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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 301, de 23/02/2021
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 301

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ

Sesión núm. 11

celebrada el martes,

23 de febrero de 2021



ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre protección de las instituciones democráticas españolas en cumplimiento del objetivo 16 de los ODS. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001790) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Relativa al cambio de nombre del salón de actos de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER) del Ejército del Aire. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de
expediente 161/001483) ... (Página7)


- Sobre la regulación de los lobbies. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001682) ... (Página10)


- Relativa al fin del uso abusivo del mecanismo constitucional del decreto-ley por parte del Gobierno. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/001741) ... (Página15)


- Relativa a la defensa de la prensa en libertad. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001979) ... (Página20)



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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE PROTECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS ESPAÑOLAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 16 DE LOS ODS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001790).


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.


Antes de pasar a tramitar el orden del día quisiera tratar dos cuestiones previas. La primera tiene que ver con el propio orden del día, ya que hay una propuesta para tramitar el punto 4.º del orden día, proposición no de ley propuesta por
el Partido Popular, en primer lugar, y luego seguiríamos con el orden del día tal y como está. Esa es la propuesta de los grupos y creo que no había nadie que estuviera en contra. ¿Les parece bien? (Asentimiento). Por tanto, se debatirá como
primer punto la proposición no de ley del Partido Popular y luego seguiremos tal y como está.


La segunda cuestión es relativa a la proposición no de ley del Partido Popular. Hay algunos diputados que me han trasladado que era distinta la propuesta original presentada por el Partido Popular, cuyo punto primero decía que 'el Congreso
de los Diputados se compromete a trabajar activamente', y la publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, cuyo punto primero dice que 'el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a comprometerse a trabajar activamente'. Lo que vamos
a debatir, como no puede ser de otra manera, es lo que está publicado oficialmente en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, es decir, 'el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a...'. ¿De acuerdo? (Asentimiento).


Bien, pues con estas dos cuestiones previas, vamos a sustanciar ya el orden del día que se refiere al debate y votación de las proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios. Les recuerdo que los grupos dispondrán de cinco minutos
para presentar la proposición, cuatro minutos para defender las enmiendas que se han presentado y tres minutos para la fijación de posiciones.


Por tanto, empezamos por la proposición no de ley sobre protección de las instituciones democráticas españolas en cumplimiento del objetivo 16 de los ODS, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para su defensa, tiene
la palabra doña María Jesús Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Gracias, presidente.


Buenos días, señorías. César Albiñana afirmaba recientemente que nadie ignora a estas alturas que el progreso de los países, también el económico, depende de la fortaleza de las instituciones y de la capacidad del sistema institucional para
proporcionar seguridad jurídica a través de buenas leyes y un cumplimiento adecuado de las mismas. La democracia es tanto un proceso como un objetivo y tanto en el proceso previo al objetivo como en el posterior al mismo para que se mantenga de
forma real hay que fortalecer los presupuestos que la definen. Por eso en las metas del objetivo 16 de los ODS se incorporan como presupuestos necesarios para alcanzar el objetivo general, entre otros, el de crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan cuentas, el de garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales y fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional. La agenda
implica un compromiso común y universal, como expresaba en la presentación la ONU, si bien cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda y en España, señorías, no será una tarea concluida respecto al objetivo 16, antes al contrario, creemos
que ha de trabajarse y mucho en favor de este objetivo, especialmente desde el Congreso de los Diputados y en particular desde la Comisión Constitucional en todo lo que atañe a los poderes e instituciones constitucionales, a los instrumentos y
cauces de participación y representación o a los derechos y libertades fundamentales.


Señalaba Susana Corzo en una columna hace unos años, que hoy tiene más sentido que nunca, que el debate, la controversia, la ineficacia en la resolución de los conflictos son propios de un Estado social y de derecho que se fortalece, pero no
lo es fomentar juicios de intenciones, engendrar incertidumbre y confundir a los ciudadanos hasta enemistarnos entre sí. Decía también que la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones pudiera ser un estadio previo al fortalecimiento de
un Estado de derecho débil, pero el descrédito continúo de las instituciones llegará a ser la consecuencia de un Estado enfermo si la clase política no lucha por devolverle, desde la racionalidad y la mesura que conllevan la práctica de
responsabilidad política, el valor que tiene y la función que presta de servicio a la ciudadanía.



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Ya saben sus señorías que la confianza tarda en alcanzarse, pero se pierde en un segundo. Nos enredamos muchas veces en debates estériles, pero creo que la defensa de las instituciones y de su fortaleza es una tarea esencial, supone
defender activamente nuestra democracia y la calidad que se merece un país como el nuestro en el siglo XXI. Tenemos una larga historia de tristes experiencias como para arriesgarnos a jugarnos nuestra democracia por veleidades de unos pocos que
quieren desde la minoría alcanzar la posición que no se sustenta en una mayoría social. Si no hacemos autocrítica y solo miramos los problemas de los demás, podemos sorprendernos en un breve espacio de tiempo de encontrarnos en la lista de Estados
con debilidad institucional, incluso en la de Estados fallidos. Y no solo es importante estar en una lista en esa posición, que lo es, lo importante será la situación en la que se encuentre nuestro país habiendo retrocedido decenios. Creemos que
estamos a tiempo para detenernos, mirar con calma y responsabilidad a nuestro alrededor y recuperar la posición perdida.


Basta con un repaso a la hemeroteca. Nosotros no lo necesitamos porque lo estamos viviendo cada día para observar los siguientes hitos que no son propios de una democracia de calidad y que no querríamos haber vivido: falta de
transparencia; la negativa del Gobierno a informar con normalidad sobre actuaciones; la declaración como secreto de Estado de acciones ordinarias; el bloqueo durante meses del Consejo de Transparencia, especialmente en el primer estado de alarma,
y asalto al mismo imponiendo la gestión monocolor e ignorando la pluralidad política presente en la sociedad de la que es representativa esta Cámara; el cuestionamiento de la independencia judicial y la falta de respeto a jueces, magistrados y
resoluciones, alentada en particular por el vicepresidente Iglesias; la falta de respeto a este Parlamento: sometimiento a lo que quiera y convenga al presidente limitando escandalosamente su funcionamiento, la extensión de poderes exorbitantes
del Gobierno sin el adecuado control en el estado de alarma, así como la perversión de su función legislativa, sustituida por la excepcional facultad de decisiones que también se va a debatir en esta Comisión hoy; el cuestionamiento de la jefatura
del Estado desde el Gobierno; el llamamiento o el aplauso a la violencia por miembros del Gobierno o partido de procedencia; la exaltación y la defensa del delincuente con reformas del Código Penal a la carta. Todo esto, señorías, está ocurriendo
y casa mal con el Estado de derecho porque debilita las instituciones. En un día como hoy, especialmente esta Comisión, debe apoyar una propuesta como la que hacemos para recuperar el control del estado de alarma, para que la vicepresidenta del
Gobierno, señora Calvo, acuda con asiduidad, para que no demos razón al vicepresidente Iglesias sobre la anormalidad democrática y que se convierta en normalidad democrática que el Parlamento es el que tienen que tener influencia sobre el control de
las instituciones y su calidad democrática. Para eso hemos presentado esta iniciativa y queremos contar con el apoyo de todos ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moro Almaraz.


A esta iniciativa no se le han presentado enmiendas, por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones que, como he dicho antes, es de tres minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor
Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


En el año 1978 un grupo de hombres y mujeres valientes pusieron las bases de lo que han sido cuarenta años de convivencia y de libertad en nuestro país. Estas personas supieron interpretar y liderar los anhelos de la sociedad española, una
sociedad que clamaba por el bienestar social, por la libertad, por la democracia. Estos valores de convivencia fueron recogidos en el preámbulo de la Constitución en el cual se establece que la nación española, deseando establecer la justicia, la
libertad y la seguridad proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes. Las razones por las que la Constitución del 78 ha sido un indudable éxito son evidentes y sobradamente desconocidas, pues
asentó firmemente un Estado democrático y de derecho tras años de Dictadura, descentralizó y modernizó un viejo Estado burocratizado y facilitó la integración de España en la Unión Europea. Puede decirse sin exagerar que nunca en un periodo de
tiempo tan breve España había avanzado tanto en convivencia cívica, progreso económico, bienestar social y apertura al mundo.


En momentos tan complicados para España, como el que actualmente estamos viviendo, algunas formaciones políticas están cuestionando públicamente este consenso, tratando de poner en jaque pilares básicos de nuestra democracia como la
monarquía parlamentaria o la separación de poderes, además de socavar o deslegitimar otras instituciones garantes de nuestros derechos y libertades y el buen funcionamiento de nuestra democracia como el Tribunal Constitucional, el Consejo General
del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o el Tribunal de Cuentas. Nuestro grupo parlamentario, a pesar de



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todos estos ataques, se compromete de manera total e irrenunciable a defender siempre la Constitución española de 1978 y las instituciones fundamentales que de ella derivan: el Estado social y democrático de derecho consagrado a través de
la Constitución. Es lo más valioso que hemos conseguido en nuestra historia y no estamos dispuestos a perderlo. Nosotros, al contrario que el Partido Socialista, no olvidamos el pasado, no olvidamos que los valores superiores de libertad,
justicia, igualdad y pluralismo político previstos en la Constitución y que son de obligada observación por todos los poderes públicos y ciudadanos de España sin privilegios, excepciones ni exclusiones de ninguna índole son, por encima de todo, lo
que nos han permitido vivir en paz, libertad y progreso de manera insólita durante cuarenta años.


Por ello Ciudadanos, como partido de Estado y responsable que toma decisiones pensando en el interés general, seguirá trabajando por la regeneración y el fortalecimiento de las instituciones en beneficio del interés general sin cuestionar
los elementos elementales de la democracia.


Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez Vivas.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero.


El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, queremos señalar que esta iniciativa debería haberse encausado a través de otra Comisión, ya que el Parlamento cuenta con una comisión especial para tratar estos temas, la Comisión mixta para la Coordinación y Seguimiento de
la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, concretamente. Esta iniciativa, en todo caso, viene a solicitar al Gobierno que se comprometa con el objetivo 16 de la Agenda 2030. Sin embargo, no solo el Gobierno ya
está activamente trabajando sobre los objetivos de la Agenda 2030, sino que existe un compromiso firme que se refleja en el trabajo que realiza la secretaría de Estado creada específicamente para alcanzar esos diecisiete objetivos.


Podemos decir que la Agenda 2030 está en el centro de la agenda del Gobierno, no solo por los compromisos internacionales, sino que es también una herramienta para afrontar todos los retos marcados por las secuelas de la pandemia. Y el
objetivo 16, en concreto, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se centra en cuestiones de paz, justicia e instituciones sólidas. Este objetivo busca facilitar el acceso a la justicia, la lucha contra la corrupción y la promoción de la igualdad
como elementos de cohesión social y esto está siendo abordado por el ministerio competente a través de medidas relacionadas con la transparencia y la participación ciudadana por las actuaciones en el marco de los planes de Gobierno abierto,
cumpliendo con la Ley 19/2013 de Transparencia, de Acceso a la Información y Buen Gobierno. El análisis que realiza Naciones Unidas para fijar este objetivo, en cuanto al fortalecimiento institucional, concluye que es fundamental reforzar el Poder
Judicial y los servicios de seguridad como la Policía, ya que estas son las instituciones más afectadas por la corrupción, y por tanto, las más deterioradas a nivel democrático.


Es paradójico que el Partido Popular proponga a instar al Gobierno a tomar medidas de fortalecimiento institucionales, estas dos instituciones del Estado, cuando ha sido demostrado en sede parlamentaria y en sede judicial que es campeón en
Europa y en España en corrupción: más de 600 cargos procesados, 300 procedimientos abiertos, ahora van a tener que desprenderse incluso de una sede que ha sido construida con dinero negro. Un partido que ha manifestado que maniobra para controlar
por detrás al Poder Judicial, como manifestó el señor Cosidó, y que ha autorizado al Ministerio del Interior para intervenir en procesos electorales y perseguir a sus adversarios políticos. Ustedes confunden la sana crítica que busca mejorar la
calidad democrática con el manejo de las instituciones y una corrupción desmedida y sus muchas injerencias que degradan la democracia, es decir, todo lo que ustedes han hecho con una especie de trauma psicológico ahora pretenden atribuírselo a este
Gobierno, y eso no es correcto.


