función.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Rodrigo Jiménez (El señor Capdevila i Esteve pide la palabra).
Señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Perdón, solo un segundo para indicar que, como conoce la Mesa, ha habido transacción con enmendantes y que, de acuerdo con la transacción, no sé si procede o no, pero...
El señor PRESIDENTE: Procede en todo caso la defensa de las enmiendas.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Sí, sí, solo quiero indicar que, en coherencia con la transacción, ha habido una modificación también del título de la PNL.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Jiménez Revuelta, es suya la palabra.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchísimas gracias, presidente.
Antes de nada, quiero hacer un apunte matemático. Se ha dicho desde el Grupo Parlamentario Socialista que este grupo trabaja poco, y a mí me gustaría recordar que en los dieciséis o diecisiete meses que llevamos de legislatura, las
iniciativas parlamentarias presentadas por los miembros del Grupo Parlamentario VOX son una media de 1500, y que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Simancas, en doce años y seis legislaturas apenas ha presentado 700. Quería
dejar constancia de ello.
Respecto de la iniciativa del Grupo Parlamentario Republicano, nada tenemos en contra de que se instalen en Barcelona los servicios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para el control, seguimiento y ejecución de sus funciones
alrededor del SandBox. Los argumentos sobre las bondades de la Ciudad Condal para albergar dichos servicios, tanto desde un punto de vista tecnológico y de personal como desde un punto de vista de las facilidades intrínsecas de la misma, son
indiscutibles. Sin embargo, pensamos que no es la función de esta Cámara indicar a un organismo autónomo e independiente, como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dónde debe instalar físicamente cualquier nuevo servicio que deba
desarrollar. Hay otros argumentos que el Grupo Republicano no considera en su propuesta, como son los de índole de eficiencia económica y organizativa, que solo el organismo afectado, en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores, puede
evaluar junto con los que ahora se le ofrecen. Pero aún hay más. Comprendemos que la descentralización física de las dependencias de los organismos del Estado y sus entes autónomos pueden evaluarse por criterios distintos de los materiales vistos
hasta ahora, los de tipo tecnológico y de acceso al capital humano necesario, o las infraestructuras propias de la ciudad candidata, como apunta en su proposición no de ley el Grupo Republicano, o los de eficiencia económica y organizativa, que
ahora traemos a colación nosotros. En concreto, la descentralización física de las dependencias del Estado puede responder a motivos de política territorial. España tiene claramente un interior peninsular vacío que necesita políticas de fijación
de la población, creando las condiciones económicas necesarias para ello. La instalación de las dependencias que ahora se debate, por ejemplo, en mi provincia -a la cual represento-, Segovia, o Burgos, en Castilla y León, bien podría favorecer a
dos provincias con riesgo de despoblamiento. También podríamos hablar de Málaga, por qué no, que no es un ejemplo de despoblación en el interior de España, pero sí de ciudad que presenta condiciones similares a Barcelona, con un hub tecnológico
bueno, pero menos desarrollado, a la que le vendría muy bien este impulso para consolidarse definitivamente. En ese sentido, la propuesta del Grupo Republicano nos parece que peca de aldeanista. No se nos oculta que se trata de un grupo
independentista y como tal siempre nos recuerda que lo que le interesa no es España, sino solo esa parte queridísima para nosotros de España que es Cataluña.
Nosotros siempre nos hemos mostrado partidarios de la descentralización física de los organismos y dependencias del Estado. Podemos entrar a discutir con el resto de la Cámara algún tipo de política de descentralización física de las
dependencias públicas del Estado porque todo es España -Barcelona, Málaga, Segovia, Burgos y Vizcaya- y podemos entrar a discutirlo en el marco de una política general de ubicación de las dependencias públicas estatales, pero, eso sí, sin olvidar
los principios de eficiencia y economicidad y sin olvidar la necesaria capacidad de autogestión de los organismos autónomos.
Por todo ello, y dado que no afecta a nuestra enmienda, nuestro voto será contrario a la proposición no de ley que presenta el Grupo Republicano.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Revuelta.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado Juan Luis Pedreño.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, presidente.
Hoy debatimos la proposición del Grupo Parlamentario Republicano sobre situar SandBox en la ciudad de Barcelona. Cuando vimos el título, realmente nos pareció bastante estimulante, sobre todo porque esto va en la línea de lo que veníamos
defendiendo desde mi grupo parlamentario, hablar de SandBox no de una forma específica. Pero, finalmente, en la exposición de motivos hablan de un SandBox en el sector financiero que responde así a la ley aprobada por unanimidad en esta Cámara en
septiembre de 2020, relativa únicamente a este sector para proyectos fundamentalmente de fintech.
Es importante, yo creo, para entender la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a esta iniciativa que resaltemos que SandBox no es un concepto específico, es un entorno de pruebas de proyectos en ámbitos regulados, de manera que
permite básicamente dos cosas: la primera, testear innovaciones que han de adaptarse a una normativa en España y que se prueban en un entorno real bajo
condiciones de control y supervisión y, la segunda, permite modificar de forma ágil la propia normativa y poder incluir así nuevos aspectos que no están contemplados y que benefician a la sociedad y, sobre todo, a la implantación de estos
nuevos proyectos.
