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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 226, de 17/11/2020
cve: DSCD-14-CO-226
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 226
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA
Sesión núm. 11
celebrada el martes,
17 de noviembre de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
- Finalización en septiembre de 2019 de la redacción del proyecto de saneamiento del río Barbaña y la mejora de la EDAR de San Cibrao das Viñas (Ourense) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente
184/003664) ... (Página4)
Autor: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
BOCG, serie D, número 75, de 28 de abril de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000091).
- Instrumentación en un convenio de colaboración del Protocolo firmado entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el Ayuntamiento de Maside (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/003665)
... (Página7)
Autor: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
BOCG, serie D, número 75, de 28 de abril de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000092).
- Trabajos enmarcados en el contrato 'Servicio de actuaciones de conservación del dominio público hidráulico en los ríos de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil. Lote 3 Ourense, Pontevedra y Zamora', que se han ejecutado en la provincia
de Ourense en el segundo semestre de 2019 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/003666) ... (Página8)
Autor: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
BOCG, serie D, número 75, de 28 de abril de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000093).
- Avances producidos en el segundo semestre de 2019 en el proyecto de cooperación transfronteriza -POCTEP- 'Raia Termal' cuyo socio principal es la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita número de expediente 184/003667) ... (Página10)
Autor: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
BOCG, serie D, número 75, de 28 de abril de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000094).
- Avances producidos en el segundo semestre de 2019 en el proyecto de cooperación transfronteriza -POCTEP- 'Risc Miño-Limia' cuyo socio principal es la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita número de expediente 184/003668) ... (Página11)
Autor: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
BOCG, serie D, número 75, de 28 de abril de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000095).
- Opinión del Gobierno acerca de si la inacción demostrada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en lo que respecta a las actuaciones previstas para restaurar el litoral de la costa de la provincia de
Valencia, ha afectado negativamente al turismo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/021493) ... (Página12)
Autor: Hoyo Juliá, Belén (GP)
BOCG, serie D, número 173, de 04 de noviembre de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000603).
- Previsiones acerca de la partida del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias para 'Actuaciones en la Costa' en la elaboración de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2020 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/005979) ... (Página16)
Autor: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
BOCG, serie D, número 86, de 20 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000166).
- Previsiones acerca de la partida del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias para 'Acondicionamiento Playa de Valleseco' en la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2020 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/005974) ... (Página18)
Autor: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
BOCG, serie D, número 86, de 20 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000167).
- Razones de la demora de la autorización de obras al Hotel Oliva Beach en Fuerteventura (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/005973) ... (Página19)
Autor: Zurita Expósito, Ana María (GP)
Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP)
BOCG, serie D, número 86, de 20 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000168).
- Fundamento jurídico, condiciones de protección o texto legal que ampara la prohibición enviada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por correo electrónico a empresas afectadas por los planes de gestión de
las 24 ZEC (Zonas de Especial Conservación) de Canarias, referentes a los criterios de navegación para desarrollar la actividad de avistamiento de cetáceos en el ámbito costero de Santiago del Teide mayoritariamente (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/005962) ... (Página22)
Autor: Zurita Expósito, Ana María (GP)
BOCG, serie D, número 86, de 20 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000169).
- Previsiones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir acerca de abrir plazo para la solicitud de riegos extraordinarios en la provincia de Jaén y su concesión para al menos los regantes de las cuatro últimas campañas (procedente de
la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/006327) ... (Página25)
Autor: Requena Ruiz, Juan Diego (GP)
BOCG, serie D, número 86, de 20 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000175).
- Actuaciones en materia de prevención, protección y conservación del litoral y la costa acometidas en los municipios de la provincia de Castellón desde el 01/07/2018 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de
expediente 184/005968) ... (Página28)
Autor: Clavell López, Óscar (GP)
BOCG, serie D, número 93, de 29 de mayo de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000284).
- Situación administrativa en la que se encuentra el proyecto de regeneración de la costa en la zona conocida como Les Marines en el municipio de Nules (Castellón), así como alegaciones presentadas y fecha prevista para su resolución
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/005966) ... (Página28)
Autor: Clavell López, Óscar (GP)
(Número de expediente 181/000285).
- Estado de tramitación en el que se encuentran los proyectos y obras de defensa del litoral previstos dentro de la estrategia de actuación del tramo de costa comprendido entre el puerto de Castellón y el puerto de Sagunto (Castellón sur),
así como consignaciones presupuestarias con las que cuentan actualmente y para los
próximos ejercicios (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/005963) ... (Página28)
Autor: Clavell López, Óscar (GP)
(Número de expediente 181/000286).
- Motivo del retraso de la publicación de la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/007448) ... (Página30)
Autor: Sánchez Pérez, César (GP)
Gázquez Collado, Paloma (GP)
Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
BOCG, serie D, número 101, de 11 de junio de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000304).
- Estado de tramitación y previsiones acerca del nuevo Decreto relativo al desarrollo de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/006078) ... (Página33)
Autor: Movellán Lombilla, Diego (GP)
Castillo López, Elena (GP)
BOCG, serie D, número 101, de 11 de junio de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000301).
- Emplazamiento definitivo elegido por el Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico para la nueva EDAR que reemplazará a Vuelta Ostrera en Cantabria, así como calendario de los trabajos para su licitación y construcción (procedente
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/003672) ... (Página36)
Autor: Movellán Lombilla, Diego (GP)
Castillo López, Elena (GP)
BOCG, serie D, número 101, de 11 de junio de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000305).
- Adopción de algún plan de revisión de los vertederos españoles para conocer su impacto ambiental (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/006720) ... (Página39)
Autor: Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX)
BOCG, serie D, número 165, de 22 de octubre de 2020 PDF
(Número de expediente 181/000506).
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
- FINALIZACIÓN EN SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL RÍO BARBAÑA Y LA MEJORA DE LA EDAR DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE
184/003664).
AUTOR: DELGADO ARCE, CELSO LUIS (GP)
VÁZQUEZ BLANCO, ANA BELÉN (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 75, DE 28 DE ABRIL DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000091).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. Empezamos ya porque hay muchas preguntas.
Agradezco, en primer lugar, al secretario de Estado de Medio Ambiente su comparecencia. Quiero explicar que el procedimiento va a ser el siguiente: la pregunta y la respuesta durarán un total de quince minutos, tal y como establece el
Reglamento; es decir, siete minutos y medio para la pregunta y siete minutos y medio para la respuesta, como máximo. Como yo no sé exactamente quién formula la pregunta, iré diciendo el número y que directamente tome la palabra el portavoz
correspondiente del Grupo Popular. Sin más, empezamos con la primera pregunta.
El señor DELGADO ARCE: Muy buenos días, señor presidente.
Señor secretario de Estado, formulamos una pregunta escrita hace ya bastante tiempo en relación con el proyecto de saneamiento del río Barbaña y la mejora de la EDAR de San Cibrao das Viñas. No fue contestada por su ministerio en plazo y
por eso se ha reconvertido en pregunta oral, y quisiera tener hoy su respuesta.
Muchas gracias.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Buenos días, señorías. Gracias, señor diputado. La redacción del proyecto al que hace usted referencia finalizó el 13 de septiembre de 2019. El importe final abonado fue
de 226 803,32 euros, a expensas de la elaboración de la liquidación final del contrato a realizar al final del periodo de garantía. Una vez finalizada la redacción del proyecto, se inició la tramitación de evaluación ambiental simplificada del
mismo el 27 de septiembre de 2019. El 6 de febrero de 2020 la confederación hidrográfica recibió una carta del alcalde de San Cibrao en la que solicitó la modificación del proyecto en relación con la ubicación de la ampliación de la depuradora
existente al objeto de posibilitar el desarrollo completo de un plan parcial. Según el escrito del alcalde, la imposibilidad de desarrollar al completo este plan parcial tendría un impacto económico y social muy negativo en el municipio.
Posteriormente, con fecha 4 de mayo de 2020, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental formula informe de impacto ambiental del proyecto en el que resuelve la necesidad de someterlo a procedimiento de evaluación ambiental ordinaria.
Por todo lo anterior, la confederación contrata un servicio de asistencia técnica para modificar el proyecto de acuerdo con la petición y redactar el correspondiente estudio de impacto ambiental que permita la evaluación ambiental ordinaria. El
contrato se encuentra actualmente en ejecución y su fecha de finalización prevista es el 19 de febrero del próximo año. Una vez finalizado el proyecto será remitido a la Dirección General del Agua para la supervisión y el inicio de la tramitación
ambiental ordinaria.
El señor PRESIDENTE: Señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Muchas gracias por su respuesta.
Señor secretario de Estado, efectivamente, el 10 de febrero de este año nosotros presentamos esta pregunta, pero nuestro interés por el saneamiento del río Barbaña viene de lejos. No sé si recuerda que el 20 de febrero del año 2019 estuvo
usted en esta Comisión respondiendo a una pregunta, también no contestada a su debido tiempo, sobre el mismo tema. Le decíamos entonces que el río Barbaña es una masa de agua en estado peor que bueno, con un estiaje muy acusado en los veranos y
otoños, y eso provoca que los vertidos que bajan de la más importante zona industrial de la provincia que está en San Cibrao das Viñas, cree problemas en lo que se refiere al estado de las aguas. Por esta razón, la estación depuradora de aguas
residuales actual, que se mejoró en el año 2015, necesita una nueva ampliación y, por eso, se redactó el proyecto en julio de 2018. La previsión era que la redacción estuviera finalizada en agosto y, efectivamente, como usted ha dicho, finalizó un
poco después, el 13 de septiembre por el importe que usted ha mencionado.
Nosotros hemos hecho seguimiento de este proyecto. Vimos cómo el 27 de septiembre de 2019 entraba para evaluación ambiental en el ministerio solicitando que fuera por el trámite simplificado y, el 4 de mayo de 2020, la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental resuelve que el procedimiento que debe seguirse es el de evaluación ordinaria porque se prevén efectos adversos sobre el medio ambiente. Pero quizás lo más preocupante, señor secretario de Estado, es descubrir que los
adjudicatarios de la redacción de este proyecto, que es la UTE formada por la empresa Iceacsa y otra que se llama Innovación Civil Española, hicieron mal parte de su trabajo. ¿A qué me refiero? A la ubicación de la ampliación de la depuradora
porque la previeron en terrenos que estaban reservados para un plan parcial de un sector del Plan General de Ordenación Urbana de San Cibrao das Viñas; un plan que estaba
aprobado muchísimo antes de la licitación de la redacción del proyecto; en concreto, se publicó en el boletín del 9 de junio de 2011. Cuando al Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas, en el trámite de alegaciones al expediente de información
ambiental, le trasladan la documentación, observa la ubicación y que la ampliación está invadiendo terrenos que no podían ser ocupados por lo que le acabo de mencionar. Por eso el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas en ese trámite manifiesta su
disconformidad con la ubicación propuesta a los efectos oportunos, al tiempo que señala que hay suelo libre en las cercanías de la infraestructura que no afectan al citado plan parcial. En consecuencia, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
tiene que proceder a redactar un pliego de prescripciones técnicas, y eso lo hace por una resolución de abril de 2020, para contratar la asistencia técnica que adaptase el proyecto de finalización del saneamiento a estos nuevos condicionantes. Esta
es una actuación lógica, pero aquí se dan dos circunstancias; primera, el fallo que se produce en la empresa redactora, pero lo más curioso del tema es que la asistencia técnica para adaptar el proyecto de mejora como consecuencia de este error ha
sido adjudicada a la misma empresa, Iceacsa Consultores, por un importe de 39 125 euros, cuando el importe por el que se había adjudicado la redacción del proyecto era de 191 000 euros. Esto nos llama poderosamente la atención. Es cierto que hemos
visto en el portal de trasparencia la licitación y comprobamos que solo concurrió esta empresa.
Por tanto, nos hacemos las siguientes preguntas: ¿cómo es posible que se redacte un proyecto que contempla la ampliación de una depuradora y no se estudie, lo primero, si los terrenos donde se va a ejecutar esta ampliación son terrenos
susceptibles de esta instalación? Segundo, ¿cómo se explica que se adjudique la adaptación del proyecto a la misma empresa que comete un error? Los errores los cometen las personas y las empresas, pero ¿cómo es posible que se le vuelva a adjudicar
a la misma empresa? La siguiente pregunta es si se va a deducir algún tipo de responsabilidad administrativa para exigir a la empresa que compense el error causado, que provoca que la Administración tenga que incrementar el coste en la cifra que le
acabo de decir, 39 125 euros, sin contar ya el perjuicio que supone la demora. Realmente esta actuación está financiada con cargo a fondos Feder 2014-2020, que según nuestras informaciones admiten tres años de prórroga en la actuación. Pero es que
estamos viendo que entre el tiempo que va a llevar la redacción de este proyecto de adaptación más el que lleve hacer la declaración ambiental ordinaria, porque así debe ser, vamos a avanzar demasiado en el tiempo, y esta es una actuación muy
importante que se va a ver demorada.
Además de pedirle que, si usted dispone de esta información, me la transmita y, si no, lo hagan en otro momento-porque sé que estoy planteando algunas cuestiones nuevas-, quiero decirle que esta actuación es muy importante, lo sabe usted
bien. Este río, que pasa por San Cibrao das Viñas, que es la zona industrial y que llega hasta la ciudad de Ourense desembocando en el río Miño, está contaminado, necesita de protección y para esto es imprescindible ampliar la capacidad de la
depuradora. Hace unos días hubo unas fuertes lluvias en mi provincia, Ourense, y esos colectores no tenían ninguna capacidad para evacuar. Y los problemas se suceden, las páginas de nuestros periódicos locales, día sí y día también, hablan de los
problemas de este río y esta actuación es muy necesaria. Se inician los proyectos en la etapa del Gobierno del Partido Popular y ahora estamos en la etapa del Gobierno del Partido Socialista. La confederación es un organismo que nosotros
respetamos y queremos, pero creemos que aquí no se ha actuado correctamente y que, al margen de que haya una empresa adjudicataria de las obras, existe una supervisión por parte de la propia confederación de cómo se redactan los proyectos. Ya le he
dicho, los errores existen por parte de las personas y de las empresas, pero también debe responderse de ellos porque el erario público se resiente y, además, se introducen dilaciones en proyectos que son realmente relevantes. Así que,
agradeciéndole que tome interés por este asunto, espero su contestación.
Muchas gracias.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señoría. Efectivamente, me plantea usted cuestiones para las que merece la pena el correspondiente análisis e informe, que remitiré en cuanto lo tenga
disponible. En todo caso, el procedimiento al que hace usted referencia en relación con el error, en principio cometido por la empresa, no concluye en una inhabilitación de la empresa para concurrir a los procedimientos siguientes, con lo cual
evidentemente no se le puede impedir que participe en un procedimiento, al que, por cierto, acudiría con una cierta ventaja, pues es en esos momentos la mejor conocedora del proyecto puesto que lo ha redactado. Parece lógico
que en ese procedimiento haga la mejor oferta, si no la única. Esa es la razón que lleva a la confederación hidrográfica, como usted señalaba, a adjudicarle en este caso la reforma del proyecto.
En relación con lo que me apunta usted respecto al análisis de cuestiones puntuales que entiende que son sustanciales en el procedimiento seguido hasta ahora, recabaré el correspondiente informe y se lo haré llegar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morán.
- INSTRUMENTACIÓN EN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL PROTOCOLO FIRMADO ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL Y EL AYUNTAMIENTO DE MASIDE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE
184/003665).
AUTOR: DELGADO ARCE, CELSO LUIS (GP)
VÁZQUEZ BLANCO, ANA BELÉN (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 75, DE 28 DE ABRIL DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000092).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda pregunta.
El señor DELGADO ARCE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado, efectivamente, es otra pregunta de las formuladas por escrito para conocer la evolución de determinadas actuaciones conveniadas por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que no fue contestada a su debido
tiempo. Por eso me gustaría escuchar su respuesta.
Muchas gracias.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Se trata del convenio de colaboración del protocolo firmado entre la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y el Ayuntamiento de Maside, y se preguntaba cuál era el objeto y
los derechos y obligaciones de las partes. Entiendo que dispone su señoría del texto del convenio firmado, que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado del 1 de junio de 2020 -obviaría su lectura, puesto que usted lo conoce-, donde se
determinan las obligaciones que corresponden a cada una de las partes firmantes. No creo que debamos castigar al resto de sus señorías con la lectura del boletín. En todo caso, está disponible para cualquiera de todos ustedes.
El señor PRESIDENTE: Señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Muchas gracias, señor presidente.
Pues sí, ciertamente, el que se contesten a tiempo las preguntas evitaría tener que estar en esta sala reproduciéndolas, pero también es la oportunidad para que le hable un poquito más de este tema. El Ayuntamiento de Maside, un estupendo
ayuntamiento cerca de O Carballiño, en la provincia de Ourense, efectivamente, sufrió en el invierno de 2017-2018 unos importantes destrozos en sus servicios urbanos y más concretamente en las redes de aguas pluviales y desagües, especialmente en la
zona más baja de Maside. Las tuberías están obsoletas, son muy antiguas y no tienen estanqueidad suficiente. Por eso nos parece muy bien que se haya formalizado un convenio -el 1 de junio de 2020 se publica en el BOE- para actuar en este sentido.
El objeto al que usted me remitía es la renovación de una parte del colector general de saneamiento y la sustitución de un tramo similar de tubería de abastecimiento de agua y, posteriormente, la reposición de aceras y el afirmado de la calzada. Se
establece un periodo de vigencia de cuatro años. En este sentido, aunque celebramos este convenio, no nos parece demasiado ambicioso en la medida en que las actuaciones realmente a ejecutar, para dejar la situación del abastecimiento y de los
desagües en condiciones, deberían tener una mayor envergadura tanto en metros lineales sobre los que actuar como respecto a la financiación. De hecho, incluso en las primeras conversaciones se planteaba que el porcentaje de cofinanciación sería
superior por parte de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil al que actualmente se reconoce, que ya admito que no es pequeño porque corresponde al 80 %, incluso se habló de que podía llegar hasta el 90 %. Además, quería preguntarle al respecto -si
puede, me informa ahora y, si no, hágalo en los mismos términos que en la pregunta anterior- cuál es el cronograma que se maneja. Hemos seguido controlando esta actuación y hemos visto que se cerraron las plicas de la
redacción del proyecto el 10 de noviembre de 2020, con un presupuesto base de 371 761 euros. Esperamos que esta adjudicación sea pronta y que se puedan realizar las obras cuanto antes.
Aprovechando que estamos hablando de convenios quisiera poner en su conocimiento en sede parlamentaria una circunstancia que nos preocupa, y es la siguiente: la confederación hidrográfica es un organismo especialmente querido y apreciado,
se lo digo con claridad, máxime porque es de reciente creación y su sede se implantó en la ciudad en la que yo nací y en la que vivo, Ourense. Los ríos son parte esencial de Galicia. Usted es asturiano y también sabe que lo ríos para nosotros son
algo muy importante, creo que para todo el mundo, pero para los gallegos son muy importantes. Por tanto, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, las aguas y su protección nos parece esencial, y la cooperación es la fórmula ideal para sacar
adelante los proyectos, bien sea con administraciones europeas -que nos financian en buena parte-, bien sea con las administraciones provinciales -porque hay actuaciones con diputaciones-, pero sobre todo con las corporaciones locales, con los
ayuntamientos, tanto los de León como los de Pontevedra, los de Lugo y los de Ourense, que son los que integran la demarcación de esta confederación, aunque no en su totalidad. ¿Y qué es lo que quiero decirle? Pues que, por favor, tome nota de que
está ocurriendo algo que no es deseable, y es que la formalización de los convenios con ayuntamientos por parte de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil -y me remito a este último año- se está materializando prácticamente en exclusiva con
ayuntamientos gobernados por el mismo partido político -y conste que tienen todo el derecho del mundo a que se hagan obras en sus municipios; además, yo celebro que se hagan obras en sus municipios-; de doce convenios que se hacen constar en la
página web de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en este año, cuatro son en la provincia de Lugo, una en la de León y siete en la provincia de Ourense. En total doce actuaciones, y todas ellas están conveniadas con alcaldes del mismo partido
político. Me dirá que es una casualidad, pero no parece que sea una casualidad. ¿Qué es lo que le transmito como parlamentario? Que se formalicen convenios con ayuntamientos que estén gobernados por alcaldes de todos los colores políticos, que no
se discrimine a nadie, pero que no se deje de actuar en relación con los ayuntamientos del Partido Socialista porque las obras son necesarias, yo no se lo discuto en modo alguno. Además, me alegro mucho de que se hagan, pero lo que no podemos
entender es que esto siga pasando porque sabemos que hay necesidades en todos los ayuntamientos, en los que gobierna el Bloque Nacionalista Galego, en los que gobierna el Partido Popular o en los que gobiernan formaciones políticas independientes.
