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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 70, de 21/04/2020
cve: BOCG-14-D-70
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de abril de 2020
Núm. 70
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar el mantenimiento del normal funcionamiento y posibilitar la participación y votación de los miembros de los órganos
colegiados del sector público mediante procedimientos telemáticos en las circunstancias excepcionales actuales de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria por el COVID-19. Retirada ... (Página3)
162/000212 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que todos los Ayuntamientos puedan disponer del 100 % de superávit generado en el año 2019 para actuar contra los negativos efectos
sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia del COVID-19 ... (Página3)
162/000213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que los Ayuntamientos puedan utilizar sus recursos materiales y humanos de manera plena para actuar contra los efectos negativos de la
crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia generada por del COVID-19 ... (Página5)
162/000214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el pago inmediato de las becas para estudios universitarios ... (Página7)
162/000215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas de apoyo a los autónomos afectados por circunstancias excepcionales relacionadas con la pandemia de COVID-19 ...
162/000217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a reducir el tipo impositivo del gel desinfectante del 21 % al 4 %, así como reducirlo a las máscaras, guantes y EPI sanitarios protectores y, en su
caso, controlar su precio máximo de venta al público ... (Página10)
162/000218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas urgentes para el mantenimiento de empleos y tejido productivo relacionadas con el deporte, durante y
después del periodo de alarma y confinamiento derivado de la lucha contra la epidemia del COVID-19... (Página11)
162/000219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la contratación como especialistas de profesionales sanitarios en su último año de formación ante la crisis generada por el coronavirus
(COVID-19) ... (Página13)
162/000220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que audite la cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia por la enfermedad de COVID-19 en España ...
162/000221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la remisión al Congreso de los Diputados de nuevos Acuerdos de Estabilidad Presupuestaria, de Sostenibilidad Financiera y de límite de gasto no financiero
del Estado ... (Página15)
162/000222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre protección de los trabajadores autónomos a raíz de la crisis del COVID-19 ... (Página18)
162/000223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la regularización exprés de personas inmigrantes en los ámbitos sanitario, de los cuidados y agrario ... (Página19)
162/000224 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a racionalizar la estructura de la Administración del Estado ... (Página21)
162/000225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la habilitación de remuneraciones complementarias y exenciones fiscales para profesionales sanitarios, miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y trabajadores de sectores productivos esenciales ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) ... (Página22)
162/000226 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la implantación de un ingreso básico de emergencia ... (Página23)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000196
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a garantizar el mantenimiento del normal funcionamiento y posibilitar la participación y votación de los miembros de los órganos colegiados del sector público mediante procedimientos telemáticos
en las circunstancias excepcionales actuales de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria por el COVID-19.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 62, de 7 de abril de 2020.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que todos los Ayuntamientos
puedan disponer del 100 % del superávit generado en el año 2019 para actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia del COVID-19, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El superávit de las entidades locales en 2019 ascendió a 3.839 millones de euros, un ahorro que se suma a los cerca de 28.000 millones de euros que tienen depositados en entidades financieras como consecuencia de haber generado superávits
desde el año 2012.
Hay que señalar que la generación de dichos superávits no se debe solamente a la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) puesto que, esta ley 'vincula a todos los poderes públicos
(Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social)' (Art. 1 y 2 de la LOEPSF)' pero solo las corporaciones locales, gracias a una gestión eficiente y rigurosa de sus recursos, han sido capaces de
generar de manera recurrente un saldo positivo en sus cuentas públicas al cierre de cada ejercicio presupuestario ayudando a que nuestro país pudiese cumplir con los objetivos de déficit público establecidos por la Unión Europea.
Estos superávit, tal y como recoge el artículo 32 de la LOEPSF, se han destinado a reducir el nivel de endeudamiento de las entidades locales, a la ejecución de inversiones financieramente sostenibles que revierten en beneficio de los
vecinos y, en muchos casos, a seguir generando ahorros para poder conjugar la prestación de servicios públicos de calidad a los vecinos con una fiscalidad baja sin hipotecar a las generaciones futuras.
Desde hace varios años, las entidades locales han venido reclamando al gobierno central una mayor flexibilidad para poder aplicar los superávits generados pero siempre respetando la autonomía local consagrada en nuestra Carta Magna y en las
leyes.
Las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y han mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones españolas al asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación
adecuada de Comunidades Autónomas y del Estado para ejercerlas lo que ha provocado que hayan tenido que destinar recursos propios, recursos de todos sus vecinos, a mantener las mismas.
Además, en esta crisis sanitaria, social y económica, derivada de la pandemia provocada por al COVID-19 han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus y de apoyo a la población más vulnerable (mayores,
enfermos, etc.) por ejemplo, ampliando los servicios de ayuda a domicilio. También han ido por delante en la conversión de muchos servicios públicos de modalidad presencial a telemática para que sus vecinos pudieran seguir disfrutando de
espectáculos culturales, cursos de formación, etc.
Pero, en muchas ocasiones, ven restringidas sus posibilidades de hacer frente a la pandemia del COVID-19 por las numerosas reglas que deben cumplirse para poder aplicarlo y por el límite de actuaciones que pueden realizarse con dicho
superávit, limitaciones recogidas en la ya mencionada LOEPSF.
Unas limitaciones que siguen vigentes aunque el gobierno central haya aprobado, a través del Real Decreto Ley 11/2020 -de 31 de marzo- por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente
al COVID-19, la posibilidad de que las entidades locales destinen el 20 % de su superávit para atender gastos urgentes derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas para hacer frente a la pandemia.
Siguen vigentes puesto que este Real Decreto Ley no suprime la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la LOEPSF y por tanto impide a muchas entidades locales hacer uso del superávit.
Además, un 20 % es insuficiente para atender no solo las actuaciones urgentes sino todas las medidas que en los próximos meses las entidades locales deberán seguir desarrollando para garantizar la salud y el bienestar de sus vecinos,
especialmente de aquellos más afectados por la crisis sanitaria y económica que están afectando a nuestro país.
Por último, cabe recordar que el conjunto de las entidades locales cuenta con unos 700 millones de euros menos (de los impuestos pagados por sus vecinos) con los que hacer frente a la crisis sanitaria y
económica puesto que el Gobierno de ha negado injustificadamente el pago a las EELL del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que todos los Ayuntamientos puedan disponer del 100 % del superávit generado en el año 2019
para implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia del COVID-19 siempre que no supongan gastos estructurales.
El superávit podrá destinarse a gasto corriente o inversión y estos no computarán en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación Plan Económico-Financiero (PEE) para los supuestos de
incumplimiento por uso del Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG).
2. Autorizar a los Ayuntamientos a realizar gastos no estructurales en áreas de las que estrictamente no son competentes (empleo, educación...) para la puesta en marcha de políticas, iniciativas y/o ayudas propias o complementarias de otras
autonómicas y/o estatales para una conseguir atender de manera rápida, coordinada y eficaz a los vecinos afectados por la crisis del coronavirus y lograr que la recuperación económica y del empleo se produzca a la mayor brevedad posible tras la
finalización de las medidas de confinamiento decretadas por el Estado.
3. Prorrogar los plazos para que las Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2019, puedan ejecutarse en 2021 dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma
conllevará que muchas de ellas no puedan acabarse en 2020.
4. Implantar las siguientes medidas para que los Ayuntamientos puedan aplicar su superávit a la finalidad prevista en el RDL 8/2020:
- Supresión del límite de la previsión de la estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2020
- Sustitución de la función interventora por el control financiero permanente para la gestión de ayudas a personas vulnerables.
- Que no sean consideradas subvenciones las prestaciones económicas del Sistema de Servicios Sociales de Comunidades Autónomas y Entidades Locales a personas y familias en situación o riesgo de emergencia y/o exclusión social.
5. Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles no de un gobierno
en concreto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Antonio Pablo González Terol, María Elvira Rodríguez Herrer y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
162/000213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que los Ayuntamientos puedan
utilizar sus recursos materiales y humanos de manera plena para actuar contra los efectos negativos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia generada por el COVID-19, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y ante la crisis sanitaria, social y económica, derivada de la pandemia provocada por al COVID-19 han sido los primeros en implementar medidas para contener la
expansión del virus, apoyar a la población más vulnerable, canalizar la ola de solidaridad de los españoles y sentar las bases para que la recuperación de la sociedad y economía españolas se produzca lo más pronto posible tras finalizar el periodo
de confinamiento.
Desde el primer momento, y adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas por el gobierno central, las entidades locales han cerrado instalaciones públicas, parques, espacios naturales, implantado el teletrabajo en unas horas o en
pocos días y potenciado el uso de la administración electrónica (incluso dando alternativas para acreditar la identidad a aquellos vecinos que no poseen un certificado electrónico pero necesitan realizar con urgencia algunos trámites) para preservar
la salud de empleados públicos y vecinos.
