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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 320, de 11/03/2021
cve: DSCD-14-CO-320 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 320

POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA LUISA CARCEDO ROCES

Sesión núm. 8

celebrada el jueves,

11 de marzo de 2021



ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a la activación de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia para acordar la transferencia de competencias pendientes a Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 161/001495) ... (Página3)


- Sobre la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Xunta de Galicia-Gobierno del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente 161/002054) ... (Página3)


- Por la que se insta al Gobierno a la preparación y negociación con las organizaciones sindicales más representativas en el sector público, de un III Acuerdo para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo (2021-2023).
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001576) ... (Página9)


- Relativa a la reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/001686) ... href='#(Página14)'>(Página14)


- Sobre medidas y actuaciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad social de la zona sur y este de la ciudad de Madrid. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001708) ... href='#(Página18)'>(Página18)



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- Relativa al establecimiento de sistemas específicos de inspección y régimen sancionador para las administraciones que realicen conductas abusivas en materia de contratación pública, específicamente en la contratación sucesiva de personal
temporal en fraude de ley. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001894) ... (Página23)


- Sobre la transferencia urgente de crédito a la Generalitat Valenciana equivalente a la deuda histórica con la Comunitat Valenciana para la lucha contra los efectos de la COVID-19. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.
(Número de expediente 161/001957) ... (Página28)


- Sobre la utilización de mascarillas para personas sordas entre los funcionarios públicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002057) ... (Página33)


Votaciones ... (Página36)


Propuesta por la Comisión del vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno:


- Elección del vocal al que se refiere el artículo 36 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el artículo 14.1.a) del Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,
aprobado por el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre. (Número de expediente 276/000014) ... (Página37)


Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes. Comenzamos esta sesión, que está prevista para debatir proposiciones no de ley y para la elección del vocal para el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, ya que, como saben, la elección del
representante del Congreso de los Diputados corresponde a esta Comisión. Se ha establecido ya el procedimiento, se ha abierto el plazo y en el día de hoy se hará la votación. En segundo lugar, tendremos el debate sobre las proposiciones no de ley.


Algunos portavoces me han hecho llegar su petición sobre si podríamos alterar el orden del día para proceder a la votación del representante al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al inicio y continuar luego con las proposiciones no de
ley. A la Mesa le resulta indiferente. Si a los grupos parlamentarios les parece conveniente esta alteración del orden del día, procederemos. Si no les parece bien, lo dejamos tal cual estaba la convocatoria. (Pausa).


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.


Por nuestra parte, nos faltan dos diputados que vendrán, como estaba previsto, a votar a última hora, porque en este momento coincide otra Comisión.


La señora PRESIDENTA: No se hable más. El Partido Socialista parece que también tiene alguna dificultad. Si hubiera unanimidad alteraríamos el orden del día, pero no siendo así no hay ningún problema.


Hay otra cuestión previa que también quisiera trasladar a sus señorías. En el debate de las proposiciones no de ley que tenemos a continuación hay dos asuntos sobre el mismo tema, la número 1 y la número 7. Hay alguna solicitud para
debatirlas conjuntamente y, como versan sobre los mismos asuntos, por parte de la Mesa no hay ningún inconveniente. Lo único que les digo es que teniendo en cuenta que la distribución de tiempos es de cinco minutos para la presentación de la
iniciativa, tres minutos para la presentación de enmiendas o fijación de posición, en este caso, al unir los dos puntos, parece pertinente que seamos más generosos en la concesión de tiempos para la fijación de posición y para las enmiendas; por
tanto, estaría en torno a cinco minutos para todo, dependiendo de la celeridad y la síntesis que sean capaces de tener los distintos portavoces para defender su posición. En fin, que en estos dos puntos juntos seremos un poco más generosos en la
concesión de tiempos.


La tercera cuestión que quiero trasladarles es que, como anuncié en la anterior reunión de Mesa y portavoces, es intención del nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública comparecer el día 18. Como no hemos acordado la
convocatoria definitiva, ruego a los portavoces y miembros de la Mesa que



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al final de esta sesión de hoy nos quedemos unos minutos para acordar la convocatoria de la sesión que, repito, corresponderá a la próxima semana, el jueves día 18.


Finalmente, si no tenemos a todos los intervinientes y sustituciones de cada uno de los grupos parlamentarios, les ruego que pasen un papel al letrado de la Comisión para poder conocer quiénes van a ser los portavoces de cada grupo
parlamentario a la hora de defender las iniciativas.


- RELATIVA A LA ACTIVACIÓN DE LA COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PARA ACORDAR LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PENDIENTES A GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 161/001495).


- SOBRE LA CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS XUNTA DE GALICIA-GOBIERNO DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL. (Número de expediente 161/002054).


La señora PRESIDENTA: Vistas estas cuestiones previas, pasamos a sustanciar el orden del día con un debate conjunto de los puntos que vienen en el orden del día con los números 1 y 7 respectivamente y que va a defender, en primer lugar, el
portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, señor Gómez-Reino.


El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Muchas gracias, presidenta.


Traemos aquí a debate una cuestión que para Galicia es fundamental, como es la activación de la comisión que tienen que poner en marcha, entre los dos gobiernos competentes, la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de
Galicia, transferencias importantes y de consenso en Galicia, como pueden ser la AP-9 y otras que ahora comentaré.


Creo que lo mínimo que se le puede pedir a un Gobierno es que ejerza, precisamente, su autogobierno, sus competencias, y de una forma más clara hay que pedírselo cuando son competencias y cuestiones que recogen un amplísimo consenso en
Galicia. Lo es la transferencia de la AP-9, aprobada en esta Cámara y que creemos que se tiene que tramitar cuanto antes, pero hay otros elementos que también son importantes y que han recogido el consenso de las fuerzas parlamentarias en Galicia y
también el consenso social, como puede ser Salvamento Marítimo. Creo que más allá de Galicia, cualquiera puede entender en el Estado que después del Prestige, después del Cason y después de tantos accidentes y tantos inconvenientes como ha habido
en Galicia, cuestiones como el Salvamento Marítimo tienen que estar transferidas y se tienen que pensar y gobernar desde Galicia. También hay cuestiones, como puede ser Tráfico, competencias como saben transferidas a otras nacionalidades
históricas.


El modelo territorial actual del Estado español requiere de un ajuste a las realidades y a las necesidades, no solo del tiempo actual a nivel de gobernanza, sino también de los territorios y, particularmente a nuestro juicio, de las
necesidades de Galicia y de los gallegos y gallegas. En el caso de Galicia, hace ya más de diez años que no se ha realizado ninguna transferencia de competencias entre administraciones, lo que, evidentemente, está relacionado con esa bipolaridad,
en muchos casos, del Partido Popular, que vota una cosa en Galicia, pero luego, sin embargo, hace otra cosa aquí. El hecho es que el Parlamento de Galicia ha aprobado la transferencia de la AP-9, también lo ha aprobado esta Cámara parlamentaria y,
por tanto, entendemos que, cuanto antes, se tiene que poner en marcha el debate para esa transferencia. También se han aprobado en el Parlamento de Galicia otras cuestiones como puede ser, lo he dicho antes, Tráfico, Seguridad Vial, Salvamento
Marítimo, o algunas otras como la propia gestión del Instituto Español de Oceanografía y otras que son relevantes a nuestro juicio.


Por todo ello, creemos que esta Cámara tiene que instar a que cuanto antes se ponga en marcha ese diálogo entre las dos administraciones para poder hacer efectivas las transferencias que son necesarias para Galicia. Es cierto, que ahí hay
que interpelar de forma clara al Gobierno de la Xunta de Galicia para que, de una vez por todas, se ponga en marcha para ejercer las competencias, no ya las que recoge el Estatuto de Autonomía, sino, además, otras que entendemos imprescindibles para
Galicia, como es la transferencia de la gestión de la AP-9, que, siempre decimos que es importante que sea gallega, pero además creemos que hay que abordar cuestiones tan relevantes como recuperarla para lo público como mejor mecanismo de gestión de
lo que es de todos y de todas.


Muchas gracias.



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por el esfuerzo de síntesis.


A continuación, tiene la palabra el señor Rego, para hacer la presentación de la iniciativa, que figura en el orden del día con el número 7.


El señor REGO CANDAMIL: Boa tarde. Grazas, señora presidenta.


La proposición no de ley que presentamos tiene por objeto impulsar el proceso de asunción de competencias por parte del Gobierno gallego, en la línea de lo que está recogido en nuestro estatuto de autonomía, empezando, particularmente, por
aquellas que son objeto de reclamación reiterada por parte del Parlamento de Galicia, o que lo fueron en su día por parte del Gobierno gallego. Es verdad que en los últimos doce años, que coinciden con el Gobierno del Partido Popular de Núñez
Feijóo, Galicia no asumió ni una sola nueva competencia, las últimas negociadas fueron impulsadas por el BNG desde el Gobierno de la Xunta, desde la Vicepresidencia, y negociadas por Anxo Quintana con los ministros Jordi Sevilla o Elena Salgado.
Por lo tanto, estamos hablando de un balance realmente desolador, de un Gobierno que renuncia a la capacidad que debe tener un país, una nación como Galicia para decidir sobre sus propios asuntos. A pesar de ello, el propio Partido Popular no es
capaz de defender esa posición de rendición delante de la ciudadanía de Galicia y, consecuentemente, vota sistemáticamente a favor de las propuestas que se realizan en el Parlamento de Galicia de reclamación de competencias. Esperemos que, en
coherencia, también voten a favor en esta Comisión.


Estamos delante de competencias que son esenciales, la AP-9 seguramente es la más conocida porque, además, acabamos de aprobar el trámite inicial en el Pleno del Congreso de los Diputados, pero hay muchas otras. Quiero destacar
especialmente Tráfico, Transportes, Seguridad Viaria y Seguridad Pública, una competencia esencial para regular y para tomar cuenta de la gestión de este ámbito básico, especialmente en lo que tiene que ver con Tráfico. Quiero recordar que, desde
el año 2007, está aprobada la Ley de Policía de Galicia, que no fue desarrollada, pero, en todo caso, Galicia está preparada para asumir en un tiempo breve esta transferencia si realmente hay voluntad por parte del Gobierno de Galicia; igualmente,
en lo que tiene que ver con Salvamento Marítimo o con todos los organismos de investigación. Hace apenas un mes el BNG trajo a este Congreso la transferencia de los dos centros de Galicia, del Instituto Español de Oceanografía, que lamentablemente
no fue aprobada por el voto en contra de las fuerzas estatales, pero creemos que es de sentido común. Fíjense si esto es así que ese mismo Partido Popular que renuncia a reclamar competencias, ayer, por boca de dos conselleiras, reclamaba
competencia de ordenación del litoral. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con la Ley de Cambio Climático, cuyo artículo 18 es gravemente lesivo para los intereses de Galicia, y, en concreto, todo el complejo mar-industria alimentaria, de
pequeñas y medianas empresas vinculadas a la economía local, a la economía costera, sustentables, respetuosas con el medio ambiente, que generan miles de puestos de trabajo, y es en ese momento, cuando estamos delante del problema generado porque se
legisla desde Madrid, con criterios uniformes para realidades diferentes, cuando el Partido Popular se acuerda de que es necesario tener competencias para poder decidir sobre aquello que nos interesa.


Por tanto, en el Bloque Nacionalista Galego, desde su posición de reforzar el autogobierno, ha trabajado en esta dirección siempre. Quiero recordar que este es el primer punto del acuerdo de investidura firmado en enero del año pasado con
el Partido Socialista, y nos parece que, si en ese acuerdo había un plazo de tres meses, aunque sabemos que hubo circunstancias que impidieron que fuese así, este es el momento de dar ese paso decisivo, por lo menos, que el Gobierno del Estado
manifieste su disposición a convocar esa Comisión de Transferencias y que el Gobierno gallego responda, y esperamos que lo haga positivamente.


Adelanto que nos parece positiva la enmienda del Grupo Socialista y estamos en disposición de aceptarla.


Nada más.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias también por la concisión.


Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Constenla.


Como habíamos comentado, al ser dos iniciativas, no seremos muy estrictos en el control del tiempo.


El señor CONSTENLA CARBÓN: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes. Señorías. La verdad es que nos encontramos ante dos PNL un poco singulares. En primer lugar, nos encontramos una PNL, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal Unidas



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Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, un poco incongruente, a mi parecer, ya que, si no me engaño, el Gobierno de España tiene un solo Gobierno y con esta proposición no de ley me entra la duda de si es que hay dos Gobiernos, uno de
Podemos y otro del Partido Socialista, o solamente hay uno. Que un diputado, que forma parte de una coalición de Gobierno, inste a ese mismo Gobierno a reactivar una comisión me parece una incongruencia. Es curioso que este grupo político, que no
alcanzó representación en el Parlamento de Galicia en las últimas elecciones celebradas, que consiguió cero escaños, que no consiguió siquiera que su líder, aquí presente, el señor Gómez-Reino, se sentase en el Parlamento de Galicia, intente ahora
desde el Congreso ordenar, no al Gobierno central, del cual forma parte, sino al de la Xunta de Galicia, pero en la sombra. Señor Gómez-Reino, los votantes decidieron y lo que decidieron fue que su grupo no tenga ningún representante en el
Parlamento de Galicia.


Se trata de un Gobierno que tiene olvidada Galicia desde hace mucho tiempo, como demuestra que ustedes hayan aprobado con su voto, con el de usted y con el de la señora Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, unos Presupuestos Generales del
Estado absolutamente dañinos para Galicia, en los que se rebaja hasta un 11 % la inversión en nuestra comunidad autónoma, para trasladarlo, fundamentalmente, a los territorios de los que son originarias las fuerzas políticas en las que ustedes se
apoyan en esta coalición. Pero bueno, me alegra que por una vez se preocupe por Galicia, y así trabajamos y trabajaremos con rigor y responsabilidad, como lo hace el Grupo Parlamentario Popular, para conseguir lo mejor para los gallegos y gallegas,
y, por ende, situar en el lugar que corresponde a Galicia, una comunidad autónoma histórica que merece del Gobierno central el mismo trato que tienen aquí todas las comunidades históricas, como pueden ser el País Vasco o Cataluña.


En los años en los que no había comenzado la dureza de la crisis económica, en los que la negociación para traspasos habría sido más propicia, el Gobierno del Partido Socialista, que gobernaba en esa época, y sus socios actuales, señor
Gómez-Reino, decidieron poner en práctica un modelo muy particular de federalismo simétrico, en el que la simetría venía dada por el color político del Gobierno autonómico. Así, desde 2009 hasta 2011 no se efectuó ni un solo traspaso de las
transferencias solicitadas por Galicia, pero sí, en cambio, concretaron traspasos con Cataluña, Andalucía, Aragón y País Vasco, todas ellas, por supuesto, con presidentes socialistas. Pondré un ejemplo. Se solicitó para Galicia la transferencia de
la Inspección de Trabajo, y a quienes se les adjudicó, única y exclusivamente, fue a Cataluña y al País Vasco.


En la actualidad, Galicia viene defendiendo nuevas transferencias, avaladas por los correspondientes acuerdos parlamentarios, como pueden ser la gestión del dominio público marítimo y terrestre, que se habló aquí, la gestión del Ingreso
Mínimo Vital, la ordenación del sector pesquero en aguas exteriores, que siendo una competencia asumida por el Estatuto de Autonomía de Galicia en su artículo 28.5, el Estado aún no ha elaborado el real decreto de traspaso. También, como se habló
aquí, la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la comunidad es un tema importante que interesa a Galicia, y creo que a todos los grupos que estamos aquí presentes.


Ya ve, señor Gómez-Reino, hay mucho campo para trabajar, y como el Grupo Popular es responsable y buscamos y queremos lo mejor para Galicia, nuestro grupo va a apoyar su PNL, presentado una enmienda de modificación al núcleo de la misma, con
la reactivación de la agenda de la Comisión bilateral de Cooperación Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, para establecer una hoja de ruta de este órgano de cooperación.


En cuanto a la PNL presentada por el Grupo Plural, por el Bloque Nacionalista Galego, cuando la vi me vinieron las muchas informaciones que en Galicia se difundieron y publicaron hace un año sobre el acuerdo -si se le puede llamar así; un
acuerdo que se ha visto que tenía un escaso recorrido- firmado solemnemente en Madrid por el representante del Grupo Socialista y la responsable del BNG, la señora Ana Pontón. Viendo ese acuerdo, destaco en el primer punto que el señor Sánchez y el
Gobierno se comprometían a avanzar en el refuerzo de la capacidad de la decisión de autogobierno gallego mediante la propuesta de la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta de Galicia. Me hago otras preguntas, señor Rego.
¿Esto no es lo mismo que se pide en su PNL?


La señora PRESIDENTA: Lleva ya los cinco minutos consumidos.


El señor CONSTENLA CARBÓN: Ya voy terminando.


Estamos contando que el grueso de su PNL se basaba en la transferencia de la AP-9 a la comunidad autónoma, pero ya está aprobada la toma en consideración de esa proposición de ley orgánica. El presidente Feijóo está trabajando por y para
Galicia, y prueba de ello es la conversación que tuvo ayer



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el señor Ábalos con el presidente Feijóo, que llegaron a unos acuerdos, y, por supuesto, está en contacto con el Gobierno central para conseguir sus mayores logros.


Por mi parte, nada más. Vamos a apoyar las dos PNL con nuestras enmiendas presentadas, que esperamos tengan en consideración y se aprueben.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, para defender las enmiendas de su grupo, tienen la palabra la señora Tizón y el señor Meijón, que se repartirán el tiempo como les convenga.


