CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 175

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª BEATRIZ MICAELA CARRILLO DE LOS REYES

Sesión núm. 3

celebrada el miércoles,

14 de octubre de 2020

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes. Mesa Comisión:


- Elección de la Vicepresidencia Segunda de la Comisión (Número de expediente 041/000037) ... (Página2)


- Elección de la Secretaría Segunda de la Comisión (Número de expediente 041/000037) ... (Página2)


Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente
042/000001) ... (Página3)


Ratificación del acuerdo de la Mesa sobre las siguientes solicitudes de comparecencia de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, a efectos del artículo 44 del Reglamento:


De la señora delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (Rosell Aguilar):


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000473) ... (Página3)

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- Para explicar las medidas y actuaciones que dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha puesto en marcha desde su toma de posesión. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
212/000449) ... (Página3)


Celebración de las comparecencias votadas favorablemente por la Comisión ... (Página4)


Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:


- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA COMISIÓN (Número de expediente 041/000037).


- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA SEGUNDA DE LA COMISIÓN (Número de expediente 041/000037).


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.


Bienvenidas y bienvenidos a todos los miembros de esta Comisión del Pacto contra la Violencia de Género que celebramos hoy. Se abre la sesión con los cinco puntos del orden del día que vamos a tramitar.


Vamos a pasar al primer punto y el segundo punto del orden del día, elección de los cargos vacantes de la Mesa, la vicepresidenta segunda y la secretaria segunda de la Comisión. Se ha hecho una propuesta a esta Presidencia al objeto de
proceder a la votación de estos cargos por asentimiento. ¿Hay algún grupo que tenga alguna objeción?


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Sí, nosotros solicitamos que se vote.


La señora PRESIDENTA: Perfecto.


La elección se realizará mediante votación secreta por papeletas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 y 87.2 del Reglamento del Congreso. Por favor, como vamos a pasar a la votación, necesito que si hay algún diputado que
esté sustituyendo a algún miembro de esta Comisión lo comunique y la letrada pasará a llamar nominalmente para que realicemos la votación en la urna.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Presidenta, en cualquier caso, aunque se haya solicitado la votación por urna, ¿podría decir la propuesta que se ha llevado a la Mesa, por favor?


La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Popular, de la vicepresidencia y de la secretaria; y del Grupo Parlamentario VOX, la propuesta... (La señora Toscano de Balbín: Es que estoy hablando con mi compañero.-Pausa). Va a haber dos
votaciones, la vicepresidencia segunda, a cuya votación vamos a proceder ahora mismo.


Señorías, vamos a suspender la sesión durante cinco minutos por una cuestión solo de intendencia, ya que queremos ordenar los apellidos que hay en la lista de los parlamentarios de esta Comisión para no tener ninguna dificultad a la hora de
ir diciendo los nombres de los parlamentarios que vienen a sustituir a otros compañeros miembros de esta Comisión. (Pausa).


Señorías, reanudamos la sesión. Se procederá, en primer lugar, a la elección del cargo de vicepresidenta segunda, según lo dispuesto en los artículos 37.2 y 87.2 del Reglamento del Congreso. La señora letrada llamará nominalmente a los
miembros de la Comisión para que depositen sus papeletas en la urna y, una vez concluida la votación, se procederá al escrutinio de los votos.


Por la señora letrada se procede a la lectura de la lista de las señoras y los señores miembros de la Comisión, presentes y sustituidos.


Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo


La señora PRESIDENTA: El resultado de la votación ha sido el siguiente: doña Margarita Prohens, 29 votos; doña Carla Toscano, 5 votos; votos en blanco, 1.

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Como consecuencia, queda proclamada vicepresidenta segunda la señora diputada doña Margarita Prohens. Felicidades, enhorabuena. (Aplausos). La invito a que ocupe su cargo en la Mesa. (Así lo hace la nueva miembro de la Mesa).


A continuación, procedemos a la elección de la secretaria segunda de la Comisión. Cada miembro consignará también un solo nombre en la papeleta de votación.


Por la señora letrada se procede a la lectura de la lista de las señoras y los señores miembros de la Comisión, presentes y sustituidos.


Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo


La señora PRESIDENTA: El resultado de la votación es el siguiente: la señora Moraleja, 29 votos; la señora Nevado, 5 votos, más un voto en blanco.


Queda proclamada la señora diputada Moraleja, a la que invito a que tome su lugar en la Mesa y a la que transmito también la felicitación y mi enhorabuena por su responsabilidad. (Aplausos.-Así lo hace la nueva miembro de la Mesa).


DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente
042/000001).


La señora PRESIDENTA: Una vez finalizado el primer punto del orden del día, pasamos al segundo punto, relativo a la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del
Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983.


Se somete a consideración de la Comisión la adopción de este acuerdo de la delegación, que son dos fórmulas, condicionada e incondicionada. En primer lugar, se someterá a votación la delegación condicionada mediante mano alzada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: A continuación, se somete a votación la delegación incondicional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 15; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la delegación de las competencias de carácter incondicional.


RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA SOBRE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE COMPARECENCIA DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO:


DE LA SEÑORA DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (ROSELL AGUILAR):


- PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000473).


- PARA EXPLICAR LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES QUE DENTRO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO HA PUESTO EN MARCHA DESDE SU TOMA DE POSESIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
212/000449).


La señora PRESIDENTA: El tercer punto del orden del día es la ratificación de las siguientes comparecencias de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que fueron aprobadas por la Mesa de la Comisión en su reunión del pasado
30 de septiembre: a petición propia, para informar sobre

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las líneas generales de la política de su departamento; y para explicar las medidas y actuaciones que dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha puesto en marcha desde su toma de posesión, solicitada por el Grupo Popular.
Pregunto a esta Comisión si está de acuerdo con las comparecencias, las cuales se tramitarán conjuntamente. Espero que estemos de acuerdo. (Risas.-Asentimiento).


Vamos a suspender un minuto para recibir a la delegada del Gobierno. (Pausa).


CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS VOTADAS FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN.


La señora PRESIDENTA: Retomamos de nuevo la sesión.


Una vez ratificada la celebración de la comparecencia, quisiera darle la bienvenida, como no puede ser de otra manera, a la delegada del Gobierno. Es un placer, delegada. Quisiera pedirle disculpas por el retraso que hemos tenido. Ella
conoce esta casa y entenderá que, al finalizar el Pleno tan tarde, corríamos el riesgo de que pudiera retrasarse el comienzo de la sesión.


Además, como hace muy poco tiempo celebramos el tercer aniversario del cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, quiero aprovechar para ponerlo en valor porque consagra, entre otras cosas, el espíritu democrático de
todas las fuerzas políticas. Cuando hay voluntad de unidad, cuando hay voluntad de coordinación, sabemos responder políticamente a las aspiraciones que tiene la ciudadanía. En este caso, quiero reconocer la gran labor que desarrollaron todos los
grupos parlamentarios para conseguir este gran acuerdo de Estado, con el objetivo de poner fin a la violencia machista. También quiero agradecer la presentación por la delegada del Gobierno de la gran macroencuesta, que es la primera que se
presenta a este nivel de relevancia estadística, para conocer los datos sobre los tipos de violencia, con esos resultados, como decía la ministra, demoledores y escalofriantes: una de cada dos mujeres ha sufrido violencia machista a lo largo de su
vida.


Por lo tanto, sin más dilación -porque sabemos que vamos muy retrasados y tenemos muchas ganas de que la delegada del Gobierno comparta la información que considere pertinente para que todos los grupos parlamentarios podamos conocer las
prioridades del Gobierno en materia de violencia de género-, tiene la palabra la delegada del Gobierno.


No quiero retrasar su intervención, pero por cuestión de intendencia, quiero indicar que, una vez finalizada la intervención de la delegada del Gobierno -que, como saben, tiene un tiempo ilimitado-, los grupos parlamentarios tendrán un turno
de diez minutos. Una vez respondidas todas las consideraciones de los grupos parlamentarios, habrá un segundo turno de tres minutos para cada grupo que considere oportuno intervenir.


Sin más, tiene la palabra la delegada del Gobierno.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): Gracias, señora presidenta.


Es un honor para mí comparecer ante esta Comisión como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, a petición propia, cumpliendo un deber democrático y un deseo desde que tomé posesión del cargo, aunque las complicaciones derivadas
de la crisis sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19 no lo han permitido hasta hoy.


Permítame que mis primeras palabras sean de reconocimiento a todas las personas que están sufriendo más directamente esta pandemia y a todas las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Vaya mi recuerdo y homenaje, en primer
lugar, a las mujeres asesinadas, víctimas de la violencia machista en España, y a sus hijos e hijas. Como saben, 1069 mujeres han sido asesinadas desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy; 36 asesinadas en 2020. Sepan también que la última
víctima confirmada por la Delegación del Gobierno lo es como resultado de la investigación de un juzgado de Instrucción de Algeciras de un supuesto siniestro de tráfico, que no se computó inicialmente como violencia, pero que se derivó al Juzgado de
Violencia sobre la Mujer por resultar que de la autopsia se deducía que había fallecido entre 24 y 36 horas antes de que él estrellara la autocaravana. Prosiguiendo con las cifras, son 37 los menores asesinados desde el 1 de enero de 2003 -que es
desde cuando se computaran estas víctimas, niños y niñas-, hasta el día de hoy; 3 asesinados en 2020. Y 295 los niños y niñas huérfanos desde el 1 de enero de 2003 hasta hoy; 17 en lo que llevamos de 2020.


Estas cifras, que conocemos más que otras, ponen de manifiesto la cara más trágica y más visible de la violencia de género, pero también es mi deber no reducir la magnitud de la violencia de género, ni siquiera de los feminicidios, a las
víctimas de sus maridos, parejas o exparejas, que es el ámbito estricto

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de la actual Ley Orgánica 1/2004, pionera y reconocida internacionalmente, pero de hace más de quince años, y cumplir así los compromisos internacionales, en particular el convenio del Consejo de Europa conocido como Convenio de Estambul, de
2011, asumido por estas Cortes Generales el 19 de febrero de 2014, autorizando el consentimiento del Estado, y en vigor desde el 1 de agosto de 2014 en España. Conforme a los artículos 10 y 96 de la Constitución, ese tratado nos obliga como derecho
interno y a promover reformas legales. Y conforme a ese mandato, deseo hacer visibles en esta comparecencia y en el día de hoy a todas las víctimas, porque una inmensa mayoría siguen vivas y nos necesitan; no están muertas.


Ya desde el Real Decreto-ley de 6 de julio de 2018 se ampliaron las competencias de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a todas las formas de violencia contra las mujeres. Son las víctimas de todos los actos de
violencia física, psíquica, sexual y económica, incluidas la amenaza, la coacción en la vida pública o privada por el hecho de ser mujer o que nos afecta a las mujeres de forma desproporcionada, incluyendo en el concepto de mujer -Convenio de
Estambul- a las niñas menores de dieciocho años. Solo quedan fuera de este ámbito de violencia la trata de seres humanos, pero porque a ello se dedicó el previo Convenio del Consejo de Europa para la eliminación de la trata, conocido como Convenio
de Varsovia, de 2005, en vigor en España desde el 1 de agosto de 2009, es decir, cinco años antes. Pero la trata de seres humanos con fines de explotación sexual también es competencia de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género,
sin perjuicio siempre de las competencias de otras instituciones, particularmente en la persecución de las violencias que son constitutivas de delito. Por todo ello, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tenemos la firme
voluntad de seguir avanzando en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.


Les hablaba de las víctimas vivas. Me consta que tanto ellas como las entidades que las apoyan siguen con interés este y otros actos de comparecencia o del Poder Legislativo. Por eso me parece exigible, con el máximo respeto hacia esta
institución que representa al conjunto del pueblo español, que, por respeto a todas ellas, nunca tengan que asistir a expresiones que las humillen, las cuestionen o las invisibilicen, aumentando su dolor con violencia institucional.


Sean mis siguientes palabras de reconocimiento a sus señorías, componentes de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, ya que el cumplimiento y desarrollo de las medidas
de este pacto, así como la lucha contra las violencias machistas, nos involucran a todos los poderes del Estado y a todos los niveles de la Administración y nos interpela a toda la sociedad. Confío en el compromiso común, que nos dignifica como
país a la vanguardia de los derechos humanos, de respetar el pacto de Estado como punto de partida y de cumplirlo, asentando lo que fue un programa común irrenunciable para convertirlo en realidades jurídicamente vinculantes para todos los
responsables institucionales y sociales. El Poder Legislativo que ustedes representan, mediante la aprobación de leyes que garantizarán la protección integral para todas las violencias machistas que quedaron en aquel momento postergadas del
consenso que presidió la Ley Orgánica 1/2004, entre ellas la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual en trámite, y la futura ley integral contra la trata de seres humanos, que es un acuerdo de este Gobierno de coalición feminista y
comprometido con los derechos humanos y los principios constitucionales, valga la redundancia. Y los poderes ejecutivos, tanto el Gobierno central como los de las comunidades autónomas y entidades locales, a quienes corresponde la ejecución y la
gestión.


Hasta el momento he de decirles que mi experiencia -mi grata experiencia- ha sido contar con el compromiso político de todas las instituciones contra las violencias de género, la cooperación desde el respeto competencial y un magnífico
trabajo conjunto en todos los espacios de coordinación interinstitucional, incluso no ceñido al rígido armazón de los espacios formales de coordinación. También he contado con el compromiso de los espacios de participación de las entidades de la
sociedad civil, que son tan importantes, y, en particular, el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género y el Foro Social contra la Trata, ambos presididos por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. También se han
celebrado reuniones menos concurridas con las entidades que lo han ido solicitando, incluso desde antes de que tomáramos posesión, y se han realizado en la medida de nuestras posibilidades. He de agradecer el apoyo y la asistencia constante a todo
el equipo del Ministerio de Igualdad, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, y de los demás centros directivos con rango de dirección general, de diversidad sexual y derechos LGTBI, de diversidad étnico racial, y del
Instituto de la Mujer. Y la comprometida receptividad de todo este Gobierno con las propuestas realizadas por la delegación en sus múltiples campos de actuación, con la perspectiva de

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género que ha de atravesar -y atraviesa actualmente- todas las políticas, desde la sanitaria a la laboral, la de derechos sociales, la de inclusión, la de educación y formación profesional, de consumo, económica, presupuestaria, de interior
y exteriores, de justicia; todas. Así como la lealtad institucional y la cooperación del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía de Sala contra la Violencia de Género, con quienes
desde el primer día, y también durante el estado de alarma -e incluso en fines de semana, como recordábamos esta mañana en una videoconferencia oficiada por el Ministerio de Justicia a la que han asistido ambas representantes-, han demostrado su
disponibilidad ante cualquier eventualidad que podría determinar que nuestro acuerdo mejorara la situación de las víctimas de violencia y de sus hijas e hijos. Asumo que mi deber principal en la comparecencia ante esta Comisión es dar cuenta de las
actuaciones de la delegación en el desarrollo efectivo y seguimiento de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, en segundo lugar, compartir los proyectos para impulsar su cumplimiento.


Comienzo, por lo tanto, por las actuaciones de desarrollo y seguimiento del pacto. Lo voy a desglosar por ejes, centrándome en aquellas medidas que son competencia de la delegación -o al menos del Gobierno central- y las referencias las
hago al número de medidas que salieron del informe del Congreso. Es complicado exponer todas las medidas llevadas a cabo y las proyectadas, incluso decidir entre exponer las que se han hecho y decir qué medidas se cumplen, o bien intentar
acomodarlas a los ejes, pero hemos decidido que esto último es mejor para el seguimiento precisamente de los miembros de esta Comisión, que conocen el pacto, sin perjuicio de que hay que entender que ha de culminarse entre todas las comunidades
autónomas un seguimiento del pacto con un sistema objetivable y una aplicación informática de índices que nos evite estas exposiciones un poco teóricas sobre dónde encajamos cada medida que creemos estar cumpliendo o haber cumplido. Hay medidas
que, honestamente, no podemos considerar cumplidas, pero algunas sí se cumplirán notoriamente con los proyectos en marcha actualmente de la delegación y del conjunto del ministerio, que será el tercer bloque de la intervención.


El primer eje, la ruptura del silencio: sensibilización y prevención, lo componen un total de cincuenta y cinco medidas, como saben, relacionadas con la educación y la formación como instrumentos de prevención de la violencia machista, las
campañas de sensibilización y el papel esencial que desempeñan los medios de comunicación. El proyecto de ley orgánica por la que se modificó la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, está ahora en trámite en el Congreso de los Diputados. La reforma
incluye actuaciones encaminadas a dar respuesta a medidas de este eje, como la 3, de inclusión y reforzamiento de los valores igualitarios -tan importante-; la 4 del pacto, relativa a incluir en todas las etapas educativas la prevención de la
violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual, y de igualdad; la 5, relativa a promover en los centros educativos talleres y actividades formativas para la prevención de la violencia sexual. A
estas dos medidas, 4 y 5, también contribuye el desarrollo conjunto por los ministerios de Interior y de Igualdad del Plan director de convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, mediante explicaciones sobre
violencia contra las mujeres, que se imparten por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por las unidades de coordinación y de violencia de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno que dependen funcionalmente de la delegación.


Este proyecto de ley orgánica de reforma de la educación también incluye disposiciones para dar cumplimiento a la medida 21, que exige a los centros educativos que en el proyecto educativo de centro se incluyan contenidos específicos de
prevención de la violencia de género y que el Consejo Escolar realice su seguimiento; la medida 6, que insta a designar responsables de coeducación; la medida 20 del Congreso, sobre protocolos de detección precoz en el ámbito educativo, y la 22,
que exige que el proyecto de dirección incluya, entre otros, contenidos en materia de igualdad y prevención. Respecto a la medida 7 de este eje, si bien compete a la Inspección educativa que los planes de convivencia contra el acoso escolar
incorporen actuaciones contra la violencia, sí quería compartir con ustedes que consideramos que avanza desde la Administración General del Estado y su propuesta a las comunidades autónomas -que también se ha hecho en reuniones conjuntas-, con un
trabajo conjunto de la Agencia Estatal de Protección de Datos y el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el propio Ministerio de Igualdad, que acordamos desde el verano viendo la situación y las dudas que generaba el retorno a las aulas,
más el control de la violencia que se había desarrollado durante la pandemia, para garantizar un comienzo de curso seguro contra el acoso y otras violencias digitales. Esa campaña que están viendo en redes sociales, en anuncios, que dice 'el
control es tuyo, que no te controlen', se dirige a menores y

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mayores, a padres y madres y a equipos educativos, y permite, con enfoque de género, actuar directamente con los grandes servidores y proveedores de contenidos en Internet. La difusión del canal prioritario de la Agencia Estatal de
Protección de Datos es realmente una herramienta muy eficaz para la pronta retirada de fotos, vídeos o audios de contenido sexual violento o humillante, que tanto daño hacen a las víctimas una vez que se difunden.


Siguiendo con el ámbito educativo, el Real Decreto 430/2019, de 12 de julio, sobre umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, ya previó medidas a favor de los hijos e hijas de mujeres víctimas de
violencia de género, cumpliendo con la medida 11. Para el próximo curso, en el nuevo real decreto sugerimos unas mejoras, consistentes en aumentar los límites de edad y otros para no dejar atrás a los hijos e hijas víctimas de la violencia de
género. Otras medidas son de exigencias curriculares: la 14, para acceso al profesorado; la 15, para formación permanente, y la 19, sobre repositorio de buenas prácticas. Competen al ámbito educativo, por tanto, a las comunidades autónomas y, en
su caso, a la Conferencia Sectorial de Educación, pero la delegación directamente, y a través de las unidades de coordinación y de violencia y en coordinación con las comunidades autónomas, se ha ofrecido a colaborar con estas actividades de
formación y a facilitar el material del que disponemos, coadyuvando así al cumplimiento de estas medidas, a las cuales también se pueden destinar fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es importante, porque es una buena práctica
que observamos en muchos Gobiernos autonómicos, que, aunque después los proyectos los justifican conjuntamente como acción de Gobierno, a través de la Consejería de Igualdad o del Instituto de la Mujer u órgano equivalente de las comunidades
autónomas, se compartan proyectos o se dirijan a otras consejerías, sobre todo si es a la de educación, porque aunque la justificación es una, es una buena práctica para el empleo de los fondos del pacto de Estado, ya que son medidas que están en él
incluidas.


Respecto a las campañas de concienciación, ya saben que se llevan a cabo cada año por la delegación, son las medidas 23 y 30. En 2018 se dirigieron a la violencia sexual, que es la medida 186, a la adolescencia, que es la media 25, y una
contra la trata, medida 197. En 2019 se escogió dirigirse también a la violencia sexual, otra a la población general, que sería la medida 23, y otra a adolescentes. Y en 2020 ya se está llevando a cabo, aunque no emitiéndose aún -están terminados
los trabajos-, una campaña institucional para la prevención de la violencia machista en el marco de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, que ya se emitió durante el estado de alarma, que entendemos que cumplía la medida 24. Se publicitó una
guía para las víctimas de violencia de género en el estado de alarma que primero pudo ser solo en redes sociales hasta que pudimos emitir anuncio en televisión y radio a finales de mayo, pero se hizo con carteles editables, como dice la medida, que
ofrecían pautas para la actuación de las víctimas y se identificaban las situaciones de riesgo durante todo el estado de alarma promulgado por el Real Decreto-ley 463/2020. Actualmente, como les decía, se están ultimando los trámites para la
difusión en noviembre de tres nuevas campañas, una irá dirigida a la población general, otra también al público adolescente y por primera vez una dirigida especialmente a los hombres. Las de población general y adolescente cumplen las mismas
medidas, 23 y 25. La medida 26 habla de poner el foco en el maltratador, pero esta campaña de lo que trata es de prevenir actuaciones potenciales de violencia de género que quizá no se identifican como tales con facilidad en esta sociedad machista
en la que hunde sus raíces la desigualdad. Quizá decir, gritar, acosar y humillar es violencia, desde luego, es violencia de inferior grado que un feminicidio sexual, pero nos parece importante también hacer a los hombres partícipes de estas
campañas y así lo hemos decidido y lo estamos llevando a cabo.