Señorías, no tiene sentido pedir al Gobierno que haga algo que ya está haciendo desde 2018, ya que a día de hoy existe incluso una secretaría de Estado concreta que se está ocupando de este tema y del resto de los objetivos. Por eso
votaremos en contra y les sugerimos que hagan una serie de autocrítica de todos los obstáculos que han puesto para el desarrollo democrático y todas las acciones de corrupción que han venido desarrollando durante años.


Gracias.



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiago.


A continuación es el turno del Grupo Parlamentario VOX. Por tanto, tiene la palabra el señor Contreras Peláez.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Muchas gracias.


Nosotros también vamos a votar negativamente esta PNL. Nos parece una PNL vacua, innecesaria, no contiene una sola propuesta concreta de regeneración institucional, consiste simplemente en un brindis al sol; al sol de la ONU y de la Agenda
2030 como guía moral de la humanidad.


Ahora bien, nosotros no compartimos esa veneración hacia la ONU. En definitiva, la PNL propone aplicar a España el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Ese objetivo alude a situaciones de guerra, de
refugiados, de persecución política y religiosa, de asesinatos gubernamentales de periodistas o sindicalistas. Son situaciones que nos resultan, afortunadamente, ajenas, pero, sobre todo, no le reconocemos a la ONU autoridad moral para impartirnos
lecciones de calidad democrática. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se está convirtiendo en algo parecido a un directorio de las peores tiranías del mundo. Se incorporó el año pasado Cuba y ayer mismo tuvo la sesión inaugural
de la 46.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos con la intervención estelar de Nicolás Maduro, ese gran campeón de la libertad: 18 000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela desde 2014, según la OEA. Asimismo, el año pasado se incorporó China,
la misma China que machaca a tibetanos y uigures, que hostiga a los cristianos y que encarcela a los activistas prodemocracia en Hong Kong. Lo más inquietante es que la ONU en su conjunto parece haber ido adquiriendo una orientación cada vez más
prochina, como ya se ha comprobado en la actuación de la Organización Mundial de la Salud durante la crisis del COVID. La ONU parece decidida a colaborar en el ascenso definitivo de China a la condición de superpotencia mundial. Hace solamente
tres semanas Xi Jinping en el Foro de Davos afirmaba que nada volverá a ser igual después del COVID. Bien, lo cierto es que la economía china es la única que ha seguido creciendo durante el aciago año 202, mientras se desploman los PIB de todos los
demás países.


Todo lo que llevo dicho no implica que nuestra democracia no sea susceptible de mejora, por citar solo un aspecto importantísimo: la separación de poderes. El barón de Monstesquieu escribió en el Libro 11 de El espíritu de las leyes que si
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial concurren en un mismo hombre o asamblea de hombres todo está perdido. Recordemos que en España Alfonso Guerra declaró enterrado a Montesquieu en 1985 cuando el PSOE, tergiversando a nuestro entender el
artículo 122 de la Constitución, reformó el procedimiento de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En VOX no hemos dejado de reclamar el restablecimiento del procedimiento original, el de 1980, de provisión de las
plazas del Consejo General del Poder Judicial y así lo hicimos constar en una proposición no de ley nuestra de octubre del año pasado, o en nuestra enmienda a la totalidad de la reforma del Poder Judicial que pretende impulsar el Gobierno en este
momento.


Pensamos que el Partido Popular debería sumarse a esta propuesta nuestra, de retorno al procedimiento que garantiza la independencia del Poder Judicial, en lugar de hacer estos fuegos de artificio 'proonucianos' y de pactar, por otra parte,
la renovación del Consejo, como están haciendo estos días, con el PSOE, de una forma que perpetúa ese procedimiento de designación que no garantiza adecuadamente la independencia.


El señor PRESIDENTE: Señor Contreras, debe concluir.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Contreras.


Para finalizar este turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gutiérrez Prieto.


El señor GUTIÉRREZ PRIETO: Muchas gracias, presidente.


Señores del PP, no podemos apoyar su proposición no de ley tanto por lo que muestra como por lo que esconde. Por lo que muestra, primero, es porque es una PNL simple y muy superficial, porque insta al Gobierno a hacer lo que ya se está
haciendo con una proposición no de ley aprobada por unanimidad el 12 de diciembre de 2017. No tenemos que comprometer a esta Cámara a lo que ya está comprometida, ni al Gobierno a hacer lo que se está haciendo con un plan de acción, uno de los
primeros que se ha realizado en toda Europa -el 29 de junio de 2018- con un ministerio y una estructura específicamente



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para ello. Ni siquiera a este Congreso de los Diputados donde tiene una comisión mixta para no solo comprometerse sino evaluar y desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


Por lo tanto, no podemos apoyarlo por la simpleza con la que ustedes desarrollan esta PNL, ni tampoco por lo que se refiere porque al final el problema es que ustedes no se han leído los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni en concreto su
objetivo 16. Porque si no, se hubieran dado cuenta que nada de lo que se refiere de esta cuestión en este objetivo tiene que ver con la situación actual de España. Ustedes al final lo que utilizan es un efecto palanca para intentar romper los
consensos ya conseguidos en esta Cámara para hacer una política interna con un gran objetivo mundial como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes quieren hacer política interna con todo. Ustedes quieren exagerar tanto y tener la mínima
oportunidad para traer su raca raca diario del que utilizan todos los días, que intentan forzar precisamente para dar una imagen hoy de España que no tiene, que no es ya que no se alinee con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los que somos
una potencia pionera, sino que hacen ustedes dudar de que siga siendo un Estado democrático y social de derecho.


Son tan exagerados que, además -viene por lo que esconde-, se olvidan que han sido un partido de Gobierno durante muchos años de democracia, y ponen en solfa las instituciones de las que ustedes han querido participar. Ustedes no me tienen
que enseñar, se lo ha recordado el señor portavoz de Podemos. Es que ustedes son los de los mensajes SMS diciendo que tienen controlada la Sala Segunda y que tienen que estar tranquilos. Ustedes son el único partido de España que ha sido condenado
por corrupción, por cierto, uno de los objetivos a separar de este objetivo 16. (Rumores). Es que ustedes manosean las instituciones cuando están en el Gobierno, por ejemplo, Radiotelevisión Española u otras instituciones del Estado y bloquean las
demás instituciones cuando están en la oposición, como estamos viendo desde que ustedes fueron desalojados por corrupción con la moción de censura. Lo que me da una tremenda pena es que algo que tiene que ser un objetivo no solo de país sino un
objetivo conjunto de la comunidad internacional, que España como país está haciendo todos los esfuerzos para cumplirlos dentro e impulsarlos fuera, rompan ese consenso nacional e internacional por seguir utilizando ese raca raca, esa política
interna, esa crispación que hace que consigan que ustedes saquen un 3 % en Cataluña, que cada día sean un partido menos importante en la democracia española y que incluso hoy, en el 40.º aniversario del 23-F no hayan ni siquiera mencionado ni una
sola palabra en la Comisión Constitucional sobre su compromiso -el de todos los demócratas- por que acontecimientos como esos no vuelvan a ocurrir.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


La señora URIARTE BENGOECHEA: Presidente, pido la palabra por el artículo 71 del Reglamento.


El señor PRESIDENTE: ¿A cuenta de?


La señora URIARTE BENGOECHEA: A cuenta de una falsedad que ha vertido el ponente del Partido Socialista.


El señor PRESIDENTE: A ver.


La señora URIARTE BENGOECHEA: La falsedad es que el Partido Popular ha sido condenado por corrupción. Usted sabe que eso no es cierto, que esa sentencia no dice eso. Y añado, primero, la Audiencia Nacional y luego el Tribunal Supremo, el
juez De Prada, señaló que habían metido unas frases, que ustedes usaron en la moción de censura, que no podían meter en esa sentencia. Le recuerdo lo que ha dicho el Tribunal Supremo de las frases que ustedes utilizaron en la moción de censura.
Pedimos rectificación, presidente, por esta falsedad. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ PRIETO: Si quiere la señora diputada que concrete, puedo hacerlo. Lo que me alegra es que no haya puesto en duda ni el SMS de Cosidó, ni que hayan manipulado la Radiotelevisión Española, ni que hayan... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Muy bien, no vamos a abrir otro debate. (La señora Uriarte Bengoechea pide la palabra.-Protestas).



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El señor GUTIÉRREZ PRIETO: Me alegra que haya... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Se ha acabado, ya está. Señor Gutiérrez, no tiene la palabra.


El señor GUTIÉRREZ PRIETO: Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Como a esta proposición no se han presentado enmiendas, se votará en sus propios términos. Repito: en los términos que aparece en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


- RELATIVA AL CAMBIO DE NOMBRE DEL SALÓN DE ACTOS DE LA ESCUELA DE TÉCNICAS AERONÁUTICAS (ESTAER) DEL EJÉRCITO DEL AIRE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de
expediente 161/001483).


El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a tramitar el orden del día tal y como estaba establecido. Por tanto, vamos al punto 1.º del orden del día: proposición no de ley relativa al cambio de nombre del salón de actos de la Escuela de Técnicas
Aeronáuticas (Estaer) del Ejército del Aire. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Santiago Romero.


El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, presidente.


Creo que estamos de acuerdo en que en una democracia todos los servidores públicos, en especial aquellos a quienes su pueblo les ha dado la inmensa confianza de ostentar el monopolio del uso de las armas y de la fuerza, deben mantener la
neutralidad, la independencia y no injerir en la actividad política, y nunca, nunca, volver las armas del pueblo contra el pueblo. El respeto a las instituciones democráticas de estos servidores públicos es algo exigible en cualquier sistema
democrático y no hay mayor crimen que no respetar las instituciones democráticas por estos servidores públicos. Hoy es 23 de febrero y, desgraciadamente, tenemos que conmemorar los cuarenta años del más grave intento de ataque a esta democracia,
que fue el asalto en esta casa en la que estamos por unidades militares con el fin de volvernos a la Dictadura. Presentamos una proposición no de ley para recordar que aquellas personas, aquellos servidores públicos que se alzaron en armas contra
la legalidad constitucional en 1936, no pueden tener reconocimientos, que incluso anteriores méritos quedan ocultos por la felonía, por la traición a la patria que implica alzarse en armas contra la legalidad constitucional; para recordar que en
estos momentos difíciles siempre ha habido personas, servidores públicos, militares que han permanecido fieles al orden constitucional, como el general Emilio Herrera Linares, del Ejército del Aire, físico, ingeniero y científico que inventó el
traje aeroespacial treinta años antes de que lo creara la Administración Aeronáutica de los Estados Unidos, o quien fuera el jefe del Ejército del Aire, constitucionalmente declarado como tal, fiel a la legalidad democrática, el general Ignacio
Hidalgo de Cisneros. En un día como hoy recordamos y agradecemos el sacrificio por la democracia y por nuestro pueblo de todos estos leales servidores públicos, estos leales militares a la República. Por eso creemos que no puede haber ningún
salón, ningún recordatorio a personas que se alzaron contra los valores democráticos.


Vamos a admitir la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Socialista con una finalidad, con la finalidad de hacer que un día como hoy, el 23 de febrero, esta Comisión Constitucional apruebe por unanimidad esta proposición no de
ley para ensalzar el valor de los militares que han permanecido fieles a la legalidad democrática en cualquier momento, y con ello, también homenajear a los que el 23 de febrero de 1981 permanecieron fieles a los valores constitucionales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiago.


Como muy bien decía el interviniente, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que va a defender ahora, en primer lugar, el señor García Gómez.


El señor GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores diputados.


Hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley que ha planteado el Grupo Confederal de Unidas Podemos, y con ello lo que queremos dejar claro es el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con el cumplimiento de la Ley de memoria
histórica. No solo es opinión nuestra esta aseveración, sino que la sociedad española valora de manera muy notable a los militares españoles en todos los



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estudios demoscópicos que se publican. Esta enmienda sitúa en su justo término el papel que nuestros Ejércitos realizan en el cumplimiento constitucional, en el cumplimiento de sus funciones y, particularmente, de la Ley de memoria
histórica. Justo hoy se cumplen cuarenta años del intento de golpe de Estado del 23-F. Ni entonces ni hoy, actuaciones minoritarias pueden representar al conjunto de las Fuerzas Armadas. Cuando esa larga noche de febrero de 1981, el Gobierno y el
Congreso de los Diputados permanecían secuestrados por un grupo de guardias civiles y militares trasnochados, nostálgicos del franquismo y seguidores de una dictadura que nunca más va a volver, porque quedó sepultada en 1978 y sellada
definitivamente con el fracaso de esa intentona golpista, pues esa noche la inmensa mayoría de los militares estuvieron con el Rey Juan Carlos I a la cabeza en la defensa de la Constitución. La democracia ganó a los golpistas, porque la democracia
estaba asentada en la sociedad por el papel del jefe del Estado y por la actuación de los militares que enterraron para siempre las ensoñaciones franquitas de quienes cada vez eran más minoritarios en el seno de las Fuerzas Armadas. Queda en
nuestra retina el digno papel del general Gutiérrez Mellado en ese día tan aciago para la democracia española. Hoy es un día para celebrar el triunfo de la democracia frente a las resistencias franquistas. Los anhelos democráticos de los españoles
se abrieron paso y es para sentir orgullo en días como hoy; orgullo de nuestra transición de la sociedad española y todo el esfuerzo que ha hecho durante estos cuarenta y tres años de democracia, y orgullo también de todos los que hicieron posible,
actores políticos, actores sociales y militares, el fracaso del golpe del 23-F.


En la segunda parte de nuestra enmienda pretendemos poner en valor las actuaciones de los pioneros de la aviación militar española, que tuvieron un papel importante, con influencia y reconocimiento no solo en España sino también en los
países de nuestro entorno. Por eso proponemos que se estudie en lo posible el cambio de nombre del salón de actos de la Estaer. Para finalizar esta iniciativa, la terminaré reafirmando el reconocimiento a quienes hicieron posible el nacimiento de
la aviación militar en nuestro país y, sobre todo, a su contribución al conocimiento científico de otras disciplinas al principio del siglo XX, que, como todos podemos comprender, lo hicieron a pesar de la clara precariedad de medios. Por todo
ello, hoy tenemos que recordar el fracaso del intento de golpe de Estado del 23-F y también a quienes fueron pioneros de la aviación militar española.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Gómez.


Entramos en el turno de fijación de posiciones. Se ha ido el portavoz del Grupo Vasco. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


Señor Santiago, la verdad es que no se cree ni usted lo que ha dicho. Mire, para empezar, ustedes se han autoenmendado, porque escribieron una sarta de barbaridades tan grandes en su exposición de motivos que, hasta su propio Gobierno tuvo
que llamarles y tirarles de las orejas. Porque, claro, intentar confundir algo que es noble, que me parece bien cambiar el nombre de un héroe español, porque al final estos también fueron héroes españoles, también fueron españoles, por otro me
parece estupendo, pero claro, decir usted que más de cuarenta años después de la dictadura militar siguen existiendo apoyos a ese sistema antidemocrático entre las estructuras del Ejército español, es poner en cuestionamiento toda la institución de
las Fuerzas Armadas. Por eso le han tenido que tirar a usted de las orejas y por eso usted se ha plegado. Sí, porque la enmienda no es una enmienda del PSOE, es una autoenmienda suya con el PSOE. No nos venga a contar usted ahora que aceptan
ustedes la enmienda. No, no, es porque es una barbaridad, porque claro, cuando se ataca a las instituciones de este país y se está en un Gobierno, es que eso tiene un precio importante. Entonces, yo creo que debe usted de dejar de hacer de palmero
agitador y entender su posición, y entonces dejar de instar al Gobierno a hacer cosas ridículas para ponerse a gobernar, que es lo que entiendo que le deben reclamar todos aquellos que a usted le han votado. Así parece que les va a ustedes tan
bien, porque claro, instarse a sí mismos, señores del Partido Socialista y señores de Unidas Podemos, a hacer algo, oiga, dejen de utilizar las instituciones como esta Comisión para hacer propaganda. Trabajen de verdad, que eso es lo que tienen que
hacer. Miren, ustedes intentan denigrar a una institución como las Fuerzas Armadas, y eso es denigrar también nuestra democracia, y lo hace el vicepresidente segundo con comentarios constantes sobre su calidad y sobre la normalidad de nuestra
democracia, que es bien normal nuestra democracia y tiene una calidad muy alta que está muy atestiguada por muchos estándares de muchísimos organismos internacionales, señor Santiago. Yo creo que, si ustedes quieren defender de verdad a las Fuerzas
Armadas, pues oiga, hablen



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ustedes de salarios dignos en las Fuerzas Armadas, hablen ustedes de eliminar y paralizar los despidos a los cuarenta y cinco años, que lo llevaban en su programa electoral, que están gobernando y no están haciendo nada por los funcionarios,
por los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Si ustedes de verdad quieren apoyar una institución como las Fuerzas Armadas, mejoren las Fuerzas Armadas, pero no se dediquen de forma constante a criticarlas, a vituperarlas y, desde luego, a
montar circos como este en la Comisión Constitucional. Porque es absurdo que esta proposición no de ley se tenga que debatir hoy en esta Comisión Constitucional. ¿Quieren ustedes algo? Llévenlo a la Comisión de Defensa. No sé qué hacemos viendo
en la Comisión Constitucional esto. Es una auténtica tropelía, como siempre, todo lo que ustedes proponen cada vez que se habla de las Fuerzas Armadas, señor Santiago. Una auténtica vergüenza.


Gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Mestre Barea.


El señor MESTRE BAREA: Gracias, presidente.


La guerra del Rif, también llamada la segunda guerra de Marruecos, fue, como sus señorías conocen, un enfrentamiento originado por la sublevación de las tribus del Rif contra las autoridades españolas y el imperio colonial francés. Empieza
en 1909 con un ataque a trabajadores españoles en las minas del Rif y termina en el desembarco de Alhucemas en 1925. El día 19 del mes de noviembre de 1913, en plena guerra, tuvo lugar el bautismo de sangre de la aviación mundial en vuelo de guerra
por bala enemiga. Volaban tan bajo, por razones tácticas, el teniente Ríos como piloto y el capitán Barreiro como observador, que fueron alcanzados por los disparos de los fusiles rifeños en misión de reconocimiento. Ríos recibió dos balazos en el
vientre y Barreiro uno. Ríos, a pesar de sus gravísimas heridas, logró salvar el aparato, tomando tierra sin provocar ningún daño. El Rey Alfonso XIII les concedió por esta acción de guerra la Cruz Laureada de San Fernando, la más preciada
condecoración de España, creada en 1811 en las Cortes de Cádiz, para significar una acción que supuso una superación excepcional del deber, al implicar significativos sacrificios y riesgos, incluso la pérdida de la propia vida.


El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos nos propone en su proposición no de ley que enterremos esta memoria enriquecedora para la historia del Ejército del Aire, en base a los predicamentos de la Ley de memoria histórica de 2007; una ley
que ha sido el germen del actual enfrentamiento entre españoles y de la radicalización política que hoy vivimos. Se pretende con esta PNL una supuesta justicia menor, doméstica, habida cuenta de que la verdadera justicia en el país no se promueve
desde su acción de Gobierno, porque las formas efectivas de justicia no demonizan al individuo, sino que instituyen políticas que reducen el crimen, las enfermedades y la desigualdad, lo que ayuda a salvar vidas y a aumentar el bienestar de los
ciudadanos. Vivimos una especie de guerra, en la cual perseguir a personas es lo meritorio. Lo que hace que esta tendencia sea aún más insidiosa es que no es cualquier guerra, sino que es una guerra santa. En el nombre de la memoria histórica,
algunos están liberando resentimiento, celos y movilizando pasiones políticas o justificando venganzas con cuentas del pasado. ¿Es justo vincular automáticamente una acción concreta con el pensamiento del autor en determinada materia? Lo que el
Ejército del Aire ha pretendido denominando el salón de actos de la Escuela de Técnicas Aeronáutica con estos laureados, el capitán Barreiro y el teniente Ríos, ha sido ejemplarizar una acción muy concreta e importante de dos aviadores españoles,
reconocida por todos en la historia de la aviación mundial, independientemente de la trayectoria personal de sus protagonistas. El no reconocer esto es tan solo un aspecto de la política de la izquierda actual, que padece de una profunda
incapacidad para apreciar el pensamiento historiográfico. El talento de la cultura de izquierda para quitarle profundidad a cualquier tema que toca y convertirlo en discurso de fácil reproducción, utilizando la historia como arma arrojadiza, es
abrumador.


El señor PRESIDENTE: Señor Mestre, tiene que concluir.


El señor MESTRE BAREA: Termino.


Para terminar, les diré que próximamente, la Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones en Cuatro Vientos llevará el nombre del general Emilio Herrera que, por cierto, tiene un sitio en el Museo del Aire...


El señor PRESIDENTE: Concluya ya.



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El señor MESTRE BAREA: ... junto con todos los aviadores de la República. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para finalizar este turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mateu Istúriz.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias señor presidente.


No tiene ninguna credibilidad, proponiendo aspectos relativos a concesiones de condecoraciones o nombres de salones de personas que ustedes califican como de fascistas, cuando el 19 de noviembre del año pasado no fueron capaces de votar para
reprobar todas las actitudes fascistas y comunistas derivadas de la resolución del Parlamento Europeo. No nos vengan ahora aquí a hacer engañifas a la gente, que creo que el pueblo español se da cuenta de cuál es su actitud siempre.


Es verdad, señorías, que el capitán don Manuel Barreiro Álvarez y el teniente don Julio Ríos Angüeso son los que dan el nombre y adornan el nombre de manera ilustre del salón de actos del Estaer en Torrejón de Ardoz. Fueron, evidentemente
-ahí sí que responden a lo que ustedes dicen-, los primeros caballeros laureados de la aviación militar española. Les tengo que decir que la Cruz Laureada de San Fernando -a ustedes esto no les importa, pero yo se lo tengo que decir para que lo
escuchen alto y claro- no es cualquier condecoración, es la máxima recompensa del Ejército español y tiene por objeto premiar un valor heroico y muy distinguido y además con eminente riesgo de la propia vida. Mi antecesor en el uso de la palabra ha
relatado muy bien la gesta heroica de estos dos ilustres militares. Evidentemente, nosotros entendemos que, por méritos contraídos de guerra, y además decididos por el Ejército del Aire, está bien dado ese nombre a ese salón. Señorías, la Gran
Cruz se les impuso en el año 1921 y la acción de guerra fue en el año 1913. ¿Qué contaminación franquista podría tener en el año 1921 esa condecoración? Creo que ustedes no han estado de acuerdo nuevamente, Unidas Podemos y el Partido Socialista,
porque claro, no han querido que pasara lo mismo que con la retirada de la Cruz de los Caídos, la Cruz del Llanito de las Descalzas en Aguilar de la Frontera, en Córdoba. Ha tenido que autoenmendarse para suavizar la situación tan agria que ha
propuesto Unidas Podemos y que ha venido el PSOE a tratar de arreglar. La historia de Aguilar no la voy a relatar, porque no tengo tiempo, pero es una incongruencia absoluta total. El Partido Comunista retira la cruz y luego el diputado Hurtado va
y les enmienda diciendo que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace para no herir los sentimientos religiosos de las personas. En fin, un nuevo incidente de los grupos que están gobernando, que desde luego denota mucho cuál es la condición
de ellos.


Nosotros no tenemos ningún prejuicio contra el general Herrera. Es más, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el año 1997, gobernado por el Partido Popular, le dio el nombre a una calle cerca de la ciudad del Ejército, con lo cual
nosotros no tenemos ni adoptamos ninguna posición a ese respecto. Dejemos que sea el Ejército del Aire el que establezca sus propias recompensas y denominaciones a sus queridos miembros. Creo, sinceramente, señores de Unidas Podemos, que esto es
una pataleta derivada de la frustración de no haber podido colocar en el Ministerio de Defensa al ex Jemad, al señor Rodríguez. Ustedes lo saben. Además, no salió muy airoso en el ámbito militar cuando, vestido de uniforme, anunció su pase a la
política activa.


Por eso, señorías, nosotros proponemos cosas de futuro. Proponemos reconocer siempre la soberanía y autonomía de lo bien que lo hacen nuestras Fuerzas Armadas. Hoy es un día clave para recordar lo que significó para España la actitud firme
de la mayor parte de las Fuerzas Armadas. Por eso, señorías, no podemos votar a favor de esta ignominiosa proposición no de ley. Por ello, vamos a votar en contra.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mateu.


Esta proposición se votará en los términos que aparecen en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Confederal de Unidas Podemos.


- SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS LOBBIES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001682).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al que era el segundo punto del orden del día, que es el debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación de los lobbies. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Elorza González.



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El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, presidente, señorías.


