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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 86, de 20/05/2020
cve: BOCG-14-D-86
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de mayo de 2020
Núm. 86
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000724 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a reducir el número de entidades, estructuras y cargos superiores y directivos con el fin de adaptar el gasto político a las nuevas
necesidades sociales surgidas como consecuencia de la tragedia provocada por la pandemia de COVID-19 ... (Página10)
161/000763 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impedir que la ocupación ilegal de inmuebles pueda dar lugar a la inscripción de ocupantes en el padrón municipal ...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000734 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la transparencia en las transacciones internacionales de material para luchar contra el COVID-19 ... (Página15)
161/000735 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre una respuesta multilateral de preparación ante desastres y emergencias como el COVID-19 ... (Página16)
161/000736 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los esfuerzos globales de reconstrucción y recuperación tras la pandemia de COVID-19 ... (Página18)
Comisión de Justicia
161/000770 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar que el Gobierno respeta al Poder Judicial ... (Página20)
Comisión de Defensa
161/000743 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la modernización de los aviones Eurofighter Typhonn del Ejército del Aire ... (Página21)
Comisión de Hacienda
161/000738 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la ampliación del plazo para la presentación e ingreso de la declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio, correspondientes al ejercicio 2019 ... (Página23)
161/000748 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la modificación de los criterios de la aplicación de la regla de gasto ...
161/000749 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la transparencia en las transacciones internacionales de material para luchar contra el COVID-19 ... (Página25)
Comisión de Interior
161/000725 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la equiparación de movilidad laboral de la Policía BESCAM en igualdad de condiciones con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000726 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de las recomendaciones de la Comisión Europea recogidas en el Anexo 2 de la 'comunicación de la Comisión sobre la puesta en marcha de los
carriles verdes en el marco de las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales (2020/C 96 I/01)' ... (Página29)
161/000745 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a levantar la suspensión de obras en edificios existentes y su remisión a la normativa existente en materia de
seguridad y salud en las obras de construcción ... (Página30)
161/000754 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover por el Gobierno un plan nacional de rehabilitación de viviendas, edificios y pequeños comercios ... (Página32)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/000742 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de un calendario específico para las prácticas curriculares de Formación Profesional ... (Página34)
161/000764 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre traspaso de becas y ayudas al estudio ... (Página38)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000723 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para extender la moratoria de cotizaciones de la Seguridad Social a todas las pymes y autónomos afectados por la crisis sanitaria del COVID-19
... (Página40)
161/000739 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al traspaso de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Seguridad Social ... (Página41)
161/000751 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas específicas para mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 entre los empresarios y autónomos feriantes ...
(Página44)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000750 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas específicas para mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 entre los empresarios y autónomos feriantes ...
(Página46)
161/000768 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo al sector turístico para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 ... (Página47)
161/000774 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la aprobación de un Plan Nacional de protocolos con carácter de urgencia, con el fin de garantizar la imagen de España como destino seguro frente al COVID-19
... (Página50)
161/000775 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a establecer un Plan Específico de reactivación del turismo y la hostelería ... (Página52)
161/000776 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre alcanzar un Pacto de Estado por la Industria ... (Página54)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000730 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que se apruebe un plan de liquidez económica para ganaderías bravas ... (Página55)
161/000731 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo a las queserías de campo y artesanas afectadas por la crisis del COVID-19 ... (Página56)
161/000741 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a incorporar la pesca marítima deportiva y de recreo en el marco del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad ...
161/000752 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a extremar los controles y las inspecciones fitosanitarias de los productos agrícolas provenientes de terceros países en los Puestos de Inspección
Fronterizos (PIF) .... (Página58)
161/000758 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas de apoyo al sector pesquero ... (Página61)
161/000779 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas andaluzas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales en 2020 ... (Página63)
161/000780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los índices de rendimiento neto aplicables en la Comunidad Autónoma de Galicia, en el método de estimación objetiva del IRPF para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales en 2020 ... (Página64)
161/000781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas
aragonesas afectadas por diversas circunstancias excepcionales en 2020 ... (Página65)
161/000782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas
por diversas circunstancias excepcionales en 2019 en Extremadura ... (Página66)
161/000783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas
castellano y leonesas afectadas por diversas circunstancias excepcionales en 2020 ... (Página67)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000740 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución española en la Comunidad Autónoma del País Vasco
... (Página69)
161/000747 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000757 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre un Plan urgente de Desarrollo de Telemedicina y otros Servicios Digitales en zonas rurales y en la España despoblada ...
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000732 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un Plan de protección de los consumidores y usuarios frente al COVID-19 durante el desconfinamiento ...
161/000744 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre accesibilidad de los pacientes a los tratamientos de anticoagulación y previsiones sanitarias para la adecuación de estos tratamientos a las
circunstancias derivadas del COVID-19 ... (Página77)
161/000746 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al establecimiento de grupos de población para el levantamiento gradual del confinamiento obligado por el coronavirus (COVID-19) ...
161/000753 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la autorización para la realización de las empresas privadas de pruebas de diagnóstico homologado de COVID-19, a sus trabajadores y/o residentes,
utilizando sus propios recursos económicos ... (Página81)
161/000760 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a incluir la podología en el Sistema Nacional de Salud ... (Página82)
161/000762 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la preservación y el análisis de muestras biológicas de posibles casos de coronavirus (COVID-19) ...
161/000773 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la concreción y, en su caso, regulación normativa de los procedimientos para la realización de nebulizaciones, termo-nebulizaciones y micronebulizaciones
... (Página84)
161/000777 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la identidad de los expertos del Ministerio de Sanidad que analizan las solicitudes de las Comunidades Autónomas para pasar de fase en
la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) ... (Página85)
161/000778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la vacunación frente a la enfermedad neumocócica durante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) ...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000756 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la creación de un calendario específico de finalización de las clases universitarias tras el confinamiento derivado de la crisis sanitaria del COVID-19 ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000766 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre una respuesta global de preparación ante desastres y emergencias como el COVID-19 ... (Página91)
161/000767 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la ayuda para combatir la pandemia de COVID-19 en África ... (Página93)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/000771 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar que el Gobierno respeta al Poder Judicial ... (Página95)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/000769 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la protección del Patrimonio Histórico de la Mecanización Agraria ... (Página96)
161/000772 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reanudación del servicio público de exámenes de tráfico y su no suspensión en ningún día laborable del año 2020 en ninguna Jefatura
Provincial y Local de Tráfico con el fin de paliar en su totalidad los efectos del estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ... (Página96)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/000162 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre criterios de acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas o de proximidad al territorio vasco ... (Página100)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000120 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi (GS), sobre mejoras previstas en la estación de Chamartín ... (Página100)
181/000121 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi (GS), sobre actuaciones de mejora que está realizando el Gobierno en la conexión de la M-40 con la M-607 en Madrid ... (Página100)
181/000122 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi (GS), sobre mejoras que está acometiendo el Gobierno en la R-4 y la M-50 en Madrid ... (Página101)
181/000124 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi (GS), sobre mejoras que se están acometiendo en las carreteras M-21 y M-31 ... (Página101)
181/000125 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi (GS), sobre situación en la que se encuentran los proyectos para la implantación del carril Bus-VAO de la autovía A-2 ... (Página101)
181/000126 Pregunta formulada por el Diputado don César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre valoración del Gobierno del inicio de la actividad de RENFE en Estados Unidos ... (Página101)
181/000127 Pregunta formulada por el Diputado don César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre medios dispuestos por el Gobierno para la última campaña de vialidad invernal ... (Página102)
181/000128 Pregunta formulada por el Diputado don César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre actuaciones puestas en marcha para la creación de un organismo multimodal independiente para la investigación técnica de accidentes ...
181/000129 Pregunta formulada por el Diputado don César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre mejoras impulsadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para facilitar la instalación de puntos de recarga eléctrica ...
181/000130 Pregunta formulada por la Diputada doña María Luz Martínez Seijo (GS), sobre avances que se han producido para mejorar la capacidad de la autovía A-62 en el tramo Dueñas-Cigales ... (Página102)
181/000131 Pregunta formulada por la Diputada doña Helena Caballero Gutiérrez (GS), sobre actuaciones que está acometiendo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para aumentar la capacidad de la autovía A-62 en el tramo
Simancas-Tordesillas ... (Página103)
181/000132 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Aranda Vargas (GS), sobre actuaciones que está realizando el Gobierno en previsión de la próxima liberación del peaje de la autopista AP-7 Tarragona-La Jonquera ...
181/000133 Pregunta formulada por la Diputada doña Esther Peña Camarero (GS), sobre avances que se han producido en la Autovía del Duero A-11 ... (Página103)
181/000134 Pregunta formulada por la Diputada doña Esther Peña Camarero (GS), sobre valoración del Gobierno de la reversión de la autopista AP-1 ... (Página103)
181/000135 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Soler Mur (GS), sobre valoración del Gobierno de la reversión del tramo Valencia-Alicante de la autopista AP-7 ... (Página104)
181/000136 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Soler Mur (GS), sobre avances que se han producido en relación con la variante ferroviaria de Torrellano ... (Página104)
181/000137 Pregunta formulada por el Diputado don José Luis Aceves Galindo (GS), sobre avances que se están produciendo en las obras de duplicación de la SG-20 ... (Página104)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000138 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana (GP), sobre medidas previstas para defender a los sectores a los que representa el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ante la incertidumbre contenida en el
plan de desescalada en relación con las afirmaciones de la Ministra respecto a que dicho plan no había sido aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado ... (Página104)
181/000139 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana (GP), sobre participación de la Ministra o del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la redacción del denominado plan de desescalada en relación con las
afirmaciones de la Ministra respecto a que dicho plan no había sido aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado ... (Página105)
181/000140 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana (GP), sobre conocimiento que tiene la Ministra de Industria, Comercio y Turismo del contenido del plan de desescalada anunciado y/o aprobado por el Consejo de Ministros
... (Página105)
181/000141 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana (GP), sobre ratificación o rectificación de las explicaciones de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo,
respecto a que en dicha fecha no existía aprobación en Consejo de Ministros del plan de desescalada anunciado por el Gobierno ... (Página105)
181/000142 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana (GP), sobre existencia de engaño a los Diputados o desconocimiento de lo que se aprobaba en el Consejo de Ministros por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo
respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado ... (Página106)
181/000145 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana (GP), sobre opinión de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo acerca del hecho de que en el Comité Técnico de asesoramiento al Gobierno para el denominado plan de
desescalada no haya ningún experto en las materias de su competencia ... (Página106)
181/000146 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana (GP), sobre opinión de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo acerca de si es admisible dar información incorrecta al Congreso de los Diputados para la
certidumbre y seguridad que reclaman los sectores de la industria, el comercio y el turismo en relación con las afirmaciones respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado ...
(Página106)
181/000147 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana (GP), sobre consideración por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo de presentar su dimisión por las afirmaciones realizadas ante la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado ... (Página107)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
181/000192 Pregunta formulada por el Diputado don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), sobre valoración del funcionamiento del Estado autonómico en una situación de crisis como la generada por el coronavirus ...
181/000193 Pregunta formulada por el Diputado don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), sobre valoración de las respuestas dadas por las Comunidades Autónomas a las demandas derivadas de la pandemia y su grado de implicación y lealtad con
respecto del Gobierno de la Nación ... (Página107)
181/000194 Pregunta formulada por el Diputado don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), sobre papel jugado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la coordinación y colaboración entre el Gobierno y las Comunidades
Autónomas para hacer frente a la pandemia por coronavirus ... (Página108)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000119 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi (GS), sobre principales medidas que plantea el Gobierno para reforzar el Plan Nacional de Calidad del Aire en las principales ciudades de España ...
181/000143 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Diego Requena Ruiz (GP), sobre efectos que tendrá la caída de demanda eléctrica en España sobre el cálculo de peajes y sobre el sistema eléctrico español ...
181/000144 Pregunta formulada por el Diputado don César Sánchez Pérez (GP), sobre fecha prevista para aprobar el Plan de Actuación del Sector Forestal en España con medidas de carácter económico que permitan sumar la actividad económica
forestal a la salida de la crisis post-COVID-19 ... (Página109)
181/000148 Pregunta formulada por el Diputado don César Sánchez Pérez (GP), sobre previsiones acerca de aprobar y poner en marcha la Estrategia Española de Economía Circular para establecer los sectores prioritarios de actividad y las líneas
principales de actuación, metas, plazos y en colaboración con las distintas administraciones, que permita salir de la crisis y activar la economía post-COVID-19 ... (Página109)
181/000149 Pregunta formulada por el Diputado don Diego Gago Bugarín (GP), sobre opinión de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responsable de la desescalada, cuando escucha
las quejas de los Presidentes autonómicos por no haber consensuado el proceso de desescalada con las Autonomías y Ayuntamientos ... (Página110)
181/000150 Pregunta formulada por el Diputado don Diego Gago Bugarín (GP), sobre motivos por los que se permitió la celebración del 8-M y otras grandes aglomeraciones si ya estaban detectados los primeros casos de personas infectadas en
España y se observaba la escalada diaria de aumento de casos en Italia ... (Página110)
181/000151 Pregunta formulada por el Diputado don Diego Gago Bugarín (GP), sobre motivo por el que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico proclama y exige la unidad de acción
territorial en la lucha contra el COVID-19 y no contacta con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en el desarrollo del plan de desescalada ... (Página110)
181/000152 Pregunta formulada por el Diputado don Diego Gago Bugarín (GP), sobre explicación acerca de que España esté en una situación peor en número de contagios y de fallecidos que otros países de la Unión Europea que están más próximos
al foco de inicio de la pandemia, cuando la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico afirma que Portugal cuenta con mejores resultados porque el virus viene del Este ...
181/000153 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre motivos por los que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico afirma en la entrevista dominical
de un medio de comunicación nacional que no les ha dado tiempo a detectar el problema hasta después del 8-M, si el Gobierno ha reconocido celebrar las primeras juntas de seguridad ante la posible llegada del COVID-19 a España durante el mes de enero
... (Página111)
181/000154 Pregunta formulada por el Diputado don Diego Gago Bugarín (GP), sobre fecha prevista para aprobar la Ley de cambio climático ... (Página111)
181/000155 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Diego Requena Ruiz (GP), sobre consideración acerca de si el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) comunicado a la Comisión Europea no necesita ninguna actualización ...
181/000156 Pregunta formulada por el Diputado don César Sánchez Pérez (GP), sobre planes, partidas presupuestarias e inversiones proyectadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para relanzar la economía
española post-COVID ... (Página112)
181/000157 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre medidas previstas por la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en sus funciones en el plan de
desescalada para el sector de la hostelería, a la vista de que los ciudadanos quieren certidumbres ante sus declaraciones afirmando que 'si no están cómodos que no abran' ... (Página112)
181/000158 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Navarro Lacoba (GP), sobre acciones concretas llevadas a cabo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en los últimos dos años a la vista de las líneas
generales trazadas por la Comisión Europea para la salida de la crisis respecto al crecimiento verde y la digitalización ... (Página113)
181/000159 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Diego Requena Ruiz (GP), sobre consideración acerca de si el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) remitido a la Unión Europea debe ser modificado como consecuencia del
COVID-19 ... (Página113)
181/000160 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Navarro Lacoba (GP), sobre consideraciones acerca de si el incremento de estructura funcionarial dependiente de la Vicepresidencia Cuarta del Gobierno y Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico es la política más adecuada para afrontar la crisis económica que se deriva de las medidas de confinamiento y disminución de la actividad productiva en España ... (Página114)
181/000161 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre opinión de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acerca de si el condicionamiento de las
ayudas de la Unión Europea a las que se ha referido en declaraciones públicas puede afectar a pensiones y sueldos de funcionarios públicos en España ... (Página114)
181/000173 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre intención de mantener los compromisos y las 25 líneas prioritarias anunciadas con la declaración de emergencia climática ...
181/000174 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre medidas a tomar para salvaguardar el marco general hacia una Transición Ecológica y Sostenible en el contexto de la desescalada y de la concreción de los
planes socioeconómicos y productivos en nuestro país ... (Página115)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/000191 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre medidas que ha llevado a cabo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el año que ha presidido la Red Europea de
Agencias de Desarrollo (Practitioners Network), así como propuestas de respuesta global presentadas frente a la crisis del COVID-19 tendentes a configurar la Estrategia de Respuesta de la Cooperación Española frente al COVID-19 ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página115)
184/011626 Autor: Rufián Romero, Gabriel
Investigación por la Fiscalía de la ciudad suiza de Ginebra de los negocios del Rey emérito Su Majestad Don Juan Carlos I ... (Página120)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/000724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a reducir el número de entidades, estructuras y cargos superiores y directivos con el fin de adaptar el gasto político a las nuevas
necesidades sociales surgidas como consecuencia de la tragedia provocada por la pandemia de COVID-19, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Primero. Son diversas las normas reglamentarias que se refieren a la estructura política del Gobierno y de la Administración General del Estado.
En primer lugar, el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales diseña un elefantiásico Gobierno compuesto por 22 Ministerios. La norma contempla, además, los restantes órganos superiores
de cada departamento (esto es, las Secretarías de Estado), que ascienden a 27. A estos han de sumarse el Consejo Superior de Deportes (cuya presidenta tiene rango de secretaria de Estado), el Centro Nacional de Inteligencia (cuyo director ostenta
este también este rango en la Administración) y la Secretaría de Estado de Comunicación (adscrita a la Presidencia del Gobierno). En total, 52 órganos superiores, que son los cargos que se encuentran en la cúspide de la Administración General del
Estado.
En segundo lugar, el Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno consagra una estructura en el Palacio de la Moncloa compuesta por: a) el Gabinete del presidente del Gobierno (cuyo director,
don Iván Redondo Bacaicoa, tiene rango de secretario de Estado); b) la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno (cuyo titular tiene rango de subsecretario); c) la mencionada Secretaría de Estado de Comunicación; d) la Dirección adjunta
del Gabinete del Presidente del Gobierno (cuyo titular tiene rango de subsecretario); e) el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil; y f) el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. Todo ello, además de otros órganos
con el rango de Dirección General (departamentos de Seguridad Nacional, de Asuntos Económicos y G20, de Asuntos Exteriores y de Unión Europea y Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo).
Por último, el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales determina los órganos directivos de estos hasta el nivel de Dirección General. En este Real
Decreto se da carta a un endiablado conglomerado ministerial compuesto por 22 Ministerios, a los que se añaden, a su vez, un total de 199 altos cargos entre Secretarías de
Estado, Subsecretarias, Secretarias Generales, Direcciones Generales y Secretarías Generales Técnicas, así como, en su caso, otros órganos específicos en diversos Departamentos.
Por su parte, cada Ministerio desarrolla su estructura orgánica básica en su correspondiente Real Decreto.
Adicionalmente, por si esto fuera poco y como es bien conocido, de los 22 ministros titulares cuatro son, al mismo tiempo, vicepresidentes del Gobierno, lo que hace a España ser el segundo país de Europa en número de miembros en la cúspide
del Ejecutivo. Ello tiene notables implicaciones en materia de gastos de personal. No en vano, el artículo 23 del Real Decreto 139/2020 dispone lo siguiente:
'1. Los Gabinetes de los titulares de las Vicepresidencias del Gobierno que asumen, a su vez, la titularidad de un Departamento ministerial estarán integrados por un Director, con rango de Subsecretario, y un máximo de nueve asesores, uno
de ellos con rango de Director General, y los demás con nivel orgánico de Subdirector General, pudiendo tener cuatro de ellos funciones de coordinación del resto.
2. Los Gabinetes de los demás titulares de departamentos ministeriales estarán formados por un director, con rango de Director General, y por un máximo de cinco asesores, con nivel orgánico de Subdirector General.
3. Los Gabinetes de los titulares de las Secretarías de Estado estarán formados por un director y un máximo de tres asesores, todos ellos con nivel orgánico de Subdirector General.'
Segundo. Lo anterior implicaría que el actual Gobierno de España podría contar con más de 250 altos cargos entre cargos superiores, cargos directivos y personal eventual asimilado. Todo ello, sin incluir en el cómputo los Gabinetes de los
Secretarios de Estado ni las Subdirecciones Generales creadas en cada uno de los nuevos ministerios.
La estructura creada por los Reales Decretos mencionados implica que el Gobierno que abogaba por 'un mejor uso de los recursos públicos' y que mejoraría 'la eficiencia del gasto público' (Acuerdo de coalición PSOE-Podemos) es el que dedica
el mayor importe a ministros y a altos cargos de la historia de la democracia española. Teniendo en cuenta que en este momento el Estado tiene menos competencias de las que ha ostentado nunca, no parece que ello se corresponda con necesidades
operativas. Tampoco es moralmente ético vista la gravísima situación económica por la que España se dispone a atravesar tras la tragedia producida por la nefasta gestión del Gobierno en la emergencia producida por el COVID-19.
Ello, además, teniendo tan cerca la X Legislatura, con el último Gobierno que ejerció con normalidad sus funciones hasta el fin de esta en octubre de 2015 y, además, con mayoría absoluta: el formado por don Mariano Rajoy Brey en noviembre
de 2011.
Según dispuso el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, este Ejecutivo se conformaba de 13 Ministerios y unos 150 altos cargos. Además, la
Vicepresidencia Única contaba con su propio Gabinete, al igual que los ministros y los secretarios de Estado, en los mismos términos a los anteriormente referidos. En total, un máximo de 166 altos cargos en total (el 60 % de los existentes en la
actualidad), entre cargos superiores, directivos y personal eventual asimilado. Recordemos que este Gobierno nació en el seno de una crisis económica muy profunda, pero menor a la que está previsto hacer frente en este momento.
Tercero. El notable incremento de altos cargos llevado a cabo por este Gobierno de 'coalición progresista' conlleva que los ciudadanos han de hacer frente con sus impuestos a pagar las siguientes cantidades:
- 79.746 euros anuales por cada uno de los cuatro vicepresidentes del Gobierno.
- 74.858 euros anuales por cada uno de los restantes 18 ministros.
- 72.768 euros anuales por cada uno de los 27 secretarios de Estado.
- 64.516 euros anuales por cada subsecretario y asimilado.
- 53.163 euros anuales por cada director general y asimilado.
Todo ello, por supuesto, sin tener en cuenta los abonos por otros conceptos, como dietas, productividad y gastos de representación.
En resumen, sin incluir en esta suma otros muchos costes relacionados con los puestos de Subdirección General creados en los distintos departamentos ni los asimilados a estos que existen en los distintos Gabinetes, esta mastodóntica y
extensa estructura de Gobierno nos cuesta a los españoles, como mínimo, 15.844.111 de euros anuales solo en sueldos de altos cargos. Y ello sin contar con los
sustanciosos salarios de las empresas públicas o con participación del Estado (la presidenta de Red Eléctrica de España, S.A ., percibe 546.000 euros anuales) o de los distintos reguladores.
Cuarto. El grave drama económico y social que se avecina exige de quienes nos gobiernan que acompasen el gasto político a las posibilidades de los ciudadanos. Los españoles de bien cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de
sostener el Estado del bienestar y deben recibir un mensaje claro e inequívoco de que su esfuerzo diario y su sacrificio individual en favor del superior interés de la comunidad se dirige correctamente.
El ciudadano medio que entrega una gran parte de sus recursos a su país debe tener la certeza de que estos se destinan a ayudar a los demás, a hacer crecer a su país y a proteger a los más vulnerables. Tampoco a que el dinero de todos sea
dilapidado en Ministerios vacíos de contenido, en Direcciones Generales de Derechos de los Animales o en Gabinetes compuestos por los hijos de los dirigentes de los partidos de la coalición.
Si esta regla de adecuación del gasto a las necesidades de la sociedad ha de ser respetada siempre, con más razón en un Estado que cuenta con cuatro niveles de autogobierno en el que se reproducen, 'mutatis mutandis', los excesos del Estado
central, con Parlamentos, Consejerías, Viceconsejerías, Observatorios y Administración institucional. No es aceptable que, mientras el pueblo soberano ve trágicamente mermados sus ingresos y se incrementan exponencialmente las solicitudes de ayuda
a instituciones de caridad, los gobernantes derrochen el dinero recaudado con impuestos creando y manteniendo estructuras y departamentos con el único objetivo de impulsar agendas ideológicas o de colocar a afines ideológicos.
Quinto. El artículo 31.2 de la Constitución Española señala que 'el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía'.
En los momentos de necesidad económica para la Nación, quienes representamos a los ciudadanos tenernos la obligación ética y moral de impulsar políticas que disminuyan la carga que para los ciudadanos supone la existencia de superestructuras
de Gobierno. Tenemos el deber constitucional de vigilar que el gasto público se programa y ejecuta con criterios de eficiencia y economía y que no se supedita a una agenda ideológica (cuyo emblema es 'Sola y borracha quiero llegar a casa').
Las instituciones públicas están para 'servir con objetividad los intereses generales' (artículo 103.1 de la Constitución), para favorecer la mejor calidad posible en la vida de los ciudadanos y, lógicamente, para facilitar la creación de
riqueza por los españoles. Nunca para obstaculizarla, para torpedearla ni para someterla a exacción. Entre mantener el gasto político o apostar por el gasto necesario para cubrir las necesidades de los españoles respetando sus derechos, la
decencia democrática y la vocación de servicio público nos hacen elegir esto último.
Es nuestra responsabilidad, unos como mandatados por el pueblo soberano para defender sus intereses, otros como gobernantes, dar ejemplo de justicia, de probidad, de excelencia, de honestidad y de austeridad. Más aún en lo que se refiere al
gasto político. Con mayor razón en situaciones trágicas como la que ya sufren muchos, que en los próximos meses y años solo puede empeorar.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Ministerios y de altos cargos existentes en cada uno de ellos, la primera medida que debería adoptar el Gobierno de España en esta situación es reducir el tamaño de su estructura política.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Eliminar tres de sus Vicepresidencias, dejando solo una.
2. Eliminar, al menos, 10 Ministerios que no desempeñen cometidos indispensables, reduciendo el número de departamentos de 22 a 12 y suprimiendo o rebajando la categoría y el sueldo de los altos cargos vinculados a estos.
3. Promover las modificaciones pertinentes en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en la normativa concordante, para fijar un máximo legal de
dos Vicepresidencias del Gobierno y de doce departamentos ministeriales, de forma que el Consejo de Ministros esté integrado por un máximo de trece personas, incluido el Presidente del Gobierno.
4. Completar en el plazo de 6 meses una auditoría de las Administraciones Públicas que detecte aquellas entidades públicas, observatorios y organismos autónomos que no realicen funciones esenciales, que tengan fines meramente ideológicos o
que no sirvan al interés general, procediendo inmediatamente a su disolución.
5. Dirigir todos los esfuerzos económicos del Estado a proteger la economía española, el tejido empresarial y los puestos de trabajo, así como a mantener las prestaciones públicas que aseguren la cobertura de las necesidades reales de los
españoles y la provisión de aquellas que en justicia les correspondan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-José María Figaredo Álvarez-Sala y Eduardo Luis Ruiz Navarro, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impedir que la ocupación
ilegal de inmuebles pueda dar lugar a la inscripción de ocupantes en el padrón municipal, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El pasado 2 de mayo de 2020, el Gobierno publicó la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría del ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por la que se publica la Resolución de 17 de
febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.
Dicha Resolución establece en su artículo 3.3:
'3.3 Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio. Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es
completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, Jo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas
(chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón.'
El número de ocupaciones ilegales conocidas por los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ascendió a 12.214 en 2018, una cifra ha ido en aumento desde el 2015 con la complicidad de algunos gobiernos locales de grandes ciudades
de corte social-comunista. Esta evolución ha puesto en jaque al sistema jurídico, ante esta flagrante violación del artículo 33 de la Constitución que garantiza el derecho a la propiedad privada.
Este cúmulo de circunstancias han llevado al Grupo Parlamentario Popular a promover desde la XII legislatura varias iniciativas orientadas a luchar contra esta lacra. En este sentido, se presentó una proposición de ley incluyendo medidas
pioneras 'antiokupas', como:
Una definición clara, por primera vez, de la ocupación ilegal.
La introducción de una norma por la que un inmueble ocupado ilegalmente no puede tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ocupantes ilegales no gocen de la misma protección que los adquirentes o arrendatarios.
Dotar a la autoridad pública o sus agentes de la potestad para desalojar con agilidad, en un plazo de entre 12 y 24 horas, las viviendas ocupadas ilegalmente, sin necesidad de esperar meses.
Esta Proposición de Ley del Partido Popular no resultó finalmente aprobada porque una moción de censura impidió la continuidad del Gobierno del Partido Popular. Aun así, un año antes, el mismo Partido
Popular impulso y consiguió la aprobación de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Esta importantísima Ley, publicada el 12
de junio de 2018, apenas días después de la moción de censura, está comenzando a desplegar todos sus efectos. La ley afecta al proceso civil, dotando a los ciudadanos de instrumentos rápidos y eficaces para que el propietario de una vivienda pueda
recuperar la posesión ante una ocupación ilegal. Esta Ley ha permitido ya fortalecer la seguridad jurídica y la propiedad privada; al mismo tiempo, sus 'salvaguardas sociales' le han otorgado un notable crédito. En resumen, ya son muchas las
demandas resueltas que están fortaleciendo la seguridad jurídica y permitiendo la pacífica posesión de la propiedad privada.
Es, sin embargo, notorio que aún queda recorrido normativo para fortalecer estos derechos y que así debe hacerse. Por el contrario, el actual Gobierno aprueba medidas que siembran de nuevo la inquietud tanto en operadores jurídicos como en
la ciudadanía en general. El Gobierno ha ido aprobando normas legales y reglamentarias con un escasísimo acierto en su técnica normativa, antes procelosa que clara, y no precisamente dirigidas a reforzar la seguridad jurídica, sino a alejarse cada
vez más de ella. Un ejemplo de esta deficiente técnica normativa, acrecentada especialmente en el estado de alarma, es la Orden TMA/336/2020, donde se pone de manifiesto en su artículo 4.3, una solución habitacional con un concepto mal redactado y
de extraña argumentación, del cual se podría inferir que el derecho a un régimen de ocupación de una vivienda distinto al determinado por la Ley.
A todo ello se suman otros hechos, que desde nuestro Grupo Parlamentario se han denunciado como atentados a la propiedad privada, avalados por el Partido Socialista con acciones como la aprobación en el Parlamento de Cataluña el Decreto-ley
17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y su convalidación posterior, que claramente vulnera derechos el derecho a la propiedad constitucionalmente garantizado y que ha de resultar compatible con el
derecho a la vivienda. En este Decreto-ley se legalizó 'de facto' la ocupación ilegal de viviendas. El propio Consejo de Garantías Estatuarias de la Generalitat, organismo que vela por la adecuación de las Leyes Autonómicas a la Constitución y al
propio Estatuto de Autonomía, ha emitido un informe en el que se concluye que las previsiones contenidas en este Decreto son absolutamente incompatibles con los artículos 9 y 33 de la Constitución, relativos a la seguridad jurídica y a la propiedad
privada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer las disposiciones legales oportunas a fin de establecer unas normas de empadronamiento que contribuyan a evitar la ocupación ilegal, de manera que:
- Un inmueble ocupado ilegalmente no pueda tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ocupantes ilegales no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando su alquiler.
- La ocupación de inmuebles no pueda dar lugar a la inscripción de los ocupantes en el padrón municipal.
- La inscripción en el padrón de un ocupante ilegal se considerará nula y no constituirá prueba de su residencia o domicilio, ni atribuirá ningún derecho.
- Los Ayuntamientos den de baja de oficio, o a instancia del propietario o poseedor legal legítimo, las inscripciones de las que tengan conocimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Carlos Rojas García, Ana María Zurita Expósito y Antonio González Terol, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Transparencia en las Transacciones Internacionales de
Material para luchar contra la COVID-19 para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 se ha extendido ya por todos los rincones del mundo. Pese a que España es, desafortunadamente, uno de los países más afectados por la enfermedad, es especialmente preocupante la incidencia que la pandemia puede tener
en países con sistemas sanitarios menos preparados para este reto, así como en territorios en los que el acceso a agua y saneamiento es más escaso. Si esta emergencia sanitaria está demostrando algo es que necesitamos redoblar nuestros esfuerzos de
prevención y respuesta ante crisis a nivel internacional, puesto que las enfermedades no conocen fronteras.
En este contexto, los mercados internacionales se han visto sometidos a una fuerte presión por los niveles de demanda de productos y equipamiento sanitario básico, ya que cada vez más países veían necesario adquirir más material para reponer
su stock nacional y evitar así el desabastecimiento. En España, el Gobierno de España aprobó el 10 de marzo de 2020 su capacidad para centralizar este tipo de compras en el exterior, en cuyas transacciones se veían envueltos tanto el Ministerio de
Sanidad como otros ministerios, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Sin embargo, no se hizo ningún tipo de gestión con anterioridad a esta fecha, pese a que el brote de COVID-19 ya se había extendido por
Italia y ya contábamos con casos de infección en nuestro país.
El 14 de marzo de 2020, tras la asunción del mando único por parte del Gobierno de España, las Comunidades Autónomas que sí habían iniciado gestiones para adquirir material en el exterior paralizaron estas operaciones debido a la aprobación
por parte del Gobierno de la capacidad para requisar material y equipamiento sanitario en cualquier lugar del territorio nacional para su posterior redistribución bajo ese mando único del Gobierno. De hecho, varias Comunidades Autónomas denunciaron
el bloqueo que algunos de sus pedidos de material a China habían sufrido entre el 16 y el 18 de marzo, con cargamentos paralizados en los aeropuertos mientras el personal sanitario no tenía acceso a los equipos de protección individual que requerían
en su tratamiento a pacientes de COVID-19.
A medida que avanzaba la pandemia por nuestro país, también lo hacía por el resto de la Unión Europea. Esto significaba que la adquisición del material sanitario necesario para hacer frente a la enfermedad se encarecía. La Portavoz del
Gobierno de España, María Jesús Montero, afirmó que España estaba 'en una guerra' con otros países por conseguir este material sanitario de China, mientras que cargamentos de material adquiridos por algunas Comunidades Autónomas tampoco habían
llegado a nuestro país. Sólo el 25 de marzo, quince días después de asumir la compra centralizada, el Gobierno de España anunció un acuerdo con China por valor de 432 millones de euros para recibir 550 millones de mascarillas, 950 respiradores
artificiales, 5,5 millones de tests rápidos y 11 millones de guantes de protección.
Sin embargo, el Gobierno de España tuvo que admitir poco después que esos tests rápidos no eran fiables, incluso entrando en una disputa con la Embajada de China en España sobre si el proveedor de esos tests estaba autorizado por parte de
las autoridades chinas para desarrollar estos tests y si tenían certificación para su venta y utilización en la Unión Europea. Según afirmó el Gobierno en un primer momento, 9.000 tests se habían visto afectados, mientras que posteriormente tuvo
que admitir que la cifra de tests fallidos se elevaba a 640.000.
Ante esta situación, la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación afirmó que el mercado chino 'nos es un poquito desconocido', pese a que China es el segundo socio comercial más importante de la Unión Europea. Además, a
las sospechas vertidas por la Embajada de China en España se sumaron las declaraciones de la Cámara de Comercio de España en China recogidas en el medio El Confidencial, donde aseguraban que las compras que había realizado el Gobierno no se habían
realizado siguiendo los cauces habituales para este tipo de adquisiciones, sino que se había recurrido a intermediarios y comisionistas. La Cámara de Comercio de España en China se había ofrecido a realizar informes sobre la fiabilidad de
proveedores de material de forma gratuita, pero el Gobierno no recurrió a ello. Por tanto, el Gobierno se estaba exponiendo a utilizar recursos públicos con menos garantías.
Pese a ello, el Gobierno se negó a facilitar la información sobre quiénes eran los intermediarios a los que contactaba para realizar estas compras. A mediados de abril de 2020, varios medios de comunicación como Vozpópuli y El Mundo
obtuvieron información de alguno de esos intermediarios, y publicaron que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana había adjudicado un contrato a un empresario que, a su vez, había estado involucrado en las filtraciones de sociedades
offshore recogidas en los Paradise Papers, desvelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El mismo ministerio también habría adjudicado un contrato a una micropyme sin experiencia previa en la adquisición de
material sanitario que presentaba fuertes pérdidas y apenas ingresos, según El Economista. A raíz de esto, el propio Ministerio de Hacienda anunció que abriría una investigación sobre estos intermediarios de las compras exteriores del Gobierno y el
posible fraude que podrían haber cometido.
El 28 de abril de 2020, y según de nuevo Vozpópuli, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana volvió a negar la necesidad de hacer público quiénes son esos intermediarios a los que el Gobierno realiza compras de material, a
veces incluso descubriendo que el material adquirido no cumple con los requisitos mínimos para que pueda ser utilizado en la protección del personal sanitario que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes con COVID-19. Tras su
comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores, la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tampoco facilitó los datos de quiénes eran estos intermediarios y contratistas a los que recurría el Gobierno para sus compras en el
exterior, pese a ser instada a hacerlo por parte de las fuerzas parlamentarias allí presentes. Según informaciones del diario El País, el Gobierno llevaba, a 21 de abril de 2020, 350 millones de euros gastados en estas compras en el exterior sin
ofrecer detalles sobre su destino.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno a:
1. Remitir a las Cortes Generales un informe en el que se recojan los datos de los intermediarios y contratistas a los que el Gobierno ha recurrido para sus compras de material sanitario en el exterior, siempre garantizando el cumplimiento
de la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LPDGDD).
2. Impulsar, en cooperación con las cámaras de comercio españolas en el exterior y con ICEX España Exportación e Inversiones, la elaboración de un listado de proveedores fiables en el exterior que pueda ser útil para futuras compras de
equipamiento sanitario para la situación de levantamiento de medidas de confinamiento.
3. Detallar la cuantía de las compras que el Gobierno de España ha realizado a intermediarios y contratistas en el exterior, de manera desglosada por destinatario o receptor de los fondos utilizados para dichas compras, así como por tipo de
material adquirido.
4. Publicar cualquier contrato futuro que se adjudique a intermediarios o contratistas en el exterior para la adquisición de material y equipamiento sanitario que sea necesario para la contención y tratamiento de la COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre una Respuesta Multilateral de Preparación ante Desastres y
Emergencias como la COVID-19, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 se ha extendido ya por todos los rincones del mundo. Pese a que España es, desafortunadamente, uno de los países más afectados por la enfermedad, es especialmente preocupante la incidencia que la pandemia puede tener
en países con sistemas sanitarios menos preparados para este reto, así como en territorios en los que el acceso a agua y saneamiento es más escaso. Si esta emergencia sanitaria está demostrando algo es que necesitamos redoblar nuestros esfuerzos de
prevención y respuesta ante crisis a nivel internacional, puesto que las enfermedades no conocen fronteras.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) ya alertaron en enero de 2020 del peligro que podían suponer algunos casos de neumonía provocados por coronavirus en China.
Finalmente, y pese a estas advertencias, la enfermedad se expandió a otros continentes, haciendo que la OMS declarara la COVID-19 como pandemia global el 11 de marzo de 2020. Es precisamente esta dimensión global lo que hace necesario un enfoque
multilateral y basado en la cooperación internacional para poder hacer frente a futuras crisis y emergencias.
El 18 de marzo de 2015 se adoptó en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de Desastres el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Este marco establece siete objetivos y
cuatro prioridades de acción para prevenir nuevos riesgos y reducir los ya existentes: (1) Comprender mejor los riesgos por desastres; (2) Reforzar la gobernanza de riesgos por desastres para gestionar mejor esos riesgos; (3) Invertir en
reducción de riesgos y resiliencia; y (4) Mejorar la preparación para una respuesta más adecuada ante desastres y abrazar el principio de 'Reconstruir Mejor' en las tareas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. El Marco de Sendai
2015-2030 se ideó principalmente para lidiar con desastres naturales como los terremotos, las riadas y otros fenómenos relacionados con el clima, evitando así los costes que producen tanto en vidas como en daños a personas, bienes, a la economía o a
la salud pública.
