CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 306

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISAURA LEAL FERNÁNDEZ

Sesión núm. 17

celebrada el martes,

2 de marzo de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora fiscal general del Estado (Delgado García) para la presentación:


- De la memoria correspondiente al año 2017. (Número de expediente 285/000001)... (Página2)


- De la memoria correspondiente al año 2018. (Número de expediente 285/000002)... (Página2)


- De la memoria correspondiente al año 2019. (Número de expediente 285/000003)... (Página2)


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proposición de ley orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 122/000083)... (Página33)


Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proposición de ley orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 122/000083)... (Página34)

Página 2

Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA FISCAL GENERAL DEL ESTADO (DELGADO GARCÍA) PARA LA PRESENTACIÓN:


- DE LA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. (Número de expediente 285/000001).


- DE LA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. (Número de expediente 285/000002).


- DE LA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (Número de expediente 285/000003).


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora fiscal general del Estado, bienvenida.


Vamos a proceder a celebrar la sesión de la Comisión de Justicia convocada conforme al orden del día aprobado por la Mesa de la Comisión. En primer lugar, como ustedes conocen, tendrá lugar el desarrollo de la comparecencia de la fiscal
general del Estado para la presentación de las memorias correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. El desarrollo de esta comparecencia, conforme al acuerdo adoptado en la Mesa de la Comisión, será el siguiente. En primer lugar, la señora
fiscal general del Estado desarrollará su comparecencia; a continuación, intervendrán en un único turno los portavoces de los grupos parlamentarios, en orden de menor a mayor representación, por un tiempo máximo de diez minutos. Les ruego
encarecidamente a las señoras y a los señores portavoces de los grupos parlamentarios que se ciñan al tiempo. Cerrará la sesión de su comparecencia la señora fiscal general del Estado. Como bien conocen, tenemos un segundo punto del orden del día,
que es la ratificación de la ponencia designada para informar en torno a la iniciativa legislativa que corresponde a la proposición de ley orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal. Para ello, haremos un receso de cinco
minutos entre la finalización del primer punto del orden del día y el segundo.


Sin más demora, dándole la bienvenida de nuevo a esta Comisión, doy la palabra...(El señor Ortega-Smith Molina pide la palabra).


Señor Ortega.


El señor ORTEGA-SMITH MOLINA: Perdón por la interrupción. Una cuestión de orden, señora presidenta.


Nos ha costado lo imposible lograr saber hasta el viernes exactamente el orden del día, pero de lo que hemos sido incapaces -hemos hablado con los letrados, con su secretaría, con la oficina- ha sido de que nos dijeran el tiempo de
intervención. Ha sido después de llamar veinte veces cuando al final nos han dicho, primero, que eran cinco minutos y, después, que eran siete; ahora nos comunica usted que son diez. Sería bueno, en aras del respeto a todos los grupos, que
supiéramos con antelación cuál va ser exactamente el tiempo y que tuviéramos el orden del día con un poco más de antelación.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortega.


El tiempo fue en principio de siete minutos y pedí que así fuera trasladado. No voy a polemizar, señor Ortega. Con el ánimo de que todos los portavoces encontrasen acomodo en su intervención, el acuerdo de la Mesa ha sido que tengan un
tiempo máximo de diez minutos.


Señora fiscal general del Estado, tiene usted la palabra.


La señora FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Delgado García): Muchísimas gracias, señora presidenta.


Señorías, lo primero que quiero decirles es que me siento muy honrada por comparecer en esta Comisión de Justicia para presentar las memorias correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, que son las memorias de la Fiscalía General del
Estado 2019/2020. No son memorias elaboradas por esta fiscal general del Estado durante su mandato, pero solicité comparecer en esta Comisión, igual que en la del Senado, porque creía que era muy importante dar cuenta a sus señorías del trabajo de
la Fiscalía General del Estado, que está no solamente reflejado en las cifras, sino también en el proceso que hemos realizado de análisis de esas cifras, que ahora pasaré a exponer. También quiero decirles que estoy a su disposición para aportar la
información complementaria que puedan requerir de mí, dentro de los límites -como bien pueden entender- que impone la ley, la autonomía del ministerio fiscal, el principio constitucional de

Página 3

separación de poderes y dentro, señorías, del respeto institucional que deben caracterizar las representaciones de los distintos poderes del Estado.


Quiero partir de una frase que para mí es muy importante: el ministerio fiscal está al servicio de la ciudadanía; a ella nos debemos y para ella trabajamos. Mi presencia aquí hoy me permite dar cuenta de esa labor; es además -y lo tengo
que decir de esta manera- un privilegio y una muestra de salud institucional y de transparencia estar aquí. Creo que este es un principio democrático y, como tal, me siento muy orgullosa y una privilegiada por ello. Estoy convencida, señorías, de
que la comparecencia de la fiscal general del Estado, de la persona titular en este momento de la Fiscalía General del Estado, es beneficiosa también para la institución que represento, porque puedo explicar a la sociedad, en primera persona y a
través de ustedes, sus legítimos representantes, el cómo y el porqué de la actuación del ministerio fiscal, al margen de juicios de intenciones y al margen de lo que a veces acompaña la actuación del ministerio fiscal o la representación de la
actividad del ministerio fiscal. Creo que esta es una ocasión inmejorable para poner en valor tan solo una pequeña muestra del esfuerzo de los más de 2500 fiscales que componen la carrera fiscal; les especifico, 2553 compañeros y compañeras que
ejercen su función en todo el territorio nacional. Comprenderán sus señorías la dificultad para resumir en apenas unas pequeñas páginas la capacidad de trabajo, el afán de superación y la ilusión que anima a todos los integrantes de esta
institución -repito- que me honro en representar, porque hay una cosa que es muy importante del ministerio fiscal: que contribuye y tiene que contribuir al fortalecimiento de nuestro Estado de derecho y a la sociedad democrática a la que nos
debemos.


No quiero dejar pasar esta oportunidad para hacer una mención específica -no puede ser de otra manera- a la situación sanitaria que enfrentamos desde los primeros meses de 2020; un año después -qué les voy a contar a ustedes que no sepan-
estamos viviendo un panorama todavía preocupante. Quiero dedicar un sentido recuerdo -lo hice en la Comisión de Justicia del Senado y lo quiero hacer aquí- a quienes han perdido la vida en condiciones indescriptiblemente dolorosas a consecuencia de
haber sido víctimas de la COVID. La enfermedad se ha ensañado, señorías, con los más vulnerables, con las personas que además sufrían patologías previas y muy especialmente -y lo quiero decir ahora- con nuestros mayores, con nuestros padres,
nuestras madres, nuestros abuelos. No voy a repetir, porque ustedes las conocen, la diversidad de situaciones a las que hemos debido enfrentarnos todos y todas y los familiares de todas las familias españolas, que han sufrido la soledad en los
últimos momentos y que no han podido, señorías, ni siquiera despedirse de sus familiares. La dureza de su duelo y la soledad en la que han afrontado pérdidas nos sobrecogen a todos, nos sobrecogen a todas, no podemos decirlo de otra manera. Así
que estas palabras son el reconocimiento, son el afecto, la solidaridad y, sobre todo, señorías, la sensibilidad para una parte de nuestra sociedad, de nuestras entrañas, que son nuestros mayores. Y si hay algo que tenemos que agradecerles esta
sociedad es los que nos han dado, la ejemplaridad de su comportamiento. Hace poco, en medios de comunicación se escuchaban voces tales como que en un año nuestros mayores apenas habían salido a la calle durante una hora al día. Eso sí que es
valentía, eso sí que es generosidad, eso sí que es solvencia. Y ¿saben qué? Son héroes; los mayores de nuestra sociedad son héroes, y tenemos que reconocerles aquí y ahora eso.


Debo dejar constancia del especial esfuerzo realizado por quienes integran el ministerio fiscal, hombres y mujeres que formamos esta institución a la que pertenezco desde hace treinta y un años y a la que ahora mismo me honro en representar.
Durante la fase del confinamiento y el confinamiento más severo, aquel de los primeros meses, los fiscales siguieron cumpliendo con su deber, acudiendo a los servicios de guardia, a los juicios orales, trabajando desde sus casas a través del
teletrabajo. Así que desde aquí, como representante del ministerio fiscal, quiero trasladarles mi gratitud y mi reconocimiento, y lo quiero hacer públicamente, que es como se deben hacer los reconocimientos. Las gracias se dan en público, nunca en
privado.


Me van a permitir que me centre en las personas mayores y en sus familias a las que he hecho referencia, un colectivo que ha sufrido lo inimaginable. El ministerio fiscal se hizo presente desde el primer instante en la grave problemática
planteada en las residencias de mayores, abordando la situación desde la doble vertiente -y quiero con esto poner en valor el trabajo de los fiscales-, la tuitiva y la penal. Los fiscales de la red de especialistas en civil, desplegados por todo el
territorio nacional y dirigidos por el fiscal de Sala de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo siguieron y siguen día a día la evolución de la situación en los establecimientos residenciales, facilitando además respuesta jurídica a
los problemas específicos que se iban planteando. Desde el inicio de la declaración de pandemia, el ministerio fiscal intensificó su labor tuitiva en este ámbito, fortaleciendo el control y el seguimiento de la situación de

Página 4

las personas mayores, ofreciendo, señorías, información semanal de la evolución que se iba produciendo en las residencias y contactando -y esto era lo más importante- con las familias. Se trataba de ser la correa de transmisión entre las
residencias, los mayores y las familias, porque el fiscal, señorías, estaba ahí, porque el ministerio fiscal siempre está ahí.


Según las cifras -y les quiero dar estas cifras por respeto a la Cámara y a la representación que ustedes ostentan-, a 18 de enero de 2021, es decir, hace algo más de un mes, de las 785 diligencias preprocesales civiles incoadas por el
ministerio público para realizar el seguimiento de la situación en las residencias y centros geriátricos españoles, 294 han sido archivadas porque no se apreciaron irregularidades en las mismas y 491 siguen en trámite para continuar con el
seguimiento. Esto es en cuanto a las diligencias civiles tuitivas.


En cuanto a las diligencias de investigación penal, del total de 441 incoadas, 212 todavía permanecen en trámite, 229 han sido archivadas y 27 han dado lugar a la interposición de denuncia ante los juzgados correspondientes. En la
actualidad, como bien conocen sus señorías, contamos con la fiscal de Sala para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y con discapacidad, que es muy importante. Esta figura se crea en el año 2019 y sirve para potenciar la
protección de las personas que en este momento más merecen de nuestra investigación y de nuestro seguimiento, que son las personas mayores y las personas con discapacidad.


Un Ministerio Público cercano, apegado a las preocupaciones de la ciudadanía, en constante colaboración con el Poder Judicial y con las administraciones encargadas de facilitar los medios personales y materiales con los que trabajar ha sido
de nuevo, como a lo largo de nuestra democracia, un puntal decisivo en la defensa de la legalidad y de nuestro Estado social y democrático de derecho, también, señorías, en estos difíciles tiempos de pandemia. La Constitución española prevé cuatro
grandes facetas del ministerio fiscal: la defensa de la legalidad democrática como la más alta expresión de la voluntad popular, que no es que sea lo importante, es que es la supremacía; el deber de velar por el interés público y social; la
defensa de los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos, y la función de velar por la independencia del Poder Judicial, fundamentalmente a través de su actividad promotora de la jurisdicción o, en palabras del propio texto
constitucional, mediante la promoción -ni más ni menos- de la acción de la justicia. Aparece así el ministerio público doblemente vinculado a la defensa de la legalidad, por cuanto constituye uno de sus principales objetivos y también el límite de
su actuación, su misión esencial y el principio que delimita su actividad y la de todos y cada uno de sus integrantes.


A la hora de glosar la actividad del ministerio público en los dos últimos años, lo primero que quiero reseñar ante sus señorías -y también lamentar- es que en la actualidad, salvo excepciones a las que me referiré más adelante, la memoria
de la Fiscalía no está en condiciones, señorías, de ofrecer cifras relativas a la evolución de la delincuencia a partir de las cuáles diseñar y adoptar una determinada política criminal, que es de lo que se trata. La modificación del artículo 284
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, en la medida en que limitó de forma significativa el volumen de los atestados que son objeto de traslado a los órganos de la jurisdicción penal, ha determinado que nuestras
estadísticas se contraigan a aquellos fenómenos criminales que dan lugar a la incoación de un procedimiento judicial, minimizando las cifras de aquellos acontecimientos delictivos cuya evolución solo puede ser detectada si la evolución de las
estadísticas y la evolución de la información se completa con aquellas reseñas de las cifras que nos den las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


La cifra de incoación de diligencias previas permanece estable -y esto se lo tengo que decir- en los dos ejercicios objeto de análisis. En 2019 se incoaron -y voy a entrar ahora en una fase quizá un poquito tediosa, porque son las cifras
contenidas en nuestra memoria- un total de 1 571 860 procedimientos de diligencias previas, cifra casi idéntica a la de 2018, con un total de 1 570 255 diligencias previas. Tengan sus señorías en cuenta que con la entrada en vigor de la citada
reforma del artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se produjo en el 2016, hay un descenso muy acusado de esta cifra, con una reducción del 51 %. En cuanto a la tipología delictiva, en el año 2019 los delitos contra la vida y la
integridad física dieron lugar al 32 % de las diligencias previas incoadas, el 36 % en el año 2018, y suponen el 17 % de los delitos sentenciados. Los delitos contra el patrimonio se mantienen en el año 2019 en el 20 %, exactamente igual que en el
año 2018.


Por lo que se refiere a las diligencias urgentes -es el cauce previsto en el artículo 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se tramitan los que se conocen vulgarmente como juicios rápidos-, en el año 2019 se incoan 203
434 diligencias urgentes, cifra que consolida la tendencia al alza a lo largo de los últimos ejercicios, lo que constituye -me van a permitir la expresión- un dato

Página 5

esperanzador, pues esta vía procedimental ofrece al ciudadano una respuesta inmediata al litigio, lo que demuestra una cierta calidad de la justicia. Un dato también a tener en cuenta es la alta tasa de calificación en este ámbito, el 67 %
en 2019, calificaciones que representan el 49 % del total de las formuladas, lo que acredita la eficacia de esta modalidad procedimental.


Los procedimientos por delitos leves incoados en 2019 fueron 338 204; en 2018 fueron 348 907. Sin embargo, los datos ponen de manifiesto que el descenso en las incoaciones por este tipo de procedimientos no se ha revelado eficaz si se
relaciona con las cargas globales de trabajo que pesan sobre los fiscales y las fiscalías, puesto que se mantiene la misma problemática organizativa que dificulta un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de las fiscalías.


En lo que afecta al volumen de procedimientos ordinarios incoados a lo largo del año 2019 -me refiero a los sumarios ordinarios; como son todos ustedes juristas, lo entienden-, la cifra asciende a 2652 sumarios, lo que constituye un
incremento de incoaciones en este procedimiento de casi el 9 % respecto de 2018. También ascendieron los nuevos procedimientos ante el Tribunal de Jurado. En 2019 fueron 591, lo que constituye, señorías, un repunte significativo del 25 % respecto
de 2018, en el que se incoaron solamente 471. Es una cifra realmente importante en materia de procedimientos ante el Tribunal de Jurado.


Por lo que se refiere a la actividad que constituye o que es más característica del ministerio fiscal, la que podríamos decir más privativa del ministerio fiscal, voy a destacar las siguientes cifras. En el año 2019 se incoaron un total de
15 535 diligencias de investigación, lo que ha supuesto un avance significativo con relación a 2018, cuando fueron solamente 14 906. Un dato que quiero destacar porque es importante y no para ahora, sino para el futuro es el tiempo medio de
tramitación de las diligencias de investigación que hacen los fiscales, que es de 135 días -135 días, repito-; esto, computándose todas las diligencias, desde las que se incoan y se archivan a las que continúan. Estos reducidos tiempos nos dan una
idea de lo que puede hacer el fiscal o la fiscal, la potencialidad que tenemos en la investigación, porque tenemos unos plazos tasados y porque además, señorías, tenemos una agilidad importante en la tramitación. Esto es importante a futuro, para
el horizonte que nos espera como posibles fiscales investigadores si ustedes lo tienen a bien.


En el año 2019, se formularon 277 014 calificaciones en procedimientos penales, lo que constituye una cifra levemente superior, simplemente un 3 % superior a la de 2018, que fueron 268 020 calificaciones. Vamos a desglosar las cifras
anteriores: se formularon 137 054 escritos de acusación en diligencias urgentes, 137 626 en abreviados, 1957 sumarios ordinarios y 377 en procedimientos -y ya les adelanto que son muchos- ante el Tribunal del Jurado. Estas cifras mantienen la
misma tónica que en los últimos tres años; lo digo a efectos estadísticos y de procesar nuestra política criminal.


Constituye un dato de cierta relevancia el incremento en un 12 % -y esto es importante- de las calificaciones por delitos contra la libertad sexual en las que las víctimas son personas mayores de edad, mientras que en el caso de las víctimas
menores se ha estabilizado esta cifra. Es importante destacar también que es en el año 2019 cuando se ha resuelto el recurso de casación interpuesto por el ministerio fiscal en el caso conocido por La Manada, juzgado en primera instancia por la
Audiencia Provincial de Pamplona, que dictó sentencia -como bien saben ustedes- el 20 de marzo del año 2018, en el que se condenaba a los acusados por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. El recurso que se interpuso por la fiscal
alegaba infracción de ley, solicitando la casación de la sentencia de las salas Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y reiterando la petición que presentó la Fiscalía de Navarra en el sentido de solicitar una condena para cada
uno de los acusados de dieciocho años de prisión por un delito continuado de agresión sexual. El ministerio fiscal había sostenido siempre, señorías, que los hechos enjuiciados se realizaron mediante una intimidación suficiente para anular la
voluntad de la víctima, de donde se concluía que la calificación jurídica correcta era la de agresión sexual. La Sala Segunda del Tribunal Supremo en la sentencia que se dicta el 4 de julio de 2020 acogió la tesis de la Fiscalía, sí, la tesis de la
Fiscalía, en una sentencia que revaloriza el testimonio de la víctima, que no necesita reforzar su palabra con actos o actitudes que pongan en riesgo su integridad física, de manera que se consolida de forma clara el concepto de consentimiento que
la Fiscalía había defendido.


En ese sentido, tengo que incluir aquí, al margen de las memorias a las que estoy haciendo referencia, que la Fiscalía a través del Consejo Fiscal ha emitido un informe en el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad
sexual el 18 de diciembre de 2020, donde se valora positivamente la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a los compromisos internacionales asumidos por España, especialmente al Convenio de Estambul, a las recomendaciones internacionales en la
materia y al Pacto

Página 6

de Estado contra la Violencia de Género. El Consejo Fiscal propone mejoras técnicas, mejoras sistemáticas y en algunos casos de redacción, pero valora positivamente y además, señorías -y es lo más importante-, por unanimidad, la inclusión
del concepto de consentimiento como elemento esencial del delito de agresión sexual.


En el año 2019 -y continuó con las cifras-, los fiscales y las fiscales asistieron a un total de 332 888 señalamientos de juicio oral, cifra que casi coincide con los 332 919 del año anterior, de 2018. Del total de 175 160 juicios, lo
fueron en el marco de delitos leves, 147 819 juicios ante los juzgados de lo Penal y 9909 ante las salas de lo Penal de las audiencias provinciales. Los señalamientos por delitos leves a los que asistió el/la fiscal continúan representando un
volumen mayor que la totalidad de los juicios ante los juzgados de lo Penal y las audiencias provinciales. El ministerio fiscal asistió, en el año 2019, al 52 % del total de los juicios por delitos leves incoados, dato especialmente llamativo si se
pone en relación con el porcentaje de sentencias absolutorias, que vuelve a ser en el año 2019 del 38 %. En términos absolutos, se puede afirmar que en el año 2019 se constata un ligero descenso de las sentencias dictadas por los juzgados de lo
Penal: 150 643 frente a las 155 288 de 2018, frente al ligero ascenso de las cifras dictadas por las audiencias provinciales, 9405 frente a las 8909 de 2018.


En el año 2019, la conformidad -y esto es importante, señorías, aunque parezcan simplemente cifras- con la posición del ministerio fiscal en la totalidad de las sentencias dictadas por los juzgados de lo Penal, condenatorias y absolutorias,
y por las audiencias provinciales fue en ambos casos del 70 % -del 70%; es importante, lo repito-. Del total de sentencias condenatorias que constan dictadas por los juzgados de lo Penal, que son 113 234, les voy a dar una cifra: 71 909
sentencias lo fueron por conformidad del acusado con la petición del ministerio fiscal. Estamos hablando del instituto de la conformidad, que creo que es muy importante, señorías, sobre todo por lo que nos espera en cuanto a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que luego pasaré a desarrollar, pero que es muy importante. En las audiencias provinciales se dictaron un total de 7814, de las cuales 4282, el 55 %, lo fueron también por conformidad del acusado y su defensa con la
posición del fiscal, señorías. Esto supone que del total de las sentencias condenatorias dictadas en los juzgados de lo Penal y audiencias provinciales el 63 % -repito, el 63 %-, lo fueron por conformidad con lo pedido por el fiscal. Tengo que
decir que la seguridad vial y el patrimonio fueron de nuevo los ámbitos que dieron lugar a un mayor número de sentencias condenatorias. También es verdad que son los delitos que más acusaciones generan y, por tanto, es donde se puede producir un
mayor número de acusaciones, conformidades y sentencias.