La medida 27 se refería a campañas en centros sanitarios, consultas, farmacias y otras plataformas, y esto fue esencial para enviar esos carteles editables durante esos días del estado de alarma en que estábamos en confinamiento total. Los
hicimos en los idiomas autonómicas y además en los idiomas más comunes en algunas zonas, sobre todo turísticas, pero también con mucha prevalencia de inmigración. Como no acaba una de aprender del todo, y mira que llevo años en esto, las chinas,
después de poner unos teléfonos móviles, nos dijeron: Poner un código QR porque, si no, no lo leemos. Humildemente les digo que una sigue aprendiendo cómo dirigirse a todos los ámbitos de mujeres para que a todas les llegara esa campaña. La
verdad es que para mí fue una satisfacción, dentro de lo mal que lo estábamos pasando, poder enviar carteles editables a empresas que vimos que los pusieron y a los pocos espacios abiertos que eran justo supermercados, farmacias y muy pocas tiendas
de productos que tenían que contener alimentación y a los centros sanitarios. Ver nuestros carteles editables en esos idiomas y en esos espacios era una llamada a que, pese a que parezca que todo se está cayendo, puedes salir, puedes venir aquí y
pedir ayuda. Se publicitaban, sobre todo, como saben, el 016 online y esos WhatsApp de

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emergencia de apoyo psicológico y de contención emocional que tuvimos que emprender de inmediato. El día 16 de marzo estábamos cambiando los contratos porque no estaba previsto el teletrabajo y entonces las operadoras del 016 habrían
enfermado en una sala de ochenta o cien metros cuadrados por sus turnos laborales. Lo he comentado varias veces en medios y cuando me han preguntado, esa prevalencia brutal de los medios de pedir ayuda o asistencia y asesoramiento silenciosos, la
prevalencia del WhatsApp y sobre todo del 016 online, con una subida el primer mes en el estado de alarma del 486 %, nos indicaban mujeres que no podían desde su propia casa hacer una llamada en voz alta. Y además la ONU, después de haberlo hecho
nosotros, admitió y reconoció esta modalidad como una buena práctica. También implicamos a las entidades locales, como dice la medida 29, en los materiales y en campañas que fueron a través de la FEMP; se fueron a comunidades de vecinos y había
comunidades de propietarios que ponían los carteles. Puede parecer un trabajo muy de hormiguita, pero en esos momentos las redes, con todo lo que significan las redes, tenían que funcionar tanto las digitales como lo que siempre hemos llamado
redes, las reales, las personales, esas comunidades.


Respecto a las medidas 31 y 33 sobre sectores vulnerables, yo tengo que admitir que en una situación tan lamentable como en la que están las personas refugiadas, cuesta decir que hayamos conseguido hacer poco con ellas y llegar con estas
medidas contra la violencia de género, pero apoyamos, escuchamos e interactuamos con las entidades especializadas y proyectos contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluidos los fines de prevención y sí que planteamos en
una reunión con la OAR, con la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, ofrecerles unos criterios muy rigurosos elaborados por el Alto Comisionado de Acnur para afrontar las entrevistas de asilo, refugio y protección internacional con
perspectiva de género. Nos ofrecimos para formar a los instructores de asilo, tanto a los formales, por oposición, que son un cuerpo evidentemente con una formación notable, como a los informales, que son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
que están en los demás lugares que no son Madrid, están en frontera y no tienen esta formación especializada. Nos parece esencial porque son quienes tienen contacto con las mujeres y a veces en condiciones más duras que el resto. Ya conocen otras
actuaciones de sensibilización. Ahora mismo nos tenemos que embarcar con las del 25 de noviembre. Ya estamos preparando algunos actos, un homenaje a las víctimas y seminarios y conferencias de apoyo para formación en la violencia contra las
mujeres; asimismo apoyamos los actos que organizan las unidades de cada Delegación del Gobierno en cada territorio. Mi sueño sería que pudiéramos hacer un acto conjunto, un acto de país. Creo que les debemos hasta un homenaje de Estado a todas
las víctimas. Ojalá fuera simultáneo.


El eje 2 es la mejora de la respuesta institucional, la coordinación y el trabajo en red. Estas son medidas igual más fáciles de enunciar y realmente en las que nos dejamos mucha energía por el camino. Creemos que con la reestructuración
de los departamentos ministeriales y que desde enero de 2020 haya Ministerio de Igualad, se da cumplimiento, como hubo en su día, a la medida 57 del informe de la subcomisión. Participamos conforme a la medida 58 en el desarrollo y también en la
elaboración del plan de igualdad de la Administración General del Estado.


En cuanto a la inclusión de otras asociaciones en representatividad específicamente -según dice la medida 59- de las mujeres rurales, contamos con Fademur, entre otras. Precisamente mañana se celebra el día de la mujer rural y pasado
mañana, el 16 de octubre, presentamos con ellas el estudio elaborado con Fademur, con el apoyo de la delegación, sobre víctimas de violencia de género en el mundo rural, con un altísimo grado de violencia psicológica y de control y de permanencia
con el agresor, con un tiempo medio de veinte años con un agresor que ya reconocen como tal. Una de las principales demandas en el pacto de Estado en este ámbito de la mejora de la respuesta institucional ya se cumplió con el Gobierno
inmediatamente anterior surgido de la moción de censura, la recogida en sus medidas 62 y 63, el famoso título habilitante que, aunque esta expresión nos pueda gustar más o menos, es la reforma por Real Decreto-ley 9/2018 para ampliar los títulos
únicamente judiciales habilitantes para acreditar la condición de víctima de violencia de género y establecer títulos no judiciales, al menos a efectos socioasistenciales en casos en los que no haya denuncia y tampoco procedimiento judicial abierto.
Saben que provengo del mundo judicial con más de veintidós años de carrera judicial, no dice nada malo del sistema policial y judicial admitir -porque los datos lo corroboran y la macroencuesta también lo corrobora- que es una puerta estrecha para
muchas mujeres y para las más vulnerables a veces una puerta que ven cerrada. El que cada vez haya más mujeres que tengan -con más servicios especializados con esa red asistencial de las comunidades autónomas que dan asistencia directa y, por
supuesto, de los ayuntamientos y de la Federación Española de Municipios y Provincias- la posibilidad de acceder sin

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cargar con la mochila de acreditar el maltrato ante distintas ventanillas cuando además el Convenio de Estambul nos exige que no pese sobre los hombros de las víctimas su propia protección y no dependa de la denuncia, es un paso esencial que
se ha dado. Lo ha dado este equipo de Gobierno, pero yo veo en todas las delegaciones del Gobierno contra la Violencia de Género una línea de continuidad, que no separo por legislaturas. Cuando hay esa línea y se abren otras puertas para las
mujeres, son puertas que quedan abiertas, y es de agradecer, porque estamos cumpliendo con el Convenio de Estambul.


Las medidas 64 y 67, de acompañamiento y asistencia social integral y apoyo psicológico, competen a las comunidades autónomas. Ya les he contado que, en cuanto se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, nos pusimos en contacto, pero no
solo con VioGén, sino también con las empresas, para permitir el teletrabajo, un contrato de emergencia para el WhatsApp. El día 16 pedimos a todas las comunidades autónomas que nos actualizaran los servicios de atención integral y todas nos
contestaron en veinticuatro horas. Pudimos actualizar el mapa de servicios en la web de la delegación y decírselo también al sistema VioGén, a Interior, que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad. Esto significaba que en pleno estado de
alarma ninguna mujer iba a acudir a un servicio que no estuviera operativo, porque, si se encuentran cerrados esos servicios de apoyo y de asistencia integral, las puedes perder, en el sentido metafórico y en el real. El esfuerzo conjunto fue digno
de elogio y no fue nuestro; fueron las comunidades autónomas las que informaron en ese exiguo plazo y las que lo fueron actualizando conforme la pandemia iba afectando a recursos, a plazas, etcétera. Se iban actualizando constantemente y buscando
más soluciones.


En este eje hay un conjunto de medidas también en el ámbito laboral. Respecto a la 75, yo creo que se cumplió con la reforma de la Ley Orgánica 3/2007 y el Real Decreto 6/2019, para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades
entre hombres y mujeres en el empleo y en la ocupación. Asimismo, la media 77 ha previsto los planes de igualdad en la prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Pero quiero detenerme un momento en subrayar que las normas laborales, a
cuya aprobación estamos asistiendo en estos días, ayer mismo, para la igualdad, son también medidas contra la violencia de género. Si la violencia de género es la consecuencia más sangrante -nunca mejor dicho- de la desigualdad, las medidas de
igualdad retributiva, contra la brecha salarial, de corresponsabilidad, todas las medidas de cuidados institucionales, de políticas públicas de cuidados, al igual que las que permiten a las mujeres el acceso a un ingreso mínimo vital o a una renta
garantizada, son las que ayudan a romper ese círculo de dependencia en la que se basa la violencia de género. Son medidas de prevención y son medidas de salida de la violencia de género. Así que los reales decretos que regulan el Reglamento para
la Igualdad Retributiva y el Real Decreto por el que se regula los planes de igualdad y su registro para empresas a partir de 50 personas empleadas, no de 250, como hasta ahora, aprobados ayer, 13 de octubre, en el Consejo de ministros y ministras,
fruto del trabajo coordinado entre el Ministerio de Igualdad y el Misterio de Trabajo, también la futura -espero- ley de tiempo corresponsable, que contribuirá a impedir la parcialidad involuntaria o condicionada de las cargas familiares, y además
traspone la Directiva Europea 2019/1158, sobre conciliación, y la Ley de Trabajo a Distancia, tras la evaluación de la experiencia durante la pandemia, han de favorecer el teletrabajo, pero con la precaución esencial de evitar que para las mujeres
se perpetúen los roles y estereotipos de género y sigan cargando con toda la responsabilidades de cuidados, como hemos visto en la pandemia. Además, desde la perspectiva de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, hemos alertado, y
desde luego hemos sido escuchadas, del riesgo emergente del teletrabajo para víctimas de violencia de género, para las cuales la pandemia ya demostró que el hogar, si se puede llamar así a esas casas, no era ese lugar seguro en el que contener el
coronavirus si, a cambio, debían convivir veinticuatro horas al día con su agresor y con sus hijas e hijos. En cumplimiento de la medida 76, el teletrabajo ha de ser solicitado por la propia víctima y en condiciones de seguridad y bienestar, ya que
los puestos de trabajo, igual que todos los espacios de socialización, que para los menores son también las actividades escolares y otras, son a menudo lugares de detección de una violencia de género que el aislamiento, evidentemente, puede
empeorar.


Respecto a la media 78, el 4 de noviembre de 2019 se aprobó una nueva instrucción conjunta para coordinar las unidades de violencia de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y el trabajo con VioGén, que es constante. Dentro del
plan de contingencia también se promovió y mejoró, a cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad, el sistema AlertCops, que ha sido y es una herramienta de protección apreciada por las usuarias. Es cierto que depende del Cuerpo Nacional de
Policía, es decir, que había que gestionarlo con otros cuerpos policiales y con otras comunidades autónomas donde no hubiera Cuerpo Nacional de Policía. Este sistema permite lanzar, porque se mejoró la aplicación, un SOS con una alerta

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geolocalizada que graba automáticamente diez segundos de audio o de vídeo, que forman parte de la información policial que se cede por la víctima de forma voluntaria y que puede ser esencial para su protección y, quizá, para la
prosperabilidad de la denuncia. Con relación a las medidas para fomentar la participación de la sociedad civil, mañana tenemos convocada la comisión permanente del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género para proponer la modificación del
real decreto y dar entrada a otras entidades también, y se llevará al pleno del observatorio el próximo 5 de noviembre.


El apartado 2.6 de este eje, habla de la respuesta institucional de justicia. Nuevamente, es cierto que esto compete al ministerio y a las comunidades autónomas con competencias, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y
la Fiscalía General del Estado, pero sí podemos mencionar dos iniciativas propuestas tanto al ministerio como a las comunidades autónomas al inicio de la desescalada, viendo cómo podría ser el trato a las víctimas de violencia, que además por la Ley
Orgánica 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, tienen derecho a ir acompañadas por alguien que no esté citado, que no tiene cita previa ante esos tribunales. El Ministerio de Justicia está trabajando desde su Secretaría General de
Innovación Tecnológica y Servicio Público para algo que a mí me parece esencial para evitar la victimización secundaria, que es la certificación digital de las víctimas de violencia de género, que sería un primer y gran paso para su reconocimiento
institucional y ante otras administraciones -Educación, Trabajo, Función Pública, Sanidad, Derechos Sociales-, y un posible sistema de videoidentificación segura que permitiera a las víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos declarar en
estos tiempos de pandemia desde lugares amables y seguros, sin perder el derecho al acompañamiento de la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito. Podría ser desde los servicios sociales especializados, incluso aquellos donde ya están
ellas en intervención social, o también desde las oficinas de atención a víctimas del delito, posibilidad que ya se está valorando con el Ministerio de Justicia. Ya se imaginan lo que esto supone: evitar desplazamientos y esperas, pero no solo
esto, también las condiciones de desprotección en las que a menudo se encuentran, no directamente con el agresor sino también con su entorno. Creo que podría tener incidencia en la cantidad de mujeres que se acogen a la dispensa de declarar -del
416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- desde un sitio amable y seguro, donde ya estás en intervención social, donde ya tienes un círculo de confianza.


Además de todas esas medidas que pueden dar respuesta a la actual reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se está estudiando en el Misterio de Justicia, están las que ya tienen respuesta, si se aprueba, en el anteproyecto de ley
orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Si tuviéramos que resumirlo en una frase, extiende y mejora, porque ya es de hace quince años, la protección integral de esa Ley Orgánica 1/2004 a todas las víctimas de violencias contra las
mujeres del Convenio de Estambul, incluidas las de violencia sexual y las de trata, mientras no se apruebe la ley integral contra la trata. Son las medidas 84, 85, 86, 87, 91, la mejor tipificación del acoso sexual y acoso reiterado o stalking, el
acoso esporádico. En fin, creo que ya conocen algo del contenido de este anteproyecto y espero que lo aborden con interés. Respecto a la reorganización de los juzgados, también saben que el Ministerio de Justicia está en la comarcalización, sin
merma del servicio público.


Respecto al eje 3, perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas, creo que -por no reiterarme- el proyecto que les acabo de comentar de evitar la victimización secundaria con salas separadas y medios audiovisuales,
que se preveían solo para los menores, como las cámaras Gesell, pueden cumplir las medidas 107 y 108, al igual que la dotación de equipos psicosociales. El Gobierno de Canarias, por ejemplo, ha anunciado la semana pasada la contratación de diez
equipos psicosociales para los juzgados con dinero de los fondos del pacto de Estado, que, insistimos, es muy buena práctica ejecutarlos por parte de todo un Gobierno, eso sí, en coordinación y con una sola justificación, pero es una buena práctica
y sin duda va a redundar en la mejor atención de las hijas, los hijos y de las víctimas adultas de violencia de género y también en la mejor respuesta judicial.


Respecto a las medidas de seguridad, como la 120 sobre la adecuación de los espacios policiales, sí se previó ya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 -prorrogados, como saben, en 2019 y 2020- una aplicación presupuestaria
específica porque hay dependencias policiales que necesitaban las mínimas obras de adecuación relacionadas con la atención a víctimas de violencia de género y que esperemos que sigan.


Las medidas 121 y 122 tienen que ver con VioGén y entendemos que el nuevo protocolo de la Instrucción 4/2019, de valoración policial del riesgo incluyendo también a las hijas e hijos, y las medidas policiales de protección a adoptar según el
nivel de riesgo a partir del nivel medio, coadyuvan o pueden considerarse ejecutadas -claro, cumplidas con cada víctima, pero ejecutadas- con esta mejora de la

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instrucción. Para impulsar la firma de convenios de colaboración entre el Ministerio del Interior y los ayuntamientos para la incorporación de policías locales al sistema VioGén, tal como señala la medida 124, se ha incluido como novedad,
como criterio para el reparto de los fondos del pacto a los ayuntamientos -no a las comunidades autónomas-, que sus cuerpos de Policía local estén integrados en VioGén -digamos que se valora a estos efectos-, y nos consta que algunas comunidades
autónomas están realizando esta integración en municipios que aún no estaban. En el ámbito laboral se potencia el Plan de inserción laboral de las víctimas de violencia de género -medida 128- regulado en el Decreto de 2008, aprobando el programa de
inserción sociolaboral para las víctimas de violencia de género y manteniendo un diálogo constante con la dirección del Servicio Público de Empleo Estatal.


En cuanto a las medidas sanitarias, conociendo la situación en la que se encuentran las administraciones sanitarias en esta crisis provocada por la COVID-19 y con todo el reconocimiento a la labor que realizan, la delegación sí participó en
el mes de junio -entre el estado de alarma y el inicio de la desescalada- en la Comisión contra la violencia de género del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud y sabemos por la macroencuesta, y en relación con las medidas 133 y
134, que el 38 % de las víctimas de violencia pide ayuda formal a través del sistema sanitario: psicólogos, psiquiatras, obstetricia, ginecología, pediatría. Les pedimos que no se dejará atrás el cribado de violencia de género por el triaje de la
COVID. Pero algo que pedimos conjuntamente, una conclusión conjunta, fue que en los protocolos comunes de violencia sexual se les diera un impulso a través de la Administración del Estado, porque dependen incluso de cada partido judicial.
Entonces, hemos propuesto como reforma en el propio anteproyecto de ley de libertad sexual que la recogida de muestras tras una agresión sexual no esté condicionada a la denuncia previa de la víctima, sino que se realice y se custodie debidamente
hasta que la víctima esté en condiciones de tomar la decisión en otro momento menos traumático, pero teniendo garantizadas unas pruebas de análisis biológico que se conservan debidamente si así lo desea, lo cual, si se aprueba en el anteproyecto de
ley orgánica, será sin duda un avance muy significativo para la protección de la víctima y la persecución de los delitos contra la libertad sexual.


En relación con las medidas relativas a mujeres con discapacidad, donde acaba el eje 3 -medidas 135 a 138-, los recursos estatales gestionados por la delegación, el 016 y Atenpro, son accesibles a mujeres con discapacidad; el 016 a través
de la plataforma Svisual y Telesor y Atenpro a través del módulo SOTA. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está impulsando y financiando la mejora del conocimiento sobre la incidencia de género en las mujeres con discapacidad o
más vulnerables con estudios sobre mujeres, discapacidad y violencia de género y otro específico sobre la violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual, cuyos resultados se harán públicos próximamente.


El eje 4 es el de los menores de edad. Tiene 16 medidas, de la 140 a la 155, y creo que no es necesario repasar su contenido de dar a conocer los resultados del estudio sobre la situación de los y las menores víctimas de violencia de
género, dando así cumplimiento a la medida 143. En cuanto a los datos, es difícil medir la impresión que te causan estos datos comparados con los de las madres, pero hay una encuesta a 10 465 menores de entre 14 y 18 años de 304 centros educativos,
3045 docentes y 227 equipos directivos que nos dice: Expuestas 12 situaciones de violencia de diversa entidad, pero todas violencia, sus madres la habían sufrido en un 24,7 % -es decir, casi 1 de cada 4 adolescentes-; de ellos y ellas, el 77,15 %
de los menores expuestos a la violencia de género contra la madre había sufrido algún maltrato directo. Esto, comparado con la macroencuesta, nos da un número similar, pero las mujeres tienen una percepción algo inferior de violencia. Con lo cual,
las mujeres no exageran; en todo caso, minimizan, pero no porque falten a la verdad sino porque los adolescentes se están percatando de cosas de las que sus madres creen que pueden protegerlos y, sin embargo, están viviendo esa violencia. La
mayoría de las medidas sobre protección de los menores frente a la violencia de género necesitan modificaciones legislativas, así que en gran parte dependen de ustedes, algunas entendemos que con decidido apoyo social, como la de privar de visitas
al padre preso, que hemos visto hace poco también revocada por un juzgado de Alicante. Me parece importante señalar que hoy se ha registrado como enmienda a la Ley de protección de la infancia y de la adolescencia la suspensión del régimen de
visitas del inculpado con orden de protección cuando los hijos e hijas están expuestos a la violencia de género. Hay otras modificaciones legislativas de protección a víctimas de sustracción internacional de menores que es más complicado
abordarlas, pero en las que es clave con el Convenio de La Haya de 1980 que la víctima española pueda interponer aquí primero la denuncia, con lo cual sería fantástico que nos pusiéramos en la tarea conjunta de conseguir que se pueda registrar una
demanda en las oficinas consulares o en las embajadas, y recientemente Exteriores nos ha informado de un convenio con el

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Consejo General de la Abogacía Española que sin duda mejorará la asistencia a las víctimas en el exterior. Nos faltaría ese paso de poder pedir orden de protección o, si son hechos penales sucedidos únicamente fuera -aunque todos tenemos en
la cabeza algún caso en el que haya sucedido tanto dentro como fuera de España-, incluso que pueda aterrizar primero la demanda en suelo español porque eso determina que se perpetúe la jurisdicción española y no intervengan otros países que no
defienden los derechos de las mujeres con la misma calidad y entidad que España.


Las pensiones de orfandad también fueron una gran medida en la Ley 3/2019, si bien hay que hacer honestamente autocrítica. Entidades tan prestigiosas como la Fundación de becas Soledad Cazorla -en honor a nuestra fiscal ya fallecida y tan
pionera en esto- y asociaciones feministas nos indican que los hijos cuyo padre no es el agresor quedan fuera de esta protección. Quizá habría que atender más a la condición de víctima de la madre que a la del agresor, la del padre. También se
cumplió la modificación del artículo 156 del Código Civil -esto fue muy importante- en ese Decreto-ley 9/2018 del Gobierno anterior para eliminar el consentimiento expreso del progenitor maltratador para tratar psicológicamente a los y las menores
de edad.


Respecto a los puntos de encuentro familiar, esto es complicado porque su gestión también depende de comunidades autónomas e, incluso, en algunas administraciones, de otras, como cabildos insulares, pero sí se ha creado un grupo de trabajo
en enero de 2020 con las comunidades para diseñar unas pautas mínimas de actuación, porque ustedes decían en el pacto con toda la razón, en la medida 151, que debían ser exclusivos y especializados, al menos tener unas pautas de actuación claras en
violencia de género.


En las medidas de vivienda ya saben que son beneficiarios preferentes quienes asuman la patria potestad, tutela o acogimiento de los menores en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 cuando sean menores huérfanos por violencia de género, pero
este plan también tiene que desarrollarse por cada comunidad autónoma. Y creo que, estando de acuerdo y facilitando siempre el Consejo General del Poder Judicial que pese a que está previsto como una posibilidad en la ley -por lo tanto, es
potestativo para la judicatura- que los órganos judiciales adopten medidas civiles de limitación del ejercicio de la patria potestad o suspendan el régimen de visitas cuando hay orden de protección, el Consejo nos dice que son realmente pocas
resoluciones las que lo hacen. Por lo tanto, eso da sentido a la enmienda que también se ha registrado hoy de la ley de protección a la infancia y la adolescencia, tratando de que se modifique el artículo 92.7 del Código Civil para que se refuerce
la prohibición de otorgar custodias compartidas en casos de apreciación judicial de indicios de violencia de género aunque la custodia sea provisional. Vamos a proteger primero el interés más necesitado de protección y todas las autoridades
públicas tenemos la obligación de hacerlo.


