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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 379, de 28/04/2021
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 379
DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN RUIZ I CARBONELL
Sesión núm. 13
celebrada el miércoles,
28 de abril de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de la siguiente solicitud de creación de subcomisión:
- Para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano. Presentada por los grupo parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano y Ciudadanos.
(Número de expediente 158/000021) ... (Página2)
Comparecencia de la señora ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Belarra Urteaga):
- A petición propia, para presentar las líneas generales de su departamento. (Número de expediente 214/000107) ... (Página7)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA SIGUIENTE SOLICITUD DE CREACIÓN DE SUBCOMISIÓN:
- PARA EL ESTUDIO DE UN PACTO DE ESTADO CONTRA EL ANTIGITANISMO Y LA INCLUSIÓN DEL PUEBLO GITANO. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, REPUBLICANO Y CIUDADANOS.
(Número de expediente 158/000021).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Como saben, el orden del día consta de dos puntos. El primero es el debate y votación de la solicitud de creación de una subcomisión, y el segundo, la comparecencia de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Iniciamos el orden del día con el primer punto, que es debate y votación de la solicitud de creación de una subcomisión para el estudio de un pacto de Estado contra el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano. Ha habido un error y en
algunos de los documentos, en el orden del día me parece que es, no consta el Grupo Ciudadanos como autor también de esta iniciativa. Los autores son: el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, el Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Serán de menor a mayor las intervenciones de los portavoces de la Comisión que lo deseen y podrán hacer uso de la palabra para fijar su posición, para lo que tienen dos minutos.
Recuerden que a las once hemos de iniciar la comparecencia de la señora Ione Belarra y que antes tenemos que votar las enmiendas que han sido presentadas y votar si creamos dicha subcomisión. (La señora Romero Vilches pide la palabra.)
La señora ROMERO VILCHES: Buenos días, señor presidente.
¿Puede pedir, por favor, a la señora del Grupo Republicano que quite lo de Fuera VOX, si no queremos tener el numerito del otro día?
El señor PRESIDENTE: María, ¿lo vas a quitar? (Pausa.-La señora diputada del Grupo Republicano lo quita.) Muchas gracias.
Comenzamos. En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo Mixto por dos minutos.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, presidente.
Quiero mostrar el apoyo a la iniciativa que se ha presentado, simplemente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias. ¿He entendido que tengo dos minutos?
El señor PRESIDENTE: Sí, como mucho.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Simplemente, quiero decir que es una buena iniciativa. Está bien planteada en los términos de inclusión y de lucha contra el antigitanismo, que son los principales pilares sobre los que deben sustentarse las
políticas respecto al pueblo gitano. Y en cuanto a la propuesta de pacto de Estado, quiero señalar que nosotros hacemos nuestra propia lectura de defensa de esta cuestión para impulsar en los dos marcos autonómicos, en la Comunidad Autónoma vasca y
en Navarra, nuestras propias políticas de inclusión y lucha contra el antigitanismo. En Navarra tenemos la Estrategia para el Desarrollo de la Población Gitana y en la CAV, en la Comunidad Autónoma vasca, el Plan vasco para la promoción integral, y
en ambos casos hay un gran consenso, tanto entre las asociaciones del pueblo gitano como entre los partidos, y se están incorporando. En este sentido, apoyamos esta iniciativa y pedimos que las decisiones que se adopten sean respetuosas con los
marcos estatutarios. Nos parece importante que se lleve a cabo esta iniciativa porque el pueblo gitano lleva arrastrando durante siglos una sangrante discriminación que no se acaba de superar ni siquiera en estos tiempos, en los que la igualdad de
todas las personas se supone que está protegida por la ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco, pero el señor Barandiaran nos ha enviado una nota diciendo que debido al vuelo llegará tarde. Por tanto, cuando se incorpore, se incorporará.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Cuando quieras, Sara.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señorías, quiero manifestar la importancia que tiene para mí que en el campo de la lucha contra la discriminación y la defensa del pueblo gitano haya un acuerdo prácticamente unánime de esta Comisión para apoyar las dos vertientes que tiene
esta iniciativa. Una vertiente está centrada en ese antigitanismo que, lamentablemente, sigue sufriendo el pueblo gitano de manera específica y que tiene una serie de consecuencias estructurales, tanto en el ámbito de la vivienda, de la educación y
del empleo como en los casos específicos de discriminación. Eso por un lado y, por otro, esa igualdad de oportunidades que el pueblo gitano, lamentablemente, no hemos conseguido. Son los dos objetivos de esta subcomisión, analizar bien esa
estrategia de inclusión social del pueblo gitano, que tiene que tener como núcleo fundamental la igualdad de oportunidades.
Como bien saben todos los que están en la Comisión, existe una brecha de desigualdad educativa, con ese 64 % del alumnado gitano que no termina la secundaria, así como la gran cantidad todavía de personas gitanas que viven en infraviviendas
y en chabolas, y también triplicamos los datos de desempleo en el ámbito laboral. Ahí tenemos un horizonte de trabajo que nos puede ayudar a todos y a todas a avanzar en una causa justa con un pueblo que hasta ahora ha vivido mucha injusticia
social. Para mí es un orgullo formar parte de ella e impulsarla junto con el resto de mis compañeros y agradezco al resto de compañeros y compañeras que tengamos apoyo para avanzar en la igualdad del pueblo gitano.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Plural, el señor Boadella. Cuando quiera.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente.
Intervengo muy brevemente, para manifestar nuestro apoyo a la iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra María, la representante del Grupo Parlamentario Republicano.
La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente.
Me uno a las palabras de la diputada Sara Giménez, de Ciudadanos. Al Grupo Parlamentario Republicano le gusta todo lo que acaba de decir la diputada de Ciudadanos y, seguramente, lo que dirá el diputado de Unidas Podemos, Ismael Cortés, y
la diputada del PSOE, que en conjunto hemos presentado esta iniciativa, que es de muchísima urgencia y necesidad, y agradecemos que los grupos la secunden. Cataluña lleva desde 2017 con el Plan integral del pueblo gitano y hay muchas iniciativas,
del Parlament de Catalunya, de la Generalitat y de los distintos ayuntamientos. Y algo que para nosotras también es muy importante es que en la iniciativa de solicitud de esta subcomisión haya tres personas del pueblo gitano. O sea, hay lugar de
enunciación en esta solicitud, con lo cual pedimos el voto positivo a todas las fuerzas parlamentarias. Es importantísimo analizar las políticas públicas implementadas hasta ahora; es importantísimo incluir el antigitanismo, sobre todo en el
Código Penal, como una forma específica de racismo; es importante escuchar atentamente a las personas que vendrán a esta subcomisión; es importante elaborar este informe; es importante seguir luchando por la inclusión social...
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.
La señora CARVALHO DANTAS:... del pueblo gitano y, sobre todo, contra el antigitanismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Ismael.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidente.
Señorías, el pueblo y la persona que carecen de memoria carecen de identidad y el pueblo gitano se ve obligado a rememorar su existencia para que España y Europa jamás se olviden de las atrocidades cometidas contra el pueblo gitano. La
historia del pueblo gitano en España ha transcurrido entre luces y sombras. Desde el siglo XV se han dictado hasta casi trescientas medidas antigitanas, la última de las cuales desapareció en 1978, contra la lengua y la libre circulación de las
personas gitanas. Actualmente, un segmento significativo de la población gitana todavía vive en condiciones de pobreza y exclusión. La persistencia de un antigitanismo generalizado refuerza y agrava su privación económica y su exclusión social.
Estas desigualdades persisten tanto en España como en otros países de la Unión Europea, a pesar de las recomendaciones para abordar el antigitanismo que en los últimos diez años han comunicado a España la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el
Consejo de Europa. Las últimas recomendaciones datan de octubre del pasado año. Los tiempos presentes son unos tiempos líquidos, que decía Bauman, en los que hay una pérdida acelerada de lazos colectivos y en este contexto emerge una creciente
necesidad de pertenencia comunitaria. Esta tensión, clavada en el corazón del presente, lleva consigo no solo una lucha personal por la conexión con nuestra comunidad, sino también una lucha social y política que afecta a la organización de la vida
en común de identidades diversas.
El futuro de la cohesión de las sociedades democráticas pasa por movilizar todos los recursos disponibles para asegurar que todos sus miembros puedan sentirse igualmente arraigados en un Estado democrático, social y de derecho. Tenemos que
aspirar a una sociedad en la que el bienestar y la libertad de cada una de las personas sean cuidadas como parte de un proyecto común de país y la subcomisión para un pacto de Estado contra el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano que hoy
traemos a esta Cámara viene a ahondar en una firme convicción democrática: las gitanas y los gitanos son ciudadanos de pleno derecho. Durante siglos, el pueblo gitano ha resistido frente a los abusos del poder. Hoy es tiempo de avanzar en
derechos, igualdad y respeto a la diferencia.
Por todo lo expuesto, señorías, quiero exhortar a todos los grupos parlamentarios a votar a favor de la propuesta que hoy traemos a esta sesión.
Gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
¿Se ha reincorporado el señor Barandiaran? (Asentimiento.) Te dejo respirar.
A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario VOX. Cuando quiera. Tiene dos minutos.
La señora ROMERO VILCHES: Señorías, el Grupo VOX comparte los principales valores que constituyen las señas de identidad de las comunidades gitanas que tienen tanto arraigo en España: su sentido de pertenencia familiar, el respeto a los
mayores, el cultivo de los valores tradicionales y muchos más que se asemejan bastante a los valores que defendemos en VOX.
Sin embargo, entendemos que la propuesta que traen aquí los grupos parlamentarios Socialista, Republicano, Unidas Podemos y Ciudadanos hace un diagnóstico muy equivocado de la realidad actual y nos parece muy inexacto y totalmente
desacertado sostener que en la población española existe un generalizado odio contra los gitanos. Parece claro que todo esto es una manipulación sectaria que solo está en la mente calenturienta de la ultraizquierda (rumores) y que carece de toda
base real en la España de 2021.
El artículo 14 de la Constitución española reconoce el derecho de todos los españoles ante la ley sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra circunstancia personal o social; y en el artículo 9.2
se establece que los poderes públicos están obligados a garantizar la efectividad de ese derecho. Además, hay un elevado número de asociaciones que tienen como finalidad la protección de la etnia gitana y de sus intereses. Es cierto que el nivel
medio económico de los ciudadanos que se reconocen como gitanos es inferior a la media nacional y es cierto que el nivel de instrucción académica de las personas de estas comunidades es inferior a la media, pero ni existen guetos en España por
razones raciales ni está generalizado ningún antigitanismo ni ningún discurso de odio contra ellos que requieran un pacto de Estado.
Me permito recordarles que yo provengo de Andalucía, que nuestro partido tiene estrecho contacto con comunidades gitanas en todo el país y que los gitanos forman parte de la visión tradicional del paisaje y del paisanaje de nuestra tierra.
(Protestas.) Por tanto, basta de usar esa vieja táctica marxista de enfrentar ricos contra pobres, hombres contra mujeres y ahora payos contra gitanos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
La señora ROMERO VILCHES: VOX insiste en que lo que necesita el pueblo gitano no es muy diferente de lo que reclama el conjunto de la sociedad española.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.
La señora ROMERO VILCHES: Hoy en día lo que piden los españoles es poder trabajar y que se racionalicen las medidas de confinamiento y de distancia social, haciendo compatible la prevención de la salud y el derecho al trabajo. Muchos de
ellos trabajan en la venta ambulante y están machacados por los confinamientos y las restricciones abusivas.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar. Se le ha terminado el tiempo.
La señora ROMERO VILCHES: Así que menos declaraciones de derechos que se quedan en el papel y más trabajar por los derechos de nuestros compatriotas, ya sean payos o gitanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Barandiaran en nombre del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene dos minutos como máximo.
El señor BARANDIARAN BENITO: De acuerdo. Muchas gracias, señor presidente.
Disculpen todos la tardanza, pero, como siempre, es cuestión de los aviones.
De la última intervención voy a utilizar una pequeña frase, que es en la única en que puedo estar de acuerdo: los problemas del pueblo gitano son semejantes a los problemas de todos. En eso es en lo único en lo que vamos a coincidir con
VOX, porque, en cuanto al resto, creo que no se puede hacer distinción de políticas respecto a colectivos discriminados, ya que absolutamente todos debemos poder estar en cualquier esfuerzo que se vaya hacer.
En cuanto a la propuesta concreta, solo puedo decir que se utiliza la expresión pacto de Estado y eso nos hace rehuir y nos da un poco de miedo. Evidentemente, en este caso esperamos que, una vez que se constituya, podamos matizar su
contenido para que de alguna manera sea respetuoso con los ámbitos de prestación de ayudas o de protección a los colectivos discriminados; en especial, al pueblo gitano, que, efectivamente, tiene unos problemas específicos que deben ser atendidos
de esta o de cualquier otra forma. Por tanto, vamos a apoyar esta iniciativa. Creemos que lo importante es poner en marcha la iniciativa y luego ya se verá cualquier otro contenido. Poco más puedo añadir a lo que ya he dicho y a lo poco que he
oído hasta el momento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
El Grupo Parlamentario Popular registró una proposición no de ley en la que precisamente instábamos al Gobierno a evaluar la estrategia nacional impulsada en el año 2012 desde la participación y el consenso. Hoy también reiteramos vía
enmienda la necesidad de aprobar un plan de choque con dotación presupuestaria y en coordinación con las comunidades autónomas que aborde específicamente las necesidades de la población gitana -empleo, vivienda, educación y salud- y, sobre todo, las
consecuencias de la crisis económica y social derivada de la COVID. Por eso, proponemos también tener un diagnóstico certero y abordar las graves dificultades sociales en estos ámbitos.
Abrimos, por tanto, un espacio de participación y quiero hacer mención expresa a las entidades que trabajan en favor de la comunidad gitana, que llevan años trabajando por la promoción integral y mejorando sus condiciones de vida. Les
esperamos en esta subcomisión, que es un espacio para concienciar sobre los efectos de la discriminación en la vida de las personas gitanas y visibilizar que la desigualdad y la discriminación tienen consecuencias muy negativas en el día a día de
muchas personas gitanas. También es un espacio para hablar de empleo y de educación, porque indican las propias entidades que la tasa de paro entre la población gitana alcanzó el 50 % -el 60 % en mujeres- y que solo el 17 % de la población gitana
mayor de dieciséis años tiene completados estudios de ESO o superiores. Por ello, en mi anterior responsabilidad política he trabajado en colaboración con las entidades del sector desde el Gobierno de
Castilla y León impulsando programas de empleo y formación, programas para mejorar la empleabilidad de la población gitana a través de itinerarios individualizados de inserción laboral y programas de mejora de cualificación en las
competencias profesionales necesarias para una plena incorporación laboral. En el campo educativo, Castilla y León fue la primera comunidad autónoma en incorporar al currículum escolar la historia y la cultura del pueblo gitano. Añado una
conclusión desde mi modesta experiencia: las personas gitanas quieren y pueden trabajar y únicamente necesitan que se les ofrezcan las condiciones adecuadas para ello. Hagámoslo posible entre todos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista. Beatriz, cuando quieras. Dos minutos.
La señora CARRILLO DE LOS REYES: Muchas gracias, presidente.
Buenos días. Hoy estamos de enhorabuena por el impulso y el acuerdo adoptado por los diferentes grupos parlamentarios que nos hemos reunido para crear esta subcomisión parlamentaria. Es una iniciativa relevante que servirá para abordar
desde la perspectiva del Estado la lucha contra el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano. Quiero felicitar a los grupos que van a apoyar esta iniciativa y esta propuesta tan importante. Permitidme que me sitúe en los momentos que estamos
ahora mismo viviendo. Esta iniciativa no es importante por la creación en sí de una subcomisión, sino porque los impulsores son tres miembros de la comunidad gitana, ya que esto en la historia nunca se había dado en la sede de la soberanía popular.
(Aplausos.)
Quiero decir también que el Grupo Socialista ha dado muestras en esta Cámara durante muchos años de estar plenamente convencido de que es posible lograr la igualdad tan deseada del pueblo gitano. Por eso, somos conscientes del enorme
potencial que tienen los hombres gitanos y las mujeres gitanas de nuestro país. Nuestro grupo y los diferentes Gobiernos socialistas han traído a esta Cámara numerosas propuestas, planes e iniciativas políticas en favor de la promoción del pueblo
gitano y ha sido el Grupo Socialista el que ha traído nuevamente a esta Cámara una proposición de ley integral para la igualdad de trato y no discriminación donde por primera vez se recoge una condena social a través de las leyes contra el
antigitanismo. También quiero poner de relieve y mostrar nuestro firme compromiso con este Gobierno que pone en valor al pueblo gitano y hoy coloca en tres leyes nuestra situación; por ejemplo, la reciente Ley educativa, que insta al sistema
educativo a conocer la historia, o la futura ley de memoria democrática, que también habla del pueblo gitano.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.
La señora CARRILLO DE LOS REYES: En definitiva, quiero agradecer el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Eso sí, presidente, necesito unos segundos. No me sorprende que VOX se ponga en contra de esta subcomisión. No me sorprende.
No me sorprende porque la propaganda que pone en las paradas de metro es la misma propaganda que ponía el partido nazi en Alemania. Es lo mismo.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.
La señora CARRILLO DE LOS REYES: Estamos en tiempos de democracia y los gitanos y las gitanas no le tenemos miedo al fascismo. ¡Viva la democracia! ¡Viva esta subcomisión! (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Todos tienen las enmiendas que se presentaron ayer y que yo particularmente he visto en el AVE esta madrugada. La creación de este tipo de subcomisiones está muy poco reglamentada. Las enmiendas se pueden votar en
bloque o una por una, como crean conveniente. Las cuatro han sido presentadas por el Grupo Popular. ¿Las votamos individualizadas o en bloque? (Pausa.) Entiendo que las votamos por separado. (Rumores.) Se enviaron ayer por la tarde o por la
noche. Alguna es un tanto larga. Vamos a votarlas.
Enmienda número 1, al apartado primero, que es el objeto de la subcomisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 18; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 2, al apartado quinto, también sobre el objeto de la subcomisión. Esta es de adición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 18; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 3, al apartado sobre la composición de la subcomisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 4, al apartado sobre el plazo para la realización de los trabajos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 19; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Lo único que queda es votar es si pedimos que se cree la subcomisión, que será el texto que había con el añadido de la composición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la solicitud de creación de la subcomisión y, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el apartado segundo 1, de la Resolución de la Presidencia el Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996,
sobre procedimientos de creación y reglas de funcionamiento de las subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, se someterá al Pleno de la Cámara la aprobación de esta propuesta, adoptada hoy por la Comisión, de creación de la
subcomisión. (Aplausos.)
Terminamos con el primer punto del orden del día y suspendemos durante un minuto la Comisión para recibir a la ministra. (Pausa.)
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (BELARRA URTEAGA):
- A PETICIÓN PROPIA, PARA PRESENTAR LAS LÍNEAS GENERALES DE SU DEPARTAMENTO. (Número de expediente 214/000107).
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el segundo punto del orden del día, que, como saben, es la celebración de la comparecencia de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es a petición propia.
Ya sé que no hace falta que les comente lo que les voy a decir, porque lo he dicho en otras ocasiones, pero esta es una Comisión en la que tratamos de personas, muchas de las cuales tienen problemas y carencias importantes, que esperan de
nosotros que ayudemos a superar estas carencias y problemas; además, muchos de ellos nos escuchan o les llega lo que aquí decimos, tratamos o aprobamos a través de los medios de comunicación y qué soluciones les proponemos. Todos conocemos el
ambiente de crispación política de estos días. Creo que estaría bien que con nuestra actitud de hoy hiciéramos llegar el mensaje a todas esas personas de que, pese a las diferencias que nos separan, estamos aquí para algo que nos une: intentar
encontrar soluciones a sus carencias y a sus problemas.
Por tanto, vamos a empezar la comparecencia, que, como he dicho, es a petición propia. Quiero agradecerle, en primer lugar, su rapidez por venir. Habría que comprobarlo, pero pocos titulares de un ministerio han tardado tan poco tiempo en
hacerlo, estoy convencido. Por lo menos yo, en mi experiencia parlamentaria, no recuerdo -a lo mejor hay alguno-tanta rapidez. Cuando usted quiera, señora ministra.
La señora MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Belarra Urteaga): Muchísimas gracias, presidente. La verdad es que es un placer estar en esta Cámara; para mí, que soy parlamentaria, comparecer aquí siempre lo es, y es un honor
celebrar esta comparecencia, por lo visto, tan pronto.
Buenos días, señorías. Es para mí, como decía, un honor poder comparecer en esta Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad básicamente para explicar cuáles son las líneas de trabajo fundamentales en las que
estamos avanzando ya desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Si me lo permiten, querría referirme en primer lugar al acuerdo que acaban ustedes de alcanzar, previamente a mi intervención en esta Comisión, para aprobar precisamente esa subcomisión que estudie el pacto de Estado contra el antigitanismo
y la inclusión del pueblo gitano. Esta aprobación supone sin ninguna duda un hito histórico en nuestro país, y no puedo más que reiterarme en la enorme labor que tenemos por delante, tanto el Gobierno como las Cortes Generales, para hacer frente a
la
erradicación definitiva de un problema que es grave y que es estructural en nuestra sociedad como es el antigitanismo. Estoy segura de que los trabajos de esa subcomisión van a ser enormemente fructíferos y que nos van a ayudar además a
desarrollar políticas públicas que construyan un país más justo y más inclusivo. Así lo deseo de verdad.
Quisiera comenzar también mi intervención agradeciéndole profundamente a mi antecesor en el cargo, a Pablo Iglesias, la inmensa labor realizada al frente de este ministerio, antes vicepresidencia social. Desde luego ha dejado el listón muy
alto, pero nos esforzaremos al máximo para poder dar continuidad a muchas de las políticas y de las propuestas que él ya comenzó a implementar.
Señorías, nuestro país se ha enfrentado en este año a uno de sus momentos más difíciles, teniendo que hacer frente a una crisis que era sanitaria, pero que se convirtió rápidamente en una crisis social y económica sin precedentes en nuestra
historia reciente. Como todas las situaciones complicadas, la crisis de la COVID-19 nos ha dejado algunas lecciones importantes que como sociedad debemos interiorizar y que como Gobierno tenemos la obligación de transformar en políticas públicas
efectivas. De todas ellas, creo que la lección más relevante que podemos extraer es que cuando la vida nos golpea, como ha ocurrido en esta pandemia, lo público, lo común, lo que es de todos y de todas nunca se pone de perfil y nos cuida y protege
por igual, independientemente del barrio donde hayamos nacido, del saldo de nuestra cuenta bancaria o de nuestro color de piel. El debilitamiento y la privatización de los servicios públicos en las últimas décadas en muchos territorios de nuestro
país han supuesto en este año un lastre para hacer frente a uno de nuestros momentos más difíciles. Creo que debemos aprender de ello y no volver a repetir en el futuro los errores del pasado.
