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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 77, de 04/05/2020
cve: BOCG-14-D-77
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
4 de mayo de 2020
Núm. 77
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
153/000001 Creación de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ... (Página2)
157/000002 Solicitud de creación de una Comisión no permanente para la reconstrucción social y económica ... (Página2)
158/000005 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Interior, para el examen de las medidas adoptadas por el Gobierno para monitorizar la opinión de los españoles y del sistema utilizado para hacerlo, para la
elaboración de un listado de las unidades policiales implicadas y para el examen y verificación de los responsables políticos máximos ... (Página4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar un paquete de medidas dirigidas a paliar el impacto económico que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 está teniendo en el sector
de la cultura ... (Página6)
162/000245 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reprobación del Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por la falta de transparencia en la gestión y
seguimiento de la pandemia del COVID-19 ... (Página7)
162/000249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en defensa de la libertad de expresión y de la transparencia ... (Página10)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
153/000001 y 157/000002
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, previa audiencia de la Junta de Portavoces, en relación con la solicitud formulada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común
(número de expediente 157/000002), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, ha acordado la creación de una Comisión para la Reconstrucción Social y Económica (número de expediente 153/000001), en los
siguientes términos:
Objeto.
El objeto de la Comisión será la recepción de propuestas, la celebración de debates y la elaboración de conclusiones sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción económica y social, como consecuencia de la crisis del COVID-19.
Plan de Trabajo.
Los trabajos de la Comisión se desarrollarán conforme al Plan de Trabajo acordado y aprobado en su seno.
Estos trabajos versarán fundamentalmente sobre los siguientes cuatro aspectos: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de
protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea.
La Comisión emitirá un dictamen, que se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación, y que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos.
Composición.
La Comisión estará integrada por 46 miembros, de los que 13 pertenecerán al Grupo Parlamentario Socialista, 9 al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 5 al Grupo Parlamentario VOX, 4 al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, 1 a cada uno de los Grupos Parlamentarios Republicano, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV) y Euskal Herria Bildu, y 4 al Grupo Parlamentario Plural y 7 al Grupo Parlamentario Mixto, en ambos casos, uno por cada una de
las formaciones políticas que los integran.
La Comisión adoptará todos sus acuerdos por el criterio de voto ponderado en función del número de miembros con que cuente cada grupo parlamentario en el Pleno de la Cámara. En el caso de los Grupos Parlamentarios Plural y Mixto, la
ponderación se realizará por referencia a cada una de las formaciones políticas que los integran.
Plazo.
El plazo establecido para el desarrollo de los trabajos de la Comisión es de dos meses. Este plazo podrá ser prorrogado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se ordena la publicación de la citada solicitud.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tienen el honor de dirigirse a la Mesa para solicitar, al amparo de lo establecido en el artículo 53 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, que acuerde la creación de una Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica.
Exposición de motivos
La pandemia debida al COVID-19 ha ocasionado una crisis de dimensión y gravedad extraordinarias en la sociedad española. Sus consecuencias están siendo dramáticas para la vida y la salud de una parte importante de nuestra población.
Además, la repercusión de la propia pandemia y de las medidas adoptadas para su combate, sobre la economía, el empleo y el bienestar de la ciudadanía española, resultan, asimismo, de enorme trascendencia.
El Congreso de los Diputados fue informado por el Gobierno el día 18 de marzo del Decreto que declaraba el Estado de Alarma en nuestro país desde el día 14 hasta el día 29 del mismo mes. Con posterioridad, el Congreso de los Diputados, en
tres sesiones plenarias celebradas los días 25 de marzo, 2 de abril y 22 de abril, ha autorizado en tres ocasiones al Gobierno a ampliar ese Estado de Alarma.
Los desafíos de todo orden que afronta la sociedad española y sus instituciones democráticas requieren de la participación y la implicación de todos los actores políticos y sociales: grupos parlamentarios, formaciones políticas,
administraciones públicas, agentes sociales, empresas...
Las Cortes Generales representan al pueblo español, conforme establece la Constitución Española en su artículo 66. En consecuencia, no existe instancia más legitimada y eficaz que su Congreso de los Diputados para albergar la Comisión que
recoja las propuestas, que desarrolle los debates y que elabore las conclusiones pertinentes para afrontar aquellos desafíos mencionados. Sobre cuatro ámbitos, fundamentalmente: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la
economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea.