El eje 5 es el del impulso de la formación para garantizar la mejor respuesta asistencial. Como saben, aquí se han dado pasos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley 5/2018 exigió actividad de formación continua en perspectiva de
género y especialización. Nos decía esta mañana María Ángeles Carmona, la presidenta del observatorio, que se han ofertado 2320 plazas y que se va a exigir esta especialización, lo cual consideran una práctica muy loable, ya que se echaba de menos
la perspectiva de género tanto en la formación inicial como en la continuada de la carrera judicial. Con esto se están cumpliendo las medidas 159 y 160. La delegación participa en muchas ideas formativas con Justicia, con Interior, con Sanidad,
con Asuntos Exteriores para el personal diplomático, con Unión Europea y Cooperación, con Trabajo y con Seguridad Social, y contribuye a la formación continua e integral y a la actualización formativa del personal que presta sus servicios en los
propios recursos titularidad de la delegación: 016, Atenpro y seguimiento por medios telemáticos. Para 2021, si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, tenemos previsto lanzar un proyecto de formación especializada en violencia contra
las mujeres e incluso incluir a los profesionales de los medios de comunicación que quieran participar en él, además de extenderlo a todas las administraciones. Hemos intervenido en el grupo de trabajo en el que se ha elaborado un plan de formación
de igualdad y no discriminación del INAP 20202022, aprobado en junio de 2020, y también estamos trabajando con un colectivo que nos parece esencialmente importante, el personal farmacéutico, al que también se acude en casos de violencia de género,
tal y como propone la medida 157 del pacto.


En cuanto al seguimiento estadístico, creo que saben que la delegación hace públicos los resultados de muchos estudios de especial rigor y que son los datos oficiales sobre los que basar las políticas públicas, no sobre imaginarios
colectivos u otros discursos que no deberían merecer atención en comparación con estos datos científicos oficiales y especialmente rigurosos. Un ejemplo ha sido la macroencuesta presentada el 10 de septiembre de este año. Aunque creo que no es
necesario, quiero

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aclarar que no es ningún mérito de esta delegada, pero sí de la delegación, porque ha habido funcionarias que han pasado el estado de alarma confinadas con los datos de la macroencuesta y que son un continuo a lo largo de las legislaturas
que van pasando por este cargo tan relevante. Ahora, desde noviembre de 2018, la delegación forma parte del sistema estadístico europeo y está integrada con Eurostat junto a los institutos nacionales de estadística como ONA, other national
authorities, que son otras autoridades estadísticas reconocidas, lo cual supone un gran nivel de exigencia incluso a nivel de compromisos éticos, legales, etcétera, pero también que los datos -tanto las preguntas como las respuestas-, el
tratamiento, el trabajo de campo y el muestreo están avalados por el sistema estadístico europeo. Además de la macroencuesta, se están coordinando diferentes estudios que, como los tienen en la web y hemos empezado tan tarde y nos estamos
extendiendo tanto, no voy a enumerar, pero que realmente intentan abarcar todas las formas de violencia y todas las situaciones más vulnerables de los niños y las niñas. Se van publicando en la página web, cuya difusión agradecemos a todos los
niveles, porque es un material para el que no tenemos gran capacidad de difusión, salvo diciendo que son buenos estudios, que están ahí e intentando presentarlos y compartir los resultados.


El eje 7 son recomendaciones a comunidades autónomas, entidades sociales y otras instituciones, con recomendaciones a la FEMP, al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas. En este sentido, la delegación lo que hace
es seguir promoviendo la cooperación y la colaboración de todas estas administraciones y seguir reuniendo la Conferencia Sectorial de Igualdad, en el año 2020 en dos ocasiones precedidas siempre de una reunión de la comisión técnica. Además, desde
el inicio del estado de alarma, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y continuando ahora, hemos mantenido por vía telemática un diálogo más constante con las comunidades autónomas que nos sirve mucho a nivel técnico para,
por un lado, no tener esas macrorreuniones que no son siempre demasiado operativas y, por otro lado, para cada medida que sacamos ir viendo enseguida sobre el territorio un plan de contingencia ampliado a trata. Enseguida te cuestionan: Pero aquí
lo que nos pasa es que tenemos este problema con el padrón... A veces entre ellas comparten buenas prácticas y es una dinámica digna de admiración. Otra dice: Pues nosotras en Galicia hemos conseguido que tal banco sí abra una cuenta... Nosotros
les explicamos que hay un real decreto publicado en el BOE de 25 de noviembre de 2017 que obliga a las entidades bancarias a abrir una cuenta a quien no tenga una cuenta de pago básica, pero es verdad que a las entidades que están detrás les cuesta
mucho persuadir a una mujer, la más vulnerable, inmigrante, sin papeles, a entrar en ese circuito de protección y de asistencia integral que a menudo es el camino para su supervivencia, porque no se puede decir de otra manera. En esto estamos y la
verdad es que no podemos hacer mucho más que coordinar, pero sí se puede coordinar un poquito más y desde un espacio menos encorsetado -valga la palabra- que los espacios más oficiales de coordinación. La respuesta creo que está siendo digna de
elogio por parte de las comunidades autónomas.


El eje 8 eran otras formas de violencia contra las mujeres. Contemplaba veinte medidas, de la 181 a la 200, para abordar precisamente otras manifestaciones de la violencia machista. Aquí creo que la gran respuesta es el anteproyecto de ley
orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Se pueden enumerar hasta doce medidas que cumpliría, de la 5 a la 29, la 184, la 200, la 201, pero no se trata de enumerarlas. Está en trámite y ha tenido tal cantidad de observaciones y de
participación pública que está terminando este proceso introduciendo mejoras en sintonía con el Ministerio de Justicia. Como saben, algunas ya han sido objeto de anuncio por la ministra.


La asistencia y la protección en particular a las mujeres y a las niñas víctimas de trata, explotación sexual y a las mujeres en contexto de prostitución, que están entre las máximas prioridades de actuación del Ministerio de Igualdad, dio
lugar primero a que el plan de contingencia durante el estado de alarma para las víctimas de violencia de género se ampliara a estas víctimas en cuanto pudimos ponerlo en marcha. Hubo un momento de actuación muy evidente, porque estaban cerrando
hostales y hoteles, que eran el lugar donde desarrollaban su vida, su trabajo y su alojamiento mujeres que se quedaban sin todo esto. En coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad, que ya había dictado una instrucción, se contactó con
las entidades especializadas en este tipo de víctimas y se les dio una acreditación. Sinceramente, para mí, como conocedora del sistema de trata que se ha basado en la lucha policial contra el delito o contra el crimen organizado, se abrió una
brecha hacia algo que dice el Convenio de Varsovia. Sería lo mismo que la puerta, el artículo 23 y el título habilitante. Dice que, sin perjuicio de la persecución del delito y sin estar condicionado a que colaboren contra su propia mafia -porque
es una heroicidad que no se puede exigir a cualquiera y menos a mujeres y niñas devastadas-, con esa acreditación pudieran

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acudir al sistema socioasistencial. Cuando una conoce ese mundo se da cuenta de la brecha que existe. Incluso algunas veces tuvimos que hacer salvoconductos para poder circular, porque eran días en los que no podían circular dos personas
en coche sin ser identificadas y la excesiva identificación policial de estas víctimas puede dar al traste con la inicial protección no por el comportamiento de la policía española, sino por las vivencias que ellas arrastran en su periplo migratorio
con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras autoridades. Creo que eso fue un buen plan que, desde luego, tenemos que seguir ampliando.


Ya hemos presentado el informe final de evaluación del segundo Plan integral de lucha contra la trata 2015-2018 en el Foro social contra la trata que se ha reunido el pasado 5 de octubre. Dada la falta de datos y nuestro empeño en legislar
o gobernar sobre estudios rigurosos, tenemos previsto un macroestudio sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual para conocer las nuevas realidades de trata, que no siempre obedecen a ese imaginario colectivo, y desde luego poder
intervenir con mucha más calidad para que puedan entrar en el sistema de protección muchas más mujeres y niñas. Por supuesto, esto depende también de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 porque es un estudio más complicado de hacer que
evidentemente ir preguntando por la calle si se ha sido víctima de trata o explotación sexual, pero previamente hay otros dos estudios previstos, menores: el primero, sobre sistematización de indicadores y metodología en materia de trata, que ya
está en fase de culminación de los pliegos técnicos y que han demandado desde hace años las entidades especializadas.


En cuanto al compromiso económico, que es el eje 9 del pacto, ya saben que es esencial el sustento económico necesario para el desarrollo del pacto; si no, sería papel mojado. En 2020, con los presupuestos prorrogados, se han adoptado las
medidas necesarias para dar cumplimiento, y el reparto del crédito de 100 millones de euros para las nuevas y ampliadas competencias que corresponden a las comunidades autónomas en cumplimiento del pacto se hace siempre en las reuniones de la
Conferencia Sectorial de Igualdad para cada uno de estos tres últimos ejercicios presupuestarios. La última está publicada en el BOE el 19 de mayo de 2020, donde pueden verlo; no tiene sentido explicar aquí las cantidades y las comunidades
autónomas. El Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, que contenía las medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, y con una petición unánime de las comunidades autónomas, lo que hizo fue
exceptuar, limitada a las transferencias de estos fondos del pacto de Estado, la aplicación de lo dispuesto en la regla sexta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria a los remanentes no comprometidos al final de cada ejercicio
presupuestario; es decir, los remanentes de los fondos del pacto no comprometidos al finalizar este ejercicio, en particular del estado de alarma, que tuvieran ya transferidas las comunidades autónomas no se descontaban de la cantidad que
correspondía transferir a cada comunidad autónoma en el ejercicio siguiente y podían ser destinados al desarrollo de las siguientes medidas del pacto, y por supuesto se han llevado a cabo las transferencias de los 20 millones previstos en el pacto
destinados a los más de 8000 municipios existentes en España. Esto conlleva una tarea de gestión impresionante de la propia delegación. Se establecieron unos criterios de distribución, pero hay que hacer cada transferencia y cada justificación,
por eso se está tramitando, por un lado, un real decreto que actualice los criterios de distribución, como la inclusión de Policía local en el sistema VioGén que les comentaba antes y también preparando una aplicación informática que entroncaría con
el eje 10 del seguimiento del pacto de Estado.


Del seguimiento poco les voy a decir, ya que ustedes son los protagonistas, al igual que la Comisión homónima constituida en el Senado, pero el seguimiento por parte de la delegación, si me permiten la expresión, ha sido un poquito
artesanal. Es muy complicado que casi 8200 ayuntamientos, más 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas justifiquen lo que han hecho y se valore. Conforme a eso, se tiene que transferir. No hay unos indicadores objetivos: las medidas, los
tamaños de los ayuntamientos son absolutamente dispares, por eso hemos diseñado un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación del pacto que tiene en torno a dos mil indicadores de seguimiento de las 290 medidas y que se sometieron a
consideración de los integrantes del pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Además, me parece que cuando terminemos, espero que pronto, esa aplicación informática para recoger los datos del progreso de cumplimiento de las
medidas, se facilitará una información más objetiva, más ordenada y lo más ajustada posible al grado de cumplimiento del pacto dinámico, no una foto fija.


Por último, sobre las nuevas líneas de actuación de la delegación, he insistido ya en que el diagnóstico de la situación actual parte de los datos que nos ofrece la macroencuesta. Ya dijo la presidenta que una de cada dos mujeres, o más, un
57,3 % de las residentes en España de dieciséis o más años hemos

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sufrido a lo largo de nuestras vidas algún tipo de violencia por ser mujeres, 11 688 411 mujeres. Han llamado bastante la atención los datos de violencia sexual sobre la pareja porque se han dado más ítems y también más resultados que en
macroencuestas anteriores, como es lógico, porque va evolucionando. El 6,5 %, 1 322 000 mujeres residentes en España mayores de dieciséis años habrían sufrido violencia sexual en algún momento de su vida de personas que no son su pareja; violadas,
un 2,2 %, más de 453 000 mujeres alguna vez en su vida. A mí, como parte del sistema institucional -no del gubernativo, pero sí del judicial, durante prácticamente toda mi carrera profesional-, me llama la atención, casi más que la prevalencia, que
sea una violencia tan silenciosa. El dato de que solo el 8 % de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja lo hayan denunciado ante la policía o el juzgado corrobora ese diagnóstico, esa intención y esa política necesaria de
abrir otras puertas, sin criticar las que están y que sirven para ese 8 % de mujeres que denuncian esas violencias. Cuando el Ministerio del Interior nos da sus datos de denuncia, son sus datos correctos, se computan las denuncias correctamente,
como cuando el Consejo General del Poder Judicial nos da los datos de orden de protección y sentencias. Son las mujeres las que no llegan a esas puertas. El 99,6 % de las mujeres que ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja la sufrieron por
parte de un agresor hombre. Hay otro dato que quizá nos ayude a visibilizar muy claramente -a veces tenemos un imaginario colectivo, incluidas nosotras o yo misma, que no corresponde con la realidad- el caso de las violaciones. Esto ya salió en la
macroencuesta de 2015: las que han sido violadas por un desconocido han sido un 18,8 %. Es decir, el 82 % de los agresores son conocidos de la víctima. Cuando nos preguntan por qué en una ley de garantía integral de la libertad sexual han de
introducirse medidas laborales, medidas funcionariales, medidas de vivienda, medidas de protección integral, si te ha violado un desconocido en un descampado -que es de lo que advertimos todavía a nuestras hijas e hijos, a nuestros jóvenes-, es
porque si tienes en cuenta que sí sabe dónde vives, dónde trabajas o ha estado en tu entorno entonces sí tiene sentido la protección integral, y creo que desde la judicatura cualquiera les podría decir que ha sido muy frustrante durante muchos años
tener ese instrumento magnífico -nunca me cansaré de decirlo- que fue la Ley orgánica de 2004 y aplicárselo a mujeres que habían sufrido amenazas reiteradas, malos tratos de distinta entidad de sus parejas o exparejas, pero no a mujeres que habían
sufrido agresiones sexuales. Creo que estar a tiempo y en el punto en el que vamos a remediar esto es realmente para estar orgullosas todas como sociedad y como país.


No les digo más datos de macroencuesta porque sé que les tenemos muy hartos de esto, porque hemos intentado hacer la máxima difusión posible, pero sí termino con uno que entronca con el siguiente estudio: 1 678 959 personas menores viven en
este país ahora en un hogar en el que la mujer está sufriendo algún tipo de violencia sea física, sexual, de control emocional, económico o miedo dentro de las violencias psicológicas en la pareja, y solo física o sexual -para quienes se empeñan en
relativizar con palabras vanas algunos de estos tipos de violencia- son más de 265 000 menores los que están viviendo esta violencia. Esto nos lleva necesariamente a un abordaje integral de todas las violencias sexuales en este anteproyecto, a
mejorar la respuesta institucional para esa parte del silencio que claramente nos interpela y a la necesidad de abordar la situación de los menores víctimas de violencia machista, para lo cual sin duda va a contribuir el proyecto de la Lopivi, de la
ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia.


Los datos del servicio telefónico 016, del 016 online, de los casos activos en VioGén, en Atenpro, en los dispositivos electrónicos no paran de crecer. Les doy solo los últimos. Hasta el 31 de agosto de 2020, en el 016, 57 470 llamadas
pertinentes. Se desechan las no pertinentes, las bromas y demás, que son a veces el 50 %. Esto es un incremento del 26,9 % con respecto al mismo periodo de 2019. Atenpro tiene un número de usuarias activas a 31 de agosto de 2020 de 14 772
mujeres, un incremento del 5,6 %. En cuanto a los dispositivos electrónicos, que son pulsera o tobillera para el agresor y esa especie de teléfono móvil para la mujer, a 31 de agosto estaban activos 2082, con un incremento del 62,3 %. En VioGén
también hay 64 000 casos activos con protección policial, aproximadamente 31 000. Lo estoy diciendo de memoria, pero aproximadamente son esos los datos. Estos datos siguen poniendo de manifiesto el incremento constante del uso de recursos estables
y el reto que tenemos de procurar la mejora continua en la prestación de estos servicios.


Por esto anunció la ministra y por esto cobra todo el sentido una parte de las actuaciones que se anunciaron más recientemente a raíz de este diagnóstico, que, por un lado, tiene que mejorar el marco normativo existente -la Ley Orgánica
integral contra la trata, que es compromiso de este Gobierno; la ley orgánica de garantía de la libertad sexual y mejoras en la Lopivi-; contar con un instrumento de

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planificación de todas las actuaciones, la Estrategia nacional contra la violencia contra las mujeres, contra las violencias machistas, 2021-2025, que también fue anunciada, que va a ir de la mano del pacto, no en paralelo, se va a
complementar y lo va a intentar institucionalizar y reforzar, en línea con lo que nos indica el Convenio de Estambul, la Cedaw o la reciente Estrategia de igualdad de género de la Unión Europea. Pero también, en relación con estos dispositivos, se
ha anunciado que dentro de los proyectos para el plan de reconstrucción que España presentará ante la Comisión Europea tampoco se van a quedar atrás las mujeres y la agenda feminista. Hemos presentado proyectos como Gobierno, como anunció el
presidente, para modernizar y avanzar también en la digitalización de estos servicios, que son tan importantes para las mujeres, ampliar su cobertura, tanto objetiva como subjetiva, y permitir el acceso nuevamente a todas las víctimas de violencias
machistas.


Por último, porque es la novedad que se anunció por la ministra más recientemente, también se va a aportar, y se ha registrado como enmienda a la Lopivi en el artículo 10.bis, terminar con el falso síndrome de alienación parental, que no
tiene ningún tipo de rigor ni de validación científica, pero que son criterios y teorías que se siguen aplicando bajo diversas denominaciones que sustituyen la investigación rigurosa con todas las garantías y sustituyen el derecho fundamental de los
niños y niñas a ser escuchados, todo esto por presumir una interferencia adulta. Con esto por fin se daría cumplimiento a la medida 129 del pacto de Estado, nos acogeríamos a la recomendación del Consejo General del Poder Judicial incluida en la
guía práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y atenderíamos a una medida que ya es clamor dentro del feminismo y en particular del feminismo jurídico porque es una
medida que no es solo de violencia contra las mujeres, sino también directa contra sus hijos e hijas.


Como les he contado tantas cosas, me callo y me pongo a su disposición por si quieren hacerme alguna pregunta, porque creo que, a pesar de los noventa minutos de retraso, me he extendido demasiado. Discúlpenme, en parte es por la emoción de
algunas de las medidas y proyectos.


Muchísimas gracias por la atención.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, delegada.


Ahora damos paso al turno de los grupos parlamentarios, que tienen diez minutos cada uno, de menor a mayor. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guitarte.


El señor GUITARTE GIMENO: Buenas tardes.


Muy agradecido por la larga, pero muy interesante exposición. Quiero advertir de que probablemente no me pueda quedar a las respuestas o al diálogo que luego se pueda llevar a cabo, pero me gustaría dejar por lo menos constancia de un tema
que no sé si coincide con sus datos o no. Según lo que a nosotros nos trasladan en los ámbitos en los que trabajamos, el 60 % de las víctimas de violencia de género en España viven en zonas rurales, no provienen del ámbito urbano, cuando realmente
todas las políticas que estamos viendo, incluso las que usted ha enumerado, son precisamente teniendo en cuenta las circunstancias rurales. Desde ese dato podemos plantear reflexiones sobre las dificultades que este problema social tiene en el
medio rural. Muchas de las medidas de violencia de género que se aplican en grandes ciudades no tienen el mismo resultado en el medio rural por las razones que voy a detallar ahora y que conllevan que las víctimas abandonen las expectativas de
ayuda y seguridad por las dificultades que entraña precisamente seguirlas.


Las dificultades son las que pone, por ejemplo, el propio medio geográfico. Por ejemplo, en Aragón 187 municipios tienen menos de cien habitantes, con un alto porcentaje de población rural envejecida. Por supuesto, olvídese allí de que
haya policía local o nada parecido, no hay nada parecido. La despoblación limita la eficacia de las medidas que se diseñan si no se considera esta circunstancia. Si se diseñan sin tener en cuenta el medio al que se van a aplicar de forma
generalizada, su eficacia es muy pequeña. Hay dificultades también por un acusado control social que existe en el medio rural y a veces por la normalización que se da de la desigualdad y de la violencia, muchas veces incluso entre las propias
mujeres afectadas, sobre todo en el caso de mujeres mayores, y a la interiorización cultural que han adquirido de esta violencia. Hay también dificultades en el medio laboral, con marcado carácter de género, por la tipología tradicional de algunos
trabajos que se desarrollan allí. Hay también dificultades por una resistencia social importante a cambios culturales. Muchas organizaciones sociales del medio rural, incluso las democráticas, no incorporan un enfoque de género. Falta la
visualización de la lucha contra la violencia de género en administraciones locales, en formación, en internet, y hay dificultades porque no hay fuerzas de seguridad cerca, como decía antes. Aunque se utilicen dispositivos electrónicos, como las

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tobilleras o los avisos con aplicaciones, como no hay buena conexión -a veces no hay ni siquiera cobertura-, la tecnología necesita un paso previo, y es que esta tecnología cubra el territorio, y ahora no lo hace. En ese sentido hay
muchísimas actuaciones previas para poder aplicar muchas de las medidas que se están diseñando actualmente. Hay una gran parte del territorio, el 70 % del territorio nacional, donde eso no se puede aplicar porque no hay una correcta cobertura de
medios, ni de fibra óptica ni de cobertura telefónica.


Hay una falta de posibilidades para las mujeres del medio rural, por ejemplo en las medidas de protección, que están poco adaptadas al medio y no siempre son funcionales, como las órdenes de alejamiento, que en un pueblo de cien habitantes o
de quinientos habitantes son muy relativas. Si te alejas 500 metros, a lo mejor te sales del pueblo. Lo mismo ocurre con las casas de acogida y la atención psicológica, por las limitaciones del acceso al transporte, el aislamiento geográfico y
social, problemas para acceder a recursos que posibiliten el control de las situaciones de violencia y recursos que posibiliten la recuperación de esas víctimas de la violencia. Son tales las dificultades que la mayoría de ellas hacen que se tienda
a abandonar o dar por perdida esa posibilidad, con lo cual obviamente desaparecen las expectativas de ayuda y la seguridad de que vas a ser capaz de superar esa situación.


Por eso simplemente quiero insistir en que cuando planteemos estas medidas tengamos en cuenta que hay otra parte de España que no es la España de las grandes ciudades, que no es la España comunicada, la tecnológica y avanzada, y donde
también se dan ahora e históricamente gravísimos casos de violencia de género y de violencia sobre la mujer. Simplemente era esa reflexión para que, si lo puede tener en cuenta desde su organismo, lo haga.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


El siguiente turno lo tiene la portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, la señora Pozueta.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Buenas tardes.


En primer lugar, quiero agradecer su exposición tan pormenorizada, con tanto detalle. Está bien hacer esa fotografía, porque nos hace ver la realidad que tenemos. Voy a seguir con esa fotografía y me voy a ir a Euskal Herria. La mayoría
de las competencias en este ámbito las tenemos, tanto en Navarra como en el País Vasco, pero en lo que respecta al llamado Pacto de Estado contra violencia de género, así llamado, eso ya es otra cuestión. Voy a ir intercalando los dos aspectos y
haciendo un seguimiento de los ejes que ha ido marcando. Me va a resultar difícil seguir el orden, pero a ver si por lo menos se entiende lo que quiero plantear.