Precisamente este Gobierno de coalición nació con el objetivo de corregir esos errores y poner fin a los años de abandono de lo público. Éramos conscientes de que necesitábamos poner en marcha políticas que cerraran la brecha de la
desigualdad, que mejoraran la cohesión social y desarrollaran el Estado de bienestar en nuestro país. La pandemia no ha hecho más que venir a poner de manifiesto cuan urgentes eran esos cambios en nuestro país. En esa dirección hemos trabajado en
estos dieciséis meses de Gobierno, demostrando con nuestros aciertos y también con nuestros errores una voluntad inequívoca de poner en el centro de nuestras políticas a la gente y no escatimar ni esfuerzos ni recursos para proteger a nuestro
pueblo.
Durante estos meses desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, anteriormente Vicepresidencia Segunda del Gobierno, hemos promovido la puesta en marcha de un escudo social público sin precedentes en nuestro país, que ha frenado
los desahucios sin alternativa habitacional, que ha suspendido los cortes de suministros a las familias más vulnerables, que ha ofrecido prórrogas a los contratos del alquiler, así como quitas y reestructuraciones de deudas. Una de las medidas que
promovimos desde nuestro propio ministerio en ese escudo social fue precisamente el Fondo Social Extraordinario, con un valor total de 300 millones de euros, que estaban destinados precisamente a reforzar los servicios sociales durante la pandemia,
incluyendo la atención domiciliaria, la teleasistencia y la atención a las personas sin hogar. También hemos destinado recursos a acciones clave como la protección a las familias más vulnerables, la atención a la pobreza infantil, el mantenimiento
de las prestaciones básicas de servicios sociales o la red de atención primaria de las corporaciones locales. Asimismo, desde este ministerio hemos ofrecido en todo momento el respaldo y apoyo necesarios para la respuesta inmediata al virus. Para
ello se declararon como esenciales todos los servicios sociales, independientemente de su titularidad; se facilitó el refuerzo de las plantillas de los centros residenciales y se colaboró activamente con las comunidades autónomas -que son, como
saben, las administraciones competentes en la materia- en el trabajo para combatir el virus en las residencias. En este momento podemos afirmar ya que la decisión adoptada por el conjunto del Gobierno de vacunar con carácter prioritario a quienes
residen en estos centros residenciales ha sido un acierto que ha reducido de manera drástica la mortalidad en nuestras residencias, garantizando la protección de las personas más vulnerables ante el virus. Hacíamos todo este trabajo mientras
seguíamos avanzando en otras medidas que eran también inaplazables para nuestro país, para España, como la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que conseguirá por fin que este país luche de manera
decidida contra todas las formas de violencia hacia la infancia, o el proyecto de ley para la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que supone un cambio,
como saben, enormemente necesario para ampliar los derechos de las personas con discapacidad y garantizar el respeto a su voluntad y su decisión autónoma. Todas estas acciones, sumadas a las líneas que voy a explicar a continuación, ponen de
manifiesto, en mi opinión,
que el trabajo de este Gobierno va a estar siempre enfocado a garantizar los derechos sociales y a proteger a la gente en situación de mayor vulnerabilidad. Así hemos respondido a esta crisis y, lo que me parece más importante, señorías,
así vamos a responder a la reconstrucción social y económica en los próximos años, sin dejar a nadie atrás.
Como todos y todas saben, vivimos ahora un momento de gran importancia para nuestro país y la inversión que van a suponer los fondos europeos nos ofrece una enorme oportunidad como país. No puedo dejar de señalar que creo que el Gobierno de
España está demostrando una capacidad importante de liderazgo en Europa al incorporar dentro del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia un componente que es exclusivamente social; esto es una novedad en Europa. Al mismo tiempo que
avanzamos en una transición ecológica, que es absolutamente imprescindible para hacer frente a la emergencia climática y ambiental, y también a la vez que transitamos hacia una nueva era digital, nuestro país tiene que llevar a cabo una transición
social, una transición social que acabe con la brecha de la desigualdad, y estos fondos van a suponer la gran oportunidad que tenemos para afrontar esa transición. Para ello, voy a explicar a continuación cómo nuestro ministerio se encuentra
trabajando a pleno rendimiento para garantizar ese futuro más justo, con más igualdad y con mayor protección de derechos sociales para el conjunto de la ciudadanía.
Respecto a estos trabajos, los que nos ocupan actualmente en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, quiero desgranar dos actuaciones que son eminentemente complementarias y que nos van a permitir, por un lado, abordar el rescate
inmediato del sistema de atención a la dependencia en nuestro país -que, como saben, tenía necesidades muy urgentes pendientes- y, por otro lado, poder transformar el modelo de cuidados a largo plazo en nuestro país, pasando de un enfoque
residencial a un enfoque claramente domiciliario y centrado en la persona. Se trata, como decía, del plan de choque en dependencia, por un lado, y, por otro, del proyecto de transformación vinculado a los fondos europeos para activar la economía de
los cuidados y reforzar las políticas de igualdad y de inclusión. Ambos proyectos creemos que revelan el compromiso de esta ministra y de este ministerio con las personas mayores, con las personas en situación de dependencia y también con quienes
tanto profesional como familiarmente se ocupan de los cuidados, que, debo decirlo, son mayoritariamente las mujeres. Si algo se ha evidenciado también en este año duro de pandemia es que cuando las políticas públicas no se ocupan de los cuidados
adecuadamente, son las mujeres, ya sea en el seno de sus familias o en el sector laboral, quienes cargan sobre sus hombros una vez más con la dejadez de las instituciones, y eso es algo que este Gobierno, que está plenamente comprometido con la
igualdad entre hombres y mujeres, no puede consentir. Damos así, por tanto, un paso decidido en esa necesaria corresponsabilidad que tienen que tener las administraciones públicas con los cuidados. Como saben, los cuidados son una cuestión de la
que debe ocuparse el conjunto de la sociedad y que tienen que salir ya del ámbito privado, además de ser -como bien conocen también- una cuestión económica de primer nivel.
Como decía, paso a explicar la primera de estas actuaciones, el plan de choque en dependencia, que supone sin lugar a dudas uno de los avances más significativos que se han impulsado y puesto en marcha en el último año desde el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, y que supone un punto de inflexión histórico en la forma en la que se ha abordado la atención a la dependencia en nuestro país. El pasado 14 de enero mi predecesor, Pablo Iglesias, anunciaba que habíamos llegado a
un acuerdo para poner en marcha este plan de choque. Dicho anuncio era el culmen de varios meses de trabajo intenso en el seno del consejo territorial y con la mesa de diálogo social; un acuerdo que se alcanzó con el conjunto de las comunidades
autónomas, los sindicatos, las organizaciones empresariales y el resto de actores del sector. Quiero agradecer de nuevo desde aquí la voluntad y la capacidad de diálogo de todos ellos, porque solo gracias a esa capacidad de diálogo hemos sido
capaces de alcanzar un acuerdo imprescindible para nuestro país, que no solo va a permitir mejorar la atención de las personas en situación de dependencia, sino que, además, logrará mejorar las condiciones laborales de quienes prestan estos
cuidados, asegurando así la calidad de los servicios.
Creo que todas las que estamos aquí presentes compartiremos a buen seguro que la aprobación en 2006 de la Ley de dependencia supuso un antes y un después en la ampliación del Estado de bienestar en España. Sin embargo, creo también que no
falto a la verdad si digo que la infrafinanciación del sistema ha provocado que se arrastren importantes problemas de funcionamiento en la última década. El sistema de atención a la dependencia se vio gravemente afectado por los recortes en la
financiación llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular que se produjeron a partir de 2012. El Estado dejó de aportar cada año 400 millones de euros para financiar estas prestaciones, a pesar de que el número de
beneficiarios ha ido aumentando en más de 450 000 personas. Junto a ello, también se recortaron derechos asociados a las prestaciones, como el número de horas de atención, el valor de las prestaciones económicas y la compatibilidad entre
los servicios. Estos recortes han tenido graves consecuencias en la calidad de la atención a las personas dependientes, y tenemos un gravísimo problema, que es el de las listas de espera, absolutamente intolerables: 230 000 personas que teniendo
derecho a recibir esta atención, no la están recibiendo todavía. El plan de choque es una respuesta a estos problemas, garantizando la financiación y las medidas necesarias para solucionar este deterioro al que hemos sometido a nuestro Estado de
bienestar. Además, permite cumplir con uno de los principales compromisos que se marcó el Gobierno de coalición y es, a su vez, un giro en las políticas que se habían venido aplicando en el ámbito de la dependencia en la última década, reparando
una gran injusticia a la que se ha sometido a las personas en situación de dependencia y demostrando, además, que hay una forma diametralmente opuesta de gestionar las políticas públicas frente al sistema de desmantelamiento de lo público de los
años anteriores.
El punto de partida del plan de choque es precisamente revertir esos recortes en la financiación; revertimos en un solo año todos los recortes llevados a cabo por el Partido Popular y, como bien saben ustedes, los Presupuestos Generales del
Estado ya recogen la subida de las cuantías del nivel mínimo y la recuperación, casi una década después de su eliminación, del nivel acordado. Esto supone un aumento de 600 millones de euros en 2021 en la contribución que hace el Gobierno al
sistema de la dependencia. Nos hemos comprometido, además, a incluir incrementos similares y acumulativos en los presupuestos de 2022 y 2023. Dicho de otra forma, este Gobierno va a inyectar en el sistema de atención a la dependencia 3600 millones
de euros en los próximos tres años, recorriendo una senda nítida hacia el objetivo de que la financiación estatal del sistema de la dependencia se sitúe, como debería, en el 50 % del total y garantizando de una vez por todas los recursos suficientes
a este sistema.
Este plan de choque persigue tres objetivos básicos y urgentes para la ciudadanía en nuestro país. En primer lugar, como ya les adelantaba, la reducción significativa de las listas de espera. Desde nuestro punto de vista este debe ser un
objetivo prioritario no solo del Gobierno de España, sino del conjunto de las administraciones públicas competentes. No podemos tolerar, creo yo, que miles de ciudadanos y ciudadanas en situación de dependencia sigan esperando a que se hagan
efectivos sus derechos debido a los problemas más estructurales del sistema. Por eso, en estos primeros meses del año hemos trabajado con los Gobiernos autonómicos en un plan específico de más de sesenta medidas encaminadas específicamente a la
reducción de las listas de espera. Confío en que en el consejo territorial del próximo viernes 30 de abril le demos el visto bueno final, la luz verde final, a este plan de sesenta medidas para reducir las listas de espera.
En segundo lugar, uno de los objetivos clave del plan de choque es asegurar las condiciones laborales y profesionales dignas a las personas que trabajan en el sistema de la autonomía y atención a la dependencia, el SAAD. Es inadmisible que
las trabajadoras del sistema, que son principalmente mujeres, tengan unas condiciones de absoluta precariedad, más aun después de que la pandemia nos haya vuelto a demostrar, una vez más, que estos trabajos son absolutamente esenciales. Esta será
también una de las cuestiones clave que abordaremos en el consejo territorial de este viernes, abordando aspectos fundamentales como la revisión de los criterios de acreditación de los centros, con el objetivo de mejorar los requisitos mínimos de
ratios de personal y mejorar así la atención y la carga de trabajo de las y los trabajadores. Y junto a ello, aumentaremos los fondos con el fin de que estos sirvan para mejorar las condiciones laborales de los centros y aseguraremos el
cumplimiento de los estándares de todos ellos, incluyendo -y quiero insistir en esto- el refuerzo de las inspecciones para garantizar el trabajo decente de las personas que nos cuidan.
El tercer gran objetivo del plan de choque es introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de las personas en situación de dependencia. Estas personas son sujetos de pleno derecho, no ciudadanos de
segunda o tercera categoría, y es responsabilidad del conjunto de las administraciones públicas asegurar que la atención que reciben está ajustada a sus necesidades. Por ello, para dar cumplimiento a este tercer gran objetivo, vamos a impulsar
junto a las comunidades autónomas y los interlocutores sociales un ambicioso paquete de actuaciones para mejorar esta atención. Gracias precisamente al trabajo conjunto de las administraciones nos fijamos como objetivo que, para finales del año
2022, todas las personas en situación de dependencia con grado reconocido que vivan en su domicilio tengan acceso al servicio de teleasistencia. La teleasistencia pasará a considerarse, por tanto, y de esta manera, un derecho subjetivo ligado a la
propia condición de dependencia. A lo largo de este año 2021 se
concretarán además las mejoras de las prestaciones del sistema que es necesario implementar. Tras ello, vamos a establecer un calendario para los años 2022 y 2023, en el que, en concreto, se van a referir las siguientes mejoras, que paso a
enumerar: por un lado, la elevación de las intensidades horarias del sistema de atención domiciliaria y de todos los servicios; la mejora de las prestaciones económicas; la ampliación de las compatibilidades entre las distintas prestaciones y
servicios; y, además, la extensión de la escala de valoración específica para niños y niñas de los tres a los seis años que, como saben, es una demanda reiterada. De la misma manera, durante 2021 se va a regular la figura del asistente personal.
Esta es una prestación que, como saben, está poco y desigualmente desarrollada, pero que, además, de poder atender más adecuadamente a las necesidades de autonomía de muchas personas en situación de dependencia, puede tener un enorme impacto
económico. Sin duda, el de los cuidados va a ser un nuevo e importante vector de creación de empleo en el proceso de una transición social que tiene que producirse en nuestro país a través de la activación de la economía de los cuidados. En
definitiva, creo que este plan de choque en dependencia supone un giro de 180 grados en la forma de abordar la dependencia en España para empezar a garantizar un derecho que lleva muchos años escrito en las normas, pero que nunca ha estado
debidamente garantizado en la práctica.
Además de estas medidas a corto plazo -por eso lo denominamos plan de choque- que este ministerio ya ha empezado a ejecutar para mejorar el sistema de atención a la dependencia y que acabo de detallar, es necesario -creo yo- una perspectiva
más amplia que nos permita reflexionar y abordar los cambios que necesita el sistema a medio plazo en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración. En este sentido, el plan de choque -como decía- es complementario con otro de los proyectos
centrales que vamos a desarrollar. Les hablo de nuestro proyecto para el Plan de recuperación que persigue activar la economía de los cuidados y reforzar las políticas de igualdad e inclusión. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
supone para España una oportunidad única para cambiar su estructura social y económica abordando los retos de futuro en clave de cohesión social y de cohesión territorial. Así se ha reflejado en el conjunto de reformas e inversiones que se van a
poner en marcha en los próximos años, pero para poder abordar adecuadamente los retos que tenemos por delante como país era absolutamente imprescindible que este plan -como decía antes- contara con un eje específicamente dedicado al ámbito social, a
la activación de la economía de los cuidados y los servicios sociales. Nuestro país tiene buenos motivos, buenas razones para avanzar en esa dirección en el marco de la recuperación social y económica. Obviamente, tenemos razones sociales para
activar la economía de los cuidados, puesto que el refuerzo de los servicios sociales es necesario para atender mejor a las personas que están en situación de vulnerabilidad, como son las personas dependientes. Además, las tendencias demográficas
nos dicen claramente que las demandas de cuidados de larga duración van a ir aumentando con el paso del tiempo. Pero también tenemos buenas razones económicas, España tiene un gasto muy inferior a la media de la OCDE en cuidados de larga duración.
Aumentar esa inversión generará miles de empleos en un sector que está fuertemente feminizado, lo que a su vez aumentará las cotizaciones a la Seguridad Social y también generará importantes retornos fiscales. Más aún, la economía de los cuidados
generará empleos que son sostenibles y que no son deslocalizables. Si atendemos a las personas en sus domicilios o en sus entornos más cercanos generamos oportunidades de empleo en cada lugar de nuestro país, fijando población en nuestros pueblos y
en nuestras ciudades más pequeñas, y esto supone el cumplimiento de un objetivo de enorme relevancia para lograr una mayor cohesión social y abordar también el reto demográfico.
En el Ministerio de Derechos Sociales somos plenamente conscientes de que se ha hablado mucho en los últimos meses de la llegada de los fondos europeos y de que la gente de nuestro país tiene la necesidad de ver cómo esas inversiones
millonarias se transforman cuanto antes en empleos de calidad y en una reactivación de la economía que puedan notar en sus bolsillos, en su día a día. Por eso, el Gobierno de España y concretamente este ministerio en particular, hemos pisado el
acelerador para que los fondos europeos empiecen a invertirse desde este mismo momento en transformar nuestro modelo de atención a la dependencia de un modelo de atención eminentemente residencial -que se ha evidenciado fracasado en este año- a un
modelo de atención en domicilios centrado en la persona; en innovar en los servicios sociales mejorando la atención a la ciudadanía y trabajar en pos de la accesibilidad universal. Las inversiones que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030 va a impulsar en el marco del Plan de recuperación ascienden a 3156 millones de euros, de las que el Consejo de Ministros, como saben, autorizó ya la semana pasada la disposición de los fondos correspondientes a 2021, con 731 millones de euros
que se distribuirán con carácter inmediato entre las comunidades autónomas, tras su aprobación definitiva este viernes.
El conjunto de actuaciones que se van a poner en marcha con estos fondos implica medidas articuladas en cuatro ejes. El primero es el más conocido: el cambio hacia un modelo de apoyos y cuidados de larga duración para facilitar la atención
domiciliaria de aquellas personas mayores y con discapacidad que la necesiten. Dicho de otra manera, que las personas que así lo deseen -para que nos entienda todo el mundo- puedan permanecer el máximo tiempo en sus casas con los apoyos
suficientes. Esta es una demanda absolutamente mayoritaria de la ciudadanía de nuestro país, que las personas mayores y las personas dependientes puedan quedarse en su casa con los apoyos necesarios el máximo tiempo que sea posible. De la misma
manera trabajaremos para que, cuando sean necesarios, los centros residenciales que se construyan se parezcan mucho más a un hogar, centros más pequeños y centrados en la persona favoreciendo así la calidad de vida de los residentes. Para ello,
vamos a llevar a cabo algunas medidas que menciono brevemente: la elaboración de una estrategia nacional de desinstitucionalización. La financiación de nuevos equipos públicos y la remodelación de los existentes para hacer posible este modelo
centrado en la persona. El impulso de centros de día innovadores e integrados en la comunidad que permitan apoyos y cuidados en la proximidad del domicilio, favoreciendo así el desarrollo de zonas rurales. Y la introducción de equipos
domiciliarios que favorezcan la promoción de la autonomía personal mediante el uso, como decía antes, de la teleasistencia avanzada y otros medios tecnológicos que ayuden a estos objetivos. En total, la inversión prevista en este primer ámbito en
los años 2021 a 2023 es de 2100 millones de euros.
El segundo eje de actuación es el Plan de modernización de los servicios sociales. Para ello, tanto desde nuestro ministerio como desde las comunidades autónomas se van a desarrollar proyectos por un valor total de 900 millones de euros,
que irán dirigidos a programas integrales de introducción de nuevas tecnologías en la atención de los servicios sociales, por ejemplo: a facilitar la comunicación, simplificar la carga administrativa o crear un sistema de información estatal de
servicios sociales. También vamos a financiar desde el ministerio proyectos piloto de innovación para mejorar estos servicios y las infraestructuras para la acogida y atención a la infancia. Precisamente, quería detenerme en esta última cuestión
para señalar que vamos a prestar especial atención -como no puede ser de otra forma- a reforzar y mejorar los centros de protección infantil mediante infraestructuras que garanticen el bienestar de los niños y de las niñas, reformando el modelo de
atención para orientarlo verdaderamente a la garantía de sus derechos, la inclusión social y profesional y, en definitiva, a la eliminación de las barreras sociales que impiden acabar con la desigualdad estructural de nuestro país.
Este plan, además, contiene medidas relacionadas con la modernización tecnológica del tercer sector de acción social, para lo que se va a hacer de manera inmediata una convocatoria de proyectos plurianuales. Esto servirá no solo para
reforzar la financiación de estas entidades -que, como saben, realizan una labor absolutamente imprescindible- sino también para compensar los gastos que han tenido que asumir a largo de este año de pandemia para poder trabajar en condiciones
seguras, tanto ellos -las personas profesionales del tercer sector- como las personas usuarias. Como ustedes saben, el año pasado fue el primero en el que se incorporó a la financiación del tercer sector los recursos procedentes del 0,7% del
impuesto sobre sociedades. Esto permitió que aumentara la financiación global del tercer sector y que aumentara también la que recibieron cada uno de sus componentes. En total, el aumento de la financiación del tercer sector fue de casi 59
millones de euros, de los que casi 19 millones correspondieron al tercer sector de acción social estatal. Las cifras provisionales de recaudación de este año permiten prever que en 2021 también habrá un aumento de esa financiación, lo cual no
significa que no haya retos pendientes de mucha importancia en este campo, entre los que se incluyen, por supuesto, mejoras técnicas y mejoras normativas; pero, sobre todo, necesitamos asegurar la estabilidad de la financiación de las entidades más
allá de los cambios cíclicos que se puedan dar en la recaudación fiscal. Este va a ser un objetivo prioritario del ministerio para el que formularemos una propuesta lo antes posible.
Un tercer eje de actuación es, como comentaba al principio, la apuesta por la accesibilidad para todas las personas, fin al que vamos a destinar 158 millones de euros tanto en proyectos locales como en proyectos impulsados desde la
Administración General del Estado. El enfoque de estos proyectos será integral, garantizando no solo que se cubren todos los tipos de accesibilidad -incluyendo, por supuesto, la accesibilidad cognitiva- sino también que se cubren y abarcan todas
las esferas de la vida cotidiana, desde el acceso a los servicios y edificios de la Administración hasta al transporte, la educación y los puestos de trabajo, en ellos también ocupará un espacio importante la innovación; en concreto, se va a dar un
importante impulso al Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, dependiente, como saben, del Imserso, y se creará un nuevo centro estatal de accesibilidad cognitiva.
Finalmente, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han incluido también dos reformas estructurales que representan dos de las principales leyes que este ministerio se marca como objetivos prioritarios. Hablo
concretamente de la ley de diversidad familiar y apoyo a las familias y de la ley marco de servicios sociales. Me referiré ahora a ellas. En lo que respecta a la ley de diversidad familiar y apoyo a las familias, lo primero que me gustaría señalar
es que este Gobierno está claramente comprometido con las familias; está comprometido con todas las familias, lo que implica reconocer que existe una diversidad de modelos familiares en nuestro país. Los distintos tipos de familia han ido
evolucionando y hoy disfrutamos en nuestro país de una diversidad familiar que es un orgullo, y nuestra obligación es reconocerla y protegerla jurídicamente. También es importante remarcar este compromiso institucional en un momento en el que vemos
cómo desde determinados sectores se normalizan los discursos que niegan la diversidad familiar y tratan de imponer un único modelo de familia supuestamente tradicional, negando al resto de familias la posibilidad de disfrutar de los mismos derechos
y a formar su familia en libertad. Pues bien, señorías, hoy quiero dejar claro que, frente a estos discursos de intolerancia, este Gobierno no solo no va a dar ningún paso atrás, sino que vamos a dar pasos firmes hacia delante. Hoy queremos
reiterar aquí que todos los modelos de familia no solo son legítimos, sino que deben ser iguales en derechos. Por eso, vamos a acelerar los trabajos para traer a esta Cámara la ley de diversidad familiar y apoyo a las familias a comienzos del
próximo año.
