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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 505, de 27/09/2022
cve: BOCG-14-D-505 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


27 de septiembre de 2022


Núm. 505



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión de Asuntos Exteriores


161/004459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la situación de tensión en el estrecho de Taiwán... (Página4)


161/004460 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la violación de los derechos humanos en Xinjiang (República Popular China)... (Página5)


Comisión de Defensa


161/004449 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre enajenación y cesión de cuarteles o instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas para proyectos municipales de uso social... href='#(Página7)'>(Página7)


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/004448 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al impulso de la variante de Torrellano y a la mejora de la red arterial ferroviaria de Alicante... (Página8)


161/004454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a reforzar la cobertura de servicios de transporte de pasajeros por carretera en la España rural... (Página9)


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/004457 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la inclusión del Grado Universitario en Imagen Médica y Radioterapia... (Página11)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/004463 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la prohibición de las actividades pesqueras que conlleven contacto con el fondo del mar en 87 zonas de pesca entre el Golfo de Cádiz y la zona norte del
Gran Sol... (Página13)



Página 2





Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/004450 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la circularidad hídrica a través de un Plan Nacional de Recarga Artificial de Acuíferos... href='#(Página14)'>(Página14)


161/004458 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al impulso de las cooperativas energéticas sin ánimo de lucro... href='#(Página16)'>(Página16)


161/004461 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la publicación de los productos fitosanitarios autorizados para el cultivo ecológico... (Página18)


161/004465 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la adaptación de la biodiversidad frente al cambio climático... (Página19)


161/004466 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre minimización del impacto ambiental de los hornos crematorios... (Página20)


Comisión de Cultura y Deporte


161/004447 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al fomento de políticas de igualdad en el ámbito cultural... (Página22)


161/004462 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la gestión y reparto de los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su impacto en el ámbito deportivo...
(Página23)


Comisión de Sanidad y Consumo


161/004452 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre interoperabilidad de la receta electrónica... (Página25)


161/004455 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la inclusión del Grado Universitario en Imagen Médica y Radioterapia... (Página26)


161/004467 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre abordaje de los trastornos del sueño... (Página28)


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/004464 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo de un plan de transferencia de conocimiento y colaboración para la innovación... (Página29)


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/004456 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la violación de derechos humanos ocurridos el 24 de junio de 2022 en la valla de Melilla... (Página31)


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


161/004453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a prevenir un uso desordenado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los jóvenes... (Página33)



Página 3





PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Interior


181/001984 Pregunta formulada por los Diputados José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP), Tarno Blanco, Ricardo (GP); Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP); Manglano Albacar, Percival (GP); Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP); Borrego
Cortés, Isabel María (GP); Vázquez Blanco, Ana Belén (GP); Álvarez Fanjul, Beatriz (GP); Beltrán Villalba, Ana María (GP) y Marcos Domínguez, Pilar (GP), sobre puesta en marcha por el Ministerio del Interior de medidas para hacer frente al
incremento de la comisión de delitos de sangre por parte de jóvenes en Madrid... (Página35)


181/001985 Pregunta formulada por los Diputados José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP); Tarno Blanco, Ricardo (GP); Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP); Manglano Albacar, Percival (GP); Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP); Borrego
Cortés, Isabel María (GP); Vázquez Blanco, Ana Belén (GP); Álvarez Fanjul, Beatriz (GP); Beltrán Villalba, Ana María (GP) y Marcos Domínguez, Pilar (GP), sobre medidas del Ministerio del Interior para hacer frente al incremento de la comisión de
delitos de sangre por parte de jóvenes en Madrid... (Página35)


181/001986 Pregunta formulada por los Diputados José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP); Tarno Blanco, Ricardo (GP); Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP); Manglano Albacar, Percival (GP); Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP); Borrego
Cortés, Isabel María (GP); Vázquez Blanco, Ana Belén (GP); Álvarez Fanjul, Beatriz (GP); Beltrán Villalba, Ana María (GP) y Marcos Domínguez, Pilar (GP), sobre efectivos y presupuesto con que cuenta el Ministerio del Interior para poner en marcha
medidas para hacer frente al incremento de la comisión de delitos de sangre por parte de jóvenes en Madrid... (Página35)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


181/001988 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GPlu), sobre acciones que emprenderá el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante la decisión adoptada por la Comisión Europea de prohibir las actividades
pesqueras que conlleven contacto con el fondo del mar en 87 zonas de pesca entre el Golfo de Cádiz y la zona norte del Gran Sol... (Página36)


181/001989 Pregunta formulada por el Diputado Joaquín María García Díez (GP), sobre valoración de la decisión de la Comisión Europea de cerrar el acceso de la flota de arrastre a 87 zonas protegidas en aguas comunitarias, con el consiguiente
impacto en la flota pesquera española, así como medidas para paliar las consecuencias de dicho cierre... (Página36)


Comisión de Cultura y Deporte


181/001983 Pregunta formulada por los Diputados Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) y Ramírez del Río, José (GVOX), sobre actuaciones llevadas a cabo con respecto a las supuestas 'trabas' que, según denuncian desde la Liga Profesional
de Fútbol Femenino, está llevando a cabo la Real Federación Española de Fútbol con el fin de impedir el comienzo de la citada nueva Liga Profesional... (Página37)


181/001987 Pregunta formulada por los Diputados Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) y Ramírez del Río, José (GVOX), sobre actuaciones acerca de las 'trabas' que, según la Liga Profesional de Fútbol Femenino, está llevando a cabo la Real
Federación Española de Fútbol para impedir el comienzo de la citada nueva liga profesional... (Página37)



Página 4





CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite,conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/004459


A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de tensión en el estrecho de
Taiwán, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Uno de los focos de atención mundial es el Este asiático y más concretamente la situación en el estrecho de Taiwán. No es de extrañar, considerando la importancia que esta región tiene tanto como suministrador como en la manufactura de
elementos imprescindibles para la producción en la economía mundial.


Las acostumbradas tensiones se han incrementado de manera notable recientemente. En efecto, las amenazas de China acerca de su pretendida anexión de Taiwán, materializadas en forma de importantes ejercicios militares, de violaciones de la
zona de identificación de la defensa aérea de Taiwán, y de declaraciones públicas de retórica expansionista, ejercen una presión evidente que hace temer por la seguridad y estabilidad regionales.


Taiwán es un miembro responsable de la Alianza Democrática Internacional y pieza fundamental para la paz y seguridad en el Indo-Pacífico.


La situación en esa zona estratégica para el mundo requiere de una atención especial, más aún considerando la coyuntura bélica actual en el este de Europa.


Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados:


1. Manifiesta que Taiwán es un socio y aliado democrático fundamental en la región del Indo-Pacífico. El Congreso de los Diputados apoya firmemente su camino democrático.


2. Acoge con satisfacción el papel positivo que desempeña Taiwán en el fomento de la paz y la seguridad.


3. Reitera que la relación entre China y Taiwán debe desarrollarse de manera constructiva mediante el diálogo, sin coacción y en base a la voluntad de la ciudadanía.


4. Subraya su oposición a cualquier acción unilateral que socave el statu quo en el estrecho de Taiwán.


5. Insta al Gobierno a pedir a la UE que refuerce la asociación con Taiwán para promover los valores comunes como la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho y la buena gobernanza en la región del Indo-Pacífico.



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6. Expresa su apoyo a la participación de Taiwán como miembro observador en las organizaciones internacionales y de manera expresa, considerando que vivimos en un mundo cada vez más interconectado y afectado por pandemias a nivel global, su
participación en la Organización Mundial de la Salud.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2022.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


161/004460


A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores


El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la violación de los Derechos
Humanos en Xinjiang (República Popular China), en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Después de años de represión, desde 2017 las autoridades chinas han implementado una campaña sin precedentes de persecución, tortura y encarcelamiento masivo de personas uigures, kazajas y de otras etnias en la Región Autónoma Uigur de
Xinjiang en China.


Con el pretexto de luchar contra el 'terrorismo', hasta la fecha se estima que más de un millón de personas han sido enviadas a centros de 'transformación a través de la educación' con el fin de erradicar sus tradiciones religiosas,
prácticas culturales y los idiomas propios de los grupos étnicos musulmanes de la región.


Han sido numerosos los esfuerzos y llamamientos de diferentes organizaciones y procedimientos especiales de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas expresando su preocupación ante la situación en Xinjiang, y pidiendo el
establecimiento de un mecanismo internacional independiente para investigar estos crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos.


Recientemente, el 31 de agosto de 2022, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH publicó el tan esperado informe que pone en evidencia la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos en Xinjiang, y
concluye que 'la extensión de la detención arbitraria y discriminatoria de miembros de la comunidad uigur y de otros grupos de predominio musulmán [...] puede constituir [...] crímenes de lesa humanidad'.


En ese mismo sentido, en 2021 Amnistía Internacional en su informe 'Como si fuéramos el enemigo en una guerra: internamiento masivo, tortura y persecución por parte de China de personas musulmanas en Xinjiang' concluyó que el Gobierno chino
ha cometido al menos los siguientes crímenes de lesa humanidad contra cientos de miles de personas de etnias musulmanas en Xinjiang: encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho
internacional, tortura y persecución.


El informe revela detalles sobre los diferentes mecanismos de actuación que emplean las autoridades chinas para la vigilancia, persecución, detención y tortura en la región de Xinjiang. Documentando situaciones como:


- Con el objetivo de recopilar información sobre las vidas de estas personas, el Gobierno chino ha creado un sistema de vigilancia masiva que vulnera los derechos de privacidad, libertad de circulación y de expresión de la población en
Xinjiang. Este sofisticado sistema de vigilancia invasivo combina control tanto en persona como tecnológico incluyendo: cámaras de vigilancia, reconocimiento facial, escaneo del iris, entrevistas, registros e interrogatorios por agentes de
seguridad, acceso ilimitado a dispositivos personales de comunicación y el historial financiero de la ciudadanía.


- Las detenciones se producen en operativos de arrestos masivos donde agentes de seguridad irrumpen en las casas de las personas que son posteriormente llevadas a la fuerza a centros de internamiento con las manos atadas y sus cabezas
cubiertas por capuchas negras. Una vez en los centros, se les informa que se les ha clasificado como 'sospechosas', 'terroristas' o 'extremistas'. Muchas de estas personas son enviadas a los centros por haber vivido, viajado, estudiado en el
extranjero o por comunicarse o tener 'conexiones' con personas en el extranjero'. También se documentan



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internamientos por tener aplicaciones móviles 'no permitidas', así como practicar creencias islámicas, trabajar en una mezquita, e incluso por tener una alfombra para rezar.


- Durante el internamiento, estas personas sufren un monitoreo constante incluso al comer, dormir y usar el baño, teniendo prohibido también comunicarse entre ellas. Son forzadas a asistir a clase de chino mandarín, y clases reglamentadas
sobre la 'maldad' del islam y sobre la prosperidad, poder y 'benevolencia' de China, del Partido Comunista Chino y del Presidente Xi Jinping.


- Del mismo modo, son sometidas a torturas y otros malos tratos en el día a día y durante los interrogatorios. Especialmente a través de: palizas, descargas eléctricas, posiciones de estrés, incluida permanecer inmóviles y encadenadas de
manos y piernas a la 'silla de tigre', ser colgadas a la pared por horas, ser sometidas a temperaturas extremadamente frías y confinamiento solitario.