Han comenzado campañas intensivas de limpieza de las calles de sus municipios (en muchas ocasiones realizadas por los propios alcaldes y concejales) para evitar la propagación del COVID-19; implantado y/o ampliado los servicios de ayuda y
comida a domicilio y teleasistencia para los mayores y personas dependientes -los grupos de población más vulnerables en esta crisis-; mantenido, y en muchos casos aumentado, las ayudas de emergencia social para las familias y vecinos en
dificultadas (ayudas que permiten pagar el alquiler, la hipoteca, etc.); puesto en marcha servicios para realizar la compra de productos de primera necesidad (alimentos, productos farmacéuticos y de higiene) a aquellas personas que se encuentran
confinadas en casa y de atención psicológica y sanitaria-asistencial telefónica a los vecinos de sus municipios.
También ha coordinado y apoyado la ola de solidaridad que todos los españoles están demostrando con la realización en sus casas de mascarillas y otros elementos de protección para el personal sanitario y aquel que presta sus servicios en
residencias de mayores.
La gran mayoría de entidades locales han aplazado el pago de tributos (impuestos y tasas) locales y/o anulado tasas así como implementado rebajas fiscales tanto a los vecinos como a los comerciantes y empresarios de sus municipios.
También han sido las primeras administraciones en incrementar las ayudas directas a las familias y vecinos como por ejemplo, emergencia social, ayudas por nacimiento y manutención, becas para adquisición de libros y material escolar; y en
implantar moratorias en el pago del alquiler de las viviendas de protección pública.
En resumen, las entidades locales han reaccionado con rapidez y eficacia ante las crisis sanitaria, social y económica derivadas de la pandemia provocada por el COVID-19 para mantener los servicios públicos esenciales, prestar y ofrecer de
manera telemática y on-line el mayor número de servicios y actividades públicas posible (programación cultura, cursos de formación empresarial, clases de música, actividades para mayores, etc.) y ayudar de manera directa a los vecinos y familias de
sus municipios, especialmente a aquellos más vulnerables.
Pero diversas limitaciones legales pre-existentes o establecidas en los diferentes Reales Decreto Ley, Reales Decretos e Instrucciones aprobados desde que se decretó el estado de alarma hacen que las entidades locales no puedan desarrollar
sus capacidades de manera plena y utilizar todos sus recursos personales y materiales para la combatir la crisis actual y sentar unas bases sólidas para la recuperación social, laboral y económica de sus municipios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Permitir que las entidades locales puedan desarrollar dentro del escenario presupuestario 2020, en el que se incluye la aplicación del remanente de tesorería del año 2019, competencias que no le son propias para complementar las medidas
y ayudas puestas en marcha por otras administraciones para hacer frente a la pandemia provocada por el COVID-19.
2. Permitir a las entidades locales utilizar todo el superávit generado en 2019 sin aplicar los requisitos y las limitaciones fijadas por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera y
sin que dichos gastos e inversiones computen en el cálculo regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria.
3. Levantar la suspensión de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público decretada en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en lo relativo a la contratación pública para no interrumpir los procesos de contratación de las entidades locales y así agilizar la recuperación económica y
del empleo tras la finalización del confinamiento.
Dado que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece como obligatorio que los procedimientos de contratación del sector público se realicen de manera electrónica -a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público- este levantamiento de la suspensión de plazos en el ámbito de la contratación permitiría a las administraciones locales seguir con sus procesos de contratación habituales sin generar retrasos en los servicios ni colapsos cuando
finalice el periodo de confinamiento.
Por otro lado, permitiría a las empresas, conocer que servicios, obras o suministros necesitan y necesitarán las entidades locales y así poder evaluar que posibilidades de negocio y trabajo van a tener en los próximos meses de tal forma que
se reduzca el impacto negativo que sobre la economía y el empleo están teniendo algunas medidas tomadas para frenar la crisis sanitaria.
4. Considerar la pandemia del COVID-19 como una situación de grave peligro, al objeto de que las Entidades Locales puedan adquirir bienes y contratar los servicios y suministros necesarios para hacer frente a sus efectos, mediante la
tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
5. Pagar los 700 millones que el Estado adeuda al conjunto de las entidades locales del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017 y a modificar el artículo 71 del Reglamento del IVA en el sentido de que la declaración del mes de
noviembre se presente durante los veinte primeros días naturales del mes de diciembre del 2020 en lugar de los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual para evitar que el problema de 2017
vuelva a repetirse.
6. Poner en marcha medidas extraordinarias de liquidez para las entidades locales, especialmente para que aquellas que no hayan tenido superávit en sus cuentas públicas puedan poner en marcha medidas y ayudas puestas para hacer frente a la
pandemia provocada por el COVID-19 en sus municipios.
7. Designar a las entidades locales como beneficiarias de aquellos Fondos de impulso prioritario de políticas sociales y de reconstrucción social y económica que se habiliten por el Estado dirigidos a las Comunidades Autónomas para hacer
frente a las consecuencias del COVID-19.
8. Elevar la tasa de reposición al 100 % de la plantilla ya existente para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes para posibilitar una eficaz prestación de los servicios públicos (muchos de los
cuales tienen el carácter de esenciales ante la crisis del COVID-19) ante la existencia de numerosas vacantes en las plantillas y el envejecimiento de las mismas.
9. Solicitar que la nueva programación de Fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 se reoriente y adapte a la reconstrucción de las economías locales con la creación de fondos específicos cuyos destinatarios sean las Entidades Locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Antonio Pablo González Terol, María Elvira Rodríguez Herrer y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
162/000214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el pago inmediato de las becas para estudios universitario,
para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La actual coyuntura está poniendo en dificultades a muchísimas familias españolas, que han visto como la crisis sanitaria provocada por el coronavirus les ha puesto en serios aprietos a la hora de hacer frente a sus recibos a final de mes,
que a pesar de los desgraciados acontecimientos que estamos viviendo, tienen que seguir abonando.
El Gobierno de España debe seguir haciendo frente con todos los instrumentos que tenga a su disposición para que las familias de nuestro país, y en especial aquellas con menor poder adquisitivo, puedan salir adelante y recuperar, como
mínimo, la situación en la que encontraban antes de la pandemia que está castigando en estos momentos a la mayoría de Estados de todo el mundo.
Aunque nos encontramos a mitad del curso académico, a día de hoy, el pago de las becas por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional para estudios universitarios del curso 2019-2020 aún no se ha hecho efectivo en su
totalidad. Esta situación lejos de ser novedosa, es un mal estructural que padece nuestro sistema de becas y ayudas a los estudios postobligatorios, que año tras año, y por diferentes motivos, no abona las cuantías hasta fechas próximas a la
finalización del curso académico.
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos es consciente de las dificultades que está soportando el actual Ejecutivo debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, que está teniendo nefastas consecuencias sanitarias y tendrá durísimas
repercusiones económicas para nuestro país. Por ello, creemos necesario que el Gobierno de España desbloquee el pago de las becas para estudios universitarios de manera urgente. Esta medida podría ayudar a aliviar la situación de muchas familias
de manera inmediata a corto plazo, especialmente en el caso de aquellas que pueden estar atravesando dificultades para hacer frente a algunos pagos al verse afectadas por un ERTE o bien por haber perdido su trabajo.
Asumir esta propuesta no supondría ningún coste adicional para las cuentas públicas, dado que este gasto ya está contemplado de cara al presente ejercicio contable y que además se trata de un derecho adquirido que tienen en estos momentos
los estudiantes que deberá resarcirse en algún momento.
En caso de que existieran dificultades técnicas para realizar el pago de todas las becas pendientes de pago debido a la situación actual, el Ministerio de Educación y Formación Profesional debería priorizar la ejecución del pago a los
alumnos con renta más baja, hasta que sea posible abonar todas las cuantías.
Además, teniendo en cuenta las previsibles consecuencias que tendrá esta situación para nuestra economía, es necesario que el Gobierno de España impulse la actualización en los próximos meses de los umbrales de renta y patrimonio familiar
para tener derecho a una beca universitaria, que llevan sin actualizarse desde el curso 2010-2011. Esta medida aumentaría la protección de aquellas familias que tienen a su disposición menos recursos, o que no han conseguido recuperar el nivel de
ingresos previos al inicio a la crisis sanitaria provocada, y desean que sus hijos puedan cursos estudios superiores en igualdad de oportunidades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ejecutar de manera inmediata el pago de las becas para estudios universitarios del curso 2019-2020, dando prioridad en el ingreso del importe a aquellos estudiantes que se encuentran en el umbral 1 de renta familiar, previsto en el Real
Decreto 430/2019, de 12 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020.
2. Impulsar de manera inmediata la actualización de los umbrales de renta aplicables para la concesión de las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021 para garantizar la igualdad de oportunidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo para los autónomos afectados por circunstancias
excepcionales relacionadas con la pandemia de COVID-19, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Los autónomos son uno de los colectivos más expuestos al impacto económico del COVID-19 y, sin embargo, es uno de los que cuentan con menos protección. Su papel para superar esta crisis es crucial: detrás de cada empresa hay un autónomo y,
por tanto, son ellos los que tienen que aplicar en la práctica las medidas tanto de contención sanitaria como de mitigación del impacto económico. También son ellos los que tienen que mantener a flote el tejido empresarial para que la economía
pueda volver a la normalidad lo antes posible una vez superada la fase de confinamiento en la gestión de esta emergencia sanitaria.