Como decía, la exposición de motivos hace referencia al potencial de la ciudad de Barcelona en los diferentes ecosistemas de startups, fintech, inversores, etcétera, y es algo que, evidentemente, está fuera de toda duda. No obstante, lo que
pide el Grupo Republicano es que los servicios dependientes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que ejercen algunas de las funciones de supervisión, control y seguimiento y que, por cierto, ya están funcionando, se ubiquen
en la ciudad de Barcelona sin tener mucho más detalles sobre ello. En cualquier caso, yo adelanto que el Grupo Parlamentario Popular no se opone a que se puedan atender los proyectos desde la proximidad, siempre y cuando se ofrezcan ventajas reales
y sea de aplicación en todo el territorio español.
Por eso, esta proposición no de ley tiene que tener en cuenta algunos aspectos importantes y voy a resaltar solamente dos. Uno, tal y como hemos pedido desde mi grupo parlamentario en otras comisiones en esta Cámara, una vez que se han
establecido los requisitos marcados por la ley de SandBox en el sector financiero, resulta muy sencillo extrapolarlo a un marco de pruebas en otros sectores, que es lo que nosotros venimos impulsando como SandBox multisectorial. Hay otros sectores,
no solo el financiero; está el coche conectado, están los drones, etcétera, el ámbito científico. Y, dos, que junto a los servicios del ministerio, que actualmente están en la CNMV, hay que considerar también que existen otros agentes, en este
caso el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Si consideramos otros SandBox sectoriales encontraríamos agentes distintos. Por ello, en la actual redacción de esta proposición no de ley no se permite de forma
clara disponer de diferentes ecosistemas por toda España que hagan uso del marco SandBox y ese es el motivo por el que hemos presentados dos enmiendas: una, para incluir el SandBox multisectorial y, otra, para definir e impulsar aquellas oficinas
de gestión allá donde más ecosistemas de este SandBox existen.
Ese es el motivo por el que, al final, hemos hecho una transaccional con el grupo parlamentario proponente de la proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedreño.
Vamos al turno de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Intervendré muy brevemente. (El señor vicepresidente, Hurtado Zurera, ocupa la Presidencia). Vamos a votar en contra de esta iniciativa del Grupo Republicano, en primer lugar, porque lleva a confusión pidiendo en el mismo título de la
iniciativa situar el SandBox en Barcelona, cuando realmente el SandBox no es un misterio ni un organismo, no es nada físico en sí, sino que -para que todo mundo lo pueda entender- es una burbuja o un paréntesis jurídico y de control donde se puedan
realizar pruebas en el sector financiero sin tener en cuenta la regulación vigente para poder avanzar en determinado sentido. Además, nos parecía que reclamar para Barcelona el SandBox excluyendo a otras comunidades es propio de un partido
nacionalista y más concretamente independentista. La negociación con el Grupo Popular nos llevará a abstenernos y así lo vamos a hacer.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, presidente.
Siguiendo la línea argumental de la portavoz de Ciudadanos, la transacción con el Grupo Popular ha estado a punto de arrastrarme del sí a la abstención o al no. Voy a mantener el sí por el compromiso con la iniciativa inicial, pero la
verdad es que esto ha quedado no descafeinado, sino en un café para todos: que se ubique en Barcelona y en todas las ciudades de España donde se requiera. ¿Se acuerdan de las sucursales del Banco de España, que había una en cada provincia? Pues
casi lo que vienen a decir en esta PNL es esto.
Yo entiendo perfectamente la PNL y la autoenmienda que se hacía Esquerra Republicana, que los servicios de control y seguimiento en torno al SandBox estén en Barcelona y porque estén en Barcelona
no tienen por qué estar en el resto de ciudades. A ustedes, que defienden un concepto de Estado, algunos plurinacional, algunos un Estado sin respeto a las naciones que lo componen, sí podrían entender que deben buscar cierto equilibrio. Y
que en Barcelona exista la sede de determinados servicios no les tendría que causar ninguna desazón ni para ello tendrían que poner que también existirán en otras ciudades del Estado. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa pensando que el proponente
intentará que salga aprobada con esta suavización de la propuesta inicial.
Simplemente, a beneficio de inventario, porque me lo he saltado en el punto del orden del día y para que conste en el Diario de Sesiones, mi deseo, que espero que sea el deseo de muchos ustedes, es que la campaña electoral en la Comunidad de
Madrid finalice pronto y recuperemos cierta normalidad en los debates de esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señor Bel.
Por el Grupo de Unidas Podemos, el señor Guijarro tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
Lo primero de todo, deseo suscribir y aplaudir las palabras del señor Bel. Comparto por completo ese sentimiento.
Respecto al debate al que nos invita Esquerra Republicana de Catalunya, yo diría, en primer lugar, que coincido con el señor Capdevila en la descripción que ha hecho sobre la importancia histórica que ha tenido Barcelona en el proceso de
desarrollo del capitalismo español. No estamos hablando de los últimos diez años; estamos hablando posiblemente de hace más de un siglo. En ese sentido, ciertamente la Ciudad Condal se ha constituido en un faro, en una guía de dinamización de la
economía española a lo largo de todas estas décadas. Por lo tanto, parecería de recibo que el Estado acompañara ese proceso histórico premiando a Barcelona y a su entorno con determinadas oficinas que ahora se está comenzando a poner en marcha.