- El proceso para determinar si las personas recluidas son liberadas de los centros, enviadas a casa o a prisión no es claro. Sin embargo, aun siendo liberadas las personas son sometidas a estricta vigilancia física y electrónica, son
obligadas a continuar con su proceso 'educativo', y obligadas a firmar una declaración donde se comprometen a no hablar con periodistas y personas extranjeras. Otras personas, son transferidas forzosamente a fábricas para participar en ciertos
tipos de trabajo, como una extensión de la 'educación' recibida en los centros.


- El Gobierno chino realiza un tremendo esfuerzo para encubrir sus violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Xinjiang. Las autoridades amenazan, detienen y maltratan a quien denuncia la situación, lo que le ha
permitido continuar con esta campaña violenta en el tiempo.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Teniendo como base la Declaración pública de junio 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU firmada por 47 estados, incluido España, expresando su preocupación respecto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por
el Gobierno chino en Xinjiang; así como las conclusiones del informe de la OACNUDH sobre la situación en Xinjiang, apoyar el establecimiento de un mecanismo de investigación internacional e independiente que permita allanar el camino para exigir
rendición de cuentas a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Xinjiang.


2. Trasladar al nuevo Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos la necesidad de llevar a cabo una vigilancia y evaluación de la situación en Xinjiang e informar públicamente sobre ella, conforme al mandato independiente otorgado
por la Resolución 48/141 de la Asamblea General, formulando recomendaciones concretas para los siguientes pasos.


3. Urgir a las autoridades chinas a poner fin de inmediato a cualquier crimen de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos, así como al desmantelamiento del sistema de campos de internamiento. Así como a revocar todas
las leyes, y medidas conexas que restringen los derechos de las personas uigures, kazajas y de otras etnias. Pedir la libertad inmediata de personas detenidas arbitrariamente y que se garantice que ninguna persona es sometida a detención
arbitraria, desaparición forzada o tortura y otros malos tratos.


4. Promover pronunciamientos a favor de una investigación independiente y requerir a las autoridades chinas a que permitan el acceso sin restricciones de investigadores/as independientes de derechos humanos a Xinjiang.


5. Reclamar al Gobierno chino que coopere de forma plena y efectiva con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los procedimientos especiales y cualquier otra investigación dirigida por la ONU, o
con otros mecanismos independientes internacionales de observación e investigación en materia de derechos humanos.


6. Requerir al Gobierno chino a poner fin a todo tipo de hostigamiento e intimidación contra personas uigures, kazajas y otras pertenecientes a grupos étnicos con vínculos con China residentes en el extranjero.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2022.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).



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Comisión de Defensa


161/004449


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado don Gerard Álvarez i Garcia, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre enajenación
y cesión de cuarteles o instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas para proyectos municipales de uso social para su debate en instancia en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


En el primer día del Debate del Estado de la Nación, a fecha de 12 de julio de 2022, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha anunciado el desbloqueo del proyecto de la 'Operación Campamento' en la ciudad de
Madrid, nombre con el que se conoce una actuación urbanística de enajenación de nueve millones de metros cuadrados de suelo público propiedad del Ministerio de Defensa, destinando así 7000 viviendas de nueva construcción a uso social, del total de
las 12 000 que está previsto construir.


Un compromiso que no puede restringirse solo a la ciudad de Madrid y que debería hacerse extensible a aquellas poblaciones con cuarteles o instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas, como son los casos de diversas instalaciones
militares en poblaciones del Área Metropolitana de Barcelona, donde los ayuntamientos afrontan una escasez de suelo disponible.


La situación además está agravada en muchos municipios porque antiguos cuarteles, a menudo ubicados en medio de sus poblaciones, se encuentran vacíos, sin mantenimiento adecuado y padeciendo una paulatina degradación que afecta a su valor
económico, así como a la seguridad e imagen de la localidad.


Teniendo en consideración el compromiso público del Gobierno español, sobre la enajenación y la cesión del suelo público propiedad del Ministerio de Defensa con finalidades de uso social, denotará coherencia política atender las demandas de
los Ayuntamientos de otras zonas del Estado, como el Área Metropolitana de Barcelona, para reconvertir los espacios de titularidad estatal infrautilizados o en total desuso. Así mismo, sería necesario recopilar y estudiar, en colaboración con las
administraciones competentes, dichas demandas para el aprovechamiento económico y social de las poblaciones.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Abrir un periodo de seis meses en que los Ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona puedan demandar al Ministerio de Defensa la enajenación o cesión de espacios (suelo o edificios) de su titularidad infrautilizados o en desuso
con el objetivo de realizar proyectos con finalidades sociales para poblaciones necesitadas de ellas.


2. Hacer efectiva, una vez acabado el plazo anterior, la enajenación o cesión de aquellos espacios de titularidad del Ministerio de Defensa infrautilizados o en desuso a los Municipios para el uso social de los mismos.


3. Realizar las modificaciones legales o administrativas oportunas, en el periodo de seis meses, para establecer los canales adecuados con el fin de que los Ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona puedan solicitar directamente la
cesión o enajenación de espacios del Ministerio de Defensa que estén en un futuro infrautilizados o en desuso, garantizando el espíritu de los dos puntos anteriores.


4. Comprometer, en los Presupuestos Generales del Estado, una partida para atender el proyecto de reforma de la infraestructura de estos terrenos para adecuarla a las necesidades sociales que decidan los Ayuntamientos del Área Metropolitana
de Barcelona.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2022.-Gerard Álvarez i García, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.



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Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/004448


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de impulso de la variante de Torrellano y mejora de la red
arterial ferroviaria de Alicante para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


La normativa europea de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) ya establece desde 2013 la obligatoriedad de que ciertos aeropuertos de la red básica contaran con integración ferroviaria y, de ser posible, con la red ferroviaria de alta
velocidad. Si ya entonces era evidente la importancia de la integración multimodal, la creciente importancia de la transición a un modelo económico más sostenible y descarbonizado ha vuelto a poner en el centro del tablero la necesidad de que los
grandes aeropuertos tengan las conexiones ferroviarias necesarias para crear sinergias y se reduzcan emisiones sin perder movilidad. De hecho, la gran mayoría de países de nuestro entorno han ido mucho más allá en la integración ferroviaria del
mínimo establecido por la normativa europea, siendo plenamente conscientes de sus ventajas tanto económicas como medioambientales.


En este contexto, la situación del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, anteriormente El Altet, resulta anómala. Salvo en el año 2020, por la incidencia en la movilidad global causada por la pandemia del COVID-19, el aeropuerto de
Alicante-Elche Miguel Hernández ha venido incrementando el número de operaciones y viajeros de manera constante, y así en 2016, 2017, 2018 y 2019 se situó en el quinto lugar de los aeropuertos españoles por número de viajeros anuales, superando la
cifra de 12 millones en 2016 y la de 15 millones en 2019. Sin embargo, a pesar de estar entre los 30 aeródromos con mayor tráfico de pasajeros de toda la Unión Europea, es de los pocos que no cuentan con conexión ferroviaria de ningún tipo, ni la
tienen planeada.


Ante esta situación, en agosto de 2021 Ciudadanos preguntó al Gobierno por el estado de la conocida como variante de Torrellano. La respuesta se limitó a indicar que esta actuación, que costa de dos fases, está incluida en la planificación
y que la ejecución de la primera fase 'podría adelantarse' y que aún estaba en redacción el estudio de la fase 2. Posteriormente, el pasado mes de febrero de 2022, y en respuesta a pregunta escrita planteada al Gobierno desde el grupo parlamentario
Ciudadanos en el Congreso, se contestó sobre la existencia de dotación presupuestaria para la licitación del proyecto (fase I) de la variante de Torrellano, en la ciudad de Alicante, como alternativa a la necesaria conexión entre la misma y el
aeropuerto mediante servicio de Cercanías. Sin embargo, el adelantamiento que se preanunciaba de la primera fase nunca se produjo y no sería hasta el pasado mes de julio que Adif sacó a licitación la redacción del proyecto de la fase I de la
variante de Torrellano, proyecto que ni siquiera prevé la definición de la electrificación del mencionado tramo a pesar de que es lo previsto en el estudio.


Puesto que es esperable que el aeródromo alicantino continúe su progresión creciente en el número de pasajeros como hasta ahora, como que será necesario reforzar el transporte multimodal para avanzar a una movilidad más sostenible, parece
evidente que es más que necesaria y exigible la existencia de una conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández no ya solo desde la ciudad de Alicante, como su núcleo de referencia principal, sino también con las
localidades de su área de influencia, entre las que se encuentran Elche, Torrevieja, Orihuela y Benidorm, que por población en la Comunidad Valenciana ocupan los puestos segundo, tercero, quinto, sexto y décimo.


Junto con la conexión ferroviaria con el aeropuerto, el plan constaba de una serie de objetivos que siguen a fecha de hoy sin alcanzarse, como sucede con la todavía inexistente estación intermodal de transporte apta para permitir entre los
usuarios el intercambio de los diferentes modos de transporte del área, o como con la eliminación igualmente prevista de la inversión del sentido de la marcha del ferrocarril en el apeadero de San Gabriel y del tramo de vía costero en dirección a
Murcia de la línea C-1, una línea de la que durante años se han oído numerosos compromisos de mejora y adecuación técnica, tanto en cuanto a instalaciones de infraestructuras como de mobiliario y material rodante, pero que sigue sin llevarse a cabo.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Retomar el proyecto de la variante de Torrellano en su integridad y acelerar los trabajos para lograr, a la mayor brevedad, la integración del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández en la red ferroviaria.


2. Llevar a cabo las actuaciones necesarias para modificar el trazado ferroviario al sur del apeadero de San Gabriel de la línea de Cercanías C-1 y suprimir la actual inversión de marcha.


3. Concretar la solución para la integración de la fachada litoral entre el apeadero de San Gabriel y Aguamarga de manera consensuada con el Ayuntamiento de Alicante.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/004454


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a reforzar la
cobertura de servicios de transporte de pasajeros por carretera en la España rural, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


Primero. Un modelo de transporte que olvida a la España rural.


1. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ('MITMA') ha presentado recientemente a las comunidades autónomas su propuesta del Mapa Concesional Estatal de transporte público por carretera, que establece una nueva relación de
todos los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera de ámbito estatal en coordinación con los diversos mapas de transporte regionales 1.


2. A este respecto, conforme al primer punto de la Disposición Transitoria 2.ª del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, el nuevo mapa concesional ('NMC') deberá estar aprobado en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta
futura ley 2.


3. Esta propuesta inicial para un nuevo modelo concesional ha sido elaborada por Ingeniería y Economía del Transporte ('INECO'), compañía consultora dependiente del MITMA, y responde a la necesidad de actualizar y renovar las actuales
concesiones de las líneas de transporte sujetas a licitación 3.


4. Aunque ahora el Gobierno ha intentado retractarse afirmando que garantizará todos los servicios existentes y la correcta cobertura de las necesidades de los ciudadanos, la realidad es que del primer borrador del NMC se desprende todo lo
contrario. Así, en el referido borrador se observa que en el ámbito estatal se pasaría de los 79 contratos actuales con paradas en 1.912 municipios, a 22 concesiones con paradas en 495 municipios. Además, la población media del municipio con
parada de autobús pasaría a ser de 51.072 habitantes, notablemente superior a los 14.922 del mapa actual, lo que evidencia que los municipios a los que se les suprimiría su parada serían aquellos de menor población. Otro cambio significativo en el
sistema es que el número de rutas disponibles disminuye de 966 a 510. En suma, se


1 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/vie-10062022-0810 [fecha de consulta: 1 de agosto de 2022].