La señora TIZÓN VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, desde que se instauró la democracia, Galicia ha conseguido el traspaso de 154 competencias del Gobierno central. Si hacemos una comparativa solo Cataluña y Andalucía suman más transferencias del Estado. Sin embargo, parece
necesario continuar desarrollando progresivamente el Estado de las autonomías para fortalecer, asimismo, al Estado, demostrando que el modelo autonómico es firme para adaptarse a las circunstancias y funcionar bien. En ese aspecto, el compromiso
del Partido Socialista en Galicia ya queda reflejado con el Gobierno bipartito de la Xunta en el año 2005, presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño, actuando ya en aquel momento en parcelas de bienestar social y relaciones institucionales,
aprobando un completo informe al respecto de las competencias que podrían ser asumidas por nuestra comunidad autónoma. Señorías, no somos sospechosos de vetar el avance en Galicia, y seguimos en esa senda. Fíjense, en línea de lo anteriormente
expuesto, en el Parlamento gallego, en los últimos tiempos ya se han presentado iniciativas socialistas, varias de ellas que consideramos prioritarias, entre las que existen puntos en común con las que las señorías de Podemos indican, como pueden
ser, entre otras, Sanidad Penitenciaria o Tráfico y Seguridad Vial.


Partimos de la base de que las comisiones bilaterales se fundamentan precisamente en una cooperación de carácter bilateral, que es uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno, que tiene una disposición a mantener los contactos
necesarios a fin de proceder a la convocatoria de comisiones bilaterales por acuerdo de ambas partes, siempre y cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera, y con la voluntad de mantener abiertos los canales de interlocución para atender
aquellos planteamientos, peticiones y consultas que desee plantear la Comunidad Autónoma de Galicia.


Señorías del Grupo Popular, me sorprendo y a la vez celebro que quieran ustedes reactivar la agenda de la Comisión bilateral. Hablan ustedes de los años 2009 a 2011, pero fíjese el completo abandono en el que el señor Feijóo ha tenido las
demandas de más competencias para la Comunidad Autónoma de Galicia en los últimos diez años, en los que no ha solicitado ninguna nueva cuestión que supusiera la ampliación de las funciones de autogobierno gallego ni se ha activado con este cometido
la Comisión Mixta de Transferencias. Siempre garantes del autogobierno, pero, a la hora de la verdad, no dan ningún paso efectivo. También me sorprende por su anterior defensa, ya desde Madrid, de que la Administración General del Estado, en su
momento, recuperase competencias que hoy corresponden a nuestra comunidad autónoma, como pueden ser Educación, Justicia o Sanidad, o cuando ustedes afirmaban que el Estado de las autonomías llegó a su límite y no se realizaría ninguna competencia
más. Me sorprende su cambio, pero fíjese que igual consiguen ir en algún momento en la buena dirección, como ustedes decían.


En todo caso, señorías, el Partido Socialista defiende la ampliación del autogobierno desde el autonomismo convencido y un federalismo eficiente frente a la lectura excesivamente centralizadora del Estado autonómico del Partido Popular,
contaminado por la agenda de la extrema derecha.


Para finalizar, en una semana tan importante para la mujer, y emulando a un referente de mi tierra, Rosalía de Castro, que al igual que a ella le duele el abandono al que la derecha tiene sometida a la misma, termino con una estrofa de su
obra Cantares gallegos: Galicia, ti non tes patria, ti vives no mundo soia, i a prole fecunda túa se espalla en errantes hordas.


Gracias.


El señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, presidenta.


Señor Rego, no tenga dudas de que está usted ante un Gobierno y un grupo parlamentario que cumple con los compromisos y con los acuerdos que firma. Su moción hace referencia, efectivamente, al primer punto del acuerdo de investidura firmado
entre el Partido Socialista y el BNG, concretamente el referido a la propuesta de convocatoria de la Comisión de Transferencias. Aunque sí debemos reseñar la



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anomalía que significa que la iniciativa no parta de la Xunta de Galicia, del señor Feijóo, quien, por cierto, en todos los años de Gobierno no mostró ningún interés, como usted y yo sabemos. Expresamos, pues, nuestro voto favorable a una
iniciativa que responde a ese acuerdo firmado, y agradecemos que acepte nuestra enmienda, que creemos que recoge mejor el literal del acuerdo.


Este grupo y este Gobierno sí cumple, señor Rego. Cumplió levantando el veto vergonzoso que el PP del gallego Mariano Rajoy impuso para impedir el debate de la proposición de ley para la transferencia de la AP-9, y también se lo dijo el
ministro, señor Rego, cumpliremos aportando los 63 millones que están en los presupuestos para bonificación de los peajes de AP-9. Lo urgente y lo importante tratamos de hacerlo al instante, para los milagros, señor Rego, necesitamos algo más de
tiempo, un tiempo que el Gobierno ha significado, como máximo, en los primeros seis meses de este año.


Moitas grazas, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias también por ajustarse al tiempo.


Entramos en el turno de fijación de posición, empezando por el Grupo Mixto, señor Mazón.


El señor MAZÓN RAMOS: Muy brevemente. Esta es una iniciativa que no afecta a los intereses de Cantabria, pero los términos nos parecen adecuados, máxime cuando las enmiendas han sido objeto de transaccionales. Por tanto, no tenemos nada a
que oponernos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cambronero.


El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.


Intervengo simplemente para posicionar a mi grupo en las dos PNL que están en debate. Las comisiones bilaterales de cooperación comenzaron a constituirse a finales de los 80 como órganos bilaterales de colaboración entre el Estado y las
comunidades autónomas. Son, en definitiva, órganos de cooperación de composición bilateral entre miembros del Gobierno central y miembros del consejo de gobierno de las comunidades autónomas. Lo primero que hay que recordar -creo que es necesario
y además está reconocido en la exposición de motivos de la PNL de Podemos, en este caso- es que no es competencia de esta Cámara la activación de las mencionadas comisiones bilaterales, con lo cual estas PNL están vacías de contenido. Convenimos en
que es preciso modernizar y clarificar el funcionamiento del Estado autonómico, sin embargo, a nuestro juicio, esta reforma debería buscar un mayor equilibrio entre el Estado y todas las comunidades autónomas, y no solo una en particular. Porque,
señorías de Podemos, señor Rego y señores socialistas, esto sigue siendo España, aquí rige el principio de solidaridad, la anomalía es tener que recordarlo en esta Comisión.


Por todo lo anterior, aunque podamos compartir algunas de las propuestas de las iniciativas, consideramos que no es la forma adecuada ni compartimos su propósito final en toda su plenitud. A la espera de lo que suceda con las enmiendas,
sobre todo con la del Partido Popular, que todavía no se han pronunciado los proponentes, nos abstendremos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta. No vamos a hacer uso del turno de palabra.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Calvo.


El señor CALVO LISTE: Gracias, presidenta. Buenas tardes.


De la PNL de Unidas Podemos solo compartimos la primera línea, y no en su totalidad. Lo único cierto es que el modelo territorial, tal y como está concebido, presenta en la actualidad grandes carencias. El modelo territorial consagrado en
nuestra Constitución, tal cual ha sido desarrollado, ha fomentado los separatismos y ha lastrado las arcas públicas al multiplicar por diecisiete todos los organismos. Los nacionalistas y sus facilitadores exhiben el sometimiento del Estado de
derecho como un triunfo político. No están al servicio de la unidad, la solidaridad, la igualdad y la cohesión, sino al servicio de sí mismos y de sus élites extractivas.



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Su señoría indica que como hace más de diez años que no se transfiere ninguna nueva competencia, ahora ya toca. Estamos ante una nueva perversión en virtud de la cual las autonomías se sienten obligadas a exigir cada vez más competencias
para justificar su propia existencia y para no ser menos que las demás. Ahora es la AP-9, luego es Tráfico, Seguridad, Salvamento Marítimo, etcétera, etcétera. El delirio llega a pedir que el Gobierno gallego asuma funciones del INSS, INEM,
Inspección de Trabajo y Fogasa. Todo pedir transferencias, nada de reactivar la industria, el empleo, la economía y el futuro de Galicia, tan dañados y tan perjudicados. La cláusula Camps revolotea de nuevo en esta PNL. Ya en mayo de 2018 la
propia Comisión Europea alertó de los desequilibrios provocados por el estatuto autonómico que habría que reformar: unificación de mercado, mejorar la educación y homogeneizar ayudas sociales.


Como vemos, las bases que dan pie para la aplicación del artículo 153 para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas sería aplicable en este caso, pues, señores de Podemos, hay que acabar de leer en su totalidad el
artículo 150 de la Constitución y no intentar hacer propaganda de partido para compensar la pérdida de escaños en el Parlamento gallego. La fuga de competencias estatales es el tautológico artículo 150.2 de la Constitución, que viene a decir que se
transferirá lo que es transferible, desangrando al Estado y provocando que entendamos como algo irrefutable y natural que el Estado entregue cada vez más competencias. Por ello, en VOX sostenemos que el Estado de las autonomías ha fracasado, es un
estado costoso, pesado, elefantiásico. Hemos pasado de 800 000 funcionarios en el año 1978 a más de 3 millones en la actualidad, medio millón de cargos públicos y una tremenda burocracia que lo hacen ineficiente, como estamos comprobando de manera
dramática en la crisis actual. El mundo mira atónito a España por ser el único país donde en buena parte de su territorio -ya ocurre en Galicia- un niño no puede recibir educación en la lengua oficial del Estado en asignaturas clave. La Asociación
Hablamos Español ha denunciado al Gobierno de Galicia por promocionar solo a empresas que usan el gallego.


Refiriéndome ahora a la PNL del Grupo Plural, del Partido Nacionalista Gallego, estamos ante el cumplimiento, efectivamente, del punto 4 del acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y el Bloque, suscrito el 3 de enero de 2020, en
una carrera para igualarse con otras autonomías, junto a otros que tienen también tinte de ideologías y de dogmatismo de izquierda y a otros que conllevan el desmantelamiento de la industria energética gallega. Ya lo denunció en el Pleno mi
compañero de grupo parlamentario Francisco Contreras el pasado 2 de febrero. Se opuso por dos motivos: el primero, por el rechazo al aumento constante del poder de las taifas autonómicas a la cesión sin contraprestaciones del activo patrimonial;
segundo, porque en la transferencia surgen importantes dudas de su legalidad, toda vez que las carreteras de marcado interés general son competencia exclusiva del Estado, tal y como establece el artículo 149.1.24.ª Pero, es que, además, la
Administración General del Estado deberá conservar a su cargo las obligaciones económicas y financieras contraídas con la sociedad concesionaria de la autopista AP-9. Se trata del contrato de concesión de autopistas de peaje de mayor duración de
España, 75 años, hasta agosto de 2048.


La señora PRESIDENTA: Ha finalizado su tiempo.


El señor CALVO LISTE: Voy concluyendo, señora presidenta, gracias.


Hay que tener en cuenta la nefasta gestión en materia de autopistas que ha desarrollado siempre la Junta de Galicia, y en las que hay un peaje a la sombra, sobre todo en la AG-31 y AG-55, pues el usuario paga menos de lo que realmente cuesta
y esto no tiene ningún desgaste político para la Junta, quien tiene que compensar después la diferencia para evitar la quiebra de la concesionaria. Estamos ante un caso paradigmático de la perversión del Estado de las autonomías, a la que me he
referido con anterioridad, y la presente PNL no hace más que confirmar este argumento. Como quedó evidenciado en la sesión de control al Gobierno ayer, en la dotación presupuestaria para bonificar y reducir el peaje, concretamente 55 millones de
euros, serán dos tercios de lo que se gasta el Estado en bonificaciones de este tipo para toda España, nuevo peaje en la sombra que pagarán todos los españoles.


Como podrán haber deducido, votaremos en contra, puesto que no vamos a favorecer el nacionalismo del señor Núñez Feijóo con nuevas concesiones.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para anunciar a la Comisión si aceptan o no las enmiendas, el señor Rego ya anunció que aceptará la del Grupo Socialista. ¿Y el Grupo Confederal de Unidas Podemos?



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El señor HONRRUBIA HURTADO: Aceptamos la del PSOE, no la del PP.


La señora PRESIDENTA: Solo la del Partido Socialista. Gracias.


Con la incorporación de las enmiendas en los dos puntos, que votaremos por separado, procederemos a votar al final conjuntamente todas las iniciativas que se debatan.


Muchas gracias.


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PREPARACIÓN Y NEGOCIACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO, DE UN III ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO Y DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO (2021-2023).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001576).


La señora PRESIDENTA: Vamos a sustanciar el asusto número 2 del orden del día, que se refiere a la preparación y negociación con las organizaciones sindicales más representativas en el sector público de un tercer acuerdo para la mejora del
empleo público y las condiciones de trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su portavoz, la señora De Luna.


La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidenta.


Como todos ustedes saben, en marzo de 2017 y marzo de 2018 se firmaron dos grandes acuerdos por parte de los Gobiernos del Partido Popular con los sindicatos más representativos de la Función Pública, como son Comisiones Obreras, UGT y el
CSIF. Estos grandes acuerdos constituyen hitos fundamentales en el reciente desarrollo de la Función Pública de nuestra nación, tanto en lo que se refiere a la forma, ya que se trató de acuerdos ampliamente negociados y pactados, como también en su
contenido, toda vez que se trataron temas muy diversos como la Oferta de Empleo Público, los incrementos retributivos del personal público, así como también los fondos adicionales, los procesos de estabilización de empleo público, medidas en materia
de conciliación, en materia de incapacidad temporal, de mejora de condiciones de trabajo, etcétera. Y algo importante es que en estos acuerdos también se establecieron unos mecanismos de control y seguimiento de los mismos que se habían firmado.


En la actualidad, y dado que ya han pasado tres años, las principales organizaciones sindicales en el ámbito de la Función Pública han expresado la necesidad de que se firme un tercer acuerdo. Desde el Partido Popular compartimos esta
necesidad para continuar con la acertada política de negociación y de planificación, con perspectivas de medio y largo plazo, como se hizo en su momento por los Gobierno del Partido Popular, y que tan buenos resultados dieron al abarcarse de forma
amplia muchos y variados sectores y materias que afectaban a los funcionarios y sus condiciones laborales, pero, sobre todo, por el gran consenso al que se llegó y que se pactó, como digo, con todos los sindicatos. En este sentido, creemos que ya
se debe abordar con carácter inmediato la negociación de este tercer acuerdo, y nos resulta un tanto sorprendente la falta de pulso que refleja la acción gubernamental en esta materia si se considera la importancia que tiene para todo el sector
público y también por la relevancia de los actores sociales implicados en la negociación.


Por ello, hemos hecho esta proposición no de ley instando al Gobierno a que, con la debida diligencia, vayan preparando este tercer acuerdo sobre las condiciones de trabajo y mejoras del empleo público, como mínimo con los contenidos que
hemos expresado, y en el que deberían también establecerse una serie de puntos que proponemos en la PNL que presentamos. Uno sería la supresión de las tasas de reposición a partir de 2022, toda vez que las de 2021 han sido aprobadas recientemente
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, entendiendo que se tendrían que suprimir, pero no para aquellos sectores prioritarios que por las circunstancias excepcionales, tanto sanitarias como económicas que estamos padeciendo, fuera necesario
fortalecer cubriendo muchas más plazas de las estrictas de la tasa de reposición, ámbitos como pueden ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Sanidad, la Educación. Y en materia de prestaciones de Seguridad Social entendemos que es
prioritario atender al SEPE, no solamente por el tema de los ERTE, sino también por el resto de prestaciones y subsidios de desempleo. También el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que ha visto agravada la sobrecarga de trabajo como el
ingreso mínimo vital, lo que está suponiendo que no solamente no se atienda el ingreso mínimo vital en la resolución de expedientes, sino que tampoco se están atendiendo las prestaciones que tiene encomendadas jubilaciones, incapacidades, etcétera,
en los plazos. Y, por si fuera poco, han asumido también las competencias en materia del régimen de clases pasivas del Estado. Por tanto, se



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han encontrado con unas competencias nuevas, lo que conlleva un gran retraso en la resolución y en la atención de estas prestaciones que como entidad gestora tiene encomendadas. También, el mantenimiento del compromiso del 8 % de
temporalidad, seguir con este objetivo y con este límite, porque es la única forma de acabar con la gran precariedad que existe en la Administración pública. Y también tendrán que regularse las medidas en materia de jornada de trabajo, tanto
presencial como el nuevo teletrabajo, medidas que continúen con los impulsos de los planes de igualdad, en materia de incapacidad temporal, etcétera. Y, por último, también creemos que debería incluirse un acuerdo sobre los criterios básicos y
estructurales de una política de formación, que haya unos auténticos itinerarios personalizados por especialidades para los funcionarios, para que la formación se convierta en una formación continua.


Desde nuestro grupo, dado que lo que estamos proponiendo es mejorar las condiciones laborales de nuestros empleados públicos y de la propia Administración pública, entendemos y solicitamos el respaldo a esta PNL del resto de grupos.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por clarificar a efectos de ordenación de la votación, la autoenmienda 1 se da por incorporada en el texto de la iniciativa.


Se han presentado varias enmiendas por parte del Grupo Parlamentario VOX, las números 2, 3 y 4, y las va a defender el señor Ruiz Navarro.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.


El Partido Popular nos presenta una proposición para preparar y negociar el tercer acuerdo en el ámbito del sector público para mejorar las condiciones del empleo público y las condiciones en general de trabajo de los funcionarios. Entre
las actuaciones concretas que nos propone, como ha comentado su portavoz, se encuentra el suprimir la tasa de reposición como tope a las OPE a partir de 2022 para determinados colectivos o sectores específicos de la Administración, establecer el
cumplimiento del límite del 8 % como tasa de temporalidad máxima y también el establecer, por ejemplo, la consolidación de determinadas cuestiones consideradas avances, e incluso que se impulsen, por ejemplo, los planes de igualdad.