Desde el primer momento, desde Ciudadanos hemos planteado numerosas iniciativas para apoyar a los trabajadores autónomos durante esta crisis sanitaria. Si bien algunas de ellas han sido adoptadas por el Gobierno, otras muchas no, por
razones que nunca se han explicado y que nos resultan incomprensibles. Esta negativa sistemática del Gobierno para tomar medidas adicionales está dejando a cientos de miles de autónomos en la cuneta. Desde Ciudadanos no comprendemos que el
Gobierno haya ignorado las peticiones de auxilio que los autónomos le han lanzado en las últimas semanas y especialmente los últimos días. Son demandas de sentido común: mientras sus ingresos sigan congelados por el Estado de Alarma, también
deberían ser congelados los impuestos y la cuota de autónomos.
En un momento tan complicado, no se entiende que el Gobierno no haya decidido suspender el pago de las cuotas desde el primer día, ni que cuando lo haya hecho, no haya incluido la de los meses de marzo y abril, ni mucho menos que haya fijado
como contrapartida a este aplazamiento el devengo de un interés. Tampoco se explica que los autónomos que se van a ver afectados por el cierre de servicios no esenciales no tengan reconocido el derecho a la prestación extraordinaria, cuando las
empresas para las que trabajan tienen que cerrar y sus trabajadores quedar en casa en virtud de un permiso de carácter obligatorio retribuido por la empresa. Estos olvidos sobre cuestiones tan importantes para millones de familias españolas
evidencian que los autónomos no están entre las prioridades de este Gobierno.
Desde Ciudadanos lo tenemos claro: no podemos olvidarnos de nuestros autónomos, ni dejar tirados a quienes son sin duda un motor de creación de riqueza y empleo en España. Creemos que es de justicia que hagamos el mismo esfuerzo con
nuestros autónomos que el que hacemos con todos los trabajadores asalariados. Siempre decimos que Cs es el partido de los autónomos y por eso vamos a ofrecer el máximo apoyo a este colectivo.
Teniendo todo esto presente, consideramos que el Gobierno debe rectificar su actitud con los autónomos y poner encima de la mesa medidas de apoyo que aseguren su supervivencia, motivo por el cual, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que:
1. Suspenda el pago de las cuotas de la Seguridad Social para todos los autónomos durante los meses durante los que se prolongue el estado de alarma, considerando el tiempo de suspensión como cotizado a todos los efectos, aplicable al mes
de abril, y previendo la devolución de la cuota de marzo cuando ya hubiera sido cobrada.
2. Extienda el reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad a todos los autónomos que se encuentren en algunos de los siguientes supuestos:
a) Desempeñen una actividad declarada no esencial por el Real Decreto-ley 10/2020.
b) Hayan experimentado una pérdida de sus ingresos o una caída de sus ventas de, al menos, un 30 % respecto al trimestre anterior.
c) Acrediten el deber de cuidado de menores sujetos a su guardia y custodia o de familiares dentro del segundo grado por consanguinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no puedan valerse por sí mismos, que:
1.º Estén en cuarentena o aislamiento por contagio por COVID-19.
2.º Estén afectados por el cierre de centros educativos u otros análogos declarados por las autoridades, como centros de día de personas mayores o con discapacidad.
3.º Estuviesen al cuidado de una tercera persona que no pueda seguir encargándose de ellos por estar en cuarentena o aislamiento por contagio por COVID-19, o tengan que cuidar de familiares afectados por el cierre de centros educativos u
otros análogos o que estuviesen al cuidado de un tercero que no pueda seguir encargándose de ellos.
d) Sean mutualistas de una mutua de previsión social alternativa al RETA.
e) Sean familiares colaboradores de un autónomo al que se le reconozca la prestación.
f) Tengan deudas pendientes con la Seguridad Social a la fecha de solicitud o que perciban otras prestaciones del sistema de la Seguridad Social.
3. Disponga que la Seguridad Social se haga cargo del pago de las cuotas de los autónomos de baja por cuarentena o aislamiento por contagio por COVID-19 desde el primer día de baja.
4. Establezca que los autónomos que hubiesen tenido que cesar por causas relacionadas con el COVID-19 tengan derecho a una tarifa plana de 60 euros mensuales durante 12 meses cuando inicien de nuevo la actividad económica o profesional.
5. Garantice a los autónomos afectados por COVID-19 una línea de financiación a 'coste 0' para los pagos de costes fijos del negocio a proveedores (alquileres, suministros, etc.).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-María Muñoz Vidal y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate ante el Pleno,
una Proposición no de Ley para reducir el tipo impositivo del gel desinfectante del 21 % al 4 %, así como reducirlo a las máscaras, guantes y EPIs sanitarios protectores y, en su caso, controlar su precio máximo de venta al público.
Exposición de motivos
El gravamen aplicado actualmente en España al gel desinfectante de manos y a las máscaras, y guantes y equipos de protección individual (EPIs) de uso sanitario es del 21 %, tipo impositivo predeterminado para todos los productos y servicios
a nivel general, mientras que, el tipo impositivo aplicado a medicamentos para uso humano, así como a las sustancias y productos utilizados para obtenerlos, es el tipo superreducido del 4 %, reservado a los bienes de primera necesidad.
La excepcionalidad del momento en el que vivimos, acuciados por una pandemia de efectos inciertos, urge a proporcionar a los ciudadanos todos los medios necesarios para facilitar la adquisición de productos que contribuyan a detener la
reproducción del COVID-19. En este sentido, resulta fundamental equiparar el tipo impositivo del gel desinfectante, de las máscaras sanitarias protectoras y de los EPIs al de los medicamentos y productos sanitarios de primera necesidad por ser
estratégicos para contener la propagación del coronavirus.
El gel desinfectante, las máscaras sanitarias protectoras y los EPIs constituyen, a todas luces, bienes de primera necesidad, y la legislación europea ya contempla que se pueda aplicar el tipo superreducido o reducido a este tipo de
productos, al enmarcarlos dentro de la categoría de productos sanitarios para los que España dispone de autorización comunitaria para aplicar dichos tipos.
Asimismo, también hay que considerar la posibilidad de que el Gobierno, en caso de incremento excesivo del precio del gel desinfectante o de las máscaras sanitarias protectoras, regule la fijación de su precio para la protección de la salud
poblacional ante la situación excepcional sanitaria, según lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
Por todo ello las Diputadas y Diputados de.Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la urgente reducción del tipo impositivo aplicado al gel desinfectante del 21 % al tipo superreducido del 4 %, así como la reducción del tipo impositivo de las máscaras, guantes y equipos de protección individual (EPIs) para uso
sanitario.
2. Informar sobre la evolución que ha seguido el precio tanto por los geles desinfectantes como de las máscaras, guantes y EPIs sanitarios protectores, por ser hoy productos de primera necesidad, y, en el caso de que estén teniendo un
incremento de precio desmedido, proceder a regular su precio máximo de venta al público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
162/000218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs i Castanyer, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante el Pleno, una
Proposición no de Ley por la que se insta al gobierno a la adopción de medidas urgentes para el mantenimiento de empleos y tejido productivo relacionadas con el deporte, durante y después del periodo de alarma y confinamiento derivado de la lucha
contra la epidemia del COVID-19.
Exposición de motivos
En la X legislatura los servicios prestados a las personas que practican deporte o la educación física sufrieron un incremento excepcional en el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido. Este aumento implicó una subida de precios en un
sector donde la demanda es muy inelástica con la consecuente pérdida de usuarios de instalaciones deportivas. Esta medida ha agravado para este sector la ya difícil coyuntura económica general derivada de la crisis.
A diferencia de la mayoría de productos y servicios que tributan al tipo general, cuyo tipo impositivo aumentó en 3 puntos porcentuales y de los que tributan al tipo reducido, el cual se incrementó en 2 puntos porcentuales; el tipo
impositivo de los servicios deportivos aumentó en 13 puntos porcentuales.
Esto se debe a que los servicios prestados a personas físicas que practican el deporte o la educación física pasaron de tener el tipo impositivo reducido al tipo impositivo general.
Si se compara el tipo impositivo a las actividades deportivas en el Estado con el resto de países de la Unión Europea, este está por encima de la media. En relación a los grandes países europeos, solo Italia aplica un IVA ligeramente
superior al español (22 %), mientras que Alemania, Francia, el Reino Unido aplican tipos inferiores.
Esta medida tomada por el Gobierno del Partido Popular ha tenido consecuencias previsibles que no se han tenido en cuenta o no se han querido tener en cuenta. El sector de los servicios deportivos corresponde a unas actividades económicas
altamente intensivas en empleo, de manera que la decisión de aumentar el IVA propició una destrucción de empleo no justificada.