2 https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/participacion-publica/apl_sostenible_info_publica.pdf; pág.100 [fecha de consulta: 1 de agosto de 2022].


3 https://www.revistaviajeros.com/noticia/14796/ineco-va-tiene-su-estudio-sobre-el-nuevo-mapa-concesional [fecha de consulta: 7 de septiembre de 2022].



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estima que tras estas modificaciones se producirá un descenso del 11 % de población con acceso a los servicios de transporte de pasajeros por carretera 4.


5. De lo expuesto se hace evidente que el Gobierno desatiende por completo las necesidades de los españoles que habitan las áreas rurales y más despobladas de la Nación, pues el rediseño del modelo concesional prioriza la conexión
interurbana y metropolitana y la rentabilidad económica del sistema de movilidad al tiempo que reduce en un 74 % el número de municipios con parada de autobús. El Ejecutivo, como se aprecia con el incremento de la población media del municipio con
parada, toma en consideración solamente los grandes flujos de pasajeros y las rutas entre capitales y poblaciones de tamaño considerable.


6. Los casos de Ávila y Burgos ejemplifican la repercusión negativa que tendría la aplicación del NMC en estas zonas. Estas dos provincias son las más afectadas por la supresión de paradas, pues 86 pueblos abulenses y 78 burgaleses, con un
total de 34.300 y 25.119 habitantes, respectivamente, perderían su conexión con las líneas de transporte interautonómicas. También dan buena muestra de esta situación los municipios leoneses de Villablino y Valverde de la Virgen, que a pesar de
contar con 8.620 y 7.328 habitantes, respectivamente, se quedarían sin parada 5.


7. Esto ha llevado a muchos de los territorios y municipios afectados a mostrar su disconformidad con la situación y a reclamar un diseño de rutas que se adecúe a sus demandas y a su realidad social, sin que se prive a la comunidad que los
habita de conexiones frecuentes, rápidas y eficaces que les permitan acceder a infraestructuras y servicios básicos 6.


Segundo. Infraestructuras de transportes como imprescindibles en la lucha contra la despoblación.


8. Es patente, por tanto, que dejar desprovista de servicios de transporte público a la población hace difícil su permanencia en zonas rurales que acusan también la falta de otro tipo de infraestructuras, como son las telecomunicaciones, la
sanidad, la educación y otros servicios básicos.


9. El transporte público juega un papel clave para el desarrollo del medio rural y resulta un elemento esencial a la hora de generar las condiciones que atajen el grave problema de despoblación e invierno demográfico que asolan la España
rural. La vigente Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 7 así lo contempla en su artículo 23:


En el ámbito de las infraestructuras locales y los equipamientos y servicios básicos, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible podrá establecer medidas orientadas a:


a) Mejorar la oferta de servicios de transporte público en el medio rural, para permitir el acceso de la población rural a los servicios básicos en condiciones de igualdad, y para facilitar el acceso a dichos servicios a los colectivos
sociales que por edad, discapacidad o condiciones físicas lo necesiten.


b) Procurar la conectividad de los núcleos de población del medio rural entre sí y con las áreas urbanas mediante la coordinación de sus respectivas planificaciones y dotaciones de infraestructuras de transporte, y la mejora de la red viaria
rural, con objeto de garantizar unas condiciones de utilización y seguridad adecuadas, respetando la integridad y calidad del paisaje rural y evitando la fragmentación territorial.


[...]


10. La propia Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, doña Raquel Sánchez, reconocía, con ocasión de la inauguración de la estación de tren de alta velocidad de Otero de Sanabria, la importancia de las infraestructuras y los
servicios de movilidad como elementos vitales para la cohesión territorial y para hacer frente al reto demográfico 8.


4 https://www.nexotrans.com/adiuntos/104977/Estudio_INECO_Nuevo_Mapa_concesional_MITMA.pdf [fecha de consulta: 1 de agosto de 2022].


5 https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/2022Q711/avila-burgos-provincias-afectadas-nuevo-rutas-autobus/686931541_0.html [fecha de consulta: 1 de agosto de 2022].


6 https://diariodetransporte.com/2022/06/el-nuevo-mapa-concesional-crea-dudas-y-criticas-al-reducir-el-numero-de-rutas/ [fecha de consulta: 1 de agosto de 2022].


https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/recorte-estatal-servicio-bus-deja-parada-151-municipios-aragoneses_1_9236168.html [fecha de consulta: 7 de septiembre de 2022].


7 https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BQE-A-2007-21493-consolidado.pdf [fecha de consulta: 1 de agosto de 2022].


8 https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/11335206/07/21/La-alta-veloridad-hace-parada-en-la-Espana-vaciada.html [fecha de consulta: 1 de agosto de 2022].



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Tercero. Conclusión.


11. El Gobierno, a diferencia de lo que ha esgrimido en la presentación del nuevo modelo concesional, ha abandonado por completo las necesidades de los españoles que habitan las zonas menos pobladas y que soportan, una vez más, decisiones
que relegan y dificultan sus condiciones de vida.


12. En consecuencia, es urgente revertir estos planes para que en la elaboración del mapa concesional definitivo se tengan en cuenta, con todo el peso que merecen, las demandas de la España rural, el compromiso con su pervivencia y el
desarrollo de sus modelos productivos, cruciales para garantizar la prosperidad y la vertebración de todas las regiones de la Nación.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las actuaciones necesarias dirigidas a reforzar las infraestructuras de transporte de pasajeros por carretera, incrementar el número de líneas y de municipios españoles con parada de
autobús y a garantizar una conexión más rápida entre poblaciones. Todo ello con un especial énfasis en la España rural al objeto de evitar los problemas demográficos y de acceso a infraestructuras y servicios básicos que afectan con mayor fuerza a
estas zonas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, Rubén Darío Vega Arias, Cristina Alicia Esteban Calonje y Juan Carlos Segura Just, Diputados.-José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/004457


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la Diputada María del Carmen Pita Cárdenes al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional, relativa a la inclusión del Grado Universitario en Imagen Médica y Radioterapia.


Exposición de motivos


La fragilidad y la calidad en el sistema público de salud es de una inmensa preocupación para la mayoría social, y más aún, después de la dura crisis que atravesamos a causa del COVID-19. Sin embargo, nos quedó claro, aunque parece que a
algunos se les ha olvidado, que necesitamos un sistema sanitario fuerte y donde todos los profesionales de la salud tengan los medios necesarios para brindar el mejor servicio en cada una de sus áreas. Es por ello que hoy traemos esta
reivindicación de diversos profesionales y colectivos, con el ánimo de avanzar hacia una sanidad pública y de calidad, dando pequeños pasos, como atender la necesidad de la inclusión del Grado Universitario en Imagen Médica y Radioterapia.


La plataforma Estatal por el grado Universitario en Imagen Médica y Radioterapia ha venido denunciando que muchas personas con la titulación de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (TSIDMN), Técnico Especialista
en Radiología (TER) y Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría (TSRTD) consideran que su formación es entre suficiente e insuficiente para desarrollar la carrera profesional según los estándares europeos mediante la normativa 59/2013 EURATOM.
En España, las titulaciones han sido establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, de la siguiente manera: Formación Profesional de Segundo Grado, Técnico Especialista en Radiodiagnóstico y Técnico Especialista en Medicina (BOE-A-1978-
23200), y, más adelante, se estableció la de Técnico Especialista en Radioterapia (BOE-A-1980-11985).



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Es de resaltar que, en la referida Orden Ministerial del 1 de septiembre (BOE-A-1978- 23200), ya se recoge que 'A iniciativa del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, el Ministerio de Educación y Ciencia dictará las pertinentes normas de
equiparación de las titulaciones establecidas en la presente Orden con las titulaciones generalizadas de uso internacional, en los casos que proceda.'


Durante muchos años las Asociaciones Profesionales de Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico-Radioterapia y Medicina Nuclear (hoy Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Técnicos Superiores en Radioterapia
y Dosimetría), así como las Sociedades Médicas de distintas Especialidades, vienen solicitando de manera reiterada a los Ministerios competentes que se modifique y se adapte la titulación de estos profesionales a la generalidad de sus homólogos de
los Estados Miembros de la Unión Europea, dado que la formación española se encuentra muy alejada, no solo de los Estados de la Unión Europea, sino también, de las necesidades que demandan los avances científicos, tecnológicos y asistenciales del
Sistema de Salud.


Las competencias funcionales de estos profesionales de la sanidad se regularon por medio de la Orden Ministerial del Ministerio de Sanidad y Consumo de 14 de junio de 1984 (BOE-A-1984-13788) y, en su virtud, corresponden en concordancia con
la Directiva 2013/59/Euratom, la realización de los 'aspectos prácticos' de los distintos procedimientos del campo del radiodiagnóstico médico, de la radioterapia y de la medicina nuclear que implican el uso de radiaciones ionizantes, así como de
aquellos otros procesos de diagnóstico médico que no suponen el uso de las radiaciones y que se encuentran dentro de la competencia profesional del diagnóstico médico por la imagen, hoy, considerablemente más amplios y de mayor complejidad
tecnológica y científica.


Sobra citar la importancia de estos profesionales en la aplicación de los complejísimos tratamientos contra el cáncer por medio de la radioterapia, procedimientos como la braquiterapia, aceleradores de electrones, protonterapia,
radiocirugía, simulaciones previas de los tratamientos, aceleradores con resonancia magnética, e igualmente, las también complejas exploraciones en el campo de la medicina nuclear como la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por
emisión de fotones y o las técnicas de diagnóstico por imagen como el escáner (TAC), la resonancia magnética, la ecografía, la mamografía, entre otras muchas técnicas que no resulta necesario resaltar.


Paralelamente, se ha desarrollado de manera exponencial la tecnología médica y cuya dotación a los centros hospitalarios exige cuantiosas inversiones presupuestarias, tanto en su adquisición como en su mantenimiento y puesta al día. El
conjunto del desarrollo tecnológico y científico y lo complejo de las técnicas de diagnóstico y tratamiento exige contar con los profesionales cada vez mejor y más exigentemente preparados. Ya hace muchos años que los Estados miembros de la Unión
Europea así lo han entendido dotando a estos profesionales de formación universitaria, excepto España.


Los homólogos europeos de los Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y los Técnicos Superiores en Radioterapia y Dosimetría reciben formación a nivel de Grado Universitario, con una formación mínima entre 180 y
240 créditos ETCS, la mayoría con 4 cursos lectivos, nivel 6 del EQF (Marco Europeo de las Cualificaciones). La formación en España sólo alcanza 120 créditos ETCS, nivel 5 del EQF.


La Directiva 2013/59/Euratom del Consejo de 5 de diciembre por la que se establecen normas de seguridad básica para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes reclama en su Artículo 18: 'Educación,
información y formación en el campo de la exposición médica:


1. Los Estados miembros garantizarán que los profesionales sanitarios habilitados y las personas involucradas en los aspectos prácticos de los procedimientos médico-radiológicos tengan una educación, información y formación teórica y
práctica adecuadas para las prácticas médicas radiológicas, así como la competencia pertinente en materia de protección radiológica.'... 'Con esta finalidad, los Estados miembros garantizarán que se establezcan los programas de formación adecuados
y reconocerán los correspondientes diplomas, certificados u otros títulos oficiales'.