A los datos anteriores, debemos añadir una serie de ratios que revelan ciertas disfunciones en la prestación del servicio público que es preciso mejorar y que, además, aquí y ahora como fiscal general del Estado tengo que destacar. En
cumplimiento de las previsiones del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción anterior a la reforma de 2019, los fiscales hubieron de solicitar la declaración de complejidad en 26 014 diligencias, cifra superior a la de
2018, que fueron 21 332. En cuanto a la declaración de plazo máximo de instrucción que preveía el precepto, los fiscales en el año 2019 tuvieron que solicitar 10 332 informes en relación con las diligencias, que superó en más de mil diligencias las
que se pidieron en 2018. Es decir, un obstáculo para la actuación del ministerio fiscal, un espacio, señorías, para la impunidad.


En el año 2019 el número de diligencias previas pendientes a 1 de enero era de 497 664, mientras que, a fecha de 31 de diciembre, había aumentado a 532 142. Estas cifras revelan la tendencia al alza a nivel nacional incluso en términos
comparativos delatan el crecimiento de la pendencia, a pesar de permanecer estable el número de diligencias incoadas. Estamos, señorías, a la espera de determinar si la nueva redacción de ese precepto, famoso precepto, 324 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, aporta mejores datos que los que les acabo de señalar.


Se contabiliza asimismo un elevado número -y esto es muy triste para todas y todos- de suspensiones de juicio oral que en el año 2019 en los juzgados de lo Penal asciende ni más ni menos que a la cifra del 33 % de los juicios señalados. El
32 %, en 2018. En las audiencias provinciales es el 27 %; 28 %, en 2018. En este sentido -y repito lo que había dicho antes-, el recurso al instituto de la conformidad es una alternativa efectiva para procurar una respuesta penal más inmediata.
También puede colaborar a la superación de estos problemas la implantación de mejores prácticas en relación, señorías, con la mediación también en el ámbito penal. Creo que en esto estamos comprometidos el Consejo General del Poder Judicial y la
Fiscalía General del Estado. Debemos iniciar nuevos espacios para resolver los conflictos, también los conflictos penales, contencioso-administrativos, laborales, sociales y también penales en el ámbito penal. Debemos entrar ahí porque la solución
-y esto es un

Página 7

tema de pedagogía social-, a través del instituto de la mediación hace más madura a las sociedades. Creo que este es un buen momento y un buen tiempo para intentarlo y desde la Fiscalía no nos va a faltar interés, empuje y, desde luego,
determinación.


Los ejercicios del año 2018 y 2019 han sido cruciales -y entro quizá en el procesamiento de algunos de estos datos y en el detalle de los mismos-, para decir que han sido esenciales en la resolución de lo que llamamos el juicio del procés.
Tras quedar visto para sentencia el juicio oral, celebrado con una garantía que yo diría reforzada, que supuso la retransmisión en streaming del juicio que se hace desde la Sala de lo Penal. Desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo se dicta
sentencia el 14 de octubre de 2019 y la Sala Segunda del Tribunal Supremo dicta sentencia considerando que los hechos son constitutivos de un delito de sedición y un delito de malversación de caudales públicos, apreciándose ambos delitos en relación
de concurso medial, que no voy a explicar a sus señorías porque lo conocen sobradamente por sus conocimientos jurídicos, y de esta manera culmina un proceso penal de especial trascendencia. No lo puedo decir de otra manera y ahí está. Es un
proceso penal quizá que marca históricamente la situación y que tuvo esa repercusión. Ya ha terminado y está ahí.


Pasamos y avanzamos. Quiero decir que continúan los esfuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración de Justicia en combatir una amenaza que todavía, aunque parezca que no es así, pervive, que es la del
terrorismo. En la Fiscalía de la Audiencia Nacional las investigaciones por terrorismo representan en 2019 el 40,37 % del total de las diligencias previas. En la Audiencia Nacional no solamente se llevan diligencias por terrorismo, sino que
existen otro tipo de procedimientos, pero en materia de terrorismo ya les digo que es el 40,37 %, porcentaje un poquito superior al de 2018. Me van a perdonar que esté haciendo constantemente esa comparativa 2018-2019, pero es que estoy presentando
las dos memorias, la de 2018 y la de 2019. Entonces, esto supone, quizá, un retardo en mi exposición. Ello es consecuencia, les decía, de estas diligencias de investigación, del incremento de las investigaciones y la respuesta punitiva frente al
conocido como terrorismo yihadista, cuyo fanatismo revela la indudable gravedad de la amenaza. A las ya tradicionales actividades de integración y colaboración con organizaciones y grupos terroristas, se unen otras formas de comisión, señorías,
como son la captación, el adoctrinamiento, el autoadoctrinamiento, la radicalización, el reclutamiento y el adiestramiento de las personas con finalidades y propósitos terroristas, así también como la prestación logística, cobertura y apoyo y la
financiación con esos mismos fines terroristas.


Por otra parte, las cifras de la actividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional reflejan una lógica disminución de los asuntos relacionados con ETA. Una vez que ha desaparecido ETA, la Fiscalía, sin embargo, mantiene una proactividad en
dos aspectos que creo que son importantes para la sociedad, que son dos vertientes: una es el esclarecimiento de los delitos terroristas que todavía están pendientes de resolución, sirviéndose de recursos que son aportados por la cooperación
internacional antiterrorista, y, otra, el servicio especializado, que tengo que reconocer aquí que existe y que además es positivo, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de soporte a las víctimas. Las víctimas necesitan canalizar su necesidad de
derechos, de reconocimiento y la Fiscalía de la Audiencia Nacional es un soporte para ello. Y aquí quiero decir que la dignidad que a lo largo de todos estos años han demostrado aquellos que han sufrido más directamente las consecuencias del
terrorismo, señorías, ha contribuido, y hay que decirlo, a la consolidación de nuestro Estado de derecho. Lo tengo que decir, es así. Somos todos conscientes de que debemos sentirnos agradecidos por esa dignidad que han demostrado las víctimas.


Seguimos avanzando. La lucha contra la corrupción política es desde luego, señorías, una de las preocupaciones de la sociedad española. Les preocupa la corrupción política. Es, definitivamente, uno de los temas que, al margen del paro, de
la situación económica, etcétera, les preocupa. Así lo demuestran constantemente las encuestas que se van haciendo. La Fiscalía Anticorrupción en su memoria hace distintas clasificaciones y habla de las causas relacionadas con la delincuencia
económica, de las causas relacionadas con la corrupción y de las causas relacionadas con la criminalidad organizada. Bien es cierto que todas comparten un elemento común, la criminalidad compleja, por decirlo de alguna manera.


En cuanto a las causas relacionadas con la delincuencia económica, la Fiscalía Anticorrupción hace referencia al caso Fórum Filatélico y al caso Afinsa en las memorias de 2018 y 2019, ambos con sentencias en las que se han impuesto a los
principales responsables penas de prisión que superan los doce años, además -esto es importante-, de importantes indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil para los perjudicados, al caso SGAE, al caso Nueva Rumasa, al caso Banco de
Valencia, al caso Rato, que ahora se ha reabierto, al caso Vitaldent y al caso Gowex, entre otras muchas causas a las que no voy a hacer referencia porque no tendríamos tiempo, evidentemente.

Página 8

Por lo que se refiere a las causas relacionadas con la corrupción, corrupción política stricto sensu, está el caso Pujol. Se investigan delitos de cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública y falsedad en la pieza principal
y en varias piezas separadas. Tengan en cuenta que todas estas causas de corrupción no solamente son una, sino que existen muchísimas derivadas, piezas separadas que se abren y que suponen un trabajo extraordinario para esta Fiscalía, que está
demostrando una entrega y un trabajo especializado realmente destacable. El caso 3 %, con un total de nueve piezas separadas, una investigación muy compleja que sigue en marcha. El caso Gürtel, con piezas separadas, entre otras las denominadas
Fitur, Jerez, AENA, Boadilla y Cantón y piezas separadas en Valencia hasta un total de seis. En algunos casos se ha dictado sentencia y en otros continúa en trámite la investigación, con complejísimas derivadas en general. El caso Púnica, en el
que se investigan diversos delitos y en relación con el cual la labor de ordenación y expurgo de las diferentes piezas separadas -estoy siguiendo la memoria de la Fiscalía Anticorrupción- ha supuesto un enorme esfuerzo a los juzgados que están
tramitándolo. Desde aquí mi reconocimiento a los fiscales, que con una enorme profesionalidad están trabajando en esta materia. El caso Acuamed y el caso Lezo, iniciado también a querella del ministerio fiscal, con piezas separadas en trámite al
cerrar el memorial del año 2019. El caso Duro Felguera, el asunto de los ERE, con múltiples piezas separadas, en algunas de las cuales ha recaído sentencia mientras que otras están pendientes de tramitación, y el asunto Palma Arena, nuevamente con
diversas piezas, algunas de las cuales ya han sido sentenciadas, como el caso Palau, en el que igualmente ha recaído alguna condena importante como consecuencia de la esforzada labor de la Fiscalía Anticorrupción.


Y pasamos, también dentro de esta Fiscalía, a la criminalidad organizada. Simplemente, a título de ejemplo, operación Casablanca, caso Georgianos y operación Aguas. Desde aquí mi reconocimiento a la Fiscalía Anticorrupción, que hace una
labor extraordinaria en un aspecto que, como decía al principio, preocupa a la ciudadanía y a los españoles; no solamente en aspectos políticos, sino en un aspecto que preocupa a la ciudadanía, que yo creo que ahora es lo que nos importa y lo que
nos interesa.


El fiscal de Sala delegado en materia de delitos económicos en el ámbito de su actividad deja constancia en estos dos ejercicios del importante refuerzo realizado por esta unidad especializada. Esta dedicación motivó el dictado del decreto
de la fiscal general del Estado de fecha 11 de diciembre de 2018, en virtud del cual se adscribieron a dicha especialidad de forma permanente tres fiscales del Tribunal Supremo, quienes colaboran en todas las facetas de la actividad reservada a la
especialidad, proporcionándole el nuevo impulso que se venía reclamando desde tiempo atrás. Este excelente equipo, que se dirige con rigor y altura jurídica, lleva a cabo las investigaciones, señorías, del ex jefe de Estado, el rey emérito,
contando igualmente con la colaboración inestimable del fiscal de Sala jefe de la Fiscalía Anticorrupción, en un ejemplo de lo que la Fiscalía es. Llevamos en el ADN, señorías, los fiscales la colaboración y la cooperación en nuestro trabajo. Los
fiscales somos gente que trabaja en equipo y esto es lo que nos da valor, lo que nos da fuerza y lo que hace que nuestras investigaciones concluyan con los éxitos de las cifras que les he referido anteriormente.


El análisis de la actuación del ministerio fiscal frente a las manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional no sería, señorías, completo sin hacer referencia a la importante labor que hacen las fiscalías territoriales, que
además se ve impulsada por los fiscales de sala, coordinadores y delegados para áreas concretas de especialización. Actividades delictivas -algo tan importante que quizá no tiene un efecto político, pero mírenlo desde otro espacio- como trata de
seres humanos, falsificación de documentos, defraudaciones, conductas contra los derechos de la propiedad intelectual o industrial, pornografía infantil, tráfico de vehículos robados, allanamiento de moradas y usurpación de bienes inmuebles aparecen
relacionados frecuentemente con los grupos organizados, con ramificaciones más allá de nuestras fronteras, y nos exigen a los fiscales y a ustedes la preocupación de una adecuada persecución, de acabar con esa impunidad, que a lo mejor no tiene
rédito político -no lo sé, ni me lo pregunto-; sin embargo, repito, es nuestra obligación, es nuestra preocupación y la preocupación de todos, porque la ciudadanía está exactamente preocupada por eso.


En relación con las ocupaciones, el pasado mes de septiembre la Fiscalía General del Estado dictó la Instrucción 1/2020, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y
usurpación de bienes inmuebles. Nos consta que ha tenido una gran acogida entre los diferentes operadores jurídicos y que ha dado respuesta a un problema, el de la ocupación de los bienes inmuebles, que si bien, señorías, estadísticamente no es
significativo, sin embargo, había generado una indeseable inseguridad entre la ciudadanía. La instrucción recoge algo tan sencillo -y yo diría que tan claro- como las pautas de actuación para trasladar a las unidades de Policía Judicial los

Página 9

criterios para solicitar la medida cautelar de desalojo previo siempre que haya un juicio de ponderación diferenciando distintos supuestos -que creo que es muy importante- cuando el sujeto pasivo sea persona física, persona jurídica pública
o entidad sin ánimo de lucro de utilidad pública del resto de los supuestos. Asimismo, se prevén los casos -y esto es muy importante- de especial vulnerabilidad de las personas que okupan el inmueble con comunicación a los servicios sociales para
que solucionen el problema; es decir, que no se genere un problema, sino que se solucione un problema. Esto por primera vez se recoge en una instrucción de la Fiscalía. Vamos a tomar medidas cautelares, pero vamos a tener en cuenta cuál es la
realidad social con la que nos encontramos, y no todo vale.


Voy a pasar a otro espacio que nos preocupa enormemente, que es el de la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer, la violencia de género. Señorías, ataca a los derechos humanos de las mujeres y no termina en el ámbito de la
pareja o la expareja, sino que abarca toda violencia sobre la mujer por el hecho de serlo o cuando afecta desproporcionadamente en un entorno público o privado, por lo que vamos en la línea del Convenio de Estambul. Lo que quiero decir es que
tenemos que ampliar el concepto de violencia contra la mujer. Hay que dotar al sistema judicial de instrumentos y herramientas adecuadas para afrontar esa violencia y también asistir, acompañar y proteger adecuadamente a las víctimas a través de
recursos, recursos como los que ofrecen las unidades de Valoración Forense Integral y las oficinas de Atención a las víctimas. Señorías, es imprescindible amparar y también empoderar a la víctima, incluso antes de la iniciación del proceso. Lo
tenemos que entender y tiene que ser así, porque hay una violencia oculta, una violencia negra que tiene que aflorar, una violencia que no se denuncia porque todavía hay mujeres que tienen miedo. Señorías, la violencia existe por más que algunos
quieran negar que la hay; existe, y las mujeres, los juristas, los fiscales, las fiscales y los jueces tienen que verlo así.


Se aprecia un incremento de las ideas sexistas y de la violencia -y esto es muy preocupante, señorías- entre los menores y adolescentes en el entorno familiar y, especialmente, en el ámbito sexual. Es un escenario que hay que abordar y
seguramente no tanto desde la justicia, sino desde la formación, la pedagogía y la prevención.


La violencia de género es la máxima expresión de desigualdad entre hombres y mujeres y hoy golpea nuestra convivencia. Lo podemos ver o no, lo podemos negar o no, pero está ahí, no les puedo decir otra cosa. La violencia ha destacado en
2019 con un repunte en la cifra de mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas con 59 mujeres. Yo les doy una cifra y podemos pensar que son simplemente 59, 60 o 51, pero detrás de cada cifra hay una historia, una familia, unas víctimas.
Fueron 59 en 2019, 51 en 2018, de las cuales solamente 15 habían formulado denuncia previa. Insistimos y lo vamos a seguir haciendo memoria tras memoria -eso espero-, ahora, hoy, mañana y dentro de varios años, hasta que ustedes, que son el Poder
Legislativo, decidan reformar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo a la dispensa parental. Y no les voy a contar nada que ustedes no sepan, que lo saben sobradamente. Este precepto está en el origen de un apreciable
porcentaje de sentencias absolutorias, que alcanzan el 37 % en el ejercicio 2019. La proporción de procedimientos por denuncia falsa en este ámbito específico desde el año 2009 en relación con los procedimientos en los que se ha dictado sentencia
condenatoria -las denuncias falsas, señorías, denuncias falsas de las mujeres; lo voy a decir una, dos y hasta tres veces- es de 0,0069 %. (Aplausos). Repito, 0,0069 %. Repito, 0,0069 %. De esas 121 sentencias condenatorias, 59 lo han sido por
conformidad de la acusada, es decir, el 48,76 % del total de las víctimas. Volvemos otra vez al 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De las 59 mujeres asesinadas en el año 2019, señorías, solo 15 -un 25 %- habían denunciado previamente y
solamente 5 tenían una orden de protección. El 80 % de los asesinatos de las mujeres se produjeron en poblaciones pequeñas y el 12 % en capitales. Han quedado 46 niños huérfanos y 3 niños fueron asesinados a manos de sus padres. Son 46 criaturas
a las que seguramente les costará muchísimo reestructurar sus vidas, pero está la sociedad y están ustedes para que consigamos que sigan viviendo. Se ha concedido el 71,28 % de las órdenes de protección solicitadas. Existe una cierta desigualdad
entre comunidades autónomas, señorías, incluso les diría que entre partidos judiciales. Por lo tanto, sería importante establecer una objetivización a la hora de aplicar determinadas medidas cautelares para que haya una igualdad en el territorio
nacional y que no haya esos espacios de discrecionalidad que dificultan esa igualdad. Se constata un porcentaje muy alto de incumplimiento de las medidas de alejamiento, lo que ha dado lugar a 11 335 denuncias por quebrantamiento de pena y 17 873
por quebrantamiento de medida cautelar. Es decir, señorías, se ha incumplido el 50 % de las medidas cautelares concedidas. Y todo esto sin contar con lo que no se denuncia, lo cual nos pone en unos espacios terribles que son abono para la
violencia.

Página 10

Durante el año 2019 se presentaron en materia de género 58 238 escritos de acusación, se dictaron 51 790 sentencias y fueron condenatorias el 70,5 %. Este es un dato que nos debe servir para alentar, al margen de las risas y de lo que pueda
suponer, que las mujeres denuncien, porque estamos hablando de algo muy serio, señorías, extraordinariamente serio, sí serio, muy serio, que es la violencia de género, que es la muerte, que es el dolor, que son las víctimas, que son los menores, que
son las mujeres, y en absoluto es cuestión de risa.


Quiero decirles que el Grevio, que para los que no lo sepan por falta de formación, es el grupo de expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer, ha llamado la atención en España sobre el alto grado de exigencia probatoria de los
tribunales españoles para dar valoración a la declaración de la víctima, apuntando que esta es la causa de que en el ámbito de violencia de género y violencia sexual el porcentaje de violencia sea inferior que en otros países.


Situación durante la pandemia. Ha disminuido la violencia de género en sus formas más graves, y ello es consecuencia, señorías, del confinamiento. Ha habido 46 víctimas mortales -qué tristeza decir que ha disminuido y que nos tenemos que
congratular-, 46 mujeres asesinadas, pero ha aumentado algo que es terrible, tal como nos dijo la fiscal de sala contra la violencia de género, que ha sido la violencia psicológica. Ha bajado el número de denuncias a un 20 % durante 2020 y sin
embargo la violencia está ahí. ¿Saben por qué está ahí la violencia? Porque las llamadas al 016 se han incrementado extraordinariamente, así como el servicio de wasap habilitado durante la pandemia para que las mujeres pudiesen hablar. Se ha
acrecentado la situación de vulnerabilidad de las víctimas, especialmente durante el periodo de confinamiento junto a su agresor, con un mayor aislamiento social, con la dificultad de las mujeres para acceder a los recursos que la sociedad ofrece.
Quiero reconocer desde aquí la extraordinaria labor de la Fiscalía de sala de lucha contra la violencia de género que ha atendido especialmente esta situación, que ha sido un recurso -y lo digo abiertamente- para las mujeres porque estaban solas,
encerradas en sus casas con sus agresores. Esto a lo mejor no les importa a unos o a otros, y sin embargo para estas mujeres ha sido un apoyo y un bastión.


Paso a la Fiscalía de Extranjería. Esta fiscalía ha incoado un total de 167 diligencias de seguimiento por delito de trata de seres humanos. La mayor parte tiene por objeto la persecución de la trata con fines de explotación sexual. Al
terminar el año, sumando los precedentes de años anteriores, había en tramitación, señorías, un total de 411 expedientes. Se han localizado ni más ni menos que 855 víctimas: 592 relativas a la trata para la explotación sexual; 343 identificadas y
249 en situación de grave riesgo. La inmensa mayoría, un 98,31 % son mujeres, nuevamente mujeres. Las mujeres rumanas han sido las que han sufrido esclavitud sexual en mayor número, un 19,25 %, seguidas de las nigerianas, un 18,58 %, apreciándose
una preocupante escalada de la trata de mujeres venezolanas y, posteriormente, las colombianas. Durante 2019 se han formulado 21 escritos de acusación y se han dictado 22 sentencias.