Diría que eso es un primer punto que me gustaría destacar. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Hay un segundo punto, que tiene que ver con la propia dinámica de trabajo de esta Cámara -con la cual, por cierto, suelo ser muy crítico-, pero que hoy voy a aplaudir. Porque lo que hemos visto hoy básicamente es a Esquerra Republicana de
Catalunya y al Partido Popular ponerse de acuerdo -en una cuestión muy puntual ciertamente, tampoco hay que echar las campanas al vuelo-, pero me parece que en un contexto donde la ciudadanía española viene reclamando un poco menos de crispación y
un poquito más de diálogo, el hecho de que el Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya se pongan de acuerdo en estos términos debería invitarnos a todos a ser optimistas sobre el futuro de nuestra política. (Rumores). No sé si es que
alguien quiere comentar algo que he dicho, es que... No sé muy bien si estamos en una conversación de bar o en una Comisión.
Siguiendo un poco a lo que iba, había dicho que el segundo punto era para alabar ese acuerdo entre el Partido Popular y Esquerra y como tercer punto -y aunque suene contradictorio con el segundo-, quiero decir que efectivamente el fruto de
esta negociación ha dado como resultado un texto algo ambiguo. Decía el señor Bel que ha quedado rebajado, yo más bien hablaría de cierta ambigüedad. Si les digo la verdad, con toda la honestidad del mundo, ya me estaba costando hacerme con estos
conceptos nuevos -SandBox y todo este tipo de cuestiones-, pero luego me he enfrentado a un texto donde hasta me he tenido que ver ahí haciendo un análisis sintáctico como cuando iba a clase de Lengua Española allá por el BUP para entender bien qué
quería decir esa frase. También es verdad que cuando dos partidos políticos tan distantes como el Partido Popular y Esquerra llegan a un acuerdo tiene algo de normal el hecho de que el texto sea algo ambiguo, porque, si no, uno de los dos actores
se habría vuelto completamente loco. Y como parece que no es el caso, de alguna forma, aunque puedo entender esa ambigüedad, lo que sí es cierto es que me cuesta saber exactamente qué es lo que estoy votando. Por lo tanto, y aunque estamos de
acuerdo con el espíritu del texto inicial, anuncio que mi grupo parlamentario se abstendrá.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Monserrat Mínguez García.
La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Buenos días, presidente.
Se trata de una PNL que, reconozcámoslo, nosotros cuando la leímos intuíamos que tenía trampa y yo creo que concretamente una doble trampa. La primera es en el título, dado que da la sensación de que para
el SandBox se necesita de un espacio físico. Y la segunda trampa, que creía yo que era por mal pensamiento propio y conociendo un poco al grupo de Esquerra Republicana, pero me acaba de demostrar que no, es que detrás de esta votación
siempre había esta malinterpretación o la interpretación política de ver quién está de acuerdo con la descentralización, a ver quién es más jacobino incluso -lo ha dicho textualmente el señor Capdevila- para demostrar esos agravios con Cataluña del
Gobierno de España; agravios que, evidentemente, no existen y después le daré unos detalles. Y nada más lejos de la realidad, ni para una cosa ni para la otra, para ninguna de las dos trampas. Porque el SandBox, como se ha dicho, es un banco de
pruebas para impulsar las empresas financieras y de tecnología y la transformación digital del sector financiero. Y aquí déjenme que abra un paréntesis para dirigirme al señor Capdevila porque tiene su aquel que precisamente ustedes soliciten el
establecimiento de este banco de pruebas para el sector financiero cuando han sido ustedes los responsables con sus acciones de gobierno de la huida de todo el sector financiero, de todos los bancos de ahorros en Cataluña. (El señor Capdevila i
Esteve pronuncia palabras que no se perciben). No queda ni un solo banco actualmente en Cataluña. Y cierro el paréntesis.
Vuelvo al SandBox, por mucho que se hable de este espacio de pruebas, el concepto espacio nada tiene que ver con una ubicación física, sino que tal y como dice la Ley en su artículo 24 en la disposición adicional segunda, el SandBox se crea
y está funcionando -y se ha dicho antes por otros ponentes- mediante la asignación de recursos propios de todas las autoridades participantes. ¿Quién participa? La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, el Banco de España, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Por lo tanto, se trata de un trabajo coral entre las diferentes autoridades involucradas que no requiere de espacio físico ni de sede física
específica. Ahí está la primera trampa en la redacción.
La segunda trampa es vender esos agravios contra Cataluña, que, como le decía, no existen. Hoy mismo acabamos de conocer el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas respecto a la distribución de 2111 millones de
euros para las políticas activas de empleo. También podríamos poner ejemplos sobre el reparto de los fondos europeos, las transferencias extraordinarias de los fondos COVID o el propio sistema de financiación. Es decir, el Gobierno está ejecutando
una política diametralmente opuesta a la que venía ejecutando el Partido Popular. Por tanto, sí que se apuesta por esa descentralización y por esa autonomía de las comunidades autónomas. Si hablamos de inversiones para Cataluña, señor Capdevila,
reconozca que en el presupuesto existe un incremento en la inversión de casi 900 millones de euros más que en aquellos presupuestos del señor Montoro, que a ustedes tanto les gustaban. Claro que se invierte en Cataluña y claro que queremos que
Barcelona sea esa ciudad cabdal, esa ciudad importante para el sector tecnológico.
