CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 296

DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN RUIZ I CARBONELL

Sesión núm. 10

celebrada el lunes,

22 de febrero de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor vicepresidente de Plena Inclusión (Pérez Sánchez), para informar sobre los retos a afrontar en la atención integral de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. A petición del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000299) ... (Página2)


Ratificación del acuerdo de la Mesa sobre las siguientes solicitudes de comparecencia, a efectos del artículo 44 del Reglamento del Congreso:


- Del señor vicepresidente de Plena Inclusión (Pérez Sánchez), para informar sobre los retos a afrontar en la atención integral de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. A petición del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000299) ... (Página9)


- Del señor presidente de COCEMFE (Queiruga Vila), para informar de la situación y reivindicaciones de COCEMFE en el ámbito de la discapacidad física y orgánica e informar de sus principales acciones y líneas de trabajo. Por acuerdo de la
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. (Número de expediente 219/000368) ... (Página9)


- Del señor Blancafort Planas (en representación de Som Base y voluntario social en la Fundación Amics de la Gent Gran), para informar sobre las principales actividades y trabajos de su organización, y muy especialmente sobre el trabajo
desarrollado para paliar el aislamiento de las personas mayores, así como explicar el concepto de derecho al acompañamiento afectivo. Por acuerdo de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. (Número de expediente
219/000369) ... (Página9)

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Comparecencias votadas favorablemente por la Comisión:


- Del señor vicepresidente de Plena Inclusión (Pérez Sánchez), para informar sobre los retos a afrontar en la atención integral de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. A petición del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000299). (Continuación) ... (Página9)


- Del señor presidente de COCEMFE (Queiruga Vila), para informar de la situación y reivindicaciones de COCEMFE en el ámbito de la discapacidad física y orgánica e informar de sus principales acciones y líneas de trabajo. Por acuerdo de la
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. (Número de expediente 219/000368) ... (Página16)


- Del señor Blancafort Planas (en representación de Som Base y voluntario social en la Fundación Amics de la Gent Gran), para informar sobre las principales actividades y trabajos de su organización, y muy especialmente sobre el trabajo
desarrollado para paliar el aislamiento de las personas mayores, así como explicar el concepto de derecho al acompañamiento afectivo. Por acuerdo de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. (Número de expediente
219/000369) ... (Página28)


- Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de
expediente 042/000001) ... (Página37)


Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE PLENA INCLUSIÓN (PÉREZ SÁNCHEZ), PARA INFORMAR SOBRE LOS RETOS A AFRONTAR EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO Y SUS FAMILIAS. A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 219/000299).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.


Nos acompaña don Juan Pérez Sánchez -bienvenido a esta que me gustaría decir que es también su Comisión-, vicepresidente de Plena Inclusión, para informarnos sobre los retos que la organización que representa cree que debemos afrontar en la
atención integral a las personas con discapacidad intelectual. El señor Pérez es -escuchen- Licenciado en Ciencias Empresariales, máster en Dirección y Gestión de Entidades Financieras, ha desarrollado -no sé si actualmente- su actividad laboral en
el Grupo Santander, ocupando cargos directivos durante treinta y cinco años, y es miembro de la junta directiva y presidente de la Fundación San Cebrián, de Palencia -casi nada-, presidente de Plena Inclusión de Castilla y León y hoy está aquí como
vicepresidente de Plena Inclusión.


Plena Inclusión es una organización formada por más de novecientas entidades -creo haber leído-, que se extienden por toda España, por todas las comunidades autónomas; está organizada en diecisiete federaciones, además de Ceuta y Melilla, y
cuya finalidad es desde hace más de cincuenta años la de representar y, sobre todo, defender a las personas con discapacidad intelectual para conseguir que ellos y sus familias tengan acceso a los derechos y a la calidad de vida que disfrutamos el
resto de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, como uno más.


Señor Pérez, tiene usted la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE DE PLENA INCLUSIÓN (Pérez Sánchez): Muy buenas tardes, señor presidente, miembros de la Mesa, portavoces, señorías, letrado y personal al servicio de la Cámara. Quisiera agradecer al Grupo Popular la propuesta de
nuestra comparecencia y a la Mesa haberla tenido en consideración.

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Me gustaría manifestar también en mis primeras palabras nuestras condolencias y solidaridad con el sufrimiento de tantas personas y familias golpeadas a causa de la COVID-19 en toda la sociedad española, una catástrofe a nivel internacional
nunca vivida en nuestra historia reciente, que nos enfrenta al mayor reto de nuestras vidas. Plena Inclusión quiere reconocer el trabajo de tantas personas e instituciones en la inmensa labor de mitigar, acompañar y consolar; esperemos que pronto
y de forma definitiva podamos reconstruir nuestro país desde bases sólidas que reafirmen nuestro Estado social y de derecho con un sistema económico marcado por la prosperidad, la sostenibilidad y que promueva la plena inclusión de la ciudadanía en
general.


Permítanme una breve presentación de nuestra organización, a la que en estos momentos tengo el honor de representar como padre de una mujer con discapacidad, como vicepresidente y como persona también con una discapacidad. Nuestra
organización nace en 1964, con una marcada identidad familiar, para luchar por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Eran tiempos de vergüenza, escondidos, oprimidos, sin derecho a
maestro, sin apoyos ni comprensión social. Ayudamos a hacer de este país una democracia y promovimos los derechos humanos y la sociedad civil desde una lucha generosa por la transformación social. Este mismo espíritu nos sigue animando hoy con una
fuerte base social; estamos presentes en los pueblos y ciudades de todas las comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas a través de nuestras entidades y federaciones, que realizan una gran labor. Podemos decir que hemos avanzado, pero
la tarea no ha concluido y muchas de las causas estructurales o culturales permanecen operando desde un estigma que provoca exclusión y negación de derechos. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sufren con mayor frecuencia y
gravedad los abusos y agresiones, entre ellas las sexuales y los delitos de odio. Somos un movimiento de gente de toda condición que se une para hacer una sociedad mejor, con un creciente protagonismo de las propias personas con discapacidad
intelectual, que participan e influyen en nuestros órganos de gobierno, nos representan en foros asociativos e institucionales y que la pasada legislatura estuvieron en este Congreso de los Diputados transmitiendo sus reivindicaciones, acción que
tuvo el apoyo e impulso de esta misma Comisión. En los orígenes de Plena Inclusión, en Feaps, por encima del dolor y el sufrimiento perseveró la esperanza y la fuerza para ponernos en marcha, una esperanza que detectamos como una necesidad
demandada hoy en nuestra sociedad, imprescindible para crear un proyecto de futuro para todas y todos, y esperamos contribuir en esta misma tarea.


Quiero recordarles que las discapacidades del desarrollo son el conjunto de discapacidades que aparecen antes del nacimiento, en el parto o en el inicio de la vida y juventud, y que suponen limitaciones significativas en varias áreas del
desarrollo humano; en nuestra cultura, se utilizan los dieciocho años para establecer su límite temporal de aparición. Las discapacidades del desarrollo engloban una serie de condiciones, como son la discapacidad intelectual, la parálisis
cerebral, los trastornos del espectro autista y otras realidades. Es un grupo de la población muy amplio y heterogéneo que necesita de abordajes comunes y otros más específicos pero que finalmente obligan a una personalización y a poner el foco en
la persona concreta, su biografía, sus necesidades de apoyo, sus fortalezas, el contexto en el que viven y, muy importante, su proyecto de vida, todo ello por encima de etiquetas, déficit, diagnósticos o prejuicios. Las familias también somos
objeto del sistema de apoyo y de las acciones de nuestra organización. La sociedad es el tercer ámbito de acción para su trasformación. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 son
nuestros marcos de acción. Es un grupo humano que estimamos que entre las personas y sus familias se aproxima al millón en todo el Estado. Si englobáramos a las personas con funcionamiento intelectual límite, lo superaríamos. Sabemos también que
existe un grupo numeroso de personas con discapacidad intelectual ligera que no son detectados por el sistema educativo ni de servicios sociales y muchas de ellas forman parte de colectivos de la exclusión y nunca llegan a contar con apoyos para
tener una mejor calidad de vida.


En estos años, Plena Inclusión se ha constituido como la red de entidades de iniciativa social de la discapacidad más amplia y con mayor alcance de España, y posiblemente de Europa, con más de cuatro mil centros y servicios, agrupados en mil
organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen toda la cartera de servicios, que van desde la atención temprana, educación, formación, empleo, vivienda en comunidad, asistencia personal, apoyo a las personas mayores con discapacidad intelectual o de
desarrollo, acceso a la justicia, accesibilidad y un largo etcétera. Atendemos de forma directa a más de 150000 personas y sus familias y representamos al colectivo de personas con discapacidad intelectual

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o del desarrollo en España. Movilizamos a más de 50000 trabajadores, siendo los primeros empleadores de personas con discapacidad del desarrollo en España, y contamos con la patronal Aedis, mayoritaria en el sector de la discapacidad.
Creamos hace treinta años las fundaciones tutelares, con un cambio de la legislación que fue revolucionario en su tiempo, para permitir que fueran las entidades sociales las que ostentaran la representación legal. Hoy, estas fundaciones están
agrupadas en la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, que, con la modificación legislativa en marcha sobra la capacidad jurídica, tomará un protagonismo principal en el despliegue de un sistema de apoyos a la toma de decisiones. En el
ámbito del deporte, Special Olympics, miembro de Plena Inclusión, lidera esta importante área en la vida de las personas. Participamos activamente en los movimientos internacionales y tenemos estrechas relaciones de cooperación, especialmente con
Latinoamérica. Somos entidad fundadora del Cermi, miembro activo de los consejos estatales de discapacidad y de las ONG de acción social, formamos parte del Real Patronato, etcétera. Nuestra actitud es de permanente disposición a colaborar y
trabajar en alianza con las entidades sociales de la discapacidad y en otras áreas de la acción social, como el mundo de las empresas y centrales sindicales y, cómo no, con las administraciones públicas, poniendo a disposición en código abierto
nuestros conocimientos, éxitos y también nuestras oportunidades de mejora y nuestras limitaciones.


En el año 2015, modificamos nuestra denominación, Feaps, para desterrar la ese de subnormal, que marcaba y marca todavía un fuerte estigma social a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. No se les escapa a sus señorías
que las personas que formamos el colectivo de las personas con discapacidad del desarrollo y sus familias somos parte del grupo de ciudadanos y ciudadanas más expuesto a la exclusión y pérdida de derechos, y desde esa fragilidad, especialmente
sufrida en la pandemia, quisiera, en un lenguaje muy fácil, marcar lo que para nosotras y nosotros son las grandes prioridades de impulso en la reconstrucción.


La película Campeones supo darnos visibilidad desde un enfoque amable y empático, que sin duda forma parte de la fortaleza de nuestro colectivo, pero nos define parcialmente. Esa idea de gente simpática, que aguanta estoicamente lo que le
echen, en ocasiones esconde una sutil depreciación del sufrimiento y las duras condiciones que vivimos. En la primera ola especialmente hemos sufrido, junto con la sociedad y con las personas mayores, un verdadero drama por el impacto de la
COVID-19. Ha supuesto más de cuatrocientos fallecimientos en nuestros servicios residenciales; dificultades de acceso al servicio sanitario, con triajes poco respetuosos con los derechos humanos, que luego fueron efectivamente reconducidos;
insultos y persecución de familias cuando realizaban los paseos terapéuticos; pérdida de empleo e ingresos; especiales dificultades de acceso a la escuela, con imposibilidad de sustituirla por su versión digital; aumento de problemas de salud
mental y comportamiento de las personas con discapacidad más vulnerables emocionalmente; pérdida de terapias y servicios especialidades, con graves efectos para las personas y sus familias; soledad; sobreesfuerzo de las familias, etcétera.
Ponemos a disposición de los grupos un informe de impacto realizado por Plena Inclusión y la Universidad de Salamanca a través de su instituto Inico y un estudio de la patronal Aedis del comportamiento de nuestros centros especiales de empleo en la
COVID-19. Las entidades están haciendo esfuerzos inmensos de afrontamiento de la crisis y necesitan un plan de choque de apoyo, al que me referiré más tarde. Pero ante las dificultades y estragos, me gustaría poner en valor el gran comportamiento
de nuestros equipos profesionales, de nuestras residencias y pisos tutelados, que han dado un ejemplo de valentía y abnegación arriesgando todo por cuidar y apoyar a las personas, sufriendo pérdidas impagables en dicho esfuerzo, igual que otros
sectores, como el de las personas mayores y otros servicios esenciales. Para ellos nuestra gratitud sin límites.


Me gustaría destacar cuatro focos de prioridad.


A. Conquistar nuestra ciudadanía, que reconozca el déficit importante que sufrimos. Somos conscientes de avances, como el derecho al voto o la eliminación de la esterilización forzosa, pero de forma transversal se sigue detectando un
capacitismo dominante que cercena los derechos y el ejercicio efectivo de los mismos en la salud, la educación, el empleo y el acceso a las coberturas sociales, y supone una sobrecarga sistemática sobre las familias de responsabilidades que son de
carácter público. Sufrimos esa permanente minoría de edad que excluye, niega y no escucha, siempre con un fuerte componente paternalista que nos pide paciencia. Un ejemplo frecuente es que las mujeres con discapacidad intelectual y de desarrollo
tienen mucho menor acceso a las pruebas ginecológicas porque

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no son activamente sexuales, según muchos profesionales de la medicina. No es infrecuente el fallecimiento por tumores no detectados por falta de pruebas y seguimientos, la expulsión temprana del sistema educativo o la falta de
accesibilidad cognitiva, por ejemplo, en la gestión informativa de la pandemia. En todos los momentos vitales y en los servicios tales como salud, educación, acceso a la justicia, envejecimiento, derechos sociales o transporte, en general se
presentan déficits y obstáculos para ser disfrutados en un plano de igualdad por estos ciudadanos y ciudadanas, especialmente aquellas personas con mayores necesidades de apoyo, que, según nuestro estudio Todos somos todos, ofrece un panorama de
urgencia inmediata por la gravedad de la situación que viven y sobre el que hemos alertado de la necesidad de una estrategia completa. En resumen, sin este reconocimiento de ciudadanía plena seguiremos en la sombra de la democracia.


B. Construcción de comunidades para todos. Es imposible incluirse si no hay dónde. El barrio, la escuela, los pueblos, las empresas deben aportar y ofrecer apoyos. Las barreras y prejuicios aparecen cuando los planes omiten la mirada de
los que no están. Daniel Innerarity habla del tercero excluso. Es crítica nuestra presencia, participación e influencia en los planes de reconstrucción. Los textos inclusivos son aquellos que diseñamos con la participación desde el principio y
con un enfoque de diversidad. Los entornos y las comunidades necesitan de innovación social y tecnológica, pero también de una cultura de encuentro y de paz, valores de convivencia generadores de una base de confianza, ya que sin esa llamada
amistad social no habrá oportunidades reales de inclusión. Debemos afrontar la violencia, las situaciones de abuso, el bullying, como sistemas de un mal social que se ceba especialmente con las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo. Donde hay personas con discapacidad del desarrollo hay un mayor nivel de convivencia y solidaridad. Deberíamos utilizarlo como indicador. Nosotros lo constatamos en los barrios, las empresas, los colegios o las organizaciones
sociales. Plena Inclusión desarrolla proyectos de transformación social con otros agentes, como la Federación Española de Municipios y Provincias, en línea de construir comunidad.


C. Reconstruir las organizaciones. Nuestras entidades son colaboradoras necesarias de las administraciones locales, autonómicas y estatales. ¿Sabrían qué ocurriría si apagásemos la red de apoyos de Plena Inclusión una semana? A veces no
valoramos lo que damos por supuesto que existe, pero nuestras entidades están agotadas. Hemos aguantado el debate de la gran recesión de 2008 y ahora la pandemia, pero necesitamos un plan de inversión urgente, actuaciones tecnológicas, mejora de
nuestros dispositivos sociales de apoyo, compensación del aumento de costes en torno al 30 % más como causa de la COVID-19; precisamos de políticas de precios justos que destierren el low cost social. Tenemos que capturar y retener los equipos
profesionales con un reconocimiento salarial para las trabajadoras y trabajadores, fundamentalmente las mujeres. Las subidas del salario mínimo interprofesional traccionan hacia arriba los convenios, y las comunidades autónomas competentes en la
materia tienen que responder a esa realidad. No se nos puede pedir más. Somos conscientes de que ocurre en otros sectores, pero si no se nos ayuda en una reconfiguración de nuestros sistemas de apoyo para el siglo XXI iremos perdiendo esa
efectividad que se nos exige por parte de las administraciones. Somos redes creadas en el siglo XX y, como otras realidades en el ámbito productivo, de infraestructuras, transporte, comunicación, etcétera, nosotros también necesitamos de ese
impulso en ese momento de reconstrucción. La pandemia ha demostrado que somos un sector estratégico en los apoyos y cuidados y un actor de generación de empleo y bienestar. Tenemos que estar en la agenda de reconstrucción. También es necesario
dar estabilidad y financiación al sector estatal. Precisamos un marco donde nuestras redes puedan seguir articulando un proyecto común con una financiación suficiente.


D. Un nuevo modelo de apoyos. Superar un modelo basado en diagnósticos y déficit, cajones estancos basados en categorías trasnochadas. ¿Qué pasaría si su hijo o hija tienen una necesidad de apoyo, pero ese apoyo solo se da si tienen un
diagnóstico concreto? ¿No es más importante el perfil e intensidad de apoyos que categorizaciones cerradas y excluyentes? Hay que avanzar y superar las barreras que suponen la visión solo médica y basada en el déficit. Hay sistemas más finos en
otros países, que incorporan el diagnóstico, los perfiles e intensidades de apoyo, los contextos y las elecciones de decisiones. Las personas tienen que tener más poder para elegir en qué necesitan el apoyo, para qué y quién debe hacer el mismo.
Esto maximiza el esfuerzo de sus derechos. El asistencialismo, prestaciones desde una visión paternalista, graciable y de beneficencia deben ser superadas por un auténtico marco de derechos. Las legislaciones y normativas deben ser inteligentes,
dinámicas, como dinámicas son nuestras vidas. Las carteras de servicios son inflexibles y las prestaciones casi siempre incompatibles. Los procedimientos de acceso son complicadísimos y no son cognitivamente accesibles. Los servicios sociales

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no pueden basarse en el control y la desconfianza y sí en la promoción y el apoyo. Para operativizar este marco, proponemos para su valoración las siguientes medidas.


Uno. Infancia y familia. Los niños y niñas con discapacidad del desarrollo necesitan desde el nacimiento un soporte intenso de apoyos y la atención temprana es una herramienta fundamental. La pandemia ha hecho esta realidad todavía más
urgente. Sabemos que hay iniciativas en marcha para potenciarla, pero padecemos listas de espera muy elevadas y exigencias de copago asfixiantes para las familias. Las familias cada vez viven realidades más complejas y diversas, con menores apoyos
y redes de soporte. Los sobrecostes que estiman los estudios de Plena Inclusión oscilan entre 24000 y 43000 euros al año. Saben que muchas familias se ven obligadas a dejar la actividad laboral para centrarse en el cuidado, mayoritariamente las
mujeres, lo que reduce la capacidad económica y cercena la carrera profesional. Los cuidados y las dificultades de conciliación actuales están operando de forma especialmente dura en la pandemia sobre las mujeres, familias monoparentales o donde
los progenitores o alguno de ellos tienen alguna discapacidad intelectual o del desarrollo y necesitan de especial protección. Nos preocupa la posible reducción o eliminación de la prestación por hijo a cargo en la reordenación del ingreso mínimo
vital cuando para nosotros debe ser potenciado y fortalecido.