Por lo tanto, se propone la creación de una Comisión no permanente de Reconstrucción Social y Económica, con arreglo a los siguientes aspectos:
Objeto.
El objeto de la Comisión será la recepción de propuestas, la celebración de debates y la elaboración de conclusiones sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción económica y social, como consecuencia de la crisis del COVID-19.
Plan de Trabajo.
Los trabajos de la Comisión se desarrollarán conforme al Plan de Trabajo acordado y aprobado en su seno.
Estos trabajos versarán fundamentalmente sobre los siguientes cuatro aspectos: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de
protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea.
La Comisión emitirá un dictamen, que se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación, y que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos.
Composición.
La Comisión estará integrada por 46 miembros, de los que 13 pertenecerán al Grupo Parlamentario Socialista, 9 al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 5 al Grupo Parlamentario VOX, 4 al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, 1 a cada uno de los Grupos Parlamentarios Republicano, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV) y Euskal Herria Bildu, y 4 al Grupo Parlamentario Plural y 7 al Grupo Parlamentario Mixto, en ambos casos, uno por cada una de
las formaciones políticas que los integran.
La Comisión adoptará todos sus acuerdos por el criterio de voto ponderado en función del número de miembros con que cuente cada grupo parlamentario en el Pleno de la Cámara. En el caso de los Grupos Parlamentarios Plural y Mixto, la
ponderación se realizará por referencia a cada una de las formaciones políticas que los integran.
Plazo.
El plazo establecido para el desarrollo de los trabajos de la Comisión es de dos meses. Este plazo podrá ser prorrogado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2020.-Portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
158/000005
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario VOX.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Interior, para el examen de las medidas adoptadas por el Gobierno para monitorizar la opinión de los españoles y del sistema utilizado para hacerlo, para la elaboración
de un listado de las unidades policiales implicadas y para el examen y verificación de los responsables políticos máximos.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Interior a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996 y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al grupo
parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
Doña Macarena Olona Choclán, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, don Juan José Aizcorbe Torra, don Pablo Juan Calvo Liste, don Carlos José Zambrano García-Ráez y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en su
condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), y al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de
funcionamiento de las subcomisiones en el seno de las comisiones de la Cámara (la 'Resolución') y normativa concordante, presenta la siguiente solicitud de creación de subcomisión.
Motivación.
El ministro del Interior, don Fernando Grande-Marlaska Gómez, ha reconocido recientemente en declaraciones públicas que el Gobierno monitoriza las redes sociales.
Esta monitorización trataría de localizar los llamados 'discursos de odio'. También localizarían mensajes falsos relacionados con la pandemia COVID-19 por el especial impacto que pueden tener sobre la salud pública. Adicionalmente, el Jefe
del Estado Mayor de la Guardia Civil, general don José Manuel Santiago, declaró lo siguiente, apoyándose en notas escritas:
'Estamos trabajando con nuestros especialistas (...) con el objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de bulos; (...) [para] minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Todos estos
bulos luego los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales.'
Este procedimiento de monitorización y de examen de la opinión y los mensajes de los españoles impacta directamente en la libertad de opinión consagrada en la Constitución Española:
'Artículo 20.
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
(...)
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de
la juventud y de la infancia.
5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.'
Así las cosas, el funcionamiento de este proceso de monitorización y de seguimiento de 'bulos' es evidentemente complejo. Y existe un riesgo muy real de que el Gobierno cercene de alguna forma el derecho de los españoles a la libertad de
opinión, consagrado en el referido artículo 20.1.a) de la Constitución.
Adicionalmente, dependiendo de cómo se esté llevando a cabo esa monitorización, el Gobierno podría estar también conculcando la previsión del artículo 18.3 CE:
'3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.'
Es evidente que el Poder Legislativo, como representante del pueblo español y cumpliendo su mandato de 'controlar la acción del Gobierno', debe vigilar estrechamente cualquier posibilidad de recorte, por parte del Ejecutivo, de las
libertades de los españoles. Por ello, debe seguir minuciosamente la monitorización que el Gobierno esté llevando a cabo. Así las cosas, será necesario tomar declaración a todos los funcionarios involucrados para que informen sobre qué se está
monitorizando y qué no.