Por eso aprovecho que estoy hablando del convenio de nuestra querida localidad de Maside para pedirle, por favor, que tome nota de lo que estoy diciendo y, si puede, intervenga para que esto no suceda.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor Morán.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señor diputado. Le haré dos apreciaciones sobre las cuestiones que me plantea. En primer lugar, para el conjunto de sus señorías y en relación con el hecho
de que hayan tenido que transformarse en orales dieciocho preguntas, quisiera recordarles el año en el que estamos, ustedes entienden perfectamente la situación en la que están desarrollando el trabajo tanto ustedes como el resto de las
administraciones; un trabajo que debería ser ordinario y que se ve dificultado por la situación que conocemos. A fecha de hoy, en la parte que toca a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, se han contestado 2269 preguntas. Entiendan ustedes
que, con este volumen de preguntas y la situación excepcional en la que nos encontramos este año, haya dieciocho que, por distintas razones, situaciones de teletrabajo, problemas incluso en la propia tramitación, han tenido que transformarse en
preguntas orales.
En relación con la pregunta que hoy nos trae aquí, el convenio firmado con el Ayuntamiento de Maside, no le quepa a usted la menor duda de que tomo nota de lo que me comenta y haré un seguimiento de cuál es el alcance de los convenios
previstos o pendientes por parte de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil con el conjunto de ayuntamientos para chequear que, efectivamente, no se está produciendo ningún tipo de discriminación, que es lo que usted considera que se podría estar
produciendo. En principio, yo podría asegurarle que no es así, pero entiendo que en su preocupación quiera una mayor información y no le quepa la menor duda de que la recabaré y se la haré llegar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morán.
- TRABAJOS ENMARCADOS EN EL CONTRATO 'SERVICIO DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN LOS RÍOS DE LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL. LOTE 3 OURENSE, PONTEVEDRA Y ZAMORA', QUE SE HAN EJECUTADO EN LA PROVINCIA DE OURENSE EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/003666).
AUTOR: DELGADO ARCE, CELSO LUIS (GP)
VÁZQUEZ BLANCO, ANA BELÉN (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 75, DE 28 DE ABRIL DE 2020
(Número de expediente 181/000093).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 3, que formula la diputada Ana Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señor presidente.
La pregunta trae consecuencia de la respuesta por escrito, que ya nos hizo llegar, sobre las actuaciones en el acondicionamiento y conservación del dominio público hidráulico en la provincia de Ourense, a través de la Confederación Miño-Sil.
Aquí ya nos ha respondido que hay veinticuatro actuaciones en curso, de las que solo cuatro -por corroborar lo que decía mi compañero- son de ayuntamientos del Partido Popular y, precisamente, mi pregunta se refiere a una de esas actuaciones que
había quedado presupuestada por el Gobierno del Partido Popular para su continuación en el río Badella, el río de mi pueblo, Bande.
En primer lugar, señor secretario de Estado, agradezco en todo momento su amabilidad desde el 20 de febrero, cuando tuve ocasión en esta misma Comisión de hablar sobre este tema, y usted me dijo que iba a tener toda la disposición para
continuar con esta cuestión. Sabíamos los problemas que había con los terrenos; incluso hemos hablado telefónicamente en varias ocasiones sobre ello, y ahora nos sorprende que la semana pasada el presidente de la confederación hidrográfica llamase
a la alcaldesa de mi pueblo y le dijera que este convenio se paraliza y que no va a hacer la actuación; una actuación que había quedado presupuestada por el Gobierno anterior y en la que la confederación hidrográfica tenía que pagar 236 000 euros;
224 000 en 2020 y 12 000 en 2021. Por su parte, la diputación tenía que poner 59 000 euros este año y 3000 el próximo; y el ayuntamiento tenía que poner los terrenos a disposición. Se trata de unos terrenos que, como usted sabe, supusieron una
gran dificultad por ser de propietarios desconocidos, pero tengo que agradecer la voluntariedad que han tenido todos los vecinos de Bande para cederlos de manera gratuita, de forma que desde que finalizó el estado de alarma, en el mes de junio,
todos los terrenos están a disposición de la confederación hidrográfica y de la diputación para realizar esta actuación.
Por eso, señor secretario de Estado, existe el proyecto, puesto que se inició por la confederación hidrográfica en el año 2018; existe consignación presupuestaria con cargo al ejercicio de 2018; y existen los terrenos que han donado todos
los vecinos de Bande -de manera puntual algunos vía expropiación-. Es una obra necesaria; yo me permití visitar la zona el domingo, antes de venir aquí, y lo puede comprobar. En este río (muestra varias fotografías) había un matadero que estaba
totalmente contaminado y el olor se extendía por todo el pueblo. Se empezó a recuperar, se cerró el matadero, y tenemos un sendero por el que todos los días transitan personas mayores, que antes iban por las carreteras, lo que ocasionaba
accidentes. Por un importe mínimo tenemos ya un kilómetro. Antes no se podía entrar allí, era una selva de contaminación, y ahora queremos continuar con el kilómetro restante.
Le pido, por favor, que reconsideren la decisión de paralizar este proyecto porque creo que no se debe perjudicar a los vecinos de Bande por tener un color político diferente al del Gobierno actual. Ya sé que usted el día que me dio su
palabra me dijo que confiara en usted. Yo sigo confiando en usted, en su palabra, y le pido, en nombre de los vecinos de Bande que, por favor, reconsidere la decisión que tomaron la semana pasada y realicen esta obra porque el dinero está
presupuestado para Bande, y me dolería mucho tener que venir a otra sesión de la Comisión a criticarles por destinar ese dinero a otra inversión para otro ayuntamiento. Yo sé que estas veinticuatro actuaciones (muestra un documento) son todas
necesarias porque las estuve viendo y sé que son ríos que lo necesitan, entre ellos el río Limia, para el que se han presupuestado unas cantidades elevadas porque, efectivamente -a pesar de que sea un ayuntamiento gobernado por el PSOE-, es un río
que también tenemos muy contaminado. Le pido, por favor, que le diga al presidente de la confederación hidrográfica que reconsidere esto porque la diputación tiene la cantidad consignada, el ayuntamiento tiene los terrenos disponibles y ahora ya
solo se trata de la
voluntad política del Gobierno del PSOE de querer realizar esta obra, continuarla y no perjudicar al pueblo de Bande.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señoría. Agradezco su depósito de confianza. Voy a hacer referencia rápidamente a la relación de obras ejecutadas, en razón con su pregunta. El río da
Cortella en el concello de Melón; Barbantiño en el concello de Amoeiro Punxín; el río Arnoia en Villar de Barrio; el Rego de Aldán en Coles; Lobios en Lobios, De Lentille en Cenlle; Casellas, innominado y Carrocedo en Carballeda de Avia y
Leiro; Toxo en San Cristovo de Cea; Marañao en San Cristovo de Cea; innominado en A Rúa; Bateira en Rivadavia; Brull en Melón, Limia en Xinzo de Limia; Miño en Ourense; Arnoia en Allariz; Marañao en San Cristovo de Cea; Arnoia en A Merca;
Pazín en Entrimo, Arnoia en Allariz y en Do Rexo y Varón en Leiro.
Tomo nota del proyecto que usted me comenta, del cual ya me había interesado en su momento. Tuvimos ocasión de comentarlo posteriormente a aquella comparecencia. En su momento se dio traslado a la confederación hidrográfica para que lo
incorporara en el plan de actuaciones. He de decirle que en el caso del Fondo de Reconstrucción, a tenor de que hay una enorme demanda de actuaciones de este tipo por parte de la sociedad en prácticamente todos los puntos de España -esto empieza a
formar parte de un marco de exigencia del conjunto de la ciudadanía, que quiere una mejor calidad de vida en sus entornos y considera que el espacio fluvial debe formar parte de esa posibilidad de mejora de calidad de vida-, se ha incorporado un
compromiso de financiación para la recuperación de entornos fluviales en intervenciones en la totalidad de las confederaciones hidrográficas. En ese sentido entiendo que habrá capacidad suficiente, más allá de lo que usted me comenta en relación
con la partida presupuestaria en su momento consignada y con los avatares que hubo de por medio en relación con la disponibilidad de los terrenos. Entiendo que no debería tener mayor dificultad incorporar una actuación que, por otra parte y hasta
donde yo conozco, tampoco estamos hablando de un proyecto de gran envergadura; es un proyecto de un alcance más o menos de las características de los que he comentado aquí hoy, con lo cual espero que se pueda dar respuesta favorable en un tiempo
razonable.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morán.
- AVANCES PRODUCIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 EN EL PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA -POCTEP- 'RAIA TERMAL' CUYO SOCIO PRINCIPAL ES LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA
ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/003667).
AUTOR: DELGADO ARCE, CELSO LUIS (GP)
VÁZQUEZ BLANCO, ANA BELÉN (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 75, DE 28 DE ABRIL DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000094).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 4, que va a defender el diputado Celso Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Muchas gracias, presidente.
Señorías, señor Morán, como usted bien conoce, en Galicia existe una estrechísima vinculación con Portugal por razones de vecindad, pero también por razones económicas, turísticas y de compartir ríos comunes y también surgencias termales.
Sabe usted que la provincia de Ourense es conocida en España como la provincia termal, pero también en el norte de Portugal hay termas tan famosas y tan importantes como, por ejemplo, la de Melgaço, al otro lado de la raya, que es como nosotros
llamamos a la frontera. Por eso, el proyecto Raia Termal -que está en una fase ya final, que forma parte del proyecto de cooperación transfronteriza Poctep y en el que participan ayuntamientos ourensanos y cámaras municipales portuguesas- está
siendo, a nuestro juicio, un proyecto que está teniendo éxito, que estamos viendo resultados y que nosotros hemos seguido desde el primer momento. Tanto mi compañera Ana Vázquez como yo, estuvimos en el acto de presentación de este proyecto hace ya
tiempo, proyecto que
entonces impulsó el anterior presidente de la confederación, don Francisco Marín, y que continúa el actual. Yo mismo he participado en ese congreso de termalismo que hubo en septiembre del año pasado en Lobios, en el que hicimos un
seguimiento de cómo iban las actuaciones.
El objeto de la pregunta escrita, que no fue contestada a tiempo -y acepto las disculpas que usted planteaba y las entiendo-, era hacer un seguimiento. En esta única intervención -puesto que no voy a replicar lo que usted diga- lo que
quiero es poner en valor la importancia de las actuaciones transfronterizas entre países que afectan a una misma región, y la importancia de ser capaces de presentar proyectos europeos que tengan contenido, porque al final estas actuaciones en
pequeños ayuntamientos como pueden ser Lobios, Bande, Muíños, Melgaço, Terra do Louro, al final lo que hacen es dinamizar recursos que están ahí y que en sitios donde la población es escasa y donde hay una cierta depresión económica contribuyen sin
duda a revitalizarlos. Te devuelve el orgullo ver que recursos hídricos o medioambientales abandonados se ponen en valor. Así que les animo a que continúen con los trabajos y, al mismo tiempo, usted ahora hablaba de los mecanismos nuevos, así que
les animo también a que presenten proyectos interesantes y escuchen igualmente a las comunidades autónomas -que sé que en este ámbito les han trasladado proyectos- y así seguro que podremos celebrar que las cosas mejoran.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor secretario.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señoría.
Saben ustedes que, por suerte para ambos países, la cooperación hispano-portuguesa está dando muy buenos resultados. Ya desde hace años hay vínculos de cooperación entre los dos países que benefician a los ciudadanos de uno y otro lado de
la raya. En ese sentido, la cooperación a la hora de abordar planificación conjunta en materia hidrológica forma parte de uno de los ejes principales de cooperación entre los dos Gobiernos históricamente, al margen de los Gobiernos que se han
venido sucediendo en el tiempo.
Tenía en su momento la previsión de asistir al congreso termal, pero, por desgracia, en el último momento no pudo ser, pero seguí las conclusiones del mismo, y entiendo que, en un momento de reflexión en el que toda Europa centra su mirada
en las posibilidades de actuación en una parte muy importante del territorio de nuestro país -aproximadamente el 80 %-, que necesita de una especial dedicación por parte de las administraciones para revertir un proceso que todos conocemos, y que se
convierte en un verdadero reto, llamado reto demográfico, actuaciones de estas características forman parte de ese eje de intervenciones que yo creo que pueden dar buen resultado.
Se le dio respuesta en su momento, no sé si quiere que se la lea. En todo caso se le trasladó una relación de todas las actuaciones habidas desde mediados del 2019, y únicamente quiero actualizarle en relación con la última de las
previsiones que durante el 2020, además de atender a la ejecución del proyecto en la situación especial en la que estamos viviendo, los esfuerzos de los socios se centraron en explicar al secretariado la necesidad y merecimiento de una prórroga.
Era una cuestión que preocupaba a las partes y quiero decirle que se ha conseguido esa prórroga, de tal manera que la previsión de finalización del plazo para el proyecto Raia Termal era que tenía que estar concluido antes del 31 de diciembre de
2020, y se ha conseguido que se desplace esa fecha horizonte hasta el 30 de septiembre de 2021. Únicamente quiero hacerle ese apunte sobre el texto que tenía de la respuesta remitida en su momento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morán.
- AVANCES PRODUCIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 EN EL PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA -POCTEP- 'RISC MIÑO-LIMIA' CUYO SOCIO PRINCIPAL ES LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON
RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/003668).
AUTOR: DELGADO ARCE, CELSO LUIS (GP)
VÁZQUEZ BLANCO, ANA BELÉN (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 75, DE 28 DE ABRIL DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000095).
El señor PRESIDENTE: pasamos a la pregunta número 5, que va a formular el diputado Celso Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Con esta quinta pregunta concluimos este repaso a las actuaciones gallegas y ourensanas.
También estamos hablando, señorías, de un proyecto internacional, financiado también con cargo al Poctep, estamos hablando del proyecto Risc Miño-Limia, que es de prevención de riesgos de inundaciones y sequías en la cuenca internacional de
los ríos Miño y Limia, cuyo plazo inicial de ejecución era de tres años y medio, y que viene de ser aprobado por la autoridad de gestión el 15 de junio del 2017. También venimos haciendo un seguimiento de este interesante proyecto, mucho más
técnico que el anterior, porque este es un proyecto eminentemente técnico. Hemos podido comprobar que los trabajos se vienen ejecutando con cierta normalidad. Periódicamente se reúnen los socios de este proyecto que lidera la Confederación
Hidrográfica Miño-Sil, pero que también están universidades como la de Porto y la Universidad de Vigo, y llevamos haciendo un seguimiento conjunto y nos parecen importantes los avances. Efectivamente, yo luego recibí una comunicación por escrito
fuera de plazo y, por lo tanto, estoy informado, pero, como decía antes mi compañera Ana Vázquez, el río Limia es un río que está bastante castigado como consecuencia de las explotaciones agrícolas necesarias, que es el medio de vida de las personas
que allí viven y, por lo tanto, todo lo que sea trabajar en los riesgos de inundaciones, en los riesgos de sequías, las regulaciones de esta cuenca, efectivamente, resulta muy importante.
Me gustaría simplemente, si usted puede, que actualizara alguna información que no tengamos en este momento sobre lo que en su día a posteriori nos contestaron, e insisto en seguir animándoles a que presenten proyectos europeos que
contribuyan a la mejora de nuestros ríos y de nuestras masas de agua.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señoría.
Efectivamente, se remitió la información correspondiente y solamente, por actualizársela, le diré que las actuaciones se dividen en cuatro paquetes de intervención. El primero de ellos es el análisis de las cuencas de los ríos Miño y Limia
a nivel geográfico e hidrológico. Comentábamos en la respuesta que se le remitió en su día que de las once zonas en las que se había dividido la demarcación se había finalizado ya la cartografía en seis de ellas, y que a fecha de hoy ya se ha
finalizado en siete de ellas.
La segunda es el estudio de un plan de sequía conjunto para la demarcación internacional del Miño-Limia, y en relación con la misma tiene la información correspondiente. La Agencia del Agua portuguesa hará la parte que le corresponde y la
confederación hidrográfica elaborará la propuesta del plan de sequía en la vertiente española.
La tercera de las líneas de actuación es la dotación de un nuevo sistema de alerta temprana frente a inundaciones en la demarcación internacional. Ya conoce usted, en los términos en los que se le dio respuesta, en qué momento se encuentran
ahora mismo los trabajos, bastante avanzados, por cierto.
Y la cuarta línea es la dotación de un sistema de control de cuenca y medidas de retención natural contra inundaciones. Únicamente apuntarle sobre la información que en su momento se remitió que se han adjudicado e iniciado los trabajos
para la redacción del proyecto de ejecución de medidas naturales de retención en las agrupaciones que corresponden a Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo, y Arnuide, en la provincia de Ourense, y que igualmente se han finalizado los trabajos
para la ampliación de la capacidad de los servidores del sistema autonómico de información hidrológica, SAIH.
Por su parte, como se había informado en su día, la agencia portuguesa había finalizado las dos estaciones en Monção y Arcos de Valdevez.
Y esta es la situación actual, a expensas de que el proyecto sigue y, en todo caso, a su disposición estarán siempre las sucesivas actualizaciones que se vayan produciendo.
Gracias.
- OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI LA INACCIÓN DEMOSTRADA POR EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, EN LO QUE RESPECTA A LAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA RESTAURAR EL LITORAL DE LA COSTA DE LA PROVINCIA
DE VALENCIA, HA AFECTADO NEGATIVAMENTE AL TURISMO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/021493).
AUTOR: HOYO JULIÁ, BELÉN (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 173, DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000603).
El señor PRESIDENTE: A continuación, han pedido los proponentes un cambio en la agenda, y pasamos a la pregunta número 18, que va a formular la diputada Belén Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señor Morán, y muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas.
La línea de la costa de la provincia de Valencia está en una situación de emergencia. Los temporales que hemos vivido a lo largo de los últimos años, especialmente el Gloria, el fatídico temporal que acabó con gran parte de las
infraestructuras de la costa valenciana y que arrasó prácticamente con todo lo que pudo, han afectado gravemente a las playas de una de las costas más turísticas de nuestro país como es la de la provincia de Valencia. La pregunta formulada va
precisamente en esta línea, en la afección que un sector económico tan importante como es el turismo ha sufrido debido a la inacción del Gobierno a la hora de trabajar por regenerar la costa de Valencia y de actuar para proteger la costa valenciana.
Por ende, facilitar y prometer el turismo en una costa limpia, segura, accesible y respetuosa con el medio ambiente. No se trata de una cuestión puntual en el tiempo y localizada en una zona concreta de la provincia, se trata de un problema
estructural que afecta a toda la costa de la provincia y que, tras cada temporal, se agrava más y con la pasividad del Gobierno se enquista, como el problema de muchos municipios costeros. Como decía, ahora la costa se encuentra en una situación de
emergencia que se agrava por la actitud pasiva y negligente que muestra el Gobierno ante esta problemática. Está claro que ustedes están más preocupados por conservar el Gobierno que por conservar las costas, pero no podemos consentir que su
desviación de los intereses generales hacia los intereses del Gobierno perjudique a toda la población, y eso está pasando.
Precisamente en los municipios más turísticos de la provincia de Valencia se ha visto, igual que en el resto de España, que el turismo es de los sectores económicos y de empleo más afectados por esta crisis. En 2019 en la Comunidad
Valenciana el PIB respecto al turismo representaba casi el 16 %, creaba un 15 % del total de puestos de trabajos y recibíamos 9,2 millones de turistas al año. La actividad turística valenciana es una actividad absolutamente transversal y de calidad
que atrae a millones de personas, y los responsables públicos debemos trabajar para seguir promoviendo un turismo de valor y unos servicios públicos de calidad. El riesgo de quiebra del sistema económico y empresarial español es directamente
proporcional a lo que ocurra con la industria turística, por lo que el turismo debe ser una prioridad nacional sin ninguna duda.
Señor Morán, somos conscientes de que las actuaciones de la demarcación de costas pueden haber sufrido demoras debido a la situación de la pandemia, pero estamos hablando de actuaciones en lugares al aire libre y, desde luego, creemos que es
urgente e imprescindible su ejecución. Un temporal más durante este año y muchas playas quedarán totalmente devastadas. ¿Creen que si un turista va a estas playas -no sé si desde aquí puede ver las fotografías- va a volver? (Muestra unas
fotografías). Estas fotografías son del municipio de Tabernes de Valldigna, en la comarca de La Safor, y desde luego estas playas, como tantas otras en la provincia, necesitan actuaciones urgentes. Los vecinos de Tabernes de Valldigna no quieren
más trasvases de arena, sino que lo que necesitan son actuaciones que solucionen de una forma definitiva la situación de sus playas. Si no se actúa en Cullera, que está al norte de Tabernes, seguirá la regresión de las costas y de la arena. Hasta
ahora solo se han añadido parches en forma de camiones cargados de arena destinados a la playa de La Goleta, de Tabernes, una arena que los nuevos temporales de esta semana pasada, por ejemplo, se ha vuelto a llevar. Con lo cual, Tabernes necesita
una situación definitiva, y como Tabernes tantos otros municipios. Por ejemplo, el municipio de Sagunto.