Sin embargo, el Marco de Sendai también es aplicable a desastres como la actual pandemia de COVID-19. Nociones como el seguimiento de potenciales riesgos, la preparación para hacerles frente y la necesidad de reconstruir mejor deben guiar
también tanto nuestra respuesta tanto a esta emergencia como la capacidad que tengamos de desarrollar una mejor resiliencia ante posibles desastres futuros. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también cuenta con un Marco de Gestión de
Riesgo de Desastres y Emergencias Sanitarias (EDRM), que se ideó en 2018 para complementar el Marco de Sendai. Este Marco complementario se basa en la necesidad de: (1) Plantear políticas, estrategias y legislación; (2) Planificar y coordinar;
(3) Recursos humanos; (4) Recursos financieros; (5) Información y gestión del conocimiento; (6) Comunicación del riesgo; (7) Infraestructuras sanitarias y logística; (8) Servicios sanitarios y relacionados; (9) Participación de las comunidades
locales; y (10) Seguimiento y evaluación. En definitiva, el multilateralismo es la oportunidad de que los errores que se hayan podido cometer en esta pandemia no vuelvan a repetirse.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno a:
1. Elaborar un informe sobre cómo aplicará los principios del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y del Marco de Gestión de Riesgo de Desastres y Emergencias Sanitarias (EDRM) de las Naciones Unidas en España
para reforzar nuestra capacidad de resiliencia frente a futuros desastres.
2. Impulsar, en el seno de las Naciones Unidas, la necesidad de que los diferentes Estados miembros de la organización realicen ese ejercicio de evaluación sobre la aplicación del Marco de Sendai y del EDRM en sus respectivos territorios.
3. Establecer la financiación necesaria en los presupuestos públicos para poder cumplir con los objetivos del Marco de Sendai y el ERDM en nuestro país, con líneas de financiación específicas para este cometido y siempre en línea con los
principios de estabilidad presupuestaria.
4. Elevar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la necesidad de establecer un Comité de Preparación ante Crisis para mejorar la capacidad de los Estados miembros de las Naciones Unidas de
responder a crisis internacionales como pandemias y otras emergencias y desastres, de forma similar al Comité Antiterrorista creado tras el 11-S.
5. Defender la creación de un grupo de expertos en el seno de las Naciones Unidas para asistir al Comité de Preparación ante Crisis, que se encargue de evaluar el nivel de resiliencia y preparación de los diferentes Estados miembros ante
posibles desastres y que pueda emitir recomendaciones para subsanar potenciales fallos de preparación de acuerdo a lo aprobado en el Marco de Sendai y el ERDM.
6. Proponer, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la necesidad de establecer acuerdos de cooperación con otras organizaciones regionales como la OSCE, la ASEAN, la Unión Africana o la Organización de Estados Americanos para
coordinar respuestas comunes a posibles desastres y crisis de diferente índole, así como para trabajar de forma conjunta en la aplicación del Marco de Sendai y el ERDM en los Estados miembros que las componen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los Esfuerzos Globales de Reconstrucción y Recuperación
tras la Pandemia de COVID-19, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 se ha extendido ya por todos los rincones del mundo. Pese a que España es, desafortunadamente, uno de los países más afectados por la enfermedad, es especialmente preocupante la incidencia que la pandemia puede tener
en países con sistemas sanitarios menos preparados para este reto, así como en territorios en los que el acceso a agua y saneamiento es más escaso. El hecho de que pueda haber países o poblaciones más vulnerables corre el riesgo de acrecentar las
desigualdades tanto entre países desarrollados y en desarrollo como dentro de los propios países entre personas con una situación socioeconómica más cómoda y personas expuestas a una mayor vulnerabilidad.
Según cifras la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los efectos de la pandemia de COVID-19 podrían hacer que se perdieran 195 millones de empleos a nivel global, especialmente en sectores que emplean a un gran número de personas en
todo el mundo, como son la distribución y las ventas (que emplean a 482 millones de personas), el sector industrial (que emplea a 463 millones de empleos), o el de la restauración y la hostelería (con 144 millones de empleos). Precisamente, y según
la OIT, el grueso del impacto económico se lo llevarían los sectores que suponen el 37,5 % del empleo a nivel global.
Por otro lado, y según el Banco Mundial, la COVID-19 provocará el primer repunte de la pobreza global desde 1998, estimando un incremento de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza de 632 millones de personas a 665
millones. Es decir, de un 8,2 % de la población global en 2019 a un 8,6 % en 2020. Antes de la pandemia, las estimaciones apuntaban a que los niveles de pobreza global continuarían decayendo en 2020 hasta el 7,8 % de la población global. Por
tanto, y según estas cifras, la COVID-19 provocaría que unos 49 millones de personas quedaran bajo el umbral de la pobreza en 2020, lo que supone más de la población total de España entrando en la pobreza en un solo año.
En definitiva, una vez que pase la pandemia los esfuerzos deberán centrarse en la recuperación y la reconstrucción, atendiendo a la reducción de esas desigualdades. En este sentido, el 18 de marzo de 2015 se adoptó en la Tercera Conferencia
Mundial de las Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de Desastres el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Este marco establece siete objetivos y cuatro prioridades de acción para prevenir nuevos riesgos y
reducir los ya existentes: (1) Comprender mejor los riesgos por desastres; (2) Reforzar la gobernanza de riesgos por desastres para gestionar mejor esos riesgos; (3) Invertir en reducción de riesgos y resiliencia; y (4) Mejorar la preparación
para una respuesta más adecuada ante desastres y abrazar el principio de 'Reconstruir
Mejor' en las tareas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. El Marco de Sendai 2015-2030 se ideó principalmente para lidiar con desastres naturales como los terremotos, las riadas y otros fenómenos relacionados con el clima,
evitando así los costes que producen tanto en vidas como en daños a personas, bienes, a la economía o a la salud pública.
Es precisamente ese concepto de 'Reconstruir Mejor' el que debe guiar las estrategias de recuperación y reconstrucción para salir de la COVID-19. Según cifras proporcionadas por el 'think tank World Resources Institute', Corea del Sur
dedicó hasta el 80 % de sus políticas de salida de la crisis financiera de 2008 a medidas relacionadas con los principios de 'reconstruir mejor', mientras que la siguiente economía desarrollada que más dedicó a este cometido fue China con un 40 % de
sus medidas. Asimismo, Corea del Sur experimentó una recuperación notablemente más rápida que la de la media de la OCDE.
Por tanto, los principios de 'Reconstruir Mejor' auspiciados por el Marco de Sendai deben guiarnos en la recuperación, como ya ha recordado el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. La organización ya se ha puesto a
trabajar, de forma conjunta con sus Estados miembros, para diseñar este camino de recuperación. El 27 de abril de 2020, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó un informe para guiar los esfuerzos de reconstrucción
post-COVID-19.
Según este informe, las Naciones Unidas desplegarán a sus Coordinadores Residentes (CR) en 162 países para llevar a cabo este plan en los próximos doce-diciocho meses. El PNUD asumiría el mando de todos los equipos de las Naciones Unidas
para mejorar la coordinación de todos los recursos disponibles de la organización tanto a nivel local como global en una respuesta integrada a las necesidades de reconstrucción. Según estimaciones del PNUD, el África Subsahariana y el Sur de Asia
serán las regiones del mundo más afectadas por el impacto que la pandemia puede tener en la desigualdad y la pobreza extrema. Este plan se centraría en el principio de 'Reconstruir Mejor' y se basaría en cinco pilares: (1) la protección de los
servicios y sistemas sanitarios; (2) la protección social y los servicios básicos; (3) la protección de los empleos, sectores vulnerables y las PYMEs; (4) la cooperación multilateral y la respuesta macroeconómica; y (5) la resiliencia de las
comunidades y la cohesión social.
Para ello, el PNUD se apoyará además en su asociación renovada con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), que aspira a integrar los conceptos de 'Reconstruir Mejor' y de resiliencia ante
desastres en todos los esfuerzos de desarrollo. Este acuerdo se basa en la adopción de estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres y la coherencia entre las agendas de desarrollo sostenible, cambio climático, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y la necesidad de recuperación e inversión de los países en desarrollo. Por último, se contempla la proporción de asistencia técnica a las autoridades de estos países para poder hacer decisiones informadas sobre
reconstrucción y reducción de riesgos.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno a:
1. Detallar en un informe remitido a las Cortes Generales en qué consiste la participación del Gobierno de España en los esfuerzos internacionales auspiciados por Naciones Unidas para la lucha contra la COVID-19 y la reconstrucción prevista
para los próximos 12-18 meses a nivel global.
2. Impulsar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, el establecimiento de acuerdos bilaterales 'ad hoc' con países en América Latina y África para una cooperación más estrecha en materia de reconstrucción que se basen en los
principios de 'Reconstruir Mejor' recogidos por el Marco de Sendai.
3. Ofrecer, en los diferentes organismos de Naciones Unidas en los que España tiene representación y en coordinación con nuestros socios de la Unión Europea, asistencia técnica para los países en desarrollo que necesiten apoyo para
desarrollar sus estrategias nacionales de reconstrucción, garantizando siempre la seguridad de los profesionales españoles que participen en este tipo de esfuerzos internacionales.
4. Defender, en el seno de las instituciones internacionales en las que tiene representación España, la necesidad de mantener la agenda de comercio global basado en reglas como uno de los principales instrumentos para asegurar que tanto los
países en desarrollo como las economías desarrolladas pueden salir de la crisis provocada por la COVID-19 con mayor rapidez.
5. Explorar con el sector privado la capacidad que las empresas españolas con presencia en el exterior poseen para apoyar estos esfuerzos multilaterales de reconstrucción, siempre atendiendo a la situación económica en la que se encuentren
estas empresas y la seguridad de sus empleados, aprovechando posibles sinergias entre los intereses del sector privado y los objetivos de recuperación y reconstrucción auspiciados por las Naciones Unidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Justicia
161/000770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar que el Gobierno
respeta al Poder Judicial, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El pasado 22 de abril se dio a conocer la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condena a doña Isabel Serra a diecinueve meses de cárcel y a una multa de más de 2.000 euros por los delitos de atentado a la autoridad,
lesiones y daños. La señora Serra es actualmente la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.
Los hechos por los que fue condenada se remontan a 2014. La Sentencia establece como hechos probados que, una vez materializado un desahucio, la señora Serra y otros impidieron a un grupo de policías que se marchase del lugar. Se
dirigieron de manera violenta contra ellos, insultándoles y lanzándoles objetos (entre ellos, piedras). La señora Serra se dirigió a dos policías municipales diciéndole, a la primera 'eres cocainómana, mala madre, hija de puta' y a la segunda
'puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales, si fuera tu hijo tendría que coger un arma y pegarte un tiro'. También participó activamente en los empujones propinados al grupo de policías municipales y en el lanzamiento de objetos
contundentes. El episodio tuvo como resultado dos agentes lesionados y dos vehículos policiales dañados.
Nada más conocerse la Sentencia, varios miembros del Gobierno de España -todos ellos de Unidas Podemos- cargaron duramente contra ella y contra los jueces que la habían dictado. El Vicepresidente Segundo, don Pablo Iglesias, afirmó lo
siguiente: 'En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso'. La ministra de Igualdad, doña Irene Montero, afirmó que
la Sra. Serra había sido condenada por intentar frenar un desahucio y añadió: 'Ni Isa ni ninguna persona que en España luche contra las injusticias estaréis solas.
Somos más. 'También la secretaria de Estado de Agenda 2030, doña lone Belarra, calificó la sentencia de 'injusta y desproporcionada'.
Esta avalancha de críticas gubernamentales a la Sentencia provocó una reacción del Consejo General del Poder Judicial (la segunda reacción del CGPJ a las críticas del Gobierno en lo que va de año). El día siguiente de la publicación de la
Sentencia, el 23 de abril, aprobó un comunicado en el que mostraba su profundo malestar. En particular, apeló al Gobierno para que mostrase 'moderación, prudencia y mesura' y apeló también 'a la responsabilidad institucional para evitar la
utilización política de la Justicia'. Recordó, además, el CGPJ que 'la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial'.
El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, don Pablo Echenique, tuvo una furibunda reacción a este comunicado del CGPJ. En efecto, atacó directamente a su presidente, don Carlos Lesmes, y afirmó textualmente: 'Lecciones de
pulcritud democrática, las justas'.
Desde entonces, ningún miembro del Gobierno ha dado amparo al CGPJ y todos los ministros interpelados -incluso en sede parlamentaria- se han limitado a defender las críticas del Vicepresidente Segundo y demás miembros del Gobierno a la
Justicia en el marco de su 'libertad de expresión'.
Este ataque desde el Poder Ejecutivo al Judicial es intolerable. La doctrina de la separación de poderes exige que el Poder Judicial pueda ejercer sus competencias sin injerencias ni críticas por parte del Gobierno. Afirmar, como han hecho
miembros del Gobierno, que la Justicia española defiende y ampara sistemáticamente a corruptos supone arremeter contra la independencia de los jueces, pilar fundamental de su labor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados solicita a todos los miembros del Gobierno que respeten la independencia de jueces y magistrados tal y como ordena el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, eviten lanzar acusaciones de falta de
imparcialidad sobre los mismos y se abstengan de atacar al Poder Judicial y a la Justicia, que es propugnada en el artículo 1 de nuestra Constitución como valor superior del ordenamiento jurídico y del Estado Social y Democrático de Derecho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Carlos Rojas García, Isabel María Borrego Cortés, Luis Santamaría Ruiz, Miguel Ángel Jerez Juan, María Teresa Angulo Romero, Vicente Betoret Coll, Javier Merino Martínez, Jaime
Eduardo de Olano Vela y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/000743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Manuel Mestre Barea, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y D. Víctor González Coello de Portugal en sus condiciones de Portavoz Adjunto y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
modernización de los aviones Eurofighter Typhonn del Ejército del Aire, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. Durante la reunión ministerial del programa Eurofighter, celebrada en Florencia en diciembre de 2018, se hizo especial mención a la incorporación del radar AESA (Active Electronically Scanned Array) E-Sean Mkl con el objetivo de
seguir modernizando el Eurofighter para cubrir las necesidades de combate de los países miembros del programa hasta la llegada del FCAS (Future Combat Air System). Este tipo de modernizaciónes se enmarcan dentro de la segunda fase de mejoras (Phase
2 Enhancement o P2E) del Eurofighter.
Kurt Rossner, jefe del Área de Aviones de Combate de la multinacional Airbus Defence and Space (DS), explicó el programa de modernización de los Eurofighter del Ejército del Aire y de la Luftwaffe (Fuerza Aérea alemana). La Luftwaffe
incorporará el radar AESA E-Sean Mk1 a 110 aparatos de las tranche 2 y 3 -versiones-, del total de los 143 Eurofighter que posee la Fuerza Aérea alemana. Además, el Ministerio de Defensa alemán confirmó la adquisición de 38 aparatos adicionales, a
través del programa 'Quadriga', que también incluirán el nuevo radar.
Segundo. Por el contrario, y siguiendo la información publicada por Airbus DS, únicamente 19 aparatos, todos de la tranche 3 -del total de 69 que opera el Ejército del Aire 1- contarán con el sensor
1 La distribución de las tres versiones es la siguiente: Tranche I: 20, Tranche 11:32, Tranche 111: 20.
de barrido electrónico activo 'E-Sean Mkl'. Estos datos se suman a la necesidad de aparatos adicionales, sobre todo, para la sustitución de los F/A-18 -comprados de segunda mano a Estados Unidos- pertenecientes a la Base Aérea de Gando, en
Canarias. Y a posteriori, del resto de la flota, unos 65 EF-18M, pertenecientes al Ala 12 y 15 del Ejército del Aire.
A esta apremiante necesidad, se añade el rearme del Reino de Marruecos. Dicho rearme incluye la adquisición de 25 aparatos F-16C/D, bloque 72 -la versión más moderna-, y la modernización de su actual flota de 23 F-16 C/D Bloque 52+,
adaptándolos a la configuración del F-16V Viper.
Ambas versiones del F-16, que suman un total de 48 aparatos, sí incluyen el radar de barrido electrónico activo 'Northrop Grumman APG-83'. Este radar es el homólogo estadounidense del E-Sean Mk1 europeo. Por tanto, si España no se dota de
este radar, la flota de cazas de Marruecos gozaría de una capacidad radar superior a la del Ejército del Aire.
Tercero. Por otro lado, Países aliados como Italia y Reino Unido -también miembros del consorcio del Eurofighter-, están llevando a cabo programas de modernización y mejora de sus aparatos. Reino Unido, a través de la empresa BAE Systems,
ultima su proyecto 'Centurion', gracias al cual sus Eurofighter han integrado la versión más moderna de misiles de la compañía MBDA: los 'Brimstone, Meteor' y 'Storm Shadow'. Además, los aparatos británicos también incorporarán el pod de
designación láser Litening 5, incrementando de esa forma su capacidad de ataque al suelo. Las autoridades británicas barajan la instalación de los citados radares AESA y un nuevo casco de piloto avanzado producido por BAE Systems.
Cuarto. La citada P2E incluye numerosas novedades que resultan cruciales para el mantenimiento del offset tecnológico del Eurofighter con respecto a sus principales competidores, y que suponen un auténtico hito en el proceso de constante
evolución de este sistema de armas.
La entidad y complejidad de los cambios incluidos en estos paquetes de mejora, que normalmente implican también modificaciones físicas en ciertos equipos o sistemas, sugiere que dichos paquetes sean puestos a disposición de las naciones
usuarias de forma progresiva, por lo que su entrega se produce a través de incrementos.
El paquete de ampliación de capacidades P2E incluye numerosas novedades que suponen un auténtico hito en el proceso de constante evolución del Eurofighter.
Este paquete se proporciona en dos incrementos, denominados P2Ea y P2Eb, lo que permite una incorporación más gradual de las mejoras. La integración del citado misil Meteor, es la novedad principal del P2E. Se trata de un 'misil que por su
alcance (muy por encima de los 100 kms.) y por su nivel tecnológico (pues dispone de un avanzado radar que permite comunicación bidireccional con la plataforma lanzadora), no tiene competencia en el mercado'. Esta incorporación supondría un gran
salto tecnológico para el Eurofighter y que le permitiría mantener una ventaja sobre sus contrapartes.
Quinto. Pero la situación operativa que vive el Ejército del Aire desde principios del 2020 pone en grave riesgo el cumplimiento de sus funciones. Lo demuestra la reducción muy significativa de horas de vuelo realizadas anualmente, en
comparación con años previos a la crisis del 2008, la pérdida de capacidades importantes (ejemplo: reabastecimiento en vuelo, inteligencia de señales), el sostenimiento de los sistemas de armas con una capacidad de generar horas de vuelo muy baja y
la reducción de un 18 % de personal desde el 2011. Fuentes militares señalan como fecha de colapso operativo el año 2023 si no se emprenden acciones de mejora que establezcan las condiciones para que el Ejército del Aire pueda seguir cumpliendo con
sus misiones en los exigentes escenarios geoestratégicos de los próximos años.
Concurren en el caso del Ejército del Aire la necesidad de continuar o finalizar la implantación de sistemas de armas y de programas ya en curso, junto con la imprescindible reposición de capacidades pérdidas y el inicio de la sustitución y
adquisición de otras con vistas a un horizonte 2030.
A estas carencias, se suma la falta crónica de financiación a la que se ven abocadas las Fuerzas Armadas y que hacen insostenible su situación actual, corriéndose el riesgo de perder capacidades indispensables para la protección y seguridad
de España y sus intereses nacionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Ampliar la inclusión del radar tipo AESA E-Sean Mkl a la totalidad de los Eurofighter (Tranche 2) del Ejército del Aire.
2. Acelerar el proceso de modernización Phase 2 Enhancement (P2E) de todos los Eurofighter del Ejército del Aire.
3. Elaborar un Informe, a través del Ministerio de Defensa, en el que se determine las modernizaciones/mejoras que se consideren esenciales para el mantenimiento de la superioridad del Ejército del Aire y su coste en las áreas de su
responsabilidad especialmente frente a las amenazas no compartidas. El citado informe se remitirá a la Comisión de Defensa en un plazo no superior a tres meses.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Carlos Hugo Fernández Roca Suárez, Manuel Mestre Barea, Alberto Asarta Cuevas y Víctor González Coello de Portugal, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda
161/000738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ampliación del plazo para la presentación e
ingreso de la declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al ejercicio 2019, para que para su posterior debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El pasado 1 de abril se inició la campaña para la presentación de la declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al ejercicio 2019, cuyo plazo finaliza el próximo 30
junio (25 de junio para quienes quieran domiciliar su pago).
En el actual contexto de estado de alarma y confinamiento de la población, preocupa que el Ministerio de Hacienda no contemple la posibilidad de aplazar la presentación e ingreso de estos impuestos pues, si bien es cierto que, en el caso del
IRPF, para muchas personas resultará un alivio financiero su presentación en la medida en que el resultado de su declaración sea a devolver, sí supondrá, por el contrario, una gravosa carga para aquellos contribuyentes que deban pagar el impuesto y
se hayan visto azotados por esta crisis.
También resultará especialmente relevante la posibilidad de la ampliación del plazo para aquellas personas que necesiten, durante la confección de su declaración, hacer uso del servicio presencial en oficinas bancarias o en las oficinas de
hacienda, servicio cada vez más demandado por muchos contribuyentes, especialmente aquellos de mayor edad y que son, además, el grupo poblacional de mayor riesgo al contagio y a sus consecuencias. En la medida en que ahora mismo todas estas
oficinas permanecen cerradas y se desconoce el momento en el que podrán abrir al público con todas las garantías sanitarias necesarias, no se entiende que los plazos de presentación de este impuesto permanezcan inalterables.
Por otro lado, en las actuales circunstancias resulta muy complejo, para todos aquellos contribuyentes que no se limiten a confirmar el borrador enviado por la Agencia Tributaria, llevar a cabo todo el trabajo que exige la mera confección de
la declaración. Pensemos, entre otros, en los autónomos que tributen por
el régimen de estimación directa del Impuesto y que necesiten cerrar libros contables, reunir facturas, buscar documentación o consultar con un asesor.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ampliar el plazo de presentación de la declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al ejercicio 2019 hasta, al menos, el 30 de septiembre de 2020.
2. Con respecto al ingreso de la deuda tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, mantener las actuales condiciones de fraccionamiento, sin interés ni recargo alguno, en dos partes: la primera, del 60 por 100 de su
importe, en el momento de presentar la declaración y, la segunda, del 40 por 100 restante, al menos hasta el 5 de noviembre de 2020, inclusive.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Hacienda, relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
Exposición de motivos
Como consecuencia de la crisis del 2008, se impuso en nuestro país por el Ministro Montoro una aplicación de la regla de gasto impuesta por la UE muy diferente al resto de Europa, plasmada en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La regla se aplicaba en la UE al conjunto de las administraciones públicas, no a cada una de ellas por separado como se impuso en nuestro país, y su incumplimiento además no conllevaba sanciones como las que Montoro se empeñó en aplicar a
nuestras Corporaciones Locales.
La imposición de esa regla de gasto restringió de manera injustificada la actuación de las Corporaciones Locales en un contexto en el que coexistían importantes superávits presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido a unas
políticas públicas debilitadas durante años.
Sin embargo la deuda de las Corporaciones Locales ha descendido en un 11 % de media en el último año, algunas las han reducido a proporciones mínimas, incluso a cero; siendo además las administraciones públicas que más han aportado en la
reducción del déficit público. Como consecuencia de esto, el superávit de las Corporaciones Locales españolas es cinco décimas superior al promedio de la Unión Europea, situándose a esta fecha en más de 27 mil millones de euros.
La pandemia producida por el COVID-19 ha implosionado en una tremenda crisis sanitaria y, como consecuencia de ella, también en una devastadora crisis social que empuja a millones de ciudadanos y ciudadanas a una situación de vulnerabilidad.
Sólo una decidida política de inversión pública puede ayudar a contrarrestar los efectos esta brutal crisis social. Es ineficaz que en esto momentos el dinero público esté paralizado en los bancos cuando tan necesario es invertirlo en las
personas. Ahora además los bancos pretenden cobrar a las Corporaciones Locales comisiones por ese dinero que está depositado sin poderse gastar por esa regla de gasto, y ya han anunciado que cobrarán un 0,35 % al año por esos 27 mil millones de
euros inmovilizados.
Urge por tanto revisar, sin más dilación, esa regla de gasto en el sentido de permitir a las Corporaciones Locales invertir ese dinero en políticas sociales tan necesarias como imprescindibles en estos momentos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
1. Modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos y eliminando toda
traba o condición previa tanto para la posibilidad del uso del superávit como para los destinos a los que se pueda aplicar.
2. Hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el Parlamento, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local comunicarán a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales la suspensión de las
normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de la regla de gasto, para que puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia. En este sentido,
se procederá a modificar la Guía de Interpretación de la Regla de Gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de la crisis en servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza,
desinfección, seguridad ciudadana y materiales de seguridad de empleados municipales no computen con las reglas de estabilidad y techo de gasto.
3. Permitir superar los límites de la masa salarial, al amparo de lo anterior, para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las Entidades Locales.
4. Crear un fondo de compensación con dotación suficiente que venga a paliar la notoria pérdida de ingresos que van a sufrir las Corporaciones Locales, principalmente en los conceptos de tasas y precios públicos. Un caso singular lo
constituye el transporte urbano colectivo de viajeros: la fase de normalización va a estar caracterizada por una progresiva reincorporación de los ciudadanos a sus actividades ordinarias, con el mantenimiento de medidas de protección a la salud y
distanciamiento social en el transporte, lo que sin duda supondrá una importante disminución de los ingresos por viajeros y un considerable incremento de los costes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/000749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Transparencia en las Transacciones Internacionales de
Material para luchar contra la COVID-19, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 se ha extendido ya por todos los rincones del mundo. Pese a que España es, desafortunadamente, uno de los países más afectados por la enfermedad, es especialmente preocupante la incidencia que la pandemia puede tener
en países con sistemas sanitarios menos preparados para este reto, así como en territorios en los que el acceso a agua y saneamiento es más escaso. Si esta emergencia sanitaria está demostrando algo es que necesitamos redoblar nuestros esfuerzos de
prevención y respuesta ante crisis a nivel internacional, puesto que las enfermedades no conocen fronteras.
En este contexto, los mercados internacionales se han visto sometidos a una fuerte presión por los niveles de demanda de productos y equipamiento sanitario básico, ya que cada vez más países veían necesario adquirir más material para reponer
su stock nacional y evitar así el desabastecimiento. En España, el Gobierno de España aprobó el 10 de marzo de 2020 su capacidad para centralizar este tipo de compras en el exterior, en cuyas transacciones se veían envueltos tanto el Ministerio de
Sanidad como
otros ministerios, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Sin embargo, no se hizo ningún tipo de gestión con anterioridad a esta fecha, pese a que el brote de COVID-19 ya se había extendido por Italia y
ya contábamos con casos de infección en nuestro país.
El 14 de marzo de 2020, tras la asunción del mando único por parte del Gobierno de España, las Comunidades Autónomas que sí habían iniciado gestiones para adquirir material en el exterior paralizaron estas operaciones debido a la aprobación
por parte del Gobierno de la capacidad para requisar material y equipamiento sanitario en cualquier lugar del territorio nacional para su posterior redistribución bajo ese mando único del Gobierno. De hecho, varias Comunidades Autónomas denunciaron
el bloqueo que algunos de sus pedidos de material a China habían sufrido entre el 16 y el 18 de marzo, con cargamentos paralizados en los aeropuertos mientras el personal sanitario no tenía acceso a los equipos de protección individual que requerían
en su tratamiento a pacientes de COVID-19.
A medida que avanzaba la pandemia por nuestro país, también lo hacía por el resto de la Unión Europea. Esto significaba que la adquisición del material sanitario necesario para hacer frente a la enfermedad se encarecía. La Portavoz del
Gobierno de España, María Jesús Montero, afirmó que España estaba 'en una guerra' con otros países por conseguir este material sanitario de China, mientras que cargamentos de material adquiridos por algunas Comunidades Autónomas tampoco habían
llegado a nuestro país. Sólo el 25 de marzo, quince días después de asumir la compra centralizada, el Gobierno de España anunció un acuerdo con China por valor de 432 millones de euros para recibir 550 millones de mascarillas, 950 respiradores
artificiales, 5,5 millones de tests rápidos y once millones de guantes de protección.
Sin embargo, el Gobierno de España tuvo que admitir poco después que esos tests rápidos no eran fiables, incluso entrando en una disputa con la Embajada de China en España sobre si el proveedor de esos tests estaba autorizado por parte de
las autoridades chinas para desarrollar estos tests y si tenían certificación para su venta y utilización en la Unión Europea. Según afirmó el Gobierno en un primer momento, 9.000 tests se habían visto afectados, mientras que posteriormente tuvo
que admitir que la cifra de tests fallidos se elevaba a 640.000.
Ante esta situación, la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación afirmó que el mercado chino 'nos es un poquito desconocido', pese a que China es el segundo socio comercial más importante de la Unión Europea. Además, a
las sospechas vertidas por la Embajada de China en España se sumaron las declaraciones de la Cámara de Comercio de España en China recogidas en el medio El Confidencial, donde aseguraban que las compras que había realizado el Gobierno no se habían
realizado siguiendo los cauces habituales para este tipo de adquisiciones, sino que se había recurrido a intermediarios y comisionistas. La Cámara de Comercio de España en China se había ofrecido a realizar informes sobre la fiabilidad de
proveedores de material de forma gratuita, pero el Gobierno no recurrió a ello. Por tanto, el Gobierno se estaba exponiendo a utilizar recursos públicos con menos garantías.
Pese a ello, el Gobierno se negó a facilitar la información sobre quiénes eran los intermediarios a los que contactaba para realizar estas compras. A mediados de abril de 2020, varios medios de comunicación como Vozpópuli y El Mundo
obtuvieron información de alguno de esos intermediarios, y publicaron que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana había adjudicado un contrato a un empresario que, a su vez, había estado involucrado en las filtraciones de sociedades
offshore recogidas en los Paradise Papers, desvelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El mismo ministerio también habría adjudicado un contrato a una micropyme sin experiencia previa en la adquisición de
material sanitario que presentaba fuertes pérdidas y apenas ingresos, según El Economista. A raíz de esto, el propio Ministerio de Hacienda anunció que abriría una investigación sobre estos intermediarios de las compras exteriores del Gobierno y el
posible fraude que podrían haber cometido.
El 28 de abril de 2020, y según de nuevo Vozpópuli, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana volvió a negar la necesidad de hacer público quiénes son esos intermediarios a los que el Gobierno realiza compras de material, a
veces incluso descubriendo que el material adquirido no cumple con los requisitos mínimos para que pueda ser utilizado en la protección del personal sanitario que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes con COVID-19. Tras su
comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores, la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tampoco facilitó los datos de quiénes eran estos intermediarios y contratistas a los que recurría el Gobierno para sus compras en el
exterior, pese a ser instada a hacerlo por parte de las fuerzas parlamentarias allí presentes. Según informaciones del diario El País, el Gobierno llevaba, a 21 de abril de 2020, 350 millones de euros gastados en estas compras en el exterior sin
ofrecer detalles sobre su destino.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Remitir a las Cortes Generales un informe en el que se recojan los datos de los intermediarios y contratistas a los que el Gobierno ha recurrido para sus compras de material sanitario en el exterior, siempre garantizando el cumplimiento
de la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LPDGDD).
2. Impulsar, en cooperación con las cámaras de comercio españolas en el exterior y con ICEX España Exportación e Inversiones, la elaboración de un listado de proveedores fiables en el exterior que pueda ser útil para futuras compras de
equipamiento sanitario para la situación de levantamiento de medidas de confinamiento.
3. Detallar la cuantía de las compras que el Gobierno de España ha realizado a intermediarios y contratistas en el exterior, de manera desglosada por destinatario o receptor de los fondos utilizados para dichas compras, así como por tipo de
material adquirido.
4. Publicar cualquier contrato futuro que se adjudique a intermediarios o contratistas en el exterior para la adquisición de material y equipamiento sanitario que sea necesario para la contención y tratamiento de la COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Interior
161/000725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Ignacio Gil Lázaro, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Francisco José Alcaraz Martos y D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la equiparación de movilidad laboral de la
Policía BESCAM en igualdad de condiciones, con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su discusión en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. El resultado de una encuesta realizada por la Comunidad de Madrid reveló que la seguridad era uno de los problemas que más preocupaba a los madrileños. A diferencia de la Comunidad Autónoma vasca, de la Comunidad foral de Navarra
y de Cataluña, la Comunidad de Madrid no tiene competencias para la creación de una policía autonómica propia.
Con el objetivo de suplir esta imposibilidad, en el año 2004 el Gobierno regional y la Federación de Municipios de Madrid (FMM) crearon las denominadas Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM) mediante el 'Programa de Actuación para la
Implantación de las Bases Operativas de las Brigadas Especiales de Seguridad'. El objetivo era financiar 2.500 puestos de policías locales entre los distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Para su distribución y reparto se atendió a
criterios técnicos, destacando especialmente los poblacionales, la situación geográfica o, en el caso de los que cuentan con menos de 25.000 habitantes, el incremento demográfico estacional u otros factores como la baja ratio policial, el desarrollo
industrial o el crecimiento urbanístico.
La primera base operativa de las BESCAM se estableció, como fase piloto, en Móstoles. A principios de 2008, 2.500 agentes, repartidos en 102 localidades madrileñas que contaban con un cuerpo de Policía Local, y en 2018 el número de
municipios adscritos ascendía a 111.
Segundo. El establecimiento de las BESCAM en un determinado municipio se instrumentaba mediante la firma de un convenio entre la Comunidad de Madrid y el respectivo Ayuntamiento. Estos convenios estaban vigentes hasta el 31 de diciembre de
2018 y eran prorrogables automáticamente por distintos períodos, salvo denuncia de las partes presentada con un año de antelación a la finalización del propio convenio. Así, se prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2019 y, posteriormente, hasta
el 31 de diciembre de 2020.
En virtud de estos convenios se ponía en marcha en el municipio esta brigada, cuyos agentes se consideran parte de la respectiva Policía Local, y ello aunque los miembros de las BESCAM tienen uniformes y vehículos propios. Como tal Policía
Local, se encuentran a las órdenes de los correspondientes alcaldes.
Asimismo, el convenio contemplaba la financiación por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid del personal y de los medios materiales necesarios para la lucha contra la inseguridad ciudadana, sin asumir más competencias por parte del ente
regional. Ahora bien, estas funciones podrían ser adaptadas a las peculiaridades de cada municipio, siempre y cuando se cumpliesen las normas básicas que expone la Ley Autonómica 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad de Madrid y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Tercero. Como se ha anticipado anteriormente, a finales del pasado año el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid prorrogó los convenios que garantizaban el funcionamiento de las BESCAM, surtiéndolas con una inversión de casi 75
millones de euros hasta finales del año 2020 (70 millones de euros para gastos de personal de 2.092 agentes y cinco millones de euros para vehículos, motocicletas y otros recursos de carácter técnico, como la red de comunicaciones TETRA). Se da
cobertura así a 111 municipios de toda la región.
Por otro lado, los policías pertenecientes a la BESCAM y los policías locales de los Ayuntamientos reciben de manera conjunta la misma formación en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), la antigua Academia de
Policía de la CCAA Madrid. Y es que, pese a que en los primeros años hubo alguna diferenciación de funciones, ahora ejercen los mismos cometidos, con idéntica uniformidad y medios y en igualdad de condiciones laborales y sueldo.
Cuarto. A pesar de lo anterior, la condición de pertenecer a la BESCAM de estos agentes lleva indirectamente aparejada una desigualdad: tienen suprimida cualquier posibilidad de movilidad geográfica.
El artículo 2 de la referida Ley Orgánica 2/1986 dispone que 'son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad [del Estado]: c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales'.
Pero la Policía Local, a diferencia de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, solo basa la movilidad geográfica de sus agentes en dos opciones: la comisión de servicios temporal o la permuta de plaza definitiva con otro municipio.
Ambas son potestativas de la Alcaldía. Aquí reside la clave de la dificultad con la que se encuentran esos más de 2.000 policías: cualquier movimiento que hiciese el agente BESCAM supone para el Ayuntamiento la pérdida de la subvención ligada a
este agente, ya que estas son nominativas. De este modo, los policías de las BESCAM ven sistemáticamente denegadas sus peticiones de movilidad que, sin embargo, son autorizadas a sus compañeros de la Policía Local. Se evidencia así un claro
agravio comparativo, puesto que se tratan de forma diferente dos situaciones homogéneas.
Quinto. Como se observa, este sistema de subvención NOMINAL genera indirectamente un grave problema, ya que mantiene retenido a todo aquel de los 2.100 policías de las BESCAM que pretenda desplazarse a otro municipio. Es otro claro ejemplo
de discriminación laboral que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en función de la pertenencia a uno u otro cuerpo policial (nacional, autonómico o municipal por razón de su ubicación geográfica o Comunidad Autónoma determinada). Y no solo
por la falta de equiparación salarial, sino también a la hora de facilitar la movilidad a otros cuerpos o, incluso, territorios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. A promover la eliminación de todas y cada una de las discriminaciones en el ámbito laboral que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en función de su pertenencia a uno u otro cuerpo de los
referidos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de que estén prestando servicio en una región o municipio determinados.
2. En particular, a adoptar e instar la adopción de las medidas necesarias para permitir la libre movilidad laboral de los policías locales, con independencia de la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan, impidiendo que las subvenciones
estatales o autonómicas otorgadas a esos cuerpos limiten su movilidad.
3. Como consecuencia de lo anterior, a promover la sustitución de los criterios nominativos por criterios numerales en lo relativo a la concesión de estas subvenciones, de tal manera que estas, sean estatales o autonómicas, no provoquen el
efecto perverso de limitar la movilidad de estos cuerpos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Pablo Juan Calvo Liste, Ignacio Gil Lázaro, Luis Gestoso de Miguel, Francisco José Alcaraz Martos y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D. Francisco José Alcaraz Martos y D.ª Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de las recomendaciones de la Comisión Europea recogidas en el Anexo 2
de la 'Comunicación de la Comisión sobre la puesta en marcha de los carriles verdes en el marco de las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios
esenciales (2020/C 96 1/01)', para su discusión en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo mediante el Real Decreto 463/2020, y las respectivas restricciones a la movilidad tanto en la circulación de personas como en los transportes, el sector de transporte
terrestre de mercancías se convirtió en un activo esencial en la lucha contra el SARS-CoV2, así como en el suministro de material básico para poder hacer frente a la pandemia. Los transportistas no solo están realizando una labor fundamental en el
suministro de material sanitario, sino también en la distribución de víveres y otros productos y materiales fundamentales para que todos los ciudadanos tengan cubiertas sus necesidades básicas sin tener que poner en riesgo su integridad y evitar así
aumentar el riesgo de contagio.
Si bien los transportistas han venido sufriendo diferentes problemas y situaciones a mejorar, como la falta de mascarillas, las dificultades para realizar el descanso tan merecido como necesario para evitar riesgos de accidentes o los
problemas para encontrar alojamientos y lugares donde satisfacer necesidades básicas como comer, estas han sido solventadas o, al menos, minimizadas en mayor o menor medida, como por ejemplo, con la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se
declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos.
Pero uno de los principales problemas que acucian actualmente a los transportistas es el hecho de que, a veces y cuando no es responsabilidad suya, se ven obligados a realizar la carga y descarga del material que transportan. Así lo han
manifestado recientemente diferentes asociaciones de transportistas, que han reclamado al Gobierno algún tipo de medida de protección al respecto, ya que se ven desamparados ante estas circunstancias y ante la inacción del Gobierno. Obviamente, hay
determinadas situaciones y sectores en los que la carga y descarga sí que es competencia de los transportistas, como en el reparto de paquetería. Pero hay otros sectores en los que en ningún caso se puede obligar a los transportistas a realizar
tareas de carga y descarga que no les corresponden.