En esta materia quiero hablar de otra especialidad, que está de rabiosa actualidad, que es la utilización masiva de los recursos de la inteligencia artificial en determinados ámbitos de la vida cotidiana y las relaciones sociales. El
creciente aprovechamiento de las tecnologías, el blockchain para el registro y gestión de procesos complejos, la definitiva implantación de la red móvil de quinta generación, llamada 5G, son solo algunos ejemplos de la profundidad con la que los
imparables avances de la ciencia y la tecnología inciden en todas las facetas de la vida de las personas, de las relaciones sociales, políticas y económicas. El aumento drástico del uso de las tecnologías ha incrementado también el riesgo de que se
produzcan en el entorno virtual, en el entorno que llamamos online, ataques contra los diversos bienes jurídicos. Estos bienes jurídicos transversales, que ustedes, señorías, como representantes de la soberanía popular saben que le preocupa
muchísimo a la gente, deben ser objeto de protección penal. Las actividades relacionadas, por ejemplo, con la distribución online de material, entre otras cosas, pornográfico, ofertas fraudulentas, que hemos vivido muchísimo en el tiempo de
pandemia, de bienes y servicios, captación de datos personales con fines ilícitos, ya sea por engaño o a través del acceso irregular a sistemas informáticos, son algunos ejemplos de la potencialidad lesiva de este nuevo ámbito, que por un lado es
fantástico, pero por el otro hay que tener cuidado. La especialización del ministerio fiscal -lo tengo que decir aquí y ahora- constituye una de las más eficaces herramientas para combatir fenómenos delictivos y también para hacer que la gente se
sienta segura al utilizar estas tecnologías porque hay alguien que está velando exactamente por sus derechos y por su seguridad, que es la Fiscalía.


Estrechamente, señorías, vinculada a la actividad de la Fiscalía de sala de criminalidad informática, está -y esto está de rabiosa actualidad- la del fiscal de sala delegado de delitos de odio y contra la discriminación, así como los
fiscales delegados en esta materia. En relación con las estadísticas ofrecemos

Página 11

datos de criminalidad a partir de las cifras, como les decía al principio de mi intervención, que nos dan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de sus registros, pero que los fiscales que están asignados a estos juzgados tienen que
elaborar casi artesanalmente. Se obtienen los datos por la Fiscalía, como les decía, de forma muy artesanal con un sistema informático en juzgados y fiscalía para poder hacer el seguimiento de forma rigurosa y ágil. En este sentido necesitamos
apoyo -ya se lo pido- para poder hacerlo adecuadamente. A pesar de que, por ejemplo, la calificación inicial de un asunto se registre como delito de odio, luego siempre puede estar relacionado o en conexión con otras conductas como delitos de
lesiones, amenazas contra la Constitucional, delitos de daños, delitos de injurias, etcétera, lo que nos hace realmente difícil establecer unas estadísticas de cuándo nos encontramos con un delito de odio y cuándo no. A pesar de las dificultades
que les he apuntado, quiero decirles que en el año 2019 se intervino en un total de 1167 procedimientos, que superó con diferencia la cifra del año 2018, que fueron 744. Hay una concienciación en el tema de delitos de odio, aunque también es verdad
que hay una mayor incidencia de delitos de odio. ¿Por qué? Esto se lo dejo a ustedes para que lo procesen.


En el año 2019 se incoaron 275 diligencias de investigación en sede del ministerio fiscal, frente a las 129 del año 2018, y se formularon 145 escritos de acusación, cifra casi idéntica a la de 2018, con 146. En 2019 se dictaron 166
sentencias por delitos de odio, frente a las 133 del año anterior. Sirvan de muestra de la evolución de este fenómeno criminal las significativas cifras registradas por la Fiscalía Provincial de Barcelona, que tengo que reconocer, aquí y en esta
sede, que es puntera en la persecución y la investigación de este tipo de infracciones, que, además, junto a la de Madrid ha realizado un esfuerzo especial en mejorar los registros de su actividad. En Barcelona, en el año 2019, se registraron un
total de 368 atestados por delitos cometidos por motivo de odio o discriminación, frente a los 366 del año 2018. Se consolida una tendencia que va ascendiendo de una manera constante desde el año 2010. Les voy a dar algunas cifras para
reflexionar. Destaca como primer motivo de discriminación la ideología, que representa un 39,9 %. La discriminación siguiente, es decir, lo que motiva el odio, el rechazo al otro, esos delitos absolutamente rechazables, son el origen étnico,
nacional y racial, que representa el 26,4 %. En tercer lugar, señorías, la orientación e identidad sexual, que representa el 25,8 %. Finalmente, la religión, donde se ve un descenso considerable, que representa un 3,3 %. Estos son los motivos de
odio, por qué odiamos al otro y por qué cometemos delitos por odiar al otro. Es un motivo de reflexión para quienes pueden ser los impulsores o las impulsoras de esta tipología delictiva.


En otro orden de cosas, el año pasado el servicio de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona proponía algo que es interesante, que es la modificación del severo régimen punitivo previsto en el artículo 510 del Código
Penal. Las penas privativas de libertad alcanzan los cuatro años de prisión, y forzosamente en determinados delitos se han de aplicar en su tramo superior, por tanto, un mínimo de 2,6 meses de prisión, y de ahí para arriba, cuando los hechos se
lleven a cabo través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información -estoy hablando del artículo 510.3 del Código Penal-, cuando además a los contenidos accedan un elevado número de
personas. Como les decía, los servicios de odio y discriminación de Barcelona proponían la reforma con la necesidad de introducir un respeto al principio de proporcionalidad en las penas en aquellos supuestos de difusión pública de mensajes o
contenidos que si bien objetivamente de forma pública puedan fomentar, promover, incitar directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o a la violencia, no obstante por su contexto, contenido, ausencia de reiteración,
características o circunstancias personales del autor tuvieran una menor entidad no deberían tener un reproche tan elevado. Esto llevaría a una modificación legislativa para evitar el rigor en la redacción actual del artículo 510, puntos 1 y 3, del
Código Penal. Una posible solución, apuntaba la Fiscalía de Barcelona, en la línea de la Recomendación número 15 de la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia del Consejo de Europa, y conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, sería la de prever la posibilidad de que se contemplen de forma alternativa bien penas de prisión de inferior duración, no tan absolutamente elevadas, como la posibilidad de imponer multas, de pérdida de derechos políticos,
trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido, que permitan la reinserción social mediante el conocimiento y la aceptación de las víctimas. Este es un asunto que debe llevarnos a una reflexión, y no es el ministerio
fiscal quien debe hacerlo, sino sus señorías, en quienes radica la soberanía popular y, sobre todo, la capacidad y la posibilidad de hacer leyes.


El 14 de mayo de 2019 la Fiscalía General del Estado publica la circular 7/2019, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 que había sido ampliamente solicitada
por las y los fiscales delegados. Su contenido se inspira en los

Página 12

convenios, acuerdos y resoluciones de organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, que es muy importante y que les pido que sigan porque es muy interesante, la Comisión Europea contra el
Racismo y la Intolerancia, que también es muy interesante seguir, y la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales. También les ruego que sigan las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sabemos
todos que marcan de alguna manera nuestra vida jurídica.


En cuanto a las cifras de actividad del resto de especialidades, señorías, disponen ustedes de las memorias. Las presento, pero no voy a entrar en más cifras, porque entiendo que esto realmente es denso. He entendido que era mi obligación
como fiscal general del Estado traerlas aquí y a presente. No son memorias de esta fiscal general del Estado, pero es mi obligación, mi respeto a esta Cámara igual que al Senado, traerlas. Sí quiero destacar algunas de las actuaciones del
ministerio fiscal para poner en valor esta gran institución a la que pertenezco desde hace treinta y un años y a la que ahora mismo represento. El ministerio fiscal ha adoptado una serie de importantes iniciativas para garantizar la igualdad entre
hombres y mujeres. Ustedes conocerán que tenemos una presencia de mujeres mayoritaria en la carrera fiscal. El 65 %, no el 50 %, sino el 65 % de los fiscales somos mujeres. El porcentaje más alto se encuentra en las fiscalías de Madrid, País
Vasco, Cataluña y Navarra, con índices superiores al 70 %. Aquí veo una mayoría de hombres, pero también hay mujeres, y me congratula porque me entenderán perfectamente. En cuanto al rango de edad, el mayor porcentaje de mujeres se encuentra
comprendido entre los treinta y los cincuenta años. Su presencia entre los treinta y los cincuenta supera el 70 % de las mujeres. Sin embargo, señorías -esto lo tengo que decir, qué le vamos a hacer-, es mayoritaria la presencia de los hombres en
los cargos directivos de la carrera, con un 62 %. Tenemos ahí un espacio invertido. La ratio más elevada se encuentra en la categoría de fiscales de sala, con un 73 % -esta es la proporción-, frente al 60 % en los fiscales superiores y un 67 % en
los fiscales jefes provinciales. Este es el nuevo impulso. Tenemos un 37 % de fiscales jefes masculinos en las áreas. Por lo tanto, aquí ya hay una inversión, más acorde con el número de mujeres que hay en la carrera. ¿Qué significa esto? Que
en el futuro -la proyección de futuro- contaremos con magníficas mujeres, con magníficas profesionales trabajando en esta sociedad y en este mundo de la justicia. En los años 2018, 2019 y desde que soy fiscal general del Estado se han nombrado un
total de 49 mujeres para cargos directivos de la carrera fiscal, lo que constituye un 53 % del total de nombramientos en este periodo. Dos de ellas son fiscales de sala y otras dos son fiscales del Tribunal Supremo. Me siento muy orgullosa porque
son mujeres muy válidas, muy profesionales y con una proyección increíble. Esta política de nombramientos es expresión de una de las aspiraciones del Plan de Igualdad del Ministerio Fiscal, de 29 de diciembre de 2018, una herramienta concebida para
dar cumplimiento a las previsiones de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, de 2007, y de la normativa de la Unión Europea. En dicho plan se concretan los objetivos y las medidas de actuación necesarias a corto, medio y
largo plazo para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.


El 1 de noviembre del año 2019 entró en vigor -también lo tengo que señalar en este punto- el Protocolo contra el acoso y la violencia en el trabajo del ministerio fiscal. Es importante porque esto garantiza nuestra autonomía y también
nuestra independencia. Se da un paso en el principio de igualdad también entre hombres y mujeres y en la aplicación del enfoque de género en la fiscalía, con el compromiso de promover una cultura organizativa que permita, señorías, un entorno
profesional libre de acoso y en el que el derecho de los y las fiscales a recibir un trato respetuoso y digno constituya un principio básico.


En otro orden de cosas, el 14 de noviembre de 2019 se publicaron las normas de estilo del ministerio fiscal, en las que además de un esfuerzo por acercar y hacer comprensible el lenguaje jurídico a la sociedad se dio un especial énfasis al
lenguaje inclusivo. Esto es importante. A algún colectivo le puede parecer algo secundario, pero es importante que vayamos entrando en esta cultura también en el mundo de la justicia, que ha sido un mundo extraordinariamente masculino y que ahora
queremos que sea igualitario.


Y como culminación de un trabajo intenso y prolongado, en el que se ha involucrado toda la carrera fiscal, y en esto me siento orgullosa, pero no por mí sino por toda mi carrera y por todos mis antecesores, mis predecesores, el 17 de
noviembre del año 2020 se publicó en el portal de transparencia de la web de la Fiscalía General del Estado el código ético del ministerio fiscal. Se aprobó por el pleno del Consejo Fiscal el día 23 de octubre de 2020. Se da así cumplimiento a la
recomendación X de la Cuarta ronda de evaluación del Greco, que proponía la adopción de un código de conducta para los y las fiscales, de fácil acceso al público, complementado con orientaciones específicas sobre algo tan importante, señorías,

Página 13

como el conflicto de intereses y otras cuestiones relacionadas con la transparencia y la integridad. La necesidad de sistematizar algo tan importante como los principios éticos y deontológicos que inspiran la actuación de los miembros de la
carrera fiscal era uno de los grandes retos pendientes de mi carrera, y además ha generado en el seno de la carrera fiscal un importantísimo debate, un debate profundo, participativo, constructivo y transparente. Tengo que decir que me siento muy
orgullosa, exageradamente orgullosa, de dar cuenta aquí del impulso que se ha dado por los y las anteriores fiscales generales del Estado en la constitución de esa comisión ética, integrada por representantes de las asociaciones, y tengo que
reconocerlo, profesionales de fiscales, miembros de la Inspección Fiscal y de la Secretaría Técnica General del Estado. El código ético del ministerio fiscal, señorías, es un logro de todos y de todas, de los compañeros y de las compañeras, un
logro de la sociedad, un logro de los operadores jurídicos, un logro del esfuerzo y la participación de la ciudadanía, que ha dado lugar a que este texto cristalice. Les aseguro que para la carrera fiscal es un símbolo de orgullo porque refleja la
vocación que tiene el ministerio fiscal por la excelencia en el desarrollo y en el desempeño de nuestra función, un compromiso del ministerio fiscal con la ciudadanía, señorías, a la que nos debemos.


En otro orden de cosas, y voy avanzando rápidamente porque sé que el tiempo nos apremia, como bien saben, el 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento del Parlamento Europeo sobre protección de datos. Pues bien, se ha nombrado en el
ministerio fiscal -muy a pesar mío, voy a tener que ir pasando hojas- un delegado de protección de datos, que para nosotros es fundamental. Además, hay diecisiete delegados territoriales por las diecisiete comunidades autónomas, que dependen de
este delegado de protección de datos y que conforman una red de adjuntos en el ámbito territorial. Es fundamental que la ciudadanía sepa que los datos con los que contamos en el ministerio fiscal serán tratados adecuadamente; que la ciudadanía
sepa que esos datos se van a tratar con cuidado, con esmero, con tiento, porque afectan a su privacidad. Son sus derechos, los derechos de la ciudadanía, independientemente de la ideología que tengan, señorías. La ciudadanía merece el respeto de
todas las instituciones, ministerio fiscal incluido. Y, por supuesto, nuestro delegado de protección de datos, con plena autonomía y a través de sus delegados, velará por los ciudadanos, por que nadie utilice indebidamente sus datos, ni la fiscalía
ni los poderes públicos, excepto los ciudadanos. Esto puede interesarles o no, pero yo se lo cuento porque creo que es mi obligación.


Quiero decirles algo muy importante también, y es que estamos muy orgullosos de que la fiscalía pueda desarrollar la formación de los fiscales. Con el cambio del Estatuto Orgánico del Centro de Estudios Jurídicos, que se produjo en el año
2019, el Ministerio de Justicia atribuyó a la Fiscalía General del Estado la competencia para diseñar estratégicamente y a través de los planes de formación precisamente la formación de la carrera fiscal. Se trata de que los fiscales alcancen la
excelencia, de que estén formados en todos los ámbitos: internacionales, jurisprudenciales, por supuesto de género, etcétera. Se trata de que sea excelente la formación de los fiscales. Y para ello necesitamos autonomía; nadie debe imponer a una
carrera cuál es su formación, sino la propia carrera, de cara a prestar el mejor de los servicios públicos posible, que es lo que pretende el ministerio fiscal. Pues bien, esta autonomía en la formación ha sido reforzada mediante la creación de una
Dirección de Formación de la Carrera Fiscal, también del año 2019, a la que se atribuyen funciones de organización y gestión de cursos selectivos para el acceso a la carrera fiscal, de acuerdo con los planes de formación elaborados por la Fiscalía
General del Estado, igualmente con funciones de organización y gestión de la formación continuada y de la promoción y realización de estudios, investigaciones, publicaciones, seminarios y otras actividades que puedan contribuir a la mejor
capacitación de los miembros del ministerio fiscal.


La situación excepcional de la crisis sanitaria sin precedentes en la que nos encontramos ha dado lugar a que hayamos desarrollado distintos formatos pedagógicos en relación con la formación, en los que se fomenta una metodología práctica y
cooperativa, de carácter presencial y no presencial, con iniciativas que pretenden dinamizar las posibilidades de formación, adaptándolas a las circunstancias concurrentes.


Quiero hacer mención -evidentemente, me he saltado algunas cosas porque se nos va echando encima el tiempo y, en cualquier caso, creo que ya está explicado- al anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se ha publicado
en los últimos meses del año 2020. Necesitaríamos que en esta materia hubiera un amplio consenso, más allá de posiciones ideológicas o de prejuicios conceptuales, para que se consolide una renovación en algo que hoy por hoy es inaplazable y que en
los últimos años hemos reivindicado los fiscales y creo que también la ciudadanía: la instrucción y la investigación para el ministerio fiscal. Simplemente es colocarnos en idéntica situación que hay en los países de nuestro entorno, no otra cosa
diferente; es la cultura, es abandonar definitivamente cualquier

Página 14

vestigio inquisitivo y pasar a un principio de investigación acusatorio puro. Se trata de eso. A unos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero yo creo que en nuestro entorno ha funcionado, salvo en España, que es la
excepción; en el resto, en fin, yo creo que no hay discusión, salvo para algún nostálgico.


La Fiscalía General del Estado no ha dudado en asumir el liderazgo en la organización de múltiples áreas de trabajo puestas en marcha a partir de los últimos meses del año 2020. La secretaría técnica de la Fiscalía General ultimó un primer
informe sobre el texto procesal completo hace apenas unas semanas. Dicho trabajo se va a enriquecer con las aportaciones que van a hacer todos los miembros de la carrera fiscal, a quienes se ha emplazado hace unos días a participar en esta tarea.
Se trata, señorías -se lo hemos pedido a los fiscales-, de que arrimen el hombro y lo hagan aprovechando esa extensión territorial que caracteriza al ministerio fiscal. ¿Por qué? Porque necesitamos abordar las repercusiones orgánicas, operativas,
funcionales, de representación institucional y de cualquier otra naturaleza, que se van a ver compelidas por el nuevo modelo del ministerio fiscal, evitando así que el olvido de tan trascendentes cuestiones dificulte o haga inviable la efectiva
implantación de este nuevo modelo de fiscal investigador, un modelo de fiscal investigador moderno, que sigue exactamente la estela de todos los modelos que hay en el mundo. Somos una excepción, señorías; somos una excepción.


Trabajamos, además, en la previsión de una profunda reforma estatutaria, que ineludiblemente habría de entrar en vigor al tiempo que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal o -y esta es la propuesta de la Fiscalía General del Estado-
incluso antes. El nuevo fiscal director de la investigación necesita rediseñarse a través de un nuevo estatuto que refuerce su autonomía, que prevea sus competencias y además la forma de ejercerlas, que determine las posibles áreas de conflicto y
los mecanismos de resolución y -algo que es importante- que redefina las responsabilidades disciplinarias de los fiscales. Por ello, hace unos días ofrecí al ministro de Justicia la constitución de un grupo de trabajo para colaborar con el
prelegislador en la redacción de un nuevo texto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La reforma procesal proyectada supone una transformación -como les decía- del modelo de investigación penal actual. La decidida atribución de un papel
protagónico al ministerio fiscal exige, desde luego, un cambio de paradigma del ministerio fiscal, su funcionamiento y la imagen de la institución. El abandono del modelo del juez inquisitivo y la asunción de funciones investigadoras por el
ministerio fiscal requiere una importante revisión de nuestra autonomía funcional, autonomía orgánica, autonomía normativa y autonomía, señorías, económica. Esto es importante para afrontar el reto de homologar nuestro sistema de justicia penal a
los países de nuestro entorno. Les decía que, quizá, estas autonomías de las que les estoy hablando no tengan un determinado rédito político, pero les aseguro que es muy importante ese tipo de autonomía para que el ministerio fiscal tenga
herramientas para poder ejercer el nuevo papel que le asignará, en su caso, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el de investigar. Si no hay autonomía económica, por ejemplo, organizativa, orgánica, realmente será mucho más difícil la
imparcialidad y el desarrollo de esa nueva función.