Nuestro grupo parlamentario considera que es muy importante contar con unos buenos empleados públicos, estables, en número suficiente, seleccionados bajo los principios de mérito y capacidad y que reciban una retribución justa y adecuada a
sus responsabilidades. Pero hay que tener en cuenta que el tercer acuerdo que propone el Grupo Popular en el ámbito del sector público hay que enmarcarlo en el contexto en el que se realizó, por ejemplo, el segundo acuerdo, el acuerdo de 2018 a
2020. El anexo de este segundo acuerdo hacía referencia a que la base era la mejora de la situación económica de aquellos años para poder realizar el acuerdo, por ejemplo, de la mejora de las retribuciones públicas de los funcionarios. En la
actualidad, como consecuencia de la pandemia y de la irresponsable gestión de nuestro Gobierno de España, la situación de grave crisis económica y social ha provocado que el PIB en España caiga más de un 11 % y que más de 4 millones de españoles
hayan perdido su trabajo.


Señorías, tenemos la obligación, cuando sea posible, de apoyar a nuestros empleados públicos y pagarles lo que en justicia se merecen, pero primero hemos de recuperar la salud de nuestro tejido empresarial y también eliminar las partidas de
gasto público que son absurdas. Dicho esto, proponemos que se haga ya un esfuerzo por reconocer económicamente a quienes lo están dando todo durante esta pandemia, a aquellos sectores prioritarios como son los sanitarios, los policías, los guardias
civiles o los militares.


Por último, quiero comentar que hemos presentado enmiendas a esta PNL del Partido Popular porque, en el fondo, nos gustaría apoyarla, pero nos sorprende -o quizá no- que el Grupo Popular siga tragándose los falsos dogmas progres plasmados en
la Ley Orgánica 3/2007, que insisten en la desigualdad entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito de la Administración. No tienen sentido planes de igualdad en la Administración ni perspectivas de género porque no existen discriminaciones
entre hombres y mujeres, eso es evidente, y quien no quiera verlo, que mire. Todo esto cuesta dinero a los españoles y solo sirve para que los amiguetes, las amiguetas y los amiguetos de quienes están en el Gobierno vivan a cuerpo de rey. Por eso
nuestro voto positivo se supedita a la admisión de nuestras enmiendas.


Muchas gracias.



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Aceves.


El señor ACEVES GALINDO: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.


El debate que mantenemos relacionado con una proposición no de ley del Partido Popular referida a una serie de pautas con respecto a los acuerdos y a la forma de gestionar la representación de los trabajadores como legítimos representantes,
junto con las fórmulas apropiadas para poder desarrollar las políticas en nuestro país, no deja de sorprendernos. En primer lugar, he de decirles que algo ha quedado claro durante esta pandemia, porque acabo de escuchar una sarta de afirmaciones un
poco curiosas y, señorías, estamos en pandemia y la crisis social y económica que vivimos se deben a una pandemia, y gracias a que en este país hay un gobierno progresista se está salvando de la mejor manera posible, porque ¡madre mía lo que hubiese
supuesto con otro tipo de gobiernos! Pero viviendo en pandemia, lo público y los empleados públicos -y lo digo abiertamente- han salido fortalecidos ante la sociedad. La sociedad ha demostrado que los empleados públicos son reconocidos por su
trabajo, sobre todo ahora, en pandemia. Y quiero destacarlo porque es de justicia.


La verdad es que la proposición no de ley del Partido Popular nos viene a imponer su modelo, y, hombre, lecciones del Partido Popular sobre lo público y el modelo, las justas, más bien ninguna. Es curioso que nos venga a decir qué tipo de
relaciones tiene que tener el Gobierno con las centrales sindicales, proponiendo un modelo del pasado con respecto a lo que ahora se está viviendo. Hoy mismo, señorías, el ministro Iceta ha tenido una reunión con los sindicatos mayoritarios de
nuestro país representantes en la Mesa general de negociación, y -lo pueden ver en los comunicados de los sindicatos- ha dejado claramente la buena predisposición del Gobierno para llegar a acuerdos. Y yo les digo: ¿qué diferencia hay entre hacer
un acuerdo con veinte puntos a hacer veinte acuerdos con un punto? Si lo que hace falta es contenido, si lo que hace falta es que en las políticas se defienda realmente lo público, no, por el contrario, la política que viene a decir que cuando me
interesa utilizo a los empleados públicos y cuando no me interesa les dejo completamente tirados.


En esta situación, lo que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista ha sido presentar una enmienda razonable, porque lo que viene a decir es que las políticas de Función Pública se tienen que basar en la negociación y el consenso con los
representantes de los trabajadores, que hay que apostar por la oferta de empleo público, como ha hecho este Gobierno. Por cierto, se han hecho tres ofertas de empleo público en dos años que han disparado el número de plazas ofertadas con respecto a
lo que se venía haciendo en los últimos años. Políticas relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral, con la igualdad entre mujeres y hombres. Acabo de escuchar ahora un nuevo hito en el parlamentarismo y al señor de VOX que no
utiliza las palabras tal y como figuran en nuestro marco constitucional; tan defensores de la Constitución como son y no se atreven a decir igualdad, mérito y capacidad. Pues lo digo yo: igualdad, mérito y capacidad. E igualdad entre mujeres y
hombres también en lo público; protección de las víctimas de violencia de género; eliminación de discriminación de acceso a la Función Pública, y también, por qué no, hablar de la tasa de reposición y estudiar cuál es la mejor fórmula para que
desde el Gobierno, con el apoyo de las centrales sindicales, se pueda avanzar en esa dirección. Y, hablando de temporalidad, por supuesto, la única Administración que cumple es la Administración General del Estado, llegando al 8 %. Además, no
olvidemos que este Gobierno, en tan solo este año, ha firmado seis acuerdos y ha realizado dos mesas generales de negociación con todos los puntos por acuerdo. Así que, lo razonable para avanzar en lo público es nuestra enmienda, señorías, que es
lo que el Grupo Parlamentario Socialista defiende.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Vamos al turno de portavoces. Empezando por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mazón.


El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.


Leyendo el contenido de estas proposiciones no de ley, la verdad es que no se puede poner muchas pegas a lo que dicen, ni en la autoenmienda ni en la enmienda del Partido Socialista, porque son palabras que están llenas de buenas
intenciones. No es nuevo en esta Comisión que se planteen cuestiones así. Por nuestra parte, damos la bienvenida a cualquier impulso que pueda haber para la modernización de la Administración, que le hace mucha falta, pero especialmente en materia
del empleo temporal, donde el problema parece una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande. Ya la Unión Europea ha



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llamado la atención al Reino de España precisamente por la elevada tasa de temporalidad que hay en la Administración pública y son temas que hay que corregir.


Por lo demás, vamos a esperar a ver qué dicen los proponentes, pero cualquier acuerdo nos parecería bien, todo es un impulso. Nada más.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Cambronero.


El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, presidenta.


Estando en mi grupo netamente de acuerdo con el texto del Grupo Parlamentario Popular, a nuestro juicio, lo verdaderamente necesario es un ejercicio de evaluación de los puestos de trabajo y de las necesidades de personal y capacidades de
las administraciones públicas, que, en algunos casos, se van a traducir en tasas de reposición muy por encima del cien por cien en departamentos como, por ejemplo, la Inspección de Hacienda o de la Seguridad Social. Por ello, nos parece que, de
cara al nuevo acuerdo, debemos dejar atrás ese enfoque tradicional en lo que a la gestión de los recursos humanos públicos se refiere y optar por un modelo más dinámico.


Se propone también en la PNL un control estricto de la temporalidad, el Gobierno se marcó un objetivo del 8 % para 2020 y, a día de hoy, seguimos viendo cómo los datos de temporalidad ofrecidos por la EPA superan el 25 %. El objetivo del 8
% es loable, pero se necesitan actuaciones claras y, sobre todo, concretas. Miren, nos queda claro el qué. Nosotros, con la PNL que vamos a debatir después, vamos a proponer el cómo. Espero el apoyo de todos los grupos parlamentarios.


Otra propuesta muy loable de esta iniciativa es trabajar en la conciliación. Estamos netamente de acuerdo. Lo cierto es que también tenemos que ser más ambiciosos en ese sentido. Y es bueno que pensemos -y muchos colectivos me lo
transmiten así- no en plazas, sino en personas. Al funcionario público se le concibe como una plaza, y detrás de cada funcionario, detrás de cada interino hay una persona. Por lo tanto, creo que deberíamos pensar más en personas.


Acabo posicionando a mi grupo y, a la espera de ver qué sucede con las enmiendas, votaremos a favor de esta iniciativa.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Es el turno del Grupo Plural, señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.


Hoy, 11 de marzo de 2021, les propongo un ejercicio; saben que me gusta hacerlo. Pongamos que estamos en el 11 de marzo de 2018, tres años atrás. Uno se lee la propuesta y la autoenmienda del Partido Popular y se lee la enmienda del
Partido Socialista y si nos situamos tres años atrás, seguro que eran absolutamente intercambiables: lo que el Partido Socialista hubiese planteado a la oposición es lo que está planteado el Partido Popular con su propuesta y con su enmienda, y lo
que hubiese propuesto hace tres años el Partido Popular es lo que está proponiendo ahora el Partido Socialista. ¿La diferencia? El 1 de junio de 2018, una moción de censura, el que está gobernando pasa a la oposición, el que está en la oposición
pasa a gobernar. Ver cómo el Partido Popular pide la supresión de las tasas de reposición tiene, como poco, su intríngulis. ¡Cuántas veces le habíamos pedido la supresión de las tasas de reposición, al menos, en aquellas administraciones donde no
tuvieran problemas de sostenibilidad, que había unas cuantas! Y ya no quiero recordarles la cantidad de ayuntamientos a los que, saneados financieramente, se les ha mantenido y se les mantiene todavía una tasa de reposición. Por tanto, no nos
gustaba cómo estaba planteada la propuesta, la autoenmienda lo soluciona un poco, pero no mucho, y la enmienda del Partido Socialista es una enmienda para decir que continúan trabajando.


Mire, un mensaje en torno a la temporalidad. Ha llegado el momento, más allá de que muchas de las personas que están ocupando de forma interina estas plazas se dirijan a nosotros, a cada uno de los diputados, en algunos casos con
situaciones preocupantes que nos llegan mucho, sinceramente. Hagamos un esfuerzo, dejémonos de PNL que no sirven absolutamente para nada y a ver si somos capaces de legislar respetando la autonomía local, respetando las competencias de las
comunidades autónomas, pero se ha de legislar y plantear un plan para acabar con estos índices brutales de temporalidad que generan a largo plazo enormes injusticias colectivas y a nivel personal.


En todo caso, nosotros vamos a abstenernos en esta proposición.



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, es el turno de la señora Telechea, del Grupo Republicano.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


No teníamos pensado intervenir, porque estoy de acuerdo con lo que ha comentado mi compañero Ferrán Bel, y no tengo nada más que decir en ese sentido, que estamos aquí para legislar, para hacer cambios reales y para ayudar a la gente y a la
ciudadanía que realmente lo necesita y que ahora mismo está en una situación muy mala, como ha dicho mi compañero. Recibimos visitas, correos, seguramente como todos los grupos, de las situaciones en las que se encuentran muchas de estas personas,
sobre todo mujeres que están en situación de interinidad, porque las mujeres somos el colectivo más perjudicado, otra vez, en esta situación del personal al servicio de la Administración pública. Por lo tanto, nosotras también nos vamos a abstener.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Confederal Unidas Podemos, el señor Honrubia.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias señora presidenta.


Desde mi grupo parlamentario siempre vamos a ser partidarios de cualquier impulso a cualquier tipo de mejora en las condiciones laboral y económica de los trabajadores, sea en el sector público o en el sector privado, y, por supuesto, vamos
a ser partidarios de que eso se haga en el ámbito del diálogo social y teniendo en cuenta la participación y la demanda de los agentes sociales y, en especial, de los sindicatos. Creo que la prueba la tenemos en el Ministerio de Trabajo, que ayer
cerró su octavo acuerdo en lo que va de legislatura en el ámbito del diálogo social, y creo que esa es nuestra forma de trabajar.


A diferencia del comentario que ha hecho el señor Bel, que entiende que se pueden intercambiar posiciones según se está en la oposición o en el Gobierno, nosotros entendemos que lo primero que un grupo tiene que tener para proponer ciertas
cosas es credibilidad, y entendemos que hay determinados grupos en esta Cámara que para proponer lo que se propone en esta PNL carecen totalmente de credibilidad. Efectivamente, todos estamos de acuerdo en que hay problemas graves en las
administraciones públicas, problemas que tienen que ver con falta de personal, con envejecimiento de las plantillas, con abuso de la temporalidad, por supuesto con la necesidad de avanzar en el marco de la igualdad entre hombres y mujeres, en la
lucha contra cualquier tipo de violencia contra la mujer, en la mejora en el ámbito de la conciliación, etcétera, pero todo esto tiene unas consecuencias, y viene de una serie de políticas que se aplicaron durante prácticamente una década por los
recortes y con un modelo que incidía de alguna forma en dejar morir las administraciones públicas para impulsar determinados marcos privatizadores en los que la derecha se mueve muy cómoda. Por tanto, que ahora vengan con propuestas como eliminar
las tasas de reposición, cuando ellos las fijaron en el cero por ciento durante cuatro años, con un 10 %, y que solo en años electorales elevaron un poco, seguramente pensando en el resultado de las elecciones y no tanto en las condiciones de
trabajo del personal de las administraciones, nos parece que suena a chiste.


Por tanto, nosotros, estando de acuerdo en la necesidad de que haya diálogo y acuerdo, creemos que hay una intención en este Gobierno de que así sea, pero no podemos apoyar esta PNL porque, para empezar, no nos creemos la intención sincera
de quien la propone, y, para seguir, entendemos que este Gobierno sí que está demostrando que tiene un compromiso con el empleo público, por ejemplo, con la reforma que se ha hecho de los artículos 48 y 49 del EBEP sobre el permiso de los empleados
públicos, o, por ejemplo, con la incorporación del artículo 47 bis sobre el teletrabajo, etcétera, mientras que la respuesta del Partido Popular es un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que afecta, por ejemplo, al régimen de permisos. Esos son sus hechos, estos son los nuestros, y, como digo, creo que no tienen
credibilidad para plantear este tipo de cuestiones.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Para informar a la Comisión si acepta las enmiendas, tiene la palabra la señora De Luna.



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La señora DE LUNA TOBARRA: No, no las acepto, a pesar de que en el contenido lo que estaba exponiendo el Grupo Socialista creo que es lo que debe ser una negociación, pero no hay un compromiso, que es lo que dice la PNL, para que haya unos
contenidos y se hable sobre esos contenidos en concreto. Por tanto, creo que desvirtúan la proposición no de ley que hemos presentado y no aceptamos las enmiendas de ninguno de los dos grupos, por lo que pedimos que se vote en los términos que se
han presentado.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Luna.


- RELATIVA A LA REFORMA DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/001686).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos al punto número 3, que se refiere a la proposición no de ley relativa a la reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, que ha
registrado el Grupo Parlamentario VOX.


Para su defensa tiene la palabra el señor Del Valle.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia.


Señorías, frente a los incumplimientos que con respecto a las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se vienen produciendo por las distintas administraciones públicas, y en particular por la Administración General del
Estado, el Grupo Parlamentario VOX entiende que el Gobierno debe hacer de la transparencia y la rendición de cuentas los principios fundamentales de su actuación, garantizando a su vez el acceso a la información pública a todos los ciudadanos, con
el fin de que puedan conocer en todo momento las actuaciones de sus representantes. El Ministerio del Interior es el mayor incumplidor de estas resoluciones. A título de ejemplo, en el año 2020 -y está sacado de la página web del consejo- no ha
atendido, entre otras, cuestiones como certificados de pago a determinado despacho de abogados, costes de comidas del señor Marlaska, el señor ministro, coste de la Operación Ícaro, datos de policías, guardias civiles heridos tras la sentencia del
procés en Cataluña, expedientes de expulsión, devolución y vuelos de deportación, hasta ha dejado de contestar el número de efectivos, coches y motos de la Policía Nacional, que es una resolución del Consejo de Transparencia del mes de junio de
2020, y sigue sin contestar.


A tal efecto, instamos al Gobierno a llevar a cabo una reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública, y buen gobierno, en la que se recojan los siguientes extremos: potenciar la autoridad
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para adoptar criterios de interpretación y recomendaciones para la mejor aplicación de la ley como órgano responsable de garantizar el cumplimiento de la misma a nivel estatal, de conformidad con su
artículo 38; incorporar y regular un régimen sancionador basado en la figura legal de las multas coercitivas, con el fin de mejorar el acatamiento de las resoluciones y recomendaciones del Consejo; incrementar tanto la dotación presupuestaria, que
la señora ministra anterior al actual ministro se comprometió a que iba a hacer y que luego en los presupuestos para 2021 que se han aprobado no ha hecho, así como el personal del Consejo, de conformidad con los criterios que ha expuesto en sus
declaraciones; crear un presupuesto propio y segregado del del ministerio para favorecer la independencia del Consejo; disponer la obligatoria presentación de los informes anuales que el Consejo elabore ante el Congreso de los Diputados para su
sometimiento a debate y posterior presentación de propuestas de resolución; adaptar la actual normativa básica en materia de transparencia y acceso a la información a las necesidades actuales; promover, dentro del marco de los convenios suscritos,
que las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias y Cantabria constituyan los consejos de Transparencia que fueron creados por sus respectivas leyes autonómicas hace más de dos años y que están pendientes de constituir; crear un
registro estatal de intereses y grupos de interés que, en relación con la agenda de trabajo de los altos cargos y responsables políticos, permita a la ciudadanía conocer las reuniones mantenidas por estos con los grupos de presión e influencia, los
conocidos como lobbies; incorporar una regulación de los grupos de interés sin perjuicio de su ulterior desarrollo reglamentario que contemple lo siguiente. En primer lugar, las actividades permitidas; en segundo lugar, su preceptivo registro en
el Registro estatal de Intereses y Grupos de Interés; en tercer lugar, un código de conducta de obligado cumplimiento, y en cuarto y último



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lugar, regular un trámite de mediación de los órganos garantes entre la Administración pública y los demandantes de información en caso de conflicto que ofrezca un marco de relación mutua que permita acercar posiciones acercar a la
información y, por consiguiente, reducir los conflictos existentes.