En consideración a lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la Diputada María del Carmen Pita Cárdenes, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'1. Instar a los Ministerios de Sanidad, de Educación y de Universidades a la creación del Grado Universitario en Imagen Médica y Radioterapia unificando las titulaciones de Técnico Superior en Imagen



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para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría en el título de Grado Universitario que se propone, equiparando a los titulados españoles a los profesionales homólogos del resto de los Estados de la
Unión Europea.


2. Activar los mecanismos previstos para ello en la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y concordantes.


3. Derivado de lo anterior, regular e instaurar los mecanismos necesarios para que los actuales titulados transiten el nuevo Grado Universitario.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2022.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.-Sergio Sayas López, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/004463


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la prohibición de las actividades pesqueras que conlleven contacto con el fondo del mar en 87 zonas de pesca entre el Golfo de Cádiz y la zona norte del Gran Sol para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.


Exposición de motivos


Ayer mismo se hacía pública la decisión de la Comisión Europea de vetar toda la pesca de fondo en 87 áreas de la costa del Estado español, Portugal, Francia e Irlanda. Decisión que el propio comisario de Pesca, Océanos y Medio Ambiente
anticipaba ya a finales del pasado 2021 con la escenificación pública de su apoyo a la campaña que estaba en marcha en aquel momento y que pedía la prohibición de la pesca de arrastre.


Punto por punto se cumplen los peores augurios del sector, a pesar de estar sometido a una estricta regulación y control y a no tener permitido ya pescar en todos los lugares donde existen ecosistemas vulnerables. Sin embargo, ahora podemos
comprobar cómo todos sus esfuerzos no solo no son reconocidos si no que son despreciados y demonizados.


Así, haciendo caso omiso a la inusual 'no opinión' del Consejo Europeo, a las reiteradas advertencias del sector sobre la más que plausible ilegalidad de una prohibición carente de los necesarios informes de impacto socioeconómico y sin
diferenciar los distintos impactos de los artes pesqueros, el eurocomisario, Virginijus Sinkevicius, ha consumado la expulsión de sus caladeros tradicionales a unos mil barcos, muchos de ellos pertenecientes a la flota galega. Con esta medida se
impide que los barcos con artes de arrastre puedan faenar en un total de 16.419 kilómetros cuadrados, dentro de los que se definen 57 zonas consideradas espacios con ecosistemas marinos vulnerables y otras 30 donde no se especifica esa
circunstancia, pero que parecen ser zonas sensibles.


En los últimos meses, el sector pesquero de artes de fondo llevó a cabo innumerables actuaciones para tratar de impedir o contrarrestar la decisión que acaba de adoptarse. Acciones en defensa del sector que contaron en todo momento con el
apoyo del Bloque Nacionalista Galego, que ha llevado a las distintas instituciones en las que tiene representación iniciativas de rechazo y reclamando la adopción de medidas que evitaran esta prohibición. El Parlamento de Galiza ha debatido y
aprobado por unanimidad en varias ocasiones reclamar la paralización del veto de las artes de fondo por parte de la UE. También en el Congreso el BNG ha reclamado la acción del Gobierno del Estado para garantizar el futuro de la flota arrastrera
gallega.


El comunicado sobre al acuerdo de veto aclara que la medida afecta a todos los buques, comunitarios o de otros países, que empleen artes en contacto con el suelo marino: 'redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo,
palangres de fondo, nasas y almadrabas'. En este acto, la Comisión utiliza la fórmula del acto delegado de ejecución que le permite aplicar un veto que entrará en vigor 20



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días después de su publicación el Diario Oficial de la Unión Europea. A partir de ese momento se abre un período en el que los Estados podrían recurrirlo. Resulta por lo tanto imprescindible el compromiso del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en adoptar todas las medidas necesarias para parar esta medida que tan perjudicial sería para la flota pesquera del arrastre.


Llama también la atención que el comunicado haga referencia a que esta decisión de prohibición total se ha adoptado 'después de amplias consultas con los Estados miembros y las partes interesadas, incluida la industria pesquera y las ONGs en
los últimos dos años'. Sin embargo, desconocemos en qué han consistido estas consultas, así como los posicionamientos defendidos por el Ministerio y los medios por los cuales ha hecho valer su posición, entendemos que contraria a la misma, visto su
voto en contra en el Consejo.


En definitiva, se trata de un acuerdo que no ha contado con el apoyo unánime del Consejo ni con la aprobación del Parlamento europeo y que, además, se ha adoptado basándose en unos informes científicos y técnicos insuficientes y refutables,
sin diálogo ni búsqueda de alternativas con el sector, sin evaluación socioeconómica sobre su impacto. Las consecuencias de esta decisión serán desastrosas para la flota gallega, por lo que la medida no puede ser aceptada bajo ninguna
circunstancia, debiendo adoptar el Gobierno del Estado todas las acciones necesarias para conseguir su paralización.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Defender a la flota pesquera de artes de fondo, en especial a la flota gallega, una de las más gravemente afectadas, agotando todas las vías posibles y que, de acuerdo con el sector, se consideren.


2. Iniciar de inmediato el procedimiento de reclamación, por todas las vías posibles, incluida la judicial, contra la decisión de la Comisión Europea de prohibir las actividades pesqueras que conlleven contacto con el fondo del mar en 87
zonas de pesca entre el Golfo de Cádiz y la zona norte del Gran Sol.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/004450


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de impulso de la Circularidad Hídrica a través de un
Plan Nacional de Recarga Artificial de Acuíferos, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


Un país debe tener una buena planificación hídrica, sostenible, que permita un uso óptimo de los recursos existentes, una política de inversiones sostenida en el tiempo que apueste por la neutralidad tecnológica y por preservar los recursos
y satisfacer la demanda en el marco de una gestión medioambientalmente responsable e inteligente. Una gestión de los recursos naturales que, cada día más, ocupa una posición privilegiada en el panorama de las preocupaciones que afectan a una
sociedad evolucionada y a los agentes responsables de la gestión pública.


El agua, indispensable para el consumo humano, la agricultura, la generación de energía, la fabricación de bienes en la industria, la oferta de servicios turísticos y de oportunidades de recreo, es un recurso natural que debe ser gestionado
con responsabilidad, cuyo suministro debe garantizarse en condiciones de seguridad para la salud y con una elevada garantía de provisión, cualesquiera que sean las condiciones climáticas y económicas.



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La Gestión de la Recarga de Acuíferos (Managed Aquifer Recharge - MAR), definida como el aumento de la recarga de agua subterránea mediante intervenciones diseñadas para incrementar el almacenamiento y la calidad del agua subterránea, es
reconocida internacionalmente como un elemento clave de gestión que se puede utilizar con fines de sostenibilidad, puede ser una de ellas.


La Gestión de la Recarga de Acuíferos considera un amplio abanico de técnicas diseñadas para incrementar el almacenamiento y también la calidad del agua subterránea a través de procesos de tratamiento natural del subsuelo. Desde las
actuaciones de recarga con construcción de diques y presas sobre lechos de fondo permeable y el uso de agua residual regenerada para infiltración son actuaciones que podrían ser llevadas a cabo preservando la calidad y los usos de las aguas
subterráneas, siempre que con una evaluación previamente no se ocasionen afecciones negativas en el propio acuífero, tanto de carácter hidráulico como químico, que no se deteriore la calidad del agua subterránea, ni a los ecosistemas
hidrodependientes de este, ni afecte a los usos que se les den a las aguas de dicho acuífero.


Las técnicas de MAR son una alternativa o un complemento a los embalses superficiales bajo ciertas condiciones, puesto que tienen un menor requerimiento de área, menores costos de mantenimiento e inversión y menores pérdidas por evaporación.


El mayor conocimiento geológico, un desarrollo tecnológico en los campos de la perforación y bombeos, y a que su explotación no requiere de grandes infraestructuras hidráulicas, ha permitido una mayor utilización de los recursos subterráneos
en el último siglo. Por lo que respecta a España, una estimación de los recursos subterráneos los cuantifica en unos 30.000 hm3/año, lo que supone un 35 % de los recursos hídricos naturales totales. La mayor parte de este recurso se utiliza en la
agricultura; el porcentaje de utilización de aguas subterráneas para abastecimiento alcanza a un 30 % de la población, en torno a 12,5 millones de personas.


En los últimos años se ha investigado y se han puesto en marcha numerosas iniciativas destinadas a mejorar nuestra capacidad para captar y regular las aguas superficiales, sin embargo, las aguas subterráneas han quedado en un segundo plano.
Como ejemplo, el MAR en el acuífero del Llobregat, donde se llevó a cabo un proyecto (experimental) de inyección de agua regenerada para detener la intrusión marina, así como para producir la recarga con agua dulce que pudiera ser empleada para
abastecimiento de Barcelona y su área metropolitana. El empleo de una barrera hidráulica fue un proyecto pionero en Europa. El objetivo era frenar el avance del frente de intrusión marina mediante la inyección de agua en una batería de pozos
paralelos a la línea de costa.


En este sentido, la recarga artificial de acuíferos se convierte en una técnica que puede aportar soluciones en la gestión hídrica, permitiendo que tengamos a nuestra disposición un nuevo recurso, para mejorar los ecosistemas, mantener las
economías y planificar de forma más inteligente los recursos hídricos de los que disponemos, muy especialmente en aquellos territorios donde se experimenta un mayor déficit hídrico.


Además, esta técnica de gestión hídrica se alinea con la planificación hidrológica en España, que aboga por incrementar la resiliencia de las masas de agua y ayudar a conservar su buen estado, aumentar la seguridad de suministro y afrontar
los fenómenos extremos. Sin embargo, la recarga artificial es una técnica de gestión hídrica que no se ha desarrollado durante los últimos años en España.


En estos momentos en los que los embalses de España atraviesan serias dificultades, la reserva hídrica ha caído por debajo del 40 %, tendríamos que remontarnos hasta 1995 para encontrar un peor dato en los embalses españoles, se exige por
parte de las administraciones públicas la búsqueda de soluciones para hacer frente a las cada vez más continúas sequías que sufre nuestro país.


Con este escenario climático, con periodos de sequía cada vez más continuos, una distribución irregular de las precipitaciones y la creciente escasez de agua, se exige a las administraciones públicas una apuesta decidida por la aplicación de
soluciones innovadoras en la gestión hídrica.


El agua residual, como fuente de agua de recarga, ofrece un potencial significativo para todos los usos no potables. Cabe destacar que el Real Decreto 1620/2007 prevé el uso de aguas residuales regeneradas en la recarga de acuíferos. Hay
que señalar que esta normativa no permite las actividades de MAR en acuíferos cuyas aguas son captadas directamente para consumo humano o las que pudieran ser destinadas a tal uso en el futuro, dentro de cada demarcación hidrográfica.


Desde la perspectiva de la circularidad en la gestión hídrica, no podemos confiar a la naturaleza todos los recursos que estamos exigiendo, es necesario que el agua que utilizamos en nuestro día a día, y que depuramos, pueda ser de nuevo
utilizada con los mismos fines. Desde el punto de vista económico



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estamos ante una gestión hídrica con unos costes inferiores en un 30 % al agua desalada y en torno al 50 % de la embalsada.


El volumen máximo de agua que podría ser recargado en España es muy alto en comparación a otros países, gracias a las grandes cuencas sedimentarias que constituyen excelentes acuíferos susceptibles de ser recargados artificialmente.