El esfuerzo por dotar a la institución de un perfil autónomo capaz de gestionar sus recursos personales y materiales constituye una exigencia básica, señorías, para enfrentar el futuro, de forma que se acabe definitivamente con la imagen
suspicaz de la Fiscalía como un negociado del Ministerio de Justicia. Los principios constitucionales de unidad de actuación y dependencia jerárquica son capitales para el funcionamiento homogéneo de una institución tan capilar como es el
ministerio fiscal. Ahora bien, la atribución de la dirección de la investigación criminal al ministerio público precisa indefectiblemente de unos estándares de autonomía y también les diría que de independencia respecto del Ministerio de Justicia,
para, señorías, alcanzar un óptimo funcionamiento y la consiguiente confianza de la sociedad española en una institución como la mía, como la institución a la que pertenezco -y en este momento no les hablo como fiscal general del Estado, les estoy
hablando como miembro de la carrera fiscal desde hace treinta y dos años-, que está llamada a promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de la ciudadanía y del interés público tutelado por la ley. Este
fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía debe ser, señorías, objeto de tratamiento normativo paralelo al anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, con un nuevo estatuto orgánico, y se lo pido aquí y ahora; ustedes son legisladores,
representan a la soberanía popular, estoy en una gran casa, pero necesitamos que, a través de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, nos redefinan la estructura, las competencias y el funcionamiento de nuestra institución. Está en
su mano que se haga bien, está en su mano que se haga de forma autónoma y está en su mano que tengamos herramientas. Así que yo les voy a dejar aquí y ahora, encima de sus mesas o encima de sus cabezas, algunas propuestas, propuestas como las
siguientes.

Página 15

Primero, atribución a la Fiscalía de competencias en materia de régimen administrativo y estatutario de los integrantes de la carrera fiscal. Las situaciones administrativas, las licencias -por ejemplo, de maternidad aunque a algunos les
interesa y a otros no-, los permisos, las comisiones de servicios o el régimen disciplinario son muy importantes para los fiscales. La actual dependencia ministerial de la Fiscalía en cuestiones de índole organizativa, es decir, su carencia de
verdadera autonomía organizativa, resulta absolutamente incongruente e inoperante con el modelo de fiscal investigador, y en esto creo que estamos todos de acuerdo. La imprescindible autonomía de los integrantes del ministerio fiscal a la hora de
asumir las funciones de investigación penal se verá menoscabada, si el Ministerio de Justicia continúa asumiendo atribuciones en orden a regir la carrera profesional de los fiscales y las fiscales... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Delgado García): Es igual, presidenta.


Les quiero poner un ejemplo. El Ministerio de Justicia a fecha de hoy ostenta la facultad de denegar una comisión de servicio para que un fiscal o una fiscal puedan desplazarse y participar en una determinada diligencia judicial o una
reunión interinstitucional, es decir, para poder investigar. ¿En qué espacio nos encontramos ahí? Pues depende de la ministra o el ministro que esté de turno que pueda ser más o menos respetuoso con esa autonomía. Debemos fijar eso para que no
dependa de quién esté o de la voluntad, que no sea voluntarista, sino que esté fijado. ¿Cómo un fiscal tiene que explicar adónde va, cómo va o qué viaje va a realizar para una determinada investigación penal que afecta, por ejemplo, a un partido
político? Imaginemos que es el partido político que está en el poder, por ejemplo. Les quiero decir que este tema es muy complejo y requiere un pensamiento para poder dotar de autonomía al ministerio fiscal a la hora de tener esas herramientas
cuando sea investigador. No lo puedo decir de otra manera: que el fiscal o la fiscal no dependan de que el ministro o la ministra esté de acuerdo con eso, que no sea un espacio voluntario o no voluntario.


Segundo, atribución de autonomía presupuestaria al ministerio fiscal. La verdadera autonomía, señorías, está en los presupuestos, así de claro. El ejercicio de las funciones constitucionalmente encomendadas por medio de órganos propios,
porque así lo dice el estatuto, pasa por tener un presupuesto propio, así como capacidad y medios para su gestión. La autonomía presupuestaria del ministerio fiscal, su independencia económica del Ministerio de Justicia, con ser ya necesaria en la
actualidad, se revela imprescindible en un modelo de proceso penal acusatorio puro. Son todos ustedes juristas y saben a lo que me refiero. El sistema acusatorio puro requiere tener una autonomía en los medios para gestionar esa acusación, para la
realización de pericias, por ejemplo, o la contratación de expertos u otros gastos que son imprescindibles y que se dirigen al desarrollo de una investigación. O tenemos un presupuesto autónomo que gestionar, o tenemos que dar explicaciones de lo
que vamos a hacer, y si damos explicaciones de lo que vamos a hacer podemos hasta cargarnos una investigación, sobre todo en materia -repito- de algunos espacios que pueden afectar a uno u otro poder. Es un tema complicado y ustedes me están
siguiendo perfectamente en lo que estoy diciendo. Por tanto, es preciso una singularización anual del presupuesto del ministerio fiscal en los Presupuestos Generales del Estado, en los presupuestos de las comunidades autónomas y una dotación previa
de medios para la gestión como recursos propios de la Fiscalía, con todas las transparencias, los controles y las intervenciones, solo faltaría, claro que sí. Pero hay que hacer algo que permita tener autonomía al ministerio fiscal a la hora de
investigar.


Tercero, autonomía normativa para el ministerio fiscal. La autonomía orgánica que la Constitución española proclama del ministerio fiscal al consagrar su funcionamiento por medio de órganos, así como la reserva legal que la propia
Constitución prevé para el estatuto orgánico de la institución, tropieza con la atribución -y esto es terrible- al Ministerio de Justicia de la capacidad de desarrollo reglamentario del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en lugar de
circunscribir a la Fiscalía General del Estado esa capacidad normativa de autorregulación de la institución. Les aseguro que no es gran cosa, no piensen que es como hacer de tu capa un sayo, ni mucho menos, es saber simplemente con qué recursos se
cuentan. Somos 2553 fiscales distribuidos en todo el territorio que necesitamos circulares, instrucciones para garantizar algo que es fundamental, que es la igualdad de todos ante la ley, ni más ni menos.


Esa incapacidad de regular la estructura y composición de nuestros órganos propios impide a la Fiscalía General paliar algunas deficiencias que hayamos podido advertir en la organización basada fundamentalmente en dos principios en los que
se basa el ministerio fiscal. Quiero que esto lo entiendan ustedes. Tenemos dos principios: especialización y territorialidad. El ministerio fiscal se mueve por órganos

Página 16

especializados que trabajan para el territorio y los órganos territoriales que se nutren de esa especialización. Esto nos permite establecer unos criterios unitarios para que el ciudadano no tenga un tratamiento diferente aunque viva en uno
o en otro espacio de nuestro territorio. Esto es muy importante no solamente por razón de la persona sino por razón del territorio, por eso tenemos que mantener esa igualdad. Esto que parece tan sencillo, lo que les acabo de mencionar, a veces no
tenemos siquiera la posibilidad de regular cómo se van a desarrollar esas relaciones entre la especialidad y el territorio. La autonomía normativa del ministerio fiscal no se puede circunscribir exclusivamente a circulares, que sí, porque desde la
Fiscalía General del Estado hacemos circulares e instrucciones, así como normas de interpretación a las que me refería cuando hablaba en la memoria del tema de las okupaciones o los allanamientos. Vamos dictando esa normativa de interpretación,
pero no solamente en eso radica esa capacidad normativa sino que es para prestar un mejor servicio público.


Cuarto, atribución de la autonomía formativa del ministerio fiscal. Como he dicho, el Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, supuso un avance porque dio un verdadero estatuto al Centro de Estudios Jurídicos y además afianzó a la Fiscalía
General del Estado como el órgano protagónico en la materia formativa para los planes de formación y estratégicos, tanto formación inicial como continuada. La formación inicial es muy importante, ahora mismo tenemos 113 fiscales que están en
prácticas pendientes de salir. Los vamos a sacar y van a estar en comisión, en expectativa de destino, hombres y mujeres -por cierto, un 74,3 % son mujeres- muy bien preparados, que están deseando salir para prestar servicio público y están siendo
formados con un director de formación, gracias a este decreto de 2019 en el Centro de Estudios Jurídicos.


Quinto, reforma del sistema de nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General del Estado. Vamos a hablar de este tema también sin ningún problema ni obstáculo. El sistema de nombramiento gubernamental constituye un denominador
común en la mayor parte de los países de nuestro ámbito cultural más próximo. El nombramiento por el Gobierno de la persona titular de la Fiscalía General del Estado fue la opción que eligió en 1978 el legislador. Esto es coherente con la
atribución al Ejecutivo de la dirección de la política criminal, como también la política exterior, la financiera, la laboral, la sanitaria, la fiscal y la educativa, entre otras. La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, realizada en
el año 2007, fortaleció la autonomía de la persona titular de la Fiscalía General del Estado al consagrar su inamovilidad -que no pudiera ser puesta o quitada por el Ejecutivo en un determinado momento si estaba de acuerdo o no con las actuaciones-
y establecer un plazo de duración determinada, algo que está muy bien. A partir de ahí, nuestro sistema constitucional está desarrollado -les recuerdo, aunque todos son juristas, que está en el artículo 124 de la Constitución- en el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal. Pues muy bien, podemos ver cómo es ese desarrollo, se pueden incluir determinados contrapesos o se pueden establecer determinados sistemas de transparencias o de méritos; se puede establecer que el o la Fiscal
General del Estado sea elegido de entre un determinado número de candidatos o, por ejemplo, que la sociedad civil pueda participar. Esto a lo mejor hay personas a las que no les gusta, pero creo que la sociedad civil tiene que tener una
participación porque la justicia reside en el pueblo, es la ciudadanía la que tiene la titularidad de la justicia. Podría haber una participación de la ciudadanía, de la sociedad civil, en la elección del o de la Fiscal General del Estado o en ese
proceso de selección. Hay alternativas y posibilidades. En cualquier caso, tenemos un sistema muy garantista dentro del ministerio fiscal, que luego podré desarrollar en mi posterior respuesta de nuestro sistema sobre la autonomía e intereses del
ministerio fiscal.


Sexto, regulación transparente de las comunicaciones entre el Gobierno y la persona titular de la Fiscalía General del Estado. La relación y consecuentes comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado, en el marco de la
dirección que el primero ostenta sobre la política criminal, conforme al artículo 97 de la Constitución, que es nuestra guía, deben asentarse en los principios de transparencia y publicidad. ¿Esto qué significa? El Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal establece cuáles son las relaciones entre el Ejecutivo central y el Fiscal General del Estado, entre los Ejecutivos autonómicos y los fiscales superiores, y está establecido estatutariamente cómo tiene que ser esa comunicación. Hay muy pocos
sistemas en el mundo que hagan referencia legalmente a cuál es la relación entre el fiscal y el Ejecutivo central y entre los fiscales superiores -porque somos un Estado autonómico y descentralizado- y los Ejecutivos autonómicos. Al igual,
señorías, que lo que estoy haciendo yo en este momento, las relaciones de la Fiscal General del Estado con el Parlamento y la de los fiscales superiores con las asambleas legislativas autonómicas están previstas en el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal. Les invito -yo sé que lo conocen sobradamente- a que lo lean, porque lo estamos desarrollando y queremos

Página 17

todavía profundizar en ello. Esta es una regulación transparente. ¿Podemos ser más transparentes? Lo que ustedes quieran, yo por transparencia que no quede. Claro que sí, podemos ser mucho más transparentes. Sin embargo, hasta ahora lo
que estamos haciendo es intentar que se sepa cuáles son nuestras relaciones, que la ciudadanía, que es de lo que se trata, lo conozca.


Desde el inicio de mi mandato, hace ya un año, he querido que se abra a la sociedad esta institución que dirijo. He afrontado mi labor con ilusión, no se lo puedo decir de otra manera, con voluntad a pesar de las dificultades de la pandemia
y de sus consecuencias dolorosas. Lo que queremos es que el ciudadano perciba al ministerio fiscal como un defensor de los derechos, las libertades y la convivencia. Esta confianza se tiene que apoyar en el conocimiento de la institución, en su
cercanía, señorías, en su transparencia; en que la información que ofrezcamos sea objetiva y que se entienda, porque si no es así, no sería justo que no reconociéramos esa labor de los 2553 hombres y mujeres que componen esta magnífica carrera -a
la que pertenecí, pertenezco y perteneceré siempre-, esa excelencia, esa capacidad y ese trabajo. Tenemos un futuro, un futuro de servicio público. Queremos ser una institución moderna y para eso les necesitamos a ustedes, señorías. Queremos que
cuando entre en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal nos encuentre preparados y preparadas, para eso también les necesitamos a ustedes, a todos sin excepción. Ojalá se pongan de acuerdo en esto porque la sociedad les necesita,
independientemente -repito- de cualquier interés particular porque el interés general estriba ahí.


Seguimos trabajando. La Fiscalía continúa impulsando un proceso de apertura a la sociedad, de permeabilidad a las necesidades de la ciudadanía. Señorías -con esto voy concluyendo-, tenemos ilusión, tenemos voluntad, tenemos el tiempo
necesario para hacer realidad todas estas aspiraciones. Contamos con un colectivo de hombres y mujeres -puedo asegurárselo- con verdadera vocación de servicio público y con una magnífica formación técnico-jurídica, aunque es cierto que con
ideologías distintas, con diversidad, todo ello reflejo de la sociedad y de ustedes mismos en nuestra propia institución. Una institución de la que me enorgullezco decir que trabaja con verdadero sentido de servicio público.


No me voy a extenderme más. Señorías, me someto a sus valoraciones, comentarios y preguntas. Como decía al comienzo, voy a intentar responderles, compartir esta transparencia democrática del ministerio fiscal. Me enorgullece traer a esta
sede, a la sede de la soberanía popular, la voz y, sobre todo, el esfuerzo de los fiscales y las fiscales españoles y españolas que apuntalan día a día con su trabajo el Estado de derecho que tenemos. Así que muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fiscal General del Estado. Gracias, señora Delgado.


Vamos a iniciar el turno de intervención de portavoces. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.


Señora Delgado, ha sido una intervención muy larga. Hemos tratado de sacar en claro qué cuestiones consideraba prioritarias. Nos ha parecido interesante la perspectiva de género, pero más allá de esto, detrás de muchísimas cifras, ha
pasado por encima de algunas cuestiones que no son suficiente con cuantificarlas, sino que merecerían algún tipo de valoración un poco más profunda, como el caso de los delitos de odio. Sabrá -nosotros no somos los únicos que lo pensamos- que se
han retorcido estos delitos de odio, precisamente considerando a la Policía y a la Guardia Civil como colectivos vulnerables o discriminados. La compañera Pozueta sabe de qué estoy hablando, del caso Alsasua, pero también en Cataluña se está dando
este ejercicio de retorcer el delito de odio, precisamente contra el sentido con el que fue incorporado.


Otra cuestión es el hecho de que haya mayor conformidad entre acusados y ministerio fiscal, lo cual no implica en muchos casos que eso signifique más justicia. Le pongo un ejemplo. Las manifestaciones posteriores a la sentencia del procés
conllevaron muchas detenciones, acusaciones de desórdenes. El esquema es el siguiente. Hay un atestado policial, normalmente exagerado, que la fiscalía recoge tal cual. Puesto que se reformó el delito de desórdenes en 2015, hay una serie de
agravantes que conlleva que la Fiscalía pida penas de cárcel altas, bastante elevadas, para gente detenida en manifestaciones y ante el miedo que da entrar en la cárcel a alguien joven se acepta la conformidad con el ministerio fiscal. Aquí lo que
hay es una cabeza de turco o varias cabezas de turco que asumen culpas de hechos que no han provocado probablemente, pero ante el miedo de entrar en la cárcel prefieren solucionarlo con una pena algo menor, pero eso no quiere decir que vaya en favor
de más justicia. No es una equivalencia que haya más conformidades con que haya más justicia. Recomiendo, si alguien lo quiere leer, un artículo muy

Página 18

bueno que hizo una abogada conocedora de estos procesos que se están dando últimamente, titulado 'Suicidio procesal'.


Finalmente, ha hablado muy rápido -y tiempo sí que ha habido- sobre el juicio del procés. Ha venido a decir un poco como que ya lo habíamos visto en la tele, que ya sabemos de qué va y que había una cierta satisfacción con el resultado de
ese juicio. Lo cierto es que ha marcado un antes y un después en muchos aspectos, también en cómo se retorció otro tipo penal, precisamente el delito de sedición y que muchas instancias internacionales y ONG preocupadas por las garantías han
señalado que este juicio pone en entredicho los derechos de manifestación y de reunión en el Estado español y en eso tiene una gran responsabilidad la Fiscalía que ejerció de acusación, precisamente retorciendo este delito de sedición.


Usted entró como fiscal general, precisamente después de este juicio, en ese contexto, cuando el juicio había creado un gran rechazo a esta sentencia en la sociedad catalana; un gran rechazo que va más allá de los votantes y de la sociedad
que milita en el independentismo. Usted entró nombrada por un Gobierno y en su investidura, el señor Sánchez, dijo las siguientes palabras: Esta es una crisis heredada, hay que dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor ha causado. Además,
unas semanas más tarde la ministra portavoz Montero lo reforzó diciendo que la política no se puede esconder detrás de las togas.


Le pongo tres ejemplos de rabiosa actualidad para ver que ese cambio no se ha dado en absoluto. En primer lugar, mañana empieza el juicio contra los miembros de la sindicatura electoral del referéndum, la junta electoral que debía evaluar
el referéndum. La Fiscalía mantiene peticiones de dos años y nueve meses de cárcel, pese a que fueron cesados antes del referéndum, pese a que han recibido el apoyo de muchísimas asociaciones de ciencia política a nivel mundial. Estas cinco
personas serán mañana juzgadas cuando la Fiscalía, por ejemplo, podría retirarse como se lo pidió en su momento el Parlament de Catalunya. Una segunda cuestión, hoy se ha conocido el recurso de la Fiscalía contra el régimen de tercer grado contra
los presos políticos catalanes. Una tercera cuestión de rabiosa actualidad, ayer mismo se conoció una nueva querella de la Fiscalía Superior de Cataluña contra el president y tres miembros de la Mesa del Parlament por dos resoluciones de octubre de
2019. El texto objeto de la querella, si me permiten, lo leeré tal cual -esto es objeto de querella por parte de la Fiscalía-: 'Per això, reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la
defensa del dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític'. Esto es un gran paso atrás en materia de garantías y lo contextualizo. Se han aprobado resoluciones en el Parlament
de Catalunya sobre el derecho de autodeterminación en otras fechas, concretamente en 1989, 1998 y 2010. Resoluciones que, por ponerles un ejemplo, contaron con la abstención del PSC o el voto favorable de lo que serían los Comunes, en aquel momento
Iniciativa per Catalunya. Fíjese, si vamos atrás. Lo que ningún fiscal vio delictivo en su momento, incluso en épocas en las que quien estaba al frente del Gobierno era del Partido Popular, ahora se convierte en objeto de persecución judicial.
Estos tres ejemplos, el de los síndics, el tercer grado de los presos polítics y el de la nueva querella contra la Mesa del Parlament nos confirma en que no ha existido la desjudicialización que el nuevo Gobierno se comprometió. Entonces usted
forma parte de un engaño del actual Gobierno que presumió de dejar atrás ese dolor causado por la vía judicial o de no esconderse tras las togas y, sin embargo, ha continuado, ha seguido con la represión. Hay un continuismo total con Gobiernos
anteriores y con anteriores fiscalías.


Mantener la judicialización implica el gobierno de los jueces, implica un giro autoritario y aún más con las propuestas que usted nos trae hoy de dar todavía más poder a los fiscales; implica la dirección totalmente opuesta a la que en su
momento el nuevo Gobierno se comprometió. Con represión, no van a conseguir los objetivos en relación con la agenda catalana. Con la represión no van a parar al independentismo, seguiremos luchando por la independencia. Con la represión sí van a
conseguir retorcer todavía más estos delitos de los que he hablado antes, por ejemplo, el de sedición, cargarse garantías judiciales y ahondar en el autoritarismo. Por tanto, una cuestión que aparentemente solo nos afecta a la gente independentista
o a la población o a la sociedad catalana, en realidad está condicionando una muy preocupante evolución del Estado español para toda su ciudadanía, no tan solo para los independentistas, no tan solo para la sociedad catalana. Me remito a muchas
pruebas como los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Grupo de Detenciones Arbitrarias, del Consejo de Europa, de Amnistía Internacional y de la Organización Mundial contra la Tortura. Todos ellos son
informes que están sobre sus mesas alertándoles de que el tratamiento judicializado que están haciendo contra el independentismo catalán, contra la causa de la autodeterminación del pueblo catalán,

Página 19

está deteriorando en extremo el sistema judicial y de garantías en el Estado español, de tal forma que incluso hoy un artículo en el semanario Newsweek de Nueva York decía que España es la principal amenaza para la Unión Europea, y no Rusia.
De esta forma, les consideran en Estados Unidos, dadas las últimas sentencias y manifestaciones.


Nada más por nuestra parte. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Botran, por ceñirse a su tiempo.