Por todo ello, solicitamos al resto de grupos parlamentarios que voten a favor y apoyen esta PNL, pues ello supone apostar por el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos y por la transparencia real y efectiva de la
actuación de sus gobernantes.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por la brevedad.


No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posición, empezando por el señor Mazón.


Tiene la palabra por un tiempo de tres minutos.


El señor MAZÓN RAMOS: Muy brevemente. Solo me voy a referir a la alusión que hace a la Comunidad Autónoma de Cantabria, que, por su propia ley, tiene la facultad de crear un Consejo de Transparencia y no lo ha creado hasta este momento
porque, sencillamente, no lo necesita. Hay una cuestión que es de reducción de costes, tenemos un convenio con el Estado, con la Administración central, que funciona perfectamente, y el volumen de reclamaciones y de peticiones que hay en este
ámbito es suficientemente reducido para que cuando se envían a Madrid respondan con la celeridad posible. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de crear un órgano nuevo y vamos a seguir así.


Nada más.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cambronero.


El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, presidenta.


Debatimos una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX en la que se insta al Gobierno a realizar una labor que nos compete a nosotros, al Congreso. Somos el Poder Legislativo de este país, señorías, por lo tanto, no
corresponde al Gobierno llevar a cabo una reforma de la Ley de Transparencia, sino a nosotros, y mucho menos cuando la coalición del Gobierno ha mostrado su nulo interés por las cuestiones de transparencia.


Señorías, una democracia fuerte y sana exige instituciones limpias, rendición de cuentas y políticos fuera de toda sospecha. No es suficiente la aplicación del Código Penal, pues la actividad pública exige una integridad y un proceder ético
singulares. En este sentido, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha denunciado en algunas ocasiones que se encuentra enormemente limitado por la falta de recursos humanos y materiales, lo que hace imposible la verdadera evaluación del
cumplimiento de la ley y de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados por ley. Por tanto, debemos invertir en la mejora de medios materiales, humanos y técnicos para el Consejo del Buen Gobierno.


A pesar de la obsolescencia de la PNL estamos de acuerdo netamente en su contenido y votaremos a favor. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Plural tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Brevemente.


De hecho, no pensaba intervenir, pero voy a hacer una reflexión para los diputados de VOX, si lo entienden oportuno. Vaya por delante que nosotros no vamos a apoyar la iniciativa. Reconocemos que traen sus iniciativas muy bien documentadas
y trabajadas y eso es lo que constatamos. No entendemos que VOX, que además con el tipo de iniciativa que trae está prácticamente legislando, porque no es que inste al Gobierno a hacer una modificación, sino que le dice punto por punto cómo la
tiene que hacer, utilice una PNL, no entiendo por qué le dicen al Gobierno que legisle como ustedes quieren. Lo que deberían hacer es presentar una iniciativa legislativa en este sentido. Intuyo que deben tener mucha confianza en la capacidad
legisladora del Gobierno socialcomunista para que le otorguen esta potestad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Honrubia.



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El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, comparto la reflexión que ha hecho el compañero señor Bel. En cuanto a los datos que aporta, tampoco nos cuadran. Según las propias fuentes que cita, hemos ido a la web del Consejo de Transparencia y aparece que en el año
2020 se han cumplido un 81 % de resoluciones, a lo que hay que sumar un 13 % de las que el Consejo indica que no consta cumplimiento. Por tanto, no sabemos muy bien de dónde han sacado esas cifras que dan. En cualquier caso, entendemos que si
alguien tiene que dar explicaciones y valorar esta cifra tendrá que ser, en su caso, el Consejo de Transparencia. Y lo que sí sabemos es la relación que VOX tiene con la transparencia. Por un lado lo que tiene que ver con el Consejo de
Transparencia, que votó en contra de la designación de su presidente, pese a que se sabía que llevaba tres años con la plaza vacante y era urgente para el normal funcionamiento del organismo que se nombrara. Por otro lado, me parece que ustedes
deberían taparse un poco para venir esta semana aquí a hablar de transparencia cuando han sido el único partido que no han hecho la declaración de intereses económicos, incumpliendo el código ético y demostrando que con la transparencia tienen poca
o ninguna relación, demostrando, además, de alguna forma que algo tendrán que ocultar de su pasado, de su procedencia, de la procedencia de sus financiación, o no lo sé, para no atreverse a hacer algo tan básico y que cuesta tan poco tiempo hacerlo.
Yo le pediría que en lugar de venir aquí a instar al Gobierno a que haga algo que ustedes podían hacer, hagan ustedes lo que pueden hacer, que es rellenar esa declaración de intereses económicos para que todos sepamos lo que tenemos que saber con
esas declaraciones.


Muchas gracias.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Señora presidenta, pido la palabra por el 71.3 del Reglamento. Dos segundos.


La señora PRESIDENTA: No tiene la palabra.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Es por la referencia directa a que no hemos hecho declaración de intereses.


La señora PRESIDENTA: Al finalizar el debate le doy un minuto.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Es que luego se nos olvida, y esto es inmediato.


La señora PRESIDENTA: Ya, pero no está previsto ese turno. Al finalizar.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Ha habido una referencia directa a que no hemos hecho la declaración y sí la hemos hecho, otra cosa es que se utiliza una fórmula genérica de que no ha existido actividad incompatible, pero hacerlas, las hemos
hecho.


Nada más. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rojas.


El señor ROJAS GARCÍA: Señorías, la proposición no de ley que se tramita aquí presentada por el Grupo VOX viene a pedir, en general, más transparencia, y por tanto vamos a apoyarla, porque el Grupo Popular está pidiendo más transparencia en
todos y cada uno de los debates que hay en este Congreso, porque estamos ante el Gobierno menos transparente de la historia de la democracia. Por tanto, más transparencia, y cada vez que se traiga aquí una iniciativa de este calado, la apoyaremos.


Esto refuerza la democracia representativa y es lo que nos mandata nuestra Constitución a lo largo y ancho de todo su texto normativo. Y ahora todo cobra más sentido, porque convendrán conmigo muchas de sus señorías aquí presentes en que
nos hallamos ante el Gobierno menos transparente de la historia de la democracia, como antes decía. Seguro que no sorprendo a muchas de sus señorías, las cuales, en virtud de su prerrogativa de control al Gobierno, formulan preguntas escritas y
orales en esta Cámara y obtienen, al igual que muchos de nosotros, la callada por respuesta o la remisión a alguna página web que se controla desde el propio Gobierno y que no dice nada. ¿Recuerdan sus señorías hace dos plenos, tres preguntas del
Grupo Popular sobre el escándalo de Isofotón y la participación de tres ministros actuales del Gobierno en aquella estafa? Hace dos semanas ninguno de los ministros dijo nada. Ese es su sentido de la responsabilidad, el silencio. Y un aviso a los
silentes desde el Grupo Popular: seguiremos tras el caso Isofotón y todos aquellos que puedan representar oscurantismo y en los que el Gobierno esté



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escondiendo la verdad o callando; seguiremos tras ese caso como hicimos con los ERE y no podrán parar. Es inaceptable que el Gobierno no conteste, es inaceptable desde todo punto de vista, y aunque este Ejecutivo pretenda imponer el
silencio de forma consuetudinaria, volveremos a preguntar y a controlar el Gobierno hasta que las fechorías tamizadas con el silencio se vuelvan conocidas por todos. Como diría Cicerón, al final la verdad sale a la luz.


Señorías, la política puede ser sorprendente; pero en este caso lo digo porque el grupo proponente VOX viene en esta iniciativa a pedir más transparencia, y eso está bien, porque en puridad lo vienen haciendo desde hace tiempo, es la
verdad, pero lo que resulta llamativo, señorías, permítanme que lo comente aquí, es que fácticamente con su voto hace unas semanas este mismo grupo apoyó al Partido Socialista para que la gestión de los 140 000 millones de euros de fondos europeos
la maneje el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Moncloa, con nula transparencia. Por eso es una contradicción que tenemos la obligación de reseñar en este debate, aunque apoyemos la propuesta. Es un contrasentido, señorías, que VOX
declare ahora que no se dieron cuenta y que si lo llegan a saber votan que no. Se ve que VOX, por alguna suerte de circunstancias que desconocemos, confía en Pedro Sánchez; deben ser los únicos de derechas que confían en él; la derechita confiada
quizás. Bueno, nosotros en el Partido Popular ya no confiamos en el señor Sánchez, porque va a mantenerse en el poder a toda costa: si tiene que pactar con Bildu, lo hace, si a cambio tiene que acercar terroristas, lo hace, si tiene que renunciar
a sus principios, lo hace, y si tiene que arrancar de cuajo un informe del Consejo de Estado sobre el expediente de los fondos europeos, lo hace y pasa con la apisonadora por encima del Consejo de Transparencia sin que se le altere una pestaña.


Y concluyo ya, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Concluya, que ya ha finalizado su tiempo.


El señor ROJAS GARCÍA: No, señorías, no confiamos en el señor Sánchez. Hemos denunciado las tropelías de un Gobierno incapaz de decir la verdad a los españoles, hemos denunciado el silencio del Gobierno ante estas tropelías, lo vamos a
seguir haciendo y vamos a apoyar esta proposición no de ley porque entendemos que es positiva.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González Pérez.


La señora GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. Señor Rojas, preocúpense por sus casos que, desgraciadamente para todos los españoles y españolas, abundan demasiado en nuestra sociedad. (Aplausos). Y ahora sí, centrándonos en la PNL del Grupo Parlamentario VOX,
quiero decirles que para el Grupo Parlamentario Socialista, en la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, la transparencia no es el bonus extra de un ejecutivo de progreso, es una exigencia y un termómetro de la calidad democrática del
país, es una obligación y un compromiso político central. Dicho lo cual, la posición de este grupo va a ser en contra de una moción que propone lo que ya estamos haciendo, que nos insta a trabajar en un asunto que para este Gobierno es de absoluta
prioridad y que se está tomando muy en serio.


Como saben, ya en esta legislatura el alcance de la reforma de la actual Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, deberá perfilarse en los procesos de consulta y audiencia pública y
en esta Cámara. Se trata de profundizar en líneas como la ampliación de las obligaciones de publicidad activa en la máxima garantía en el ejercicio del derecho de acceso y en la actividad de los órganos garantes, así como en el impulso de la
participación ciudadana en las políticas públicas. En este sentido, en el IV Plan de Gobierno Abierto se incluye un primer bloque de compromisos que abordan la reforma del marco regulatorio. Este compromiso incluye tres acciones fundamentales: la
aprobación del reglamento de la Ley de Transparencia; el impulso de la ratificación por España del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, y la reforma de la Ley de Transparencia. El proyecto de reglamento de
desarrollo de la Ley de Transparencia adaptará la regulación a la jurisprudencia y a los criterios interpretativos del propio Consejo y de la Agencia Española de Protección de Datos. Además, el ente se configura en la reforma como un órgano
independiente al que se le otorgan competencias de promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración, de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía



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del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Por otro lado, durante la tramitación de la reforma de la Ley de Transparencia, podrán valorarse aspectos relacionados con las
funciones del Consejo, si bien este funciona ya con plena independencia, capacidad jurídica y capacidad de obrar. La autonomía en el ejercicio de sus funciones vendrá garantizada por el respaldo parlamentario con el que debe contar el nombramiento
de su presidente.


Como ven, señorías, el compromiso del Gobierno con la transparencia es total. Coincidimos en la importancia de abrir las ventanas, retirar los cerrojos, ventilar los espacios y permitir el acceso al conocimiento público de las decisiones
que toma la Administración, y en la necesidad de dejar atrás los tiempos del oscurantismo, la turbidez, la información privilegiada para unos pocos y la ignorancia pretendida e interesada en la que se mantuvo la gran mayoría.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por alusiones había pedido la palabra, invocando el artículo 71.3 del Reglamento, el señor del Valle. Tiene un minuto.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Sencillamente quiero aclarar que cuando el portavoz de Unidas Podemos ha dicho que los diputados de VOX no habían hecho la declaración de intereses, no es cierto, hacerla, la hemos hecho; otra cosa es que hemos utilizado fórmulas genéricas
en algún caso, en las que se dice que, sencillamente, no hemos realizado actividad incompatible que deba ser reflejada. Solo quería aclarar eso, que hechas, están hechas.


Nada más. Gracias.


El señor HONRUBIA HURTADO: Fórmula genérica hecha en la India, imagino. Que digan lo que tienen que decir, que es para lo que se hace en ese tipo de declaraciones. Si no lo hacen, que expliquen el porqué, porque a mí no se me ocurre otra
cosa que están ustedes ocultando deliberadamente información porque no quieren que se sepa.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- SOBRE MEDIDAS Y ACTUACIONES ENCAMINADAS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA ZONA SUR Y ESTE DE LA CIUDAD DE MADRID. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001708).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el cuarto punto del orden del día, referido a la proposición no de ley sobre medidas y actuaciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad social de la zona sur y el este de Madrid, que ha registrado
el Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra el señor Viondi.


El señor VICENTE VIONDI: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes a todos y a todas. El Grupo Parlamentario Socialista trae esta proposición no de ley por varios motivos. El primero de ellos es para que sea de conocimiento para esta Cámara que detrás de las luces de neón de la Gran Vía y de
los fastos que representan muchas de las calles de Madrid, hay un Madrid más allá de la M-30, hay un sur, como escribió Benedetti, y también hay un este. Hay una ciudad que vive una realidad dual: mientras que el norte y el oeste tienen riqueza y
oportunidades, el sur y el este se ven mermados en esas condiciones. En este sur y este, los vecinos y vecinas, los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, llevan durante más de dos décadas con Gobiernos del Partido Popular, últimamente se les ha
añadido Ciudadanos, todavía en el Ayuntamiento, con el apoyo inexorable del partido de la extrema derecha. Durante todo este tiempo han desarrollado un modelo político donde se ha fomentado la desigualdad en la ciudad, y, por extensión, en el
conjunto de la Comunidad de Madrid. Una desigualdad que viene de erradicar la igualdad de oportunidades, donde se ha fomentado el individualismo por encima del colectivo, y donde estos ciudadanos y ciudadanas viven en una vulnerabilidad social con
respecto al resto de los madrileños y madrileñas. Sus datos de renta son muy descriptivos: un vecino del distrito de Chamartín, por ejemplo, tiene un 250 % más de renta que un vecino del distrito de Usera; la tasa de desempleo en el barrio de
Salamanca es diez veces inferior a la que tiene un vecino o una vecina del distrito de Puente de Vallecas, donde los servicios son menores, y, por tanto, las oportunidades también



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lo son. Y si hay algo transversal en todos estos barrios y distritos es que el paro juvenil es veinte veces superior al del resto de la ciudad. Con las políticas del Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y en la ciudad
están ustedes condenando a una generación de madrileños del sur y el este a vivir en condiciones precarias. Y cuando no hay igualdad de oportunidades, no hay libertad. Ustedes se jactan constantemente de que Madrid es una tierra de libertades, y
estas no existen cuando no hay ni igualdad de condiciones ni igualdad de oportunidades. Muchos vecinos y vecinas del sur y el este de Madrid se sienten despreciados y maltratados por parte de la Administración que les debe tratar directamente, que
es el Ayuntamiento, y por extensión la Comunidad de Madrid.


Ustedes les han prometido muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, que iban a hacer unos planes de actuación, reequilibrio, intervenciones sociales en infraestructuras, y van pasando los años y las décadas y sigue aumentando la distancia
social entre las oportunidades que tienen ellos y las que tienen otros madrileños y madrileñas. El último invento del Gobierno municipal fue crear una oficina de reequilibrio, y lo triste es que esa oficina aún no ha sacado ni un solo plan adelante
y no ha querido contar hasta la fecha con el Gobierno de España, ni se ha comunicado con él, ni se ha interesado, ni ha querido implicarle en ese fomento de recuperar oportunidades para estos vecinos y vecinas de la ciudad de Madrid.


Por eso, nosotros presentamos esta proposición no de ley, porque hay una deuda histórica, y yo añadiría que también moral, con los vecinos y vecinas de los distritos de Puente de Vallecas, de Villa de Vallecas, de Vicálvaro, de San Blas, de
Carabanchel, de Latina, etcétera. Necesitan oportunidades, y el Gobierno de España está dispuesto. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista trae esta proposición no de ley para que ustedes también se impliquen con nosotros en fomentar y apoyar
que estos distritos de la ciudad de Madrid tengan oportunidades que no tienen a día de hoy con las medidas que plantean con sus políticas. Veintiséis años de desigualdades que tienen que ir acabando. Y es triste comprobar que cuando teníamos una
grandísima oportunidad con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la ciudad de Madrid y en la comunidad, el Gobierno regional ha decidido ausentarse de sus responsabilidades. En un vodevil propio de una tragicomedia, tenemos ahora mismo en
Madrid un Gobierno que no gobierna, dos partidos que se enfrentan en los medios de comunicación y que rompen unilateralmente un Gobierno que tenía que estar gestionando la asignación de fondos, más de 22 000 millones que habían solicitado y que, a
día de hoy, se van a quedar en el alero. Una Comunidad de Madrid que está sin presupuestos desde hace dos años, y con más de 600 millones de euros a repartir en ayudas que no se van a poder llevar a cabo.


Ante esta situación, hoy más que nunca es necesaria la participación y la implicación del Gobierno de España ante la ausencia de políticas por parte del Ayuntamiento de Madrid.


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando.


El señor VICENTE VIONDI: Acabo, presidenta.