En la actualidad, los planes hidrológicos de cuenca mayoritariamente ya contemplan compromisos en materia de recarga artificial de acuíferos, incluso el tercer ciclo de planificación, la tercera etapa de planificación, pendiente de ser
aprobada por el Gobierno, también plantea la necesidad de impulsar proyectos de recarga artificial de acuíferos, pero lo hace vagamente y sin compromisos inmediatos pese a la emergencia hídrica que padece nuestro país. No obstante, durante los
últimos años no se ha avanzado lo suficiente, ni en la promoción de estudios y proyectos, ni en la inversión económica de infraestructuras necesarias para la puesta en marcha de esta innovadora forma de gestión hídrica.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Poner en marcha un Plan Nacional de Recarga Artificial de Acuíferos.


2. Establecer un Mapa Nacional de Recintos Hidrológicos susceptibles de almacenar agua a través de la recarga artificial.


3. Impulsar los cambios legislativos contando con las CCAA, la FEMP, las Comunidades de Regantes y usuarios, que permitan el impulso de la recarga artificial de acuíferos con incentivos a la colaboración público-privada.


4. Destinar recursos de los fondos Next Generation a proyectos de recarga artificial de acuíferos, priorizando aquellos territorios y cuencas hidrográficas con mayor riesgo de sequía.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2022.-César Sánchez Pérez, Percival Manglano Albacar, Paloma Gázquez Collado, Juan Diego Requena Ruiz, José Alberto Herrero Bono, Diego Gago Bugarín, José Ángel Alonso Pérez, Carmen
Navarro Lacoba, Tomás Cabezón Casas, Macarena Montesinos de Miguel, Agustín Almodóbar Barceló y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/004458


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
relativa al impulso de las cooperativas energéticas sin ánimo de lucro, para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


A partir del proceso legislativo que ha finalizado en la redacción de las Directivas europeas 2019/944, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y 2018/2001, relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables, se reconoce a la comunidad de energía la capacidad de 'impulsar la eficiencia energética a nivel doméstico y ayudar a combatir la pobreza energética a través de la reducción del consumo y de tarifas de suministro más bajas'. Al
mismo tiempo, la comunidad energética 'también permite la participación de determinados grupos de clientes domésticos en los mercados de la electricidad que, de otro modo, no tendrían acceso. Cuando han sido administradas con éxito, tales
iniciativas han proporcionado un beneficio económico, social y medioambiental a la comunidad que va más allá de los simples beneficios derivados de la prestación de servicios energéticos'.


Una comunidad de energía se organiza alrededor de personas y entidades, ya sean públicas o privadas de un entorno cercano, que desean cooperar en una actividad relacionada con el sector



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energético para proporcionar servicios u otros beneficios socio-económicos y medioambientales a sus miembros o a la comunidad local. En este sentido, las comunidades energéticas representan un tipo alternativo de actor de mercado y una
filosofía diferente de iniciativa económica con semejanzas a la forma de ser y trabajar de las cooperativas.


En línea con la hermenéutica de la Directiva 2019/944, la comunidad de energías transforma el binomio ciudadano/cliente, caracterizado por una relación desequilibrada entre suministrador y cliente, donde el cliente es un actor pasivo, en un
modelo de comunidad/cooperativista. Modelo, este último, que aboga por el empoderamiento y la participación ciudadana social y económica en la producción, distribución y consumo energético.


En definitiva, las comunidades energéticas son una herramienta con un impacto social potencialmente muy alto y con ventajas competitivas con respecto a los actores tradicionales, tal y como se describe en las Directivas. Proporcionan a los
ciudadanos un acceso justo y asequible a recursos locales de energía renovable y otros servicios relacionados con la energía. Ofrecen a los consumidores la opción de tomar el control y la responsabilidad del autoabastecimiento de sus necesidades
energéticas, promoviendo la democracia energética. Crean oportunidades de inversión para ciudadanos y empresas locales. Brindan a las comunidades locales la capacidad de generar ingresos que permanezcan en la economía local para abordar las
necesidades socioeconómicas de la comunidad e invertir en eficiencia energética. Y finalmente, generan la aceptación pública de las energías renovables y otras tecnologías de energía limpia al permitir que los ciudadanos inviertan y participen en
la toma de decisiones de los proyectos.


Son varias las características inherentes a la 'organización' de las comunidades energéticas que las diferencian de los actores tradicionales del mercado. En primer lugar, se excluye el ánimo de lucro. Los ingresos de las actividades
económicas se deben destinar a proporcionar servicios a los miembros y para la obtención de beneficios ambientales y socioeconómicos que reviertan en la comunidad local. En segundo lugar, la propiedad y el control de la comunidad debe estar en
manos de los usuarios de los servicios o los habitantes locales que participan de la actividad. Finalmente, se debe garantizar una toma de decisiones internas basada en la gobernanza democrática, asegurando la autonomía de la comunidad.


En este sentido, la forma jurídica que mejor responde a los principios de democracia interna, participación y autonomía es, sin duda, la cooperativa. En el artículo 1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, se establece que:
'La cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales,
con estructura y funcionamiento democrático...'.


Considerando todo lo anterior y resaltando el aspecto no lucrativo de las comunidades energéticas para garantizar un mayor impacto social de dichas iniciativas, es recomendable que el marco de desarrollo de las comunidades energéticas sea el
de la Economía Social y Solidaria, por ser el marco de referencia cooperativista y por su reconocida utilidad en términos de construcción de tejido social y de fomento del desarrollo local mediante la cooperación, la colaboración público-comunitaria
y la eliminación de las desigualdades.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Reconocer el impulso de las cooperativas energéticas sin ánimo de lucro como una finalidad de las políticas públicas y de las iniciativas legislativas y reglamentarias en el ámbito de la producción, de la distribución y del consumo
energético.


2. Impulsar la modificación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, para la inclusión de la cooperativa energética sin ánimo de lucro entre las clases reconocidas.


3. Promover una modificación de la Ley 20/1990, de régimen fiscal de las cooperativas, para considerar las cooperativas energéticas sin ánimo de lucro como especialmente protegidas.


4. Otorgar a las cooperativas energéticas sin ánimo de lucro la necesaria prioridad en los planes estatales de producción, de distribución y de consumo energético, contemplando una dotación presupuestaria específica destinada a las ayudas o
programas para dichas cooperativas.


5. Promover desde el Ministerio de Transición Ecológica un plan de carácter interdepartamental de apoyo de la figura de la cooperativa energética sin ánimo de lucro en colaboración con las comunidades autónomas.



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6. Promover, en el proceso de transposición de la Directiva (UE) 2019/944, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, la cooperativa energética sin ánimo de lucro por reconocer su
rentabilidad social y económica en el cambio de modelo energético.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2022.-Roberto Uriarte Torrealday, Pilar Garrido Gutiérrez, Juan Antonio López de Uralde Garmendia y Marisa Saavedra Muñoz, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/004461


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia de Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
publicación de los productos fitosanitarios autorizados para el cultivo ecológico para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


La producción ecológica combina las mejores prácticas en materia de medio ambiente y clima, un elevado nivel de biodiversidad, la conservación de los recursos naturales y la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y sobre
producción, y que responden a una demanda cada vez mayor por parte de la ciudadanía de productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales con el máximo respecto al medio ambiente y la salud, tanto de la persona que consume el producto
como de la que lo produce.


La demanda de productos ecológicos está experimentando un aumento importante en la Unión Europea, alrededor del 50 % de la producción ecológica valenciana se exporta a la UE, el 21 % al resto de España y el 16 % restante permanece en los
mercados valencianos.


Aun así, este tipo de producción continúa siendo minoritaria frente a la producción agrícola convencional. En el territorio valenciano la superficie se ha incrementado más de un 81 % durante el periodo de ejecución del I Plan Valenciano de
Producción Ecológica, llegando hasta a las 150.000 ha en 2020.


Consecuencia de ello, es necesario facilitar el conocimiento de los productos aptos para este tipo de cultivos certificados, no solo para aquellas personas que cultivan bajo la certificación ecológica, también para aquellas explotaciones
convencionales que desean mejorar en algunos aspectos la relación con su salud o la del medio ambiente que los rodea y en algún caso quieren utilizar productos más respetuosos con el medio.


Resulta de mucha utilidad ir más allá de lo que marca el Reglamento 1107/2009 de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y del procedimiento establecido en el Real Decreto 971/2014, de 21 de
noviembre, por el cual se regula el procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios; y que aparezca un listado fácilmente accesible en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que de forma fácil se puedan conocer las
sustancias activas autorizadas en agricultura ecológica, por número de registro, nombre comercial y su utilidad, como han pedido algunas asociaciones agrarias.


Para ello y para mejorar el conocimiento del sector agrícola en cuanto a todas las posibilidades fitosanitarias a su alcance formulamos la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso insta al Gobierno a habilitar en su página web un espacio para efectuar consultas de productos fitosanitarios autorizados para el cultivo ecológico.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la adaptación de la biodiversidad frente al cambio climático, para su
debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


Nuestro país se enfrenta a importantes riesgos derivados del cambio climático. Estos riesgos recaen, directa o indirectamente, sobre todos los sistemas ecológicos españoles. El cambio climático acelera el deterioro de recursos esenciales
como el agua o el suelo y, en consecuencia, el hábitat de las especies y la biodiversidad, amenazando, como se ha visto con la reciente pandemia, la calidad de vida y la salud de las personas. Para frenar el cambio climático y corregir sus efectos,
se aprobó la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, que incluye, entre sus principios rectores, el de la preservación de la biodiversidad y establece, por otra parte, que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)
es el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático. El PNACC define los objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para fomentar la resiliencia y la
adaptación y priorizará la adaptación al cambio climático basada en ecosistemas.


Por primera vez se establecen, en el marco del PNACC, objetivos estratégicos y se define un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático, así como la elaboración de informes de riesgo.


En este ámbito, la legislación española ya contaba con un importante precedente, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que incluía, entre sus principios inspiradores, la prevención de los problemas
emergentes consecuencia del cambio climático, la mitigación y adaptación al mismo, así como la lucha contra sus efectos adversos. Además, esta ley contenía una serie de mandatos a las administraciones públicas, entre los que se encontraba el de
'dotar de herramientas que permitan conocer el estado de conservación del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y las causas que determinan sus cambios, para diseñar las medidas que proceda adoptar, incluyendo las de adaptación y mitigación para
minimizar los riesgos e impactos del cambio climático sobre la biodiversidad y para asegurar la persistencia de las especies en un contexto de cambio climático'.


En cumplimiento de esta ley, ya en el año 2008 se llevaron a cabo una serie de trabajos que constituyen una buena base para seguir avanzando y dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética respecto de
la protección de la biodiversidad.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la adaptación de la biodiversidad frente al cambio climático, en los términos previstos en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, continuando los
trabajos que se iniciaron en 2008 e incorporando los últimos conocimientos científicos. Y más concretamente, se le insta a:


1. Impulsar la mejora del conocimiento sobre la vulnerabilidad y resiliencia de las especies silvestres y sus hábitats frente al cambio climático, así como las prioridades de adaptación.


2. Presentar las directrices de adaptación al cambio climático de los ecosistemas naturales terrestres o marinos en peor estado de conservación o más amenazados por el cambio climático y de las especies en peor estado de conservación o con
sus hábitats más amenazados por los efectos del cambio climático, que se integrarán en la estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático, antes del plazo
previsto en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.