Como en un inicio se apuntó desde el feminismo, ya vivíamos en crisis antes del COVID-19. La descarnada realidad que vivimos ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la vida y la necesidad de priorizar el cuidado. Las desigualdades
estructurales han aumentado con la crisis, al igual que la brecha de género. Las mujeres están -o estamos- entre las grandes afectadas, particularmente las que vivimos -o viven- en contextos de mayor vulnerabilidad, entre las que están aquellas que
sufren la violencia machista. Mientras las expertas feministas insistían en que el confinamiento creaba unas situaciones de especial vulnerabilidad, incluso de peligro, convirtiendo las casas en lugares no seguros para todas aquellas mujeres y sus
hijas e hijos -como también se ha visto hoy- obligados a convivir con sus agresores, solo recientemente hemos tenido acceso a datos que confirman lo que ya nos estaban indicando. Como se ha comentado en el último eje, el número de denuncias ha ido
aumentando. Inicialmente, se nos dijo que estaba disminuyendo, pero ya podíamos ver que lo que disminuía tenía una razón. (La señora vicepresidenta, Franco Carmona, ocupa la Presidencia).


Los primeros datos del posconfinamiento corroboran también la tesis de las expertas, que nos dicen que la violencia que se contuvo durante el confinamiento, explotaría una vez finalizado este, y así lo estamos viendo. En Nafarroa, en
Navarra, en junio hubo un 30 % más de denuncias que en el mismo mes del año pasado, que es más o menos el mismo dato que ha planteado cuando dice que en los datos de los estudios del 016 se habla de que ha aumentado un 26 %; en Nafarroa, en junio,
un 30% más de denuncias que el año anterior. Y no contamos por ahora con los datos de la Comunidad autónoma vasca, pero pensamos que van en la misma línea. Por otra parte, como era de esperar, el número de consultas telefónicas también ha
aumentado, pero nadie pensó, por ejemplo, en las necesidades de colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres mayores, las menores de edad o, como se ha comentado, las mujeres que no tienen acceso a las medidas telemáticas, no porque no
puedan o no sepan, sino porque en los pueblos donde viven no hay posibilidad. Por tanto, no hay facilidad del acceso telemático.

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Por otra parte, también estamos viendo en otros ámbitos que la vía telemática no tiene la misma calidad de atención que la presencial.


Entre otros ámbitos donde también se ha visto la violencia machista, quisiera referirme -aquí se ha hablado- en el ámbito judicial a las puertas cerradas o a las puertas semicerradas. En Euskal Herria -aunque esto compete a Euskal Herria-,
además de la paralización o la ralentización de su funcionamiento durante el confinamiento, se cerraron servicios esenciales, como fueron los puntos de encuentro familiar. Algunas mujeres denunciaron la falta de alternativas para poder ver e
incluso hablar con sus hijos e hijas. Esto es importante. Quiero hacer un apunte -de esto también se ha hablado antes-, que es importante tener en cuenta. La actuación judicial en Navarra está respondiendo al concepto de violencia de la ley de
Estado, una violencia de género restringida a la que se genera entre la pareja o la expareja. Usted ha comentado que hay que replantearse esto. Pero hoy por hoy, en Navarra estamos viendo eso, y no el concepto de violencia de la Ley foral 14/2015,
de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres. Solicitamos que la actuación judicial esté adaptada a las leyes de la Comunidad autónoma vasca, como así debería ser. Todas las víctimas tienen todas las formas de violencia.
También en el ámbito judicial, en el eje 5 se ha hablado de la necesidad de formación profesional en el ámbito judicial. Esta es una carencia que se está viviendo casi día a día.


Otros servicios también han concentrado sus recursos en la situación sanitaria, disminuyendo, por ejemplo, los disponibles para otras problemáticas. Esto también lo estamos viendo. Asimismo, podemos pensar en la situación de colectivos
especialmente vulnerables, como las trabajadoras de hogar, las mujeres sin hogar, las mujeres en situación de prostitución, las expulsadas de sus viviendas o habitaciones, personas LGTBI, particularmente las más vulnerables, como las trans. Tampoco
tenemos datos del impacto que hayan podido tener en estas situaciones.


Como sabemos de otras crisis, el nivel de estrés social y la precariedad vital a la que se está viendo abocada parte de la población van a generar un aumento de violencia por parte de los agresores y una pérdida de autonomía de las mujeres
para salir de la misma. En el ámbito rural estamos viendo cómo cada vez más mujeres están acudiendo a los servicios específicos de violencia contra las mujeres con violencia económica. Las expertas ya venían indicando desde el confinamiento que
las situaciones que se habían contenido durante estos meses, podrían explotar una vez terminara, generando escenarios más complejos y de mayor gravedad. Ante esto, necesitamos nuevas respuestas. Hay que analizar y conocer los nuevos escenarios
para poner en marcha estrategias adecuadas, nuevos programas y políticas, oyendo de verdad a expertas y colectivos feministas en mesas o espacios de coordinación social institucional que sean vinculantes.


Por lo que se refiere al COVID-19, sería necesario conocer los efectos que esta crisis está teniendo en las violencias machistas y diseñar y poner en marcha, junto con expertas y movimiento feminista, acciones integrales. Lo de siempre, si
no nos servía antes, mucho menos nos va a servir ahora. Ahora, tenemos la posibilidad -como se ha hablado en el eje 9- de llevarlo a cabo, porque en los presupuestos pueden hacer cosas concretas. Me gustaría que nos dijera cómo se va a tener en
cuenta esta realidad en los presupuestos que se van a negociar. Debemos modificar el modelo de sociedad para ser capaces de visibilizar todas las expresiones de violencia machista, analizar sus causas y emprender acciones concretas y efectivas para
erradicarlas.


Voy a plantear dos peticiones más concretas. Hablando de Navarra y de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, en concreto, vemos que es necesario garantizar una máxima coordinación. Aquí se ha hablado mucho de la
coordinación y del funcionamiento en red. Desde Navarra traemos esta petición. Es necesaria una máxima coordinación entre el Gobierno y la figura de la Delegación contra la Violencia de Género de las comunidades autónomas. Si bien el pacto ha
dado las competencias a las entidades locales -lo que es muy positivo porque subraya la importancia de estos entes-, vemos que si el objetivo es que llegue a las mujeres el dinero para mejorar la atención, la recuperación y el reconocimiento a las
supervivientes, es necesario que se coordine, pero que se coordine de verdad y que sobre todo se tengan en cuenta las entidades rurales. Por cierto, como usted ha dicho, mañana es el Día Internacional de las Mujeres Rurales y vaya por delante
nuestro reconocimiento. No obstante, en ocasiones los fondos, debido a la cuantía, por tratarse de localidades pequeñas o debido a la falta de estructuras municipales vinculadas al impulso de la igualdad, se dedican a la ejecución de actividades
puntuales o acciones aisladas, cuando estos fondos tendrían que ir dirigidos al diseño o a la implementación de proyectos que tengan continuidad y redunden, en definitiva, en generar procesos de transformación que tengan como objeto la prevención,
la identificación y la atención en materia de violencia de género.

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Por ello, urge no solo dotar de financiación -esto sería el último eje que se ha comentado- actividades y campañas puntuales, sino trabajar para que en las entidades locales existan estructuras municipales, servicios públicos estables, con
personal y recursos suficientes para hacer un abordaje integral y continuado. ¿Todas las entidades locales utilizan el dinero del pacto de Estado? Ha dicho que se estaba desarrollando y que se estaba a la espera de un servicio que pudiera dar
estos datos. Pensamos que actualmente se actúa de manera poco eficiente. En muchas entidades no existe personal con formación en el tema y esto conlleva la dificultad de realizar actuaciones con impacto. Es necesario profundizar en el seguimiento
que se hace del destino de los fondos, conocer cuál es el grado del impacto que tienen los proyectos realizados, qué posibilidad tienen de afianzarse en cada territorio, cómo son percibidos por la ciudadanía y en qué modo o grado mejoran la calidad
y condiciones de vida de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género.


Esto era un poco lo que quería compartir.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


Señora delegada, bienvenida. Intervendré muy brevemente porque una serie de cuestiones que usted ha planteado y que he atendido fueron también desarrolladas por la propia ministra en la comparecencia de la semana pasada, y consideramos que
al fin y al cabo, por una parte, está bien que la unidad de gobierno, la unidad de acción y otra serie de cuestiones en las que haya coordinación conlleve mensajes unitarios y unívocos, pero, por otra, a veces suenan, no repetitivos en el mal
sentido de la palabra, sino ya tratados y por lo tanto no me centraré en aquello que ya le sugerí.


Usted habla de coordinación y me parece a mí que es una palabra que se usa mucho sobre todo cuando se está en el Gobierno. La coordinación siempre tiene un criterio vertical que no me gusta mucho, porque en la coordinación siempre hay
alguien que coordina y los demás son los que ejecutan, los que obedecen o los que desarrollan. Me gusta más cooperación; seguramente cooperación es en nivel de igualdad y que en ámbitos como este, cuando las materias además son competencia de
quien son, la cooperación resulta siempre más positiva y además creo que las resultantes también son mejores. Relacionado con esto, la compañera de Euskal Herria Bildu, no sé si es por defecto, pero sigue solicitando al Gobierno español cosas que
no le corresponden nunca al Gobierno español, pero debe ser que el ámbito competencial que ella estima no debe tenerlo muy claro, ha mencionado algunas cuestiones del pacto de Estado sobre Violencia de Género. Mire, en este pacto de Estado sobre
Violencia de Género está el punto 3 del punto 3, que es una especie de modificación o enmienda que se introdujo a sugerencia del Partido Nacionalista Vasco, que dice claramente: Lo dispuesto en el presente pacto deberá ser interpretado sin
perjuicio del pleno ejercicio por las comunidades autónomas de las competencias que tienen atribuidas en virtud de los respectivos estatutos de autonomía, no pudiendo en consecuencia vincular a las comunidades autónomas u otras administraciones
públicas las recomendaciones contenidas en el presente informe cuando afecten a sus respectivos ámbitos competenciales. Creo que es claro y explícito lo que dice ese punto del pacto de Estado.


Hay otra cuestión. Cuando estábamos plenamente en pandemia tuvimos que tratar este tema a raíz del real decreto de medidas que se tuvo que aprobar y ¡hombre!, yo creo que fue importante especificar que en algunos sitios se tomó la delantera
a la propia pandemia incluso y afortunadamente se pudieron realizar acciones que, si no, hubieran resultado dramáticas. De por sí ya lo eran, pero gracias a ciertas decisiones que en el caso de Euskadi las instituciones vascas tomaron en
coordinación con las diputaciones forales y con los ayuntamientos se llevaron a cabo medidas que blindaron la situación que pudieran padecer ciertas mujeres de por sí y ya en pandemia no digamos; usted ha relatado algunas de ellas en cuanto a lo
que supone estar en contacto directo junto a tu agresor constantemente en confinamiento, etcétera. Todo lo que ello podría suponer. (La presidenta ocupa la Presidencia).


Me gustaría saber su planteamiento respecto a la coordinación cuando las competencias están delegadas, en el caso por ejemplo de Euskadi, cómo actúa la Delegación del Gobierno o en que actúa cuando ya de por sí la Ertzaintza, Emakunde,
etcétera, ya tienen establecida una red, un sistema de funcionamiento que tienen su propio recorrido, y creo que no ha habido hasta ahora problemas.


Otra cuestión que me parece importante en relación con cierta población extranjera. Ha habido algún que otro informe -incluso que he podido mirar por encima- que menciona que se están teniendo

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problemas con cómo actuar con cierta población extranjera que por sus hábitos culturales es casi imposible penetrar en el ámbito llamémosle privado, aunque la situación que están padeciendo algunas mujeres de esa índole exige una
intervención. Todos conocemos familias que por su cultura evidentemente no pueden tener ni un correo electrónico, mujeres que no pueden tener un correo electrónico porque necesitan el permiso de su marido para ello, y esos son casos concretos que
no me estoy inventando. Son situaciones en las que se detecta que puede existir violencia de género pero que la primera persona que lo niega es la propia mujer, por los motivos que usted perfectamente conoce y que todos conocemos. Deberíamos
buscar métodos de intervención para beneficiar a la mujer y a sus hijos, evidentemente, independientemente de su procedencia, independientemente de sus hábitos culturales, independientemente de su religión.


Voy acabando. Es importante que sigamos trabajando en cooperación, como le decía, cada uno teniendo claro su ámbito competencial pero ejerciendo lo que le corresponde de la manera más beneficiosa para las mujeres que están padeciendo o
pueden padecer violencia. Y como último tema, hay un informe que se ha realizado por un grupo para la Universidad de Deusto en el que hablan de previolencia en ámbitos adolescentes; cuando hablamos de previolencia es porque todavía no lo podemos
calificar como tal, pero tiene todos los atisbos para convertirse en violencia: control, seguimiento etcétera, en poblaciones adolescentes, en todo lo que es el ámbito de redes sociales, etcétera, que conocemos, y es que hay relaciones de pareja
muy tempranas que dan visos y nos ponen en alerta por el tipo de relación que están teniendo, ya que eso puede desembocar perfectamente en violencia de género. Creo que es un elemento a atender sin duda alguna.


Voy a terminar aquí. Señora delegada, espero que su trabajo dé sus frutos por el bien de todos y precisamente porque todos aquellos que participamos en el pacto de Estado de violencia de género hicimos una labor para que no caiga en saco
roto.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.


Muchas gracias, delegada, por su intervención tan minuciosa en lo que respecta al trabajo en el ámbito de la violencia de género. Violencia machista que, como bien ha especificado, el COVID no ha detenido, por las cifras y los datos que
usted misma ha puesto encima de la mesa. Igualmente, esa situación de confinamiento ha llevado a muchas mujeres a verse forzadas a convivir con sus agresores en situaciones muy duras, a perder válvulas de escape, como bien ha explicado en su
intervención, y en todo ello compartimos su preocupación.


En relación con estos datos de COVID, sabemos que ha habido más llamadas al teléfono 016, no sé si han aumentado los casos denunciados, si ha habido alguna anomalía concreta que tengamos que tener en cuenta, por saberlo, y también si ha
habido un repunte de denuncias o más número de casos justo después del confinamiento, porque esta era una de las cuestiones que abordamos en la propia Comisión justo antes de la situación de confinamiento. Me gustaría saber si ha habido alguna
variación o alguna tipología específica en esta materia.


En el ámbito de la macroencuesta, mostramos nuestra satisfacción con la ampliación del contenido de la edición anual, porque recoge las recomendaciones del pacto de Estado contra la violencia de género. Entre esas recomendaciones, hacemos
una valoración positiva de cómo se ha medido el acoso sexual, el hostigamiento o el stalking, y la ampliación de los módulos de violencia sexual para recoger esos casos que se dan tanto en la pareja como en la expareja y las agresiones sexuales
grupales.


Junto a ello, y ha hecho alguna mención la compañera de Bildu, me gustaría lanzar una reflexión sobre cómo se analizan algunos tipos de violencia y cómo afectan a determinas mujeres: mujeres discapacitadas, mujeres según tramo de edad,
mujeres en el ámbito rural. Creo que atraviesa una variante que deberíamos tener en cuenta y que además el COVID va a agravar, que es la pobreza. Mañana es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y creo, un ejemplo, que no es lo
mismo ser una mujer discapacitada pobre que una mujer discapacitada con una situación socioeconómica medio-alta. Lo podría decir de mujeres gitanas, de mujeres negras, de mujeres en situación de vulnerabilidad. Sí que deberíamos tener cierta
precisión para tomar medidas que se adecuen a la situación específica que ya tenían algunas mujeres y que creo que ahora, lamentablemente, por la situación de crisis a la que nos vamos a enfrentar a medio plazo tendremos que valorar. Me gustaría
tenerlo en cuenta.

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Otra de las reflexiones que quiero lanzar es que cuando hablamos de los datos que se recogen en la propia encuesta y decimos que una de cada dos mujeres han sufrido violencia, desde varios puntos de vista -realista, jurídico y de rigor- yo
tendría cierto cuidado. Sé que todas las mujeres han podido sufrir algún tipo de violencia, pero especificaría a qué nos estamos refiriendo porque creo que está bien tener un reflejo fiel de nuestra sociedad para saber abordar y llamar por su
nombre a cada uno de los casos. A veces parece que metemos en un saco determinados titulares que a mí lo que me provocan -y esta es mi reflexión- son ciertos miedos respecto a quienes quieren negar este tipo de violencia machista. Parece que con
ello damos la posibilidad de que alguien pueda decir que lo mezclamos todos y que hablamos de violencia machista cuando más bien lo que vemos son fantasmas. Seguramente sabrán a qué me quiero referir con esto. Me gustaría saber si usted considera
que la propia macroencuesta ha incluido todas las recomendaciones recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su valoración de esos resultados.


En cuanto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el que, como sabe, Ciudadanos está plenamente comprometido, fue un pacto en el que trabajaron distintas fuerzas políticas y que según nuestro grupo parlamentario necesita más
impulso y más desarrollo. Nos ha estado explicando una serie de medidas que tienen que ver con el propio desarrollo del pacto, pero desde Ciudadanos hemos presentado una proposición de ley que creo que llegará al Congreso pronto, porque acaba de
empezar su tramitación en el Senado. Es una ley que quiere reforzar determinadas reformas legislativas -a algunas de las cuales ha hecho usted mención- para que realmente podamos llevar a cabo lo que supone el pacto de violencia de género.
Reformas en nuestro Registro Civil, para que los niños por ejemplo puedan cambiar el apellido; reformas en nuestra legislación penal, para que dentro de lo que es el agravante de reincidencia haya una consideración cuando una persona ha sido
víctima de varios delitos por parte de su pareja o ex pareja; diferenciación de cuál es el tipo de reincidencia; modificaciones que afectan también al propio Estatuto de los Trabajadores. O sea, relatamos y establecemos con qué medida del Pacto
contra la Violencia de Género se relaciona la reforma que nosotros proponemos, para realmente ahondar muchísimo más en lo que es el propio cumplimiento del mismo.


Igualmente en lo que se refiere a la violencia vicaria. Se ha estado hablando de la situación de los menores -en la que luego querría detenerme- y es importante cómo se utilizan esas terceras personas para hacer daño a la víctima y,
especialmente, a los niños y a las niñas; de cómo deberíamos contemplarlos igualmente y extender esa condición de víctimas; las dispensas en las declaraciones. Como digo, desde nuestro grupo parlamentario creemos que nos queda muchísimo impulso
que dar a este pacto y animamos a seguir trabajando en ello. Es fundamental, y se ha hablado de ello, la propia coordinación, la coordinación estatal y la coordinación tanto con los ayuntamientos como con las comunidades autónomas, sobre todo para
las víctimas. A veces parece que nos metemos en discusiones desde una visión competencial y no estamos pensando en qué es lo que sucede cuando una víctima de violencia de género se traslada de comunidad autónoma. ¿Automáticamente se le activa todo
el sistema, los servicios, la protección? ¿O tenemos por ahí flecos y falta de coordinación, que puede hacer que durante unos días se paralice la respuesta a esta mujer entre un expediente y otro? Yo ahora mismo me esto poniendo en la necesidad de
dar respuesta a las víctimas y que también tenemos que mejorar en las cuestiones de coordinación. Por eso me parece importante el margen para mejorar el grado de interlocución y coordinación en el ámbito de las órdenes de alejamiento, de las
medidas de asistencia social integral que pueden acordarse respecto a las víctimas y el que haya una información compartida, para que no haya ningún tipo de parón en los servicios que se necesitan.


Igualmente, ¿qué pasa con las mujeres que establecen una denuncia y luego la retiran? ¿Existe algún protocolo? ¿Cómo actuamos ante estos casos? Porque ahí también los índices de riesgo son bastante elevados. ¿Hacemos algún tipo de
actuación cuando tenemos conocimiento de ello? ¿Existe algún protocolo en vigor que recoja las medidas necesarias para atender de forma específica este tipo de situaciones? Porque sabemos que se dan y, lamentablemente, en algunas ocasiones los
resultados luego son muy negativos. ¿De qué manera atendemos a la especificidad? Por parte del Grupo Vasco se ha puesto algo de manifiesto, cuáles pueden ser determinadas mujeres que pertenecen a determinadas culturas cuyas herramientas de
maniobra son muchísimo menores. ¿Tenemos en cuenta que los profesionales estén formados?, ¿que los servicios estén adaptados para atender a esas necesidades?, ¿a esas especificidades culturales en las situaciones de determinadas minorías?, ¿a la
situación administrativa irregular a la que se enfrentan algunas mujeres, al igual que la falta de recursos?, ¿y a la situación específica de las mujeres del medio rural?

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Querría hablar de una cuestión, el acoso sexual en el trabajo, que también es relevante, y el acoso laboral por razón de sexo. Como bien se sabe, según los últimos datos que tenemos casi 20 000 mujeres sufrieron acoso sexual o acoso por
razón de sexo en 2019, el 60 % a manos de sus superiores y es muy lamentable que sólo el 8 % de las víctimas denuncian. Estos son los últimos datos en cifras que manejamos.


La señora PRESIDENTA: Debe de ir terminando, por favor.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Sí, un momento y ya termino.


A este respecto tenemos que tener en cuenta una reflexión, el movimiento Me Too nos permitió ver a esas mujeres valientes que lanzaban determinados mensajes y que alzaban voz, pero detrás hay muchísimas mujeres que ni siquiera pueden alzar
la voz. ¿Qué medidas cree que deberíamos poner en marcha para trabajar específicamente este tipo de acoso? ¿Cómo ha sido o cómo describiría la actual situación de acoso sexual en el trabajo y de acoso laboral por razón de sexo?


Hasta aquí, porque ya se me ha agotado el tiempo. Tendría algún apartado más para aportar pero sí me gustaría que nos pudiese abordar estas materias. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Tiene el turno de palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


Gracias, delegada del Gobierno contra la violencia de género. Gracias por su comparecencia esta tarde aquí. Le pido disculpas de antemano porque estaba en otra Comisión a su vez y me voy a tener que ausentar después de mi intervención
también. Hoy es un poco caos y por eso le pido disculpas de antemano. Agradezco su comparecencia y todas las aportaciones y explicaciones que nos ha facilitado esta tarde, y le animo a encontrar un espacio constructivo como este donde hacer un
ejercicio de debate y de transparencia, también en el Parlament de Catalunya, con objeto de que el Legislativo catalán también pueda debatir sobre este tema fundamental, sobre esta violación de los derechos humanos.


Lamentablemente, no podemos hablar de violencia machista sin hacer mención a esta crisis de la COVID, empezando por tratar el gravísimo repunte que están sufriendo nuestras ciudadanas. El confinamiento -como usted ya sabrá- ha multiplicado
las peticiones de ayuda, las detenciones y también las denuncias por violencia machista. No sé si usted ya lo ha comentado en mi ausencia, pero los datos son desgarradores. En el Estado español 8790 hombres han sido detenidos, se han tramitado
8412 denuncias y hemos de lamentar esas ocho víctimas mortales durante el periodo de confinamiento. Y hablemos del tremendo error de gestión que evidencia la falta de perspectiva feminista en actuaciones gubernamentales. Se ha forzado a las
víctimas a convivir con sus agresores, poniendo en riesgo tanto su vida como la de los hijos e hijas de las víctimas. Y me gustaría preguntarle: ¿Se han considerado modificaciones normativas para que esta situación no vuelva a ocurrir? Y, de ser
así, ¿cómo piensa el Gobierno evitar que las víctimas convivan con sus agresores? Porque usted también ha dicho que han convivido con ellos en esas situaciones durante el estado de alarma. Esperemos que el inminente proyecto de ley sobre medidas
de protección y asistencia a la violencia de género promueva todos los cambios normativos que capaciten a las administraciones competentes a brindar la atención, el acompañamiento y la protección legítimas a cada mujer. Y esto incluye también el
acceso inmediato al ingreso mínimo vital, puesto que sin independencia económica es muy difícil que se erradique la opresión machista.