Añado que las enmiendas que nos han presentado tanto VOX como el Grupo Popular reflejan el interés que tienen ustedes: no han aportado ni una sola palabra sobre los distritos del sur y del este, han mezclado todos los municipios, el COVID,
o las reclamaciones del conjunto de ayuntamientos. Madrid y sus vecinos del sur y el este necesitan la ayuda de todos, implíquense y asuman las responsabilidades que tienen. Ayúdennos a que el Gobierno de España se implique donde sus gobiernos no
lo hacen a día de hoy.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Se han registrado dos enmiendas a esta proposición no de ley. La primera corresponde al Grupo Popular y la va a defender la señora Marcos Domínguez.


Tiene la palabra.


La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Señora presidenta, señorías, señor Viondi, la madrileñofobia llega al Congreso, y un día como hoy no nos lo podíamos perder, ¿verdad? Hoy no es Ayusofobia, que es lo que más se lleva, sino Almeidafobia, y tan
inconsistente es una como la otra. El PSOE dice estar muy preocupado por los distritos del sur y el este de la ciudad de Madrid, y pide tomar medidas para reducir el índice de vulnerabilidad social. Los señores diputados que no son de Madrid quizá
no sepan que la anterior alcaldesa, la señora Manuela Carmena, que gobernó con el PSOE, elaboró un ranking de



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vulnerabilidad y enarboló el compromiso de reducir el desequilibrio territorial entre los distintos distritos como una de sus promesas estrella. ¿Qué fue lo que consiguió? Al concluir su mandato, la señora Carmena reconoció el tamaño de su
éxito con estas palabras: tenemos que aceptar que los cambios han sido muy pocos. Su socio socialista, la señora Causapié, definió el significado de ese 'muy pocos', y cito textualmente: este Gobierno municipal no ha sido capaz de ejecutar las
demandas ni las propuestas. O sea, muy poco significa nada. Causapié seguía: los distritos del sur y del este de la capital siguen, tres años después, en la cola de los indicadores socioeconómicos de paro, de renta, de educación, de seguridad e
incluso de esperanza de vida. Fin de la cita. ¿Por qué? Pues porque aquel Gobierno municipal de Más Madrid y del PSOE ni siquiera era capaz de ejecutar el presupuesto; la media de ejecución presupuestaria de la señora Carmena fue del 48 %,
señorías.


Señor Viondi, habla usted de oportunidades, pues compare las oportunidades de Madrid con el resto de España en los datos de empleo y de crecimiento del último año en pandemia, por ejemplo. Pero esto, señorías, no es Cibeles, sino la Carrera
de San Jerónimo, y esta Cámara, en nuestra opinión, debe preocuparse por el conjunto de los ayuntamientos de España, en lugar de intentar ganar aquí lo que la izquierda tiene tan perdido en Madrid, que solo buscan mociones de censura por pánico a
las urnas. Y ese es todo su problema y obsesión, los madrileños prefieren al Partido Popular desde hace muchos años, y pueden estar seguros de que este 4 de mayo van a ratificar mayoritariamente que, entre libertad y socialismo, eligen siempre
libertad. Pero no estamos ni en Cibeles ni en Sol, les decía, sino en el Congreso. Por eso hemos propuesto una enmienda a su PNL para que el Congreso pida al Gobierno que actúe como Gobierno de España, de toda España, en el ámbito de sus
competencias y a favor del conjunto de los ayuntamientos y, por tanto, de todos los españoles. Le resumo la enmienda que todos ustedes han tenido oportunidad de leer y que el señor Viondi dice que no le gusta. Le sugerimos, en primer lugar, que
reclamemos al Gobierno lo que toda la Federación de Municipios exige: fondos para luchar contra el incremento de pobreza que ha causado la pandemia. Son los ayuntamientos quienes atienden las colas del hambre, son las administraciones más cercanas
y a las que primero acuden las familias que se han visto arrojadas a la nueva pobreza COVID, y son los ayuntamientos quienes mejor saben colaborar con las entidades sin ánimo de lucro, parroquias y ONG, que están ayudando a esas personas.


La señora PRESIDENTA: Ha finalizado su tiempo. Tiene que terminar.


La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Termino en un segundito, señora presidenta.


En segundo lugar, le sugerimos que el Congreso respalde a los ayuntamientos en su justa reclamación para participar de los fondos europeos que va a recibir España en la proporción que tiene su gasto público. Tiene muy poco sentido que los
presupuestos solo prevean una participación del 4 % en los fondos europeos, cuando su peso en el gasto público total ronda el 15 %.


Muchas gracias, señora presidenta. (Varias señoras diputadas: ¡Muy bien!-Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo VOX, tiene la palabra el señor Del Valle.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia.


El Grupo Socialista nos trae una proposición no de ley que, en los términos en los que está redactada, nos resulta sencillamente inexplicable. Hoy podría pensarse que el proceso electoral iniciado en Madrid explicaría este interés del PSOE
en iniciar ya su campaña en la región. En concreto, hay cuatro cuestiones que chirrían. En primer lugar, la PNL parte de una iniciativa de asociaciones marcadamente politizadas y, por supuesto, subvencionadas por el PSOE y por Podemos; en segundo
lugar, nos preguntamos por qué se insta al Gobierno a promover políticas municipales; en tercer lugar, nos preguntamos igualmente por qué se circunscribe exclusivamente a Madrid, y, en cuarto lugar, por qué no se cita el índice de pobreza. La
exposición de motivos de esta proposición recoge expresamente, como una de sus fuentes, las conclusiones alcanzadas por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Es evidente que todas las conclusiones que alcanza esta federación
van dirigidas inequívocamente a defender y promover al Partido Socialista o a Podemos, no a buscar el bienestar de los españoles. Así las cosas, la misma base de esta PNL está marcadamente sesgada.


La PNL tampoco deja claro en qué medida el Gobierno debe suplir las funciones de las corporaciones municipales o de las comunidades autónomas. Es surrealista que el Gobierno PSOE-Podemos o socialcomunista, que no asume sus responsabilidades
en materia sanitaria, que permite el desgobierno



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en normativa de apertura de hostelería, que gestiona con absoluta negligencia y dejadez la lucha contra el COVID, pretenda invadir ahora, con esta PNL, las competencias de otras administraciones. La PNL se centra exclusivamente en el
sureste de Madrid y olvida otras zonas que sufren grandes necesidades en España. Hay municipios que necesitan una acción como esta con más urgencia que Madrid: por ejemplo, Cádiz, que, por cierto, está gobernada por Podemos; Barcelona, también
gobernada por Podemos; Huelva, gobernada por el PSOE, o Lérida, que está gobernada por Esquerra Republicana. Todos estos municipios sufren unos índices de pobreza muy por encima de los de Madrid, por lo que, en principio, estarían más necesitados
de la ayuda gubernamental que este. Por lo tanto, debemos entender que esta PNL tiene claramente una intención partidista, que busca más bien el beneficio político del PSOE y no de los españoles.


Por último, ¿por qué no se menciona si quiera el índice de pobreza? Ese es el enemigo real de los españoles. Esa pobreza que empuja a muchísimos españoles a unas colas del hambre de las que el Gobierno del PSOE es uno de los principales
culpables. Ustedes son quienes obligan a cerrar negocios, son quienes no pagan los ERTE que prometieron, son quienes no pagan esa renta mínima que anunciaron a bombo y platillo. En definitiva, ustedes son unos de los principales culpables de la
creciente pobreza que resurge en España y, sin embargo, ustedes que provocan el problema, vienen hoy aquí impostando una actitud de falsa buena fe. En definitiva, dejen de hacer campaña electoral, marketing y publicidad, y empiecen a gobernar de
una vez, que los españoles necesitan un Gobierno de España que aporte soluciones de verdad.


La señora PRESIDENTA: Ha finalizado su tiempo.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: VOX ha presentado una enmienda que pretende subsanar estos problemas y ya nos han anunciado que la rechazan.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Es el turno de fijación de posición. Tiene la palabra el señor Cambronero, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, presidenta.


Debatimos una proposición no de ley del partido del Gobierno en el que este nos propone que el Congreso inste al Gobierno, es decir, que nosotros les instemos a ellos a acabar con la vulnerabilidad social; es decir, que el PSOE nos pide que
le pidamos al PSOE que acabe con la pobreza de Madrid. Todo esto, como no podía ser de otra manera tratándose del Partido Socialista, en términos excesivamente genéricos y vacuos, sin aportar nada de contenido, en absoluto. Recuerden que ustedes
son Gobierno, no son la oposición. Muchas de las familias en situación de vulnerabilidad que viven en esta localización, y en otras muchas, necesitan medidas urgentes para paliar el impacto de la crisis económica que estamos viviendo y no de
iniciativas sin valor jurídico que se presentan exclusivamente de cara a la galería y para mencionar a determinados barrios, como hemos visto. Ustedes no están sabiendo utilizar las competencias que tienen y traen esta PNL para quedar bien,
simplemente.


Nuestro grupo parlamentario ha propuesto reducir el IVA de la luz durante las semanas en las que el precio se disparó, pero no obtuvimos respuesta por parte del Gobierno. Señores socialistas, ¿los vecinos del sur y del este de Madrid pagan
luz? Yo creo que sí, como todos. Prediquen con el ejemplo, hagan y no digan. En definitiva, tienen mucho trabajo por hacer y no deberían ustedes malgastar su tiempo con este tipo de iniciativas carentes de valor jurídico y cuyo único interés es
servirse del control parlamentario al Gobierno y evadirse de él, el mismo para el Gobierno que ustedes dirigen. Por lo tanto, hagan, no digan ni se autoinsten.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Bel, por el Grupo Plural.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.


Vaya por delante que el Partit Demòcrata, partido independentista, por convicción y a efectos de que nadie en plena campaña nos acuse de madrileñofobia -que tan de moda ha puesto la señora Ayuso a lo largo de los últimos días-, va a votar a
favor de la propuesta. Ahora sí, es un tanto peculiar. De hecho, no es electoralista porque en noviembre no se podían imaginar ustedes que la señora Ayuso les montase el pollo que les ha montado aquí en Madrid y realice unas elecciones con



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unos índices que, con prácticamente la mitad en Cataluña, eran para no hacerlas, pero aquí estamos.


Quiero hacer algunos comentarios. ¿Por qué exclusivamente Madrid? Cuando ustedes hablan de desarrollar medidas y actuaciones encaminadas a reducir el índice de vulnerabilidad social en la ciudad de Madrid, ¿y la ciudad de Barcelona?
Fíjense en los datos que ustedes dan respecto a la desigualdad en Madrid: Usera alcanza 9395 euros por persona de renta media y, en cambio, Chamartín llega a 25 969 euros de media, es decir, un 250 % de diferencia dentro de la misma ciudad. Les
voy a dar unos datos del Estudio de la distribución territorial de la renta familiar disponible per cápita para el 2017 del Ayuntamiento de Barcelona. Ustedes nombraban Usera con una renta media personal de 9395 euros, pues en el barrio de Ciutat
Meridiana, en la ciudad de Barcelona, la renta es de 8450 euros, mil euros menos; y si se compara con el barrio de mayor renta en Barcelona, que es Pedralbes, con 54 477 euros, la diferencia no es de un 250 % dentro de la ciudad, sino que la
diferencia es de un 644 %, y Barcelona ha estado gobernada por el Partido Socialista desde el año 1979, excepto un paréntesis de cuatro años. Por tanto, cuando oigo al portavoz socialista que dice: ayúdennos a que el Gobierno de España se implique
donde no lo hacen sus Gobiernos. Pues también se tendrían que implicar en otros sitios que no fueran estrictamente Madrid. Y les hablo de Barcelona por no hablarles de otras ciudades de Cataluña, y seguramente del Estado español, pero yo me
refiero a Cataluña.


Evidentemente, no queremos darle una razón electoral más a la señora Ayuso y que diga que los independentistas no queremos que se ayude a Madrid -que no tenemos ningún inconveniente-, pero entendemos que esta lucha por parte del Gobierno del
Estado en relación con la reducción de los índices de vulnerabilidad en las ciudades debería ser mucho más genérica para el conjunto del Estado y no centrarla exclusivamente en la capital, que, siendo muy importante, es tan importante como
cualquiera del resto de ciudades del Estado.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.


Es el turno de la señora Telechea, por el Grupo Republicano.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


Vaya primero por delante una consideración respecto a lo que ha dicho el Grupo Parlamentario VOX, que en Lleida hay un nivel de pobreza muy elevado, pero es que en Lleida Esquerra Republicana gobierna desde mayo de 2019, después de veinte
años de Gobierno del Partido Socialista, o sea que la situación que nos hemos encontrado en Lleida es espectacular.


Dicho esto, nosotras nos vamos a abstener en esta proposición no de ley, porque de la misma manera que no queremos que se entrometan en los asuntos sobre Cataluña, tampoco nos entrometeremos en asuntos de la Comunidad de Madrid.
Evidentemente, somos un partido republicano, somos un partido de izquierdas y luchamos contra todo tipo de pobreza y vulnerabilidad. Por nuestra parte, nuestro grupo se va a abstener.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Jover.


La señora JOVER DÍAZ: Gracias, presidenta.


Nosotros vamos a apoyar esta PNL porque reducir la vulnerabilidad, que nadie quede atrás y poner a la gente en el centro está en los genes de nuestra formación. La vamos a apoyar, pero con la sensación de que estamos perdiendo el tiempo con
esta PNL. Las competencias para reducir la vulnerabilidad son de la Comunidad Autónoma de Madrid y su ayuntamiento, y, por desgracia, ni están ni se les espera. Porque, ¿de verdad creen que hay alguna posibilidad de acordar un plan de actuación
para desarrollar medidas y acciones encaminadas a la reducción de la vulnerabilidad social? ¿Con quién? ¿Con la señora Ayuso? Que, al contrario de otras comunidades autónomas, no ha destinado ni un duro de los euros recibidos para paliar los
efectos de la COVID a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, y estos son a los que dice proteger. ¿Se cree que le importa la vulnerabilidad de los madrileños cuando, en contra del resto de comunidades autónomas, se niega a proteger la
salud de todos los madrileños con el único objetivo de intentar dañar al Gobierno de coalición y sacar algún rédito político? ¿O con el señor Almeida, cuya única preocupación es contentar a sus socios de la ultraderecha borrando memoriales de



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los asesinados impunemente por el Gobierno golpista? ¿O eliminar el mural de Ciudad Lineal a favor de las mujeres ilustres y que el patriarcado se había esforzado en invisibilizar? Con quien no tiene ni la voluntad ni seguramente la
capacidad de cooperación y mucho menos de beneficiar a quien es más vulnerable, difícilmente se puede llegar a ningún tipo de acuerdo o de colaboración. Igualmente, vamos a votar que sí a esta PNL.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Para decir a la Comisión si acepta o no las enmiendas presentadas a esta iniciativa, tiene la palabra el señor Viondi.


El señor VICENTE VIONDI: Presidenta, no vamos a aceptar ninguna de las enmiendas.


- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS ESPECÍFICOS DE INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR PARA LAS ADMINISTRACIONES QUE REALICEN CONDUCTAS ABUSIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ESPECÍFICAMENTE EN LA CONTRATACIÓN SUCESIVA DE PERSONAL
TEMPORAL EN FRAUDE DE LEY. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001894).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el punto número 5, proposición no de ley relativa al establecimiento de sistemas específicos de inspección y régimen sancionador para las administraciones que realicen conductas abusivas en materia de
contratación pública, específicamente en la contratación sucesiva de personal temporal en fraude de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa tiene la palabra el señor Cambronero por un tiempo de cinco minutos.


El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Muchas gracias, presidenta.


Debatimos hoy nuestra proposición no de ley para el establecimiento de sistemas específicos de inspección y régimen sancionador para las administraciones que realicen conductas abusivas en materia de contratación pública, específicamente en
la contratación sucesiva de personal temporal en fraude de ley. Señorías, todos los que formamos parte de esta Comisión conocemos el problema que tenemos en España con la contratación pública temporal en fraude de ley. Hoy, sabiendo que muchos de
los afectados nos están escuchando, quiero dar una dimensión jurídica de cuál debe ser la solución y, sobre todo y más importante aún, una visión humanitaria de lo que supone este problema, algo que como políticos muchas veces obviamos y pienso que
es la clave para dar con la tecla de las soluciones. No son plazas, ya lo he dicho antes, son personas. Esta situación afecta a más de 800 000 familias españolas, y no solo a ellos, también a los 47 millones de españoles que reciben servicios
públicos de manos de personas contratadas bajo una situación de fraude. Pero, ¿saben a quién afecta también y de forma muy importante, señores del Gobierno feminista? Un alto porcentaje de los afectados son mujeres que llevan en muchas ocasiones
décadas realizando un buen trabajo en sus administraciones y que ven cómo a sus más de 55 años en muchas ocasiones tienen que enfrentarse a una oposición en las que sus posibilidades son prácticamente cero. El paro es lo único que ven como futuro.


Señorías, y me refiero a todos, voten en contra y les tendrán que explicar también a esas mujeres su voto. El feminismo va mucho más allá de la pancarta, señorías. Especialmente sangrante es la situación de la contratación temporal en las
universidades, en la educación y en la sanidad. Sí, en la sanidad. Sin duda, el problema radica en la comprobación de estas situaciones de abuso, evidentes en algunos casos y ocultas en otros. De hecho, en este sentido se ha pronunciado
expresamente la sentencia de la Sala Décima del Tribunal de Justicia Europeo, de 14 de septiembre de 2016, requiriendo precisamente a la comprobación de la naturaleza y motivación de la renovación de estos contratos temporales. Lo que pedimos con
esta iniciativa es algo sencillo, simple, inspección eficaz y sanciones efectivas a la temporalidad en fraude de ley, señorías; muy simple.