Dos. Educación y preparación para la vida y el empleo. El Estado español ha sido requerido por el comité de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas para la extensión de la educación inclusiva. La educación de nuestros hijos e
hijas no tiene la calidad y servicios especializados que requiere. Revertir la expulsión temprana del sistema educativo de niños y niñas con necesidades educativas especiales debe ser una prioridad. Esperemos que en los planes de reconstrucción en
el ámbito educativo se asigne un porcentaje importante para hacer realidad este plan de educación inclusiva que fomente, entre otras cosas, la reforma de las titulaciones para que se adapten a los procesos de aprendizaje de todos los niños y niñas,
la mejora de la accesibilidad de los centros, la reducción de la brecha digital, el aumento de profesionales especializados, la formación sobre educación inclusiva y diversidad para todo el profesorado, la mejora de ratios para los alumnos y alumnas
con discapacidad, etcétera. Entendemos que se deben asegurar los recursos a la red concertada, que mayoritariamente forma parte de Plena Inclusión, que se generó por la ausencia de la respuesta de las administraciones y que tiene una financiación
muy precaria. En la transición a la vida adulta, la formación profesional debe dar canales para su futuro como adultos y parte activa de la sociedad: titulaciones y acreditaciones profesionales, preparación para el empleo, formación dual, todo
ello en un contexto de cambio profundo del mercado laboral -un importante reto-, así como crear oportunidades para la formación a lo largo de la vida, como los programas en entornos universitarios, materiales accesibles para la obtención del carné
de conducir, estudio de idiomas o acceder a la cultura.


Tres. Empleo y personas con especiales dificultades de empleabilidad. Como bien saben, el Real Decreto por el que se regula el programa de empleo con apoyo, de 2007, reconoce a los colectivos de especiales dificultades -personas con
discapacidad intelectual, parálisis cerebral o enfermedad mental y personas con discapacidad física y sensorial- con un certificado de discapacidad del 65 % o superior. En estas circunstancias, parece necesario aumentar la discriminación positiva
del colectivo de especiales dificultades en un momento crítico, incrementando la subvención salarial al 75 %, como ya se hizo en la recesión de 2008, y generando un plan de rescate de los centros especiales de empleo, que están en crisis a causa de
la pandemia. Actualmente, son la propuesta laboral más consolidada y no deberíamos dejar caer lo construido durante tantas décadas. Se debe promover e incentivar el empleo con apoyo y el empleo público. Les instamos a que se extienda la subcuota
del 2 % a personas con discapacidad intelectual y se mejoren las adaptaciones de pruebas para personas con discapacidad del desarrollo, como personas con autismo sin discapacidad intelectual. Nuestra alianza con Función pública desde 2012 y los
desarrollos en muchas comunidades autónomas y entidades locales están teniendo buenos resultados, pero debemos avanzar en mejorar el sistema. Este desarrollo ha sido galardonado por Naciones Unidas en la última convocatoria Zero Project. Se debe
mejorar la redacción de algún artículo de la Ley de contratación pública en el caso del acceso a contratación reservada, pues en la exigencia de reinversión del beneficio del centro especial de empleo debe quedar claro que, en el caso de
asociaciones que agrupen empleo y servicios de atención social, esta reinversión puede aplicarse al ámbito de la actividad laboral y a otros proyectos sociales en el marco de la misión de la entidad. Es necesaria una planificación de jubilación y
los procesos de cobertura social en los itinerarios tanto de acceso al empleo como de finalización de la etapa laboral.

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Cuatro. Vida independiente, toma de decisiones y niveles adecuados de vida. Abordar los retos, la necesaria reorientación del Sistema de Dependencia hacia la promoción de la autonomía e inclusión social; la extensión de la asistencia
personal y apoyos en la comunidad; la eliminación del copago excesivo, en línea con la ILP que presentamos como Cermi, que para las personas con discapacidad del desarrollo supone una presión muy importante, quedando en muchas ocasiones un exiguo
dinero de bolsillo, a todas luces insuficiente para una vida digna. La modificación del Código Civil supone un gran reto en el que se debe fortalecer el sistema y apoyos y por eso creemos necesario reconocer y financiar los servicios de apoyo a las
personas con modificaciones de su capacidad de obrar. Actualmente, en muy pocas comunidades autónomas se reconoce el sistema de apoyos para la toma de decisiones como un servicio social esencial con financiación asegurada, sino que suele
financiarse con subvenciones graciables insuficientes. El ingreso mínimo vital es también objeto de enmiendas de Plena Inclusión, que los grupos han recibido. Entre las enmiendas presentadas, me gustaría reseñar dos. Una es la que pide el
reconocimiento del grupo de convivencia especial a las personas con discapacidades del desarrollo para que sean consideradas de forma independiente al grupo familiar por dos motivos: uno, por sus dificultades objetivas de emancipación, que
dificultan su acceso a la cobertura, y, dos, para compensar el permanente sobrecoste económico, ya mencionado, al que se ven obligadas las familias. La segunda enmienda hace referencia a la compatibilidad del empleo a tiempo parcial de muy bajos
ingresos con un complemento vía ingreso mínimo vital de activación que favorezca el acceso al mundo del trabajo y a unos ingresos mínimos garantizados.


Cinco. Salud y derechos sexuales. Otro aspecto que ha emergido con fuerza en la pandemia es la dificultad de acceder a la salud de calidad. Se deben mejorar los protocolos de atención, la formación del personal sanitario, la gestión de
casos y la coordinación sociosanitaria, el acceso a servicios especializados -odontología y ginecología- y la lucha contra la obesidad y el sedentarismo. Y hay que prestar especial atención a los servicios de salud mental y psiquiatría, que son
escasos y necesitan de una especialización y unidades específicas, como ocurre en algunos lugares de España. Preocupa la sobremedicación para el control del comportamiento y el uso de restricciones físicas. Plena Inclusión participó en el estudio
Pomona, que hace un diagnóstico de las necesidades en esta área, que también está a su disposición. Los derechos sexuales siguen siendo una asignatura pendiente. Precisamos de una estrategia de reconocimiento y apoyo, con acciones de
sensibilización e incorporación de roles profesionales de la sexología. Y el derecho a la intimidad y el apoyo a la maternidad es otro tema importante.


Seis. Envejecimiento. Durante años se ha hablado de que el envejecimiento de las personas con discapacidad del desarrollo suponía un éxito social. Efectivamente, así es. No es una realización emergente, sino una demanda social amplia.
El proyecto de Plena Inclusión de buena vejez incorpora líneas de trabajo que persiguen ofrecer apoyos adecuados para vivir una vejez desde un enfoque positivo y activo: utilizar metodologías para la planificación personal por adelantado; aumentar
nuestras capacidades y potencias con el apoyo especializado ante procesos de envejecimiento prematuro, como es el caso de las personas con síndrome de Down; cuidados de larga duración y final de la vida con un enfoque de cuidados paliativos y
atención integral de la persona y la familia. El envejecimiento de las familias es otro ámbito de abordaje junto con la fatiga de los cuidadores principales, que también son objeto de cuidados. Luchamos contra la soledad no deseada y la pérdida de
apoyos y situaciones de desamparo. Exigimos la erradicación de una práctica que sigue dándose en muchas comunidades autónomas, como es la derivación a servicios de mayores de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sin su
consentimiento o el de su familia. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre esta práctica, que supone una discriminación por discapacidad y por edad y que, para nosotros, supone un desarraigo injusto e inhumano que aparta del entorno
conocido, todo ello sin su consentimiento, produciendo dolor, cuadros depresivos y un abandono vital.


Siete. Acceso a la justicia. Especial preocupación supone la falta de ajustes y medidas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en el ámbito jurídico. Plena Inclusión trabaja con las
instituciones penitenciarias desde hace más de treinta años y sigue constatando los déficits del sistema. En un reciente estudio que ponemos a su disposición, llamado A cada lado, se observa que a un importante porcentaje de personas que ingresan
en las cárceles españolas no se les había detectado la discapacidad intelectual en todo el proceso penal. El porcentaje de reincidencia es muy superior al del resto de la población penitenciaria, no tienen acceso a los programas porque no están
adaptados para ellos y tienen muchas más dificultades para acceder

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a medidas alternativas. Plena Inclusión está trabajando en la figura del facilitador, que ayude a los operadores jurídicos y a las personas con discapacidad a garantizar los apoyos y medidas para que el sistema judicial esté pensado y
adaptado para las personas de nuestro colectivo. Esperemos que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las distintas iniciativas puedan revertir esta situación que a día de hoy deja fuera del sistema a las personas, ya sea como víctimas o
como presuntos autores de un ilícito penal.


Como muchas de sus señorías saben, Plena Inclusión tiene un convenio con el Consejo General del Poder Judicial por el que se realiza una adaptación en lectura fácil del contenido de las sentencias. Debemos avanzar en esta línea y esperemos
que en el anunciado plan de modernización de la Justicia se tengan en cuenta nuestras reclamaciones e iniciativas. Quiero que quede claro que, a nuestro entender y en opinión también del Defensor del Pueblo, muchas personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo hoy internas en nuestras prisiones jamás debieron estar allí, pero el sistema y la invisibilización de nuestro colectivo parece que no conmueve lo suficiente.


Ocho. Accesibilidad cognitiva. La accesibilidad se considera un derecho llave que abre la posibilidad de comprender, utilizar y participar. La accesibilidad cognitiva hoy por hoy no tiene dicho reconocimiento en ninguna norma. Plena
Inclusión ha trabajado e impulsado las soluciones, metodologías y prácticas que hacen posible mejorar los productos, entornos y servicios para que sean fáciles de comprender. Sentencias en lectura fácil, novelas en versión fácil, entornos
comprensibles como el Museo Thyssen, protocolos para que las personas con discapacidad del desarrollo comprendan la dinámica y el funcionamiento de un hospital, sus propios programas electorales o información clave sobre la COVID19 son algunos de
los más de doscientos cincuenta documentos elaborados. Son fruto de la red de accesibilidad cognitiva, donde personas con discapacidad además encuentran empleo. Todo eso no tiene hoy una percha legal. Les pedimos que aprueben la ponencia que fue
fruto del consenso de los grupos en legislaturas anteriores y que reconozcan lo que la sociedad civil ya ha construido.


Nueve. Brecha digital. El espacio digital y las innovaciones tecnológicas suponen una oportunidad única para reducir desigualdades. La neurotecnología y sus avances prometen revolucionar los sistemas de apoyo, generando elementos de
aumentación, aprendizaje, etcétera, pero junto a las oportunidades nos preocupa que se genere una brecha insalvable en lo digital, como estamos viendo con la pandemia, y sea una nueva herramienta de exclusión y control. Necesitamos investigar
soluciones, desplegar tecnología y participar desde la investigación, abordando todo ello desde la reflexión.


Por último, quiero abordar dos temas fundamentales. En primer lugar, la situación de las niñas y mujeres con discapacidad del desarrollo. Como decía, las personas con discapacidades del desarrollo siempre han tenido esa consideración de
eternos menores de edad, con proyectos de vida vinculados a sus padres y madres con un sesgo marcado por la protección y el machismo. Las niñas y mujeres han sufrido con mayor peso los obstáculos, prejuicios y dificultades. La práctica de la
esterilización forzosa, la negación de su sexualidad, la limitación de sus oportunidades laborales, la dedicación al cuidado de la casa como única opción, los abusos y la dominación han formado parte de sus vidas. Les pedimos una especial atención
a los procesos de empoderamiento, presencia y generación de oportunidades.


En segundo lugar, la constitución de la plataforma española de autorrepresentación. Me gustaría anunciarles la próxima creación de la plataforma española de autorrepresentación que agrupa a las organizaciones e iniciativas de personas con
discapacidad intelectual que están apareciendo fruto del trabajo de las propias personas en la defensa de sus derechos. Plena Inclusión es consciente de que ya se ha transitado un camino histórico y ahora las familias tenemos que dejar espacio y
presencia a las propias personas. Les acompañaremos y apoyaremos, pero sabemos que ha llegado la hora de su emancipación. En definitiva, hablamos de coliderazgo. Son un movimiento vivo que muchas de sus señorías conocen y han acompañado estos
años y que con fuerza nos impulsan y animan a seguir. Para los que formamos Plena Inclusión son la razón más profunda de nuestra esperanza en el futuro y nos gustaría que para ustedes también fueran fuente de inspiración.


Muchas gracias y quedo a disposición de los grupos para lo que deseen plantearme.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.

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RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA SOBRE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE COMPARECENCIA, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO:


- DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE PLENA INCLUSIÓN (PÉREZ SÁNCHEZ), PARA INFORMAR SOBRE LOS RETOS A AFRONTAR EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO Y SUS FAMILIAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 219/000299).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE COCEMFE (QUEIRUGA VILA), PARA INFORMAR DE LA SITUACIÓN Y REIVINDICACIONES DE COCEMFE EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA E INFORMAR DE SUS PRINCIPALES ACCIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO. POR ACUERDO DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD. (Número de expediente 219/000368).


- DEL SEÑOR BLANCAFORT PLANAS (EN REPRESENTACIÓN DE SOM BASE Y VOLUNTARIO SOCIAL EN LA FUNDACIÓN AMICS DE LA GENT GRAN), PARA INFORMAR SOBRE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE SU ORGANIZACIÓN, Y MUY ESPECIALMENTE SOBRE EL TRABAJO
DESARROLLADO PARA PALIAR EL AISLAMIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES, ASÍ COMO EXPLICAR EL CONCEPTO DE DERECHO AL ACOMPAÑAMIENTO AFECTIVO. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD. (Número de expediente
219/000369).


El señor PRESIDENTE: Hemos empezado tan rápido después de Mesa y portavoces que nos hemos dejado el primer punto del orden del día -una cosa meramente de trámite-, que es ratificar el acuerdo de la Mesa para convocar esta sesión de hoy.
Por tanto, damos por hecho que lo hemos ratificado, si no hay nadie en contra. (Asentimiento).


COMPARECENCIAS VOTADAS FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN:


- DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE PLENA INCLUSIÓN (PÉREZ SÁNCHEZ), PARA INFORMAR SOBRE LOS RETOS A AFRONTAR EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO Y SUS FAMILIAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 219/000299). (CONTINUACIÓN).


El señor PRESIDENTE: Seguimos. Como saben, ahora cada uno de los portavoces tiene hasta cinco minutos -no hace falta agotarlos- para preguntar, añadir algún tema o lo que crean conveniente. Del Grupo Parlamentario Mixto no me ha parecido
ver a nadie. De Euskal Herria Bildu, tampoco. Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tampoco. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Sara, cuando quieras.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Lo primero, quiero agradecer la comparecencia y la intervención, en la que nos ha dejado claro dónde estamos en materia de reconocimiento de derechos en el ámbito de la discapacidad y el trabajo que, nos consta,
desde Plena Inclusión se realiza. Se realiza directamente desde los servicios de atención que tienen para las personas hasta la propia incidencia política que aquí nos llega para alzar la voz de cuál es el camino por recorrer que tenemos. Por
tanto, en primer lugar, quiero agradecer su trabajo.


En cuanto a las cuestiones que hemos abordado, por un lado, me gustaría conocer un poco más sobre los centros especiales de empleo. Me gustaría ahondar un poco, si tiene algunos datos más, sobre cuál está siendo el impacto de la crisis
económica y sanitaria. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se han quedado estos centros especiales de empleo y qué tipo de apoyo están recibiendo por parte de las administraciones? Igualmente, me interesa el impacto que está teniendo la crisis económica
y sanitaria en las personas con discapacidad; es decir, no solo el impacto ligado a los centros especiales de empleo, sino en ese ámbito más amplio.


Asimismo, no sé si han evidenciado o catalogado las situaciones de desamparo que han sufrido las familias de personas con discapacidad durante el confinamiento, a qué se han tenido que enfrentar. Además, ¿qué barreras impiden que la gente
con discapacidad pueda practicar en estos momentos y anteriormente deporte con mayor frecuencia? ¿Cómo puede afectar eso a su propio desarrollo y a su

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propio itinerario? Me gustaría saber cuál es su valoración sobre el anteproyecto de ley del deporte en lo relativo a personas con discapacidad y si cree que hay mejoras que hay que introducir en esta materia. Igualmente, ¿qué medidas
podríamos establecer en relación con el empleo público? ¿Qué efecto considera que ha tenido la reserva de plazas para personas con discapacidad dentro de las distintas administraciones públicas? ¿Qué barreras se siguen encontrando dentro de las
propias administraciones públicas para ejercer sus tareas en condiciones de igualdad?


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


Se harán todas las intervenciones y luego contestará a todas el señor vicepresidente de Plena Inclusión. A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Plural, el señor Boadella.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera dar las gracias al compareciente y a Plena Inclusión, porque nos ayuda a tener esa conexión con el mundo de la discapacidad. Más allá de esta
comparecencia, ustedes nos ofrecen su ayuda con documentos, ruedas de prensa y opiniones. Por tanto, quisiera agradecer el trabajo que desarrollan tanto ustedes como todas las entidades de las que forman parte.


Yo creo sinceramente que esta legislatura va a ser clave en temas de discapacidad, tanto por la reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad como por la reforma de las pensiones, el ingreso mínimo vital o la
eliminación de la esterilización forzosa. Me gustaría que me contestara brevemente a algunas cuestiones. ¿Qué valoración hacen de la implantación del ingreso mínimo vital? Este ingreso mínimo vital no les afecta solo a ustedes, pero afecta a
mucha gente con discapacidad. ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué informaciones les llegan? ¿Qué mejoras son necesarias?


Otra cuestión es la relativa al COVID. ¿Qué impacto ha tenido el COVID ya no tanto en familias, sino en entidades? Si tuviéramos aquí la lámpara mágica, ¿cuáles serían aquellas tres medidas que habría que tomar ya, sí o sí, para gestionar
el impacto del COVID en esas entidades? Muchas de estas entidades pertenecen al tercer sector y tienen escasos recursos. ¿Qué cuestiones hay que corregir de forma urgente?


Por último, me gustaría conocer qué valoración hacen de la Ley General de Discapacidad, una vez que han transcurrido varios años desde su aprobación. ¿Se han planteado actualizar o modernizar algunos aspectos de la Ley General de
Discapacidad? Si reformamos la legislación civil y procesal en materia de discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ¿sería una buena ocasión para retocar algunos aspectos de aquella ley?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Republicano, no hay nadie. Por tanto, tiene la palabra la portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Moltes gràcies, president. Bona vesprada.


Muchas gracias, señor compareciente, por sus palabras y por la tarea de la entidad a la que representa, que sin duda es importante para este colectivo, para este sector de la sociedad y, en definitiva, para que haya una sociedad más
inclusiva y respetuosa.


Coincidimos prácticamente con todos los planteamientos que hace. He tomado nota de las cuestiones que usted ha planteado y una que me parece fundamental es la necesidad de avanzar en la inserción laboral, en los derechos de ciudadanía, como
usted manifestaba. La inserción en el mercado ordinario de trabajo y el cumplimiento de la legislación en cuanto a la contratación pública, etcétera, son retos que tenemos como sociedad, porque, en definitiva, la inclusión social pasa también por
la inclusión en el ámbito laboral, que dota de autonomía a las personas.


Usted ha planteado también la importancia de fortalecer el sistema de la dependencia, pero reorientándolo, y estamos totalmente de acuerdo. Hace falta, porque la cuestión de la autonomía personal ha quedado un poco de lado. Por otro lado,
en los últimos años ha habido recortes, que han resultado dramáticos, de las ayudas, de los apoyos y de todas las prestaciones. En este sentido, quiero recordar que hay un compromiso importante del Gobierno de coalición -ya se contemplaba en el
acuerdo de Gobierno-para impulsar un plan de choque de la dependencia, que ya se está poniendo en marcha, con un aumento importante en el presupuesto, para revertir estos recortes y, sobre todo, para avanzar en los cuidados y en la autonomía
personal, con la revisión también del modelo de cuidados de larga duración.

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El fortalecimiento de estos recursos va a propiciar que las personas puedan decidir sobre su vida, en qué entorno quieren vivir y con qué apoyos.


Efectivamente, en esta legislatura se está trabajando mucho en todas estas cuestiones, en el cambio de la legislación civil y procesal para el ejercicio de su capacidad jurídica. Es un paso importante para centrarse en las posibilidades, en
los apoyos y no en los déficits, y en ese caminar hacia los derechos de ciudadanía plenos. Creo que aquí hay un compromiso. Acogemos y escuchamos todas sus propuestas y estamos seguros de que en esta legislatura se avanzará mucho también en todas
estas cuestiones que usted ha planteado.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo VOX. Cuando quieras.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchísimas gracias, presidente.


Gracias por sus palabras, por su tiempo y por estar esta tarde con nosotros. Yo tenías varias preguntas. En primer lugar, una relativa a los centros especiales de empleo. En el ámbito de la discapacidad intelectual, ¿qué valoración han
hecho en Plena Inclusión de la necesidad de dar apoyo específico no solo a los centros especiales de empleo, sino también a los centros de terapia ocupacional? Me consta que hay mucha necesidad en el ámbito específico de la discapacidad
intelectual.