Actualmente, como saben, a diferencia de lo que ocurre en varias comunidades autónomas, el ámbito estatal no cuenta con un cuerpo jurídico unificado que reconozca de forma suficientemente explícita los distintos tipos de modelo familiar y,
por consiguiente, no existe a este nivel un sistema adecuado de acción y apoyo social que cubra todos los modelos familiares que existen, ni se detalla con un rango normativo adecuado el conjunto de las prestaciones y servicios que la Administración
General del Estado les ofrece en apoyo a las funciones sociales que estas desempeñan. La ley de diversidad familiar y apoyo a las familias quiere resolver esta ausencia y hacerlo, además, partiendo de las grandes transformaciones sociales y
demográficas de la realidad social, jurídica y económica de las familias de nuestro país, caracterizada por una creciente diversidad de modelos de convivencia familiar, pero, a la vez, por una protección desfragmentada, desfasada y desigual para los
distintos tipos de familia. Es necesario, por tanto, una ley que reconozca jurídicamente esta diversidad y que aborde a la vez la alta incidencia de situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de pobreza y exclusión, que afecta de manera acusada a
las familias que tienen menores a cargo y, muy especialmente, a las familias 'monomarentales'; y digo 'monomarentales' porque el 80 % de estas familias están encabezadas por mujeres. Más en concreto, la ley va a centrarse en varias áreas de
mejora, entre las que se encuentran avanzar en el pleno reconocimiento jurídico y social de la diversidad familiar, mejorar su protección social, desplegar medidas de apoyo a la conciliación y la corresponsabilidad, y atender de forma específica a
aquellas familias que tienen circunstancias o necesidades especiales, con el fin de que se les atienda y apoye de acuerdo con dichas necesidades. Muy especialmente, vamos a buscar avanzar en la igualdad social de las familias LGTB.
Junto a la ley de diversidad familiar y apoyo a las familias, cuyos principales ejes les acabo de desgranar, también hemos asumido el compromiso de aprobar a lo largo de esta legislatura una ley marco de servicios sociales que permita
reforzar el sistema público de esos servicios. Sobre ella debo decir, en primer lugar, que este Gobierno es plenamente consciente de que la competencia para la intervención directa es exclusivamente autonómica, lo cual señala la enorme importancia
que, como no puede ser de otra manera, tienen las comunidades autónomas para el correcto desarrollo de los servicios sociales. No obstante, el planteamiento de esta ley, que se va a elaborar en diálogo permanente con las administraciones públicas
competentes, con las comunidades autónomas y con las entidades locales, se basa en establecer un catálogo de prestaciones básicas garantizadas que sean comunes en todo el territorio. Creo que esta es una demanda de gran importancia. De esta manera
vamos a conseguir crear un suelo común, a la vez que mejoramos la organización del sistema público y su coordinación entre los distintos sistemas de protección social fundamentales en nuestro país, como son la educación, la sanidad, la justicia, la
vivienda o el empleo. En cualquier caso, esta normativa no debe entenderse como una iniciativa aislada sino como parte integral de la política de este ministerio para reforzar los servicios sociales públicos. Esto incluye tanto las inversiones que
se han señalado anteriormente como, por otro lado, el aumento de la financiación del Plan Concertado, que, como ustedes saben, es la principal herramienta de la que dispone la Administración General del Estado para apoyar los servicios sociales. A
este respecto, como ya conocen ustedes, tras los recortes progresivos que se han vivido en los últimos años, los Presupuestos Generales
del Estado de este año han incrementado esta financiación en casi 60 millones de euros, alcanzando el valor más elevado desde su creación. Precisamente, la distribución de estos fondos será aprobada también en el consejo territorial que
celebraremos este viernes.
Entre los proyectos legislativos de este ministerio se encuentra también la ley estatal de vivienda, de la que somos coproponentes junto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esta ley, como saben, tiene una importancia
crucial para nuestro país, que vive una grave emergencia habitacional, puesto que una parte muy importante de nuestra ciudadanía no tiene garantizado el derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada. Esta ministra está trabajando para que esta
ley esté lista lo más pronto posible, habida cuenta de que llevamos casi dos meses de retraso respecto al plazo que los propios socios de Gobierno nos habíamos marcado. Como no podía ser de otra manera, el texto legislativo que llevaremos al
Consejo de Ministros tiene que cumplir con el acuerdo de Gobierno, desarrollando mecanismos para evitar los desahucios sin alternativa habitacional, promoviendo la creación de un parque público de vivienda en alquiler y prohibiendo que en nuestro
país volvamos a ver situaciones, como la que hemos visto en estos últimos años, de venta de miles de viviendas públicas a fondos de inversión. Además, la ley tiene que cumplir con la regulación de precios del alquiler para pinchar la burbuja, como
también recoge el acuerdo de Gobierno, y generar responsabilidades y obligaciones a los grandes propietarios, especialmente si tienen viviendas vacías, algo intolerable en un país en el que los precios del alquiler se han incrementado en un 50 o un
60 % en los últimos años en algunas ciudades. Esta ley es especialmente importante para los y las jóvenes de nuestro país. Como nos traslada el Injuve, el problema de la vivienda es uno de los que más preocupa a los jóvenes de nuestro país, junto
a unas condiciones laborales enormemente precarias que les impiden desarrollar un proyecto de vida autónomo. Este Gobierno tiene a los jóvenes y a las jóvenes en el centro de su preocupación y de su ocupación, y por ese motivo la ley de vivienda
tiene que estar lista cuanto antes.
Seguidamente, dentro de este recorrido me gustaría hacer referencia, como ya he mencionado al principio, a la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la conocida como Ley Rhodes, y resaltar algunos
de los próximos pasos que está desarrollando el ministerio para garantizar la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. Creo que todos y todas debemos felicitarnos por la aprobación con un respaldo tan amplio de una ley que es pionera
en Europa para garantizar los derechos de un colectivo que es especialmente vulnerable a cualquier forma de violencia, como son los niños y las niñas. No quería dejar pasar la oportunidad en esta comparecencia de agradecer una vez más el trabajo de
los grupos parlamentarios para mejorar la ley porque estoy convencida de que la ley es hoy mucho mejor que cuando la trajimos al Congreso, gracias al trabajo conjunto que han realizado todos los grupos parlamentarios. No obstante, también quiero
transmitirles la honda preocupación de esta ministra por el hecho de que haya grupos políticos que no solo votaron contra esta norma que convierte a España en un referente mundial en la lucha contra la violencia hacia la infancia, sino que se
permiten elaborar una publicidad que criminaliza a los niños y las niñas más vulnerables de nuestra sociedad, los niños y niñas que migran solos. Eso también es violencia hacia la infancia y este ministerio no va a escatimar ningún esfuerzo para
acabar con ella. Por eso, la pasada semana emprendimos acciones legales para solicitar que esa publicidad -que, en mi opinión, es constitutiva de delito de odio- sea retirada inmediatamente de la vía pública. Les aseguro que este ministerio no va
a dejar de defender siempre los derechos de los niños, de todos los niños y de todas las niñas, sea cual sea el color de su piel, hayan nacido donde hayan nacido o hablen el idioma que hablen.
Confío en que durante la tramitación en el Senado de la Ley Rhodes podamos seguir mejorándola. Creo que quedan cuestiones relevantes por introducir, como la puesta en marcha de un consejo estatal de participación infantil. La mejora de los
cauces de participación infantil es una palanca de cambio fundamental para nuestra sociedad, para hacerla más consciente de sus problemas y de sus aspiraciones en un momento en el que como sociedad tenemos importantísimos retos por delante, y los
niños y las niñas tienen que poder ser protagonistas en primera persona de los cambios que necesitamos impulsar. Es importante destacar que la aprobación de la ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia no es ni de
lejos el final del camino; muy al contrario, es el comienzo de un trabajo arduo para desplegar su contenido y sus herramientas con la máxima diligencia y con la colaboración de las comunidades autónomas con otros ámbitos también del Gobierno, con
las organizaciones y con los propios niños y niñas para que la prevención y la protección de la infancia ante la violencia se conviertan en una realidad. En este desarrollo vamos a ser especialmente cuidadosos en respetar las recomendaciones de la
Defensoría del Pueblo en temas tan sensibles desde el punto de vista de los
derechos humanos como la prohibición de las sujeciones fijas y la limitación de las medidas de contención que se utilizan en los centros de protección a la infancia, así como con el procedimiento de determinación de la edad que se da en los
niños y niñas que migran solos, sin compañía de un adulto. Sobre esto último quiero además anunciar que estamos trabajando para prohibir por ley los desnudos integrales y las exploraciones genitales en estas pruebas.
Ya lo he mencionado antes, pero quiero reiterar además nuestro compromiso con el apoyo que debemos dar a las comunidades autónomas en la atención que prestan a estos niños, niñas y adolescentes. Esta situación supone a las distintas
comunidades autónomas grandes diferencias derivadas de su situación geográfica o de las dinámicas de flujos migratorios hacia nuestro país y dentro del mismo. Por ello, el presupuesto de nuestro ministerio este año tiene por primera vez un crédito
de 27,7 millones de euros para contribuir a la mejor atención e inclusión social de estas personas menores de edad, reforzando la labor que ya hacen las autoridades competentes. Su aprobación se ha demostrado -pienso yo- especialmente oportuna en
las circunstancias actuales al haberse producido en 2020 una llegada más elevada de niños y niñas que migran solos a las Islas Canarias. Y a este respecto me gustaría reconocer públicamente el enorme esfuerzo que está haciendo el Gobierno de
Canarias para garantizar adecuadamente los derechos de estas personas y atenderlos correctamente. Y ello porque, como ha reconocido el Defensor del Pueblo y también nos ha dicho la Unión Europea, nadie puede esperar que Canarias se haga cargo de
todos ellos de forma indefinida con sus propios recursos. Por eso el Ministerio de Derechos Sociales aprobó en diciembre una transferencia de diez millones de euros a Canarias y está participando de forma activa en la articulación del proceso de
oferta solidaria de plazas de acogida de estos niños y niñas que están haciendo otras comunidades autónomas. Ya se han concertado más de doscientos traslados, que se han iniciado en las últimas semanas, y una parte de este crédito se destinará
precisamente a financiar una parte de los costes de estas plazas. En concreto también abordaremos esta propuesta en el consejo territorial del próximo 30 de abril, distribuyendo casi ocho millones de euros entre las comunidades receptoras. Quiero
desde aquí trasladar mi agradecimiento a las comunidades autónomas que han propuesto hacer esta oferta de plazas solidaria.
Por su parte, las políticas a favor de los derechos de la infancia y contra la pobreza infantil van a reforzarse en esta legislatura gracias al marco común europeo. Va a establecerse un mecanismo de garantía infantil europea cuya propuesta
de resolución al Consejo ya ha sido aprobada por la Comisión. Aunque, desde luego, quisiéramos que se hubiesen adoptado objetivos más ambiciosos, desde este ministerio valoramos positivamente el trabajo que se está haciendo a nivel de las
instituciones europeas.
Igualmente, quiero detenerme para hacer referencia a una de las medidas más importantes que este Gobierno ha puesto en marcha en este año, el ingreso mínimo vital. Creo que nadie duda de que su aprobación -estableciendo un nuevo derecho
social en España y haciéndolo además en un tiempo récord para conseguir que estuviera listo durante la pandemia y tan pronto como fuera posible- ha reforzado enormemente nuestro Estado del bienestar; un compromiso de legislatura que conseguimos
poner en marcha en apenas cinco meses, después de conformarse el Gobierno de coalición. No obstante, esta ministra cree que no hay motivos para la complacencia y que debemos seguir trabajando para que el ingreso mínimo vital llegue a toda la gente
que lo necesite. Somos conscientes de que hacen falta todavía reformas importantes y a este respecto creo que hay medidas fundamentales que deben incorporarse en su diseño. Pienso, por ejemplo, en la adaptación del cómputo de la renta para que
cuenten los ingresos del año en curso; en la mejora de la situación de algunos colectivos en el acceso al mismo, como son los menores de edad o los jóvenes y las jóvenes; o en una mayor cuantía para, por ejemplo, las personas con discapacidad.
Creo que tanto el trabajo conjunto en el seno del Gobierno como con las fuerzas políticas que están representadas en estas Cortes va a ser fundamental para que logremos ese objetivo -que yo estoy convencida, señorías, que compartimos- de que este
nuevo derecho llegue cuanto antes a todos los hogares donde sea necesario.
Los derechos sociales no pueden fraccionarse y su garantía debe alcanzar a todas las personas, sin distinción. Sin embargo, soy consciente de que hay algunos colectivos que encuentran más dificultades que otros para hacer efectivo el acceso
a esos derechos que están formalmente reconocidos en nuestra Constitución para cualquiera de nosotros. Uno de esos colectivos es el de las personas con diversidad funcional. La clave de nuestra política en este campo va a ser impulsar el
reconocimiento de sus derechos, cumpliendo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Las recomendaciones emitidas por la comisión de seguimiento de este organismo el pasado año nos
instan como país a modificar el artículo 49 de la Constitución, el Código Civil y el resto de
leyes procesales y el Código Penal, entre otras normas, pero, sobre todo, la comisión requiere que empecemos por reconocer que la persona con discapacidad debe estar situada en el centro de todas las decisiones que le afecten, reconociendo
que es titular en plenitud de derechos. Para recalcar que esta va a ser la perspectiva central que informe nuestra política, hemos procedido a modificar el nombre de nuestra dirección general, que a partir de ahora va a denominarse Dirección
General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y quiero anunciarles además que la persona que va a dirigir este departamento es Jesús Martín Blanco -alguien que formando parte de esta Comisión ustedes conocerán bien-, que ha demostrado en
los últimos años un compromiso inquebrantable en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y que ha hecho un trabajo incansable. Estoy convencida de que su conocimiento y su experiencia van a ser claves para marcar la diferencia y
trabajar con mayor efectividad en la garantía, la protección y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Además, el próximo 3 de mayo se celebra el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que este año se dedica al derecho de las personas con discapacidad a una vivienda accesible,
asequible e inclusiva. Como saben, uno de los objetivos que hemos venido persiguiendo, como comentaba hace un momento, es lograr una ley de vivienda que sea pionera en la defensa de este derecho básico y que garantice realmente el acceso a una
vivienda digna para todos y para todas. En esta ley vamos a tener en cuenta las necesidades concretas de las personas con diversidad funcional, que con frecuencia se ven limitadas para su inclusión social debido precisamente a las dificultades que
tienen para acceder a una vivienda, pero también por el aislamiento que sufren cuando están dentro de esa vivienda y no pueden entrar y salir fácilmente de ella. La inclusión en la comunidad y llevar una vida independiente para las personas con
discapacidad pasa por disponer de una vivienda, como decía, que sea digna, que sea adecuada y que sea accesible. Sin duda, este será también uno de los objetivos centrales que impulsaremos desde esta Dirección General de Derechos de las Personas
con Discapacidad junto a las reformas legales que ya se estaban iniciando y las que tenemos aún pendientes. Antes mencionaba el papel que tienen los fondos europeos para garantizar la accesibilidad universal, siendo esta una de nuestras principales
metas. Pero, además, vamos a llevar a cabo la transposición de la Directiva Europea sobre requisitos de accesibilidad de los productos y servicios y también vamos a estudiar otras medidas que se han planteado en el pasado, como la posible
constitución de un fondo público de promoción de la accesibilidad universal.
También tenemos contraída como sociedad una deuda con las personas mayores, muy especialmente después de este año tan difícil, que además han sufrido, junto a las personas con discapacidad, las peores consecuencias de la pandemia.
Afortunadamente, la decisión de comenzar la vacunación por las personas que viven en centros residenciales y por los grandes dependientes, junto también a quienes trabajan en sus cuidados, ha permitido que hoy se haya producido un cambio muy
positivo en las vidas de todas estas personas. De la misma manera, en el caso de las personas mayores, la perspectiva que nos guía y nos orienta es la de la garantía de sus derechos. El primero de ellos es precisamente poder decidir su propio
proyecto de vida, incluso aunque necesiten apoyos y cuidados para realizarlo plenamente. Cuidar de nuestros mayores y a nuestras mayores no ha de significar en ningún caso anular su libertad para elegir cómo quieren vivir y cómo quieren, en su
caso, ser cuidados también. Por eso, como he dicho, uno de los principales objetivos de este ministerio, en el que ya estamos ocupados, es precisamente ese cambio de modelo de los cuidados de larga duración a un modelo de atención centrado en la
persona, y de la misma manera es importante que abordemos problemas relacionados con la soledad no deseada que afectan seguramente a muchos colectivos, pero muy especialmente a las personas mayores y a las personas con diversidad funcional.
Tampoco quería dejar de mencionar en esta comparecencia la situación en la que se encuentran los programas de turismo social y de termalismo organizados por el Imserso, y de los que cada año venían beneficiándose 900 000 personas mayores en
nuestro país. Como ustedes saben, el Gobierno se vio obligado a suspender estos viajes en marzo de 2020 por la crisis de la COVID-19, y además a tomar más tarde la difícil decisión de suspender ambos programas mientras la situación sanitaria no
permitiese su reanudación. Somos conscientes de que las personas mayores han hecho un enorme esfuerzo por cuidarse este año, quedándose en casa, respetando la restricciones, dejando de ver a sus hijos, a sus hijas y a sus nietos. Las personas
mayores se merecen poder salir, viajar y descansar después de un año tan difícil.
También somos conscientes de la importancia económica que tiene esta actividad para el mantenimiento de muchos puestos de trabajo en el sector turístico de nuestro país, pero a la vez debemos
mantener el principio que ha regido hasta ahora todas las decisiones que hemos tomado, el de proteger la vida de las personas por encima de todo. Dentro de este marco puedo anunciar que estamos trabajando ya en la puesta en marcha de los
procesos administrativos para que, una vez que las autoridades sanitarias lo consideren pertinente, puedan reiniciarse ambos programas, tanto el de turismo social como el de termalismo. Y si el proceso de vacunación continúa a buen ritmo, y nada
hace pensar lo contrario, la próxima temporada de los viajes del Imserso comenzará con normalidad como cada año.
Finalmente, quisiera terminar este apartado con una breve mención a la renovación de algunas estrategias nacionales que también tenemos en el horizonte. La primera de ellas es la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población
Gitana en España, cuya renovación es necesario acometer antes de septiembre, precisamente en el marco de la nueva estrategia europea para la próxima década. Señalaba al comienzo de mi intervención la importancia histórica que tiene la creación de
esta subcomisión en esta Cámara, la del Pacto de Estado contra el Antigitanismo y, como decía, el Gobierno de España también va a seguir trabajando desde nuestra competencia para contribuir a la inclusión del pueblo gitano. Eso implica,
evidentemente, la mejora de las condiciones de vida y la garantía en el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos, a la vez que señalamos y reconocemos su contribución histórica a nuestro país y a nuestra cultura.
En segundo lugar, he mencionado antes también nuestro convencimiento de la importancia de contar de forma inmediata con una ley de vivienda que sea ambiciosa. Me van a permitir que lo reitere para recordar que la exclusión residencial está
detrás de muchas situaciones de vulnerabilidad, y el caso más extremo es el de las personas sin hogar. Por eso, también es especialmente relevante para este ministerio la nueva Estrategia Nacional Integral para las Personas sin Hogar, en la que ya
estamos trabajando, y que tiene que constituir un paso cualitativo en la forma en la que se viene abordando el sinhogarismo en nuestro país. Es necesario ir abandonando el paradigma de atención en emergencia para pasar a la búsqueda de soluciones
definitivas para las personas sin hogar, en la misma línea de metodologías que ya han sido ensayadas con éxito en otros países, como es el caso de Finlandia. Igualmente, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia vamos a
impulsar proyectos específicos para la lucha contra el sinhogarismo.
Además de lo anterior, quiero referirme brevemente, ya que esta es mi primera comparecencia como ministra en el Congreso de los Diputados, también a las líneas de trabajo que este ministerio tiene en lo referente a la Agenda 2030 y a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como saben, antes de ocupar esa cartera tuve el honor de dirigir la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, y me siento enormemente orgullosa de que mi sucesor en esa tarea sea precisamente Enrique Santiago, un
jurista de reconocido prestigio y conocido internacionalmente por su defensa de los derechos humanos. Creo que es la persona idónea para desempeñar una tarea tan importante como dirigir la hoja de ruta que debe guiar la transformación de nuestro
país.
Con la conformación del Gobierno de coalición este ministerio asumió el cometido de darle un impulso renovado y situar a la Agenda 2030 en el sitio que merece precisamente por su importancia. Por eso, nada más llegar dijimos que tocaba
pisar el acelerador y que íbamos a convertir las palabras en hechos, de tal forma que nuestro país se convirtiera en lo que queremos que sea, que es un referente en el cumplimiento de los ODS a nivel mundial. Creo modestamente que este año ha
servido para demostrar que estamos cumpliendo ese propósito. A este respecto, debo resaltar nuevamente que la gestión de la crisis derivada de la COVID-19, y el escudo social que hemos conformado ante ella, ha impedido un retroceso sin precedentes
de los ODS en nuestro país, y además en paralelo hemos seguido trabajando en cuestiones estratégicas para nuestro país como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o el ya mencionado Plan de Choque en Dependencia. Dentro de este camino
desde este ministerio hemos trabajado para tener aprobada también, en un tiempo récord, la estrategia de desarrollo sostenible en los próximos meses, una estrategia que nuestro país necesitaba desde hace varios años, como reclamaba reiteradamente
también la sociedad civil. Cualquier otro Gobierno hubiera utilizado la pandemia como excusa para volver a retrasar nuestros compromisos con la Agenda 2030, pero nosotros no, señorías, y tenemos un compromiso que cumplir precisamente porque no
tenemos ni un minuto que perder. Gracias a ello puedo anunciar que ayer enviamos ya a los órganos de gobernanza de la Agenda 2030 un primer borrador de la estrategia de desarrollo sostenible, iniciando así los que son ya los últimos pasos para
tenerla lista y aprobada en el mes de junio. Ahora tenemos un tiempo por delante para seguir recibiendo aportaciones, correcciones y mejoras que nos servirán para seguir enriqueciendo este borrador y terminar de configurar una estrategia ambiciosa,
sólida, con carácter
multinivel y multiactor, que determine con el detalle necesario qué pasos vamos a seguir dando en nuestro país para cumplir con la Agenda 2030 en la próxima década.
Soy consciente de que los plazos han sido ajustados, también lo han sido para nosotras, y que hemos requerido un gran esfuerzo de todos los actores: de las comunidades autónomas, de las entidades locales, de la sociedad civil y también de
todos ustedes. Por eso, quiero agradeceros a todos y a todas el esfuerzo que habéis realizado, incluyendo, por supuesto, a las fuerzas políticas que habéis trabajado en el marco de la Comisión mixta para la coordinación y seguimiento de la
estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo, señorías, que es un esfuerzo que ha merecido la pena, porque no es un esfuerzo para el Gobierno de España, es un esfuerzo para el conjunto de la ciudadanía de nuestro
país.
