I. Iniciativas legislativas

Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética.
Propuestas de veto
621/000020
(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.19, Núm.exp. 121/000019)

El Senador Jacobo González-Robatto Perote (GPMX), el Senador José Manuel Marín Gascón (GPMX) y la Senadora Yolanda Merelo Palomares (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética.

Palacio del Senado, 20 de abril de 2021.—Jacobo González-Robatto Perote, José Manuel Marín Gascón y
Yolanda Merelo Palomares.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De don Jacobo González-Robatto Perote (GPMX), de don José Manuel Marín Gascón (GPMX) y de doña Yolanda Merelo Palomares (GPMX)

El Senador Jacobo González-Robatto Perote (GPMX),
el Senador José Manuel Marín Gascón (GPMX) y la Senadora Yolanda Merelo Palomares (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

PRIMERO. El Proyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) forma parte, junto al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Transición Energética, del «paquete energía y clima» con el que el actual Gobierno pretende transformar
radicalmente la economía (no solo el sector energético, como se reconoce tanto en la LCCTE como en el PNIEC), la sociedad y hasta el modo de vida de los españoles (se habla en esos textos de la necesaria «implicación pro-activa de la ciudadanía en
la transición energética»). Los objetivos, remitidos por el Gobierno a la Comisión Europea durante el estado de alarma, no han sido revisados atendiendo a las nuevas circunstancias derivadas de la crisis del COVID-19, superan los
recomendados por la Unión Europea, y rompen cualquier equilibrio, supeditando todas la actividad económica de España a su consecución, sin atender a otras consideraciones de política energética como la seguridad del suministro, la competitividad de
las empresas y el bienestar de los ciudadanos. España debe seguir comprometida con el medio ambiente, pero no a cualquier coste.

Como ocurrió en 2009, España vuelve a presentar unos objetivos para «ser más verdes que nadie»: para 2030 se
pretende reducir en un 23 % (respecto al nivel de 1990) la emisión de gases de efecto invernadero; alcanzar un 74 % de uso de energías renovables en la generación eléctrica y un 42 % en el uso final de la energía; alcanzar una potencia instalada
de 161 GW de energía eólica, 39 GW de energía solar fotovoltaica y 7 GW de energía solar termoeléctrica (reduciendo, en cambio, a solo 3 GW la potencia de la energía nuclear); conseguir que en 2030 el 28 % del parque móvil (5 millones de
vehículos) sea de tracción eléctrica, y que en 2040 desaparezcan totalmente los vehículos impulsados por motor de combustión… La búsqueda de esos objetivos requerirá un intervencionismo exhaustivo del Estado en la vida económica y un
incremento brutal del gasto público: la LCCTE reconoce que, para alcanzar sus metas, se necesitan 200.000 millones de euros de inversión privada y pública en la década de 2020 (el PNIEC, más preciso, la cifra en 241.412 millones).

La LCCTE y
el PNIEC aseguran que semejante despliegue de gasto público, subidas de impuestos «verdes», prohibiciones de fuentes de energía eficientes (y subvenciones a otras no competitivas) y planificación estatal de la producción redundará en «un aumento del
PIB de entre 16.500 y 25.700 millones al año» y «un aumento neto del empleo de entre 253.000 y 348.000 personas». En VOX consideramos, por el contrario, que este planteamiento puede tener efectos adversos sobre la inversión, el consumo, el empleo y
la competitividad de la economía española; más aún, en el contexto de tremenda recesión que se avizora tras la catástrofe del COVID-19.

SEGUNDO. La izquierda, cuya sensibilidad medioambiental es muy reciente, necesita pretextos para
justificar la intervención coactiva del Estado en la economía y la sociedad: unas veces es «la pobreza» (que suele multiplicarse como resultado de las políticas socialistas); otras, la «opresión de género», o la «discriminación racial»…
Como todos ellos son fenómenos superados —o residuales— en la España contemporánea, se ha buscado en la «emergencia climática» una nueva excusa para el dirigismo.