Aprovechamos la ocasión también para poner sobre la mesa todos los tipos de violencia machista que oprimen a la mujer. Insisto en la urgencia de erradicar la trata de blancas. Sabemos que estamos en consonancia con ustedes, y somos
conscientes de la necesidad de erradicar la explotación sexual de mujeres y niñas, la cual goza de una vergonzosa impunidad, hasta la fecha, en el Estado español. Le recuerdo que llegamos treinta y cuatro años tarde. Le recuerdo que fue en el año
1986 cuando el Estado ratificó, a través de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de Naciones Unidas, la lucha por suprimir todas las formas de trata de mujeres, de explotación y prostitución de la
mujer. Más de tres décadas después, el Estado español -y no me dirijo concretamente a usted- tiene la vergüenza de ser uno de los principales países de tránsito y destino de víctimas de trata en Europa.


Permítame que insista en que el prometido proyecto de investigación sobre la realidad de la trata y la prostitución en España, por parte del Ministerio de Igualdad, vea la luz cuanto antes, y se realice en

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colaboración con los órganos competentes de las comunidades autónomas, especialmente ahora que la precarización que sufren todas las mujeres víctimas es extrema. Insisto en que la recomendación del cierre de prostíbulos por parte de su
ministerio es inefectiva. En cambio, la garantía de acceso al ingreso mínimo vital sí que lo es.


Insisto en que la precarización de las víctimas ahora es máxima y en que allí donde se han cerrado los prostíbulos la oferta sexual no ha menguado. El ejercicio de servicios sexuales excede ampliamente al de los prostíbulos, y esto promueve
prácticas arriesgadas como la prostitución en la calle, lo cual agrava el grado de exposición que asumen las mujeres durante los encuentros y los abusos sexuales. ¿Cómo está facilitando el Gobierno el ingreso mínimo vital a las víctimas de la trata
en situación irregular? ¿Existen datos sobre cuántas víctimas de trata han podido acceder a este apoyo económico? La semana pasada, durante la comparecencia de la ministra de Igualdad, se reafirmó la intención del Gobierno de erradicar esta
problemática. Quisiera preguntarle hoy: ¿Cómo piensa el Gobierno combatir la impunidad del proxenetismo? ¿Qué medidas concretas van a ser ejecutadas? ¿Y cuándo serán puestas en marcha?


Señora delegada, hasta la fecha únicamente se han evidenciado esas fallas estructurales que desamparan a las mujeres afectadas, la impunidad del patriarcado que impregna cada una de las estructuras estatales y la falta de recursos, tanto
económicos como personales, a disposición de las administraciones territoriales competentes. Hace apenas una semana, la presidenta del Institut Català de les Dones señaló, durante su comparecencia en el Senado, la falta de fondos excepcionales del
pacto de Estado ligados a esta situación de emergencia, a esta situación de pandemia. Por tanto, en esa situación en que se requieren más recursos hay que poner en valor más que nunca elementos como, por ejemplo, el nuevo Plan de choque, que
impulsó la Generalitat de Catalunya, destinando casi 3 millones de euros más de lo que estaba previsto para la violencia de género. Y nosotras nos sumamos a algunas de las reivindicaciones provenientes del Institut Català de les Dones: primera,
una legislación integral adaptada a los cambios que las diferentes formas de violencia han experimentado a lo largo del tiempo; segunda, la necesidad de fondos excepcionales y, tercera, la necesidad de gestionar directamente las herramientas de la
primera detección, como pueden ser los teléfonos de atención a las víctimas.


Al sintetizar en cuatro conceptos los puntos fuertes del abordaje de la violencia machista en Cataluña predomina el liderazgo público, que se concreta en la transversalidad de toda la estructura de la Generalitat de Catalunya: la dotación
de más recursos dentro de los presupuestos de la Generalitat, la interseccionalidad del trabajo que permite situar a las mujeres en el centro y, por último, políticas feministas dirigidas a todos los ámbitos gubernamentales. Dirigir los esfuerzos
únicamente a la atención y a la recuperación de las víctimas, en primer lugar, es inefectivo en cuanto a erradicar de raíz la problemática, que es el patriarcado, y en segundo lugar, se corre el riesgo, como ya ocurre, de revictimizar a las mujeres.


Entonces, analicemos el actual contexto y liberemos todos los recursos a disposición del Gobierno, promovamos las herramientas que los Gobiernos autonómicos necesitan, prioricemos los servicios públicos a los colectivos más vulnerables y
recuperemos la confianza en las administraciones públicas. Debemos construir protocolos con visión feminista para que no se cometan los mismos errores y, sobre todo, reorientemos los fondos públicos hacia los programas de asistencia a las mujeres
víctimas de cualquier tipo de violencia machista.


Le reitero mi agradecimiento por su comparecencia de esta tarde aquí, y disculpe si me tengo que ausentar.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Tiene el turno de palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-en Comú Podem-Galicia en Común, la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑON: Graciès, presidenta.


Graciès, delegada de Gobierno, por su exposición. La verdad es que este repaso exhaustivo es de agradecer, porque justifica la propia existencia de la Comisión de seguimiento del pacto de Estado y además nos recuerda que el cometido de esta
Comisión es exigir el cumplimiento del informe del pacto de Estado que se aprobó en la Cámara legislativa en 2017 y que fue el logro de un consenso muy importante. Creo que a día de hoy, incluso cuando se difiere en matices y estrategias de manera
totalmente legítima, todas las fuerzas aquí representadas y especialmente aquellas que entonces hicieron posible aquel acuerdo, deben defender y deben reclamar ese cumplimiento. Le agradezco el repaso exhaustivo a algunas de las cuestiones que
hemos señalado y que han sido impulsadas -lo ha señalado el movimiento

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feminista- por las mujeres que han salido durante décadas a las calles a denunciar esta situación de discriminación estructural por una cuestión de género, que, además, se ve atravesada por otras muchas cuestiones, como Kimberlé Crenshaw y
la interseccionalidad nos han demostrado.


Le agradezco mucho que a la hora de hablar de esto -que no son únicamente cifras, porque cada vida cuenta, como nos dicen también las compañeras argentinas, y todas las vidas cuentan una historia-, además haya dejado claro que el cómputo
actual sigue siendo elevado, dentro de lo que nos marca la Ley 1/2004, en el ámbito de pareja o expareja, y que el propio ministerio y la Delegación de Gobierno son conscientes de que existen más feminicidios fuera de ese ámbito y, por tanto, las
medidas, los planteamientos y las actuaciones se han de llevar a cabo pensando también en esas otras mujeres que son asesinadas por el hecho de serlo, aunque no sean sus parejas o exparejas quienes hayan cometido ese asesinato.


Quería destacar otra cuestión que a la hora de elaborar el pacto de Estado para nuestro grupo, el Grupo Confederal, fue clave. Está relacionada con la mención que ha hecho a la noticia que salió ayer, relativa a los dos reglamentos que
tienen que ver con la igualdad retributiva y cómo medidas que están ancladas en cuestiones de igualdad son necesarias a la hora de luchar contra las violencias machistas. Si algo ha dicho de manera insistente nuestro grupo parlamentario -reconozco
que no fue el único que lo dijo en su momento, pero, por las mismas, recuerdo perfectamente lo pesadas que fuimos con esa cuestión porque nos parecía estructural y, por tanto, en tanto que estructural, no podemos luchar contra la violencia en el
momento en que se produce de manera física y psicológica- es que debemos atajar ese caldo de cultivo que es la desigualdad: la desigualdad socioeconómica, la desigualdad en la representación y la desigualdad simbólica; es decir, todas aquellas
cuestiones en relación con las cuales las políticas de igualdad deben construir una legislación que se parezca a la sociedad que ya somos, que es una sociedad feminista y orgullosa de ello. Quería destacarlo porque me parece importante y porque
hemos insistido mucho en ello. Es una suerte saber que esta delegación no está sola a la hora de afrontar las violencias machistas, sino que hay un Gobierno consciente de que son muchos los frentes desde los que hay que combatirlas.


Ha hablado del título habilitante y ha hecho una reflexión que también me parece muy importante viniendo de alguien que pertenece al ámbito judicial, con una acreditada y conocida experiencia. Cuando se señalan determinadas debilidades
propias de las instituciones, esto no es en sí un ataque a las mismas, sino la búsqueda de mejores cauces para la actuación. Pienso en la noticia que esta misma mañana conocíamos relativa a lo que ha dicho la Audiencia Nacional respecto a qué
respuesta se tendría que haber dado a una mujer que estaba sufriendo violencia machista. En este sentido, desde el ámbito constructivo, porque creo que, precisamente, somos las primeras que debemos hablar de ello, a su juicio, ¿qué actuaciones se
pueden añadir a todas aquellas que aparecen en el informe del pacto de Estado? Se lo pregunto para conocer su punto de vista, tanto por su experiencia en el ámbito judicial como por la experiencia de estos meses -extraños meses, por otra parte- en
la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Lo digo pensando también en los datos de la macroencuesta. Son escalofriantes y ha dado muchos al respecto. El 49,6 % de quienes sufren cualquier tipo de violencia machista no denuncia,
pero tampoco busca ayuda y cuando hablamos del ámbito de pareja o expareja, pasa a ser un 66,9 %. ¿Qué se puede hacer? Me ha gustado mucho lo que ha dicho de las redes, tanto de las digitales como de las que llevamos toda la vida construyendo.
Las instituciones tienen que generar también esta confianza que crean las redes que llevamos décadas, siglos, tejiendo entre nosotras. A su juicio, ¿qué más podemos hacer?


Ha hecho otra mención que tiene que ver con la importancia del cribado sanitario y cómo se demuestra que es uno de los espacios donde con más confianza se pueden detectar situaciones de violencias machistas. En ese sentido -casi diría que
es una pregunta retórica o una insistente petición-, es clave reforzar la atención primaria dentro de nuestro sistema de salud pública.


Me ha interesado otra cuestión que tiene que ver con la percepción de la violencia. Los datos también nos dicen que a veces las y los jóvenes detectan más la violencia que están padeciendo sus madres que ellas mismas. Me ha gustado la
reflexión que ha hecho, señora delegada. Ha dicho que hay una mayor detección por parte de las generaciones más jóvenes. Quizá estamos haciendo algo mejor y, sobre todo, quizá tenemos que empezar a invalidar este mantra de que las generaciones más
jóvenes están peor respecto al machismo, basándonos únicamente en que existen más denuncias. Quizá que existan más denuncias significa que lo están detectando más que otras generaciones cuando teníamos esa edad e incluso me atrevería a decir que
más que otras generaciones en este momento. Me ha parecido un dato

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esperanzador y, sobre todo, muy relevante también para pensar las campañas. Enhorabuena por dirigir una campaña específicamente para los hombres; creo que ya iba siendo hora. De la misma manera que tenemos claro que a la gente se le dice:
no robes y no permitas que te roben, habrá que decirle: no maltrates, no mates y tienes que conseguir evitar que te maten o que te maltraten. Así que enhorabuena también por esa necesaria campaña. Creo que era una demanda del movimiento feminista
y tenemos muchas ganas de conocerla.


Voy acabando ya. Dentro de los datos importantísimos que se dan en la macroencuesta, que es un trabajo a reconocer y a agradecer para mejorar la actividad y la tarea que tenemos por delante en el Legislativo, me parece importante que nos
haya hablado de los indicadores de seguimiento, del impacto de la puesta en marcha de las medidas del pacto de Estado y de su evaluación. Entre otras cosas, esta era una de las explicaciones para no dotar en un único ciclo presupuestario todo lo
que necesitaba el pacto, sino ir evaluándolo para ver cuál es la incidencia y el impacto que tiene y poder ir viendo cómo funciona, porque siempre es necesario una continua revisión y seguimiento de aquello que se pone en práctica en las políticas
públicas.


No me queda más que celebrar la buena coordinación que nos ha dicho que existe entre las distintas instituciones y Gobiernos. En ese sentido, nunca está de más insistir en que esa coordinación tiene que darse también con el movimiento
feminista, y me consta que desde el Ministerio de Igualdad se hace. Tenemos un pacto de Estado, tenemos una serie de medidas y tenemos un Ministerio de Igualdad gracias a la lucha del movimiento feminista, que deben ser protagonistas, artífices y
nuestras continuas consultoras -como sé que lo están siendo- a la hora de desarrollar estas medidas. Por lo mismo, creo que esa coordinación es deseable que se dé también en el Legislativo con los diferentes distintos grupos parlamentarios. Ahí
voy a apelar especialmente tanto al Grupo Parlamentario Popular como al Grupo Parlamentario Ciudadanos -porque sé el trabajo que hicieron sus compañeras, ya que lo viví-, además de a los grupos que han hablado anteriormente, a que demos
cumplimiento, seguimiento y rigor al informe del pacto de Estado, que lo hagamos ley y que tengamos muy presente que, dentro de las legítimas y evidentes diferencias que tenemos a la hora de abordar muchas cuestiones, estamos hablando de un
principio de ciudadanía y es nuestra responsabilidad salvaguardarlo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


A continuación, tiene el uso de la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Toscano.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias.


Primero, muchas gracias por venir, señora delegada. Usted ha empezado su comparecencia pidiendo un reconocimiento a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos. A mí me gustaría empezar la mía pidiendo un reconocimiento a
todas las víctimas de violencia, independientemente de su sexo, edad u orientación sexual.


Usted ha estado contándonos lo maravilloso que es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y lo maravillosas que son todas las medidas que van implementando, pero me gustaría recordar aquí que este Pacto de Estado contra la Violencia
de Género y la Ley Integral contra la Violencia de Género vulneran derechos fundamentales, sobre todo cinco derechos fundamentales. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la Ley Integral contra la Violencia de Género violan el derecho
fundamental a la libertad de conciencia. Ustedes no permiten que pensemos diferente, no permiten que digamos que la violencia no tiene género. Esto luego se traduce en que violan también el derecho fundamental a la libertad de expresión. Como
ustedes son totalitarios, quieren que todos pensemos como ustedes nos dicen y como el feminismo nos dice. Otro derecho fundamental que violan este pacto y esta ley es el derecho a la libertad de educación. En este caso, la Constitución, en su
artículo 27.3, reconoce a los padres nuestro derecho a elegir los valores en los que queremos educar a nuestros hijos y, como usted bien ha explicado, este pacto y la Ley Integral contra la Violencia de Género aplican medidas para que en los
colegios ya se les empiece hablar a los niños de feminismo y de sus teorías de género. Otro derecho fundamental que viola este pacto es la igualdad ante la ley. Antes de las leyes feministas había igualdad ante la ley en España, pero ahora ya no.
Esta ley y este pacto han promovido la asimetría penal; ahora, ante un mismo delito, ante la misma agresión, el hombre tiene una pena mayor que la mujer por el mero hecho de ser hombre. Y otro derecho fundamental que viola es el derecho a la
presunción de inocencia. Ustedes recalcan mucho que la mujer tiene que ser creída siempre, pero cuando una mujer denuncia ya hay consecuencias para el hombre. Otra característica del pacto es que reconoce el estatus de víctima a

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mujeres que no han denunciado. Esa mujer adquiere así ciertas prestaciones y, por tanto, ese hombre es considerado mediática y socialmente culpable sin que haya habido una sentencia judicial.


Al final, el número de mujeres asesinadas no se reduce. Tantas medidas y tantos millones que ustedes destinan para esto no reducen el número de víctimas; el dinero siempre va a sus chiringuitos, a sus asociaciones, y ustedes disfrazan de
falsa preocupación por la mujer lo que es avaricia y ansia de poder. Entre otras mentiras que nos suelen contar está la de las denuncias falsas. Ustedes nos dan siempre el dato de que representa el 0,0001 -me pierdo con los ceros-, y yo creo que
usted sabe perfectamente que la Fiscalía solo computa un cierto número de denuncias falsas, las de un tipo, no todas; solo computa, por ejemplo, las denuncias falsas de las audiencias provinciales, solo computa las denuncias falsas cuando una mujer
ha denunciado y ha sido condenada en el mismo año, y muchísimas denuncias se quedan sin perseguir. El mismo Consejo General del Poder Judicial, en un informe, dice que hay un 60 % de denuncias por violencia de género que son archivadas. Creo que
todos sabemos que en ese 60 % hay muchas denuncias falsas.


Otro tema que usted ha sacado es el de la alienación parental. Creo que es un hecho que todos conocemos que muchos padres predisponen a un hijo contra el otro padre. Y, claro, no perseguirlo es una forma de poder denunciar falsamente a ese
hombre, lo utilizan muchas mujeres; ustedes conocen los casos de sus amigas de Infancia Libre. Ustedes dicen que la alienación parental no se puede reconocer porque no tiene base científica, y me hace mucha gracia la verdad, porque la ciencia
avala que el bebé que está en la tripa de la madre es un ser humano y ustedes lo niegan para promover el aborto, y, en cambio, que la violencia tiene género, que no tiene ninguna base científica, que es una teoría feminista, para ustedes esa ley es
religión. Así que de la ciencia mejor no hablemos. Después, de la macroencuesta, ¡qué le voy a decir! Que una de cada dos mujeres ha sufrido violencia machista no se lo cree nadie, pero, claro, si ustedes incluyen las miradas o los piropos como
violencia, lo que me extraña es que no haya salido que el cien por cien de las mujeres sufrimos violencia machista.


También presumen de cumplir el Convenio de Estambul cuando lo incumplen sistemáticamente. El Convenio de Estambul, en su artículo 4.3, conmina a los Gobiernos a que protejan a todas las víctimas, independientemente de su sexo u orientación
sexual. En su artículo 11 pide a los Gobiernos que elaboren informes y recopilen datos y estadísticas para estudiar todos los tipos de violencia, cosa que ustedes no hacen. El artículo 24 del Convenio de Estambul pide que haya un servicio de
atención telefónica, como el 016, para todas las víctimas, y ustedes también lo incumplen, pero luego siempre enarbolan el Convenio de Estambul. No sé si no lo conocen o no se lo han leído, no lo entiendo muy bien.


VOX propone derogar este Pacto de Estado contra la Violencia de Género, porque consideramos que no protege a todas las víctimas. VOX propone una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todos, independientemente del sexo, de la edad y
de la orientación sexual. VOX quiere que se protejan los derechos fundamentales y constitucionales, como son el derecho a la igualdad ante la ley y a la presunción de inocencia. Por eso ustedes suelen decir que VOX está fuera de la ley. Dijo su
ministra el otro día que como VOX no acepta que la violencia tenga género, está fuera de la ley. Creo que esto les retrata, demuestra su totalitarismo; como le he explicado al principio, no nos permiten disentir. VOX quiere, primero, que el
dinero de los españoles esté en el bolsillo de los españoles, pero, además, que el dinero que se invierta en paliar la violencia sea para todas las víctimas y que llegue de verdad a las víctimas y no se quede en asociaciones, como se comprobó, por
ejemplo, en Andalucía, que un porcentaje muy pequeño -usted lo sabe- iba a parar a manos de las víctimas para ayudarles a tener una vida mejor.


Ustedes también afirman -lo he oído en varias Comisiones y contextos- que VOX segrega a las mujeres, que VOX defiende la violencia contra la mujer. Afirmar esto es miserable, es incitar al odio contra VOX. Yo creo que en realidad nos
atacan tanto porque tienen miedo de que les quitemos la careta de totalitarios y saben que cuando les quitemos esa careta a muchos españoles se les caerá la venda de los ojos.


Ahora le quiero hacer unas cuantas preguntas a las que no sé si me podrá contestar. Me gustaría que me contestara, en primer lugar, a la pregunta de a quién defienden en estos presupuestos; en teoría, son para la mujer, pero quería que me
aclarara qué entienden por mujer, quién se va a beneficiar de este pacto y de esta ley. Me gustaría que me dijera por qué el Tribunal Constitucional defendió a Fernando Valdés y su presunción de inocencia cuando la presunción de inocencia es
sistemáticamente vulnerada gracias a este pacto. ¿Por qué callan ante los abusos de menores en Baleares si dicen luchar contra la violencia contra las mujeres y las niñas? ¿Por qué no publican los datos de menores asesinados por mujeres? ¿Cuántos
hombres asesinados hay por sus parejas? Porque la cifra de las mujeres no paramos de oírla,

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pero ¿y la de los hombres? ¿Cuántos niños hay asesinados? ¿Cuántos homosexuales? Ha hablado usted de menores, de hijos de víctimas de violencia de género que sufren ese contexto y me gustaría preguntarle qué pasa con los otros menores.
¿No importan? ¿Solo importan esos? Querría saber cuánto nos ha costado a los españoles su macroencuesta, que al final solo sirve para demonizar al hombre y victimizar a la mujer. ¿Por qué publican desde su Delegación del Gobierno los datos de las
mujeres asesinadas, inflando las cifras cuando todavía no ha habido una sentencia judicial? En el momento en que una mujer es asesinada, la contabilizan como una víctima de género sin que aún se sepa nada. Eso conlleva -y usted lo sabe- la condena
social y mediática de ese hombre.


¿Por qué no hay minutos de silencio ni estudios ni servicios de atención telefónica cuando las víctimas son hombres o son niños o son homosexuales? ¿Por qué en plena pandemia y con una crisis económica tan grave se gastan 100 millones de
euros en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género? Si tanto les importa la violencia contra las mujeres, ¿por qué no condenaron ninguna de ustedes la agresión a mi compañera Rocío de Meer? ¿Por qué callan ante las manadas de inmigrantes?
¿Por qué se empeñan en traer inmigrantes con culturas en las que no se respeta a la mujer? Antes el compañero del PNV recordaba que habría que implementar medidas para mujeres con culturas diferentes. También vienen hombres con culturas
diferentes; vienen de culturas en las que no respetan a la mujer. ¿Por qué se empeñan en traer a personas que no respetan a la mujer?