Nosotros, habiendo estudiado la enmienda transaccional, nos abstendremos en esta proposición no de ley, queriendo demostrarle que confiamos y creemos que Barcelona puede ser sede para muchas cosas, pero que para ello, señor Capdevila, para
que atraiga inversión tanto nacional como extranjera, le hace falta un entorno de seguridad jurídica, un Gobierno fuerte y que no haya incertidumbre, como la que, lamentablemente, vivimos en los últimos años. Actualmente, podemos traducir el
Sandbox, en su traducción literal, como un cajón de arena, un entorno controlado, todo lo contrario a la gestión que se ha producido en los últimos años en Cataluña; esa gestión, ese cajón de sastre, que parece que no tiene fin. Como les he dicho,
nosotros nos abstendremos en la votación de esta PNL. Doy así por concluida mi intervención.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE EL USO DEL ÍNDICE IRPH EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU. (Número de expediente 161/002139).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última de las iniciativas, que es la proposición no de ley sobre el uso del índice IRPH en préstamos hipotecarios, presentada por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu y que defiende el diputado don
Oskar Matute.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Traemos hoy una iniciativa, como bien ha señalado, referente al índice de referencia de préstamos hipotecarios, quizás menos conocido que su hermano mayor, el de las cláusulas suelo, pero con el mismo mecanismo de funcionamiento, que no era
otro que el de obtener el máximo beneficio a costa de unos
usuarios, de unos consumidores menos informados o, directamente, poco o nada informados. En cualquier caso, quisiera aclarar que somos meros transmisores de esta iniciativa. No es una iniciativa de Euskal Herria Bildu, sino de las
plataformas de afectados por el IRPH, que están dando voz a una situación de injusticia que atrapa a más de 1,3 millones de personas en el Estado español. De hecho, justo hoy, 29 de abril, se cumplen siete años de la primera sentencia, del primer
camino en este recorrido judicial o en este calvario judicial que están teniendo que soportar las personas que viven sometidas a un índice de referencia absolutamente injusto. Hace siete años, el Juzgado número 1, de lo Mercantil, de Donostia dictó
una sentencia favorable a una familia que estaba sufriendo el IRPH y, a partir de ahí, ha habido todo un proceso judicial. Pero, como digo, son siete años luchando, sufriendo y defendiéndose de los abusos de la justicia, porque, como se dice muchas
veces en esta casa, cuando una justicia es lenta no es justicia.
Al mismo tiempo, en estos siete años hemos podido ver cómo los Gobiernos de este Estado han tenido sensibilidad suficiente con la banca como para darle 60 600 millones de euros y, con magnánima generosidad, no reclamarle su devolución en
modo alguno ni en momento alguno, sea con o sin intereses. También hemos visto, y estamos viendo, que la banca, a pesar de ese regalo, sigue haciendo de las suyas, y ahora anuncia que despedirá a miles de trabajadores y trabajadoras, a la vez que
decide que los bonus para sus directivos son adecuados, aunque estos escandalicen a cualquier persona.
Como digo, hace siete años se inició un recorrido judicial, que todavía hoy no ha terminado y que, probablemente, no terminará en el 2021 porque, a lo largo de este periplo judicial, esta pelota, si se puede llamar así, ha pasado por
diferentes tribunales; ha ido al Tribunal Supremo, ha ido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha vuelto al Tribunal Supremo y volverá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el año que viene.
Si nos detenemos en lo que estos tribunales han señalado, veremos algunos elementos interesantes que pueden ayudar a sus señorías a adoptar una posición que entendemos es de justicia para con todas las personas afectadas por estas cláusulas
abusivas. El propio Tribunal Supremo decía que este índice, el IRPH, era poco transparente pero no abusivo, el mismo tribunal, el Tribunal Supremo, que en relación, por ejemplo, con los swaps, o las multidivisas decía que la falta de transparencia
lleva a la abusividad. Esto es, un mismo tribunal -cierto que con votos particulares- puede decir una cosa y la contraria. A la par, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que si un índice no es transparente, es abusivo. Pero
vuelvo otra vez al Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo, además de decir que la falta de transparencia lleva a la abusividad para otros productos bancarios, no para el IRPH, donde dice que lo poco transparente no es necesariamente abusivo,
señalaba que a fin de cuentas es un índice oficial. Solo faltaba que fuera un índice no oficial, es decir, ilegal o alegal, y que encima lo cobraran.
Si leemos las declaraciones tanto del Tribunal Supremo como del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cabe hacerse algunas preguntas. ¿Cómo puede tomar un usuario, un consumidor, una decisión objetiva y consciente si la
información que se le da no es transparente? Yo creo que la respuesta es bastante evidente: de ninguna forma, de ninguna manera. La siguiente pregunta a hacerse es a quién beneficia el sostenimiento del IRPH en estas condiciones. La respuesta es
todavía más obvia: a la banca, que es la que se ha enriquecido con este índice de referencia. Sinceramente, nosotros y nosotras creemos que no hace falta que sea perjudicial. Si no es transparente, acogiéndonos a lo que dice el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, es abusivo y si es abusivo, no es justo y si no es justo, tiene que derogarse.
En cualquier caso, lo que cabe plantearse aquí, sobre todo por parte de los partidos que apoyan al Gobierno, es cómo conciliamos la necesidad de resarcir a 1,3 millones de personas con esas proclamas que venimos diciendo una y otra vez de
que este Gobierno tiene que ayudar a la gente o de que este Gobierno no quiere dejar a nadie atrás si estamos hablando de que hay 1,3 millones de personas que están viviendo con la espada de Damocles, con un índice de referencia que les hace pagar
más de lo que deberían y que pone en riesgo la pervivencia de su propio domicilio, de su propia casa.