«Emergencia climática» es el nuevo mantra progresista, que ha
sustituido al «cambio climático», el cual a su vez había reemplazado al «calentamiento global antropogénico». La expresión «calentamiento global» tenía, al menos, un contenido informativo susceptible de comprobación empírica; el «cambio» o
«emergencia» climáticos, en cambio, no son falsables, pues «cambio» puede ser cualquier cosa: cualquier fenómeno (la subida de temperaturas, pero también su estancamiento, como ocurrió durante «la Pausa» de 1998-2014, o la de 1945-75; el aumento
de precipitaciones, pero también su disminución; el aumento de la banquisa polar, pero también su reducción) puede ser presentado como avalador de una tesis —la del «cambio»— que en realidad no afirma nada. Y la falsabilidad empírica
es —como explicó Karl Popper— la marca distintiva de la ciencia; la no falsabilidad, en cambio, permite reconocer a los dogmas y eslóganes ideológicos.

El alarmismo climático está haciendo las veces de una nueva religión. Se
agrupan en un solo paquete indisociable —para el cual se exige un asentimiento sin fisuras, so pena de ser anatemizado como «negacionista»— proposiciones lógicamente independientes (que la temperatura está subiendo; que la subida se
debe a los gases de invernadero emitidos por el hombre; que la subida se va a acelerar en este siglo; que esa subida será muy perjudicial para la humanidad; que vendrá acompañada de todo tipo de catástrofes —huracanes, sequías, etc.—
agrupadas en el cajón de sastre del «cambio climático»).

TERCERO. VOX deja la ciencia a los científicos, y carece de una posición propia sobre cuestiones climatológicas. Considera, sin embargo, que el debate no está cerrado, y que es
irracional asumir como artículo de fe el paquete climático-catastrofista en su totalidad. Es claro que la temperatura del planeta viene subiendo desde la segunda mitad del siglo XIX (solo un grado en más de un siglo, según reconoce la Exposición de
Motivos de la LCCTE), como sabemos que ya hizo en muchos momentos del pasado, incluso a escala histórica, no geológica (por ejemplo, el «óptimo climático medieval», con temperaturas probablemente más altas que las actuales). Pero no se aprecia una
correlación clara entre el ritmo de incremento térmico y la acción humana: el ascenso fue comparativamente rápido entre 1910 y 1945, cuando las emisiones de CO2 eran aún muy bajas; se estancó, en cambio, entre 1945 y 1975, pese a emisiones mucho
más altas, y volvió a ralentizarse en la «Pausa» de 1998-2014, con emisiones en máximos históricos.

Las previsiones alarmistas del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) se ven desmentidas una y otra vez por la realidad. El IPCC
pronosticó un aumento de temperatura global de 0,3 grados Celsius por década a partir de 1990; el aumento real ha sido de 0’15 grados por década, según la UK MetOffice: la mitad de lo profetizado. El director del Programa Medioambiental de
Naciones Unidas (UNEP), Noel Brown, pronosticó en 1989 que «naciones enteras [como las Islas Maldivas] serían tragadas por el mar en el año 2000»; en realidad, ninguna isla ha desaparecido: al contrario, el 85 % de la islas del Pacífico están
creciendo en tamaño (el nivel del mar viene subiendo desde finales del siglo XVIII, pero a un ritmo uniforme de 3 mm al año, 3 cm por década). Janos Bogardi, presidente del Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la United Nations
University en Bonn, predijo en 2005 que para 2010 habría «millones de refugiados climáticos»; en realidad, el número de refugiados por causa del cambio climático es hasta ahora de… uno (un ciudadano de Kiribati que alegó ese motivo para
pedir asilo en Nueva Zelanda, y le fue denegado). Se ha pronosticado repetidamente el inminente deshielo de los casquetes polares, pero la banquisa ártica era en septiembre de 2019 más gruesa que en 2007 según el National Snow & Ice Data
Center de EE. UU., y un estudio de la NASA publicado en 2015 en el Journal of Glaciology certificaba que la masa de hielo antártico, en lugar de disminuir, está aumentando. Es un debate científico abierto.