Segundo. La Comisión Europea también se ha pronunciado al respecto en el Diario Oficial de la Unión Europea de 24 marzo, con el título 'Comunicación de la Comisión sobre la puesta en marcha de los carriles verdes en el marco de las
Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales (2020/C 96 I/01). En el Anexo 2 donde se recogen recomendaciones para los conductores y las empresas
y autoridades públicas competentes relacionadas con el sector del transporte implicados en el transporte de mercancías a raíz del brote de COVID-19, en el apartado carga y descarga se indica que 'en los puntos de carga y descarga, los conductores
deben permanecer en la cabina del camión siempre que sea posible', así como también se comunica que 'las actividades de carga y descarga deben ser realizadas, en la medida de lo posible, por el personal local de la empresa que reciba o envíe las
mercancías. Cuando estén obligados a supervisar estas actividades, los conductores permanecerán a una distancia mínima de seguridad respecto del resto del personal y utilizarán el material de protección disponible, como guantes'.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, a través del instrumento normativo pertinente, las recomendaciones de la Comisión Europea recogidas en el Anexo 2 de la 'Comunicación de la Comisión sobre la puesta en marcha de los
carriles verdes en el marco de las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales (2020/C 96 I/01)', a fin de favorecer la labor esencial de los
transportistas de mercancías y evitar riesgos de contagio del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, y Francisco José Alcaraz Martos Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley exigiendo el levantamiento de la
suspensión de obras en edificios existentes y su remisión a la normativa existente en materia de Seguridad y Salud en las obras de construcción, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El pasado 12 de abril de 2020 se publica en el BOE la Orden SND/340/2020 por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las exista riesgo de contagio por el COVID-19 para
personas no relacionadas con dicha actividad.
Dicha Orden se traduce en un artículo único que establece: 'la suspensión de toda clase de obra que suponga una intervención en edificios existentes, en los supuestos en los que en el inmueble en el que deban ejecutarse se hallen personas
no relacionadas con la actividad de ejecución de la obra, y que, debido a su ubicación permanente o temporal, o a necesidades de circulación, y por causa de residencia, trabajo u otras, puedan tener interferencia con la actividad de ejecución de la
obra, o con el movimiento de trabajadores o traslado de materiales'.
Asimismo, se exceptúan de esta suspensión:
- Las obras referidas en el apartado anterior en las que, por circunstancias de sectorización del inmueble, no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra.
- Los trabajos y obras puntuales que se realicen en los inmuebles con la finalidad de realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia.
La redacción de la citada orden ha suscitado diversas interpretaciones no solo entre los agentes que intervienen en la obra, sino también entre las autoridades municipales que vigilan y autorizan la continuidad de las mismas, llegándose a
paralizar obras, que con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud se puede establecer un protocolo antes las nuevas circunstancias frente al COVID-19.
El Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, obliga a los promotores de cualquier tipo de obra de construcción a contratar los servicios de un coordinador de seguridad y salud en
determinados supuestos, sobre todo cuando esté previsto que en la ejecución de obra participe más de un contratista, subcontratista o trabajador autónomo, el promotor deberá nombrar un coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución que
será el responsable de aprobar el Plan de Seguridad y Salud y de vigilar que los contratistas cumplan las normas de prevención de riesgos laborales.
Se consideran obras de construcción, y están afectadas por estas obligaciones, aquellas en las que existe alguna de estas actividades: excavación, movimiento de tierras, construcción, montaje y desmontaje de elementos prefabricados,
acondicionamiento e instalaciones, transformación, rehabilitación, reparación, desmantelamiento, derribo mantenimiento, conservación, pintura, limpieza y saneamiento.
Entre las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud está la de coordinar todas las actividades a pie de obra y solicitar las modificaciones al plan de seguridad cuando las circunstancias del desarrollo de la obra lo requieran.
Ante las posibilidades de contagio en el desarrollo de una obra por parte del personal operario hacia las personas ajenas a la misma, que pudieran tener contacto, a atravesar zonas comunes, por ejemplo, en la rehabilitación de un edificio de
viviendas, siempre se tiene la posibilidad de sectorizar determinar partes, o acordar tramos horarios para determinadas operaciones, en función de la capacidad organizativa de la empresa.
Asimismo, el 3 de mayo de 2020, se publica una nueva Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la orden a la que ya se ha hecho referencia, modificando el articulado en los siguientes términos:
Uno. El apartado 2 del artículo único queda redactado de la siguiente forma:
'2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, por el tipo de intervención, por las circunstancias de sectorización del inmueble o de delimitación de espacios y recorridos de circulación, no se
produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra.
También quedan exceptuadas aquellas obras que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras, siempre que se cumplan todas las
siguientes condiciones:
a) Se limite la circulación de trabajadores y materiales por zonas comunes no sectorizadas, y se adopten todas las medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos del inmueble.
b) El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca al inicio y a la finalización de la jornada laboral.
c) Los trabajadores adopten las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.'
Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo único, que queda redactado de la siguiente forma:
'4. En todos los casos exceptuados anteriormente, se permite el acceso a zonas no sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para
acometer las obras.'
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que ambas Órdenes Ministeriales sobran, no justifican su existencia, al menos en los términos en que está redactada, al considerar que ya existe legislación vigente que regula expresamente la
Seguridad y Salud y la previsión de riesgos en las obras, sean del tipo que sean.
El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, ya dispone ante cualquier riesgo posible en obras de
construcción, tanto de obra nueva como de rehabilitación, la posibilidad de que el Director de Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud asuman la sectorización de la obra, la eliminación de riesgos para los trabajadores y su planificación
temporal en el conjunto de la obra y en la jornada diaria.
Esta Orden SND/340/2020 y su modificación de 2 de mayo solo producen inseguridad jurídica, malestar en el sector de la construcción y pérdidas económicas derivadas de la confusión de normas sobrepuestas, de las que el Gobierno no se
responsabiliza, al tratarse en su mayoría de obras privadas y no tratarse de contratos sujetos a la LCSP, para el que sí se establecieron prestaciones en el Real Decreto-ley 8/2020.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a levantar la suspensión en las obras de rehabilitación relativas a edificios existentes, tal y como establece la Orden SND/340/2020 y su modificación Orden SND/385/2020, manteniendo las
determinaciones que al respecto se establecen en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Ana María Zurita Expósito, María Soledad Cruz-Guzmán García, Andrés Lorite Lorite y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. Rubén Darío Vega Arias, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, y D. Tomás Fernández Ríos en su condición de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover por
el Gobierno un plan nacional de rehabilitación de viviendas, edificios y pequeños comercios, para que se debata en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. En la recuperación de nuestra economía, como en crisis anteriores, el gobierno deberá encontrar el equilibrio entre el gasto social y las políticas de crecimiento. La virtud estará por tanto en establecer, sin demagogias, los
mínimos de gasto social para evitar graves problemas personales y sociales, y apostar decididamente por una salida de la crisis basada en el crecimiento económico y en el mantenimiento del empleo. La salida de la crisis de 2008, en la que primó el
gasto social frente a la inversión, trajo como consecuencia una crisis mucho más prolongada, profunda, y una salida de esta muy tímida y que no se hizo extensiva a gran parte de la población.
Segundo. En el sector de la construcción, los efectos de las políticas mencionadas han sido especialmente significativas. En el año 2008 había en el sector de la construcción, según datos de la EPA, 2.459.900 personas ocupadas, lo que
representaba un 12 % de los ocupados en ese año. En 2019 se registraron 1.277.900 (6,5 % sobre el total de los ocupados). La diferencia porcentual entre estos once años muestra como resultado una disminución del 48,1 % de ocupados en la
construcción. Se trata del mayor decremento si se compara con otros sectores de la economía. Por otro lado, hay que destacar que tampoco la industria ha recuperado el nivel de empleo de 2008. Sólo la agricultura y los servicios, en particular
este último sector, han mejorado con respecto a 2008. Estos datos, junto con las cifras de paro que arrastramos (aún de los más altos de Europa) nos dan una idea de la muy relativa bonanza de nuestra economía hasta el impacto de la crisis
consecuencia del coronavirus.
La patronal de la construcción calcula que por cada euro que se invierte en construcción se genera 1,9 euros, y por cada millón de euros se crean 14 puestos de trabajo. Este punto es esencial tenerlo en cuenta de cara a ponderar la
necesidad de un plan de rehabilitación como el que proponemos.
La rehabilitación de viviendas es un subsector de la construcción que tiene mucho interés por su capacidad motriz de nuestra economía. Una gran parte de la rehabilitación se realiza por pymes y microempresas que constituyen el 98 % del
sector en España.
Las consecuencias de la pandemia no se saben aún con certeza, y son muchas las opiniones de lo que sucederá con la economía española en el corto y medio plazo. En cualquier caso, el Gobierno debe asumir que estamos inmersos en una profunda
crisis económica que puede ser especialmente dramática para los españoles.
En este contexto, un plan de rehabilitación de inmuebles puede ser idóneo para reactivar una parte importante de la economía y generar empleo y, por tanto, ingresos a los españoles sin un gran coste para la hacienda pública. Además,
favorecerá grandes beneficios medioambientales, personales, sociales, e incluso para la propia hacienda pública a medio y largo plazo.
Tercero. El último censo del ministerio de Fomento (2016) cuantifica en 26.645.100 el número de viviendas que hay en España. De estas, según fuentes de la patronal de la construcción, en torno a un 10 % se hallan en estado ruinoso o
deficiente, requiriendo conservación. También se calcula que el 55 % de las viviendas tienen problemas de accesibilidad y que el 95 % no cumplen las exigencias básicas de ahorro de energía. Por tanto, el campo de actuación para un plan de
rehabilitación bien sea por urgentes razones de conservación, accesibilidad o ahorro energético es muy amplio.
Con respecto de la eficiencia energética, nos remitimos a la web de la vicepresidencia cuarta, ministerio para la Transición ecológica y el Reto demográfico en la página dedicada a 'Mitigación, políticas Y Medidas' se lee: 'La Directiva
2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, indica que los edificios representan el 40 % del consumo de energía final de la Unión Europea, por ello la reducción del consumo de energía y el uso de energía procedente de fuentes renovables en el
sector de la edificación son importantes para reducir la dependencia energética de la Unión Europea y las emisiones de gases de efecto invernadero [...] La rehabilitación del parque edificado juega además un papel relevante en la recuperación
económica'.
Destacar finalmente para concluir este punto, que la Unión Europea es taxativa en este sentido y así la Directiva 2012/27 de Eficiencia Energética dispone en su artículo 4 que los estados miembros establecerán una estrategia a largo plazo
para movilizar inversiones en la renovación del parque nacional de edificios residenciales y comerciales.
Cuarto. El plan vivienda 2018-2021 recoge una serie de ayudas a la rehabilitación y también a la compra de vivienda. Los datos para establecer el alcance de dichas ayudas y subvenciones no son del todo fáciles de recabar, pues operan todas
las administraciones territoriales y también la administración central. No obstante, el documento titulado 'Informe De Seguimiento Del Ejercicio 2018 Del Plan Estratégico De Subvenciones 2018-2021 Del Ministerio De Fomento, abril 2019' recoge en el
objetivo estratégico 3 este tipo de ayudas. Las cifras para el año 2018, en este objetivo estratégico 3 fueron de 459,44 millones de euros, lo que supone un 98,13 % respecto a su crédito total. El coste previsto para el año 2019 es de 645,96
millones de euros. Hay que destacar que en el subsector de la rehabilitación, las ayudas han llegado a apenas 7.800 viviendas con un coste de algo más de 15 millones de euros.
Asimismo, en este contexto, denunciamos los problemas de la vivienda social y de la vivienda asequible en España. Según fuentes del antiguo Ministerio de Fomento, en España hay 25,7 millones de viviendas, de las que 6,1 millones son de
alquiler (representa el 23,9 % del parque; 10 % menos de proporción alquiler/propiedad que la media de la UE). Donde la situación es catastrófica es en el parque de vivienda social y vivienda asequible (protegida) que apenas representa un 2,75 %
del total. Un déficit de más de dos millones de viviendas para que España esté en línea con Europa.
El referido Plan de vivienda 2018/2021 tiene algunos capítulos de ayudas como el programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización
y de la accesibilidad en viviendas, fomento de la regeneración y renovación urbana y rural. También existen otros programas de carácter autonómico y municipal. Estos programas de escasa dotación y muy atomizados no funcionan como motores del
sector de la rehabilitación, ni tampoco promueven entre los españoles las bondades de priorizar el esfuerzo de la rehabilitación de sus viviendas. Suele darse el caso en el que, una vez anunciadas las ayudas por las
distintas administraciones, cuentan con escasa dotación presupuestaria y se agotan de forma casi inmediata.
Quinto. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario VOX presenta una serie de medidas con el fin de aliviar el grave problema de la vivienda en España, combatir la destrucción del respeto a la propiedad privada y tratar de paliar la
desastrosa política de vivienda del estado español.
Apoyamos políticas de crecimiento, incluyendo liberalización de suelo, utilización de suelo público para vivienda, agilización de trámites urbanísticos, reducción de impuestos y la construcción de más vivienda social así como una vivienda
asequible uniendo esfuerzos privados y públicos. En definitiva, defendemos una política sensata, moderna, efectiva y real que es la que demanda el sector y la sociedad.
En conclusión, el Grupo Parlamentario VOX considera que el conjunto del estado español debe apoyar la construcción y, en concreto, la rehabilitación de inmuebles, bien por considerarlo un esencial motor de nuestra economía al afectar
fundamentalmente a nuestras empresas, PYMES y autónomos, bien por eficiencia energética, por razones de accesibilidad y/o por garantizar su estado de conservación.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar con la colaboración del Sector Privado un 'Plan de rehabilitación' sobre bases razonables que apueste por el crecimiento económico dirigido a edificios, pequeños comercios y
fundamentalmente viviendas, que incluya una serie de principios:
a) Establecimiento de un objetivo claro y anual de un número de unidades con un sistema de ayudas urgentes para la conservación de edificios.
b) Cuantificación anual del presupuesto público dedicado a rehabilitación de edificios públicos. Seguimiento exhaustivo de su ejecución.
c) Colaboración con las entidades financieras privadas y públicas para el establecimiento de créditos para la rehabilitación.
d) Fomento de la tramitación de todos los expedientes de rehabilitación mediante el uso de la declaración responsable y comunicación previa.
e) Revisión de los criterios de protección de patrimonio primando la accesibilidad.
f) Contemplar la posibilidad de que empresas del sector de la energía participen financieramente en las rehabilitaciones.
g) Revisión de la problemática de las edificabilidades colmadas, en particular de los espacios vacíos en los edificios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.-Cristina Alicia Esteban Calonje, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Tomás Fernández Ríos, Rubén Darío Vega Arias y Patricia Rueda Perelló,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/000742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Georgina Trías Gil y D. Joaquín Robles, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un calendario específico para las prácticas curriculares de Formación Profesional, para su debate ante la Comisión de
Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Primero. España vive uno de los momentos más duros de su historia reciente, debido a la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), que está afectando de forma especial a nuestro país tanto a nivel económico como sanitario. En España, el
coronavirus COVID-19, a 30 de abril, ha causado la muerte a más de 24.500 personas y ha contagiado a más de 213.000.
Ante tales efectos, el Gobierno de España declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo mediante el Real Decreto 463/2020, que ha traído como consecuencias las restricciones a la movilidad y la parálisis de sectores claves para la
economía española. Dicha parálisis va a provocar un impacto económico severo, especialmente para ciudadanos, pymes y autónomos en situación de especial vulnerabilidad.
Previo a este decreto, la mayoría de las Comunidades Autónomas tomaron la decisión del cierre total de la actividad educativa en centros de enseñanza y universidades. Desde entonces, millones de alumnos se encuentran en sus domicilios sin
poder asistir a sus centros de estudio y realizando toda la actividad educativa a través de métodos tecnológicos. En cuanto a la Formación Profesional (en adelante, 'FP'), este curso 2019-2020 estaban matriculados un total de 861.906 alumnos, según
el informe Datos y Cifras publicado en el mes de septiembre por el Ministerio de Educación.
Debido a las sucesivas prórrogas del estado de alarma solicitadas por el Gobierno, y ante el avance de la pandemia, existe la posibilidad de que los alumnos que estudiaban cualquiera de las ramas de FP y FP dual de forma presencial no tengan
la posibilidad de acudir de nuevo a lo largo de este curso a sus clases, ya sea para exposiciones, exámenes o charlas.
Segundo. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, es una de las la normas base que regula la Educación y Formación Profesional en España y que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. Tal y como se indica en la exposición de motivos de la citada Ley Orgánica, la principal diferencia del sistema educativo español con los de nuestro entorno radica en el número especialmente bajo de alumnos que transitan por nuestra FP.
De igual manera, cabe destacar que la citada Ley incluye la característica de que los ciclos de Formación Profesional Básica serán de oferta obligatoria y carácter gratuito. Esto favorece directamente al alumno, que ve como al finalizar sus
estudios de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), puede acceder a la FP de manera gratuita. En relación con este punto, el equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación del alumno a un ciclo de
Formación Profesional Básica al tener cumplidos los 15 años o cumplirlos durante el año natural en curso y haber cursado el primer ciclo de ESO o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la ESO. Estos ciclos contribuirán a que el alumno
adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente.
Tercero. El artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, introducido por el artículo único. 5 de La Ley Orgánica 8/2013, establece la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de
educación. En relación con la FP, el apartado cuarto del citado artículo señala expresamente que 'el Gobierno fijará los objetivos, competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del currículo básico'. De igual
manera, le corresponde al Gobierno, de acuerdo con la letra b), del apartado primero, 'la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y de las normas básicas para el desarrollo del
artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia'.
Asimismo, y de conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica 2/2006, el currículo de las enseñanzas de FP incluirá una fase de formación práctica en los centros de trabajo, de la que podrá quedar exento el alumno en caso de que se
acredite la experiencia laboral que se corresponda con los estudios profesionales cursados.
En relación con el anterior punto, la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de FP para el empleo en el ámbito laboral, pretende adecuar la oferta y la demanda de cualificaciones. Esta Ley es la que regula lo que
se conoce como Formación Profesional Dual. De hecho, en su artículo 26, apartado 3, letra d), indica que: 'las Estructuras Paritarias Sectoriales tendrán la función de participar en la extensión y consolidación de la formación profesional dual a
través del contrato para la formación y aprendizaje en el ámbito laboral'.
Cuarto. En los últimos años, el empleo dirigido a titulados en FP prácticamente ha alcanzado al de los graduados universitarios en España. En el año 2018, un 40,3 % de las ofertas de trabajo se dirigieron
a candidatos con esa formación, superando en ocho puntos a los datos del año anterior y solo 0,2 puntos menos que las que se ofertaron a titulados universitarios. Según una proyección sobre el futuro del empleo elaborada por el Centro
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) en 2030, los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán un 65 % de profesionales con cualificaciones medias (FP) y un 35 % con altas (FP de grado superior y
graduados universitarios).
Estos indicios nos hacen ver la importancia que tiene la FP, no solo dentro de nuestras fronteras sino también fuera de ellas. La mayoría de los países del entorno del Eurogrupo han aumentado tanto su oferta en grados, como las dotaciones
presupuestarias a la FP. La mayoría de nuevas titulaciones en FP están dirigidas al sector de las nuevas tecnologías, quienes más demandan a este tipo de profesionales.
Sin embargo, si comparamos la cantidad de titulados en FP con la media de la Unión Europea, así como con la media de los países de nuestro entorno (Alemania, Italia, Reino Unido), destaca la fragilidad de nuestro sistema a la hora de llegar
a cautivar a gran parte del alumnado.
Quinto. Otro de los grandes desafíos a los que hace frente nuestra nación es la de desplegar la Formación Profesional Dual. Este tipo de formación combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación y
se caracteriza por realizarse en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un número de horas o días de estancia de duración variable entre el centro de trabajo y el centro educativo.
Países como Alemania o Reino Unido tienen unos fuertes programas de Formación Profesional Dual, que compite directamente con los grados universitarios y, de esta manera, amplía el abanico de posibilidades para nuestros alumnos. Así, las
empresas pueden apoyar nuevos modelos de organización de la FP que se dirijan hacia la búsqueda de la excelencia en la relación de la empresa con los centros de Formación Profesional y promuevan su Responsabilidad Social Corporativa.
Sexto. El martes 24 de marzo, se reunieron la secretaria general de Formación Profesional, D.ª Clara Sanz, y los directores generales de Formación Profesional de las 17 autonomías para intentar lograr la unificación de criterios para los
alumnos de FP. En dicha reunión acordaron acortar las prácticas a 220 horas, lo mínimo que exige la normativa básica para obtener el título. Según datos del propio Ministerio de Educación y Formación Profesional, hasta 400.000 alumnos de estas
enseñanzas tenían que estar en estos momentos trabajando en empresas. Antes de esta decisión, los alumnos necesitaban acreditar unas
prácticas de 380 horas entre marzo a junio en los grados medios y unas 400 en los grados superiores para acceder al mercado laboral.
La mayoría de los alumnos que se encuentren estudiando un grado de Formación Profesional y que están en último curso, tienen la posibilidad de realizar prácticas curriculares en empresas. Esto supone en muchos casos la primera incursión en
el mundo laboral para los estudiantes, por lo que es fundamental para su desarrollo y aprendizaje.
Además, el pacto permite convalidar parte de la formación en un centro de trabajo por un módulo de proyectos y flexibilizar, así, el plazo para terminar las prácticas, que ya no tendrá que ser antes de junio. 'Esta medida extraordinaria
deberá ser coordinada con las fechas de celebración de la EBA U para permitir que todos los estudiantes que así lo deseen puedan presentarse a la prueba de acceso a la Universidad', se afirma en el acuerdo. Y es que muchos de los alumnos de FP se
enfrentaban a una doble problemática puesto que existía la posibilidad de estar finalizando sus estudios de FP, a la vez que preparando su prueba de acceso a la universidad (que debido al estado de alarma también ha sido retrasada).
La experiencia profesional determina un 20 % de la calificación final que el alumno obtiene al final de su formación. Al igual que con los grados universitarios, los alumnos de FP tienen que realizar un trabajo de fin de ciclo (TFC) para
lograr su titulación, que normalmente compatibilizan con las prácticas.
Séptimo. Con respecto a la FP Dual, hay situaciones muy dispares en cuanto a las horas lectivas de prácticas de acuerdo con la Comunidad Autónoma en la que se imparta. Esto es debido a que las competencias en Formación Profesional están
cedidas a las propias Comunidades, aunque eso sí, se rigen por los principios comunes del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación
profesional dual.
Don Guillem Salvans, responsable del programa de FP Dual en la Fundación Bertelsmann, reconocía recientemente en una entrevista en un medio de comunicación que, 'en los casos en los que no se pueda hacer formación en una empresa, se pueden
dar trabajos para que se realicen en casa'. Este es un ejemplo de lo que venían realizando los institutos de FP, para dar soluciones académicas a problemas laborales que podían producirse entre los alumnos y las empresas, tal y como reconocía
Salvans.
En 2018, más de un 70 % de los graduados en FP continuaron trabajando en la empresa donde realizaron sus prácticas, según un informe de Adecco e Infoempleo. En el caso de la FP Dual lo hizo el 92 % en algunas regiones como el País Vasco.
En la actualidad, los graduados en FP superior que quieren acceder a la Universidad no están obligados a presentarse a la EBAU (antigua Selectividad), lo pueden hacer de forma voluntaria para subir la nota de acceso. Pero deben cursar la carrera
desde primero. En algunas universidades, se les convalidan algunos créditos del primer curso, dependiendo de sus normativas internas.
Desde el Grupo Parlamentario VOX, entendemos que deberíamos aprovechar esta difícil situación para ensalzar la Formación Profesional Dual que tan buenos datos de empleabilidad ha cosechado en los últimos años. De igual manera, se debe
intentar dar solución a los alumnos que han visto cómo sus prácticas curriculares no han podido darse debido al incremento de casos por coronavirus en nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover, en coordinación con las Comunidades Autónomas, el establecimiento de un protocolo de actuación único para que las mismas puedan dar una respuesta común y equitativa a los problemas de los alumnos de Formación Profesional y
Formación Profesional Dual.
Dentro del citado protocolo deberán estudiarse la adopción de las siguientes medidas:
- Mantener la posibilidad de realizar prácticas curriculares en empresas para los alumnos de último curso de Formación Profesional, que han visto mermadas sus horas de prácticas como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. De esta manera, las empresas podrán alargar, siempre que el alumno lo desee, las horas de formación. En tal caso, los institutos serán los encargados de certificar esas horas que tendrán la validez correspondiente. Esta medida nunca
supondrá un perjuicio ni para el alumno ni para las empresas.
- Extender el periodo de prácticas curriculares para que los alumnos de Formación Profesional puedan realizar las mismas una vez acabe situación excepcional de crisis sanitaria. De esta manera aseguramos que este hecho no les afecte para la
obtención de su título académico.
- En el caso de que a lo largo de este curso académico 2019-2020 no sea posible la realización de las prácticas o TFC, el alumno podrá solicitar una excepción académica para que en el siguiente curso pueda comenzar o bien un grado
universitario o un grado superior en Formación Profesional, a la vez que termina con sus prácticas o TFC. Es decir, que esta situación no le afecte para continuar con sus planes académicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Georgina Trías Gil y Joaquín Robles López, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000764
A la Mesa de la Comisión de Educación y Formación Profesional
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Marta Rosique i Saltor, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en materia de
traspaso de becas y ayudas al estudio, para su debate en instancia en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El actual sistema unitario y centralista de becas es injusto e insolidario. No tiene en cuenta el distinto nivel de vida en cada territorio ni la distinta realidad territorial. Un sistema que perjudica enormemente a los estudiantes de
Catalunya, el País Valencià y les Illes Balears y que ahora, ante la crisis humanitaria del coronavirus, se hace más evidente que nunca.
En este sentido, de forma reiterada, los estudiantes catalanes han sido perjudicados por la distribución hispanocéntrica de las ayudas. Anualmente, en lo que se refiere al sistema universitario, los estudiantes que reciben beca en Catalunya
están un 20 % por debajo de la del conjunto del Estado, una media de 5 puntos por debajo del conjunto de la población universitaria de Catalunya. Es decir, cada año, 9.000 de los 180.000 universitarios catalanes han dejado de recibir una beca para
cursar sus estudios. Dicha situación, en términos semejantes, ocurre también en el País Valencià y les Illes Balears. Resulta una evidencia que la no transferencia de las becas y el no despliegue máximo de las plenas competencias en Catalunya, el
País Valencià y les Illes Balears ha propiciado un sistema injusto y ha perjudicado la capacidad para garantizar la igualdad de oportunidades en los Països Catalans. El centralista y homogéneo sistema de becas actual ha perjudicado y perjudica la
capacidad de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana y el Govern de les Illes Balears de desarrollar unas políticas públicas justas y en concreto, ofrecer un sistema de becas y ayudas adaptado a la propia realidad.
El Estatuto de Autonomía de Catalunya, aprobado por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, establece en su artículo 131.3.d) que corresponde a la Generalitat de Catalunya, en materia de enseñanza no universitaria, la competencia compartida,
respetando los aspectos esenciales del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza en materia de enseñanza no universitaria y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución española, sobre el régimen de fomento del
estudio, de becas y de ayudas estatales. Asimismo, el Estatuto de Autonomía de Catalunya establece en su artículo 172.1.g) que corresponde a la Generalitat de Catalunya en materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía
universitaria, la competencia exclusiva sobre la regulación y la gestión del sistema propio de becas y ayudas a la formación universitaria y, si procede, la regulación y gestión de los fondos estatales en esta materia. Finalmente, el artículo 114
del Estatuto de Autonomía de Catalunya determina, las funciones que corresponden a la Generalitat en relación con las subvenciones estatales territorializables y señala que la misma participa en la determinación del carácter no territorializable de
dichas subvenciones, así como en su gestión y tramitación, en los términos que fije el Estado.
Tanto el artículo 83 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, como el artículo 45 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, atribuyen al Estado el establecimiento con cargo a sus Presupuestos Generales,
de un sistema general de becas y ayudas al estudio, con el fin de
que todas las personas, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la educación, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.
En particular, el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades dispone que el desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas y ayudas al estudio corresponde a las Comunidades Autónomas en sus
respectivos ámbitos de competencia y en colaboración con las universidades, con el fin de facilitar la gestión descentralizada y la atención a las peculiaridades territoriales que la legislación contemple.
Mediante el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, se traspasaron a la Generalitat de Catalunya las funciones y servicios en materia de enseñanza, y por el Real Decreto 305/1985, de 6 de febrero, se traspasaron a la Generalidad de Cataluña
servicios en materia de Universidades, procediendo ahora completar y ampliar el traspaso efectuado. Asimismo, mediante convenios de colaboración, y a la espera del correspondiente traspaso, la Generalitat ha asumido desde el año 2005 la gestión de
los procedimientos de otorgamiento de becas y ayudas al estudio universitario y no universitario. En dichos convenios, el cve: BOCG-11-D-57 Boletín Oficial de las Cortes Generales Congreso de los Diputados Serie D Núm. 57 20 de abril de 2016 Pág.
68 el Estado remetía la cuantificación y la liquidación de los costes de gestión en el momento de la aprobación del traspaso, que aún no se ha producido.
Existe reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ignorada por el Gobierno del Estado, respecto al traspaso a la Generalitat de Catalunya de la competencia de becas y ayudas al estudio. En este sentido, en relación a las becas y
ayudas de carácter general para estudios universitarios y de nivel medio, el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 188/2001, de 20 de diciembre, en la que resolvió el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya contra la
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 15 de junio de 1994, y reconoció la competencia de la Generalitat para la gestión y concesión.
El Estado ha modificado en parte el modelo de gestión pero aún no ha dado pleno cumplimento a la delimitación de competencias que establece el Estatuto de Autonomía de Catalunya y que reconoció entonces el Tribunal Constitucional.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Transferir a la Generalitat de Catalunya la competencia en materia de becas y ayudas al estudio. Dicho traspaso debe permitir la asunción por la Generalitat de Catalunya de la regulación, convocatoria, ejecución, tramitación,
resolución, notificación, acreditación, pago, control, verificación e inspección de los sistemas de becas y ayudas al estudio territorializadas respecto de los solicitantes cuyo domicilio familiar radique en el territorio de Catalunya y que cursen,
asimismo en Catalunya, estudios conducentes a la obtención de un título con validez en todo el territorio del Estado y debe prever la participación de la Generalitat de Catalunya en la gestión y tramitación de las becas y ayudas al estudio no
territorial izadas, así como en otras medidas de fomento económico del estudio impulsadas por la Administración General del Estado.
2. Transferir, en los mismos términos, las becas y ayudas al estudio a la Generalitat Valenciana y el Govern de les Illes Balears.
3. Traspasar la debida dotación presupuestaria siguiendo criterios objetivos de equidad, y especialmente, el de población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para extender la moratoria de cotizaciones de la Seguridad
Social a todas las pymes y autónomos afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Migraciones y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, regula una moratoria de las cotizaciones a la Seguridad
Social. En concreto, la disposición referida habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a 'otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad
Social', siempre que lo soliciten y 'cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos'.
Esta moratoria, en los casos que sea concedida, afectará al pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta y a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyo
período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se encuentren
suspendidas con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
El desarrollo del precepto anterior, en particular para la determinación de los requisitos y condiciones necesarias para poder acceder a la moratoria de cotizaciones, se ha producido mediante la publicación de la Orden ISM/371/2020, de 24 de
abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Dicha Orden restringe el acceso a la moratoria a tan solo unos pocos sectores de actividad, en concreto, a catorce sectores en función de su código CNAE: 119 (otros cultivos no perennes), 129 (otros cultivos perennes), 1812 (otras
actividades de impresión y artes gráficas), 2.512 (fabricación de carpintería metálica), 4.322 (fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado), 4332 (instalación de carpintería), 4.711 (comercio al por menor en
establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco), 4.719 (otro comercio al por menor en establecimientos no especializados), 4.724 (comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y
pastelería en establecimientos especializados), 7.311 (agencias de publicidad), 8.623 (actividades odontológicas), 9.602 (peluquería y otros tratamientos de belleza).
La restricción de esta moratoria exclusivamente a los sectores de actividad antes señalados deja fuera a un número muy importante de empresas y autónomos que están manteniendo su actividad pese al grave impacto que aquellas están sufriendo a
causa de la emergencia sanitaria ocasionada COVID-19, con pérdidas cuantiosas y un serio riesgo de cierre en un futuro próximo si no reciben un apoyo que de momento se les está negando.
Esta restricción genera, por otro lado, importantes dudas jurídicas, por cuanto podría considerarse que sus efectos suponen una modificación de hecho el ámbito subjetivo de la norma legal y que incumple el mandato que establece para el
ministerio de establecer 'los requisitos y las condiciones', ya que no define ningún requisito ni condición como tal sino que meramente excluye sectores de actividad sin ninguna justificación.
Desde Ciudadanos venimos reivindicando desde el primer momento la necesidad de que el Gobierno dé una respuesta contundente en forma de medidas de apoyo que supongan un salvavidas para todas las empresas y muy especialmente para pymes y los
autónomos, a cuyos efectos hemos planteado numerosas propuestas. A pesar de que algunas de ellas han sido atendidas, aun cuando sea parcialmente, el esfuerzo realizado por el Gobierno hasta ahora sigue siendo insuficiente para asegurar la
supervivencia
de pymes y autónomos a la crisis provocada por esta pandemia del COVID-19. Una falta de apoyo cuyos efectos son especialmente gravosos cuando se le suman las limitaciones inexplicables que el Gobierno pone al alcance de sus propias medidas,
como prueba la restricción impuesta por la Orden ministerial referida a la moratoria de cotizaciones de la Seguridad Social.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que modifique la Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, al objeto de hacer extensible la moratoria de cotizaciones de la Seguridad Social regulada por dicho artículo a las empresas y autónomos cualquiera sea su sector de
actividad, siempre que cumplan el resto de requisitos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en
el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al traspaso de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Seguridad Social,
para su discusión en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. Antecedentes.
La gestión unilateral en materia de cotizaciones y pensiones por parte del Gobierno Vasco es un anhelo largamente acariciado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV). En consecuencia, es exigencia constante de este partido al Partido Popular
(PP) y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cuando estos han necesitado sus votos para gobernar España.
Los últimos hitos en este camino de pretensiones han sido, por un lado, el acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista de esa comunidad autónoma (PSE-EE), que incluyó un calendario para abordar este punto. Por otro, el pacto con el PSOE
para la investidura de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón como presidente del Gobierno de España, que en su punto tercero recogía lo siguiente: 'proceder en 2020 a la negociación y traspaso a la CAV de las competencias estatutarias pendientes' (entre
las que el PNV entiende que se encuentra la gestión de las pensiones).
Adicionalmente, la VII Asamblea General del PNV, celebrada en 2016, aprobó, dentro de su documento político 'Batasuna eta Indarra', el manifiesto 'Hacia un sistema propio de Seguridad Social y Pensiones para la Comunidad Autónoma Vasca y
Navarra'. En este se detalla que esta transferencia tiene por objeto 'converger a un sistema de Seguridad Social para la CAV y Navarra en fases sucesivas que, en primera instancia, pasaría por promover el traspaso de la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social', para posteriormente establecer 'las bases del modelo prestacional público que diera suficiencia al modelo de ingresos y gastos que debiera regir la Seguridad Social pública vasca'. Todo ello, con el objetivo final
de 'configurar unas pensiones dignas para los vascos'.
Segundo. Marco constitucional y legal de la Seguridad Social.
El artículo 41 de la Constitución Española (CE) dispone lo siguiente:
'Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.'
Por su parte, el artículo 149.1.17.ª CE señala que:
'El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social [...].'
La interpretación conjunta de ambos preceptos hace concluir que el régimen público de Seguridad Social debe ser único y unitario para todos los ciudadanos y garantizar, al mismo tiempo, la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de
sus derechos y deberes en esta materia. Ambos aspectos son responsabilidad del Estado.
Por su parte, el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, atribuye exclusivamente al 'Estado, por medio de la Seguridad Social', la materialización
del artículo 41 (artículos 1 y 2). Asimismo, afirma la competencia para todo el territorio nacional de 'la Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única del sistema de la Seguridad Social' (artículo 21) y sujeta 'la gestión y
administración de la Seguridad Social' al principio de 'unidad de caja' (artículo 66).
Tercero. La unidad de caja de la Seguridad Social.
De las declaraciones referidas en el Expositivo I se observa que el PNV quiere arrogarse para el Gobierno Vasco una competencia que corresponde en exclusiva al Gobierno de la Nación, con la voluntad de ofrecer un trato especial a los
pensionistas de esa comunidad autónoma. Se destruiría, así, la equidad territorial y se desmantelaría en el medio plazo la 'caja única' de la Seguridad Social.
Esta 'caja única' significa que la recaudación por las cotizaciones sociales de los trabajadores y de los empresarios españoles se dirige a un fondo común. Este fondo se reparte posteriormente con un doble criterio: por un lado, respetando
una cierta proporcionalidad entre lo cotizado y lo percibido; por otro, dejando un margen para que cada Gobierno tome sus propias decisiones en el marco de las políticas públicas que considere oportunas.
Así, el Tribunal Constitucional (SSTC124/1989,195/1996) ha establecido que 'el principio de unidad presupuestaria de la Seguridad Social significa la unidad de titularidad [...] puesto que, si faltara un único titular de los recursos
financieros del sistema público de aseguramiento social, tanto para operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, no podría preservarse la vigencia efectiva de los principios de caja única y de solidaridad financiera, ni, consecuentemente,
la unidad del sistema'. Asimismo, 'las comunidades autónomas no pueden administrar y disponer de los fondos generados por la Seguridad Social sin una previa provisión o habilitación del Estado, a quien corresponde gestionar la caja única de la
Seguridad Social'.
Y, ¿por qué es, además de ilegal, absurdo que se rompa la unidad de caja de la Seguridad Social? Principalmente, por tres razones:
- En primer lugar, económica. Al existir un único sistema, que hoy funciona para 47 millones de españoles, se consiguen grandes economías de escala. Su división implicaría la ruptura en diecisiete sistemas mucho más pequeños,
territorializados, que ya no se beneficiarían de estas sinergias. Un sistema es más fuerte que diecisiete. Todos ganamos.
- En segundo lugar, de derechos. La normativa en materia de pensiones y cotizaciones es básica. Por tanto, la existencia de diecisiete sistemas supondría incrementar las desigualdades ya existentes entre los ciudadanos según la región en
la que hayan nacido o desarrollado su vida profesional. Debemos tender a lo contrario, a que los españoles sean más iguales, y no menos.
- En tercer lugar, de sentido común. El factor territorial no cuenta a la hora de repartir los recursos: las pensiones no se territorializan más allá de conocer el domicilio de los beneficiarios y dónde se producen las cotizaciones. Entre
otras cosas, porque un ciudadano puede recibir ahora su pensión en las
regiones catalana o vasca y haber cotizado durante sus años de vida laboral en Valencia o Madrid (o al revés). Romper la caja única sería un sinsentido político.
Por si ello fuera poco, el Tribunal Constitucional es cristalino al aceptar funciones complementarias en la gestión económica de la Seguridad Social, pero siempre que 'no puedan comprometer la unidad del sistema o perturbar su funcionamiento
económico uniforme, ni cuestionar la titularidad estatal de todos los recursos de la Seguridad Social o engendrar directa o indirectamente desigualdades entre los ciudadanos'.
En este mismo sentido, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, según señaló en un reciente comunicado, considera imprescindible que 'la gestión en el reconocimiento de
prestaciones y demás actos instrumentales de Seguridad Social quede sometida a criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional [...] Lo contrario -disponer de la facultad de reconocer las pensiones y el resto de prestaciones
(jubilaciones, incapacidades, subsidios...) sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional- abocaría, irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema y de la igualdad de todos los
españoles'.