3. Presentar un cronograma sobre los trabajos de actualización de los atlas nacionales a los que hace referencia el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
en los que se incluirá un análisis específico sobre el impacto que



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tendrá el cambio climático sobre las especies, considerando los principales escenarios climáticos contemplados en ese momento.


4. Establecer las líneas de financiación necesarias para la adaptación al cambio climático de los ecosistemas naturales terrestres o marinos en peor estado de conservación o más amenazados por el cambio climático y de las especies en peor
estado de conservación o con sus hábitats más amenazados por los efectos del cambio climático, en colaboración con las Comunidades Autónomas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2022.-Helena Caballero Gutiérrez, Eva Patricia Bueno Campanario, Germán Renau Martínez, Antidio Fagúndez Campo, Sandra Guaita Esteruelas, María Montserrat García Chavarría, María
Inmaculada Oria López, Esther Padilla Ruiz, Daniel Senderos Oraá, Omar Anguita Pérez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Vicente Viondi y Javier Antón Cacho, Diputados.-José Zaragoza Alonso e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.


161/004466


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre minimización del impacto ambiental de los hornos crematorios, para su debate
en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


La incineración de cadáveres humanos produce emisiones contaminantes peligrosas para la salud. El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos y persistentes, ratificado por el Reino de España en 2004, en su Anexo C, parte I, incluye
las dibenzo-p-dioxinas policloradas y los dibenzofuranos, el hexaclorobenceno y los policlorobifenilos en la lista de contaminantes orgánicos persistentes, identificando a los crematorios como una de las fuentes en las que se pueden formar y liberar
estas sustancias por la presencia de compuestos clorados precursores o cloro en los cadáveres y en algunos plásticos coincinerados.


En España, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, incluye esta actividad en el grupo B del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, que contiene su Anexo IV.


También es de aplicación el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Esta norma
identifica las diferentes actividades potencialmente contaminadoras y plantea unos criterios generales para fijar el grado de intervención administrativa sobre la instalación, en función de su potencial contaminador. De esta manera, se desarrollan
una serie de obligaciones generales de los titulares en relación a las emisiones, la realización de controles, el mantenimiento de registros y la comunicación de la información al órgano competente de su comunidad autónoma.


Los hornos crematorios deben disponer de los equipos de filtración necesarios para reducir la carga de tóxicos de sus emisiones. Sin embargo, no siempre se aplican las mejores técnicas disponibles de descontaminación, especialmente en
instalaciones antiguas.


Además, la monitorización y control de los contaminantes del aire es imprescindible para asegurar que los sistemas de filtrado de gases funcionen adecuadamente, de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos reglamentarios de
calidad del aire. Por ello, es fundamental incidir en la importancia que tienen los sistemas de control y la adecuada gestión de la información obtenida mediante ellos.


Por otra parte, numerosos estudios señalan que las emisiones asociadas al proceso de cremación podrían reducirse con medidas como el uso de ataúdes de cartón ondulado u otros materiales vegetales, en lugar de los tradicionales de madera;
que la persona difunta vista con ropa de fibra textil natural y evitar tratamientos de tanatopraxia a los cadáveres. Con estas actuaciones se podrían eliminar los componentes sintéticos volátiles que habitualmente componen los féretros
convencionales y las ropas sintéticas, así como el formaldehído y otros líquidos de conservación tóxicos.



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La instalación de crematorios junto a viviendas, escuelas o zonas deportivas provoca una fuerte alarma y oposición vecinal. En nuestro país no existe una norma que impida que estas instalaciones se sitúen en los cascos urbanos o en zonas
próximas a ellos. En 2018, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aprobó la 'Guía de consenso sobre sanidad mortuoria', que establece una distancia mínima del foco de emisión que constituye la
chimenea del crematorio a los núcleos poblacionales o espacios vulnerables (entre otras, las zonas residenciales, las residencias de la tercera edad, los centros sanitarios y educativos, los parques infantiles o las instalaciones deportivas).
Asimismo, señala una serie de contaminantes que deben ser objeto de control: los gases de combustión, el ácido clorhídrico, las partículas, el mercurio, el carbono orgánico total y las dioxinas y furanos. La guía establece también que los nuevos
hornos crematorios se ubicarán preferentemente en suelos de clasificación industrial. Estas previsiones, a pesar de ser muy de mínimos, no han sido incorporadas en la legislación de algunas Comunidades Autónomas.


Algunos municipios han resuelto esta cuestión en sus planes de urbanismo, introduciendo limitaciones o exclusiones a la posibilidad de instalar crematorios.


En definitiva, estas instalaciones generan constantes problemas medioambientales y de salud pública. Frecuentemente, sus emisiones dan lugar a que se sobrepasen los objetivos de calidad del aire por lo que, en muchas ocasiones, su actividad
acaba siendo suspendida o clausurada. Es de destacar que, en esos casos, a los perjuicios ya expuestos, se unen los derivados del impacto ambiental y urbanístico que supone haber construido una instalación que no puede ser utilizada.


Es necesario que nuestro país cuente con una legislación clara en esta materia, que anteponga la protección del medio ambiente y la salud de las personas a razones económicas y empresariales. Dicha legislación debe ser coherente con los
objetivos de protección ambiental, lucha contra el cambio climático y desarrollo sostenible; así como con los principios de generales de acción en salud pública que contiene la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, especialmente
el principio de salud en todas las políticas y el principio de precaución.


Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, a impulsar una ordenación de la actividad de cremación de cadáveres con el objetivo de proteger la salud de las
personas y el medio ambiente. Dicha ordenación incluirá, al menos, las siguientes actuaciones:


1. Para las instalaciones existentes:


1.1. Incrementar los controles de las emisiones para asegurar una adecuada calidad del aire, de acuerdo con los estándares de protección exigidos por la Unión Europea y las recomendaciones de organismos internacionales.


1.2. Garantizar que se utilicen las mejores prácticas y tecnologías existentes para reducir al máximo las emisiones contaminantes.


2. Para las nuevas instalaciones:


2.1. Establecer que los nuevos hornos crematorios se ubiquen en suelos de clasificación industrial.


2.2. Fijar una distancia mínima obligatoria con núcleos poblacionales o espacios vulnerables, teniendo en cuenta, además, todas las circunstancias que intervienen en la dispersión de las emisiones, tales como la fuerza y la dirección del
viento.


2.3. Utilizar las mejores prácticas y tecnologías existentes para reducir al máximo las emisiones contaminantes.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2022.-Eva Patricia Bueno Campanario, Helena Caballero Gutiérrez, Germán Renau Martínez y Antidio Fagúndez Campo, Diputados.-José Zaragoza Alonso e Isaura Leal Fernández, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.



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Comisión de Cultura y Deporte


161/004447


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para el fomento de políticas de
igualdad en el ámbito cultural, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


Cada vez resulta más común ver, especialmente alrededor de la fecha del 8 de marzo, una explosión lila y con perspectiva feminista en los diferentes círculos culturales institucionales. Este año el Museo del Prado homenajeaba a las mujeres
de sus obras (la mujer como objeto de retrato, como objeto estereotipado en la figura de la musa para extraer la creatividad masculina). La Biblioteca Nacional presentaba una programación especial para reflexionar sobre la figura de la mujer en la
creación cultural (aquí sí, como artista, parte activa y sujeto). La Filmoteca Española dedicaba todo el mes a homenajear a las cineastas. Hubo conversaciones en el Círculo de Bellas Artes, y la SGAE organizó actividades, como charlas y
exposiciones. El lila se va degradando hacia los colores en los que habitualmente se mueve la cultura en cuanto la fecha se diluye, y todo vuelve a respirar al compás habitual: el de la relación entre la cultura, el androcentrismo y las firmas de
las más variopintas masculinidades.


A lo largo de la historia, el sector hegemónico que ha proyectado sus percepciones, valores y creencias mediante la cultura ha sido el de la producción masculina, transformándose en el estándar válido, universal y de referencia, aun cuando
lo que ha reflejado son las percepciones, los valores y las creencias de menos de la mitad de la población.


Existe un problema grave en cuanto a la visibilización de las mujeres artistas en general, y tal vez sea el aspecto en el que se centran más esfuerzos para su reversión, pero la cultura no solo conlleva la figura de la artista y creadora,
sino que la industria cultural tiene detrás infinitos puestos productivos o académicos en los que, otra vez, la brecha de género aplasta con vehemencia a la mujer.


Es una evidencia, y estudio tras estudio se sigue ratificando lo mismo: existe una brecha de género en la cultura y las artes en el conjunto de España. En los estudios enfocados hacia actividades relacionadas con la cultura y las artes
predominan en general las mujeres. Tanto en el bachillerato de artes como en las enseñanzas artísticas de régimen especial (conservatorios de música, danza, escuelas de arte dramático y de artes plásticas y diseño, etc.) y en las carreras
universitarias que se orientan a profesiones en el ámbito cultural y artístico las mujeres son mayoría destacada, con participaciones cercanas o superiores al 60 %. Y, sin embargo, en 2019 ostentaban tan solo un 39,1 % de los empleos en estos
sectores. Esto ocurre de manera especialmente alarmante cuando la actividad está relacionada con la técnica y la tecnología: ámbitos como las artes gráficas, la grabación o la edición, donde su participación se reduce al 27,1 %.


Los datos están recogidos en el I Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura dentro del marco competencial del Ministerio de Cultura y Deporte, publicado por el Observatorio de Igualdad de Género en el
ámbito de la Cultura. El objeto de este organismo es el impulso de la presencia de las mujeres y de la igualdad de oportunidades en todas las manifestaciones culturales y en puestos de responsabilidad competencia del Ministerio de Cultura y
Deporte. Entre otras cosas, el 'Observatorio analizará la información en materia de género para detectar situaciones de desigualdad y establecer medidas correctoras, propiciará la producción artística y la representación femenina en las distintas
manifestaciones culturales, impulsará la elaboración de censos de expertas en igualdad de género y cultura, y promocionará el trabajo de las mujeres y su participación equilibrada en jurados y órganos de valoración'.


Es evidente la necesidad de disponer de herramientas como el Observatorio para poder tomar el pulso, mediante informes y cifras, a la situación de la mujer en el ámbito cultural, tanto de su consumo como de su implicación profesional.
Gracias a su trabajo existe información recopilada que ha permitido desarrollar el presente texto y plasmar la necesidad de trabajar por la igualdad en el ámbito cultural. Tal vez un mejor aprovechamiento de este recurso podría enfocarse a la
elaboración de propuestas concretas extraídas de dichos análisis e informes para los diferentes ámbitos del mundo cultural, más allá del ámbito



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competencial del Ministerio de Cultura y Deporte. Un decálogo para la industria cultural en materia de igualdad, como, por ejemplo, recomendaciones para conseguir la paridad en una exposición e incentivar su cumplimiento podrían ser una vía
factible para transformar el análisis en resultados.


Para avanzar en la igualdad, también desde el ámbito cultural, hay que creérselo. No se trata solo de cumplir, sino de desarrollar y poner todos los esfuerzos y la imaginación al servicio del fomento de la erradicación de las desigualdades,
y no por una cuestión de justicia, de deber o de pura formalidad. Se trata de sentido común, porque las mujeres ya existimos en todas las esferas culturales. Las mujeres estudiamos, creamos, imaginamos, leemos y escribimos, consumimos, iluminamos,
editamos y producimos. Y, por supuesto, amamos la cultura con la misma vehemencia y pasión que cualquier hombre.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Publicar y difundir a las empresas, entes e instituciones culturales las conclusiones del I Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura.