Termino, señorías. Mi compromiso con esta causa va a ser claro y rotundo. Fíjense hasta qué punto lo es, que pretendo que el Gobierno de la nación dicte una norma para obligar a los Gobiernos autonómicos y locales, en los que algunos está
mi partido, a solucionar el problema. Este va a ser el primer paso. Señorías, el marco jurídico ya lo ha marcado Europa. La ley no es una excusa, su voto en contra sería una afrenta a estas más de 800 000 familias que esperan que termine el
fraude en la contratación de la Administración pública. He decidido no aceptar ninguna enmienda, porque esta iniciativa está redactada de puño y letra por los afectados y quiero que se vote de cara a ellos, sin intermediarios y sin excusas



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políticas. Señorías, les pido su apoyo a esta iniciativa, porque es una causa urgente y necesaria, miles de familias ya no pueden esperar.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cambronero.


Aunque haya anunciado que no va a admitir enmiendas, los grupos parlamentarios que han registrado las suyas van a proceder en este turno a su defensa.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Navarro.


La señora NAVARRO LACOBA: Perdone presidenta, pensaba que defendían las enmiendas los grupos de menor a mayor.


La señora PRESIDENTA: No, es por el número de registro.


La señora NAVARRO LACOBA: Perdone, muy bien, es que en otras comisiones se lleva otro orden. Gracias.


Convendrán conmigo que el debate del abuso de la temporalidad en la contratación de personal en el seno de las administraciones públicas no es nuevo y que son varias las veces en las que se han debatido en esta Comisión y también se ha
abordado el debate en el Pleno de la Cámara. En todo caso, lo que esta tarde el Partido Popular quiere dejar absolutamente claro es que estamos en contra del abuso, no al abuso de la contratación temporal reiterada y en fraude de ley, y que, por
supuesto, aceptamos y tenemos que acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de 2020. Pero lamentamos la ineficacia de este Gobierno; son ya más de dos años de Gobierno socialista que no ha dado una solución al
problema de forma inmediata y que tiene la obligación, por supuesto, de gobernar y de tomar decisiones. Están tardando en diagnosticar el problema, esto es lo más importante para poder abordar una solución a la temporalidad y al abuso de la
temporalidad en la contratación de personal al servicio de las administraciones públicas. Sabemos que en la Administración General del Estado esta no llega al 8 %, precisamente porque fue el compromiso que adquirió un Gobierno del Partido Popular;
como igualmente sabemos que hoy esta se detecta en las comunidades autónomas y también en las entidades locales, que tienen el grueso de la contratación temporal reiterada y fraudulenta. Por lo tanto, es necesario poner en marcha los mecanismos
para hacer una radiografía del problema.


Señorías del Gobierno, los que tienen hoy esta responsabilidad, que son Podemos y el Partido Socialista, diálogo y consenso en los órganos adecuados para esto, como es la Mesa General de la Administración Pública. Allí es donde han de
volcar los datos las comunidades autónomas y las entidades locales para hacer un mapa del abuso de la contratación temporal de funcionarios en las administraciones públicas. No es posible que todavía algunos informes digan que son 600 000 contratos
y en otros 800 000 contratos, necesitamos saber cuántas personas, porque como bien ha dicho su señoría Cambronero, son rostros y personas, y, por lo tanto, hay que acordar unos criterios jurídicos que sean ajustados a derecho para determinar cuál es
la calificación de un contrato como temporal reiterado y cuándo incurre en abuso y cuándo en fraude de ley. La Secretaría de Estado de Función Pública lo anunció así en comparecencia en esta sede, diciendo a su vez que traería a esta Cámara una
reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, y aún no ha pasado. Lo único que ha hecho el Gobierno ha sido prorrogar, acertadamente, mediante el Real Decreto-ley 23/2020, las convocatorias de los acuerdos de estabilización de 2017 y de 2018,
hechos gracias a un Gobierno del Partido Popular, y prorrogarlos hasta finales de este año 2021. Yo sé, señor Cambronero, que esto no le satisface, pero es lo ajustado a derecho, y el PSOE reconocerá conmigo que es lo único bueno que ha hecho hasta
ahora en sus meses de Gobierno, porque sin esta convocatoria esas plazas y esas personas que las ocupan no tendrían forma alguna de acceder a las mismas. Ustedes son más de asesores, de niñeras con nivel 30 y hasta de 26 direcciones generales sin
título de funcionario, pero aquí tienen que cumplir sus promesas y traer la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, darle una solución a estas personas y acordar también con diálogo y consenso cuáles van a ser las medidas disuasorias del
abuso, y, por supuesto, las que establezcan las sanciones a las administraciones que están contratando de forma reiterada y abusando de esta fórmula de contratación.


La señora PRESIDENTA: Ha finalizado su tiempo.



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La señora NAVARRO LACOBA: Por último, quiero decir que cualquier reforma ha de estar ajustada a los principios de la Constitución y del artículo 103 de la misma.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: A continuación, para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Ruiz Navarro, por el Grupo Parlamentario VOX.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.


Ya adelantamos que el Grupo Parlamentario VOX va a apoyar la PNL de Ciudadanos, porque entendemos que urge dejar de mirar para otro lado y poner soluciones sobre la mesa ya. Es una lástima que el señor portavoz de Ciudadanos no haya querido
admitir nuestra enmienda, porque creemos que mejoraba, complementaba perfectamente la PNL de Ciudadanos en el sentido de que permitía conocer o instar al Gobierno a que conozcamos cuántos funcionarios se encuentran, efectivamente, en esta situación.


En todo caso, la PNL de Ciudadanos quiere dar respuesta a lo exigido por la cláusula quinta del Acuerdo marco de la Directiva Europea 1999/70/CE, sobre el abuso por parte del empleador en el uso de contratos temporales. Y es que es
absolutamente lamentable que en el año 2021 todavía no se haya traspuesto la directiva europea, es decir, décadas de retraso, habiendo pasado por el Gobierno de España el Partido Popular y el Partido Socialista con mayorías absolutas incluidas. Es
lamentable esta dejación de funciones, este incumplimiento de sus obligaciones de trasponer directivas europeas. Y miren, señorías del Partido Popular y del Partido Socialista, aquí la responsabilidad no se dirime solamente en el campo de la
trasposición de una directiva europea, sino también en el campo de la situación en la que han dejado ustedes con sus Gobiernos a cientos de miles de empleados públicos de todas las administraciones. Esta situación es insoportable; después de años,
lustros e incluso décadas, muchos de estos empleados públicos no han tenido la oportunidad de consolidar su puesto de trabajo, porque los Gobiernos conformados por ustedes no han tenido a bien convocar en tiempo y forma todos los procesos selectivos
que deberían haberse realizado.


Cuando compareció aquí el secretario de Estado de Política Territorial, a pregunta de nuestro grupo parlamentario respondió que desde el Gobierno estaban ultimando una solución a este problema mediante la reforma del EBEP. No sabemos nada a
día de hoy de esa supuesta reforma, pero en caso de llevarse a cabo, tampoco solucionaría las situaciones que hoy ya tenemos sobre la mesa. Es cierto que esta responsabilidad no es exclusiva del Gobierno de España, porque también los Gobiernos
autonómicos y locales tienen una gran responsabilidad, ya que es allí donde se concentra el grueso de los empleados públicos contratados en abuso de régimen. En este sentido, señores de Ciudadanos -que cogobiernan con el Partido Popular y ahora por
lo visto también con el PSOE, autonomías, ayuntamientos y diputaciones-, también les quería preguntar ¿qué han hecho para solucionar este problema?


Acabo ya. Es cierto que el Auto del Tribunal de Justicia Europeo de 30 de septiembre no establece la obligación general de convertir los contratos temporales en definitivos, pero sí que es cierto que los empleados públicos sujetos a esta
circunstancia no son culpables de nada y, por tanto, tienen derecho a que se les reconozca algún tipo de solución a su problema.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz Navarro.


A continuación, para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Losada, por el Grupo Socialista.


El señor LOSADA FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes.


Quiero comenzar diciendo a los trabajadores temporales de nuestro país, que seguro que estarán pendientes hoy de esta Comisión, que los socialistas estamos trabajando desde el primer momento para darles una respuesta. Nos preocupa y nos
ocupa desde el inicio de la legislatura y no pararemos hasta que llegue esa solución.


Me sorprenden las palabras de Ciudadanos sobre las mujeres empleadas públicas, aplíquenselo donde ustedes ya gobiernan, como en Andalucía, por ejemplo. El Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno de España son conscientes del problema
de la temporalidad en la Administración pública, pero, señorías, fundamentalmente en la Administración autonómica y local, ya que la Administración General del Estado solo tiene una tasa del 7,2 %. Lo hemos demostrado registrando y aprobando una
PNL en esta



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Comisión el pasado mes de octubre y, además, consensuando en el Pleno de esta Cámara una posición muy mayoritaria. Todos saben que la solución no es fácil, y además debe ser acordada con los actores involucrados en el problema, con las
distintas administraciones y con los representantes de los trabajadores. Estamos ante un problema estructural y de tal complejidad que no es posible dar una solución rápida, como seguro nos gustaría a todos, y estamos convencidos de que esa
solución solo es viable desde el diálogo y la voluntad de acuerdo, y sería deseable consenso, al menos desde las administraciones implicadas. Por eso, hemos registrado una enmienda a la PNL de Ciudadanos, porque desde aquí, si queremos contribuir a
ese consenso, no debemos ser los causantes de ningún desencuentro o alteración de las propuestas. Este grupo parlamentario del Gobierno de España no ha dejado de preocuparse y trabajar para buscar solución al problema, marcado como una de las
principales prioridades del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Así lo han manifestado la ministra Darias primero y después el actual ministro, el señor Iceta, hoy mismo. Así se ha expresado también en sede parlamentaria el
secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, y así se ha venido expresando también en el Grupo Parlamentario Socialista en sus intervenciones y decisiones en esta Cámara. En la Conferencia Sectorial de Administración Pública, el
día 11 de junio, se decidió crear un grupo de trabajo para buscar una solución consensuada. El secretario de Estado, el 10 de diciembre, anunció en el Senado un principio de acuerdo en el seno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública
con las comunidades autónomas y con la FEMP para modificar el artículo 10 del EBEP. El pasado 17 de diciembre se negoció un texto transaccional, que fue aprobado por el Pleno del Congreso, en una iniciativa del Grupo Vasco con la única abstención
del Partido Popular. La solución tiene que estar dentro del marco constitucional y siguiendo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del resto de organismos judiciales. Buscamos una pauta común para que después las comunidades
autónomas y las corporaciones locales apliquen y acomoden a su ámbito las fórmulas a aplicar. El ministro Iceta ha sido muy claro, hoy mismo se ha reunido con los sindicatos mayoritarios y ha expresado su compromiso de que la bolsa de interinos sea
reducida al mínimo, un 8 % como máximo. Por ello, nuestra responsabilidad ahora es apoyar para que se llegue a esa solución que tanto deseamos.


Por ello, hemos presentado esta enmienda, en la que proponemos que se aceleren las gestiones para resolver el problema, pero sin entorpecer los trabajos ya iniciados y bien encaminados. Con esta enmienda pedimos celeridad, pero también
respetar los tiempos imprescindibles y necesarios para que la negociación llegue a buen puerto, que es lo que todos queremos. Esperemos que esta enmienda sea tenida en cuenta.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, comenzamos el turno de fijación de posición. Tiene la palabra, por el Grupo Bildu, la señora Aizpurua.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias.


Estamos de acuerdo con todas las medidas que supongan encauzar este tema y corregir esta situación tan lamentable que se vive, no solo en la Administración General del Estado, sino también en las propias de las comunidades autónomas, pero no
estamos de acuerdo con que se invadan competencias de acción propias de las comunidades autónomas, y en este texto se habla de establecer -parece ser- un único marco normativo, es al menos lo que se desprende de su lectura.


Por tanto, aun estando de acuerdo con que todo esto es necesario, no lo vamos a aceptar y nos vamos a abstener.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aizpurua.


A continuación, tiene la palabra el señor Bel, por el Grupo Plural.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.


Efectivamente, yo ya he hecho una mención respecto al problema de la temporalidad en otra de mis intervenciones y, por tanto, nuestra posición es clara.


Al portavoz de Ciudadanos quiero decirle que nosotros no vamos a votar en contra, pero no vamos a votar a favor, nos vamos a abstener. Hay una marcada intención en la PNL de establecer no solo un marco normativo, sino un régimen
sancionador, y en algunos ámbitos, si no se cumple se deberá sancionar, pero no debe hacerlo el Estado, lo tendrá que hacer el que tenga las competencias. Por tanto, en el caso de



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incumplimiento de la Administración local, por ejemplo, en Cataluña, la competente para actuar será la Generalitat de Catalunya, y las comunidades autónomas, dentro de su marco normativo, también deberán responder, y no va a responder ante
este Parlamento la Generalitat de Catalunya, sino que lo tendrá que hacer ante el Parlament de Catalunya.


Hay una reflexión que he hecho en otras ocasiones, y sin que sirva de eximente para nadie. Partidos como Ciudadanos o como el Partido Popular y VOX intentan poner la atención en que hay un grave incumplimiento en relación con la
contratación y el abuso de la temporalidad en determinados ámbitos como la universidad o la sanidad; y sin faltarles razón en los criterios objetivos, tampoco hacen un análisis de por qué esto se acentúa en estos ámbitos. La infrafinanciación de
la universidad y la de la sanidad seguramente nos podrían dar una pista de por qué en estos sectores se ha incrementado todavía más el abuso de la temporalidad, sin que esto exima de responsabilidad. Quiero dejar constancia de esto.


Por tanto, por un tema absolutamente competencial, nos vamos a abstener.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.


A continuación, por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


Esquerra Republicana siempre ha manifestado su compromiso con los derechos de los trabajadores públicos en situación de interinaje o de prolongados contratos temporales laborales. Estos servidores públicos se encuentran injustamente en una
situación de incertidumbre que debe ser corregida inmediatamente y estamos a favor de la consolidación para acabar con esta interinidad. Compartimos también la necesidad de articular un sistema de sanciones al empleador público para evitar que se
prolonguen o repitan estas irregularidades en el sistema de la Función Pública. Sin embargo, estas sanciones, como bien ha estipulado la jurisprudencia europea, no pueden consistir en extinciones de las relaciones laborales ni funcionariales
indemnizadas, ya que esta supuesta solución repercutiría de forma directa y perjudicaría claramente a los propios damnificados.


También resulta necesario introducir los cambios legislativos en el Estatuto Básico del Empleado Público que posibiliten a todas las administraciones públicas que tengan personal con más de tres años de interinidad o temporalidad a abrir
procesos especiales de consolidación de plazas. Esta reforma es urgente, precisamente para proteger los derechos de los trabajadores públicos que se encuentren en esta situación. No se puede permitir que se estén abriendo convocatorias públicas de
procesos para ocupar plazas que ya existen, y que además están presupuestadas, cuando lo que se debería hacer es consolidar a estos trabajadores perjudicados que ocupan esas plazas. Además, la Administración pública no puede tampoco permitirse el
lujo de prescindir del talento que constituye ese conjunto de servidores públicos que incluye desde profesores, doctoras, trabajadoras de reparto, hasta el personal de servicio de las cámaras legislativas como este Congreso. Hemos visto y sufrido
demasiadas veces cómo el Estatuto Básico del Empleado Público, supuestamente de carácter básico, se extralimita en sus funciones e invade las competencias propias de las administraciones territoriales.


Por todo ello, una vez más, hay que recordar que la necesaria reforma para posibilitar la consolidación de los trabajadores públicos a los que nos venimos refiriendo no puede incurrir en una invasión competencial, debe limitarse a ofrecer
herramientas para que las administraciones competentes escojan la fórmula más adecuada para consolidar a sus trabajadores. En ese sentido, la proposición no de ley del Grupo Ciudadanos no es clara, ni tampoco propone ninguna solución, por eso no
vamos a votar en contra, pero tampoco a favor y finalmente nos vamos a abstener.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Honrubia.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.


Nosotros compartimos que este es, probablemente, uno de los temas centrales que se van a tener que abordar en el ámbito de esta Comisión en esta legislatura, que es un tema urgente que se lleva arrastrando desde hace mucho tiempo y que
requiere soluciones; soluciones en las que, como ya ha comentado el portavoz del Partido Socialista, el Gobierno lleva trabajando y ha anunciado alguna de ellas. Aquí se aprobó una PNL en la que, efectivamente, se hablaba de hacer una reforma del
Estatuto Básico



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del Empleado Público para ajustarla a lo exigido por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se hablaba también de profundizar en los procesos de consolidación de empleo, y del estudio de la implementación de sanciones
para el caso de incumplimientos. Entendemos que dentro de ese anuncio que también ha hecho el Gobierno de reformar el artículo 10 del EBEP, estas serán las líneas en las que se trabajará en esta reforma. Mientras se hace, se hará un análisis de
cómo se ha llegado a esta situación y se intentará poner una solución para que no vuelva a ocurrir.


También es bueno que seamos conscientes de que no es ninguna casualidad, que una vez más volvemos a los marcos de la austeridad y a los marcos de la no existencia de tasas de reposición, y, de alguna forma, a la situación que llevó a muchas
comunidades autónomas a la necesidad de tener que contratar este tipo de personal para cubrir aquellos puestos que no podían cubrir con otro tipo de plazas fijas. Pero es cierto que esto no propone una solución para las personas que ya están
actualmente en esta situación de abuso de la temporalidad, y, efectivamente, como ya se ha repetido muchas veces, compartimos que hay que verlo como una estabilización, no solo de plazas, sino que hay personas que las están ocupando, que tienen
vida, que tienen familia y a las que hay que dar una solución.


No obstante, creemos que no hay soluciones mágicas y creo que todos los que estamos aquí y todas las que están aquí somos conscientes de que no va a haber una solución que sirva para todo. Creemos que hay que saber estudiar las diferentes
casuísticas que existen, porque, obviamente, no es lo mismo una persona que tiene su plaza porque se presentó a una oposición y la aprobó, pero no obtuvo plaza, que otra persona que haya entrado de otra forma en una bolsa hecha a medida, etcétera;
que no es lo mismo una persona que lleve cuatro años que una persona que lleve quince, etcétera. Creemos que, efectivamente, todos ellos ya están demostrando que cumplen los requisitos de la capacidad y del mérito, y ahora habría que ver cuáles de
ellos cumplen con los requisitos de la igualdad, porque, nos guste más o nos guste menos, tenemos que cumplir con los criterios constitucionales.