Por otro lado, quería plantearle una cuestión relativa a la educación especial. A la luz de sus declaraciones, he entendido -no sé si he interpretado mal sus palabras; espero que usted me lo aclare- que usted considera de menor calidad la
educación especial que la educación inclusiva. Quería saber su opinión al respecto.


En tercer lugar, quería saber su opinión y la de su institución sobre un tema muy polémico y del que creo que se ha habla muy poco en el mundo de la discapacidad, que es el de la interrupción de embarazo, el aborto en caso de discapacidad,
particularmente en el ámbito de la discapacidad intelectual, porque, a la luz de los últimos datos que conocemos, ha habido una merma de casi el 90 % de la población con síndrome de Down en España en los últimos años y se estima que en el año 2050
probablemente no tengamos ningún nacimiento de niños con este síndrome.


Por otro lado, quería saber cómo han vivido ustedes las épocas más duras de la pandemia en sus residencias o en las que ustedes tengan representatividad o participen. También quisiera saber su opinión sobre lo que ha sucedido con el triaje
en los picos más duros de la pandemia.


Nada más y muchísimas gracias por su tiempo.


El señor PRESIDENTE: A continuación, la portavoz del Grupo Popular. Cuando quiera.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente. Gracias, vicepresidente de Plena Inclusión, por su intervención. Quiero felicitar a la gran familia de Plena Inclusión por la respuesta que siempre dan, pero muy especialmente
durante estos meses de tanta dificultad.


Coincido con usted en que hay que mejorar y perfeccionar el acceso a las prestaciones y, sobre todo, al sistema de apoyos. Aquí hay mucho que trabajar. Ha hablado usted de atención temprana y ha dicho que es desigual, que existen listas de
espera, déficits de intensidades, y a mí me gustaría saber si considera que el Gobierno está apoyando a las comunidades autónomas para ir hacia la universalización de la atención temprana.


También me gustaría saber qué opinión le merece la supresión de la prestación por hijo a cargo. Sin duda, el tema es complicado, hay más pobreza. Se está poniendo el foco en la extrema pobreza, que sin duda necesita mucho apoyo, pero luego
hay otra parte amplia de la sociedad que está en una situación complicada. Usted apuntaba en su informe que hay unos gastos por familia superiores a los 24000 euros al año, y a mí me gustaría saber qué plantea Plena Inclusión para paliar esta
situación y también qué plantea en lo que se refiere a la prestación por hijo a cargo, que parece que queda suprimida.


En materia de educación, que usted ha mencionado también, me gustaría saber, con la Ley Celaá, si el Gobierno va a dejar sin financiación pública a los centros de educación especial. Plena Inclusión tiene una amplia red de centros de
educación especial, concertados muchos de ellos, y me gustaría saber cómo van a quedar, si va a haber recursos suficientes y si el Gobierno va a seguir atendiendo estos centros.


En materia de vida independiente, que también mencionaba usted, yo creo -estoy de acuerdo con el planteamiento de Plena Inclusión- que las personas con discapacidad deben tener los apoyos adaptados a sus demandas, a su perfil y a todo lo que
les vaya surgiendo en su proyecto de vida.

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En materia de salud, sobre lo que también comentaba algo, sin duda, el impacto de la COVID ha sido terrible. Ustedes tienen centros y residencias en los que viven numerosas personas con discapacidad, residencias en las que entró el virus y
que se encontraban sin EPI, sin protocolos marco, sin mando único y sin dirección por parte del Gobierno. Me gustaría saber qué análisis hace Plena Inclusión sobre el impacto de la COVID y la falta de protocolos o la garantía de acceso a la salud
durante esos meses y si eso se ha subsanado.


En cuanto a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sabemos que el Comité de las Naciones Unidas ha advertido a España que la Ley de eutanasia ataca a la discapacidad, contribuyendo a su
estigmatización. Además, en línea, el Gobierno hace una enmienda a la totalidad de facto al texto de la ley de accesibilidad cognitiva que se está tramitando en estos momentos. Sospecho que hay un abandono por parte del Gobierno de la convención
en cuanto a esto. Me gustaría saber qué valoración hace Plena Inclusión sobre este tema.


Otro aspecto que interesa a mi grupo es que los Presupuestos Generales del Estado, en concreto de la vicepresidencia, crecen un 70 %. Hay un importante montante de dinero de fondos europeos, 900 millones de euros, y me gustaría saber qué
participación tendrá la discapacidad en estos fondos, qué participación va a tener Plena Inclusión y, sobre todo, si el Gobierno ha solicitado proyectos a su entidad


Hay un tema que a mi grupo le preocupa mucho -y con esto concluyo-, que es la sostenibilidad de los centros de discapacidad. Los sobrecostes que ha supuesto esta situación son mayores, primero, porque los precios públicos que se pagan a las
entidades son insuficientes, pero también porque los costes son mayores -y usted lo ha dicho- por la subida del salario mínimo interprofesional y por los gastos extraordinarios de la COVID. Me gustaría saber, si tienen los datos, el impacto que ha
tenido en las entidades el aumento del salario mínimo y, si tiene datos, el coste que están asumiendo las entidades con la gestión de la COVID. Al Partido Popular le preocupa especialmente que haya peligro de cierre de centros porque sean
insostenibles y porque no se les está dando una respuesta.


También le preocupa el Partido Popular la sostenibilidad del tercer sector. El impuesto sobre sociedades que dejó el Partido Popular ha perjudicado a muchas entidades y ha habido también un recorte del IRPF. Nosotros hemos hecho propuestas
en esta materia, hemos solicitado un fondo -y ya concluyo- extraordinario para las entidades y hemos solicitado también un plan de sostenibilidad para el tercer sector en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, pero la verdad es que se
nos ha votado en contra o nos han vetado, cuando yo creo que lo que proponía el Partido Popular era parte de la solución.


Concluyo diciéndole que le agradecemos su presencia y su exposición y pidiéndole que conteste a las preguntas en la medida que pueda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora SEVA RUIZ: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia y la magnífica intervención don Juan Pérez Sánchez, como vicepresidente de Plena Inclusión, para informarnos sobre estos retos a afrontar en la atención integral de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo y, sobre todo, de sus familias, con mayor dificultad, si cabe, en estos tiempos de pandemia. Más de cincuenta años de lucha por la defensa de los derechos y la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias les avalan. La lucha por una sociedad justa y solidaria, por la igualdad de derechos y oportunidades, en definitiva, por una vida digna en igualdad de condiciones, reivindicando derechos y adaptándose a los
retos y cambios de los nuevos tiempos, siendo creativos e innovadores. Este es un trabajo de todos y todas, de las organizaciones, de los agentes políticos y sociales, de las administraciones públicas y, cómo no, de la ciudadanía: el conocimiento,
la comprensión y la difusión de la realidad para poder llevar a cabo las reivindicaciones que se nos plantean, para poder vivir en una sociedad más justa, que valore la diversidad y favorezca la igualdad.


En su quinto plan estratégico, ustedes apostaron por la promoción en el desarrollo de roles de apoyo en la toma de decisiones; por la participación con proyectos estables orientados a aumentar la calidad de vida, rompiendo los estigmas
asociados a la discapacidad intelectual, con modelos de apoyo en el ámbito de todas las administraciones para avanzar en el cumplimiento de garantías jurídicas, y, sobre todo, por el trabajo colaborativo, creando alianzas sociales, culturales, en
valores y cooperación.

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Estamos en un proceso de transformación para el colectivo de la discapacidad. En esta legislatura es realmente un hecho, y darle visibilidad es uno de los retos a conseguir con un proyecto eficiente y sostenible, trabajado desde la
transversalidad y con un conocimiento y aprendizaje del movimiento asociativo que nos ayude a todos a esta transformación y a tener más y mejores resultados. Cada una de nosotras y cada uno de nosotros, desde la posición que ocupamos, tenemos la
obligación de conseguir los objetivos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la plena consecución de derechos y, sobre todo, la dignidad de las personas con discapacidad, promoviendo, protegiendo y garantizando los
principios de autonomía, no discriminación, inclusión, respeto a la diversidad, igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre hombres y mujeres e identidad personal.


Estamos en el camino adecuado, con la puesta en marcha de leyes que darán cobertura a las necesidades de las personas con discapacidad -ese es nuestro trabajo, escucharles y cambiar el modelo para que nadie se quede atrás-: la Ley de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y su texto refundido; la Ley de protección y apoyo garantizado para las personas con discapacidad; la Ley orgánica de esterilización forzosa o no consentida; el proyecto de ley
que reforma la legislación civil y procesal a las personas con discapacidad, que está actualmente en ponencia; la Ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; la ley de accesibilidad cognitiva,
actualmente también ponencia y en la que estamos seguros de que se llegará a acuerdos para dar cumplimiento a los criterios de la convención, y la Lomloe, que garantiza la educación inclusiva y, del mismo modo, la dotación y protección de los
centros de educación especial. Nos queda un largo camino por recorrer, pero estamos dando grandes pasos para que esas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y, sobre todo, sus familias sientan que sus reivindicaciones son escuchadas
y se materializan en cambios sociales que nos lleven a la igualdad en derechos y oportunidades.


Para finalizar, dos cuestiones concretas: ¿Considera que son necesarios los mecanismos de prevención de la institucionalización y la creación de servicios personalizados de apoyo a las familias y su proyecto vital? ¿Qué mecanismos piensa
que se deben poner en marcha para el conocimiento por parte de la sociedad del colectivo y así tener una mayor presencia y mejor imagen para evitar el rechazo que todavía se sufre en algunos ámbitos?


El objetivo común debe ser un proyecto estable para aumentar la calidad de vida y el cumplimiento de derechos, rompiendo la cadena del estigma asociado a la discapacidad intelectual y avanzando en la normalización en ámbitos como la salud
con un acceso garantizado y, cómo no, una buena vejez, la independencia económica o las relaciones personales, sexuales y sociales, con máxima protección y defensa de derechos en el colectivo de las mujeres con discapacidad intelectual. Este grupo
parlamentario se pone a su total disposición y agradece de nuevo su intervención.


Muchísimas gracias,


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Pérez para contestar, si es que puede, porque la cantidad de cosas que le han preguntado es muy larga, muy prolija.


El señor VICEPRESIDENTE DE PLENA INCLUSIÓN (Pérez Sánchez): Efectivamente, lo que demuestra el extraordinario interés de esta Comisión, lo cual se agradece. Efectivamente, yo voy a intentar contestar agrupando de alguna manera las
preguntas, porque sí que es cierto que algunos de ustedes han formulado preguntas bastante similares.


Para nosotros es muy importante desde el punto de vista de derechos todo lo que tiene que ver con el ámbito de la convención, el marco de garantías más importante que tenemos en el ámbito de la discapacidad, y tenemos que estar muy atentos,
lógicamente, no solamente a los mismos sino a su cumplimiento, y, en ese sentido, yo he hecho alusión en mi intervención a algunas cuestiones que nos parece que son fundamentales. Todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, todo lo que
tiene que ver con la educación, etcétera, nos parece que son aspectos irrenunciables. En el tema de la educación varios de ustedes han preguntado qué es lo que ocurre con la denominada Ley Celaá, qué va a pasar, en ese sentido, con todo lo que
tiene que ver con el ámbito de la educación especial, etcétera.


La posición de Plena Inclusión en ese sentido es muy clara, que compartimos también en el ámbito Cermi, del que somos socios, pertenecemos a su plataforma. Nosotros lo que realmente queremos es que tenga efecto tanto en los apoyos humanos
como económicos necesarios para que, efectivamente, en ese periodo de tiempo estipulado se pueda llevar a cabo la transición a la educación inclusiva que nosotros deseamos, y nunca hemos demonizado en absoluto -y algunos de ustedes lo han
mencionado- los centros de educación especial. Nosotros, en nuestro ámbito de Plena Inclusión, tenemos bastantes

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centros de ese tipo, de educación especial; por consiguiente, nos parece que todo el potencial que tienen esos profesionales y todos los recursos que se han utilizado durante bastante tiempo no pueden caer en saco roto, tienen que ser
utilizados, pero sí proponemos y promulgamos esa transformación tranquila, serena, y, sobre todo, hay que tener en cuenta algo que nos parece fundamental y es la capacidad de elección de los padres cuando se enfrentan a una situación de
escolarización de un hijo con necesidades educativas especiales; la posibilidad de que, efectivamente, pueda elegir si al final quiere ir a un centro normalizado con los apoyos necesarios o quiere ir a un centro o a un colegio de educación
especial. Luego, desde ese punto de vista, esa es la cuestión, y, efectivamente, yo he comentado en mi intervención que tenemos algún déficit a la hora de que se contemplen todos esos apoyos en todo lo que tiene que ver con la educación concertada,
porque, nosotros tenemos muchos colegios de educación especial concertados. Esa sería un poco la cuestión en ese sentido.


Ustedes han preguntado también, por ejemplo, sobre temas de empleo, qué pasa con los centros especiales de empleo, que son para nosotros un elemento fundamental para mantener el empleo en el ámbito de las personas con discapacidad. Ustedes
entenderán que esta situación de pandemia ha impactado también, como no puede ser de otra manera, en los centros especiales de empleo y tenemos en estos momentos muchísima gente en ERTE. Piensen que los centros especiales de empleo estaban
realizando un trabajo y una labor de centros auxiliares donde llegaba actividad de las propias empresas que en estos momentos no se puede llevar a cabo porque también esas propias empresas están asistiendo a estos procesos de ERTE, etcétera, pero
nos sigue pareciendo un modelo extraordinario. Nos parece que en estos momentos de complejidad y de dificultad es importante subir el porcentaje de financiación sobre el salario mínimo interprofesional hasta el 75 % -ya se hizo en su momento-, lo
cual no es uniforme en todas las comunidades autónomas, sino que hay alguna comunidad autónoma que ya lo ha empezado a aplicar, lo cual nos parece que es fundamental. Hemos sido capaces en esta situación de pandemia y de dificultad prácticamente de
mantener el empleo -con muchas dificultades, pero hemos sido capaces-, pero sí es verdad que la creación de empleo desde que comenzó esta situación de virus en nuestros centros especiales de empleo no se ha producido, es decir, en el ámbito de las
personas con discapacidad es prácticamente nulo. No hemos perdido empleo de manera significativa, pero no lo hemos podido compensar de ninguna manera.


Alguien ha hablado también de los fondos europeos. Los fondos europeos bajo las distintas modalidades nos parece que son fundamentales para reconstruir el sector, pero sí es verdad que nosotros encontramos ahí un déficit, y tenemos que
decírselo. Es decir, los fondos de reconstrucción y resiliencia no están especialmente indicados para el tercer sector, y a nosotros nos parece que es una cuestión totalmente prioritaria. En algunas comunidades autónomas -porque esto varía un
poco- el tercer sector hemos podido presentar algunos proyectos para su consideración, pero en muy poquitas comunidades autónomas, en la mayoría, no, y a nosotros nos parece que esto es fundamental porque, lógicamente, si hablamos de reconstruir
algo nosotros también tenemos que formar parte de esa idea de reconstrucción, si no, es muy complicado y es muy difícil salir adelante.


Tenemos un problema importante -cuestión que también ha apuntado yo creo que la mayoría de los grupos en sus intervenciones- con todo lo que tiene que ver con su sostenibilidad. Nuestras organizaciones están extraordinariamente exigidas, el
sobresfuerzo que hemos tenido que hacer para mitigar, sobre todo en la primera fase de la pandemia, todo lo que tiene que ver con la dotación de EPI ha sido extraordinariamente complicado y difícil. Hemos tenido que valernos de mecanismos que
lógicamente encarecían nuestra actividad para dotarnos de los propios EPI, de guantes, mascarillas, etcétera, aunque también es justo reconocer el esfuerzo realizado también en este sentido por el Ministerio de Sanidad con Cermi, las entidades
dentro de Cermi, Cruz Roja, Cáritas, esfuerzo que ha hecho y sigue haciendo; esta semana se han recibido bloques importantes de mascarillas. La estimación de sobrecostes que nosotros tenemos en estos momentos es aproximadamente entre un 30 y un 40
% superior. Es decir, a nosotros nos cuesta ahora mantener nuestras entidades entre un 30 y un 40 % más. Lógicamente, si desde el punto de vista económico las ayudas que nos llegan desde la Administración central, desde las diversas
administraciones autonómicas, no se incrementan en una proporción parecida podemos tener dificultades para la viabilidad de algunos de nuestros centros, porque, evidentemente, no somos centros de negocio. Saben ustedes que nuestra rentabilidad no
es económica, nuestra rentabilidad fundamentalmente es social y, lógicamente, se hace una reinversión en adecuación de los mismos, en mejoras, sobre todo, etcétera, pero lo que no queremos bajo ningún aspecto es que nos ocurra algo que para nosotros
sería un drama, y es que los recursos que nos llegan los tuviéramos que utilizar para financiar estructuras y no

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para hacer programas con las personas, por lo que, si no se produce una mejora en la financiación, eso realmente puede ocurrir. Entonces, evidentemente, es un problema importante.


¿Cómo ha impactado la COVID en los aspectos de salud? Como les he dicho antes, más de 400 personas que estaban en centros residenciales, por desgracia, como otros tantos ciudadanos en el ámbito de mayores, han fallecido, y, desde luego, la
cifra se podría ampliar porque evidentemente se han producido fallecimientos de personas que vivían con sus familias, en sus propias casas.


También han hecho alusión bastantes de sus señorías al tema de la atención temprana. Para nosotros es muy importante. Hay que mejorar los sistemas de financiación en ese sentido. La atención temprana es fundamental, es vital. Tenemos que
afrontar una situación de necesidades educativas especiales en los primeros estadios de la vida de un niño o de una niña, y, lógicamente, si eso no se produce, las posibilidades de que podamos reconducir desde el punto de vista cognitivo a esas
personas, a esos niños y a esas niñas, serán extraordinariamente peores. Nosotros venimos reclamando clarísimamente desde hace tiempo una mejora de la financiación en ese sentido, nos parece que es vital, que es necesaria para poder continuar
haciendo esa labor. Todo lo que tiene que ver con proyectos de vida independiente es fundamental; es decir, tiene que llegar financiación.


Nosotros somos partidarios de mirar la discapacidad desde un punto de vista de colectividad, desde un punto de vista de sociedad mucho más que desde colectivos particulares y específicos. En definitiva, nos parece que a cada persona con
discapacidad hay que darle los apoyos necesarios de la manera más individualizada posible. Por esa vía también vamos a necesitar apoyos y recursos. Hay algunos sistemas de financiación que a nosotros también nos parece que se deben mejorar, como
todo lo que tiene que ver con el impuesto sobre sociedad. Saben que hay una proposición de Cermi que se intentó llevar a cabo para que las empresas destinaran esa parte de sus impuestos, lo mismo que hacemos los particulares con el 0,7 %, al ámbito
de la discapacidad. Pero eso realmente todavía no ha surtido el efecto necesario. Mucho nos tememos que con los problemas que pueden tener las empresas a la hora de presentar el impuesto sobre sociedades en el ejercicio económico del año 2020, por
esa vía tampoco nos llegará mucho dinero. Todo lo que tiene que ver con el IRPF es fundamental para seguir desarrollando programas. Ustedes saben que lo que hacemos con esos fondos son desarrollar programas que van a mejorar la calidad de vida de
las personas de manera importante.


Han mencionado también cuestiones relativas a todo lo que tiene que ver con el Ingreso Mínimo Vita. Ahí hemos hecho también algunas observaciones importantes, como todo lo que tiene que ver con el hijo a cargo, por ejemplo, que se tiene que
mantener, que pensamos que tal y como están pensadas y estructuradas las cosas podría desaparecer. Sabemos que las familias están haciendo un sobreesfuerzo económico importante. Los estudios que tenemos indican que dicho sobreesfuerzo puede
suponer entre 20000 y 40000 euros en el seno de una familia que tiene una persona con discapacidad, en función de los niveles de necesidad que tenga, y eso sin tener en cuenta los denominados costes de oportunidad, es decir, todo aquello que una
familia tiene que dejar de hacer en términos de abandonar total o parcialmente su puesto de trabajo o de promoción en su empleo, etcétera. Son cuestiones muy importantes.