En el municipio de Sagunto el problema es que sí que se ha actuado en la zona de Castellón, pero si se hace en la zona de Castellón y no se hace en la zona norte de Valencia, desde luego las playas tienen consecuencias y están condenadas a
desaparecer bajo las rocas que el mar sigue depositando. A día de hoy sigue sin ejecutarse un plan integral para actuar en las playas de Almardá, de Corinto o de La Malvarrosa, en Sagunto. No hemos conocido ni una sola noticia o actuación o
anuncio de que se vaya a
actuar, y también necesitan una actuación urgente estas playas, como decía, del norte de Valencia, en Sagunto.
Y respecto a la playa de El Saler, en Valencia, llevan más de un año de retraso esperando las actuaciones de su ministerio y, desde luego, es urgente. Desde 1960 a 2006 la playa se ha desplazado cien metros de la costa y, desde luego, si
esto sigue así, si esta línea de cordón dunar desaparece, al final se puede llegar a comer incluso la Albufera. Y así podría seguir con más ejemplos.
En definitiva, señor secretario de Estado, los vecinos se sienten desprotegidos, los ayuntamientos se sienten impotentes y vemos que el Gobierno no decide y no actúa, y no se pueden plantear soluciones provisionales, porque lo que hace falta
es una solución definitiva a problemas estructurales. Y más allá de las aportaciones de arena, es imprescindible pensar en nuevas iniciativas que garanticen una mayor permanencia y efectividad, como la construcción de arrecifes artificiales para
minimizar la intensidad del oleaje y evitar que el mar se lleve la arena de la playa o el dragado de arena. Es lo que necesitan las playas, por ejemplo, de El Perelló, de Sueca o El Marenyet.
No podemos permitir que la ausencia de iniciativa política por parte del Gobierno acabe con las playas, y como consecuencia con el sector turístico. El partido Popular está con el turismo y con la protección de la costa valenciana. El
Partido Popular cree en el turismo como un sector de valor para nuestra economía y para la creación de empleo.
El Partido Popular cree en unas playas medioambientalmente sostenibles y adecuadas para su uso por parte de la ciudadanía, unas playas limpias y accesibles, unas playas con futuro que sigan siendo un atractivo turístico y, por tanto, un
factor de riqueza para el pueblo valenciano y para el conjunto de España.
En lugar de centrar sus esfuerzos, por ejemplo, en sancionar a aquellos que hace unas semanas colocaron 53 000 banderas en homenaje a las víctimas del COVID, lo que deberían hacer es centrar sus esfuerzos en rehabilitar y dar soluciones
definitivas a nuestras playas. Deberían contemplar planes ambiciosos e integrales de actuaciones en la costa valenciana. Desde luego, no sé a qué están esperando, no sé si están esperando a que haya otro temporal como el que hubo el año pasado y
el año anterior. Creemos que hay que poner en marcha actuaciones y estamos esperando soluciones definitivas. La playa no puede esperar, el entorno natural no puede esperar, el turismo no puede esperar, y les pedimos que gestionen y trabajen
aportando soluciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Morán.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señoría.
Creo que hace usted una descripción bastante aproximada de la realidad que estamos viviendo. Efectivamente, los riesgos que acechan al litoral español están muy lejos de ser una profecía maya, y estamos ante una embestida de lo que supone
el impacto del cambio climático en las zonas más vulnerables de nuestro país, entre otras, ese borde litoral. En todo caso, me endosa un rango de preocupaciones que puedo garantizarle que no entra en mi trabajo. Mi trabajo del día a día es
intentar dar una respuesta razonable a reivindicaciones y a necesidades que son justas por parte de los ciudadanos, y que además responden a una constatación por parte de la ciencia de cuál es el escenario al que debemos enfrentarnos. Aun así, si
fuese a coincidir con su apreciación, tendría que decirle que la mejor forma de conservar el Gobierno o de alcanzar el mismo para quien pretende hacerlo es responder adecuadamente a las peticiones de los ciudadanos. Hacer lo contrario sería tanto
como ir en dirección contraria a lo que se pretende. Por lo tanto, intentaré darle una rápida respuesta en relación con las actuaciones que se han venido llevando a cabo en el ámbito al que usted se refiere en su pregunta.
El ministerio redactó las estrategias para la protección de los tramos de costa con mayores problemas de erosión en la Comunidad Valenciana, tanto en el sur de Castellón como en el sur de Valencia, estando previsto llevar a cabo las
siguientes actuaciones por las que usted se interesa. En primer lugar, la regeneración de las playas de Canet, Almardà, Corinto y Malvarrosa de los términos municipales de Canet d'en Berenguer y Sagunto. Quiero decirle que el proyecto se encuentra
en la fase final de redacción y que se dispondrá del mismo en la presente anualidad.
Se encuentran igualmente en redacción los proyectos de regeneración de las playas de El Saler y La Garrofera. Se trata de una actuación considerada prioritaria en la estrategia para la protección
del litoral comprendida entre el puerto de Valencia y el de Denia. El proyecto y su estudio de impacto ambiental se encuentran redactados, fueron sometidos a información pública durante un plazo de treinta días hábiles a contar desde la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, la información se pudo consultar mediante un enlace vía Internet y también presencialmente en la Demarcación de Costas en Valencia, y en el momento de información pública se solicitó informe
a los diferentes organismos interesados. Una vez analizadas las alegaciones presentadas, el 9 de julio de 2020 se remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para la emisión de la declaración de impacto ambiental. Su
presupuesto previsto es de 28,6 millones de euros. Se trata de regenerar dichas playas con arena procedente del banco de arenas ubicado en profundidades superiores a 50 metros, frente a la costa de Cullera, para lo cual se está tramitando un
contrato de servicios a fin de contratar la actuación del estudio de impacto ambiental y volver a someter a procedimiento de evaluación un banco de arena que en su momento ya había contado con tramitación ambiental positiva. En todo caso, está
prevista su licitación en el momento en que concluyan las tramitaciones ambientales.
Además, se están redactando los siguientes proyectos con sus estudios de impacto ambiental: la regeneración de las playas de Marenyet y L'Estany en Cullera; la regeneración de la playa de El Brosquil en Cullera; la regeneración de las
playas del Perelló, Pouet y Les Palmeres en varios municipios; la regeneración de la playa de La Devesa, en Valencia, y se han iniciado los trámites para contratar la redacción de la regeneración de la playa de La Goleta, en Tabernes de Valldigna,
así como la regeneración de las playas situadas entre la desembocadura del río Serpis y el puerto de Oliva.
Además, en relación con los dos temporales a los que usted se refería, la DANA de septiembre de 2019 y la borrasca Gloria de 2020, en el caso de la DANA de 2019, se ejecutaron actuaciones por importe de 1 700 000 euros en Sagunto, Valencia,
Sueca, Cullera, Tabernes, Piles, Daimuz, Miramar, Bellreguart, Guardamar de la Safor y Oliva. En relación con la borrasca Gloria en 2020, se acometieron trabajos por importe de 5 900 000 euros, teniendo en cuenta que los principales daños se habían
producido en las playas y sistemas dunares de los municipios de Sagunto, Puzol, El Puig, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Alboraya, Valencia, Sueca, Cullera, Tabernes, Xeraco, Gandía, Daimuz, Guardamar, Miramar, Piles y Oliva, que consistieron
básicamente en pérdida de arena y grava en las playas y dunas y la acumulación de escombros y suciedad. Al mismo tiempo, se atendieron los daños en las playas El Dosel y El Brosquil y en el paseo marítimo de Bellreguart. Estos casos, de esos 5 900
000 euros, supusieron una inversión de 4 millones de euros. Por último, en relación con la reparación del paseo marítimo de Sueca, se realizó una inversión adicional de 1 900 000 euros. Como ve usted, la verdad es que inacción, poca. Se ha estado
trabajando durante todo este tiempo en la medida de lo posible. Quiero decirle que durante aproximadamente tres meses, justo en el periodo previo al inicio de la temporada estival, se decretó como consecuencia del estado de alarma la paralización
de las obras que no fuesen obras de emergencia imprescindibles para ser acometidas, y que ello supuso un aplazamiento en la previsión de la ejecución de los trabajos. En algunos casos, incluso estos no pudieron ser llevados a cabo, puesto que se
trataba de trabajos que no se podían ejecutar mientras se estaba produciendo el uso físico de las playas, de tal manera que algunos de ellos se prolongaron bastante más en el tiempo.
En todo caso, quiero decirle que es verdad que esto ya no va de reponer arena en las playas, eso que durante años se consideró que era la actuación que permitía mantener en un uso adecuado para la actividad turística nuestro litoral. Eso ha
pasado a la historia, y en estos momentos abordamos un proceso totalmente distinto. Se trata de poner en marcha mecanismos de adaptación y resiliencia en la costa y, para ello, se están elaborando las estrategias correspondientes. Son proyectos
que no consisten en la habilitación de escolleras, diques o espigones, aunque en algún caso puedan ser necesarios. Igual que las soluciones no son las aportaciones periódicas de arena, tampoco lo son las grandes infraestructuras que lo único que
hacen es intervenir en la interrupción de la dinámica litoral, generando problemas litoral arriba o litoral abajo en función de cuál sea la dirección de las corrientes. Estamos hablando de recuperar el dominio público marítimo terrestre y de
dotarle de resiliencia, recuperando, por ejemplo, sistemas dunares, que se convierten en uno de los mejores elementos de defensa frente a los embates de los temporales. El nivel del mar va a seguir subiendo en los próximos años, y yo creo que
merece la pena que volquemos nuestro esfuerzo en tener un mecanismo de respuesta vinculado a una planificación que se base esencialmente en la ciencia. En ese sentido,
también quiero adelantarles que en el Plan de Recuperación europeo se incorpora una línea de actuación precisamente para aquellos proyectos ya incorporados en las estrategias de adaptación del litoral que nos permitirá alcanzar un nivel de
inversión razonable, para intentar agilizar lo que en estos momentos, con las disponibilidades presupuestarias ordinarias, supondría bastante más tiempo de ejecución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morán.
- PREVISIONES ACERCA DE LA PARTIDA DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO CORRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA 'ACTUACIONES EN LA COSTA' EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA EL AÑO 2020 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/005979).
AUTOR: ZURITA EXPÓSITO, ANA MARÍA (GP)
LEDESMA MARTÍN, SEBASTIÁN JESÚS (GP)
MARISCAL ANAYA, GUILLERMO (GP)
PÉREZ DÍAZ, MARÍA AUXILIADORA (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 86, DE 20 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000166).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a la pregunta números 6 del orden del día inicial. No sé qué diputado va a intervenir. (Pausa).
El señor LEDESMA MARTÍN: Señor presidente, voy a intervenir yo, Sebastián Ledesma. Gracias.
Señor Morán, preguntábamos sobre las actuaciones en las costas en el año 2020 en los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, se ha quedado desfasada desde el punto de vista de esas inversiones de costas en Canarias, y proyectamos la
pregunta hacia estos presupuestos de 2021. Como usted comprenderá -porque no solo decimos lo en el Partido Popular-, los Presupuestos Generales del Estado han sido perjudiciales para Canarias desde el punto de vista general incumpliendo varios
artículos del REF y del estatuto de autonomía. Eso no solo lo dice el Partido Popular sino que el propio Gobierno de Canarias -presidido por el Partido Socialista- reconoce que faltan muchas partidas que estaban comprometidas, que son ley para
nosotros y que no están establecidas.
Canarias tiene 1500 kilómetros de costa, para nosotros el PIB turístico representa el 35 % y el 40 % del empleo. Como usted comprenderá, para Canarias son fundamentales las inversiones en costa y en este presupuesto de 2021 han desaparecido
prácticamente las inversiones que se tenían previstas en costas en Canarias. Se queda prácticamente con 100 000 euros un proyecto -que además conozco perfectamente- como es el proyecto de la playa de Martiánez, en el Puerto de la Cruz en la isla de
Tenerife. Me gustaría antes hacer una valoración y preguntarle sobre todo por tres proyectos fundamentales. Uno, que es el que contaba con financiación en los Presupuestos Generales del Estado 2018 que era el paseo marítimo de Corralejo en la isla
de Fuerteventura, otro que es el proyecto de la playa de los Tarajales en el municipio de Arona en Santa Cruz de Tenerife y por supuesto el que le he comentado de la playa de Martiánez. Para nosotros, la vinculación costas-turismo es fundamental.
Nosotros tenemos que apostar -como le he dicho por esa vinculación que tiene el turismo en el PIB canario- por dar calidad y por que las inversiones en costas lleguen a Canarias y no las hemos visto. Por eso, me gustaría preguntar sobre eso, cuáles
han sido las previsiones y sobre esos tres proyectos.
Muchas gracias.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Señor diputado, muchas gracias. Entiendo que incorpora las dos preguntas... Porque veo que va más allá del contenido de la pregunta inicial. Hay dos preguntas sucesivas,
por lo menos yo así las tenía incorporadas, la 6 y la 7.
El señor LEDESMA MARTÍN: Nosotros preguntábamos sobre los Presupuestos Generales del Estado del 2020, cuando se estaba preparando y redactando. Al no haber Presupuestos Generales del Estado de 2020 sino una prórroga, entiendo que se
proyecta a 2021.
El señor PRESIDENTE: ¿Entonces damos por formuladas conjuntamente las dos, la 6 y la 7?
El señor LEDESMA MARTÍN: La 7 es de otra cosa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Incorpora algunas cuestiones que no estaban en la pregunta inicial. En todo caso entiendo que se refiere a las previsiones en el presupuesto.
Evidentemente, el proyecto de presupuestos de 2021 -conoce usted perfectamente, señoría- varía radicalmente respecto a las previsiones del proyecto de presupuestos de 2020, que era al que usted se refería. La incorporación -y hacía este
comentario al hilo de la pregunta anterior- del Fondo de Recuperación europeo, que forma parte ya indisoluble del propio proyecto de presupuestos, nos lleva a establecer un plan de respuesta en los términos en los que comentaba en la pregunta
anterior. Dentro del paquete de recuperación, quiero decirle que en el caso de la Dirección General de la Costa y el Mar, se adjudica dentro del Fondo de Recuperación un fondo de 300 millones de euros destinado a acometer aquellas obras
prioritarias que aparecen recogidas como obras que responden a las necesidades de intervención en materia de adaptación al cambio climático en todo el litoral español. Efectivamente, Canarias, Baleares y especialmente algunas comunidades
mediterráneas tienen una especial afectación en relación con su PIB respecto al aprovechamiento del litoral. Y en ese sentido, quiero decirle que si tiene interés en ello -como me traslada- le haremos llegar la información respecto a las
previsiones que aparecen recogidas en el Plan de inversiones de la Dirección General de la Costa y el Mar en este caso en relación con la Comunidad Autónoma de Canarias.
Efectivamente, en razón de los tiempos no aparecen las inversiones nominativas individualizadas -puedo decirle en la Secretaría de Estado de la que me toca dar explicaciones ni en la Dirección General de Costa y el Mar ni la Dirección
General de Aguas ni en la Dirección General de Biodiversidad- sino que aparecen integradas las previsiones de presupuesto ordinario junto con las previsiones del Fondo de Recuperación en líneas de actuación que van dirigidas a intervenciones
concretas que aparecen definidas en el propio presupuesto. A partir de ahí, sus señorías tienen efectivamente el derecho y el Gobierno la obligación de dar la información más amplia posible respecto a las previsiones que aparecen recogidas en los
mismos y le trasladaré puntualmente esa información.
El señor PRESIDENTE: Señor Ledesma.
El señor LEDESMA MARTÍN: Gracias.
En Canarias de forma ansiosa esperamos que nos diga realmente cuáles van a ser las intervenciones y las inversiones en costas, entendíamos que la lectura del presupuesto... Si dentro de esos 300 millones de euros nos toca una parte para
nosotros va a ser fundamental que se invierta en nuestras costas. Es verdad que conozco esos proyectos desde hace mucho tiempo, desde el antiguo Plan de choque de costas que había con el Gobierno de Canarias, donde se dividían las actuaciones entre
el Gobierno de Canarias y Costas, unas las hacía directamente Costas y otras las hacía el Gobierno de Canarias. Sería bueno recuperar un plan de inversión en las costas consensuado con el Gobierno de Canarias y consensuado con el cabildo insular y
los municipios canarios, porque -como le he dicho- para nosotros y para recuperar la calidad turística son fundamentales esas inversiones, no solo estamos hablando, como usted ha dicho, de la regeneración de playas sino que también estamos hablando
de actuaciones específicas que van a dar calidad al sector turístico y más como estamos ahora en este momento.
En el caso de la playa Martiánez tiene que darse cuenta que es un proyecto que lleva muchísimos años en la Dirección General de Costas. Estamos hablando de antes del año 1993 y esa playa en Puerto de la Cruz -que además es el municipio
donde vivo y lo conozco perfectamente, donde he sido concejal- realmente está totalmente abandonada. La imagen que damos, siendo un municipio turístico, a nuestros visitantes no creo que sea la más adecuada. Por lo tanto, esa obra es totalmente
fundamental. Después, otro de los dos proyectos que le dije es el de Los Tarajales en Los Cristianos con un convenio que se iba a realizar entre la Administración canaria y el Estado. Creo que es fundamental dar la salida a ese proyecto
y que se pueda empezar a invertir, ya que además hay inversores privados que están realmente dispuestos a poner el dinero en estos momentos. Por último, el paseo marítimo de Corralejo es una inversión que estaba prevista en los Presupuesto
Generales del Estado de 2018, con 1100 millones de euros, y vemos que ha desaparecido. Me gustaría que, si nos dan esa respuesta, nos justificaran por qué desaparece esa partida.
Muchas gracias.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Rápidamente, le diré que en los presupuestos de 2018 para el paseo marítimo de Corralejo no aparecían 1100 millones de euros, era 1 100 000. (Risas.-El señor Ledesma
Martín: Perdón). Entiendo que usted quiera 1100 millones de euros para la comunidad autónoma en playas.
En el caso de Martiánez, efectivamente hay una actuación que empieza a gestarse en el año 1993 y confío en que podamos ponerla en marcha el próximo año. Quiero decirle que estamos en contacto tanto con el cabildo como con el ayuntamiento
con carácter general para lo que usted me comentaba. Todas las actuaciones -en muchos casos porque requieren de la aportación de suelo para su ejecución- obliga sí o sí, aunque solamente fuese por necesidad, a tener coordinadas con los
ayuntamientos las actuaciones. Y porque los cabildos, como usted bien conoce, en este caso son los que tienen capacidad para dar respaldo a la ejecución de los mismos en la firma de los convenios. En el caso de los Tarajales es un proyecto en el
que también tenemos en estos momentos previsión de poder licitar en un tiempo razonable; vamos a ver en este caso el calendario que podremos aplicar. Pero, sí, en el caso de Martiánez estuvo a punto de poder ponerse en marcha este año, hubo
problemas en la tramitación del propio convenio, pero yo creo que el próximo año sin problemas podremos ejecutarlo y daremos satisfacción a una demanda que data ya del año 1993.
En todo caso, quiero decirle respecto a las actuaciones en materia de adaptación que no solamente son las que se ejecutan en las playas, porque tenemos un país que ha tendido a ocupar las playas. Hay muchos municipios en los cuales las
playas están debajo del municipio. Se ha avanzado tanto hacia la línea de costa que se ha ido robando terreno a las playas, con lo cual hay que intervenir en la escasa línea de playa que en algunos casos ha quedado y en la parte que en este caso se
ha convertido en ocupación para otros usos y que debería de recuperar en muchos casos su vocación. También quiero decirle que, por suerte, ya bastantes ayuntamientos de nuestro país están en esa línea, están incorporando sus revisiones de planes
generales de ordenación y cada vez más, para satisfacción del ministerio y en beneficio del conjunto del país, se están haciendo planteamientos que distan bastante de los que hasta ahora históricamente habíamos visto, que eran los de urbanizar,
urbanizar, urbanizar, y en estos momentos se está en regenerar, regenerar, regenerar y recuperar espacio para resiliencia con defensa basada en la naturaleza.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morán.