El Grupo Parlamentario Socialista presenta en este día, precisamente además que se cumple el aniversario de intento de golpe de Estado contra la democracia española, contra la legalidad constitucional, una iniciativa en la que entendemos que
estamos todos los grupos de acuerdo. Una iniciativa que ya anteriormente ha sido objeto de presentación en registro, aquí en la Cámara, para regular definitivamente la actividad de los lobbies, de los grupos de presión, de los grupos de influencia,
grupos, entidades, personas, en su comunicación, en su relación con los miembros de esta Cámara, o con otros cargos, funcionarios, altos funcionarios de la Administración General del Estado. Es lo que hoy en este día especial queremos, y creemos
que además se puede seguir fortaleciendo la democracia española, porque creo que estaremos de acuerdo en que nadie entiende la democracia como algo estático, sino como un proceso dinámico que se va fortaleciendo, que se va perfeccionando, que va
adquiriendo mayor calidad. En este sentido, este tipo de normativas que se están haciendo de alguna manera cumplen también los requerimientos de entidades o instituciones como Greco, que reclama a España que regule ya esta cuestión de los lobbies,
su presencia, las actividades de los lobbies, de los grupos de presión y su influencia en las instituciones españolas.


De modo que hemos presentado este texto, que es un texto en principio muy sencillo para intentar recabar el consenso de todos los grupos parlamentarios, que no ha querido entrar en mayores detalles, en pormenorizar mayores criterios de cómo
debiera ser esa normativa que regule esta cuestión importante, pero nos hemos encontrado con una enmienda del Grupo Popular que en la misma línea de instar al Gobierno a que presente la iniciativa legislativa, la normativa correspondiente, incorpora
ya unos criterios que considera de mínimos. Los socialistas lo que decimos es que, puestos a incorporar criterios de mínimos, en vez de estos tres criterios que incorpora el Grupo Popular en su enmienda, entendemos que hay otros tres o cuatro de
entidad que hay que incorporar. Siempre en el afán de tratar de llegar a un acuerdo es por lo que hemos presentado una transacción a la enmienda del Grupo Popular para llegar a un consenso. No sé si será posible, pero queda evidente nuestra
voluntad; primero, con un texto de una PNL bien sencillo para que sea admisible por todos los grupos y, en segundo lugar, una transacción para que no haya lugar a dudas sobre nuestra voluntad. Sin duda, estamos convencidos de que el Gobierno hará
caso y que presentará la iniciativa adecuada donde corresponda y que también el Parlamento asumirá esa labor de autorregulación de esta actividad de los lobbies o grupos de presión. Entendemos que todo esto es necesario, que no cabe más retraso.
Estamos convencidos de que el Gobierno va a cumplir con este mandato que esta Comisión acordó dirigir al Gobierno hace pocos meses, cuando le recordamos al Gobierno que tenía que presentar a lo largo de este año la trasposición de la Directiva
europea de defensa y protección de los denunciantes y alertadores de casos de corrupción. Estamos convencidos de que esta iniciativa de esta Comisión tendrá lugar a lo largo de este año, como así marca la directiva europea, que pone por límite
diciembre del 2021. Ahora, en este caso, queremos también plantearlo al Gobierno y, seguramente, liquidar esta carencia, esta laguna que tenemos en España, de común acuerdo con el conjunto de los grupos políticos aquí presentes. Lo hacemos con el
mejor afán, con la mejor voluntad de llegar, por lo menos un día como hoy, a una cuestión que, sin ser, en fin, trascendental, tiene su importancia, sobre todo si lo hacemos hoy por consenso entre todos.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Elorza.


Pues bien, como decía el proponente, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que va a defender la señora Navarro Lacoba.


La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero partir de una premisa esencial para poder abordar el debate de esta iniciativa, y es que compartimos que es absolutamente necesaria la regulación de la participación de los grupos de interés
en la actividad pública. Nos encontramos ante una realidad que bien merece que se afronte desde el consenso político y social: la regulación de los lobbies, que tiene el objeto de conseguir una mayor transparencia en las relaciones de la sociedad
civil y de la sociedad pública, legislativa o ejecutiva, garantizando, por supuesto, la independencia de los servidores públicos. Es absolutamente necesaria esta regulación para garantizar el claro cauce de participación, una participación que ya
consagra la Constitución en diferentes preceptos a lo largo de su articulado, como el 92, el 23, el 5, el 105 o el 77. Sobre todo, porque supondrá una inyección de transparencia al funcionamiento de la democracia de España, de una democracia plena,
y recalco, señorías, una democracia plena y



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transparente. Contarían con el voto favorable de este Grupo Parlamentario Popular, puesto que esta ha sido nuestra experiencia, pero sobre todo la vocación de afrontar la regulación de los lobbies que siempre hemos hecho desde el Partido
Popular y que con ese ánimo también habíamos enmendado la propuesta del Grupo Socialista. Si bien a su enmienda y a la posibilidad de una transaccional me referiré al final. La hoja de servicios del Partido Popular nos avala. De hecho, el intento
de la regulación de los lobbies, mediante la modificación del Reglamento de la Cámara, fue una propuesta del Grupo Parlamentario Popular en la XII Legislatura, y justo obvian ustedes decirlo así en su exposición de motivos. También quería
recordarles que en la X legislatura ya se puso en marcha un trabajo de ponencia para poder abordar la reforma de los lobbies y que también ustedes dinamitaron un año después de trabajos de esta ponencia para llegar a determinados acuerdos. Esto
pasó en la X Legislatura. Pero si nos remontamos todavía más en la historia, la primera regulación de los lobbies o intento, lo hizo don Manuel Fraga Iribarne, padre de la Constitución, al que desde este grupo parlamentario hoy queremos, como
fundador de Alianza Popular, reivindicar más que nunca y que tampoco salió adelante la posibilidad de esta enmienda del artículo 77 de la Constitución para regular los lobbies.


Con lo cual, si nuestra voluntad es buena, si es necesario llegar a un consenso en esta materia, si esto producirá mayor transparencia y, por lo tanto, el fortalecimiento de nuestra democracia, lo que sí nos van a permitir, señorías, es que,
en todo caso, tendremos que mostrar escepticismo ante la muestra de conversión a la fe transparentista y calidad democrática que su grupo parlamentario nos quiere traer esta mañana a la Cámara, en la Comisión Constitucional, cuando llevan ustedes
muestras más que acreditadas de que están sosteniendo al Gobierno menos transparente de la historia de la democracia. Aquí mismo han eludido el control al que el Ejecutivo tiene que estar sometido del Legislativo cuando la vicepresidenta Calvo no
ha comparecido todavía en esta Comisión. Otros ejemplos han sido el cierre del Portal de Transparencia en el estado de alarma, cuando en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, se contrata con oscurantismo. Si lo digo es porque el Portal de
Transparencia, así como el Consejo de la Transparencia, fueron obras del Partido Popular en la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, como también la Ley del Estatuto del Alto Cargo. Pero es que, a mayores, ustedes están
ocultando también informes preceptivos del Consejo de Estado en la elaboración de reales decretos-leyes, máxime cuando este tiene por objeto el reparto de los fondos europeos de recuperación, que son la esperanza de la salida de la crisis económica
brutal y sin precedentes a la que está sometida este país y que ustedes quieren utilizar de forma clientelar y con oscurantismo. El problema es que su Gobierno se ha instalado en el real decreto-ley, con forma de Gobierno vía BOE, y maniata al
Poder Legislativo, que es la máxima expresión de participación de los ciudadanos en la vida pública, eligiendo libremente a sus representantes, que aquí nos sentamos. Precisamente, tampoco ustedes, en la elaboración de la Ley de la eutanasia, ni en
la Ley de educación, han permitido que los grupos de interés puedan participar y puedan manifestar sus intereses en torno a la elaboración de estas leyes tan importantes de decisiones vitales.


Respecto a la propuesta transaccional que nos hace llegar el Grupo Socialista, ustedes quieren recalcar la autonomía de las comunidades autónomas y la autonomía en su organización. Yo les recuerdo, señorías, que en el artículo 149 de la
Constitución el Estado se reserva también las bases para garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de sus derechos en todo el territorio. Esta legislatura va de lo que también consta en la Constitución, autonomía de las comunidades...


El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, debe concluir ya.


La señora NAVARRO LACOBA: ... unidad de España, independencia judicial, la división de poderes y también el sometimiento del Ejecutivo al control del Legislativo.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos.-El señor Mateu Istúriz: ¡Muy bien, Carmen!)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.


Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente, de manera muy breve me voy a ceñir a la cuestión y sin desviarme a otras cuestiones y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid hacer aquí un totum revolutum de cuestiones
vinculadas más o menos a la transparencia.


Simplemente quiero manifestar, porque decía que voy a hacer una intervención breve, que no compartimos que efectivamente debiera haber, y ya es tarde, y que debiéramos enmendar la situación de que no hay una regulación, digamos, respecto a
grupos de interés. Pero no podemos compartir en la



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iniciativa, y por eso no la apoyaremos, que no se diferencie, digamos, más allá de comunidades autónomas y Estado, principio de autoorganización. Bueno, pero que no se diferencie entre la actividad de las Cortes y, en concreto, de esta
Cámara y la del Ejecutivo. Digamos, la regulación de los grupos de interés respecto a esta Cámara, en su actividad normativa o en otras cuestiones, es una cuestión propia del Reglamento. No es una cuestión propia de una ley. La ley regulará la
actividad del resto del sector público en su caso, pero no de la actividad de esta Cámara. Creo que estaba mucho mejor enfocado en la XII Legislatura, cuando se abordó para las cuestiones atinentes a esta Cámara el Reglamento de la Cámara. Pero
ahora mezclar todo en una ley y meter en el mismo saco, digamos, a esta Cámara con el resto de la Administración general, pues no lo vemos propio. Creemos que en la iniciativa no se diferencian singularmente. Es más, se aboga, digamos, por una
mixtura, por una confusión, una mezcla, porque se habla de un solo Reglamento, incluso se critica a aquellas comunidades autónomas que han elaborado sus propias normativas de lobbies, regulándolo dentro de la propia Administración y, en su caso, si
la Cámara quisiera utilizarlo, digamos, con un convenio, pero sin invadir el ámbito de autodisposición del Reglamento de la Cámara, que recuerdo también que es una norma, una disposición con fuerza de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


La corrupción es una de las principales preocupaciones de los españoles. Lo ha sido desde hace mucho tiempo. Se trata de un problema de especial gravedad, pues no tiene consecuencias solo sobre la eficiencia de las administraciones
públicas, ni solo supone un perjuicio a las arcas del Estado. Es un problema sistémico que al final afecta al corazón de nuestra democracia. Tanto los escándalos de corrupción, el uso clientelar de las instituciones y la falta de transparencia en
la Administración, ha generado en los ciudadanos la percepción de que en España la corrupción goza de cierta impunidad o no se persigue como debiera. De igual forma, los ciudadanos tienen la impresión de que el principio de igualdad ante la ley que
establece nuestra Constitución, pues no es respetado en la práctica. Yo creo que una democracia fuerte y sana exige instituciones limpias, rendición de cuenta y políticos fuera de toda sospecha. No es suficiente la aplicación del Código Penal,
pues la actividad pública no es una actividad cualquiera. Exige una integridad y un proceder ético singulares. Debemos introducir, pues, más transparencia, más responsabilidad, mejores y más eficacias, medios de prevención y control. El Partido
Socialista menciona en la iniciativa que en la XII legislatura se produjo la tramitación de la reforma del Reglamento de la Cámara, que caducó con la legislatura. Olvida el Partido Socialista mencionar que aquella ley fue propuesta por Ciudadanos
precisamente, y que además estuvimos negociando con ustedes en muchas ocasiones sobre ella. Proponíamos la creación de un registro de lobbies y reforma de diversos artículos de la vigente Ley de transparencia. No es la única. Nosotros hemos
registrado iniciativas también en materia de lucha contra la corrupción y protección de los alertadores también en esta legislatura. Propusimos reformar la Ley de transparencia para ampliar la información que debe hacerse pública por las
administraciones públicas; crear un registro de lobistas y de lobbies; sujetar a los lobistas y a los lobbies inscritos en el registro a un código de conducta consistente en actuar de forma transparente, o establecer un catálogo de obligaciones de
los lobistas que se inscriban en el registro. La verdad es que hemos llevado esto siempre, lo intentamos incluso en el acuerdo de Gobierno fallido con el señor Pedro Sánchez, lo llevamos cuando hicimos el acuerdo del señor Rajoy, y la verdad es que
al final ni Partido Popular ni Partido Socialista han querido nunca modificar nada de esto. Es una lástima que aquella reforma del Reglamento se quedara en el cajón del olvido, una vez tomada en consideración. Básicamente, fue porque ni el Partido
Socialista ni el Partido Popular quisieron impulsar de algún modo la celebración de la ponencia y cerrar esto. Entonces, nos traen ustedes cosas siempre como si estuvieran intentando hacer buenos actos, intentando comunicar buenos actos, pero
luego, a la hora de la verdad, pues no se ponen de acuerdo para eliminar verdaderamente un foco de corrupción. ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que los ciudadanos ya no son tontos y ya no se engaña a nadie en este sentido. Eso sí, para ponerse de
acuerdo para tramitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, al final, después de las catalanas para eso sí que hay tiempo y para eso siempre hay acuerdo. Al final es siempre lo mismo. A nosotros la iniciativa nos parece bien y
votaremos a favor, lógicamente, de esta proposición no de ley del Grupo Socialista y de la enmienda transaccional a la que han llegado, pero esperamos que el Partido Socialista y el Partido Popular, de verdad, entiendan que la corrupción es algo a
lo que hay no solo que



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poner negro sobre blanco las cosas, sino de verdad implicarse y, por tanto, tramitarlo. Vamos a ver si son ustedes capaces de que esto no se quede en una proposición no de ley, sino que lo lleven de alguna manera a una iniciativa
legislativa.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem- Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero.