También han apuntado todo lo que tiene que ver con derechos desde el punto de vista de algunas cuestiones, como es la eutanasia y algunos otros. En ese sentido nos hemos definido muy claramente, lo hemos también en el ámbito Cermi. La
regulación legal de la eutanasia entendemos que no puede asociarse a procesos, a personas o a grupos sociales concretos, como es el de las personas con discapacidad, ni directa ni indirectamente y ha de ser neutra y respetuosa con esa diversidad
social. Entendemos que si no es así comprometemos gravemente los derechos humanos de este sector y se aleja de ese claro principio de no discriminación.


Algunos de ustedes preguntaban -por aquí lo tengo apuntado- qué medidas nos parece que son importantes para salir adelante. Hay algunas que son muy claras, como todo lo que tiene que ver con una financiación estable. Pedimos tener una
financiación estable, que sepamos, en definitiva, como en cualquier hogar, en cualquier empresa, con qué dinero contamos -dicho en términos llanos y claros- para llevar a cabo una actividad en el tiempo. De otra forma, esto es muy complicado y muy
difícil. Queremos que estos sistemas de subvenciones directas, por ejemplo, se puedan consolidar como derechos subjetivos de las personas, porque creemos que es así. Si no se producen situaciones de este tipo, vamos a tener bastante difícil
nuestra tarea, sobre todo en términos de poder prestar los apoyos que queremos dar a las personas. Fíjense que con toda esta situación de pandemia, igual que la crisis del año 2008 por desgracia dejó en el camino a gran cantidad de pequeñas
empresas, a gran cantidad de autónomos, podemos decir que absolutamente ninguna de las entidades del ámbito de plena inclusión,

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casi diría que por extensión del ámbito social, ha dejado de prestar asistencia a las personas. Nuestras entidades, que son muchas en este país, sobre todo aquellas que cuentan con centros residenciales abren los trescientos sesenta y cinco
días de año y atienden a las personas con total y absoluta normalidad. Estamos haciendo un esfuerzo titánico y, como les decía antes, estamos un poco al límite de la resistencia desde el punto de vista económico. Nos tenemos que reinventar. Pero
les transmito una vez más que lo que no queremos es derivar recursos económicos a pagar estructuras; queremos utilizar los recursos para hacer cosas con las personas, para hacer programas, para desarrollar proyectos de vida. Para nosotros eso
siempre es prioritario.


Hablaban de cómo ha impactado el deporte. Para nosotros el deporte es una práctica extraordinariamente importante, porque es un aspecto muy inclusivo, es el objetivo final de las personas y de quienes trabajamos con las personas con
discapacidad para su inclusión en la sociedad. El deporte es un elemento fundamental. El empleo es muy importante, porque a través de él se consiguen cuestiones necesarias como tener una relación contractual, que depende de un contrato de trabajo,
una independencia económica, una relación social, etcétera, pero el deporte hace socializar mucho. Hemos visto reducida o anulada esta actividad, pero, en definitiva, como en cualquier otro sector.


Todo lo que tiene que ver con aspectos como el Ingreso Mínimo Vital, con la posibilidad de que no se cuestione que una persona cobre una cantidad de dinero, aunque no sea mucha, y que sea compatible con la prestación que está recibiendo, es
necesario. Tiene salir a cuenta trabajar. Si realmente lo que intentamos es que las personas con discapacidad se integren a través de un trabajo y cuando lo tienen, aunque sea a media jornada, les retiramos la prestación, creemos que no estamos
haciendo un buen negocio.


No sé si he sido capaces de contestarles a todo. Seguramente no. Me habrán quedado determinadas cuestiones. He intentado contestar a lo que me parece que era más prioritario. Creemos que tenemos que ir a proyectos de vida independientes,
a apoyos individualizados, creemos en esa inclusión en la comunidad y estamos haciendo muchas prácticas en este sentido. No entendemos que el desarrollo de una comunidad se pueda llevar a cabo dejando a un lado a las personas con discapacidad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez.


Antes de terminar quiero decirle que puede estar seguro de que hemos tomado nota y de que sus aportaciones seguro que influirán en nuestro trabajo.


Vamos a parar un minuto mientras despedimos al compareciente. (Pausa).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE COCEMFE (QUEIRUGA VILA), PARA INFORMAR DE LA SITUACIÓN Y REIVINDICACIONES DE COCEMFE EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA E INFORMAR DE SUS PRINCIPALES ACCIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO. POR ACUERDO DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD. (Número de expediente 219/000368).


El señor PRESIDENTE: Está con nosotros don Anxo Queiruga Vila, presidente de Cocemfe, para explicar las reivindicaciones de la organización a la que representa hoy aquí en el ámbito de la discapacidad física y orgánica, así como para
informarnos de sus principales preocupaciones, de sus líneas de trabajo, etcétera. No hace falta que les diga lo que representa Cocemfe en el mundo de la discapacidad -he leído en la página web que son más de noventa entidades- y que su finalidad
es trabajar para conseguir la plena inclusión de todas las personas con discapacidad de tipo físico. Actualmente, también paliar los efectos negativos de la pandemia, para que no corra peligro alguno de los avances que se había conseguido.


Bienvenido, señor Queiruga. Tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DE COCEMFE (Queiruga Vila): Buenas tarde, señor presidente de la Comisión, amigo Joan, miembros de la Mesa, portavoces, señorías, letrado, personal de la Cámara. Agradezco tus palabras, Joan. Gracias por invitar a
Cocemfe a comparecer en el Congreso, en la Comisión de Derechos Sociales y para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Afortunadamente, con muchas de las personas que formáis esta Comisión ya hemos tenido interesantes reuniones y nos
conocéis. El año pasado celebramos el 40.º aniversario y nos sentimos muy arropados por muchas y por muchos de vosotros en lo que os propusimos participar. Aprovecho también para agradecéroslo.

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Antes de empezar con los asuntos centrales de la comparecencia, y dado que han pasado tres años desde la última vez que estuve en el Congreso, me gustaría explicar brevemente qué es Cocemfe y qué es lo que hacemos. Cocemfe, como comentaba
Joan, es la entidad principal de las personas con discapacidad física y orgánica en el Estado español; aglutina a más de 1600 asociaciones y representa a dos millones y medio de personas con discapacidad física y orgánica; la forman las treinta
grandes federaciones del ámbito de la salud y presta servicios a más de un millón de personas con discapacidad física y orgánica en todo el territorio español. Cocemfe y sus entidades generan empleo para más de 7000 profesionales y también
colaboran 21000 personas que son voluntarias.


Para comenzar mi intervención me gustaría detallar la situación en la que nos encontramos las personas con discapacidad en España. En este sentido, no hay más remedio que destacar la situación de la pandemia en la que nos encontramos,
porque el COVID lo ha inundado todo. A pesar de que las personas con discapacidad física y orgánica tenemos multitud de reivindicaciones y necesidades que no tienen relación con la pandemia, dadas las graves consecuencias que ha tenido y sigue
teniendo sobre nuestra salud, creo que es lo más oportuno. Las personas con discapacidad física y orgánica de nuestro país hemos vivido un enorme retroceso en nuestros derechos en este último año. Las cifras de nuestra campaña QueNoNosApaguen lo
demuestran. Desde la llegada de la pandemia el 73 % de las personas con discapacidad física y orgánica hemos visto retrasadas nuestras cifras médicas; el 56 % ha tenido un empeoramiento de su salud; el 40 % ha visto interrumpidos sus
tratamientos; el 42 % ha tratado de recibir algún tratamiento o terapia y no ha podido, y el 20 % se ha encontrado con una negativa a recibir atención sociosanitaria. De forma general, el 37 % de nuestro grupo social ha vivido un retroceso en sus
derechos.


Toda esta situación está afectando a la población en general, pero en nuestro caso es un riesgo realmente grave que afecta a nuestra salud y a la calidad de vida. A pesar de ello, no se ha tenido en cuenta la situación de discapacidad desde
el principio de la pandemia en la normativa aprobada. Toda esta situación ha sido nefasta para las personas con discapacidad física y orgánica. Los primeros momentos de la crisis sanitaria nos hicieron vivir situaciones que no pueden volver a
suceder. Hemos visto y vivido cómo se priorizó a las personas sin discapacidad sobre las personas con discapacidad, en algunos casos utilizando criterios de difícil justificación como el de valor social. Un claro ejemplo de la mayor vulnerabilidad
y de la invisibilización a la que nos hemos visto sometidos son las personas con enfermedad renal. En noviembre del año pasado el 4 % se había contagiado y casi un 1 % ha fallecido a causa del COVID-19; es decir, fallece una de cada cuatro
personas con enfermedad renal contagiadas con COVID-19.


Desde que comenzó la pandemia se han reducido y hasta paralizado muchos servicios, terapias o actividades que son fundamentalmente para tener una calidad de vida, ya que sin ellos se puede perjudicar gravemente nuestro estado de salud, como
los tratamientos de recuperación funcional, la fisioterapia, los tratamientos farmacológicos o tratamientos que dependen de unidades hospitalarias. En nuestro grupo social hay un mayor riesgo de contagio o de desarrollar un COVID grave, de ver
agravada nuestra condición o un mayor riesgo de mortalidad. Por eso no dejamos de reclamar al Gobierno y a las comunidades autónomas que seamos un grupo prioritario en la vacunación. Creemos que es fundamental que se vacune a la población en
función del grado de vulnerabilidad ante la COVID más que en relación con otros criterios más aleatorios. Desde Cocemfe y nuestro movimiento asociativo nos hemos volcado en garantizar que nuestro grupo social siguiera recibiendo sus tratamientos
poniendo en marcha servicios de reparto de medicamentos y reforzando los servicios de terapias físicas, pero no podemos olvidar que es el Estado el que tiene la obligación de asegurar la protección de los colectivos más vulnerables, entre ellos de
forma destacada las personas con discapacidad, en todo momento y, por supuesto, también en los momentos de crisis sanitaria o de pandemia. Es cuestión de derechos, como marca la Convención de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas,
ratificada por España.


Son muchos los aprendizajes que podemos extraer de esta situación terrible que vivimos y continuamos viviendo, pero si hay una cuestión que se ha evidenciado especialmente -es una de las reivindicaciones históricas de nuestro movimiento
asociativo- es la necesidad urgente de una coordinación sociosanitaria real y efectiva. No solo evitaría duplicidades y contribuiría a la sostenibilidad del sistema, sino que permitiría ofrecer respuestas coordinadas, integradas, colaborativas y
complementarias ajustadas a las necesidades de las personas.


Hay muchas personas cuyos derechos se han vulnerado y otras tantas a las que ni siquiera se les han reconocido. Por eso es importante que se actualice el acceso a la condición legal de persona con discapacidad, teniendo en cuenta que el
actual baremo de valoración de discapacidad es del año 1999,

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encontrándose en fase de actualización desde hace muchos años. Dicha actualización es imprescindible debido a que el actual baremo está cerrando la puerta a los derechos de muchas personas con discapacidad, especialmente en el caso de las
personas con discapacidad orgánica, con especial incidencia dentro de aquellas formas de discapacidad especialmente prevalente en mujeres y niños. Desde Cocemfe reclamamos que se apruebe el baremo que se consensuó en un grupo de trabajo del Imserso
en el que participamos y que única y exclusivamente requiere de un impulso político para su puesta en marcha. Mientras el reloj siga corriendo, la calidad de vida de las personas con discapacidad se ve mermada día tras día. Tenemos que dar el paso
definitivo para actualizar este baremo y no dejar fuera del sistema de apoyo a personas con discapacidad física y orgánica que verdaderamente requieren este reconocimiento oficial para acceder a sus derechos y avanzar hacia una igualdad de
oportunidades. Os diré que este baremo está consensuado por los distintos grupos políticos y por el sector social de la discapacidad desde hace más de tres años.


Asimismo, es importante también que las personas con discapacidad tengamos acceso a los tratamientos farmacológicos, productos sanitarios y ayudas técnicas existentes indicadas en cada tipo de discapacidad de forma equitativa en todo el país
y sin copago, incluyendo los dietoterápicos y todos aquellos que contribuyan al mantenimiento de la salud. No podemos permitir que dependiendo del lugar donde residas puedas tener o no acceso a unos tratamientos o a otros. En Cocemfe respetamos,
como no puede ser de otra forma, todas las competencias autonómicas, pero es necesario establecer unos mínimos exigibles a todos los territorios. Además, creemos que es imprescindible impulsar el acceso a los tratamientos innovadores y también la
investigación para encontrar nuevas soluciones que mejoren nuestra salud y nuestro bienestar.


Mencionaba antes alguna de nuestras reivindicaciones históricas. Qué les podría decir de la Ley de Propiedad Horizontal. Resulta inexplicable que hoy en día continúe habiendo personas con discapacidad que no pueden salir de sus viviendas,
transformándose sus hogares en sus propias cárceles que les impiden contactar con el mundo exterior y participar de forma activa en la sociedad. Por desgracia, con la llegada de la pandemia todas las personas aquí presentes hemos sufrido un
confinamiento domiciliario en mayor o menor medida, sobre todo en los primeros meses. A lo mejor esta situación debería servir para tomar conciencia de que no podemos permitir que esto siga ocurriendo actualmente con todos los efectos que tiene
para las personas con discapacidad. Hoy en día sigue sin ser obligatorio realizar las obras de accesibilidad necesarias en los edificios de viviendas para garantizar nuestra movilidad. Esto provoca que haya permanentemente más de 100000 personas
con discapacidad encerradas en sus viviendas porque su edificio no es accesible y que 1800000 personas solo lo hagan cuando tienen ayuda de una tercera persona. Esto representa cerca del 75 % de las personas con movilidad reducida en nuestro país.
Por ello es urgente modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que de una vez por todas sea obligatorio realizar las obras de accesibilidad en los edificios donde vivan o trabajen personas con discapacidad en situación de dependencia o personas
mayores. También habría que crear un fondo estatal de accesibilidad universal que ayude a las comunidades de vecinos con más dificultades económicas. Además de reformar la normativa, es necesario cumplirla. En ocasiones, este es otro de los
graves problemas de nuestro país. Como ejemplo, quiero recordar que desde el año 2017 es obligatorio que todos los productos, entornos, bienes y servicios sean accesibles. Solo con dar una vuelta por cualquier ciudad o municipio seguimos
encontrándonos sistemáticamente con barreras.


Otra de las cuestiones que es necesario abordar es el empleo de las personas con discapacidad. La tasa de actividad de las personas con discapacidad, es del 34 %, 43 puntos menos que el resto de la población, y esta diferencia es incluso
mayor en el caso de las personas que tienen una discapacidad orgánica, según los datos de la última encuesta publicada por el INE sobre el empleo de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad física presentaron en 2019 un 47,7 %
de tasa de actividad, y aquellas con discapacidad orgánica presentaron una tasa de actividad del 41,5 %, cuando se trataba de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino, y del 31,2 % cuando se debía a los sistemas cardiovascular, inmunológico o
respiratorio, mientras que la tasa de actividad de las personas sin discapacidad fu del 77,7 % en ese mismo año. Estas cifras nos revelan que es urgente revertir esta dramática situación. Desde Cocemfe apostamos por crear una nueva ley general de
empleo que ponga en marcha un modelo que aparte de armonizar todas las medidas existentes en la actualidad incluya nuevas medidas que mejoren la empleabilidad de nuestro grupo social. Por ejemplo, hoy en día la tasa de reserva es muy baja en
comparación con otros países, un 2 % frente a una media de un 6 % y afecta a un número muy reducido de empresas, ya que saben que solo aquellas empresas que tienen cincuenta trabajadores o más tienen

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la obligación de aplicar esta cuota del 2 %. Además, sería necesario que esta tasa afectara a empresas que tienen menos trabajadores, que son la mayoría en nuestro mercado laboral. Las personas con discapacidad podemos desempeñar distintas
ocupaciones si contamos con las medidas de apoyo y las adaptaciones necesarias. Incrementar el porcentaje de la cuota es interesante, pero también, desde mi punto de vista, sería muy importante que se cumpliera lo del 2 % de la cuota existente.
Eso significaría un avance importante.


Un empleo digno y de calidad es un derecho de todas las personas, y no solo eso, el empleo es un derecho generador de otros derechos, ya que nos permite participar de forma activa en la sociedad, socializar con el resto de la población y
disponer de los recursos económicos necesarios para desarrollar la vida deseada. Por otro lado, es fundamental que se reafirme y se asegure la equiparación legal entre la situación de incapacidad laboral permanente y la discapacidad, que se
encuentra en una situación legal controvertida tras unas sentencias del Tribunal Supremo, que por motivos exclusivamente formales han anulado en ciertos aspectos esta equiparación. Se está abocando al desempleo y, por tanto, a una situación de
pobreza a personas con una incapacidad laboral reconocida al dificultar su acceso al empleo sin reconocer su situación de dificultad.


Ya hemos hablado de accesibilidad, de empleo y creo que ahora es el momento de hablar de otro de los derechos clave para el desarrollo de la vida de las personas con discapacidad: la autonomía personal. Si en el ámbito del empleo es
necesario pasar del modelo Lismi a una estrategia integral de empleo, en el ámbito de las prestaciones sociales es necesario cambiar el paradigma de atención a la dependencia que impera en nuestro país hacia un modelo de autonomía personal centrado
en la persona. Las personas con discapacidad tenemos que tener garantizado el derecho a la autonomía personal, es decir, que podamos desarrollar nuestro propio proyecto vital, que decidamos sobre los que nos afecta y que podamos participar en la
sociedad de forma activa y en las mismas condiciones. En este sentido, la pobreza es un grave problema para nuestro grupo social. Una de cada tres personas con discapacidad está en situación de pobreza o exclusión y esto incide directamente sobre
la autonomía personal, pero también la falta de accesibilidad, de apoyos para vivir autónomamente y ausencia de recursos como la figura del asistente personal. Quiero recordar que nuestro país tiene un gran reto pendiente, hacer que llegue la
prestación de asistencia personal a quienes verdaderamente la necesitan para tener una vida independiente, y esto requiere de un impulso por parte de la Administración y de la regulación laboral de esta figura. La asistencia personal es un derecho
reconocido en nuestro país desde el año 2006, pero, si no llega a la gente, no existe, solo tiene acceso a ella una parte ínfima de nuestro grupo social, y después de casi quince años, es inaceptable que sigamos en esta situación; tenemos que
ponerle una solución, urge una regulación laboral para la figura del asistente personal.


Obviamente, de manera transversal a todo lo que voy a exponer, hay que incluir la perspectiva de género y atender las necesidades específicas de las mujeres y las niñas con discapacidad. Las mujeres con discapacidad sufren a día de hoy una
múltiple discriminación por diferentes factores interseccionales. Las mujeres y las niñas con discapacidad son más discriminadas en el ámbito familiar y en el educativo, tienen menor acceso al empleo, el sistema sanitario no responde a sus
necesidades y la protección social que reciben no exime a muchas de ellas de la pobreza; todo ello impide que puedan desarrollar vidas normalizadas. Además, las mujeres y las niñas con discapacidad han sido vulneradas desde el inicio de la
pandemia al ver multiplicadas las situaciones de discriminación a las que ellas se enfrentaban previamente, agravadas en casos como la atención sanitaria o la violencia. El último año se ha reparado una de las situaciones más graves que veníamos
arrastrando y que suponía una indignidad para nuestro país, se aprobó la Ley Orgánica 2/2020, del 16 de diciembre, que elimina en nuestro derecho español la posibilidad de esterilización forzosa o no consentida. Pero aún quedan muchas cosas por
hacer, por eso desde Cocemfe defendemos que tanto la variable de género como la variable discapacidad sean incorporadas transversalmente en el diseño e implementación de políticas públicas y que las administraciones apuesten por la interlocución con
el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y de las mujeres.


Otra discriminación que afecta de manera significativa a la calidad de vida de las personas con discapacidad es vivir en el mundo rural. Las personas con discapacidad que viven en el mundo rural todavía no tienen servicios análogos a las
personas con discapacidad que viven en las grandes urbes o en núcleos de población más importantes. Conforme te alejas de las grandes ciudades, la accesibilidad universal, las oportunidades y los derechos están cada vez menos presentes. Desde
Cocemfe apostamos por un desarrollo rural inclusivo que impida que las personas con discapacidad nos veamos obligadas a

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huir de nuestros lugares de origen, si es que podemos, porque, si no, lo que hacemos es malvivir en nuestros pueblos. Además, en un mundo cada vez más globalizado y cada vez más informatizado, tenemos que garantizar el acceso a las
tecnologías de la información y de la comunicación por parte de las personas con discapacidad. La pandemia ha ampliado la brecha digital de nuestro colectivo tanto en zonas rurales como en todo el país; casi la mitad de las personas con
discapacidad encuentran dificultades para utilizar dispositivos tecnológicos por cuestiones de accesibilidad, económicas o sociales. Tenemos que acabar con las desigualdades en derechos digitales, lo que a su vez redundaría en un mayor número de
oportunidades para nuestro grupo social para tener un desarrollo personal y profesional en igualdad de condiciones. Esta problemática de la brecha digital tiene mucha relación con la educación. Durante la pandemia, las necesidades del alumnado con
discapacidad han quedado desatendidas y no se han puesto a su disposición los medios de apoyo necesarios. En este aspecto, quisiera recordar que la transición digital que necesita la escuela deberá ser necesariamente inclusiva y asegurar la equidad
y la calidad del sistema educativo. Con ello, se garantizará el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.