El señor PRESIDENTE: Pasamos, entonces, a la pregunta número 7.
Tiene la palabra.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, señor presidente.
Muy buenos días a todos, y muchas gracias al señor secretario de Estado por su presencia en esta Comisión. Esta pregunta se formula desde el Grupo Parlamentario Popular para que nos explique esta cuestión claramente y con argumentos
exclusivamente objetivos, y repito objetivos porque respecto a las razones que están demorando las obras para la reforma del Hotel Oliva Beach en Fuerteventura lo que hemos oído hasta ahora se escapa de toda lógica y razón, ya que lo primero son las
consecuencias que esto tiene.
La tardanza en la autorización y la ausencia...
- PREVISIONES ACERCA DE LA PARTIDA DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO CORRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA 'ACONDICIONAMIENTO PLAYA DE VALLESECO' EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2020 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/005974).
AUTOR: ZURITA EXPÓSITO, ANA MARÍA (GP)
LEDESMA MARTÍN, SEBASTIÁN JESÚS (GP)
MARISCAL ANAYA, GUILLERMO (GP)
PÉREZ DÍAZ, MARÍA AUXILIADORA (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 86, DE 20 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000167).
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora diputada, hay una confusión, porque si la pregunta número 7 la dan ya por respondida, entonces, ¿estamos en la 8?
La señora ZURITA EXPÓSITO: Sí, la 7 la habíamos anulado.
- RAZONES DE LA DEMORA DE LA AUTORIZACIÓN DE OBRAS AL HOTEL OLIVA BEACH EN FUERTEVENTURA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/005973).
AUTOR: ZURITA EXPÓSITO, ANA MARÍA (GP)
LEDESMA MARTÍN, SEBASTIÁN JESÚS (GP)
MARISCAL ANAYA, GUILLERMO (GP)
PÉREZ DÍAZ, MARÍA AUXILIADORA (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 86, DE 20 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000168).
El señor PRESIDENTE: Vale, entonces estamos en la 8.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Sí, estamos en la 8, que es referente a la autorización de las obras del Oliva Beach en Fuerteventura.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, no lo había entendido. Muchas gracias por la aclaración.
La señora ZURITA EXPÓSITO: La pregunta era sobre las razones de la demora en la licencia para las obras del Hotel Oliva Beach en Fuerteventura y las consecuencias que esto puede tener. Respecto a la tardanza en esta autorización y la
ausencia de respuesta por Costas y el Ministerio de Transición Ecológica y la falta de seguridad necesaria para una inversión de este tipo, la empresa concesionaria ya comunicó desde julio de 2019 al comité de empresa del Hotel Oliva Beach la
necesidad de realizar un expediente de regulación de empleo, un ERE, si no se pudieran realizar esas obras comprometidas, porque esa licencia está pedida desde 2017, el hotel está obsoleto y es necesaria su reforma para mejorar su competitividad,
además de ser un requisito de los términos establecidos cuando se otorgó la concesión.
En ese hotel hay ahora mismo 400 empleados que se ven ya en la calle si este ministerio no da solución a este asunto. O sea, tiene un impacto económico de 27 millones de euros en el municipio y 519 empleos directos e indirectos, y además es
un hotel que supone el 20 % de todo el alojamiento en el norte de la isla y a cuyos trabajadores, señor secretario de Estado, los tenemos hoy aquí, en Madrid, en la puerta del Congreso, porque no les queda otra, ya no les queda otro camino que la
protesta. Y la situación es cada vez más desesperanzadora para estas familias, y más cuando la última noticia que tenemos es que lo que se va a iniciar no son las obras sino la revisión de oficio de la concesión por concurrir en ella nulidad de
pleno derecho.
A mí me gustaría que dijera si tenemos que entender que no se va a dar autorización al hotel para la reforma que había solicitado y si usted va a anunciar aquí a esas 400 personas que van a ir al paro después de tenerlos mareando la perdiz,
tanto a los trabajadores como a los empresarios, desde hace tres años, desde diciembre de 2017, cuando se solicitó la licencia. Si esto es así, lo que me gustaría es que dijera si su intención, además, es deslegitimar todas las concesiones de
costas que ahora mismo tienen los hoteles en Canarias o si es una situación que se ha creado única y exclusivamente para el Hotel Oliva Beach, porque son dos años sin respuesta, o sea, desde que llegaron ustedes al Gobierno -dos años sin respuesta-,
por lo que nos gustaría que nos pudieran responder ahora, y no solo al Grupo Parlamentario Popular sino a esas 400 familias que probablemente están esperando por lo que usted vaya a contarnos.
Cierto es que la concesión de los terrenos que ahora ocupa el hotel ha pasado por diversos avatares que se han solucionado siempre garantizando la seguridad jurídica de las partes y siempre al amparo de
la Ley de Costas y con contraprestaciones, como la cesión gratuita de la titularidad, que usted debe saber, de la Isla de Lobos, que pasó a formar parte del dominio público marítimo-terrestre. Pero la reforma de la Ley de Costas del 2013
consolida los términos de la concesión, al establecer una prórroga de las concesiones existentes otorgadas al amparo de la ley de setenta y cinco años. Sobre la base de esto, el hotel ha pedido la autorización para hacer unas obras que necesita
para mejorar sus instalaciones y dar un mejor servicio, porque nadie piensa que en un Estado de derecho como el nuestro un informe técnico no valga nada y que un cambio de Gobierno se salte a la torera la ley vigente y adopte decisiones además
contrarias a informes de la Abogacía del Estado. Además, ahora el Gobierno está cuestionando la concesión administrativa otorgada a la empresa al amparo de la reforma de la Ley de Costas, cuando en un informe del pasado mes de enero la Abogacía del
Estado concluía que ese plazo de setenta y cinco años para la prórroga de concesiones no podía ser entendido como un nuevo plazo máximo a sumar al de la concesión inicial, y añade que prórrogas así concedidas, como la del Oliva Beach, son actos
administrativos anulables. Pero, luego aparece un informe en febrero de 2020 de la Abogacía del Estado que finalmente determina que no se trata de anular sino de regularizar el título concesional que se mantendrá vigente para la entidad
concesionaria, lo cual además -añade el mismo informe- no constituye un impedimento para tramitar y resolver la solicitud de autorización de obras, de conformidad con la normativa aplicable.
Esto al fin y al cabo es una esperanza, pero posteriormente, en octubre de 2020, ya el subdirector general de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia emite una comunicación a los trabajadores y a la empresa en
la que se comunica que la secretaría general técnica de su ministerio va a iniciar el procedimiento de revisión de oficio, con el objeto de declarar la nulidad de la orden ministerial de 2003 con la que se acuerda otorgar a la propiedad Hotel Riu
Oliva Beach la concesión administrativa por concurrir en la misma nulidad de pleno derecho, una resolución que se produce pese a emitir en febrero de 2020 ese informe la Abogacía del Estado que acabo de citar, y esto podría suponer el cierre
definitivo del hotel. Lo que estamos preguntando desde el Grupo Parlamentario Popular es si esto va a ser así y si realmente son sus intenciones anular la concesión y, por supuesto, que esas 400 personas vayan al paro en la isla de Fuerteventura,
aunque la verdad es que confiamos en que esto se resuelva de manera satisfactoria en aras del interés general y del sentido común. Me gustaría que nos resolviera todas estas dudas que estamos teniendo desde nuestro grupo parlamentario y sobre todo
por todas esas familias que están ahí fuera esperando y con carteles como este (muestra un cartel que dice: 'Salvar a 400 familias'), porque no les queda otra que protestar ante este agravio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Respecto a la petición que hace usted de aportación de datos objetivos, voy a limitarme a la aportación de datos objetivos sin prejuzgar lógicamente los resultados que se
deduzcan de los expedientes que hay en marcha porque no me compete a mí hacerlo.
La Ley de Costas de 1969 definía como bienes de dominio público marítimo-terrestre las playas, la zona marítimo-terrestre y el mar territorial. Se definía esta zona como el espacio de las costas o fronteras marítimas del territorio español
que baña el mar en su flujo y reflujo en donde sean sensibles las mareas y las mayores olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean. Las dunas, por tanto, no se definían entonces como dominio público marítimo-terrestre. En aplicación de
esta ley de 1969, el 26 de octubre de 1970 se aprobó para este tramo de costa un deslinde de zona marítimo-terrestre que no incluía en dominio marítimo-terrestre los terrenos en los que actualmente se ubican el hotel y los apartamentos Oliva Beach.
El Hotel Oliva Beach se comenzó a construir en los años setenta y los apartamentos son bastante posteriores, como luego se verá.
La Ley de Costas de 1988 define de nuevo los bienes que constituyen el dominio público, pero con más detalle: incluye las dunas; por tanto, los deslindes anteriores a 1988 se debían revisar para incluir todos los bienes pertenecientes al
mismo. Hay que aclarar que el dominio lo es por sus características naturales, no se mide en distancia desde las líneas de marea. La Ley de Costas de 1988 establece un sistema para resarcir de la pérdida de propiedad a los titulares legales de
terrenos que antes de 1988 no eran considerados de dominio público pero que los nuevos deslindes debían incluir en el dominio público por sus características naturales. Este régimen compensatorio se recoge en la disposición transitoria primera de
la Ley de Costas y consiste en otorgar a los titulares de los terrenos una concesión para los
usos existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas o, en el caso de que no haya usos, un derecho de preferencia para la obtención de concesiones amparadas en el régimen general de normativa de costas. La normativa de costas establece
que para tener derecho al otorgamiento de este tipo de concesiones compensatorias se deben cumplir dos requisitos: que puedan acreditarse unos usos realmente existentes y legales a la entrada en vigor de la Ley de Costas y que quien solicita la
concesión compensatoria sea titular registral de los terrenos donde se ubican esos usos en el momento de su otorgamiento. Las concesiones que se otorgan de acuerdo con este régimen, puesto que son para compensar la pérdida de unos derechos de
propiedad y uso, no se pueden modificar respecto a lo existente en 1988; solo se pueden hacer obras de reparación, conservación o mantenimiento.
Cuando en 1989 se incoa un nuevo expediente de deslinde en Corralejo para adaptarlo a la Ley de Costas de 1988, el hotel ya existía y se habían empezado a construir los apartamentos, pero no estaban terminados. La Demarcación de Costas de
Canarias ordenó la paralización de las obras de construcción de los apartamentos por estar en terrenos que por sus características naturales de duna formaban parte indudable del dominio. El 25 de marzo de 1992 el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias estimó un recurso de Geafond, titular del hotel, contra esta paralización y las obras se reanudaron. El deslinde finalmente se aprobó el 22 de mayo de 1992 y sigue actualmente vigente e incluye en dominio público los terrenos del hotel y
los de los apartamentos. En noviembre de 1999 el Tribunal Supremo estimó el recurso de apelación interpuesto por el Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del año 1992 declarando que la paralización de las obras
era conforme a derecho. Las obras, sin embargo, habían finalizado y los apartamentos ya estaban en explotación. En agosto de 2002 Geafond solicita la concesión al amparo de la disposición transitoria de la Ley de Costas como propietaria titular
registral de los establecimientos Hotel Oliva Beach y Apartamentos Oliva Beach. El complejo está integrado por el hotel y los apartamentos, compuestos a su vez por 10 locales y 432 apartamentos. Junto a la solicitud, como prueba de ser propietaria
legal del complejo, Geafond aportó una certificación registral relativa a la finca 3728, en la que se localiza el hotel constando como último titular registral Geafond, y una historia registral de la finca matriz 3648, donde se localiza el complejo
de apartamentos inscrita a favor de Geafond pero constando su división horizontal en 442 fincas registrales en 1979. Geafond no aportó las certificaciones registrales de las 442 fincas en las que se había dividido la finca matriz en 1979, tampoco
se aportó prueba de que los apartamentos estaban en uso a la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988. Era imposible, puesto que la propia demarcación de costas había paralizado las obras en 1989 y los apartamentos no estaban terminados, sino
que simplemente envió la licencia de obras.
En julio de 2003 el entonces Ministerio de Medio Ambiente otorgó a Geafond la concesión compensatoria conforme a la disposición transitoria para los usos del hotel y de los 432 apartamentos por un plazo de treinta años prorrogables a otros
treinta sin abono de canon, es decir, hasta 2052. En 2007 Geafond renuncia a la mayor parte del plazo de la concesión del hotel y los apartamentos Oliva Beach, estableciéndose un nuevo plazo de vigencia de la concesión en diez años desde ese
momento, hasta 2017. La concesionaria renunció, por tanto, a treinta y cinco años de concesión libre de canon en el marco de un acuerdo con la Dirección General de Costas que implicó la donación al Estado del islote de Lobos, como usted comentaba,
el compromiso de demolición del hotel y apartamentos Oliva Beach en 2017 y el otorgamiento de una concesión transitoria para el Hotel Riu Palace Tres Islas que está próximo a este complejo. No obstante, ante la modificación de la normativa de
costas en 2013, cuando se introdujo la posibilidad de que los concesionarios solicitaran prórrogas extraordinarias de hasta setenta y cinco años, en 2014 Geafond solicitó que se le otorgara esta prórroga extraordinaria o que se revocara la renuncia
de 2007. Se consultó a la Abogacía del Estado del ministerio sobre si era posible revocar la renuncia y la abogacía consideró que no. Sorprendentemente, sin embargo, la prórroga se concedió en 2016...
El señor PRESIDENTE: Le queda un minuto, señor Morán.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): ... una prórroga extraordinaria de setenta y cinco años a contar desde 2014.
En la situación actual Geafond solicita en 2017 autorización para unas obras en el hotel y los apartamentos Oliva Beach. Mientras se realizaba la petición de las obras, en marzo de 2019 se recibió en la dirección general un escrito de la
demarcación de costas adjuntando una solicitud presentada por el representante legal de una persona que acreditaba ser titular registral de uno de los apartamentos Oliva Beach para conocer la situación jurídica del inmueble de cara a una posible
transmisión. De la
documentación que se aportaba, se deduce que ese apartamento estaba inscrito registralmente a favor de un tercero que no es Geafond tanto en el momento del otorgamiento de la concesión en 2003 como en la entrada en vigor de la Ley de Costas
en 1988. Paralelamente, la Demarcación de Costas recibió una petición similar de otro propietario. Ante esta situación, se solicitó al registro de la propiedad certificaciones de la historia registral de cada una de las 442 fincas y aparece y se
comprueba que veinte apartamentos constaban a nombre de terceros con anterioridad al otorgamiento de la concesión. A fecha de hoy, esos terceros siguen siendo los titulares registrales de estas fincas. Como se ha mencionado antes, para poder tener
derecho a una concesión, quien la solicita tiene que acreditar usos realmente existentes, cosa que no ocurría porque los apartamentos estaban sin construir, y que el solicitante sea titular registral de los terrenos; en este caso, Geafond no era
titular de veinte de las escrituras. Puesto que hay indicios de que tanto la orden ministerial de otorgamiento de la concesión como la prórroga pueden ser nulos al haber sido otorgadas sin que el interesado Geafond cumpliera con los requisitos
legalmente exigidos para acceder a ellas, se remitió el expediente a la secretaría general técnica competente para instruir los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos y se solicitó informe a la Abogacía del Estado sobre este asunto.
Insisto en que la revisión se hace como consecuencia de que dos personas que acreditan ser propietarios titulares comparecen en el expediente. Lógicamente, tienen derecho a defender sus intereses. En noviembre de 2019 se recibe el informe de la
Abogacía del Estado indicando que procede incoar expediente de revisión de oficio, lo cual se remite a la secretaría general técnica.
En relación con la solicitud de la licencia de obras, Geafond remitió diversa documentación desde marzo hasta julio, pero los documentos remitidos no cumplen con lo requerido, por lo que el 31 de agosto de 2020 se remitió a la Demarcación de
Costas de Canarias nuevo escrito para que requiera a la mercantil una nueva subsanación. La secretaría general técnica ha incoado el procedimiento de revisión de oficio por nulidad de título profesional con fecha 25 de septiembre de 2020,
procedimiento que tiene que resolverse en el plazo de seis meses. Y, por último, quiero decir que a mayor abundamiento hay una denuncia presentada en este caso por una organización por incumplimientos de la normativa de costas en los terrenos de la
concesión, de tal manera que el 5 de noviembre pasado vigilantes de la Demarcación de Costas de Canarias giraron visita de inspección a las instalaciones del hotel y los apartamentos para levantar acta de la situación física de las instalaciones del
hotel respecto a las condiciones impuestas por el título concesional.
Señoría, como usted puede entender, tenemos que actuar en el marco de la legalidad, no saltarnos el marco de la legalidad y lógicamente atender la seguridad jurídica en toda su extensión a todos y cada uno de los afectados. Le garantizo que
actuaremos escrupulosamente en el procedimiento, de tal manera que evitemos en la medida de nuestras posibilidades cualquier daño colateral que no estuviese plenamente justificado en relación con la aplicación de la norma, tal y como se establece.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Morán. Le pediría que fuera un poco más escrupuloso con el tiempo porque, si no, nos vamos a alargar mucho.
- FUNDAMENTO JURÍDICO, CONDICIONES DE PROTECCIÓN O TEXTO LEGAL QUE AMPARA LA PROHIBICIÓN ENVIADA POR EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO POR CORREO ELECTRÓNICO A EMPRESAS AFECTADAS POR LOS PLANES DE GESTIÓN DE
LAS 24 ZEC (ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN) DE CANARIAS, REFERENTES A LOS CRITERIOS DE NAVEGACIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS EN EL ÁMBITO COSTERO DE SANTIAGO DEL TEIDE MAYORITARIAMENTE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/005962).
AUTOR: ZURITA EXPÓSITO, ANA MARÍA (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 86, DE 20 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000169).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 9, también de la diputada Ana Zurita.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Querría contestar.
El señor PRESIDENTE: No le quedaba tiempo ya.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidente.
Doy por reproducida esta pregunta, que se refiere a fundamentos jurídicos que amparaban ciertos correos electrónicos que recibieron ciertos empresarios en la isla de Tenerife dedicados al avistamiento de cetáceos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado de Medio Ambiente.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señoría.
Las autorizaciones a la realización de la actividad recreativa de observación de cetáceos vienen reguladas por el artículo 3.4 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino. Este artículo indica lo siguiente:
cualquier actividad que suponga el manejo de especies marinas de competencia estatal incluidas en el catálogo español de especies amenazadas o en los anexos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y la
observación de cetáceos regulada en el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de protección de los cetáceos, estará sujeta a la autorización previa que otorgará el entonces Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino. El Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, establece los condicionantes sobre cómo se debe realizar dicha actividad. La actividad implica el acercamiento a ejemplares de varias especies de cetáceos que se encuentran protegidas,
por lo que es de aplicación la siguiente legislación nacional, además del real decreto referido y la ley también referida: la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el Real Decreto 139/2011, del listado de especies silvestres en
régimen de protección especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Como resultado de este marco normativo, el bienestar de los animales se debe anteponer en todo momento al desarrollo de la actividad, para lo cual se debe asegurar el
cumplimiento de las medidas de protección y conducta establecidas en la normativa. La Dirección General de la Costa y el Mar es la responsable de la emisión de dichas autorizaciones, que se realizan a solicitud de la empresa y mediante un análisis
caso por caso.
El mes de julio de 2019, vista la elevada densidad de empresas que realizaban la actividad en el entorno del Teno-Rasca y los potenciales efectos que esa elevada intensidad podrían tener en cuanto a molestias a las poblaciones de cetáceos,
se adoptó una moratoria para nuevas autorizaciones y para renovaciones de las existentes. Esta moratoria había sido solicitada previamente por el Cabildo de Tenerife. Desde esta dirección general se informó de la moratoria al Gobierno de Canarias
mediante cartas a la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística y a la Dirección General de Protección de la Naturaleza, así como al Cabildo de Tenerife. En el marco del proyecto Life Intemares que está llevando a cabo el ministerio se
realizará un estudio de capacidad de carga que estos ejemplares de cetáceos podrían soportar, de tal manera que desde esta dirección general se supedita la futura reanudación o modificación de los requisitos exigibles para la realización de esta
actividad a los resultados del citado estudio.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Señora Zurita.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, señor secretario de Estado, muy agradecida por la información. Esta pregunta tiene un alcance mayor que nos gustaría que nos aclarara. Como usted sabe, el turismo es nuestro principal motor económico,
representa el 35 % de nuestro producto interior bruto y más del 60 % de la población en Canarias tiene un empleo directa o indirectamente relacionado con la actividad turística, y parte de esta actividad turística está directamente relacionada con
el disfrute del mar y de nuestras costas, no solo del baño, sino actividades náuticas, actividades deportivas y excursiones marítimas, y todo ello armonizando la sostenibilidad del medio ambiente y la naturaleza, porque es un bien y un valor a
preservar.