El señor SANTIAGO ROMERO: Sí, muchas gracias, señor presidente.


Nuestro grupo va a votar a favor de esta proposición no de ley, y como se mantiene la enmienda transaccional también votaremos a favor. Nos parece que, al margen de las dificultades o incapacidad que hayan tenido los distintos grupos
parlamentarios en legislaturas anteriores para regular la actividad de influencia en esta Cámara de distintos grupos de interés, especialmente económicos, nos parece que esto evidentemente hay que abordarlo, que va a mejorar, sin duda alguna, la
calidad democrática, la transparencia y va a eliminar, va a apartar, va a aventar cualquier riesgo o tentación de realizar actividades que caigan en la corrupción, e igualmente evitará que se aparte a los servidores públicos, a los representantes de
la ciudadanía, de la tentación de servir no a quienes les han votado, sino a intereses privados.


Nos parece, además, que esta PNL permite abordarlo desde la doble perspectiva que ha planteado el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, sea una ley expresa, o sean también o además las modificaciones correspondientes en el Reglamento de la
Cámara, no es en absoluto contradictorio para abordar con la mejor técnica jurídica, la regulación de todo lo que tiene que ver con los lobbies.


Nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber una definición clara de las organizaciones y personas, al margen del estatus jurídico que utilicen, que intervienen en este tipo de actividad de defensa de los intereses de grupos; tiene
que haber una definición clara de en qué consiste esta actividad de influencia. Para ello, además, es imprescindible, por máxima transparencia, que haya un registro público que sea obligatorio, donde se inscriban estas personas, grupos u
organizaciones y, por supuesto, respetando siempre la competencia de las comunidades autónomas. Tiene que haber un código de conducta claro, al que se someta esta actividad, puesto que existe, y tiene que haber un sistema de control y fiscalización
que garantice que se cumple la ley; por supuesto, un régimen sancionador para quien lo incumpla. La falta de regulación, pone de manifiesto cuan pernicioso han sido las políticas y las actitudes del neoliberalismo de evitar las regulaciones,
evitar que el contrato social se vaya perfeccionando, lo cual, al final, significa la prevalencia de la ley de la selva y el imperio de los más fuertes. Esto es algo con lo que hay que acabar.


Apoyaremos la PNL y cualquier enmienda transaccional que la vaya a mejorar.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiago.


Finaliza este turno el señor Sánchez García, por el Grupo Parlamentario VOX.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias. Con la venia.


Nosotros no tenemos nada que oponer a que se regulen los lobbies, nos parece razonable. Lo que no nos parece de recibo es este ejercicio escolar impropio de un Parlamento que presenta el Grupo Socialista, a modo de proposición no de ley.
Porque esta cuestión, en los términos en los que se desarrolla, está muy superada en la ciencia política hace ya muchos años; hace muchos años, porque hay un debate, al menos, en los últimos cincuenta años, sobre democracia representativa versus
democracia participativa. Los lobbies, en cuanto representantes de intereses legítimos, han dado lugar a una reflexión muy distinta y mucho más avanzada de lo que ustedes aquí significan. García Pelayo, que era miembro de su partido, y fue
presidente del Tribunal Constitucional, poco antes de morir, en una entrevista publicada en una revista de ciencia política -está disponible en la red-, decía. La clásica división de los poderes del Estado no es más que uno de los aspectos de la
distribución del poder político en nuestro tiempo. Dentro de esta, tiene particular importancia la participación de las organizaciones de intereses en aquellas decisiones del Estado que les afectan directamente, participación que debe ser
institucionalizada.


Ustedes siguen sin enterarse de esta cuestión, que tiene defensores muy anteriores a García Pelayo, que además lo desarrolló en su obra: Las transformaciones del Estado contemporáneo, que es uno de los



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ensayos que constituyen este volumen, publicado en 1977. Están ustedes un poco, en fin, fuera de onda en lo que es la ciencia política. Digo que tiene antecedentes, ¿qué quieren ustedes que les diga?, por ejemplo, Salvador de Madariaga,
que llegó a ser presidente de la Internacional Liberal, que en los años treinta teorizó sobre esto. Ustedes no lo saben, pero deberían saberlo. Deberían aprender un poco de estas cuestiones y estudiar un poco más, y, a lo mejor, no sé, digo a lo
mejor, su carrera política sería de más éxito. Bueno, a lo mejor es una rémora, visto el estado en que se encuentra su grupo parlamentario, que es simplemente deplorable.


Bien, dicho esto, aquí hemos oído hablar de corrupción a los dos partidos más corruptos, que son PSOE y PP, cada uno de ellos diciendo que es el uno más corrupto que el otro. No, vamos a ver. Esto de la corrupción, relacionado con el
tráfico de influencias, ya es objeto de regulación en el Código Penal, artículos 429 y 430. ¿De modo que creen ustedes que no es una norma suficiente para reprimir estas prácticas ilícitas y vienen ahora con esta historia de regulación de los
lobbies?


¿Qué me dicen del acuerdo total de todos los grupos, al efecto de mantener en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la duración máxima de seis meses de la instrucción penal? ¿También esto es conforme con un deseo de evitar la
corrupción? Porque lo que es, es un deseo total, salvo de VOX, de que sea impune la corrupción.


El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, debe concluir.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Esta proposición no de ley nos parece muy pobre y muy poco sincera. No obstante, como he dicho, no tenemos nada que oponer a una regulación y nos abstendremos.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Entonces esperamos hasta la hora de la votación que haya una transacción. Si no, se votará en sus términos o luego lo veremos.


Por cierto, lo digo para sus cálculos, al ritmo que vamos tiene pinta de que podemos estar votando antes de la una.


- RELATIVA AL FIN DEL USO ABUSIVO DEL MECANISMO CONSTITUCIONAL DEL DECRETO-LEY POR PARTE DEL GOBIERNO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/001741).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al que era el tercer punto del orden del día original, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa al fin del uso abusivo del mecanismo constitucional del decreto ley por parte del
Gobierno.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez García. En este caso, por un tiempo de cinco minutos.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias. Con la venia.


Nuestra proposición no de ley es una suerte de expresión escrita de lo que es un clamor, y es que el Gobierno hace uso y abuso de un instrumento de carácter extraordinario, como es el decreto-ley, concebido con ese carácter extraordinario en
el artículo 86.1 de la Constitución, con arreglo al elemental principio de que el Poder Ejecutivo no tiene potestades legislativas, salvo con ese carácter excepcional, cuando concurre, dice tal precepto, una extraordinaria y urgente necesidad. Esto
queda de manifiesto en el texto de la proposición no de ley que hemos presentado, y queda de manifiesto, si quiera sea en atención a algún dato, en fin, que resulta de un estudio cuantitativo, de cómo el Gobierno incumbente viene haciendo uso de
este instrumento. Es cierto que también el Partido Popular se distinguió en algún momento por un uso abusivo de esta institución. En 2017, el Gobierno de Rajoy aprobó 21 decretos leyes.


Se nos dirá, probablemente, que esto guarda relación con un hecho extraordinario, como es la crisis de la epidemia del coronavirus, y que, por tanto, en cuanto hecho extraordinario, justifica extraordinarias iniciativas de naturaleza
legislativa protagonizadas por el Poder Ejecutivo. Esto no es así, entre otras cosas, porque aquí se parte de ciertos equívocos constitucionales, a los que, por cierto, no es ajeno el Tribunal Constitucional. En la sentencia 83/2016, la única que
se dictó en materia de estado de alarma hasta el día de hoy, el tribunal no distinguió adecuadamente lo que es declarar el estado de alarma, como decisión política que debe ser fiscalizable ante la jurisdicción ordinaria como tal, de lo que es
incluir en el estado de alarma y en su declaración, medidas de naturaleza legislativa de alteración de las normas vigentes con rango legal. Sobre este segundo argumento, el Tribunal Constitucional dijo que el decreto de



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declaración del estado de alarma era impugnable como norma con rango de ley ante dicho tribunal. Esto es un error. Lo digo, porque aquí se está desdibujando lo que es la esfera puramente política de lo que es la esfera de las consecuencias
legales o jurídicas de decisiones políticas. Esto es también lo que sucede en este caso en el que una situación extraordinaria que requiere decisiones políticas extraordinarias, como pueda ser la declaración de un estado de alarma, va acompañada de
medidas legislativas, que algunas pueden obedecer a ese carácter extraordinario y otras no tanto. Aquí se mezcla todo con una falta de rigor. Pero, en todo caso, se mezcla en una propensión del poder a gobernar de una forma abusiva, lo que es
característico de partidos políticos como los que gobiernan en este momento. Alguno, como he dicho ya en más ocasiones, con un criterio oportunista que prescinde de cualquier sentido ideológico, y que, si apelamos a su matriz ideológica, sería
totalitario, y otro que manifiestamente lo es y no renuncia a sus postulados totalitarios, como es Podemos.


Esta confusión que digo de lo político y lo jurídico, se advierte, por ejemplo, en las materias extravagantes al propio objeto de decretos leyes aprobados durante 2020, hasta treinta y nueve, con ocasión de la crisis del coronavirus.
Regulación en materias extravagantes al objeto. Por ejemplo, en la circunstancia del coronavirus, durante el año 2020, pues hemos visto regular mediante decretos-ley la reforma del CNI, el artículo 156 del Código Civil, la Orquesta Nacional de
España, el mutualismo en relación con la previsión social, la Ley de Navegación Aérea, etcétera. Por no hablar del anuncio, hecho en noviembre de 2020 por el presidente del Gobierno, de que se proponía una gran reforma de la Administración próxima,
excluyendo la urgente y extraordinaria necesidad; una gran reforma por decreto ley de la Administración. En definitiva, hay aquí una tendencia enfermiza, pero acaso ínsita, como digo, en la propia matriz ideológica del Partido Socialista y en la
presente condición ideológica de Podemos, a esta apelación a la excepción; la excepción que es, en definitiva, la excepción a la ley.


Le recuerdo a ustedes como dato, y concluyo, que, en la segunda República, en la segunda República, las garantías constitucionales estuvieron suspendidas un promedio de 168 días por año entre 1931 y 1936. El texto constitucional no estuvo
en vigor nunca en su totalidad durante todo el periodo republicano. Lo dejo como dato para estos amantes de la memoria histórica y de su afición desmedida a la excepcionalidad.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez.


A esta proposición no se han presentado enmiendas. Por tanto, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones.