Cuarto. La 'asistencia social' como subterfugio para la ruptura de la unidad de caja.
Tanto esta formación nacionalista como el Gobierno de España, en declaraciones recientes, señalan que la transferencia del pago de las prestaciones al Gobierno vasco (y, en consecuencia, de la posibilidad de complementar determinadas
pensiones por encima del resto del Estado) es posible. Para ello se basan en el concepto de 'asistencia social' del artículo 149.1.20.ª de la Constitución.
En efecto, la 'asistencia social' es competencia exclusiva de las regiones y se define por el Tribunal Constitucional (SSTC 76/1986 y 146/1986) como un 'mecanismo protector de situaciones de necesidad específicas'. Por tanto, para averiguar
si cualquier prestación por parte de un Gobierno regional puede encuadrarse en este concepto será imprescindible hacer un examen individualizado de la existencia de una concreta situación de necesidad, que en ningún caso puede existir de forma
previa y genérica.
Por tanto, no cabe incluir al amparo de esta habilitación competencial el hecho de que en determinadas partes del territorio nacional los beneficiarios de la institución perciban prestaciones mayores que las de otras partes ante idénticas
situaciones de necesidad. Y ello, aunque la diferencia se costee por la propia comunidad autónoma.
Del análisis del caso vasco se desprende claramente que la invocación de esta 'asistencia social' oculta sin pudor la intención de romper, para un determinado territorio del Estado, la unidad de protección del sistema de Seguridad Social.
Ello es una vulneración patente de lo dispuesto en los artículos 138.2,139.1 y 2 y 149.1.1 de nuestra Constitución.
Más aún, en un caso similar de desprecio por un Gobierno regional a la igualdad de todos los españoles como el que nos ocupa, el Tribunal Constitucional (STC 52/2017) declaró:
'La Generalitat puede, sin duda, planificar y diseñar su organización interna para el ejercicio de las competencias que, en punto a la Seguridad Social, le atribuye el Estatuto de Autonomía de Cataluña [art. 165 y STC 128/2016], Es
manifiesto, sin embargo, que no figura entre tales competencias ni la de dotarse de una propia 'tesorería' en este ámbito ni la de configurar un 'modelo', también propio, de Seguridad Social, determinaciones, una y otra, del todo incompatibles con
la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pues el régimen económico de la Seguridad Social corresponde en exclusiva al Estado (art. 149.1.17.ª CE, sin perjuicio de lo previsto en el art. 165.1 EAC), al que también compete, en
iguales términos de exclusividad, definir un 'modelo' de gestión que entra, de lleno, en la legislación básica sobre esta institución que la Constitución asimismo le encomienda [art. 149.1.17.ª y STC 128/2016].'
Quinto. Conclusión.
El Grupo Parlamentario VOX entiende que la Seguridad Social es una institución estatal de solidaridad nacional, por lo que es imprescindible su concepción unitaria.
En consecuencia, no deben permitirse diferencias entre Comunidades Autónomas en la legislación en materia de cotizaciones y pensiones, en tanto ello supondría correlativas diferencias entre los españoles en función de su región. Si se
abriera la posibilidad de complementar determinadas pensiones por encima del resto del Estado y de bonificar las cotizaciones, aduciendo razones no de seguridad social sino de asistencia social, financiadas con impuestos, se rompería 'de facto' la
igualdad territorial que ahora existe en materia de pensiones contributivas y a la que obliga la Constitución.
El traspaso de la gestión de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma vasca supondría la ruptura del sistema de caja única y, en definitiva, un primer paso para el desmantelamiento del Estado. Sería contrario a los principios de igualdad
de todos los españoles -independientemente de dónde hayan nacido y de dónde residan- y de solidaridad entre ellos, ambos garantizados por la Constitución Española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados declara lo siguiente:
El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español, declara que las competencias en materia de Seguridad Social corresponden, en exclusiva, al Estado, que debe velar por el mantenimiento de la unidad de caja y, en
consecuencia, por que el régimen público de esta institución estatal de solidaridad nacional sea único y unitario para todos los ciudadanos.
Asimismo, el Congreso de los Diputados afirma que debe garantizarse la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en esta materia, debiendo en consecuencia el Gobierno de España abstenerse de negociar
cualesquiera traspasos de competencias en materia de gestión económica de la Seguridad Social a ninguna Comunidad Autónoma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez y José María Fidaredo Álvarez-Sala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas específicas para mitigar el impacto económico de la
emergencia sanitaria causada por el COVID-19 entre los empresarios y autónomos feriantes, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La gestión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 en España ha llevado a la adopción de diferentes medidas tendentes a frenar su propagación. Así, el 14 de marzo, el Gobierno decretó la declaración del estado de alarma, en
virtud de la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que implicaba la suspensión de actividades de afluencia
pública y la limitación de la movilidad de los ciudadanos. Entre dichas suspensiones se disponía expresamente las de 'verbenas, desfiles y fiestas populares' recogidas en el artículo 10.5 del citado Real Decreto.
La suspensión de las ferias y fiestas populares ha cercenado por completo la actividad del sector feriante, formado por todas aquellas actividades de comercio, artesanía, restauración y recreativas que se celebran al amparo de este tipo de
celebraciones, y que está integrado en nuestro país por alrededor de 40.000 empresarios y autónomos. Todos ellos han visto canceladas todas las actividades que tenían previstas para esta temporada, por las que muchos ya habían realizado los
trámites administrativos necesarios ante las correspondientes administraciones locales e incluso habían depositado las garantías económicas, y, vista la evolución de la pandemia de COVID-19, algunos temen tener que dar por perdido el año.
La emergencia sanitaria del COVID-19 ha supuesto un duro golpe para un sector cuyo funcionamiento ya se enfrenta de manera habitual a muchas dificultades. Así, a las propias que conlleva el desarrollo de una actividad autónoma e itinerante,
que implica desplazamientos y tener que interactuar con diferentes administraciones, las cuales requieren en no pocas ocasiones realizar los mismos trámites y acreditar los mismos requisitos ante cada una de ellas, se une la falta de protección
social a la que se enfrenta este colectivo, de carácter eminentemente familiar. Esta condición familiar, precisamente, hace que una parte importante de quienes trabajan directamente en este sector no puedan figurar como trabajadores por cuenta
ajena, encuadrados en el Régimen General, pese a ser dedicarse a la actividad feriante de forma
profesional y habitual, la cual constituye su principal sustento y el de sus familias, simplemente por el hecho de ser familiares de otros autónomos dedicados a la misma actividad con carácter previo.
Por otro lado, haciendo referencia específica a la emergencia sanitaria del COVID-19, muchos de estos autónomos feriantes que se han visto afectados de lleno por el impacto económico de la pandemia se han visto excluidos de las ayudas
aprobadas durante las últimas semanas, en particular, de la prestación extraordinaria por cese de actividad. Esto es así porque, como sucede con los demás autónomos que realizan su actividad de manera estacional, muchos de ellos no están dados de
alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) durante todo el año, sino que se dan de alta con ocasión del inicio de la temporada en que se concentra su actividad, permaneciendo inactivos
o dedicados a otras actividades durante el resto del año. Esta realidad no ha sido tenida sin embargo en cuenta para el desarrollo de la prestación extraordinaria por cese de actividad, lo que ha dejado completamente desprotegidos a estos
autónomos.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentamos la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que promueva las medidas que contribuyan a mitigar el impacto de la emergencia sanitaria del COVID-19 entre los empresarios y autónomos feriantes, incluidas, entre otras, las
siguientes:
1. Impulse, en coordinación con las Comunidades Autónomas, medidas específicas para el sector feriante, formado por actividades de comercio, artesanía, restauración y recreativas que se despliegan con ocasión de la celebración de ferias y
festividades populares, con la finalidad de mitigar el impacto causado por la suspensión de dichas actividades con motivo de la gestión de la emergencia sanitaria provocada COVID-19.
2. Contemple el reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos feriantes que no puedan darse de alta para prestar servicios esta temporada por la suspensión de las ferias y fiestas populares en la
que desarrollarían su actividad a causa de la emergencia sanitaria del COVID-19, haciendo extensible esta prestación al resto de autónomos que desarrollen actividades estacionales de temporada.
3. En paralelo, estudie el desarrollo de especialidades en el régimen de cotización de los trabajadores autónomos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) que desarrollan
actividades estacionales de temporada, que alterne el reconocimiento de periodos de actividad con otros de inactividad, análogo al de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social que tienen la consideración de
fijos-discontinuos.
4. Revise las restricciones que afectan a la posibilidad del trabajador autónomo de contratar como trabajadores a sus familiares, al objeto de flexibilizar las posibilidades de su encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social.
5. Valore el establecimiento en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) un código específico para la actividad feriante, que permita recoger de manera específica las actividades desarrolladas por estos empresarios y
autónomos.
6. Promueva, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, los mecanismos que faciliten el intercambio de información, el acceso recíproco a bases de datos y el reconocimiento mutuo de licencias de actividad para
estos empresarios y autónomos feriantes, evitando que tengan que realizar el mismo trámite, acreditando el cumplimiento de los mismos requisitos, incluso en espacios muy cortos de tiempo, ante diferentes administraciones locales para poder
desarrollar su actividad.
Asimismo, impulse, en coordinación con las administraciones referidas, aquellos otros mecanismos que faciliten la devolución de las tasas anticipadas y las garantías depositadas por estos empresarios y autónomos feriantes en previsión de la
celebración de ferias que ahora, por causa de la emergencia sanitaria del COVID-19, no vayan a celebrarse.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Sara Giménez Giménez, María Muñoz Vidal y María Carmen Martínez Granados, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/000750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas específicas para mitigar el impacto económico de la
emergencia sanitaria causada por el COVID-19 entre los empresarios y autónomos feriantes, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
La gestión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 en España ha llevado a la adopción de diferentes medidas tendentes a frenar su propagación. Así, el 14 de marzo, el Gobierno decretó la declaración del estado de alarma, en
virtud de la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que implicaba la suspensión de actividades de afluencia
pública y la limitación de la movilidad de los ciudadanos. Entre dichas suspensiones se disponía expresamente las de 'verbenas, desfiles y fiestas populares' recogidas en el artículo 10.5 del citado Real Decreto.
La suspensión de las ferias y fiestas populares ha cercenado por completo la actividad del sector feriante, formado por todas aquellas actividades de comercio, artesanía, restauración y recreativas que se celebran al amparo de este tipo de
celebraciones, y que está integrado en nuestro país por alrededor de 40.000 empresarios y autónomos. Todos ellos han visto canceladas todas las actividades que tenían previstas para esta temporada, por las que muchos ya habían realizado los
trámites administrativos necesarios ante las correspondientes administraciones locales e incluso habían depositado las garantías económicas, y, vista la evolución de la pandemia de COVID-19, algunos temen tener que dar por perdido el año.
La emergencia sanitaria del COVID-19 ha supuesto un duro golpe para un sector cuyo funcionamiento ya se enfrenta de manera habitual a muchas dificultades. Así, a las propias que conlleva el desarrollo de una actividad autónoma e itinerante,
que implica desplazamientos y tener que interactuar con diferentes administraciones, las cuales requieren en no pocas ocasiones realizar los mismos trámites y acreditar los mismos requisitos ante cada una de ellas, se une la falta de protección
social a la que se enfrenta este colectivo, de carácter eminentemente familiar. Esta condición familiar, precisamente, hace que una parte importante de quienes trabajan directamente en este sector no puedan figurar como trabajadores por cuenta
ajena, encuadrados en el Régimen General, pese a ser dedicarse a la actividad feriante de forma profesional y habitual, la cual constituye su principal sustento y el de sus familias, simplemente por el hecho de ser familiares de otros autónomos
dedicados a la misma actividad con carácter previo.
Por otro lado, haciendo referencia específica a la emergencia sanitaria del COVID-19, muchos de estos autónomos feriantes que se han visto afectados de lleno por el impacto económico de la pandemia se han visto excluidos de las ayudas
aprobadas durante las últimas semanas, en particular, de la prestación extraordinaria por cese de actividad. Esto es así porque, como sucede con los demás autónomos que realizan su actividad de manera estacional, muchos de ellos no están dados de
alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) durante todo el año, sino que se dan de alta con ocasión del inicio de la temporada en que se concentra su actividad, permaneciendo inactivos
o dedicados a otras actividades durante el resto del año. Esta realidad no ha sido tenida sin embargo en cuenta para el desarrollo de la prestación extraordinaria por cese de actividad, lo que ha dejado completamente desprotegidos a estos
autónomos.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que promueva las medidas que contribuyan a mitigar el impacto de la emergencia sanitaria del COVID-19 entre los empresarios y autónomos feriantes, incluidas, entre otras, las
siguientes:
1. Impulse, en coordinación con las Comunidades Autónomas, medidas específicas para el sector feriante, formado por actividades de comercio, artesanía, restauración y recreativas que se despliegan con
ocasión de la celebración de ferias y festividades populares, con la finalidad de mitigar el impacto causado por la suspensión de dichas actividades con motivo de la gestión de la emergencia sanitaria provocada COVID-19.
2. Contemple el reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos feriantes que no puedan darse de alta para prestar servicios esta temporada por la suspensión de las ferias y fiestas populares en la
que desarrollarían su actividad a causa de la emergencia sanitaria del COVID-19, haciendo extensible esta prestación al resto de autónomos que desarrollen actividades estacionales de temporada.
3. En paralelo, estudie el desarrollo de especialidades en el régimen de cotización de los trabajadores autónomos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) que desarrollan
actividades estacionales de temporada, que alterne el reconocimiento de periodos de actividad con otros de inactividad, análogo al de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social que tienen la consideración de
fijos-discontinuos.
4. Revise las restricciones que afectan a la posibilidad del trabajador autónomo de contratar como trabajadores a sus familiares, al objeto de flexibilizar las posibilidades de su encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social.
5. Valore el establecimiento en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) un código específico para la actividad feriante, que permita recoger de manera específica las actividades desarrolladas por estos empresarios y
autónomos.
6. Promueva, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, los mecanismos que faciliten el intercambio de información, el acceso recíproco a bases de datos y el reconocimiento mutuo de licencias de actividad para
estos empresarios y autónomos feriantes, evitando que tengan que realizar el mismo trámite, acreditando el cumplimiento de los mismos requisitos, incluso en espacios muy cortos de tiempo, ante diferentes administraciones locales para poder
desarrollar su actividad.
Asimismo, impulse, en coordinación con las administraciones referidas, aquellos otros mecanismos que faciliten la devolución de las tasas anticipadas y las garantías depositadas por estos empresarios y autónomos feriantes en previsión de la
celebración de ferias que ahora, por causa de la emergencia sanitaria del COVID-19, no vayan a celebrarse.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Sara Giménez Giménez, María Muñoz Vidal y María Carmen Martínez Granados, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo al sector
turístico para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
Según van avanzando las semanas va quedando contratado que la industria turística española está frente a una profunda crisis a raíz de la pandemia del COVID-19.
El impacto y los nuevos retos a los que se enfrentan empresas, destinos turísticos y trabajadores del sector exigen del Gobierno una respuesta acorde con las circunstancias.
La solución médica y científica de este virus facilitará paulatinamente la vuelta a la normalidad de la actividad turística, pero dejará graves secuelas económicas y sociales que ya se perciben.
La mayoría de los países habrán visto cuestionado su funcionamiento general por la falta de respuestas integrales de tipo interno y externo. Es por tanto necesario el desarrollo inmediato de políticas transversales entre agentes turísticos
y no turísticos, públicos y privados, en base a la seguridad de los países de origen y los destinos.
El turismo en España es sin duda uno de los sectores económicos más afectados. Sin embargo, el sector ha demostrado su unidad y ha estado a la altura para ayudar a afrontar esta inmensa emergencia sanitaria, la prioridad, a la vez que aúna
fuerzas para mitigar el impacto de la crisis, especialmente en el empleo, y para apoyar unos esfuerzos de recuperación más amplios mediante la creación de empleo y el impulso al bienestar económico en todo el mundo.
Todos aquellos que integran el sector turístico, han venido advirtiendo desde el primer momento sobre los graves perjuicios que está sufriendo el sistema económico y empresarial español como consecuencia de las decisiones adoptadas por el
Gobierno. Lo cierto es que no se han tomado medidas valientes de protección de las empresas, tal y como se ha hecho en otros países europeos.
La preocupación es creciente entre los empresarios hoteleros y turísticos por la gestión política de esta crisis, sobre todo en materia económica y empresarial. Los daños causados en sistema económico y empresarial español son más elevados
ahora que nunca y, en ese panorama, el turismo es especialmente sensible. Lo que nos ha costado sesenta años de construcción, de ilusión, de inversión y de compromiso se puede tirar por la borda en apenas treinta días por decisiones estratégicas
equivocadas. España como potencia turística es un potente y eficaz instrumento en la proyección exterior de España, fruto del trabajo conjunto de empresas, trabajadores, destinos y Administraciones, que nos permite dar a conocer y poner en valor la
riqueza de nuestro patrimonio cultural, natural o histórico.
Mantener y consolidar esta posición privilegiada es ahora el reto que el Gobierno debe contribuir a alcanzar.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, considera que es más necesario que nunca presentar la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Poner en marcha recursos destinados a la adaptación de establecimientos y destinos, a la adquisición de material y equipamiento para la desinfección y prevención sanitaria de empresas y elementos de la escena urbana de las ciudades.
- Elaborar un protocolo único de actuación para todo tipo de destinos turísticos (playas, museos, aeropuertos, etc), que ofrezcan garantías de seguridad higiénica sanitarias a los turistas, trabajadores y empresarios, y a los ciudadanos de
todos los destinos.
- Impulsar desde España una certificación 'COVID Free' europea que acredite a aquellas infraestructuras públicas, museos, empresas turísticas de alojamiento, hostelería, agencias, transporte, comercio, parques de atracciones, campos de golf,
servicios turísticos, etc., que certifique que las mismas cumplen con los protocolos de medidas de higiene y seguridad sanitaria que aprueben las autoridades competentes.
- Agilizar al máximo todas las ayudas que se pongan en marcha, y simplificar al máximo el procedimiento para concederlas, con el máximo de garantías Decretar el 'carácter y tramitación de urgencia' para todos los procesos administrativos,
tales como las contrataciones, subvenciones, etc., previstas para el año 2020 con el objetivo de favoreceré impulsarla inversión pública.
- Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para permitir que todos los Ayuntamientos puedan disponer del 100 % del superávit generado en el año
2019 para implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia del COVID-19 siempre que no supongan gastos estructurales.
- Reducir los cánones estatales derivados de las ocupaciones de playas a los que debe hacer frente cada Ayuntamiento, asociados a la utilización de las mismas según marca la Ley de Costas, para disponer de recursos adicionales, así como
flexibilizar las propias concesiones administrativas de ocupación del espacio público marítimo terrestre.
- Suspender el cobro por parte del Estado de cualquier tipo de canon por concesiones administrativas y del Dominio Público Marítimo Terrestre.
- Cancelar cualquier propuesta del Gobierno de incremento de la carga fiscal o de creación de nuevas tasas o impuestos que graven al trasporte aéreo y, alternativamente, aprobar un plan especial orientado a promover una rebaja de las mismas
para fomentar la conectividad por vía aérea de nuestros destinos.
- Reducir a la mitad el Impuesto de Sociedades a los sectores afectados por la crisis, en concreto al turístico.
- Ampliar a doce meses más la tarifa plana para autónomos reduciéndola a los 50 euros iniciales y rebajar otros módulos en los sectores más afectados.
- Cancelar la contra-reforma laboral para garantizar la flexibilidad y la competitividad de las empresas y los autónomos.
- Aplazar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, rebajar las de empresas afectadas, y cancelar toda la subida propuesta en las bases mínimas y máximas.
- Ampliar significativamente la dotación de la línea de crédito ICO de 400 millones de euros, aportando garantías temporales que faciliten a las empresas su acceso.
- Impulsar medidas específicas para posicionar la oferta de turismo de interior, turismo de naturaleza, turismo gastronómico, turismo rural, turismo activo.
- Diseñar un Plan específico de doce meses de duración que contenga medidas de exención, bonificación y aplazamiento de todo tipo de impuestos y pagos a cuenta durante ese periodo de protección. Este plan debe contemplar todos los impuestos
y tributos tanto estatales, autonómicos y locales. Medidas específicas como las exenciones especiales y el aplazamiento de pagos (Seguridad Social, impuestos...).
- Ampliar el Real Decreto-ley 8/2020 en lo relativo a medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada (ERTEs) de manera que sea aplicable a las empresas proveedoras con interdependencia
directa con la hostelería.
- Establecer mecanismos de cooperación gubernamental internacional y, especialmente, en el ámbito de la Unión Europea para reclamar los cobros pendientes por servicios facturados antes de la declaración del estado de alarma en España, a las
empresas extranjeras (turoperadores, OTAs,...).
- Constituir de manera urgente la mesa de trabajo anunciada por el Gobierno y de la que formen parte hoteleros, agencias y empresas de transporte que inicie lo antes posible los trabajos destinados a revisar, rediseñar, actualizar y mejorar
el programa de vacaciones para mayores del IMSERSO a fin de evitar nuevos retrasos cuando pueda recuperarse la normalidad.
- Planificar y reforzar acciones promocionales y de comunicación en el mercado internacional para mejorar la percepción de España como destino turístico de máximo nivel en calidad, seguridad y profesionalidad y que contribuyan a recuperar la
confianza para volver a viajar.
- Considerar de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las disposiciones dictadas por el Estado para su control, como causas de exoneración de la responsabilidad administrativa a efectos del procedimiento sancionador del artículo
169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007, cuando la no ejecución del contrato de viaje combinado obedezca y tenga su causa en la imposibilidad de prestar los servicios por las restricciones impuestas al movimiento de personas en el Real
Decreto 463/2020 y sus normas de desarrollo.
- Promover desde el Gobierno, junto con las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos, destinos, sector y medios de comunicación, una gran campaña turística que anime la demanda doméstica y genere confianza en viajar en los meses
posteriores a la situación de Estado de Alarma, que permitan reactivar el consumo para recuperar lo antes posible la actividad económica.
- Crear de manera inminente de un comité interministerial 'COVID-19 para el Turismo', coordinado por la Secretaría de Estado de Turismo y del que formen parte representantes de las Comunidades Autónomas y las diferentes asociaciones
turísticas del país que incremente la coordinación interadministrativa para poder dotar de una mayor coordinación las actuaciones que se lleven a cabo y planificar un plan post COVID-19 para el turismo, que impulse y priorice medidas que ahonden en
facilitar una rápida recuperación del sector turístico español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Agustín Almodóvar Barceló, Isabel María Borrego Cortés y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borrás Pabón,don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados
respectivamente, todos ellos del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la aprobación de un
Plan Nacional de protocolos con carácter de urgencia, con el fin de garantizar la imagen de España como destino seguro frente a la COVID-19, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La desesperación se instala en el sector turístico. Tras casi dos meses desde que se decretó el estado de alarma, el Gobierno no ha dado muestras de haber trazado un plan amplio de apoyo al turismo, al contrario del resto de grandes países,
que si lo han hecho, pese a que esta industria no es tan preponderante como lo es para España.
El Turismo es una de las actividades económicas esenciales para España. Representa más del 12 % del Productor Interior Bruto y genera millones de empleos, directos e indirectos. La crisis de la COVID-19 está afectando a este sector con
gran intensidad, no solo por el cierre de la actividad decretado por el estado de alarma, sino por las restricciones de movilidad que impiden la llegada de turistas extranjeros -no hay que olvidar que España es el segundo destino turístico del
mundo. A ello se le suma la mala imagen de nuestro país en el exterior generada por la nefasta gestión de la crisis por parte del Gobierno, los negativos titulares publicados en prensa extranjera y las desacertadas declaraciones de ministros y
vicepresidentes que debilitan nuestra imagen, aún más si cabe.
Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2019 se batió el récord de llegada de turistas extranjeros, con casi ochenta y cuatro millones de visitantes. Teniendo en cuenta las cifras, la falta de llegada de turistas
extranjeros es un alarmante motivo de preocupación.
España ha sido uno de los países más golpeados por el virus. El alto número de fallecidos por millón de habitantes, el número de contagios de nuestros sanitarios, la falta de material de protección, las compras de material defectuoso, la
dudosa gestión en la adquisición de dicho material, sumado a la lentitud y a las desafortunadas decisiones y declaraciones del Gobierno han generado una negativa imagen de España en la que faltan medidas que garanticen la tan anhelada seguridad
sanitaria.
En ese sentido, son conocidas las declaraciones de Thomas Bareiss, comisionado de Turismo del Gobierno alemán, alertando a los ciudadanos alemanes -una de las nacionalidades que más nos visitan ocupando el segundo lugar entre los países
emisores- que no viajen a España como consecuencia del virus de Wuhan. Y en la misma línea las declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.
La preocupación en el sector ante las insuficientes medidas definidas por el Gobierno, así como la tardanza en su adopción, ha derivado en la presentación de iniciativas parciales. El pasado 16 de abril, una nota de prensa de la Asociación
Empresarial Hotelera de Madrid, anunciaba que se estaba trabajando en un protocolo común para la creación del certificado 'Hoteles COVID Free'. En ese mismo sentido han aparecido otras iniciativas, también con implicación de las administraciones
locales, como los sellos de Alicante o Fuerteventura. Todas estas iniciativas carecen de una armonización, lo que puede llevar a confusión y, a la postre, desigualdades entre comunidades y ciudades autónomas, llegando a ser contraproducente para el
turismo y para el destino España.
Hoy conocemos por los medios de comunicación de la existencia de un borrador con directrices para hoteles y apartamentos turísticos con medidas para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios, y que el señor Mirones, presidente del
Instituto para la Calidad Turística Española, ha reconocido en prensa que 'es un trabajo que en condiciones normales llevaría meses y recibimos el encargo el día 23 de abril'.
Turismo, sector resentido por la drástica caída de la demanda y con graves daños estructurales, precisa de soluciones y propuestas y no cuenta, con antelación, con un plan de reactivación que exponga medidas a nivel nacional en el sector
turísticos español, armonizando las garantías higiénico-sanitarias, y que podría ser lanzado a nivel europeo, teniendo en cuenta el alto número de turistas procedentes de países europeos.
España, como pionero que ha sido en este sector, debe recuperar la confianza de los turistas nacionales e internacionales, y evitar perder nuestra posición de liderazgo.
Este Gobierno, a remolque de las peticiones de los operadores del sector turístico, se ha visto en la necesidad de pensar en un Sello de Garantía en la prevención de la COVID-19, anunciado recientemente por la Sra. Oliver, Secretaria de
Estado de Turismo. Dicho 'sello' afirmó ser encargado al Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) que, tras reuniones con los agentes del sector y con las administraciones competentes, elaborará un borrador que se remitirá al Ministerio
de Sanidad para su evaluación e hipotética aprobación.
Estos trabajos que está realizando el ICTE, según el anuncio de la Sra. Oliver, estarán disponible a mediados de mayo. Hay que tener en cuenta que, según el escenario de desescalada anunciado por el Gobierno, la siguiente fase, en la que
se podría abrir establecimientos turísticos, se producirá antes de que se publiquen dichos protocolos, por lo que se urge al Gobierno a acelerarlo para forjar certidumbre.
Desde el Grupo Parlamentario VOX y tras las reuniones mantenidas con el sector, estimamos que deberían tenerse en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de diseñar los protocolos:
i. La necesidad de test rápidos.
ii. Las medidas relativas a los protocolos deben ser a nivel estatal, sin posibilidad de generar desigualdad entre Comunidades y Ciudades Autónomas o entidades locales.
iii. Convendría un consejo asesor de verdaderos expertos en epidemiología, alejado de consideraciones políticas y centrado en asesorar y revisar los protocolos orientados a los establecimientos turísticos.
iv. Crear unas condiciones óptimas para garantizar el transporte de turistas respetando las medidas de seguridad y evitando masificaciones.
v. Establecer un plan nacional de detección de viajeros que presenten síntomas de estar padeciendo la COVID-19 o cualquier otro tipo de virus con consecuencias semejantes.
a) Algunos países están valorando un carné de seguimiento, similar a las cartillas de vacunación infantil, de forma que su información sea fácilmente accesible cuando sea requerida.
b) Designación de instalaciones, fijas o móviles, suficientemente acondicionadas, donde realizar el control y prevención de los contagios.
c) Establecimiento de lugares aptos donde mantener a aquellas personas que tras la realización de dicha prueba den positivo para evitar contagiar a otros.
vi. Si el Ejecutivo considera la creación de un distintivo o sello que garantice que los establecimientos y servicios turísticos cumplan con los protocolos y normas de prevención y respuesta ante la COVID-19, que dicho distintivo sea
GRATUITO. Los empresarios y autónomos ya están sobrecargados con impuestos y costes, directos e indirectos, además de la inversión que les va a suponer la adquisición de material de protección para sus empleados y clientes, la limpieza y debida
desinfección y cuantas medidas sean necesarias para la prevención y seguridad. Asimismo, han demostrado una gran generosidad (hoteles medicalizados, repatriación turistas, etc.) contribuyendo a paliar la expansión de la pandemia.
vii. Definidos los protocolos comunicarlo, a través de notas de prensa y en-revistas en medios generales y medios especializados, para que sea conocido a nivel nacional e internacional. Sobre todo, en los principales países emisores de
turistas.
viii. Redactar un listado de requerimientos técnicos para la gestión de turistas, tales como limitaciones estrictas de aforos, distancias en las colas, delimitación de las mismas y todas aquellas medidas necesarias en toda la cadena de
valor con el fin de evitar contagios.
ix. Garantizar la producción nacional de mascarillas, guantes y cualquier material para evitar contagios a disposición de los turistas y de los trabajadores de los establecimientos turísticos. Estos materiales deberán encontrarse en
suficiente número para asegurar la disponibilidad necesaria. Además, deberán tener las homologaciones técnicas precisas.
x. Planificar un plan de limpieza de las instalaciones eficaz, distinguiendo las necesidades según el tipo de instalaciones, productos de limpieza, métodos y periodicidad con que debe realizarse la higienización.
xi. Establecer una serie de controles de cumplimiento, ya sea por personal de las administraciones o por declaraciones de los responsables.
xii. Diseñar especialmente los circuitos de atención médica para el caso de detección de contagios.
Se trata de minimizar cualquier riesgo de contagio y de desarrollar una guía que unifique las normas higiénico-sanitarias y que ayude a la reapertura de los establecimientos.
En estos momentos las empresas están haciendo todo lo posible por su supervivencia, con un sobreesfuerzo para adaptar sus protocolos de limpieza y seguridad con el fin de adoptar todos los cambios y medidas que puedan garantizar una vuelta
al sector con las mejores garantías posibles.
La tardía respuesta del Gobierno en la búsqueda de alternativas que favorezcan el turismo en estos tiempos de crisis en los que se diseña un nuevo escenario está siendo patente y el sector necesita certidumbre.
Urge que se establezca un plan nacional para todas las empresas del sector turístico español y que enfoque la promoción del Turismo con base en protocolos sanitarios, con actualización frecuente y con accesibilidad y visibilidad, pues España
merece ser vista como destino seguro y debe continuar revalidando su liderazgo mundial en el sector turístico.
Las empresas turísticas que antes pongan en marcha protocolos efectivos de prevención de la COVID-19 y que garanticen el seguimiento de protocolos de desinfección y limpieza, la implantación de las medidas de seguridad relativas a personas,
procesos, instalaciones y productos impidiendo y limitando la propagación del coronavirus generarán confianza y seguridad en turistas y turoperadores, y serán los primeros en recibir clientes y recuperarse de esta crisis.
Proyectar la imagen de un destino turístico seguro relanzará la imagen de nuestra nación, lo que impulsará significativamente la recuperación del sector turístico, el mantenimiento del empleo y la aportación al PIB prioritario para nuestra
economía.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer con carácter urgente un Plan Nacional de protocolos de prevención de la COVID-19 en empresas turísticas con el fin de garantizar la imagen de España como destino seguro frente a la
enfermedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer un Plan Específico de reactivación del Turismo y la hostelería, para
su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Los primeros datos estadísticos correspondientes al mes de marzo evidencian un impacto muy fuerte de la crisis por la COVID-19 sobre el sector turístico y hostelero. Así, por ejemplo, el número de pernoctaciones en establecimientos
hoteleros cayó en marzo un 61,1 % con respecto al mismo mes de 2019, mientras que los ingresos de estos negocios se redujeron en un 41 % en términos interanuales.
Por lo que respecta al empleo en el sector, la reducción de afiliaciones en la Seguridad Social en un solo mes ha sido más del doble que todo el incremento de empleo interanual registrado en febrero. Un desplome mensual de 250.504
afiliaciones menos (un -10,2 %), que a buen seguro será aún mayor en los datos de abril.
Afortunadamente al menos, la rápida activación por el Gobierno de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor aprobados para el período de estado de alarma ha servido para contener una segura destrucción de
empleo, especialmente en sectores tan afectados por esta situación como es el sector turístico, que ha pasado de recibir casi a 84 millones de turistas en 2019 a cero en la actualidad.
Por desgracia, nada más finalice el estado de alarma, el sector no retornará inmediatamente a la situación de normalidad previa a la crisis. La desescalada será gradual y asimétrica, pero, además, las medidas de limitación de los
desplazamientos y la distancia social hasta que logre desarrollarse una
vacuna contra el virus, así como los propios temores entre los viajeros potenciales afectarán tanto a la entrada de turistas como a sus actividades vinculadas.
Las medidas de limitación de desplazamientos y distancia social, pero también los miedos e incertidumbres que suscita en los potenciales viajeros el nuevo escenario que se abre hasta el hallazgo de una vacuna eficaz contra el virus muy
probablemente harán que la recuperación del sector turístico sea más lenta en comparación con otros sectores económicos. Un sector por otra parte muy relevante en nuestro país, pues representa un 12,3 % del PIB y un 13,4 % del empleo total.
Por ello, dadas las especiales características del sector, así como su particular relevancia económica en España se hace necesaria la puesta en marcha de un Plan Específico de reactivación del turismo y la hostelería, debidamente coordinado
con las diferentes Comunidades Autónomas, que impulse su reactivación y permita su recuperación tras el duro impacto que ha supuesto la crisis. Este Plan Específico habrá de ser al mismo tiempo compatible con las necesarias medidas de seguridad y
garantías sanitarias, de forma que ofrezcan confianza para atraer de nuevo la demanda de turistas adaptada a las nuevas circunstancias.
Dicho Plan Específico de reactivación es necesario que sea complementado con una perspectiva de medio y largo plazo, de forma que oriente la recuperación del sector turístico hacia una adecuada modernización en términos de turismo
inteligente, su digitalización, así como la adecuada incorporación de criterios de sostenibilidad ecológica en la gestión y promoción de la actividad turística. Una Estrategia de Turismo Sostenible 2030 ya planteada por el Gobierno y que, en
definitiva, permita asentar las bases de transformación del turismo español hacia un modelo de crecimiento sostenido y sostenible, que permita mantener nuestro liderazgo mundial de nuevo tras la crisis por la COVID-19.
Una sostenibilidad socioeconómica, medioambiental y territorial, y con cinco ejes estratégicos. A saber: gobernanza colaborativa, que promuevan espacios de colaboración entre los diferentes actores públicos y privados que integran la
actividad turística del país; crecimiento sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas; transformación competitiva hacia un nuevo entorno de mercado y una sociedad crecientemente
digitales; espacio turístico, empresas y personas, que han de adaptarse a una nueva configuración del mercado y una evolución hacia patrones de turismo responsable y; un quinto y último eje de producto, marketing e inteligencia turística, que
permita diversificar la oferta más allá de la costa y grandes ciudades, refuerce la promoción, reduzca la estacionalidad del sector y establezca una oferta más diversa y diferenciada mediante un modelo de inteligencia turística basada en los datos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los principales agentes del sector, un Plan Específico para Reactivar el Turismo y la hostelería a la mayor brevedad, que contenga medidas de seguridad y garantías sanitarias,
liquidez y financiación, flexibilidad laboral, promoción e inversión.
2. Poner en marcha una nueva campaña para estimular, en primer lugar, el turismo nacional y, una vez finalice la crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID-19, realizar una campaña de promoción internacional de España como destino
turístico de manera coordinada con las Comunidades Autónomas, ajustándose a las nuevas circunstancias del sector y de la demanda. La campaña de comunicación será empática y se destacará la confianza y seguridad, en todas sus acepciones, que tiene
nuestro país como destino turístico.
3. Aprobar una Estrategia de Turismo Sostenible 2030, con la participación de las Comunidades Autónomas y los principales agentes del sector y cuyo objetivo es reforzar la posición del sector turístico en España basado en la sostenibilidad
y en la implementación de la inteligencia turística y la digitalización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2020.-Alejandro Soler Mur, Adolfo Pérez Abellás, Sandra Guaita Esteruelas, Juan Bernardo Fuentes Curbero, Cristina López Zamora, Ana María Botella Gómez, María Luisa Faneca López, Patxi
López Álvarez, María Ángeles Marra Domínguez, César Joaquín Ramos Esteban, Germán Renau Martínez, María del Pilar Rodríguez Gómez y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre alcanzar un Pacto de Estado por la Industria, para su debate en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La política industrial ha sido durante mucho tiempo una gran ausente en España, lo que sin duda ha ayudado al debilitamiento general de la industria en nuestro país. Así, según datos de Eurostat, la industria (excluido el sector de la
construcción) representó en 2019 el 15,8 % del valor añadido bruto total, y el 12,2 % en el caso de las manufacturas, ambos casos por debajo del promedio de la UE-28 (18,6 % y 15,6 % respectivamente). Tal debilitamiento no es nuevo, pues ya se
observó a lo largo del anterior ciclo de expansión económica entre 1995 y 2008. Y si bien las causas de este paulatino debilitamiento de la industria son diversas, entre ellas se encontraría la insuficiente conciencia social acerca de la
importancia de contar con una industria robusta en nuestro país. Una fortaleza industrial que no vendría como mero efecto de mercado, sino que requiere de políticas públicas y del compromiso inversor por parte del sector privado.
Consciente de esta realidad, el Gobierno viene impulsando desde un primer momento una Nueva Política Industrial 2030 que revierta esta situación y permita alcanzar un 20 % del PIB en actividades manufactureras, en coherencia con la
Comunicación de la Comisión Europea de enero de 2014 [COM(2014)0014] titulada 'Por un renacimiento industrial europeo'. Esta nueva política industrial es asimismo necesaria, en tanto este sector resulta estratégico por su capacidad de generar
puestos de trabajo, con mejores salarios, así como una mayor calidad y estabilidad en el empleo. Un hecho fácilmente constatable al observar cómo las Comunidades Autónomas con mayor peso de la industria cuentan a su vez con menores tasas de
desempleo y una renta media más elevada.
Dicha reindustrialización debe ser complementada con medidas que impulsen la transformación digital, además de la transición ecológica con justicia social.
Ahora bien, para un objetivo tan ambicioso resulta imprescindible no solo la voluntad del Gobierno, sino también la participación de todos los agentes que conforman la actividad industrial en nuestro país. Es por ello por lo que el
Ejecutivo planteó desde el principio la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Industria, consensuado con los grupos parlamentarios, organizaciones sindicales y empresariales, con el fin de dar certidumbre al sector y favorecer la atracción
de nuevas inversiones. Un Pacto de Estado que habrá de incluir a su vez una nueva Ley de Industria, que actualice el marco regulatorio industrial a los ya referidos nuevos retos de la digitalización, así como la descarbonización y adaptación a
criterios de sostenibilidad que requiere la transición ecológica y sea compatible con los ODS de Naciones Unidas.