A continuación, le corresponde el turno de palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Bildu, señora Pozueta.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Arratsalde on. Buenas tardes y muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero agradecer a la fiscal general del Estado su comparecencia hoy aquí. Ante su extensa disertación, teniendo en cuenta la limitación del tiempo, me voy a referir a unos hechos concretos. Se ha referido usted, como uno
de los imperativos de la Fiscalía, a la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía, y voy a comenzar enumerando uno de los temas importantes para nuestra formación y para la ciudadanía de Euskal Herria: la tortura del terrorismo de
Estado. Señora Delgado, la tortura ha sido una lacra presente en la sociedad vasca durante las últimas décadas. Miles de personas han sufrido esta terrible práctica. Esto se lo informé también hace un año, no sé si lo recuerda. Así lo recoge el
informe oficial realizado por el Gobierno vasco y dirigido por el profesor Francisco Echeverría, que, por cierto, asesora a su Gobierno en relación con la memoria histórica. Son 4200 casos confirmados de tortura y once sentencias del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos por no investigar torturas, la mayoría responsabilidad del actual ministro del Interior. Usted ha comentado también en su informe que este tribunal marca nuestra vida jurídica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
condenado once sentencias. Teniendo esta realidad certificada, ¿qué razones les han llevado a no investigarla? ¿Lo van a hacer en el futuro?


Estos últimos días se han conocido unas grabaciones del señor Perote y del capitán de la Guardia Civil Gómez Nieto hablando de la muerte de Mikel Zabalza, reconociendo que murió torturado en Intxaurrondo. Este señor habla de métodos de
tortura efectivos y reconoce que se le estuvo a punto de morir otro detenido vasco por aplicarle la bolsa. Qué duro. Reconoce que obligaron a Lasa y Zabala a cavar sus tumbas antes de dispararles. La tortura se rechaza como práctica por todo
Gobierno y partido, pero aquí no se hace nada. Recientemente, la familia de Mikel Zabalza pedía a esta Fiscalía que investigara estos audios y que se certificara su validez, y yo traslado esta petición. Estoy segura de que la propia familia
agradecería que se comenzara esto ya. Ayer, sin ir más lejos, el Parlamento navarro, por unanimidad, lo exigió. El problema es que cuando ha sido denunciada la práctica se ha mirado a otro lado, ese es el gran problema. ¿Va a cambiar esta mirada?
Las víctimas de la tortura y del terrorismo de Estado siguen siendo las grandes olvidadas, víctimas de segunda o incluso yo diría de tercera. Quiero recordar la Ley foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por
actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, que fue aprobada en el Parlamento navarro y que en 2018 fue anulada por el Tribunal Constitucional. Recientemente, la señora Pili Zabala solicitaba que
se abriera de nuevo la investigación sobre el caso Lasa y Zabala; también Laura Martín, viuda de García Goena, solicitaba la reapertura de su caso. En definitiva, lo que quiero traer aquí es una evidencia. Vivimos en un nuevo tiempo en la
sociedad vasca, un tiempo en el que se está construyendo un futuro de normalización y pacificación y, para ello, la verdad, la justicia y la reparación deben ser globales. Es importante que todos sigamos dando pasos en ese camino, que todos
mostremos compromiso, compromiso y generosidad con el cambio de la convivencia, ya que en demasiadas ocasiones vemos cómo se pone el foco en unos hechos mientras que otros se olvidan, se ocultan o se minimizan. ¿Harán algo más global que abarque el
cien por cien de las víctimas?


En lo referente a la corrupción, ha mencionado que es una lacra que preocupa especialmente a la ciudadanía, y así lo indican las encuestas y estudios sociológicos. Usted misma lo ha constatado con un hecho de especial relevancia: las
investigaciones abiertas a quien ha sido jefe del Estado de España durante las últimas décadas, que está envuelto en numerosas investigaciones, tanto en España como en el extranjero, por varios delitos fiscales. En este momento, tras la segunda
operación de regulación, la ciudadanía se pregunta si esta Fiscalía Anticorrupción actúa bajo el epígrafe de que la justicia es igual para todos, que decía el ínclito, o si hay una doble vara. ¿Qué han hecho en relación con este asunto de tanta
relevancia política y mediática?

Página 20

Con respecto a la libertad de expresión, durante estos días hemos visto cómo España era noticia mundial por encarcelar a un rapero y también hemos leído el informe de la ONG Freemuse, que sitúa a España como el Estado que más condena a
artistas en relación con la libertad de expresión. En Euskal Herria, Alfredo Ramírez hace tres años cumplió un año de cárcel por publicar tuits y estos días también hemos visto que se ha abierto causa en la Audiencia Nacional a doce jóvenes
navarros por realizar una performance política contra la monarquía. Su predecesora en 2019 ordenó a los fiscales acreditar la intencionalidad de los mensajes antes de formular acusaciones, pero, claro, me gustaría saber cómo está actuando. Vemos
que se persiguen mensajes desafortunados e incluso incívicos en las redes sociales, en canciones y en obras de teatro. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo están obrando?


Otra deriva curiosa es la que tiene que ver con los delitos y discursos de odio. Curiosamente, se persiguen delitos de odio por comentarios contra funcionarios y policías, que recuerdo, como ha hecho mi compañero, que son colectivos no
vulnerables a los que proteger. Se ha referido a los 1167 delitos de odio de 2019 y ha comentado que eran bastante más que los del año anterior y ha dejado que saquemos conclusiones. Señora Delgado, muchos ciudadanos tienen la impresión de que no
se persiguen por igual los comentarios en redes dependiendo del color político desde el que se hagan. ¿No le parece que hay una doble vara para medir? ¿Cree que se mide igual siempre?


Acabo, señora Delgado, con una valoración global sobre estas memorias y extensible a las anteriores. Se ha referido varias veces -al finalizar también- a la igualdad de todos ante la ley. En muchas ocasiones -demasiadas, diría yo- hemos
visto cómo la Fiscalía y el Poder Judicial han aplicado más el código postal que el Código Penal. En Euskal Herria y en Altsasu lo hemos sufrido demasiado y ya es hora de terminar con esto.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pozueta.


A continuación, corresponde el turno de palabra al portavoz del Grupo Vasco, el señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias, fiscal general, por su exposición. La verdad es que ha sido muy larga y todavía no sé muy bien cómo ordenarla. Para no repetir lo que ya han manifestado los portavoces que me han precedido, lo resumiría en que la Fiscalía a
veces ejerce -yo también participo de esa opinión- una justicia justiciera y en otros casos una justicia elusiva. Ya se han puesto ejemplos, como el procés, y no los voy a citar. También se ha puesto de manifiesto por el primer portavoz que ha
intervenido que a veces da la sensación de que la Fiscalía, sobre todo con el alto número de conformidades, está instalada en la práctica de una presión tolerable hacia el acusado, con unas peticiones -iba a decir disparatadas, pero no voy a
utilizar esa palabra- muy altas. En muchos casos, como ya se ha indicado, en cierta medida hay un vicio de consentimiento, porque ante la alternativa de una prisión, una pena alta que no se va a negociar, se negocia a la baja. Ante esas tres
sensaciones de una Fiscalía en casos justiciera, en casos elusiva y en casos ejerciendo una presión tolerable, yo le preguntaría -y enlazo ya con las últimas partes de su intervención-: ¿cree que esto es compatible con un código ético o con un
código deontológico?


La segunda cuestión está ya vinculada a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal; bueno, al proyecto, porque ya veremos cómo queda. ¿No cree que esos comportamientos quedan un poco alejados de la misión constitucional, que es la defensa en
interés de la ley objetiva? Hay ciertas renuencias -o puede haberlas- a entregar la instrucción, que se llama ahora investigación, a un colectivo imbuido de estas lógicas. Voy a decirle una cosa: no son exclusivas de España. Hay un movimiento
dentro de la Unión en distintos países de queja contra los fiscales instructores, que a veces tienen comportamientos que no se identifican en más casos de los deseables con una defensa objetiva de la legalidad.


Otra pregunta concreta que le haría es sobre las conformidades. Veo que hay un número muy alto de procesos a los que asisten, porque a la mitad de los juicios por delitos leves prácticamente no se asiste. He tomado notas: al 48 % no se
asiste, se asiste al 52 %. La pregunta que yo le haría es: ¿qué diferencias hay entre las peticiones iniciales de los escritos y las conformidades? No sé si tendrán hecho el estudio, pero le pediría que lo hicieran. ¿Qué diferencias hay entre
las peticiones y lo que finalmente se pacta? Esto en los casos en los que se pacta, porque hay dos niveles en los que no se pacta: justicia justiciera o elusión de la justicia. Ahí no se entra en negociaciones de ningún tipo. Creo que sería un
dato importante para ver realmente la calidad deontológica -por decirlo de esta manera- en relación con la función constitucional encomendada, que es la defensa objetiva de la legalidad.

Página 21

Ya metiéndome en cuestiones más puntuales, se ha planteado aquí por algún grupo parlamentario en distintas ocasiones la vinculación entre inmigración ilegal económica y delitos de terrorismo yihadista, es decir, la inmigración ilegal como un
comportamiento medial para la introducción de células. En los informes de Seguridad Nacional no se ve esa conexión, pero, como usted ha tratado el tema, le pregunto si han observado alguna conexión o algún indicio de que eso pudiera estar
sucediendo.


En cuanto a los delitos de usurpación -me parece que los de allanamiento no los ha citado-, ha dicho una cosa que también creemos en nuestro grupo, y es que no hay estadísticamente una gran evolución, pero sí que generan una gran alarma
social. Se mezcla allanamiento con usurpación. La verdad es que allanamiento de morada hay muy poco y la expulsión es prácticamente inmediata por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, de una manera incidental usted ha relacionado la
usurpación con la penetración de delincuencia organizada internacional. Me gustaría que nos ampliara un poco esta conexión que ha establecido -no sé con qué grado de densidad- entre usurpación y delincuencia organizada internacional.


Respecto a violencia contra la mujer, coincidimos prácticamente con todas las consideraciones que ha ido manifestando, pero se ha pronunciado de una manera muy entusiasta sobre el proyecto de la ley orgánica de garantía de libertad sexual,
en cuanto a incorporar la definición del consentimiento en el tipo, es decir, introducir en la definición del tipo el consentimiento, el famoso no es no o el sí es sí. Hemos conocido esta semana que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho
una crítica a esta incorporación de la definición del consentimiento en el tipo, básicamente porque sostiene que va a suponer una inversión de la carga de la prueba y que eso puede suponer una vulneración del artículo 24, que se basa en la
presunción de inocencia y en el principio acusatorio. Me ha parecido que usted ha hecho una referencia que a mí me suena que dista 180 grados de lo que hemos leído del Consejo General del Poder Judicial sobre el mismo proyecto, estando de acuerdo
con esa afirmación que ha hecho de que no se necesita revalorizar la palabra con actos o actitudes que pongan en peligro su integridad física. Pero esto no afecta al tipo, esto afecta a la conducta.


También en cuanto a la violencia contra la mujer, después de tantas campañas públicas y de tanto dinero invertido, le preguntaría por qué de las cincuenta y nueve víctimas en el año 2019 solo quince habían denunciado y, de esas quince, solo
cinco tenían medidas de protección. Es un dato sorprendente. Si fuera el primer año, el segundo, el tercero o el cuarto, pero es que llevamos muchos años. Entonces, ¿es que no han calado las políticas públicas para concienciar sobre todo a las
mujeres, a su entorno y a la sociedad para que se animen a denunciar?


También me ha sorprendido otra consideración que ha hecho respecto a la violencia contra la mujer. Ha hablado del número bajo de condenas en función de las acusaciones. Tengo aquí las notas. Ha dicho que un 37 % se debe a la dispensa
parental del artículo 416. Esa es una cuestión a solucionar por el legislador si realmente se produce, pero luego ha hecho otra afirmación que entiendo como una crítica al Poder Judicial, porque ha mencionado el alto grado de exigencia probatoria
de los tribunales españoles para dar valor a la declaración de la víctima. Oído así, me parece un iceberg. Se ve la punta, pero ¿qué hay debajo de esto? Me suena a una crítica densa al Poder Judicial. Es igual que decir que se presentan
acusaciones, pero que se tiene una actitud en el momento probatorio -lo voy a decir así- irrazonable. Es tanto como decir que un alto grado de exigencia probatoria es una exigencia irrazonable, sobre todo cuando lo ha relacionado con países de
nuestro entorno. Aquí no ha dado ningún dato y entonces no puedo establecer una comparativa, pero me gustaría que ampliara esto un poco.


Se me está acabando el tiempo, ¿no, presidenta?


La señora PRESIDENTA: Su tiempo ha terminado ya, señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Entonces, no voy a abusar de su generosidad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias.


Buenas tardes, señora Delgado. Gracias por comparecer en esta Comisión. No se sorprenderá de que le diga -porque ya me lo ha escuchado decir muchas veces y se lo han dicho también en el Senado hace poco- sin ninguna acritud personal y con
todo respeto que el problema que Ciudadanos ha visto en la

Página 22

Fiscalía General del Estado es usted. El hecho de que una persona que venía de ser la número cinco de la lista del PSOE, diputada primero y después ministra de Justicia, pasara sin solución de continuidad a ser fiscal general del Estado,
vuelvo a insistir -aunque ya me lo ha escuchado decir- con respeto y sin acritud, es una anomalía democrática como poco extraña y, más bien, inaceptable.


Ha repetido usted muchas veces que lleva muchos años de fiscal y, por tanto, conoce bien el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Conoce usted el principio de respeto de la legalidad y de defensa de los derechos humanos y fundamentales
de los ciudadanos como misión principal de los fiscales, pero en cuanto al modo, esta función se debe realizar con imparcialidad, con neutralidad política, con un perfil meramente técnico, es decir, sin contaminación política de ningún tipo. Da la
sensación de que este es un principio que afecta a todos los fiscales menos a quien los dirige, menos a la cabeza de la Fiscalía, a la fiscal general del Estado.


Señora Delgado, como ministra fue usted reprobada tres veces. Los grupos parlamentarios pedimos su dimisión muchas veces -se lo digo sinceramente-, pero no pedirla, no por ser exagerados, no por ser tremendistas, sino que le consta
perfectamente, lo mismo que a mí, porque entonces yo era abogado del Estado a sus órdenes, que no estuvo usted muy contundente a la hora de defender al juez Llarena de la demanda civil que le pusieron en Bélgica, que salieron sus conversaciones con
el señor Villarejo grabadas en una comida; una serie de cosas que adornan el nombramiento y que llaman la atención. Para colmo, acabo de leer en los periódicos que se dice que usted ofreció al señor Villarejo la libertad a cambio de atacar al
Partido Popular o de meterse con el rey. Me gustaría que lo desmintiera aquí públicamente. Su nombramiento generó un debate sin precedentes en el Consejo General del Poder Judicial. Simplemente por el hecho de creer que esto era un mero trámite,
resultó que su nombramiento salió aprobado en el Consejo General del Poder Judicial por doce contra siete, y se trataba solamente de ver el cumplimiento de los requisitos formales. Y cuando en su primera comparecencia le pregunté, creo, que cómo
iba a garantizar su imparcialidad al frente de la Fiscalía nos contestó que como el cargo no puede ser objeto de renovación no tendría nunca ataduras con el Gobierno. Un poco de seriedad, porque los que estamos aquí somos juristas y parece que esa
explicación es un poquito pueril.


No hay manera por parte de la oposición, del Congreso de los Diputados, del Consejo General del Poder Judicial de controlar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad, de imparcialidad del nombramiento del o de la fiscal general del
Estado. Por eso nos encontramos ahora con que incluso llegamos al colmo, que es que el Tribunal Supremo, en su Sala tercera ha admitido el recurso contencioso-administrativo para fiscalizar su nombramiento. ¿No sería mejor que este procedimiento
no dependiera exclusivamente del Gobierno? Esto causa un daño irreparable a la institución, y usted, como jurista, igual que yo, sabe que la justicia no solo debe ser justa e independiente, sino que debe parecerlo también. Eso es muy importante en
la imagen que se transmite a la ciudadanía, a la que tantas veces ha hecho usted referencia.


Quiero preguntarle por esta cuestión. Usted ya es fiscal general del Estado, ¿va a poner en marcha un procedimiento de reforma del Estatuto Orgánico del ministerio fiscal, que le he escuchado decir muchas veces en declaraciones públicas que
quiere reformar esta cuestión, es decir, para que haya una verdadera independencia del Gobierno en el nombramiento de la fiscal general del Estado? Nosotros propusimos que no se anudara una legislatura, que no cesara automáticamente cuando cesara
el Gobierno, que se exigieran veinticinco años de antigüedad y de ejercicio profesional, que no se hubieran desempeñado cargos públicos o electivos con anterioridad en el plazo de diez años y que fuera seleccionado por una mayoría de dos tercios de
los miembros del Congreso. Es verdad que con estos requisitos usted misma no podría resultar elegida. Pero como ya lo ha sido, ¿va a promover alguna reforma para que de verdad el nombramiento del o de la fiscal general del Estado recaiga en una
persona independiente del Gobierno? Porque también lo ha dicho usted, pero no lo ha concretado. El anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal da un poco de miedo. Usted sabe que la mayor parte de los juristas somos partidarios de la
instrucción de la Fiscalía, y lo ha dicho usted, pero no de esta fiscalía, no de una fiscalía en cuyo puesto máximo hay una persona que depende del Gobierno. Dice que va a garantizar la independencia de actuación de los fiscales, pero diga cómo.
Sus compañeros fiscales son magníficos, muchos de ellos son amigos míos, a los fiscales los considero mis compañeros, pero en esos casos que pone usted de corrupción de partidos políticos o, por ejemplo, en el caso de los ERE, todo el mundo va a
tener derecho a dudar de su imparcialidad, todo el mundo.


¿Qué instrumentos se van a establecer en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar que el fiscal de a pie, ese fiscal que lleva la toga, ese fiscal que se encuentra sin medios, al que todo el

Página 23

mundo pone palos en las ruedas, porque los abogados que tiene enfrente son muy buenos y el pobre tiene pocos medios y tiene que trabajar muchos, y se queda sin vacaciones, etcétera, efectivamente va a tomar la decisión de mantener o de
desistir del ejercicio de la acción penal con independencia, sin recibir instrucciones ni del fiscal jefe ni, por supuesto, de usted, y sin tener la amenaza del ejercicio de una acción disciplinaria.


Otra cuestión, señora fiscal general del Estado, si los fiscales se van a encargar de la instrucción, cómo van a hacerlo si ahora mismo apenas dan abasto si casi no dan abasto ahora en su trabajo, porque tenemos una de las ratios de fiscales
por habitante en Europa más baja: cinco fiscales por cada cien mil habitantes, cuando la media de la fiscalía europea es de once fiscales por cada cien mil habitantes. Es un deseo imposible que se va a quedar en papel mojado y al final lo que va a
ocurrir es que los grandes profesionales que tiene la Fiscalía no van a poder hacer la instrucción.


Dicen las memorias que hemos analizado que la Fiscalía Anticorrupción ha recibido un número muy alto de denuncias. También dicen que es muy difícil perseguir la corrupción en España, y a mí me consta personalmente porque he trabajado con
fiscales que se han dedicado a esto. ¿Qué reformas propone usted al respecto? Es que este tema de las reformas es importante. Ciudadanos ha propuesto un montón de reformas en una proposición de ley, a la que el resto de los grupos no han tenido a
bien votar a favor de su toma en consideración. Su predecesora, la señora Segarra, nos planteaba -y formó parte de esa proposición de ley de Ciudadanos- la importancia de la legislación de la protección del denunciante y de los testigos
precisamente como forma de luchar contra la corrupción, y ya sé que no es su competencia, sino del Ministerio de Justicia. Me gustaría que concretara estas medidas.


Hemos cuantificado en torno a un 14 % el incremento de los litigios durante este tiempo, y más que van a subir probablemente durante la pandemia, ojalá que no sea así, pero lo lógico es pensar que en los años 2020 y 2021 subirán. Insisto de
nuevo en que en la Fiscalía no hay plantilla suficiente para atender esta sobrecarga de trabajo, para encargarse de la instrucción de las causas penales, para que liberemos al juez de instrucción como juez de garantías. Va a ser absolutamente
imposible. Se va a quedar en papel mojado.


El compañero del Grupo Vasco le ha preguntado antes por un tema importante sobre el que quiero conocer su opinión, que es esa proposición de ley que hemos visto en el Pleno del Congreso sobre que no se debe desalojar a los okupas que sin
violencia y sin intimidación ocupan contra la voluntad del propietario un determinado bien inmueble, artículo 245.2 del Código Penal. Quiero saber si a tal efecto va a dar usted instrucciones para que el Estado consienta que se cometa un delito que
está previsto en el Código Penal.


En este mismo sentido, a la vista de lo que ha hecho el servicio jurídico de la Generalitat de Catalunya, que al parecer, en los altercados que están haciendo arder las calles de Barcelona, ha dado instrucciones a sus abogados de que no se
acuse por atentado, salvo que haya lesiones, lo cual es un absurdo desde el punto de vista jurídico. Quiero saber si usted también va a dar estas instrucciones.