Mantener un IVA del 21 % en los servicios deportivos comporta desincentivar el deporte, lo que conlleva consecuencias negativas para el estado de salud en la población. Como expone la página web del Ministerio de Salud, la práctica de la
actividad física mejora el bienestar, con beneficios tanto
fisiológicos (reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon y diabetes), como psicológicos (disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión) como sociales (fomenta la
sociabilidad) y en muchos casos el deporte fomenta la igualdad entre persones en situación de vulnerabilidad, muchas administraciones locales crean becas deportivas para facilitar el acceso al deporte a los colectivos menos favorecidos.
Recientemente, el hasta hace poco presidente del Consejo Superior de Deporte, reconocía, a raíz de un estudio donde se analizaban los beneficios de la actividad deportiva, que el incremento de la actividad física puede reducir un 10 % el
gasto sanitario.
El ahorro para las arcas públicas que supone la práctica del deporte es bien evidente. Por cada euro que se invierte en ejercicio físico se ahorra como mínimo seis en gasto sanitario. Pero este ahorro va más allá del gasto sanitario.
Según cálculos realizados por expertos, el coste de la inactividad física para la productividad laboral, el turismo, el crimen, la educación y los problemas de salud mental se han estimado en 5.000 millones de euros. Desde el punto de vista
laboral, el coste de la inactividad física se calcula que conlleva 2.500 millones de euros anuales de pérdidas debido a determinadas patologías, bajas laborales, depresión y baja productividad.
Los centros deportivos tributan unos 300 millones de euros en IVA, por lo que, teniendo en cuenta que el aumento del tipo fue de 13 puntos porcentuales y que el tipo general es el 21 %, el aumento de la recaudación, ha sido inferior a los
185 millones de euros. Cantidad a la que habría que restar la reducción en la tributación del Impuesto de Sociedades y en las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los centros deportivos. Consecuentemente, el supuesto aumento neto
en la recaudación queda muy lejos del incremento que posiblemente supone para los costes en salud y de otra índole, que supone la atención a las personas que han dejado de hacer deporte por el alza de precios que comporta esta medida fiscal.
La medida adoptada por el Gobierno no solo va contra la salud de los ciudadanos, sino que además va en contra de las arcas públicas, todo un contrasentido.
Esta situación de agravio, se ha visto aumentada por las medidas establecidas para hacer frente a la propagación del COVID-19.
A nivel de competición deportiva, una de las preocupaciones está en saber si se podrán continuar una vez se levante el confinamiento, o, por lo contrario, se mantendrán suspendidas.
Los deportistas, hace más de tres semanas que no pueden entrenar al aire libre, entre otros, aquellos que estaban preparando su participación en los juegos olímpicos de Tokio 2020, así como la totalidad de competiciones que han sido
aplazadas sine die.
En el ámbito económico, el impacto es ahora mismo incalculable. La parada de las competiciones y el cierre de las instalaciones deportivas, ha frenado en seco la mayoría de los ingresos; cuotas, publicidad, patrocinio, ventas de
merchandising,... Se necesita liquidez para hacer frente a las medidas derivadas del confinamiento y para poder recuperar la situación a medida que se pueda ir normalizando la situación.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Modificación del gravamen de IVA pasando del 21 % al 10.
- Establecer una desgravación fiscal para las empresas patrocinadoras, vinculada a la Ley del Mecenazgo Deportivo.
- Reparto de los ingresos derivados de juegos y apuestas que el Gobierno redistribuya directamente a las Comunidades para poder impulsar nuevas políticas económicas en este ámbito.
- Exención IVA de las inversiones (para los clubs y las asociaciones sin ánimo de lucro, que están exentas de facturar IVA a sus socios o abonados).
- Transferencia de los recursos destinados al deporte a nivel estatal a las comunidades.
- Bonificación del 75 % de las aportaciones de los socios de los clubs/asociaciones en la declaración de la Renta 2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
162/000219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la contratación como
especialistas de profesionales sanitarios en su último año de formación ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Una de las medidas puestas sobre la mesa por el Gobierno con el objetivo de mejorar la dotación de personal sanitario activo en los centros asistenciales del Sistema Nacional de Salud para afrontar la crisis generada por el coronavirus
(COVID-19) es la incorporación de personal residente que se encuentre en su último año de formación.
En este sentido, el Boletín Oficial del Estado del pasado 15 de marzo de 2020 publicó la Orden SND/232/2020, 'por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19'.
Dicha orden SND/232/2020 establece en su apartado segundo -denominado 'Medidas relativas a los profesionales sanitarios en formación'- 'la prórroga de la contratación de los residentes en el último año de formación de las especialidades de:
Geriatría, Medicina del Trabajo, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud Pública, Neumología, Pediatría y sus Áreas Específicas, Radiodiagnóstico, Microbiología y Parasitología, Enfermería
del Trabajo, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica'.
Colegios profesionales, sociedades científicas y sindicatos consideraron de forma unánime la referida prórroga de la contratación como una medida discriminatoria dado que las funciones que los residentes de último año desempeñan ante la
crisis provocada por el coronavirus (COVID-19) son, a su parecer, similares a las de un médico adjunto.
Colegios, sociedades y sindicatos achacaron entonces la decisión tomada por el Ejecutivo a una redacción desafortunada que se corregiría en futuras órdenes, y solicitaron que los profesionales sanitarios en el último año de formación fueran
contratados como especialistas.
No obstante, la Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, 'por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19', insistió en la descrita prórroga de los contratos, ignorando de este modo la solicitud planteada por los colegios profesionales, las sociedades científicas y los sindicatos.
De igual modo, la Orden SND/299/2020 tampoco amplió el número de especialidades consideradas necesarias para afrontar la crisis, una mejora que también pedían los propios profesionales.
Ante esta realidad, y aunque el Gobierno se ha comprometido a mejorar las retribuciones de los referidos residentes, los Ejecutivos de algunas Comunidades Autónomas como Galicia y Murcia ya han planteado públicamente su compromiso de
realizar contrataciones en los términos que solicitan los profesionales.
Por ello, tomando en consideración las competencias que el Real Decreto 463/2020 atribuye de forma exclusiva al Gobierno de España y teniendo en cuenta que son más de 19.000 los profesionales sanitarios contagiados -que se tengan controlados
hasta la fecha- por el coronavirus (COVID-19) en nuestro país,
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a habilitar en todo el Sistema Nacional de Salud la contratación como especialistas de los profesionales sanitarios en el último año de formación que están reforzando las plantillas de recursos
humanos para mejorar el abordaje de la crisis generada por el coronavirus (COVID-19).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
162/000220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno audite la cifra
de fallecidos desde el inicio de la pandemia por la enfermedad de COVID-19 en España, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La calidad democrática de un país se mide también por la calidad de los datos públicos que recogen sus estadísticas y se ofrecen de forma pública a la ciudadanía. La calidad de los datos es así un requisito de transparencia democrática
crucial para la salud de la propia democracia. Un requisito trascendental cuando esos datos reflejan nada menos que el impacto en la vida de los ciudadanos de una pandemia tan grave como la ocasionada por la enfermedad COVID-19.
La verdad debe ser la primera medida higiénica contra el coronavirus. Sin datos sólidos no será posible conocer con exactitud la extensión del contagio por el virus SARS-CoV-2 entre la población española, y no se podrán diseñar y acometer
correctamente las medidas realmente necesarias para retornar a la normalidad lo más pronto posible.
Según la Organización Mundial de la Salud, solo se pueden contar como positivos aquellos casos de enfermedad por coronavirus (COVID-19) respaldados por una confirmación de laboratorio. En el caso de España, el Gobierno de la nación aún no
ha sido capaz de proporcionar las herramientas necesarias para que se lleven a cabo los tests en todos los casos requeridos. Como consecuencia, muchas defunciones causadas por el virus del SARS-CoV-2 no se están contabilizando correctamente.
Este error de cálculo se ve, en términos puramente estadísticos, con un somero repaso del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España. Como es bien sabido, el MoMo utiliza la información de mortalidad por todas las
causas que se obtiene diariamente de 3.929 registros civiles informatizados del Ministerio de Justicia, que corresponden al 92 % de la población española y que incluye todas las provincias. Las estimaciones MoMo de mortalidad esperada se realizan
mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada del 1 de enero 2008 hasta un año previo a la fecha actual.
Pues bien, según el sistema MoMo, la mortalidad en la segunda quincena de marzo -cuando ya la pandemia por la infección con el virus SARS-CoV-2 se había disparado entre la población española- excedía a la mortalidad esperada en más de un 40
%, llegando al 50 % de exceso entre los mayores de 74 años.