En esta legislatura, la educación está jugando un papel fundamental y, en este sentido, quiero agradecer que sus señorías estén dedicando el tiempo que merece a establecer los mecanismos necesarios que determinarán el futuro de los niños y
niñas con discapacidad en España. Tenemos la esperanza de que la legislación aprobada suponga un avance decidido hacia una educación inclusiva real y efectiva del alumnado con discapacidad en nuestras escuelas. No podemos privar a ninguna persona
de una etapa tan importante para el desarrollo personal y profesional como es la etapa educativa, ni tampoco hacer que esa educación dependa de si la familia en cuestión cuenta con los recursos económicos necesarios o no. España tiene que
garantizar recursos para una educación inclusiva, gratuita y de calidad.


Para finalizar, y antes de dar paso a las preguntas de sus señorías, me gustaría trasladar la problemática de sostenibilidad que tenemos las organizaciones. Como comentaba al principio de mi intervención, cada año, más de un millón de
personas se benefician de la labor que hacemos desde Cocemfe y nuestro movimiento asociativo, pero nunca sabemos si podremos seguir haciéndola al año siguiente. Vivimos en una situación permanente de incertidumbre a nivel económico, a lo que hay
que añadir los modelos de justificación de las subvenciones a las que podamos acceder, más propios del siglo XX que de la era de la digitalización en la que nos encontramos. Entre todos debemos generar un modelo de sostenibilidad que supere el
modelo tradicional de subvenciones y que nos saque del eterno conflicto competencial. Las organizaciones del tercer sector de la discapacidad debemos ser consideradas entidades colaboradoras de la Administración, debemos tener una interlocución
fluida y directa con nuestros gobernantes, necesitamos estabilidad para poder seguir desarrollando nuestros proyectos, unos proyectos que favorecen la autonomía personal, la educación inclusiva, la formación en igualdad de condiciones, el acceso al
mercado laboral, la igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad y el acceso a una atención sociosanitaria en igualdad de condiciones. Desde que comenzó la pandemia, fuimos las organizaciones las que estuvimos en todo momento al lado de las
personas con discapacidad, según nos permitía la situación, de forma telemática o de forma presencial. Hemos sido un pilar fundamental en la lucha contra la pandemia. Desde Cocemfe hemos repartido más de 700000 equipos de protección individual
entre nuestras entidades para poder garantizar la atención en condiciones de seguridad. Hemos tenido que invertir el dinero que no tenemos en adaptarnos a esta situación, en sistemas y equipos informáticos, en contratación de servicios y en cumplir
todas las medidas y recomendaciones sanitarias. Por eso, Cocemfe y nuestro movimiento asociativo reclamamos poder acceder a los fondos europeos de resiliencia, es imprescindible que lo hagamos, porque hemos sufrido en primera persona la pandemia,
porque hemos frenado como hemos podido el impacto de la pandemia en nuestro colectivo y porque somos una pieza clave de la defensa de los derechos, porque por nuestra permeabilidad territorial y social somos un actor importante en ayudar a conseguir
la cohesión social y territorial tan necesaria, y porque necesitamos transformar nuestras organizaciones para seguir prestando una atención de calidad a las personas con discapacidad física y orgánica más afectadas por la pandemia y que lo siguen
siendo.


Cocemfe es una entidad de propuestas, de colaboración, de interlocución y de soluciones, por eso -ya termino-, quiero recordar a todos los partidos políticos, al Gobierno y a todas las administraciones que, antes de aprobar cualquier
iniciativa, piensen en nosotros, que no vuelva a ocurrir que se aprueben normas que nos afectan sin habernos consultado, y que utilicemos todos los mecanismos democráticos y

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de interlocución para construir, para desarrollar políticas que conviertan a nuestro país en un ejemplo de respeto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del cumplimiento de la Agenda 2030.


Muchas gracias. Quedo a su disposición para responder a las preguntas que deseen plantearme.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, empezaremos el turno de portavoces. Por Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Muchísimas gracias por la intervención. Es una tarde de comparecencias para agradecer el trabajo de aquellas organizaciones que estáis al frente en el ámbito de la discapacidad y que realizáis desde lo que es la prestación y la atención a
las personas a la acción de incidir para que nuestro marco regulatorio sea más adecuado.


De la intervención, me ha parecido relevante que se ha hecho una mención a situaciones de discriminación en la atención sanitaria durante momentos del COVID-19, al igual que se ha hecho referencia a la discriminación múltiple o
interseccional que padecen las mujeres con discapacidad. No sé si tenéis datos concretos, porque me parece un asunto especialmente grave cuando hablamos de discriminación que hayáis visto reflejado ese tratamiento desigual en la atención sanitaria
durante esta pandemia. En alguna conversación que he tenido con Cermi durante la pandemia sí que me han constatado esa impotencia de no haber sido atendidos debido a un cribaje discriminatorio, entonces me gustaría saber si tenéis datos.


Estamos totalmente conformes con la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Como sabrán, nuestro grupo parlamentario ha presentado ya la iniciativa de modificación. Esperamos tenerla pronto en esta Cámara y que sea de esas
iniciativas, al igual que fue la prohibición de la esterilización forzosa a mujeres con discapacidad, en las que mostremos unidad por parte de todos los grupos parlamentarios, porque es muy triste -lo comparto- que la gente tenga que estar encerrada
en sus casas porque sea inviable la posibilidad de salir y la soledad en la que se encuentran aquellas personas porque no están todavía los edificios habilitados para ello.


En cuanto a la modificación en relación con la incapacidad laboral, nuestro grupo parlamentario está en la misma línea de apoyar ese tipo de propuestas. Yo creo que durante toda la fase de reconstrucción que hemos tenido durante esta
lamentable pandemia nos quedó claro que el sistema de atención a la dependencia debe cambiar, debe dar un giro de 360 grados, porque tenemos que pensar en las personas y en esa atención individualizada, personalizada, incluso hablando con las
residencias. Las residencias son hogares. Hay que dar una vuelta a todo ese sistema y lo que esperamos es que desde comisiones como esta nos pongamos pronto a realizar un impulso en esa atención y en esos cuidados.


Creo que la valoración que hace de la atención médica recibida por las personas con discapacidad durante el COVID es negativa. Me gustaría que lo pudiera concretar con datos y que nos dijera qué medidas considera que deberíamos adoptar con
carácter urgente para poder evitar los posibles efectos negativos sobre la salud mental y física de las personas con discapacidad, y si considera además que se va a producir un aumento de personas con discapacidad como consecuencia de los efectos de
la COVID sobre determinadas personas, si tiene alguna valoración al respecto, si nos podemos ir hacia un aumento de las personas con discapacidad.


Por otro lado, dentro de los temas de los que hoy no hemos hablado -usted no lo ha comentado en su intervención-, en relación con la propia convención y en el avance de las mejoras en cumplimiento de la convención, me gustaría saber cuál es
su opinión o hacia dónde deberíamos tener ya el enfoque respecto al internamiento forzoso y los tratamientos forzosos de personas con discapacidad. Esta es una de las cuestiones que a Ciudadanos nos preocupa. Sabemos que hay que saber encauzar,
que a lo mejor actualmente no estamos totalmente preparados para un cambio de un lado a otro porque creo que hay que dar un periodo de transición, pero creo que son cuestiones que hay que empezar a poner encima de la mesa y me gustaría conocer cuál
es su posición.


Nosotros hemos estado defendiendo en cuanto al ingreso mínimo vital algunas cuestiones relevantes y me gustaría saber cuál es la posición o hacia dónde deberían ir esas mejoras en ingreso mínimo vital a las personas con discapacidad y,
concretamente, si ustedes tienen posición en relación con lo que supone la eliminación de la prestación por hijo a cargo.


Gracias.

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Giménez.


En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Saavedra Muñoz.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gracias, presidente. Bona vesprada.


Muchas gracias, señor Queiruga, por su aportación y por la tarea de la entidad a la que representa en todos estos años, que es fundamental. He ido recogiendo algunas de las cuestiones que ha planteado, todas importantísimas y centrales para
esa consideración de los derechos de ciudadanía para el colectivo que representa, lo que hablaría bien de toda la sociedad. Ha hablado usted del baremo de valoración de la discapacidad. Es realmente llamativo que se ha quedado obsoleto desde 1999
y me consta que se está trabajando desde el ministerio en esta actualización de acuerdo a los criterios de la OMS y de la convención, en diálogo con la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Es verdad que hace varios años
-creo que tres años ha dicho usted- que se hizo un trabajo muy amplio de escuchar a las entidades, pero aún no se ha aplicado. En este momento se está trabajando en ello y por lo que conocemos parece que está en la fase de pilotaje de la aplicación
informática para que sea una realidad ese nuevo baremo, porque es imprescindible que esa valoración se ajuste a las necesidades de las personas para que realmente sea útil.


Usted ha hablado de la cuestión laboral. La inserción laboral es fundamental de cara a la inserción plena en la sociedad y que se cumpla la ley. He tomado nota y me han parecido interesantes las aportaciones que ha hecho en cuanto a las
mejoras en estos porcentajes y las condiciones en las que se debe exigir esta inserción en el mercado ordinario. Me consta que en el Ministerio de Trabajo se está trabajando en el tema de las políticas activas de empleo y cómo orientarlas sobre
todo a esa inserción en el mercado ordinario, porque en definitiva tiene que ser el horizonte de trabajo para que las personas pueden insertarse de manera completa en la sociedad, y en la exigencia de que se cumpla la ley, que parece que sería
bastante revolucionario en este momento. Esperemos que haya cambios pronto.


En relación con la dependencia, usted ha insistido y me parece muy interesante en la cuestión de la reorientación hacia la autonomía personal, que quedó bastante de lado en la aplicación. Llevamos quince años de aplicación de una ley de
dependencia, una aplicación fallida, torpeada en muchos casos por los diferentes Gobiernos que ha habido y por unas políticas de austeridad con recortes que han sido muy dañinos para el sector y que han hecho mucho daño. En este momento se ha
puesto en marcha -usted ya lo conoce- el plan de choque de la dependencia, en conversación con las comunidades autónomas, y esperemos que haya algún avance en el sentido que usted ha planteado. Me parece importantísimo, y en los presupuestos
generales se preveía una inversión para todo lo que tiene que ver con cambio de modelo de cuidados, asistencia personal, atención domiciliaria teleasistencia, recursos imprescindibles para la autodeterminación de la propia vida. Es fundamental y
esperemos que con este plan de choque y la reversión de los recortes habidos estos años haya avances en este sentido, porque son imprescindibles.


Respecto a la accesibilidad, usted lo ha dicho, llevan años y años sin cumplirse las leyes, sin exigirse ese cumplimiento. Yo celebro que en los Presupuestos Generales del Estado se reserven unas inversiones importantes de cara al Plan
Nacional de Accesibilidad Universal, a ver si ahí hay avances y concreciones, así como la trasposición de la directiva de 2019, de bienes y servicios, que es muy importante. Esperamos que próximamente se vean resultados. Desde luego, en esta
legislatura hay un compromiso importante de avanzar en este sentido, que es fundamental, porque no se puede hablar de derecho de ciudadanía si las personas no pueden acceder en igualdad de condiciones y participar en la vida.


Por último, ha hablado usted de la educación inclusiva y de la nueva ley. Nosotros consideramos que es un avance importante que la Lomloe plantee este compromiso de provisión de recursos en los centros ordinarios para que puedan acoger a
todo tipo de alumnado y sea una realidad la posibilidad de elegir centro y de que todos los niños y niñas, tengan las condiciones que tengan, puedan estar con los chavales, con los compañeros y vecinos de su barrio o de su pueblo en los centros
ordinarios. Esto es un avance muy importante a pesar de toda la manipulación que se ha hecho con el tema de los cierres de los centros de educación especial de manera muy tacticista y engañando a las familias. La ley educativa supondrá un avance
en la medida que se dote de recursos.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Lo ha comentado ya, pero no sé si quizá podría aportar algún elemento más en esta cuestión de los recursos en los centros ordinarios para una educación inclusiva.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo VOX, Reyes Romero.


La señora ROMERO VILCHES: Buenas tardes, quiero agradecerle en nombre del Grupo Parlamentario VOX su comparecencia ante esta Comisión y hacerle saber, señor Queiruga, nuestro reconocimiento a todas las asociaciones que trabajan para la
plena inclusión de las personas con discapacidad y nuestro compromiso de colaboración con estas entidades. Coincidimos en muchos de los puntos que nos ha presentado y a algunas de las preguntas que tenía preparadas ya ha contestado. No obstante,
quiero comentarle que sabemos -así lo venimos denunciando desde la creación de nuestro partido- que el Estado de las autonomías crea desigualdad entre los españoles en muchísimas cuestiones. En nuestro país hay que eliminar barreras autonómicas,
puesto que ahora mismo la valoración y las prestaciones por discapacidad son diferentes según la comunidad autónoma en la que vivas, de modo que a las barreras con las que se encuentran estas personas por el hecho de sufrir alguna discapacidad se
suman además las barreras autonómicas. A este respecto le pregunto si cree necesario homologar la baremación a nivel nacional tanto de los parámetros para otorgar el grado de discapacidad como de las ayudas que se prestan a las personas con alguna
discapacidad, aunque he creído entender que está de acuerdo con nosotros.


Otra cuestión que preocupa a mi grupo es la integración de las personas con discapacidad en los centros escolares ordinarios incluida en la recientemente aprobada Ley Celaá. Para VOX es una falacia la pretensión de la inclusión real de las
personas con determinados tipos de discapacidad, atendidas por parte de personal especializado en los centros ordinarios. (Rumores). Así lo creen también la mayoría de familias con hijos con discapacidad, familias a las que no se ha escuchado
antes de presentar esta nefasta Ley Celaá. En este sentido, queremos preguntarle si cree que los niños afectados por una discapacidad profunda serán adecuadamente atendidos en los centros ordinarios para ayudarles a desarrollar las máximas
capacidades que se encuentran a su alcance a nivel individual.


Es evidente que la crisis económica perjudica a las personas con discapacidad, en el sentido de que suelen padecer una reducción en las ayudas públicas y privadas. El compareciente anterior, de Plena Inclusión, ha comentado que ellos han
valorado un sobrecoste de entre el 30 y el 40 % debido a esta pandemia que estamos sufriendo. ¿Ha hecho Cocemfe alguna valoración al respecto? La crisis de las familias se manifiesta también en la bajada de la natalidad y en el incremento de las
rupturas familiares, lo que está provocando que en los hogares españoles cada vez vivan menos personas y que haya aumentado el número de hogares unipersonales. Cuando estas personas que viven solas son de avanzada edad, nos encontramos con un
fenómeno nuevo desde el punto de vista sociológico. ¿Qué papel considera que debe jugar la familia en la atención a las personas con discapacidad?


Nos parece especialmente interesante el asunto de la inserción laboral de las personas que tienen algún tipo de discapacidad tanto en el ámbito del empleo público como en el privado. Si puede, concrétenos las líneas de actuación en este
campo y cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos.


Centrándonos en la vida diaria de muchas personas con discapacidad, también quería comentarle que sigue siendo un problema, como bien ha dicho, la existencia de barreras arquitectónicas que dificultan la vida en los pueblos y ciudades.
Creemos que urge tomar conciencia a nivel municipal y quería preguntarle si se está tomando alguna medida en este sentido.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Popular. Cuando quiera.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.


Bienvenido, señor Queiruga. Mi agradecimiento por su comparecencia, por sus mensajes, por su trabajo en el mundo de la discapacidad y por esos cuarenta años que dicen mucho de su compromiso, de la calidad de su trabajo y, también -nos lo ha
transmitido y me consta-, por el sobreesfuerzo que están realizando durante estos meses de pandemia.


He leído una frase suya en algún sitio que resume muy bien los objetivos de Cocemfe. Decía: Cocemfe defiende la puesta en marcha de medidas urgentes dirigidas a avanzar en la incorporación al mercado de trabajo, la colaboración con las
entidades especializadas representativas, el aseguramiento de la obtención de ingresos, la adecuada prestación de los servicios sociales y sanitarios, la educación inclusiva y de calidad con todos los recursos y apoyos necesarios, así como el acceso
a todos los servicios en igualdad de condiciones, con especial incidencia en la accesibilidad universal. Yo creo que resume muy bien todos los objetivos de Cocemfe, que debo decirle que se alinean con los nuestros. Podemos confirmarles que
trabajaremos en la misma dirección en la que ustedes quieren ir.

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Quería hacerle la pregunta sobre el tema de las barreras autonómicas que le acaban de hacer, pero quiero reorientarla porque yo no pienso que haya barreras autonómicas, sino simplemente que hay unas comunidades autónomas que hacen mejor su
trabajo y otras que lo hacen peor. Me gustaría saber si están viendo diferencias muy grandes entre ellas y si cree que lo que debemos intentar es igualar a todas las comunidades autónomas y hacer que esos modelos de comunidades autónomas eficientes
con el mundo de la discapacidad y de la dependencia sean el objetivo o el camino hacia el que tengan que transitar el resto de comunidades autónomas.


Estoy sumamente preocupado por lo que nos ha contado del último año, por el enorme retroceso que han sufrido durante este último año por no tener en cuenta a las personas con discapacidad en la normativa para luchar y regular las actividades
durante la pandemia, incluso ha mostrado su preocupación ahora, en el momento de la vacunación. Se ha conseguido el tema de los grandes dependientes, pero ha sido a base de lucha y de presión. Espero que podamos también presionar para que las
personas con discapacidad, que son en muchos casos personas muy vulnerables, tengan acceso lo más rápidamente posible a la vacunación.


Ha hablado de la coordinación sociosanitaria, y me gustaría preguntarle si hay algún modelo al que podamos acercarnos o que pueda servirnos de guía para imitarlo y poder llegar a ese objetivo que ustedes plantean. Está claro que debemos
hacer algo porque ustedes no se sienten ni atendidos ni protegidos ni cuidados, y yo creo que debemos tomar nota y exigir al Poder Ejecutivo y a nosotros mismos un esfuerzo mayor para que ustedes no se sientan así. Por lo que se refiere a la
pobreza y la exclusión, lo han trasladado en muchas ocasiones -el año pasado con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en su reunión con la reina- y nos lo han dicho aquí, que tener garantizada la autonomía personal es
imprescindible para limitar la incidencia de la pobreza en este grupo social. Desde ese punto de vista, nos pone un objetivo hacia el que tenemos que trabajar y en el que tenemos que basar todos nuestros esfuerzos.


En relación con la formación, la educación y el empleo, una de las salidas son las políticas de empleo para la discapacidad. Yo creo que necesitamos una ley integral de empleo, para lo que se requiere un trabajo previo del ministerio y
elaborar un libro blanco con una gran encuesta acerca del grado de discapacidad, de la accesibilidad, porque el Observatorio de la Discapacidad no hace cruce con el Instituto Nacional de Empleo. Ahí tenemos una gran carencia y vamos a pedir al
Gobierno que lo haga. La formación y la preparación es fundamental para poder acceder al empleo y tener una vida autónoma e independiente. Creemos que la formación profesional dual es importante y, por eso, presentamos una enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado para mejorar la normativa actual, que rechazaron los partidos del Gobierno y que traeremos ahora para su debate en esta Comisión como proposición no de ley. Queremos incrementar hasta el 50 % el número de horas de
la jornada laboral que podrá aplicarse la empresa para la financiación de los costes formativos impartidos durante la vigencia del contrato. Ahora mismo está en el 25 o en el 15 %, dependiendo del año del contrato, y pensamos que hay muchas
personas que necesitan un tiempo superior para poder completar esa formación. Estos límites ya se utilizan en algunas comunidades autónomas, como en Baleares, que fue la comunidad pionera, una comunidad del Partido Socialista o de la izquierda. Se
ha hecho posteriormente en Galicia y se estaba tramitando en Cataluña, aunque no sé si habrá dado tiempo antes de las elecciones. Es decir, que este no es un tema político y no sé por qué el Gobierno votó en contra en los presupuestos. Espero que
apoye la PNL y que lance esta medida.