Gracias a su participación imprescindible puedo decir, sin temor a equivocarme, que en el próximo mes de junio España contará con una estrategia avanzada y participativa que será un referente para el conjunto de países de la comunidad
internacional y, sobre todo, una estrategia que lleve a lo concreto cómo vamos a trabajar para hacer de la Agenda 2030 una realidad. Esta estrategia será especialmente importante, como decía, para nuestra presentación ante el Foro Político de Alto
Nivel de las Naciones Unidas, donde nos presentaremos al examen nacional voluntario un año más para rendir cuentas sobre el grado de cumplimiento de los ODS en nuestro país. A este respecto, además, quiero señalar que el objetivo de este ministerio
es que nos sigamos presentando a ese examen nacional voluntario cada dos años, reafirmando el compromiso de España con el que es el único mecanismo global de seguimiento y de rendición de cuentas de la Agenda 2030.
De la misma manera, esta presentación se verá acompañada de un informe de progreso, el cual, independientemente del examen, vamos a realizar de forma anual y que presentaremos, como no podía ser de otra manera, ante las Cortes Generales. Y
lo hacemos, señorías, porque consideramos que tomarse en serio la Agenda 2030 es trabajar para que los objetivos se cumplan, y eso implica conocer en cada momento cómo estamos avanzando en las distintas metas. Por eso, estos informes, que
seguiremos elaborando cada año, nos permitirán no solo evaluar y hacer seguimiento de nuestra evaluación, sino de la misma manera rendir cuentas al conjunto de la ciudadanía acerca de nuestro trabajo.
Por último, quiero también hacer mención al trabajo que estamos realizando desde este ministerio en relación con el bienestar y los derechos de los animales, una cuestión, si me lo permiten, sobre la que creo que como instituciones todavía
tenemos mucho trabajo por delante para representar debidamente el que creo que es el sentir mayoritario de la ciudadanía de nuestro país. A este respecto quiero celebrar que el pasado día 20 este Congreso aprobara la toma en consideración del
anteproyecto de ley de modificación del Código Civil para que los animales dejen de ser considerados cosas y pasen a ser tratados como lo que son, seres que sienten y que debemos proteger. En esta línea, nuestro ministerio está trabajando en varias
iniciativas importantes, entre las que se encuentran, por ejemplo -paso muy someramente por ellas, pero no quería dejar de señalarlas-, el real decreto por el que se regula el Sistema Estatal de Registros de Protección Animal, con el objetivo de
unificar todas las bases de datos de animales de compañía, o el real decreto por el que se establecen las normas básicas de ordenación de los núcleos zoológicos. Y, por supuesto, uno de los principales objetivos de este ministerio es la aprobación
de la ley de bienestar animal.
Quiero terminar, señorías, volviendo a insistir, como señalaba al principio, en que nuestro país vive un momento histórico, un momento en el que tenemos las herramientas para poder transformar definitivamente nuestro país, dejando atrás
épocas pasadas, en las que el sufrimiento de la mayoría social fueron la norma, para dar paso a un futuro más justo, más sostenible y más feminista. Desde este ministerio, que ahora tengo el honor de liderar, puedo decirles que voy a seguir
trabajando con todo mi empeño para hacer realidad ese futuro, garantizando la protección de los derechos sociales y velando por el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país. Soy muy consciente de que estos objetivos no los puede lograr solo el
Gobierno de España, sino que vamos a necesitar de todos y de todas, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, del sector privado, de la sociedad civil y del conjunto de la ciudadanía. Y, por supuesto, vamos a necesitar la colaboración
de todos ustedes, los representantes públicos de estas Cortes Generales, cuyo papel va a ser absolutamente imprescindible en la garantía de los derechos sociales y la Agenda 2030 en nuestro país. Por eso, quiero volver a transmitirles una vez más,
como ya he hecho en otras ocasiones, que las puertas de este ministerio estarán siempre abiertas para trabajar conjuntamente en la construcción de un país mejor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, tras la intervención de la señora ministra, tendrán la palabra los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, como siempre, de menor a mayor, y en este caso por un tiempo de siete minutos. Si
hubiera más de un portavoz en alguno de los grupos, como saben, se tendrán que repartir el tiempo, pero no pueden exceder el tiempo que tiene el grupo.
En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo Mixto, el señor Carlos García. Cuando quiera tiene la palabra.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, agradezco la presencia de la ministra y la felicito por el nombramiento. Bien es cierto que no lo tiene difícil para mejorar la labor que hizo su antecesor. Después de un año del ministerio, en el que se ha hecho lo que se ha
hecho, yo creo que lo tiene bastante fácil con poco que haga para mejorar la labor que hizo el señor Iglesias.
Empezando por el final, habla usted del momento histórico. Siempre se creen el ombligo del mundo, pero antes de que ustedes llegaran aquí ya se hacía política social en España, mucha política social, porque supongo que se refieren a ustedes
solos, no al Partido Socialista, que, evidentemente, ha gobernado España durante muchos años, y hay que reconocerle lo que hay que reconocerle. Durante Gobiernos del Partido Socialista y Gobiernos del Partido Popular en España y en todas las
comunidades autónomas -en la Comunidad Foral de Navarra por supuesto también- se ha hecho política social, política social muy buena, y lo que hay que hacer ahora es continuar mejorándola. En ese sentido, como bien sabe usted -lo ha reconocido en
su intervención-, su ministerio no tiene competencias en muchas de las cuestiones que abarca o las competencias -por decirlo así- las tienen las comunidades autónomas, y eso al final acaba creando problemas. Lo vimos en el último episodio, el de la
Ley de Protección de la Infancia, donde hubo un ataque a las competencias claramente, y se puede llevar a cabo en otras muchas leyes o en muchas actuaciones que se hacen, como ocurrió cuando se aprobó la Ley de Dependencia. Se aprueba la Ley de
Dependencia, pero si no se dota económicamente, al final le pasas el problema -por decirlo así- a la comunidad que lo tiene que llevar a cabo. Aquí se aprueban las leyes, pero luego no se traspasan las cantidades económicas suficientes para poder
llevar a cabo esa actividad. Y después ha anunciado alguna cosa que quiere hacer y habrá que estar muy atentos, ya que se pretende legislar sobre cosas que están ya legisladas en las comunidades, que están funcionando muy bien, y al final con
legislaciones contradictorias o por encima se crean problemas donde antes no existían. Evidentemente, no se puede generalizar con el conjunto de las comunidades, puesto que unas tienen más avanzadas las cosas y otras menos. El ejemplo puede ser el
ingreso mínimo vital. En algunas comunidades funcionaban perfectamente las rentas con diferentes nombres e introducir el ingreso mínimo vital, que a nosotros nos parecía una cosa positiva, ha causado trastornos en la forma de llevarlo a cabo. Y
también me ha chocado -supongo que será por esos celos entre ministerios- que no es una competencia del ministerio que usted dirige, ya que le corresponde al Ministerio de Seguridad Social, pero entiendo que eso forma parte de esas cosas que tienen
entre ustedes cuando hablan de estas cuestiones.
En cuanto a la dependencia, sería fundamental y deseable que durante este año no pase como en el año pasado, que más de cincuenta mil personas murieron en España esperando a que les llegara la carta diciendo que tenían derecho a la
dependencia. Ese es un problema fundamental. Ya sé que me puede decir que es competencia de las comunidades autónomas, pero, lógicamente, el Gobierno de España tiene mucho que decir al respecto y nosotros creemos que eso no puede volver a ocurrir.
Se habla de un incremento económico importante -ya veremos cómo llega a las personas-, pero, independientemente de que se pueda cambiar, yo creo que, más que cambiarse, se debería complementar el sistema. Habría que hacer las dos cosas, residencias
y atención domiciliaria. Nos parece positiva la atención domiciliaria, por supuesto, siempre que tenga la cantidad económica suficiente para llevarla a cabo, dentro de que estén los dos sistemas, y eso no es una excusa para no visitar ni una sola
residencia de ancianos. Se pueden visitar residencias, aunque se esté pensando en otro modelo. No pasa nada por apoyar explícitamente a todas las personas que trabajan en esas residencias y a las que son atendidas en ellas. Creo que no es
incompatible decir que se va a potenciar ahora en las familias, en los hogares, para que la persona no tenga que salir de su hogar con, como digo, visitar las residencias.
Haciendo referencia al tema de los menores, queremos saber si tiene previsto el ministerio abrir alguna investigación, tanto en Baleares como en Valencia, donde los Gobiernos autonómicos se han negado a hacerlo, en relación con esos casos de
tratamiento de menores que estaban a su cuidado. Es muy importante que intervenga el ministerio. Si en este caso las comunidades no quieren
investigar algo que es evidente, y que yo creo que es bastante escandaloso, el ministerio, dentro de sus competencias, podría tomar la iniciativa e investigar esos casos. Nos gustaría saber si tienen previsto hacer algo al respecto.
En cuanto a la vivienda, estamos en lo mismo. Más que una intervención para los que estamos en la oposición, ha sido contra el Partido Socialista, pero ellos sabrán. El pulso ha sido con el Partido Socialista: que sepan ustedes -y lo voy
a decir en comparecencia parlamentaria, ante el Congreso- que nosotros seguimos con nuestra ley adelante, con el tema de que los desahucios se puedan fomentar. Vamos a seguir fomentando los desahucios, queremos limitar el alquiler, y a ver si el
Partido Socialista mueve ficha, y si no mueve ficha, no se preocupen, que traeremos la ley al Congreso para que el resto de grupos se definan. Nosotros, evidentemente, estamos a favor de la libertad y de la propiedad privada. Creemos que no se
pueden fomentar los desahucios, y por lo que se refiere a limitar los alquileres, en otros lugares en que se ha hecho ha fracasado estrepitosamente. Por tanto, ya saben por dónde vamos. A partir de ahí, espero que al aprobar esa ley, como le decía
antes, no se incida en las competencias de las comunidades. Hay mucho riesgo en muchas de las leyes que se aprueban de ir en contra de las competencias que tienen las comunidades.
En cuestiones de discapacidad, ya veremos cómo evoluciona el asunto. Hay mucho trabajo por hacer. En su conjunto, tanto en discapacidad como en otras cosas, no sé las reuniones que han mantenido con el tercer sector, pero creo que durante
un año el ministerio se ha reunido bastante poco con el mismo, o eso es lo que trasladan ellos.
El señor PRESIDENTE: Se le ha terminado el tiempo.
El señor GARCÍA ADANERO: Pues, no me alargo más.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, Mertxe Aizpurua.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidente.
Gracias por sus explicaciones, ministra, y enhorabuena por el nombramiento. Le deseo toda la suerte del mundo ante el reto que tiene por delante, porque es un reto importante. Este ministerio abarca temas que afectan directamente a la vida
cotidiana de la toda la ciudadanía y trata cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible en su concepto más amplio. Es una cuestión compleja y que a la vez se sustenta en un concepto sencillo que discrepa bastante de lo que ha dicho el señor
García Adanero hace un momento, ya que, al menos en nuestra opinión, se trata de garantizar que el crecimiento económico favorezca un modelo que dé resultados equitativos para toda la gente y, especialmente, para quienes se sitúan en condiciones más
desfavorables. Esa es la forma de hacer políticas sociales que creemos que debe implementarse.
Además, es cierto también, como decía el señor García Adanero, que muchas de las materias que se gestionan desde su ministerio están transferidas a nuestras comunidades autónomas -en mi caso, a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la
Navarra-, pero también aquí nuestro enfoque es diferente. Naturalmente, exigimos respeto a las competencias propias -siempre lo hacemos-, pero esto no nos lleva ni nos va a llevar a sustraernos de la necesidad de implicarnos también desde nuestra
formación en estas cuestiones, porque las líneas maestras que se cruzan en su ministerio tocan cuestiones de derechos y también todo aquello que debería ser de justicia social. Por eso son tan importantes estas líneas transversales, y por eso es
tan importante que la coordinación dé lugar a un programa de sostenibilidad a todos los niveles que conduzca a la mejora de la vida de toda la ciudadanía; de ahí su importancia y de ahí también nuestra implicación.
Por eso, me alegra escucharla hablar de la economía de cuidados de la que tanto se habló al inicio de la pandemia y que, sin embargo, parecía que había quedado relegada a un segundo plano. Me alegro de que la traiga otra vez a primera
línea, y también otra serie de temas, como el Plan de Choque en Dependencia que ha explicado. Me alegro también de que haya comentado que están trabajando en el proyecto para prohibir por ley los desnudos integrales a los menores. Dentro de la ley
de infancia también nosotros habíamos hecho enmiendas que no fueron aprobadas al final en ese terreno, y nos parece importante y nos parece bien.
Yo le voy a plantear dos cuestiones. Una es precisamente sobre la ley de infancia que la próxima semana entra en trámite en el Senado y que, tal y como dijimos, tiene lagunas pero también tiene muchos puntos buenos; entre otros muchos,
están las medidas de formación a todos los colectivos que trabajan con la infancia. Sin embargo, esta y otras medidas que contiene esta ley requieren fondos, fondos de gran importancia y seguramente en gran cantidad. Muchas veces -demasiadas- se
aprueban normas y luego la inversión se retrasa. Es lo que suele ocurrir habitualmente y sería lamentable que aquí también ocurriera. Entonces, en este tema concreto, ¿qué perspectivas tienen respecto a eso? También quiero mencionar una cuestión
que queda pendiente en la ley -no sé cómo quedará después del Senado, pero supongo que no cambiará en este punto- y que, sin embargo, es un tema que nos preocupa. Se trata de los desahucios y las alternativas habitacionales que deberían tener los
menores. Eso no se resuelve con esta ley, tal y como está redactada.
El segundo tema también tiene relación con la vivienda, y se refiere a la ley de vivienda. No se han registrado grandes avances en los últimos meses, y querría saber si estima que va a haber un acuerdo de gobierno al respecto y si se
incluirá la regulación de los alquileres; algo que, por otra parte, recuerdo que es un acuerdo de gobierno. Aprovecho también para recordar que en diez años los precios de los alquileres han subido, en proporción, treinta veces más que los
salarios. Hay planteamientos diferentes dentro del Gobierno; no descubro nada nuevo, lo sabemos todos. En nuestra opinión, las deducciones fiscales propuestas por el ministro Ábalos son en realidad incentivos a los propietarios con los que
siempre ganan los mismos, siempre gana la banca y los fondos buitre. Este planteamiento de deducciones fiscales creemos además que no garantizaría el abaratamiento del alquiler y, como digo, solo beneficiaría a los grandes tenedores y a la banca.
Valoramos los esfuerzos que usted está haciendo por conseguir otra línea de actuación, y que la ley de vivienda responda a las necesidades a las que debe responder, pero, visto el desencuentro que al parecer hay en el Gobierno a este respecto,
querría saber si puede comprometerse a que la ley de vivienda que se plantee se atenga a estos principios, y que no se asiente en esa opción de las deducciones fiscales.
Estas dos preguntas son las que querría plantearle. Evidentemente, el campo es muy amplio, pero solo quiero desearle que las líneas de actuación que ha esbozado se traduzcan en políticas reales y concretas a la mayor brevedad posible,
porque la gran mayoría de los problemas que se tienen que abordar desde su ministerio son de una urgencia más que evidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), su portavoz, el señor Íñigo Barandiaran. Cuando quiera.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, señora ministra, zorionak por su nombramiento y también por su pronta comparecencia en esta Comisión. Dicho esto, quiero empezar a valorar algunas de las cuestiones que usted ha señalado en su intervención, empezando por el
enfoque. Ha dicho que la actividad de su ministerio va a estar dirigida a dos actuaciones de forma preferente: por una parte, el rescate del sistema de dependencia y, por otra, la transformación del modelo de cuidados. Creemos que son dos ámbitos
en los que específicamente existe ya actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra y, de alguna manera, partimos de hechos concretos. Por tanto, la valoración no puede ser en vacío, no puede ser como la
proyección de unas políticas a futuro allí donde no ha existido hasta ahora ningún tipo de intervención. Le hago esta reflexión de inicio porque, tanto el señor García Adanero como la señora Aizpurua, han señalado que la actividad de su ministerio
-y esa es la primera cuestión de la que debemos ser conscientes- se dirige sobre todo a materias en las que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas son competentes o, de alguna manera, tienen una capacidad de intervención sustantiva a nivel
de ejecución que condiciona la implementación de esas políticas.
Pues bien, a partir de aquí me gustaría hacerle algunas reflexiones sobre su intervención, no solo porque haya hecho referencia a cuestiones que son competencias de las comunidades autónomas, sino porque también le ha dado un determinado
sesgo a algunas de las medidas con el que le digo con todo respeto que creemos que no ha acertado, al menos para ser coherente o congruente. En primer lugar, dice que hay determinadas normativas que hay que cambiar, pero se le ha hecho la
afirmación de que ya hay modelos diferenciados e implantados que están funcionando bien. Hay también una cuestión de importancia a la que se ha hecho referencia anteriormente y en la que creemos que es importante incidir. Por una parte, parece que
tiene intención de promover la economía que gira en torno al sector de la
tercera edad -la economía plateada o silver economy-, y así lo ha señalado en su intervención, pero, por otra parte, me parece que existe una cierta incoherencia con otra afirmación que ha hecho al inicio en el sentido de señalar que la
economía de esa actividad debe salir del ámbito privado. Creo que literalmente ha dicho que los cuidados tienen que salir del ámbito privado. ¿Cómo pretende cohonestar esta posibilidad si no tiene participación también el ámbito privado en el
desarrollo de esa economía plateada?
Entrando ya en las materias concretas e incluso en las actitudes políticas a las que ha hecho referencia, aunque por otros motivos, simplemente quiero recordarle que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) votó en contra de la ley de
protección a la infancia frente a la violencia por motivos diferentes y muy distintos a los que otro grupo ha señalado. Debo precisar esa diferencia porque no es lo mismo votar de una forma por motivos competenciales, ya que entendemos que esta y
otras leyes incurren en vicios que no son admisibles, que hacerlo por otros criterios que nosotros no compartimos. Tampoco compartimos el sesgo de la ley de protección a la infancia, cuyo contenido compartimos en nuestro proyecto de ley en el
ámbito del País Vasco.
Otra cuestión que después ha pasado usted a mencionar son las ayudas que se van a dirigir a la transformación en el ámbito de los cuidados ligándolas a los fondos de Resiliencia. Ha afirmado que van a ser 3600 millones, de los que 730 van a
ser dirigidos a las comunidades autónomas. Además, están ya repartidos de alguna manera; en la comisión interterritorial se han señalado ya las cuantías incluso que van a recibir. Sin embargo, no tenemos nada claro los criterios en función de los
cuales se ha repartido. Esa es una cuestión que ha justificado la abstención de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el reparto de esos fondos y sería bueno que la ministra lo precisara de alguna manera. Pero no solo eso, sino que la incógnita
que se plantea después del reparto de este primer año es qué va a pasar con esas políticas a futuro, qué va a pasar con los fondos de resiliencia y los criterios de distribución a futuro porque, claro, si se implementan políticas concretas sin saber
cómo van a ser financiadas, se corre el riesgo de revertirlas en inútiles, por decirlo de alguna manera.
Hay otras cuestiones a las que ha hecho referencia, como la vivienda. Vuelvo a recordarle que la mayor parte de competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas, y nos da miedo que vuelva a hacer lo mismo que ha hecho
con los fondos de resiliencia, y es reservarse para el Estado determinadas cuantías de financiación sin dirigirlas al ámbito de las comunidades autónomas, pretendiendo implementar sobre ese título competencial determinada actividad que el Estado no
tiene hoy en día y que justificaría de alguna manera esos fondos, que pudieran intervenir a futuro restando competencia o actividad a las comunidades autónomas. Eso es algo que no nos gustaría.
Hay una última cuestión que le quiero señalar. Cuando ha hecho referencia a las políticas de discapacidad y a las prestaciones garantizadas, con sinceridad, me ha dado cierto miedo porque me estaba pareciendo que hacía referencia a una
uniformización de modelos allí donde las situaciones son absolutamente diferentes, entendiendo que no solo se pretende la garantía de una cartera básica, sino la intervención de la definición de unos derechos que a nivel colectivo pueden ser
exigibles en muchos aspectos y en muchos territorios, pero que son garantizados ya de hecho en muchas comunidades autónomas. Esas cuestiones no nos han parecido aceptables.
Sustancialmente, creemos que las intenciones que le guían son reconocibles y acertadas, y compartidas en una buena parte. Creemos que las medidas en gran parte están implementadas ya en las comunidades autónomas. En todo caso, en Euskadi y
en Navarra lo están en buena medida. Tenemos miedo a que la implementación a través de financiación por parte del Estado pretenda desdibujar de alguna manera el rasgo competencial que actualmente dibujan la Constitución española y los estatutos de
autonomía. Por supuesto, en ese camino nos podemos encontrar en lo que va a suponer la garantía de derechos de los ciudadanos, no en la transformación de modelos económicos a partir de determinados sesgos ideológicos, pero sí en los caminos que
supongan garantizar a los ciudadanos derechos básicos que ya están regulados y reconocidos en la legislación propia de Euskadi y de Navarra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Sara Giménez. Cuando quiera.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, gracias por su rápida comparecencia y enhorabuena por su nombramiento. Inicio mi intervención dándole las gracias también por su primera intervención, en la que ha dejado clara la importancia de la creación de una
subcomisión específica a favor de la situación del antigitanismo, la
situación del pueblo gitano, dado que, como en otras comparecencias anteriores hemos hablado en esta Comisión, hay unas brechas de desigualdad que queremos analizar y cuya erradicación queremos impulsar. Igualmente, en esa situación de
antigitanismo tenemos que implicarnos muchísimo más como sociedad. Así que adelanto las ganas de trabajar y de impulsar todo lo que es la política de igualdad con la propia comunidad gitana.
En relación con la intervención que ha realizado, me parece importante todo el abordaje que nos ha hecho del acuerdo en relación con el pacto de Estado por los cuidados. Este pacto incluye la creación de trescientos mil empleos de calidad
dentro del sistema de cuidados. Dentro de este rediseño y la potenciación que tiene que haber en el trabajo con las propias comunidades autónomas, a mí también me gustaría conocer con algo más de precisión cuál es el abordaje que se tiene de todos
esos empleos que actualmente existen en el ámbito de los cuidados, que son muy feminizados y en los que hay una situación de precariedad laboral que ha atravesado -como hemos visto justo ahora por la pandemia- la vida de muchos profesionales en este
ámbito de trabajo y principalmente de muchas mujeres que se dedican a esta parcela de trabajo. Me gustaría conocer su opinión y sus propuestas al respecto. Igualmente, quisiera saber cuál es el plan de trabajo y en relación con el plan de
dependencia y la propuesta que nos ha realizado, si tienen algunos datos concretos en relación con la reducción de las listas de espera que se tiene previsto realizar sobre las transferencias en el marco del Plan de Choque en Dependencia y cómo se
van a agilizar. Se habla de quitar burocratización; nosotros también reclamamos muchísimo que se elimine la burocracia, dado que, como anteriormente se ha dicho, muchísimas personas, lamentablemente, han fallecido sin poder ejecutar el derecho que
tenían reconocido. Le agradecería que nos hable un poco de las mejoras que va a haber en las listas esperas y de las mejoras en los servicios y en las prestaciones; de si hay un calendario específico de trabajo en el que vayamos viendo un poco
cuál es el cronograma de esta modificación del propio sistema de cuidados. Dice que se va a potenciar este sistema de cuidados y nosotros estamos conformes con que aquellos que se quieran quedar en casa lo puedan hacer, pero me gustaría, dentro de
la implicación del propio trabajo, que nos informara de cuál va a ser el proceso, el calendario más específico.