2. Definir líneas concretas de trabajo del Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura, más allá de la recopilación de datos y estudios, con propuestas concretas para las industrias culturales según el sector al que
pertenezcan con el fin de impulsar la presencia de las mujeres y la igualdad de oportunidades tanto en las manifestaciones culturales como en los ámbitos profesionales y de personal.


3. Incentivar y reconocer a aquellas instituciones y empresas culturales que respetan y fomentan la presencia y participación de las mujeres en sus ámbitos, tanto en lo que atañe a la producción artística como en la paridad entre sus
profesionales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2022.-María del Mar García Puig, Diputada.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/004462


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la gestión y reparto de los
fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su impacto en el ámbito deportivo para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


El 14 de mayo de 2021, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, presentó, entre otros, el componente 26 del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destina aproximadamente 300 millones de euros
para el sector del deporte a repartir hasta 2023.


La descripción general del componente establece como principales objetivos en el fomento del sector del deporte la dinamización, reestructuración y modernización del sector, adaptándolo a una nueva realidad socioeconómica mediante los
procesos de transformación digital y de transición ecológica.


El sector del deporte ha sufrido muy directamente las consecuencias devastadoras de la emergencia sanitaria. Para intentar paliar sus efectos, es preciso adoptar medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de este sector
económico, basadas en criterios de desarrollo sostenible, cohesión social, creación de empleo, reactivación del entorno rural, atención a colectivos vulnerables, reequilibrio territorial y digitalización. Además, se trata de potenciar el deporte
como elemento esencial en el mantenimiento de la salud física y mental de los ciudadanos.


El impulso del deporte constituye una de las 10 palancas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, puesto que se trata de un sector que ha sufrido muy directamente las consecuencias



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devastadoras de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Por tanto, es necesario adoptar medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de este sector económico, basadas en criterios de desarrollo sostenible, cohesión
social, creación de empleo, reactivación del entorno rural, atención a colectivos vulnerables y reequilibrio territorial y digitalización, sin olvidar que el deporte debe ser un elemento esencial en el mantenimiento de la salud física y mental de la
ciudadanía.


Según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el fomento del sector del deporte se concretará en el desarrollo de infraestructuras deportivas seguras y sostenibles, el impulso a la transformación digital de las organizaciones
deportivas, la promoción de la investigación sobre la actividad física como elemento de fomento de la salud, la potenciación de candidaturas para la organización de grandes acontecimientos deportivos, el fomento del turismo deportivo y el desarrollo
de un plan de modernización de infraestructuras deportivas y de la red de centros de alto rendimiento y tecnificación deportiva.


El componente 26 aborda aspectos tan variados como la digitalización del sector del deporte, la inversión dirigida a optimizar los recursos y la implementación de medidas de sostenibilidad ambiental en las instalaciones deportivas, el
desarrollo de infraestructuras que permitan un mejor acceso a la actividad física saludable en zonas de riesgo de despoblación y el fomento de hábitos saludables a través del deporte y la actividad física. Se enumeran una serie de ayudas,
ejecutadas a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), que beneficiarán principalmente a las administraciones públicas, entidades locales, organismos sociales sin ánimo de lucro y federaciones deportivas.


Según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022, el Consejo Superior de Deportes (CSD) recibe 315 millones de euros, de los cuales, 207 millones corresponden al presupuesto nacional y 108 millones son con cargo a los
fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, distribuidos de la siguiente manera:


1. Plan de Digitalización del Sector del Deporte (36,6 millones de euros) para modernizar la gestión de las federaciones deportivas y de los centros públicos de medicina del deporte o la lucha contra el dopaje.


2. Plan de Transición Ecológica de Instalaciones Deportivas (39,42 millones de euros), que incluirá la modernización de los tres Centros de Alto Rendimiento (Madrid, Sierra Nevada y León).


3. Plan Social del Sector del Deporte (31,97 millones de euros), con el objetivo de potenciar la internacionalización del deporte y la promoción de la igualdad de género (también incluido en la nueva Ley del Deporte).


Asimismo, las Comunidades Autónomas cuentan con una nueva partida de un millón de euros para modernizar los equipamientos de los centros deportivos de titularidad pública. Los pequeños y medianos gimnasios independientes temen quedarse al
margen del reparto de los fondos europeos y que la mayor parte de los que lleguen al Estado se distribuyan entre las grandes cadenas y los centros concesionales.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión y reparto de las partidas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el ámbito del deporte, asegurando que todas las Comunidades Autónomas tengan en cuenta a las pequeñas empresas, a
los clubes deportivos, a las escuelas municipales en el ámbito deportivo y a los Ayuntamientos en el reparto de las ayudas europeas.


2. Rendir cuentas, a través del Consejo Superior de Deportes y ante la Comisión de Cultura y Deporte, de la gestión, selección y ejecución de los proyectos e inversiones, así como sobre los criterios para el reparto de distribución
territorial y su impacto en cada uno de los objetivos en el ámbito deportivo con la finalidad de dotar de transparencia la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2022.-Javier Merino Martínez y Marta González Vázquez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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Comisión de Sanidad y Consumo


161/004452


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre interoperabilidad de la receta electrónica, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


La Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende por salud digital, 'el campo del conocimiento y la práctica relacionado con el desarrollo y la utilización de las tecnologías digitales para mejorar la salud'.


La receta electrónica es una herramienta digital de apoyo a la asistencia sanitaria mediante la cual el facultativo emite y transmite prescripciones por medios electrónicos. Posteriormente, estas prescripciones pueden ser objeto de
dispensación en las farmacias comunitarias; establecimientos sanitarios cuya planificación y ordenamiento dotan al sistema de un elevado nivel acceso al medicamento, consecuencia de la capilaridad propia del modelo, que contribuye a garantizar el
acceso al medicamento por parte del paciente, independientemente de donde resida. Según el informe 'Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias', del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, en España hay un total de 78.128
farmacéuticos colegiados y 22.198 farmacias comunitarias, distribuidas de manera ordenada y planificada por todo el territorio español.


El último paso en la asistencia sanitaria a los pacientes se produce en las oficinas de farmacia y, por ello, se debe cuidar la prestación farmacéutica para que sea de calidad, así como completar el proceso de forma lo más adecuada y
satisfactoria posible.


Se trata de un elemento clave para el adecuado desarrollo de la prestación sanitaria y farmacéutica, y facilita el seguimiento del historial farmacoterapéutico y la accesibilidad del paciente a su medicación prescrita.


Todo ello se traduce en la mejora de la calidad asistencial y aporta más seguridad al paciente en la atención sanitaria y la prestación farmacéutica.


Cada comunidad autónoma tiene desarrollado un sistema de receta electrónica propio, en el que los profesionales y pacientes se relacionan de forma diferente según la comunidad autónoma. Para conseguir transmitir electrónicamente la
información entre dichos sistemas fue necesaria la adaptación de cada uno de ellos a los requisitos de interoperabilidad, trabajo coordinado desde el área de receta electrónica interoperable del Sistema Nacional de Salud (RESNS) del Ministerio de
Sanidad.


La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS, atribuye al Ministerio de Sanidad la competencia de garantizar la interoperabilidad y la circulación de los datos de receta electrónica, además del desarrollo del sistema de
información sanitaria en el SNS, incorporando, entre otros, datos de farmacia y productos sanitarios.


La movilidad de la ciudadanía en todo el territorio hizo necesaria la implantación de un sistema que permitiese intercambiar la información contenida en la receta entre comunidades autónomas.


Esta necesidad es la base de la interoperabilidad, que garantiza la circulación de la información para asegurar la prestación farmacéutica en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), facilitando al paciente el acceso a su medicación
prescrita. De manera que cualquier persona que disponga de tarjeta sanitaria individual del SNS, independientemente de su diseño gráfico, puede obtener su medicación en una comunidad autónoma distinta a aquella donde le han realizado la
prescripción.


En el año 2019 se completó la interoperabilidad de la receta electrónica en el SNS.


El Gobierno, junto a las comunidades autónomas, continúa trabajando para que la ciudadanía pueda obtener su medicación en cualquier oficina de farmacia del país. Sin embargo, según el último Barómetro Sanitario, solo el 35,2 % de los
encuestados han utilizado alguna vez la receta electrónica de la sanidad pública fuera de la comunidad autónoma donde reside.


La Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud aspira a contribuir al mantenimiento de un buen nivel de salud en la población española y a fortalecer el sistema sanitario público mediante la capacidad transformadora de las
tecnologías digitales dirigida a personas, profesionales de la salud, organizaciones proveedoras de servicios sanitarios y resto de agentes relacionados. Esta estrategia se desarrollará en el período temporal de 2021 a 2026, vinculado de manera
fundamental con la ejecución



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de los fondos asociados al mecanismo de 'Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU)' y al 'Mecanismo de Recuperación y Resiliencia'. Esta estrategia tiene entre sus objetivos la generalización de la
interoperabilidad de la información sanitaria. Es relevante, asimismo, señalar la coordinación y posible participación en otros programas de la Unión Europea como Horizonte Europa, Digital Europe y Europe4Health.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el seno del Consejo Interterritorial del SNS, continuar garantizando el acceso a la prestación farmacéutica a los pacientes en todo el territorio a través de la ampliación y mejora de los
servicios de interoperabilidad de la receta electrónica en el SNS, en beneficio de la salud del paciente.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2022.-Ana Prieto Nieto, Julio Navalpotro Gómez, Marisol Sánchez Jódar, Carmen Andrés Añón, José Ramón Ortega Domínguez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo
Roces, Rafael José Vélez, José Luis Aceves Galindo, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicente Viondi y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la Diputada María del Carmen Pita Cárdenes, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para su debate en la Comisión de Sanidad, relativa a la inclusión del Grado Universitario en Imagen Médica y Radioterapia.


Exposición de motivos


La fragilidad y la calidad en el sistema público de salud es de una inmensa preocupación para la mayoría social, y más aún después de la dura crisis que atravesamos a causa del COVID-19. Sin embargo, nos quedó claro, aunque parece que a
algunos se les ha olvidado, que necesitamos un sistema sanitario fuerte y donde todos los profesionales de la salud tengan los medios necesarios para brindar el mejor servicio en cada una de sus áreas. Es por ello que hoy traemos esta
reivindicación de diversos profesionales y colectivos con el ánimo de avanzar hacia una sanidad pública y de calidad, dando pequeños pasos, como atender la necesidad de la inclusión del Grado Universitario en Imagen Médica y Radioterapia.


La plataforma Estatal por el grado Universitario en Imagen Médica y Radioterapia ha venido denunciando que muchas personas con la titulación de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (TSIDMN), Técnico Especialista
en Radiología (TER) y Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría (TSRTD) consideran que su formación es entre suficiente e insuficiente para desarrollar la carrera profesional según los estándares europeos mediante la normativa 59/2013 EURATOM.
En España, las titulaciones han sido establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, de la siguiente manera: Formación Profesional de Segundo Grado, Técnico Especialista en Radiodiagnóstico y Técnico Especialista en Medicina (BOE-A-1978-
23200), y, más adelante, se estableció la de Técnico Especialista en Radioterapia (BOE- A-1980-11985).