Este exceso de mortalidad sobre los datos esperados MoMo ha sido especialmente acusado en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Castilla y León. En ambas, proporcionalmente, incluso más que en la Comunidad de Madrid. Y se
acentúa en toda la geografía española entre la población de más edad. A modo de ejemplo 1, en Castilla-La Mancha el exceso de mortalidad sobre la esperada era de un 185 % (un 187 % entre los mayores de 74 años), es decir, los fallecidos de la
segunda quincena de marzo de 2020 prácticamente triplicaron a los del mismo periodo en 2019. En Castilla y León ese aumento de defunciones era del 146 % (del 160 % entre los mayores de 74 años). En Madrid, del 108 % (y del 124 % en la franja de
mayor edad)...
Este aumento de mortalidad observada excede a la contabilizada como fallecidos por la enfermedad COVID-19. Hay motivos que pueden explicar la discrepancia. Por ejemplo, que no se contabilice a las personas que mueren en residencias o a los
que fallecen en sus propios hogares. Son muchas las personas que fallecen con síntomas compatibles con la COVID-19 y a los que no se les somete a ningún test, ni antes ni después de morir, y que -por tanto- no pasan a formar parte de las cifras que
recoge el Ministerio de Sanidad.
Por consiguiente, es extremadamente probable que el número de fallecidos que se recogen en las actualizaciones publicadas por el Ministerio de Sanidad no coincida con el número real de muertos causado por la COVID-19; y crece el temor entre
la ciudadanía a que los casos registrados puedan ser solo la punta de iceberg de los casos reales.
1 Según se recoge en: https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTrans misibles/MoMo/Documents/informesMoMo2020/MoMo_Situacion%20a%202%20de%20abril_CNE.pdf
Esta discrepancia la ha podido constatar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha al cotejar los datos del registro civil y de las licencias de enterramiento en esa comunidad autónoma con las cifras oficiales de fallecidos por
la pandemia, y al comparar ambos con los datos de decesos de años anteriores. Es una preocupante discrepancia que ha ocupado en las últimas fechas muchas páginas de información local en provincias como Soria, Toledo, Segovia, Ciudad Real, Ávila...
y que desata una lógica preocupación ciudadana.
El temor a que los datos oficiales no reflejen fehacientemente la realidad de los hechos no solo genera incertidumbre y malestar entre los españoles, sino que mina la confianza en el Gobierno de la nación, y lo hace en un momento en el que
este está tomando decisiones clave sobre la libertad y la salud del conjunto de la población. El temor ciudadano a que esta discrepancia no sea solo un error sino una muestra más de la mendacidad de un Gobierno incapaz de prever la gravedad de la
pandemia -e incapaz de atajarla eficazmente- socava la confianza en la propia democracia y en el conjunto de sus instituciones.
Minimizar los datos de víctimas mortales de la enfermedad, quizá con el propósito de amortiguar el desasosiego ciudadano, dificulta la imprescindible tarea de elaborar una eficaz estrategia de salida del confinamiento. Una estrategia que no
se deje engañar con espejismos momentáneos, como los que presidieron las decisiones del Gobierno de España entre finales de febrero y principios de marzo, en aquellas primeras semanas de explosión de la infección en España por el virus SARS-CoV-2.
Es imprescindible garantizar una correcta contabilización de las personas que han fallecido debido a la enfermedad COVID-19, o por problemas sanitarios colaterales a la infección por el virus SARS-CoV-2, para -con esos datos bien
contrastados- elaborar una correcta política de salud pública que pueda erradicar la enfermedad en España.
Contar con datos fiables y de calidad contrastada no es solo una ineludible exigencia democrática, es también un requisito imprescindible para el buen diseño de una eficaz estrategia de salida del confinamiento. Una estrategia que debe ser
sólida y segura con un doble objetivo: garantizar la salud de las personas, y poner de nuevo en marcha una economía como la española, abierta y volcada en actividades de servicios que exigen altas dosis de confianza entre sus potenciales
consumidores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se audite la cifra de fallecidos en España, por provincia, semanalmente y desde el 1 de marzo, y se ofrezca a la nación una información pública y detallada de mortalidad clasificada de
acuerdo con las siguientes categorías: (1) cifra total de fallecimientos en la provincia, incluyendo todos los datos procedentes del Registro Civil y de las licencias de enterramiento; (2) cifra esperada de fallecimientos en la provincia según la
estadística MoMo (el sistema de monitorización de los excesos de la mortalidad diaria por todas sus causas); (3) cifra de fallecidos por la enfermedad COVID-19 y registrados como tales en la contabilidad que realiza el Ministerio de Sanidad, y (4)
cifra de fallecidos con síntomas compatibles con la COVID-19 pero que no se han podido contabilizar como víctimas de la enfermedad. Las cuatro categorías deben estar, además, desglosadas por rango de edad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-Pilar Marcos Domínguez, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, José Ignacio Echániz Salgado, María Sandra Moneo Díez, Carmen Navarro Lacoba, Tomás Cabezón Casas, Rosa María Romero Sánchez,
Jesús Postigo Quintana, Carmen Ríolobos Regadera, Alicia García Rodríguez, Pedro Navarro López, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Inés Cañizares Pacheco, D. Victor González Coello de Portugal, D. Rodrigo Jiménez Revuelta, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer y D. Rubén Manso Olivar, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la remisión al Congreso de los Diputados de nuevos Acuerdos de Estabilidad Presupuestaria, de Sostenibilidad Financiera y de límite de gasto no financiero del Estado, para su
discusión en el Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Diez días antes de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las Cortes Generales, con el voto en contra de VOX, aprobaron los Acuerdos de Gobierno por el
que se adecuan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 por un lado, y para el periodo 2021-2023 por el otro, y donde se fija el
límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el año 2020 y para el 2021. Durante los días en los que se debatía su aprobación, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, el Grupo Parlamentario VOX advirtió de lo
imprudente de los acuerdos, por expansivos, pero también por la insensatez de no prestar atención a una realidad que se estaba sufriendo en aquel momento en países vecinos de la Unión Europea, y que en España ya sumaba 218 infectados por COVID-19.
Segundo. El límite de gasto no financiero del Presupuesto para el Estado propuesto fue claramente expansivo, alcanzando los 127.609 millones de euros, un 3,8 % más respecto al último aprobado para 2019 y un 6,9 por ciento respecto a los
aprobados para los Presupuestos de 2018. En el último Plan Presupuestario remitido a Bruselas, el Consejo de Europa recomendó que la tasa de crecimiento del gasto público primario neto nominal no excediera en 2020 del 0,9 %, lo que se corresponde
con un ajuste estructural de 0,65 puntos porcentuales de PIB. Asimismo, el Gobierno español previó un saldo estructural negativo del 2,6 % para 2020.
Tercero. El apartado 3 del artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, da un margen excepcional al Estado y a las Comunidades Autónomas para incurrir en déficit
estructural en caso de situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas, y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría
absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
Cuarto. Por otro lado, la aparición y expansión de la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) está generando una profunda incertidumbre sobre la evolución futura de la economía a nivel mundial. El absoluto parón económico que están sufriendo la
mayor parte de las economías podrá degenerar en una recesión de incalculables consecuencias, de la cual sólo se podrá salir a costa de grandes sacrificios. La reducción del comercio internacional, de las inversiones extranjeras, de la movilidad
geográfica a nivel mundial está teniendo hoy, y tendrá en el futuro, un claro y preocupante impacto económico. El lógico aunque desafortunado impacto aún no calculado que supondrán las medidas de contención del virus hará mella en las cuentas
económicas y en los saldos de las Administraciones Públicas. La menor actividad económica hará reducir los ingresos públicos, pero al mismo tiempo supondrá un aumento de los gastos provocado por la disponibilidad de créditos extraordinarios a causa
de eventos imprevistos e impredecibles.
Quinto. Diversos organismos multilaterales han emitido alertas de adopción de medidas tempranas y nuevos escenarios económicos que incorporan el impacto del COVID-19 en la economía mundial.
- Así, el pasado 2 de febrero, la OCDE rebajó la previsión de crecimiento para la economía mundial y para la zona euro en más de 3 décimas, estimando que, en el escenario más adverso, la economía europea podría entrar en recesión.
- El 4 de marzo, el Banco Mundial anunció la inyección de 12.000 millones de dólares a los países afectados para la asesoría de medidas de financiación de emergencia y asistencia técnica, que incluye vigilancia, formación médica y asistencia
sanitaria para los más desfavorecidos.
- El 4 de marzo, el Fondo Monetario Internacional ha cambiado su escenario base de estimación de crecimiento a escenario más adverso para la elaboración de sus próximas previsiones de primavera. Asimismo, el FMI confirmó que el problema de
la epidemia se trata de un asunto global y no local, por lo que insta a tomar medidas de manera coordinada, y anunció la puesta a disposición de 50.000 millones de dólares para ayudar a los países miembros que estén afrontando necesidades.
- El 4 de marzo, el Eurogrupo acordó que los países podrán desviarse de sus objetivos de déficit siempre que se demuestre que el gasto extraordinario esté vinculado al evento inusual de carácter
temporal, refiriéndose al COVID-19. Efectivamente, como se indica en el apartado tercero de la presente exposición de motivos, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge dicho caso de fuerza
mayor y el sector público podrá incurrir en un mayor déficit estructural, desviándose así de los objetivos establecidos por causas de emergencia extraordinaria.