Quería hablar acerca del tema de la financiación.


El señor PRESIDENTE: Se ha acabado su tiempo.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Bueno, pues otro día hablaremos de la financiación. (Risas). Le decía que creo que debemos hacer un esfuerzo. Este Gobierno y sobre todo la Vicepresidencia de Derechos Sociales no están cubriendo a las personas
más vulnerables en este país y debemos hacer un esfuerzo para presionar y que lo hagan mucho mejor de lo que lo están haciendo; nosotros también debemos esforzarnos bastante más de lo que lo estamos haciendo.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Fuensanta, cuando quieras.

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La señora LIMA CID: Gracias, presidente.


Quiero dar la bienvenida al señor Queiruga y, aunque seamos reiterativos, creo que es justo que por parte de nuestro grupo hagamos un reconocimiento público -como han hecho el resto de los grupos- del grandísimo trabajo que hacen en aras de
la plena inclusión y la participación activa en todos los ámbitos de la sociedad de las personas con discapacidad física y orgánica. Sería injusto por nuestra parte no empezar por lo prioritario, que es el impacto de la pandemia. Tras escuchar su
exposición, pese a todo el esfuerzo que se ha hecho con las transferencias para reforzar el sistema sanitario -aunque quienes tienen las competencias son las comunidades autónomas-, nos choca que sigamos hablando todavía de empeoramiento del estado
de salud, incluso de la interrupción de los tratamientos y de los retrasos en las citas médicas. Es esencial el abordaje de la atención primaria que ahora juega un papel fundamental. Por tanto, me gustaría saber si eso ha ido mejorando durante las
distintas escaladas y desescaladas de la pandemia. También hemos podido ver que Cocemfe Barcelona y el Observatorio de la Discapacidad estaban trabajando conjuntamente en un estudio sobre el impacto de la crisis sanitaria, analizando elementos como
los cambios en las necesidades de la población durante el estado de alarma, las percepciones y conductas durante el proceso de desconfinamiento y también la evolución de las necesidades y los hábitos ante la nueva normalidad. Me gustaría saber si
han avanzado o tienen más información sobre ese estudio, que entendemos que es fundamental -ojalá nunca tengamos que volver a abordarlo- para marcar, asentar y consolidar unos conocimientos esenciales, seguir trabajando y ser más justos.


Otros de los temas que se han venido reivindicando por parte de sus entidades son la dispensa farmacológica y el sistema de copago. Espero que podamos compartir todos y todas el paso fundamental que se ha dado en este sentido tras recogerse
en los presupuestos para 2021 la modificación del texto refundido de la Ley de 2015, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para que estuviesen exentos del copago los menores con discapacidad, lo que en este caso
supone que 155000 menores no tengan que pasar a ese sistema de copago. Por otra parte, hay un último estudio del Observatorio de la Discapacidad del año 2019, además de los estudios que hemos podido leer detenidamente aportados por su parte, que
dice que el 6,2 % de las personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza severa y el 17,3 % en situación de pobreza moderada. El salario medio anual -hoy es el Día Internacional de la Igualdad Salarial- está por debajo en 4000 euros
con respecto al del resto de la población activa y la actividad laboral 43 puntos por debajo de la actividad de toda la población. Eso es algo que he querido resaltar y que también recogemos. Si pudiese, me gustaría que profundizara más en dos
estudios que hemos estado viendo detenidamente sobre la reserva de plazas en las administraciones públicas. También creo que deberíamos incluir a las empresas privadas y acogernos a esa responsabilidad social corporativa que es tan importante, con
algún sello de calidad y, asimismo, la aplicación de reserva de contratos públicos con respecto a los centros especiales de empleo de iniciativa social.


Otro de los aspectos que hemos recogido en nuestro grupo es el estudio que hace Cemudis con respecto a la violencia de género. Nos ha chocado muchísimo que, según Cemudis, entre los 31 y los 45 años casi el 74 % de las mujeres manifiestan
haber vivido algún tipo de violencia. En la macroencuesta que elaboró la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el año 2019 los datos también son alarmantes: el 40,4 % han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja y
el 17,2 % fuera de ese ámbito o de ese entorno. Además de las medidas y recursos a los que pueden acceder la población en general -en este caso específicamente las mujeres afectadas por violencia de género- y de las medidas urgentes que se han
puesto en marcha, he ahondado en sus peticiones y reivindicaciones. Quiero que tengan en cuenta que el Grupo Parlamentario Socialista también las hace suyas porque tenemos que profundizar en los estudios y las estadísticas específicas de las
mujeres con discapacidad en los casos de violencia de género, particularmente en el ámbito rural, donde hay una doble victimización. Además, debemos trabajar para la eliminación de las dobles barreras a la hora de denunciar y en todos los trámites
posteriores, pero también en la prevención y tener conocimiento directo de qué está ocurriendo con esas mujeres.


Entendemos que es un paso elemental para el avance de los derechos sexuales y reproductivos -usted lo ha mencionado- la erradicación de la esterilización forzosa. También queremos hacer especial hincapié en que debemos pensar en la vida
independiente en una sociedad inclusiva, porque es algo que los colectivos siempre nos pedían a quienes nos hemos dedicado en el ámbito local a los derechos y a los servicios sociales. Queremos que se impulse, como estamos haciendo ahora mismo, la
Ley de

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dependencia, pero tenemos que profundizar en la asistencia personal, que es esencial para poder vivir -termino, presidente- con quien quieras y donde quieras. Al final, eso es la propia libertad. Por tanto, me gustaría que profundizara, si
puede, en ese aspecto.


Perdón, presidente. Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Anxo Queiruga.


El señor PRESIDENTE DE COCEMFE (Queiruga Vila): En este tiempo a ver si soy capaz de resumir un poco algunas de las respuestas. De todas formas, me comprometo a contestar por escrito las preguntas que me han formulado los distintos grupos
si no fuera capaz de darles respuesta en estos diez minutos que me da Joan.


Con respecto a la discriminación por COVID que comentaba Ciudadanos, ha sido así. Se han dado casos de compañeros y compañeras que, por tener una discapacidad y al estar los servicios saturados, les han dicho que se los llevaran para casa y
¡suerte! Esto fue real y desde Cocemfe hemos tenido que mandar varias comunicaciones por este tema de valor social. Yo creo que la vida de cualquier persona con los apoyos que necesite debe ser garantizada en las mismas condiciones y tener una
discapacidad no significa que la persona pierda derecho a acceder a un sistema sanitario público. Hemos vivido situaciones de este tipo y hemos tenido que intermediar en varias ocasiones, por ejemplo, en el caso del transporte sanitario a
hemodiálisis, ya que seguían yendo un montón de personas juntas pasando muchas horas en ese transporte con el riesgo de contagiarse; y así ha sido en realidad porque, por ejemplo, lo padecieron este año más de 800 personas de nuestra entidad Alcer.
Esta es una realidad, no es algo que no haya pasado. Por lo tanto, tenemos que intentar que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. No hay ninguna clase de justificación e insisto, las personas con discapacidad no tenemos menor valor
social.


Con respecto a la Ley sobre Propiedad Horizontal, ha sufrido distintas modificaciones pero sigue existiendo el límite de las doce cuotas de comunidad. Es necesario quitar este límite para que esas 100000 personas que están encarceladas no
sigan viviendo así. Nosotros pedimos que, para las personas de una comunidad de vecinos que no tengan los recursos económicos para hacer frente al gasto -con un informe social que así lo acredite-, haya un fondo estatal. Puede ser estatal, de las
comunidades autónomas o a través de la FEMP; fórmulas hay si hay voluntad de hacerlo. Así, esa persona que realmente no tiene recursos podría recurrir a ese fondo para cubrir la situación de ese vecino o de esa vecina, pero no puede ser que porque
alguien se niegue y la obra supere las doce cuotas sigamos como estamos. Le falta esto a la Ley sobre Propiedad Horizontal: quitar el límite de las cuotas y crear un fondo para que el hecho de que las personas no tengan recursos no impida hacer la
obra.


Respecto al tema de la incapacitación laboral, entiendan sus señorías que hemos tenido distintos ministros y ministras, distintos directores y directoras generales, distintos directores generales del Imserso o de la discapacidad y, por
tanto, las cosas se van quedando y cada uno que viene tiene que ir viéndolas. Con respecto a la incapacidad laboral había un consenso, una fórmula y un borrador de decreto para publicarlo. A día de hoy, no se ha hecho. En este sentido,
necesitamos que el Ministerio de Trabajo y la vicepresidencia le den un impulso y romper con esta realidad. Hoy en día, a las personas que tienen una incapacidad laboral les quitan el certificado de discapacidad y automáticamente pierden el empleo.
Esta es la realidad, pero es una cuestión que se puede solucionar de una manera muy sencilla.


El COVID también nos pone de manifiesto que el modelo que tenemos de atención a las personas con discapacidad es de otra época, que no se corresponde con lo que demanda hoy el colectivo. Estas personas necesitan tener apoyos para poder
vivir en comunidad y hacer su propia vida, como cualquier otro ciudadano. No es aceptable que, por ejemplo, dos comunidades como Madrid y Barcelona sigan a día de hoy con un programa experimental después de quince años desde la aprobación de la Ley
de la Promoción de la Autonomía Personal. Otros territorios han hecho algún esfuerzo, no mucho, pero es una figura que está sin desarrollar. Necesita un desarrollo legal en el ámbito laboral a nivel estatal. Esto es algo que hay que hacer ya
porque tendría que estar hecho. Lo hemos tratado con el actual director general del Imserso, también con el que estuvo anteriormente y con la persona que le precedió. En fin, llevamos años con esta cuestión porque lo que hay es un vacío legal en
este momento respecto al asistente personal. Las personas que necesitan ese recurso tienen que contratarlo como algo que no es, como asistente en el hogar o como ayuda en el domicilio; es decir, como algo que no se corresponde, por lo tanto, hay
un problema legal. En teoría, el asistente personal tiene que llegar a pactos con la persona que es asistida y ver cómo hace un domingo porque nadie puede saber que va a su casa. Esto no tiene sentido, la persona necesita ese apoyo y hay que
regularizar esta situación de una vez por todas. Además,

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esto genera empleo, es más económico y fija población. Esto ya se ha hablado y existe un cierto consenso en el entorno Cermi, debe tener unas horas mínimas para que se le dé una cualificación profesional. Además, también ayudaría a que
muchas personas con discapacidad que viven en el ámbito rural pudieran seguir viviendo en su entorno o que decidieran libremente dónde y cómo quieren vivir.


Respecto al baremo, efectivamente, están con la aplicación informática, está probado y se está probando en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, lo que queda es ponerlo en marcha. Como entenderán sus señorías, treinta de las grandes
entidades del ámbito de la salud que forman parte de Cocemfe -trasplantados hepáticos, espina bífida, fibromialgia, esclerosis, etcétera- nos preguntamos para cuándo el nuevo baremo, porque al final ya ni con criterios de la CIF responde a las
expectativas y será el viejo baremo. No entendemos que no se publique de manera inminente, ya que estaba totalmente consensuado y hay una gran expectativa. Además, el director general del Imserso nos dijo en la última conversación que mantuvimos
que estaría pronto. Por eso pedimos en esta sala que impulsen definitivamente el baremo.


Con respecto al desempleo de las personas con discapacidad, les diré que no se puede seguir en esta situación. Los datos de desempleo y la tasa de inactividad de las personas con discapacidad son inaceptables. Las políticas activas de
empleo prácticamente culminaron y desaparecieron en el año 2008. Es necesaria una nueva ley de empleo para la incorporación de las personas con discapacidad y, también, que las políticas activas de empleo contemplen y financien de una manera
decidida los servicios de intermediación laboral específicos para personas con discapacidad. Para nosotros esto no es un negocio, es apoyar a nuestros pares, buscarles una salida, que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades.
Creemos firmemente que hay que poner en valor las capacidades de las personas y, por lo tanto, no puede ser que las políticas activas de empleo financien orientación exclusivamente. En nuestros servicios solo con financiar orientación no le
encuentras trabajo a nadie. Las personas con discapacidad necesitan servicios especializados y un mayor acompañamiento durante todo el periodo de cara a esa inserción laboral. Aunque no se note mucho en mi habla, soy gallego. (Risas).


El señor PRESIDENTE: No lo habría dicho nunca.


El señor PRESIDENTE DE COCEMFE (Queiruga Vila): En Galicia hay más de treinta mil núcleos de población repartidos en distintos pueblos y aldeas. Si no apoyas a las personas con discapacidad que viven ahí para encontrar un empleo, si no las
acompañas, si no las formas, si no quitas la cantidad de barreras con las que se encuentran, no tendrán acceso al empleo. Por lo tanto, no se puede financiar solo orientación, hay que financiar el desplazamiento a la zona rural, prestar ese
servicio ahí, atender a la persona, conveniar periodos de prácticas con las empresas, hacer jornadas con empresarios; en fin, es un servicio de intermediación laboral, y esto tienen que financiarlo las políticas activas de empleo.


La Ley de la dependencia es una buena ley, pero necesita, y esto es la clave para nosotros, desarrollar la parte de la autonomía personal porque prácticamente no se ha hecho nada. Se ha desarrollado mucho la parte de dependencia, pero tengo
que reconocer, señorías, que las personas con discapacidad entramos ahí con calzador. Es una ley pensada para personas mayores, para la tercera edad, y entramos metiendo esta coletilla de autonomía personal. A día de hoy, es lo que menos se ha
desarrollado, es necesario que se le dé un impulso importante. Por un lado, estas personas no pueden salir de su casa y, por otro lado, no pueden decidir cómo quieren vivir ni dónde ni si se quieren duchar ni si se quieren levantar ni si se quieren
acostar ni si quieren comer. Esto no tiene sentido ni es de recibo en el siglo XXI.


Respecto a la educación inclusiva, hemos oído de todo. Generó muchos dimes y diretes. Nosotros somos defensores claros de la educación inclusiva; no nos escondemos en este tema ni en ningún otro, pero debe tener los apoyos y los recursos
que necesite para que realmente sea una educación de calidad. Yo tengo una discapacidad desde los ocho años y tuve la fortuna de ir siempre a los colegios públicos de una zona rural de costa y, gracias al esfuerzo importantísimo de mis padres y de
mi entorno familiar que me llevaban y me traían del colegio cada día, donde cursaba la EGB, y a que me pagaron un cuidador para que me apoyara dentro del centro, aquellos profesores y aquellos niños y niñas que estudiaron conmigo tenían una
percepción positiva de las personas con discapacidad respecto a su capacitación y empoderamiento. La educación inclusiva favorece enormemente a las personas que no tienen discapacidad; lo desconocido enriquece. No es educación inclusiva si
hablamos de que el niño o la niña estén aparcados en el colegio.


Por distintos motivos tuve la oportunidad de viajar a Suecia y a Noruega y, concretamente en Suecia, hay cuatro centros de educación ordinaria de referencia, donde se practica la educación inclusiva y los

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niños y las niñas tienen una serie de apoyos y recursos: tienen rehabilitación en el propio centro; ayudas tanto técnicas como humanas para poder asistir a las distintas actividades que el centro organiza. Ese es el modelo. Y nadie está
diciendo aquí que se cierren mañana los centros de educación especial, ni dentro de cinco años. No podemos dejar a los niños en la calle. (Aplausos). No se van a quedar en la calle, porque todos conocemos este país. La generación que está ahora
escolarizada terminará perfectamente el ciclo de formación y vendrá otra generación que también lo hará sin ser todavía educación inclusiva, pero tenemos que avanzar en esa dirección. A mí, una de las cosas que me molesta es que nos arrojemos
siempre, políticamente, el tema de lo social y de las personas con discapacidad, a la derecha, a la izquierda, al centro, a un lado o al otro; somos personas y cada uno tiene su visión respetable, pero tenemos que procurar que la inclusión sea real
y efectiva con los apoyos que necesita. No es de recibo que un niño o una niña con discapacidad sea hoy un problema para su padre o para su madre porque no tenga los apoyos que necesita; tiene que ser un miembro más de la unidad familiar. Y con
esto respondo un poco a lo que me preguntaban sobre qué pienso de las familias cuidadoras. Las familias no son cuidadoras; tienen un hijo, una hija, un hermano o una hermana, pero no están para cuidar. Cuidan porque no hay otro recurso y no
tienen los apoyos que necesitan; entonces, ¡claro que se convierten en cuidadores! Pero, en fin, una sociedad como la nuestra, que se dice muy avanzada y del siglo XXI, tendría que darle los apoyos a los niños y a las niñas.


Con respecto a la reserva de contrato para centros especiales de empleo de iniciativa social, nosotros siempre fuimos de cara en este tema; nosotros defendemos los centros especiales de empleo de la iniciativa social. Nunca se debió
calificar un centro especial de empleo de iniciativa privada. Esto se ha hecho y ahora tenemos la situación que tenemos. Yo -como decía-, aparte de ser presidente de Cocemfe, presido Cogami, que es Cocemfe Galicia; tenemos 11 centros especiales
de empleo, 1380 trabajadores y trabajadoras con discapacidad, y lo que se genera ahí es para generar empleo para personas con discapacidad o para poner en marcha otras iniciativas de carácter social, pero no hay un reparto de dividendos en el
consejo de administración. El consejo de administración es un consejo gratuito y yo creo que el modelo funciona, lleva funcionando treinta años, pagando salarios del convenio del sector de la actividad a la que nos dedicamos en cada una de las
iniciativas, y los dineros que se reciben por activos fijos en inversión, el cien por cien de ese dinero es reinvertido en la puesta en marcha de otras iniciativas de carácter social. Por lo tanto, sí a la reserva de contratos de la Administración
pública para centros especiales de empleo de iniciativa social; hay que hacer una apuesta decidida en este camino. No se trata de darles subvenciones en exclusiva; se trata de, con este tipo de medidas, con la reserva de carga de trabajo,
permitir la viabilidad y pagar salarios del convenio del sector a las personas que trabajan en este tipo de iniciativas.


Con respecto a la vacunación, nosotros, que tenemos un montón de entidades de crónicos, claro que nos piden los crónicos: Oye, yo tengo una especial vulnerabilidad en este ámbito y, por lo tanto, debería ser una de las personas que fueran
vacunadas. Por lo tanto, en esto también estamos haciendo la presión que podemos y trabajando para que sea así con este grupo social, con las personas con discapacidad física y una discapacidad orgánica y que, por tanto, son enfermos crónicos. Me
quedo ahí.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Terminamos la comparecencia y le quiero dar las gracias por sus aportaciones y, sobre todo, por lo que nos ha hecho reflexionar; yo diría que incluso aprender.


Muchas gracias.


- DEL SEÑOR BLANCAFORT PLANAS (EN REPRESENTACIÓN DE SOM BASE Y VOLUNTARIO SOCIAL EN LA FUNDACIÓN AMICS DE LA GENT GRAN), PARA INFORMAR SOBRE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE SU ORGANIZACIÓN, Y MUY ESPECIALMENTE SOBRE EL TRABAJO
DESARROLLADO PARA PALIAR EL AISLAMIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES, ASÍ COMO EXPLICAR EL CONCEPTO DE DERECHO AL ACOMPAÑAMIENTO AFECTIVO. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD. (Número de expediente
219/000369).


El señor PRESIDENTE: Bona tarda, señor Blancafort, bienvenido al Congreso de los Diputados.


Esta última comparecencia es del señor Maurici Blancafort Planas, de quien me ha llamado la atención, mirando todo lo que he encontrado sobre él, que pone al mismo nivel lo siguiente: Licenciado en Derecho; máster en Administración y
Dirección de Empresas; al mismo nivel también, máster en Asesoría

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y Consultoría Inmobiliaria; miembro del Colegio de Abogados de Barcelona, del Colegio de Gestores Administrativos; miembro del Colegio de Administradores de Fincas y, en el mismo nivel, voluntario de Fundación Amics de la Gent Gran y Som
Base; en el mismo nivel. Y está aquí para informarnos sobre el trabajo desarrollado para paliar el aislamiento de personas mayores y explicarnos el concepto de derecho al acompañamiento afectivo, un tema que si ya era importante, ahora, debido a
las actuales circunstancias a las que nos ha llevado la pandemia, sin duda lo es mucho más.