Ahora, con la crisis sobrevenida por la COVID-19 este Pacto de Estado por la Industria se hace más necesario aún si cabe. Así, el fuerte shock que producirá en el corto plazo el parón de actividad por las medidas de confinamiento y estado
de alarma para hacer frente a la pandemia, le seguirá un posterior proceso de reconstrucción económica y social que permita recuperar lo antes posible la senda perdida con la aparición del virus. Un proceso que necesitará del mayor consenso social
posible para su mejor consecución, en torno a un nuevo pacto para la reconstrucción económica y social. Este pacto de reconstrucción será negociado en una Comisión No Permanente para Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los
Diputados, tras el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno y el principal líder de la oposición.
La búsqueda del pacto entre diferentes en torno a esta Comisión supone con ello una oportunidad para incluir en los acuerdos entre los grupos de la Cámara el necesario Pacto por la Industria, consensuado también con los agentes sociales, y
que permita tanto la rápida recuperación del sector, como también sentar las bases para una nueva política industrial en nuestro país.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a alcanzar un Pacto por la Industria que esté salvaguardada de eventuales y futuros cambios políticos en nuestro país, con vocación de estabilidad, permanencia, certidumbre y compromiso
presupuestario, con una gobernanza definida, con la participación de las Comunidades Autónomas y agentes sociales, de la que emane una futura Ley de Industria, dentro del marco de la Comisión no Permanente para la Reconstrucción Social y Económica
con el objetivo de la reactivar la economía y modernizar el modelo productivo hacia la transición ecológica y la transformación digital.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2020.-Alejandro Soler Mur, Adolfo Pérez Abellás, Sandra Guaita Esteruelas, Juan Bernardo Fuentes Curbero, Cristina López Zamora, Ana María Botella Gómez, María Luisa Faneca López, Patxi
López Álvarez, María Ángeles Marra Domínguez, César Joaquín Ramos Esteban, Germán Renau Martínez, María del Pilar Rodríguez Gómez y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno de España a
que se apruebe un plan de liquidez económica para ganaderías bravas, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Las explotaciones de ganado bravo de lidia viven bajo la incertidumbre generada por la crisis del COVID-19. El mantenimiento de estas explotaciones depende principalmente de la celebración de festejos de diferentes características y
derivados de la naturaleza del ganado bravo: exhibición, suelta de reses en festejos populares y lidia ordinaria. Estas actividades se desarrollan fundamentalmente entre los meses de marzo y octubre.
En España existen 895 ganaderías de reses bravas en explotaciones distribuidas en las provincias. Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, durante 2019 el censo de animales inscritos en la sección principal de Libro
Genealógico de la Raza Bovina de Lidia dentro de todas las Comunidades Autónomas ascendía a un total de 203.056 animales. Y según datos del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, durante el año 2019 se celebraron en nuestro País
1.511 espectáculos taurinos mayores y más de 17.698 festejos taurinos populares.
Estas cifras de festejos expresan con claridad la importante merma económica que va a suponer para los ganaderos de bravo de nuestro país la suspensión de dichos festejos, ya que suponen alrededor del 80 % de sus ingresos. Pero además de la
pérdida económica y la difícil viabilidad de estas explotaciones ganaderas, el COVID-19 puede suponer una gran pérdida desde el punto de vista genético, ecológico y cultural para el conjunto de la sociedad. En estos momentos, los ganaderos se están
viendo obligados a llevar a sus animales al matadero con una importante depreciación del animal, cuyo valor de carne es muy inferior al obtenido de su venta o alquiler para festejos. Para evitar esto, países como Francia ya están articulando ayudas
mensuales directas para la alimentación de las ganaderías de bravo que eviten el envío masivo al matadero de estos animales.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que teniendo en cuenta las consecuencias económicas, medioambientales, genéticas y de bienestar animal que la crisis del COVID-19 está generando en las explotaciones de ganado bravo
en nuestro país, apruebe un plan para estas ganaderías, con medidas concretas de apoyo a este sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Víctor Valentín Píriz Maya, Alberto Casero Ávila y Marta González Vázquez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo a las queserías de
campo y artesanas afectadas por la crisis del COVID-19, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Según los datos facilitados por la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas, actualmente hay en España alrededor de 2.000 queserías de campo y artesanales, cifra que, en los últimos años, se ha multiplicado por dos motivos
fundamentalmente.
En primer lugar, por el aumento de consumidores que demandan, cada vez más, el consumo de este tipo de quesos y, en segundo lugar, por la apuesta de los ganaderos que, frente a la pérdida de rentabilidad por los bajos precios de la leche,
han buscado en ellas una salida.
El queso artesanal es un producto natural, sano y que, además, tiene un sabor único, fruto de una elaboración en la que es fundamental no solo el trabajo de la mano experta, sino también el respeto de los tiempos naturales en su elaboración,
lo que permite dar al queso un valor excepcional.
Para que la elaboración de un queso sea 100 % artesanal, ha de pasar por sucesivas fases, en las que el maestro quesero es el que se encarga de seleccionar la materia prima, lo que garantiza el sabor y la calidad y que el queso artesano sea,
además de un alimento sano, un alimento cercano.
Desde la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas, se ha promovido la redacción de un documento, suscrito por más de 50 organizaciones, en el que se reclama al Gobierno de España la aprobación de medidas urgentes que permitan al sector
no solo afrontar con garantías de éxito la crisis generada por el COVID-19, sino también la consolidación y el fortalecimiento de las queserías de campo y tradicionales.
El sector se encuentra, desde este punto de vista normativo, en clara desventaja en relación con el marco europeo.
Por otro lado, y nuevamente tal y como manifiesta el propio sector, 'el cierre de la restauración provocada por el estado de alarma, ha sido un varapalo para la venta de quesos'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar las siguientes medidas de apoyo a las queserías de campo y artesanas que les permita afrontar la crisis provocada por el COVID-19:
1. Instar a la Comisión Europea a agilizar y aumentar la previsión presupuestaria del almacenamiento privado para que las queserías tengan fondos suficientes, mientras se recupera y vuelve a tener actividad ordinaria el canal Horeca.
2. Poner en marcha un plan específico para este sector, con medidas de apoyo concretas.
3. Estudiar la posibilidad de autorización, garantizando siempre la seguridad sanitaria, de los mercados no sedentarios de proximidad como vía adecuada de comercialización para las queserías de campo y artesanas.
4. Acordar con la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas la realización de una campaña de promoción que abarque el consumo de quesos artesanales en los equipamientos públicos, tales como hospitales, comedores públicos, residencias
de mayores.
5. Fortalecer el protagonismo del sector.
6. Vigilar el correcto funcionamiento de la cadena de valor para poner fin a las negociaciones asimétricas entre la industria láctea y las ganaderías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Milagros Marcos Ortega y Marta González Vázquez, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Rubén Darío Vega Arias y D. Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a incorporar la pesca marítima deportiva y de recreo en el marco del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El Gobierno de España ha propuesto cuatro fases de desescalada para la situación extraordinaria generada por el estado de alarma declarado a consecuencia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) de Wuhan (China) por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.
Segundo. Se entiende por Pesca Marítima de Recreo la que se realiza por entretenimiento, deporte o afición y sin ánimo de lucro, y en la cual sus capturas no podrán ser objeto de venta ni transacción. Se pueden distinguir las siguientes
modalidades:
- Desde tierra: Es la que se practica a pie desde la costa.
- Desde embarcación: Es la que se ejerce desde embarcaciones aptas para esta actividad e inscritas en la lista correspondiente del Registro Oficial de Buques.
- Submarina: Que es la que se practica buceando a pulmón libre, sin utilizar ningún tipo de elemento que permita la respiración en inmersión, ni de medios mecánicos de propulsión.
La pesca deportiva y de recreo tiene la ventaja de que es una actividad que se realiza al aire libre, por lo que aparece como una actividad apropiada para incorporar al conjunto de actividades permitidas dentro de la fase I del Plan para la
Transición hacia una Nueva Normalidad. Por estos motivos, se deben adoptar aquellas medidas que favorezcan la pesca deportiva y de recreo y nos lleven a una recuperación del sector con la máxima velocidad.
Tercero. Esta modalidad de pesca se realiza en entornos libres, rodeados de naturaleza y sin aglomeraciones o contacto con más personas, lo que hace de ella una actividad segura, ya que es fácil evitar el contacto con otros pescadores. Es
más, se trata de una actividad con beneficios tanto para la salud física (porque favorece la toma de vitamina D mediante la exposición a la luz solar), como para la salud mental por la tranquilidad y sosiego que genera.
Cuarto. Además, la pesca deportiva y de recreo se trata de una actividad familiar que se puede realizar de manera segura, dado que los miembros de una misma familia, que conviven juntos, pueden realizarla sin riesgo a exponerse a un
contagio.
Quinto. Junto a estas medidas, también se debería facilitar la labor y la actividad económica de quienes se relacionan con este sector de la pesca deportiva. Por ejemplo, abrir la actividad en los puertos
deportivos y turísticos que son espacios abiertos y donde las medidas de distanciamiento social y de protección son más fáciles de adoptar. Además de que ello permitiría revisar el estado de las embarcaciones después de todo este tiempo de
confinamiento.
Sexto. Tampoco podemos olvidarnos de que impulsar la pesca deportiva y de recreo como una actividad permitida en la fase uno, favorecería también la venta y el consumo en tiendas de pesca, armerías y pequeños comercios, lo que favorecería,
a su vez, la vuelta a la normalidad de este sector de pequeñas empresas con mayor celeridad, y así empezar a recuperar la maltrecha economía de numerosos municipios rurales dedicados a este sector.
En este sentido, tenemos que tener presente que la pesca recreativa genera 3.600 millones de Euros anuales en España y más de 180.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta. La practican alrededor de 2,5 millones de personas con
más de 200.000 embarcaciones implicadas en dicha actividad.
Séptimo. En relación con las cuatro fases que comentábamos en el encabezado de este expositivo, la pesca deportiva está encuadrada dentro de la fase II o también denominada intermedia. En esta fase II se plantea la apertura parcial de
actividades y se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva.
Octavo. Corresponde a los poderes públicos adoptar planes adecuados para favorecer una desescalada segura tras el confinamiento y establecer medidas que favorezcan la recuperación económica tras la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Incorporar la pesca deportiva y de recreo como una actividad prioritaria en relación con las fases establecidas por el Gobierno, enmarcándola dentro de la Fase I y no de la Fase II. Todo ello dentro del marco de desescalada hacia la
normalidad, bajo el cumplimiento de medidas sanitarias y de precaución.
2. Fomentar la pesca deportiva y de recreo como una actividad saludable, beneficiosa y segura, de tal manera que se puedan mantener el mayor número de puestos de trabajo que de la misma dependen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Tomás Fernández Ríos y D. Manuel Mariscal Zabala en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene la obligación de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a extremar los controles y las inspecciones fitosanitarias de los productos agrícolas provenientes
de terceros países en los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF), para su discusión en la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El 2019 no ha sido un año positivo para la economía del sector agropecuario en España. Después de un lustro (2014-2018) de subidas constantes, la Renta Agraria en términos corrientes ha experimentado en 2019 un descenso del 8,6 %
respecto al año anterior y un 4,5 % por encima de la media de los últimos diez años, situándose en 26.179,6 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Cabe recordar que la Renta Agraria (también denominado 'Renta de los Factores' o 'Valor Añadido Neto a Coste de los Factores') representa el valor generado por la actividad de la producción agraria. Mide la remuneración de los factores de
producción (tierra, capital y trabajo).
La cifra de la Renta Agraria Real Por Unidad De Trabajo Anual (UTA) fue incluso peor, con un descenso anual del 8,3 % en relación a la del 2018, consecuencia a su vez de la citada reducción de la Renta Agraria y del volumen de trabajo en la
agricultura del 0,4 %, expresado en Unidades de Trabajo Agrario.
Debido a esta situación, el valor de los consumos intermedios se ha incrementado este año un 3,6 %, (un 1,3 % en volumen y un 2,2 % en precios). Los Consumos Intermedios representan el valor, a precios
de mercado, de los medios de producción consumidos o transformados en su totalidad en el proceso de producción. Incluyen los gastos de los medios de producción corrientes: semillas/plantas de vivero, energía, fertilizantes, fitosanitarios,
alimentos para el ganado, gastos veterinarios, mantenimiento de material y edificios, y otros servicios.
Asimismo, cabe resaltar que durante 2019, el régimen de precipitaciones ha sido particularmente deficitario, condicionando, en consecuencia, a la producción nacional. El año hidrológico 2018/2019 se cerró con un descenso de las
precipitaciones del 13 % con respecto a un año normal y de un 21 % con respecto a 2017/2018; las precipitaciones acumuladas entre enero y julio de 2019 fueron un 51 % menores que las correspondientes al mismo período de 2018, produciéndose una
situación de sequía que ha afectado a amplias zonas de España.
Las producciones de secano han sido las más directamente afectadas por la sequía y la ausencia de precipitaciones, dando lugar a fuertes descensos en determinadas cosechas como aceitunas, cereales, plantas industriales y uvas. En
determinadas producciones y subsectores, el desequilibrio entre oferta y demanda ha dado lugar a una reducción significativa de los precios, como ha sido el caso de las frutas.
Segundo. Al mismo tiempo que descendía la producción nacional, la importación de frutas y hortalizas frescas procedente de terceros países creció en el 2019 un 18 % de enero a septiembre en comparación con el mismo periodo del año anterior,
situándose en los 1.413 millones de euros, siendo Marruecos el primer proveedor con 507 millones, un 15 % más que el mismo período del año anterior. Dentro de la Unión Europea, España ha sido uno de los principales mercados de destino de las
exportaciones marroquíes, a pesar de la coincidencia de cultivos y calendarios de producción, y en el que los productos agrícolas marroquíes han consolidado su posición en el mercado nacional, donde representan el 36 % del total comprado a países no
comunitarios y el 25 % del total de la importación española. Solamente en lo que se refiere al sector de las frutas y hortalizas, en 2019 España importó un total de 430 mil toneladas de frutas y hortalizas marroquíes, con un crecimiento del 8 % más
con relación a 2018, y alcanzando un crecimiento en los últimos cinco años del 82 %.
Es preocupante el crecimiento de la importación comunitaria de Marruecos en productos y periodos coincidentes con la exportación española, y en especial alarma el caso del tomate, superando ampliamente, los volúmenes previstos en el Acuerdo
de Asociación suscrito entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. La importación de la Unión Europea de tomate de Marruecos mantiene su tendencia creciente constante, totalizando 481.706 toneladas en 2019, con un crecimiento del 26 % en los
últimos 5 años, mientras que la exportación española en el mismo año asciende a 767.000 toneladas, con una tendencia descendente constante, retrocediendo en el mismo periodo de tiempo un 20 %.
Este hecho está provocando perturbaciones en todo el sector nacional de las frutas y hortalizas, ante la dificultad de competir con los bajos costes de producción en estos países, principalmente salariales, sociales y de control sanitario, y
que en muchos de los casos incumplen la normativa europea, a la que sí tienen que someterse los productos españoles. En los primeros meses de la campaña 2019/2020 se ha mantenido esa misma tendencia en las importaciones, con un crecimiento del 7,8
% en el periodo comprendido entre octubre de 2019 y enero de 2020.
Tercero. Tras el brote de coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) que apareció en China en diciembre del año pasado, y su posterior expansión al resto de países, el mundo está viviendo una época de incertidumbre y recesión económica, marcada
principalmente por los intentos de los gobiernos de frenar la expansión de la enfermedad y evitar el colapso de los sistemas sanitarios nacionales. Las medidas que en cada país ha impuesto a sus ciudadanos han afectado en mayor o menor medida a
todos los sectores económicos, entre los cuales también se encuentra el sector agrario.
Uno de los aspectos más importantes del sector agrario es la capacidad de transportar los productos desde las zonas de producción hasta las zonas de venta y consumo. Aunque algunos profesionales como los transportistas pueden seguir
viajando a territorio extranjero debido a la función esencial que desempeñan, las exportaciones de ciertos productos a otros países se han visto seriamente afectadas. Alimentos como el vino o el aceite (que ya de por sí estaban sufriendo un impacto
negativo debido a los aranceles impuestos por EE.UU.) están notando una disminución de las exportaciones hacia zonas como Asia, uno de los continentes más afectados por el COVID-19.
A nivel europeo, la disminución de la demanda por motivo de la pandemia en mercados como el inglés o el alemán, importantes receptores de productos hortofrutícolas españoles, han reducido notablemente las exportaciones del sector, afectando
notablemente el mantenimiento de la producción nacional.
Asimismo, las restricciones de movilidad para evitar que el coronavirus se expanda han supuesto también que la mayoría de los países tengan vetado en este momento el movimiento de ciudadanos nacionales hacia otros países o de ciudadanos
extranjeros hacia el suyo propio. Esta situación está perjudicando gravemente a aquellas producciones agrícolas que, por falta de mano de obra nacional, necesitaban habitualmente contratar a trabajadores extranjeros.
Aunque el Gobierno haya tomado algunas medidas para que trabajadores nacionales de otros sectores como el turismo o la hostelería y que actualmente se encontraban en paro, pudieran incorporarse a trabajar en explotaciones agrícolas cercanas
a su domicilio, el déficit de mano de obra continúa siendo un problema especialmente de cara a las cosechas de finales de abril y principios de mayo.
Uno de los cultivos más afectados en este aspecto está siendo el de la fresa y frutos rojos, que se encuentran en estos momentos en plena campaña de recogida, y en los que a los problemas acarreados por la falta de mano de obra hay que
añadir también el de la caída de los mercados internacionales, el cierre del canal Horeca (hostelería, restauración y catering) y la paralización del motor económico que supone el turismo, por lo que la demanda en el sector se ha visto reducida en
estos últimos meses de forma alarmante, llegando a alcanzar caídas de hasta el 50 %.
Cuarto. Ante la situación de debilidad que todos estos factores han situado al sector agropecuario español y el momento crucial en el que nos encontramos, como es el de la campaña de primavera, resulta imprescindible que durante estos
próximos meses el Gobierno de España refuerce 'más que nunca' sus Puestos de Inspección Fronterizos (PIF), para intentar proteger a los productores españoles, extremando los controles y las inspecciones fitosanitarias de productos de terceros países
que fundamentalmente tienen su entrada en nuestro país por los diferente Puertos del Estado.
En estos momentos sería necesario aumentar y reforzar el personal de los PIF, extremar la vigilancia del volumen de las importaciones sujetas a contingentes y precios de entrada, denunciar ante la Unión Europea aquellos casos en los que se
superen las cantidades acordadas y que a su vez las administraciones y los agentes sociales tengan una información permanente de los contingentes de importación de productos agrícolas que han entrado en la Unión Europea procedentes de terceros
países.
Quinto. El Gobierno de España tiene en estos momentos un papel esencial para ayudar a evitar la competencia desleal de los productos de terceros países con los productos agrarios españoles que, en muchos de los casos, representan a varios
de los principales productores y comercializadores internacionales, y que estos puedan reducir los efectos de esta crisis y minimizar sus pérdidas compitiendo, al menos, en igualdad de condiciones con los productos venidos de otros países.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Aumentar la dotación de personal de los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF) en los Puertos del Estado y, principalmente, en aquellos puntos que habitualmente reciben importaciones agropecuarias de terceros países.
2. Extremar los controles fitosanitarios de los productos hortofrutícolas importados de países de fuera de la Unión Europea.
3. Vigilar el volumen de las importaciones agrícolas sujetas a contingentes y precios de entrada.
4. Denunciar ante los organismos competentes de la Unión Europea aquellos casos en que las importaciones superen las cantidades acordadas, para evitar una competencia desleal con aquellos que provienen de la producción comunitaria.
5. Establecer, entre otros, un mecanismo de información actualizada y continua con las administraciones y los agentes sociales de los contingentes de importación de productos agrícolas establecidos en los acuerdos entre la Unión Europea y
terceros países y que hayan entrado en la Unión Europea en los últimos años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Tomás Fernández Ríos y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de apoyo al sector pesquero, para su
debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector pesquero español es un motor esencial para la economía del sector primario y nos abastece de alimentos fundamentales para nuestra dieta mediterránea, que con orgullo exportamos al mundo. Con más de diez millones de raciones de
alimento diario da de comer a seis de cada diez españoles que consumen pescado dos o tres veces por semana y genera exportaciones que superan los tres mil millones de euros al año.
Sin embargo, la crisis sanitaria del COVID-19 está causando mucha incertidumbre y pasando una severa factura económica a toda nuestra actividad pesquera que afecta a más de 50.000 familias de pescadores y más de 9.000 barcos pesqueros que
faenan en España y a toda nuestra industria transformadora y comercializadora. Ante esta situación, es momento de tomar medidas urgentes y contundentes, coordinando la acción de los gobiernos en España con las instituciones europeas para acudir al
rescate de un sector bandera de nuestro país en todo el mundo.
El sector pesquero, junto al resto del sector primario español, desempeña una labor crítica en estos momentos tan difíciles y cumple con su función social de garantizar el abastecimiento de alimentos y productos básicos de forma segura a los
ciudadanos cuando más los necesitamos. Por ello, las instituciones debemos velar por que puedan seguir haciéndolo en las mejores condiciones sanitarias, ofreciendo información clara y directa y las facilidades necesarias para remar todos juntos en
la misma dirección.
Por ello, en la presente iniciativa, se propone catalogar a la pesca como sector prioritario de manera explícita, dentro del Estado de alarma así como en el resto de medidas y planes que se desarrollen desde el Gobierno de España en
colaboración con el resto de administraciones para garantizar su actividad productiva esencial.
Asimismo, se plantea un plan específico de adaptación de las medidas laborales y sanitarias que permitan al sector pesquero español seguir abasteciendo a la población garantizando las máximas condiciones de seguridad.
En relación a las medidas de apoyo directo, se insta al Gobierno a utilizar todo el presupuesto del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) destinado a España no gastado hasta la fecha para dedicarlo al rescate del sector ante la crisis del
COVID-19. Se incluye flexibilizar los proyectos en marcha pagados por el FEMP: extender los plazos y los calendarios para poder hacer frente a esta crisis de forma inmediata sin perder recursos para el sector en el futuro.
En línea con lo anterior, se valora modificar el artículo 33 del FEMP para que las ayudas por cese temporal se puedan conceder también por razones de emergencia sanitaria; ya que actualmente estas ayudas están ligadas a fenómenos
medioambientales o meteorológicos. Es urgente modificar el FEMP para dar cobertura a los paros por causas directas de salud pública (afectados y cuarentenas) e indirectas (comercialización del producto) relacionadas con el COVID-19. Por último
pero no menos importante, se plantea modificar el FEMP para permitir las ayudas públicas directas al almacenamiento de productos de pesca, haciéndose cargo de los costes de congelación y paralización del pescado que está causando la emergencia
sanitaria.
También, en el apartado de ayudas directas, se propone evaluar medidas de indemnizaciones directas al sector para compensar los daños directos e indirectos de esta crisis a consecuencia de la caída de las ventas, las restricciones para
faenar, el cierre de lonjas o el desplome de los precios. En esta categoría, también se insta a ampliar y flexibilizar el plazo para solicitar las ayudas de minimis hasta finales de 2020 y utilizar las ayudas previstas por el 'New Temporary
Framework' para combatir los efectos de esta crisis.
Por último pero no menos importante, se insta a tomar medidas en materia de transformación y promoción del sector pesquero. En este sentido se propone Fomentar e incentivar la transformación digital del sector y la puesta en marcha de
canales de venta directa productor-consumidor, conectando
la oferta con la demanda de particulares en tiempo real. En el ámbito de la información y promoción se valora abrir canales o plataformas de comunicación con el sector para proporcionar la información puntual y necesaria, incluyendo el
seguimiento de las condiciones sanitarias y laborales o las posibilidades de financiación y ayudas existentes. De igual modo, se insta promover campañas de comunicación para promocionar el consumo regular de pescado como parte esencial de una dieta
saludable. En relación a esta última idea, se podrían implementar casos de éxito en países cercanos como la campaña '#FishToYourDoor' promocionada por el gobierno británico para entregar pescado a domicilio en porciones individuales, preparado y
empaquetado, directamente al consumidor con plenas garantías sanitarias.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Catalogar a la pesca como sector prioritario de manera explícita, dentro del Estado de alarma así como en el resto de medidas y planes que se desarrollen desde el Gobierno de España en colaboración con el resto de administraciones para
garantizar su actividad productiva esencial.
2. Realizar un plan específico de adaptación de las medidas laborales y sanitarias que permitan al sector pesquero español seguir abasteciendo a la población garantizando las máximas condiciones de seguridad.
3. Utilizar todo el presupuesto del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) destinado a España no gastado hasta la fecha para dedicarlo al rescate del sector ante la crisis del COVID-19. De igual modo, flexibilizar los proyectos en marcha
pagados por el FEMP: extender los plazos y los calendarios para poder hacer frente a esta crisis de forma inmediata sin perder recursos para el sector en el futuro.
4. Modificar el artículo 33 del FEMP para que las ayudas por cese temporal se puedan conceder también por razones de emergencia sanitaria; ya que actualmente estas ayudas están ligadas a fenómenos medioambientales o meteorológicos.
5. Modificar el FEMP para permitir las ayudas públicas directas al almacenamiento de productos de pesca, haciéndose cargo de los costes de congelación y paralización del pescado que está causando la emergencia sanitaria.
6. Evaluar medidas de indemnizaciones directas al sector para compensar los daños directos e indirectos de esta crisis a consecuencia de la caída de las ventas, las restricciones para faenar, el cierre de lonjas o el desplome de los
precios.
7. Ampliar y flexibilizar el plazo para solicitar las ayudas de minimis hasta finales de 2020 y utilizar las ayudas previstas por el 'New Temporary Framework' para combatir los efectos de esta crisis.
8. Fomentar e incentivar la transformación digital del sector y la puesta en marcha de canales de venta directa productor-consumidor, conectando la oferta con la demanda de particulares en tiempo real.
9. Abrir canales o plataformas de comunicación con el sector para proporcionar la información puntual y necesaria, incluyendo el seguimiento de las condiciones sanitarias y laborales o las posibilidades de financiación y ayudas existentes.
10. Promover campañas de comunicación para promocionar el consumo regular de pescado como parte esencial de una dieta saludable. En relación a esta última idea, se podrían implementar casos de éxito en países cercanos como la campaña
'#FishToYourDoor' promocionada por el gobierno británico para entregar pescado a domicilio en porciones individuales, preparado y empaquetado, directamente al consumidor con plenas garantías sanitarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas andaluzas afectadas por diversas circunstancias excepcionales en 2020, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrario está acogido, de manera mayoritaria, al sistema de módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por el que reduce el trabajo administrativo y burocrático de nuestros agricultores. Bajo este sistema
declaran los niveles de ingresos medios y bajos, ya que los niveles de ingresos altos están adscritos al régimen de estimación directa del IRPF.
En el anexo I de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido se aprobaron los signos, índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales para determinar su rendimiento neto.
En el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación
el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, la Ministra de Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los
signos, índices o módulos.
Es preceptivo que las administraciones competentes elaboren sus informes sobre los acontecimientos excepcionales en el año impositivo. Así, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe elaborar un informe en el que se propondrán
las reducciones de los índices de rendimiento neto (módulos) en el régimen de estimación objetiva del IRPF, aplicables a aquellas actividades agrarias que durante el ejercicio 2019 sufrieron fuertes descensos en los rendimientos por causas
extraordinarias. Este documento será remitido posteriormente al Ministerio de Hacienda.
Siguiendo este procedimiento, la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible elevó al Ministerio un informe sobre reducción de los índices de rendimiento neto en régimen de
estimación objetiva del IRPF, aplicables a las actividades agrarias que durante 2019 sufrieron fuertes descensos en la producción por causas extraordinarias, siguiendo criterios objetivos.
En base al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Ministerio de Hacienda aprobó la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2019 los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales que fue objeto de publicación en el 'Boletín Oficial
del Estado' el pasado 9 de abril, con la campaña de la Renta ya iniciada.
La orden de reducción de módulos de IRPF publicada viene precedida por una reiterada reclamación de rebaja fiscal por parte de la Consejería de Agricultura y recogida en un exhaustivo informe remitido al Gobierno el pasado mes de febrero.
Un documento donde se recoge los daños ocasionados en diferentes producciones agrícolas y ganaderas a lo largo de 2019 por adversidades meteorológicas, la crisis de precios, la imposición de aranceles o la disminución en un 8,6 % de la renta
agraria.
Tal es si, que el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación alude a las excepcionales circunstancias de los fenómenos meteorológicos y sus devastadores efectos sobre las producciones agrarias en 2019 para justificar la urgencia
de tramitar de forma extraordinaria un Real Decreto-ley (Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación) en lugar de una Ley de tramitación ordinaria.
La reducción efectuada por el Ministerio de Hacienda mediante la Orden Ministerial no atiende a las principales propuestas realizadas por la Junta de Andalucía y provoca agravios en el campo andaluz,
especialmente en sectores como el olivar, frutas y hortalizas han resultado especialmente penalizados, pues no se ha tenido en cuenta la crisis de precios que sufren.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a corregir, con carácter urgente y sin demora, la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, para atender la propuesta realizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía, relativa a reducción de los índices de rendimiento neto (módulos) aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF a aquellas actividades agrarias andaluzas que durante el ejercicio 2019 sufrieron fuertes
descensos en los rendimientos por causas extraordinarias, con el fin de evitar agravios comparativos en esta Comunidad Autónoma y perjuicios económicos a sectores fundamentales para Andalucía como son, entre otros, el hortofrutícola, el del olivar,
el del cereal y el ganadero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Milagros Marcos Ortega y Marta González Vázquez, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los índices de rendimiento neto
aplicables en la Comunidad Autónoma de Galicia, en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales en 2020, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrario está acogido, de manera mayoritaria, al sistema de módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por el que reduce el trabajo administrativo y burocrático de nuestros agricultores. Bajo este sistema
declaran los niveles de ingresos medios y bajos, ya que los niveles de ingresos altos están adscritos al régimen de estimación directa del IRPF.
En el anexo I de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido se aprobaron los signos, índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales para determinar su rendimiento neto.
En el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación
el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, la Ministra de Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los
signos, índices o módulos.
Es preceptivo que las administraciones competentes elaboren sus informes sobre los acontecimientos excepcionales en el año impositivo. Así, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe elaborar un informe en el que se propondrán
las reducciones de los índices de rendimiento neto (módulos) en el régimen de estimación objetiva del IRPF, aplicables a aquellas actividades agrarias que durante el ejercicio 2019 sufrieron fuertes descensos en los rendimientos por causas
extraordinarias. Este documento será remitido posteriormente al Ministerio de Hacienda.
En base al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Ministerio de Hacienda aprobó la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2019 los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 9 de abril, con la campaña de la Renta ya
iniciada.
La orden de reducción de módulos de IRPF publicada viene precedida por una reiterada reclamación de rebaja fiscal por parte de la Consejería de Medio Rural de Galicia.
La reducción efectuada por el Ministerio de Hacienda mediante la Orden Ministerial no atiende a criterios objetivos y provoca agravios en el campo gallego, especialmente en sectores como la patata, uva de vino, castaña, etc; que han
resultado especialmente penalizados, pues no se ha tenido en cuenta la crisis de precios que sufren. Y discriminando en una misma comarca agrícola unos ayuntamientos de otros. Sirva como ejemplo que quedan exentas de este trato fiscal las cinco
Denominaciones de Origen de vino, cuando se incluyen las del resto de España. O en una Comarca agrícola como a Límia sólo afecta la bajada de tipos a dos ayuntamientos, excluyendo a todos los limítrofes que también producen patata. O en un
producto como la castaña se incluye la provincia de Ourense completa y la de Lugo se reduce a unos concretos ayuntamientos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a corregir, con carácter urgente y sin demora, la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, para atender la propuesta realizada por la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, relativa a
reducción de los índices de rendimiento neto (módulos) aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF a aquellas actividades agrarias gallegas, con el fin de evitar agravios comparativos dentro de esta Comunidad Autónoma y con el resto de
Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Milagros Marcos Ortega, Marta González Vázquez, Ana Belén Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Joaquín María García Díez, Jaime Eduardo de Olano Vela, María Pilar Ramallo Vázquez,
Javier Bas Corugeira, Diego Gago Bugarín, Tristana María Moraleja Gómez y María Valentina Martínez Ferro, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas aragonesas afectadas por diversas circunstancias excepcionales en 2020, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En la España rural, la agricultura y ganadería representan un sector fundamental para el desarrollo económico y social. Un sector que aumenta gracias a la fuerte inversión en tecnología y desarrollo de nuevos regadíos que nuestros
agricultores y ganaderos están implantando en sus explotaciones.
En la provincia de Teruel estos sectores representan un 32,63 % de su PIB y supone un eje fundamental para mantener, fijar y ampliar población en nuestro territorio.
Teniendo en cuenta que el sector agrario está acogido, de manera mayoritaria, al sistema de módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por el que reduce el trabajo administrativo y burocrático de nuestros
agricultores. Bajo este sistema declaran los niveles de ingresos medios y bajos, ya que los niveles de ingresos altos están adscritos al régimen de estimación directa del IRPF.
Uno de los productos por excelencia, es el denominado melocotón de Calanda el cual es producido en 45 municipios, contiene más de 4.654 km2 de cultivo y en el año 2019 se comercializaron 3.780 millones de kg.
Fruta de hueso dulce que, a diferencia de otros tipos de melocotón de la geografía española necesita de labores exclusivas y laboriosas como son el aclareo y embolsado. Ello supone la inclusión de importante mano de obra que aumenta el
coste de producción en un 35 % y que no se refleja en los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF.
Además de ello, la subida del salario mínimo interprofesional establecida en el Real Decreto 231/2020 de 4 de febrero, supone un coste adicional del 5,5 % para los profesionales del sector respecto a las previstas en el Real Decreto
1462/2018 de 21 de diciembre que dificulta todavía más, la contratación de un mayor número de empleados.
A ello le añadimos que desde el año 2018 y de forma sucesiva, se ha producido un incremento exponencial del índice del rendimiento neto aplicable en el método de estimación objetiva del IRPF. Pasamos del 0,13 (año 2018), el 0,19 (año 2019)
y este año 2020 ha subido al 0,26.
Teniendo en cuenta que, el pasado 02 de abril del año 2019 y en pleno proceso de floración del melocotón, la zona del Bajo Aragón, más concretamente en los municipios de Foz-Calanda, Calanda, Castelserás y Alcañiz, sufrieron una fuerte
helada (inclemencias metereológicas) que hizo disminuir su producción un 40 %.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a corregir, con carácter urgente y sin demora, la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, relativa a reducción de los índices de rendimiento neto (módulos) aplicables en el método de estimación
objetiva del IRPF a la actividad de fruta no cítrica que durante el ejercicio 2019 sufrieron fuertes descensos en los rendimientos con el fin de evitar agravios comparativos y perjuicios económicos a un sector fundamental para Aragón como es el
hortofrutícola. Incluir a Foz-Calanda dentro de los municipios de la provincia de Teruel con características especiales, como municipio productor de fruta no cítrica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-José Alberto Herrero Bono y Marta González Vázquez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales en 2019 en Extremadura, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrario está acogido, de manera mayoritaria, al sistema de módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por el que reduce el trabajo administrativo y burocrático de nuestros agricultores. Bajo este sistema
declaran los niveles de ingresos medios y bajos, ya que los niveles de ingresos altos están adscritos al régimen de estimación directa del IRPF.
En el anexo I de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido se aprobaron los signos, índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales para determinar su rendimiento neto.
En el artículo 37.4.1.0 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación
el método de estimación objetiva, se viese alterado por
incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, la Ministra de Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos.
Es preceptivo que las administraciones competentes elaboren sus informes sobre los acontecimientos excepcionales en el año impositivo. Así, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe elaborar un informe en el que se propondrán
las reducciones de los índices de rendimiento neto (módulos) en el régimen de estimación objetiva del IRPF, aplicables a aquellas actividades agrarias que durante el ejercicio 2019 sufrieron fuertes descensos en los rendimientos por causas
extraordinarias. Este documento será remitido posteriormente al Ministerio de Hacienda.
En base al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Ministerio de Hacienda aprobó la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2019 los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del
Estado el pasado 9 de abril, con la campaña de la Renta ya iniciada.
Durante todo el año 2019, Extremadura ha padecido una gran sequía en todo su territorio. De norte a sur, todas las producciones agrícolas han visto mermadas sus cosechas y las explotaciones ganaderas han generado un gran sobrecoste, lo que
ha conducido a los agricultores y ganaderos extremeños a unas pérdidas económicas que los ha puesto al borde del cierre de sus explotaciones. Este hecho se ha agravado aún más por la situación del mercado que hace insostenible la venta de los
productos agrarios a tan bajos precios, por lo que los productores han reclamado en las calles, unos precios justos para lo que cultivan y crían. En estos graves momentos que estamos padeciendo hemos comprobado la importancia de asegurar el
abastecimiento de alimentos a la población y el peligro que supondría el cierre de explotaciones agrarias, sobre todo en ciertos sectores como la ganadería que está atravesando una gran crisis, fundamentalmente por el cierre del canal HORECA.
La orden de reducción de módulos de IRPF publicada viene precedida por una reiterada reclamación de rebaja fiscal para las actividades agrícolas y ganaderas existentes en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura, que sin embargo no se
refleja en la Orden publicada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a corregir, con carácter urgente y sin demora, la Orden HAC/32912020, de 6 de abril, por la que se reducen para el periodo impositivo 2019 los índices de rendimiento neto aplicables en el
método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, de tal forma que se suprima el agravio al que se ha sometido a los productores extremeños frente a los del resto
de España, valorándose correctamente las pérdidas que han provocado esas circunstancias adversas en las explotaciones agrarias de toda la Comunidad Autónoma de Extremadura y atendiéndose las reivindicaciones que en este sentido han realizado las
Organizaciones Agrarias extremeñas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Milagros Marcos Ortega, María Teresa Angulo Romero, Víctor Valentín Píriz Maya, Alberto Casero Ávila y Marta González Vázquez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas castellano y leonesas afectadas por diversas circunstancias excepcionales en 2020, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrario está acogido, de manera mayoritaria, al sistema de módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por el que reduce el trabajo administrativo y burocrático de nuestros agricultores. Bajo este sistema
declaran los niveles de ingresos medios y bajos, ya que los niveles de ingresos altos están adscritos al régimen de estimación directa del IRPF.
En el anexo I de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido se aprobaron los signos, índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales para determinar su rendimiento neto.
En el artículo 37.4.1.0 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación
el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, la Ministra de Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los
signos, índices o módulos.
Es preceptivo que las administraciones competentes elaboren sus informes sobre los acontecimientos excepcionales en el año impositivo. Así, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe elaborar un informe en el que se propondrán
las reducciones de los índices de rendimiento neto (módulos) en el régimen de estimación objetiva del IRPF, aplicables a aquellas actividades agrarias que durante el ejercicio 2019 sufrieron fuertes descensos en los rendimientos por causas
extraordinarias. Este documento será remitido posteriormente al Ministerio de Hacienda.
Siguiendo este procedimiento, la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Agricultura, Ganadería, y Desarrollo Rural elevó al Ministerio un informe sobre reducción de los índices de rendimiento neto en régimen de estimación
objetiva del IRPF, aplicables a las actividades agrarias que durante 2019 sufrieron fuertes descensos en la producción por causas extraordinarias, siguiendo criterios objetivos.
En base al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Ministerio de Hacienda aprobó la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2019 los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del
Estado el pasado 9 de abril, con la campaña de la Renta ya iniciada.