No sé si podrá contestarme a todo esto, pero sí tengo claro que cuando se está anclado en la mentira y le ponen verdades delante es muy difícil encontrar respuestas. Hay dos verdades muy claras: que ustedes mienten a los españoles y que la
violencia no tiene sexo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señora Rosell, y bienvenida a esta Comisión. En primer lugar, me gustaría darle las gracias. Hoy estamos aquí convocados para valorar sus acciones al frente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Lo
primero que tengo que destacar es que usted viene un poco tarde, muy tarde, y viene, como hacía referencia la presidenta, pasado el tercer aniversario de la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ya sabe -no me gusta mucho
recordarlo-, fue ese que ustedes no firmaron porque lo impulsó un Gobierno del Partido Popular. Además, lo hacen sin poner en marcha la mayoría de las medidas, porque creo que no es lo mismo estar trabajando en ellas que el que se estén ejecutando.
Ese hecho es para nosotros una manifestación más de una evidencia bastante clara, que la lucha de Unidas Podemos en favor de la mujer es tan falsa e interesada como el nombre que define su propia coalición. Porque, señora Rosell, ustedes son
absolutamente incapaces de unir a los españoles en favor de una lucha tan importante como es la de la mujer en pro de la igualdad de oportunidades y de derechos. Tengo la sensación, y de verdad que me duele, de que para ustedes la mujer es solo un
recurso electoral más, como ocurre con el resto de colectivos de los que siempre tratan de apropiarse. Es cierto que habla mucho de nosotras, debo reconocerlo. Pero eso es algo fácil; lo difícil es dar ciertas batallas que ustedes no solo no dan,
sino que intentan que las mujeres no demos. Porque, a la hora de la verdad, lo descubrimos, a Unidas Podemos solo les importan las mujeres que son de Podemos o las que van a dar la batalla por las mujeres que puedan llegar a votar a Podemos. Esto
es así, señorías. Para ustedes una mujer de izquierdas vale más que una mujer de derechas, y de verdad que me duele decirlo, pero es por ello que ustedes no dijeron absolutamente nada cuando el señor Valdés, magistrado del Tribunal Constitucional,
fue detenido el 11 de agosto por una presunta agresión a su mujer. Ustedes y la delegación que personalmente dirige siempre se lanzan a condenar cualquier agresión a cualquier mujer. ¿Por qué en unos casos guardamos silencio y en otros no? Sé que
usted ha justificado su silencio porque -y le cito- es constitucionalista y ha dicho que lo es porque respeta la presunción de inocencia. Usted respeta la presunción de inocencia no siempre, sino siempre que le conviene, por lo que me gustaría
preguntarle si va a decir algo. Acabo de conocer la renuncia del señor Valdés esta misma tarde, pero me hubiese gustado ver contundencia por su parte.


Otro punto es que ustedes también pusieron en riesgo la vida de miles de personas el pasado 8 de marzo y aún no ha dimitido nadie, ni siquiera se ha pedido perdón; todo lo contrario, se han dedicado a asociar las críticas a su gestión con
ataques a las mujeres. Nada que ver, señora delegada. Ustedes lo sabían y la verdad es que nos mintieron. Yo ya tuve la oportunidad de exponérselo a la señora Montero,

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pero, a raíz de las últimas informaciones que hemos conocido estas últimas semanas, todavía ha quedado más claro. En cualquier Estado democrático deberían haber dimitido y aquí solo tenemos que conformarnos con esperar un nuevo escándalo
más. En definitiva, impusieron la ideología a la salud de todos los españoles.


Por ello, ustedes también quedan en evidencia cuando se descubre que su jefe de filas oculta a su asesora que había guardado su desaparecida tarjeta SIM durante meses por su seguridad. Me parece gravísimo que el señor Iglesias haya cometido
presuntamente delitos con agravante de género y que ustedes callen. La doctrina más autorizada señala que el agravante de género -y cito textualmente- debe aplicarse en todos aquellos casos que haya quedado acreditado que el autor, en este caso el
señor Iglesias, ha cometido los hechos contra la víctima mujer por el mero hecho de serlo y con intención de dejar patente su sentimiento de superioridad frente a la misma. Me sorprende su férrea defensa a lo largo de estos días, señora Rosell, y
más cuando, según el juez, el señor Iglesias se sentía superior a Dina, su subordinada, y parece que eso le empujó a protegerla de una extraña manera.


Por último, usted ha hablado también de lo difícil que es conocer el número real de casos de menores que han sido víctimas. Ustedes se vuelven a retratar definitivamente cuando se niegan a investigar el escándalo sexual de las menores en
Baleares. Sus formaciones políticas han rechazado esta investigación, primero, en el Consejo Insular de Mallorca y, segundo, en este mismo Congreso, cuando con 190 votos ustedes y sus socios se negaron a apoyar una investigación de este escándalo.
Son niñas, es que eso no es política. Es un sistema que debería proteger a estas menores, de 16 años en concreto, y no lanzarlas a los brazos de sus agresores. Hemos pasado del 'hermana, sí te creo' a pedir prudencia. ¿De verdad no quieren saber
qué es lo que ha pasado en Baleares? ¿A quién estamos intentando proteger?


Todos estos casos son ejemplos en los que ustedes han quedado en evidencia, y de ahí mi primera intervención; todos además entrarían dentro de la definición de violencia machista utilizada en la macroencuesta de 2019, a la que además ha
hecho usted mención, y en todos ellos se han quedado ustedes callados. Por cierto, una encuesta que, a mi juicio, falsea interesadamente la realidad. Para el Grupo Parlamentario Popular luchar contra la violencia de género ha sido desde hace
muchos años un objetivo fundamental en todas las políticas; basta con observar las medidas y programas innovadores que se han puesto en marcha en las diferentes comunidades autónomas donde hemos gobernado y seguimos gobernando, o cómo hemos
impulsado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.


Desde mi grupo le vamos a presentar algunas propuestas actuales y necesarias para el momento que estamos viviendo para las víctimas de violencia de género, pero por falta de tiempo no me voy a poder extender mucho -usted ha mencionado unas
cuantas medidas, a las cuales me sumo-, como dotar de más y mejores medios materiales y de mayor número de efectivos a las distintas unidades encargadas de los casos de violencia de género de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, e incluso
ampliar el número de recursos habitacionales y de emergencia cumpliendo con la normativa de protección y seguridad derivada de la crisis de la COVID-19; implantar un plan de atención psicológica reforzada para hacer frente a las consecuencias
derivadas del duro confinamiento entre víctimas, sus hijos y los agresores y establecer medidas de asistencia, atención y acogida accesibles para las mujeres con discapacidad ante la segunda ola del COVID-19, además de llevar a cabo una reforma
legal para que ningún huérfano de violencia machista se quede sin recibir ninguna pensión, ya que los datos son bastante alarmantes.


En definitiva, para ir concretando, me gustaría facilitarle su réplica haciéndole unas cuantas preguntas. Con respecto a las 36 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año, ¿qué iniciativas va a
presentar su institución al respecto? Con respecto a las denuncias -usted ha hablado también del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial-, las denuncias por violencia de género disminuyeron los dos últimos trimestres, un 10 % el primero
y un 14,6 % el segundo. Si, como ha dicho usted, muchas mujeres ven cerrada la puerta cuando hay que acceder a la justicia para denunciar, ¿qué medidas piensa poner en funcionamiento para revertir estos datos? Con respecto al COVID, además de los
carteles editables que usted ha mencionado, yo no me quiero ni imaginar la triste realidad que están viviendo muchísimas mujeres durante la pandemia como consecuencia del largo y duro confinamiento decretado por el estado de alarma. Me gustaría
saber cómo se ha preparado la delegación que usted dirige para esta situación y cómo vamos a afrontar los próximos meses. Con respecto al señor Valdés, ¿qué diferencia el supuesto del señor Valdés de otros

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muchos casos? Con respecto al 8 de marzo, ¿se arrepiente de haber pedido a los españoles que saliéramos a la calle el 8 de marzo? Con relación a los escándalos sexuales de las menores tuteladas en Baleares, ¿a quién estamos intentando
proteger?


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


En el turno del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guinart.


La señora GUINART MORENO: Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta.


Antes que nada, un recuerdo para todas las mujeres que son víctimas y supervivientes de violencias machistas y para aquellas que ya no están con nosotras. Mi firme repulsa y condena, así como la de todo el Grupo Parlamentario Socialista,
hacia el machismo criminal.


La Comisión de seguimiento y evaluación, esta Comisión, está recogida en el punto 10 del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por esta Cámara hace tres años. La creación de esa Comisión, según se recoge en el documento
del Congreso de los Diputados, atiende a la necesidad de estar permanentemente atentas al cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la subcomisión del pacto y además busca establecer un sistema que permita la revisión y actualización de las
recomendaciones del mismo. En eso estamos y ese es el propósito de este grupo parlamentario, dar pleno cumplimiento a todas y cada una de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y realizar el mandatado seguimiento a través de
esta Comisión parlamentaria. Por eso nos complace la comparecencia hoy ante esta Comisión -gracias- de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, así como la que en su día efectuó, también a petición propia y aún en pleno estado de
alarma, la ministra de Igualdad, Irene Montero.


Tenemos como sociedad -y, por descontado, como Legislativo- un reto enorme para desterrar el machismo asesino y violento de una vez por todas, para desterrar al machismo en todas sus variantes y amplitud, porque esa es la raíz y esencia del
patriarcado, la causa de tanto sufrimiento para tantas mujeres. Nos asesinan por ser mujeres, nos asesinan porque los machistas violentos se consideran superiores y nos consideran sus posesiones, porque nos cosifican y nos quieren dominar y
controlar. No lo hacen los hombres, sino los hombres que maltratan y asesinan a mujeres solo porque son mujeres. Como dice el forense especialista en violencia de género Miguel Lorente, no te condenan por hombre, te condenan por maltratador.


Pero el machismo incrustado en la sociedad es, evidentemente, cooperador necesario. En septiembre conocimos los datos de la macroencuesta que fue elaborada por el anterior Gobierno, siendo la vicepresidenta Carmen Calvo titular de Igualdad.
Son datos que nos advierten de que tenemos que poner todos los medios y recursos para combatir la violencia machista. Una de cada dos mujeres de este país, como ya se ha dicho, ha sufrido violencia por ser mujer. Son unos medios y recursos que el
pacto de Estado y su dotación económica vienen a reforzar con la necesaria complicidad y colaboración de todas las administraciones implicadas, desde el Gobierno -hoy aquí representado por la delegada- hasta ayuntamientos y comunidades autónomas,
pero también instituciones como el Poder Judicial, la llamada sociedad civil, medios de comunicación, sector audiovisual y toda la sociedad en su conjunto. Es tarea de todos y todas combatir el machismo asesino. Precisamente los Presupuestos
Generales del Estado, que pronto se van a tramitar en esta Cámara, son imprescindibles para afianzar esa dotación económica del pacto de Estado, así como el resto de partidas destinadas a la asistencia a las víctimas de violencias machistas, a la
formación y a nuevos proyectos y estudios.


Hace apenas una semana el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial, advirtió de la grave situación que han vivido las víctimas en el confinamiento. El informe, correspondiente a los
meses de abril a junio de este año, demuestra las dificultades de las víctimas de violencia machista para denunciar a sus agresores. Hemos vivido y en buena parte estamos viviendo como sociedad, e incluso como humanidad, unos momentos muy
complejos. El confinamiento ha sido duro, muchísimo más aún para las mujeres que lo han pasado bajo el mismo techo que sus maltratadores. El plan de contingencia, el Real Decreto-ley 12/2020, con la declaración de servicios esenciales para la
atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia y las medidas y recursos que lleva asociados, vinieron ya en los primeros momentos de la pandemia a dar respuesta efectiva a las necesidades sobrevenidas como consecuencia del COVID-19.
Desde aquí expreso mi reconocimiento, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para todas aquellas y aquellos profesionales que estuvieron en momentos tan complicados atendiendo también a las mujeres que necesitaban ayuda y que continúan

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haciéndolo día tras día. Aprovecho para lanzarle, delegada, una pregunta concreta sobre un anuncio de la ministra respecto a la ampliación de servicios de atención integral a todo tipo de violencias. Me gustaría que detallara cómo se va a
articular, si implica al Servicio 016 y, en todo caso, cómo se llevará a cabo la organización y refuerzo del servicio a tal efecto. Este teléfono ha recibido hasta agosto un 27 % más de llamadas que en el mismo periodo del año pasado. Asimismo,
respecto al servicio Atenpro, sabemos que existen algunas dificultades para satisfacer la demanda creciente de ese servicio, por lo que también le agradecería que explicar si próximamente se va a abordar alguna flexibilización que permita dar la
respuesta necesaria.


El pacto de Estado contra la Violencia de Género contempla, como se sabe, 214 medidas, entre ellas, el mandato legislativo respecto a violencias machistas, como son la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o el abordaje
del resto de violencias contra las mujeres recogidas por tratados internacionales, más específicamente el Convenio de Estambul; violencias que necesitan de un abordaje legislativo específico. En este sentido, la violencia sexual, por una parte, y
la prostitución, por otra, son expresiones de violencia machista que el Gobierno está resuelto a abordar. El compromiso con el abolicionismo es firme, y de ahí el trabajo que están llevando a cabo los ministerios de Justicia e Igualdad, y el
Gobierno en su conjunto, para hacer más efectiva la persecución del proxenetismo y la reintroducción de la tercería locativa. Igualmente, es manifiesta la voluntad del Gobierno de terminar con la aplicación judicial del SAP, el acientífico e
inexistente síndrome de alienación parental, de lo cual también nos congratulamos porque coincide con una enmienda que hemos presentado al proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Porque, como señala el propio pacto de Estado, el SAP es inadmisible como acusación de una parte contra la otra en los procesos de violencia de género, separación, divorcio o atribución de custodias de menores.


La violencia de género en todas sus formas, desde las más sutiles, aunque no poco dañinas, como son la psicológica o económica, hasta la que desemboca en asesinatos machistas deplorables y desgarradores, constituye una realidad que retrata
en toda su crudeza la macroencuesta de violencia contra la mujer. Una de las cuestiones que deja patente esa macroencuesta es la transversalidad de la violencia de género. No conoce edad ni profesión ni clase social ni país de procedencia; esta
estadística nos enseña que la violencia machista atraviesa toda la sociedad, con pequeños matices dependiendo del tipo específico de violencia; en ocasiones, con mayor incidencia en colectivos vulnerables o en personas con discapacidad o en el
medio rural, pero salpicando todos y cada uno de los rincones de nuestra sociedad. Muy al contrario, el sexo sí es determinante a la hora de ser susceptible de padecer violencia física, psicológica, sexual o acoso. Más de 11,5 millones de mujeres
de 16 años o más han sufrido algún tipo de violencia por el solo hecho de ser mujer; solo en los últimos doce meses, más de 4 millones, una de cada cinco. Y eso, sin contar la violencia que permanece oculta, que no se denuncia, que no se expresa,
por vergüenza, por miedo o por todo a la vez. Esto pasa con todos los tipos de violencia, pero muy especialmente con la sexual. La mitad de las mujeres de este país ha sufrido, hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas algún tipo de
violencia machista. Es grave, señorías, es muy grave, y negarlo no borra esa realidad, solo contribuye a empeorarla. La macroencuesta nos enseña también qué tipo de secuelas deja la violencia machista a mujeres supervivientes. Sufrir una
violación multiplica por seis el riesgo de tener pensamientos de suicidio y se fija en los y las menores de edad expuestos a violencia de género y para los cuales el pacto de Estado también dedica una relación de medidas de protección. La máxima de
que un maltratador nunca puede ser un buen padre cobra sentido ante esta estadística. Por eso, igualmente hemos registrado enmiendas a la ley de violencia contra la infancia. A este respecto, hemos conocido recientemente el estudio sobre menores y
violencia de género de la delegación, al que usted también ha hecho referencia, y que concluye que la exposición de estos menores es mayor de la que se pensaba: que uno de cada cuatro ha estado expuesto alguna vez a la violencia machista que
padecen o han padecido sus madres y que, de estos, un 77 % han sufrido directamente violencia por parte del maltratador. Es un estudio valioso que también nos da pistas de que vamos en la dirección correcta, por ejemplo, cuando constata que las
niñas y adolescentes que han vivido esa violencia no es probable que la reproduzcan en sus relaciones futuras de pareja si en la escuela se aborda esa cuestión. La prevención de la violencia machista mediante la coeducación es, pues, esencial e
irrenunciable.


El pasado domingo se conmemoró el Día Internacional de la Niña. Son muchas las formas de violencia en las que son víctimas millones de niñas en todo el mundo: mutilación genital, abusos sexuales, matrimonios forzados, y otras que en
nuestra sociedad tenemos mucho más normalizadas, pero que forman parte de esos mandatos del patriarcado que redundan en violencia contra las mujeres ya desde

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que nacen; sin ir más lejos, la sexualizacion y cosificación de las niñas a través de la publicidad. A ese respecto, un estudio del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, del Instituto de la Mujer, desvela que, en los anuncios
protagonizados por niñas, estas son sexualizadas en el 8,5 % de los casos, y sabido es que mercantilizar y sexualizar los cuerpos infantiles puede contribuir a favorecer los abusos sexuales.


El pacto de Estado dota con fondos a comunidades y ayuntamientos para que esas administraciones, desde la proximidad, contribuyan igualmente con campaña y actuaciones diversas, por supuesto, a la reparación y abordaje de la violencia. Son
muchas las actuaciones que se están llevando a cabo. Algunas pueden conocerse a través del repositorio que figura en la web de la delegación. En esa misma línea, consideramos que podría ser interesante la creación de un banco municipal de buenas
prácticas que recoja las medidas que han impulsado los ayuntamientos con los fondos del pacto de Estado, para así visibilizar las medidas más exitosas y para que otros municipios puedan imitarlas.


Son 1069 las mujeres asesinadas desde que tenemos estadísticas, desde 2003; son 36 ya este año. Ayer supimos que un supuesto accidente en Cádiz no fue tal, sino que se trató de un caso de violencia de género. Ya en el año 1980 Naciones
Unidas advirtió que la violencia contra las mujeres es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Son cifras que estremecen, sublevan y asquean hasta límites insospechados a cualquier demócrata, a cualquier persona de bien, a cualquier persona,
en definitiva, porque no son solo cifras, son mujeres que ya no están porque en su camino se cruzó un machista asesino. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


En turno de réplica, la señora delegada tiene la palabra.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): Muchas gracias.


Son varias las personas que se han tenido que ausentar, pero no quiero dejar de decir, por si lo puede consultar después Tomás Guitarte, de Teruel Existe, que no coinciden mis números sobre prevalencia de la violencia de género en las
mujeres rurales, pero sí -y solo por esto merecería la pena, porque sean las que sean, lo merecen todo y evidentemente están en peor situación para demandar determinados servicios- sufren más silencio. Evidentemente, son más reacias por la falta de
anonimato y confidencialidad del entorno y sufren una violencia psicológica, una violencia de control y una violencia económica de mucha prevalencia. No puedo desvelar -por no decir reventar- la presentación del estudio pasado mañana con Fademur,
pero se lo haremos llegar directamente o a través de la presidenta para quienes tengan interés.


Precisamente, hablando de la cobertura telemática o telefónica de estas mujeres, es por lo que necesitamos un avance de digitalización y de mejora de los servicios que tiene que ver también con lo que comentaba ahora mismo doña Lidia
Guinart, aunque no solo, sino también por la posibilidad de utilizar dispositivos que puedan darte más seguridad, incluso siendo un poquito más discretos también, por la victimización secundaria. Estos empezaron siendo -yo los ordené colocar- unos
considerables ladrillos -con perdón- que operaban con 2G. En fin, que hay que cuidar determinadas digitalizaciones, modernizaciones, etcétera. Y, desde luego, en el caso que preguntaba, una mayor cobertura. Aparte de que hay que intentar evitar
falsas alarmas, porque es verdad que pueden dar lugar a la detención equivocada de hombres si a la policía le salta la alarma, pero eso se comprueba rápido, las que realmente se repliegan en sus casas. En fin, hemos pedido medios para cualquier
mejora técnica, y no solo para eso, sino también para que hubiera centros de crisis veinticuatro horas dentro del territorio nacional. Pero, en concreto, los avances telemáticos a veces los vemos como algo más lejano de lo que es.


Si me permiten entrar en los proyectos casi personales, tengo un sueño después de oír a una científica del CSIC de este país decir que estaba trabajando en un proyecto que ella llamaba Bindi -como el puntito rojo de las hindúes-, ya que
creía que ahí podía introducir tecnología 5G con geolocalización de punto a punto. Yo a veces sueño y me emociono pensando que podríamos llevarlo en un colgante o en una pulsera. Para eso vamos a pedir dinero a Europa, porque, evidentemente, con
los concursos que podemos hacer y el presupuesto que podemos tener en España se presentan las tres operadoras que ustedes están pensando -que son las que se presentan- y se lo lleva la que ustedes están pensando, que bien, pero, claro, es muy
limitado comparado con intentar realmente una innovación tecnológica a favor de las mujeres. Porque la tecnología también puede ser feminista y también puede ser política de cuidados.


Tiene razón en que hay veces que con el alejamiento de 500 metros te sales del pueblo, pero es que nadie ha dicho en el Código Penal que no te puedan sacar del pueblo. Es que te pueden sacar del pueblo,

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de la localidad o de la comunidad autónoma. Claro que existe el no volver al lugar del delito, y quizá ahí quien ha sido un poco pacato en la aplicación de la ley y en la sacralización de los 500 metros haya sido el propio Poder Judicial,
un poco por efecto contagio. Me incluyo cuando lo critico y es una autocrítica, porque a veces bastaba con menos. Pero, efectivamente, en Canarias, por ejemplo, se han dictado órdenes con isla y como, además, para pasar de una a otra necesitas
barco o avión, pues claro que se puede. Se pueden hacer cosas que den seguridad a las mujeres sin limitar derechos. Le dirigiré el estudio a don Tomás directamente por si le interesa profundizar en esos números, que seguro que sí, dadas las
posiciones que defiende.


Manifestaba su señoría de EH Bildu que tiene las competencias, pero no los fondos del pacto, porque los de ustedes saben que van por el Concierto Económico vasco. De entrada, en su comunidad autónoma -y no es de un partido ni de otro- han
sido pioneras en muchas medidas y Emakunde ha sido un ejemplo para muchas y ha tenido buenas prácticas que las demás han escuchado. Tiene razón en que esto fue una pandemia sobre otra pandemia, que, de hecho, ha situado las políticas de cuidados
frente al espejo; a las no políticas de cuidados, mejor dicho. De eso hablamos cuando decimos que el neoliberalismo feliz pretende despojarnos del paraguas de lo colectivo, cuando eso desabriga a quien no tiene techo. Es que es tan evidente lo
que ha pasado y que la apuesta por los servicios públicos y las consecuencias de la crisis anterior se gestionaron digamos que en contra de las mujeres, como se ha demostrado. Ahora se está intentando revertir ese efecto. Es verdad que al
principio nos decían que disminuían las denuncias, eso es cierto, pero nadie dijo que disminuía la violencia. En Navarra ya tienen medida la de junio, dicen que ha incrementado un 30 % en 2019. Es verdad que se cerraron puntos de encuentro.
Fíjese, las primeras consultas que tuvimos en el 016 fueron de madres, y por eso tuve que llamar en fin de semana a fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial, a la presidenta del observatorio, porque no teníamos una respuesta legal. Pero
coincidimos en qué teníamos que decirles, con cierto riesgo de que después si las mujeres nos preguntaban: ¿esto puede acarrearme una sanción judicial? Sí, nadie te puede decir que no, pero vamos a adoptar una medida con cierta perspectiva, que
era: vuelvan los niños a su domicilio habitual con las custodias y, desde luego, no se pena no ir a un centro cerrado, pero además ni siquiera se inicia el viaje. En fin, que hubo que mirar muchas casuísticas con los fondos de encuentro familiar,
pero fue una preocupación constante de los primeros días.