Señor Maurici, tiene usted la palabra por veinte minutos.


El señor BLANCAFORT PLANAS (en representación de Som Base y voluntario social en la Fundación Amics de la Gent Gran): Muchas gracias.


Si llego a saber que dirían todo esto, lo hubiera organizado mejor; pero es cierto, para mí cualquier actividad, sea la que sea, tiene la misma importancia.


Buenas tardes, presidente, señoras y señores diputados y diputadas, muchas gracias por esta invitación. Un grupo de voluntarios y entidades comparecemos ante ustedes con la ilusión de presentar e impulsar un nuevo derecho que creemos
imprescindible, el derecho al acompañamiento afectivo. Esta presentación nace de una idea simple: que todas las personas deben poder interactuar. Y a partir de aquí, al compartir estos pensamientos, poco a poco se han ido incorporando más y más
personas y entidades que han creído imprescindible el reconocimiento jurídico de esta realidad. Y aquí estamos, ante ustedes, con nuestra propuesta. Vamos a tratar de explicar su nacimiento, evolución y necesidad.


Como sabrán, mi nombre es Maurici Blancafort, y me conocen con el diminutivo de Mau. A los diecinueve años sufrí un aparatoso accidente que me hizo cuestionar la razón de mi existencia y tomé una decisión que no he abandonado desde
entonces: iba a dedicar parte de mi tiempo y conocimiento al servicio de los demás como voluntario. Iba a compartir mi dónut, lo haría de forma constante, en función de mi disponibilidad y mi capacidad, en una carrera de fondo que buscaba un
compromiso claro e indefinido con la sociedad que me lo había dado todo. Pero, tras un profundo análisis de las diferentes opciones, el recuerdo de mis antecesores y el cariño recibido de ellos, me decanté por los ancianos; pensé que era
imprescindible retornar todo lo que ellos nos habían dado. Me presenté de voluntario en una asociación, ahora fundación, que acababa de nacer entonces en Barcelona, Amigos de los Mayores, Amics de la Gent Gran. Enseguida quedé prendado por su
proyecto y equipo. Las flores antes que el pan, decía el lema del fundador en Francia, Armand Marquiset; las flores representan los sentimientos y el pan, los bienes materiales. Esta asociación tiene como misión luchar contra la soledad y la
marginación de las personas mayores por medio del acompañamiento emocional de voluntarios y la sensibilización de la sociedad. De esto ya hace más de treinta años y desde entonces no he dejado de trabajar en este proyecto. Lo he hecho en
prácticamente todos los programas de la entidad: acompañamientos, actos esporádicos, vacaciones e incluso como miembro del patronato y como su presidente. Entre tanto, he vivido como estudiante, soltero, empleado, autónomo, esposo, padre y un
sinfín de atributos que quizá no vengan al caso, pero siempre -siempre- he estado dispuesto y me he sentido y he vivido como partícipe de este proyecto; ser voluntario es una opción de vida.


El trabajo de soporte y de ayuda a los demás de forma desinteresada y mi formación jurídica -soy abogado- me ofrecía una perspectiva diferente sobre unas circunstancias que, desde mi punto de vista, no acababan de encajar. Luchamos contra
la soledad no deseada. Luchamos contra la soledad. ¿No debería ser trabajamos a favor de la compañía? Ante esta disyuntiva, me planteé darle forma a esta idea. ¿Cómo se llamaría? ¿Se podría representar con algún símbolo? Y deduje: Derecho -ya
que es un derecho inalienable, pues no se puede vivir aislado-, acompañamiento -al contrario de la soledad- y afectivo -calificativo que determina un tipo de relación-. Como esta nomenclatura encajaba a la perfección, traté de asociarla a una
imagen: una d, de derecho; una a, de acompañamiento, y un signo positivo como sinónimo de un acompañamiento de calidad. Simple, limpio, natural; fantástico.


Llegados a este punto, se hace imprescindible una investigación; me remito a la Declaración de los Derechos Humanos adoptada por la ONU el 10 de diciembre de 1947. Tras un estudio, llegamos, a grandes rasgos, a la conclusión de que existen
dos tipos de derechos humanos: los individuales, que hacen referencia al individuo -libertad de pensamiento, expresión, religión, etcétera- y los prestacionales, que indican modos de vivir -vivienda, trabajo, muerte digna, etcétera-. Se detecta
que entre estos no existe ningún derecho relacional que permita a las personas interactuar entre ellas. Aristóteles definió al hombre como un ser social por naturaleza. Es suya la frase: Si un ser humano está solo o es un dios o es una bestia.
Erich Fromm difería de su maestro Sigmund Freud en que el motor de la sociedad no era el

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instinto sexual sino el miedo a estar solo, a ser rechazado por el entorno y que las relaciones entre individuos se organizaran alrededor de este instinto o necesidad. Por lo tanto, se genera el siguiente silogismo: Si eres capaz de
interactuar, puedes ser feliz, y, al contrario, si no lo haces, enfermas y mueres. Después de darle vueltas a esta realidad tan evidente como sorprendente, adquiero un firme compromiso en mi condición de ciudadano terrestre que aún hoy no deja de
sorprenderme: debemos conseguir que la ONU reconozca el derecho al acompañamiento afectivo y que sea aplicable en todo el mundo.


En paralelo, mi vida de voluntario evoluciona y se abren nuevos horizontes. Varios compañeros de fatiga que trabajamos activamente para mejorar nuestro entorno nos vemos desbordados a la hora de llevar a cabo los quehaceres solidarios.
Verificamos que con el esfuerzo diario podemos cambiar una realidad y un entorno reducido, pero no la sociedad. Concluimos que es necesario cambiar las políticas y la forma de entenderlas y practicarlas. Observamos que no siempre las decisiones
que se toman por parte de los representantes institucionales lo hacen en beneficio de la población y de forma transaccional y amistosa. La crispación y la lucha por el poder colapsan las relaciones, obstaculizan e incluso impiden la solución; no
podemos seguir así. Además, muchas entidades y propuestas ciudadanas no adquieren fuerza suficiente para poder influir y propiciar esta evolución al faltar canales de comunicación abiertos y transversales que no se diluyan y transformen en el
tiempo en función de otros intereses. Por ello, engendramos una nueva figura, que es la del voluntario político. Son aquellos voluntarios, muchas veces de origen social, que quieren incidir en las políticas sociales desde la participación activa y
positiva, aportando su tiempo, ideas y energías en busca de sinergias. El 15 de noviembre de 2017 un grupo de amigos voluntarios celebramos una cena en la que manifestamos y decidimos constituirnos como una asociación con la voluntad de constituir
una estructura organizativa que preste servicios de conocimiento, debate, formulación y difusión de propuestas entre partícipes y representantes políticos. Estas propuestas serán impulsadas y gestionadas por voluntarios para propiciar una sociedad
libre, justa y equitativa influyendo en la gestión sociopolítica ante los representantes institucionales. Nace Som Base, Somos Base. Som Base es un claro ejemplo de entidad 2.0, sin estructura y totalmente online. La economía colaborativa y la
sociedad de la información llegan para quedarse y ofrecen nuevas fórmulas de participación y cooperación. Cada vez que surge una necesidad, se busca un voluntario que la cubra. Se trata de una organización marcadamente apartidista y aconfesional,
que respeta la identidad de cada partícipe y solo valora su aportación totalmente optativa.


Llegados a este punto, ya constituidos, era necesario tejer complicidades con los diferentes planetas que forman el universo humano para el desarrollo de la propuesta. Debemos evolucionar en dos campos: el social y el político. En el
social, partimos de la ventaja de las complicidades que se habían generado mientras fui presidente de Amics de la Gent Gran. Llevamos a cabo una rueda de contactos, primero con entidades más cercanas: Amics de la Gent Grant, Avismón, Cáritas, Cruz
Roja, Mémora, Pere Tarrés, Roure, etcétera, y después ya con las principales federaciones del país: Federació d'Associacions de la Gent Gran de Catalunya -Fatec- y Taula del Tercer Sector. También entablamos relaciones con la Universidad Ramón
Llull y diversos centros docentes. No hemos podido continuar ampliando estas colaboraciones. Todas ellas nos atendieron con gran interés y expectación. Muchas muestran sus inquietudes. Es un proyecto muy ambicioso. No sirve de nada un derecho
si no existen recursos para aplicarlo. No queda claro cómo implementarlo. Estamos todos colapsados para impulsar una iniciativa así, pero todas ellas entienden perfectamente el enfoque innovador y les parece excelente una idea tan sencilla como
evidente: cómo nadie lo había planteado de esta forma. Gracias a estas complicidades, y con diferentes soportes de todas ellas, se fundó un grupo de trabajo entre estas organizaciones que trata de evaluar y proponer una norma que permita la
implementación del derecho al acompañamiento afectivo en todo el territorio. En lo político, hemos contado desde el principio con un padrino que ha apostado por el proyecto y nos ha abierto todas las puertas, se trata del senador Josep Lluís
Cleries, antiguo conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Con estos contactos, hemos podido entablar relaciones con los principales agentes políticos del país de prácticamente todos los grupos parlamentarios de esta
Comisión y hemos preparado y promovido declaraciones institucionales, mociones y proposiciones a favor del derecho al acompañamiento afectivo en diversas instituciones para poderlas presentar de ahora en adelante. El reto y el trabajo ciertamente
son apasionantes. Hasta aquí la relación de los hechos acontecidos, ahora vamos a entrar en materia.


Definición: Todas las personas tienen derecho a ser acompañadas y a que esta relación entre iguales sea afectiva, libre, bilateral, directa, respetuosa y consentida.

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Algunos apuntes sobre la soledad. Diferentes factores afectan a la soledad; no es lo mismo aislamiento que la soledad y si esta es impuesta o es libre. Asimismo, existen diversos tipos: multitud solitaria, soledad en comunidad, soledad
generacional, soledad cultural, soledad en red, etcétera. ¿A quién afecta este derecho? Este sentimiento es universal, ¿quién no se ha sentido solo en algún momento? La vinculación entre personas supone mayor fortaleza y cooperación; el destino
de la condición humana es la comunidad, por ello todo ser humano tiene que poder interactuar si es su voluntad, y es misión del resto respetar que esta comunicación pueda llevarse a cabo en buenas condiciones. Determinadas personas se ven
gravemente afectadas por la falta de capacidad para relacionarse y las causas pueden ser varias: la edad, su condición económica, social, cultural, física, mental y un largo etcétera.


Vamos a proporcionar algunos datos. La soledad de las personas mayores es un hecho real en cualquier país del mundo. Según una encuesta continua de los hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística y en base a datos anteriores a
la pandemia del COVID-19, en los últimos meses en el Estado español había 4732500 personas que vivían solas, de las que 2037700 eran mayores de 65 años. Respecto a la anterior encuesta de 2017, esta última cifra había crecido 3,9 puntos, lo cual
indica que la soledad aumenta y crece con la edad.


Desde la perspectiva de género, las cifras muestran que son las mujeres quienes la padecen en mayor medida. No obstante, el problema no es la soledad, sino la soledad crónica no deseada. La soledad no deseada se produce en muchos hogares
del mundo a consecuencia de una falta o un déficit de relaciones interpersonales. Diversos estudios señalan que el aislamiento social provoca daños irreversibles en la salud tanto mental como física, y ello ha generado debates políticos relevantes.
Por ejemplo, en el año 2018, Reino Unido llegó a crear el Ministerio de la Soledad para dar respuesta a los 9 millones de británicos que se sienten solos con frecuencia o siempre. El Reino Unido, en el año 2017, era el país europeo con mayor índice
de personas que se sienten solas. Según estos datos, hasta el 75 % de los ancianos viven sin nadie que los acompañe y 200000 pueden pasar hasta un mes sin tener una conversación con un amigo o un familiar. Las cifras de la Organización Mundial de
la Salud para el futuro son alarmantes. Entre 2015 y 2050 el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se habrá duplicado, pasando del 12 al 22 %, y el número de personas de 60 años o más será superior al de los niños menores
de 5 años. En 2050, el 80 % de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Por lo tanto, la OMS considera que es importante dar respuesta y tener un compromiso con un envejecimiento saludable, establecer sistemas de
atención y creación de entornos adaptados a las personas mayores.


Quizá no hace falta relatar la situación de grave abandono que están padeciendo nuestros mayores tanto en su hogar como en las residencias. Durante la crisis sociosanitaria del COVID-19, el problema no solo se ha multiplicado sino que
existe un riesgo de que pase a ser una situación crónica. Creemos que cada uno de los asistentes a este acto puede tener en mente a alguien conocido o cercano. Ante la llamada unánime a preservar la salud de las personas vulnerables, hemos
propiciado su aislamiento como política ejemplar de protección a los más queridos, y muchos de ellos han quedado desguarecidos, aislados y olvidados, sin medios para interactuar y salir. ¿Cuántas personas han fallecido sin despedirse? ¿Cuántos
familiares han recibido una urna con unas cenizas de sus seres amados unas semanas después de la pérdida? Las cifras de difuntos por el COVID-19 en la población de los mayores son alarmantes. ¿Alguien podría descifrar cuántos de ellos nos han
abandonado por soledad? Y, ante esta realidad, planteamos las preguntas que aún son más punzantes: si hay personas que quieren relacionarse y no pueden y tienen reconocido este derecho, ¿son víctimas? Y si lo son, ¿quién es el culpable? Y si los
hay, ¿qué castigo merecen? Dar cabida a estas cuestiones es imprescindible en una sociedad avanzada. Si se dispone de un reconocimiento del derecho al acompañamiento afectivo como herramienta, las respuestas y soluciones podrán ser otras y
pondremos la primera piedra para que esto no vuelva a ocurrir.


¿Cómo actuar? A nivel interno, se plantea una primera fase de reconocimiento del derecho al acompañamiento afectivo. Ante ustedes se presenta por primera vez esta iniciativa; se insta al Gobierno a impulsar iniciativas para implementar el
estudio del reconocimiento al derecho al acompañamiento afectivo en España y a impulsar una propuesta para proclamar el derecho al acompañamiento afectivo en la ONU. Debemos, pues, proceder a plantear una propuesta no de ley en base a estos
términos. Esto depende de todos ustedes. En una segunda fase de implementación del derecho al acompañamiento afectivo, se debería articular una norma que estableciera el objeto, ámbito de aplicación, definición y elementos constitutivos del
derecho al acompañamiento afectivo; los derechos del receptor y del emisor; el acceso a los canales relacionales; el derecho al acompañamiento afectivo en la educación, en la

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sanidad, en el deporte, en los medios de comunicación, en el ocio, en la Administración pública y el sector privado, en los grupos de atención especial, así como un informe periódico y acciones de planificación y coordinación, y, finalmente,
disposiciones organizativas, todo ello en referencia a este derecho. Hay que destacar que el grupo de entidades que forman la comisión de trabajo del derecho al acompañamiento afectivo ya están elaborando un texto para proponer una futura norma.


A nivel internacional, es necesaria la complicidad de un Estado para presentar este proyecto en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El planteamiento propuesto podría ser: Los Estados fomentarán la relación afectiva entre
individuos, adoptarán los programas, políticas y acciones para promover el pleno goce de este derecho propiciando su autorrealización, el fortalecimiento de las relaciones personales, sus lazos de amistad y relaciones afectivas, independientemente
de su condición. En especial, los Estados asegurarán: el derecho de toda persona a ser tratado con estima, educación y respeto; el derecho inalienable de todo individuo a decidir el grado de relación que desea; el deber de no dejar a nadie solo,
a no ser que la persona referida disponga lo contrario de forma libre y expresa; que la persona tenga todas las condiciones necesarias para poder relacionarse con su entorno en función del grado de socialización que desea a nivel personal, tanto a
nivel individual como colectivo, en su calidad de emisor o receptor; se proporcionarán programas educativos y de fomento integradores y se implementarán políticas que faciliten la socialización de todos los individuos con la comunidad y sus
partícipes; se fomentarán organizaciones no gubernamentales que fomenten y propicien un acompañamiento de calidad.


Conclusiones. Como han podido comprobar, tienen ante ustedes un reto único y excepcional. Un grupo de voluntarios, con la complicidad de diversas entidades del sector, impulsan un proyecto de reconocimiento integral del derecho al
acompañamiento afectivo a nivel mundial; se intentan coordinar esfuerzos entre el voluntario de base, las entidades sociales, las formaciones políticas y otros agentes sociales. La lista de personas que prestan el apoyo y de agradecimientos es tan
extensa que deberíamos abordarla en otra ocasión o ya en privado. No obstante, es necesario recalcar el enorme esfuerzo de coordinación y gestión que llevan a cabo los profesionales y entidades del tercer sector; sin ellos, el trabajo de miles de
voluntarios no llegaría a buen puerto e infinidad de necesidades quedarían sin cubrir. Por primera vez en la historia, se plantea ante una Cámara de representantes el problema de la soledad no deseada como un derecho, propiciando una visión
profundamente innovadora, que da un giro de 360º a la forma de enfocar esta cuestión.


Este proyecto es transversal e incluye a todos. No hablamos de colores ni de banderas, se trata de un acontecimiento humano que debe ser tratado de forma unánime. Es por ello que finalmente quisiera referirme a todas y cada una de las
personas que me están escuchando en una llamada a la participación para que muestren su apoyo a esta iniciativa. A nivel parlamentario tenemos una propuesta doble. El objetivo inmediato es presentar una proposición no de ley instando al Gobierno a
tomar cartas en referencia al problema de la soledad no deseada, haciendo suyo el derecho al acompañamiento afectivo. La propuesta que planteamos es instar de forma unánime, por parte de todo el arco parlamentario, a que el Gobierno tome cartas en
el asunto. Soñamos con la fotografía de todos los portavoces de los grupos parlamentarios presentando la proposición no de ley del derecho al acompañamiento afectivo en un gesto unísono de que este país aparca sus diferencias y quiere apostar
fuertemente por el bienestar de sus ciudadanos. La segunda propuesta es que todos los oyentes cambien de chip y de nomenclatura en referencia a este asunto, dejen de hablar de lucha contra la soledad no deseada y hagan uso general del concepto del
derecho al acompañamiento afectivo. Este cambio es fundamental y marca sin duda el inicio del proceso. Creemos además que se plantea una oportunidad excepcional de cara a la opinión pública mundial. Estamos en disposición de ser pioneros en el
reconocimiento, desarrollo y aplicación del derecho al acompañamiento afectivo en nuestra sociedad.


Para finalizar, un último consejo, por no llamarlo petición, ya que ya hemos formulado bastantes. Nos gustaría transmitir que entre todas las formaciones políticas se respetaran los valores del voluntariado en el desarrollo de esta
iniciativa; no importa qué ni quién, porque todos somos importantes y fundamentales. Solo vale dar cabida y soporte para conseguir que este derecho sea reconocido e implementado a nivel global, que donde no llega uno llegue otro y todos aportemos
aquello que podamos. Por ello insto a cada diputado y diputada de esta Comisión a que den soporte a la presentación de esta proposición no de ley, incluyan este concepto en su uso cotidiano y permanezcan atentos al

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desarrollo de este proyecto, participando activamente con sus conocimientos y contactos a tal fin. Quedo, pues, a su entera disposición.


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a las intervenciones de los diferentes portavoces. Recuerden que tienen como mucho cinco minutos, que no quiere decir que los tengan que agotar. Digan todo lo que tengan que decir, pero de la
manera más concisa posible.


Tiene la palabra, en primer lugar, Sara Giménez, del Grupo Ciudadanos.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Muchas gracias por su intervención y por todas sus aportaciones. Me parece una buena propuesta hablar de ese acompañamiento afectivo, dando un enfoque positivo a cuestiones que abordan realidades que tenemos que afrontar necesariamente
desde la parte política.


Me gustaría saber qué medidas proponen ustedes para evitar fraudes masivos en el proceso de vacunación entre las personas mayores y, así, conocer cuál es su opinión sobre uno de los temas que nos preocupan en la actualidad. También
querríamos saber si, por los datos de los que disponen, consideran que las personas que necesitan este acompañamiento afectivo son más hombres que mujeres. Si son más hombres, según datos que he estado observando, ¿cuál es el motivo? ¿Considera
que los pisos tutelados para personas mayores podrían ser una opción efectiva para combatir las situaciones de soledad? ¿Tienen alguna estimación de cuál sería el coste que esta medida conllevaría en el ámbito estatal o autonómico?