- El 12 de marzo, el Banco Central Europeo anunció nuevas medidas de inyección monetaria a través de la ampliación de la adquisición de activos (operaciones TLTRO III) de 20.000 millones mensuales hasta los 120.000 millones mensuales durante
12 meses.
- El 17 de marzo, España solicitaba en el Eurogrupo la creación de unos Eurobonos para financiar políticas de gasto público.
- El 18 de marzo, el Banco Central Europeo confirmó que su compra de activos se ampliaba a un total de 750.000 millones de euros.
Sexto. El margen del Gobierno español es muy escaso para afrontar este impacto negativo en las cuentas públicas, sobre todo por el lado de la oferta. Las previsiones de crecimiento del Gobierno incluidas en el cuadro macroeconómico, por
las que se estima el resto de los indicadores fiscales y presupuestarios, no se van a cumplir, y en este sentido están insistiendo todos los organismos internacionales. El déficit previsto por el Gobierno para 2020 es del 1,8 %, mientras que la
Comisión Europea en su informe de invierno estimó un déficit de 2,2 %, en línea con el consenso de organismos, y estima un déficit estructural del 2,6 % para 2020. La deuda pública está en niveles de alerta, cercanas al 100 % del PIB, sin
posibilidad de un ajuste significativo en el medio plazo. Los mayores ingresos públicos previstos por el Gobierno y justificados, entre otros motivos, por el crecimiento económico, por la creación de nuevas figuras impositivas, y de aumento de las
ya existentes, pueden, por un lado, no cumplirse en términos de escenario base, por lo que el déficit y la deuda sobrepasarían los objetivos para 2020 y, por otro lado, desplomarse en términos del actual escenario económico por el COVID-19. Si al
descenso de los ingresos públicos se suman los compromisos coyunturales de aumento de gasto por motivos excepcionales provocados por el COVID-19, el déficit superará el de 2019 con un aumento significativo de la deuda.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Elaborar y presentar ante las Cortes Generales dos nuevos acuerdos por el que se adecúen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para
el año 2020 por un lado, y para el periodo 2021-2023 por el otro, y donde se fije el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el año 2020 y para el 2021.
2. Que asumiendo que la crisis provocada por el COVID-19 tendrá un fuerte impacto negativo por el lado de los ingresos públicos, se presenten unos objetivos de déficit y deuda más ambiciosos, con un límite de gasto no financiero que cumpla
la regla de gasto y no suponga riesgos macroeconómicos a corto y medio plazo.
3. Que dicho acuerdo tendrá que ir acompañado de:
a) un nuevo Informe de la situación de la economía española que recoja el impacto del COVID-19 en la economía española, junto con medidas económicas expost para afrontar los riesgos asociados a él.
b) Un nuevo cuadro de proyecciones presupuestarias sobre la base de las nuevas estimaciones del crecimiento nominal del Producto Interior Bruto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez Revuelta, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Gabriel Rufián Romero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre protección de los
trabajadores autónomos a raíz de la crisis del COVID-19 para su debate en instancia en Pleno.
Exposición de motivos
El tejido productivo de la economía se compone, en su gran mayoría, de trabajadores autónomos junto con las pequeñas y medianas empresas. La situación actual de Estado de Alarma ha comportado que miles de estos trabajadores autónomos se
vean obligados a cerrar sus negocios y/o se encuentren ante la imposibilidad de desarrollar su actividad. Esto ha supuesto, inherentemente, una reducción drástica de su facturación, llegando a ser incluso nula en un gran número de casos.
Sin embargo, esta disminución de sus ingresos no se traslada de manera directa en una reducción igualmente drástica de los gastos que estos trabajadores deben soportar. Los más de medio millón de trabajadores autónomos que hay en Catalunya,
unos 3 millones en todo el Estado español, abonan mensualmente a la Seguridad Social la conocida 'cuota de autónomos', que en un porcentaje elevado de casos supone alrededor de los 300 euros mensuales, a los que 'hay que añadir los que realizan
abonos mensuales a mutuas y otros similares. A su vez, estos trabajadores deben hacer frente a las liquidaciones impositivas, así como otros gastos tales como los alquileres de sus locales, el pago de sus suministros básicos o el retorno de
créditos bancarios, entre muchos otros.
Ante esta situación excepcional es necesaria una respuesta excepcional. Las administraciones públicas deben trabajar para garantizar que la cadena de pagos no se rompa, esto es, que haya liquidez en la economía para que llegue al conjunto
de las familias y puedan hacer frente a sus necesidades. Por tanto, el campo de actuación que disponen las diversas administraciones es amplio y recorre un camino que va desde impulsar prestaciones económicas directas para los colectivos más
afectados por las crisis hasta incidir en la disminución de los gastos que deben soportar estos colectivos y que son de su potestad. En cuanto a los trabajadores autónomos, esta cuota a la Seguridad Social siempre ha sido cuestionada por su falta
de progresividad. Es decir, esta cuota supone una cantidad fija que debe ser abonada independientemente del volumen de ingresos obtenidos por el trabajador. Esta anomalía ha provocado importantes ineficiencias en el sistema si tenemos en cuenta
que una gran mayoría de autónomos deben pagar una cantidad proporcionalmente mayor a los ingresos obtenidos, así como otros casos en los que sucede lo contrario. Sea como fuere, la fórmula óptima para solucionar esta anomalía que se ha propuesto en
reiteradas ocasiones pasa por que los trabajadores autónomos paguen una cuota en función de su l ingresos reales.
La situación actual ha dejado en evidencia, una vez más, de la necesidad de adoptar de manera prioritaria esta fórmula. En un contexto como el actual donde estos trabajadores no obtienen ningún ingreso puesto que no se les permite
desarrollar su actividad, es lógico que no deban abonar íntegramente esta cuota a la Seguridad Social cuando no han obtenido ingreso alguno por causas y obligaciones externas sobrevenidas.
Por ello, aunque el gobierno español ya ha anunciado una moratoria en el pago de estas cotizaciones, esta sigue sin ser efectiva y con fecha 31 de marzo se cobró igualmente la cuota a este colectivo. Es necesario ir un paso más allá y
establecer una suspensión de esta cuota acorde con la disminución de ingresos sufrida por el colectivo con el objetivo, una vez más, de inyectar liquidez a las empresas y no romper la cadena de pagos, adoptando medidas que sean rápidas, libres de
burocracia y efectivas.
Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Aprobar de manera inmediata y con efecto retroactivo al inicio del Estado de Alarma, la suspensión de la cuota de autónomos, con una duración que vaya más allá de la situación de estado de alerta y mientras dure el impacto económico de
la crisis sanitaria, con tal de inyectar liquidez a la economía.
2. Incluir, de manera inmediata, el alquiler de los locales afectos a la actividad de negocio en las medidas relativas al pago de los alquileres recogidas en el Real Decreto-ley 11/2020.
3. Impulsar una moratoria de 1 año sin intereses en la liquidación del IVA del segundo trimestre.
4. Asegurar el acceso efectivo al crédito para pymes y trabajadores autónomos.
5. Impulsar de manera prioritaria, una vez recuperada la actividad parlamentaria, la reforma integral del RETA para establecer un sistema de cotización por ingresos reales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2020.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
162/000223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Gabriel Rufián Romero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la regularización
exprés de personas inmigrantes en los ámbitos sanitario, de los cuidados y agrario, para su debate en instancia en Pleno.
Exposición de motivos
Las personas inmigrantes han ido ocupando en nuestra sociedad determinados sectores profesionales que no están siendo cubiertos por personas autóctonas. Y lo están haciendo de manera regular o, cuando no pueden acceder a esta
regularización, de manera administrativa irregular, comportando en muchos casos una vulneración de los derechos laborales y sociales de estas personas, más allá del perjuicio económico que -intencionadamente o no- están generando sus empleadores a
las arcas públicas y, en particular, a la Seguridad Social.
El trabajo de los cuidados es uno de los sectores de ocupación que más personas requiere insertar laboralmente, un sector en su mayoría ocupado por mujeres, las cuales, una gran parte, son mujeres migrantes.
La incorporación de la mujer al mundo laboral ha cambiado, en parte, los roles patriarcales tradicionales y ha obligado a la delegación de las funciones del cuidado de las personas mayores, niños y del trabajo doméstico, que tradicionalmente
ejercían las mujeres dentro de la familia. Sin embargo, en el contexto de la sociedad patriarcal en que vivimos, este trabajo lo siguen realizando mayoritariamente mujeres y, en particular, mujeres migrantes. Mujeres que, en muchos casos, han
dejado a sus hijos e hijas y padres y madres a miles de kilómetros y que se ven obligadas a cuidar en nuestra sociedad a nuestros pequeños, mayores y dependientes. Mujeres con situación administrativa irregular, es decir, 'ilegales', que a menudo
no encuentran muchas más salidas que en ámbito del cuidado.