Por otra parte, quisiéramos saber qué propuestas piensa realizar en el ámbito rural. Dentro de lo que es el choque a la dependencia, quisiera saber qué medidas específicas tienen contempladas para aquellas personas que viven en el entorno
rural. De la misma forma, nos gustaría conocer cuándo tienen previsto que se presente la regulación del asistente personal y se aborde la modificación de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar en relación con esta materia.
Ha hablado del ingreso mínimo vital. En nuestro grupo parlamentario consideramos que es un gran músculo social que las personas en situación de mayor pobreza y exclusión puedan contar con unos ingresos concretos. Hemos sido críticos sobre
que no está teniendo la respuesta o la llegada necesaria. Bien por el exceso de burocratización o bien porque el entramado no ha estado totalmente coordinado, a fecha actual debería haber llegado a 850 000 hogares y, como bien conoce, se ha llegado
a 203 000 hogares, concretamente a más de 500 000 personas. Por tanto, nos gustaría saber hacia dónde debemos caminar para que realmente este derecho llegue a los más vulnerables. Nosotros ya reclamamos en determinados momentos que el exceso de
burocracia justo para personas que no están acostumbradas al trámite administrativo nos parece contradictorio, porque son personas sin hogar, personas pobres, personas que no tienen acceso a la informática y a determinados medios de comunicación
digital que se necesitan para el trámite. El propio tercer sector nos ha puesto en conocimiento las trabas y los problemas que se encontraban los usuarios y participantes de sus programas para obtener el reconocimiento. Por nuestra parte me
gustaría saber cuál es su opinión, si no cree que deberíamos avanzar en ello considerando que aquellas personas que reciben las rentas mínimas de inserción en las comunidades autónomas deberían tener un reconocimiento directo del ingreso mínimo
vital. Aunque los requisitos no son exactamente los mismos, lo hemos repetido en varias ocasiones, hay una situación de pobreza acreditada de una manera objetiva. ¿No desbloquearía esa condición, siendo el fin último que se llegue a personas en
situación de pobreza?
Por otro lado, también me gustaría avanzar que llevamos más de un año hablando de ingreso mínimo vital. Como no está despegando administrativamente, no estamos hablando de otra de las finalidades esenciales del ingreso mínimo vital, que es
el trabajo de los itinerarios inclusivos. Los beneficiarios del ingreso mínimo vital tienen que estar introduciéndose ya en los itinerarios de inclusión sociolaboral, de inclusión socioeducativa, en aquellos itinerarios que, según el perfil, las
personas necesiten para salir realmente de las situaciones de pobreza. ¿Qué entramado o qué coordinación van a establecer? Sé que
está el trabajo interterritorial, pero de esto todavía no estamos hablando y creo que ya es el momento de dar el salto a hablar de los propios itinerarios. Igualmente, han anunciado determinadas mejoras; por nuestra parte nos congratulamos
de que una de las medidas que nosotros proponíamos, que se reconociese el ingreso mínimo vital a menores extutelados, se haya reconocido -creo que en la última comparecencia del Comisionado para la pobreza infantil nos informó de ello-, igual que se
van a ampliar los umbrales de renta. Son propuestas con las que nosotros estamos de acuerdo. Pero me gustaría saber cuál es su opinión en relación con recuperar esa prestación por hijo a cargo que el ingreso mínimo vital ha eliminado, porque
consideramos que para potenciar la natalidad y para abordar la pobreza infantil esa prestación no debe desaparecer. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Me gustaría igualmente hablarle de algunos sectores que en muchas ocasiones creo que son los sectores olvidados. Hablamos de situación de exclusión, de sectores que se encuentran en situación de pobreza. Durante esta pandemia...
El señor PRESIDENTE: Se le ha terminado el tiempo.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Simplemente voy a hablar de esta cuestión.
Durante esta pandemia he puesto de manifiesto la situación de las empleadas de hogar, de los vendedores ambulantes y de los feriantes; son personas en sectores muy vulnerables y que considero que se han abordado de una manera inadecuada.
Como se ha terminado el tiempo, ya no continuo con mi intervención haciéndole más preguntas. Simplemente, quiero agradecerle su participación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Plural, el señor Genís Boadella. Cuando quiera.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Mi agradecimiento también a la señora ministra por esta comparecencia voluntaria ante la Comisión para exponer los planes del ministerio.
Ustedes hacen este tipo de comparecencias y yo le tengo que confesar que -esto no debe pasar en los grupos grandes, supongo que debe pasar en los pequeños- cuando le escucho a usted, cuando escuchaba al señor Iglesias en su momento y cuando
escucho a la ministra Yolanda Díaz veo que hay una serie de temas que van saliendo en todas las comparecencias de los diferentes ministros, y es el trabajo hecho, pero hace tiempo. El famoso escudo social es de marzo de 2020, en plena pandemia,
igual que la cuestión de los ERTE, igual que la cuestión de la moratoria de las hipotecas y la suspensión de los desahucios. Yo reconozco que esto se ha hecho, pero uno ve que se van contando en todos los foros las mismas cosas que se han realizado
o que incluso no son competencia del ministerio por el que se comparece. En uno de estos puntos usted sacaba aquí la reforma del Código Civil y de la legislación en materia de discapacidad que se tramitó en el ámbito del Ministerio de Justicia y de
la Comisión de Justicia, y que celebramos enormemente, que quede claro. De hecho, una de las cuestiones que quiero plantear en el ámbito de esta Comisión -esta Comisión lleva por título Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad-
es aquel refrán de que el árbol a veces tapa el bosque. Creo que, a raíz de este enfoque que hacen ustedes en los derechos sociales, el bosque nos tapa un árbol muy importante en esta Comisión: las políticas en materia de discapacidad.
Normalmente, aquí explican poco; explicaba poco el señor Iglesias en su momento y explica poco usted en este ámbito, porque lo otro acaba tapando un pilar muy importante de nuestro Estado del bienestar.
En esta Comisión hemos aprobado proposiciones no de ley para que se ayudara a los centros especiales de trabajo, que tuvieron unos sobrecostes brutales en EPI derivados de la pandemia y que tienen todavía unos sobrecostes cuando se sube el
salario mínimo -una política que podemos discutir si es buena, si es mala o si está bien hecha o deja de estarlo-, lo que genera unas consecuencias inmediatas en los centros especiales de trabajo y en los salarios que asumen. Lamento que estos
temas a veces queden muy desaparecidos en estas comparecencias y por eso se los planteo directamente.
Me gustaría también que pudiera hacernos una valoración sobre la estabilidad del Gobierno, en la medida en que usted forma parte del Consejo de Ministros y del pacto de coalición, especialmente en estas cuestiones que usted planteaba. En
cuanto al ingreso mínimo vital, los diputados estamos pendientes de que se abra el plazo de enmiendas para que inicie su tramitación parlamentaria como
proyecto de ley y pueda tener las mejoras que podamos aportar los grupos parlamentarios. Una de las mejoras a plantear -ha salido anteriormente- es que el ingreso mínimo vital supone la eliminación de la prestación por hijo a cargo. Si
esto se mira en conjunto, en global y todo implantado, puede ser una solución, pero cuando no funciona en conjunto es evidente que la pérdida de esta prestación supone también la pérdida de ingresos para muchas familias.
Usted hablaba también de la ley estatal de vivienda, que lleva dos meses de retraso en relación con el acuerdo, pero uno aquí también acaba encontrando que existe un doble rasero. Resulta que nos preocupa mucho la ley estatal de vivienda,
que lleva dos meses de retraso en salir adelante, pero la ley de diversidad familiar que usted ha anunciado hoy la anunció también el señor Pablo Iglesias el 13 de febrero de 2020 en su comparecencia. Por tanto, ya ha pasado un año desde ese
anuncio revolucionario de la ley de diversidad familiar. Lo digo porque esto ha servido de excusa para parar otras iniciativas en el Pleno que abordaban muchos temas que podía plantear esta ley de diversidad familiar. No digo que me oponga, digo
que normalmente, bajo el pretexto de que va a salir la ley de diversidad familiar, se paran otras iniciativas. Este anuncio no era muy novedoso porque, como le decía, ya se hizo el 13 de febrero de 2020 por su predecesor.
En el ámbito de la dependencia, estoy totalmente de acuerdo en que el plan de choque hace falta, es necesario. Nosotros también pondríamos un plan de choque por todos los años perdidos en esta famosa Ley de Dependencia que tenía que ir
cofinanciada por el Estado y las comunidades autónomas. Yo reconozco que en los presupuestos del Estado aumenta de forma importante la aportación que hace el Estado a las comunidades autónomas después de que no se hubiera hecho en muchos años, pero
ya hace mucho tiempo que lleva sin producirse la realidad de la asunción por el Estado y por las comunidades autónomas por partes iguales. El plan de choque tiene que ir, a mi modo de ver, en dos líneas: una, cómo se consigue esta paridad por
parte del Estado y de las comunidades autónomas y, dos, cómo se repara lo que ha sucedido en todos los años anteriores. En este ámbito de las comunidades autónomas el ministerio que usted dirige tiene muchos puntos de conexión con las competencias
de las comunidades autónomas, con las competencias de los ayuntamientos, ya que la mayor parte de los servicios sociales están en los ayuntamientos. Por tanto, me gustaría saber cómo piensa coordinar todas esas actuaciones, todo este ámbito de
trabajo del Ministerio de Derechos Sociales que pisa, que compite o que acaba no ejerciendo una buena coordinación sino una igualación con las competencias de las comunidades autónomas.
Y, finalmente, para terminar y que así el presidente no me dé un toque con el tiempo -lo digo con todo el cariño-, la cuestión de los fondos europeos. Va un poco vinculado también al reparto del 0,7 del IRPF y del impuesto sobre sociedades.
Nosotros vimos que con el Real Decreto-ley 33/2020 se asignaban 26,5 millones de euros con el 0,7 % del impuesto sobre sociedades. Aquello se adjudicó por real decreto-ley, por parte del Estado. El 0,7 en materia de IRPF se reparte con las
comunidades. ¿Se plantea el ministerio que en este 0,7 del impuesto sobre sociedades también puedan participar las comunidades autónomas? Porque si esto va así, si el ministerio se dedica a repartir a base de real decreto-ley entre las entidades
que él considera, miedo me da el reparto de los fondos europeos. También nos gustaría que nos pudiera dar alguna explicación en relación con los contratos que se han publicado de 104 000 euros para buscar un servicio de difusión y gestión de la
convocatoria de estos fondos o de 120 000 euros para el diseño y ejecución de un vídeo sobre la Agenda 2030.
Acaban aquí mis siete minutos justos.
El señor PRESIDENTE: Pues se le ha terminado el tiempo. (Risas.)
El señor BOADELLA ESTEVE: Lo he clavado, presidente, lo he clavado.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Republicano, su portavoz, Norma Pujol.
La señora PUJOL I FARRÉ: Moltes gràcies, president. Bon dia.
En primer lugar, ministra, quiero felicitarla por su reciente nombramiento como ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Le deseo inspiración y suerte, que al final va a ser la suerte de todas. Asimismo, quiero agradecerle que haya
comparecido con tanta celeridad en esta Comisión y, como no podía ser de otra forma, agradecerle sus explicaciones de las líneas principales de trabajo, que son unas líneas que, grosso modo, a nuestro grupo parlamentario nos suenan bien.
Nos encontramos ahora mismo en un escenario de plena crisis social y económica en la que hemos visto, vemos y veremos, lamentablemente, sufrir a muchas personas, a muchas familias, ya sea por la pérdida de seres queridos, por
hospitalizaciones, por pérdidas de trabajo o por no cobrar a tiempo o no cobrar prestaciones tan importantes como los ERTE o como las prestaciones de maternidad, paternidad y discapacidad. En esta situación de crisis que comentaba es más importante
que nunca proteger y cuidar a las personas más vulnerables. Usted ha hablado del ingreso mínimo vital, una medida importante para hacer frente a las desigualdades y a las altas tasas de pobreza en el conjunto del Estado, pero usted también sabe que
en Cataluña la consellera Dolors Bassa, ahora en prisión por sus ideas políticas, lideró la puesta en marcha de la renda garantida de ciutadania. Creemos en la compatibilidad y complementariedad de las dos prestaciones, así como en un acceso
armonizado a las dos para evitar que las personas que necesitan estas prestaciones tengan que duplicar instancias, duplicar resoluciones y duplicar documentación, situaciones que lo único que hacen al final es perjudicar a las personas que realmente
lo necesitan. Es decir, necesitamos facilitar el acceso y, asimismo, hacer posible una ventana única sin costes de gestión para la ciudadanía. O lo que es lo mismo, facilitar la vida a la gente en lugar de complicársela aún más.
Por eso necesitamos unos mecanismos de coordinación que sean ágiles y eficaces entre el Estado y las comunidades autónomas, para evitar la incompatibilidad. Necesitamos también un convenio de gestión y lo venimos reclamando desde hace
tiempo. Sabemos que están en conversaciones con el Gobierno de la Generalitat, pero es imprescindible para evitar una invasión de competencias. Yo le quiero preguntar, señora ministra, cuándo se va a firmar este convenio. Aun conociendo que las
competencias no son propias del ministerio que lidera, pero afecta directamente a los derechos sociales de las personas, le pregunto: ¿tienen pensado que los jóvenes de menos de veintitrés años puedan acogerse a la prestación? ¿Y las personas con
discapacidad o las personas migradas en situación irregular? ¿Y a partir de cuándo?
Por otra parte, una petición concreta y expresa. Consideramos los servicios sociales como la cuarta pata o el cuarto pilar del Estado del bienestar; unos servicios sociales que garantizan el cuidado y el apoyo profesional a todas las
personas a lo largo de toda su vida, en el seno de las relaciones familiares y comunitarias durante todo el ciclo vital. Más allá del estado de alarma que hemos vivido, creemos que el personal social debería considerarse personal esencial para
siempre. ¿Qué opina sobre esto, señora ministra?
Y ahora voy a hablarle también de otros temas que son recurrentes y que salen cuando hablamos de la relación entre el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas y, concretamente, le hablaré de Cataluña. Lo ha comentado ya mi compañero
Genís Boadella. Cuando hablamos de la Ley de Dependencia, a la que usted ha hecho referencia -y celebramos que haya mucho más dinero para esta ley-, tenemos un grave problema, y es que la ley habla de cofinanciación y en este momento la
cofinanciación no existe. El Estado no llega ni al 15 % de la aportación; es más, concretamente llega al 12 %. Yo creo que esto es totalmente insuficiente por ley, pero, sobre todo, por ética. Voy a poner un ejemplo concreto. En el año 2019 la
Generalitat invirtió 542 millones de euros de más, llegando a invertir 3448 millones de euros, el presupuesto más alto de la historia. Es un incumplimiento flagrante y, por eso, yo le pregunto: ¿cuándo lo va a arreglar el Estado? Y, ¿qué hacemos
con la deuda monumental acumulada con Cataluña durante todos estos años, que suma nada más y nada menos que un total de 3649 millones de euros hasta 2019?
Asimismo, quiero recordarle un tema muy importante también para nosotros, el traspaso efectivo del 0,7 % del IRPF. Porque los criterios de reparto vinculados al modelo actual del IRPF están hechos en clave estatal y, en muchos casos,
dificultan el ajuste con la realidad de cada una de las comunidades autónomas, tanto que Cataluña recauda el 25 % de todo el Estado, mientras que las entidades de Cataluña que lo necesitan solo reciben el 14 %. Cada año se ha incrementado la
recaptación estatal. Por ejemplo, en 2020 un 7,16 % más que en 2019, pero, a pesar de este incremento, hay un desequilibrio que es sistémico entre comunidades a la hora de beneficiarse de ello, y, para más inri, hay territorios que nunca reciben
incremento. Por todo esto, nosotros pedimos que siempre se hagan públicos los datos correspondientes al número de personas que han marcado la casilla correspondiente cada año y desglosado por comunidades autónomas, así como también el importe
recaudado cada año por cada territorio, por una cuestión nada más y nada menos que de transparencia.
También quería hablarle -usted lo ha comentado- de la emergencia habitacional que tenemos en este momento, que es innegable. Como probablemente sabrá, la Generalitat de Catalunya ya consiguió la aprobación de medidas para la defensa del
derecho a la vivienda, y le podría hablar de diferentes
decretos, pero ahora mismo por el tiempo no se los puedo nombrar. Pero sí quiero hacerle unas preguntas que van relacionadas con la ley catalana. Si el Gobierno del Estado va a aprobar una legislación tan ambiciosa como la catalana para la
protección del derecho a la vivienda -usted ha dicho que sí, que está en marcha esta ley de la vivienda-, ¿se va a producir antes de que acabe este año, por lo menos? Y tan importante como la anterior: ¿nos puede garantizar que la Administración
General del Estado va a respetar las competencias propias de la Generalitat en materia de vivienda, que está desarrollando legislativamente en aplicación del derecho civil propio?
El señor PRESIDENTE: Se le ha terminado el tiempo.
La señora PUJOL I FARRÉ: Gracias, presidente.
Luego, en la réplica, tendré tiempo. Así que mejor lo dejo aquí, ministra.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem entiendo que van a intervenir dos portavoces que se reparten el tiempo. En primer lugar, su portavoz Pilar Garrido.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.
Bienvenida, ministra. Cómo no, quiero felicitarle por su nombramiento y desearle suerte, porque sé que el esfuerzo lo va a poner y, por lo tanto, va a seguir trabajando como ha estado trabajando hasta ahora.
Estamos en un momento muy complicado, estamos en un momento en el que a este Gobierno de coalición le ha pillado la mayor pandemia y la mayor crisis que hemos conocido, por lo menos en la historia reciente. También es verdad que nuestro
Estado del bienestar -lo sabemos- tiene ciertas carencias y problemas estructurales que, además, se han ido agravando con la crisis. Pero lo que nos importa en el aquí y ahora -de ahí esta primera pregunta- es cómo estamos saliendo de esta crisis,
cómo estamos afrontando las urgencias. Está claro que no estamos saliendo de esta crisis protegiendo a la banca o a las élites económicas, sino que lo estamos haciendo -tal y como ha explicado la ministra- desplegando un escudo social para proteger
a las mayorías sociales. No voy a detenerme en la enumeración de las medidas, que son conocidas por todos y por todas. También se ha puesto en marcha ese Plan de Choque en Dependencia para mejorar algunas prestaciones. Sé que hay un elenco amplio
de medidas y yo quiero hacer hincapié y destacar dos medidas importantes. La primera es la intención de reducir la lista de espera. Hay miles de personas que tenían reconocidas las prestaciones, pero han muerto antes de que esas prestaciones se
hagan efectivas. También quiero recordar que esto es el producto de políticas austericidas que han ido reduciendo la inversión en dependencia en la última década. De ahí la importancia de aumentar, como ya se está haciendo, esas inversiones para
reducir la lista de espera. También quiero hacer hincapié en un tema que es fundamental, y es cuidar de nuestras cuidadoras, es decir, tenemos que prestar especial atención a esas personas que se dedican a cuidar a nuestros mayores y a cuidar a las
personas en situación de dependencia para que puedan desempeñar con dignidad su trabajo. Muy acertadas esas dos cuestiones.
Respecto a cambios más estructurales, yo avanzaría algunos de ellos que me parecen fundamentales y que ya se han citado. Los fondos europeos, que se han aprobado hace muy poquito en el Consejo de Ministros, van destinados a hacer cambios de
calado. Yo me detendría en la transformación del modelo residencial. Hemos visto no diría las grietas, sino los agujeros negros que tiene el modelo residencial. Vuelvo a recordar, porque me parece importante aprender del pasado, que si ha pasado
eso es por cómo se ha gestionado y porque se ha privatizado nuestro modelo residencial. Porque actualmente -y Madrid es un ejemplo- son los fondos de inversión los que se dedican a gestionar con ánimo de lucro esas residencias, que se convierten en
macrocentros donde aparcamos a nuestros mayores. Pues bien, eso es lo que este ministerio quiere cambiar y de ahí también su importancia. Hay ya textos legislativos muy importantes. Podemos hablar del ingreso mínimo vital, de ese nuevo derecho.
Aquí también quiero poner encima de la mesa que es un primer paso y, por lo tanto, van a tener que ser las comunidades autónomas -que tienen competencias, como se ha dicho aquí, muy muy importantes- las que complementen adecuadamente en sus
diferentes territorios ese ingreso mínimo vital, que solo es la base para que realmente se pueda proteger al máximo número de personas que se encuentran en una situación de pobreza extrema. me referiría, cómo no, a la Ley de infancia. Creo que a
la ministra le ha emocionado particularmente la aprobación de este texto.
Además, es verdad que nos sitúa en un paradigma distinto y, por lo tanto, con orgullo podemos decir que, a partir de ahora, vamos a estar situados dentro de esos estándares internacionales de calidad en los que tenemos que estar para
proteger a nuestros niños y a nuestras niñas.
No puedo dejar de referirme a la ley de vivienda. Es una ley en la que somos copartícipes con otro ministerio, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ya que, si no hay vivienda, si no disfrutamos de un techo, difícilmente
podremos disfrutar de todos esos derechos que llamamos derechos sociales. Va a ser la primera ley que regule el mercado inmobiliario en el Estado español y que ponga el acento en el hecho fundamental y es que la vivienda no es una mercancía, no es
un activo para especular, sino que es un bien de primera necesidad y, por lo tanto, tiene que estar sujeto a determinadas condiciones. En definitiva, cuidaremos del parque público, regularemos los alquileres y atenderemos las recomendaciones del
comité DESC para que no haya desahucios sin alternativa habitacional.
Todo este repaso muy rápido nos lleva -y acabo con ello- a una reflexión, que tiene que ver con dos visiones de cómo podemos construir nuestro país y nuestro futuro. Una, que trabaja para fortalecer las condiciones materiales, sin las
cuales -insisto- no se puede hablar de democracia, no se puede hablar de libertad real y de libertad efectiva; representa esa España de derechos, de servicios públicos para todos y para todas, representa un proyecto también de convivencia entre
diferentes que pone valor en la diversidad y en la pluralidad. Y frente a eso, tenemos la otra España, la otra forma de construir país y de construir futuro, la de esas personas o esos partidos que se envuelven en banderas, que son de insulto
fácil, que ponen cortinas de humo siempre para despistar -porque parece que les importan poco las condiciones de la vida normal-, que hablan de libertad pero es una libertad ficticia, que confunde libertad con privilegios y que, por lo tanto, creo
que no es la España del futuro. La España del futuro espero que sea y siga siendo la que representa el ministerio construyendo, como digo, esa España de servicios públicos de calidad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Les queda un minuto de su tiempo y habían dicho que había dos portavoces.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.
Gracias, ministra. Yo, simplemente, quiero decir que para valorar el esfuerzo que está haciendo este ministerio en el ámbito de la discapacidad hay que hacer memoria. Venimos de años de maltrato institucional a estas personas, años de
recortes sistemáticos del Partido Popular: demolición de la Ley de dependencia, copagos abusivos, recortes de prestaciones y recursos, eliminación de las cotizaciones de cuidadoras en el ámbito familiar, incompatibilidad de prestaciones. Venimos
de políticas nefastas en relación con las residencias, muchas de ellas en manos de fondos buitre, como se ha dicho, que hacen negocio con la vida de las personas.