En definitiva, la cuestión deberá investigarse en sede parlamentaria y determinar si debe o no haber responsabilidades políticas, al margen de las jurídicas, contra quienes efectivamente hayan vulnerado los derechos fundamentales de los
españoles consagrados en los artículos 22 y 18.3 CE, y concordantes. A ese respecto, se entiende que la mejor herramienta es la creación de una subcomisión al efecto.
Objeto de la subcomisión.
Con base en el artículo 1.º de la Resolución, el Grupo Parlamentario VOX pretende que la subcomisión cuya constitución solicita que se proponga al Pleno del Congreso de los Diputados por medio de este escrito realice un informe sobre los
'asuntos concretos' consistentes en lo siguiente:
(i) Examen de las medidas adoptadas por el Gobierno para 'monitorizar' la opinión de los españoles y del sistema utilizado para 'minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno'.
(ii) Elaboración de un listado de todas las Unidades policiales implicadas en esas tareas y análisis de quién, cuándo y cómo dio las instrucciones para que se desempeñasen.
(iii) Examen y verificación de los responsables políticos máximos que tomasen la decisión y diesen la instrucción de llevar a cabo esas tareas.
El Grupo Parlamentario VOX entiende que la creación de esta subcomisión en el seno de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales es el instrumento idóneo y
necesario para el análisis y fiscalización de los referidos 'asuntos concretos'.
Composición, reglas de organización y funcionamiento y plazo de finalización de los trabajos de la Comisión
De conformidad con el artículo 3.º de la Resolución, la composición y reglas de esta subcomisión se ajustarán a lo dispuesto para las ponencias y el plazo de sus trabajos será de seis meses desde el acuerdo de creación, sin perjuicio de las
prórrogas que, en su caso, puedan proponerse.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2020.-Eduardo Luis Ruiz Navarro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Juan José Aizcorbe Torra, José María Figaredo Álvarez-Sala, Carlos José Zambrano García-Ráez y Pablo Juan Calvo Liste,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000244
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar un paquete de medidas dirigidas a paliar el impacto
económico que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 está teniendo en el sector de la cultura, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Según los datos del Anuario de Estadísticas Culturales 2019, estadística oficial del Ministerio de Cultura y Deporte, el volumen de empleo cultural ascendió en 2018 a 690.300 personas, un 3,6 % del empleo total en España con un total de
122.673 empresas. Según los datos aportados por el mismo Ministerio, la aportación del sector cultural al PIB español se situó en el 3,2 %, si se considera el conjunto de actividades económicas vinculadas con la propiedad intelectual.
La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, está poniendo contra las cuerdas al sector de la cultura, que está sufriendo de lleno las consecuencias de la pandemia en forma de anulaciones en salas de conciertos, salas de cines vacías,
cierre de exposiciones en galerías, museos y centros de arte, etc. La Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual estima que el PIB cultural podría reducirse en 3.000 millones de euros durante los próximos meses debido al 'inevitable
cambio de hábitos de consumo' provocado por el confinamiento de la población en España.
Por el momento, desde el Ministerio de Cultura y Deporte no se ha puesto en conocimiento del sector ni de las fuerzas parlamentarias ningún plan específico de apoyo a la cultura. Las únicas declaraciones públicas sobre las que tenemos
conocimiento por parte del ministro de Cultura y Educación, José Manuel
Rodríguez Uribes, fueron el pasado día 8 de abril durante su primera comparecencia desde que se decretó el Estado de Alarma, cuando comunicó que por el momento no había prevista ninguna medida concreta para paliar la crisis del sector.
Posteriormente, el pasado 10 de abril, el ministro de Cultura y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, comunicaron que habían decidido realizar una reunión conjunta con los sectores de la cultura. Posteriormente, el
día 16 de abril, varios medios nacionales publicaban una noticia según la cual se planteaba bajar de forma inmediata el IVA a libros y prensa digitales.