En la ZEC de Teno-Rasca, que es donde se desarrolla en nuestra isla la mayor parte de la actividad náutica y turística porque es una de las zonas de Canarias que ofrece mejores condiciones para navegar y para desarrollar este tipo de
actividades, somos -le aseguro- plenamente conscientes de que hay que establecer normas rigurosas, y además las exigimos, para proteger nuestra riqueza ambiental, nuestra rica fauna marina y nuestra biodiversidad en su conjunto, pero hay que hacerlo
bien, de manera rigurosa, buscando el equilibrio y la sostenibilidad entre nuestra riqueza ambiental y nuestra riqueza económica.
Para todo ello volvemos siempre a lo mismo, tiene que haber seguridad jurídica y tienen que estar claras las reglas del juego.
Cuando le preguntamos por el fundamento jurídico de un mail que establece unas reglas para la navegación y el avistamiento de cetáceos, usted me ha respondido con un conjunto de leyes genéricas que, si bien establecen recomendaciones o
determinados protocolos, no son vinculantes para áreas concretas, por lo que lo que queremos es que se resuelva la situación concreta que sufrimos y que en este caso afecta enormemente a la actividad de Santiago del Teide y del sur de Tenerife. Los
planes de gestión -eso lo debe saber usted- de las 24 zonas de especial conservación de Canarias se aprobaron por orden ministerial de 2011 y llevan años anunciando su modificación porque se establece un periodo de vigencia de seis años. En mayo de
2019 se realizaron unos talleres participativos a cargo de Intemares a efecto de modificar la normativa existente. La situación ahora mismo es absolutamente ambigua, pues las conclusiones de esos talleres son muy poco concretas y no hay medidas
explícitas para la prohibición de determinados usos y zonas críticas. También hubo un proceso de alegaciones, hay unas específicas del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife y del Ayuntamiento de Santiago del Teide, que no se
han contestado. Nos dijeron que el paso a seguir era el análisis de esa documentación, las conclusiones del taller, las alegaciones presentadas y un borrador de la nueva orden ministerial que se sometería a información pública nuevamente y se
trasladaría a los agentes implicados. No hemos recibido nada, se ha paralizado absolutamente todo.
¿Qué le pedimos desde el Partido Popular? Nosotros queremos una regulación de usos y actividades clara y rigurosa, defendiendo en detalle alternativas y posibilidades. Las delimitaciones territoriales y las zonas críticas han de estar
absolutamente definidas y justificadas, al igual que los protocolos y normas de comportamiento en las citadas áreas. Ahora mismo tenemos un fenómeno de desplazamiento de los sebadales. No vale la norma que teníamos en 2011 porque los sebadales no
son los mismos, están en distintos sitios. Lo mismo pasa con la fauna marina. Es un fenómeno cambiante y hay que adaptarlo si queremos ser rigurosos, porque la protección no es efectiva si no se hace bien, si no se hace realmente sobre lo que
está. Otra cosa es que debe estar absolutamente definido quién efectúa el control del cumplimiento de estas normas, porque ahora mismo el principal problema es que a lo mejor hay una norma, hay un protocolo, pero no hay vigilancia. Eso es lo que
hay que definir. Las normas tienen que estar definidas no en una ley genérica, como lo que usted ha contado, sino en función del área territorial en que se aplican, porque cada una de estas ZEC tiene sus condiciones específicas y hay que huir de la
generalidad y ser absolutamente concretos, porque solo así se pueden establecer unas condiciones máximas de protección.
Otra cosa que nos preocupa enormemente -son medidas que también andan circulando por ahí, protocolos, unos aplican unas cosas, otros otras- es la limitación de la velocidad a diez nudos; se está pensando en subir a doce, pero no en toda la
franja de 500 metros, sino en 300 o 200 en función de las zonas. No se puede vivir con esa ambigüedad. Hay que definir, balizar, lo que usted quiera, pero una norma clara y vigilancia, y tener en cuenta por supuesto los factores socioeconómicos en
la determinación de ciertas medidas, porque esto es fundamental en municipios como Adeje o Santiago del Teide. Lo único que queremos es proteger, convivir con nuestro medio ambiente y que haya seguridad. Por eso, cuando le pregunto por los
fundamentos jurídicos, a lo mejor tendría que haber sido más explícita, pero lo que queremos saber es cuál es el futuro de la regulación de esas zonas de especial conservación de Canarias y en concreto de la zona de Teno-Rasca, que es la que nos
afecta directamente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Morán.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): No puedo más que coincidir con usted en su apreciación. Efectivamente, hace años que debería haberse dotado de una regulación que trasladase seguridad jurídica en los
procedimientos. No se hizo estos años anteriores, ignoro la razón por la cual no se hizo. Vamos a intentar resolverlo en el marco del proyecto Life IP Intemares, que era lo que le estaba comentando, coincidiendo también con una apreciación que
hacía usted, y es que el turismo que se basa en los recursos naturales deja de ser viable en el momento en que los recursos naturales desaparecen, con lo cual yo creo que el principal de los objetivos debe ser la conservación y a partir de ahí un
aprovechamiento razonable de los mismos. Intentaremos salvar ese retraso de la forma más rápida posible, de tal manera que en el marco en que ahora mismo en todo caso
se producen las decisiones con seguridad jurídica -yo le trasladaba cuál es el marco en el cual deben procurarse las decisiones de las autorizaciones tal y como establece la ley-, vamos a establecer un mecanismo que nos permita aplicar
concretamente en el espacio concreto y para las situaciones concretas las intervenciones por parte de las administraciones que tengan competencias en la materia. Espero tener una respuesta en un tiempo razonable pero, como puede usted entender,
hacía referencia a las alegaciones presentadas, al estudio de las mismas y a la resolución de las mismas. Todo esto lleva su procedimiento e intentaremos llevarlo a efecto con la mayor rapidez posible, pero sin saltarnos el procedimiento y el
derecho del conjunto de los ciudadanos a comparecer en el expediente, en el marco de los trabajos que se están llevando a cabo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morán.
- PREVISIONES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR ACERCA DE ABRIR PLAZO PARA LA SOLICITUD DE RIEGOS EXTRAORDINARIOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN Y SU CONCESIÓN PARA AL MENOS LOS REGANTES DE LAS CUATRO ÚLTIMAS CAMPAÑAS (PROCEDENTE DE
LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/006327).
AUTOR: REQUENA RUIZ, JUAN DIEGO (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 86, DE 20 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000175).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la pregunta número 10. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Requena.
El señor REQUENA RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado, bienvenido. Hoy formulamos una pregunta que convertimos en oral, que es del 20 de mayo. Esta pregunta podría casi carecer de sentido porque el enunciado es claro y era acerca de la previsión de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir para abrir el plazo para la solicitud de riegos extraordinarios en la provincia de Jaén. Como en junio y julio ya se concedió la autorización de riego, por un momento he pensado que podía hacerla decaer, pero cuando he
visto cómo se habían concedido los riegos extraordinarios, la dotación de agua y la fecha con la que se habían producido, desde mi punto de vista es incluso más oportuna formularla, si cabe.
Me gustaría poner unos antecedentes territoriales de lo que estamos hablando, de lo que supone el riego del olivar y esta dotación. Jaén tiene 66 millones de olivos que se reparten a lo ancho y largo de la provincia. Es el principal medio
de vida en nuestra provincia y somos los orgullosos productores de más de 500 000 toneladas de aceite de media al año. Somos la provincia del mundo que más aceite de oliva produce; solo Jaén produce más aceite de oliva que Grecia, Italia y
Portugal juntas. El olivar es un cultivo milenario que para producir los niveles de exigencia que el mercado demanda necesita agua, y en la actualidad de esos 66 millones de olivos solo 300 000 hectáreas están en regadío. Nosotros sabemos
aprovechar bien el agua, regamos por goteo, hacemos un uso racional y sostenible del agua, pero es que, además de saber utilizar bien el agua, Jaén es cabecera de la cuenca del Guadalquivir y en nuestra provincia atesoramos el 30 % de la capacidad
de embalse de la cuenca de toda Andalucía. Sin embargo, el agua destinada a riego en nuestra provincia es infinitamente más baja que nuestra capacidad de embalse, apenas un pequeño porcentaje de los 2400 hectómetros cúbicos que embalsamos se
dedican a riego en la provincia de Jaén. A esta injusta situación se le suma otra que a lo largo de la última década se ha venido produciendo en mi tierra, se trata de negar el acceso a la regularización de riego de aquellas comunidades de regantes
que vienen obteniendo autorización para poder regar de forma extraordinaria año tras año. ¿Y qué situación es esta? En Jaén existen actualmente 20 000 hectáreas de superficie de olivar que se riegan a través de concesiones extraordinarias y que se
renuevan año a año. Esa renovación anual supone una incertidumbre para el agricultor inasumible y desesperante. Cada año viven con el miedo de no saber si van a tener agua o no para regar el olivo que luego les va a dar de comer o no. Este año se
han tenido que esperar hasta julio para saber si iban a regar o no, y eso motivó mi pregunta, porque estábamos viendo que en mayo no se concedían los riegos. Pero a la situación de incertidumbre se le suma que este año, en lugar de dar una dotación
equiparable no solo a la que tiene el olivar en la provincia de Jaén sino a la que en años anteriores venía recibiendo -hasta 20 000 hectáreas-, le han
dado poco más de la mitad, es decir, que se ha pasado de 1410 metros cúbicos por hectárea y año a 810. Y si eso no fuese suficiente, hay una tercera cuestión de agravio y es que de las 20 000 hectáreas han dejado fuera, sin agua, a 2000
hectáreas que estaban en cauces no regulados y que venían también recibiendo agua y regando de forma habitual.
Esta situación, señor secretario de Estado, es desesperante para algunos agricultores jienenses que lo único que quieren es garantizar la producción de sus cosechas con agua, el agua que guardamos y embalsamos en la provincia de Jaén; no
pedimos otra cosa. En Jaén hemos visto cómo cultivos y riegos de otras provincias, en la misma situación extraordinaria de riego que tiene el olivar, como pueda ser el arroz en Sevilla o incluso el olivar en Córdoba, han venido regulando su
situación y tramitando la concesión definitiva de agua para regar. Sin embargo, hay cientos de agricultores en la provincia de Jaén -que además coincide en muchos casos que es el olivar con más dificultades, como pueda ser el olivar de montaña en
Quesada o en Cazorla, o en Las Villas- que, además de la angustia de no saber si van a poder regar, no pueden regularizar sus concesiones porque no se les permite; una regulación y legalización que se quiere resolver para poder modernizar el riego
e invertir en el olivar, para tener la seguridad legal en el presente y en el futuro.
Es una situación muy injusta que, como he dicho, motivó la pregunta, pero lo que realmente subyace aquí es la necesidad de la provincia de Jaén para regar. No se piden nuevos riegos ahora mismo, no se piden nuevas dotaciones, no se piden
hectáreas; se pide tranquilidad y seguridad para el olivar jienense. Todos sabemos que el agua es sinónimo de generación de riqueza, el agua es sinónimo de evitar la despoblación, el agua es sinónimo de dar vida a nuestros pueblos, y en la
provincia de Jaén sabemos utilizar el agua, ya se lo he dicho. Pocos cultivos tienen una dotación de agua tan baja y un uso tan óptimo de la misma como el olivar en Jaén. Pocas provincias usan el agua para regar gota a gota, que es lo que
utilizamos y con eso conseguimos casi duplicar la producción y la regularización de las campañas año tras año. Pero además el olivar es un sumidero de CO2 importantísimo que previene el cambio climático y el riego es también fundamental para este
cometido.
En definitiva, esta pregunta la sustanciamos con el objetivo de poner el foco en un problema histórico que discrimina a la provincia de Jaén con respecto a otros territorios; una pregunta que se interesaba por las preocupaciones de regantes
de 20 000 hectáreas que año tras año viven con la angustia de no saber si van a regar o no; una pregunta que quiere también poner el acento en los regantes de cuencas no reguladas, a los que se ha quitado el riego. En definitiva, queremos conocer
si los agricultores van a tener la certidumbre de saber si van a regar cada año, pero también esta pregunta sirve para instar al Ministerio de Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a que reparen el agravio histórico
con los regantes de estas 20 000 hectáreas. Ni más ni menos lo que se pide es que se equiparen los regantes del arroz de Sevilla y los olivareros cordobeses con los olivareros jienenses.
Este año la autorización ha llegado tarde, muy tarde. No sabemos los motivos, pero el sector y las asociaciones de regantes se anticiparon y en octubre de 2019 ya pidieron la convocatoria de estos riegos extraordinarios, con el resultado de
que el Gobierno y la confederación hicieron perder los riegos de primavera y gran parte de los riegos del verano. Sobre la base de todo eso, mi interés está ya no tanto en saber si se van a conceder los riegos extraordinarios para 2020, sino si
esas hectáreas van a pasar a una situación de regulación, a una situación de legalización. Hasta ahora los agricultores solo han obtenido de este Gobierno los retrasos y los recortes en la dotación. Como sabrá, en la revisión del Plan Hidrológico
de Cuenca que está en tramitación son varias las asociaciones y federaciones de regantes que, en consulta pública, han hecho sus aportaciones y que van encaminadas en este sentido. Hagan caso. Lo único que le puedo pedir con la pregunta es que no
dejen que Jaén sea menos que las demás provincias. Pedimos exactamente lo mismo que tienen las demás.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Morán.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señor diputado.
Tengo que coincidir con una parte de su intervención. Efectivamente, hay un problema de retraso en la respuesta a las expectativas de los regantes que llevan años esperando a que se resuelva su situación. Confiamos en que, en la medida en
que vamos dando respuesta a expectativas de comunidades de regantes que están en esta situación progresivamente y que llevaban años también esperando, podamos
darle una respuesta razonable en un tiempo más o menos inmediato, que es lo que pretendemos. No se trata de pedir responsabilidades a quienes no lo hicieron en su momento, pero intentaremos darle una respuesta razonable, como le decía.
La situación tanto del año hidrológico anterior como del presente de país, en la península ibérica, en la parte que toca a las cuencas españolas, establece una frontera nítida en relación con lo que ocurre en el norte y lo que ocurre en el
sur. Mientras que en el norte se han mantenido las reservas entre el 60 y el 80 % en algunos casos en la capacidad de las distintas demarcaciones, en el sur, y especialmente en el Guadalquivir y el Guadiana, se han movido en el entorno del 30 % de
disponibilidad, una situación que además se ha repetido en dos años hidrológicos seguidos y que, lógicamente, ha obligado a establecer mecanismos de prevención en relación con la disponibilidad del recurso, como conoce usted, otorgando prioridad a
los usos de abastecimiento respecto a cualquier otro y al mantenimiento de los caudales ambientales en las cuencas afectadas. En ese sentido, las restricciones se aplicaron con carácter general al conjunto de los usuarios y tendiendo a una
objetivación que, de acuerdo con lo que usted dice, aspiraría a que fuese corregida al alza en una provincia en relación con las que aparecen en otras provincias, pero son las que a lo largo de los últimos años se venían manteniendo. Por tanto, se
aplica objetivamente una limitación respecto a unas cifras que objetivamente eran las que estaban disponibles en ese momento. De tal manera que, en un intento de esperar una mejor situación de la cuenca a la hora de asignar los recursos, se intentó
aplazar la toma de decisiones en función de la posibilidad de contar con mayor capacidad de distribución. En último término, las que se decidieron fueron las siguientes, que son las del 5 de mayo que conoce usted, es decir, se decidió mantener el
volumen de 45 hectómetros cúbicos autorizado de forma excepcional como riegos extraordinarios para superficies en precario y aumentar las dotaciones de dichas superficies a las siguientes: a olivar 1410 metros cúbicos/hectárea, al arroz 9350 metros
cúbicos/hectárea y al resto de cultivos en función del tipo de cultivo con un máximo de 3750 metros cúbicos/hectárea. Respecto a los riegos de apoyo al olivar, se acordó mantener el volumen autorizado de 16 hectómetros cúbicos, con una dotación
máxima de 900 metros cúbicos/hectárea para el volumen captado en la campaña estival del 15 de abril al 15 de septiembre. En ningún caso la suma de dotación de agua estival e invernal podrá superar la dotación del cultivo acordada de 1410 metros
cúbicos/hectárea, o la de su título concesional en el caso de ser inferior a estos.
A la hora de tomar decisiones que requieren de un proceso de planificación ciertamente sosegado no debemos perder de vista que las expectativas de la planificación agraria tienen que ir siempre por detrás de las expectativas de planificación
hidrológica, si no, estaremos generando expectativas que en muchos casos estarán condenadas a la frustración. En estos momentos nuestro país necesita poner en marcha un mecanismo de revisión sustancial de sus planificaciones mantenidas
históricamente porque, si todos estamos convencidos de esa frase que se repite -por suerte yo creo que cada vez con mayor amplitud- de que las decisiones políticas deben ir de la mano de las decisiones de la ciencia, no podemos olvidar cuál es el
escenario que nos dibuja el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático para nuestro país en relación con la disponibilidad presente y la evolución futura de los recursos hidrológicos. En ese sentido, creo que tenemos que tomar decisiones de
planificación que deberán verse traducidas en los planes de cuenca del tercer ciclo que en estos momentos están en marcha. Sabe usted que acaba de concluir el plazo de presentación de propuestas por parte de los usuarios o interesados y, en estos
momentos, están las confederaciones haciendo una evaluación de las aportaciones hechas. Confiamos en que allá por el mes de marzo podremos presentar los documentos consolidados de los esquemas de temas importantes para permitir al conjunto de la
ciudadanía tener una visión razonable, objetiva y con algo de certidumbre de cuál va a ser el escenario que nos vamos a encontrar en el período de planificación 2021-2027. En el momento presente y en las decisiones inmediatas quiero decirle que las
decisiones se adoptarán siempre atendiendo a la mayor objetividad posible, de tal manera que no se generen agravios como consecuencia de la introducción de elementos que puedan distorsionar la atención a las demandas del conjunto de los usuarios.
Es lo que se ha hecho en estos momentos. En todo caso, en cualquier momento cualquier interesado que considere que hay elementos que deben ser analizados para modificar el escenario de toma de decisiones, está siempre en condiciones de poder
aportar sus apreciaciones, como, por cierto, se hace en todos los casos en el ámbito de la Comisión de Desembalse de esta confederación y de cualquier otra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario.
Señor diputado, le quedan cuarenta y nueve segundos y voy a ser estricto.
El señor REQUENA RUIZ: Le agradezco mucho la respuesta, que estos retrasos sirvan para dar una respuesta más ágil. Le puedo garantizar que el Partido Popular iremos de la mano.
Por ir también de la mano de la ciencia, Jaén ha doblado su capacidad de embalse, embalses como Siles, Fernandina, Giribaile, en los últimos años han doblado la capacidad de embalse; es decir, nosotros somos generosos con la cuenca, pero
también queremos regar. Tan generosos somos que algunos riegan con 8000 hectómetros cúbicos la hectárea y nosotros con 800. Por supuesto, una reclamación, que también va con estas 20 000 hectáreas, es la de los riegos en cauces no regulados que se
van prácticamente de Jaén al mar, se desperdicia el agua, y también queremos utilizarlos. Sobre todo, queremos una solución. Yo creo que esa respuesta debe ser la de la regularización que es, yo creo, de justicia al fin y al cabo para la provincia
de Jaén, por la generosidad que hemos demostrado en la aportación de agua y en la regulación de la cuenca tradicional históricamente y en los tiempos actuales.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL LITORAL Y LA COSTA ACOMETIDAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN DESDE EL 01/07/2018 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE
EXPEDIENTE 184/005968).
AUTOR: CLAVELL LÓPEZ, ÓSCAR (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 93, DE 29 DE MAYO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000284).
- SITUACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE LA COSTA EN LA ZONA CONOCIDA COMO LES MARINES EN EL MUNICIPIO DE NULES (CASTELLÓN), ASÍ COMO ALEGACIONES PRESENTADAS Y FECHA PREVISTA PARA SU RESOLUCIÓN
(PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/005966).
AUTOR: CLAVELL LÓPEZ, ÓSCAR (GP)
(Número de expediente 181/000285).
- ESTADO DE TRAMITACIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS PROYECTOS Y OBRAS DE DEFENSA DEL LITORAL PREVISTOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN DEL TRAMO DE COSTA COMPRENDIDO ENTRE EL PUERTO DE CASTELLÓN Y EL PUERTO DE SAGUNTO (CASTELLÓN SUR),
ASÍ COMO CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS CON LAS QUE CUENTAN ACTUALMENTE Y PARA LOS PRÓXIMOS EJERCICIOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/005963).