La pandemia que llegó recién constituido este Gobierno -hay que recordarlo- encontró a nuestro país en una situación lamentable en cuanto a recursos para atender a estas personas. Además, las residencias de personas mayores o de
discapacidad, cuya gestión está en manos de las comunidades autónomas, han padecido en algunos casos la nefasta gestión de los Gobiernos autonómicos, como aquí en la Comunidad de Madrid, donde se negaba el derecho a trasladar a los hospitales a las
personas en residencias afectadas de COVID. Y en el acuerdo de Gobierno ya se recogían compromisos claros en todo este ámbito y esta pandemia ha reforzado esas prioridades. Este ministerio ha impulsado medidas largamente demandadas por
profesionales, colectivos y personas afectadas. El enorme aumento de inversión en la dependencia con el plan de choque revirtiendo recortes del señor Rajoy de 2012...
El señor PRESIDENTE: Se ha terminado el tiempo de su grupo.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Muy bien. Igual al final puedo decir alguna palabra.
Mucha suerte y muchas gracias por el trabajo realizado, sin duda continuará el esfuerzo realizado por el señor Iglesias con la misma determinación. Gracias y suerte.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Reyes Romero.
La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Belarra, en nombre de mi grupo parlamentario, VOX, y también en nombre de los 4 millones de españoles que nos han votado, le pido que retire las graves acusaciones que nos profirió el pasado domingo llamándonos nazis, y se lo pido por
el bien común y en aras de la convivencia pacífica de todos
los españoles, porque esas manifestaciones, además de crear crispación, son del todo impropias de una ministra del Gobierno de España.
Señora Belarra, cuando un miembro del Gobierno comparece por primera vez ante una Comisión como esta, lo normal y lógico sería que estuviéramos expectantes por ver las líneas de actuación de su política. Sin embargo, en su caso tenemos,
desgraciadamente, muy pocas dudas al respecto, toda vez que es usted militante de un partido que presume de ser comunista, comunista nada más y nada menos en la Europa del siglo XXI. Creemos que es un disparate ideológico que cuesta trabajo creer
en el resto del continente.
Además, es usted heredera de un personaje, cuyo paso por la vicepresidencia de nuestro país se ha caracterizado por dos cuestiones. Primero, por una pasividad en lo que respecta a su desempeño como ministro, y segundo, por una continua
agresividad verbal contra quienes consideran ustedes sus enemigos. De modo que se ha mostrado usted como una digna heredera en ese aspecto, ya que ha empezado con la misma táctica que su predecesor y es la de actuar poco y hablar mucho, siempre en
un sentido acusador culpando a los demás de ser responsables de los ataques conscientes a los derechos sociales y así ya le ha faltado a usted tiempo para, además de llamarnos nazis, acusar a la Iglesia católica de haber sido cómplice de los abusos
sexuales contra los niños. (Rumores.) Tendría mucha más credibilidad si su partido fuera un poquito más contundente con respecto a las niñas de los centros de menores en Mallorca, porque esas tienen nombres y apellidos concretos, y ustedes no
tienen el menor deseo de investigarlo.
Tampoco vamos a descubrir ahora la raíz anticlerical de la izquierda española, aunque nos congratulamos de que ya no se dediquen ustedes como en los siglos XIX y XX a quemar iglesias, asesinar frailes y monjas e incluso menores de edad
seminaristas, que por lo visto esos no eran sus niños. (Rumores.) Hay que reconocer que sus ataques ahora son un poco más civilizados hasta el punto de que incluso leen o dicen que leen las encíclicas del papa Francisco. Les animaría a que sigan
por ese camino y así a lo mejor descubren lo equivocados que están en sus planteamientos iniciales con respecto a la religión católica. Y les recuerdo que la religión católica, además de ser la mayoritaria en España, es un pilar fundamental de la
civilización occidental y fundamental también en la atención de los más desfavorecidos, como estamos viendo en los comedores sociales en estos momentos. Señora ministra, mal empieza usted su labor como tal, porque en esta crisis tan tremenda en la
que se encuentra España va a necesitar de toda su energía para trabajar con hechos en lo que es de su competencia, en vez de crispar a la sociedad llamando nazis a la tercera fuerza política de España junto a sus 4 millones de votantes.
Con independencia de que reconozcan su responsabilidad o no en la gestión de la crisis del COVID, la pandemia plantea un escenario nunca visto en tiempos recientes con un paro desbocado, los comedores sociales están ya saturados y en
nuestras ciudades existen verdaderas colas del hambre, colas a las que lamentablemente se han apuntado personas que jamás se habrían imaginado en esa situación. Este deterioro del empleo tiene repercusiones en todos los índices significativos de la
salud social: pobreza infantil, deterioro de los servicios sanitarios y educativos, soledad de los ancianos y la infravivienda. En esta cuestión nos gustaría que nos aclarara, si hemos oído bien, nos ha parecido escucharle, que van a dedicar 980
millones a la aplicación de tecnología. Porque, si es así, nosotros creemos que sería más necesario invertir ese dinero en promover la construcción de viviendas sociales en vez de animar a la ocupación de viviendas vacías, que seguro que tienen
dueño, y también dedicarlo para la Ley de dependencia, porque, como bien han dicho, han fallecido 50 000 solicitantes antes de recibir estas ayudas. Estos son los hechos y este es el escenario en el que tiene usted que demostrar la utilidad de su
cargo.
En VOX podemos compartir con usted la idea de que los poderes públicos no pueden permanecer insensibles ante el deterioro de las condiciones de vida de tantos españoles pertenecientes a las clases más desfavorecidas. Medidas como las del
ingreso mínimo vital, los ERTE y las ayudas directas a sectores vulnerables se tienen que seguir aplicando al menos durante un tiempo para garantizar que serán unas condiciones básicas de vida. Pero estas ayudas deben ser extraordinarias y
puntuales porque los españoles lo que quieren es trabajar para tener salarios dignos y no una limosna perpetua. Y no nos engañemos, el déficit público que tiene España alcanzó el 11 % del PIB en 2020, el más alto de la zona euro. Esto no puede
mantenerse y ampliarse indefinidamente, porque forma usted parte de un Gobierno que está manteniendo un gasto político improductivo absolutamente descomunal, gasto que descansa sobre las costillas de los españoles, estos españoles que durante muchas
décadas han trabajado contribuyendo al bien común y ahora tienen menos derechos sociales, sanitarios y asistenciales que otras personas llegadas ilegalmente a nuestro país. Eso sí que es un ataque desconsiderado a los derechos sociales del pueblo
español.
En VOX hemos dicho muchas veces que la mejor política social es la que promueve el pleno empleo y la que permite que los ciudadanos vivan sin depender del Estado. Hablan ustedes a menudo del derecho constitucional a la vivienda, agarrándose
a una interpretación inexacta del artículo 47 de la Constitución española, pero jamás les oímos hablar del artículo 35, que reconoce el derecho al trabajo. Su empeño es malinterpretar el artículo 47 de la Constitución, que bien podría ser
equilibrado con una lectura pareja del artículo 35. Porque díganme cómo debemos calificar un sistema laboral que condena al paro estructural a millones de españoles, incluso en situación de bonanza económica. Para revertir esta situación
antisocial que lleva años instalada en España, con el beneplácito de los sindicatos subvencionados, ni están ustedes ni se les espera.
Señora Belarra, el modelo de derechos sociales que pretenden ustedes los comunistas para nuestro país es el propio de países arruinados e insostenibles: más intervención pública, más gasto, más impuestos y más regulaciones. Esto nos lleva,
irremediablemente, a las situaciones que se dan en Cuba, Nicaragua, Venezuela o Argentina (rumores), y no sé yo si los españoles se quieren ver en esa situación.
A nosotros tampoco se nos ha olvidado la lamentable gestión realizada por el señor Pablo Iglesias con respecto a las residencias de ancianos. Al final, la única medida tomada en materia legislativa fue la de promover la Ley de eutanasia.
¿Esa es la respuesta que le dan ustedes al envejecimiento de la población española? Quiero decirle, además, que no sean ustedes tan crédulos como para pensar que Europa nos va a financiar eternamente sin garantías...
El señor PRESIDENTE: Ya lleva siete minutos.
La señora ROMERO VILCHES: ... de que estamos en condiciones de devolver los préstamos.
Termino, señora Belarra, anunciándole una oposición frontal, pero constructiva, como ya le dijimos en la primera y casi única comparecencia del anterior ministro, el señor Pablo Iglesias. No dudaremos en apoyar medidas concretas que alivien
a los sectores más desfavorecidos de una España cada vez más empobrecida, pero vamos a denunciar sin complejos todo intento de crear redes clientelares o de hipotecar el futuro de nuestra nación desmantelando el tejido productivo. Ahí, señora
Belarra, sí que nos van a encontrar ustedes enfrente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Popular, su portavoz Margarita Prohens.
La señora PROHENS RIGO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, bienvenida al Congreso de los Diputados. Me alegro de que haya comparecido y espero que esta sea la nueva tónica habitual y que suponga un punto inflexión con relación al poco respeto que
tenía su antecesor por esta Comisión. Me explico. De las doce comparecencias que había solicitado solo el Grupo Parlamentario Popular, diez se quedaron sin atender. No le interesó venir a este Congreso a hablar de fondos europeos, de la situación
de los jóvenes, de la pobreza o del Imserso, entre otros temas. Nada de esto le importaba a un vicepresidente más preocupado por su propia carrera hacia la dirección del Estado o, lo que para él es lo mismo, el control de todos los organismos del
Estado para su agenda ideológica. Por eso también mostró un nulo respeto hacia los menesteres que se le habían encomendado como titular de esta cartera. Espero, y se lo digo sinceramente, que usted se lo tome más en serio y que su llegada al
ministerio suponga también un punto de inflexión con lo hecho hasta ahora o, mejor dicho, con lo no hecho hasta ahora. Esperamos que usted atienda, sin más dilación, la grave crisis social que nos acecha, la más grave de los países de nuestro
entorno, y es que en todo este escenario hemos tenido un ministro de Derechos Sociales desaparecido. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular se alegra de que se haya marchado y espera que usted pueda llenar este vacío, un vacío con las entidades
sociales, a las que no han atendido; con el tercer sector. al que han olvidado; con representantes de las personas con discapacidad, que no cabían en su agenda; con las residencias, que no han visitado; con los mayores, a los que han
abandonado; con una generación de jóvenes, a los que han condenado; con unos dependientes, que no han priorizado, y con unas familias, a las que han recortado. Esta es la foto de la realidad de su ministerio, la foto que se acompaña con las
crecientes llamadas colas del hambre, muestra palpable de que ni de la propaganda se come y de que su escudo social ni era escudo ni era social. A usted quizá le parecerá injusto que yo
le hable de todo esto en su primera comparecencia, pero es que a usted le entregaron una cartera de ministra con una herencia de la que usted también es corresponsable, ya que formaba parte del equipo de su antecesor. Por eso, hoy debería
hacer usted una enmienda a la totalidad a la agenda y a la política social que se ha hecho hasta ahora.
Vayamos a los hechos. Empecemos por las residencias de personas mayores. Más de treinta mil personas han fallecido en este país sin que su ministerio se haya dignado a poner un pie en ellas. El 19 de marzo asumieron el mando único de las
residencias, y solo días antes, el 5 de marzo, instaban a todas las residencias de España a tratar la COVID-19 como si se tratara de una gripe, con un protocolo de su ministerio. Las patronales de la dependencia han dicho claramente que ni siquiera
han pisado una residencia, a las que ni siquiera las han recibido, más aún, han criminalizado a todo un sector. Incluso la ministra de Defensa ha tenido que desmentir al señor Iglesias sobre quién se ha preocupado de las residencias, antes y ahora.
Podemos hablar también de la dependencia. Han fallecido 55 487 personas en las listas de espera, 152 personas al día. Su presupuesto es insuficiente; el mismo sector dice que su presupuesto es una mera declaración de intenciones. ¿Y qué
pasa con la ILP sobre dependencia, que está paralizada en este Congreso? ¿Qué piensan hacer con ella? ¿Va a seguir paralizada? ¿No están de acuerdo con lo que propone esta ILP? Podemos hablar también de las colas del hambre, de la pobreza
severa. Según el informe de Intermón Oxfam, la pobreza severa podría aumentar en casi 800 000 personas en España y llegar a los 5,1 millones. El Observatorio de la realidad social, de Cáritas, dice que 258 000 personas acompañadas por Cáritas
viven en hogares que no cuentan con ningún ingreso económico. Según Save the Children, 2,1 millones de niños y niñas, un 26,8 % de los menores en España, sufren actualmente pobreza y exclusión. ¿Y qué han hecho ustedes, señora ministra? Votar en
contra -mejor dicho, vetar- de una enmienda del Partido Popular que pedía destinar 71 millones del aumento de altos cargos a combatir la pobreza infantil. ¿A qué gente dice usted proteger? También podemos hablar de la pobreza moderada o de cómo en
España ha nacido ya una nueva pobreza. Mientras subían gastos superfluos, ustedes han recortado la protección familiar en 183 millones de euros respecto al presupuesto de 2018; han eliminado la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con
discapacidad inferior al 33 %, y han dejado desasistidas a muchas familias que se encuentran en situación de pobreza moderada y que no acceden al ingreso mínimo vital.
Podemos hablar de personas con discapacidad y de que los datos de la tasa Arope indican que es de 32,5 %, es decir, una de cada tres personas con discapacidad está en el paro, diez puntos por encima de las personas sin discapacidad, mientras
ustedes votan en contra de la propuesta del Partido Popular para el fomento del contrato de formación y aprendizaje para las personas con discapacidad. O podemos hablar -usted hoy lo ha comentado- de accesibilidad universal. ¿Por qué, si creen en
la accesibilidad universal, han presentado enmiendas a la totalidad de la ley de accesibilidad cognitiva que se está tramitando en este Congreso? ¿Cuál es el problema con la accesibilidad cognitiva? ¿Por qué no creen en ella, señora ministra?
Podemos hablar también de la pobreza energética, de como con ustedes no se tenía que subir el precio de la luz y este se ha incrementado en un 30 % durante la peor ola de frío de este invierno, mientras amenazaban a las familias numerosas con
quitarles el bono social. Podemos hablar del ingreso mínimo vital, que tenía que ser el escudo social. Solamente se ha reconocido a 200 000 hogares de las 1,2 millones de solicitudes presentadas. No está listo, señora ministra. Usted hoy ha
dicho que ya está listo, pero llevamos más de un año esperando la tramitación de la ley del ingreso mínimo vital en este Congreso, porque son incapaces de ponerse de acuerdo entre ustedes y cerrar el plazo de enmiendas.
Podemos hablar también del tercer sector. Ustedes han reducido drásticamente los presupuestos destinados al tercer sector. La recaudación del 0,7 del IRPF, evidentemente, ha caído, y va a caer más a consecuencia de la crisis económica.
Respecto al 0,7 del impuesto de sociedades, que era una propuesta del Partido Popular -curiosamente, se le ha olvidado decirlo- y que impulsó y que aprobó el Gobierno del Partido Popular, la primera vez que les ha tocado repartirlo lo han hecho mal,
enfadando a todos, porque ustedes les habían comunicado a las entidades que sería por concurrencia competitiva y, al final, fue a dedo, metiendo en este reparto a entidades que nada tenían que ver con el tercer sector de acción social, que tan mal
lo estaban pasando y que tantos gastos habían tenido que afrontar precisamente a consecuencia de la COVID.
El señor PRESIDENTE: Se le ha terminado el tiempo.
La señora PROHENS RIGO: Acabo ya.
Por eso, yo le pregunto, señora ministra -ya seguiré en la réplica-, si piensan ustedes dar apoyo a la proposición de ley del Partido Popular para incrementar el 0,7 del IRPF al 1 %. Esta es una medida efectiva que piden las entidades, y
esperamos encontrar todo su apoyo.
Señora ministra, dijo el señor Iglesias en su toma de posesión que esperaba que usted pudiera hacerlo mejor. Voy a obviar el carácter paternalista y la soberbia que entraña esta frase...
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.
La señora PROHENS RIGO: Señora ministra, yo no sé si usted lo va a hacer mejor o peor, el tiempo dirá, lo que sí le puedo asegurar es que usted tiene la oportunidad de trabajar más que él. Esto se lo ha puesto fácil.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Luis Carlos Sahuquillo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Bienvenida, señora ministra, a su casa, enhorabuena por su nombramiento y gracias por las explicaciones que hoy nos ha dado.
A propósito de la celebración de esta Comisión, he revisado la primera comparecencia sobre las líneas generales de su antecesor, en febrero del año pasado, y en ese momento detalló las líneas estratégicas que configuraban y configuran la
hoja de ruta del Gobierno de España en materia de derechos sociales y discapacidad para esta legislatura, una agenda social prefijada, marcada y con compromiso, fruto del acuerdo de Gobierno entre su partido y el nuestro. En esta agenda se ha
trabajado y avanzado durante algo más de un año de Gobierno, trabajo que ha continuado de manera complementaria a las importantes medidas urgentes de carácter social y económico que el Gobierno de España ha desplegado durante este año tan difícil
que estamos viviendo por la pandemia. Y no es triunfalismo, son hechos. Porque a esta crisis social y económica, derivada de una crisis sanitaria sin precedentes, se tuvo que responder con un Estado del bienestar debilitado tras muchos años de
recortes. Y la respuesta de este Gobierno, como saben, ha sido bien distinta a las recetas económicas que planteó el Partido Popular. El escudo social que se ha construido y desarrollado contiene medidas de tipo laboral, de igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, de vivienda, de crédito, de alivio impositivo y sostenimiento de actividad económica y de apoyo a los colectivos más vulnerables, unas medidas que no tienen precedentes en España en términos de protección social frente a una
crisis económica.
Una de las lecciones para muchos que deja esta pandemia es la importancia de contar con un Estado del bienestar fuerte y con servicios públicos bien financiados, de los que los socialistas siempre hemos sido conscientes y que siempre hemos
defendido. En aquella comparecencia del pasado año coincidíamos en la importancia de dotarse de unos Presupuestos Generales del Estado que permitiesen impulsar la recuperación económica y reforzar el Estado del bienestar, para ganar en cohesión
social y garantizar los derechos sociales de toda la ciudadanía.
Pues bien, señorías, hoy ya contamos con esos presupuestos, que muestran que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la hoja de ruta para salir de esta crisis. Hemos tenido unos presupuestos que han recogido más recursos
económicos y los compromisos que el Gobierno tenía en sus programas electorales, como recuperar la aportación de las cuotas de la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales -que el Partido Popular eliminó-; reforzar la financiación de los
servicios sociales, incrementando la financiación, por ejemplo -con usted ha dicho-, del plan concertado y de políticas de apoyo a las familias y a la infancia, con el objetivo, entre otros, de combatir la pobreza infantil en nuestro país, que, como
saben, constituye una prioridad importantísima para este Gobierno y también para nuestro grupo parlamentario.
En este sentido, hemos trabajado con el resto de grupos parlamentarios en el reciente proyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que era otro de los objetivos establecidos en la
agenda de este Gobierno. Por eso no quiero perder la oportunidad de mostrar el total rechazo de mi grupo ante las falsedades que VOX lanza contra los menores migrantes no acompañados. Su discurso de odio alimenta el racismo hacia los más
vulnerables, que, como hemos visto estos días, no puede ser admitido en una sociedad democrática como la nuestra. Como decía, estos presupuestos son una apuesta política clara por devolver al sistema para la autonomía y atención a la
dependencia la financiación y la dignidad con la que fue diseñado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Este es otro de los grandes objetivos que este Gobierno se marcó y que está cumpliendo, señora ministra, porque el
plan de choque para el impulso del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, acordado con las comunidades autónomas y ratificado por la mesa de diálogo social, necesitaba en primer lugar de un esfuerzo presupuestario que revierta los
recortes del Gobierno del Partido Popular que inició allá por el año 2012.
Este plan es mucho más ambicioso en términos de refuerzo y mejora del sistema, para reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes, mejorar las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan
en el sistema, reconociendo la teleasistencia como un derecho subjetivo, regulando la figura del asistente personal, mejorando la calidad de los servicios y de los centros del sistema, especialmente de los residenciales, entre otras muchas medidas.
Señorías, la derecha ve estas medidas y no contempla que, junto al éxito de la vacunación en las residencias y en las personas mayores de ochenta años, el Gobierno muestra su fuerte compromiso con la protección de las personas mayores y de
las personas dependientes. Cada vez que vuelvo a escuchar lo del mando único del 19 de marzo, solo hay que ver el decreto que se firmó, que dice todo lo contrario, y el exministro y exvicepresidente lo ha explicado aquí en varias ocasiones, pero
hay que seguir enredando para intentar desprestigiar. Fruto de ese plan de choque, señora ministra, ya se han distribuido entre las comunidades autónomas 283 millones de euros para financiar el nivel acordado; sí, ese nivel que suprimió Rajoy en
2012 y que podrían suponer 2266 millones de euros en ocho años de presupuestos, por ejemplo. Veo el reparto y veo que la comunidad andaluza va a recibir 53,5 millones de euros, es decir, 428 millones de euros ha perdido el actual presidente
andaluz, que fue quien decidió con Rajoy suprimir el nivel acordado. Fíjense qué incongruencia.
Este camino que trazan los presupuestos se continúa a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno acaba de presentar y que va a guiar la ejecución de los fondos europeos, inspirado en la Agenda 2030 y en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas con el fin de que nuestro país gane en cohesión social y territorial y que sea más inclusivo. Fondos europeos que parecen molestar especialmente a sus señorías del Grupo Popular, tanto que han
votado en contra. Fondos que van a permitir dar un impulso definitivo a la modernización y el refuerzo de los servicios sociales, que ponen el foco en el modelo de cuidados de larga duración, promoviendo el modelo de atención centrada en la persona
y el desarrollo de servicios comunitarios y de atención domiciliaria, que se han demostrado imprescindibles para ofrecer la mejor atención a las personas mayores y a las personas dependientes. Fondos como los 731 millones de euros que va a
distribuir el próximo viernes el Gobierno de España entre las comunidades autónomas para la Ley de Dependencia. Fondos que permiten desarrollar las leyes marco de servicios sociales y la ley de diversidad familiar, que forman parte también de la
agenda del Gobierno que antes mencionaba. Fondos que van a permitir avanzar en materia de accesibilidad universal -como decía la ministra- en todos los ámbitos, también en la accesibilidad cognitiva, dando cumplimiento a nuestra legislación y a la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son avances que se unen, en materia de discapacidad, a la aprobación de la ley de esterilización no consentida y a la aprobación del proyecto de ley por la que reforma la legislación
civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica...
El señor PRESIDENTE: Se le ha terminado el tiempo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Termino, presidente, termino.
Me reafirmo en que este Gobierno está trabajando y cumpliendo con su agenda en materia de derechos sociales y de discapacidad y, como dije hace un año en esta Comisión, seguimos trabajando todos juntos.
Para finalizar, señora ministra, dicen que los consejos están para no darlos, pero yo, en el cariño que le tengo, le daré un consejo: no entre en las provocaciones y en las insidias de la derecha faltona que tanto le profieren; no merece
la pena. Usted forma parte de un Gobierno, junto con el PSOE, que estamos para resolver los problemas de los ciudadanos. En el ruido, ahí con ellos, siempre perdemos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra para contestar, aclarar y para puntualizar todo lo que se ha expuesto por parte de los diferentes portavoces, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Cuando quiera.