Plantea una cosa que es una cuestión competencial pero a otro nivel. Dice: en Navarra la Justicia aplica el ámbito estricto de la Ley Orgánica 1/2004. Claro, tienen una ley más avanzada en Navarra, en Euskadi, en esas comunidades
autónomas, a nivel socioasistencial, de prevención, de obligaciones, para garantizar los derechos de las víctimas; algunas despuntan en vivienda, etcétera. Pero en el ámbito de la justicia es verdad que o aprobamos el anteproyecto de ley orgánica
de garantía de la libertad sexual o no hay avance, porque es materia penal, que es absolutamente reservada al Estado. Quiere decirse que esa crítica, sin embargo, no se puede imputar a la Justicia, porque ojalá se coordinara mejor con los servicios
de protección integral, pero es verdad que o cambiamos las leyes penales en estas leyes orgánicas o no podemos decir luego que los magistrados no aplican Estambul en el ámbito penal, aunque con matices que no me da tiempo a exponer.


El Grupo Vasco hablaba de cooperación. Es verdad que yo he usado demasiado la palabra coordinación, le admito la crítica; es más cogobernanza, es más cooperación. Se trata de asumir responsabilidades y obligaciones para garantizar los
derechos de todas las víctimas, aunque también es verdad que el Estado provee de servicios a todas las víctimas, también a las de Euskadi, como el 016, Atenpro y dispositivos y que se coordinan con la Ertzaintza. Pero admito que debería haber
tildado la relación de cooperación y menos de coordinación, como él ha dicho, desde el respeto mutuo y con las particularidades económicas del concierto -que es una palabra que, no sé por qué, no se me queda-.


Doña Sara Giménez, en nombre de Ciudadanos, le agradezco la intervención. Ha preguntado si había más denuncias o más casos tras el confinamiento. El Consejo General del Poder Judicial va un poquito más tarde con los números de denuncias
porque sabe que va al trimestre, que está en marzo, pero ha dicho que en el segundo semestre han disminuido un 14 % las órdenes de protección también, y las sentencias parece que un 50 %. Quizá tendría que hacer la reflexión de si como servicio
esencial ha estado a la altura o realmente se ha permitido a las mujeres entrar por esa puerta que ya hemos calificado de estrecha. Sin embargo, no hubo ese aluvión de denuncias que se pensaban en algún sitio. Sí hemos comentado en algún lugar, en
algunas ocasiones y foros, y creo que lo compartiremos, que la violencia de control no es una violencia doméstica, es una violencia que domestica. Entonces, en el momento en que se rompen un poco las medidas de confinamiento, las mujeres empiezan a
tener algo

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más de libertad y la sensación de pérdida de control del agresor controlador es tan desproporcionada que reacciona hacia la violencia física. Sí que hemos visto en el Consejo Interterritorial de Salud más partes de lesiones; no me atrevo a
dar cifras porque las denuncias y las lesiones todavía las tenemos en estudio, pero creo que los datos han corroborado que las medidas específicas para la COVID-19 eran necesarias, que estaban ahí. Podríamos haber hecho más, seguramente, ojalá
también las hubieran ratificado todos los grupos y hubieran estado a favor. Sé que el suyo lo estuvo y que ratificó el real decreto, y se lo agradezco.


Comparto un poco la preocupación de lo del mismo saco cuando damos el número de prevalencia grande. Ahí yo creo que se debe más bien al mundo comunicativo en el que nos movemos, en los doscientos cuarenta caracteres que admite Twitter, si
no me equivoco, porque es verdad que había un macroestudio de una gran minuciosidad, además asistido; la diferencia es grande de cuando te llaman, te escriben o escriben lo que tú dices. Algunas macroencuestas como estas tienen que ser asistidas
mitad papel, mitad tablet. Hay gente que está verbalizando por primera vez y gente que dentro de esa dinámica de verbalización está sufriendo. De hecho, cuando se prepara a las encuestadoras les dicen que no intervengan y que no opinen porque son
unas situaciones difíciles, son encuestas largas. En fin, todo esto es para decirle que a mí también me gustaría que discriminaran más los titulares, porque yo sí tengo números en la cabeza, el del acoso, por ejemplo, el 40 % de acoso. Es que
quizá hay que dejar de reírse y de minimizar o de llamar piropo, porque, fíjense, el acoso en España es un delito que requiere denuncia de la víctima. Si tan convencidos estamos todos de que cuando un señor que no conoces de nada te avergüence, te
humille por la calle o te toque en un transporte público, te lo tienes que tomar como un piropo, pues habrá un consenso social, pero es que piropo para él y piropo para mí, pero si yo me he sentido avergonzada, humillada, vejada -puede no ser un
tocamiento, puede ser una palabra-, si yo me he sentido avergonzada, humillada y vejada desde los ocho años, porque es que lo estamos viendo a esas edades, y se denuncia, evidentemente ya solo por eso hay una percepción distinta. Las mujeres tienen
más percepción de la violencia y están más formadas en ella que los hombres que hasta de adolescentes tienen menos percepción de comportamientos, hasta que se incide. Cuando realmente se explica o se hacen ejercicios de alteridad, de empatía,
entonces ya empiezan a verlo. Ese anuncio -creo que era argentino- de un hombre que iba siendo piropeado (hace el gesto de comillas con los dedos) -odio este gesto, pero no se me ha ocurrido otro- por la calle, creo que fue clarividente para los
propios hombres. De todas formas, agradezco lo que ha dicho porque comparto lo del saco en el sentido de que los titulares a veces te amargan un buen trabajo, pero, bueno, también es verdad que ayudan mucho a la difusión.


Estoy de acuerdo con que la retirada de la denuncia es un momento de riesgo, la denuncia en sí es un momento de riesgo. Por eso estamos siempre tan empeñadas en poner medidas previas que no dependan de la denuncia. Claro, si tú tienes una
alternativa habitacional inmediata, un sitio seguro, si encima puedes declarar desde ese sitio seguro, si te ofrecen autonomía económica, el ingreso mínimo vital, una medida que era para salir de la pobreza y para salir de la violencia, porque justo
a las mujeres víctimas de violencia de género o de trata con fines de explotación sexual o de explotación sexual no se les exigía el requisito ineludible para los demás colectivos de la residencia legal y continuada durante un año, te están
ofreciendo salir de ese círculo de dependencia. Así que sí, es un índice de riesgo y es un índice de riesgo que se puede evitar precisamente no poniendo el acento en que la protección dependa de la denuncia.


En cuanto a lo último que ha comentado del acoso sexual en el trabajo y el acoso laboral por razón de sexo, claro que nos preocupa, y mucho, y la macroencuesta afortunadamente lo contiene y todavía tenemos algún trabajo más en coordinación
con algún sindicato que seguro que va a estar interesante, pero convendremos en que la prevalencia del acoso laboral por razón de sexo y el acoso sexual en el trabajo tienen mucho que ver con la precarización. La jefa lo denuncia. El último
escalón del ámbito laboral no, porque se exige una valentía y las valientes también comen y muchas veces también tienen que dar de comer.


En cuanto a lo que comentó y preguntó el Grupo Republicano, cómo evitar que convivan en el estado de alarma y la falta de perspectiva de género de algunas medidas, creo que se fue reconduciendo enseguida. La primera medida a nivel mundial
fue el aislamiento y enseguida empezaron las voces feministas. A este Gobierno no le hace falta que vengan de fuera a decir que cuidado, que había un colectivo concreto al que no se podía salvar de la COVID, condenándole a un confinamiento con su
agresor. Estaremos de acuerdo entonces -por eso mismo que ella ha dicho- que el ingreso mínimo

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vital, el conseguir independencia económica y luchar contra todas las formas de violencia, incluida la trata, son esenciales.


Ha criticado el cierre de prostíbulos como una medida inefectiva y ha hablado de la impunidad del proxenetismo. Con el proxenetismo pasa un poco lo mismo que comentaba con su señoría de EH Bildu, que tiene que ser una ley estatal y si se
quiere penar tiene que ser Código Penal. Acabamos de pactar, y además en muy buena sintonía con Justicia, no recuperar lo que se llama -curiosamente tiene un nombre socialmente aceptable- tercería locativa. Se persigue a quien se lucra de la
prostitución ajena -eso evidentemente está dejando fuera a las cooperativas-, incluso arrendando no solo inmuebles, hostales, sino pisos también. Sobre todo, se persigue a la industria y a la persona jurídica, y no se hace pagar a la persona
física, a la que, como sabemos en otros tipos delictivos como los delitos contra la libertad en el trabajo, la seguridad en el trabajo, se acaba nombrando director de seguridad al peón que se sube al andamio y entonces la persona física... No, no,
vamos a por la persona jurídica, vamos a la disolución de la persona jurídica y, a ser posible, que no se trate de clausurar un local y que se abra el de al lado con otro nombre y el mismo TPV para cobrar, que se trate de verdad del cierre de la
empresa. Todo esto, desde luego, tiene que ir acompañado necesariamente, y lo anunció la ministra -creo que sí lo dije, pero igual ya de pasada porque era materia en la que ya había entrado suficientemente y de forma exhaustiva-, de ese Plan de
inserción sociolaboral, sin el cual no se están ofreciendo rutas alternativas a unas mujeres que no se pueden encontrar en el alambre de un día para otro sin esos planes. A eso obedece el plan que se está elaborando para su inserción sociolaboral.


La señora Fernández Castañón, de Unidas Podemos, ha comentado la noticia de que la Sección Quinta de la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Interior por no proteger a una mujer que denunció violencia de género y finalmente fue
asesinada. En todos los sistemas hay estos fallos y no hay que hacer guerra de ellos, no se trata de que Interior ahora sea bueno o sea malo. Precisamente cuando se ponen de manifiesto los fallos del sistema, sea por actitudes de miembros de la
judicatura, de la Fiscalía, de la Policía, de personas que no acabaron de proteger a las mujeres como era su deber, el Estado paga. Lo triste es que unos abuelos y sus nietos tengan que ir a denunciar, a poner de manifiesto que no hubo esta
protección para su madre, pese a haber unas denuncias.


Estoy completamente de acuerdo en que reforzar la atención primaria es la clave y también la educación. En el mismo estudio de percepción de la violencia sexual realizado por la Delegación del Gobierno hace dos años, el 93,6 % de la
población española -creo recordar- estaba de acuerdo en que la educación para la igualdad y contra el machismo, la educación afectivo-sexual sana, por supuesto adaptada a la edad de cada niño y de cada niña, era el mejor modo de prevención de la
violencia sexual y la violencia de género. Lo fijaban a partir de unos diez años y, sin embargo, el estudio llevado a cabo por la Universidad Complutense de Madrid y la Delegación del Gobierno nos está hablando de víctimas a partir de los seis.
Así que desde la primaria, y adaptado a las condiciones de cada menor, la educación es la forma, la única vacuna que tenemos contra el machismo como enfermedad de transmisión social. Y, efectivamente, hay que reforzar la atención primaria, que es
clave. También tiene razón en que algo ha disminuido la violencia de género, pero no la violencia sexual, y en que no debemos señalar o criminalizar a los jóvenes. En todos los estudios, también en la macroencuesta, las personas jóvenes
manifiestan más prevalencia de violencia, pero también la denuncian más. Así que, en ese sentido, es cierto que algo estamos haciendo bien. Si disminuye algo es la violencia de género, en la que llevamos trabajando conjuntamente quince años, con
lo cual la concienciación, la sensibilización y la formación funcionan. Está coja la violencia sexual, en la que no hemos trabajado ni muchísimo menos ni teníamos una ley integral como la que espero que ahora sí vayamos a tener.


Respecto de sus señorías de VOX, no le puedo convalidar la carrera de Derecho ahora, pero léanse la Constitución. A veces puede parecer irónico que ustedes se denominen constitucionalistas, aunque los verdaderos constitucionalistas lo
dejemos pasar. Pero ¡hombre!, si dice que se ataca el derecho a la libertad de conciencia, mire qué es la libertad de conciencia. Es la libertad ideológica, religiosa o de culto, que está en el artículo 16 de nuestra Constitución por una razón
histórica, porque salíamos de una Dictadura que cometió las mayores atrocidades bajo palio y utilizó como instrumento de control ideológico a la Iglesia, en especial contra las mujeres. No me hable de libertad ideológica y me diga: también me
vulneran ustedes o la Ley contra la violencia de género la libertad de expresión porque no nos dejan decir que la violencia no tiene género. Lo que acaba usted de decir a renglón seguido en un espacio en el que -ahora más en serio o con más
gravedad- sí que están ustedes pervirtiendo a una institución. Usted ha puesto en mi boca palabras que yo no he dicho y las ha calificado como miserables. Cuando esto sucede

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en una tertulia, en la calle o en un ámbito profesional, hay dos posibilidades: disculparse o ejercitar acciones. La inmunidad parlamentaria no se creó para que ustedes crearan bulos en la calle, los llevaran a sus medios y de esos medios
los volvieran a reproducir en el Parlamento, depauperando la institución democrática por antonomasia de un Estado social y democrático de derecho. (Aplausos). Si este Congreso se convierte en esto gracias a ustedes, que no están al final del
camino recogiendo denuncias, las están creando, las están divulgando y están aprovechando inmunidad parlamentaria, que no tienen otros ciudadanos, para tratar con debilidad a los fuertes y con fortaleza a los débiles, están haciendo un flaco favor a
la democracia y van a acabar poniendo en riesgo lo esencial de nuestras instituciones, eso sí, en nombre de un derecho a la libertad de conciencia, cuyo contenido no saben lo que dice, y de un derecho a la libertad de expresión, que, acto seguido,
usted contradice con sus propias palabras. La libertad de educación del artículo 23 es, efectivamente, el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, dentro de una Constitución que empieza con un artículo 1 que no es solo el de la
indisoluble unidad de la nación española. El 1.1 dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores fundamentales de su ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Usted tiene libertad de elegir la educación de sus hijos, siempre en libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (aplausos); si no, no lo llame educación o no se autodenomine constitucionalista. (Rumores.-La señora Romero Vilches: ¡Nos
está insultando!-Una señora diputada: Está hablando la delegada). Si no les importa, yo no les he interrumpido, pese a las cosas que he llegado a oír, así que me gustaría que tuvieran el mismo respeto hacia mí.


No diga usted que la Ley contra la violencia de género ataca la igualdad ante la ley del artículo 14 hasta que -espero que no suceda- hayan copado definitivamente todas las plazas del Tribunal Constitucional y puedan revocar la sentencia de
2008 en la que el Constitucional dijo, como en otras sentencias de esta época, algo tan hermoso y tan profundo como que quien te ataca te hace más daño si cuenta con todo el acervo cultural, con la hegemonía cultural. Por eso, la violencia de
género hace más daño, por eso no es inconstitucional, porque hay toda una hegemonía cultural que hunde sus raíces en un sistema machista que ha subordinado a las mujeres. Por lo tanto, intentar salir de esa violencia no solo no es inconstitucional
sino que está de acuerdo con todos los organismos constitucionales, con todos los organismos internacionales y con lo que nos define como un Estado avanzado y civilizatorio, del que estamos profundamente orgullosos como ciudadanía.


A continuación, entronca usted con un derecho constitucional, que es el de la presunción de inocencia, porque dice que nosotras damos datos de personas, hombres, que no han sido condenados en sentencia. A ver, no necesitaríamos dar los
datos si tuviéramos que esperar a sentencia firme, pero entonces le aseguro que todas las mujeres a proteger ya serían víctimas y siete años después todo sería irrecuperable. Es evidente que los Gobiernos dan datos para hacer políticas efectivas
sobre los datos. No les he oído nunca criticar que la Dirección General de Tráfico dé datos sobre los conductores que matan bajo los efectos del alcohol sin sentencia firme, y también es delito, pero esos no les dan pena; ustedes con quién al
final empatizan es con el agresor al que sienten vituperado. (Protestas.-Rumores.-La señora Romero Vilches: ¡Es intolerable!-Una señora diputada: Está hablando la delegada).


La señora PRESIDENTA: Por favor, silencio.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): ¿Alguna vez han oído a esta delegada del Gobierno contra la Violencia de Género -o, me atrevo a decir, a las anteriores-, como Gobierno, dar el nombre de un
solo agresor? Porque usted, a continuación de defender el derecho constitucional a la presunción de inocencia, me da el nombre de un presunto. ¿En qué quedamos? O sea, me dice usted que por qué no hablo de Fernando Valdés a continuación de haber
dicho que yo he quebrantado la presunción de inocencia, cuando es la primera vez -y porque ustedes ya lo han mencionado muchas veces- que yo hablo de una persona a la que se ha presentado una denuncia y que ha dimitido de su cargo, supongo que para
preservar el buen nombre del Tribunal Constitucional. Les recuerdo que otro, en este caso del PP y actual consejero de Justicia, tuvo que esperar la sentencia firme para dimitir del mismo cargo cuando fue magistrado del Tribunal Constitucional,
muchísimo antes de ser denunciado, pero en fin.


En los casos de abusos sexuales a menores no callamos. Yo no he callado nunca. Me parece distinto no apoyar circos que además pueden afectar más en los casos de menores de edad. No estoy muy enterada del caso, lo cual es una ventaja
porque al menos a estas víctimas no las hemos visto en vídeos, fotos o redes, pero se ha formado una comisión técnica dentro del IMAS en la que se están buscando

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responsabilidades políticas. Para eso sí sirven las comisiones de investigación; frente a las responsabilidades penales, que se debaten en los juzgados, las responsabilidades políticas. Me parece que cuanto menos circo, hay más
protección, siempre que se haga un trabajo serio y real. Yo he conocido víctimas de tres años que han sido adoptadas en Canarias, después de haber venido en patera y haber pasado sus tres primeros años de vida en un centro, y la madre cuando la ha
llevado al pediatra se ha visto que había sido salvajemente violada. Los Gobiernos eran de otro signo y nadie montó un circo. Intentemos proteger a las niñas, porque, desgraciadamente, la vulnerabilidad de estos niños en algunos centros ha sido
una constante en este país; y, desde luego, el maltrato a las personas migrantes muy por debajo del canon que exigimos para nuestros niños.


Con respecto a los demás menores, me encantaría que les convencieran, en el anteproyecto de ley orgánica de la garantía de la libertad sexual, los primeros itinerarios de auténtica protección integral previstos, además, específicamente para
violencias de género y para violencias sexuales. Dije al principio que ojalá no tuvieran que avergonzarse las víctimas y las entidades que nos seguían en estas comparecencias o en los debates públicos, y vuelven a hablar de chiringuitos y de
asociaciones. Yo, afortunadamente, solo he tenido relación o conocido a dos compañeros magistrados que públicamente son de VOX, uno es Paco Serrano -ya no sigo, ¿no??, acusado por desviar 438 000 euros en facturas y ya fuera de la carrera por
prevaricación (rumores) -es que tiene sentencia; tiene sentencia por prevaricación-, y otro es el juez Alba, que también tiene sentencia por prevaricación, cohecho, falsedad; exactamente los mismos delitos que su prensa y sus voceros nos atribuían
a los demás. (Aplausos.-Rumores). La verdad es que ni siquiera quiero ampliar su altavoz porque, de verdad... (Rumores.-Risas.-La señora Romero Vilches: ¿Por qué se ríen?).


La señora PRESIDENTA: Por favor, rogaría silencio.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): Ni siquiera quiero ampliar su altavoz... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Un segundito, por favor, delegada.


Por favor, está interviniendo la delegada. Ahora hay un turno de réplica que va a ser utilizado por todos los grupos parlamentarios; rogaría, por favor, respeto, porque está interviniendo la delegada del Gobierno, como todos hemos
respetado el turno que tiene cada grupo parlamentario. (La señora Toscano de Balbín pide la palabra). No tiene el uso de la palabra. Por favor, no entre en debate conmigo, con la Presidencia. Por favor, le rogaría que utilizase su turno de
réplica.


La señora DELEGA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): Gracias.


Me gustaría -y, desde luego, no era mi intención hablar de estos temas- no amplificar más esto, pero porque de verdad me preocupa la degradación de la institución que supone, no porque no podamos contestar y luego salgan diciendo que no le
contesté. Pues sí le contesto; la respuesta evidentemente no le gusta, pero a mí lo que no me gusta es la realidad que encierra la verdad de esa respuesta.


Respecto al Partido Popular, es verdad que fue un pacto en el que intervinieron ustedes, por eso creo que Unidas Podemos lo consideró. Yo no estaba en esa legislatura porque había dimitido por una querella falsa del ministro Soria del PP,
¿se acuerda? Bueno, pues yo no estuve en el pacto por esto, pero si hubiera estado supongo que también me habría parecido que se quedó corto. Por supuesto, en estos mínimos claro que estamos de acuerdo y por eso estamos intentando ahora desde el
Gobierno ir un poco más allá.


Ha nombrado también al magistrado del Tribunal Constitucional y dice: No dicen nada. ¿Por qué en unos casos guardamos silencio y en otros no? Le aseguro -porque es verdad y puedo demostrarlo o pueden intentar demostrarlo- que no es la
excepción, es la regla general. Nunca he mencionado el nombre de ningún imputado, acusado o sospechoso de violencia; trabajamos sobre las víctimas. Entonces, precisamente hay una directiva -la 343 de 2016- tanto de la Comisión como del Parlamento
de la Unión Europea que –fíjense-, queriendo aumentar las garantías de ese de derecho a la presunción de inocencia del que tanto hablan, expresó que no solo se puede quebrantar la presunción de inocencia de un acusado en un proceso penal, sino que
también podría ser si las autoridades de un país -y todas las que estamos aquí lo somos- lo presentaran como culpable en vez de como sospechoso. Miren a ver si yo no he quebrantado nunca la presunción de inocencia de ninguno, pero ustedes -aun con
el amparo

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de la inmunidad parlamentaria, o quizá también fuera de aquí en redes y en medios de comunicación- sí están incumpliendo esta directiva que también es derecho español. Seremos las primeras interesadas en conocer el resultado de este
procedimiento, pero en el juego constitucional son tan importantes las formas como el fondo, porque las formas son precisamente aquello de lo que nos hemos dotado para llegar a un fondo que merezca la pena y que sea digno de tal nombre, de Estado de
derecho.


Ha mencionado usted la agravante de género que apreció en primera instancia -porque esto seguramente se recurrirá- un juez al que también conocen bien y que ha sido noticia esta semana por la posesión durante unos meses de la tarjeta de una
asistente que es la víctima de este delito, de la que creo que también estamos hablando de más y faltando al respeto por razones ideológicas, pero pensé que me iba a decir que cómo era posible que se apreciara la agravante de género en otra víctima
y no en el acusado Villarejo. Le digo yo que pensé que me iba a decir eso. Nos ha llamado mucho la atención, pero bueno, está la Audiencia Nacional encima, así que seguramente tendrá ocasión pronto de pronunciarse sobre este auto. No le puedo
decir más claro que he hablado de esta sentencia. He hecho una crítica puramente jurídica a la denuncia sin que se haya archivado el delito anterior, exigencia ineludible del 456 del Código Penal, y al delito contra la intimidad sin denuncia de la
víctima previa, que es absolutamente ineludible, conforme a los artículos 197 a 202 del Código Penal. Estas son las críticas que he hecho y ahora que me lo sugiere, es cierto que se echa de menos la agravante de género, al menos en quienes
cometieron inicialmente este delito, salvo que dependa también de la ideología de la víctima-acusada. Eso técnicamente. En otros aspectos no me meto.