Alguien planteará que quizá estamos ante un debate jurídico y que no cabe aquí, cosa curiosa porque, si no me equivoco, esto, aparte de ser conocido como el Congreso de los Diputados, es el máximo exponente del Poder Legislativo, aquel que
tiene que hacer leyes que luego los jueces tendrían que proclamar o dictar. Pero si este no es un debate jurídico, alguien tendría que explicarnos todavía más por qué el papel de la Abogacía del Estado ha sido uno muy concreto si la Abogacía del
Estado depende de la Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Nosotros planteamos en esta iniciativa dos opciones y sabemos que es pretendidamente ambigua, ya que de los tres escenarios posibles, planteamos a sus señorías que puedan escoger alguno de los dos.
Hay tres escenarios. Uno, que la Abogacía del Estado venga haciendo lo que ha venido haciendo cuando se ha sometido o ha acudido al TJUE, que es defender a la banca. Dos, defender a los usuarios y consumidores, dando la razón y voz a todos
los demandantes por este índice abusivo. Y tres, que por lo menos se declare neutral. Planteamos a sus señorías que opten por alguna de estas dos opciones: o que se dé la razón a los consumidores y usuarios y se haga justicia de una vez o que se
declare neutral y que sea la banca con su abogado y las asociaciones de afectados por el IRPH con los suyos quienes puedan comparecer ante el TJUE y exponer sus opiniones para que el propio TJUE se forme su opinión. No es lo que ha hecho hasta
ahora el Gobierno del Estado español. Ni lo hizo con Rajoy ni con el primer Gobierno del señor Sánchez, puesto que el abogado del Estado decidió tomar partido y defender a la banca, con argumentos harto peregrinos, argumentos que decían que suponía
un grave quebranto para la economía derogar el IRPH y devolver lo cobrado de más sin aportar dato alguno y que podría llevar a una conclusión de todo punto razonable, que es que, si robas poco, tienes que devolverlo, pero, si robas mucho, como puede
ser un quebranto para la economía, es mejor no tocarlo y no devolverlo. Eso señorías, nos parece un grave error y además -seguramente, a muchos de ustedes les preocupará más que a mí- es un grave quebranto para la imagen de la marca España si al
final un Estado se quiere sentir fuerte por la capacidad que tiene para defender los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, ciudadanos y ciudadanas que, cabe recordar, también son quienes pagan al abogado del Estado para que les defienda, no para
que defienda los privilegios o los beneficios de unos pocos.
Creemos que es el momento de poder dar pasos para resolver esta injusticia que ya va camino de poder llamarse histórica de manera razonable, porque son muchos los años que vienen soportando, como decía antes, esta espada de Damocles.
Creemos que nos interpelan 1,3 millones de personas que se ven sometidas a esta realidad y creemos que es el momento de que el Estado español cumpla y haga cumplir la ley en lo que tiene que ver con la defensa de los usuarios y consumidores. Por
eso hemos presentado esta iniciativa, por eso planteábamos esos dos puntos y por eso planteábamos incluso la posibilidad de que se pudiera votar por puntos para que, en su versión más suave o en su versión más rotunda y clara, sus señorías pusieran
una línea de avance en un problema que está llevándose por delante la salud, la economía y yo diría que los derechos de millones de personas en el Estado español.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matute.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero decirle al señor Matute que su iniciativa presenta una disyuntiva claramente incompatible en sus propios términos. El primer punto de la base dispositiva insta al Gobierno a personarse ante el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea en los asuntos C65520 y C79/21 relativos al uso del índice IRPH en préstamos hipotecarios para defender los intereses de las personas afectadas, defendiendo que la falta de transparencia comporta de manera automática el abuso y
consecuente nulidad de la cláusula. Por otro lado, le insta a adoptar al menos una postura neutral no personándose en los asuntos C65520 y C79/21 en el hipotético caso de que el Gobierno de España decida no defender a su ciudadanía. Pues bien, en
nuestro grupo parlamentario, Ciudadanos, no compartimos que España se persone en la causa, ya que no es una parte implicada y, en este caso, debe mantener la neutralidad, por lo que en ningún caso podríamos apoyar esta iniciativa en su primer punto.
Además, la iniciativa también habla sobre si la transparencia en la comercialización de productos financieros implica o no abusividad. Ya se ha tratado este tema por diferentes tribunales, en concreto, por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea y por el Tribunal Supremo. Concretamente, en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se trató ya a finales del año pasado y se estimó que la falta de transparencia no implica que se trate de una práctica abusiva.
Para terminar, en cualquier caso, quiero decirle al señor Matute que a quien no corresponde de ninguna manera es a esta Cámara ni al Gobierno decidir sobre estos términos, por lo que nos opondremos a su iniciativa y, como siempre, dejaremos
trabajar a los tribunales, que para eso la Constitución española les otorga tal potestad. Votaremos en contra de la iniciativa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la diputada doña Pilar Calvo.
La señora CALVO GÓMEZ: Buenos días.
Quiero agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Plural que nos permita hacer esta intervención para decir que, independientemente de cuál sea el sentido del voto del Grupo Parlamentario Plural, Junts per Catalunya se posiciona
claramente a favor de la PNL presentada por Bildu que insta al Gobierno español a personarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para defender los intereses de los ciudadanos que se han visto afectados por el índice de referencia de
préstamos hipotecarios que les ha llevado a soportar préstamos hipotecarios abusivos. Cuando una cláusula no es suficientemente transparente y, además, se aprovecha de la falta de conocimientos bancarios por parte de la ciudadanía, entendemos que
debe ser declarada nula. Hay otra posibilidad que también apunta Bildu en esta PNL que pasa por instar al Gobierno a no personarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si decide no defender los intereses de la ciudadanía. Entendemos
que el Gobierno más progresista de la historia es seguro que no va a optar por esta opción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Calvo.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra don Joan Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Se calcula que son entre 1,3 y 1,5 millones de personas -300 000 en Cataluña- las que ligaron sus hipotecas al IRPH. Repito, entre 1300 000 y 1500 000 personas han pagado una media de 3600 euros más al año en concepto de intereses en
comparación a si se les hubiese aplicado el euríbor, sumándose esta estafa a una larga -larguísima- lista de abusos bancarios.