Asimismo, nos gustaría saber si conocen políticas públicas que desarrollen en alguna comunidad autónoma y que puedan ser tomadas como experiencias positivas, como políticas referentes para abordar este fenómeno en nuestro país, y si las
conocen en el ámbito europeo, si hay algún modelo de referencia que podamos utilizar para abordar una realidad que se nos pone encima de la mesa. La pandemia del COVID ha evidenciado además muchísimos déficits. Si ha servido para algo positivo,
por decirlo alguna manera, ha sido para ver dónde están las grietas de nuestro sistema, y esta es una. Por tanto, agradecería, si tuviera información respecto a estas preguntas, que nos las proporcionara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Plural, señor Boadella.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, quiero agradecerle enormemente la comparecencia que hoy realiza aquí, en el Congreso de los Diputados, porque nos viene por parte de un experto en gente mayor. Sepa nuestra consideración de referente en este ámbito.
Cogemos el guante del planteamiento que usted nos hace de la futura tramitación que pueda tener esta proposición no de ley, así como el desarrollo de este derecho relacional que plantea.


Me interesarían algunas preguntas concretas, porque usted sin duda tiene mucha más información en relación con toda esta cuestión del COVID y el confinamiento domiciliario. Nos llegan las situaciones precarias que ha vivido mucha gente
mayor, sola en casa, o incluso que ha finado en el domicilio sin que se haya sabido de esta defunción hasta el cabo de los días. Me gustaría saber qué informaciones tiene de esta realidad. Sabemos que ha existido, pero nos gustaría saber qué
magnitud ha podido llegar a tener y cuáles hubieran sido las mejores maneras de evitar que esto se produjera.


Con relación a otros programas u otras ideas de acompañamiento de la gente mayor, como el hecho de convivir gente mayor con estudiantes, ¿qué programas cree usted que son los más beneficiosos mientras no esté reconocido este derecho a paliar
esta soledad no deseada? Podría ser, por ejemplo, no llevando gente a las residencias, sino haciendo pisos asistidos. ¿Cuáles son las medidas de éxito, según su criterio?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Republicano no está. A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president. Muchas gracias al compareciente.


Es realmente interesante el planteamiento que hacen desde su organización, la cuestión de plantear como un derecho humano el derecho al acompañamiento afectivo y que tenga ese reconocimiento

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jurídico. Tiene además sentido porque a lo largo de la historia va variando la percepción de los derechos humanos, la sensibilidad que hay sobre determinados derechos o problemáticas que viven las personas, y es verdad que en estos últimos
años hay factores de todo tipo que han hecho que la soledad no deseada sea hoy una pandemia: factores demográficos, sociológicos, laborales, estilos de vida, modelos de familia, estilos de convivencia y de vida más individualistas, con menor
participación de la ciudadanía, menos asociacionismo o menos relaciones vecinales. De alguna manera todo esto va configurando un contexto en el que las personas mayores y menos mayores se pueden ir encontrando solas, pero no cabe duda que el factor
de la edad e incluso cuestiones relacionadas con la salud también afectan a esta pandemia de la soledad.


Es interesante lo que están planteando. Efectivamente, es necesaria la iniciativa de la ciudadanía, una ciudadanía empoderada, que tenga conciencia del problema y que quiera contribuir a estas redes vecinales de apoyo. También, sin duda,
como usted está reclamando, está la responsabilidad de las administraciones públicas, que tienen necesariamente que impulsar todo esto y dar respuesta a una problemática que cada día es más grave. Me ha parecido interesante el planteamiento que ha
hecho y quizá en su intervención posterior pueda detallar lo que cree que la Administración debe hacer en esa tarea de impulsar las redes vecinales, los recursos de detección y apoyo, recursos para que las personas realmente puedan estar en sus
domicilios en la medida en que sea posible, con el acompañamiento y los recursos que necesiten.


Estaremos atentos a su explicación y, como ha dicho el compañero que ha intervenido anteriormente, recogemos el guante. Sabemos que el Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en marcha -es un compromiso- una estrategia de atención a la
soledad no deseada. Está pendiente de desarrollo y sin duda sus aportaciones serán tenidas en cuenta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario VOX, Reyes Romero. Cuando quiera.


La señora ROMERO VILCHES: Muchísimas gracias por la labor que hacen ustedes. Estamos convencidos de que esa tarea que desarrolla su asociación no solo es buena y enriquecedora para las personas a las que atienden y para los propios
voluntarios, sino también para el conjunto de la sociedad, que se ve así enriquecida por la experiencia y la sabiduría acumulada por las personas de mayor edad. Nos parece esencial cultivar la solidaridad intergeneracional, pues beneficia a todos y
nos hace progresar en el mejor sentido del término. No me ha dado tiempo a leérmelo, porque nos lo han entregado al comienzo de la sesión, pero estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea posible para beneficiar a las personas mayores que se
encuentran dentro del colectivo vulnerable.


Quería preguntarle qué opinión le merecen los protocolos médicos de triaje de los hospitales, consistentes en priorizar la atención a las personas de menos edad frente a los ancianos, como ha ocurrido en esta pandemia en toda España y, por
supuesto, también en la comunidad autónoma en la que su asociación se encuentra asentada.


Me gustaría saber qué papel cree que debe representar la familia en el cuidado y la atención de las personas de edad más avanzada y cómo ha afectado la aplicación de los protocolos COVID a la actividad corriente de la asociación a la que
representa, tanto en los centros de mayores como en las viviendas particulares. Aunque realmente todas las personas necesitamos una socialización personal directa, la conexión digital puede paliar parcialmente la soledad de muchas personas que
tienen dificultades para salir de su domicilio. ¿Cuáles han sido las líneas de actuación en el ámbito de la conectividad por Internet o telemática?


Y quiero preguntarle por la pasada ola de frío que azotó nuestro país. Se batieron todos los récords en el precio de la luz y quería saber cómo han vivido esta realidad en la labor diaria que ustedes realizan y qué medidas consideran que
pueden tomar los poderes públicos para que esto no vuelva a ocurrir.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Popular. Cuando quiera.

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La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.


En primer lugar, quiero agradecerle, en nombre del Grupo Popular, su comparecencia. Además, la propuesta que nos ha transmitido, ciertamente novedosa, nos sirve para que en esta Comisión hablemos de un tema que para nosotros es de máxima
importancia. Si me permite la expresión, desgraciadamente de actualidad, quizá la soledad es esa nueva pandemia social que la pandemia sanitaria ha venido a agravar. Puede afectar a personas de cualquier edad, aunque, como usted ha dicho, es más
acuciante en personas mayores, dada la tasa de envejecimiento de nuestro país y la cantidad de personas mayores de sesenta y cinco años que viven solas. Es un asunto que debería estar en primera línea de la agenda política y abordarse de manera
integral, pues son muchas las consecuencias -salud física y emocional, relaciones sociales e incluso exclusión social- que pueden derivarse. Es un problema que ha dejado de ser coyuntural y que quizá en demasiadas ocasiones es invisible. Leí hace
poco un artículo que nos advertía sobre que hasta ahora venían existiendo dos redes de apoyo para nuestros mayores, la familiar y la social, y que, aunque la familia sigue cumpliendo ese rol de manera principal, no debemos ser ajenos a que, como
consecuencia de nuestro actual modo de vida o incluso de la falta de reemplazo generacional, este soporte puede ir perdiendo peso y necesita más apoyos.


Nosotros siempre hemos sido conscientes de la necesidad de implementar medidas concretas con las que prevenir y mejorar el abordaje de la soledad, en línea, como usted ha dicho, con lo que han hecho países como el Reino Unido o los Países
Bajos, y en este sentido venimos trabajando. Usted sabe -hemos tenido ocasión de hablarlo- que en 2018 esta Cámara aprobó una iniciativa del Grupo Popular que instaba al Gobierno a aprobar una estrategia nacional contra la soledad, con medidas
concretas, y un modelo de atención integral para quienes la sufrieran; una iniciativa en la que, ante la inactividad del Gobierno, mi grupo ha profundizado a través de nuestra portavoz en esta Comisión, mi compañera Alicia García, insistiendo tanto
en la necesidad de aprobar definitivamente esta estrategia como en otros aspectos que tienen mucho que ver también con el abordaje integral de la soledad: la dependencia, la vivienda colaborativa, el voluntariado o la participación de entidades
sociales como la suya. De nada sirven las palabras si no van acompañadas de los hechos y en este tema son necesarias dos cosas: voluntad política y presupuesto. Sin embargo, en contra de lo que aquí hemos oído, nosotros entendemos que no hay
voluntad política, que esto no está en la primera línea de la agenda del Ministerio de Derechos Sociales; quizá por eso también fue rechazada nuestra enmienda a los presupuestos para dotar económicamente el diseño y puesta en marcha de esta
iniciativa. Por eso, nos gustaría conocer su opinión sobre la necesidad de poner en marcha todo este tipo de medidas.


Compartimos muchas de las afirmaciones que usted ha hecho, especialmente ese concepto -reconozco- innovador del acompañamiento afectivo, que nos hace reflexionar a todos incluso en el lenguaje. Es evidente que sentir la cercanía de otras
personas, notar que eres importante para alguien, no estar solo en momentos decisivos de tu vida puede ser en ocasiones el mejor remedio a muchos males, más incluso que cualquier medicamento. En mi opinión -es otra pregunta que le formulo-, creo
que esto tiene que ver mucho con la educación, con la concienciación, con los valores, con el modelo de convivencia que como sociedad queramos construir, con lo que transmitamos a nuestros jóvenes, con si queremos elegir entre poner en valor a las
personas, su importancia, sin importar la edad o el estado físico o de salud en el que se encuentren, o deshumanizarnos hasta banalizar o hacer desaparecer incluso el valor del ser humano. En ello tenemos un papel muy importante los representantes
públicos, desde el punto de vista legislativo, sabiendo que a la hora de hacer normas podemos decidir, como digo, poner en valor al ser humano, sin importar la edad que tenga o el estado físico o mental de salud en el que se encuentre, porque tiene
el mismo valor, y también con nuestro comportamiento y con nuestros mensajes, porque el afecto es lo contrario a la conflictividad, a la crispación y a la violencia. Poder vivir en un entorno seguro en tu ciudad, en tu barrio, es fundamental para
evitar el aislamiento social y para evitar que miles de personas mayores dejen de salir a la calle por miedo. Quienes promueven esa inseguridad están contribuyendo a aislar, a excluir precisamente a los más vulnerables; están contribuyendo a que
tengan que vivir esa soledad con esos efectos tan negativos. Por eso me gustaría conocer su opinión sobre cómo afecta el entorno, la seguridad, las condiciones que una sociedad ofrece para empeorar o mejorar esa situación de soledad.


Termino, presidente, simplemente dando las gracias al compareciente y comprometiéndonos a estudiar sus propuestas para seguir contribuyendo a paliar esta situación que, como digo, ninguno quiere sufrir algún día.


Gracias. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Para terminar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora GUERRA LÓPEZ: Buenas tardes. Gracias, presidente.


Gracias, Maurici Blancafort, por su excelente exposición. Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con la señoría Angulo, pero me gustaría saber dónde estaba la prioridad política y presupuestaria desde 2011 hasta 2018, siendo
presidente del Gobierno Mariano Rajoy.


Dicho esto, no quiero entrar en confrontaciones en estos momentos. Dicen que el éxito de una política pública radica sobre todo en la oportunidad de la política pública. Sin duda, la propuesta que hoy nos presenta aquí Maurici Blancafort
tiene esa oportunidad política. Yo recuerdo perfectamente el primer día que leí de su puño y letra la petición de reconocimiento del derecho al acompañamiento afectivo. Era el 10 de marzo de 2020 y pocos augurábamos que nos sobrevenía la pandemia
del COVID19 que significaría el confinamiento de gran parte de la sociedad. Él lo definía de la siguiente manera: Todas las personas tienen derecho a relacionarse y a ser tratadas con afecto, a sentirse acompañadas y a que esta relación entre
iguales sea afectiva, libre, bilateral, directa, respetuosa y consentida. Es un derecho que está en plena concordancia con lo que defendemos en esta Comisión, en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales para la Discapacidad, así como
con la acción política que el Gobierno de España quiere llevar a cabo durante este mandato. En este sentido, en el programa electoral del 10 de noviembre, así como en el acuerdo de Gobierno de coalición, se recogía, por un lado -lo ha citado ya la
compañera de Unidas Podemos-, la estrategia frente a la soledad no deseada, un concepto al que ha hecho referencia también el ponente desde el punto de vista positivo, y, por otro lado, el Consejo Estatal de las Personas Mayores, para tener en
cuenta que las personas mayores no son única y exclusivamente aquellas personas que son objeto de atención a la dependencia, sino que también pueden tener un papel muy activo -de hecho, lo tienen- en nuestra sociedad. Debemos trabajar todo el tema
del envejecimiento activo y su participación de manera intergeneracional con el resto de personas que conformamos esta sociedad. El acompañamiento afectivo debe ser y es una oportunidad; es una necesidad que se ha hecho vigente y patente durante
esta pandemia. Nos daba dos datos Maurici que creo que son importantes: 4632500 personas viven solas, el 50 % son personas mayores de sesenta y cinco años y, de ese 50 %, el 70 % son mujeres. Ya hacía referencia Sara a ese impacto de género que
tiene el envejecimiento en nuestra población.


La pandemia también nos ha enseñado la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Muchas personas mayores, como comentaba Maurici también, viven solas y han tenido que estar solas durante esta pandemia debido a que, paradójicamente, su
aislamiento significaba su protección, pero también tenemos personas mayores que están viviendo en centros residenciales, que están acompañadas las veinticuatro horas del día y, en cambio, se han sentido y se sienten solas. Son 300000 las personas
que viven en residencias, de las cuales 226000 son mayores de ochenta años. A ese sentirse solo está vinculado el plan de choque de más de 600 millones de euros que se ha aprobado en los Presupuestos Generales del Estado y que trata también de
repensar ese modelo de atención a la dependencia. Algunas de las cuestiones ya han sido mencionadas por parte de algunos de los diputados y diputadas esta tarde aquí.


Para finalizar, me gustaría recordar una frase de la filósofa malagueña María Zambrano. Ella afirmaba que pertenece a la esencia trágica de la vida necesitar del otro incluso para la libertad. Sin duda, cuando leo su petición de
reconocimiento del derecho al acompañamiento afectivo me parece que tiene mucho de eso que María Zambrano citaba. Por lo tanto, me gustaría felicitarle, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a usted y a Som Base por su iniciativa y darle
las gracias por compartir con nosotros y nosotras ese sueño, que a partir de hoy es también un poquito nuestro, de construir un mundo más inclusivo y más afectivo para todos y todas.


Antes de terminar, me gustaría plantearle algunas preguntas. ¿Han medido de alguna forma cómo el COVID ha impactado en estas personas que se encuentran solas? Su proyecto prioriza a las personas mayores, pero hay otros grupos y colectivos
de personas que también pueden vivir en soledad no deseada. ¿Los tienen en cuenta también? Ha hablado usted en su exposición del trabajo de voluntarios y voluntarias. ¿Tienen también profesionales contratados en su entidad o todo el trabajo lo
realizan de manera voluntaria?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Blancafort.

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El señor BLANCAFORT PLANAS (en representación de Som Base y voluntario social en la Fundación Amics de la Gent Gran): Muchas gracias.


Ha sido apasionante oír tantas intervenciones y tan interesantes. El problema que tengo es que debo contestar setenta preguntas en cinco minutos y va a ser un poco difícil. En cualquier caso, me voy a remitir a un informe sobre la soledad
del Observatorio de la Soledad que Amics de la Gent Gran, Amigos de los Mayores, acaba de editar. Si me permiten, se ha hecho un estudio sobre cómo ha afectado el COVID y es interesantísimo. Me lo han pasado así porque se presenta mañana, pero se
lo voy a enviar a todos los diputados de esta Comisión.


Yo les quería transmitir una percepción personal. Yo soy una persona voluntaria de base, es decir, estoy en la calle, trato con la gente y veo cada día la situación que estamos viviendo. Yo me he sentido muy solo, y me dirán: pero si tú
eres un voluntario. Sí, pero es que no me han dejado ir a ver a mi gente. No he podido, porque no estaba previsto, porque el derecho a la salud estaba por encima. Yo, que no tengo derecho a acompañar a nadie, porque no existe este derecho, no he
podido hacer mi trabajo con mis amigos. Me lo han prohibido. Aquí tenemos una balanza y quisiera que la vieran también desde el punto de vista de los familiares. ¿Cuántas personas, simplemente porque lo más importante es la salud de las personas
mayores y las queremos tanto y las preservamos tanto, han tenido que estar en una habitación para que nadie las molestara y para que pudieran preservar su salud? Después se nos mueren. ¿Qué ha pasado? Desde mi punto de vista, estas personas son
víctimas. Tenemos personas que no pueden relacionarse y que son víctimas de la sociedad y del aislamiento.


Me preguntaban qué iniciativas podíamos tener, porque tenemos, por un lado, la parte del derecho al acompañamiento afectivo de la persona que recibe la compañía, pero, por otra, el derecho del que la da. Lo más importante son los canales de
comunicación. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié y tenemos que trabajar para que estas personas puedan socializar, tratarse y conectarse. Son muy importantes conceptos nuevos, como, por ejemplo, el canal relacional. ¿Qué es un canal
relacional? Pues, la opción, la tecnología e incluso los asuntos familiares del entorno de los barrios y de las comunidades. Es muy importante hacer hincapié en que estas personas estén enchufadas a la sociedad. Ese es mi trabajo. Yo, como
voluntario, ¿qué hago? Socializo; consigo que estas personas que están solas conecten con la sociedad. Hacemos un montón de actos a través de los cuales ellos viven el día a día.


Es evidente que me podría extender en políticas concretas para que pudiéramos dar la vuelta a esta realidad, pero desde mi punto de vista es muy sencillo: hay que reconocer este derecho. Es fundamental. Como abogado, si yo no tengo una
ley que me permita hacer algo, si no tengo una protección legal, no puedo hacer nada. Estamos desprotegidos y tenemos que hacer este cambio. Yo podría entrar en detalles muy concretos sobre cómo desarrollar una norma que nos permitiera coordinar y
destinar recursos. Podría entrar en detalles, pero, por desgracia, tengo un tren que se me va y no voy a poder continuar. De todas maneras, estaré encantado -más aun, entusiasmado- de poder colaborar con todos los grupos parlamentarios. Lo que he
pedido es algo muy especial. Estoy pidiendo que todos juntos vayamos a presentar esta PNL. Esto sería algo excepcional que creo que no se ha hecho nunca en democracia. Además, necesitaría ayuda en todo el país. Me gustaría acudir a los
diferentes parlamentos y municipios, porque tenemos que fomentar este movimiento en favor de las personas que se sienten solas y que están solas para que puedan desarrollar su actividad con toda normalidad y tener una calidad de vida mejor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Blancafort, por la profundidad y el sentimiento con los que nos ha explicado su trabajo por un nuevo derecho, el del acompañamiento afectivo.


Muchas muchas gracias. Moltes moltes gràcies.


Le acompañamos hasta la puerta y, a continuación, queda por tratar un punto del orden del día. (Pausa).


- DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ESTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de
expediente 042/000001).


El señor PRESIDENTE: Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta para adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la

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Presidencia de la Cámara del 2 de noviembre de 1983. Lo que se somete a votación son las dos modalidades de delegación que existen: delegación condicionada y la delegación incondicionada.


La delegación condicionada consiste en que si el rechazo de una solicitud de comparecencia por la Mesa no se produce por unanimidad, se entenderá que la Comisión aboca la competencia para pronunciarse sobre la solicitud de comparecencia en
cuestión; es decir, corresponde votar a la Comisión la admisión de la comparecencia. La aprobación de la modalidad de delegación incondicionada significa que la decisión que adopte la Mesa, ya sea por mayoría o unanimidad, será la que tenga
efectos.


Votamos la delegación condicionada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 16; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la delegación incondicionada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 15; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Presidente, ¿cuántas personas han votado del Grupo de Unidas Podemos y del Grupo Socialista, por favor? ¿Nos lo puede desglosar por grupos políticos?


El señor PRESIDENTE: ¡Pues no lo he hecho! (Pausa). Trece del Grupo Socialista y tres del Grupo de Unidas Podemos.


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las ocho y quince minutos de la noche.