Algunos expertos revindican el
papel fundamental del CO2 como la base de la vida en la Tierra, al ser necesario para la fotosíntesis. El CO2 solo es responsable de un 15 % del efecto invernadero (sin efecto invernadero, la temperatura del planeta sería 30 grados más baja, y la
vida no habría sido posible). El aumento de CO2 en la atmósfera ha generado efectos positivos que el catastrofismo climático oculta cuidadosamente. El CO2 tiene un efecto fertilizante (por eso se inyecta CO2 en los invernaderos), y su aumento ha
coadyuvado, según muchos científicos, al incremento del rendimiento de las cosechas (la ONU auguró su hundimiento) y a la reforestación global: según estimación del profesor Ranga Myneni, de la Universidad de Boston, el 31 % de la superficie de la
Tierra es ahora «más verde» que hace medio siglo, y solo el 3 % se ha vuelto más árida. No es cierto que los desiertos estén avanzando. En España, la masa forestal pasó de cubrir un 27,6 % del territorio en 1990 a un 36,9 % en 2016, según datos
del Banco Mundial.

Otros cuestionan la premisa de la LCCTE según la cual la subida de temperaturas amenaza el bienestar o incluso la supervivencia de España: «España, por su situación geográfica y sus características
socioeconómicas, se enfrenta a importantes riesgos derivados del cambio climático que inciden directa o indirectamente sobre un amplísimo conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, acelerando el deterioro de
recursos esenciales para nuestro bienestar».

Sin embargo, que la subida de temperaturas deba resultar necesariamente desastrosa es otro dogma irracional de la religión climático-catastrofista.

¿Quién y por qué decretó que la
temperatura ideal de la Tierra es la de 1850? No parece que a la humanidad le haya ido tan mal con el incremento térmico de poco más de un grado desde entonces: ha sido un periodo de avance prodigioso; no se ve por qué debería resultar
pavoroso un incremento de unos dos grados más a lo largo del siglo XXI.

El profesor Richard Tol, de la Universidad de Sussex, ha elaborado un modelo que computa los efectos favorables y desfavorables de la subida de temperatura: concluye que
habrá beneficio neto (ahorro en calefacción, aumento de cosechas, etc.) hasta un aumento de 2,2 grados respecto a la temperatura global de 2009; por encima de ese umbral, los costes superarían a las ventajas. Y ese calentamiento, en el escenario
promedio del IPCC, se alcanzaría hacia 2080.

CUARTO. Por tanto, la LCCTE y el PNIEC pretenden imponer una transformación radical del modelo productivo español sin acompasar su ritmo y objetivos de política energética ni a la nueva
realidad surgida de la crisis del COVID-19, ni a los avances tecnológicos que con toda seguridad surgirán.

España, de la que se llegó a decir que instalaba la mitad de las renovables del planeta, todavía está pagando los excesos de una
apuesta por las renovables cuando la tecnología aún no estaba madura. Con razón se dice que España pagó la curva de aprendizaje en instalación de renovables de todas las economías mundiales. Ahora corremos el riesgo de repetir el mismo error.

En 2080, si se mantiene el ritmo de crecimiento económico de las últimas décadas, seremos tres veces más ricos que ahora, y la tecnología será capaz de proezas que ahora no podemos ni soñar. Asegurar que una temperatura dos o tres grados más
alta llevará a la humanidad al desastre a finales del siglo XXI denota un grado de lucidez comparable al de los futurólogos que, hacia 1890, pronosticaban que en treinta años Londres y París yacerían bajo una montaña de estiércol, dado el
crecimiento exponencial del número de coches de caballos. En ridículos similares incurrieron las predicciones neomaltusianas de Paul Ehrlich (The Population Bomb, 1968) o el Club de Roma (Informe «Los límites del crecimiento», 1972), que auguraban
un rápido agotamiento de recursos esenciales debido a la superpoblación. Todos ellos olvidaron que el más importante de los recursos es, como teorizara Julian Simon, la inteligencia humana, que permite hacer cada vez más con menos.

QUINTO. Por otra parte, incluso si asumiéramos la premisa de que el cambio climático traerá grandes desastres y que se debe solo a la producción humana de CO2, la reducción de emisiones solo podría alcanzar su objetivo si es emprendida por
toda la comunidad internacional (la «tragedia de los comunes»); sin embargo, EE. UU., que es el mayor emisor mundial de CO2, se ha retirado del Acuerdo de París, y China no muestra ninguna intención de modificar su política energética y ralentizar
su ritmo de crecimiento en aras de consideraciones climáticas. Mientras renunciamos al carbón como combustible, importamos en 2019 de Marruecos 1,1 millones de megavatios/hora generados por… centrales de carbón.