AUTOR: CLAVELL LÓPEZ, ÓSCAR (GP)
(Número de expediente 181/000286).
El señor PRESIDENTE: A continuación, el diputado Óscar Clavell ha pedido hacer conjuntamente las preguntas 11, 12 y 13. Tiene, por tanto, la palabra.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Admito la gratitud de todos mis compañeros. Buenos días, gracias, señor presidente. Buenos días, que sea usted bienvenido, señor secretario de Estado, a esta Comisión.
Las tres preguntas que presento aquí van, por el ámbito geográfico, de mayor a menor y por eso creía conveniente aglutinarlas para que usted pudiera dar las explicaciones necesarias y oportunas que considere. La primera de ellas, la 11, se
refiere a toda la provincia de Castellón. Hace un momento mi compañera de Valencia, Belén Hoyo, ya explicaba y describía la situación de la provincia vecina de Valencia en cuanto a los temporales, tormentas y tempestades que azotan la costa
mediterránea y yo voy a centrarme en mi provincia, que es, como he dicho, la de Castellón. La primera pregunta es sobre prevención, protección y conservación del litoral y de la costa, sobre las acometidas en todos los municipios costeros de la
provincia. La segunda -la 13- se centra, posiblemente, en el ámbito para actuar más inminente y en peor estado que es Castellón sur, lo que conocemos como el sur de la provincia de Castellón, que comprende desde el puerto de Castellón hasta el
puerto de Sagunto, ya en la provincia de Valencia, en el límite exacto entre las dos provincias, pero en la provincia de Valencia. Dentro de esta
zona de Castellón sur hay un caso muy local y concreto, que es el de Les Marines, en el municipio de Nules. Este tramo sur, el que va desde el puerto de Castellón hasta el puerto de Sagunto, sufre una brutal regresión de casi 100 metros,
con pérdidas turísticas y dramas familiares al perder sus viviendas. La Ley de Costas marca el límite en el lugar donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, por eso centenares de familias han visto cómo han perdido
administrativamente sus propiedades. Esta zona abarca aproximadamente 40 kilómetros, once municipios y, además, tiene efectos acumulativos: cada vez que viene un temporal -que suelen venir anualmente- se acumula a los daños de los temporales de
los años anteriores. Es cierto -y usted lo reconocía hablando de la provincia de Valencia- que no es cuestión, y le doy la razón, de ir acumulando o reponiendo arena en las playas, porque eso sí es una solución a corto plazo para salvar las
temporadas turísticas, normalmente la de Semana Santa, pero sabemos que cuando llegue el próximo temporal toda esa inversión se la va a tragar el mar de nuevo. Es cierto -y usted también lo ha dicho y lo comparto- que no es cuestión de hacer
actuaciones concretas porque eso supone -costa arriba costa abajo, litoral arriba litoral abajo, creo que ha sido su expresión- problemas en los municipios vecinos. Tiene usted ahí toda la razón del mundo. Por eso, ya que existe una estrategia
desde el 2015 -si no recuerdo mal-, donde se evalúan todos los estudios y proyectos efectuados -actuaciones, efectivamente, que si no están coordinadas suelen ser contraproducentes-, solicitamos la contemporaneidad de esas actuaciones. Es cierto
que ya en los presupuestos de 2018 se tuvo en cuenta una de esas obras que corresponde al municipio de Almenara, que está en el límite entre las dos provincias de Castellón y Valencia, pero corresponde a Castellón. Pero, si solamente hacemos esa
actuación de Almenara, de unos 8 millones de euros según la inversión prevista, efectivamente esto puede traer problemas tanto al sur como al norte, como usted muy bien explicaba. Por eso, creemos conveniente esa contemporaneidad de todas las obras
necesarias.
No quiero acabar mi intervención sin mencionar uno de los casos más dramáticos que estamos viendo, en este caso en el norte de la provincia, fuera de este ámbito de la zona sur. No tengo que explicar ni describir -porque aquí todo el mundo
la conoce- la ciudad histórica, artística y turística que es Peñíscola. Peñíscola, si por algo es conocida -que por muchas cosas es conocida y todas buenas- es por un elemento arquitectónico que tiene, de gran valor histórico, artístico y cultural,
que es el Castillo del Papa Luna. El Castillo del Papa Luna está edificado sobre un tómbolo, el tómbolo de Peñíscola, y ese tómbolo se está desmoronando, se está derrumbando, está cayendo al mar directamente. Los cimientos de ese Castillo del Papa
Luna están en grave peligro. Por tanto, solicitamos al ministerio que actúe no solamente en favor de nuestra costa sino también, por supuesto, en favor de estos elementos que tanto turismo y tanta riqueza aportan a la costa española y, en
definitiva, a toda la economía española.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señoría. A medida que va transcurriendo la sesión, no sé si ustedes se van dando cuenta de que estamos teniendo una Comisión, no con preguntas, sino
monográfica sobre el cambio climático y sus impactos, y esto va a formar parte de la cotidianeidad del trabajo, también en esta Cámara, que nos puede permitir llevar a buen término algunos de los compromisos que como país tenemos adquiridos.
Voy a ir a la cuestión concreta que usted me pregunta y luego haré una reflexión al hilo de lo que usted planteaba en último término. En relación con las actuaciones que en materia de prevención, protección y conservación del litoral y la
costa se han acometido en la provincia de Castellón desde el 1 de julio de 2018, le leo sencillamente la relación sin más rápidamente: Vinaroz, 307 564,26 euros; Benicarló, 60 342,28 euros; Peñíscola, 132 946,89 euros; Alcalá, 114 896,77 euros;
Torreblanca 16 368,71 euros; Cabanes, 57 941,89 euros; Oropesa del Mar, 59 406,77 euros; Benicasim, 32 335,52 euros; Castelló de la Plana, 249 353,08 euros; Almazora, 425 500,72 euros; Burriana, 152 956,32 euros; Nules, 141 167,84 euros;
Moncófar 183 864,87 euros; Chilches, 45 866,88 euros; La Llosa, 21 856,34 euros y Almenara, 294 053,69 euros. Total, 2 296 422,63 euros.
Tenía usted razón, señor diputado, no podemos seguir en la dinámica de las aportaciones de arena, pero tampoco podemos obviar que en tanto en cuanto alcanzamos el momento en el cual vayamos dotando a los municipios con borde litoral de
proyectos que, efectivamente, impliquen mecanismos de adaptación con carácter estable y estructural, los ayuntamientos van a seguir pidiendo este tipo de actuaciones y habrá que compatibilizarlas, al igual que en momentos de temporales habrá que
atenderlos. Tenemos que hacer un ejercicio razonable para intentar volcar el mayor esfuerzo en soluciones
estructurales, pero sabiendo que vamos a tener que atender soluciones coyunturales en los próximos años del tipo de las que le he comentado.
En relación con la cuestión concreta del municipio castellonense de Nules y la zona conocida como Les Marines, debo decirle que actualmente el proyecto denominado estabilización -y aquí hablamos ya de un proyecto con vocación estructural-
del tramo de costa de Les Marines, que forma parte de la Estrategia para la protección del litoral sur de Castellón, se encuentra en fase de tramitación ambiental, una vez que se ha realizado la información pública y oficial. Durante el
procedimiento de información pública y oficial -ya finalizado- se han recibido un total de catorce informes oficiales, cinco alegaciones de particulares en un único formato, con un total de ciento cincuenta y ocho firmantes. Y la forma de resolver
estas alegaciones consiste en la remisión de estas y del informe de respuesta, junto con la documentación que se ha expuesto en el procedimiento de información pública, al órgano ambiental para la tramitación, en su caso, de la declaración de
impacto ambiental, cuestión que será la inmediata posterior, con lo cual hay que someter el proyecto a declaración de impacto ambiental. Aquí sí hablamos ya de una solución con carácter estructural en la línea de lo que marca la Estrategia de
adaptación del borde litoral.
La última de las cuestiones planteadas es en qué estado actual de tramitación se encuentran cada uno de los proyectos y obras de defensa del litoral previstos en la estrategia, y he de decirle que el estado de tramitación, contratos y
servicios es el siguiente: con fecha 23 de agosto de 2019, el proyecto constructivo que permite estabilizar el frente litoral en los términos municipales de La Llosa y Almenara obtuvo declaración de impacto ambiental favorable. El importe total de
las obras previstas en el proyecto sometido a información pública supera los 7,8 millones de euros. En la actualidad se está tramitando su contratación, habiendo sido licitado mediante anuncio en el 'Boletín Oficial del Estado' el 23 de septiembre
pasado. El proyecto para la estabilización del tramo de la costa sur, al sur de Chilches, se encuentra en redacción. La asistencia técnica ha sido contratada por un importe de 40 928,36 euros. Y en la misma situación se encuentra el proyecto para
la estabilización del tramo entre el río Belcaire y L'Estanyol en el término municipal de Moncófar, cuya asistencia técnica ha sido contratada por importe de 67 747,90 euros. Al proyecto para la estabilización del tramo Les Marines ya hemos hecho
referencia. El proyecto básico de la actuación prevé un importe superior a los tres millones de euros. En Burriana hay dos proyectos previstos en la estrategia: el de regeneración de la playa al sur se encuentra en redacción mediante una
asistencia técnica por importe de 27 218,95 euros, y la actuación en el entorno del río Anna está en fase de redacción del pliego de bases para la redacción del proyecto. En Valencia se ha tramitado el contrato de servicios para la redacción del
proyecto de regeneración de las playas de Canet, Almardà, Corinto y Malvarrosa en los términos municipales de Canet de Berenguer y Sagunto. El contrato fue firmado el 16 de julio de 2019 con un presupuesto de 44 209,23 euros, estando actualmente en
redacción. Y la consignación presupuestaria actual de ese contrato es la referida.
Confiamos, como tuve ocasión de comentar antes, en que, en el marco de la aplicación del Fondo Europeo de Recuperación, en el que hay una dotación prevista para la Dirección General de la Costa y el Mar en la implementación de las
estrategias de adaptación del borde litoral de 300 millones de euros, todos aquellos proyectos o buena parte de los proyectos que están incorporados en esas estrategias podamos ir licitándolos razonablemente a lo largo del próximo año.
- MOTIVO DEL RETRASO DE LA PUBLICACIÓN DE LA ORDEN SND/271/2020, DE 19 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN INSTRUCCIONES SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/007448).
AUTOR: SÁNCHEZ PÉREZ, CÉSAR (GP)
GÁZQUEZ COLLADO, PALOMA (GP)
MARISCAL ANAYA, GUILLERMO (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 101, DE 11 DE JUNIO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000304).
El señor PRESIDENTE: Han pedido dejar para el final las preguntas números 14 y 16. Pasamos, por tanto, a la pregunta número 15. Entiendo que la formula la diputada Gázquez. ¿Es así?
La señora GÁZQUEZ COLLADO: Sí, gracias, presidente.
Buenos días. Aunque la Orden de Sanidad 271/2020 a la que hace referencia la pregunta ha sido ligeramente modificada en mayo por la Orden de Sanidad 445/2020 y por el plazo transcurrido pudiera parecer que la pregunta está
descontextualizada, las cuestiones que plantea siguen sin ser respondidas y por eso hemos seguido adelante. Entendemos que esta orden, que se publicó el 22 de marzo en el BOE, debería haberse publicado con anterioridad a esa fecha. Desde nuestro
punto de vista, esa orden demuestra una vez más que siempre han ido por detrás de la pandemia, con consecuencias desafortunadamente mortales. La OMS ya alertó en enero de la pandemia y fue en ese momento cuando se debería haber empezado a trabajar
en las cuestiones principales y las colaterales como es esta. Todo ello debería haber estado publicado y en funcionamiento en febrero, habríamos llegado justos, pero habríamos estado en unos plazos razonables, no el 22 de marzo, que es cuando se
publicó en el BOE la orden de la que tratamos. Insisto, después de la declaración del estado de alarma. Los hospitales, como nuestro HUCA, señor Morán, en el que tenemos ahora mismo más de siete plantas -y, desafortunadamente, subiendo-
íntegramente dedicas al COVID, generan una cantidad de residuos muy alta. Por ello esta orden es extremadamente importante. En el momento de la formulación de la pregunta nos preocupaba el retraso en legislar y su publicación, ahora nos preocupa
el cumplimiento de la orden y el seguimiento de la misma.
En referencia a una de las cuestiones que planteábamos en nuestra pregunta, nos consta que sigue sin estar incluido en ningún sitio un protocolo para la recogida de residuos en domicilio de las personas enfermas que no requieren
hospitalización y están en su vivienda. No ha habido coordinación del Gobierno central con comunidades autónomas ni entidades locales para dar solución a un problema tan común como el que acabo de exponer. Todas las recomendaciones médicas son
que, en la medida de lo posible, un enfermo COVID que no precise hospitalización se aísle en una vivienda. A partir de ahí, la entrada de víveres está garantizada por servicios a domicilio de tiendas, supermercados y restaurantes. ¿Pero qué
hacemos con la salida de los residuos generados en esa vivienda por un enfermo aislado solo durante semanas? ¿Cómo prevé la orden que ese enfermo, insisto, solo y aislado por prescripción médica, saque los residuos de su casa? Lógicamente, no
puede bajarlos él por el riesgo de contagio al vecindario. ¿Qué solución aporta? Ninguna. ¿Tirar la basura por la ventana quizá? ¿Acumularla hasta que tenga una PCR negativa? Para entonces quizás haya dejado de contagiar el virus, pero a lo
mejor ha desarrollado un síndrome de Diógenes insalubre. ¿Sabe cuántos residuos puede acumular una persona en su casa durante tres semanas de duración media de la enfermedad, en el mejor de los casos? Y en una vivienda sin terraza, ¿dónde los
acumula? ¿En una habitación? Hay que aportar soluciones a los enfermos porque bastante mal lo pasan en el plano sanitario, la mayor parte de las veces desatendidos en atención primaria, como para, encima, provocarles este tipo de problemas. Ocho
meses después de la publicación de esta orden sigue sin haber solución ni protocolo ni coordinación con el resto de administraciones y, desafortunadamente, se siguen acumulando fracasos en esta gestión de la pandemia. En un hospital o en un centro
sanitario ya había protocolos estipulados muy rigurosos sobre gestión de residuos peligrosos, pero ¿usted cree que a los ciudadanos les ha llegado o ha trascendido todo lo que pone esta orden? ¿Se ha hecho lo suficiente para informarles?
En otro orden de cosas, insistiré en otros puntos que me interesa saber. ¿Cómo han asegurado, tal y como establece la norma, que los trabajadores de los servicios de limpieza y recogida de basuras tuvieran y tengan los EPI necesarios? Como
también preguntamos en la iniciativa registrada, nos gustaría conocer el volumen de residuos de este tipo que se ha generado al amparo de esta norma.
Y finalizo con un tema de futuro porque creo que lo interesante no es tener una visión cortoplacista de la política, sino una visión un poco más amplia. Precisamente porque estamos en la Comisión de Transición Ecológica, en esta orden se
menciona que el destino prioritario de estos residuos debería ser la incineración. ¿Se han planteado ya legislar sobre la revalorización de los residuos? Hace ya muchos años que a las tres erres de los residuos, reducir, reciclar y reutilizar, se
añadió una cuarta erre, revalorizar, pero parece que ustedes no estaban en clase el día en que esa erre se introdujo. ¿Tienen un plan, programa o actuación de futuro prevista para legislar sobre la revalorización de los residuos? Sectores como el
cementero, al que se le ha permitido utilizar la incineración de estos residuos durante estos meses con éxito, siguen reclamando este tipo de medidas y es urgente llevarlas a cabo; medidas que deben ir unidas, en su caso, a las de revisión de los
parámetros de emisión.
En definitiva, llegaron tarde con esta orden, su aplicación ha sido y está siendo bastante deficiente y descoordinada y siguen sin proyecto de futuro para la revalorización del residuo sanitario.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Morán.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias.
Señora diputada, son bastantes preguntas, pero voy a ver cómo consigo dar respuesta a todas ellas. Desde primeros de marzo, cuando empezó a conocerse el alcance potencial en términos de gestión de residuos de la crisis del COVID-19, el
ministerio contactó con las comunidades autónomas competentes en materia de gestión de residuos para coordinar una respuesta a los retos que pudieran plantearse en ese ámbito. La semana del 9 de marzo, antes de que se decretara el estado de alarma,
el ministerio, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias en representación de las entidades locales, trabajaron en unas directrices para hacer frente a la situación. Las directrices consensuadas fueron
distribuidas a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias el 13 de marzo. Por tanto, desde un estadio inicial existían instrucciones acordadas entre los distintos niveles de la Administración para dar una
respuesta adecuada a la situación. Decretado el estado de alarma, y en el marco de las competencias atribuidas por el mismo al Ministerio de Sanidad, comenzó a trabajarse partiendo de estas directrices acordadas en un proyecto de orden ministerial,
que finalmente se plasmó en la orden a la que usted hacía referencia de 19 de marzo. Es decir, primero hubo coordinación, en el ámbito de las competencias atribuidas a comunidades autónomas y ayuntamientos se prestó el apoyo correspondiente y, en
último término, de acuerdo con las aportaciones que las administraciones competentes hicieron, se elaboró la orden ministerial.
Las instrucciones y las recomendaciones por naturaleza no son vinculantes, como usted sabe. Hay que tener en cuenta que la orden ministerial distinguía entre normas vinculantes en materia de gestión de los residuos y recomendaciones
dirigidas a los ciudadanos en sus hogares, que partían de las ya elaboradas por el Ministerio de Sanidad y tenían por objeto orientar a los ciudadanos con casos positivos en los hogares acerca de cómo gestionar los residuos para mayor garantía en
materia de salud pública, pero, en primer lugar, para su propia seguridad y evitando el posible contagio. De algún modo, se trataba de recomendaciones análogas a las relativas al empleo de guantes y mascarillas en aquel momento, aislamiento de
enfermos dentro del hogar, higiene, etcétera. En ningún caso este tipo de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos tenían carácter de norma obligatoria. Hay que tener en cuenta que la orden atañe tanto a residuos municipales domésticos como a
residuos sanitarios. Insisto en que la competencia para su gestión es en cualquier caso autonómica y, atendiendo a la petición de las comunidades autónomas, el ministerio elaboró un procedimiento de cooperación entre las tres administraciones. La
prioridad fue asegurar una adecuada respuesta a la crisis y, aunque se llevó a cabo un seguimiento continuo con las autoridades autonómicas, no se creyó en aquel momento oportuno sobrecargarlas con obligaciones de información en un momento en el que
los esfuerzos debían centrarse en la gestión sobre el terreno.
En relación con la incineración y la revalorización de los residuos que comentaba usted, la incineración no se consideró técnica prioritaria, sino que la Orden 271/2020 contempló la posibilidad de hacer uso de ese tratamiento por parte de
las comunidades autónomas, ante el exceso de generación de residuos sanitarios asociados a la COVID-19 y la superación de la capacidad de las plantas de tratamiento específicas. El número de instalaciones de incineración de residuos municipales
disponibles en España es de diez, con una capacidad de tratamiento asociada de casi 2,6 millones de toneladas. Además, se facilitó que las comunidades autónomas pudieran autorizar la coincineración en plantas de fabricación de cemento con las
debidas garantías. Evidentemente, esto en ningún caso supone que en la orden ministerial referida se obviase el cumplimiento de los parámetros de emisión de los residuos que van asociados a dichas instalaciones.
Se pregunta si el ministerio va a permitir zonas de almacenamiento temporal sin trámites por eventual colmatación de infraestructuras. La orden facilitaba que las autoridades autonómicas autorizaran lugares de almacenamiento para facilitar
la gestión del elevado volumen de contenedores de residuos sanitarios infecciosos. ¿Qué medidas de coordinación se pusieron en marcha? Mire usted, desde la fecha en que le refería que hubo la primera reunión entre la Federación Española de
Municipios y Provincias, comunidades autónomas y el ministerio, han sido prácticamente quincenales las reuniones de seguimiento que ha habido entre las tres administraciones, al margen de que se intercalaron en el tiempo reuniones bilaterales con
aquellas comunidades autónomas más afectadas y que directamente se dirigieron al ministerio. Y se habilitó un apartado en la web para las medidas relacionadas con la crisis sanitaria, donde se fueron publicando las medidas adoptadas. También se
les dio visibilidad a través de las redes sociales del departamento, al tiempo que se solicitó a las comunidades autónomas y entidades locales que también
les diesen difusión, y somos testigos de que se ha producido. Respecto a la parte que atañe a los ciudadanos y a la gestión de residuos en hogares, el Ministerio de Sanidad desarrolló algunos materiales de fácil comprensión con
recomendaciones e infografías. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se dio publicidad a tales materiales por las vías a las cuales me refería antes.