Este contexto contrasta con la situación de la cultura en otros países europeos. Según los datos enumerados en un artículo publicado por Vozpópuli el pasado 9 de abril de 2020, Italia han inyectado un plan de 130 millones al sector de la
cultura, Francia destinó una partida de 22 millones al sector y una línea de créditos y Alemania puso en marcha a finales de marzo un fondo de 50 millones de euros para ayudar al sector.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Impulsar una plataforma digital, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que sirva para apoyar y divulgar la oferta legal disponible en Internet del sector de la cultura.
2. Impulsar un bono cultural (físico y digital), en colaboración con las Comunidades Autónomas, a efectos de paliar el descenso temporal de los ingresos en determinados ámbitos del sector de cultura.
3. Impulsar un paquete de medidas excepcionales para a favorecer el acceso y consumo a la oferta legal de contenido cultural en Internet, que deberán ser consensuadas con los actores afectados.
4. Habilitar líneas de crédito en condiciones especiales que ayude a paliar el descenso de consumo de productos y servicios culturales que se está produciendo desde que se decretó el Estado de Alarma.
5. Ejecutar de manera íntegra el presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte para el año 2020.
6. Aprobar un Código de Buenas Prácticas para las Administraciones Públicas a efectos de que se adquieran licencias de derechos de autor para la utilización de los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual.
7. Impulsar una campaña para fomentar el respeto por la propiedad intelectual y concienciar sobre el valor de los creadores de cultura como sector estratégico para la creación de empleo y riqueza en nuestro país.
8. Crear una nueva Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-José María Espejo-Saavedra Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, doña Macarena Olona Choclán y don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reprobación del Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por la falta de
transparencia en la gestión y seguimiento de la pandemia del COVID-19, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El pasado martes 14 de abril, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que suspendía la financiación de su país a la Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS) 'mientras que se realiza una revisión para
evaluar el papel de la Organización Mundial de la Salud en el mal manejo severo y en el encubrimiento de la propagación del coronavirus'.
Estados Unidos es el principal financiador de la OMS, con una aportación anual que oscila entre los 400 y 500 millones de dólares, lo que implica aproximadamente el 22 % del total de las aportaciones de los 194 Estados miembros. Esta
financiación es muy superior a la que realizan otros países como China, que apenas aporta 40 millones de dólares al año, lo que significa un 8 %. Para el periodo de 2018-2019, España ha realizado una aportación del 2,4 % del total de las
aportaciones de los Estados miembros, esto es, cerca de 23 millones de dólares. Alemania aporta un 6,4 % y Francia un 4,8 %, entre los más notables 1.
Segundo. Una de las principales razones del fracaso de la OMS en la pandemia del COVID-19 tiene su origen en el Director General de la organización, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Como en cualquier organización intergubernamental, la
posición de Director General -u otras homologables- tiende a ser ocupada por personas con un alto componente tecnocrático -habitualmente relacionado con la organización- y que no posean unas posiciones políticas muy marcadas. Con estas
características, se consigue que la organización tenga un mayor grado de aceptación y prestigio. Buen ejemplo de ello es el de Mauro Ferrari, nombrado como Jefe del Consejo Europeo de Investigación y que, lamentablemente, ha renunciado a su cargo
recientemente.
No obstante, este no es el caso del señor Adhanom Ghebreyesus. Justo antes de ser nombrado como Director General de la OMS, Adhanom Ghebreyesus fue Ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía desde 2012 a 2016. Durante su mandato Tedros
Adhanom Ghebreyesus llevó a cabo una política de estrecho acercamiento con China.
Tercero. Asimismo, el señor Adhanom Ghebreyesus fue miembro del Gabinete Nacional en la apertura de la nueva sede de la Unión en Addis Abeba, capital de Etiopía (en 2012). Este proyecto fue financiado al completo -unos 200 millones de
dólares- por China, y fue entregado a las autoridades africanas sin coste alguno. Sin embargo, en 2017 se descubrió que el edificio entero estaba siendo objeto de ciberespionaje por parte de las autoridades chinas. Todos los servidores
informáticos del complejo se saturaban entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada, y toda la información de ese día se trasladaba a servidores chinos en Shanghái.