La orden de reducción de módulos de IRPF publicada viene precedida por una reiterada reclamación de rebaja fiscal por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y recogida en el correspondiente informe remitido al
Gobierno cuyo tenor no se refleja completamente en la Orden publicada
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a corregir, con carácter urgente, la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, para atender la propuesta realizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, y Desarrollo Rural de la Junta de
Castilla y León, relativa a reducción de los índices de rendimiento neto (módulos) aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF a aquellas actividades agrarias que durante el ejercicio 2019 sufrieron fuertes descensos en los rendimientos
por causas extraordinarias, con el fin de evitar agravios comparativos en esta Comunidad Autónoma y perjuicios económicos a sectores fundamentales para su economía. En todo caso se advierte además la necesidad de sustituir la referencia a
Municipios de Ponferrada por Comarca del Bierzo al ser esta la denominación que englobaría la totalidad de explotaciones afectadas de esa zona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Milagros Marcos Ortega y Marta González Vázquez, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en
el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución Española
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para su discusión en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. El artículo 3.1 de la Constitución establece que 'el castellano es la lengua oficial del Estado' y que 'todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla'. Se singulariza así al castellano frente a las demás
lenguas españolas como la oficial del Estado, al ser la única respecto de la cual se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento por todos los ciudadanos y, con él, la presunción de que todos los españoles la conocen.
Segundo. El pasado 22 de noviembre de 2019 se publicó en el 'Boletín Oficial del País Vasco' (BOPV) el Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las
instituciones locales de Euskadi, que parte del carácter 'minoritario' y 'vulnerable' de la lengua vascuence y que, en su artículo 1.2, reconoce entre sus objetivos 'normalizar y fomentar el uso del euskera en la administración local con el objetivo
de convertirla en lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades'.
Entre esos objetivos se pueden señalar los siguientes ejemplos:
- El artículo 5.3 enumera entre los principios rectores de este Decreto la 'autonomía lingüística local', que se concreta en que 'los municipios [...] dirigirán su política lingüística, su acción y su práctica a lograr la plena normalización
del uso del euskera y la progresiva euskaldunización del funcionamiento institucional y administrativo'.
- Por su parte, la letra a) del apartado 7 del artículo 5 marca a las entidades locales vascas el camino de un 'uso progresivo y creciente del euskera en sus actividades internas y en su actividad con proyección exterior', mientras que la
letra c) del citado apartado extiende esta imposición, incluso, a 'la vida privada' del respectivo ámbito de competencia de la entidad local.
- Así, en lo que se refiere a las actividades internas, el apartado segundo del artículo 9 dispone que 'la planificación lingüística se dirigirá a posibilitar que las actuaciones municipales puedan desarrollarse en euskera. A tal efecto
adoptarán medidas tendentes al funcionamiento del municipio en euskera, especialmente en los ámbitos vitales del euskera'. Por lo que respecta a la proyección exterior, conforme al artículo 10, 'los municipios planificarán las medidas dirigidas al
fomento del conocimiento y extensión del uso social del euskera en el ámbito municipal, especialmente en la publicidad en la vía pública, en las actividades laborales, profesionales, mercantiles, culturales, asociativas, deportivas, audiovisuales,
cine y espectáculos, lúdicas y de entretenimiento, prensa de ámbito municipal y de formación.'.
- El artículo 24 impone el vascuence como única lengua de tramitación de aquellos procedimientos administrativos en los que todas las personas interesadas utilicen esta lengua, así como en los iniciados de oficio por la administración,
señalando expresamente que 'el euskera, como lengua de uso normal y general, podrá utilizarse en la tramitación de los procedimientos administrativos iniciados de oficio'.
- El artículo 28 obliga a la existencia de modelos normalizados solo en vascuence o en vascuence y castellano (forma bilingüe), soslayando el primero de ellos la oficialidad del castellano, que no es materia disponible. Además, en los
formatos bilingües el texto en lengua vasca tendrá una posición preferente. De la misma manera, el artículo 39 impone que se cursarán únicamente en vascuence las comunicaciones efectuadas por las entidades locales de la Comunidad Autónoma vasca a
otras administraciones públicas radicadas en la misma región y en las demás donde el vascuence sea lengua oficial.
- En materia de señalización, el artículo 44.8 exige que se dé prioridad a las denominaciones en vascuence frente a las denominaciones en castellano para el caso de que hubiera que oficializar nuevas denominaciones para espacios geográficos
determinados.
- Por último, existe una larga lista de documentos, comunicaciones, traducciones o señales que deberán realizarse, 'por lo menos', en vascuence.
Tercero. El Grupo Parlamentario VOX considera que la calificación del vascuence como 'lengua propia del País Vasco' que hace el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco supone
que este se califique como lengua peculiar de la región vasca, pero no impide que se considere también al castellano como idioma propio y autóctono de la comunidad autónoma, en tanto que posee un enorme arraigo histórico y que es la lengua común a
todos los que formamos la Nación española, de la cual los vascos son parte esencial.
Y es esto último lo que diferencia el modelo lingüístico consagrado por la Constitución de los sistemas de otros países, como Bélgica o Suiza, en los que no existe un único idioma oficial en todo el Estado: todos los españoles, por el mero
hecho de serlo, tienen no solo el derecho a usar el castellano, sino también la obligación de conocerlo, algo que no cabe predicar de las demás lenguas españolas. Ello significa que, por un lado, nunca pueda tacharse de discriminatoria la actuación
de las administraciones públicas realizada en castellano y, por otro, que la utilización del castellano sea obligatoria por parte de todos los poderes públicos del Estado, sin perjuicio del derecho de los individuos de usar, cuando proceda, la
lengua cooficial.
Cuarto. El Grupo Parlamentario VOX entiende que el referido Decreto supone favorecer la eliminación del castellano de las comunicaciones entre las entidades locales y los administrados y dividir a los vascos en ciudadanos de primera y de
segunda en función de la lengua que empleen, desarrollando los mismos postulados inconstitucionales contenidos en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.
Asimismo, manifiesta que el Decreto 179/2019 incurre en inconstitucionalidades materiales que derivan de no haberse respetado las funciones que, como lengua oficial del Estado e idioma común de todos los españoles, tiene el castellano y que
soslayan el 'equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales' (Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio de 2010), por lo que considera que vulnera la Constitución Española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución en la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en consecuencia, el derecho de
todos los vascos a no ser discriminados por usar el castellano, lengua oficial del Estado, en sus relaciones con las administraciones públicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez y José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentaro VOX.
161/000747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Política Territorial y Función Pública, relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
Exposición de motivos
Como consecuencia de la crisis del 2008, se impuso en nuestro país por el Ministro Montoro una aplicación de la regla de gasto impuesta por la UE muy diferente al resto de Europa, plasmada en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La regla se aplicaba en la UE al conjunto de las administraciones públicas, no a cada una de ellas por separado como se impuso en nuestro país, y su incumplimiento además no conllevaba sanciones como las que Montoro se empeñó en aplicar a
nuestras Corporaciones Locales.
La imposición de esa regla de gasto restringió de manera injustificada la actuación de las Corporaciones Locales en un contexto en el que coexistían importantes superávits presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido a unas
políticas públicas debilitadas durante años.
Sin embargo la deuda de las Corporaciones Locales ha descendido en un 11 % de media en el último año, algunas las han reducido a proporciones mínimas, incluso a cero; siendo además las administraciones públicas que más han aportado en la
reducción del déficit público. Como consecuencia de esto, el superávit de las Corporaciones Locales españolas es cinco décimas superior al promedio de la Unión Europea, situándose a esta fecha en más de 27 mil millones de euros.
La pandemia producida por el COVID-19 ha implosionado en una tremenda crisis sanitaria y, como consecuencia de ella, también en una devastadora crisis social que empuja a millones de ciudadanos y ciudadanas a una situación de vulnerabilidad.
Solo una decidida política de inversión pública puede ayudar a contrarrestar los efectos esta brutal crisis social. Es ineficaz que en esto momentos el dinero público esté paralizado en los bancos cuando tan necesario es invertirlo en las
personas. Ahora además los bancos pretenden cobrar a las Corporaciones Locales comisiones por ese dinero que está depositado sin poderse gastar por esa regla de gasto, y ya han anunciado que cobrarán un 0,35 % al año por esos 27 mil millones de
euros inmovilizados.
Urge por tanto revisar, sin más dilación, esa regla de gasto en el sentido de permitir a las Corporaciones Locales invertir ese dinero en políticas sociales tan necesarias como imprescindibles en estos momentos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
1. Modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos y eliminando toda
traba o condición previa tanto para la posibilidad del uso del superávit como para los destinos a los que se pueda aplicar.
2. Hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el Parlamento, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local comunicarán a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales la suspensión de las
normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de la regla de gasto, para que puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia. En este sentido,
se procederá a modificar la Guía de Interpretación de la Regla de Gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de la crisis en servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza,
desinfección, seguridad ciudadana y materiales de seguridad de empleados municipales no computen con las reglas de estabilidad y techo de gasto.
3. Permitir superar los límites de la masa salarial, al amparo de lo anterior, para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las Entidades Locales.
4. Crear un fondo de compensación con dotación suficiente que venga a paliar la notoria pérdida de ingresos que van a sufrir las Corporaciones Locales, principalmente en los conceptos de tasas y precios públicos. Un caso singular lo
constituye el transporte urbano colectivo de viajeros: la fase de normalización va a estar caracterizada por una progresiva reincorporación de los ciudadanos a sus actividades ordinarias, con el mantenimiento de medidas de protección a la salud y
distanciamiento social en el transporte, lo que
sin duda supondrá una importante disminución de los ingresos por viajeros y un considerable incremento de los costes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un Plan Urgente de Desarrollo de
Telemedicina y otros servicios digitales en zonas rurales y en la España despoblada, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La situación generada por la expansión de la pandemia del COVID-19 en nuestro país ha puesto de relieve el riesgo de colapso económico y social si no se adoptan medidas urgentes que permitan sostener la actividad económica y el empleo.
Desde esa perspectiva, una de las estrategias que viene defendiendo el Grupo Parlamentario Popular consiste en acelerar la transformación digital de nuestra economía, adaptando empresas y capacitando a directivos, trabajadores y ciudadanía en
general para aprovechar las oportunidades que brinda la denominada economía 4.0.
Asimismo, la crisis sanitaria que padecemos también ha comenzado a cambiar la percepción ciudadana sobre el mundo rural y la 'España' que venía afrontando el llamado 'reto demográfico'. Cada vez más ciudadanos han optado por pasar el
confinamiento en sus segundas viviendas situadas en zonas rurales o alejadas, dejando atrás las grandes ciudades y núcleos urbanos, con un doble objetivo; por un lado, reforzar su distanciamiento social como medida preventiva ante el posible
contagio y; segundo, encontrar en el entorno natural una calidad de vida de superior condición que en un entorno urbano con movilidad restringida.
Ese nuevo fenómeno, todavía incipiente, de movimiento demográfico desde las ciudades a los pueblos, ofrece nuevos retos y oportunidades que deben ser previstas desde ahora por las Administraciones públicas con arreglo a dos prioridades
principales.
La primera de las prioridades debe consistir en la prevención sanitaria, en definitiva, en el desarrollo de los protocolos y medidas conducentes a evitar el descontrol sanitario en ese tipo de movimientos de personas, que pueda perjudicar
las buenas condiciones sanitarias conseguidas en aislamiento y distancia social en las zonas rurales.
La segunda de las prioridades, debe enfocarse a facilitar a todos los residentes en dichas zonas rurales y de la España despoblada los mismos servicios que pueden disfrutar quienes residen en entornos urbanos. Hoy, y cada vez de manera más
intensa en el futuro, las tecnologías, productos y servicios digitales, brindan muchos de esos servicios desde distintas perspectivas, desde el ámbito sanitaria, asistencial, educacional, etc.
Y, tal y como hemos defendido en una reciente Proposición no de Ley para la implementación del Plan 300x100 de redes de conectividad ultrarrápida en todo el territorio nacional para dar cobertura de calidad a zonas rurales y de la España
despoblada, 'es el territorio menos poblado, con población más dispersa, el que se puede beneficiar más de los avances tecnológicos digitales por una doble razón; primero, porque mejoran las oportunidades y el bienestar que supone la tecnología
para todos; y segundo, porque reducen las barreras de la lejanía y de la dispersión'.
Con la presente Proposición no de Ley el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pone en marcha una primera prioridad de desarrollo de servicios soportados en la red ultrarrápida del Plan 300x100 enfocada en los servicios sanitarios y
asistenciales mediante tecnologías digitales o de telemedicina para las zonas rurales y la España vaciada.
En España existen más de dos millones de personas mayores de 65 años que viven solas y, de estas, más de 850.000 tienen ochenta años o más. La situación de confinamiento para detener la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la
situación de los ancianos, carentes de cuidadores o sin poder recurrir a ellos por miedo al contagio, que tienen que arreglárselas solos cada día para llevar a cabo sus rutinas diarias: comida, aseo, medicación, etc.. Para ellos, es clave mantener
la comunicación con los sanitarios pero también con los familiares y amigos, ya sea por teléfono o videoconferencia.
Casi el 50 % de los mayores de sesenta y cinco años se conecta a Internet desde su casa y, en la mayoría de los casos, lo hacen a través de su móvil pero, entre la población de más edad, no conocen el uso de las nuevas tecnologías.
En España, las zonas rurales presentan un elevado índice de envejecimiento -alto porcentaje de población mayor de sesenta y cinco años- y sobreenvejecimiento -alto porcentaje de mayores de 80- como consecuencia de la continuada emigración de
sus poblaciones desde la segunda mitad del siglo XX. El éxodo el campo a la ciudad ha ido reduciendo el tamaño de los pequeños pueblos, especialmente de la población más joven, que, atraída por las posibilidades de desarrollo económico y personal
que ofrecían las ciudades, ha elegido abandonar sus municipios de origen.
En términos demográficos, la primera consecuencia de este proceso continuado de emigración de la población joven es el envejecimiento poblacional, que es muy superior en las zonas rurales al del conjunto de España. Así, en los municipios
que tienen menos de 5.000 habitantes, casi el 25 % de la población supera los 65 años, un porcentaje que asciende hasta casi el 40 % en los municipios más pequeños, muy por encima del 19 % que suponen en el conjunto del país. Los mayores de ochenta
años son más del 10 % en los pueblos de menos de 1.000 habitantes, mientras que los valores totales para España no llegan al 6 %.
La relación entre envejecimiento y entorno es, por tanto, evidente: cuanto más pequeño es el municipio, más grande es la proporción de población mayor que tiene. La demografía nos proporciona una foto clara de la llamada crisis del
cuidado, alertándonos sobre la paradoja de que al mismo tiempo que aumenta la población mayor y, por tanto, crecen las necesidades de atención que dicho colectivo requiere, desciende el número de personas potencialmente disponibles para atenderlos.
Por lo tanto, la pregunta es: ¿quién cuida a las personas mayores?
Los mayores en zonas rurales muestran preferencia por el cuidado a cargo de familiares: casi el 86 % de las personas mayores de sesenta y cinco años que viven en municipios con menos de 5.000 habitantes (los más envejecidos) manifiestan
preferir ser cuidados únicamente por miembros de su familia, y son muy pocos, menos del 10 %, quienes afirman que les gustaría ser atendidos por cuidadores externos. En las ciudades más grandes, con más de 100.000 habitantes, parece existir un
mayor grado de aceptación del cuidado profesional, ya que más de un 30 % de los mayores señala que le gustaría contar con el apoyo de cuidadores no familiares (como cuidadores únicos o como complemento al apoyo familiar).
La creciente evolución e innovación en nuevas tecnologías digitales en Salud está permitiendo que se desarrollen más proyectos de telemedicina que pueden ayudar a paliar la situación expuesta. El aumento en la velocidad de banda ancha
facilita el desarrollo de proyectos que permiten desde la interconsulta a distancia hasta el control remoto de pacientes. De la misma forma, la inclusión de la banda ancha inalámbrica permite que estas iniciativas puedan alcanzar zonas distantes.
Gracias a la interoperabilidad de los sistemas y las telecomunicaciones, la telemedicina facilita todo el proceso de atención desde la gestión administrativa, diagnóstico, tratamiento o educación en salud.
La asistencia médica remota gracias a la conexión con especialistas en otro punto es uno de sus usos más extendidos. La teleconsulta, posibilita el seguimiento, diagnóstico o tratamiento de pacientes a distancia. Para ello, el intercambio
de información clínica es esencial. La telemonitorización, facilita el seguimiento de los pacientes -en muchas ocasiones enfermos crónicos-incorporando a la teleconsulta sensores remotos que permiten el seguimiento de parámetros biológicos,
fisiológicos y biométricos.
La telemonitorización juega un papel fundamental en el empoderamiento de los pacientes respecto a su salud. Así, les permite adquirir un papel activo en sus cuidados, al mismo tiempo que reduce su estancia en el hospital.
Incluso mediante la instalación en domicilio de equipamiento médico y sensórica que permiten el seguimiento en remoto de constantes vitales, es posible la hospitalización domiciliaria, que acorta la estancia de los pacientes en el hospital
para procesos postoperatorios o cuidados paliativos.
También la sanidad digital permita usos enfocados a la prevención y la bioseguridad sanitaria, la gestión administrativa y de servicios al paciente, como la cita previa para una consulta o solicitudes de
pruebas médicas, así como la formación a distancia y apoyo en la toma de decisiones para los profesionales de salud.
Finalmente, también debe considerarse en la estrategia de utilización de las tecnologías digitales disponibles para atención prioritaria a nuestros mayores, el actual modelo de farmacia que ha demostrado ser una garantía en la prestación del
servicio, un refuerzo esencial al resto del sistema sanitario por su proximidad al ciudadano. Es conveniente profundizar en este momento en el modelo de Farmacia Comunitaria impulsando los Servicios Farmacéuticos Asistenciales también de manera
telemática mediante soluciones de teleconsulta, videoconsulta y similares, para responder al reto del envejecimiento, cronicidad y dependencia, favoreciendo la coordinación con el resto del sistema sanitario y asistencial para atender a nuestros
mayores.
En definitiva, la Telemedicina favorece la comunicación y el trabajo colaborativo entre profesionales de la salud sin importar su ubicación geográfica y permite la incorporación de familiares que no conviven con el paciente al modelo de
asistencia remota. En este sentido, no solo supone una ventaja para los profesionales de salud.
La Telemedicina está funcionando en los últimos años como una herramienta de empoderamiento para los pacientes a la hora de enfrentarse a su enfermedad gracias a la posibilidad de pedir una segunda opinión o diagnóstico, interactuar con
familiares y cuidadores e incluso tener un mayor protagonismo en el autocuidado y la prevención.
Los últimos avances en sanidad digital para la asistencia remota se enfocan ya a la asistencia robotizada. Considerando la perspectiva de la robótica asistencial, el Gobierno de Japón, debido al envejecimiento de la población y la carencia
de personal enfermero, lanzó en 2018 un plan tecnológico para que los robots cuidaran en 2020 del 80 % de los ancianos. Para ello, el Gobierno nipón ha impulsado numerosas empresas tecnológicas con el objetivo de que produzcan dispositivos
robóticos que ayuden a las personas mayores en sus tareas diarias: levantarse de la cama, sentarse en una silla de ruedas, bañarse, hacer ejercicio o incluso jugar con ellos.
Otras experiencias han demostrado que el uso de un chatbot o robot conversacional ayuda a mejorar la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. Un chatbot es un programa informático que emula la conversación humana con una
persona al proveer respuestas automáticas a consultas o preguntas realizadas por el usuario-paciente. El robot conversacional se basa en algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, almacena toda la información en servidores seguros
certificados para el almacenamiento de datos de atención médica y procesa las respuestas con técnicas avanzadas de tratamiento de la información.
De esa forma, el chatbot es capaz de analizar las consultas de los pacientes y enviar respuestas personalizadas y clínicamente validadas porque, en último término, están controladas por profesionales de la salud.
Es imprescindible desarrollar fórmulas que permitan 'humanizar' la incorporación de estas nuevas tecnologías robóticas y digitales a la vida diaria de nuestros mayores. En estos momentos dramáticos es necesario un nuevo concepto de
'tecnología humanista', como gran motor de la 4.ª revolución industrial, que coloque al individuo en el centro y fin último de toda tecnología y que aplique un código ético humanista a la hora de implementarla.
La sensación de soledad y desamparo en que se encuentran muchos de ellos, podría agravarse si la introducción de robótica y tecnología no va acompañada también de su reconexión con sus familias, amigos y resto de la sociedad. Mientras esa
reconexión no sea posible de manera física y presencial, -por exigencias de preservación de su propia salud-, debemos intensificar las posibilidades tecnológicas para que el reencuentro se pueda producir con los medios digitales ya disponibles. Y
puede hacerse desde doble perspectiva; desde una perspectiva sanitaria y desde una perspectiva de educación y capacitación.
Los habitantes en las zonas despobladas tienen derecho también a disfrutar de los servicios y las posibilidades vinculadas al mundo digital. Como ya hemos señalado al proponer el relanzamiento del Plan 300x100 de conectividad ultrarrápida
para el mundo rural, los servicios digitales no solo son útiles como acompañamiento y mejora de los servicios de salud en línea, la teleformación o el teletrabajo.
También aprovechan a los sistemas de producción y gestión de la energía; o en mejores herramientas para preservar nuestro medio ambiente e incrementar la posibilidad de reutilizar los residuos, avanzando hacia lo que se conoce como la
economía circular. O para facilitar la atracción de talento y la modernización de los negocios de los emprendedores y empresas del sector rural, desde el sector agroalimentario hasta
el turismo, y posibilitando nuevas alternativas para la comercialización de productos desde y hacia los núcleos rurales.
Por último, la Empresa Pública Correos debe cumplir también con sus obligaciones de servicio público garantizando el suministro a los residentes en la España despoblada y, en especial, a nuestros mayores y dependientes que viven en ellas, de
los productos y servicios que requieran, estableciendo las plataformas de pedido 'on line' y a domicilio y los protocolos de actuación que resulten precisos para que esa garantía del servicio de entrega a domicilio sea efectiva.
Es responsabilidad del Ejecutivo que los suministros esenciales en la zona rural estén garantizados durante esta emergencia y después de ella. En la medida que se extienda en nuestro país el uso de las tecnologías que permitan actividades
de comercio electrónico y pedidos 'on line' se incrementarán las necesidades de entrega a domicilio de mercancías y productos. Adicionalmente, las necesidades de aislamiento de estos colectivos de la población especialmente vulnerable, hace
necesario reforzar los sistemas de entrega a domicilio.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar en el plazo máximo de quince días un Plan de Desarrollo de Telemedicina y otros Servicios Digitales en zonas rurales y en la España despoblada que contemple, entre otras, las
siguientes medidas:
1. Reforzar tecnológicamente la asistencia integral de los residentes en zonas rurales y, especialmente, de las personas mayores y dependientes, a través de las siguientes líneas se acción:
1.1. Facilitar y promover la coordinación telemática de los servicios médicos de los centros residenciales con el sistema sanitario dotándolos de los recursos y tecnología necesaria para poder atender adecuadamente a los pacientes en su
residencia y mantener una comunicación fluida entre los profesionales.
1.2. Promocionar la asistencia a domicilio con equipos multidisciplinares y tecnologías que permitan la atención deslocalizada, mejorando la cobertura de los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio para mayores y dependientes,
asegurando una adecuada atención profesional para que puedan continuar viviendo en su propio domicilio y en su entorno social y familiar.
1.3. Desarrollar plataformas digitales y bases de datos que promuevan la coordinación entre la asistencia sanitaria, los servicios sociales, el tercer sector y el voluntariado para que la asistencia integral sea una realidad, así como las
actividades de autodiagnóstico en plataformas de comunidades virtuales.
1.4. Apoyo a iniciativas y acuerdos para la integración telemática de la Farmacia Española en las Estrategias Nacionales de Salud, así como el aumento del valor sanitario de la Farmacia rural a través de la interoperabilidad con el resto
del sistema de salud y la posibilidad de brindar servicios de teleconsulta remota.
1.5. Facilitar programas para que los recursos de alta capacidad de computación en territorio nacional se enfoquen en facilitar desarrollos de medicina personalizada y de precisión para mayores y dependientes fomentando la aplicación de
esas técnicas de análisis masivo de datos para su uso diagnóstico y clínico, con el empleo de inteligencia artificial, los sistemas no invasivos, la trazabilidad, la protección de los datos sensibles, y la usabilidad de la historia clínica
electrónica y el BigData, creando la estructura adecuada para mejorar la calidad, la eficacia y la seguridad en la atención sanitaria y en la investigación clínica para mayores y dependientes.
1.6. Elaborar planes de ayuda e incentivos para la implementación urgente de las descritas tecnologías digitales en residencias y viviendas de mayores, a fin de mitigar sus riesgos de contagio, mejorar las medidas de prevención y reconectar
a los mayores con su círculo familiar y personal, así como con el conjunto de la sociedad.
1.7. Desarrollar planes de formación a los empleados de las residencias de mayores y actividades vinculadas al cuidado de personas dependientes para el manejo de los robots domésticos, sistemas de teleasistencia, hospitalización
domiciliaria y equipos telemáticos en general.
1.8. Concienciar a la sociedad española, especialmente a las personas mayores, de los aspectos positivos de recibir la asistencia de un robot y hacer uso de tecnologías digitales del siglo XXI, especialmente en situaciones de pandemia.
2. Impulsar la accesibilidad de los residentes en zonas rurales y, especialmente, de nuestros mayores, a las capacitaciones TIC y a las aplicaciones del mundo digital en una Estrategia Nacional contra la soledad, que considere una política
integral que promueva el envejecimiento activo y saludable, la solidaridad intergeneracional, la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia, la salud física y mental, la participación en la vida social, política y económica
de sus comunidades y ciudades.
3. Promover nuevos recursos financieros y tecnológicos que den respuesta a las nuevas necesidades de atracción de talento y nuevo, facilitando iniciativas de viviendas compartidas y/o edificios inteligentes dotados de la domótica adecuada
para el trabajo, la supervisión y cuidado a distancia.
4. Garantizar a los residentes en zonas rurales que lo deseen el acceso permanente a la formación y el aprendizaje en las tecnologías digitales, así como ayudas para la adquisición de equipos y programas informáticos y/o suministro de
servicio de conectividad. Para ello se ampliarán los espacios de formación 'on line', en colaboración con las universidades y centros especializados y RTVE, para facilitar su desarrollo personal y la adquisición de nuevos conocimientos en el marco
de los programas de envejecimiento activo.
5. Desarrollar proyectos tecnológicos de inteligencia artificial para ayudar a los residentes en zonas rurales en las rutinas diarias, el control de su salud y la posibilidad de realizar gestiones bancarias y/o administrativas sin necesidad
de esperar grandes colas ni desplazarse.
6. Puesta en marcha de un 'Programa Nacional de apoyo al emprendimiento en e-Salud', con participación pública y privada, cuyo primer componente a corto plazo sea para el desarrollo de productos y servicios destinados a mayores y
dependientes, y que dote de certidumbre regulatoria, facilidades de financiamiento y de entrada de fondos de inversión y entorno y plataformas colaborativas en red, a los emprendedores del sector de la salud 4.0.
7. Impulsar a las empresas tecnológicas españolas, a través de ayudas financieras y tributarias, con el fin de que produzcan dispositivos robóticos, drones, programas y sistemas digitales que ayuden a las personas mayores y dependientes en
sus tareas diarias básicas y en su atención a domicilio y adapten mejor sus diseños a las necesidades de los clientes, con especial atención a los habitantes de las zonas rurales.
8. Apoyar la implementación y capacitación de apps, plataformas y sistemas para la solicitud y prestación de servicios de transporte bajo demanda al colectivo de residentes en zonas rurales y despobladas y, especialmente, de mayores y
dependientes, en los supuestos en que sea necesario para ellos el desplazamiento fuera de su domicilio, con arreglo a unos protocolos definidos de prevención de contagios.
9 Fortalecer el servicio de entrega a domicilio de Correos prioritariamente orientado a atender las necesidades de residentes en zonas rurales y despobladas y, especialmente, de mayores y dependientes, a fin de apoyar las actividades
económicas de comercio electrónico y/o de suministro de productos básicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.-Carmen Navarro Lacoba, José Ignacio Echániz Salgado, Guillermo Mariscal Anaya, Tomás Cabezón Casas, José Alberto Herrero Bono y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Diputados.-Cayetana
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan
de protección de los Consumidores y Usuarios frente al COVID-19 durante el desconfinamiento, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El fracaso del Gobierno frente a su responsabilidad de proteger la salud y la vida de los españoles ha sido estrepitoso. Primero, negó la gravedad de la epidemia del COVID-19 y después no tomó las medidas de precaución y aprovisionamiento
de productos sanitarios, medicamentos y test diagnósticos necesarias. Ante la posibilidad cierta de un inminente colapso del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno impuso el confinamiento de la población general el 14 de marzo.
En este contexto de confinamiento, tras tres ciclos de cuarentena y a pesar de las medidas de distanciamiento social, la cifra de personas fallecidas y contagiadas sigue creciendo. Hasta hoy hay (oficialmente) más de 24.000 fallecidos, más
de 225.000 enfermos y más de 37.000 sanitarios contagiados, unas cifras escalofriantes.
La limitación de la libertad de circulación por las vías públicas o espacios de uso público estableció una serie de excepciones. Entre otras, las salidas para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, así
como para acudir a los bancos. Pese a ello, el Gobierno no fijó unas normas y protocolos de autoprotección y protección para los consumidores y usuarios, ni tampoco medias concretas para los establecimientos comerciales que hayan permanecido
abiertos.
Según la mayoría de los estudios epidemiológicos, entre los consumidores y usuarios y los trabajadores que prestan los servicios esenciales puede haber un número significativo (que estaría entre el 5 y 15 por ciento) de portadores
asintomáticos del virus o en los días previos a los síntomas.
Estos portadores desconocen su infección, pero han desarrollado una carga viral suficiente como para ser fuentes de contagio y transmisión del virus. La identificación de los portadores del COVID-19 y la reducción del riesgo de contagio por
parte de estos portadores sanos y asintomáticos solo es posible mediante la realización de tests masivos a la población, así como mediante la implantación de medidas precisas de protección individual como mascarillas, guantes, gafas y geles
desinfectantes.
El Gobierno anunció el 28 de abril un plan de desconfinamiento que, lógicamente, va a incrementar la movilidad de los consumidores y usuarios y el número de establecimientos comerciales a los que puedan acceder. Esto multiplicará las
interacciones personales con posibles portadores asintomáticos y con fómites contaminados con el coronavirus.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir un Plan de Protección de Consumidores y Usuarios frente al COVID-19 específico dentro de su Plan de Desconfinamiento que incluya:
- Medidas específicas de protección personal para los portadores asintomáticos.
- Garantía de abastecimiento, distribución y venta de equipos de protección individual (tales como mascarillas, guantes, gafas y geles desinfectantes) para el uso tanto de los usuarios y consumidores como de los trabajadores de los locales
comerciales y de los almacenes logísticos.
- Medidas específicas de protección, higiene y desinfección de locales comerciales y de almacenes logísticos.
- Medidas concretas de limitación de aforo de los locales comerciales que aseguren el distanciamiento social requerido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Carmen Riolobos Regadera, Ana María Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado y Elena Castillo López, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre accesibilidad de los pacientes a
los tratamientos de anticoagulación y previsiones sanitarias
para la adecuación de estos tratamientos a las circunstancias derivadas del COVID-19, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Según cálculos de la Federación Española de Pacientes Anticoagulados/FEASAN, en nuestro país hay cerca de 1.000.000 de personas que necesitan disponer de un tratamiento anticoagulante, una cifra que representa el 2 % de la población
española. El perfil de este paciente es, en su mayoría, el de una persona por encima de los 70 años, con patologías cardíacas de base, como la fibrilación auricular no valvular, y otras comorbilidades.
Como se ha puesto también de manifiesto en una reciente sesión divulgativa de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria/SEMERGEN, 'las personas que precisan tratamiento anticoagulante tienen, por diferentes motivos, un riesgo
aumentado de infectarse de coronavirus y de empeorar en caso de desarrollar COVID-19. Su condición de pacientes generalmente polimedicados y las dificultades actuales para controlar algunos de los factores de riesgo que suelen presentar, además del
hecho de haber tenido que interrumpirse algunas consultas programadas, está incrementando el número de casos que no alcanzan un control óptimo de la anticoagulación que requieren'.
En efecto, más de la mitad de los pacientes de nuestro país deben acudir regularmente a los centros sanitarios a realizarse controles de su tratamiento con antagonistas de la vitamina K, como es el caso del conocido Sintrom. En la inmensa
mayoría de los casos, el paciente debe acudir a centros de especialidades o atención primaria para llevar a cabo una evaluación constante, lo que de por sí aumenta la posibilidad de contacto y riesgo de infección.
Como es sabido, existe una alternativa farmacológica a las terapias con antagonistas de la vitamina K, los llamados Anticoagulantes de Acción Directa o ACODs, que han demostrado unos niveles de riesgo-beneficio favorables al paciente en
diferentes condiciones clínicas en las que está indicada la anticoagulación. Como ventaja adicional, no requieren una monitorización constante para medir sus efectos, ni presentan las múltiples interacciones con alimentos y fármacos de los
anticoagulantes clásicos.
De acuerdo con las competencias del Ministerio de Sanidad, los diferentes ACODs fueron acreedores de decisiones positivas para su financiación por el Sistema Nacional de Salud desde el año 2008, pero a partir de 2011 se establecieron las
llamadas 'reservas singulares' de 'las condiciones específicas de prescripción, dispensación y financiación de los mismos en el Sistema Nacional de Salud', que se concretan generalmente a través del denominado 'visado'.
Durante las primeras semanas de epidemia por coronavirus en España, la mayoría de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas adoptaron decisiones concesión automática del visado para la prescripción de ACODs a aquellos nuevos
pacientes que requirieran tratamiento anticoagulante, y durante el tiempo que durara el actual Estado de Alarma. La decisión que se adoptó trataba de evitar que los pacientes tuvieran que acudir a realizarse los controles de coagulación. Al mismo
tiempo, suponía un reconocimiento de la efectividad, conveniencia y seguridad de estos tratamientos, a pesar de que siguen estando sometidos formalmente al régimen de visado.
Igualmente, mediante Orden Ministerial SND/266/2020, de 19 de marzo, se establecieron determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la
Seguridad Social, entre las que se encontraba excepcional transitoriamente la obligación de estampillar el sello de visado de recetas de aquellos medicamentos sometidos, según la legislación vigente, a reservas singulares consistentes en la
imposición del visado previo a su dispensación por oficinas de farmacia'.
El problema del visado, sin embargo, no es de carácter coyuntural para estos pacientes, solo durante el tiempo en el que se mantenga el Estado de Alarma y la fase más crítica de respuesta sanitaria al coronavirus.
Al contrario, hay consenso entre las sociedades médicas y la organizaciones de pacientes al efecto de considerar que el acceso a esta terapias vienen siendo un problema recurrente en un área de alto impacto para los españoles, puesto que se
refiere a uno de los mayores problemas de salud de nuestra población, el ictus. Cada año, unos 120.000 españoles sufren un ictus, y de ellos aproximadamente un tercio queda con secuelas. Estamos ante la segunda causa de mortalidad total en España,
después del infarto de miocardio, y la primera en mujeres, además de constituir uno de los principales orígenes de discapacidad y pérdida de años libres de ella. Causó 26.937 defunciones durante 2017, 15.382 de ellas en mujeres,
según las estadísticas publicadas del INE. El ictus isquémico supone también la primera causa de discapacidad y la segunda de muerte a nivel mundial.
La decisión de suspender temporalmente el requerimiento del visado para los anticoagulantes de acción directa ha sido oportuna y adecuada a la situación de reordenación urgente de las prioridades sanitarias durante la fase más crítica de
atención sanitaria al COVID-19, y también una decisión que ha protegido la salud de los pacientes al no exponerles a riesgos de infección innecesarios.
Sin embargo, tal como está hoy planteada la decisión fáctica de exención de visado por las CC.AA., es limitada en su persistencia temporal -durante el tiempo del Estado de Alarma- y en el ámbito que afecta -solo para nuevos pacientes, no
para quienes recibían ya los tratamientos precedentes.
Otro factor importante a tener en cuenta relativo al manejo de las personas que están en tratamiento anticoagulante crónico es el de las interacciones medicamentosas, puesto que ya se ha evidenciado que en pacientes que reciben tratamiento
anticoagulante oral hay un mayor riesgo de aparición de estas interacciones con los fármacos que se están usando para tratar el COVID-19.
Además, pocos pacientes en tratamiento con antagonistas de la vitamina K pueden ser candidatos a espaciar sus controles, y un mal control del nivel de anticoagulación puede poner al paciente en riesgo de ictus o hemorragia.
Como es notorio, nuestro país va a enfrentar una larga lucha contra el coronavirus, que no terminará cuando se supere la fase más crítica de la respuesta sanitaria frente al COVID-19, y que deberá mantener un elevado nivel de alerta tanto
para la efectiva reducción de los casos que ahora se registran, como especialmente para prevenir rebrotes y nuevas ondas epidémicas.
Por ello, hay que demandar del Gobierno que actúe con la debida prevención, y en atención a las necesidades y derechos esenciales de los pacientes, entre los que se encuentran el acceso a las terapias más convenientes y la evitación de
riesgos innecesarios, tanto por inadecuación terapéutica como por requerimientos innecesarios que sean impuestos.
Desde esta perspectiva, se hace especialmente necesario que el Ministerio de Sanidad actúe en el uso de sus competencias para facilitar el acceso a las terapias anticoagulantes que resulten más convenientes para los pacientes, sobre las que
existe un máximo consenso profesional, que vienen reclamándose por asociaciones científicas y de pacientes, y que como han puesto de manifiesto las recientes decisiones de las CC.AA., permiten un manejo más adecuado de los controles de
anticoagulación con la consiguiente reducción de frecuentación innecesaria y de riesgo potencial para el paciente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suprimir el vigente sistema de reserva singular sobre las condiciones específicas de prescripción, dispensación y financiación (visado) de los anticoagulantes de acción directa (ACODs) en el Sistema Nacional de Salud.
2. Adoptar las decisiones necesarias para garantizar el acceso a la más adecuada opción farmacológica para los pacientes que actualmente reciben tratamientos anticoagulantes, en atención a las específicas circunstancias de sus patologías, a
la seguridad farmacoterapéutica, a la máxima prevención en los contactos, y a los requerimientos en relación con la actual epidemia de coronavirus y la previsión de eventuales nuevas ondas de contagios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Elvira Velasco Morillo, José Ignacio Echániz Salgado y Concepción Gamarra Ruíz-Clavijo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/000746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa al establecimiento de grupos de población para el levantamiento gradual del confinamiento obligado por el coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de abril de 2020 dio luz verde al 'Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad' que contempla 'los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a
la nueva normalidad, con las máximas garantías de seguridad, tras la crisis provocada por el COVID-19'.
Según explicó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el propósito del plan es 'poner a España en marcha protegiendo la salud y la vida de los ciudadanos y manteniendo a salvo nuestro sistema de salud'.
Sánchez insistió en que la desescalada será llevada a la práctica de forma 'gradual, asimétrica y coordinada y que no se recuperará de golpe toda la actividad y la movilidad'.
Además, y de acuerdo con la nota de prensa emitida por La Moncloa, 'la desescalada se hará en función del control de la epidemia en cada provincia y a la velocidad que permita la situación sanitaria de esa zona, de acuerdo con criterios
objetivos. El paso de una fase a otra en cada lugar se determinará en función de las capacidades estratégicas de su sistema sanitario de atención primaria y hospitalario; su situación epidemiológica; la implantación de medidas de protección
colectiva en comercios, transportes, centros de trabajo y en cualquier espacio público, y en los datos de movilidad y económicos'.
Teniendo en cuenta que la aplicación del plan, según Sánchez, va a ser 'más peligrosa y más difícil' que el confinamiento, cabe plantear el establecimiento de una clasificación de las personas por categorías según su situación con respecto
al contagio que permita incrementar la seguridad de los ciudadanos y haga más sencillo tanto el levantamiento gradual del confinamiento como el retorno a la normalidad mencionada.
Se trata de categorizar a las personas en cuatro grupos: personas de riesgo, personas sanas, personas infectadas y personas inmunes.