Las emisiones
españolas de CO2 representan un 0,7 % del total mundial. Si, después de esquilmar a los españoles con impuestos verdes y condenar a la quiebra o la deslocalización a las industrias dependientes de combustibles fósiles, se alcanzaran los objetivos
marcados por la LCCTE (reducción del 23 % en las emisiones), nuestra incidencia positiva en el volumen mundial de emisiones sería de un 0,17 %. Si a esto añadimos que el CO2 solo pesa un 15 % en el efecto invernadero (el 70 % depende del vapor de
agua), habríamos atenuado dicho efecto en un 0,025 %. Liderar la descarbonización sin esperar al resto de los países es tan irracional como lanzarse al desarme unilateral en un mundo armado hasta los dientes.

SEXTO. La LCCTE y el
PNIEC hablan incoherentemente de «neutralidad tecnológica», pero apuestan por la promoción autoritaria de las energías renovables, reservándoles la parte del león en el mix energético previsto para 2030. El poder político no debe asumir el papel de
árbitro omnisciente de la carrera tecnológica. Las diversas fuentes de energía han de poder competir libremente entre sí, y debe permitirse a las empresas optar por las más rentables, beneficiándose de una energía lo más barata posible.
Si se desea promocionar las renovables, debe invertirse en investigación para aumentar su eficiencia y resolver el problema de la intermitencia y el almacenamiento, pero no imponerlas por decreto. La apuesta voluntarista y prematura del Gobierno de
Rodríguez Zapatero por las renovables ya encareció el precio de la electricidad en casi un 70 %. A pesar de ese incremento en el precio de la electricidad soportado por los consumidores, no cubrimos el coste. Y la diferencia la soportamos a través
del déficit de tarifa que llegó a sumar 30.000 millones de euros. La LCCTE repite el error. Si las renovables llegan a ser realmente rentables, se impondrán por sí mismas, de la misma forma que las bombillas eléctricas desplazaron a los quinqués y
los automóviles a los coches de caballos.

SÉPTIMO. Con su declarada hostilidad a los combustibles fósiles, la LCCTE va a poner en serias dificultades a una industria automovilística española que fabrica 1,8 millones de
vehículos al año y garantiza 200.000 empleos. La guerra declarada al Diesel penalizará especialmente a los más pobres y al sector agropecuario. La LCCTE llega al extremo de prohibir nuevas prospecciones de petróleo o gas natural: España se
convierte así en la primera nación de la historia que se obliga por ley a no investigar y explotar sus propios recursos. Se interrumpirán así prospecciones prometedoras en la Rioja, las marismas del Guadalquivir o las aguas territoriales de las
Canarias, mientras Marruecos avanza con éxito en la exploración de su yacimiento petrolífero en la misma zona. La explotación de esos recursos hubiera permitido la creación de decenas de miles de empleos; muchos de ellos, en la «España
vaciada».

La erradicación tácita del motor de combustión interna que impone a medio plazo la LCCTE desincentivará las inversiones de la industria automovilística en ahorro de emisiones —los coches convencionales emiten cada vez menos
CO2, y se podría seguir avanzando en esa dirección— así como la experimentación con biocombustibles (cuyas emisiones netas son muy bajas, pues, aunque liberen CO2 en la combustión, antes lo han absorbido en su biomasa).

La
LCCTE, erigiéndose en pitonisa del futuro tecnológico, decreta en la práctica que la panacea será el motor eléctrico. Pero el coche eléctrico no deja de plantear serios inconvenientes, y no solo de coste. Por ejemplo, su fabricación implica
importantes emisiones de CO2: el profesor Hans-Werner Sinn, de la Universidad de Múnich, ha calculado que, a día de hoy, el coche eléctrico solo supera al coche Diesel en términos de ahorro de emisiones de CO2 a partir de los 219.000 kms
de recorrido (pues «los vehículos eléctricos también emiten CO2, aunque su «tubo de escape» está en la planta de fabricación»). Por otra parte, las baterías de los motores eléctricos incluyen materiales muy tóxicos cuyo reciclaje es hasta hoy
imposible. Y en su mayoría son importadas de China.