En primer lugar, por el Grupo Vasco, Euzko Alderdi Jeltzalea, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


El Grupo Parlamentario VOX nos presenta esta proposición no de ley. La verdad es que es una cuestión ya muy debatida en la doctrina si efectivamente hay un uso abusivo de los decretos-ley dentro del ordenamiento jurídico estatal. Lo cierto
es que el Tribunal Constitucional, que no se menciona aquí expresamente, ni esa doctrina que voy a citar ahora, ni las sentencias, ha dejado una puerta abierta, digamos, al Ejecutivo y a la Cámara, porque la sentencia 1215, dice que -y esta creo que
es la clave- la apreciación de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político que corresponde efectuar, en primera instancia, al Gobierno como titular de la potestad legislativa de urgencia y, en segunda
instancia, al Congreso como titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar. En definitiva, digamos -no resume toda la jurisprudencia constitucional en este punto, pero sí lo más relevante-, ha dejado prácticamente una puerta abierta. Hay
manifestaciones en el sentido de que no cualquier cosa puede legislarse de esta manera de urgencia, al menos inicialmente por el Gobierno, y posteriormente convalidar, derogar o tramitar como proyecto de ley en la Cámara, pero, finalmente, pues
prácticamente no hay un control, nada más que un control externo. Es decir, hay una motivación en la exposición de motivos de una situación y las consecuencias que se sacan. Pero claramente es un juicio político, y se podrá hacer un control
externo de las circunstancias, según el Tribunal Constitucional. Pero entrar en el fondo de la cuestión ya se ha demostrado prácticamente imposible, inviable, salvo que el tribunal cambie la jurisprudencia. Realmente, es una declaración si la hace
esta Cámara.


Nosotros, en principio, no lo vamos a apoyar, no porque no estemos de acuerdo en que se hace un uso excesivo, sino porque en realidad recae en esta Cámara convalidar o derogar la actividad del Ejecutivo a través de proyectos de ley.
Sinceramente, en los debates en los que he participado desde hace varias legislaturas en esta Cámara, cuando se presentan proyectos de ley, y me incluyo, no debatimos nunca sobre la necesidad política de abordar de esa manera normativa una
circunstancia o un hecho; no lo veo



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nunca. Ahí estaría el control, no en una declaración, un flatus vocis, de decir que aquí se hace un uso abusivo si luego no lo practicamos ninguno. Nadie pone en cuestión decretos leyes concretos, si realmente ha habido una valoración
política que se critica por el modo de regular. La Cámara tiene la potestad de derogar, convalidar o tramitar como proyecto. Entonces, no sé a qué viene esta declaración, y disculparme, sobre todo, el portavoz de VOX, porque me parece un poco
aspaviento, aspaviento que lo digamos en esta Cámara. Pero si tenemos todos los elementos, si lo consideramos, o si cada grupo lo considera, desde luego no lo veo.


En definitiva -y voy finalizando- no apoyaremos esta iniciativa en coherencia con lo que he señalado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Gutiérrez Vivas tiene la palabra.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


Toda democracia está sustentada sobre el principio de separación de poderes del Estado, de manera que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial se controlan unos a otros, ejerciendo lo que los anglosajones llaman pesos y contrapesos, que
permiten que ningún poder logre abusar de los otros, todo ello en beneficio de los ciudadanos. El Poder Legislativo corresponde en España a las Cortes Generales, de acuerdo con el artículo 66.2 de nuestra Constitución. Las Cortes Generales ejercen
la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución.


Sin embargo, hay ciertas excepciones a esta regla, como ya se ha mencionado, contempladas en la misma Constitución. La más controvertida para nosotros es precisamente un instrumento jurídico del que dispone el Poder Ejecutivo para ejercer
el poder legislativo en determinadas ocasiones, aunque normalmente no le corresponda ni le deba corresponder. Este instrumento jurídico se conoce como real decreto ley y está previsto en el artículo 86 de nuestra Constitución, según el cual, en
caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán las formas de decreto-ley y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos,
deberes y libertades de los ciudadanos, regulados en el Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Aunque no requiere autorización previa del Poder Legislativo para su aprobación, se exige el sometimiento
inmediato a debate y votación de totalidad en el Congreso, en los treinta días siguientes.


Por tanto, la Constitución contempla una excepción al principio de separación de poderes, pero lo cierto es que establece expresamente su excepcionalidad y prevé igualmente un régimen restrictivo para su aplicación. Sin embargo, a pesar de
estos requisitos y controles, lo cierto es que esta figura del real decreto-ley ha sido enormemente controvertida en la medida en que se presta a constantes abusos por parte del Gobierno, lo cual, en definitiva, contribuye al deterioro del principio
de separación de poderes y, por todo ello, de la democracia misma.


En efecto, el real decreto-ley es una verdadera anormalidad constitucional que no existe en la mayoría de países democráticos, y que, además, en España ha sido objeto de constantes abusos, los cuales han terminado por desvirtuar su razón de
ser, su necesidad y su utilidad para los ciudadanos. Es más, el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado utilizar este mecanismo constitucional excepcional en más de setenta ocasiones solo en los últimos meses, lo que resulta en absoluto
intolerable. Pero es que, además, la demostración de su falta de escrúpulos ha sido una constante, lo que prueban casos como la incorporación de una disposición adicional al Real Decreto-ley 822/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID, para colocar en la Ejecutiva del CNI a Pablo Iglesias Turrión y a Iván Redondo, director del gabinete de la Presidencia del Gobierno.


El Gobierno, señorías, tiene que aceptar de una vez por todas los requisitos que exige la democracia, aunque le moleste y, por tanto, es irrenunciable que respete el principio de separación de poderes y no trate de imponer sus políticas
partidistas, estirando los resortes del Estado con ayuda de sus socios populistas y separatistas.


Gracias, presidente.



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero.


El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.


Creo que las señorías de la ultraderecha con esta PNL dejan constancia de a qué dedican su tiempo como diputados en el grupo parlamentario. Esta PNL viene a decir que el Gobierno está haciendo un uso excesivo de los decretos-ley, sin tener
en cuenta la situación de absoluta excepcionalidad en la que ha nacido este Gobierno. Es legítimo que un parlamentario de la oposición diga cualquier cosa, incluso aunque sea absurda, que se le pase por la cabeza, sin embargo, no creemos que sea
muy serio hacer una comparación numérica de un Gobierno con el Parlamento -llámelo como quiera- más fraccionado o plural de la historia de la democracia que está dirigiendo al país, en medio de una crisis sanitaria mundial sin precedentes. Ustedes
pretenden compararlo con Gobiernos monocolores de mayorías absolutas, propios de otras épocas.


La mayoría de esta actividad legislativa ha sido realizada en el marco de acciones urgentes derivadas de la pandemia, como bien saben. Es decir, gracias, por ejemplo, a estos reales decretos se ha levantado lo que se denomina el escudo
social. Lo cierto es que aunque el decreto-ley no es necesariamente un instrumento legislativo frente a situaciones excepcionales, es decir, que no es necesario que esté declarado uno de los estados excepcionales del artículo 116 de la
Constitución, como ocurre en la actualidad, se ha utilizado, a pesar de eso, como herramienta por su mayor agilidad normativa en un contexto de crisis global.


Señorías, ¿cuál es la media temporal para aprobar una iniciativa legislativa ordinaria? ¿Ustedes pretendían que hubiéramos hecho frente a la pandemia con los periodos ordinarios de tramitaciones legislativas, es decir, un año para aprobar
los ERTE, por ejemplo? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué frecuencia de utilización proponen ustedes para los reales decretos? ¿Qué hubiese pasado si el Gobierno no hubiera reaccionado con la utilización de estos instrumentos para tomar las medidas
necesarias para frenar el COVID? ¿Cómo es posible que la oposición intente atacar al Gobierno por tomar medidas contundentes con un instrumento tan legítimo y necesario en un contexto así?


Ustedes se están posicionando contra las medidas que han salvado familias, que han salvado empresas, que han salvado trabajadores, que han salvado empleo, que han apoyado a los sanitarios. Ustedes se posicionan con esta fraudulenta PNL como
auténticos enemigos de la patria en una situación de alarma y de excepción. Pero bueno, no nos llama la atención, porque ustedes han defendido en esta Cámara al Gobierno franquista como un buen Gobierno, mejor que el actual, decían. ¿Cómo se
atreven ahora a hablar de abusos de poder por utilizar instrumentos que son constitucionales?


Sabemos que los reales decretos tienen un carácter provisional, que deben ser ratificados inmediatamente por todos nosotros y nosotras en el Pleno del Congreso; es decir, han sido instrumentos controlados por el Parlamento en su
convalidación, en la tramitación del mismo, y la inmensa mayoría ha sido tramitada como proyectos de ley, con acuerdo del Gobierno. ¿Cuál ha sido en ese caso, su aportación a estas leyes que se han aprobado derivadas de estos reales decretos? Pues
muy pobre, señorías. No han sido capaces de aportar ni una sola medida. No han tenido ninguna idea, y las que han tenido, desde luego, consensuadas jamás, ni siquiera en el ámbito sanitario, que no entiende mucho de colores políticos. No han sido
capaces, siquiera, de hacer pasar la fase de toma en consideración de ninguna de sus proposiciones de ley. No han sido capaces, ni siquiera, de aprobar una PNL en esta Comisión, porque es que no consensúan absolutamente nada.


Señorías, lo más útil para todos los españoles es que ustedes se arremanguen y se pongan a trabajar de una vez. Entendemos que ustedes no estén acostumbrados a ello, ni al diálogo, mucho menos al consenso, pero lamentablemente nuestra
democracia no es un Gobierno franquista como el que ustedes han defendido. Esta PNL es otra de sus proposiciones de mucho ruido y pocas nueces, y por eso votaremos en contra.


Les recomendamos, si quieren ser útiles, que se esfuercen un poco para presentar iniciativas de calidad, que se enfoquen en construir conjuntamente este país.


Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiago.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Señor presidente, yo creo que el grupo al que represento ha sido aludido, no una, sino varias veces.


El señor PRESIDENTE: Claro, como en todos los debates. No tiene la palabra.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: La señora Moro Almaraz ha tomado la palabra por alusiones, porque han dicho que el PP es un partido corrupto.


El señor PRESIDENTE: Sobre una cuestión concreta, pero no con alusiones de un debate en el que todos hacen alusiones a todos los grupos. Por lo tanto, no tiene la palabra, señor Sánchez.


Pasamos al Grupo Parlamentario Popular, y tiene la palabra el señor Tirado Ochoa.


El señor TIRADO OCHOA: Gracias, señor presidente.


Los decretos-ley deben ser una herramienta excepcional, porque la normalidad democrática la encontramos en el artículo 62, que establece que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado. Pedro Sánchez está haciendo un uso
y un abuso desmedido y arbitrario del decreto-ley, faltando al respeto a esta Cámara, consolidando una forma de legislar impropia de una democracia donde se está intentando burlar a los órganos consultivos.


La agenda radical, intervencionista y sectaria del Gobierno socialcomunista, nos está llevando a una crisis económica, sanitaria y social, pero sobre todo a una crisis institucional y a una deriva francamente peligrosa. Señorías, tenemos
que defender al Parlamento y no podemos consentir el uso fraudulento de los mecanismos constitucionales del Estado. El abuso de los decretos-ley crea dudas y desconfianza sobre la calidad democrática al recurrir de forma ordinaria a un mecanismo
que debe ser extraordinario. Esta forma de legislar a través de decretos-ley para maniatar al Parlamento, es impropia de la democracia y tiene consecuencias negativas, porque afecta a la separación de poderes, a la representatividad, a la seguridad
jurídica y, sobre todo, y esto es importante, de manera extraordinaria, a la labor de la oposición.


Pedro Sánchez está gobernando por decreto de una forma sistemática, sin dar voz a los colectivos afectados, sin tener en cuenta a los órganos consultivos y a veces de forma inmoral e inconstitucional. Porque, señorías, inmoral e
inconstitucional es aprovechar la crisis sanitaria para colmar los deseos del señor Iglesias de estar en el CNI a través de un decreto ley, el 8/2020, sin ningún tipo de conexión. Se olvida de sus competencias sociales, tiene abandonadas las
residencias de mayores y se dedica a colmar sus deseos de estar en el CNI. Pero me referiré también a otro real decreto, al 36/2020, que se llevó a cabo sin que los diputados conociéramos el contenido del informe del Consejo de Estado, que lo tenía
el Ejecutivo y no lo teníamos nosotros, incumpliendo el Gobierno con sus obligaciones de remitir los expedientes a fin de que los diputados pudiéramos contar con elementos de juicio necesarios para formar nuestra voluntad. Señorías, hurtar el
derecho de los parlamentarios a disponer de cuanta información sea necesaria para ejercer de forma óptima nuestra función vulnera un artículo tan importante como el 23.2 de nuestra Constitución, y tengo también que denunciar, y créanme que lo hago
con pena, que la Presidencia de esta casa, del Parlamento, actuó más como valedora de los intereses del Gobierno en toda la tramitación que de defensora de los intereses de los parlamentarios. Con Pedro Sánchez se está produciendo una anomalía
parlamentaria inédita, el Ejecutivo no puede sustituir al Legislativo. No podemos consentir vaciar las competencias del Poder Legislativo, porque dañaría la calidad de la democracia española; no podemos relegar el Legislativo a un papel pasivo,
secundario o disminuido. El Parlamento es y debe ser la piedra angular de la democracia y hay que buscar vías y soluciones para evitar el abuso de los decretos-leyes. Por eso manifiesto que votaremos a favor de esta PNL.