Me ha llamado la atención lo que ha dicho respecto al enaltecimiento del terrorismo, y no sé si en su opinión debería modificarse este precepto, porque resulta que estos señores que están en la cárcel porque cantan, resulta que están
condenados por enaltecimiento del terrorismo, no por la injuria o por la calumnia, sino precisamente por este delito...


La señora PRESIDENTA: Señor Bal, le ruego que vaya terminando.


El señor BAL FRANCÉS: Estoy terminando. Me queda una línea.


Quisiera saber su opinión sobre la posible modificación de este delito del que tanto se está hablando.


Por último, quiero que nos explique por qué se tramitó, aun siendo aparentemente descabellado, el expediente disciplinario contra Consuelo Madrigal, porque por publicar un artículo en El Mundo se le abrió un expediente disciplinario por
parte del promotor disciplinario que terminó archivándose, pero es que cuando lo archivó el promotor disciplinario dijo que lo que había escrito Consuelo Madrigal era desacertado, desafortunado, desmesurado, molesto, acerbo o hiriente. Vaya forma
de sobreseer un procedimiento insultando a la persona investigada.


Eso es todo. Muchas gracias, señora Delgado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Alonso-Cuevillas i Sayrol.

Página 24

El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora fiscal general del Estado, usted nos ha hecho aquí una breve síntesis de la actuación de la Fiscalía en los últimos tiempos, y nos ha abrumado con datos y cifras, con una visión ciertamente triunfalista. Creo que lo que debemos hacer
es una valoración de cómo está actuando la Fiscalía. Pero para enmarcarlo debidamente creo que deberíamos recordar a los ciudadanos que usted como fiscal general del Estado puede dar instrucciones generales, es decir, cómo debe comportarse cada uno
de los 2553 fiscales que hay en España ante determinados fenómenos delictivos o instrucciones particulares para un caso concreto. Esto significa que en última instancia todo aquello que pase en la Fiscalía, sea la del Tribunal Supremo o en el lugar
más recóndito y pequeño de la geografía, es responsabilidad suya.


Usted nos ha dicho que la labor de la Fiscalía -lo comparto, y supongo que lo compartimos todos- debe ser fomentar la convivencia. Le avanzo que a mi juicio la Fiscalía que tenemos es impropia de un Estado de derecho y mucho más de una
pretendida plena democracia. La Fiscalía tendría que actuar, también se le ha dicho, con neutralidad política y creo que no lo está haciendo. Le dije en su primera comparecencia que el conflicto territorial que padece España con Cataluña debería
solucionarse desde la vía política y no echando todavía más gasolina al fuego con actuaciones punitivas. Lo cierto, como se ha destacado ya por otros portavoces, es que la Fiscalía ha tenido una actitud muy distante de la neutralidad política, la
tuvo en la acusación del procés, sobre el que, por cierto, obiter dicta, usted ha dicho que fue ejemplar en cuanto a su conducción. No es lo que opinan los observadores internacionales; en todo caso, veremos qué es lo que dice Estrasburgo. La
Fiscalía se ensañó acusando de rebelión, aprovechando para suspender de sus cargos públicos a diputados electos; algún fiscal todavía sigue hablando de golpe de Estado cuando el propio Tribunal Supremo dijo que allí lo que había era una delito
contra el orden público, y no consta que usted haya tomado cartas en el asunto, al revés, ha hecho unos nombramientos que ciertamente cuesta compatibilizarlos con los principios de especialidad y territorialidad que usted acaba de destacar.


Se le ha puesto también de manifiesto cómo la Fiscalía se opone a los indultos de los presos políticos catalanes, impugna el tercer grado, acusa a unos síndicos electorales cuando ellos mismos renunciaron al ejercicio de sus cargos, qué
usurpación de atribuciones va a haber cuando la ley fue declarada ilegal, también una querella contra la Mesa de un parlament por admitir a trámite un debate sobre el rey exactamente igual que el que se hizo en el Parlamento de Cantabria, pero,
claro, en el Parlamento de Cantabria era para apoyar la monarquía y en el Parlamento de Cataluña era para censurarla, de ahí el trato desigual. ¿No habíamos quedado en que sin violencia se podía hablar de todo? Resulta que no.


Usted me responderá, seguro, que todo eso lo hace la Fiscalía basándose en el principio de legalidad. Usted, yo y todos los que estamos aquí somos juristas y sabemos que el principio de legalidad permite diversas interpretaciones y se puede
actuar en un sentido que escale o desescale, que tensione o destensione el conflicto. En todo caso, como usted misma ha manifestado, la principal guía de actuación del ministerio fiscal debe ser la defensa de los derechos fundamentales. Desde ese
punto de vista, debo ponerle de manifiesto, como se le ha dicho ya, que diversos organismos internacionales han criticado la sentencia del procés por desproporcionada, pero especialmente -muchos de ellos solo tienen auctoritas pero no potestas- lo
ha hecho el grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, lo que obliga a todas las autoridades del Estado, y también a la Fiscalía, a actuar para corregir el desaguisado. Además, tiene usted dos verdades judiciales, porque por los mismos
hechos el Tribunal Supremo condenó y la Audiencia Nacional ha absuelto. Puede haber una diferencia ligera en cuanto a los hechos, pero los argumentos que utilizaba la sentencia del Supremo hubieran llevado a la condena del mayor Trapero y de la
cúpula de Interior, y al revés, los argumentos que utilizaba el ponente Ramón Sáez hubieran llevado a la absolución de los presos políticos condenados en el Supremo.


Mi percepción, y creo que la de muchos españoles y de la mayoría de catalanes, es que en vez de ser defensora de los derechos fundamentales la Fiscalía está instalada en la represión. Usted me podría replicar al respecto que, en definitiva,
principio de legalidad dura lex, sed lex, y que por tanto sería una opción de política criminal difícilmente comprensible cuando ha sido nombrada por un Gobierno progresista. Ustedes mantienen esta postura de dureza en la aplicación de la ley, pero
luego veo que no consta que la Fiscalía, como se ha dicho también, haya iniciado ningún tipo de actividad para ver la última regularización del rey emérito, si ha habido blanqueo de capitales, si alguien prevaricó en la Agencia Tributaria
alertándole de que era inminente el inicio de una actuación. No nos constan actuaciones por el uso público de los fondos reservados para reprimir la disidencia política. No consta -y también se le ha dicho- que la Fiscalía haya hecho nada con
respecto a los crímenes de Estado que se produjeron hace

Página 25

tiempo, pero sobre los que se han conocido revelaciones verdaderamente espeluznantes en estos últimos días, y le recuerdo que son crímenes de lesa humanidad, es decir, imprescriptibles. Tampoco consta que la Fiscalía haya procedido en el
caso de la manifestación antisemita que se produjo hace pocos días en Madrid, ni sobre aquellos oficiales que exhiben simbología nazi en Murcia o que la Fiscalía haya actuado cuando la Guardia Civil denomina una operación contra la disidencia
política con un nombre que ensalza a la División Azul. ¿Qué hace la Fiscalía? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Para la Fiscalía, todos somos iguales ante la ley? Donde mejor se visualiza es en un tema que usted ha tratado, el de los delitos de
odio. Resulta que subirse a un tanque y decir: Puigdemont te vamos a poner no sé cuántas toneladas..., eso no es delito de odio, pero que un mecánico se niegue a reparar un coche sí es delito de odio para la Fiscalía. Que reservistas digan que
van a fusilar a veintiséis millones de hijos de puta no es odio para la Fiscalía, pero que profesores de instituto analicen el 1 de octubre después de que se produjera, sí fue calificado por la Fiscalía como odio. Que en una fiesta se queme un
muñeco de Puigdemont no es delito de odio, pero que un payaso se fotografíe con su nariz roja al lado de un guardia civil, eso sí es delito de odio para la Fiscalía. ¿De verdad somos todos iguales ante la ley? Señora fiscal general del Estado,
¿por qué no ha modificado la circular de la Fiscalía 7/19, un año anterior a su nombramiento, que dice que los grupos nazis pueden ser víctimas del delito de odio. Esto es el mundo al revés, como ya le han puesto de manifiesto.


Señora Delgado, la Fiscalía que usted dirige no tiene ninguna apariencia de neutralidad política; la percepción de la ciudadanía es que afina a los amigos y que se ensaña con los enemigos. Ignoro si eso es porque usted es negligente in
vigilando con los 2553 fiscales a sus órdenes; ignoro si es, por el contrario, porque son instrucciones que le ha dado el presidente del Gobierno que presume de que la Fiscalía depende de él, y usted dirá que no, que actúa con autonomía, pero, como
se ha puesto de manifiesto, su pasado como diputada y ministra de Justicia no le avalan en esa presunción; ignoro si es su propia convicción, que en ese caso sería contraria a la protección de los derechos fundamentales y claramente arbitraria en
el ejercicio del ius puniendi por parte de la Fiscalía.


Sea lo que fuere, la Fiscalía que usted dirige no demuestra ninguna neutralidad política, actúa con criterios arbitrarios y da una pésima de percepción del Estado de derecho o de una pretendida democracia plena. No puedo felicitarla por su
primer año de mandato, pero sí congratularme porque gracias a la actuación de la fiscalía cada día habrá más republicanos en España, como los ciudadanos de Linares, que han visto que a un señor y a su hija que fueron agredidos brutalmente por la
policía la Fiscalía ha imputado a los agredidos en lugar de a la policía. Habrá cada día más republicanos en España y más independentistas en Cataluña.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alonso-Cuevillas.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, señora presidenta.


Señora fiscal general del Estado, muchas gracias por su exposición, que ha sido muy técnica y que nos ha inundado de muchos datos. Aun así, no me voy a detener en esos datos concretos, sino en hacer algunas consideraciones, algunas de mucha
actualidad, que considero muy importantes y a las que ya han hecho referencia algunos de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Este mes de marzo la Fiscalía sí que se ha ganado el sueldo a base de perseguir a las
independentistas, pero no ha tenido tiempo de investigar al monarca -lo hemos dicho alto y claro y por eso esperamos la correspondiente querella- fugado y corrupto.


Paso a exponer dichos puntos. Primero. Ayer mismo, el president Roger Torrent y el resto de miembros de la Mesa del Parlament recibieron una querella de la Fiscalía por haber permitido ese debate sobre autodeterminación y monarquía.
Sabemos también que el fiscal superior de Cataluña pidió su autorización. Como máxima responsable del ministerio fiscal, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Cree que debatir en una Cámara como esta es delito? ¿Es consciente del escándalo que supone
perseguir al president del Parlament por dejar debatir y dialogar? Y qué decir de la oportunidad política, esperando a después de las elecciones. Desde aquí quiero aprovechar para enviarles todo mi apoyo a todas ellas, porque la democracia siempre
debería estar por encima de leyes abusivas y que coartan derechos y libertades.


En segundo término, digo lo mismo que en el anterior punto. Ayer la Fiscalía, que estaba ociosa, decidió ensañarse con los independentistas catalanes y presentó un nuevo recurso, como han dicho mis compañeros, contra el tercer grado de
nuestras compañeras Carme Forcadell y Dolors Bassa ante la Sala

Página 26

Segunda del Tribunal Supremo. Por si esto no fuera suficiente, esta mañana, hace unas horas, la Fiscalía recurría de nuevo, en apelación, el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona que mantenía el tercer grado para Oriol
Junqueras y el resto de presos políticos del procés. Está claro que las cloacas del Estado no se pueden permitir tener en libertad a aquel que tiene la llave de la gobernabilidad en Cataluña, lo quieren entre rejas, pero las urnas se han
manifestado y han vuelto hablar. Hemos ganado unas elecciones y no nos silenciarán, ni mucho menos a ellos y a ellas. Sabemos que eso duele, y más a la derecha fascista, sobre todo representada por VOX y sus acólitos.


Pero eso no es todo. Como sabrá, hoy empieza, como ha dicho mi compañero Albert Botran, el juicio a cinco ciudadanas de Cataluña que aceptaron ser síndicas electorales en octubre de 2017, para las que la Fiscalía pide dos años y nueve meses
de prisión. Está claro que la deriva antidemocrática que está teniendo el Poder Judicial en los últimos años es inadmisible, desde el juicio del procés, en el que la Fiscalía optó por posiciones muy duras y punitivas en un juicio injusto que nunca
debería haberse producido, hasta la sentencia del caso Alsasua, en el que la Fiscalía también defendió en todo momento unos hechos inventados por los que hoy tenemos a unos jóvenes condenados, algunos en prisión; nos acompaña hoy la madre de uno de
ellos, nuestra compañera de Bildu Isabel Pozueta. Así que, señora Delgado, como repetimos constantemente, cuanto peor mejor no es la vía más óptima para poner fin al conflicto político de España con Cataluña.


El tercer punto en el que hay que hacer hincapié es en el de la libertad de expresión, que también han puesto de manifiesto mis compañeros, y los delitos de odio. Qué tiempos aquellos los del franquismo, aquella época que algunos en esta
Cámara seguramente añoran, tiempos en los que se encarcelaban músicos, sindicalistas y disidentes políticos. Esos tiempos son también los actuales, donde se mete entre rejas a músicos por sus letras contra el Borbón corrupto, pero no se hace nada
para traerlo de su exilio dorado para que rinda cuentas con la justicia; en cambio, se permiten con total impunidad actos y ataques de grupos de extrema derecha, nazis, contra los derechos fundamentales, contra las personas LGTBI, contra las
mujeres o contra las personas inmigrantes. Qué paradoja que la Fiscalía no solicite ninguna medida cautelar para evitar la huida del Borbón y que justo ayer la misma Fiscalía solicite cinco años más de cárcel para Pablo Hasél. Todo un Estado de
derecho. Somos las primeras que defendemos la libertad de expresión, tanto que el Estado se querella contra nosotras por defenderla, pero de ahí a tolerar discursos del odio de la extrema derecha... Mi compañera, la senadora Laura Castel, ya le
dijo en la semana pasada en su comparecencia ante el Senado que el informe del Centro de Investigación sobre el Extremismo de la Universidad de Oslo -Universidad de Oslo- dejó bien claro que los discursos del odio que se estaban dando en España eran
de la extrema derecha hacia las independentistas y no al revés. A nuestro entender, la Fiscalía no está muy por la labor. ¿Qué opina de ello? Y sobre la eliminación de los delitos de opinión o delitos de injurias a la Corona, sobre los que usted
misma se había pronunciado a favor, queríamos también saber su opinión.


Otro punto que también queríamos poner de manifiesto es el de la vertiente internacional de la Fiscalía. Usted fue fiscal en la Corte Penal Internacional y coincidirá conmigo en que necesitamos una justicia universal que investigue todo
tipo de crímenes, más allá del Estado donde se hayan producido. Me estoy refiriendo a los crímenes del franquismo, que se están investigando en Argentina porque aquí, en España, no hay voluntad. Presentamos hace tiempo una ley de justicia
universal, que está en un cajón, porque al Gobierno, sea del color que sea, no le interesa en absoluto. Le pedimos que sea honesta y que impulse todas las acciones necesarias para investigar y reparar a las víctimas del franquismo en España.


El último punto al que quería hacer referencia -me gustaría incidir en muchas más cosas, pero el tiempo es limitado- es el impacto que la pandemia ha causado en las víctimas de violencia machista y en la paralización de los procesos
judiciales abiertos, con el consiguiente perjuicio para estas víctimas de violencia machista, una lacra que aún se mantiene y que debemos hacer todo lo posible para erradicar. El compromiso del ministerio fiscal es esencial en esta lucha. Hay que
empezar a llamar a las cosas por su nombre: la violencia contra las mujeres es violencia machista. Como usted bien ha dicho, nos agreden y nos matan por el simple hecho de ser mujeres.


Termino con mi exposición. Por los hechos que le acabo de detallar, puede comprobar el giro del Estado español hacia la autocracia, un giro mucho más evidente en los últimos años. Por eso no puedo acabar sin preguntarle si usted cree que
los presos políticos catalanes deben estar en la cárcel por poner unas urnas. ¿Usted cree que es lógico que en pleno siglo XXI tengamos a más de dos mil personas encausadas en Cataluña por defender la democracia y la libertad?


Nos gustaría que nos respondiera a las preguntas que le hemos realizado. Muchas gracias.

Página 27

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea.


Por el Grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, le corresponde el turno de palabra al señor Santiago Romero.


El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora fiscal general.


En primer lugar, queremos felicitar a la Fiscalía por las actuaciones contra la delincuencia organizada y, en general, por todas las actuaciones que se realizan por todos los funcionarios y todas las funcionarias para proteger y defender a
la sociedad.


Nos parece importante empezar a hablar de los delitos contra la libertad sexual y de todo lo que tiene que ver con la igualdad. Nos preocupa el incremento del 12 % de las calificaciones por delitos contra la libertad sexual en víctimas
mayores de edad, no por las calificaciones, sino porque eso pone de manifiesto que hay un incremento de esas conductas en la sociedad que deberían erradicarse. Felicitamos la actuación de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo para proteger a las
víctimas de delitos contra libertad sexual cuando no hay consentimiento, porque solo sí es sí, como en el caso evidente de La Manada.


También tenemos que agradecer la valoración positiva de la Fiscalía sobre el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que incluye el consentimiento como elemento esencial del delito de agresión sexual. La
verdad es que no salimos de nuestro asombro con ese informe del Consejo General del Poder Judicial, máxime cuando en el proceso judicial por violencia de género en nuestro país es prueba esencial la declaración de la víctima y no se considera una
inversión de la carga de la prueba. Una inversión de la carga de la prueba sería constituir una especie de presunción de culpabilidad, que no existe ni en nuestro proceso penal ni existe en ese anteproyecto de ley orgánica de garantía de la
libertad sexual. Creemos que el Ministerio de Igualdad, junto a los colectivos feministas, está haciendo un gran trabajo en esta línea.


Usted también mencionaba el incremento de ideas y actuaciones sexistas y de violencia entre menores y adolescentes en el entorno familiar, especialmente en el ámbito sexual. Nosotros compartimos la perspectiva que usted ha expuesto aquí
sobre la forma de combatir la violencia de género, la violencia contra la mujer, y reiteramos la importancia del apoyo a las leyes feministas para combatir las causas de esta problemática, más allá de una respuesta penal y con una función también
educativa.


Nos parece muy importante lo que ha mencionado sobre las consecuencias del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha supuesto, sin duda alguna, un paso importante en el fin de la impunidad en muchos delitos, especialmente en
los delitos de corrupción. Un logro de esta Comisión de Justicia ha sido esa reforma del artículo 324, y creo que los efectos todavía no pueden percibirse en todo su alcance en las memorias. Sí se deduce que hay más recursos y más medios para
investigar, como se pone de manifiesto con el incremento de la pendencia de los procedimientos. Y también es muy importante el dato que usted ha dado de que la Fiscalía tiene menos carga de trabajo por no tener que estar todo el día solicitando la
declaración de especial complejidad.


Sobre el papel de la Fiscalía Anticorrupción, si bien han mencionado múltiples casos de trabajo, que lastimosamente afectan sobre todo al Partido Popular, la verdad es que sí queremos trasladarle nuestra más absoluta sorpresa por la falta de
acción respecto a la investigación y a las diligencias que se llevan adelante, por la Fiscalía del Tribunal Supremo, por los presuntos delitos económicos cometidos por el ex jefe del Estado. Están siendo objeto de estudio por la Fiscalía del
Tribunal Supremo, al ser la competente desde su abdicación y aforamiento, pero todo el país se escandaliza con cada nueva noticia de fondos millonarios, cuentas en paraísos fiscales, tarjetas black; y, sinceramente, señora fiscal, consideramos que
la Fiscalía debe judicializar esa investigación ya -que, si no recuerdo mal, comenzó el verano pasado, en el mes de junio del año 2020-, porque, sin duda, está nutrida de numerosos indicios y averiguaciones, tanto procedentes de la única
investigación abierta con valor judicial sobre la presunta corrupción del emérito, que se está realizando en Suiza, no en España, como procedentes, esos indicios o pruebas, de numerosas informaciones que se van divulgando por la prensa y los medios
de comunicación sobre hechos como las propias notas de prensa de los abogados del emérito confirmando actuaciones que, al menos, aparentan delito fiscal; o la información, que ya podemos afirmar que obra en la Agencia Tributaria, sobre ingresos
indebidos del emérito por actividades económicas claramente incompatibles con cualquier función constitucional.