El grupo crítico es el de las personas de riesgo porque es el que más recursos sanitarios va a requerir y mayores riesgos tienen de fallecer. Este grupo requiere una mayor separación del exterior, así como protocolos estrictos para evitar
el contagio en la medida de lo posible.
La dinámica con el resto de grupos consiste en manejar adecuadamente la evolución del grupo de personas sanas al grupo de infectadas y, por último, al de inmunes. Para ello, procede establecer zonas en las que controlar a todas las personas
sanas que den positivo en un test diagnóstico y se les mantenga vigilados para monitorizar su estado de salud, recurriendo únicamente a los servicios sanitarios cuando la situación lo requiera.
De esta forma, además de ofrecer una protección de la salud acorde con las necesidades de cada perfil, se hace posible que las personas sanas y las inmunes pueden seguir trabajando, evitando el colapso del país tanto desde el punto de vista
laboral como desde la perspectiva económica.
Evidentemente, esta clasificación -y la implementación de las medidas que requiere para ser llevada a la práctica-, hace necesaria la aplicación generalizada y continuada de pruebas diagnósticas fiables y eficientes de COVID-19 con las que
poder determinar en qué grupo incluir a cada ciudadano.
Por todo lo anterior, teniendo en cuenta las competencias que la declaración del estado de alarma atribuye de manera exclusiva al Gobierno desde el pasado 14 de marzo, así como los más de 217.000 contagiados (42.000 de ellos profesionales
sanitarios) y más de 25.000 fallecidos registrados de forma oficial en nuestro país,
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, desde la realización generalizada de test y pruebas diagnósticas a todos los ciudadanos, y en coordinación con las Comunidades Autónomas, una estratificación de la sociedad en
grupos de personas de riesgo, sanas, infectadas e inmunes para favorecer la seguridad y la protección de la salud en el levantamiento progresivo del confinamiento obligado por el coronavirus (COVID-19).
Además, y también en coordinación con las Comunidades Autónomas, el Gobierno adaptará las medidas de protección de la salud a las necesidades específicas de cada de grupo y las hará compatibles,
siempre desde la protección de la salud pública como prioridad, con medidas que posibiliten la activación laboral y económica del país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruíz-Clavijo y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/000753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Reyes Romero Vilches y D.ª Rocío de Meer Méndez, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la autorización para la realización por las empresas privadas de pruebas de diagnóstico homologado de COVID-19, a sus trabajadores y/o residentes,
utilizando sus propios recursos económicos, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Tras más de mes y medio desde la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y cuando ya se empieza a hablar de 'desconfinamiento', sigue habiendo una gran escasez de test fiables con los
que diagnosticar el grado de afección al coronavirus SARS-CoV-2 de gran parte de la población española. El afán del Gobierno por centralizar y 'nacionalizar' la gestión de estas pruebas diagnósticas está resultando contraproducente ya que, por un
lado, no se facilitan medios técnicos para dichas pruebas médicas y, por otro, se están produciendo compras ineficiente s y abusivas con dinero público para el fin que se pretende.
En este contexto dramático, existen algunas empresas que tienen capacidad de importación acreditada, o que están en contacto con universidades españolas o centros de investigación acreditados, que podrían gestionar la compra y ejecución de
los referidos test diagnósticos del COVID-19 con toda solvencia científica, aunque hasta ahora no han encontrado autorización de la autoridad política para realizarlos. Un claro ejemplo ha sido lo ocurrido con la empresa valenciana Pamesa Cerámica,
que realizó test rápido a toda su plantilla antes de reiniciar su actividad y la Consejera de sanidad de la comunidad valenciana se lo recriminó públicamente.
Pero la situación es especialmente problemática en relación con las residencias privadas de personas mayores y de centros de atención a la discapacidad. Ante la incapacidad de las autoridades de proporcionar test fiables, algunos de estos
centros acudieron a empresas privadas para hacerles las pruebas a sus residentes. El Ministerio de Sanidad reaccionó a dicha iniciativa aprobando la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo
del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (publicada en el BOE de 14 de abril), por la que el Gobierno intervenía (o habilitaba a las autonomías para intervenir) los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada, estableciendo con carácter general que las pruebas solo se podrán realizar bajo prescripción médica. Como consecuencia de ese intervencionismo por parte del Estado, queda
claro que cualquier prueba que se realice por conducto oficial debe tener la autorización del sistema público sanitario. Y aunque algunos laboratorios privados están en condiciones de hacer las pruebas con todas las garantías científicas, no se
atreven a hacerlo por miedo a ser intervenidos y sancionados.
La situación real es que todas estas trabas burocráticas que impone la Administración están costando muchas vidas, sobre todo en las residencias de ancianos que es la población más castigada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a permitir que las empresas privadas puedan gestionar, bajo su responsabilidad y con sus propios recursos, la realización de test de diagnóstico
homologados para detección del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), a fin de establecer su propio plan de autoprotección, en tanto no sea capaz la Administración de facilitar los citados test de diagnóstico de forma masiva para toda la
población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-María de los Reyes Romero Vilches y Rocío de Meer Méndez, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya Laura Borras i Castanyer, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de
Sanidad y Consumo, una Proposición no de Ley Para incluir la podología en el Sistema Nacional de Salud.
Exposición de motivos
En la actualidad, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud no reconoce el derecho al diagnóstico y tratamiento de las patologías de los pies por parte de los podólogos, siendo la única alternativa para aquellos
ciudadanos con recursos suficientes la atención en el sector privado.
Las numerosas patologías del pie y la cantidad de usuarios de las consultas podológicas constatan la necesidad de disponer de profesionales de la podología en los centros de salud públicos. Esta medida proporciona beneficios en una doble
vertiente. Por un lado, contribuye a salvaguardar el derecho a la salud de los ciudadanos y por el otro, supone un ahorro económico para las arcas públicas al mejorar en eficiencia asignando recursos según especialidades y necesidades específicas.
Se estima que más del 70 % de las dolencias en los pies podrían ser tratadas por podólogos en los Centros de Atención Primaria (CAP) sin necesidad de acudir a hospitales, liberándolos de la sobrecarga y saturación que estos padecen.
Asimismo, el 40 % de las lesiones en el pie diabético podrían evitarse si se diagnosticaran y trataran de forma precoz, en fase ambulatoria.
Según los últimos cálculos, más del 80 % de las personas de la tercera edad precisan periódicamente de los cuidados de un podólogo. La incorporación de la asistencia podológica en los centros de salud permitiría reducir sensiblemente
complicaciones médico-quirúrgicas como amputaciones y gangrenas toda vez que disminuiría la atención institucional en servicios sociales comportaría una mayor calidad de vida y bienestar para nuestros mayores.
En otro orden de cosas, la creciente desatención de los cuidados de los pies de personas diabéticas genera un exorbitante gasto a la sanidad pública al dar lugar a amputaciones de miembros inferiores. La tasa de mortalidad tras la
amputación por pie diabético supera el 70 %, porcentaje superior al de los cánceres más comunes. Los estudios demuestran que la prevención contribuye a reducir las amputaciones en un 85 %.
Esta prevención debería implementarse desde la infancia, para poder detectar afectaciones y dolencias en una etapa vital temprana que permita corregirlas de raíz y evitar que desemboquen con el paso de los años en problemas de salud de mayor
gravedad y calado.
Existe un amplio consenso social en la reclamación de la cobertura podológica en la oferta asistencia pública, máxime con el incremento de la esperanza de vida y la consecuente multiplicación de estas dolencias en la sociedad en los próximos
años.
En definitiva, los podólogos son agentes sanitarios imprescindibles para prevenir, diagnosticar y tratar las diversas afecciones de los pies.
Por todo ello los Diputados de Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ampliar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para incorporar los servicios podológicos, incluyendo especialmente y en un breve plazo, la
podología en atención primaria y especializada y el cuidado del pie geriátrico, del pie infantil y del pie diabético.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Laura Borras Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/000762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la preservación y el
análisis de muestras biológicas de posibles casos de coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El 5 de mayo de 2020 trascendió públicamente una comunicación realizada desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la que se insta a todos los países a que conserven y analicen las muestras biológicas tomadas a pacientes
diagnosticados y/o tratados por neumonías sospechosas de ser causadas por coronavirus (COVID-19) desde los últimos meses de 2019.
De acuerdo con las declaraciones realizadas el mismo 5 de mayo por Christian Lindmeier, portavoz de la propia OMS, 'sería de gran importancia que todos los países con casos sin especificar de neumonía en el mes de diciembre del año pasado, o
incluso de noviembre, realicen test diagnósticos de coronavirus sobre las muestras de esos casos'.
De hecho, 'algunos países ya lo están haciendo', comentó Lindmeier, una iniciativa que a su parecer puede 'aportar una visión más clara' de la pandemia y resultar esencial 'para entender mejor el potencial de contagio de la COVID-19'.
Uno de los países a los que se refiere Lindmeier es Francia. Es más, la OMS ha realizado la solicitud descrita a partir de un artículo publicado en la revista científica 'lnternational Journal of Antimicrobial Agents', según el cual el
Hospital Avicenne de Bobigny -localidad situada en la periferia de París, en Francia- ha obtenido un resultado positivo de COVID-19 en una prueba PCR realizada con muestras de un paciente afectado por neumonía de acuerdo con el diagnóstico validado
el 27 de diciembre del año pasado, es decir, días antes de que se notificaran los primeros casos en China.
Según Lindmeier, que también hizo referencia a situaciones similares en Estados Unidos en sus declaraciones -aunque sin ofrecer detalles al respecto-, 'no sería raro que el coronavirus estuviera ya fuera del país asiático en fechas tan
tempranas, dado que los primeros casos se remontan a principios de diciembre y entra dentro de lo posible que algunos de los infectados viajaran desde Wuhan a otros países'.
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que todavía está sin ejecutar el 25 % del presupuesto de 24 millones de euros con el que se dotó al 'Fondo COVID-19' para financiar proyectos de investigación destinados a mejorar la diagnosis y el
seguimiento epidemiológico del virus,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas que resulten necesarias para, desde la solicitud planteada por la Organización Mundial de la Salud y la coordinación con las Comunidades Autónomas, garantizar la
conservación adecuada de las muestras biológicas tomadas a pacientes diagnosticados y/o tratados por neumonías sospechosas de ser causadas por coronavirus (COVID-19) desde los últimos meses de 2019.
Las muestras referidas serán preservadas con el objetivo de hacer posibles los análisis y las pruebas que resulten pertinentes para mejorar el conocimiento existente sobre la detección, el diagnóstico y la vigilancia epidemiológica del
virus.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruíz-Clavijo y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/000773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Pablo Juan Calvo Liste y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la concreción y, en su caso, regulación normativa de los procedimientos para la realización de nebulizaciones, termo-nebulizaciones y micronebulizaciones,
para su discusión en Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El 17 de abril de 2020, el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) publicó, dentro del apartado correspondiente al Ministerio de Sanidad, la Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a
la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El título de esta norma pasaría inadvertido en una primera lectura, pues de todos es sabido que, desde el inicio de la emergencia de salud pública causada por la pandemia COVID-19, las Fuerzas Armadas (principalmente la Unidad Militar de
Emergencia -la UME-), realizan labores de desinfección.
Sin embargo, de una atenta lectura de la citada Orden se desprende la posibilidad, no contemplada hasta ahora, de autorizar a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas (de Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química), así como a la UME,
dentro de las actuaciones generales de desinfección de espacios públicos y privados, a utilizar biocidas del grupo principal 1, descritos en el artículo 1.1 del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora
de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas, que están autorizados y relacionados por el Ministerio de Sanidad como eficaces para la lucha contra el COVID-19. De la misma manera, se autoriza a estas unidades a la utilización de
procedimientos de desinfección aérea, a través de las técnicas de nebulización, termonebulización y micronebulización para la ejecución de las referidas labores de desinfección.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas oportunas:
1. Para la concreción y regulación normativa, en su caso, de los procedimientos para la realización de nebulizaciones, termo-nebulizaciones y micronebulizaciones.
2. Para la concreción y regulación normativa, en su caso, de los agentes que van a realizar tales labores, así como de a qué Ministerios está previsto encomendar la realización de nebulizaciones.
3. Para la concreción y regulación normativa, en su caso, de la realización de nebulizaciones mediante aviones o drones.
4. Para la concreción y regulación normativa, en su caso, de bajo qué circunstancias, en qué territorios y a qué intensidad se van a efectuar nebulizaciones aéreas.
5. Para la concreción y regulación normativa, en su caso, del listado de productos, materias primas o gases que se van a emplear en las nebulizaciones, en tierra o por medios aéreos, así como si los mismos aparecen en las listas de
productos desinfectantes del Ministerio de Sanidad o en el de los más
importantes organismos encargados de proteger la salud a nivel internacional, como la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense (EPA).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-José María Figaredo Álvarez-Sala y Pablo Juan Calvo Liste, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la identidad de los
expertos del Ministerio de Sanidad que analizan las solicitudes de las Comunidades Autónomas para pasar de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Don Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, explicó en rueda de prensa el 6 de mayo de 2020 que, aunque la decisión final está en manos del ministro Salvador Illa, es un grupo
de expertos del propio Ministerio de Sanidad el encargado de evaluar la documentación remitida y las solicitudes realizadas por las Comunidades Autónomas para pasar de fase en la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19).
No obstante, y a pesar de la importancia da la decisión y de las preguntas de los periodistas al respecto, Simón se negó a precisar los nombres y las trayectorias de los referidos expertos argumentando que 'las presiones que sufre cualquier
persona de la que se da el nombre en todo este proceso por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaba haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad'.
Simón añadió además que 'lo mejor es que (los expertos) hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible', planteando que 'si me permiten, no voy a dar el nombre de ninguno'.
Más allá de lo que se le permitiese a Simón durante la rueda de prensa del pasado 6 de mayo, la realidad es que la normativa vigente en nuestro país obliga al Gobierno a dar a conocer la identidad de los expertos seleccionados por el
Ministerio para evaluar las propuestas de las Comunidades Autónomas. Es el caso de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
En el primer supuesto, la Ley General de Salud Pública establece en su artículo 11 -Colaboración en salud pública e imparcialidad en las actuaciones sanitarias- que 'las Administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a
las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con
las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo'.
A estos efectos, 'será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los
dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente' y 'se desarrollarán reglamentariamente los requisitos para la declaración de conflicto de intereses por parte de los expertos y representantes de las
organizaciones científicas y profesionales que compongan los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública'.
En el segundo caso, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece en su artículo 14 -Límites al derecho de acceso- que 'el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un
perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública, los intereses económicos y comerciales [...]. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto de protección y atenderá a las circunstancias del caso
concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso'.
Además, dispone en su artículo 15 -Protección de datos personales- que 'la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en
caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado'.
Por todo ello, con arreglo a lo planteado en la normativa mencionada y teniendo en cuenta la trascendencia y el impacto que tendrá la decisión que tomen los expertos del Ministerio de Sanidad en la vida personal y profesional de todos los
españoles,
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir la legalidad vigente y dar a conocer cuanto antes la identidad de los expertos del Ministerio de Sanidad que evalúan las solicitudes de las Comunidades Autónomas para pasar de fase en
la desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) y que asesoran al ministro de Sanidad para que tome la decisión final sobre las propuestas que valida y las que desestima.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Concepción Gamarra Ruíz-Clavijo, José Ignacio Echániz Salgado y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/000778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la vacunación frente a la
enfermedad neumocócica durante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
De acuerdo con la información facilitada tanto por instituciones internacionales -caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades- como nacionales -el Ministerio de
Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, entre otras-, la enfermedad neumocócica invasora es considerada como una infección grave causada por la bacteria 'Streptococcus pneumoniae'.
El comúnmente conocido como neumococo puede producir un amplio espectro de manifestaciones clínicas que oscilan desde procesos comunes del tracto respiratorio superior como otitis media y sinusitis, hasta cuadros más graves de enfermedad
invasora como sepsis, meningitis, neumonía bacteriemica, artritis, osteomielitis, celulitis y endocarditis.
Más allá del número de serotipos confirmados como principales agentes causantes de la enfermedad neumocócica invasora en todo el mundo -las instituciones antes referidas cuantifican 23-, cabe destacar que las personas inmunodeficientes, con
asplenia o con disfunción del bazo, diabetes y asma son las que presentan un mayor riesgo de caer enfermas.
En el mismo sentido, hábitos nocivos para la salud como el tabaquismo o la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas también incrementan el riesgo de sufrir enfermedad neumocócica invasora.
Con todo, los niños menores de cinco años y las personas con edades avanzadas -de 65 años en adelante- son considerados como los grupos poblacionales que mayores tasas de mortalidad muestran por neumococo.
Por otra parte, la enfermedad neumocócica invasora es una patología considerada de declaración obligatoria a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica -Centro nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III- en España desde el
año 2014.
Según los últimos datos consolidados de la propia Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica -publicados en diciembre de 2019-, la enfermedad neumocócica invasora afectó a 3.773 personas y registró una tasa de 8,06 por cada 100.000 habitantes
en nuestro país en 2018.
De acuerdo con el ISCIII, para prevenir la enfermedad se dispone principalmente de dos tipos de vacunas. La primera es una vacuna polisacárida enfocada frente a 23 serotipos (VNP23). La segunda es una vacuna conjugada frente a 13 serotipos
(VNC13).
Desde la perspectiva de la población infantil, y tal y como se plantea en el documento 'Vacunación en población adulta. Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones' que el Ministerio de Sanidad validó en septiembre de 2018, la
vacunación sistemática con VNC13 se introdujo en España en la edad pediátrica en 2015 -en el conjunto de las Comunidades Autónomas en 2016-, aunque se ha estado administrando vacuna conjugada por prescripción privada desde su comercialización en el
año 2001.
En cuanto a las personas mayores, dicho documento recomienda la vacunación manteniendo preferentemente la estrategia consistente en la vacunación sistemática a partir de los 65 años de edad con VNP2348 que se acordó en el Consejo
lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud en el año 2004.
En consecuencia, en la actualidad, y teniendo en cuenta el calendario común de vacunación infantil aprobado por el referido Consejo lnterterritorial en marzo de 2013, así como del calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida
validado por el propio Consejo lnterterritorial en septiembre de 2019, en nuestro país se ofrece la vacuna infantil de neumococo a los dos meses, a los cuatro meses y a los 11 meses, y la vacunación de las personas mayores a partir de los 65 años de
edad.
El documento 'Vacunación frente a neumococo en grupos de riesgo' que el Ministerio de Sanidad hizo público en mayo de 2015 estima que, dependiendo de los grupos de población en los que se recomiende la vacunación, tendrían que ser vacunadas
entre 5 y 12 millones de personas en España.
Con estas cifras como contexto y en la realidad presente, marcada desde hace semanas por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) -especialmente agresivo con las personas de edad avanzada, inmunodeprimidas, con
hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares, cáncer... y causante en nuestro país según los datos oficiales de casi 26.000 fallecimientos de más de 220.000 contagios confirmados-, cabe extremar la aplicación de todas las medidas de prevención
disponibles -como la vacunación- para preservar el bienestar y evitar complicaciones en la salud de los ciudadanos.
En este sentido, la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expusieron el pasado 21 de abril de 2020 mediante un comunicado conjunto la relevancia del papel fundamental que desempeña la inmunización en la prevención de las
enfermedades y la preservación de la salud y la vida.
También el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos destacó el pasado 20 de abril, en el contexto de la 'Semana Europa para la promoción de la Vacunación', la importancia de vacunarse como medida más eficiente en la protección
frente a las enfermedades infecciosas.
Incluso algunas administraciones autonómicas como la Junta de Andalucía han establecido medidas en este sentido en las últimas semanas, como las aprobadas en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 23 de abril para que, a pesar de las
limitaciones derivadas de la pandemia por COVID-19, se mantengan operativas las vacunaciones de carácter prioritario.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar cuantas medidas sean necesarias para que, desde la protección de la salud pública ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), así como desde la total coordinación con
las Comunidades Autónomas en el Consejo lnterterritorial y en cooperación con las sociedades científicas, se garantice el pleno cumplimiento de las pautas de vacunación vigentes en el Sistema Nacional de Salud -dosis, edades, grupos de riesgo-
frente a la enfermedad neumocócica.
De igual forma, se insta al Gobierno a que desarrolle, también desde la coordinación con las Comunidades Autónomas y la cooperación con las sociedades científicas, la actualización de los
protocolos como consecuencia del COVID-19, estableciendo un sistema de indicadores con el que realizar un seguimiento efectivo del nivel de vacunación en todo el territorio nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Ana María Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruíz-Clavijo y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Pedro Fernández Hernández, D. Julio Utrilla Cano, D. Francisco José Contreras Peláez y D. Manuel Mestre Barea, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un calendario específico de finalización de
las clases universitarias tras el confinamiento derivado de la crisis sanitaria del COVID-19, para su debate ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Primero. España vive uno de los momentos más duros de su historia reciente debido a la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), que está afectando de forma especial a nuestro país tanto a nivel económico como sanitario. En España, a 5 de mayo
de 2020, el COVID-19 ha causado la muerte a más de 25.000 personas y ha contagiado a más de 219.000.
Ante tales efectos, el Gobierno de España declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo mediante el Real Decreto 463/2020, que traía como consecuencias las restricciones a la movilidad y la parálisis de sectores claves para la economía
española. Dicha parálisis ha provocado un impacto económico severo, especialmente para ciudadanos, pymes y autónomos en situación de especial vulnerabilidad.
Segundo. El pasado martes 17 de marzo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Universidades, la Conferencia de Rectores y las diferentes Comunidades Autónomas acordaron aplazar la prueba de acceso a la universidad cuya realización,
antes de la crisis originada por el coronavirus, debía celebrarse antes del 19 de junio.
Se trata de una medida sin precedentes, forzada por la expansión de los contagios de COVID-19, que obligó a la cancelación de las clases para todos los ciclos formativos. En España hay 217.000 estudiantes que se encuentran actualmente en
2.º de bachillerato y pendientes de realizar la prueba de acceso a la universidad.
Tercero. El pasado 25 de marzo, se celebró por videoconferencia la Conferencia Sectorial de Educación, entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades, junto con sus homólogos de las Comunidades
Autónomas. En esta reunión se acordó un nuevo plazo para la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (EBAU), entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria, y antes del 10 de septiembre en la extraordinaria.
Hasta la fecha 1.102.700 alumnos estudiaban un grado universitario de forma presencial y apenas 191.000 a distancia. Además, existe la posibilidad de que los alumnos que estudiaban el grado de forma presencial no tengan la posibilidad de
acudir de nuevo a clases a lo largo de este curso. Ante este hecho, cada universidad se ha preparado individualmente adoptando medidas y criterios a decisión de los propios rectores que, a su vez, han instado a sus facultades y plantillas a
reforzar las clases y exámenes online, además de recomendar la preparación de estas para intentar dar normalidad a la situación en la que nos encontrarnos.
El Ministerio de Universidades ha declarado que las decisiones sobre la adaptación de la enseñanza corresponden a las propias universidades en el ejercicio de su autonomía (recogida en la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y en colaboración con las Comunidades Autónomas.
Cuarto. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reconoce la autonomía de las universidades públicas y privadas españolas. En concreto en su artículo 2 desarrolla el principio de Autonomía universitaria, señalando
expresamente lo siguiente:
'1. Las universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas.
Las Universidades privadas tendrán personalidad jurídica propia, adoptando alguna de las formas admitidas en Derecho.
Su objeto social exclusivo será la educación superior mediante la realización de las funciones a las que se refiere el apartado 2 del artículo 1.
2. En los términos de la presente Ley, la autonomía de las Universidades comprende:
a) La elaboración de sus Estatutos y, en el caso de las Universidades privadas, de sus propias normas de organización y funcionamiento, así como de las demás normas de régimen interno.
b) La elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y representación.
c) La creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la investigación y de la docencia.
d) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas específicas deformación a lo largo de toda la vida.
e) La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de administración y servicios, así como la determinación de las condiciones en que han de desarrollar sus actividades.
f) La admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de los estudiantes.
g) La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y de sus diplomas y títulos propios.
h) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes.
i) El establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de trabajo.
j) El establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.
k) Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones señaladas en el apartado 2 del artículo 1.
3. La actividad de la Universidad, así como su autonomía, se fundamentan en el principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.
4. La autonomía universitaria exige y hace posible que docentes, investigadores y estudiantes cumplan con sus respectivas responsabilidades, en orden a la satisfacción de las necesidades educativas, científicas y profesionales de la
sociedad, así como que las Universidades rindan cuentas del uso de sus medios y recursos a la sociedad.
5. Sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Conferencia General de Política Universitaria, corresponde a cada Comunidad Autónoma las tareas de coordinación de las Universidades de su competencia.'
Todos estos puntos de la autonomía universitaria estarán coordinados por el Consejo de Gobierno, órgano de gobierno de la Universidad que, tal y como se indica en el artículo 15 de la citada Ley, 'establece las líneas estratégicas y
programáticas de la Universidad, así como las directrices y procedimientos para su aplicación'. El Consejo de Gobierno estará constituido por el Rector (que a su vez lo presidirá), el Secretario General y el Gerente, así como por un máximo de 50
miembros que representarán a los agentes sociales implicados en la actividad universitaria.
Por otro lado, el Consejo de Coordinación Universitaria será el máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario, y se configura como foro de encuentro y debate entre las tres Administraciones que convergen en el sistema
universitario: Estatal, Autonómica y Universitaria.
Sin embargo, como señala la Disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 6/2001, las competencias atribuidas por esta Ley al Consejo de Coordinación Universitaria serán ejercidas por el actual Consejo de Universidades en tanto no se
constituya aquel.
El Consejo de Universidades, según el artículo 28 de la Ley Orgánica 6/2001, es el órgano de coordinación académica, así como de cooperación, consulta y propuesta en materia universitaria, que desarrolla sus funciones con plena autonomía
funcional. Entre otras, este consejo tiene las funciones de formular propuestas al Gobierno en materias relativas al sistema universitario, así como servir de cauce para la colaboración, la cooperación y la coordinación en el ámbito académico. El
Consejo de Universidades esta presidido por el titular del Ministerio competente y formado por los Rectores de las Universidades, así como cinco miembros designados por el presidente del Consejo.
Además, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, introdujo un nuevo órgano de coordinación, cooperación y colaboración universitaria, la Conferencia General de Política Universitaria. Dicho órgano, sin perjuicio de las funciones atribuidas a
los órganos de coordinación universitaria de las Comunidades Autónomas, tiene por finalidad asegurar la necesaria coherencia, coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas en materia de
política universitaria.
La Conferencia desempeña, entre otras, las siguientes funciones:
a) Establecer y valorar las líneas generales de política universitaria, su articulación en el espacio europeo de educación superior y su interrelación con las políticas de investigación científica y tecnológica.
b) Planificación, informe, consulta y asesoramiento sobre la programación general y plurianual de la enseñanza universitaria, que comprende los recursos humanos, materiales y financieros precisos para la prestación del servicio público
universitario.
c) Aprobar los criterios de coordinación sobre las actividades de evaluación, certificación y acreditación.
d) Proponer la elaboración de informes sobre la situación de la seguridad y salud en las universidades españolas y establecer políticas encaminadas a la promoción de la calidad de vida en los campus universitarios.
e) Establecimiento de los límites de los precios públicos aplicables a los estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que habrán de estar relacionados con los costes de
prestación del servicio
Dado que la coordinación en el ámbito que indica en el artículo 2 de la Ley 6/2001 no se está cumpliendo, y que es deber del Estado central a través del Ministerio de Universidades asegurar la equidad en los criterios, desde el Grupo
Parlamentario VOX entendemos que todos los distintos niveles competenciales sobre la materia deben poner en común las deficiencias del sistema, debido a la crisis del coronavirus, para así lograr entre todos un objetivo común: mejorar la calidad
universitaria.
Quinto. El Sr. Ministro de Universidades, don Manuel Castells Oliván, durante la crisis del coronavirus que se está viviendo en España en las últimas semanas, ha estado ausente de los medios de comunicación en relación con el cierre de
universidades, así como en la forma en la que van a continuar las clases y la conclusión de los diferentes cursos.
Desde el Grupo Parlamentario VOX entendemos que ante la gravísima crisis que estamos viviendo, y teniendo en cuenta las nefastas consecuencias que está suponiendo este hecho para el curso universitario, el Sr. Castells Oliván debería haber
dado las explicaciones necesarias y haberse tomado este hecho en serio, asumiendo el control de la situación y tomando las decisiones pertinentes.
Sexto. Otro de los problemas recurrentes a lo largo de este periodo, se produce en aquellas carreras universitarias que requieren una evaluación práctica. Este es el caso de Ciencias del Deporte, cuyos alumnos deben exponer sus
conocimientos y habilidades de manera eminentemente práctica, sin posibilidad de mostrarlos teóricamente.
En grados como Veterinaria o Química y, en general, en toda la rama de Ciencias de la Salud el problema se ve agudizado, puesto que los alumnos deben mostrar una serie de destrezas, que difícilmente podrán realizar de manera 'online'. La
mayoría de los laboratorios de las universidades españolas se encuentran cerrados desde el inicio del estado de alarma y, con ello, el trabajo de muchos investigadores y estudiantes, los cuales han visto como sus Trabajos de Fin de Grado y Máster se
han visto paralizados e, incluso, finalizados sin obtener las conclusiones de las que eran objeto.
Séptimo. Las tasas universitarias es el precio a que el alumno debe hacer frente para cursar sus estudios universitarios oficiales. El precio medio obtenido de una matrícula universitaria en la universidad pública española es de 1.100
euros actualmente. Los precios son determinados en función del número de créditos que ostenta una asignatura.
Dichas tasas aumentan de manera exponencial por cada año que el alumno se matricula de una misma asignatura, penalizando, en este caso, al alumno que no aprueba.
El derecho que obtiene el alumno por matricularse de una asignatura es la realización de dos convocatorias de exámenes: ordinaria y extraordinaria. Desde el Grupo Parlamentario VOX, entendemos que no sería equitativo el cobro de la
totalidad de la matrícula en el caso de que un alumno no pueda, por causa de fuerza mayor, acceder a una de las mismas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover, a través del Ministerio de Universidades y dentro del marco de sus competencias, la creación de un nuevo calendario universitario, tanto para las universidades públicas como privadas, atendiendo al impacto del COVID-19 en la
enseñanza universitaria.
2. Promover, en caso de que el estado de alarma se alargarse, la unificación de las convocatorias ordinaria y extraordinaria. Dicha convocatoria extraordinaria no debe tenerse en cuenta para el cómputo del límite de las mismas reguladas
por las propias universidades.
En caso de que no pueda darse la convocatoria extraordinaria y, por lo tanto, se esté privando al alumno de una oportunidad a la que tiene derecho con el pago de su matrícula, este podrá matricularse en el curso siguiente de la materia
correspondiente sin tener que pagar un recargo por la misma. De igual manera, el alumno tendrá derecho a que, en caso de no haber dispuesto de convocatoria extraordinaria, se le compense en el pago de la misma, ya sea en este curso o en
posteriores.
3. Promover la creación de un protocolo de actuación que incluya los procesos y métodos de evaluación para aquellos grados y postgrados cuyas asignaturas sean eminentemente prácticas. No debe existir una brecha entre alumnos del mismo
grado en diferentes universidades y evitar así que se vaya a dos velocidades de respuesta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.-Mireia Borrás Pabón, Pedro Fernández Hernández, Julio Utrilla Cano, Francisco José Contreras Peláez y Manuel Mestre Barea, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre una Respuesta Global de Preparación ante Desastres y
Emergencias como la COVID-19, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 se ha extendido ya por todos los rincones del mundo. Pese a que España es, desafortunadamente, uno de los países más afectados por la enfermedad, es especialmente preocupante la incidencia que la pandemia puede tener
en países con sistemas sanitarios menos preparados para este reto, así como en territorios en los que el acceso a agua y saneamiento es más escaso. Si esta emergencia sanitaria está demostrando algo es que necesitamos redoblar nuestros esfuerzos de
prevención y respuesta ante crisis a nivel internacional, puesto que las enfermedades no conocen fronteras.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) ya alertaron en enero de 2020 del peligro que podían suponer algunos casos de neumonía provocados por coronavirus en China.
Finalmente, y pese a estas advertencias, la enfermedad se expandió a otros continentes, haciendo que la OMS declarara la COVID-19 como pandemia global el 11 de marzo de 2020. Es precisamente esta dimensión global lo que hace necesario un enfoque
multilateral y basado en la cooperación internacional para poder hacer frente a futuras crisis y emergencias.
El 18 de marzo de 2015 se adoptó en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de Desastres el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Este marco establece siete objetivos y
cuatro prioridades de acción para prevenir nuevos riesgos y reducir los ya existentes: (1) Comprender mejor los riesgos por desastres; (2) Reforzar la gobernanza de riesgos por desastres para gestionar mejor esos riesgos; (3) Invertir en
reducción de riesgos y resiliencia; y (4) Mejorar la preparación para una respuesta más adecuada ante desastres y abrazar el principio de 'Reconstruir Mejor' en las tareas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. El Marco de Sendai
2015-2030 se ideó principalmente para lidiar con desastres naturales como los terremotos, las riadas y otros fenómenos relacionados con el clima, evitando así los costes que producen tanto en vidas como en daños a personas, bienes, a la economía o a
la salud pública.
Sin embargo, el Marco de Sendai también es aplicable a desastres como la actual pandemia de COVID-19. Nociones como el seguimiento de potenciales riesgos, la preparación para hacerles frente y la necesidad de reconstruir mejor deben guiar
también tanto nuestra respuesta tanto a esta emergencia como la capacidad que tengamos de desarrollar una mejor resiliencia ante posibles desastres futuros. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también cuenta con un Marco de Gestión de
Riesgo de Desastres y Emergencias Sanitarias (EDRM), que se ideó en 2018 para complementar el Marco de Sendai. Este Marco complementario se basa en la necesidad de: (1) Plantear políticas, estrategias y legislación; (2) Planificar y coordinar;
(3) Recursos humanos; (4) Recursos financieros; (5) Información y gestión del conocimiento; (6) Comunicación del riesgo; (7) Infraestructuras sanitarias y logística; (8) Servicios sanitarios y relacionados; (9) Participación de las comunidades
locales; y (10) Seguimiento y evaluación. En definitiva, el multilateralismo es la oportunidad de que los errores que se hayan podido cometer en esta pandemia no vuelvan a repetirse.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo insta al Gobierno a:
1. Elaborar un informe sobre cómo aplicará los principios del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y del Marco de Gestión de Riesgo de Desastres y Emergencias Sanitarias (EDRM) de las Naciones Unidas a los
esfuerzos de la cooperación española.
2. Impulsar, en el seno de las Naciones Unidas, la necesidad de que los diferentes Estados miembros de la organización realicen un ejercicio de evaluación sobre la aplicación del Marco de Sendai y del EDRM en sus respectivos esfuerzos de
reconstrucción y recuperación.
3. Establecer la financiación necesaria en el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y de la ayuda humanitaria para que las actividades que desempeña la cooperación española contribuya de forma adecuada a que los países en los que
actuamos puedan cumplir con los objetivos del Marco de Sendai y el ERDM, con líneas de financiación específicas para este cometido y siempre en línea con los principios de estabilidad presupuestaria.
4. Elevar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la necesidad de establecer un Comité de Preparación ante Crisis para mejorar la capacidad de los Estados miembros de las Naciones Unidas de responder a crisis internacionales como
pandemias y otras emergencias y desastres, de forma similar al Comité Antiterrorista creado tras el 11-S.
5. Defender la creación de un grupo de expertos en el seno de las Naciones Unidas para asistir al Comité de Preparación ante Crisis, que se encargue de evaluar el nivel de resiliencia y preparación de los diferentes Estados miembros ante
posibles desastres y que pueda emitir recomendaciones para subsanar potenciales fallos de preparación de acuerdo a lo aprobado en el Marco de Sendai y el ERDM.
6. Proponer, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la necesidad de establecer acuerdos de cooperación con otras organizaciones regionales como la OSCE, la ASEAN, la Unión Africana o la Organización de Estados Americanos para
coordinar respuestas comunes a posibles desastres y crisis de diferente índole, así como para trabajar de forma conjunta en la aplicación del Marco de Sendai y el ERDM en los Estados miembros que las componen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000767
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley sobre la ayuda para combatir la pandemia de COVID-19 en África.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 1 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Ayuda para Combatir la Pandemia de
COVID-19 en África, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha demostrado ser un grave riesgo para la salud pública a nivel mundial. Su incidencia en los países europeos ha demostrado que la letalidad de esta enfermedad no depende del nivel de desarrollo del que goce una
sociedad, sino que su peligrosidad radica en la facilidad de contagio del virus SARS-CoV-2. Por ello, es extremadamente importante difundir la necesidad de tomar medidas de higiene por parte de toda la población, como el lavado de manos con jabón o
geles hidralcohólicos o el uso de mascarillas para evitar potenciales contagios por parte de sujetos asintomáticos.
Precisamente por este motivo preocupa tanto la extensión de la pandemia de COVID-19 por el continente africano, especialmente por África. Según un informe realizado por la agencia de cooperación internacional alemana GIZ para la OCDE, solo
el 56 % de los habitantes de las ciudades en el África Subsahariana tienen acceso a agua corriente, y solo 11 % de ellos tienen instalaciones de aguas residuales. Es más, esta región es el lugar del mundo donde hay una mayor parte de su población
sin acceso a agua y saneamiento, incluso en las principales economías del continente. Por ejemplo, en Nigeria se estima que en torno a un 70 % de los ciudadanos sigue sin tener acceso a agua y saneamiento; mientras que en Sudáfrica en torno a una
quinta parte de los hogares tienen cortes de agua que duran más de dos días, con algunas regiones del país triplicando esa cifra. Según datos de la ONG especializada 'The Last Well' y de las Naciones Unidas, más de 320 millones de personas no
tienen acceso a agua potable y el 40 % de toda la población mundial que no tiene acceso a agua limpia vive en África Subsahariana. Por su parte, UNICEF ha alertado de que el 50 % de los niños de las escuelas de 8 de los principales países del Norte
de África y Oriente Medio no tienen acceso a instalaciones que cumplan los estándares mínimos de provisión de agua y saneamiento.
Por el momento, África ha reportado muchos menos casos que otros continentes, lo que puede deberse tanto a una menor incidencia del virus como a una menor capacidad de detectar positivos, acumular datos y comunicarlos por parte de las
instituciones nacionales de los países africanos. Sin duda,
la combinación de falta de acceso a agua y saneamiento, falta de suministro de equipamiento sanitario básico, bajo nivel de cobertura sanitaria y gran proporción de población inmunodeprimida debido a la incidencia del VIH/SIDA puede suponer
un grave riesgo para África a la hora de hacer frente a la pandemia de COVID-19. Según un informe publicado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (ECA) el 17 de abril de 2020, la COVID-19 podría acabar con la vida de al menos
300.000 personas en África, empujando además a unos 27 millones de personas a la pobreza extrema debido a la contracción de los niveles de crecimiento de las economías del continente.
A fecha de redacción de este texto, los casos confirmados de COVID-19 en África han superado los 23.000, con Marruecos, Argelia, Egipto y Sudáfrica como los principales países que reportan casos de positivos.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar a las Cortes Generales un Plan de Acción para ofrecer la asistencia adecuada a los países africanos para contener y combatir la pandemia de COVID-19, con objetivos concretos y medibles y que cuente con una memoria
presupuestaria donde se detallen los recursos que pretenden movilizarse, así como sus fuentes, y las sinergias con el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021;
a) Dicho Plan de Acción deberá contar con acciones en el plano sanitario, con especial atención a la provisión de equipamiento de protección para profesionales sanitarios, así como de medidas especiales para evitar la sobreexposición de las
personas inmunodeprimidas al contagio de la COVID-19.
b) Dicho Plan de Acción deberá contar con medidas específicas destinadas a mejorar el acceso a agua y saneamiento, fomentando el lavado de manos como medida de prevención de la enfermedad, especialmente entre la población infantil y juvenil.