Quiero decirles también, para finalizar, que más vale una imagen que mil palabras. Hoy hay una viñeta en el diario ABC -se la recomiendo a todos- de J.M. Nieto, que deja claro que el Parlamento en España puede estar en peligro porque se
está abusando de los decretos-leyes, como tampoco es bueno que la vicepresidenta no venga aquí a comparecer, porque es una falta de respeto a este Parlamento.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tirado.


Para finalizar este turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Taibo Monelos.



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El señor TAIBO MONELOS: Gracias, señor presidente.


Señorías, creo que debemos dejar claro en primer lugar que los decretos-leyes son una fuente de derecho perfectamente legítima, sobre la que recae una clara y evidente regulación constitucional que limita además su ámbito de actuación: solo
puede utilizarse si concurre un presupuesto habilitante, la extraordinaria y urgente necesidad. Además, como ha manifestado el portavoz de Ciudadanos, hay toda una serie de materias que no pueden ser reguladas por decreto-ley. Por ello, no podemos
demonizar la figura del decreto-ley -que es lo que parece desprenderse de la PNL del Grupo VOX-, que además es una figura constitucional, al contrario, creo que es una excelente ocasión para ponerla en valor y reivindicar que menos mal que el
artículo 86 de la Constitución española ha dejado prevista la existencia del decreto-ley. Es una figura constitucional y, por tanto, el Gobierno de España tiene no solo toda la legalidad, sino toda la legitimidad para hacer uso del mismo. Sin él,
nuestra perspectiva de cara a la adopción de medidas sanitarias, sociales, económicas y demás durante la actual pandemia sanitaria ocasionada por la COVID-19, que precisa la toma de decisiones ágiles e inmediatas para proteger y ayudar a todos los
españoles no hubiera sido posible. Sin esta figura España no hubiera podido aprobar con celeridad las ayudas de los ERTE, parar los desahucios y todas las ayudas sociales y económicas que están manteniendo a flote a la sociedad española.


Señorías, su PNL acusa al actual Gobierno de utilizar de forma abusiva el decreto-ley y se remite a una fría estadística en la que señalan el número de reales decretos-leyes aprobados en comparación con otros Gobiernos, pero se olvidan en su
análisis deliberadamente de dos cuestiones que son muy relevantes. La primera, que este Gobierno se ha tenido que enfrentar a la situación de extraordinaria y urgente necesidad más importante a la que se ha enfrentado la sociedad española en las
últimas décadas, a una pandemia devastadora que ha condicionado y sigue condicionando la acción de los poderes públicos y que necesita de la figura constitucional del decreto-ley para darle respuesta. La segunda, que la mayoría de los
decretos-leyes, como ustedes reconocen, aprobados por el Gobierno en 2020 han sido convertidos en proyectos de ley, lo que significa que el Legislativo, a través de las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios, está pudiendo participar en su
redacción definitiva.


Por otro lado, nos llama poderosamente la atención que de los distintos decretos-leyes que este Gobierno ha tramitado, en su proposición, señores de VOX, hayan puesto de ejemplo el Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para
el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ¿o es que acaso a ustedes, señorías de VOX, no les parece urgente reducir y eliminar el número de mujeres que cada año son asesinadas por sus parejas? Esto nos lleva a pensar: ¿qué
les pasa a ustedes, señorías de la extrema derecha, con la violencia de género, que aprovechan la más mínima ocasión para cuestionarla? ¿Qué problema tienen con esta terrible lacra? Esta cuestión sí que está en la calle y sí que preocupa a los
españoles y no el hacer unas estadísticas de los distintos presidentes de nuestra democracia y del número de decretos-leyes que aprobaron. Les anuncio que nuestro grupo votará en contra por los argumentos expuestos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Taibo.


Esta proposición se votará en sus términos porque no tenía ninguna enmienda.


- RELATIVA A LA DEFENSA DE LA PRENSA EN LIBERTAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001979).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es el debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la prensa en libertad, que defenderá el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


Señorías, una de las lecciones de la historia reciente del mundo nos muestra que una de las primeras cosas a batir por parte de los enemigos de la libertad es la prensa libre. Los populistas son esencialmente antiliberales y saben que la
supresión de la libertad pasa por erradicar la prensa libre, así como otras instituciones, como la justicia y el sistema educativo, o a los adversarios políticos. No es la primera vez que Podemos ataca a periodistas o a medios de comunicación o usa
campañas de intoxicación para tapar sus problemas orgánicos, legales y de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, peo sí es verdad que es la primera vez que un partido de Gobierno organiza verdaderas cacerías de periodistas y medios de



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comunicación. Es histórica la incapacidad de llegar a acuerdos de gobierno entre los partidos que tradicionalmente defienden la España del 78. Hasta ahora esa negativa, por supuestos intereses electorales, para hablar entre el Partido
Popular y el Partido Socialista se pagó en peajes a los nacionalistas, peajes que tenían y tienen como moneda de cambio la igualdad entre los españoles, pero con la entrada de los populistas en la ecuación, ahora el peaje empieza a ser ya la
libertad, y la primera de las que se pretenden erradicar es la de prensa, que, como hemos dicho, es una molestia para los proyectos liberticidas. (La señora vicepresidenta, Beltrán Villalba, ocupa la Presidencia).


Podemos ha comenzado una campaña ya en el Gobierno contra la prensa libre de España. Son muchos los periodistas y medios señalados. Destacados ejemplos son Esteban Urreiztieta, Vicente Vallés, José María Olmo, Eduardo Inda, Antonio García
Ferreras, Francisco Marhuenda, Joaquín Manso, Ana Pastor, Ana Terradillos, Susana Griso, Ana Rosa Quintana, Chapu Apaolaza, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Carlos Alsina, y podríamos seguir en un concluso etcétera. Medios en la diana de Podemos son:
El Mundo, la Sexta, Antena3, El Confidencial, la COPE, OK Diario u Onda Cero. Son más los periodistas y medios señalados, porque en realidad es un trayecto hasta la erradicación de la prensa en libertad. Los señalamientos son en redes sociales o
en el brazo de propaganda del partido morado, La última hora, por un sombrío asunto por todos bien conocido, señorías, pero también se han hecho en ruedas de prensa en la Moncloa por parte de Pablo Iglesias o por Irene Montero tras el Consejo de
Ministros, todo un símbolo de la peligrosa deriva que está tomando el Gobierno de España, porque, aunque sea una parte, todo miembro del Gobierno lo representa. Por ello, en Ciudadanos vemos con especial preocupación el silencio del presidente de
Gobierno y de los demás compañeros de gabinete ante estos ataques.


Por nuestra parte, como partido liberal y convencido de la necesidad de una prensa libre para el funcionamiento de la democracia, no consideramos admisible que se denigre a periodistas y se descalifique a medios de comunicación para tratar
de evitar que publiquen informaciones sobre Podemos. Por tanto, presentamos esta proposición no de ley por la que queremos instar al Gobierno a condenar los ataques que desde miembros del Gobierno y diputados del Congreso se han realizado contra la
libertad de prensa, a activar los mecanismos pertinentes para evitar la propagación de noticias falsas desde blogs o diarios, incluidas las vertidas desde la web La última hora, y fomentar el respeto a las instituciones y a los derechos
fundamentales, señorías, y si es necesario, implementar formación específica en materia de derechos y libertades entre aquellos miembros del Gobierno que así lo precisen.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Beltrán Villalba): Gracias, señor Gutiérrez.


Tiene la palabra, para defender la enmienda del Grupo Popular, la señora Uriarte.


La señora URIARTE BENGOECHEA: Gracias, presidenta.


Al Grupo Popular esta proposición no de ley de Ciudadanos le parece necesaria, necesaria en un momento en el que en España, desde el propio Gobierno, se está defendiendo un inquietante concepto de libertad de expresión, inquietante concepto
que incluye, por parte del propio vicepresidente, Pablo Iglesias, la semana pasada una exigencia de control de la prensa que hizo desde este órgano, desde el Congreso, y que incluye igualmente, por parte del propio Gobierno, un apoyo a determinado
concepto de libertad de expresión: la libertad de expresión para enaltecer el terrorismo que ahora llaman desde Unidas Podemos rapear. Pero es que desde el propio Gobierno en las últimas semanas se está apoyando la protesta violenta; protesta
violenta depende de donde venga, porque desde el Gobierno se ha condenado, como no podía ser de otra manera, la protesta violenta en el asalto al Capitolio en Estados Unidos, pero desde el propio Gobierno se está defendiendo la protesta violenta en
España para defender el enaltecimiento del terrorismo y, por supuesto, también para defender los golpes de Estado independentistas en Cataluña. Pero es que, además, en apoyo de todo esto, una parte del Gobierno, el partido de Unidas Podemos, ha
presentado en esta Cámara una proposición de ley para -dice Unidas Podemos- fortalecer la libertad de expresión, cuando esta proposición de ley lo que permite es despenalizar justamente los delitos que está cometiendo la propia extrema izquierda y,
muy específicamente -hay varios- el enaltecimiento del terrorismo. Mientras que quiere hacer eso, esa parte del Gobierno pone bajo sospecha a periodistas, a medios de comunicación y, por supuesto, controla férreamente Radiotelevisión Española. ¿Y
qué hace mientras tanto la otra parte del Gobierno, es decir, el PSOE y el presidente Pedro Sánchez? Pues hace como que no se entera; de hecho, el presidente Sánchez esta semana ha condenado la violencia en abstracto. Cualquiera que no conozca
España pensará que la violencia que condenó viene de marte o de cualquier otro planeta y no que esa violencia



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tiene unos apellidos, unos autores, unos instigadores concretos: la ultraizquierda con la que comparte el Gobierno. Seguro que mañana el presidente Pedro Sánchez vendrá al Congreso a hacer lo que hace desde que es presidente, es decir, una
condena a la ultraderecha, a la que cita cada vez que viene -es una cita recurrente del presidente del Gobierno-, y se olvidará de que llevamos varios días de violencia de la ultraizquierda en las calles en España. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).


Todo esto forma parte -así lo creemos- de la escalada autoritaria del Gobierno socialcomunista, escalada autoritaria que tiene varios elementos, desde la paralización de la transparencia hasta la falta de respeto al Parlamento, y aquí
queremos volver a recordar y a denunciar que la vicepresidenta Calvo se niega a comparecer en esta Comisión Constitucional. Pero esa escalada autoritaria también incluye hechos como es el procedimiento de actuación contra la desinformación que el
Gobierno articuló el pasado noviembre y que nosotros hemos rebautizado como ministerio de la verdad. Lo recuerdo porque nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo en que debemos controlar las fake news, pero no como lo está haciendo este Gobierno,
y por eso discrepamos del punto 2 de la petición de Ciudadanos y coincidimos plenamente con los puntos 1 y 3, condenar los ataques a la libertad de prensa, pedir al Gobierno que lo haga, fomentar el respeto a las instituciones y los derechos
fundamentales y, desde luego, no hacer lo que están haciendo, es decir, fomentar el control de la prensa mientras algunos miembros del propio Gobierno llaman a ataques violentos contra las instituciones en defensa nada más y nada menos que del
enaltecimiento del terrorismo de Pablo Hasél.


Concluyo, señorías, haciendo una petición al grupo proponente, a Ciudadanos, de que se voten por separado los tres puntos de su proposición. Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Zambrano García-Raez.


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente.