Esta realidad obliga a las trabajadoras de este sector trabajan sin ningún tipo de contrato, sin contrato, sin afiliación a la seguridad social.... Es decir, sin derechos laborales ni sociales.
A pesar de esto, se estima que en el sector de los cuidados, el trabajo del hogar, en centros residenciales y el Servicio a domicilio (SAD) se necesitan más de 290.000 trabajadoras y trabajadores, que podrían estar trabajando con todos los
deberes y garantías.
Por otro lado, en otro de los sectores donde las personas migrantes tienen un importante peso específico, como es el sector agrario, también existe una apremiante necesidad de trabajadores. De hecho se estima que, sólo en Catalunya, se
requerirían 38.000 personas para la próxima campaña.
En tal sentido, organizaciones como Unió de Pagesos, ASAJA, l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) creen que, especialmente en las circunstancias actuales de la crisis provocada por el COVID-19, es necesario y
urgente buscar alternativas para garantizar la actividad. En esta línea, las propuestas de JARC piden la implicación del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) para cubrir las ofertas de trabajo con la demanda de inscritos en el ámbito municipal y
permitir la adecuación de maquinaria agrícola para llevar a cabo tareas propias de esta época, como el aclareo de los árboles frutales. De hecho, el requerimiento de agilizar los permisos de trabajo para personas que se encuentran
sin trabajo en España ya se produjo hace una década, cuando los agricultores no encontraban mano de obra entre los parados que dejó la crisis de la construcción.
Ahora, ante las dificultades para encontrar mano de obra, la patronal catalana del sector frutícola, Afrucat, plantea la posibilidad de regularizar inmigrantes. En este sentido, considera que se lograría más personal para trabajar en la
fruta sin el peligro de generar un efecto llamada por las restricciones a la movilidad impuestas por el decreto de alarma.
En tal sentido, las organizaciones de profesionales de los sectores antes mencionados han reivindicado en reiteradas ocasiones la necesidad de regularizar a la población migrantes para poder hacer frente a la falta de trabajadores y
trabajadoras para poder cubrir esta necesidad. Desde que se decretó el estado de alarma vienen planteando diversas organizaciones patronales y ONGs solicitan regularizar la situación de miles de migrantes sin papeles como medida para solventar el
grave problema de falta de mano de obra que afronta el sector agrícola como consecuencia del cierre de fronteras derivado de la crisis sanitaria por la propagación del coronavirus.
Por otro lado, consideramos más que necesario la regularización para dar solución a las siguientes realidades:
- A la llegada masiva de menores no acompañados del 2018 y que en la actualidad son mayores de edad sin disponer de un permiso de residencia y trabajo.
- A las miles de mujeres trabajadoras del sector de la atención y cuidado de las personas, las cuales, muchas de ellas se encuentran trabajando sin ningún tipo de contrato de trabajo debido a su situación irregular.
Asimismo, ante la grave crisis en que nos encontramos, ha aflorado la urgente necesidad de personal sanitario y para la atención en las residencias de personas mayores. Y, no obstante, se sigue sin regularizar a personas que podrían cubrir
estas deficiencias, pese a que esta regularización conllevaría un beneficio para todo el mundo.
El Grupo Republicano reivindica la igualdad de derechos de toda la ciudadanía y la regularización de todas las personas que conviven en nuestra sociedad, pero siendo conscientes de las resistencias gubernamentales que hasta el momento ha
habido hacia esta regularización, consideramos que al menos en este momento y ante la crisis humanitaria del COVID-19, es necesaria y urgente la exprés de sectores vitales para la salud, el bienestar y la economía, como son el ámbito sanitario, el
de los cuidados o el agrario.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Reconocer provisionalmente, mediante una declaración de responsabilidad, los títulos de aquellas personas con residencia en el Estado español, con independencia del país en el que se hayan obtenido, en los siguientes ámbitos:
a) Grado en Medicina, Farmacia y Odontología, grado en Enfermería, Fisioterapia.
b) Ciclos Formativos de Grado Superior en el ámbito sanitario y de asistencia social.
c) Ciclos Formativos de Grado Medio en el ámbito sanitario y de asistencia social.
2. Facilitar el proceso de autorización de residencia y trabajo, mediante una acción proactiva en el país de origen, de profesionales de la medicina y enfermería, con experiencia en cuidados intensivos, procedentes de países que hayan
superado la crisis del COVID-19.
3. Suprimir, durante 6 meses, el requisito de 3 años de estancia en el procedimiento de arraigo social para todas aquellas personas que presenten una oferta de trabajo de 3 meses o más para ejercer en el ámbito de los cuidados a las
personas mayores, social y sanitario, además del agrícola.
4. Habilitar los medios administrativos en los ministerios afectados y, muy especialmente, en las subdelegaciones provinciales del Gobierno para una rápida implementación de los apartados anteriores.
5. Suscribir acuerdos de delegación de la gestión de las competencias ejecutivas en el ámbito de los procesos de arraigo social y laboral con las Comunidades Autónomas con competencias en el otorgamiento de la primera autorización de
trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2020.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
162/000224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para racionalizar la estructura de la
Administración del Estado, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Cuando el Partido Popular ganó las elecciones en diciembre de 2011, el panorama que se encontró tras la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero fue desolador: se habían cerrado 222.000 pequeñas y medianas empresas, 250.000 autónomos
perdieron sus negocios, más de 3.5 millones de españoles perdieron su empleo y había una deuda comercial (facturas sin pagar) por valor de 82.000 millones de euros, de las cuales 16.000 millones correspondían a deudas con proveedores del sistema
sanitario y 24.434 millones a deudas con Corporaciones Locales.
La necesidad de racionalizar los recursos públicos comenzó por el propio Gobierno. Mariano Rajoy redujo las vicepresidencias de 2 a 1, el número de ministerios de 15 a 13, limitó el número de asesores por ministro y secretario de estado, y
exigió que estos se cubrieran mayoritariamente por funcionarios.
En junio de 2018, la España que heredó Pedro Sánchez poco tenía que ver con aquella de diciembre de 2011. En ese período se habían creado 138.000 pequeñas y medianas empresas, 190.000 autónomos habían emprendido nuevos negocios, se crearon
casi 1,7 millones de empleos, se pagaron todas las facturas que habían dejado pendientes y se redujo el déficit público desde el 9,6 % en 2011 al 3,1 % en 2017, más de 65.000 ME sin afectar al Estado del Bienestar (de hecho, el gasto social sin
prestaciones aumentó en 26.000 ME en ese mismo período).
Quizá animado por esa bonanza, el primer Gobierno de Sánchez aumentó su estructura, pasando de 13 ministerios a 16, manteniendo una vicepresidencia. Mucho más escandaloso fue el aumento del gasto del Gobierno en la legislatura actual, sobre
todo porque ya había claros indicios de desaceleración económica: se había revisado 3 veces a la baja el crecimiento económico en los últimos 6 meses, había aumentado el déficit público por primera vez desde la crisis, la matriculación de
automóviles cayó un -6,8 % los dos primeros meses del año y se destruyeron 244.000 empleos en el peor enero en una década.
A pesar de ello, el gobierno pasó de una vicepresidencia a 4, y de 16 ministros a 18, con todo lo que ello supone de estructura: 30 Secretarios de Estado, 50 Subsecretarios, 54 Directores de Gabinete, 135 Directores Generales, 21
Secretarios Generales Técnicos y cerca de 250 Asesores (casi un 40 % más que con el último gobierno de Rajoy).
Los primeros datos económicos que hemos conocido tras decretarse el estado de alarma son demoledores y auguran una recesión económica mucho más profunda que la vivida en 2009: al desplome del -70 % de la matriculación de automóviles, le
siguió el dato de destrucción de casi 900.000 empleos desde la declaración del estado de alarma. A lo que hay que añadir que, a 6 de abril, hay solicitados 474.000 ERTEs que afectan a 2,7 millones de trabajadores.
En este contexto de severa recesión económica no tiene sentido mantener la hipertrófica estructura del Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Racionalizar la estructura del propio Gobierno, reduciendo las vicepresidencias y unificando ministerios cuyas competencias fueron artificialmente repartidas sin excesivo sentido (Trabajo y Seguridad Social, Sanidad y Consumo, Educación,
Ciencia y Universidades).
- Suprimir todos los puestos de trabajo del personal eventual no funcionario que presta su actividad al servicio de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado.
- Reducir a la mitad los puestos de trabajo de personal eventual no funcionario que presten su servicio en el Gabinete del Presidente del Gobierno.