Esquerra Republicana ha denunciado en reiteradas ocasiones el abuso de un índice opaco, confuso y abusivo, como es el IRPH. Ante la sentencia del TJUE, Europa deja a discrecionalidad de los jueces analizar caso por caso si hubo o no hubo
abuso, repito, caso por caso. En una justicia ya de por sí saturada, esto significa de facto millares de demandas que alejan a la justicia de la ciudadanía y que otorgan más margen de maniobra a las entidades financieras.
Por todo ello, y aplaudiendo la argumentación del proponente, Esquerra votará favorablemente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra don Txema Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta iniciativa, y lo va a hacer básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque nos parece que la exposición que plasma EH Bildu en su iniciativa es absolutamente certera. Por otro lado,
he estado escuchando con atención al señor Matute a lo largo de su intervención y, después de sus largos siete minutos de exposición, no he logrado ponerle un solo pero, sería capaz de suscribir hasta las comas, y mira que ha sido hablado. Me
parece que su planteamiento es del todo correcto y describe una secuencia de hechos que no es opinable, que es la que es, es objetiva, y la mera descripción de estos hechos nos hace pensar que efectivamente el Gobierno debería tomar una postura
contundente respecto a lo que está pasando con el índice de referencia de préstamos hipotecarios, un índice que, efectivamente, como ya se ha dicho aquí, se ha denunciado ya en varias ocasiones por una falta de transparencia ostentosa. Algunos han
dicho aquí que eso no implica necesariamente actos irregulares o de corrupción. En fin, yo creo que la falta de transparencia lleva inexorablemente a la corrupción, y, si no, que les pregunten a los señores Borbones, porque ocurre siempre. Como
digo, nos parece que la iniciativa que presenta EH Bildu no solo es absolutamente pertinente, sino que en sus resolutivos, como muy bien ha aclarado el señor Matute, establece hasta una posición de máximos y una de mínimos, lo cual me parece que es
una invitación a los grupos de esta Cámara para que se posicionen en aquella posición que más cómoda les resulte, pero ambas de ellas absolutamente razonables.
En segundo lugar, vamos a apoyar esta proposición no de ley porque para mi grupo parlamentario la situación de la vivienda en España sigue siendo uno de los temas más graves, más acuciantes, más incomprensibles de los que padece actualmente
la población española y particularmente la juventud. Uno es el mercado de trabajo y el hecho de la absoluta precarización que padecemos y las altas tasas de desempleo, pero combinado con esto está el problema de la vivienda, y cuando uno tiene una
juventud que combina ambas problemáticas se encuentra con la juventud española tal y como está actualmente, en una situación realmente dramática.
Yo creo que es de justicia que esta Cámara en sus funciones legislativas inste al Gobierno en los términos en que se propone a través de esta iniciativa. Es decir, que se posicione para que defienda los intereses de la mayoría. Como digo,
nuestro grupo parlamentario va a votar a favor esperando y deseando que la secuencia de hechos que se desencadene a partir de ahora lleve al Gobierno y a la Comisión interministerial que debe fijar estos asuntos a tomar la posición a la cual aquí se
insta, porque es cierto que nos ha dicho el Gobierno que esta Comisión interministerial está dirigida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, es perfecto. Por lo tanto, el hecho de que se discuta en una Comisión que tiene como referencia el
Ministerio de Economía no deja de tener algo de raro, de bizarro. En todo caso, se está instando en esta iniciativa al órgano colegiado, que es el Gobierno, y, por tanto, nos parece absolutamente pertinente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor, Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra doña Inés Cañizares.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.
En primer lugar, yo quería matizar y dejar claro que en la anterior crisis financiera no se rescató a la banca sino a las cajas de ahorros, dirigidas por políticos ineptos y corruptos, en muchos casos, de distintas ideologías que las
arruinaron y se lo llevaron crudo. Las cosas hay que decirlas en sus términos. Yo creo que el asunto sobre la banca que más nos debe preocupar hoy por hoy es que se despida a 8000 trabajadores.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 3 de marzo de 2020, determinó que ese índice IRPH contenido en cláusulas dentro de préstamos hipotecarios podría llegar a ser abusiva en base a lo dispuesto en la directiva
europea sobre cláusulas abusivas, y para ello debía pasar un doble control sometido a los tribunales nacionales de Justicia. El Supremo siempre había considerado que al tratarse de un índice elaborado por el Banco de España no podría ser utilizado
de manera abusiva, pero el Tribunal Europeo rechaza de plano ese razonamiento y recuerda que ese índice no era de uso obligatorio para las entidades, que podían haber ofrecido otras referencias menos perjudiciales para el cliente. Y ahora, por
tanto, todo queda en manos de los jueces. Por tanto, el Tribunal de Justicia lo que establece no es la abusividad en sí del índice, sino que se podría declarar nulo el mismo cuando el juez aprecia abusividad en la cláusula que lo impone.