Por tanto, nosotros nos vamos a abstener también, no porque, tal y como se plantea la PNL, estemos de acuerdo en que vaya a ser una solución que sea efectiva, sino porque sabemos que es una PNL que viene directamente desde los colectivos y
como una señal de apoyo hacia ellos, para demostrarles nuestro respaldo y decirles que durante este proceso de negociación vamos a tener muy presente que sus plazas, o al menos aquellas que sean posibles en el marco de la ley, se tienen que
consolidar, y principalmente en la persona.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Damos por respondida la obligada pregunta de la aceptación de enmiendas.


- SOBRE LA TRANSFERENCIA URGENTE DE CRÉDITO A LA GENERALITAT VALENCIANA EQUIVALENTE A LA DEUDA HISTÓRICA CON LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA LUCHA CONTRA LOS EFECTOS DE LA COVID-19. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO.
(Número de expediente 161/001957).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto número seis. Antes de empezar a sustanciar este punto quisiera recordar a los grupos parlamentarios que presenten a la Mesa las sustituciones para las votaciones, porque tendremos votación a mano
alzada de las iniciativas y votación en urna y para ello necesitamos conocer el nombre de los diputados que vayan a sustituir a los titulares de la Comisión.


Iniciamos el debate del punto número 6, proposición no de ley sobre la transferencia urgente de crédito a la Generalitat Valenciana equivalente a la deuda histórica con la Comunidad valenciana para la lucha contra los efectos de la COVID-19.


Tiene la palabra la señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


Señorías, la proposición no de ley que vamos a debatir hoy quiere poner de manifiesto una vez más el maltrato y la discriminación que sufren los valencianos y las valencianas respecto al conjunto de las comunidades autónomas de régimen
común. Como ya es sabido, este grupo parlamentario, representante del republicanismo valenciano, ha denunciado históricamente la vergonzosa situación de la financiación del País Valenciano, que ha provocado año tras año que la renta per cápita
valenciana haya ido alejándose de la media estatal en una situación que no dudamos en calificar -y no somos los únicos- de expolio fiscal. Por si esto fuera poco, el actual sistema de financiación de las comunidades



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autónomas de régimen no foral viene de 2009, y sigue caducado esperando una reforma que muchas veces ha sido prometida, pero que nunca acaba de llegar, independientemente de cual sea el color del Gobierno de España.


El informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica de 2017, encargado por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, explicita que, si bien la media española de financiación objetiva por
habitante se situaba en 2175 euros per cápita, los valencianos y las valencianas ni siquiera llegaban a los 2000 euros, situándose, concretamente, en 1997 euros, con ese sistema de financiación, lo que supone un 91,8 % de la media estatal, una
situación a todas luces insostenible. Los datos a los que debemos hacer referencia, dada la opacidad con la que el Estado ha tratado históricamente las balanzas fiscales en su reiterada negativa a publicarlas, son los que se publicaron en 2008,
haciendo referencia a la situación de 2005. Como indica el profesor de Economía de la Universitat Jaume I de Castelló, Celestí Gimeno, en su libro L'espoli fiscal del País Valencià. En esa ocasión fueron utilizadas diversas metodologías, y la más
conservadora cifraba el déficit del País Valencià en 2838 millones de euros anuales, un 3,2 % del PIB. La cifra llegaba a los 5575 millones de euros, el 6,32 % del PIB si los cálculos se realizaban mediante otro sistema monetario. Como vemos, en
cualquiera de las dos metodologías el País Valencià es un aportador neto que paga como si fuese rico a pesar de ser una comunidad autónoma pobre. Cabe recordar, por si todo esto no fuese suficiente, que el PIB per cápita del País Valencià es un
12,2 % inferior a la media española, con lo que debería ser receptor neto de fondos, y no al contrario como viene sucediendo.


Desde al año 2002, las comunidades autónomas se han hecho cargo prácticamente de todos los servicios sociales que afectan directamente a los ciudadanos. Los valencianos en este tiempo lo han hecho, sin embargo, con muchos menos recursos de
los necesarios para sufragar este gasto. Desde esa fecha, esa diferencia suma 20 000 millones de euros, de lo que se ha llamado la deuda histórica, según datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Además, nos vemos en la
tesitura de que para conseguir financiación y garantizar los servicios públicos de su competencia, la Generalitat Valenciana debe pedir préstamos al Gobierno del Estado vía FLA, y este, a su vez, presta a los valencianos con intereses un dinero que
ya era suyo para empezar, empobreciendo más el territorio y cavando más hondo, si cabe, el pozo de la deuda.


Ahora mismo, el País Valencià no es ajeno a la tensión sanitaria y económica que está provocando la pandemia de la COVID-19, pero debemos analizar las cifras y reconocer lo que está siendo la clara desventaja con respecto a aquellas
comunidades autónomas que han estado debidamente financiadas por el sistema de financiación en vigor. El Estado español no puede pretender que la Generalitat del País Valencià haga frente a estos momentos de incertidumbre con un claro aumento de la
inversión pública, deseable y necesario, para ayudar a pequeños comercios y proteger a la clase trabajadora, la sanidad pública y atender debidamente a las personas en situación de vulnerabilidad, si al mismo tiempo los valencianos y valencianas
pierden anualmente un alto porcentaje de aquello que producen con su esfuerzo.


En esta proposición no de ley instamos al Gobierno del Estado a transferir 20 000 millones de euros a las arcas de la Generalitat Valenciana, que compensen la deuda histórica del Estado con nuestro país, que ha hecho los deberes de inversión
en servicios básicos con una mano atada a la espalda, si me permiten la alegoría, por culpa de esta infrafinanciación. Somos conscientes de que esta no es una solución a largo plazo, es solo una medida que aportará un balón de oxígeno a las arcas
valencianas. Desde Esquerra Republicana del País Valencià lo tenemos claro, esto pasa por una Hacienda valenciana propia, como tienen las comunidades autónomas de régimen foral, que permita a los valencianos y valencianas decidir qué hacer con la
riqueza que generan.


Finalmente, tengan en consideración que hemos presentado mociones en ayuntamientos del País Valenciano dado apoyo a esta PNL y que, por ejemplo, en el caso de Faura o Riba-roja del Turia el Partido Socialista ha votado a favor en los
términos que presentamos, incluido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Faura, Toni Gaspar. ¿Seguirá hoy aquí el PSOE lo que han votado sus representantes en el País Valencià o tendremos una vez más el doble juego al que nos
tienen acostumbrados? Blanco en Valencia y gris oscuro, cuando no negro en Madrid en lo que a la defensa de los intereses valencianos se refiere.


Por todo esto, les pido que apoyen esta iniciativa. El País Valencià no puede pasar un minuto más en situación de expolio continuado.


Muchas gracias.



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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea.


A esta iniciativa del Grupo Republicano se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular.


Para su defensa, tiene la palabra la señora González Guinda.


La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, presidenta.


En primer lugar, hemos de decir que en la iniciativa se utiliza un término que no existe País Valenciano para referirse a la Comunidad Valenciana, y es bueno utilizar las denominaciones con rigor. Esquerra Republicana ha recordado que el
origen del problema de financiación que surge en la Comunidad Valenciana proviene del sistema de financiación autonómica de 2009, pero parecen olvidar que ellos mismos lo aprobaron junto con el PSOE durante el gobierno de Zapatero. Distintos
informes encargados por las Cortes valencianas han señalado que dicha comunidad autónoma tiene una pérdida anual de 1400 millones de euros con este injusto sistema de financiación, lo que merma la capacidad económica y financiera de la Comunidad
Valenciana. El propio Gobierno de la nación reconoce ahora que la Comunidad Valenciana es la más infradotada en el actual modelo de financiación, y por ello entendemos en el Grupo Parlamentario Popular que debemos abordar la base del problema que
genera la referida deuda histórica, la reforma del sistema de financiación autonómica, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. El sistema de financiación es esencial para el sostenimiento de las
políticas públicas, sin embargo, la ministra de Hacienda, que lleva en el cargo más de dos años y medio, nada hace para abordar dicho debate. La ministra Montero ha pasado de reclamar al Gobierno de Rajoy, siendo consejera de Hacienda de la Junta
de Andalucía, la modificación del sistema de financiación por ser injusto, a no hacer nada al frente de este ministerio sobre la cuestión. La ministra ha previsto distintas fechas para la elaboración de las bases del nuevo sistema de financiación
autonómica y, sin embargo, todos estos compromisos temporales los ha incumplido. Para incumplir estos plazos pone excusas como el coronavirus o incluso la borrasca Filomena, y, a día de hoy, no hay ni siquiera un borrador del nuevo sistema de
financiación autonómica.


Nuestra enmienda va a la raíz del problema de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana para establecer un reparto objetivo en el nuevo modelo de financiación que ya no puede verse más demorado.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González Guinda.


A continuación, pasamos al turno de fijación de posiciones.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cambronero.


El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.


Yo soy reticente a reconocer privilegios particulares que corresponden a derechos históricos y que, en definitiva, lo que pretenden es obtener beneficios particulares en detrimento del interés general. Todos los territorios tienen su
historia. Dicho esto, hay que reconocer que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada, eso es evidente, y que eso nos obliga a que sea más urgente la renovación del modelo de financiación autonómica, para que sea más transparente, más justo y
equilibrado para todas las comunidades autónomas. La prioridad de Ciudadanos es reformar de forma urgente el actual sistema de financiación autonómica, en tanto que este resulta complejo y muy poco transparente y, además, genera este tipo de
desigualdades. El nuevo sistema de financiación autonómica debe garantizar la igualdad de acceso de todos los españoles a los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y servicios sociales, y un reparto justo y equitativo de los
recursos entre las comunidades autónomas. Por ello, defendemos la necesidad urgente de modificar el sistema de financiación autonómica, porque el actual no funciona; pero eso no tiene nada que ver con un discurso identitario, insolidario y que se
inventa un país que no existe.


Me mantengo a la espera de saber qué va a pasar con la enmienda propuesta para decidir el voto.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cambronero.


Por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.


Imagínense una situación kafkiana, en la que los valencianos pagamos los impuestos, contribuimos a la caja del Estado, el Estado nos encarga que prestemos los servicios básicos, sanidad, educación y servicios sociales, y resulta que después
de pagar, los servicios cuestan cien, y en lugar de darte cien te



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dan setenta y cinco, un año, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro... Treinta años así. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los años nos endeudamos, con el PP y con el PSOE, con unos y con otros, y pasa el tiempo y esto no se arregla. Y hoy
viene el PP aquí y presenta que ahora sí, que se arregle, ¡Cristo! Cuando tenían mayoría absoluta tenían la obligación por ley de hacerlo, gobernaban casi todas las comunidades autónomas, y no lo hicieron, y ahora se atreven a decir esto. La
desfachatez del Partido Popular no conoce límites.


Se ha generado una deuda que es ilegítima porque nosotros sí que hemos pagado los impuestos al Estado, hemos contribuido al Estado, y el Estado no ha contribuido con las valencianas y los valencianos. Por tanto, hay una deuda ilegítima
calculada, como dice la moción, en aproximadamente 21 000 millones. ¿Y qué es lo que hace eso? Que cada año la deuda se lleve el 25 % de todo el presupuesto. Dedicamos el 25 % a pagar una deuda que nosotros no hemos generado, la han generado los
diferentes Gobiernos del Estado por no darnos los recursos que nos tenían que dar para prestar los servicios que ese mismo Estado nos encarga. Kafkiano. Por tanto, no estamos hablando de privilegios, estamos hablando de justicia, estamos hablando
de que, al final, se destinen los recursos que se tienen que destinar. La mayoría de la deuda que ahora mismo tenemos los valencianos es con el Estado, por tanto, sería tan fácil como hacer una condonación de esa deuda ilegítima, y así nosotros no
tendríamos que dedicar cada año el 25 % de nuestro presupuesto a pagar esa deuda ilegítima y lo podríamos dedicar realmente al bienestar de las valencianas y de los valencianos.


Moltes gràcies.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví.


A continuación, es el turno del Grupo Confederal Unidas Podemos. Tiene la palabra el señor Honrubia.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.


Nosotros compartimos que el sistema de financiación actual está agotado, y, lógicamente, compartimos que urge una negociación y la aprobación de uno nuevo. También compartimos que se han venido generando una serie de problemas de
financiación en algunas comunidades y que este tema es especialmente sangrante en el País Valencià. Evidentemente, también compartimos que cuando se tiene menos financiación de la que le correspondería, esto acaba teniendo unas consecuencias en la
capacidad que tiene esa comunidad autónoma de gestionar sus competencias y el servicio que presta a la ciudadanía. Por tanto, esperamos que este problema que se tiene en el País Valencià se solucione lo antes posible y con la fórmula que sea
oportuna, mediante una quita de deuda, mediante una transferencia directa o por cualquier otro método. Yo soy andaluz y en Andalucía, después de casi cuarenta años de reivindicación, nos tasaron la deuda en 1200 millones y nos pagaron prácticamente
el 80 % en solares del Estado; pero bueno, fórmulas, si se quiere, se pueden encontrar.


No obstante, no compartimos la referencia que se hace en la exposición de motivos a la situación de pandemia, no porque creamos que cuando llegue una pandemia si se tiene un problema de infrafinanciación no va a afectar más o no se va a
notar, pero sí creemos que, de alguna forma, esto puede indicar que el Gobierno no ha tenido preocupación por la situación de las comunidades autónomas en este contexto y no es así. Pensamos que el Gobierno ha demostrado que hay un compromiso con
las comunidades autónomas, que en 2020 han contado con una financiación de 115 660 millones, que ha habido fondos de ayudas directas no reembolsables destinadas a compensar gastos sobrevenidos en materias como sanidad o educación, y que en 2021 va a
haber una financiación récord de 146 000 millones. También existe el compromiso de que si esta situación persiste en el tiempo el Gobierno seguirá tomando medidas para mejorar la financiación y hacer frente a estas situaciones sobrevenidas en
relación a la pandemia.


Tampoco nos gusta, y no lo compartimos, que en esta PNL se impongan los plazos en los que se tiene que hacer frente al pago de esa cantidad, ni que se estipule la cantidad que se tiene que pagar. Entendemos que esto debería formar parte de
una negociación en otro ámbito y que en ese acuerdo al que en su caso se pudiera llegar, se cerraran esos plazo, los que correspondieran, o la cantidad que correspondiera, en función de la fórmula que se utilizara.


Por tanto, aunque compartimos el posicionamiento de fondo de la situación de infrafinanciación en la que se encuentra el País Valencià, nosotros vamos a votar en contra porque creemos que este no es el marco para darle solución al problema,
y que el marco vendrá de la reforma del sistema de financiación autonómica, y que esto se tendrá que hacer en un marco multilateral, con una mirada a largo plazo y respetando siempre el principio de solidaridad.


Muchas gracias.



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Honrubia.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ruiz Navarro.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.


Miren, el problema aquí no es un problema de financiación autonómica, el problema aquí son las propias autonomías, la existencia del Estado autonómico, que nos hace a los españoles cada vez más desiguales. Y también, lógicamente, tener un
Gobierno de España que no actúa con criterios de interés general de toda la nación. Señores de Esquerra Republicana, los españoles de Alicante, Valencia y Castellón no necesitamos que ustedes vengan a salvarnos de nada. Esta iniciativa va de
practicar su colonialismo, el pancatalanismo de los països catalans. Lo suyo no va de otra cosa, ya les conocemos, a ustedes y a sus primos de Compromís. Esquerra Republicana no tiene legitimidad para hablar de nada que tenga que ver con el dinero
y con gestión pública, porque ustedes, desde hace muchos años gobiernan Cataluña en coalición o cogobernanza con otros partidos, con el PSC o con Junts. Sea quien sea, en todo caso ustedes son corresponsables de haber conducido a Cataluña a la
quiebra más absoluta en lo económico y en la convivencia, con su golpe de estado a la democracia. Cataluña es insolvente, está en quiebra y ustedes son responsables. En todo caso, las deudas históricas territoriales no existen, porque tributan las
personas, no los territorios. Pero si quieren jugar a ese juego, ¿dónde empiezan y dónde acaban las deudas históricas territoriales? Porque si el Gobierno de España tiene una deuda con el Gobierno autonómico valenciano, ¿qué deuda tiene el
Gobierno autonómico valenciano con la provincia de Alicante, o con el municipio de Elche? Esto es absurdo, tributan las personas, no los territorios.


Las autonomías son máquinas de engullir el dinero de los españoles, son un agujero negro sin fondo, y, en el caso de la Comunidad Valenciana ustedes podrían pedirles explicaciones a sus primos de Compromís sobre, por ejemplo, la gestión del
Gobierno autonómico con el famoso hospital de campaña de Valencia, que costó 12 millones de euros y que, como dice el refrán, a María Sarmiento se la llevó el viento. Señores de Esquerra Republicana, ustedes no saben crear riqueza, solo repartir
miseria, ya lo han demostrado en Cataluña. Desgraciadamente hoy hay muchos españoles en Cataluña que han perdido su trabajo porque Bosch ha decido marcharse de España. Para ustedes, el dinero público solo sirve para pagar su fiesta, que es la
fiesta de los políticos, y sus chiringuitos habituales más los lingüísticos.


Por tanto, lógicamente, votaremos no. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Finalmente, es el turno de la señora Andrés, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora ANDRÉS BAREA: Gracias, presidenta.