No obstante, esta no ha sido la única actuación que China ha realizado en Etiopía durante el mandato de Adhanom Ghebreyesus. Durante sus años como Ministro de Asuntos Exteriores, el país africano se convirtió en el principal hub logístico
de China en África. En el año 2010 no existía ningún vuelo directo entre ambos países. En 2019, las aerolíneas etíopes operan casi la mitad de los 2.616 vuelos anuales. Este exponencial crecimiento ha supuesto que se haya doblado el tamaño de la
flota comercial etíope en la última década, convirtiéndose en la mayor operadora aérea en África.
1 https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/cuanto-dinero-aporta-espana-oms-20200416_684290
Asimismo, en el Aeropuerto Internacional Bole, en Addis Abeba, donde se concentra casi la totalidad del tráfico aéreo del país con China, el país asiático ha financiado y construido -mediante la China Communications Construction Company
(CCCC) de titularidad estatal- una nueva terminal que ha triplicado su capacidad. El monto total de la operación se ha cifrado en 363 millones de dólares.
Pero no finalizan aquí las dádivas con las que el régimen chino ha obsequiado a Etiopía durante el mandato de Adhanom Ghebreyesus. Carreteras que conectan Etiopía con los puertos en Yibuti -financiadas el 85 % por el Export-Import Bank of
China-, centrales hidroeléctricas -por valor de 450 millones de dólares-, líneas de ferrocarriles...
Cuarto. Por todo ello, no es de extrañar que Tedros Adhanom Ghebreyesus tenga una postura tan favorable a China en relación con su actuación en la crisis desatada por la pandemia del COVID-19. Las autoridades taiwanesas, a través del
Presidente del país, Tsai Ing-wen, informaron que su país había alertado en diciembre sobre al menos siete casos de neumonía atípica en Wuhan. Según Taiwán, esta información fue desestimada por la Organización Mundial de la Salud. El propio Tedros
Adhanom Ghebreyesus acusó a Taipei de estar 'orquestando una campaña de difamación en su contra a la que calificó como racista'. Este enfoque por parte del ex ministro de Exteriores etíope es una clara muestra de su tendencia favorable a China,
quien no reconoce a Taiwán.
Quinto. Pero no ha sido el Presidente Trump el único en exigir reformas en la Organización Mundial de la Salud. Los miembros del partido republicano del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han
demandado respuestas específicas sobre la relación entre la OMS y China. El 9 de abril, los congresistas han presentado una carta dirigida al Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la que han expresado su preocupación ante el
hecho de que el organismo que él preside no haya podido evitar que el país asiático difundiese información errónea.
Según la carta enviada a la OMS, 'los recientes informes de los medios de comunicación sugieren que la OMS ayudó a Beijing a difundir propaganda, restó importancia a la extensión de la enfermedad y posiblemente retrasó el pedido de una
emergencia de salud pública'. Además, los congresistas firmantes señalan que 'dadas las acciones y declaraciones de los funcionarios de la OMS durante los últimos meses, nos preocupa que la organización ya no atienda las necesidades del mundo y
que, en su lugar, siga las indicaciones de China. A lo largo de la crisis, la OMS ha evitado culpar al gobierno chino, que es, en esencia, el Partido Comunista de China'.
En la carta se señala al propio Director General: 'Usted, como líder de la OMS, incluso llegó a elogiar la transparencia del gobierno chino durante la crisis, cuando, de hecho, el régimen ha mentido constantemente al mundo al no informar
sobre sus estadísticas reales de infección y muerte'. A este respecto, los congresistas citan varios ejemplos de esta actitud. Uno de ellos en un tweet publicado por la OMS en el que se explicaba que 'las investigaciones preliminares llevadas a
cabo por las autoridades chinas no han encontrado ninguna prueba clara de trasmisión de humano a humano del nuevo coronavirus'.
Sexto. En los últimos días, medios de comunicación internacionales se han hecho eco unas inquietantes noticias. Según el Washington Post, 'en enero de 2018, la embajada de EE.UU. en Beijing dió el paso inusual a enviar repetidamente
diplomáticos científicos de EE.UU. al Instituto de Virología de Wuhan (en adelante, WIV por sus siglas en inglés), que en 2015 se convirtió en el primer laboratorio de China en lograr el más alto nivel de seguridad internacional en investigación
biológica (conocido como BSL-4). WIV emitió un comunicado de prensa sobre la última de estas visitas, que tuvo lugar el 27 de marzo de 2018. La delegación de EE. UU. Fue dirigida por Jamison Fouss, el cónsul general de Wuhan, y Rick Switzer, el
consejero de medio ambiente, salud, ciencia y tecnología de la embajada'.