En cuanto a la comisión técnica de investigación, no voy a repetir lo del escándalo, pero de verdad léanlo con cariño, pensando en esos jóvenes y en esas jóvenes de Baleares. Por primera vez el anteproyecto establece ese itinerario
específico para los niños y niñas que sufran violencia sexual y se persigue la explotación sexual, en cuya persecución, desde luego, estamos de acuerdo y es a lo que he dedicado profesionalmente una parte de mi vida.


Sobre la COVID-19, es una triste realidad. Insisto en que es muy triste, es una pandemia sobre otra pandemia, pero mucho más triste son las consecuencias sin el paraguas de lo colectivo y sobre todo muchísimo más desigual sin políticas
públicas a las que los más vulnerables no pueden acudir. En derecho hay un una frase bastante cruel que dice que el derecho penal es el civil de los pobres. Pues eso, que cuando se le quita el paraguas, a quien perjudica es a quien no tiene otro,
como ya le dije a la señoría de Ciudadanos.


Por último, con respecto a las preguntas y comentarios del PSOE, le tengo que agradecer el análisis que ha hecho de la macroencuesta. No me ha dado tiempo a desmenuzarla y creo que ha sido un análisis absolutamente acertado. Respecto del
016 -contesté antes un poco-, si queremos que de verdad, sin bajar la calidad o incluso subiéndola, pueda atender, que no es lo mismo que asistir -asistir es puntual, pero aquí hablamos de atender, de atención integral-, a todas las víctimas de
violencia machista, tiene que ser otro tipo de sistema. Igual no se llama 016, igual es otro teléfono en el que sin anonimato pueda haber una atención sociolaboral o al menos derivación, pero, claro, esta con un seguimiento. Ahora bien, para esos
proyectos tan grandes, igual que para el de mejorar tecnológicamente Atenpro y los dispositivos que hacen mucha falta, tendríamos que convencer a Europa y nos gustaría convencerla de que esos proyectos de digitalización y esos proyectos verdes son
compatibles con proyectos que cuidan especialmente a las mujeres y que compensen una historia de subordinación en derechos humanos.


Además de compartir el análisis relativo a la macroencuesta, quiero acabar con algo que creo que también es una esperanza respecto del estudio de menores. Es verdad que las adolescentes y los adolescentes que han convivido con la violencia
de género tienen tres veces más riesgo de convertirse en víctimas, ellas de reproducir el rol de víctima y ellos el de agresor, pero la buena noticia es que, respectivamente, el 75 % y el 65 % no lo reproducen. Es decir, no estigmaticemos. Es
importante decir que tienen más riesgo y que además salen adelante. Luego algo -conjuntamente, por supuesto, sin atribuirme ningún mérito personal- estaremos haciendo bien.


Muchas gracias.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Señora presidenta, invoco el artículo 72.


La señora PRESIDENTA: Le vuelvo a repetir, señoría, que va a haber un turno de réplica.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Es que esto no tiene nada que ver con la réplica.


La señora PRESIDENTA: Cada grupo parlamentario va a tener tres minutos.

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La señora TOSCANO DE BALBÍN: Es que esto no es réplica.


La señora PRESIDENTA: No se va a aplicar. Le ruego, por favor, que no debata con la Presidencia.


Por el Grupo Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Yo estoy cansada y supongo que quien está en la Mesa, en concreto usted, realizando un ejercicio de empatía, también, así que ánimo, que ya queda poco.


Solamente quiero apuntar dos temas. Por una parte, reconociendo de nuevo -el señor Agirretxea no ha escuchado antes lo que he dicho y qué pena que no esté- que la educación es una competencia tanto de Navarra como de la Comunidad Autónoma
vasca, comparto con usted que la coeducación y la educación sexual son herramientas que no podemos olvidar, que hay que cuidar. Son herramientas que posibilitan personas autónomas, personas sensibles, personas que cuidan y que se saben cuidar.
Estamos hablando de cuidados de las personas a nivel individual en las relaciones, pero también de la prevención en las relaciones y ante los abusos, por eso es importante. Aun reconociendo que son nuestras competencias, en el caso de Navarra
tenemos el programa Skolae, que ha sido referencia a nivel estatal y consideramos importante seguir cuidándolo, pero en la Comunidad Autónoma vasca -si estuviera el señor Agirretxea discreparía otra vez- hay muchas lagunas. Hay lagunas y de esto
hay que hablar para que el resto de los pueblos del Estado sepan cómo estamos en las demás comunidades y aprender. Sería importante que esas lagunas se vayan aclarando y que se vaya implementando en positivo. Es más, en las comunidades a las que
yo represento y, en concreto en la Comunidad Autónoma vasca, se están dando ya algunos recortes en servicios y programas que atienden directa o indirectamente esta problemática, como es el caso de las casas de mujeres o las escuelas de
empoderamiento. Mucho nos tememos que esto se pueda trasladar a otras comunidades. Por eso lo comparto, para que estemos atentas porque es importante pararlo. A pesar de las promesas vacías de que no se van a realizar recortes o de recortes cero
en lo social, es más que probable que la sangría presupuestaria para el próximo año sea mayor si cabe y, por eso, tenemos que estar muy atentas tanto en los presupuestos a nivel estatal -en lo que compete a quien competa- como en los presupuestos
que podamos tener en nuestras propias comunidades. Por tanto, me parece que, atendiendo a nuestra realidad y a nuestras competencias, los fondos del pacto de Estado pueden venir bien, pero serán probablemente un parche para lo que realmente tenemos
que realizar; y las competencias a quien competan. Finalizo con esto.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Es el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.


Gracias, delegada, por su dedicación. Estamos dedicando una gran parte de la tarde y creo que ya resulta un poco agotador para todos y todas.


Únicamente, por concretar alguna cuestión más, en relación con los menores estamos bastante preocupados por ver qué garantías se vienen aplicando para atender a los menores que son testigos de la violencia que sufren sus madres. Luego, los
menores que además sufren de manera directa esta violencia, como ya se ha dicho, requieren un trabajo un poco más específico. ¿Qué medidas se pueden adoptar? ¿Habría incluso propuestas de mejora?


En relación con la ley de garantía de la libertad sexual, quiero compartir que nos preocupa que, en la reforma y los tipos que se proponían para los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, había ciertos extremos discutibles porque
podían implicar rebajas de penas en ciertos supuestos, al menos en la primera propuesta. No sé si es algo que se ha modificado, me gustaría tener algo más de información al respecto. Simplemente, esperamos que cuando llegue nuestra propuesta de
ley, que implica la aplicación y la ejecución de este Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el acuerdo de los grupos parlamentarios que estamos trabajando e impulsando esta labor en la Cámara se refleje en apoyo y mejoras para que realmente
podamos sacar esta ley adelante.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Es ahora el turno de la portavoz de Grupo Parlamentario Republicano, la señora Telechea, pero no se encuentra en la sala. Por el Grupo de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.

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La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.


Mi agradecimiento a la señora delegada y, además, pido disculpas por no tener el don de la ubicuidad cuando hay tantas Comisiones. Agradezco la última parte de la exposición que he podido escuchar, que me ha parecido también una lección de
rigurosidad, que creo que es lo que se exige tanto en el trabajo del Legislativo como del Ejecutivo, así que, de verdad, gracias.


Utilizo este minuto para insistir en una apelación que no es menor, que es la de recuperar y mantener el consenso que se generó en 2017, saber que todas tenemos el mismo objetivo y los debates deben ser en clave de perseguir eso que no es
otra cosa que el reconocimiento de una ciudadanía de pleno derecho para el conjunto de las personas, el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencias machistas.


Muchas gracias, delegada.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Tiene ahora el turno de palabra la señora Toscano, del Grupo Parlamentario VOX.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Quería invocar el artículo 72 del Reglamento para retirar del Diario de Sesiones la declaración de la delegada del Gobierno sobre que empatizamos con el agresor. Quería pedir que lo retiraran.


La señora PRESIDENTA: Señora Toscano, se refiere a un comentario de la intervención que ha hecho la delegada del Gobierno. Pedirle que retire el comentario o la valoración que ha hecho la delegada del Gobierno, sinceramente, es como entrar
ahora a intentar también replicar lo que usted ha podido decir aquí en esta intervención en la Comisión. Yo no considero que se deba retirar, creo que es la intervención de la delegada del Gobierno y tiene el turno de réplica para poder defenderse.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: ¿No se puede retirar del Diario de Sesiones?


La señora PRESIDENTA: No lo considero.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Me lo imaginaba.


La señora PRESIDENTA: Tiene su turno de réplica.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Bueno, voy a repetir otra vez, aunque nos cansemos de repetirlo, que defender los derechos fundamentales de todos los ciudadanos no es empatizar con el agresor. (La señora Nevado del Campo: Exacto). Hace
falta una sentencia para decir que alguien es agresor y, precisamente, es VOX el que pide la prisión permanente revisable cuando los delitos son muy graves o hay asesinato. Es precisamente VOX el que pide penas más duras para los agresores. VOX
pide que se respeten los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. ¡Qué escándalo, qué malos somos los de VOX que pedimos eso! Y pedimos protección para todas las víctimas independientemente de su sexo, edad u
orientación sexual. Eso es lo que pedimos; todo lo demás, el que deformen nuestro mensaje, es incitación al odio y mentir. (La señora Nevado del Campo: Muy bien).


Nada más, gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: Señora delegada, esto no es una cuestión de y tú más, sino algo mucho más sencillo de por qué se ha callado. Usted hablaba de la comisión de investigación o de expertos que ha habido en Baleares, y es que el
informe con el que se ha cerrado la investigación reconoce -y cito textualmente- que no han llevado a cabo un análisis detallado de los expedientes completos. Nueve personas fueron las encargadas, y seguramente me atrevería a decir que cobrando
dinero público por ello. He de decir que los trabajos de esa comisión han acabado -y cito textualmente- por exceder los objetivos de la comisión, con lo cual no ha valido absolutamente para nada.


Lo que trato de decirle, señora delegada, es que debemos tener la misma vara de medir absolutamente para todos, porque qué me dice del señor Ducay, el director financiero y de expansión del Grupo Correos -y vuelvo a citar textualmente-:
'Trinque de hoy. ¡Espectacular!'. Este señor se jactaba de regatear a una prostituta y durante casi un mes se ha mantenido en el cargo hasta que ha dimitido. Entonces, ahora mismo me gustaría hacerle otra reflexión que no tiene nada que ver con
la ideología, sino porque me

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parece bastante preocupante dado el lugar que ocupa. Estará de acuerdo conmigo en que quien comete acoso sexual es por definición un acosador. Entendemos, según su criterio, que cualquier tipo de mirada lasciva es acoso, cualquier tipo de
broma sexual hacía una mujer es acoso, cualquier tipo de insinuación inapropiada es acoso. Es decir, todos sabemos y tenemos constancia de que el vicepresidente segundo del Gobierno ha cometido en al menos una ocasión algún tipo de estos acosos.
Por lo tanto, siguiendo su razonamiento y entendiendo que usted está de acuerdo con el criterio del ministerio porque ese criterio no lo he fijado yo, respóndame sí o no: ¿sería para usted el señor Iglesias un acosador sexual?
(Rumores.-Aplausos.-Una señora diputada del Grupo Parlamentario VOX: ¡Buena pregunta esa!).


La señora PRESIDENTA: Por favor, guardemos el decoro. Yo creo que estamos en una casa donde representamos a toda la ciudadanía en general y debemos respetar al discrepante, pero tampoco deberíamos perder el centro del debate. Estamos aquí
para debatir sobre las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a veces, señorías, nos despistamos, no sé con qué intención, pero aquí se viene para trabajar y creo que ese es el sentido y el objetivo por el cual todas sus
señorías, incluida yo, estamos aquí, en esta Comisión, ocupando nuestros escaños. Por favor, les ruego que mantengamos la forma y el decoro en esta Cámara solamente por respeto a la institución que representamos.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Guinart.


La señora GUINART MORENO: Gracias, presidenta.


Quiero agradecer a la delegada las aclaraciones y ampliaciones de información que nos ha dado en su turno de réplica. Señorías, la condena de los crímenes machistas de toda forma de violencia de género es imprescindible, como lo es la
acción preventiva, protectora y reparadora hacia las mujeres víctimas, pero eso no es posible si no partimos de algo tan esencial como que tenemos un problema como sociedad, un problema que consiste en la manifestación más cruel e inhumana de la
secular desigualdad existente entre mujeres y hombres en el mundo. Cuando tanto el Partido Popular como VOX señalan a las mujeres, al 8-M, como culpables de la pandemia, cuando ustedes hablan de ideología de género, cuando aseguran que la violencia
no tiene género, están haciéndose corresponsables, aunque no lo quieran admitir, de toda esa violencia de la que da fe la macroencuesta, de la que dan fe las estadísticas y testimonio todas y cada una de las mujeres que la padecen o la han padecido,
desde Ana Orantes a María Salmerón, por citar solo dos nombres.


A la vista está, escuchando sus intervenciones, que todas y cada una de las víctimas les traen sin cuidado. No faltan las voces -las oímos en medios, en redes y también en sede parlamentaria, como esta misma tarde- que saltan en defensa de
los asesinos y que cuestionan que se consideren esos asesinatos como violencia de género aun no habiendo sentencia firme. Esas mismas voces justicieras suelen cuestionar igualmente la Ley integral contra la violencia de género. No se atreven, en
cambio, a poner en tela de juicio el Código de Circulación, por ejemplo, ni los siniestros de tráfico en los que la causa es el consumo de estupefacientes o el alcohol. Su discurso negacionista de la violencia de género cuesta vidas, señorías de
VOX. Las víctimas de la violencia de género se sienten culpables de la situación en la que están, sienten vergüenza de no ser capaces de salir de esa situación y su discurso negacionista impacta sobre las víctimas porque incrementa su miedo a no
ser creídas. (Una señora diputada del Grupo Parlamentario VOX muestra una imagen en su teléfono móvil). Son ustedes un peligro para la vida de las mujeres. La única ideología de género es el machismo. Si no estamos del lado de las víctimas,
estamos del lado de los agresores. No puede haber medias tintas en un tema tan grave y rotundo como el que nos ocupa. Ustedes deciden de qué lado se van a posicionar. (Aplausos.-Una señora diputada del Grupo Parlamentario VOX: De todas las
víctimas).


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Señora presidenta, invoco el artículo 72 otra vez por las declaraciones de la diputada del PSOE. Nos ha acusado, al Grupo Parlamentario VOX, de ser corresponsables de la violencia contra las mujeres y un
peligro para la vida de las mujeres. Pido, por favor, que lo retire.


La señora PRESIDENTA: No sé lo que ha dicho la portavoz socialista, entre otras cosas, porque escuchaba mucho murmullo por aquí y me ha impedido escuchar. (La señora Toscano de Balbín: ¡Como para callarse!). Pero si no se quiere
retirar... (Rumores).

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Tiene la palabra la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género de nuevo para cerrar su comparecencia.


Por favor, por favor, espectáculos, no. (Las señoras diputadas del Grupo Parlamentario VOX se levantan de sus escaños.-Rumores). Por favor, estamos en el Congreso de los Diputados; espectáculos no, por favor, os lo ruego. Espectáculos,
no; en la calle monten lo que quieran, pero aquí estamos en el Congreso de los Diputados. (La señora Nevado del Campo: ¡Es mentira lo que están diciendo, ya está bien!-Las señoras diputadas del Grupo Parlamentario VOX abandonan la sala).


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): Si queda alguna víctima, alguna entidad o alguien querido por alguna víctima viéndonos, pese a lo avanzado de la hora porque está expectante e ilusionada con
las cosas, con el camino que falta por hacer y pensando que estamos trabajando en ello, comencé intentando hacerles un homenaje y quiero terminar pidiéndoles perdón. No es culpa de las que nos quedamos, pero algo estamos perdiendo ya y quizá esto
sí debería llevarnos a una reflexión muy seria sobre qué queremos permitir en las instituciones. Ante personas con la piel tan fina como para ofenderse porque la señora Guinart diga: si no estamos del lado de las víctimas, estamos en el de los
agresores, es ya no dejar decir lo evidente y, sin embargo, ser capaz de formular auténticos torpedos contra la línea de flotación del Estado de derecho.


Quería decirle a la señora Pozueta que Eskolae, en Navarra, fue reconocido el 25-N por la anterior secretaria de Estado, Soledad Murillo, y que más que sangría presupuestaria sabemos que tienen los parches de un año de programas, que ojalá
fueran plurianuales y pudiéramos tener todas las bendiciones administrativas para ellos.


A Sara Giménez le diré que las garantías que tienen los menores que han sido testigos de la violencia contra las madres es que, afortunadamente, desde 2015 son víctimas directas y, además, el Tribunal Supremo, cuando se exigía unidad de acto
y que se hubiera presenciado, dijo que valía tanto que estuviera presente como que estuviera escondido. Y la verdad es que se te encogía el corazón leyendo las sentencias en las que se dice que el niño no está presente porque se ha escondido y ha
huido. Quiero decir que el camino fue a la víctima directa y, precisamente, coincidimos en hacer un itinerario que sea específico para las infancias porque no puede ser lo mismo. Sí me gustaría aclarar en un minuto -pese a que estamos todas ya
derrengadas y más cuando te van alterando el karma o la calma- algo en cuanto a las penas, porque es verdad que al principio se manejaron textos borradores en ese primer momento, en fin, con cierto interés o no, pero yo les pido a las juristas, a
las penalistas o a cualquier lectora atenta -porque tampoco hace falta haber acabado la carrera-, que se fijen en que cuando tú unes el abuso y la agresión sexual -que ahora tiene desde multa y poca pena a los quince años de la agresión sexual
grupal, etcétera- en un solo epígrafe que es agresión, nos parece importante porque el abuso implica que hay un uso lícito y un abuso ilícito. En cuanto al abuso, aparte del feminismo diciendo que no es abuso, es violación -que fue lo que dijo la
sentencia el Tribunal Supremo de La Manada, y de eso podemos estar todas orgullosas porque esa pobre chiquilla ha dado lugar a gran parte de esto-, el quitar el abuso significa que si se quiere comparar penas hay que recorrer -no digo usted, por
favor, tanto la gente que compara como la prensa- todo el escalón de las conductas que antes eran abuso y ahora se llaman agresión, aunque sea en los casos más leves de agresión, y entonces se ve un poco mejor. También es verdad que el feminismo no
es punitivista, el feminismo prefiere recorrer escalones y decir: el abuso así, o sea, la agresión sin violencia, así; la agresión con violencia, así; la agresión con un agravante, así, y con dos, así, antes de que haya todo este recorrido de
penas donde hemos visto muchas diferencias en casos muy similares. ¿Por qué? Porque pese a que las señorías ausentes de VOX aboguen porque su feminismo es el de la prisión permanente revisable, todas sabemos que una pena inhumana, que una pena
exagerada, que una pena que no se corresponde con la proporcionalidad del hecho, al final el derecho, el operador jurídico, el juez o la jueza huyen de su aplicación y es papel mojado. Y de eso se ha vivido mucho tiempo en este país también, de ir
al BOE y decir mucho lo de negro sobre blanco, papeles que eran mojados. Pero es que, además, tiene otro efecto de política criminal evidente. Si te sale igual violar y matar, nos van a matar a todas las víctimas de violación porque seguro que no
tienen testigos. Es una razón de política criminal que se cae por su propio peso si quieres escuchar, claro, si quieres aprender, pero si quieres decir simplemente prisión permanente revisable y ofenderte por una verdad e irte, pues no.


Por último, no quiero dejar de contestarle, aunque creo que no deberíamos haber llegado hasta ese punto por las víctimas que nos traen aquí. Puede que por deformación profesional, si usted me pregunta -se lo digo con todo el respeto- si
Pablo Iglesias es un acosador porque hizo un chiste machista en un

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chat, yo, iba a decir como jueza, pero no, como persona y como ciudadana le diría: ¿y cómo lo sabe? Porque la intimidad de una víctima en un delito contra la intimidad saltó por los aires, todos los chistes que se hicieron en ese chat, sus
fotografías íntimas, sus citas privadas, sus canciones y hasta sus vídeos hablando con compañeros, saltaron por los aires y fueron a manos de lo peor de este país. Pensaron que había sido su pareja y supongo que ella se temía la portada de
Interview. Entonces, el cómo lo sabe no es importante por la anécdota. Creo que nos respetamos mutuamente y le diré -antes se lo dije a quienes no han respetado y se han ido- que en democracia las formas son el fondo porque las garantías son
nuestro pacto social. La Policía franquista decía: este ha hecho esto, y daba igual cómo consiguieran las pruebas. No da igual, siempre va a ser mejor un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Pero cuando tú sabes algo porque alguien
ha cometido una tropelía contra los derechos a la intimidad de una mujer, quizá otro pacto podría ser dejar de utilizar eso que sabemos como consecuencia de un delito, que, por supuesto, no ha cometido usted, pero que los medios intencionadamente
agrandaron. Llevemos esta reflexión siempre pensando más en qué hay detrás y a quién se hace daño cuando nos reímos o nos regocijamos de algo que no deberíamos saber o cuyo conocimiento ha sido a costa del sufrimiento de otra persona, en este caso
de una mujer de la que se habla mucho menos que de ese hombre.


Con esto les agradezco su paciencia. Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, delegada del Gobierno. Empezamos con un retraso bastante importante, pero creo que ha merecido la pena poder compartir todo el trabajo y la experiencia de la delegación del Gobierno, que además
creo que está haciendo una importante labor. Algunas diputadas se han marchado de esta Comisión, yo respeto completamente la libertad de expresión, igual hay muchas cosas que pueden sonar a los oídos de manera ofensiva, pero aquí no estamos para
eso. Tenemos que guardar un poco las formas, el decoro. Lo vuelvo a repetir, vivimos unos tiempos muy convulsos y creo que no beneficia a la sociedad ni al trabajo que estamos desarrollando, si estamos buscando siempre los titulares para salir
después en prensa, y que luego la sociedad diga que los políticos no hacen nada más que crispar y crispar y generar conflictos. Si yo al principio puse a esta Comisión como ejemplo de trabajo, del consenso de todas las fuerzas políticas,
mantengamos y conservemos ese mismo espíritu y demos ejemplo al resto para que la gente, la sociedad que nos mira, diga que la política sirve para algo y tiene gran utilidad. Se lo ruego por favor. Espero que no se lo pongáis más difícil a esta
Presidencia. Es el trabajo que tenemos. En definitiva, quiero terminar con una sonrisa y agradecer a todos, a todas las fuerzas políticas, de corazón, vuestro debate y también vuestras razones a la hora de defender vuestras posturas.


Sin más, se levanta la sesión porque son las nueve menos veinticinco y me cierran el despacho donde tengo la maleta. Muchas gracias.


Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.