Escuchando, pero sin querer tener en cuenta las palabras de VOX, porque verdaderamente está fuera de la realidad, voy a entrar al tema de la iniciativa que presenta Esquerra Republicana. La verdad es que es curioso el interés que hoy ha
manifestado en esta iniciativa por la Comunidad Valenciana, por el País Valencià, porque dice que tiene representantes con dos mociones en dos ayuntamientos y que ha pasado a la diputación. La verdad es que usted ha presentado el problema de la
deuda de la Comunidad Valenciana como un totum revolutum, y es muy fácil pasarlo como enmiendas a las diputaciones y que sea aprobado. Pero vamos al fondo del asunto; es cierto que la Comunidad Valenciana es la primera en deuda, pero hay dos
cuestiones fundamentales: una, la mala financiación del Estado por los Gobiernos del Partido Popular, y la segunda, el saqueo reiterado por parte del Partido Popular durante los años de gobierno de la Generalitat, según la Sindicatura de Comptes 14
380 millones de euros. Somos la primera en deuda. Tenemos un problema de demografía, es cierto, pero también lo tiene Cataluña. Es la tercera en deuda, y yo me pregunto, señora Telechea, ¿se están poniendo ustedes la tirita ante un posible
Gobierno secesionista para que le hagan una quita de la deuda? ¿Es el objetivo fundamental? Porque no lo puedo entender.


Como ha dicho el portavoz de Unidas Podemos, lo ligan ustedes al COVID, y no lo entendemos, porque la verdad es que la actitud ha sido ejemplar en la Comunidad Valenciana, ha tenido sus vaivenes como en cualquier comunidad, sin embargo ha
tenido medidas ejemplares. Si se refieren a los fondos React-EU, que no habla para nada de ellos, somos la cuarta comunidad que vamos a recibir dinero de los fondos React-EU, el 12,5 %. Es cierto que la Comunidad Valenciana ha sufrido mucho, y es
cierto que tiene problemas en cuanto a cómo se tienen que financiar las comunidades, pero también es cierto que en estos presupuestos de 2021 hemos dado un respiro, tenemos el 9,6 % del presupuesto, que se aproxima a la demanda estatutaria, una
asunción de la deuda por la Marina de 420 millones, y una



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ayuda al transporte de 38 millones. Hemos respirado. Y tenemos por delante un reto importante, que es el compromiso del presidente del Gobierno y de la ministra de Hacienda de un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas
y la Administración local, que aquí no la nombran para nada.


Señora Telechea, le pido que le den la importancia que tiene, no lo solventen con una PNL dedicada exclusivamente a la Comunidad Valenciana por si acaso, por la tirita, dele una visión más general y contextualícelo. Desde luego, vamos a
darle una visión periférica, es necesario hacerlo.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Andrés.


Para comunicar si acepta la enmienda presentada del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


Por parte de nuestro grupo no vamos a aceptarla, porque justamente la enmienda del Partido Popular es exactamente lo que se contiene en la moción que se presentó en el Ayuntamiento de Ribarroja de Turia hace solo unas semanas. Respecto al
primer punto, no podemos aceptarlo, porque el País Valencià ya lleva demasiados años creyendo la palabra del Gobierno español, que siempre promete una revisión del modelo de financiación. Por eso esta PNL trata de saldar deudas, y a partir de ese
momento tocará batallar por un sistema de financiación que deje de expoliar a los valencianos y valencianas. Respecto al segundo punto de la enmienda, he de decirles que la propia PNL ya lo recoge, ya se contempla una comisión mixta que vele por el
cumplimiento y los plazos, y se sobreentiende que esa comisión pagará el importe exacto de la deuda que, por otra parte, ha sido cuantificada por investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Por lo tanto, no vamos a
aceptar la enmienda.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


- SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS PARA PERSONAS SORDAS ENTRE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002057).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día.


Una vez que la proposición número 7 ya ha sido sustanciada, pasamos a la número 8: Proposición no de ley sobre la utilización de mascarillas para personas sordas entre los funcionarios públicos, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su
defensa tiene la palabra la señora Andrés.


La señora ANDRÉS BAREA: Voy a ser muy rápida, presidenta, y supongo que todo el mundo me lo agradecerá.


El Grupo Socialista presentó esta iniciativa a consecuencia de una presentada ya en el Congreso para que las personas sordas pudieran utilizar la mascarilla transparente, cuestión que celebramos en aquel momento y nosotros votamos a favor.
Y presentamos esta iniciativa porque entendimos que las personas con dificultad de audición tienen que hacerse entender, pero sobre todo tienen que entender, y estimamos que era necesario que las personas que tenían dificultades de audición, no solo
las personas sordas, pudieran leer los labios de aquellas personas que les emiten el mensaje.


Según el INE, las personas con dificultad de comprensión y expresión rondan los 3 millones, las consultas a los centros auditivos han aumentado un 10 %, el 45 % de las personas entre 70 y 80 años tienen gran dificultad, y las mascarillas
impiden recibir los decibelios con total realidad, que estriba entre 4 y 12 decibelios. Esto lo aumenta el no poder leer los labios. En esta pandemia, cuántos hemos dicho: ¿qué? Todos. Creo que hemos sido todos, por lo que pedimos que las
mascarillas transparentes sean utilizadas por todos los funcionarios públicos para permitir el acceso, la comprensión y la facilidad.


Esta es la iniciativa que presentamos. El PP ha presentado una enmienda, en la cual ha retirado el concepto del IVA y se ha limitado al tema de ser utilizadas por los funcionarios, completando la enmienda que nosotros presentamos y, por lo
tanto, aceptaríamos la enmienda presentada por el Partido Popular.


Nada más y muchas gracias.



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La señora PRESIDENTA: Antes de iniciar el turno de defensa de enmiendas, quisiera preguntar a los grupos parlamentarios si tienen la documentación de la enmienda registrada por el Grupo Parlamentario Popular a esta iniciativa.
(Asentimiento). De acuerdo.


Para la defensa de esta enmienda tiene la palabra la señora González Guinda.


La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, presidenta.


En primer lugar, quiero dejar claro nuestro voto, como no puede ser de otra forma, a favor de esta PNL sobre la utilización de mascarillas comunicativas entre los funcionarios públicos, en los términos de -como muy bien ha dicho la portavoz
del Partido Socialista- la transacción acordada.


Señorías del PSOE, hay en esta PNL varios aspectos que me sorprenden. Que esta PNL la presente el PSOE, partido del Gobierno, Gobierno encargado de gestionar la pandemia, de gestionar la legislación sobre mascarillas y encargado de acelerar
esa legislación en algo tan urgente como son las mascarillas comunicativas o mascarillas transparentes, tan necesarias en todas las administraciones públicas como medio eficaz para una atención al público accesible para las personas con discapacidad
auditiva. Y me sorprende que ustedes, a estas alturas de la pandemia, se insten a ustedes mismos a tomar una medida que llevamos muchos solicitando reiteradamente desde el inicio de la pandemia. 70 000 firmas conseguidas por Marcos Lechet antes de
que le diera audiencia el ministro de Sanidad, y asociaciones como AICE, con la campaña '20 000 mascarillas, 20 000 sonrisas', en alusión a las 20 000 mascarillas donadas a colegios, hospitales, universidades, para pruebas EBAU, y Fiapas, con sus
trabajos intensos instando reiteradamente al Gobierno a editar una normativa y ofreciendo su colaboración, y por supuesto, como ya nombró aquí la portavoz del Partido Socialista, el Partido Popular hace ocho meses presentó en la Comisión de Derechos
Sociales y Discapacidad una PNL de accesibilidad adaptada a la comunicación de personas con discapacidad auditiva, en la que se instaba ya entonces al Gobierno a facilitar la tramitación para agilizar las certificaciones de las mascarillas
comunicativas, y a impulsar las campañas para ampliar su uso. Fue aprobada por unanimidad, incluso se le entregó al secretario de Estado de Derechos Sociales un modelo de mascarilla que una de estas asociaciones nos proporcionó, recalcándole la
urgencia en la tramitación, pues los fabricantes querían conocer qué test debían superar para su certificación. Fíjense, en Francia, en septiembre de 2020, la secretaria de Estado de Educación ya entregó en el inicio del curso 100 000 mascarillas
comunicativas para la comunidad educativa, donde, como saben, son importantes no solo para alumnos con sordera, sino también con TEA, y en general para alumnos con diversidad funcional que presentan dificultades en la comunicación.


Ha pasado mucho tiempo, las mascarillas comunicativas eran importantes entonces y lo son ahora, tanto para los funcionarios que atienden al público con discapacidad, en este caso auditiva, como en los colegios, hospitales, centros
residenciales, y tras más de un año, por fin, señorías, se ha publicado el pasado 12 de febrero la orden ministerial de Consumo por la que se establecen los requisitos específicos que deberán cumplir las mascarillas transparentes para garantizar su
seguridad y su funcionalidad. Tarde, señorías. De nuevo llegan tarde. Tengan en cuenta que ahora, tras su fabricación, los laboratorios deberán realizar los correspondientes ensayos para testarlas.


Por último, también me ha sorprendido que solo se hablara en el petitum de esta iniciativa de mascarillas para aquellos funcionarios en puestos de atención al público, y no como un modo de adaptación del puesto de trabajo de los propios
funcionarios con sordera que lo requieran en estas circunstancias de la pandemia. En este sentido ha ido nuestra enmienda, dada la importancia que tiene la accesibilidad en los puestos de trabajo en la Administración pública, y las adaptaciones
razonables exigibles a dichos puestos de trabajo para las personas con discapacidad a las que nos obligan, tanto la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad como la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.


Mucho ha de trabajar este Gobierno, y les pongo un ejemplo muy reciente.


La señora PRESIDENTA: Debe finalizar, señoría.


La señora GONZÁLEZ GUINDA: ¿No son cinco minutos?


La señora PRESIDENTA: No, para las enmiendas son tres minutos.


Finalice ya su intervención, por favor.



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La señora GONZÁLEZ GUINDA: Es el de una bióloga con una discapacidad del 78 % que, tras obtener la plaza como bióloga interna residente en el Sistema Nacional de Salud, ha tenido que renunciar a ella por no adaptarle su puesto de trabajo el
Ministerio de Sanidad.


Para terminar quiero reiterar que en el Partido Popular seguimos reclamando la exención del IVA para todas las mascarillas, y en especial para las comunicativas, porque entendemos que son un artículo de primera necesidad en esta pandemia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Pasamos al turno de fijación de posición, empezando por el señor Cambronero, del Grupo Ciudadanos, dado que no hay representación de los otros grupos.


El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, presidenta.


Muy rápido; simplemente para posicionar a mi grupo a favor de esta iniciativa.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.


Nosotros vamos a votar a favor, otra cosa es el recorrido que tiene esta proposición, porque fíjense lo que estamos proponiendo: el partido mayoritario que apoya al Gobierno insta al Gobierno a mostrar el apoyo, a promover la utilización y
a realizar acciones informativas. Y miren, uno que ya es de los veteranos en estas Cortes -aunque no llevo mucho tiempo-, aprende. (Rumores). Y un consejo por si alguien nos sigue -aunque yo creo que no- y no es habitual en estas sesiones:
cuando en una PNL o en una moción...


La señora PRESIDENTA: Señorías, hay un ruido tremendo. Les ruego silencio, porque la persona que está interviniendo tiene que hacer un sobreesfuerzo que, además, no es conveniente en época de pandemia.


El señor BEL ACCENSI: Y es interesante lo que voy a decir, no se crean. (Risas). Cuando ustedes en una PNL o en una moción oigan las palabras procurar, fomentar, promocionar, impulsar, instar, dinamizar, estimular, apoyar, secundar,
potenciar, favorecer o alentar, esta PNL tiene muy buenas intenciones, tantas como poca intención de concretar ninguna acción ejecutiva real, porque en todo caso si el Gobierno y el partido del Gobierno lo que quieren es la utilización de estas
mascarillas, lo único que tienen que hacer es sacar una norma, uno de estos enésimos reales decretos-leyes que nos traen cada jueves a su convalidación, dotarlo presupuestariamente y esto se soluciona. Por tanto, nosotros vamos a apoyarla,
entendemos que está cargada de muy buenas intenciones, no tenemos ninguna duda, pero sí dudamos de su efectividad. En todo caso, vamos a votar a favor.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.


Por el Grupo Republicano, la señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


Muy brevemente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado el compañero Ferrán Bel, y para no reiterarme en lo que él ya ha dicho, simplemente añadir que este grupo también va a votar a favor de esta proposición no de ley, porque,
como no puede ser de otra manera, siempre estamos de acuerdo y siempre defendemos y defenderemos la integración y la igualdad de oportunidades de todas las personas con diversidad funcional. Así que en este caso votaremos a favor.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra la señora Jover.


La señora JOVER DÍAZ: Gracias, presidenta.


Yo también voy a ser muy breve. Nosotras vamos a votar a favor de esta PNL en demostración de apoyo a todas las personas con discapacidad auditiva, que ya han puesto de manifiesto -y cito literalmente- la sensación de aislamiento,
desconfianza y aturdimiento que sienten desde que la mascarilla se ha convertido, a día de hoy, en una prenda más de nuestra vestimenta. El jueves 3 de septiembre, el señor Marcos Lechet entregó más de 80 000 firmas al Ministerio de Sanidad para
pedir la



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homologación de las mascarillas transparentes, esperamos que se pueda comprobar si cumplen realmente con las medidas de seguridad y que, por favor, el ministerio agilice esta homologación como primer paso para una solución al problema.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Finalmente, por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Del Valle. Por favor, pediría al Grupo Parlamentario Popular que haga llegar quiénes van a ser los sustitutos antes de comenzar la
votación.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia.


Sencillamente para manifestar que vamos a votar a favor de esta PNL en la redacción que ha sido transaccionada con el Partido Popular, y manifestar dos cosas más. Una, que nosotros seguimos reivindicando la bajada del IVA para todo tipo de
mascarillas, no solo para las quirúrgicas, como ha hecho este Gobierno, y la segunda cuestión es que nos sorprende que, a estas alturas, cuando llevamos ya un año con la pandemia, el Gobierno no haya adoptado todavía esta medida que se está instando
desde el propio partido mayoritario en la coalición de gobierno.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Valle. Con su intervención finalizamos este turno de fijación de posición. A la necesidad de respuesta del Grupo Socialista sobre la aceptación de enmiendas, que más o menos conocemos, pero
sería conveniente que lo explicara al conjunto de la Comisión.


La señora ANDRÉS BAREA: Sí, aceptamos la enmienda.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Vamos a clarificar y organizar las votaciones, y a repasar las iniciativas para conocer lo que vamos a votar en cada uno de los puntos. En primer lugar, el punto número 1 se va a votar con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista. En el punto 2 se va a votar en los términos de la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular. El punto 3 se votará en sus propios términos. El punto 4 se votará en sus propios términos. El punto 5 también en sus
propios términos, lo mismo que el punto 6, que también se debatirá en sus propios términos. El punto 7, que se refiere a las transferencias a Galicia, se votará con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Y el punto 8
se votará en forma de enmienda transaccional, y lo que vamos a someter a votación es el texto literal de los tres primeros puntos de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que se refieren a los tres puntos de la proposición inicial del Grupo
Parlamentario Socialista. Por tanto, los términos de la transaccional que someteremos a votación serán los tres primeros puntos de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.


VOTACIONES.


La señora PRESIDENTA: En esos términos vamos a iniciar la votación de las proposiciones no de ley. Les recuerdo a sus señorías que a continuación votaremos el representante al Consejo de Transparencia, que será en urna y por llamamiento.


Vamos a comprobar el número de diputados de cada grupo para facilitar el recuento. (Pausa). Empezamos la votación de la proposición no de ley número 1, la iniciativa sobre la Comisión bilateral Galicia-Administración General del Estado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 5; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos la proposición no de ley número 2, que se votará con la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 18; abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



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Pasamos a votar la proposición no de ley número 3, la iniciativa del Grupo Parlamentario VOX sobre el acceso a la información pública y buen gobierno, que se votará en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Pasamos a la votación de la proposición no de ley número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la vulnerabilidad de las zonas sur y este de la ciudad de Madrid.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 9; abstenciones, 8.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Pasamos a la votación de la proposición de ley número 5, que se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 13; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley número 6, del Grupo Republicano, sobre la financiación de la Generalitat valenciana, en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 9.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Pasamos a la proposición no de ley número 7, que se ha debatido conjuntamente con la número 1, y se somete a votación en los términos de la iniciativa con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 5; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley número 7.


Finalmente, votamos la proposición no de ley número 8, sobre la utilización de mascarillas transparentes, del Grupo Parlamentario Socialista, que, como anuncié antes del inicio de la votación, será en los términos de los tres primeros puntos
de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación dijo,


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


- ELECCIÓN DEL VOCAL AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO Y EL ARTÍCULO 14.1.A) DEL ESTATUTO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO,
APROBADO POR EL REAL DECRETO 919/2014, DE 31 DE OCTUBRE. (Número de expediente 276/000014).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la elección del representante del Congreso de los Diputados en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Se han presentado dos candidaturas: una por parte del Grupo Parlamentario VOX en la persona
de Emilio Jesús del Valle Rodríguez, y otra del Grupo Parlamentario Socialista en la persona de Odón Elorza González. Por tanto, sus señorías deben poner en la papeleta el nombre de Odón Elorza González o de Emilio Jesús del Valle Rodríguez, o, si
lo prefieren, en blanco.


Iniciamos la votación por llamamiento. (Pausa).


Terminada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: ¿Todos los miembros y sustitutos de la Comisión han depositado ya su voto? (Pausa).


Comienza el escrutinio. (Pausa).



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Terminado el escrutinio, dijo


La señora PRESIDENTA: El resultado ha sido: Odón Elorza, 19 votos; Emilio del Valle, 5 votos; en blanco, 11 votos.


El representante del Congreso de los Diputados en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será Odón Elorza. (Aplausos).


Señorías, se levanta la sesión.


Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.