No cabe duda de que la libertad de prensa es un pilar del sistema democrático y convendrán conmigo, señorías, en que algo falla cuando la opinión publicada no refleja las opiniones de los que ya son el 15 % de los españoles -y creciendo- en
nuestro país. Qué nos van a contar del trato que ha recibido VOX de la prensa, que refleja sin duda la influencia de los partidos políticos, que no hacen más que intentar inmiscuirse, en una actitud partidista y de campaña electoral permanente,
influyendo de muchas maneras. La izquierda sería feliz si la prensa escrita fuese un Pravda español y si en los recursos mediáticos audiovisuales hubiese comités y comisarios políticos dirigiendo las informaciones que se publicasen. VOX ha sufrido
mucho en sus comienzos y aún hoy atribuciones, insultos y ofensas que se vierten incluso aquí. Nos llaman franquistas, xenófobos, racistas y machistas, por defender el orden, por defender la Constitución, por defender la democracia, por defender la
inmigración legal y no la ilegal, por defender el combate contra todo tipo de violencia y por defender una verdadera igualdad entre todos los españoles.


No cabe duda de que la defensa de esta libertad de prensa que ya discutimos en el debate del 19 de noviembre del año pasado -podría reproducir prácticamente el discurso que hicimos en aquella ocasión- debe ser una defensa contundente, no
debe ser una defensa timorata. Por eso, señorías, traemos una enmienda basada en los principios consagrados en nuestra Constitución. Es la defensa de un principio que ya han declarado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Tratado de la Unión Europea y nuestro Tribunal Constitucional de manera reiterada y que lo único que pretende es defender, como decimos, uno de esos pilares fundamentales de todo sistema democrático.
No entendemos el cinismo de algunos grupos políticos que se dan golpes en el pecho diciendo que defienden la democracia mientras tienen una actitud tan deleznable, tratando de influir y presionar en los medios de prensa en España. Creemos que este
tipo de iniciativas son necesarias, pero, como decimos y repetimos, de manera contundente, porque visto lo visto no hay otra actitud posible. Tenemos que ser firmes en la defensa de estos principios.


Me llama la atención el último punto de la propuesta de Ciudadanos; me hace hasta algo de gracia. Dice: si es necesario, por la implementación específica de formación en materia de derechos y libertades en los miembros del Gobierno. O
sea, ya se está diciendo que los miembros del Gobierno van a necesitar formarse en el respeto de las instituciones y los derechos fundamentales. Si encontrásemos algún miembro del Gobierno que necesitase este tipo de formación, yo esperaría que lo
cesasen de inmediato, antes de tener que gastar recursos para darle formación de este tipo.


Sea como sea, la enmienda que presentamos es extensa y no la voy a reproducir en su totalidad en su parte expositiva, pero en diez segundos, señor presidente, simplemente quiero comentarles que todos



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y cada uno de esos puntos pretenden incidir en el punto que precisamente expone la parte proponente, pero de una manera clara y contundente en cada uno de los apartados y puntos que creemos que están siendo atacados por esta izquierda tan
radical, que lo único que pretende es coartar la libertad de todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Entramos en el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, dado que tiene que asistir al acto institucional, damos la palabra al representante del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, señor Pisarello Prados.


El señor PISARELLO PRADOS: Gracias, presidente.


Señorías de Ciudadanos, yo diría que su iniciativa parte de una confusión. Ustedes están confundiendo la libertad de prensa con la propiedad de las grandes empresas mediáticas. Por eso, cuando usted, en nombre del liberalismo, dice
defender la libertad de prensa, lo que en realidad está haciendo es algo que hubiera escandalizado a Adam Smith o a Montesquieu, que es el poder mediático concentrado.


Usted dice que es liberal, señoría, pero no he visto en su intervención ni una sola defensa de los diarios, de las radios, de las televisiones locales que no pueden subsistir porque no tienen acceso a los créditos bancarios o a la publicidad
de la que gozan los grandes conglomerados mediáticos. Usted dice que es liberal, pero en sus intervenciones no ha hecho ni una sola mención a las abundantes subvenciones públicas que obtuvieron algunos de los medios como los que usted cita, buena
parte de ellos, como se está probando en el caso Gürtel, provenientes de la financiación ilegal de los partidos políticos. Usted dice que es liberal, pero en su intervención no ha hecho ni una sola mención a los centenares de periodistas y
creadores de contenidos que son despedidos, censurados, silenciados porque las empresas, las corporaciones para las que trabajan les imponen una línea editorial como si fueran un poder despótico o una especie de poder absoluto.


Un liberal de los de Cádiz, un liberal como el asturiano Flórez Estrada, un liberal como Stuart Mill, habría comenzado por denunciar alarmado que no puede haber pluralismo informativo si hay concentración mediática, si los grandes medios
están en manos de unos pocos bancos o fondos de inversión. Pero sobre eso, ni una palabra. Supongamos que para no enfadar a los grandes monarcas del mercado usted no quiere hablar aquí de Atresmedia ni de Mediaset, que su liberalismo no le permite
hablar del imperio mediático de ese ejemplar demócrata que es el señor Berlusconi, no sé. Podría haber hablado también de la amenaza, reconocida por los tribunales y por leyes de todo tipo, que la existencia de magnates como Rupert Murdoch, el
dueño de Fox News, representa para la democracia. Podría habernos alertado sobre las sanciones contra Mark Zuckerberg, tras el escándalo de Cambridge Analytica, o sobre el daño que Facebook, en manos de un gigante digital descontrolado, puede
causar a la democracia y a la libertad de expresión. Podría haber venido a defender, como le decía antes, los derechos de los periodistas, de los creadores de contenidos, de los usuarios particulares que, sobre todo en medios digitales, son los que
producen los datos, el trabajo o la atención de los que luego se lucran unos pocos magnates de la comunicación.


En definitiva, señoría, usted podría haber venido a exigir más Montesquieu para el llamado cuarto poder, pero no lo ha hecho. Su compromiso con la libertad de prensa y con el pluralismo informativo comienza y se acaba en la crítica acerada,
implacable, eso sí, de un digital de 70 000 seguidores, al tiempo que no dice ni una sola palabra sobre los grandes monopolios y oligopolios privados que hoy amenazan la libre concurrencia de ideas y de información. Pues a esa manera, señorías, de
ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes, en honor de Stuart Mill, en honor de Keynes, en honor de los liberales de Cádiz, yo no la llamaría liberalismo, la llamaría defender la voz de su amo, un amo que no se presenta a elecciones, al que
nadie ha votado, pero que es enormemente eficaz como para que usted no diga ni una sola palabra sobre la amenaza que supone para las libertades de todos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pisarello.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Intervendré brevemente también.


De un tiempo a esta parte, viendo esta iniciativa, observamos en esta Cámara cómo las técnicas publicitarias y de marketing se van imponiendo también. Hay una competencia por establecer en cada



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momento el marco sobre los temas que componen la agenda pública. De un tiempo a esta parte vemos que los distintos grupos parlamentarios saturan el mercado informativo con sus propuestas, y lo saturan, digamos, al modo militar, con
artillería, reblandeciendo la posición del adversario. Nos encontramos con un mismo tema en variadas formulaciones parlamentarias: una interpelación; entre la interpelación y la moción, si se puede colar una iniciativa legislativa, se cuela;
luego viene la moción; si hay ocasión de presentar PNL, se meten PNL. Total que nos encontramos debatiendo un mismo tema propuesto por un grupo con su estrategia cinco o seis días, de manera que su tema ocupe una posición en las agendas
informativas. Lo hemos visto con la inmigración, lo hemos visto con los okupas, lo hemos visto con variados temas y ahora lo vemos -Ciudadanos- con el tema de la libertad de información. Simplemente quiero manifestar, presidente, señorías, que no
intervendré en este punto, y lo que tenga que decir nuestro grupo sobre el asunto lo dirá hoy a la tarde en el Pleno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Errejón no va a intervenir. Por el Grupo Parlamentario Republicano, tampoco. Por tanto, cerramos el turno con el Grupo Parlamentario Socialista y el señor Gutiérrez Salinas.


El señor GUTIÉRREZ SALINAS: Gracias, señor presidente.


En este 23 de febrero, 40.º aniversario del intento de golpe de Estado, quiero agradecer a los periodistas y medios de comunicación -sirva de homenaje- su ejemplo de compromiso con la libertad -dentro de ella, la libertad de prensa-, ya que
alzaron la voz desde el primer momento contra el golpe.


Señores de Ciudadanos, hoy ustedes nos traen aquí una PNL que se puede catalogar de puro ejercicio de demagogia e hipocresía política. Se quieren erigir en defensores de la democracia cuando han pactado con la ultraderecha, que recorta
derechos y libertades en comunidades autónomas como Murcia, Andalucía y Madrid, y en ayuntamientos tan significativos como el de Madrid. Como ejemplo, la eliminación de programas de igualdad de género y de erradicación de la violencia machista en
Andalucía.


Queremos dejar bien claro que en una democracia plena como la española es imprescindible el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa. Son necesarios e importantes para la democracia unos medios de comunicación que informen de forma
objetiva y real, libre de condicionamientos ideológicos o de otro tipo. La calidad de una democracia se basa entre otras cosas en la veracidad y la objetividad de la información que emiten los medios de comunicación. No se puede negar la cantidad
de bulos y fake news que han surgido durante los meses más duros de la epidemia de COVID, en un intento de desestabilizar la democracia española, intentando engañar a la población. No hay mejor forma de combatir las fake news que la información
objetiva y veraz.


A los señores de VOX, quiero decirles que nos sorprenden con la enmienda que presentan. Desde sus inicios como formación política han mantenido una cruzada contra los medios de comunicación y resaltan las incitaciones de simpatizantes de su
formación al linchamiento de periodistas en las redes sociales. Esas actuaciones ponen en peligro la democracia y la libertad de prensa, por lo que queda claro que quieren engañarnos con esta enmienda. En ella solicitan todo lo contrario de lo que
ustedes hacen.


Señores del PP, a ustedes les digo todo lo anteriormente dicho a los señores de Ciudadanos, ya que son los actores y ejecutores principales de los pactos con la ultraderecha, pero añado lo siguiente. El término caverna mediática se acuñó
durante su Gobierno y todavía está en uso, bien asentado en el subconsciente de los españoles y españolas por su intento de confundir y conformar la opinión pública a partir de sus medios afines.


Dicho lo anterior, el Gobierno y el PSOE defienden la libertad de prensa y a los periodistas y medios que la ejercen. Los rankings internacionales de libertad de prensa nos colocan por delante de países occidentales muy importantes y no se
ha producido ningún retroceso en los mismos. Con la llegada del PSOE al Gobierno, periodistas de todos los medios de comunicación y tendencias políticas e ideológicas participan en las tertulias de Televisión Española y Radio Nacional de España.
Eso es defender la libertad de prensa y la pluralidad política. Así que lecciones y críticas bien pocas pueden dar ustedes. Tomen nota y defiendan también la libertad de prensa, rompan con quien la ataca y no intenten confundir con iniciativas
como esta.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.


Ahora pregunto al señor Gutiérrez, de Ciudadanos, si acepta alguna de las enmiendas presentadas, si habrá transacción.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: No, presidente. No aceptamos ninguna de las dos enmiendas, pero si admitiremos votar por puntos la proposición.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Entonces votaremos por puntos.


Nos falta saber si hay transacción o no en la que...


La señora URIARTE BENGOECHEA: No, no aceptamos la transacción.


El señor PRESIDENTE: Se votará en sus términos también. Haremos una pausa de un minuto para ordenar las votaciones y votamos.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Señor presidente, una pregunta en relación con nuestra PNL. ¿Le consta a esa Presidencia si el Gobierno piensa reintroducir las leyes de prerrogativa que tenía Franco antes de 1978? (Risas).


El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra para esa cuestión.


Ha sido muy astuto, pero hasta aquí. (Risas).


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias. (Pausa).


VOTACIONES.


El señor PRESIDENTE: Todas las iniciativas se van a votar en sus términos. No, perdón, la primera en términos de la enmienda presentada por el Grupo Socialista y el grupo proponente, el resto en sus términos, y la última la votaremos en
sus términos por puntos. ¿De acuerdo? (Asentimiento).


Pasamos a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al cambio de nombre del salón de actos de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas del Ejército del
Aire. La votaremos en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Socialista y el grupo proponente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; votos en contra, 14; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación de los lobbies. Se votará en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a votar el tercer punto del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa al fin del uso abusivo del mecanismo constitucional del decreto-ley por parte del Gobierno. Se vota en sus propios
términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 19; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar, también en sus términos, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre protección de las instituciones democráticas españolas en cumplimiento del objetivo 16 de los ODS.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; votos en contra, 24; abstenciones, 1.



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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Por último, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la prensa en libertad. Se votará por puntos. Votamos el primer punto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora el segundo punto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; votos en contra, 19; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Por último, votamos el tercer punto de esta iniciativa.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Era la una y cinco minutos de la tarde.