Consideramos que ni la justicia española ni esta Cámara están investigando los hechos. Es obvio el relevante interés público en esta materia, y es obvio que en España no puede existir ni impunidad ni patente de corso para actuaciones
corruptas para nadie; y menos aún entre personas dedicadas a la

Página 28

política, y un jefe del Estado es una persona dedicada a la política. Y lo que más sorprende es que en España tenemos una legislación, la Ley Orgánica 16/2015, sobre privilegios e inmunidades de jefes de Estado extranjeros, organizaciones
internacionales y demás representantes internacionales, que contempla unos criterios legales, unas normas, que no se están aplicando; es decir, que nuestra ley contempla para jefes de Estado extranjero, pero nuestros tribunales y nuestra justicia
no aplica para el jefe del Estado nacional. No deja de ser sumamente sorprendente el distinto alcance de las inmunidades e inviolabilidades que nuestro sistema legal aplica según se trate de jefes de Estado extranjeros o de nuestro propio jefe de
Estado. En resumen, la Fiscalía debe proceder a presentar de inmediato ante los tribunales de Justicia el resultado de la investigación que inició en junio de 2020, para que sea objeto de una investigación en sede judicial.


Sobre la sentencia del procés y las cuestiones que tienen que ver con el denominado procés, nuestro punto de vista ya hemos dicho que es que los problemas políticos deben solucionarse políticamente y no judicialmente. Por supuesto creemos
que, cuando una junta de tratamiento propone un tercer grado o, incluso, cuando un juez de vigilancia penitenciaria toma una resolución al respecto, la verdad es que no procede que, por parte de la Fiscalía, se contradiga el criterio de los
profesionales de la junta de tratamiento del juez de vigilancia penitenciaria.


Con respecto a la instrucción sobre ocupación de vivienda, que mencionaba en su intervención, creemos que el papel de la Fiscalía en la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, sobre los casos de allanamiento de morada y usurpación de
inmuebles, nos parece que son un paso para la ponderación de los derechos para la salvaguarda de las personas en situaciones de vulnerabilidad residencial. Y nos parece que la intervención de los servicios sociales es un paso en muy buen sentido;
porque, evidentemente, como cualquier Estado de derecho, estamos ante una situación de equilibrio en los derechos. Creemos que introducir la perspectiva de la atención social, en vez de tratar el problema desde un punto de vista exclusivamente
punitivista, es un paso adelante muy importante, que tiene que ver, además, con lo que los distintos movimientos sociales están pidiendo a este Gobierno para conseguir la regulación de los precios del alquiler y una solución al problema de la
vivienda.


Sí queremos pedirle que, por favor, sea la Fiscalía más estricta en el combate de la deslegitimación absoluta a este Gobierno. A nosotros nos parece que no se puede aceptar que una exfiscal general o fiscal en activo publique en la prensa
un artículo diciendo que un Gobierno que gana las elecciones no es legítimo; y, francamente, nos parece que se ha actuado con menos contundencia de la que se debería haber actuado, y nos parece que no procede permitir situaciones de acoso al
Gobierno permanentes durante meses, máxime cuando esos acosos se dan en viviendas particulares donde está afectando, incluso, a menores.


Y como veo que me queda poco tiempo, me voy a centrar en el delito de odio, que sí que me parece un problema. Desde luego, ya tenemos presentada una proposición de ley de reforma de los delitos de libertad de expresión, mejor dicho, para
derogar esos delitos de libertad de expresión, que espero que apoyen todos los grupos parlamentarios para que España se ponga al nivel de los países de nuestro entorno y nadie pueda ser sancionado penalmente por expresar sus opiniones, pero, es
evidente que el delito de odio se introdujo en nuestra legislación para proteger agresiones a minorías y colectivos vulnerables. Y es evidente que no procede que la Fiscalía proponga ningún tipo de acuerdo de conformidad que tenga que ver con
reconocer la categoría de minoría vulnerable, o minoría en general, a cuerpos del Estado. Francamente, eso es un absoluto sinsentido.


Nos preocupa también la permisibilidad con grupos nazis y ultraderechistas. Y acabo diciendo una cosa; la imagen del otro día de la policía acompañando cariñosamente a nazis que interrumpieron una manifestación por el derecho a la sanidad
pública, no es propia de un Estado democrático; y menos cuando se detiene a un manifestante que acude a defender el derecho a la sanidad pública.


La señora PRESIDENTA: Su tiempo ha terminado, señor Santiago. Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora fiscal general, quisiera comenzar estas primeras palabras agradeciendo y reconociendo a esos pocos 2500 fiscales que, en cumplimiento de la misión constitucional del artículo 124 y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, artículo
2.1, llevan a diario una extraordinaria labor con una carencia importante de medios humanos y materiales, como accionar la justicia, como defender el interés general,

Página 29

el interés público de todos los españoles y velar por la independencia de la justicia; y hacerlo conforme a los principios de legalidad y de imparcialidad.


El contraste se encuentra en quien encarna la representación de esta institución fiscal, o sea, usted. La fiscal que fue rechazada por falta de idoneidad por las propias asociaciones de fiscales; la fiscal que fue reprobada dos veces en el
Congreso de los Diputados y una vez en el Senado, que tenía un evidente vicio de origen, habiendo pasado, como ya se ha mencionado reiteradamente, del Ministerio de Justicia del Partido Socialista a convertirse, al día siguiente, en la fiscal
general del Partido Socialista.


Algo le pasa a la Fiscalía General del Estado, y en eso es usted una más; diez años, nueve fiscales, cuando el mandato es de cuatro años. Usted ha repetido en su exposición hasta la saciedad -he perdido la cuenta- que se siente orgullosa
¡muy orgullosa! Y, además, hace unos aspavientos que algunos pensamos que iba a salir volando; pero, la realidad que nos preocupa, señora fiscal, es que quienes no estamos orgullosos de la Fiscalía General del Estado somos los españoles, en
especial los justiciables, especialmente quienes esperamos de esa institución infinitamente más de lo que hace. Pero, claro, es que usted confunde términos como soberanía popular con soberanía nacional, partiendo de la base de que, además, cuando
viene a informarnos de tres años se olvida de informar de un año entero, 2017, al que no ha hecho usted ninguna mención.


Fíjese, también ha mencionado varias veces, reiteradamente, que usted se compadece de los que murieron por el COVID, que usted tiene presente a nuestros ancianos, que usted no se olvida de las residencias, pero, oiga, usted mantuvo al
teniente fiscal Navajas fuera del plazo legal de su mandato, que son cinco años conforme al artículo 41 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para que pudiese salir corriendo a firmar los informes para que se archivasen todas esas querellas
por las que se quería investigar, precisamente, los desmanes y los abandonos de este Gobierno criminal que desgraciadamente nos preside, y a continuación de firmar esos informes, le dieron la jubilación que tenían que haberle dado dos años antes;
por tanto, se la dieron en diciembre de 2020.


Yo le voy a hacer una serie de preguntas, no sé si va a tener usted a bien responderlas o va a seguir haciendo aspavientos verbales y gesticulares sin entrar en ninguna respuesta. ¿Va usted a seguir la senda de los valientes fiscales de
sala del Tribunal Supremo que, con esta acusación popular de VOX, lograron sentar en el banquillo a los golpistas, no presos políticos, políticos delincuentes que fueron condenados cuando no salieron corriendo como cobardes, fugándose de la
justicia? ¿Va usted a mantener esa valentía y decirle al Gobierno de España, por cierto, con el que tiene usted muy buenas relaciones, que no se puede conceder el indulto porque sería no un indulto, sino un insulto al Estado de derecho y a la
democracia poner en la calle a los golpistas?


Segunda pregunta. Explique a los españoles y explique en esta Comisión por qué no recurrió usted ese fraudulento tercer grado, esa semilibertad en la que se encontraban esos condenados que salieron a la calle y que estuvieron haciendo
campaña política. Eso es un fraude procesal, es un fraude legal y me atrevo a decir que es un fraude electoral, pero bien lo sabe usted, señora fiscal, y bien lo reconoció, porque si las elecciones terminaron el 14 de febrero usted interpuso el
recurso justo al día siguiente, el 15 de febrero.


También le voy a preguntar qué acciones legales va a llevar adelante contra todas las organizaciones y partidos políticos instigadores y cómplices de todas las turbas violentas que han destrozado comercios, atacado a nuestra policía en
defensa de un condenado reiterado y que han tenido el apoyo del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y de un diputado de esta Cámara podemita, Echenique. ¿Va a iniciar usted acciones contra quienes impulsan, alientan, jalean y justifican la
turba violenta en la calle, la violencia? En concreto, ¿va a solicitar usted, que ha venido aquí a darnos tantos consejos de lo que tenemos que hacer el Poder Legislativo, que se refuercen los delitos de odio por motivos ideológicos, que se
refuerce el delito de atentado por quienes atacan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se refuerce el delito por desórdenes públicos para quienes incendian las calles de tantas ciudades de España?


Siguiente pregunta. En el año 2020 ha habido 193 delitos de enaltecimiento del terrorismo de etarras asesinos ¿Va usted a pedir que se refuercen precisamente estos delitos o se va a unir también desde la Fiscalía a quienes corean para que
se siga humillando a las víctimas y se siga ensalzando y promoviendo el delito y a los criminales? Me hubiera gustado que usted hubiera interrumpido a la representante bilduetarra cuando se ha atrevido a hablar de torturas negando la existencia de
un Estado de derecho y de la justicia y que hubiera utilizado usted este argumento. Yo, que no soy fiscal General del Estado, tenía ganas de hacerlo y hubiera recordado a su compañera Carmen Tagle, que fue asesinada por la banda

Página 30

terrorista ETA en la Audiencia Nacional, o que hubiera recordado al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Luis Portero, que fue asesinado por estos criminales que ahora se atreven a banalizar y a decir que estamos en un Estado
torturador.


Le preguntó también, señora fiscal general del Estado: ¿Va a llevar a cabo la acción de la justicia instando todas aquellas querellas que sean necesarias, incluso las de ilegalización, contra aquellas asociaciones, contra aquellos partidos
y contra aquellas organizaciones que alientan, promueven y facilitan el tráfico ilegal de personas, la inmigración ilegal, las ocupaciones ilegales de propiedad privada o pública, que promueven el delito de odio, por ejemplo, por razones de opinión
política, como tuvimos que sufrir en Cataluña todos los días de la campaña, y no escuché a su Fiscalía decir nada ante el odio, las piedras, las amenazas y las agresiones que tuvo que sufrir un partido político que es la tercera fuerza política
nacional en España? ¿Va usted a hacer algo contra quienes pretenden acabar con la acusación popular, que fue la que sentó precisamente a quienes querían acabar con el Estado derecho y con la Constitución mediante un golpe de Estado en Cataluña?


Otra pregunta. ¿Cómo puede usted defender la instrucción penal por parte de la Fiscalía con ese tipo de consideraciones que hemos escuchado aquí sobre la mayoría de los juristas y la mayoría de los españoles? Pero ¿cómo vamos a confiar la
instrucción penal nada menos que a una Fiscalía que por su jerarquía, por su unidad de actuación, tiene una dependencia directa con el Gobierno sea del color que sea, que no es independiente y que, además, carece absolutamente de medios? No llegan
ustedes -y se lo dice quien ha ejercido durante muchísimos años en los tribunales- a emitir informes, terminan poniendo un visto porque no tienen tiempo ni de redactar cuatro líneas cuando tienen que informar. Si carecen de medios, si quien les
representa carece de idoneidad y si encima carecen de imparcialidad, ¿pretenden ustedes que pongamos la instrucción penal, en la que se pone en juego nada más y nada menos que la libertad de los españoles, en manos de la justicia?


Para terminar, y porque resulta que algunos hemos venido a la política por necesidad y por vocación, no por gusto, creo que habrá que aprovechar todas las oportunidades para contrarrestar las falacias progres en el lenguaje y decir,
claramente, que no hay presos políticos, que lo que hay son políticos delincuentes condenados o fugados; que no hay torturas, que lo que hay es un terrorismo sanguinario; que no hay derecho de autodeterminación, como dijo Naciones Unidas, que eso
es secesión y golpe de Estado; que no hay ideología de género, que lo que hay son chiringuitos feminazis que abandonan a una parte de las víctimas de la violencia intrafamiliar; que no es memoria histórica, es tergiversación de la historia.


Finalizo dirigiéndome a algunos. Dijeron hasta la saciedad en la campaña catalana, mientras tiraban piedras y nos amenazaban: ¡No pasarán! Pues yo les digo: Ja hem passat; ya hemos pasado y prepárense, porque seguiremos pasando hasta
lograr llegar al Gobierno de España y cambiar esta sensación absolutamente generalizada de desgobierno y de criminalidad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortega Smith.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Santamaría Ruiz.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Gracias, señora presidenta, y gracias, señora Delgado, por su extensa presentación; ciento veinte minutos que contrastan -y debo decirlo y manifestar mi protesta- con los diez minutos que la actitud cicatera de la
mayoría del Gobierno en la Mesa de la Cámara nos concede a los grupos de la oposición, que, además, vemos cercenada nuestra posibilidad de ejercer un turno de réplica. Yo estoy convencido de que a la señora Delgado le sobra capacidad dialéctica, y
seguro que prefiere vernos, en lugar de con mordazas, con las mascarillas que llevamos, pudiendo hablar y pudiendo debatir con tiempo. Además, quisiera decirle que ha sido curioso que la fiscal general del Estado del año 2020 presentara el informe
de la Fiscalía General del Estado de los años 2018 y 2019, los años en que era, a su vez, ministra de Justicia. Por tanto, cierta confusión que a mí me impulsa -me va a permitir, con todo el respeto- a dirigirme a usted, señora fiscal, como
ministra fiscal general del Estado, pues es usted, sin duda alguna, si no la más fiel, una de las más leales de cuantas personas sirven al señor Sánchez y también, inexplicablemente, al señorío de Galapagar.


Entrando rápidamente en materia, quisiera, en primer lugar, reconocer el magnífico trabajo que prestan los 2553 fiscales que son parte del ministerio fiscal. Vaya de antemano que quisiera pedirle que les transmitiera, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, nuestro agradecimiento y reconocimiento a su labor, pues son, junto con jueces, magistrados y resto del personal al servicio de Administración de

Página 31

Justicia, quienes defienden o quienes son parte de esa primera línea del frente de esa gran batalla que libra España en defensa del Estado de derecho, que algunos consideramos herido de gravedad -espero que no de muerte- dados los ataques
constantes del Ejecutivo al Poder Judicial, de la que usted -permítame que se lo diga con todo el respeto-, como quintacolumnista del señor Sánchez, es quizá uno de los mejores ejemplos.


En segundo lugar, honrar las memorias -coincidiendo con usted- de cada una de las personas que trabajan en el servicio público de la Justicia, por supuesto de los fiscales, de sus familiares y también de sus allegados que han sufrido a causa
de la COVID, y en ese reconocimiento queremos expresamente incluirla a usted; conocemos que ha padecido la enfermedad y, por tanto, créame cuando le digo que nos alegra verla plenamente recuperada.


Querida ministra número veintitrés del Gobierno y fiscal general del Estado, debo manifestar alto y claro que el Grupo Parlamentario Popular no cree en la labor que usted desempeña, se lo dijimos cuando fue nombrada, le advertimos entonces
que la sombra de su parcialidad la acompañaría en el ejercicio de su mandato y, sobre todo, nos ha preocupado escuchar el silencio atronador de algunos de sus silencios. Silencios, por ejemplo, porque no hablado de cómo se podía haber articulado
mejor y más coordinadamente una respuesta eficaz para luchar contra la pandemia en el ámbito de la Administración de Justicia para proteger mejor a los suyos. Silencio atronador también cuando no escuchábamos denunciar la falta de EPI, de
hidroalcoholes, de mascarillas o de paneles aislantes al inicio de la pandemia. No le hemos escuchado ni una sola reflexión sobre las cosas que se pudieron hacer mejor en la Fiscalía en la lucha contra la pandemia y que seguramente todos podríamos
haber hecho mejor y haber colaborado más. En definitiva, un atronador silencio el suyo, que nos recuerda a veces la actitud del avestruz cuando esconde la cabeza debajo de tierra, lo cual puede servir para evitar el cese y con él salvar el oropel,
las moquetas, el coche oficial y los escoltas, pero de nada sirve a la profesión ni al servicio público al que se sirve.


Tampoco hemos escuchado ninguna reflexión sobre el marco jurídico que han tenido que aplicar los fiscales durante el estado de alarma, si se ajustaba a la realidad de la pandemia adecuadamente o si hubiera sido más razonable ajustarlo en sus
vacíos, como ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular. Y, sin embargo, sí que hemos escuchado cómo le preocupa a usted el presupuesto; la hemos oído hablar hasta la extenuación de la autonomía, de la independencia, me parecía estar escuchando a
veces a un representante de la CUP si me permite la broma. Pero le voy a responder a lo que es un prejuicio conceptual que usted ha expresado: el Grupo Parlamentario Popular no negociará la Lecrim mientras usted sea la fiscal general del Estado.
Y eso no es óbice para que entendamos que es absolutamente preceptivo que se desarrolle una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que tampoco pensamos que deba liderarse desde la Fiscalía General del Estado. Esta Cámara podría
ser un lugar donde articular esos grupos de trabajo o bien el ministerio, pero, en cualquier caso, con la participación de los grupos políticos y de todos los fiscales, sea cual sea su forma de pensar. Por tanto, de alguna manera, nos preocupa o
nos extraña escuchar a una exministra y diputada del Partido Socialista hablar de autonomía y de independencia del Poder Judicial, lo cual hace que nos preguntemos si la altura de los muros de la Fiscalía General del Estado no parecen haber
convertido al Muro de Adriano y a la Gran Muralla China en simples bordillos, que evitan que usted pueda ver la realidad.


Sin embargo, hay que reconocer una cuestión, y es que las treinta monedas de plata con las que le pagó el señor Sánchez al nombrarla fiscal general del Estado están dando buenos frutos al Gobierno, y eso es mérito del señor Sánchez con su
nombramiento. Evitó usted que se pudieran presentar querellas contra el Ejecutivo por sus responsabilidades al frente de la pandemia, que son muchas, y por las que hemos tenido que pagar los españoles un altísimo precio. Ha permitido que los
presos condenados por el procés hayan podido participar plenamente en la campaña electoral, salvaguardando el interés de su partido o de sus socios mientras sacrificaba sin pestañear el Estado de derecho al que prometió servir. Permanece usted en
un estado de letargo invernal mientras las calles de España arden alentadas por irresponsables políticos que tienen nombres y apellidos y que, en lugar de ser perseguidos, se saben bien protegidos por la Fiscalía, por usted y por el Gobierno
Sánchez. Son los mismos que alientan a sus seguidores contra los magistrados, y tengo que mencionarlos: el señor Escalonilla y el señor García Castellón, que tienen que denunciar las amenazas a la Policía Nacional en el ejercicio de su actividad
jurisdiccional. Y tenemos ministros como el ministro de Consumo -no sabemos de qué clase de consumo-, que acusa al señor García Castellón de desviarse del sesgo político, entiendo que el marcado, evidentemente, por los señores Sánchez e Iglesias.

Página 32

Hablan de justicia universal compañeros de esta Cámara y de víctimas y torturas. Déjeme que le recuerde una cosa porque la memoria de la Fiscalía la incluye: hay 379 atentados de ETA por esclarecer, pero aquí hay uno que sí está
esclarecido: se acordará usted del crimen de la cafetería Rolando en la calle Correos, año 1973 o 1974 -no recuerdo bien-, dos personas, Bernat Oyarzabal Bidegorri y María Lourdes Cristóbal Elhorga, pusieron 30 kilos de dinamita rodeados de
rodamientos que mataron a trece personas. Esas personas viven en Bayona felizmente casados, según publicó El Mundo en 2018, y las dos leyes de amnistía -ya que estamos hablando de la justicia universal y de delitos que no prescriben- soltaron a
2262 presos de ETA. Lo digo por si usted apuesta por reformar o por el revisionismo histórico, que se acuerde de esa parte de la historia y del gran sacrificio que hizo una parte de los españoles que vieron a sus familias morir (aplausos) y que
fueron generosos a la hora de articular esa Ley de Amnistía.


Por otro lado, quisiera hacer algunas reflexiones brevemente. Vivimos en una España -usted lo sabe bien- en la que han dejado de existir esos espacios donde solían esconderse ciertos secretos de Estado. La semana pasada -lo digo por los
señores de Podemos-, Okdiario denunciaba que en las agendas de Villarejo que circulan como la pólvora por determinados ambientes de la España preocupada aparece el nombre de Monedero vinculado a unos fondos en un país africano que Villarejo debería
recuperar para Podemos, lo cual hace que me pregunte por qué la Fiscalía protege a un partido como Podemos. Y tengo que recordarle que si usted lee el digital de La última hora sobre Dina Bousselham la acusan a usted precisamente -y no crea que yo
creo esas acusaciones- de ponerse al servicio de los intereses de ACS porque tienen supuestos asuntos pendientes con el pago de determinadas comisiones a Convergència o incluso de las residencias de la tercera edad. Yo, evidentemente, no lo creo,
pero su silencio también resulta atronador y debería usted salir y presentar una querella o por lo menos manifestar y separarse de esas palabras que resultan acusadoras.