En relación con la fracción resto en la gestión de residuos, tanto la autorización como la vigilancia, la inspección o la sanción, corresponden, como usted conoce, a las comunidades autónomas, y los servicios de recogida y tratamiento
corresponden a las entidades locales. En el marco establecido por la normativa estatal adoptada en el contexto del estado de alarma, las comunidades autónomas y las entidades locales fueron las autoridades competentes responsables de mantener la
interacción oportuna con las empresas de recogida y gestión con las que mantienen relaciones contractuales. La orden ministerial establecía previsiones respecto a la actuación con las empresas responsables de plantas de transferencias para evitar
que se llevara a cabo manipulación de residuos y requiriendo únicamente el empleo de medios mecánicos. En todo caso, son las propias comunidades autónomas las que mayor interés mostraron en hacer efectivas estas recomendaciones.
También preguntaba usted sobre las previsiones que hay en estos momentos. Una vez que decayó el estado de alarma, también lo hizo la Orden ministerial 271/2020, y ante posibles nuevos rebrotes es el Real Decreto 646/2020 el que regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, que incluyó una disposición adicional segunda sobre gestión de residuos asociados a la COVID-19 que, en línea con las órdenes sobre la gestión de residuos publicadas durante el estado de
alarma, prevé normas de gestión de residuos domésticos tanto para su manejo domiciliario en hogares con pacientes o en cuarentena por COVID-19 como para su gestión posterior, así como de gestión de los residuos procedentes de hospitales,
ambulancias, centros de salud, laboratorios y establecimientos similares en contacto con COVID-19, completando en este último caso lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en lo que respecta a la eliminación de los residuos en los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morán.
La señora GÁZQUEZ COLLADO: ¿Me queda algo de tiempo, señor presidente?
El señor PRESIDENTE: Le queda tiempo a usted pero no al secretario de Estado, usted puede hablar pero él no puede contestar.
La señora GÁZQUEZ COLLADO: Quiero puntualizar nada más un par de cosas. La orden ya sé que no es obligatoria, señor secretario de Estado, pero se trata de aportar soluciones al ciudadano y, créame, no las aportaron. Todavía estamos a
tiempo porque seguimos en una pandemia, sigue habiendo los mismos problemas y continúan los mismos escenarios, así que creo que no es mal asunto que recojan nuestras indicaciones y peticiones expresadas con toda la humildad y espero que con toda la
humildad recogidas por usted. Piense que el ciudadano en su casa aislado no tiene solución y que esta orden no trascendió, sin ser obligatoria se trataba de aportar soluciones. La coordinación de comunidades autónomas y administraciones locales
sigo pensando que no fue suficiente. No me preocupan tanto los residuos sanitarios -insisto- de un centro hospitalario o de un centro de salud que ya tienen unos protocolos de actuación muy rigurosos; el problema se centra en las viviendas donde
hay alguna persona contagiada. Por último, en la orden que modifica la original sí pone que preferentemente los residuos se destinarán a incineración. No me lo he inventado, lo pone en un artículo, si quiere, le hago llegar ahora mismo la orden;
establece que podrán resolver destinarlo a incineración preferiblemente. Es suya la orden, no es nuestra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por cortesía, no sé si el secretario de Estado quiere decir algo breve.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Por cortesía, evidentemente, de toda aportación que se hace en pro de mejorar la respuesta a las necesidades de los ciudadanos, no le quepa la menor duda que tomamos nota y
procuramos implementarla siempre que es posible.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- ESTADO DE TRAMITACIÓN Y PREVISIONES ACERCA DEL NUEVO DECRETO RELATIVO AL DESARROLLO DE LA LEY 2/2013 DE 29 DE MAYO, DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/006078).
AUTOR: MOVELLÁN LOMBILLA, DIEGO (GP)
CASTILLO LÓPEZ, ELENA (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 101, DE 11 DE JUNIO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000301).
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular había pedido dejar para el final las preguntas números 14 y 16. No sé si estamos en condiciones de formularlas.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Sí, correcto.
El señor PRESIDENTE: Entonces, vamos con la número 14.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Muy bien, muchísimas gracias, presidente.
Señorías, comienzo mi intervención -como no puede ser de otra manera- agradeciendo la presencia hoy aquí del secretario de Estado, también es cierto que no hubiera sido necesario si hubiera respondido por escrito las preguntas que habíamos
formulado. En primer lugar, quiero indicarles que hemos presentado varias iniciativas con respecto al tema que hoy nos ocupa, que es la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y en particular el decreto relativo a la misma, así como los posteriores trámites que
se han hecho en relación con la ley de cambio climático. El objetivo era claro, estábamos preocupados por las empresas, por los negocios que se veían afectados por ese decreto y les pedíamos inicialmente que lo retirasen. El Gobierno no sabemos si
lo ha retirado, pero al menos lo ha dejado en una vía de descanso, pero sí hemos visto que han introducido dentro de la ley de cambio climático dos puntos, el 3 y el 4, que consideramos que son de interés y nos gustaría que hoy, si es posible, el
secretario de Estado nos respondiese a una serie de preguntas en relación con este tema.
El Partido Popular hizo un esfuerzo considerable en la etapa en la que estuvo gobernando para que muchas pequeñas y medianas empresas pudieran renovar las concesiones administrativas para actividades ganaderas, industriales, turísticas,
incluso, residenciales en zona costera. Les hemos solicitado el informe de alegaciones, les hemos solicitado el informe emitido por la Abogacía -que no se nos ha remitido, aunque después hemos podido acceder a él-, y realmente creemos que es
necesario que el Ejecutivo aporte seguridad jurídica a todas esas empresas conserveras, marisqueras, empresas dedicadas a la acuicultura, que se ven afectadas por estos cambios normativos a través de una vía o a través de otra. Creemos que no es
necesario modificar la Ley de Costas, puesto que la normativa del año 2013 ya deja suficientemente claras estas cuestiones; no obstante, cualquier modificación del marco legal creemos que debe hacerse desde la transparencia, el diálogo y con la
oportuna tramitación, aunque consideramos que no se está realizando de esta manera.
Tras la modificación de la ley en el año 2013, que se realiza por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para intentar paliar esa inseguridad jurídica, vemos hoy en día que el proyecto de ley de cambio climático modifica la normativa de costas y pone
en peligro a muchas empresas y actividades del complejo mar-industria. ¿Y por qué le digo que modifica la normativa? Hemos introducido una enmienda que elimina los puntos 3 y 4 de esa ley de cambio climático y no ha sido a priori. Ahora empieza
la ponencia y veremos a qué dictamen se llega, pero si realmente no hay ninguna modificación normativa se podrían eliminar esos puntos 3 y 4 de la ley de cambio climático. Y creemos que es una modificación normativa no porque lo digamos nosotros,
lo dice el Consejo de Estado, que dictamina que la ley de cambio climático modifica la Ley de Costas, además de decir que de una manera u otra genera inseguridad jurídica sobre todo para unas empresas, que les recuerdo que ocupan el primer puesto a
nivel europeo y el segundo a nivel mundial, como es el caso, por ejemplo, de las conserveras.
Señorías, las cosas deberían debatirse y consensuarse, no introducirlas por la vía de una ley de cambio climático, de la que, además, el Consejo de Estado ha dicho que el apartado 3 debería estar en la Ley de Costas y no en la ley de cambio
climático, y el apartado 4 tampoco parece pertinente en la ley de
cambio climático; luego de una manera u otra reconoce que esas modificaciones en la ley de cambio climático no deberían estar ahí sino en la normativa correspondiente. Hemos presentado diferentes iniciativas a nivel local, autonómico,
estatal y ahora europeo, porque hemos presentado una iniciativa en Europa en este sentido que se debatirá en las próximas semanas. Me gustaría que nos aclarase, si es posible, señor secretario de Estado, en qué punto se encuentra esta modificación
de la Ley de Costas y cuál es su criterio para que sigan adelante esos puntos 3 y 4 de la ley de cambio climático.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias.
Creo que no estaba usted cuando tuve ocasión de comentar con alguno de sus compañeros diputados, que el primero que lamenta el hecho de que estas dieciocho preguntas hayan sido transformadas de escritas a orales soy yo. Ustedes tendrían
mejores cosas que hacer que estar escuchándome aquí hoy y a mí se me acumulan también los trabajos sobre la mesa. Quiero decirle que en razón del año que llevamos viviendo, teniendo en cuenta que se han contestado 2269 preguntas escritas por parte
de mi secretaría de Estado, hemos cometido el error de no llegar a tiempo para contestar estas dieciocho y tampoco tengo ningún problema en venir aquí hoy, además les sirve a ustedes para preguntarme cosas que no estaban incluidas en las preguntas
escritas iniciales.
Coincidimos -hacía yo antes un comentario- en que, por alguna razón, esta sesión de preguntas se ha convertido en una Comisión de reflexión sobre cambio climático porque muchas de las preguntas se referían precisamente a problemas en la
costa, en el litoral español, y llegábamos a la conclusión de que es necesario hacer una reflexión de fondo respecto a qué hemos venido haciendo con el litoral y qué es lo que pensamos hacer de cara a los próximos años. El que no aparezca una
reflexión en la ley de cambio climático y transición energética en relación con el litoral español en un país como el nuestro, que vive volcado al mar, sería, como mínimo, irresponsable o probablemente difícil de entender por el conjunto de los
ciudadanos. Y la primera reflexión que debemos hacer es si estamos en condiciones de garantizar la seguridad jurídica de aprovechamientos económicos en el litoral, porque la ciencia nos dice que no hay seguridad física de que vayan a poder seguir
ocupando esos espacios en un tiempo razonable. Tengan ustedes en cuenta que de las proyecciones que el IPCC hacía para el año 2100 respecto a determinados impactos, en estos momentos algunos de ellos están adelantados y ya los estamos sufriendo, y
algunos de los mayores impactos que se prevén son los relacionados con el litoral. Hay estudios hechos por algunas comunidades autónomas en los cuales avanzan que probablemente a la vuelta de diez años van a quedarse sin buena parte de sus playas.
En ese sentido, yo creo que debemos hacer una reflexión de fondo y entender perfectamente que sería una irresponsabilidad trasladarle esta cuestión a cualquiera que tenga la intención de invertir en una actividad económica concreta, en un tiempo que
va más allá del razonable de la vida de una concesión, porque quiero recordarle que no es la Ley de Costas la que lo marca, sino la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas del año 2003 la que marca el límite de los setenta y cinco años.
Hay sobrada jurisprudencia al respecto, y lo que hay que hacer es adaptar al resto de la legislación a esa normativa.
Pero, fíjese, me comentaba usted la preocupación que afecta a las industrias marino-alimentarias, especialmente en Galicia, en relación con sus expectativas de actividad económica hacia el futuro. Tengo que decirle que prácticamente todas
las solicitudes de prórroga consecuentes de la modificación de la Ley de Costas del año 2013 se han resuelto a partir de junio del año 2018; fueron muy pocas las que se resolvieron antes de junio del 2018, contadas con los dedos de la mano, la
mayoría, por cierto, en el litoral de Castellón, y tengo que decirle que a fecha de hoy no se ha denegado ni una sola de las solicitudes de prórroga por parte de las industrias marino-alimentarias en Galicia. Miento, solamente una, y lo ha hecho la
Xunta de Galicia, no se ha hecho por parte del ministerio.
En relación con las expectativas temporales de capacidad de aprovechamiento respecto al periodo de tiempo de vigencia de las concesiones para este tipo de instalaciones tampoco debería suponer mayor preocupación, en este caso, a la industria
gallega, puesto que la Ley de Costas, como digo, trae causa de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas respecto al máximo de setenta y cinco años; va veinticinco años por encima del límite que marcan las competencias de la ley de la
Xunta de Galicia en relación con estas instalaciones, que establece un límite máximo de cincuenta años. Es decir, todavía hay veinticinco años que no van a aprovechar no porque la ley estatal no lo permitiese, sino sencillamente porque la ley
autonómica pone esa limitación en los cincuenta años.
En todo caso, en el ámbito en el que usted me comenta que esto debe hacerse con un procedimiento de luz y taquígrafos, reflexionado, puedo decirle que en relación con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pocas leyes han sido
sometidas a tantos procedimientos de información, participación, como la que en estos momentos nos ocupa, y en todo caso, señorías, tienen ustedes en sus manos en estos momentos la responsabilidad de la gestión de esa ley. Esa ley ya no es del
Gobierno, es una ley suya, y son ustedes quienes deben darle el contenido que consideren que responda mejor a las necesidades de la ciudadanía, a las necesidades de nuestro país, de cara a los próximos años. Yo les invito a que lo hagan en ese
proceso de reflexión compartida y, en todo caso, tendrán la colaboración del Gobierno para todo aquello que precisen en el acompañamiento de la tramitación de la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Señoría, le quedan dos minutos.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Simplemente quiero agradecerle la explicación, pero realmente la pregunta original era en qué punto se encontraba el decreto, por lo tanto, entiendo que no le corresponderá a usted contestármelo, porque es algo
relativamente directo, e, insisto, no soy yo ni el Partido Popular los que le indican lo de la Ley de Cambio Climático, lo está haciendo el Consejo de Estado, que realmente afirma que, con el fin de evitar la superposición de distintas normas y por
tanto crear esa dificultad de interpretación, o en algunos casos una interpretación errónea, considera que la Ley de Cambio Climático no puede entrar tan de lleno en un sector que no constituye un problema desde el punto de vista de las emisiones de
gases de efecto invernadero, y resalta la parte del dictamen que recrimina que no se haya previsto ese tipo de cosas.
A eso es a lo que me refería cuando le indicaba que es cierto que la Ley de Cambio Climático en el punto 1 y el punto 2 hace una explicación de determinados factores que sí son importantes y que están cambiando ahora mismo las zonas de costa
-y todos los que vivimos en la zona lo sufrimos y lo vivimos-, pero la pregunta es en qué punto se encuentra el decreto y por qué hacerlo a través de esa Ley de Cambio Climático; única y exclusivamente eso.
Muchísimas gracias por su amabilidad.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Contesto muy brevemente.
Efectivamente, aquella era la pregunta, pero yo intentaba darle respuesta a todo.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Sí, muchísimas gracias.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): En estos momentos quiero decirle que lo que está en tramitación es esa ley, por lo tanto, no parece razonable en paralelo estar habilitando procedimientos de elaboración de
instrumentos reglamentarios, y en todo caso quiero explicarle por qué está en la Ley de Cambio Climático.
Con relación a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, frente a algunas consideraciones que entiendan que solamente debe atenderse a materias relacionadas con la mitigación, nosotros entendemos, y acabamos de aprobar el Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que las cuestiones que hacen referencia a la adaptación deben formar parte de la propia ley. De hecho, creo que a estas alturas la asignatura pendiente en relación con cambio climático a nivel global es
adaptación, porque el recorrido que se ha hecho en materia de mitigación en estos momentos nos permite ya incorporar una línea de intervención más específica a algo que nos va a afectar en iguales términos, porque uno es atender a las causas y otro
es intentar paliar los efectos. Por eso aparece en la Ley de Cambio Climático.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO ELEGIDO POR EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN Y EL RETO DEMOGRÁFICO PARA LA NUEVA EDAR QUE REEMPLAZARÁ A VUELTA OSTRERA EN CANTABRIA, ASÍ COMO CALENDARIO DE LOS TRABAJOS PARA SU LICITACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/003672).
AUTOR: MOVELLÁN LOMBILLA, DIEGO (GP)
CASTILLO LÓPEZ, ELENA (GP)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 101, DE 11 DE JUNIO DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000305).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 16, que entiendo que hace la diputada Elena Castillo.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Popular siempre ha creído que era bueno generar un consenso en torno al caso de Vuelta Ostrera, fundamentalmente porque tenemos que cumplir una sentencia judicial y además tenemos que hacerlo sin perjudicar a los vecinos
de la cuenca del Besaya, que además no están disfrutando en este momento de un servicio de saneamiento y de depuración adecuado precisamente porque arrastramos las consecuencias de lo acontecido con Vuelta Ostrera.
Hace muchos años, hace más de veinte ya, desde que se publicó en el BOE el anuncio del concurso para redactar y ejecutar esta actuación, la del EDAR de Vuelta Ostrera, y los cántabros siguen estando perplejos y preocupados -las dos cosas-
por lo que puede dar de sí un problema que además se ha enquistado y al que los gestores no hemos sabido dar solución, sin poner unas siglas políticas asociadas al problema, porque realmente el que ha gestionado es el que ha podido cometer esos
problemas o cometer esas irregularidades. Por lo tanto, el Partido Popular quiere dejar claro desde el principio que lo que buscamos es el mayor consenso social y político y medioambiental, pero estamos preocupados por esa situación que al final
hemos transmitido a la sociedad, que está esperando conocer cuál va a ser la ubicación de esa nueva EDAR, y además está ansiosa y temerosa porque dependiendo de dónde se ubique puede traer parejos problemas medioambientales, problemas sociales,
problemas económicos, etcétera.
Por tanto, la muerte de la EDAR de Vuelta Ostrera viene como consecuencia de una denuncia que pone Arca. Evidentemente, Arca después pide unas prórrogas que se han ido produciendo a lo largo del tiempo -siete años primero, siete años
después-, pero la realidad es que esa estación depuradora que formaba parte de un proyecto mucho más general y que iba a suponer unos 145 millones de euros para esa zona, para esa comarca del Besaya, no ha podido ejecutarse y no se han podido
construir ni los 82 kilómetros de colectores, ni las 12 estaciones de bombeo, ni el emisario submarino, y así seguimos, con una zona, la de Saja-Besaya, declarada de interés general por la Ley 42, de 1994, pero cuyos emisarios terrestres y marinos
no se han podido ejecutar hasta la fecha.
A día de hoy, y después de muchos procedimientos, el Partido Popular consiguió echar adelante gran parte del procedimiento que era necesario para la demolición y la búsqueda de una nueva alternativa para la colocación de esa EDAR, se sacaron
a concurso las posibles ubicaciones para la EDAR, se hizo la información pública, se presentaron posteriormente todas las alegaciones, que creo recordar que eran más de 300 -no lo recuerdo ahora exactamente-, pero la cuestión es en qué punto nos
encontramos ahora mismo. Si bien sabemos que recientemente -creo que fue en el mes de junio o julio- sacaron ustedes un nuevo concurso pequeñito para el informe adicional a la adenda del estudio de impacto ambiental respecto a las alternativas,
pero la comarca del Besaya está preocupada por qué falta realmente para saber dónde se va a ubicar la nueva estación depuradora y cuándo se va a ubicar la nueva estación depuradora.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Agradezco el relato, señora diputada. Efectivamente, esto no es una cuestión de quién resuelve o quién no resuelve. Debe resolver la Administración y debe ser quien en
cada momento tenga la responsabilidad de gestionar quien resuelva. Este, por desgracia, es un expediente ya que acumula décadas, suma décadas de retraso.
El anuncio que se publicó en el 'Boletín Oficial de Cantabria' del 4 de enero 2018 recibió 350 alegaciones, algo por lo que se interesaba usted. Tras el análisis del mismo, la Dirección General del Agua consideró necesario redactar una
adenda a dicho estudio que, partiendo de los resultados de la valoración
de las alternativas realizadas en el estudio sometido a información pública, analizase la influencia de las alegaciones recibidas y aceptadas en algunos casos en esta fase, con el objeto de seleccionar una alternativa óptima desde el punto
de vista ambiental y que cuente con un mayor consenso social. Creo que en eso estamos de acuerdo.
La alternativa seleccionada por la Dirección General del Agua en la adenda al estudio de impacto ambiental fue la U4 Isla de Solvay. Esta adenda fue sometida a consulta de veinticinco entidades personadas en el procedimiento. A la vista de
las contestaciones recibidas, el 5 de noviembre 2019 la Subdirección General de Evaluación Ambiental solicitó información a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico como promotor del proyecto para cuya elaboración ha sido necesario adjudicar un
contrato de apoyo a una empresa especialista en temas ambientales. Este contrato se firmó el 23 de agosto pasado y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, con lo cual está en estos momentos en el tramo final de su redacción.
En relación con el calendario de los trabajos, una vez efectuada la declaración de impacto ambiental, que es la que está en estos momentos en tramitación, se procederá a la redacción de los anteproyectos correspondientes para la licitación
de los concursos de proyecto y obra para la ejecución de las infraestructuras resultantes de la alternativa elegida.