2. Garantizar la seguridad y el acceso a atención sanitaria adecuada para los cooperantes españoles que se encuentren en África, así como de Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de todo el personal con nacionalidad española
desplegado en este continente con la misión de contribuir a la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la población africana.
3. Fomentar la cooperación público-privada con las empresas españolas con presencia en el continente africano para diseñar e implementar proyectos de contención y tratamiento de la COVID-19 de la forma más coste-eficiente posible,
explorando sinergias entre los intereses del sector privado y los esfuerzos globales de las Naciones Unidas para hacer frente a la COVID-19;
4. Impulsar en las instituciones de la Unión Europea una estrategia común y coordinada de cooperación y ayuda humanitaria entre los Estados miembros para asegurar una asignación de recursos eficiente y efectiva para la contención de la
pandemia de COVID-19 en África;
5. Elevar, en el seno de las Naciones Unidas, la necesidad de que los diferentes Estados miembros de la organización apoyen con recursos económicos adecuados los esfuerzos de la conferencia mundial de captación de fondos impulsada por la
Comisión Europea en mayo de 2020 para la lucha contra la COVID-19 a nivel global, con especial atención a la situación en África.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/000771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar que el Gobierno
respeta al Poder Judicial, para su debate en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Exposición de motivos
El pasado 22 de abril se dio a conocer la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condena a doña Isabel Serra a diecinueve meses de cárcel ya una multa de más de 2.000 euros por los delitos de atentado a la autoridad,
lesiones y daños. La señora Serra es actualmente la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.
Los hechos por los que fue condenada se remontan a 2014. La Sentencia establece como hechos probados que, una vez materializado un desahucio, la Sra. Serra y otros impidieron a un grupo de policías que se marchase del lugar. Se dirigieron
de manera violenta contra ellos, insultándoles y lanzándoles objetos (entre ellos, piedras). La señora Serra se dirigió a dos policías municipales diciéndole, a la primera 'eres cocainómana, mala madre, hija de puta' y a la segunda 'puta, zorra,
que te follas a todos los policías municipales, si fuera tu hijo tendría que coger un arma y pegarte un tiro'. También participó activamente en los empujones propinados al grupo de policías municipales y en el lanzamiento de objetos contundentes.
El episodio tuvo como resultado dos agentes lesionados y dos vehículos policiales dañados.
Nada más conocerse la Sentencia, varios miembros del Gobierno de España -todos ellos de Unidas Podemos- cargaron duramente contra ella y contra los jueces que la habían dictado. El Vicepresidente Segundo, don Pablo Iglesias, afirmó lo
siguiente: 'En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso.' La ministra de Igualdad, doña lrene Montero, afirmó que la
Sra. Serra había sido condenada por intentar frenar un desahucio y añadió: 'Ni lsa ni ninguna persona que en España luche contra las injusticias estaréis solas.
Somos más.'También la secretaria de Estado de Agenda 2030, doña lone Belarra, calificó la sentencia de 'injusta y desproporcionada'.
Esta avalancha de críticas gubernamentales a la Sentencia provocó una reacción del Consejo General del Poder Judicial (la segunda reacción del CGPJ a las críticas del Gobierno en lo que va de año). El día siguiente de la publicación de la
Sentencia, el 23 de abril, aprobó un comunicado en el que mostraba su profundo malestar. En particular, apeló al Gobierno para que mostrase 'moderación, prudencia y mesura' y apeló también 'a la responsabilidad institucional para evitar la
utilización política de la Justicia'. Recordó, además, el CGPJ que 'la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial'.
El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, don Pablo Echenique, tuvo una furibunda reacción a este comunicado del CGPJ. En efecto, atacó directamente a su presidente, don Carlos Lesmes, y afirmó textualmente: 'Lecciones de
pulcritud democrática, las justas'.
Desde entonces, ningún miembro del Gobierno ha dado amparo al CGPJ y todos los ministros interpelados -incluso en sede parlamentaria- se han limitado a defender las críticas del Vicepresidente Segundo y demás miembros del Gobierno a la
Justicia en el marco de su 'libertad de expresión'.
Este ataque desde el Poder Ejecutivo al Judicial es intolerable. La doctrina de la separación de poderes exige que el Poder Judicial pueda ejercer sus competencias sin injerencias ni críticas por parte del Gobierno. Afirmar, como han hecho
miembros del Gobierno, que la Justicia española defiende y ampara sistemáticamente a corruptos supone arremeter contra la independencia de los jueces, pilar fundamental de su labor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados solicita a todos los miembros del Gobierno que respeten la independencia de jueces y magistrados tal y como ordena el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, eviten lanzar acusaciones de falta de
imparcialidad sobre los mismos y se abstengan de atacar al Poder Judicial y a la Justicia, que es propugnada en el artículo 1 de nuestra Constitución como valor superior del ordenamiento jurídico y del Estado Social y Democrático de Derecho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Jesús Postigo Quintana, Pedro Navarro López, Edurne Uriarte Bengoechea, Carlos Aragonés Mendiguchía, Eloy Suárez Lamata, Jaime Eduardo de Olano Vera, Macarena Montesinos de Miguel,
María Auxiliadora Pérez Díaz, Adolfo Suárez Illana y Pilar Marcos Domínguez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/000769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera. al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
protección del Patrimonio Histórico de la Mecanización Agraria, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La publicación del Real Decreto 448/2020 de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola, ha generado inquietud en el mundo de la conservación y coleccionismo de tractores antiguos. A partir de la publicación de
dicho Real Decreto se establece que para comprar, cambiar de titularidad y poder circular legalmente con un tractor de más de cuarenta años sin estructura de protección contra el vuelco el vehículo se tenga que homologar y catalogar como vehículo
histórico según el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos. Esta situación es inédita en el mundo del coleccionismo de vehículos antiguos, ni automóviles, ni motocicletas, ni camiones ni
autobuses están obligados a ello.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la circulación de tractores con una antigüedad superior a cuarenta años mediante el compromiso del usuario de pertenecer a una
asociación o club de vehículos antiguos y la correspondiente anotación en la tarjeta ITV o permiso de circulación de no poder realizar labores productivas con dicho tractor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Republicano.
161/000772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reanudación del servicio
público de exámenes de tráfico y su no suspensión ningún día laborable del año 2020 en ninguna Jefatura Provincial y Local de Tráfico con el fin de paliar en su totalidad
los efectos del estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
El Ministerio de Sanidad publicó diecisite días antes que el Consejo de Ministros decretará el estado de alarma para hacer frente a la expansión del coronavirus COVID-19 el Procedimiento de actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-2
(COVID-19). Posteriormente, entre el 2 y el 5 de marzo, Sanidad elaboró el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al nuevo Coronavirus (SARS-COV-2) de aplicación en los distintos
departamentos ministeriales y organismos autónomos de la Administración General del Estado.
La Jefatura Central de Tráfico, como Organismo Autónomo de los previstos en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, atendiendo al estudio de éstos procedimientos para su aplicación y a la
tipología del trabajo que se desarrolla en sus distintos centros de trabajo elaboró un documento, que remitió el 10 de marzo a las Escuelas Particulares de Conductores, en el que se recogía las medidas de actuación frente al coronavirus (COVID-19)
en la Dirección General de Tráfico (DGT). Así, según los tipos de exposición las medidas de actuación a aplicar variaban en cada escenario:
'Con atención directa al público en las Jefaturas Provinciales, locales y oficinas locales: Medidas: Se deberá habilitar una zona de espera de seguridad del público que acuda a la gestión de los diferentes trámites, para ello se
determinará una distancia de aproximadamente 2 metros a los puestos de atención al público. Se extremará la precaución del uso de hidrogeles, solución hidroalcohólica o agua y jabón para higiene de manos especialmente tras el examen de la
documentación que aporten los interesados. No es necesario el uso de EPIs.
Con atención directa al público: Aulas, Centros de Examen y Examinadores: Medidas en Aulas y Centros de Examen: Se deberá habilitar una zona de espera de seguridad del público durante la gestión de la documentación relativa a los
exámenes. Para ello, se establecerá una distancia de aproximadamente 2 metros desde el puesto donde se entregue la documentación a la zona de espera del público, alejando las sillas de espera, si las hubiera. Igualmente, se deberá mantener una
distancia de seguridad, en la medida de lo posible, de 2 metros con los alumnos durante el desarrollo del examen. Se extremará la precaución del uso de hidrogeles, solución hidroalcohólica o agua y jabón para higiene de manos especialmente tras el
examen de la documentación que aporten los interesados.
Medidas en pruebas de circulación en vías abiertas: Se deberá mantener una distancia de seguridad, en la medida de lo posible, de 2 metros con el alumno durante la gestión de la documentación relativa al examen. Se extremará la precaución
del uso de hidrogeles, solución hidroalcohólica o con agua y jabón para higiene de manos especialmente tras el examen de la documentación que aporten los interesados y tras la subida y bajada del vehículo de examen. En el caso de exámenes en
turismos y pesados, se deberá limitar el número de personas dentro del vehículo a un alumno, el profesor y el examinador, permaneciendo este último en todo momento en los asientos traseros del turismo o a la máxima distancia que permita la cabina
del vehículo pesado desde donde dará las instrucciones sin acercarse al resto de ocupantes.
No obstante lo anterior, en caso de acudir un alumno que presente una sintomatología clara y evidente compatible con el COVID-19 (fiebre, tos y sensación de falta de aire), el examinador podrá suspender la prueba anulando la convocatoria de
dicho alumno.'
El 12 de marzo la Dirección General de Tráfico, en función de las competencias que tiene atribuidas, decidió suspender temporalmente desde el 13 de marzo y hasta nuevo aviso, los exámenes para la obtención del permiso de conducir, tanto
teóricos como prácticos en las Comunidades de Madrid y de La Rioja, así como en la provincia de Álava como medida preventiva de salud en aplicación del protocolo de actuación frente a la exposición al COVID-19.
El 13 de marzo de 2020, la Dirección General de Tráfico decidió ampliar las medidas de prevención en aplicación del protocolo de actuación frente a la exposición al COVID-19 a todo el territorio nacional. Entre esas medidas se encontraba la
suspensión temporal, hasta nuevo aviso, de los exámenes teóricos y prácticos, de todas las categorías de vehículos, para la obtención del permiso de conducción en todas las Jefaturas provinciales de tráfico a partir del lunes 16 de marzo. Siendo el
tenor de la comunicación oficial
de Tráfico el siguiente: 'La Dirección General de Tráfico, en función de las competencias que tiene atribuidas ha decidido este viernes ampliar las medidas de prevención en aplicación del protocolo de actuación frente a la exposición al
COVID 19.
Se suspenden temporalmente, hasta nuevo aviso, los exámenes teóricos y prácticos -de todas las categorías de vehículos- para la obtención del permiso de conducción en todas las Jefaturas provinciales de tráfico a partir del lunes 16 de marzo
[...]'
El 14 de marzo el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros extraordinario, aprobó a tenor del artículo 116 de la Constitución declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional por un periodo de quince días para afrontar la
situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 en España.
El artículo 7 y 9 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, suspendió la actividad educativa presencial entre la que
se encuentra la ofrecida por las escúpales de formación de conductores, y no contempló la posibilidad de poder circular para la realización de clases prácticas de enseñanza preparatorias para la obtención de los permisos y licencias de conducir.
El 28 de abril, 46 días después de la declaración del estado de alarma y tras tres prórrogas del mismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de desescalada del confinamiento asimétrico en función de la evolución de la pandemia en el
ámbito provincial que se prolongará hasta finales de junio en el mejor de los casos. En el Anexo ll de ese Plan referido a la 'Previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito nacional establecidas en el estado de alarma,
en función de las fases de transición a una nueva normalidad' se indica que la previsión orientativa para la apertura de las autoescuelas se enmarcará en la Fase II de la desescalada provincial que en el mejor de los casos se producirá a partir del
26 de mayo, siempre y cuando la evolución de la pandemia lo permita. Así, en la Fase II se permitirá la 'apertura de los centros educativos y de formación (autoescuelas, academias, etc.) que no estén incluidos en los apartados de Educación y
Ciencia. Se establecerán las medidas de distanciamiento, higiene y protección oportunas'.
Desde el 16 de marzo las más de 9.000 autoescuelas que conforman el sector en España están paralizadas al cerrar su actividad formativa para la obtención de las licencias y permisos para conducir en todo el territorio nacional. Por lo que
la gran mayoría han recurrido al ERTE para proteger a sus trabajadores de la situación generada, al mismo tiempo que los autónomos titulares de autoescuelas mayoritariamente han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad. Durante
más de 71 días, en el mejor de los casos, las autoescuelas seguirán cerradas sin poder ofrecer sus servicios profesionales a los ciudadanos hasta el inicio de la Fase II del Plan de vuelta a la normalidad económica y social aprobado por el Consejo
de Ministros.
Según la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial cada día de 'no actividad' normal por parte de las autoescuelas está costando al sector alrededor de seis millones de euros. Lo que supondrá según esos cálculos, y en
el mejor de los casos, un coste de más de 426 millones de euros para el sector formativo de las autoescuelas.
El retorno a la normalidad en el sector de las autoescuelas requiere que la Dirección General de Tráfico reanude inmediatamente la realización de las pruebas de aptitud prácticas para la obtención del permiso para conducir ya que sin la
reanudación de los exámenes suspendidos, desde el 12 de marzo en Madrid, La Rioja y Alava y desde el 13 de marzo en el resto de España, no se reactivarán en las escuelas particulares de conductores las clases prácticas preparatorias que son la
actividad esencial de las autoescuelas lo que provocaría la ruina del sector y la pérdida de miles de empleos.
La vuelta a la normalidad tanto en la formación como en el servicio público de exámenes de la Dirección General de Tráfico tras el confinamiento por la COVID-19 requiere la inmediata presentación por parte de la autoridad competente de un
protocolo organizado, coordinado, armonizado y responsable con medidas específicas y efectivas que garanticen la seguridad y la salud de los tres actores que intervienen en el desarrollo de las pruebas teóricas y prácticas para obtención del permiso
de conducir: los examinandos, los profesionales de las escuelas particulares de conductores, trabajadores por cuenta ajena y autónomos, y los empleados públicos.
La mayoría de Jefaturas Provinciales de Tráfico cierran sus puertas durante el verano dejando a autoescuelas y alumnos sin poder examinarse. En la situación actual en la que, por un lado, 130.000 alumnos se encontraban preparándose para
someterse a las pruebas de alguno de los permisos y licencias de conducción cuando el Consejo de Ministros decretó el estado de alarma según datos de la
Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial; y por otro, el retraso de la EBAU que supondrá un evidente retraso de matriculaciones en las autoescuelas para mediados de julio, requiere un esfuerzo de la Jefatura Central
de Tráfico para aumentar su capacidad de examinar para la obtención de los permisos y licencias de conducir.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reanudar el servicio público de exámenes de la Dirección General de Tráfico, tanto de las pruebas teóricas como prácticas, para la obtención de los permisos y licencias para conducir a partir del 26 de mayo fecha de inicio de la Fase ll
o Intermedia del Plan de vuelta a la normalidad económica y social aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril.
2. De acuerdo con lo anterior, y con el fin de paliar en su totalidad los efectos del estado de alarma decretado como consecuencia de la pandemia 'COVID-19', no suspender la celebración de exámenes para la obtención del permiso y licencia
de conducir ningún día laborable del año 2020 en ninguna Jefatura de Tráfico desde el inicio de la reanudación del servicio público de exámenes.
3. Prestar el mencionado servicio público de exámenes garantizando siempre la seguridad y la salud de todos los ciudadanos que participan en las pruebas de evaluación, habilitando los medios y recursos necesarios para impedir que por esta
actividad puedan producirse nuevos contagios entre los examinandos, los empleados públicos y/o los profesionales de la formación vial ya sean trabajadores por cuenta ajena o autónomos.
4. Remitir a las Escuelas Particulares de Conductores con el suficiente margen de antelación, que nunca será inferior a diez días del inicio de la Fase ll o intermedia del Plan de desescalada, el protocolo de seguridad y de salud que
aplicará la Dirección General de Tráfico en las aulas y centros de examen así como en las pruebas prácticas y de destreza de circulación.
5. Asimismo, remitir a las Escuelas Particulares de Conductores con el suficiente margen de antelación, que nunca será inferior a diez días del inicio de la Fase ll o intermedia del Plan de desescalada, las medidas preventivas para evitar
que se produzcan contagios por COVID-19 que deben implementar las autoescuelas con el fin de reanudar su actividad formativa, teórica y práctica, con la máxima certeza y seguridad laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Óscar Gamazo Micó, Jaime Miguel Mateu Istúriz y María Sandra Moneo Díez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/000162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida al Excmo. Sr. Ministro del Interior, don Fernando Grande-Marlaska Gómez
Texto:
¿Puede Vd. indicar cuáles son los criterios de acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas o de proximidad al territorio vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000120
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Qué mejoras están previstas en la estación de Chamartín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Daniel Vicente Viondi, Diputado.
181/000121
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Qué actuaciones de mejora está realizando el Gobierno en la conexión de la M-40 con la M-607, en Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Daniel Vicente Viondi, Diputado.
181/000122
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Qué mejoras está acometiendo el Gobierno en la R-4 y la M-50, en Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Daniel Vicente Viondi, Diputado.
181/000124
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Qué mejoras se están acometiendo en las carreteras M-21 y M-31?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Daniel Vicente Viondi, Diputado.
181/000125
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿En qué situación se encuentran los proyectos para la implantación del carril Bus-VAO de la autovía A-2?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Daniel Vicente Viondi, Diputado.
181/000126
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno el inicio de la actividad de RENFE en Estados Unidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.
181/000127
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Qué medios ha dispuesto el Gobierno para la última campaña de vialidad invernal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.
181/000128
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Qué actuaciones se han puesto en marcha para la creación de un organismo multimodal independiente para la investigación técnica de accidentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.
181/000129
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Qué mejoras ha impulsado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para facilitar la instalación de puntos de recarga eléctrica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.
181/000130
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Qué avances se han producido para mejorar la capacidad de la autovía A-62, en el tramo Dueñas-Cigales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.
181/000131
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Qué actuaciones está acometiendo el MITMA para aumentar la capacidad de la autovía A-62, en el tramo Simancas-Tordesillas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Helena Caballero Gutiérrez, Diputada.
181/000132
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno en previsión de la próxima liberación del peaje de la AP-7 Tarragona-La Jonquera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Francisco Aranda Vargas, Diputado.
181/000133
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Qué avances se han producido en la autovía del Duero A-11?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Esther Peña Camarero, Diputada.
181/000134
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno la reversión de la AP-1?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Esther Peña Camarero, Diputada.
181/000135
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno la reversión del tramo Valencia-Alicante de la AP-7?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Alejandro Soler Mur, Diputado.
181/000136
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Qué avances se han producido en relación con la variante ferroviaria de Torrellano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Alejandro Soler Mur, Diputado.
181/000137
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Qué avances se están produciendo en las obras de duplicación de la SG-20?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-José Luis Aceves Galindo, Diputado.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000138
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por Vd. como Ministra de Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido aprobado en el Consejo de
Ministros sino solo informado, qué medidas va a tomar Vd. para defender a los sectores a los que representa su Ministerio ante la incertidumbre contenida en dicho plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo Quintana, Diputado.
181/000139
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por Vd. como Ministra de Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido aprobado en el Consejo de
Ministros sino solo informado, cuál ha sido su participación o la de su Ministerio en la redacción del denominado plan de desescalada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo Quintana, Diputado.
181/000140
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por Vd. como Ministra de Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido aprobado en el Consejo de
Ministros sino solo informado, conoce la Sra. Ministra el contenido del plan de desescalada anunciado y/o aprobado por el Consejo de Ministros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo Quintana, Diputado.
181/000141
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por Vd. como Ministra de Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido aprobado en el Consejo de
Ministros sino solo informado, ratifica o rectifica Vd. sus explicaciones respecto a que en dicha fecha no existía aprobación en Consejo de Ministros del plan de desescalada anunciado por el gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo Quintana, Diputado.
181/000142
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido aprobado en el Consejo de Ministros
sino solo informado, mintió la Sra. Ministra en la Comisión, o engañó a los Diputados miembros de la misma o no se enteró en el Consejo de Ministros de lo que se aprobaba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo Quintana, Diputado.
181/000145
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por Vd. como Ministra de Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido aprobado en el Consejo de
Ministros sino solo informado, qué opinión le merece a usted y a su Ministerio el hecho de que en el Comité Técnico de asesoramiento al Gobierno para el denominado plan de desescalada no haya ningún experto en las materias de su competencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo Quintana, Diputado.
181/000146
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por Vd. como Ministra de Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido aprobado en el Consejo de
Ministros sino solo informado, considera Vd. que es admisible que la Ministra de Industria, Comercio y Turismo dé información incorrecta al Congreso de los Diputados en un tema de tanta importancia para la certidumbre y seguridad que reclaman los
sectores de la industria, el comercio y el turismo de nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo Quintana, Diputado.
181/000147
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por Vd. como Ministra de Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido aprobado en el Consejo de
Ministros sino solo informado, considera Vd. la posibilidad de presentar su dimisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo Quintana, Diputado.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
181/000192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Territorial y Función Pública
Diputado don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, actuando en su condición de Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a la Sra. Ministra de Política Territorial y Función Pública, doña Carolina Darias San Sebastián
Texto:
¿Cómo valora la Ministra de Política Territorial y Función Pública el funcionamiento del Estado autonómico en una situación de crisis como la generada por el coronavirus?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputado.
181/000193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Territorial y Función Pública
Diputado don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, actuando en su condición de Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a la Sra. Ministra de Política Territorial y Función Pública, doña Carolina Darias San Sebastián
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno las respuestas dadas por las Comunidades Autónomas a las demandas derivadas de la pandemia y su grado de implicación y lealtad con respecto del Gobierno de la Nación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputado.
181/000194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Territorial y Función Pública
Diputado don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, actuando en su condición de Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a la Sra. Ministra de Política Territorial y Función Pública, doña Carolina Darias San Sebastián
Texto:
¿En qué ha consistido el papel jugado por el Ministerio dirigido por la señora Darias San Sebastián en la coordinación y colaboración entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas para hacer frente a la pandemia por coronavirus?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000119
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Texto:
¿Cuáles son las principales medidas que plantea el gobierno para reforzar el Plan Nacional de Calidad del Aire en las principales ciudades de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Daniel Vicente Viondi, Diputado.
181/000143
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputado don Juan Diego Requena Ruiz, Diputado por Jaén
Texto:
¿Qué efectos tendrá la caída de demanda eléctrica en España sobre el cálculo de peajes y sobre el sistema eléctrico español, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta
Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de
alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Juan Diego Requena Ruiz, Diputado.
181/000144
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputado don César Sánchez Pérez, Diputado por Alicante
Texto:
¿Cuándo piensa el Gobierno aprobar el Plan de Actuación del sector Forestal en España, con medidas de carácter económico que nos permita sumar la actividad económica forestal a la salida de la crisis Post-COVID-19, dado que nada sabemos
sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los
Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-César Sánchez Pérez, Diputado.
181/000148
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputado don César Sánchez Pérez, Diputado por Alicante
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar y poner en marcha la Estrategia Española sobre Economía Circular para establecer los sectores prioritarios de actividad y las líneas principales de actuación, metas, plazos y en colaboración con las
distintas Administraciones, que nos permita como país salir de la crisis y activar la economía Post-COVID, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto
Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y
entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-César Sánchez Pérez, Diputado.
181/000149
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputado don Diego Gago Bugarín, Diputado por Pontevedra
Texto:
¿Qué opinión tiene la Vicepresidenta responsable de la desescalada cuando escucha las quejas de los presidentes autonómicos incluidos los de su partido por no haber consensuado el proceso de desescalada con las autonomías y ayuntamientos,
dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del
Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Diego Gago Bugarín, Diputado.
181/000150
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputado don Diego Gago Bugarín, Diputado por Pontevedra
Texto:
¿Por qué han permitido la celebración el 8M y otras grandes aglomeraciones si ya teníamos detectados los primeros casos de personas infectadas en España y observábamos con pavor la escalada diaria de aumento de casos en Italia, dado que nada
se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de
los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Diego Gago Bugarín, Diputado.
181/000151
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputado don Diego Gago Bugarín, Diputado por Pontevedra
Texto:
¿Si usted proclama y exige la unidad de acción territorial en la lucha contra el COVID-19, por qué no ha contado con las CC.AA. y Ayuntamientos en el desarrollo del plan de desescalada, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a
que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el
Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Diego Gago Bugarín, Diputado.
181/000152
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputado don Diego Gago Bugarín, Diputado por Pontevedra
Texto:
¿Si usted afirma que Portugal cuenta con mejores resultados porque el virus viene del Este, cómo explica el Gobierno que España esté en una situación peor en número de contagios y de fallecidos que otros países de la UE que están más
próximos al foco de inicio de la pandemia, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido
una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Diego Gago Bugarín, Diputado.
181/000153
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputada doña Paloma Gázquez Collado, Diputada por Asturias
Texto:
¿Si el Gobierno ha reconocido celebrar las primeras juntas de seguridad ante la posible llegada del COVID-19 a España durante el mes de enero, por qué usted ahora afirma en la entrevista dominical de un importante medio de comunicación
nacional que no les ha dado tiempo a detectar el problema hasta después del 8M, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro
del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
181/000154
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputado don Diego Gago Bugarín, Diputado por Pontevedra
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar la Ley de cambio climático, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro
del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la
Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Diego Gago Bugarín, Diputado.
181/000155
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputado don Juan Diego Requena Ruiz, Diputado por Jaén
Texto:
¿Considera que el PNIEC comunicado a la Comisión Europea no necesita ninguna actualización, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico
es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en
diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Juan Diego Requena Ruiz, Diputado.
181/000156
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputado don César Sánchez Pérez, Diputado por Alicante
Texto:
¿Qué planes, partidas presupuestarias e inversiones tiene proyectado llevar a cabo su Ministerio para relanzar la economía española Post-COVID, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y
Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días está
protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-César Sánchez Pérez, Diputado.
181/000157
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputada doña Paloma Gázquez Collado, Diputada por Asturias
Texto:
¿A la vista de que los ciudadanos quieren certidumbres y un Gobierno que no les ponga, al menos, 'palos en la rueda' y que sus declaraciones como Vicepresidenta afirmando que 'si no están cómodos que no abran' no es sinónimo de apoyo al
hostelero, qué medidas concretas ha previsto su Vd. en sus
funciones en el plan de desescalada para el sector de la hostelería, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del
Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
181/000158
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputada doña Carmen Navarro Lacoba, Diputada por Albacete
Texto:
¿A la vista de líneas generales trazadas por la Comisión Europea para la salida de la crisis, relativas al crecimiento verde y la digitalización, qué acciones concretas ha llevado a cabo su Ministerio en los últimos dos años, dado que nada
se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de
los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Carmen Navarro Lacoba, Diputada.
181/000159
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputado don Juan Diego Requena Ruiz, Diputado por Jaén
Texto:
¿Considera que el PNIEC remitido a la Unión Europea debe ser modificado como consecuencia del COVID-19, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto
Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y
entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Juan Diego Requena Ruiz, Diputado.
181/000160
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputada doña Carmen Navarro Lacoba, Diputada por Albacete
Texto:
¿Considera que el incremento de estructura funcionarial dependiente de su Vicepresidencia Cuarta y Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la política más adecuada para afrontar la crisis económica que se deriva de las
medidas de confinamiento y disminución de la actividad productiva en España, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del
Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Carmen Navarro Lacoba, Diputada.
181/000161
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputada doña Paloma Gázquez Collado, Diputada por Asturias
Texto:
¿Considera la Vicepresidenta Cuarta y Ministra de Transición Ecológica que el condicionamiento de las ayudas de la UE a las que se ha referido en declaraciones públicas, puede afectar a pensiones y sueldos de funcionarios públicos en España,
dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del
Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
181/000173
Grupo Parlamentario Plural
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputada doña Inés Sabanés Nadal
Dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Texto:
¿Va a mantener el gobierno los compromisos y las 25 líneas prioritarias anunciadas con la declaración de emergencia climática?
Palacio Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.
181/000174
Grupo Parlamentario Plural
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputada doña Inés Sabanés Nadal
Dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Texto:
¿Qué medidas se van a tomar desde el Gobierno y, específicamente, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para salvaguardar el marco general hacia una Transición Ecológica y Sostenible en el contexto de la desescalada
y de la concreción de los planes socioeconómicos y productivos en nuestro país?
Palacio Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/000191
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional
Diputada doña Paloma Gázquez Collado
Texto:
¿Qué medidas ha llevado a cabo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el año que ha presidido la Red Europea de Agencias de Desarrollo (Practitioners Network) y qué propuestas de respuesta global
frente a la crisis del COVID-19 tendentes a configurar la Estrategia de Respuesta de la Cooperación Española frente al COVID-19 se han presentado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Núm. expte.: 184/005962
Núm. registro: 14094
Autor iniciativa: Zurita Expósito, Ana María (GP).
Objeto iniciativa: Fundamento jurídico, condiciones de protección o texto legal que ampara la prohibición enviada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por correo electrónico a empresas afectadas por los
planes de gestión de las 24 ZEC (Zonas de Especial Conservación) de Canarias, referentes a los criterios de navegación para desarrollar la actividad de avistamiento de cetáceos en el ámbito costero de Santiago del Teide mayoritariamente.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 48 de 9 de marzo de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000169.
Núm. expte.: 184/005973
Núm. registro: 14105
Autor iniciativa: Zurita Expósito, Ana María (GP) Mariscal Anaya, Guillermo (GP) Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP) Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP).
Objeto iniciativa: Razones de la demora de la autorización de obras al Hotel Oliva Beach en Fuerteventura.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 48 de 9 de marzo de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000168.
Núm. expte.: 184/005974
Núm. registro: 14106
Autor iniciativa: Zurita Expósito, Ana María (GP) Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP) Mariscal Anaya, Guillermo (GP) Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de la partida del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias para 'Acondicionamiento Playa de Valleseco' en la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2020.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 48 de 9 de marzo de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000167.
Núm. expte.: 184/005979
Núm. registro: 14111
Autor iniciativa: Zurita Expósito, Ana María (GP) Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP) Mariscal Anaya, Guillermo (GP) Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de la partida del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias para 'Actuaciones en la Costa' en la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2020.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 48 de 9 de marzo de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000166.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las
preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
Núm. expte.: 184/007249
Núm. registro: 17726
Autor iniciativa: González Vázquez, Marta (GP) Martínez Ferro, María Valentina (GP) Hoyo Juliá, Belén (GP) Rojas García, Carlos (GP) Marcos Domínguez, Pilar (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de incrementar las dotaciones destinadas a emitir permisos de residencia y expedición de números de identidad para extranjeros tras la suspensión de las citas previas previstas para ello.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000189.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Núm. expte.: 184/007409
Núm. registro: 18079
Autor iniciativa: González Vázquez, Marta (GP) Martínez Ferro, María Valentina (GP) Garcés Sanagustín, Mario (GP) Hoyo Juliá, Belén (GP).
Objeto iniciativa: Países que han restringido las comunicaciones vía terrestre, aérea y marítima desde España durante la crisis por el coronavirus.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000187.
Núm. expte.: 184/007411
Núm. registro: 18081
Autor iniciativa: González Vázquez, Marta (GP) Martínez Ferro, María Valentina (GP) Garcés Sanagustín, Mario (GP) Hoyo Juliá, Belén (GP).
Objeto iniciativa: Valoración de las restricciones de las vías de comunicación anunciadas por terceros países respecto a España.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000188.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
Núm. expte.: 184/006281
Núm. registro: 15827
Autor iniciativa: González Guinda, María del Carmen (GP) García Rodríguez, Alicia (GP) Moneo Díez, María Sandra (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de la asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima del grado de capacidad, que en nuestro ordenamiento jurídico es el 33 %.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000176.
Núm. expte.: 184/006290
Núm. registro: 15836
Autor iniciativa: Moneo Díez, María Sandra (GP) García Rodríguez, Alicia (GP).
Objeto iniciativa: Medidas previstas para reducir la lista de espera en el ámbito de la dependencia en el año 2020.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000177.
Núm. expte.: 184/006293
Núm. registro: 15839
Autor iniciativa: Moneo Díez, María Sandra (GP) García Rodríguez, Alicia (GP).
Objeto iniciativa: Medidas previstas para favorecer la emancipación de los jóvenes en el año 2020.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000178.
Núm. expte.: 184/006294
Núm. registro: 15840
Autor iniciativa: Moneo Díez, María Sandra (GP) García Rodríguez, Alicia (GP).
Objeto iniciativa: Medidas previstas para fomentar la natalidad en el año 2020.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000179.
Núm. expte.: 184/006297
Núm. registro: 15843
Autor iniciativa: Moneo Díez, María Sandra (GP) García Rodríguez, Alicia (GP).
Objeto iniciativa: Conclusiones alcanzadas y propuestas realizadas durante la reunión del Consejo General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales celebrado el 12 de diciembre de 2019 en relación con la gestión realizada y la actividad
desarrollada en el año, así como con la apertura de los nuevos centros de referencia estatal y con la confección del nuevo contrato del programa de turismo social.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000180.
Núm. expte.: 184/007437
Núm. registro: 18126
Autor iniciativa: García Rodríguez, Alicia (GP) Moneo Díez, María Sandra (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de garantizar la flexibilización del personal y de tareas para dar respuesta a la situación actual y a la que pueda producirse en las próximas semanas y la atención a las personas usuarias de centros de
personas mayores, centros de carácter social y servicios de atención domiciliaria.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000181.
Núm. expte.: 184/007440
Núm. registro: 18129
Autor iniciativa: García Rodríguez, Alicia (GP) Moneo Díez, María Sandra (GP).
Objeto iniciativa: Medidas y plazos previstos para declarar a los profesionales de los servicios sociales como prestadores de servicios esenciales.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000182.
Núm. expte.: 184/007441
Núm. registro: 18130
Autor iniciativa: García Rodríguez, Alicia (GP) Moneo Díez, María Sandra (GP).
Objeto iniciativa: Medidas y plazos previstos para garantizar la atención de los ciudadanos que se vean afectados por la crisis del coronavirus.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000183.
Núm. expte.: 184/006331
Núm. registro: 15878
Autor iniciativa: García Rodríguez, Alicia (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca del déficit de plazas residenciales y de desarrollar el epígrafe relativo a la calidad de las residencias de mayores del documento 'Coalición Progresista. Un nuevo acuerdo para España'.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000184.
Núm. expte.: 184/006333
Núm. registro: 15880
Autor iniciativa: García Rodríguez, Alicia (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de culminar la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, 'que tenía que haber estado realizada y entregados sus resultados en 2018'.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000185.
Núm. expte.: 184/007442
Núm. registro: 18131
Autor iniciativa: García Rodríguez, Alicia (GP) Moneo Díez, María Sandra (GP) Garcés Sanagustín, Mario (GP).
Objeto iniciativa: Medidas y plazos previstos para ampliar la cobertura y posibles ayudas de urgencia al alquiler no contempladas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000186.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Núm. expte.: 184/006327
Núm. registro: 15874
Autor iniciativa: Requena Ruiz, Juan Diego (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir acerca de abrir plazo para la solicitud de riegos extraordinarios en la provincia de Jaén y su concesión para al menos los regantes de las cuatro últimas
campañas.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000175.
Comisión de Sanidad y Consumo
Núm. expte.: 184/007372
Núm. registro: 18023
Autor iniciativa: González Vázquez, Marta (GP) Martínez Ferro, María Valentina (GP) Mariscal Anaya, Guillermo (GP) Echániz Salgado, José Ignacio (GP) Hoyo Juliá, Belén (GP).
Objeto iniciativa: Intercambios comerciales de productos sanitarios realizados por el Gobierno con empresas chinas durante la crisis del coronavirus.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63 de 8 de abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000190.
184/011626
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rufián Romero, Gabriel (GR).
Investigación por la Fiscalía de la ciudad suiza de Ginebra los negocios del Rey emérito Su Majestad Don Juan Carlos I.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta contenida en el quinto guion dado que, en los términos en
que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito.
Según se publicó hace pocas semanas por la prensa ginebresa la Fiscalía de la ciudad suiza de Ginebra investiga al rey emérito Juan Carlos de Borbón. Por lo publicado, el ministerio fiscal suizo investiga posibles percepciones irregulares
provenientes de donaciones de 100 millones de dólares en una cuenta del banco Mirabaud en 2008, el rastreo de la cual parece arrojar la conclusión de que procedía del entorno del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saudí.
Por lo publicado, esta investigación implicaría directamente a la aristócrata Corinna zu Sayn-Wittgenstein y a presuntos testaferros del monarca emérito como son Arturo Fasana y Dante Canónica. De hecho, la investigación, se basa en buena
parte en lo contenido en la documentación requisada en los registros que hizo el fiscal suizo a los despachos de dichos testaferros. La fiscalía helvética investiga, además, los movimientos de la fundación panameña Lucum en la que el Rey emérito
era primer beneficiario. La instrucción se enmarca también en una investigación relacionada con un presunto delito de blanqueo agravado de capitales por presuntos pagos de comisiones derivadas de las adjudicaciones a empresas españolas de la
construcción del AVE entre La Meca y Medina.
Recientemente el periódico El País publicó que había obtenido acceso a la declaración de Fasana ante el fiscal jefe del cantón de Ginebra Yves Bertossa. Por lo visto, el presunto testaferro habría declarado que Juan Carlos I entregó en
persona 1,9 millones de dólares contenidos en un maletín, dinero proveniente de una donación del rey de Bahréin Hamad bin Isa al Jalifa al que era gestor de su cuenta suiza -Fasana- en la banca Mirabaud. Cuenta a nombre de la fundación Lucum. Por
lo visto el Rey emérito hizo esta transacción en persona y en el domicilio del mismo Fasana justo después de haber llegado de una visita a Abu Dabi.
En la propia comisión rogatoria enviada por Bertossa a petición del Juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se informa, entre otras, de la donación de Arabia Saudí de 100 millones de dólares a una cuenta suiza del Rey emérito,
así como también el ingreso el 7 de abril de 2010 de los 1,9 millones de dólares a los que Fasana, presuntamente, hacía referencia. Confirmando así la declaración del presunto testaferro.
Con lo expuesto, se plantean las siguientes preguntas al Gobierno:
- ¿Tiene conocimiento el Gobierno de la investigación iniciada por la fiscalía de Ginebra en relación a los negocios del Rey Emérito?
- ¿Ha mantenido algún contacto en relación a esta investigación con el ministerio de justicia helvético y/o el gobierno suizo?
En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el objetivo y conclusiones de este contacto?
- ¿Cuál es la posición del Gobierno en relación a la investigación que ha abierto la fiscalía helvética?
- Algunos grupos políticos con presencia en el Senado y el Congreso han presentado sendas peticiones de comisión de investigación, peticiones que han sido sistemáticamente rechazadas por el principal partido del Gobierno, ¿Piensa el Gobierno
iniciar algún tipo de investigación en relación a los negocios del Rey emérito y la implicación política de los anteriores Gobiernos y la administración pública y las presuntas tramas de corrupción a las que estaría presuntamente vinculado según
diversas informaciones aparecidas de forma recurrente en los medios?
- [...]
- ¿Continuará el CIS sin preguntar a la ciudadanía la valoración, posicionamiento y opinión en relación a la Casa Real? ¿Hasta cuándo? ¿por qué?
- ¿Piensa el Gobierno actuar en la medida que le sea posible para iniciar cualesquiera de las reformas legislativas que sean requeridas a fin y a efecto de que ninguna institución pueda acogerse a principios de inviolabilidad ni figuras
legales que puedan amparar comportamientos indecorosos y/o irregulares sino directamente ilegales y corruptos?
parte 1
parte 2