Tras esta serie de visitas, los científicos estadounidenses enviaron dos telegramas a Washington. En ellos, los miembros que participaron en las visitas destacaron las inadecuadas medidas de seguridad del WIV -totalmente insuficientes para
el nivel BSL-4-. Además, señalaban la falta de técnicos especializados en medidas de protección y seguridad. Y más importante, en los telegramas se añadía que 'Los investigadores [del WIV] también mostraron que varios coronavirus similares al SARS
pueden interactuar con ACE2, el receptor humano identificado para el coronavirus del SARS. Este descubrimiento sugiere de forma contundente que los coronavirus similares al SARS de los murciélagos pueden transmitirse a los humanos para causar
enfermedades similares al SARS. Desde una perspectiva de salud pública, esto hace que la vigilancia continua de coronavirus similares al SARS en murciélagos y el estudio de la interfaz animal-humano sean críticos para la predicción y prevención de
brotes de coronavirus emergentes en el futuro'.
Fuentes científicas han señalado que los telegramas muestran que ha existido una gran preocupación por la amenaza a la salud pública que provenía del IWV.
Séptimo. Por último, cabe recordar que desde el año 1951 España es Estado miembro de la Organización Mundial de la Salud. La Constitución de la OMS, en vigor desde el 7 de abril 1948, señala expresamente en su artículo 1 que 'la finalidad
de la Organización Mundial de la Salud será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud'. Entre las funciones reconocidas a la OMS para alcanzar su finalidad, reguladas en su artículo 2, cabe destacar las siguientes:
- Ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad;
- Proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten, o acepten;
- Suministrar información, consejo y ayuda en el campo de la salud;
- Tomar todas las medidas necesarias para alcanzar la finalidad que persigue la Organización.
Asimismo, es necesario subrayar el artículo 8 de la citada Constitución, que señala que 'la naturaleza y el alcance de los derechos y obligaciones de los miembros asociados serán determinados por la Asamblea de la Salud'.
En este sentido, la Primera Asamblea Mundial de la Salud, celebrada el 21 de julio de 1948, aprobó entre otros documentos los 'Derechos y obligaciones de los miembros asociados y otros territorios'. En dicho documento se señala expresamente
'que los miembros asociados tendrán derecho a recibir, en igual forma que los Estados miembros, todos los documentos, notificaciones, informes y actas'.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados declara lo siguiente:
El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español, expresa su condena a la actuación del Director General de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, por la falta de transparencia en el
seguimiento y verificación de la pandemia del COVID-19.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Que lleve a cabo las actuaciones necesarias para que la Organización Mundial de la Salud proporcione al Gobierno Español, como Estado miembro de la OMS, todos los documentos, informes y comunicaciones con el Gobierno de China
relacionados con la salud pública desde agosto de 2019 hasta la fecha.
2. Exigir a la Organización Mundial de la Salud, como Estado miembro, toda la documentación y comunicaciones que tuvo Taiwán con la Organización entre agosto de 2019 y hasta la fecha.
3. Retirar la financiación española a la Organización Mundial de la Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2020.-Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Diputado.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
162/000249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la libertad de expresión y de la
transparencia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de nuestra Constitución es un derecho fundamental y definidor de la democracia, y, aún más, su fortaleza es un indicador de la inclusión de una democracia entre los sistemas democráticos
más avanzados del mundo. Nuestro país figura desde hace
muchos años entre esas democracias más avanzadas del mundo, entre otras razones, por la fortaleza de la libertad de expresión.
En las últimas semanas, sin embargo, el Gobierno ha puesto en marcha algunas acciones que ponen en cuestión esa libertad de expresión, y, además, el Gobierno ha limitado al mismo tiempo la necesaria transparencia de las instituciones
públicas, estrechamente ligada a la libertad de expresión.
El presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, dijo en su discurso de investidura de enero de 2020 que 'el proyecto de la Coalición Progresista está indisolublemente ligado a la libertad. La libertad frente a la intrusión arbitraria de las
instituciones públicas...'. Las acciones del Gobierno con el objetivo de perseguir lo que tanto el presidente como el vicepresidente segundo califican como 'bulos', no responden, sin embargo, a ese objetivo, puesto que se están mostrando
precisamente como una intromisión arbitraria de las instituciones públicas en la libertad de expresión.
Existe una enorme alarma entre los ciudadanos y entre los medios de comunicación ante lo que se interpreta como un intento de limitar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Así han entendido numerosos medios de
comunicación de nuestro país la afirmación del ministro de Interior, don Fernando Grande-Marlaska, el pasado 11 de abril: 'No hay censura, sino una monitorización de las redes sociales, por si hay discursos del odio'. A ello se sumó el pasado día
15 de abril la publicación del barómetro de abril del Centro de Estudios Sociológicos, estudio número 3279, en el que tanto el enunciado como las categorías de respuestas en la pregunta número 6 del cuestionario mostraban un intento de legitimación
social del control de la información por parte del Gobierno. En concreto, el enunciado de dicha pregunta decía: '¿Cree que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y
los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?
Además, el pasado día 19 de abril, el diario El País informaba de que 'Los expertos de la Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior han reportado durante el estado de alarma 291 'eventos de desinformación o ciberbulos
potencialmente delictivos'. Y a todo ello se sumaba la declaración ante los medios de comunicación, el día 19 de abril, del General José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en la que afirmó que 'estamos trabajando con el
objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de bufos (...) y minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno'.
El presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, también definió su concepto de 'cordón sanitario' en su discurso de investidura: 'El único sentido de un cordón sanitario es evitar el acceso de las ideas extremistas a posiciones de poder
desde las que pueden dañar la convivencia. Por eso, cualquier cordón sanitario que se establezca no se dirigirá a las personas, se dirigirá a las ideas'. Y lo grave de lo que está ocurriendo es que ciudadanos y medios de comunicación valoran las
acciones y declaraciones anteriores como un intento de control y limitación de determinadas ideas críticas con el Gobierno, o de 'cordón sanitario' a las críticas al Gobierno.
A todo lo anterior se unen las limitaciones a la transparencia. En primer lugar, porque el Gobierno ha anulado el portal de transparencia durante el estado de alarma. Con una modificación del decreto de alarma del 14 de marzo, publicada el
18 de marzo, el Gobierno dejó en manos de la Administración cualquier tipo de rendición de cuentas ante los ciudadanos y se blindó para no ofrecer explicaciones a través de Transparencia.
En segundo lugar, el Gobierno ha adoptado durante el estado de alarma un formato de ruedas de prensa en Moncloa que limita profundamente la transparencia. Ciertamente, el Gobierno corrigió un primer formato que atentaba gravemente a la
transparencia, cuando no solo evitaba la presencia de periodistas en la sala de rueda de prensa, tanto presencial como telemática, sino que, además, era el propio Gobierno a través del Secretario de Estado de Comunicación quien elegía las preguntas.
Pero no lo corrigió suficientemente, puesto que el segundo formato realiza una selección de medios de comunicación habilitados para hacer preguntas que también limita acusadamente la transparencia.
En definitiva, y en términos de transparencia, el Gobierno en absoluto cumple uno de los objetivos señalados por el propio presidente del Gobierno en su discurso de investidura: 'Debemos combatir la desafección política ciudadana con
ejercicios claros de transparencia, mecanismos estrictos de control y garantías de rendición de cuentas. No hay ni habrá ninguna excusa, ninguna justificación, para ningún comportamiento irregular'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a rectificar sus acciones en materia de control de la información, para asegurar plenamente la libertad de expresión y el derecho a la información, y le insta igualmente a corregir sus
limitaciones a la transparencia, todo ello con el objetivo de garantizar el cumplimiento pleno del artículo 20 de nuestra Constitución, la calidad de nuestra democracia y su condición de ser una de las democracias más avanzadas del mundo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2020.-Edurne Uriarte Bengoechea, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Jaime Miguel Mateu Isturiz, María Jesús Moro Alcaraz, Carlos Rojas García, Adolfo Suárez Illana, Isabel María
Borrego Cortés, Pilar Marcos Domínguez, Ana María Beltrán Villalba, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y Pablo Montesinos Aguayo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.