- Destinar, los recursos presupuestarios librados como consecuencia de la reducción de estos gastos de Capítulo 1, a programas de gasto vinculados a la lucha contra la pandemia COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2020.-Mario Garcés Sanagustín, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la habilitación de
remuneraciones complementarias y exenciones fiscales para profesionales sanitarios, miembros de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado y trabajadores de sectores productivos esenciales ante la crisis generada por el coronavirus
(COVID-19), para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La crisis provocada por la pandemia del coronavirus (COVID-19) está generando efectos negativos sin precedentes en toda España. El impacto principal se está produciendo, sin ningún género de duda, en la salud de los españoles y en el
funcionamiento de nuestro sistema sanitario.
Más allá de los 130.759 casos confirmados y de los 12.418 fallecidos por COVID-19 en nuestro país a fecha de 5 de abril de 2020, el citado coronavirus ha hecho necesaria la implementación de medidas excepcionales en el Sistema Nacional de
Salud como la puesta en marcha de hospitales de campaña, la incorporación de estudiantes de último año y personal jubilado a la plantilla de profesionales, y entre otras acciones, la habilitación de pistas de patinaje sobre hielo para su uso como
morgues.
De igual forma, las consecuencias están siendo nefastas desde la perspectiva social y desde el prisma económico y laboral, especialmente a partir de la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo. Una muestra más que
representativa de ello -seguramente la mayor junto con los millones de trabajadores autónomos y de pequeños y medianos empresarios que han tenido que cesar su actividad- es la pérdida de 834.000 afiliados a la Seguridad Social y el aumento en más de
300.000 personas del número de desempleados registrados el pasado mes de marzo (el peor dato desde que hay registro incluso sin tener en cuenta los expedientes temporales de regulación de empleo cursados).
En este contexto crítico para el conjunto del país, no están siendo precisamente las medidas ineficientes y tardías que ha impulsado el Gobierno a pesar de ser la autoridad competente, sino la solidaridad, la responsabilidad y el trabajo
diario de los españoles lo que está impidiendo que la coyuntura sea todavía peor y que los servicios y las prestaciones básicas continúen funcionando correctamente.
Esta situación se está produciendo a todos los niveles (empresas, entidades sin ánimo de lucro, particulares...), en la práctica totalidad de los sectores productivos (textil, alimentación, automoción...) y mediante fórmulas dispares
(importación y fabricación de equipamientos de protección individual y de respiradores, donaciones económicas y de alimentos...).
No obstante, lo más destacado en este sentido es, seguramente, el sobreesfuerzo personal que están realizando los profesionales del Sistema Nacional de Salud, los miembros de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas
Armadas y los trabajadores de todos los sectores económicos esenciales que con su día a día garantizan la cobertura de las necesidades de los ciudadanos y hacen más llevadero y seguro su aislamiento.
Junto con el merecido reconocimiento diario que la sociedad les brinda cada día desde los balcones, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales... es necesario recompensar de manera tangible la dedicación de todos los
profesionales sanitarios, de los policías, los guardias civiles, los militares, los transportistas, los repartidores, los periodistas, los cajeros... durante el tiempo que dure la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) en nuestro país.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Aprobar una retribución extraordinaria para los profesionales sanitarios -complementaria a su salario- hasta superar la pandemia, con el objetivo de recompensar los esfuerzos que están realizando para preservar la salud de los ciudadanos
durante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19).
- Bonificar íntegramente las cotizaciones a la Seguridad Social y las aportaciones a los sistemas de previsión social de los funcionarios públicos de los miembros de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas,
así como a los trabajadores de sectores productivos y económicos esenciales y establecer una exención completa en el IRPF para los salarios percibidos mientras dure el estado de alarma decretado por el coronavirus (COVID-19), con el objetivo de
gratificar la labor que estos profesionales han desarrollado para garantizar la seguridad y la plena cobertura de las necesidades de los ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País, desde el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en Pleno sobre la implantación de un Ingreso Básico de
Emergencia.
Exposición de motivos
La pandemia del Coronavirus genera una situación sin precedentes recientes en nuestra sociedad. Se trata de una crisis con una doble faceta, sanitaria y económica, en la que las medidas de distanciamiento social y confinamiento necesarias
para aplanar la curva de contagios implican necesariamente una reducción de la actividad económica que conlleva una agudización de la curva de la recesión, una recesión económica que como siempre, golpea más a los más débiles.
El impacto económico que ya está teniendo esta crisis es brutal. La CE estima un descenso de 2 puntos y medio en el PIB Europeo, y se puede quedar corta. El Gobierno ya calcula que el PIB en nuestro país caerá en un 12 % este trimestre y
que se está produciendo destrucción de 100.000 empleos al día, sin contar los ERTEs, desde que empezó el confinamiento. Esto va a hacer también que se disparen las tasas de pobreza, que en España ya eran muy elevadas desde la gestión del crack
económico de 2008, que aumentó la precariedad material y la cronificó en la vida cotidiana de una parte importante de la ciudadanía.
Ante esta situación los gobiernos y las instituciones supranacionales tienen que poner en marchar todas las medidas de política económica que sean necesarias para aplanar la curva de la recesión y
asegurar que nadie se quede atrás, de manera que una vez se supere la crisis sanitaria la economía se pueda recuperar sin romper las ya frágiles costuras de nuestro tejido social.
A diferencia de lo que sucedió en la crisis de 2008 en esta ocasión parece que hay consenso en la orientación de las medidas de política monetaria y fiscal que se tienen que poner en práctica. Las recetas neoliberales, vigentes hasta hace
bien poco, han saltado por los aires. Prácticamente todas las instituciones económicas a nivel nacional y supranacional, desde el Banco de España hasta la Comisión Europea y el FMI, pasando por el BCE han abrazado la necesidad de una política
fiscal expansiva cueste lo que cueste.
En este sentido, son numerosos los economistas y gobiernos que se han posicionado favorablemente a favor de diferentes fórmulas en la línea de una Renta Básica temporal mientras dure la alerta sanitaria. Esta defensa no proviene solo de
voces previsibles: incluso conocidos economistas neoclásicos, como el Profesor de la Universidad de Harvard Gregory Mankiw, han defendido que una Renta Básica Universal para garantizar ingresos sería en estos momentos una política adecuada. A
nivel internacional se ha pasado, en menos de un mes de la especulación a la política públicas: las transferencias de renta a la ciudadanía de Estados Unidos o Australia son los casos más llamativos. En España han defendido medidas en esta línea
el economista Daniel Raventós, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, o incluso el exministro de Economía y actual vicepresidente del BCE Luis de Guindos.
Entre las propuestas planteadas se diferencian dos tipos: aquellas que plantean la medida como un ingreso para rentas bajas con un control a priori, similar a las Rentas Mínimas de Inserción, y aquellas que plantean facilitarlas a toda la
población para evitar burocracias y establecer un control a posteriori en la declaración de la renta.
Para Más País la implementación de esta medida en España es una urgencia social y económica. Su articulación debe ser una combinación de las dos perspectivas, evitando los trámites aparejados a un control ex-ante similar a la RMI, que haría
que se demorara demasiado en un momento en que las familias no pueden esperar, y asegurando a la vez que el ingreso llega quien lo necesita y genera un impacto redistributivo progresivo. Al mismo tiempo, el planteamiento de este ingreso tiene que
evitar los problemas tradicionales asociados a las rentas mínimas como son la estigmatización y la trampa de pobreza.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implantar con carácter de urgencia, en el plazo máximo de 15 días, un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas del COVID-19. El IBE
tendrá las siguientes características:
i. El IBE consistirá en un pago mensual de 600 euros por persona mayor de 18 años con una cuantía adicional de 200 euros por menor a cargo hasta un máximo de 1600 euros por hogar, siendo compatible con otros ingresos hasta alcanzar los 2000
euros por hogar con dos o más menores a cargo.
ii. El Ingreso se proporcionará a todos los ciudadanos cuyos ingresos se encuentren por debajo del Salario Mínimo Interprofesional a partir de la entrada en vigor del Estado de Alarma.
iii. El IBE se tramitará directamente mediante solicitud telemática a través de la agencia Tributaria, que actuará en coordinación con las Comunidades Autónomas, y se proporcionará a todos los ciudadanos que la soliciten con una
comprobación a posteriori del cumplimiento de los requisitos.
iv. Las personas que soliciten la prestación sin cumplir los requisitos de partida tendrán que devolverla con un recargo anual mediante solicitud de la Agencia Tributaria, declaración de la renta o embargo en la nómina. Este recargo será
proporcional a la diferencia entre el ingreso final y los requisitos establecidos.
v. Esta prestación se mantendrá en el tiempo hasta al menos seis meses después del fin de la alerta sanitaria y se armonizará con otras prestaciones existentes en la Comunidades Autónomas de la manera que resultase más beneficiosa para el
receptor.
vi. Se dotará de una partida presupuestaria específica para contratar personal adicional en las administraciones que así lo requieran para tramitar las ayudas y para asegurarse de que las personas con menos recursos la reciben.
vii. En los casos que fuese necesario se habilitará la apertura de cuentas corrientes ciudadanas gratuitas para personas que estén fuera del circuito administrativo convencional aprovechando el accionariado público de Bankia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2020.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Plural.