Ustedes afirman, los señores proponentes, que la Abogacía del Estado en 2018 presentó alegaciones a esa sentencia defendiendo los intereses de la banca, y yo creo que querían decir defendiendo los intereses de los españoles y que no se ponga
en riesgo el sistema financiero, en todo caso, el cual nos afecta a todos; a los que somos pobres y no somos ricos ni tenemos grandes chalés esto del sistema financiero también nos afecta. En octubre de 2020 el Tribunal Supremo dicta cuatro
sentencias para unificar doctrina y las cuatro de manera favorable a las entidades. Las sentencias, todas ellas, con un voto particular contrario, argumentaban que, pese a que las cláusulas que introducían el IRPH no habían sido del todo
transparentes, es decir, que no cumplían con esos requisitos que marca Europa, tampoco eran abusivas y, por tanto, las validaba. Los jueces no apreciaban, por tanto, falta de buena fe en la negociación por parte de los bancos.
La proposición no de ley que nos ocupa refiere de nuevo a otra cuestión prejudicial que se presenta en octubre de 2020 ante el mismo Tribunal Europeo por un juzgado de Barcelona y que tardará probablemente más de un año en resolverse, para
seguir ahondando en la misma interpretación que ya dio ese Tribunal Europeo en la anterior sentencia. Pues bien, una vez resuelta dicha cuestión prejudicial, para principios probablemente del próximo año 2022, seguramente el Gobierno que en ese
momento represente los intereses de todos los españoles, a través de la Abogacía del Estado y dependiendo del fallo del Tribunal Europeo, de las consecuencias jurídicas y económicas que de ello se puedan derivar y pensando siempre en el interés
general de España, es decir, pensando en el interés general de todos los españoles, decidirá si presenta alegaciones, si asume el fallo, si se pronuncia o no se pronuncia. Creo que dirigir hoy las acciones del Gobierno de manera preventiva, sin que
se haya resuelto el asunto y, además, con pretensiones contradictorias por su parte -que no vayan, pero que si van que hagan o que no hagan- hoy por hoy no es una prioridad, con la que está cayendo, para los españoles.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cañizares.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Miguel Ángel Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías.
Esta PNL que nos presenta EH Bildu es un auténtico despropósito. Yendo a lo más importante, insta al Gobierno a que haga dos cosas diferentes; solo pide dos cosas y estas son distintas. Para mí esto ya, señorías, inhabilita la
proposición. Después acusa a la Abogacía del Estado de defender a la banca por encima del Estado. Señorías, los abogados del Estado defienden el interés de España, otra cosa es que ese interés no coincida con el de EH Bildu, lo cual creo que
ocurrirá en muchísimas ocasiones ya que ustedes el interés del Estado lo defienden poco. ¿A que sí?
Para nuestro grupo, por principio, si ustedes creen que el Estado actúa erróneamente es seguro que está haciendo lo correcto. Llegan a criticar incluso la forma en que el abogado del Estado defendió la causa. Cada uno tiene su forma de
expresarse y de defender sus posiciones; aquí, en esta Cámara lo vemos continuamente. Después confunden transparencia con cláusulas abusivas, son dos conceptos diferentes; una cláusula puede ser abusiva y transparente a la vez, al contrario, solo
abusiva, solo transparente, todas las opciones. El TJUE dictó sentencia y debemos respetarla -no sé si a ustedes eso les gusta mucho-, pero también existe la posibilidad -y nosotros la respetamos- de iniciar un nuevo procedimiento, y si al final
decide en otro sentido la acataremos. Eso tampoco les gusta mucho a ustedes.
La fijación del tipo de interés aplicable a los préstamos hipotecarios entraba dentro del ámbito de la libertad contractual de las partes, con un importante límite en el supuesto de que se tratara de un tipo de interés variable. Así, según
la orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, las entidades de crédito únicamente podrían utilizar como índices o tipos de referencia aquellos que cumplían las siguientes condiciones: que se hubieran
calculado a coste de mercado y no fueran susceptibles de influencia por la propia entidad en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades, y que los datos que sirvieran de base al índice o tipo fueran agregados de
acuerdo con un procedimiento matemático objetivo. Del mismo modo, las cláusulas debían respetar la legislación de protección al consumidor y, en particular, no ser abusivas. La reforma del sistema financiero que tuvo lugar en la anterior crisis
provocó, entre otros efectos, la obsolescencia de determinados índices utilizados como referencia para el cálculo de los intereses de los préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas. Así ocurrió con el IRPH de bancos, el de cajas y del
tipo CECA. Igualmente, se previó la desaparición de estos índices, de tal forma que dejaron de ser publicados por el Banco de España, estableciéndose el correspondiente régimen de transición para los préstamos afectados. Así lo hizo la disposición
adicional decimoquinta de la Ley 14/2013, que decidió, con efectos desde el 1 de noviembre de 2013, que el Banco de España dejase de publicar en su sede electrónica y se produjese la desaparición completa de los índices citados. Las referencias a
los tipos previstos fueron sustituidas, con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato y, en defecto de este tipo o índice de referencia, se estableció uno
oficial. Esta es la realidad. Lo que teníamos que hacer sobre los índices se hizo en ese momento y también lo hicimos en la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Y lo demás no es más que respetar las decisiones judiciales.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el diputado don Manuel González Ramos.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Ya a estas horas, buenas tardes, señorías; buenas tardes, señoras y señores diputados. Hay que recordar que el IRPH es un índice de referencia hipotecario utilizado en buena parte de los préstamos. Recordando un poco esta breve historia,
el Tribunal Supremo dictó sentencia el 14 de diciembre de 2017 y -cito textualmente- descartó que la cláusula IRPH pueda ser abusiva. A partir del voto discrepante de un magistrado se planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, remitida por un juzgado de Barcelona. La Abogacía del Estado participó en el procedimiento, presentó el escrito el 7 de junio de 2018 -repito, 7 de junio de 2018-, el día en que tomaron posesión los nuevos ministros del Gobierno a
raíz de la moción de censura. Por tanto, la estructura jerárquica administrativa era la que tenía el Gobierno, en este caso del Partido Popular, y decidió, acertada o desacertadamente, no valoro. Después, tras las posteriores sentencias del
Tribunal Supremo, admite lo que ya se ha dicho aquí en esta sala, que la cláusula IRPH no supera el control de transparencia dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero afirma que la cláusula no es abusiva. Esto da lugar a sendas
cuestiones prejudiciales de un juzgado de Barcelona y otro de Ibiza, ambas han sido admitidas a trámite.