Ha hablado usted de trasparencia, habla usted de violencia de género, ¿sabe usted lo que dijo el fiscal jefe inspector de la Fiscalía General -que nos ha costado un montón encontrarlo- cuando salió publicada la relación personal e íntima
entre el fiscal anticorrupción Stampa y la abogada de Podemos Marta Flor, con anuncio de boda incluido? Que no veía ninguna razón para que el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa tuviera que abstenerse en el caso Dina por su relación íntima
-entrecomillado- con la abogada de Podemos Marta Flor porque no está casado con ella ni son pareja de hecho. La amistad íntima entre el fiscal anticorrupción y la abogada de la acusación popular de Podemos no es asimilable al matrimonio ni a una
unión de hecho. Si usted se cree que con estos argumentos se puede justificar lo que usted está justificando y defendiendo lo que usted está defendiendo, sinceramente se equivoca.


Ahora algunas preguntas retóricas muy brevemente, que son esas que normalmente los comparecientes nunca contestan. En primer lugar, anímese usted a ese ejercicio de autonomía e independencia al que hacía referencia y aclare esas reuniones
de ilustres senadores socialistas en el restaurante El Senador con el señor Villarejo para averiguar lo que sabía la policía sobre los turbios negocios del suegro del señor Sánchez. Puede usted investigar, puede usted trabajar, y también sobre las
ofertas de libertad a Villarejo en junio de 2019 a cambio de declarar contra el Partido Popular, que entiendo que deberían ser complementarias a las que usted también le hizo al señor Villarejo. Investigue usted los pagos a día de hoy, si se están
haciendo -entendemos que sí- con cargo a los fondos reservados en el Ministerio del Interior a la estructura que dejó el señor Villarejo. Investigue el viaje a Colombia enviado para recuperar la información comprometedora de jueces y fiscales, que,
como usted sabe y reconoció, fueron a ese país a algo más que a hablar de derecho. Averigüe los habituales chivatazos y filtraciones de la actual ministra de Defensa, casos como Lezo, o incluso la filtración del contenido de la conversación en la
que usted era protagonista. Y también podría usted explicarnos cuántos miembros del Gobierno han tenido relaciones con Villarejo, entre ellos Carmen Calvo, vicepresidenta, a quien llamaron de Ferraz para decirle que ayudara al agente policial que
tantos servicios había prestado al PSOE. Aclare todas estas cuestiones, tiene tiempo, no le pido que las conteste ahora, pero, por favor, señoría, como dicen, parafraseando a Ricardo III: Corra usted por delante de su caballo y no actúe a remolque
de las noticias que vayan apareciendo en los medios de comunicación.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santamaría.


Turno de portavoces de los grupos parlamentarios. Le corresponde el turno de palabra al señor Aranda Vargas, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Página 33

El señor ARANDA VARGAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Gracias, señora fiscal general, señora Delgado, por su presencia en el Congreso, que viene a completar su comparecencia en el Senado para las memorias de la Fiscalía de los años 2018 y 2019.


Una cuestión previa con todo el cariño, sin ánimo de polemizar con la señora portavoz de Esquerra, que me ha parecido escuchar que ha dicho que habían ganado las elecciones, creo que es un dato bastante contrastado que las ha ganado el PSC,
cosa que nos alegra y nos congratula, pero tampoco quiero polemizar con lo que es un dato bastante claro.


Permítame que, a diferencia de otros portavoces, me centre si puedo -aunque alguna cosa también diré- básicamente en las memorias, en su detallada y exhaustiva intervención, al objeto de honrar esta sede parlamentaria, tal como usted ha
hecho en un ejercicio de transparencia, respeto hacia este Legislativo y también como un ejercicio de normalidad democrática y de continuidad de las instituciones, ya que las acciones aquí descritas pertenecen a un año en el que usted no era fiscal
general.


A lo mejor podía haberme abstenido y no haber venido porque no eran mías. No, creo que hay que hacer ese ejercicio y creo que es bueno que eso sea así.


Quiero que sepan que hay sistemas de nuestro entorno -y les estoy hablando de Francia y de Bélgica- donde se confunden las funciones de ministro o ministra de Justicia y fiscal general del Estado. Ni más ni menos que en Alemania el ministro
de Justicia dicta órdenes particulares a los fiscales, que no se pueden oponer a ellas. Y, por ejemplo, el presidente de la República en Italia es el que preside el Consejo Superior de la Magistratura. Quiero decir que esos sistemas están ahí. No
los estoy criticando, están bien. Eso sí, les puedo asegurar que no tienen los contrapesos y los recursos legales para hacer que la actuación del Ministerio Fiscal sea lo más legal, lo más autónoma y lo más independiente posible. Nosotros tenemos
una cosa que es fundamental: tenemos el principio de legalidad. Como les decía al principio, estamos en un Estado de derecho y esto hace que la ley y el principio de legalidad sean los que primen en toda nuestra actuación.


Repito que estoy a su disposición y lo estaré siempre. Ha sido un verdadero honor estar hoy en esta Comisión de Justicia.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Delgado.


No dudamos de que a lo largo de la legislatura tendremos ocasión de volver a encontrarnos con usted en esta Comisión.


Muchas gracias por todo.


Un breve receso de cinco minutos y reiniciamos con el segundo punto del orden del día. (Pausa).


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315 APARTADO 3 DEL CÓDIGO PENAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 122/000083).


La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar con el siguiente punto del orden del día. Vamos a proceder a la ratificación, en su caso, de la ponencia designada para informar la iniciativa legislativa correspondiente a la proposición de Ley
orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal. Durante el desarrollo de este punto vamos a realizar varias votaciones. Para ordenar el desarrollo de lo que vamos a hacer a continuación, les diré que en primer lugar van a
intervenir los portavoces de los grupos parlamentarios que han comunicado a la Mesa que mantienen sus enmiendas. Lo harán de menor a mayor y por un tiempo máximo de cinco minutos. Los cuatro grupos parlamentarios que han trasladado a la Mesa que
mantienen enmiendas son: el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Parlamentario Plural, el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Popular. Me indican los letrados que en el caso de no encontrarse en esta Comisión alguno de los
representantes de los grupos que han presentado estas enmiendas, si no han manifestado que las defenderá otro grupo, decaerán.


En primer lugar, debemos ratificar la ponencia. ¿Podemos hacerlo por asentimiento? (Asentimiento). Queda ratificada. Muchas gracias.

Página 34

EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315 APARTADO 3 DEL CÓDIGO PENAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 122/000083).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la emisión del dictamen sobre la proposición de ley orgánica citada. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervendré muy brevemente, porque las razones que sustentan esta enmienda son las mismas que sostuve en el debate de toma en consideración y también en el debate de totalidad en el Pleno. Creemos que la enmienda que hemos presentado tiene
una posición más equilibrada que la derogación del artículo 315.3 porque, ya lo dije en el Pleno, si finalmente solo se puede aplicar el artículo 172, en la medida en que afecta a un derecho fundamental, porque no sabemos al final cómo van a acabar
fallando los tribunales -el ejercicio de un derecho fundamental tiene una dimensión positiva y otra negativa- en su apartado 3, coaccionar a iniciar o continuar una huelga, incide en un derecho fundamental. Eso significa que aplicando el artículo
172 vas a la mitad superior y nos plantamos en cuatro años y medio. Otra cuestión que ya indiqué es que en las coacciones del artículo 172 hay tantos ilícitos como personas que se consideren coaccionadas, cosa que no sucede en el derecho penal del
trabajo, que es artículo 315.


Por otro lado, nosotros habíamos intentado localizar los elementos de fondo que tensionaban durante un conflicto, y el que identificamos como más estresante era entrar en la cárcel. En una primera condena se podía entrar, porque es a partir
de los dos años de condena. Ahí bajamos la penalidad entre uno y dos años en las coacciones y para el resto entre seis meses y un año. La parte laboral en un primer ilícito de un piquete en ningún caso le llevaría a entrar en prisión.


Respecto a la visualización de las coacciones a través de piquetes de extensión de la huelga, no consideramos, desde un punto de vista pedagógico, pero no desde un punto de vista de política criminal, irnos al artículo 172; de hecho
pensamos que en algún caso va a ser mucho más perjudicial.


Esas son las razones que nos llevan a mantener la enmienda.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario Plural el señor Bel había presentado la enmienda número 7.


La señora TELECHEA I LOZANO: Señora presidenta, por no haber podido localizar a nadie del grupo parlamentario, y por cortesía parlamentaria, damos por defendida la enmienda.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.


El Grupo Parlamentario VOX ha trasladado a la Mesa que mantienen sus enmiendas números 4, 5 y 6. Para su defensa tiene la palabra el señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.


Precisamente mantenemos las enmiendas presentadas porque nos oponemos a la proposición de ley orgánica de derogación del apartado 3 del artículo 315, reiterando todos los argumentos técnicos, fácticos, jurídicos y políticos señalados en el
Pleno del Congreso, en los trabajos de ponencia y nuevamente en Comisión, porque en VOX creemos que dicha derogación va en sentido contrario de lo que necesita España hoy y ahora, que es trabajo, ley y orden.


La ley orgánica que nos ocupa puede traer consecuencias indeseables, sesgando la libertad de los trabajadores a escoger libremente el ejercicio del derecho a la huelga o el de trabajar. La norma que se pretende derogar en ningún caso debe
confundirse, como se jalea, con una alimentación abusiva del ejercicio del derecho de huelga o de la libertad sindical, sino con la protección del derecho al trabajo de los trabajadores, artículo 35 de la Constitución, con la libertad, artículo 17
de la Constitución, y la dignidad de la persona, artículo 10.1 de la Constitución, en definitiva, con la libertad completa. Por eso nos oponemos a la derogación propuesta, insistimos, porque en VOX creemos que España lo que necesita hoy es trabajo,
ley y orden.


Nos oponemos a la propuesta que pretende dar carta blanca a los violentos, porque de esto se trata y, si cabe, más aún expresamente en el actual marco político, tal como hemos visto con desaliento estos

Página 35

días mediante actos horrendos de violencia, incluso aupados, incomprensiblemente, desde las instituciones o desde fuerzas que las mantienen, que se han justificado apelando a la libertad de expresión.


Pues bien, la presente norma derogatoria se pretende justificar bajo una vulneración del derecho de huelga, la barra libre para que algunos liberados coaccionen al resto de los trabajadores que quieran ejercer su derecho al trabajo, y eso no
se puede tolerar. En VOX creemos que España lo que necesita hoy es trabajo, ley y orden.


Nos oponemos a la presente transgresión legislativa por decoro hacia esta Cámara, no podemos soportar que en la exposición de motivos de una ley orgánica, que, como señalan reconocidos y prestigiosos juristas, constituye la primera
manifestación de la ley como fuente jurídica, se incorporen, como se hace en la presente, valoraciones específicas del debate político y del sectarismo patológico, en absoluto propios de una democracia saludable. No reputamos adecuado que en la
exposición de motivos se emita un ataque político a la formación que aprobó la norma que se quiere derogar, y debemos recordar que de aprobarse esta proposición de ley se insertará en el ordenamiento jurídico español, con carácter de orgánica a
tenor del artículo 81 de la Constitución española, y se ocupará de la regulación de un derecho fundamental. Estamos legislando, y no es lugar para ajustar cuentas, plasmar cuitas políticas o publicitar relatos, como aparece en el texto. Debemos
legislar basándonos en las necesidades de los españoles. En VOX creemos que lo que España necesita hoy es trabajo, ley y orden.


Reconocemos que en dicho artículo 315 se produce el equilibrio necesario en el que se materializa el reproche penal al empresario que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidiere o limitare el derecho a la huelga, agravándose
las penas si ello se hiciere mediante fuerza, violencia o intimidación. La actuación desmedida de aquellos que opriman en propio beneficio a los más necesitados y desamparados, buscando que enriquecimiento en la penuria ajena, no solo tienen
nuestro reproche moral, sino también hoy la amonestación legal. Se pretende que desaparezca esta amonestación legal para aquellos que, abusando de la indefensión de aquel que quiere trabajar, se le impidiere, por muy loables que fueren las últimas
causas de reivindicación que se realizan mediante la protesta. Por ello, ante la grave situación en la que nos encontramos en España, con más de cuatro millones de parados, casi un 17 %, el doble de la tasa media europea, con novecientas mil
personas afectadas por ERTE y otras tantas inactivas y al borde de la eclosión social, entendemos un error esta proposición de ley porque puede dejar impune la violencia. Insistimos en que en VOX creemos que lo que necesita España hoy es trabajo,
ley y orden.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aizcorbe.


Por el Grupo Parlamentario Popular, que mantiene su enmienda número 8, tiene la palabra el señor Jerez.


El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, vaya por delante nuestra intención de seguir manteniendo viva nuestra enmienda aunque no sea estimada, que es lo más probable. De esta manera manifestamos nuestra intención, sin que haya ningún tipo de equívocos. ¿Qué
protege el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal? La respuesta es sencilla. El artículo 315.3 protege un derecho fundamental: el derecho a no manifestarse, a seguir trabajando y a la integridad del trabajador y su dignidad personal. ¿Qué
consecuencias tiene la supresión del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal? Pues la consecuencia es reducir la protección penal de los trabajadores, reducir el derecho que tiene cualquier persona a trabajar sin ser perturbado en ese
ejercicio, sin ser intimidado en su jornada laboral y a no ser agredido en su puesto de trabajo por nadie, por muy legítima que sea la protesta o por muy legítima que sea esa jornada de huelga. Lo dijimos antes, y lo reiteramos ahora. Lo volvemos
a decir alto y claro: el derecho a huelga, aun en su versión más amplia, no es un derecho ilimitado, no es un derecho que permita convertir una jornada reivindicativa en la ley de la selva. Cuando se traspasan esos límites, cuando todo se
convierte en la ley de la selva, debe existir una respuesta sancionadora, pero también una respuesta proporcionada, contra la conducta del huelguista que intenta doblegar la voluntad del trabajador coaccionado, del trabajador intimidado, conductas
todas ellas condenables en sí mismas.


Estos comportamientos son tan condenables para nosotros como lo son también para el Tribunal Constitucional, que lo lleva diciendo desde el año 1982. Esto es precisamente lo que discutimos hoy aquí, si el derecho de huelga lo permite todo y
si bajo ese derecho hay que tolerarlo todo absolutamente, o si bien el derecho de huelga termina cuando comienzan los derechos fundamentales de los demás. Nuestra opinión es la segunda, que el derecho a la huelga concluye cuando en su ejercicio se
violan derechos

Página 36

fundamentales de igual o mayor envergadura. Pero esta reflexión, que a cualquiera le podría parecer razonable, no lo es para quien promueve esta proposición de ley, el Grupo Parlamentario Socialista y todos los que a él se arriman.


Hay quien dirá que se trata de una desproporcionada pena con arreglo al derecho violado, pero a esos solo les diré dos cosas. Primera, que en 1995 un Gobierno socialista aprobó el Código Penal de la democracia y que, desde entonces, el
315.3 ha mantenido en sus cotas más altas el reproche penal. Y la segunda, que fue un Gobierno del Partido Popular el que redujo las penas para adaptarlas a criterios de proporcionalidad. Nosotros no nos apartaremos de esa reforma que equilibró el
derecho fundamental de huelga con la violación de ese derecho en el ámbito de una jornada de protestas laborales. Saben ustedes que no es pacífica, no lo es, la discusión doctrinal sobre la desregularización del artículo 315.3. Vamos a legislar
sobre un derecho fundamental en el ámbito de la huelga sin informes previos, sin dictámenes preceptivos, sin opiniones académicas, sin informes jurídicos documentados, sin comparecientes, sin atender al valor de la jurisprudencia. Vamos a reducir
la protección de un derecho fundamental a nuestro leal saber y entender. ¿Legítimo? Sí, cierto, pero atrevido y temerario también. ¿Por qué les molesta la opinión del Consejo General del Poder Judicial en este asunto? ¿Por qué les molesta que la
Fiscalía se pronuncie sobre esta cuestión? ¿Por qué les molesta que el Consejo de Estado se pronuncie sobre esta reforma? ¿Les molesta que les vuelvan a dar un revolcón más? Les aseguro que una reflexión más profunda hubiera representado una
mayor calidad legislativa o, por lo menos, hubiésemos desarrollado esta ley con mayor seguridad legislativa, pero ustedes no lo han querido. Les aseguro que la opinión de terceros autorizados nos hubierna advertido de las consecuencias de legislar
de esta manera tan imprudente y nos hubiesen alertado sobre el resultado que conlleva eliminar el 315.3. Como saben ustedes, la supresión del artículo 315.3 conllevará la aplicación del artículo 172 -se ha dicho aquí-, el artículo genérico de
coacciones del Código Penal. La aplicación de este último artículo es susceptible de incrementar las penas más allá del tipo que quieren eliminar ustedes. Enhorabuena, Grupo Parlamentario Socialista, porque habrán hecho ustedes un pan con unas
tortas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Ahora comienza el turno de fijación de posiciones, de menor a mayor representación parlamentaria.


¿Desea utilizar su turno, señora Pozueta, por el Grupo Bildu? (Denegación). No lo hará. ¿Señor Bal Francés, por el Grupo Ciudadanos? (Denegación). No lo hará. ¿Señora Telechea, por el Grupo Republicano? (Denegación). Muy bien, de
acuerdo. ¿Señor Rodríguez? (Asentimiento).


Por el Grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Seré muy breve, para no reiterar el debate que tuvimos ya en el Pleno.


Hoy es un buen día. Este es un pequeño paso en la defensa de un derecho fundamental. La práctica totalidad de los beneficios y los derechos que permiten tener un mínimo de calidad de vida hoy en día a la gente trabajadora fueron
conseguidos con huelgas, fueron arrancados con huelgas y fueron conquistados con huelgas. Lo que estamos haciendo hoy es facilitar el ejercicio de ese derecho y que esta herramienta, que es la más poderosa que tiene la gente trabajadora en sus
manos para garantizarle una vida medianamente digna de ser vivida, se pueda ejercer en libertad y sin represión, como hemos vivido en los procesos de huelgas generales en estos años de recortes en el país. Por lo tanto, reiteramos lo que ya hemos
dicho en el Pleno. Hoy se da un pequeño paso para la gente trabajadora y, obviamente, vamos a apoyar la iniciativa.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Quiero iniciar mi intervención diciendo que hoy nos encontramos ante un día que, además de extenuante para los miembros de esta Comisión, es histórico. Hoy esta Comisión votará por despenalizar los piquetes de las huelgas. Sin duda se
trata de un paso que mejora la calidad de nuestra democracia y que sitúa a la huelga en el marco jurídico que le corresponde, garantizado como derecho fundamental que es. No quiero alargar mucho más mi intervención porque los argumentos y las
posiciones están claros.

Página 37

Además, han sido varias las intervenciones durante el Pleno en las que hemos fijado nuestra posición, simplemente se trata de reiterarla y de mantenerla.


Pero sí que me gustaría utilizar mi turno de palabra en este breve tiempo para hacer un alegato a favor de los sindicatos de clase, porque gracias a ellos, gracias a su empuje, hoy estamos aquí despenalizando los piquetes en las huelgas, un
paso muy importante, como he dicho, para la calidad de nuestra democracia y para nuestro avance como sociedad. Simplemente les pido su voto a favor de la propuesta que plantea mi grupo parlamentario y, en consecuencia, el voto contrario a las
enmiendas que han planteado PP, VOX, PNV y Grupo Plural.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández.


Sin más dilación, vamos a proceder a ir votando sucesivamente las enmiendas que han sido defendidas por los grupos. La última de las votaciones será la referida al texto del informe de la ponencia. En primer lugar, iniciamos la votación
con la enmienda número 3, correspondiente al Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 19; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 7, correspondiente al Grupo Parlamentario Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 32; abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Procedemos a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX, números 4, 5 y 6.


El señor AIZCORBE TORRA: Señora presidenta, le pediría la votación separada de estas tres enmiendas si es posible.


La señora PRESIDENTA: Entonces, las votaremos por el orden de numeración. Votamos la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario VOX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 21; abstenciones, 9.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario VOX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 30.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


A continuación votamos la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario VOX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 30.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Por último, votamos la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Señorías, procedemos a la última de las votaciones de la sesión de hoy, que corresponde al texto del informe de la ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del informe de la ponencia. (Aplausos).


El plazo de mantenimiento de las enmiendas y votos particulares que se llevarán y serán defendidos en Pleno finalizará el próximo jueves 4 de marzo a las dieciocho horas en el Registro de Comisiones. Gracias a todas y a todos.


Se levanta la sesión.


Eran las nueve y diez minutos de la noche.