Respecto a la demolición de la actual EDAR, lógicamente en ejecución de la sentencia, con fecha 16 de octubre de 2020 -esto es, el mes pasado-, el órgano ambiental ha emitido resolución sobre el alcance que debe tener el estudio de impacto
ambiental, por lo que la finalización de los trabajos de redacción de los proyectos de demolición y su estudio de impacto ambiental se estima para abril de 2021.
En cuanto a la pregunta de cuál ha sido el posicionamiento del Gobierno de Cantabria, finalmente en la fase de información pública, la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria propone los siguientes criterios de
exclusión de carácter ambiental: zonas inundables, distancias a núcleos de población, zonas de muy alto valor agroecológico y terrenos afectados por procesos geomorfológicos activos, lo que supondría descartar las siguientes alternativas: la U2
Vuelta Ostrera, por su proximidad a los núcleos de población; la U4 Isla de Solvay, por encontrarse en zona inundable de origen marino; la U7 Cudón, por situarse sobre suelos de alto valor agroecológico; la U8 Riaño/Sniace, por su proximidad a
los núcleos de población; la U9 Borroñal, por situarse sobre suelos de muy alto valor agroecológico; la U10 La Tablía, por ocupar suelos afectados por procesos geomorfológicos activos con riesgo de afección al sistema de acuíferos. Y considera
que la U1 Cuchía, según sus criterios, sería la única que cumple con todos los criterios. Por otro lado, proponen tres nuevas alternativas de ubicación, que sería la U11, Barco, la U12 Hornillo y la U13 Horcada. A continuación, le digo los
informes de otros órganos emitidos por la comunidad autónoma: la Dirección General de Cultura no plantea inconvenientes a la ejecución del proyecto en la alternativa seleccionada, siempre que incorpore medidas correctoras; la Dirección General de
Obras Públicas dice que debe considerar en la alternativa U8 Riaño/Sniace el estudio informativo del nuevo vial Viveda-Duález; la Dirección General de Salud Pública plantea consideraciones generales en relación con las normativas de vertidos,
abastecimiento y actividades molestas; la de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística expone consideraciones relativas a la compatibilidad de todas las alternativas con la Ley del Paisaje, el Plan de Sendas y el Plan de Vías
Ciclistas.
A petición de informe de la adenda al estudio de impacto ambiental, el Gobierno de Cantabria informó resumidamente lo siguiente: la Dirección General de Medio Natural considera que la actuación solicitada es compatible con los objetivos de
conservación de la Red de Espacios Protegidos de Cantabria, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas; la de Obras Públicas, que no se aprecia afección sobre la red autonómica de carreteras; la de Salud Pública reitera las
consideraciones sobre el impacto ambiental y la posible movilización de suelos contaminados; la de Ordenación del Territorio reiteró sus consideraciones anteriores, y la de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático expone que los cambios
introducidos en la alternativa U4 Isla de Solvay no permite resolver del todo las incertidumbres que presentaba la alternativa sin modificar.
Conclusión, se trata de un tipo de instalaciones que nadie quiere en la proximidad de su espacio de vida o de actividad, y que representa para la Administración uno de esos ámbitos de decisión en los cuales, decida lo que decida, siempre va
a haber alguien que se va a sentir agraviado. Intentaremos, en todo caso, y siguiendo los procedimientos que venían iniciados de tiempo atrás, resolverlo en el menor plazo de tiempo posible porque, entre otras cosas, la Administración de Justicia
está mensualmente pidiendo actualización de las actuaciones llevadas a cabo. Por lo tanto, confío en que seamos capaces de
ir cumpliendo razonablemente los calendarios y, en último término, adoptar la solución menos mala, porque probablemente en este caso no haya una solución óptima, de entre todas las posibles.
Muchas gracias.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Creo que me queda un poco de tiempo, presidente.
El señor PRESIDENTE: Le queda un poco de tiempo, sí.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Muchísimas gracias.
Señor secretario de Estado, hay dos municipios ahora que están pendientes de qué va a decir usted. Son el municipio de Polanco, que necesita saber si la actuación U4 Isla de Solvay es la elegida para ubicar la nueva estación depuradora de
aguas residuales, y el término municipal de Miengo, que necesita saber si es la U1 Cuchía que ha elegido o que puso como menos dañina el Gobierno de Cantabria. Por lo tanto, he entendido de su exposición que el Gobierno está haciendo la declaración
de impacto ambiental sobre la alternativa U4 Isla de Solvay, y que los informes que se han solicitado a los diferentes estamentos -Cultura, Obras Públicas, Salud Pública, etcétera- son en relación con la alternativa U4 Isla de Solvay. Por tanto,
parece previsible que la ubicación de la estación depuradora será en la Isla de Solvay en cuanto los trámites administrativos así lo permitan. Esa es mi pregunta: sí o no, básicamente.
Gracias, señor secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Me pide usted un imposible. Teniendo en cuenta que en estos momentos el proyecto se encuentra en fase de tramitación ambiental, yo no puedo prejuzgar lo que en su
tramitación ambiental vaya a resultar. Puede que en la tramitación ambiental se descarte esa alternativa. (Protestas por parte de la señora Castillo López).
El señor PRESIDENTE: Señoría, no vamos a entrar en debates. Permita responder al secretario de Estado.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Simplemente quería saber si la declaración de impacto ambiental será sobre la alternativa de la Isla de Solvay, porque todos los informes recabados son favorables a priori. Parece razonable que la declaración de
impacto ambiental no diga nada en ese sentido, porque si no tendríamos que volver a años atrás y comenzar el proceso de selección de alternativas.
Muchas gracias.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Entiendo que usted quiera una respuesta inmediata. ¿Sabe por qué estamos aquí hoy hablando sobre Vuelta Ostrera y su demolición? (Protestas por parte de la señora Castillo
López). ¿Sabe por qué?
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, respete el turno de palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Porque cuando se construyó precisamente no se siguió el procedimiento hasta sus últimos términos. Si hoy volviésemos a cometer el mismo error, volveríamos de nuevo a
generar más incertidumbre de la razonable certidumbre que los ciudadanos piden. Por eso, yo no voy a adelantarle cuál va ser el resultado de la tramitación ambiental, porque inmediatamente estaría contaminando el procedimiento y probablemente
generando un problema respecto de lo que debería ser una solución. Espero que lo entienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- ADOPCIÓN DE ALGÚN PLAN DE REVISIÓN DE LOS VERTEDEROS ESPAÑOLES PARA CONOCER SU IMPACTO AMBIENTAL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/006720).
AUTOR: CHAMORRO DELMO, RICARDO (GVOX)
BOCG, SERIE D, NÚMERO 165, DE 22 DE OCTUBRE DE 2020 PDF
(Número de expediente 181/000506).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a la última pregunta, la número 17. Entiendo que es el señor Gestoso quien la fórmula. Tiene la palabra.
El señor GESTOSO DE MIGUEL: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor secretario de Estado. Viene siendo ya una costumbre por parte de este Gobierno, y especialmente de este departamento, no contestar a las preguntas que hace la oposición, y ustedes, que son además especialistas en repartir
los carnés de demócratas a los demás, no cumplen con el más elemental deber de un Gobierno democrático, que es respetar la función de control que tiene consagrada en la Constitución la oposición parlamentaria. Toda aquella pregunta que no es de su
agrado, que supone una crítica a su sectaria y nefasta gestión, es ignorada. Toda petición de documentación acerca del despilfarro en chiringuitos o subvenciones a organizaciones de su cuerda es archivada, y no se responde jamás. Esta pregunta la
hicimos de forma escrita al amparo del Reglamento de la Cámara, y no obtuvimos respuesta alguna, lo mismo que con infinidad de ellas, por lo que hemos tenido que transformarla en oral para que respondan en Comisión o sigan sin hacerlo, como hacen
con nuestras peticiones escritas. Si ustedes hacen dejación de funciones no contestando, nosotros desde luego no la vamos a hacer no preguntando.
Esta pregunta va de vertederos, de la proliferación de vertederos ilegales por todo el territorio nacional, y la petición de este Grupo Parlamentario VOX es que el Gobierno de España ponga pie en pared ante el desbarajuste competencial entre
administraciones y la inacción de las comunidades autónomas en este descontrol. El ejemplo más palmario lo tenemos en la desastrosa gestión del Gobierno vasco del vertedero de Zaldívar, donde murieron dos trabajadores. Tras la muerte de los
mismos, quedó de manifiesto que parte de ese vertedero era ilegal y que carecía de licencia para muchas de sus actividades y tipos de residuos allí tratados. La prueba es que, tras años de ilegalidad y de dejación de funciones -insisto, de ese
Gobierno autonómico vasco-, tuvieron que morir dos personas para detener al dueño de la explotación ilegal por delito medioambiental precisamente. La pregunta que tenemos que repetir -porque, como digo, con sus tics cada vez más totalitarios
desprecian a la oposición no contestando sus preguntas- es: ¿Está el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, adoptando algún plan de revisión de los vertederos en España para conocer su impacto
ambiental? Porque la política medioambiental no es solo llevar a cabo su agenda climática, tan demoledora para nuestra agricultura, para nuestras industrias y para el futuro de España; política medioambiental también es cuidar el medio ambiente en
las demás facetas ajenas a chiringuitos y amigotes, como es vigilar lo que se vierte sin las mínimas condiciones de salubridad o seguridad para los españoles y la gestión eficiente de los recursos.
En 2019, España, bajo su gestión, fue el país con más infracciones medioambientales abiertas por la Unión Europea, desde la calidad del agua pasando por la contaminación o los ecosistemas, etcétera. Además, somos la nación de Europa que más
basuras sin tratar lleva a los vertederos, por lo que, ante esta demoledora evidencia, dejen a Greta por un tiempo y bajen a la realidad de los problemas de verdad de los españoles y de despilfarrar el dinero, nuestro dinero, en chiringuitos,
observatorios y demás, y céntrense en cuidar el medio ambiente de verdad, la calidad del aire, los ecosistemas, el medio natural o también el tratamiento de residuos o la promoción de nuevos regadíos, así como un nuevo plan hidrológico que cree
verdaderos sumideros de CO2 con la agricultura de primor. Dejen su política de despilfarro y gasten el dinero bien, porque millones de españoles se encuentran en la ruina por su culpa y por la de su nefasta gestión.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Bueno, veo que hemos cambiado el tono. (Risas). Está bien, no hay problema, no se preocupe. (El señor Gestoso de Miguel: ¡Es que no le veo la gracia!). Yo tampoco. No
quiero entrar en polémica con usted, sencillamente le he dicho que veo que hemos cambiado el tono; a mí me parecía más amable el anterior, y por supuesto no tiene ninguna gracia. Era lo que intentaba decir, con lo cual coincido con usted, no tiene
ninguna gracia.
Mire, de 2287 preguntas presentadas, y lo he dicho ya a lo largo de la sesión, de las 2287 preguntas escritas presentadas a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, hemos respondido 2269 en tiempo y forma y, por distintas razones, hay 18
que no se han podido contestar de esas 2287, una era esta suya. ¡Qué desastre! ¿No? De 2287 preguntas una sola no se ha contestado, y usted entiende que eso es
opacidad, una acción del Gobierno de denegar información a la oposición. Oiga, si en su vida usted es capaz de conseguir un cien por cien de aciertos en su actuación diaria, desde luego le felicito, porque yo a veces cometo algunos errores.
En este caso concreto le pediría contención, objetividad y que valore usted lo siguiente: si de 2287, una ha tenido que convertirse de escrita en oral, eso significa opacidad y denegación de información, lo asumo. Intentaré que la próxima vez ni
siquiera una se nos escape. En todo caso, algunos de sus compañeros que lo comentaban -todos ellos lo entendieron perfectamente- saben que la situación en la que se ha desenvuelto el trabajo del conjunto de las administraciones y de esta Cámara a
lo largo del año ha obedecido a una situación extraordinaria, que ha obligado a trabajadores y funcionarios de las distintas administraciones a hacer un esfuerzo considerable para poder llegar en tiempo y forma a dar respuesta absolutamente a todo.
Quiero poner en valor el esfuerzo que se ha hecho y que se traduce en estas cifras que yo le traslado aquí. No obstante, no le quepa duda de que intentaremos mejorar en la medida de nuestras posibilidades los resultados.
Con relación al fondo de la pregunta, ya que lo que pide es información, intentaré trasladarle la disponible en estos momentos. El Gobierno aprobó en julio el Real Decreto 646/2020, por el que se regula el depósito de residuos en vertedero,
que, además de trasponer la Directiva 850/2020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31, relativa al vertido de residuos, ha revisado la norma de 2001, hasta entonces vigente en la
materia, con el objeto de avanzar en economía circular, reducir las cantidades de residuos depositadas en esas instalaciones, reducir el impacto ambiental y sobre la salud humana, asociado a este tratamiento, clarificar el régimen jurídico de las
autorizaciones y mejorar la transparencia y la información sobre la cantidad y calidad de la información en materia de vertido.
En lo que respecta a la reducción del impacto ambiental y sobre la salud, el nuevo real decreto establece diferentes medidas, debiendo distinguirse, por una parte, entre aquellos preceptos que van orientados a fomentar el tratamiento previo
de los residuos y su correcta caracterización, como serían la definición del alcance del tratamiento previo de residuos para los residuos municipales y para los residuos de construcción y demolición, la futura elaboración de una orden ministerial en
la que se establecerán mínimos de tratamiento previo para los residuos municipales, la justificación caso por caso de las exenciones de tratamiento de residuos, el establecimiento de frecuencias mínimas de caracterización, el establecimiento de
requisitos mínimos de calidad para las caracterizaciones de residuos; y, por otra, aquellos preceptos que se orientan a hacer de los vertederos instalaciones de gestión de residuos más respetuosas con el medio ambiente y la salud de las personas,
como serían la obligación de informes preceptivos y vinculantes de los organismos de cuenca en el procedimiento de autorización, la limitación de superficie en los frentes de vertido, la consideración de la estabilidad geomecánica de la masa de
residuos en el procedimiento de autorización y en el de posclausura, el aseguramiento de la calidad de los procedimientos de vigilancia y control de los vertederos, tanto en fase operativa como en periodo posclausura, la futura elaboración de una
instrucción técnica complementaria, a ser aprobada por orden ministerial, que permita determinar el momento en que un vertedero clausurado deja de constituir un riesgo para el medio ambiente.
Una vez aprobado el real decreto y dado que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, son las comunidades autónomas las autoridades competentes para la
autorización, vigilancia, inspección y sanción, y conforme a lo regulado en la disposición transitoria única del Real Decreto 646/ 2020, de 7 de julio, deben ser las administraciones autonómicas las que procedan a revisar las autorizaciones de los
vertederos existentes aplicando el nuevo real decreto.
Sabe usted que en estos momentos ha pasado el trámite de primera lectura en Consejo de Ministros la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, se ha sometido al trámite de información pública, y se han recogido del orden de unas cinco mil
aportaciones, que se están evaluando. De ahí, una vez que se ajuste el texto con las aportaciones recibidas, pasará a segunda lectura en Consejo de Ministros, y confiamos en remitir a la Cámara en el primer semestre del próximo año un nuevo
proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que, entre otras cuestiones, haga trasposición de la directiva europea, para lo cual se ha solicitado a la Comisión un informe, para el cual tiene un plazo de tres meses para pronunciarse, en
relación con la materia que es objeto de trasposición, prácticamente la que afecta a residuos plásticos. Con esto y el acompañamiento del conjunto de reales decretos y órdenes ministeriales que a su vez van haciendo trasposición de las directivas
europeas en materia de gestión de determinados lineales de residuos, confiamos en que a lo largo del próximo año, a más tardar a inicios del siguiente,
podamos contar con una nueva estructura normativa para la gestión de residuos en nuestro país, dando así cumplimiento a los requerimientos que la Comisión Europea establece.
Muchas gracias.
El señor GESTOSO DE MIGUEL: ¿Me queda tiempo, no, señor presidente?
El señor PRESIDENTE: Sí, tiene la palabra.
El señor GESTOSO DE MIGUEL: Simplemente, tengo que decirle que no está siendo exacto. No le voy a decir que está mintiendo, pero no está diciendo la verdad, porque no es solo una pregunta de VOX la que se ha quedado en ese ministerio sin
contestar...
El señor PRESIDENTE: No se oye bien.
El señor GESTOSO DE MIGUEL: Que no le voy a decir que está mintiendo, pero sí que no dice del todo la verdad, porque hay infinidad de preguntas de VOX que se han hecho a su ministerio que no han sido respondidas, entre otras materias y lo
puede usted comprobar, sobre el trasvase del Tajo; sobre el Mar Menor y todos los disparates medioambientales que se están haciendo allí; preguntas relativas a la gestión de golas y a medidas urgentes que se debían haber tomado este verano en esa
comarca y que no se han tomado; sobre la criminalización que a través de sus leyes están haciendo de la agricultura. Todas ellas son preguntas que no han respondido, así que no me venga aquí como perdonándonos y diciendo que solo se ha quedado una
pregunta sin responder. No, no se ha quedado solo una pregunta, se han quedado un montón sin responder. Y no solo esas, sino también en Interior. En Interior y en su departamento también toman a la oposición por tontos...
El señor PRESIDENTE: Señor Gestoso, tiene que...
El señor GESTOSO DE MIGUEL: Contestan con un párrafo tipo a todas las preguntas; les pregunten sobre el vino o sobre La Mancha.
El señor PRESIDENTE: Señor Gestoso, por favor, ¿me deja hablar un momento?
El señor GESTOSO DE MIGUEL: Sí.
El señor PRESIDENTE: Señor Gestoso, tiene que remitirse al tema de la pregunta. Las preguntas que han llegado aquí son las que reglamentariamente han llegado. No es responsabilidad del secretario de Estado lo que pase en Interior, así
que, por favor, remítase al tema de su pregunta.
El señor GESTOSO DE MIGUEL: Vamos a ver, el asunto de esta pregunta es que esta pregunta se ha tenido que repetir por la falta de transparencia del Gobierno, y eso es lo que estoy denunciando en este momento. No me puede decir el señor
secretario de Estado que tiene solo una pregunta por contestar, porque pasa lo mismo en la Comisión de Interior, donde no responden cuando hemos pedido información sobre cuestiones de inmigración, por ejemplo, del Open Arms, ya que hemos solicitado
que nos manden toda la documentación del barco, de subvenciones, de legalidad, etcétera, y no la mandan ni responden. Nos ocurre igual con todos los chiringuitos que denunciamos, de los que pedimos información de las subvenciones y demás
cuestiones, y que jamás contestan ni prestan información...
El señor PRESIDENTE: Señor Gestoso, la pregunta iba...
El señor GESTOSO DE MIGUEL: Por eso le digo que esta pregunta está dentro de ese marco de no contestar a las preguntas y que, al final, las tenemos que convertir para responder por escrito.
El señor PRESIDENTE: Ya ha explicado el marco, le ruego que se remita a la cuestión.
El señor GESTOSO DE MIGUEL: No, no lo ha explicado. Ha dicho una cosa, señor presidente, que no es cierta, y es que solo hay una pregunta que se le ha quedado por contestar. Pues mire bien en los cajones, porque se ve que le han escondido
en algún cajón el resto de las preguntas de VOX.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: No sé si quiere decir algo para terminar, señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): ¿Qué hora es? (Pausa).
A estas horas deberíamos estar todos un poco más reposados, y no me lo tome usted a mal. (El señor Gestoso de Miguel: Está España para acostarnos a dormir la siesta, señor secretario).
El señor PRESIDENTE: Señor Gestoso, por favor, respete el derecho a hablar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): He intentado responderle en los términos en los que usted hizo la pregunta y la dividió en dos ámbitos: por un lado, empezó hablando de las preguntas que han tenido que
transformarse en oral, en concreto esta, porque no se ha respondido por escrito, y yo le he dado datos objetivos. Le he dicho que en lo que va de año se han respondido por parte de la secretaría de Estado 2269 preguntas. Esta es la única de su
grupo que se ha transformado a oral, porque en total han sido dieciocho: diecisiete del Grupo Popular y esta suya. En cuanto a las diecisiete del Grupo Popular, el Grupo Popular lo ha entendido perfectamente y, en el marco en el que estamos
trabajando este año en este país, creí que usted también lo entendería. No obstante, ya le he dicho que tiene usted toda la razón, que no debería haberse transformado en pregunta oral, sino que debería haberse respondido por escrito. Lo lamento
mucho, señoría. Intentaré -no quería repetir la frase- que no vuelva a ocurrir. En todo caso, en la parte que toca el fondo de la cuestión, entiendo que se da usted por satisfecho, porque no ha cuestionado ni uno solo de los elementos de
explicación que le he dado, con lo cual entiendo que queda usted satisfecho con la respuesta.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por sus respuestas a estas preguntas.
Sin más temas que tratar, levantamos la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.