OCTAVO. La LCCTE, en su obsesión por erradicar los combustibles fósiles, desatiende otros horizontes tecnológicos que permitirían reducir CO2 sin perjudicar la competitividad
empresarial. Por ejemplo, las nuevas técnicas CCUS (Carbon Capture, Use and Storage) de captación de CO2. Empresas como Solidia han desarrollado procedimientos que permiten la captación del dióxido de carbono y su uso en el fraguado de hormigón;
Econic ha conseguido aprovechar el CO2 como materia prima en la producción de polioles, base de los poliuretanos. Encerrar el CO2 en nuestras vigas y aerosoles es más compatible con la creación de riqueza que abstenerse de emitirlo.

NOVENO. La LCCTE y el PNIEC no solo aplican la eutanasia a los combustibles fósiles: también está en la agenda el abandono progresivo de la energía nuclear (el PNIEC le asigna solo 3GW —de un total de potencia instalada
de 161— en el mix eléctrico de 2030; está prevista la retirada de cuatro de nuestros siete reactores en la década de 2020). El Gobierno ha paralizado la construcción del imprescindible Almacén Temporal Centralizado (ATC) [de residuos
nucleares] de Villar de Cañas. Ahora bien, la energía nuclear no emite CO2, y por eso ha sido defendida por grandes referentes del movimiento ecologista, como James Lovelock (el padre de la «hipótesis Gaia»); James Hansen, Ken Caldeira, Tom Wigley
y Kerry Emanuel, profetas del clima-catastrofismo, escribieron en The Guardian que «la energía nuclear allana el único camino viable para la lucha contra el cambio climático»; un reciente estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT)
confirma que «la energía nuclear es clave para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía». Se ha calculado que en España el uso de energía nuclear evita cada año la emisión de entre 30 y 40 Mt de CO2. Países tan importantes y
desarrollados como EE. UU., Gran Bretaña, Francia, Corea del Sur, Japón, China o la India están construyendo en la actualidad nuevas centrales nucleares.

DÉCIMO. El cierre progresivo del sector nuclear —ya penalizado en las
últimas décadas por una onerosa sobrecarga fiscal que compromete su rentabilidad— no solo dejaría sin empleo a las 27.500 personas que trabajan en él de forma directa, indirecta o inducida (muchas de ellas, en la «España vaciada»), sino que
además agravará el encarecimiento del precio de la electricidad y dejará al país sin una fuente de energía segura, estable y barata. El sector nuclear genera más del 20 % de la electricidad consumida anualmente en el país (unos 55.000 GWh), con
solo el 7 % de la potencia instalada. El parque nuclear español tiene un funcionamiento medio anual cercano a las 8.000 horas: es la fuente que más horas funciona en el sistema eléctrico. La seguridad, lejos de disminuir, aumenta a lo largo del
ciclo vital de un reactor, pues se realizan constantemente intervenciones de mejora, con inversiones de 30 millones de euros en promedio por central y año. El Sistema Integrado de Supervisión de las Centrales Nucleares (SISC), dependiente del
Consejo de Seguridad Nuclear, vigila constantemente las condiciones técnicas de una producción energética segura. La gestión y almacenamiento del combustible irradiado posee soluciones técnicas satisfactorias.

UNDÉCIMO. Al rechazar
simultáneamente los combustibles fósiles y la energía nuclear, el «paquete energía y clima» (LCCTE + PNIEC) rompe con la racionalidad científica y el realismo económico, condenando a España a la penuria energética y el empobrecimiento.

DUODÉCIMO. La política energética es un factor de competitividad fundamental para las empresas y afecta directamente al bienestar de las familias españolas que pagan la factura de la luz. España es, tras Italia, el país de Europa con un
precio de la electricidad más elevado. Y este factor merma nuestra capacidad de recuperación tras la crisis del COVID-19.

La OCDE sitúa ya a España a la cabeza del desplome económico mundial; registramos la mayor destrucción de empleo de
Europa, y el deterioro del tejido productivo retrotrae el número de empresas a principios de siglo. La «emergencia climática» tiene que ser compatible con la auténtica emergencia económica y social que afrontan los españoles. Por consideraciones
elementales de supervivencia nacional, la LCCTE debe ser devuelta al Gobierno.