En cualquier caso y contextualizando dicha cuestión jurídica en esta sede del Congreso de los Diputados, hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha notificado a los Estados miembros los procedimientos referidos a
los asuntos C-655/20 y C-79/21. El tribunal no ha publicado documentación alguna de ninguno de los dos expedientes a los que se refiere la proposición no de ley. La decisión de intervención y el sentido de esta se acuerda colegiadamente en la
Comisión interministerial de seguimiento y coordinación de las actuaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya presidencia corresponde, como bien se ha dicho, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Esta
comisión, integrada en la Dirección General de coordinación del mercado interior y otras políticas comunitarias del Ministerio de Asuntos Exteriores y en cuya composición participan todos los ministerios, lleva a cabo el estudio de las cuestiones
prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Tras su estudio, decide sobre la conveniencia o no de intervenir en los procedimientos y el sentido de esta intervención, con la colaboración de la subdirección
general de asuntos de la Unión Europea e internacionales precisamente de la Abogacía General del Estado. Quiero insistir y recordar, aunque resulte obvio, ya que estamos en esta sede parlamentaria de la que emanan las leyes a las cuales nos debemos
todos los ciudadanos, que las actuaciones de la Abogacía del Estado en todo tipo de procesos se rigen siempre por su normativa específica y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley 52/1997, aprobada en este Congreso de los Diputados, que es la de
asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
VOTACIONES.
El señor PRESIDENTE: Hemos finalizado el debate de las diez iniciativas que estaban en el orden del día. Esta Comisión tiene 37 miembros, de los cuales están presentes 35: 13 diputados del Grupo Socialista, 9 del Popular, cinco de VOX, 4
del Grupo Confederal, uno del Republicano, uno del Plural, uno de Ciudadanos y uno de EH Bildu; por lo tanto, 35. Lo digo para su cómputo. Vamos a votar siguiendo el orden del día establecido en la primera comunicación que ustedes recibieron.
Empezamos votando la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plural, relativa a otorgar mayores potestades a los ayuntamientos para requerir el soterramiento o mejora de las instalaciones aéreas de las redes eléctricas y de telefonía y
su adecuada conservación. Se va a votar en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 21; abstenciones, 9
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la iniciativa número 2, relativa a reconvertir una parte de la industria española para la elaboración de material sanitario. Es del Grupo Popular en el Congreso y se va a votar en los términos de las enmiendas con el Grupo
Parlamentario VOX. ¿Es así, señor Pedreño?
El señor PEDREÑO MOLINA: Gracias, presidente.
Finalmente, no vamos a aceptar las enmiendas del Grupo Socialista por coherencia y sí aceptamos las enmiendas del Grupo VOX.
El señor PRESIDENTE: En esos términos la sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 3, sobre el diagnóstico realista de nuestra situación económica. Es del Grupo Parlamentario Popular y la vamos a votar en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: La iniciativa ha sido rechazada.
Vamos a la número 4, sobre el uso del índice IRPH en préstamos hipotecarios. Es del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: La iniciativa ha sido rechazada.
Pasamos a la número cinco, relativa a establecer un marco normativo adaptado a las singularidades de las startups para el fomento del emprendimiento innovador en nuestro país. Es del Grupo Parlamentario Socialista y se vota en sus propios
términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: La iniciativa sale adelante.
Vamos a la número 6, sobre la adopción de medidas para regular el precio del servicio de retirada de efectivo en los cajeros automáticos. Es del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y se vota en
los términos de una transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La número 7, relativa a conceder ayudas directas a todos los autónomos y empresarios afectados por la epidemia de la COVID-19 bajo el único requisito de haber visto mermada su facturación. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario VOX con
la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Esta iniciativa ha sido rechazada.
La siguiente es la relativa a la necesidad de ofrecer soluciones a los jóvenes. Es del Grupo Parlamentario Ciudadanos y se vota en los términos de una enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: La iniciativa sale adelante.
A continuación, votamos la iniciativa número 9, sobre brecha de género en conocimientos financieros. Es del Grupo Parlamentario Socialista y la votamos en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 5; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalmente, votamos la relativa a que la ubicación del SandBox se sitúe en la ciudad de Barcelona, que es del Grupo Parlamentario Republicano.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Señor presidente, quiero indicar que en la transacción se alteraba el título de lo que vamos a votar.
El señor PRESIDENTE: Me dice nuestra excelente letrada que, en el caso de ser aprobada, se cambiará el título.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 5; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Muchas gracias. Se levanta la sesión.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.