La señora MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Belarra Urteaga): Muy amable, presidente.
En primer lugar, quería agradecerles a todos el tono de sus intervenciones. Creo que ha sido un debate muy constructivo y he tomado buena nota de las aportaciones que han realizado porque creo que tienen mucha importancia.
Al representante del Grupo Mixto, el señor Adanero, yo le diría que efectivamente siempre se ha hecho política social en España, unas veces, bien y otras, mal. Y precisamente el periodo histórico del que veníamos no era uno en el que se
hubiera realizado una política social de la que creo que podamos sacar pecho. Muy al contrario -y lo digo con todo el dolor de mi corazón-, creo que la gestión que se hizo de la crisis de 2012 revela el fracaso como proyecto político del Gobierno
del Partido Popular, porque efectivamente se llevaron a cabo los recortes más graves en los servicios públicos, en un momento en el que además la ciudadanía de nuestro país necesitaba de esos servicios públicos igual que los ha necesitado a lo largo
de este año de pandemia. Así que tengo que decirle que creo que nuestra política social sí es diametralmente opuesta a la que se había hecho hasta ahora y creo que hemos puesto el foco precisamente en hacer una política social ambiciosa, que ponga
en el centro a las personas y que trate de no dejar a nadie atrás, demostrando que se puede gestionar una crisis económica sin utilizarla como una herramienta para la imposición de políticas neoliberales, que se han demostrado abiertamente
fracasadas. Me planteaba usted, al mismo tiempo que defendía la política social previamente realizada, que la Ley de dependencia había estado infrafinanciada, y yo no puedo más que compartirlo. Si ha escuchado mi primera intervención, es parte de
lo que he tratado de resaltar, que precisamente la Ley de dependencia, que todo el mundo reconoce como un avance social de primer nivel para el refuerzo del Estado del bienestar en nuestro país, por esa infrafinanciación, no ha llegado en las
condiciones que debería al conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Precisamente por eso, una de las primeras medidas más importantes que hemos desplegado como ministerio ha sido ese plan de choque en dependencia, con 600 millones de euros que
revierten en un solo año los recortes que realizó el Partido Popular. Creo que es una declaración de intenciones, de que vamos en serio y de que precisamente este Gobierno se toma muy en serio la política social, que es uno de sus ejes centrales, y
de que vamos a utilizar los fondos europeos para avanzar en esa transición social que nos permita cerrar la brecha de desigualdad, que es la brecha más profunda y más dolorosa que tiene nuestro país.
Es más interesante debatir con usted cuando plantea sus propias ideas y no tira de argumentario, como en el caso de las menores de Baleares. Creo que lo hemos repetido en muchísimas ocasiones: no se puede hacer política con un tema tan
sensible, que además no es un tema exclusivamente de Baleares, sino que es un tema que se reproduce en muchas otras comunidades autónomas. Nosotros hemos hecho nuestra aparte, hemos tramitado urgentemente la Ley contra la violencia hacia la
infancia y hemos puesto en marcha los mecanismos y las herramientas que nos permiten luchar contra una lacra, que es la de la violencia hacia la infancia, que nos preocupa a todos. De hecho, lo he dicho también en mi primera intervención, creo que
uno de los grandes éxitos de la Ley integral contra la violencia hacia la infancia es precisamente haber sido tramitada con un respaldo amplio por parte de los grupos parlamentarios.
También quería contestarle a una cuestión que planteaba. No sé con qué parte del tercer sector habla usted, pero, desde luego, el equipo de la Vicepresidencia social, en el que me incluyo, tanto la secretaría de Estado como las direcciones
generales no es que se han reunido una ni dos veces con el tercer sector, es que han sido decenas de veces las que han tenido reuniones y un contacto estrecho, precisamente porque nos tomamos en serio la financiación del tercer sector. Esta
respuesta la han planteado varios portavoces y lo repetiré después, pero creo que es importante decirlo: se ha aumentado la financiación del tercer sector como nunca antes, de una manera muy muy reseñable, con 59 millones de euros en conjunto y con
19 millones de euros específicamente destinados al tercer sector estatal.
A la portavoz de Bildu, la señora Aizpurua, le agradezco mucho su intervención. Comparto con usted que otros temas más mediáticos han opacado de alguna manera ese debate, que sí que está en la calle y que es de enorme importancia, sobre la
economía de los cuidados. Precisamente los cuidados, por haber pertenecido siempre al ámbito de lo privado, han recaído fuertemente sobre los hombros de las mujeres, y así lo creemos en este ministerio. Hemos trabajado conjuntamente con el
Ministerio de Igualdad y con el Ministerio de Inclusión, porque creíamos que era necesario que hubiera una corresponsabilidad clara por parte de las instituciones públicas en esos cuidados y que no tuvieran que recaer una y otra vez sobre los
hombros de las mujeres. Ese es el planteamiento básico del plan de choque en dependencia y también del plan estratégico que planteamos para los fondos europeos, esa reactivación de la economía
de los cuidados. Me alegra que compartamos ese enfoque, porque creo que va más allá de signos políticos hacer planteamientos y políticas feministas que sean ambiciosas y que realmente protejan a las mujeres en su desigualdad laboral y
familiar, que es una de las más evidentes.
Me planteaba usted dos cuestiones que creo que tienen mucha relevancia. La primera es la financiación de la Ley de infancia. Precisamente, parte del trabajo que ya habíamos hecho antes de traer ese proyecto de ley a esta Cámara era
asegurarnos de que iba a tener la financiación adecuada. La MAIN, la memoria de la ley, recogía ya 79 millones de euros, que es, de acuerdo a los análisis que realizan los equipos del ministerio, la cantidad que permitiría desplegar a lo largo del
próximo año la ley en todas sus posibilidades, en todos sus mecanismos y capacidades. Ese es el objetivo que nos marcamos para el próximo año. Evidentemente, no se podía presupuestar para este ejercicio una ley que todavía no estaba aprobada, pero
desde luego es compromiso de esta ministra que la ley -porque si no las leyes son papel mojado- esté adecuadamente financiada, y vamos a dotarla de recursos suficientes, como, por otra parte, ya estaba recogido en esa memoria y está previsto por
parte del Gobierno de coalición.
Me planteaba también una cuestión que, como sabe, ha sido motivo de preocupación para el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, que es la prohibición de la posibilidad de que se realicen desahucios sin alternativa habitacional a los menores
de edad. Esta es una recomendación de Naciones Unidas y creo que tiene que ser motivo de consenso. No hemos estado de acuerdo sobre cuál era el mejor mecanismo para incorporar esto legislativamente, pero, efectivamente, esta tiene que ser una de
las cuestiones que, si no es a través de la Ley de infancia, tiene que estar recogida en la ley de vivienda, porque implica básicamente cumplir con las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas que todos compartimos y que todos
respetamos.
Al representante del PNV, al señor Barandiaran, le quería hacer una reflexión sobre cuál es mi planteamiento a la hora de abordar el trabajo del ministerio, el trabajo normativo que realizamos y también el trabajo de financiación. Nosotras
no vamos a hacer un planteamiento de enfrentamiento, vamos a hacer un planteamiento de colaboración. Las que no me conocen, me conocerán con el paso del tiempo y sabrán que yo tengo una altísima estima y una altísima valoración de los sistemas de
protección social que han desarrollado tanto la CAV como la Comunidad Foral de Navarra, porque las conozco de primera mano y soy consciente de que hay muchos avances que ya se han realizado tanto en Navarra como en Euskadi. Nosotros no vamos a
construir ningún sistema de protección social en oposición a lugares donde ya se han realizado avances que, por otra parte, nos parecen referentes y nos parecen motivo de análisis y motivo de estudio precisamente para basarnos en ellos. Así que
quería transmitirle colaboración y quería transmitirle tranquilidad por nuestra parte, porque mi mano está tendida precisamente para que no haya ninguna discrepancia. Considero que el reparto competencial que existe en nuestro país no solo es una
cuestión de la que enorgullecernos, sino que además es uno de nuestros ejes básicos de construcción de convivencia, con lo cual, creo que el respeto a ese reparto competencial es básico para poder trabajar al menos en un ministerio como el que yo
desempeño. Como se ha esgrimido algunas veces como si fuera una crítica que las competencias están transferidas, el trabajo que tenemos que hacer desde el ministerio es precisamente un trabajo más difícil, más invisible, porque tenemos que tejer
por abajo y tejer acuerdos con las comunidades autónomas. Si lo hacemos bien, se tejen consensos muy amplios que son duraderos en el tiempo. Lo valoro de una manera positiva; no lo vivo como un ataque político, sino como algo muy positivo que
puede dar un avance en la protección social y en los derechos sociales de nuestro país por mucho tiempo. Lo estamos viendo con la reducción de las listas de espera. Es un acuerdo de más de sesenta medidas al que hemos llegado con las comunidades
autónomas y con las entidades locales que están representadas en el consejo interterritorial a través de la FEMP. Este es solo un ejemplo del estilo y de la forma de hacer política que creemos que hay que hacer, porque pensamos que, además, es lo
que cuida de la convivencia de nuestro país.
Esta es la respuesta general que quería dar tanto a las críticas que planteaba a la Ley de violencia, como a la ley marco de servicios sociales que era motivo de preocupación. Esa ley va a estar trabajada desde el primer minuto en
colaboración con los actores, que efectivamente son quienes luego la tienen que desarrollar. Creo que sería poco eficaz, además, hacerlo de otra manera.
Respondo ahora a la portavoz de Ciudadanos, a la señora Giménez. Quería destacar una vez más el valor que tiene la subcomisión del pacto de Estado contra el antigitanismo, porque es importante mandar un mensaje al conjunto de la ciudadanía
de que el antigitanismo es un problema estructural social de primer nivel, y este mensaje es relevante para poder abordar las causas estructurales de la exclusión del pueblo gitano en nuestro país. Realmente estoy muy interesada en conocer las
conclusiones que vais a
extraer de esa subcomisión, porque estoy segura de que nos van ayudar muchísimo a plantear las políticas públicas que tenemos que desarrollar desde el ministerio. Así lo voy a hacer.
Me ha hecho algunas preguntas muy concretas que voy a tratar de contestar con la máxima precisión. Me ha planteado cuáles son nuestros objetivos de reducción de las listas de espera, en línea con lo que me planteaba el señor Barandiaran.
Le informo de que se trata de un objetivo que tenemos que trabajar con las comunidades autónomas. Para este año, el objetivo, que espero que se apruebe en el consejo territorial de este viernes -lo tenemos bastante trabajado y será así-, es reducir
en 60 000 personas la lista de espera en el año 2021 y seguir trabajando en una reducción cada vez mayor de dichas listas en los próximos años 2022 y 2023. En la misma línea, las mejoras de los servicios y de las prestaciones, el aumento horario en
la atención domiciliaria, la atención en centros de día más cercanos a las personas y el aumento de las prestaciones, esa teleasistencia, se van a fijar también en un calendario en el consejo territorial para los años 2022 y 2023.
Aprovecho el guante que me lanza preguntándome por el ámbito rural, ya que creo que la inversión que vamos a hacer es especialmente relevante para abordar el reto demográfico y la deuda pendiente que tiene nuestro país con eso que se ha
llamado la España vaciada, pero que es nuestro medio rural, un territorio de nuestro país amplísimo, en el que viven personas que tienen que tener garantizados sus derechos, igual que las personas que viven en las ciudades. Precisamente, este
modelo de atención domiciliaria nos permite fijar puestos de trabajo en el territorio, fijar puestos de trabajo en pueblos, en ciudades pequeñas, que es muy importante. Eso nos permite luchar de manera eficaz contra el reto demográfico, siendo
además que estos puestos de trabajo no son deslocalizables, ya que, precisamente, la atención a la dependencia tiene esa característica, que no te la puedes llevar a otro país.
Ha planteado una cuestión que ha salido en varias ocasiones: la prestación por hijo a cargo. He resaltado en varias ocasiones que nosotros formamos parte de un Gobierno de coalición. Somos conscientes de que la prestación por hijo a
cargo, al menos desde este ministerio, sería una medida eficaz para luchar contra la pobreza infantil, siempre que estuviera adecuadamente desarrollada, no como existía hasta ahora, que era una cifra ridícula que además nos dejó en la situación
lamentable de ser el segundo país de la Unión Europea con el nivel de pobreza infantil más alto. Por tanto, le diría que sí, que vamos a trabajar con el Ministerio de inclusión, pues pensamos que esta es una buena medida, complementaria del ingreso
mínimo vital, pero esto tiene que ser parte del acuerdo en el seno del Gobierno, porque le vuelvo a insistir en que mi forma de funcionar, mi forma de trabajar es esta, llegando a acuerdos, trabajando conjuntamente. Lo trabajaremos con el
Ministerio de inclusión y se hará sobre la base del acuerdo en el seno del Gobierno, como no puede ser de otra manera, ya que este punto no está recogido en el acuerdo de Gobierno, que es una de las cosas que quería señalar.
Al portavoz del PDeCAT quiero decirle que me ha sorprendido un poco su intervención. Comenzaba usted señalando que de alguna manera relatábamos medidas que son de hace mucho tiempo. En realidad, no. El escudo social es un escudo que
todavía sigue vigente, que todavía es necesario para la gente de nuestro país, y precisamente por eso se ha estado prorrogando a lo largo de todos estos meses. Dentro de unas pocas semanas vamos a llevar a cabo una prórroga para que todas las
medidas, tanto la suspensión de los desahucios como la prohibición de los cortes de suministros y los apoyos a las personas que viven de alquiler, con quitas o reestructuraciones de la deuda, se extiendan hasta agosto, con lo cual no se trata de una
medida que aprobamos en marzo y que se quedó en marzo; muy al contrario, es una medida que ha estado protegiendo a la gente. Asumiré sin ningún problema las críticas que usted haga al escudo social: teníamos que haber ido más allá, esto fue
demasiado limitado... De acuerdo, pero no es una medida antigua, es una medida que sigue funcionando hoy, que vamos a prorrogar hoy y que va a llegar al menos hasta agosto, aunque es posible que necesitemos prorrogarla todavía más.
Quería usted que explicara un poco más las políticas en materia de discapacidad que va a llevar a cabo este ministerio. Yo creo que el trabajo que hemos hecho ha sido importante. Nos hemos tomado en serio las políticas de discapacidad con
hechos; no sé si tanto con palabras, pero desde luego con hechos que podemos traer hoy aquí. Sin lugar a dudas, de los tres ejes de nuestro proyecto de transformación para los fondos europeos, uno de ellos es precisamente el plan España accesible,
que tiene que trabajar -se van a destinar 158 millones de euros para ello- para hacer accesible la vida de las personas con discapacidad en todos los tipos de accesibilidad, tanto en la cognitiva como en el resto, pero también en todos los ámbitos
de la vida, en la relación de las personas con discapacidad con la Administración General del Estado, en el transporte, en sus puestos de trabajo, en la educación, con lo cual estamos poniendo una de las cosas que siempre más ha reclamado el sector,
que es financiación. Además, hemos
impulsado reformas normativas. Evidentemente, una reforma civil no la puede impulsar únicamente el Ministerio de derechos sociales. Trabajamos de la mano con el Ministerio de Justicia. Así ha sido y lo seguiremos haciendo, porque
precisamente contar con el Ministerio de Justicia es garantía de que vamos a hacer las cosas bien, con lo cual vamos a seguir haciéndolo. Hoy se anunciaba una muy buena noticia, y es que a partir de la próxima semana el director general de
Políticas de Discapacidad, una vez que podamos nombrarle, va a ser Jesús Martín, un referente del sector por todos conocido, que nos va a permitir dar un nuevo impulso a la dirección general. Va a ser muy interesante nutrirnos de su experiencia a
lo largo de estos años en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en el tercer sector. Me parece que íbamos bien y que vamos a ir mejor, la verdad.
Con respecto a la Ley de dependencia, insistía una vez más, como han hecho distintos portavoces -no me preocupa, sino que me parece importante señalarlo-, en la infrafinanciación de la ley. Le reitero el compromiso que expresaba en mi
primera intervención. No solo hemos puesto en marcha este plan de choque de 600 millones de euros que hemos aprobado para 2021, sino que además vamos a ir haciendo incrementos acumulativos que van a permitir que haya una inyección en el sistema de
atención a la dependencia de 3600 millones en los próximos tres años. Creo que es histórico, honestamente. Es una inversión de dinero para un ámbito clave que no tiene precedentes en nuestro país. Es verdad que la situación de la que partíamos
era muy mala, pero estamos haciendo lo posible y más que lo posible en este ámbito para que todas las personas en situación de dependencia reciban la atención que merecen, que es su derecho.
A la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya le agradezco profundamente su intervención. Comparto con usted que los distintos modelos de renta garantizada, de rentas mínimas que existen en nuestro país son perfectamente compatibles
con un ingreso mínimo vital que hagamos bien, y aquí quiero volver a insistir en lo que he dicho en mi primera intervención. El ingreso mínimo vital es la creación de un nuevo derecho social, que en circunstancias normales hubiera supuesto una
tramitación de varios años, en unos pocos meses para tratar de atender una situación de emergencia social. Creo que todos ustedes comparten esta situación -recibimos muchos votos a favor para sacarlo adelante porque todo el mundo compartió esta
visión- y ahora tenemos que mejorar esa gestión. Creo que esta es una cuestión que compartimos todos. La comparte el Ministerio de inclusión, la comparte este ministerio y la comparten los grupos parlamentarios, y me gustaría que acelerásemos el
paso para que cuanto antes podamos llevar a cabo la tramitación parlamentaria que nos permita establecer esas mejoras en las que, por otra parte, creo que estamos básicamente de acuerdo. Se trata de mejoras en la gestión administrativa y de poder
facilitar el acceso a determinados colectivos que lo tenían más difícil: los menores de edad extutelados, los jóvenes y las jóvenes, etcétera.
No me reitero para no alargarme mucho más, pero usted también planteaba la cuestión de la Ley de dependencia. Vuelvo a insistir en que la inversión que vamos a realizar a este respecto es histórica y eso revela el compromiso que tiene este
Gobierno con que las personas en situación de dependencia se vean bien atendidas. Y quiero dar las gracias también a las comunidades autónomas, que se tomaron en serio la atención a la dependencia. El Estado no estaba haciendo sus deberes y ellas
los hicieron en su lugar y no dejaron a las personas desatendidas, que es lo que había que hacer.
Respecto al reparto del 0,7, vuelvo a insistir en que podemos tener discusiones sobre los criterios de reparto, aunque seguro que eso vamos a ser capaces de irlo mejorando en el consejo territorial, donde estamos siempre abiertas al diálogo,
pero la inversión que se ha realizado a través del 0,7, tanto de IRPF como de sociedades, supone un aumento muy significativo de la inversión y de la financiación al tercer sector. Se ha dicho lo contrario y no es verdad. Se ha aumentado muy
ampliamente la financiación al tercer sector en 59 millones de euros y, concretamente, al tercer sector estatal en 19 millones de euros.
A la portavoz de Unidas Podemos le agradezco su intervención. La señora Garrido, para quienes no la conozcan, es una experta en políticas de vivienda, y he tomado buena nota de sus intervenciones, porque a buen seguro nos van a ser de
utilidad para la negociación de la ley de vivienda. No puedo más que compartir la necesidad de que nuestro país tenga cuanto antes un parque público de vivienda en alquiler que permita a todo el mundo, muy especialmente a nuestros y nuestras
jóvenes, desarrollar proyectos de vida autónomos. Es evidente, como no puede ser de otra manera, que la ley de vivienda tiene que cumplir con el acuerdo de gobierno. Esta es una evidencia y estoy convencida de que va a ser así. No me cabe en la
cabeza que no podamos llegar a un acuerdo. Estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo y de que ese acuerdo va a cumplir con el acuerdo de coalición que nos marcamos al principio de la legislatura. Muchísimas gracias por su intervención.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
La señora MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Belarra Urteaga): No, no he terminado. Perdón. Voy; es que son muchos grupos. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Adelante, adelante.
La señora MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Belarra Urteaga): A la portavoz del Grupo Parlamentario Popular le querría comentar varias cuestiones. Quiero volver a incidir en la cuestión del tercer sector. No es cierto que el
tercer sector haya recibido menos financiación. El tercer sector ha recibido una mayor financiación este año y, además, le anticipo ya que va a seguir aumentando la financiación también a lo largo de este año si las previsiones fiscales siguen como
hasta ahora. Se aumentaron 59 millones de euros en la financiación del tercer sector en el conjunto de nuestro país y 19 millones de euros han ido específicamente al tercer sector de acción social a nivel estatal.
Vuelve usted aquí a traer la cuestión de las residencias y a decir que era el mando único quien tomaba las decisiones sobre las residencias. Le iba a contestar, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y le iba a
leer una vez más la orden del Ministerio de Sanidad de 23 de marzo, en la que queda meridianamente claro no solo que las competencias de las residencias nunca salieron de las comunidades autónomas, sino que además lo que hizo el Gobierno del Estado
fue reforzar esas competencias para que las comunidades autónomas pudieran intervenir las residencias cuando la situación epidémica y asistencial lo aconsejara. Pero, honestamente, creo que usted no ha venido aquí a discutir sobre las residencias.
Usted ha venido aquí a seguir extendiendo un bulo y una mentira sobre la residencias, sobre el hecho de que era el Gobierno central quien tenía las competencias, cuando no es cierto. Creo que usted ha leído el BOE, porque no me creo que no se lo
haya leído. Estoy segura de que usted ha leído la orden ministerial y, precisamente porque usted ha venido aquí a seguir extendiendo un bulo -que, por otra parte, extienden los portavoces de la derecha y de la ultraderecha en todos los medios de
comunicación cuando tienen oportunidad-, le voy a pedir que tenga un poco más de respeto por esta Cámara y un poco más de respeto por los ciudadanos y ciudadanas que votan al Partido Popular y a los que no les parece normal que ustedes utilicen la
mentira como una herramienta política. La mentira no es una herramienta política legítima, y yo le pido honestamente y con total sinceridad que, por favor, dejen de extender bulos y mentiras, porque esa no es una forma de hacer política. Además,
creo que lo único que revela es que ustedes no tienen proyecto para nuestro país y que solo les queda tapar la mala gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid con este bulo y esta mentira. Por tanto, se lo pido de verdad.
Se mostraba usted también muy preocupada por la cuestión de la pobreza infantil. Vuelvo a insistir en que los datos del Gobierno del Partido Socialista en solitario, cuando tomó posesión, y los datos que ha tenido que afrontar este Gobierno
de coalición en pobreza infantil eran los segundos peores de la Unión Europea. Eso es consecuencia de la dejadez de las políticas del Partido Popular en materia de atención a la infancia. Efectivamente, como le he dicho a otros portavoces, vamos a
tener que seguir mejorando y sería muy buena idea complementar el ingreso mínimo vital con una prestación por hijo a cargo -aunque no esté en el acuerdo de gobierno, yo lo voy a proponer ex novo, porque me parece una nueva iniciativa-, pero creo que
es cínico por parte del Partido Popular plantear una cuestión que ustedes no fueron capaces de hacer y cuando nos dejaron uno de los peores datos en pobreza infantil del conjunto de la Unión Europea. No es legítimo, creo yo, venir a plantear
soluciones cuando ustedes cuando gobernaron no fueron capaces ni siquiera de aumentar un poco esa prestación por hijo a cargo -que, si no recuerdo mal, no llegaba a 25 euros al mes- para poder mejorar un poco la vida de la gente en una situación que
ustedes gestionaron y que también fue muy difícil, como fue la crisis de 2012.
Por último, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sahuquillo, le agradezco su intervención. Creo que usted no solo ha hecho planteamientos, sino que ha dado datos que avalan sus planteamientos. Quería recoger algunas de
esas ideas. Precisamente, hemos aumentado el plan concertado en su financiación, que es la principal herramienta que tiene el Estado para apoyar los servicios sociales y a las comunidades autónomas como nunca se había hecho antes. Yo quería
transmitirle que me parece que el Gobierno de coalición es una de las mejores experiencias que se ha producido en nuestro país. Colaborando y trabajando conjuntamente estamos siendo capaces de sacar adelante políticas públicas muy ambiciosas de
defensa de lo público. Además, como decía anteriormente, al principio de mi intervención, ha sido el sector público el que más y mejor ha cuidado de todos y de todas
en un año extraordinariamente difícil. Creo que lo estamos haciendo bien y que lo podemos seguir haciendo aun mejor si somos capaces de aprovechar la oportunidad que nos brindan los fondos europeos, que nos van a dar la posibilidad de hacer
una transformación social y económica en nuestro país que tampoco tiene precedentes. Por tanto, creo que de la mano y trabajando conjuntamente vamos a ser capaces de hacerlo cada vez mejor. Desde luego, mi mano está tendida para que sigan
aportando los grupos parlamentarios. Yo soy una convencida de que el parlamentarismo sirve de mucho y la Ley de protección a la infancia frente a la violencia así lo demuestra.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Ahora sí, muchas gracias.
A continuación, tendrán la palabra los portavoces que deseen hablar, de menor a mayor, para pedir todo tipo de aclaraciones sobre lo que ha contestado la ministra o sobre lo que, a su juicio, no ha contestado. Tendrán un minuto. Seré
generoso con el minuto.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Aizpurua, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Intervendré muy brevemente. Me ha respondido bien -quiero decir con datos- a dos de las preguntas planteadas. No me ha respondido, sin embargo, al tema de la ley de vivienda, aunque podría darme por respondida
indirectamente a través de la respuesta a la representante de Unidas Podemos. En cualquier caso, me gustaría tener un poco más de claridad al respecto. Le preguntaba qué expectativas tiene con respecto a la ley de vivienda y le preguntaba también
sobre el planteamiento divergente que hay en el Gobierno, fundamentalmente en el tema de las deducciones fiscales en los alquileres. Es una cuestión que nos preocupa y con la que no estamos en absoluto de acuerdo, aunque ya lo he explicado y no me
voy a repetir. En cualquier caso, Euskal Herria Bildu presentó en su día una nueva ley en la Comunidad Autónoma vasca para la regulación de los alquileres que fue rechazada por el Partido Socialista y por el Partido Nacionalista Vasco. Era una ley
que estaba en sintonía con la ley catalana de la que ha hablado mi compañera de ERC y que, en nuestra opinión, podría ser un buen ejemplo y una buena inspiración para una buena ley para el camino a recorrer en este sentido. Si puede usted aclararme
un poco más el tema, se lo agradecería.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Íñigo Barandiaran, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV).
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra, por sus respuestas, que han sido en parte aclaratorias y en parte manifestadoras de intenciones. Hay una cuestión sobre la que le había pedido alguna aclaración y no me he dado cuenta de que la haya respondido, que
es la de los criterios de distribución del Fondo de resiliencia y cuándo van a recibir las comunidades autónomas esas cantidades que se han pactado en el consejo interterritorial.
Finalmente, me ha sorprendido que haya señalado usted que su política es la de la colaboración y no la de la confrontación. Luego, entiendo que si hay una ley de vivienda que se ha rechazado en una comunidad autónoma difícilmente va a poder
ser un modelo de entendimiento.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Sara Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en relación con el ámbito de vivienda, me ha quedado antes una cuestión pendiente que nos preocupa. Cuando hablamos en España de la situación de la vivienda y la necesidad de vivienda social, me gustaría saber si se va a
establecer y especificar dentro del plan de trabajo y en esa nueva ley de vivienda el abordaje de la infravivienda y el chabolismo como uno de los retos que tenemos actualmente en nuestro país.
Sobre los fondos europeos ha comentado que se van a cambiar los modelos, que se va a innovar en los centros de día y en los centros de atención a las personas, pero queremos conocer un poco su opinión sobre qué pasará en esos centros de día
innovadores una vez se hayan ejecutado los fondos Next Generation, qué previsión hay en cuanto al mantenimiento de esos servicios. Y si nos puede precisar algo
más en qué consiste el Plan de modernización de los servicios sociales, se lo agradecería. Consideramos muy importante ese carácter integral que usted dice, pero nos gustaría conocer algún detalle más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Le agradezco sus respuestas a algunas de las preguntas que le he formulado, pero algunas cosas han quedado en al aire y, por tanto, voy a repreguntar. Sí le hago una pequeña corrección porque no se me habrá entendido bien; cuando yo
hablaba del escudo social de los ERTE, ya sé que está vigente y todos sabemos cómo funciona y la novedad que supone, sin perjuicio de que tenga que seguir desplegando sus efectos como cualquier medida que se aprueba. Por tanto, en esta cuestión
estamos de acuerdo. Yo le apuntaba, para entendernos, la poca novedad del tema. Sí me interesaría que me hablara de dos cuestiones a las que no me ha contestado: en primer lugar, su valoración, como ministra, de la estabilidad del Gobierno en
temas como los que le comentaba antes, el ingreso mínimo vital, la ley estatal de vivienda o la ley de diversidad familiar, que, aunque se anunció en febrero de 2020, todavía no ha salido; y en segundo lugar, su valoración de estos contratos de 104
000 euros para la difusión y gestión de la convocatoria de subvenciones o de 120 000 euros para un video sobre la Agenda 2030.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra Pilar Garrido o, si hay cambio, Marisa Saavedra... (La señora Pujol i Farré: Presidente, me parece que antes
tendría que ir yo). La he saltado; no es la primera vez. Tiene razón, perdone.
A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Republicano, Norma Pujol.
La señora PUJOL I FARRÉ: Gràcies, president. Intentaré ser breve para que no me salte la próxima vez. No pasa nada. (Risas.)
Muchas gracias, señora ministra, por sus explicaciones. Han quedado algunas cosas en el aire, pero seguro que vamos a tener más oportunidades para hablarlo con detenimiento. Aunque creo que algo ha comentado en su intervención, nos
gustaría recibir por parte del Estado información y un poco de comprensión y de corresponsabilidad con la llegada de menores migrantes sin referentes familiares, porque las comunidades autónomas -y le hablo concretamente de Cataluña- tenemos muchas
dificultades para poder cubrir sus necesidades y no dejarles en la indigencia. Por eso es muy necesaria la información, la coordinación y también tener recursos para dar respuestas a tiempo a estos jóvenes. Asimismo, quería comentarle una cosa que
antes se me ha quedado en el tintero. Usted sabrá que en Cataluña tenemos una larga trayectoria de educació en el lleure -educación en tiempo libre, diríamos en castellano-, y quería preguntarle muy concretamente qué recursos tienen previstos
facilitar a las administraciones territoriales, como la Generalitat o los ayuntamientos, para afrontar los futuros retos en este ámbito. Digo futuros retos en este contexto de pandemia en el que necesitamos muchos más recursos para llevar a cabo
estas actividades.
Para finalizar, quisiera hablarle de un tema quizás un poco técnico. Sé que usted va a comparecer también en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, donde tendremos tiempo de abordarlo, pero le quería preguntar sobre el carné
de monitor de tiempo libre. Es un carné que en estos últimos años...
El señor PRESIDENTE: Ha sobrepasado el tiempo.
La señora PUJOL I FARRÉ: Bien, ya tendremos ocasión de hablarlo. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, ahora sí, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Marisa Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.
Gracias, ministra, por sus explicaciones. Es una evidencia que vivimos en un país con un Estado del bienestar incompleto y, además, debilitado por los últimos años de políticas neoliberales y de recortes,
que han generado desigualdad y pobreza. Esto supone un reto enorme para este Gobierno de coalición y en particular para este ministerio, que ha impulsado medidas que realmente eran demandadas desde hace años por colectivos y personas
afectadas, como políticas de protección a la infancia, a la familia, con un aumento presupuestario muy importante en inversión social, el mayor en treinta años. Deseo celebrar ese cambio del modelo de cuidados de larga duración en el que ya se está
trabajando con comunidades autónomas y entidades locales; también esa necesaria promoción de la autonomía personal con recursos como la asistencia personal o la ayuda a domicilio, que son importantísimos para la vida en el propio entorno de las
personas; así como el impulso que ha transmitido para el modelo residencial dignificando las condiciones de las personas trabajadoras. Y celebramos también la importante transferencia de recursos a las comunidades autónomas para fortalecer los
servicios sociales en la que ya se está trabajando.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Tras los recortes de los últimos años y la actual crisis que multiplica la labor de los profesionales del trabajo social, estas inversiones son absolutamente necesarias, así como fortalecer los servicios sociales.
Deseo saludar también la determinación de que los fondos europeos sirvan para fortalecer este Estado del bienestar imprescindible y crecer en igualdad y cohesión social en nuestro país.
Gracias y mucho ánimo.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario VOX, señora Reyes Romero.
La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias.
Señora Belarra, el respeto por esta Cámara se lo voy a pedir yo a usted, ya que ha ignorado las cuestiones que le he planteado; nos ha ignorado a nosotros y a los cuatro millones de votantes que nos han apoyado. Afortunadamente, los
españoles no son tontos y más pronto que tarde les van a poner a ustedes en el sitio que merecen. Le vuelvo a reiterar, en nombre de mi Grupo Parlamentario VOX y de los cuatro millones de españoles que nos han votado, para los que usted también
tiene que gobernar, que retire las graves acusaciones que nos profirió el pasado domingo llamándonos nazis a cara descubierta. Se lo reitero por el bien común y en aras de la convivencia pacífica de todos los españoles. Esas manifestaciones,
además de crear crispación, son del todo impropias de una ministra del Gobierno de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular, señora Margarita Prohens.
La señora PROHENS RIGO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, con todo el respeto que usted me merece y las relaciones que usted pueda tener con los diferentes ministerios del Gobierno de España -que, a raíz de su intervención, veo que no son muy buenas-, deseo decirle que el único
bulo sobre las residencias es que el señor Iglesias daba órdenes a la UME para que se desinfectaran. Este bulo ya ha sido desmentido por el propio Ministerio de Defensa. Después yo la invito a que repase un poco las fechas; el 5 de marzo se
establece una orden en la que ustedes dicen que la COVID debe ser tratada como una gripe; el 19 de marzo el señor Iglesias da una rueda de prensa en la que asume todo el papel de coordinación y el mando único en Servicios Sociales; y no es hasta
el 23 de marzo cuando pide a las comunidades que intervengan las residencias, perdiendo un tiempo que en aquel momento era oro y que era vidas.
Señora ministra, le quiero hacer algunas preguntas: ¿Qué ha pasado con el fondo de los 1000 millones euros de los 16 000 millones del Fondo COVID que prometió el señor Iglesias para el tercer sector? ¿Qué ha pasado con los 600 millones
adicionales que se aprobaron en este Congreso para dependencia a través de una enmienda? Señora ministra, usted ha venido aquí a hablar hoy de vivienda, aunque no sea su competencia. Yo le quiero preguntar qué ha hecho dentro del ámbito de sus
competencias. Y es que el Real Decreto 37/2020 sí que ponía deberes a su ministerio; usted antes del 31 de enero tenía que sacar una orden ministerial...
El señor PRESIDENTE: Ha terminado su tiempo.
La señora PROHENS RIGO: ... para hacer un informe de Servicios Sociales. Esta orden no ha salido hasta el día 15 y todavía no es efectiva porque no se puede acceder a los documentos, con lo cual usted no ha cumplido ni siquiera con la
parte de sus deberes.
Acabo ya con esto. Le voy a hacer un ruego. Usted ahora es la titular de las políticas de infancia, señora ministra; no haga como sus antecesores, hágase cargo de lo que está pasando con las menores tuteladas de Baleares y Valencia y no
esconda más la cabeza...
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.
La señora PROHENS RIGO: ... porque es una auténtica vergüenza. Pase del activismo al ministerio y pase de Twitter al BOE, que buena falta hace.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Luis Carlos Sahuquillo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
No vamos a incidir más en lo que decía el artículo 6 del Real Decreto del estado de alarma del 14 de marzo; es obvio y es claro. Y no es cuestión, en esta situación tan complicada, de culpar a unos para eximir a otros porque yo no culpo a
las comunidades autónomas, ni mucho menos. Sé lo que han pasado y lo que han vivido en una pandemia que ha sido una vorágine y nos ha venido como un tsunami que nadie esperaba, y echar culpas creo que es un error.
Yo quiero decir algo en relación con el final de la anterior intervención. Creo que debemos trabajar todos juntos en mejorar la condiciones de vida de las personas, fundamentalmente de las más vulnerables y especialmente en momentos tan
difíciles como los que estamos viviendo. Juntos y en colaboración con las entidades sociales, con las corporaciones locales y las comunidades autónomas podemos conseguir que en esta Comisión saquemos los frutos que siempre se han dado,
independientemente de que discutamos. Porque yo creo que tenemos muchos ámbitos y áreas donde podemos discutir, pero en esta en concreto y en los momentos que estamos pasando es cuando todos, todos, tenemos que arrimar el hombro. Por tanto,
ministra, el Grupo Socialista está a tu entera disposición.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, para contestar o aclarar aquello que crea conveniente, la señora ministra.
La señora MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Belarra Urteaga): Muchas gracias, presidente.
Trato de retomar las cuestiones que se me habían quedado en el tintero; pido disculpas por las que me haya olvidado. En primer lugar, a la portavoz de Euskal Herria Bildu le diré que yo no contemplo que traigamos a esta Cámara ni llevemos
al Consejo de Ministros una ley que no cumpla con el acuerdo de Gobierno. Vamos a traer una ley -espero, y tiene que ser lo más pronto posible- que cumpla con el acuerdo de Gobierno, y el acuerdo de Gobierno es nítido en lo que respecta a la
regulación de los precios del alquiler. Hay que poner techo a las subidas abusivas y, además, hay que delegar en las comunidades autónomas las competencias para poder llevar a cabo este tipo de regulación; con lo cual, todo lo que se salga de eso
creo que no responde al acuerdo de Gobierno, y esta ministra está trabajando ya -mi equipo y el equipo del Ministerio de Transportes- para que esto sea así con carácter inminente.
Al portavoz del PNV, señor Barandiaran, le diré que los criterios de reparto se han acordado siempre en el marco del consejo territorial. Yo entiendo que usted lo que me plantea es que no está de acuerdo, pero precisamente porque se han
dado en el seno del consejo territorial y con el acuerdo de la práctica totalidad de las comunidades autónomas, a excepción de Euskadi, creo que revela que hay un consenso amplio. Usted puede discrepar de esa cuestión, pero yo estoy moderadamente
satisfecha. Hombre, me gustaría que fuera con el consenso de todos, sin ninguna duda, pero le animo a que sigamos trabajando en el consejo territorial para modificar esos criterios y que todo mundo se sienta cómodo con ellos.
A la portavoz de Ciudadanos simplemente le transmito que sí, en la ley de vivienda tiene que estar recogida -y estamos trabajando para que así sea- toda la cuestión de la infravivienda en España, que es un problema de primer nivel. Y no
solo de la infravivienda que todos conocemos, como puede ser la situación de La Cañada o lugares así, sino también lo que se conoce como el chabolismo vertical, la
infravivienda en edificios, mucho más invisible por otra parte pero igualmente grave. Precisamente, los fondos europeos, como bien sabrá -usted me planteaba la cuestión del mantenimiento de los centros de día innovadores-, están destinados
a llevar a cabo una transformación profunda y apuestan por nuevas infraestructuras, por una transformación digital. Nosotros como Gobierno de España -algo de lo que me siento especialmente satisfecha- con esos fondos apostamos por llevar a cabo una
transición social. En cuanto al mantenimiento de los centros de día y de todas las infraestructuras, se realizará de acuerdo con las competencias que están establecidas en nuestro país, siempre con el respaldo, que le puedo garantizar, del Gobierno
de España, que está comprometido -al menos este Gobierno de España- con las políticas sociales. Eso debe ser así, pero no hay gasto corriente que pueda ser financiado a través de los fondos europeos; ni este ni ningún otro.
Por ahondar un poco más en las cuestiones que me planteaba el señor Boadella, le diré que, efectivamente, la ley de diversidad familiar y de apoyo a las familias tiene una complejidad jurídica importante. Hemos seguido trabajando en ella
porque, además, debe ser fruto del acuerdo con las organizaciones especialistas en esta cuestión y también con las comunidades autónomas, pero hemos fijado un plan de trabajo que lógicamente ha sufrido retrasos por este año de pandemia. Creo que
aun así hemos trabajado intensamente también en otras cuestiones que no eran estrictamente de gestión de la crisis de la COVID, pero efectivamente no hemos sido tan rápidas como nos hubiera gustado. Yo lo que venía a transmitirles hoy aquí es
básicamente que esta ministra tiene la voluntad de pisar el acelerador con esta legislación y que podamos tenerla más pronto que tarde.
Usted me planteaba una pregunta respecto a contratos específicos dentro del ministerio. Mi equipo le hará llegar la información que considere oportuna sobre esta cuestión. El tema que sí conozco bien es el de la Agenda 2030 por ser objeto
de mi competencia hasta hace escasas semanas, y le diré que precisamente hemos hecho un esfuerzo importante en la difusión del conocimiento de la Agenda 2030 porque lo que nos dice el CIS es que, a pesar de ser el acuerdo internacional más
importante alcanzado jamás por nuestro país, tiene un grado de conocimiento en España ínfimo; un porcentaje muy pequeño de la población, especialmente entre los jóvenes, conoce lo que es la Agenda 2030. Por lo tanto, teníamos que hacer un esfuerzo
importante -que quizá a usted le llame la atención, pero le explico el motivo- precisamente para tratar de hacer llegar no tanto la Estrategia de Desarrollo Sostenible -que también- sino los contenidos de dicha estrategia, que no es otra cosa que la
hoja de ruta de España para cumplir con los ODS. Le puede parecer una cifra importante, pero creo que se adecúa a la situación de la que partimos, que es la de un desconocimiento absoluto de la Agenda 2030 por parte de la ciudadanía de nuestro
país.
Me planteaba la portavoz de Esquerra varios temas -ya sé por qué te han saltado- (risas) que tienen que ver con cuestiones igualmente relevantes porque tenemos competencia en áreas de mucha importancia. Pero respecto a los menores migrantes
que llegan solos a nuestro país, le diré que este ministerio está haciendo, en el marco de sus posibilidades y de sus competencias, todo lo posible. Le comentaba que hemos transferido diez millones de euros a Canarias para abordar la atención de
acuerdo con la garantía de los derechos de la infancia de estos niños y niñas, pero además en el consejo territorial del viernes vamos a distribuir ocho millones de euros con esta voluntad, según criterios que tienen que ver, efectivamente, con que
hay comunidades autónomas que hacen un mayor esfuerzo para atender a niños y niñas que migran solos, y otras que por no tener esta realidad no lo hacen tanto. Así que vaya por delante mi compromiso.
También le traslado que la cuestión de la educación no formal es de gran importancia para mí. Para quienes no me conozcan tan bien, parte de mi formación tiene que ver con la psicología educativa y comparto plenamente -además, creo que
Cataluña es una avanzada en esta cuestión- la importancia que tiene la educación en tiempo libre, la educación no formal, para superar las desigualdades sociales. Es fundamental y desde luego está va a ser también una prioridad del ministerio en la
medida en que podamos, en colaboración con el Ministerio de Educación, que, como sabe, también está muy preocupado por esta cuestión.
A la portavoz de Unidas Podemos simplemente le trasladaré que, efectivamente, es una novedad con respecto a otros países de la Unión Europea que nuestro país le dedique tanta importancia a destinar los fondos europeos no solo a la transición
ecológica y a la transición digital sino también a la transición social y a fortalecer nuestro Estado del bienestar. Yo creo que es un mensaje también para otros países de la Unión Europea muy importante y para el conjunto de la ciudadanía. Estos
fondos tienen que servir para cerrar la brecha de la desigualdad y en esa línea es en la que estamos trabajando. Me alegro de que estemos en sintonía, no me cabía duda de que sería así y yo también quería ponerlo en valor una vez más.
A la portavoz del Partido Popular le insisto en lo que ya le comentaba en mi primera intervención. Creo que no es adecuado ni está a la altura de los votantes y las votantes del Partido Popular que usted venga a una Comisión a verter bulos
y mentiras que han sido reiteradamente respondidos no solo por mi grupo parlamentario y por este ministerio, sino también por el Grupo Parlamentario Socialista y por todas las personas que han podido leer el BOE y ver con sus propios ojos que las
competencias de las residencias estuvieron siempre en las comunidades autónomas, nunca dejó de ser así y, precisamente, lo que hizo este ministerio y este Gobierno fue reforzar las competencias de las comunidades autónomas para que pudieran llevar a
cabo las tareas que eran necesarias en ese momento. Hubo comunidades autónomas que no lo hicieron y ahora tratan ustedes de tapar su mala gestión acusando con mentiras a este Gobierno. Yo le pido un poco de altura para estar en sintonía con lo que
esperan de nosotros los votantes y las votantes y la ciudadanía de nuestro país y no extender bulos y mentiras. Insisto, en la cuestión de la UME -la ha planteado, es verdad, en su primera intervención y lo ha vuelto a hacer ahora-, la invito a que
lea la prensa porque, efectivamente, creo que ha quedado perfectamente acreditado que el Ministerio de Derechos Sociales jugó un rol clave precisamente en la desinfección de las residencias, coordinando todas las solicitudes que llegaban de las
comunidades autónomas y de las residencias a través de las delegaciones del Gobierno; que centralizábamos esta información; que hicimos más de 4000 gestiones a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y del gabinete del
vicepresidente Pablo Iglesias para llevar a cabo esas desinfecciones. Se lo digo un poco así porque soy consciente de que lo ha leído y sé que lo sabe y, simplemente, ha venido aquí a seguir extendiendo una mentira que me parece que no es un arma
política legítima.
Por último, al portavoz del Grupo Socialista le agradezco una vez más el tono. Tomo buena nota de sus consejos, que estoy segura que me serán de utilidad.
Una vez más les reitero que tienen nuestra mano tendida y las puertas de este ministerio abiertas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Le reitero las gracias por haber comparecido con tanta rapidez.
La señora MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Belarra Urteaga): De nada, un placer.
El señor PRESIDENTE: Estoy convencido de que la reunión de hoy, esta comparecencia, será el inicio de una fructífera relación entre el ministerio y la Comisión.
Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.