Es de resaltar que, en la referida Orden Ministerial del 1 de septiembre (BOE-A-1978-23200), ya se recoge que 'A iniciativa del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, el Ministerio de Educación y Ciencia dictará las pertinentes normas de
equiparación de las titulaciones establecidas en la presente Orden con las titulaciones generalizadas de uso internacional, en los casos que proceda'.


Durante muchos años, las Asociaciones Profesionales de Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico-Radioterapia y Medicina Nuclear (hoy Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Técnicos Superiores en Radioterapia
y Dosimetría), así como las Sociedades Médicas de



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distintas Especialidades, vienen solicitando de manera reiterada a los Ministerios competentes que se modifique y se adapte la titulación de estos profesionales a la generalidad de sus homólogos de los Estados Miembros de la Unión Europea,
dado que la formación española se encuentra muy alejada, no solo de los Estados de la Unión Europea, sino también, de las necesidades que demandan los avances científicos, tecnológicos y asistenciales del Sistema de Salud.


Las competencias funcionales de estos profesionales de la sanidad se regularon por medio de la Orden Ministerial del Ministerio de Sanidad y Consumo de 14 de junio de 1984 (BOE-A-1984-13788) y, en su virtud, corresponden en concordancia con
la Directiva 2013/59/Euratom, la realización de los 'aspectos prácticos' de los distintos procedimientos del campo del radiodiagnóstico médico, de la radioterapia y de la medicina nuclear que implican el uso de radiaciones ionizantes, así como de
aquellos otros procesos de diagnóstico médico que no suponen el uso de las radiaciones y que se encuentran dentro de la competencia profesional del diagnóstico médico por la imagen, hoy considerablemente más amplios y de mayor complejidad
tecnológica y científica.


Sobra citar la importancia de estos profesionales en la aplicación de los complejísimos tratamientos contra el cáncer por medio de la radioterapia, procedimientos como la braquiterapia, aceleradores de electrones, protonterapia,
radiocirugía, simulaciones previas de los tratamientos, aceleradores con resonancia magnética; e igualmente, las también complejas exploraciones en el campo de la medicina nuclear como la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por
emisión de fotones y o las técnicas de diagnóstico por imagen como el escáner (TAC), la resonancia magnética, la ecografía, la mamografía, entre otras muchas técnicas que no resulta necesario resaltar.


Paralelamente, se ha desarrollado de manera exponencial la tecnología médica y cuya dotación a los centros hospitalarios exige cuantiosas inversiones presupuestarias, tanto en su adquisición como en su mantenimiento y puesta al día. El
conjunto del desarrollo tecnológico y científico y lo complejo de las técnicas de diagnóstico y tratamiento exige contar con los profesionales cada vez mejor y más exigentemente preparados. Ya hace muchos años que los Estados miembros de la Unión
Europea así lo han entendido, dotando a estos profesionales de formación universitaria, excepto España.


Los homólogos europeos de los Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y los Técnicos Superiores en Radioterapia y Dosimetría reciben formación a nivel de Grado Universitario, con una formación mínima entre 180 y
240 créditos ETCS, la mayoría con 4 cursos lectivos, nivel 6 del EQF (Marco Europeo de las Cualificaciones). La formación en España sólo alcanza 120 créditos ETCS, nivel 5 del EQF.


La Directiva 2013/59/Euratom del Consejo de 5 de diciembre por la que se establecen normas de seguridad básica para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes reclama en su Artículo 18: 'Educación,
información y formación en el campo de la exposición médica:


1. Los Estados miembros garantizarán que los profesionales sanitarios habilitados y las personas involucradas en los aspectos prácticos de los procedimientos médico-radiológicos tengan una educación, información y formación teórica y
práctica adecuadas para las prácticas médicas radiológicas, así como la competencia pertinente en materia de protección radiológica.'... 'Con esta finalidad los Estados miembros garantizarán que se establezcan los programas de formación adecuados y
reconocerán los correspondientes diplomas, certificados u otros títulos oficiales'.


En consideración a lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la Diputada María del Carmen Pita Cárdenes, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'1. Instar a los Ministerios de Sanidad, de Educación y de Universidades a la creación del Grado Universitario en Imagen Médica y Radioterapia unificando las titulaciones de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
y Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría en el título de Grado Universitario que se propone, equiparando a los titulados españoles a los profesionales homólogos del resto de los Estados de la Unión Europea.


2. Activar los mecanismos previstos para ello en la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y concordantes.



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3. Derivado de lo anterior, regular e instaurar los mecanismos necesarios para que los actuales titulados transiten el nuevo Grado Universitario.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2022.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.-Sergio Sayas López, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/004467


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre abordaje de los trastornos del sueño, para su debate en la Comisión de
Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce 88 tipos distintos de trastornos del sueño, entre los principales: el insomnio, la hipersomnia, la narcolepsia, el ronquido y las apneas del sueño, las parasomnias y otras alteraciones
asociadas, como el síndrome de las piernas inquietas.


Tales desórdenes pueden ser primarios, cuando no están relacionados con otros trastornos, y secundarios, si están relacionados con problemas de salud mental, enfermedad o relacionados con ingesta de sustancias.


Estos últimos han adquirido una importancia creciente en las últimas décadas y, por sus consecuencias sociosanitarias y su prevalencia, pueden constituir un problema de Salud Pública. Y en el caso de la apnea del sueño y el insomnio, se
estima que afectan a más del 10 % de la población.


Esta situación se ha hecho especialmente manifiesta en la pandemia y el confinamiento, donde los problemas de sueño de la población se han incrementado notablemente. Por ejemplo, el insomnio ha tenido una prevalencia combinada del 57 %,
según un estudio reciente sobre los síntomas de ansiedad, depresión e insomnio en España en la crisis del COVID-19.


La evidencia sobre las consecuencias de los trastornos del sueño más frecuentes no tratados se extiende desde el riesgo cardiovascular, a los trastornos cognitivos, y tiene consecuencias sociales, como bajo rendimiento laboral o educativo y
accidentalidad laboral.


Asimismo, dichas alteraciones están íntimamente ligadas a los determinantes sociales de la salud, especialmente condicionados por el envejecimiento, el género y el entorno social, causando un gran impacto en la calidad de vida de estas
personas.


Estos trastornos precisan de un abordaje por profesionales formados específicamente y que incluyen especialistas de diferentes orígenes.


Resulta, por tanto, importante estudiar las necesidades formativas de los especialistas en Ciencias de la Salud sobre los trastornos del sueño, para dar respuesta a los avances del conocimiento científico que requieren de una formación
adecuada, y que pondrían solución al impacto en la calidad de vida que los trastornos del sueño generan en la población, redundando en mejorar la calidad asistencial, la salud de los pacientes y revirtiendo los efectos y consecuencias negativas que
están teniendo sobre el Sistema Nacional de Salud.


Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Analizar las necesidades formativas de los especialistas en Ciencias de la Salud en relación con los trastornos del sueño y desarrollar los contenidos formativos necesarios para la atención de este problema de salud.


2. Valorar la actualización de la Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos del Sueño en la Infancia y Adolescencia en Atención Primaria.



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3. Promocionar hábitos de sueño saludables y la actividad física y deportiva en todas las edades, y con perspectiva de género.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2022.-Ana Prieto Nieto, Julio Navalpotro Gómez, Marisol Sánchez Jódar, Carmen Andrés Añón, José Ramón Ortega Domínguez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo
Roces, José Luis Aceves Galindo, Rafael José Vélez, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicente Viondi y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/004464


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de un plan de transferencia de conocimiento y colaboración para
la innovación, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.


Exposición de motivos


Transferir el conocimiento científico al tejido social y productivo ha de situarse como objetivo imprescindible de toda sociedad moderna que tenga un compromiso de transformación para así incidir en la competitividad y productividad de su
economía. La interrelación e integración con la sociedad y el fomento del conocimiento científico generan grandes beneficios a su conjunto, de ahí la atención por generar una economía del conocimiento a través de la l+D+l.


En el año 2000, el Consejo Europeo aprobó la Declaración de Lisboa, que estableció como objetivo estratégico una nueva economía basada en el conocimiento, que fuera más competitiva y dinámica con el propósito de lograr un crecimiento
sostenible y de mayor cohesión social. Para ello, definió que debería de existir una estrategia dirigida a 'preparar el paso a una economía y una sociedad basadas en el conocimiento mediante la mejora de las políticas relativas a la sociedad de la
información y de l+D, así como mediante la aceleración del proceso de reforma estructural a favor de la competitividad y la innovación, y la culminación del mercado interior'.


En esta línea, la reciente modificación de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, introduce incentivos para la transferencia del conocimiento científico y el impulso de actuaciones de fomento para su valorización y
protección con la finalidad de que los resultados de las investigaciones se pongan al servicio de la sociedad como destinataria última del conocimiento, lo que permitiría 'estimular la investigación de calidad y la generación del conocimiento'.


Sin embargo, en nuestro país, la transferencia del conocimiento científico y la colaboración de las empresas con universidades y centros públicos de investigación en l+D+l aún es menor que en otros países miembros de la Unión Europea, lo
cual dificulta que los resultados de la investigación pública se traduzcan en innovaciones con impacto económico y social. Aunque España contribuye significativamente a la producción científica mundial, su desempeño en el ámbito de la innovación es
más modesto, lo que da lugar a uno de los principales desequilibrios del Sistema Español de Ciencia e Innovación. Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apuntan que la transferencia de
conocimiento es una de las principales debilidades de nuestro sistema, pero también una de las mayores oportunidades para progresar. Además, remarca la baja incidencia de colaboración entre el sector público y el sector privado desde una
perspectiva de política de innovación.


Por ello, es prioritario promover la colaboración entre el tejido empresarial y el sector público para que la investigación llegue a la sociedad. De ahí la necesidad de desarrollar nuevas políticas públicas que permitan fomentar la
actividad de transferencia, donde las comunidades autónomas y las entidades locales también juegan un papel decisivo. La cooperación multinivel en materia de ciencia e innovación entre administraciones genera un entorno favorable para el desarrollo
de actividades de l+D+l y generación de nuevo conocimiento.



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La aprobación de un Plan de Transferencia de Conocimiento y Colaboración para la Innovación tendría la capacidad de eliminar barreras y crear incentivos en los actores implicados para conseguir una mayor cohesión del ecosistema de ciencia e
innovación, para que el sector público de investigación y otros agentes del ecosistema contribuyan a la innovación y a su impacto, en colaboración con las empresas y prestándoles apoyo y generando acciones conjuntas. Con ello se lograría una mayor
alineación de objetivos entre el sector público y el privado en l+D+l para poder alcanzar conjuntamente metas más ambiciosas.


Además, una estrategia definida atendería a las recomendaciones del proyecto de la OCDE desarrollando en los años 2020 y 2021 sobre 'Propuestas para una Hoja de Ruta de transferencia y colaboración ciencia y empresa en España', un proyecto
financiado por la Unión Europea a través de su Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales, en colaboración con la Comisión Europea y los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Universidades. El proyecto culminó con la publicación del
documento 'Roadmap to foster public research - business collaboration in Spain: An OECD proposal', que recoge la propuesta de Hoja de Ruta para la mejora de la colaboración ciencia-empresa en España con una batería de recomendaciones específicas
elaboradas a partir del informe final de diagnóstico y recomendaciones del proyecto 'Mejorar la transferencia de conocimiento y la colaboración entre ciencia y empresa en España' de 2022.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Plan de Transferencia de Conocimiento y Colaboración para la Innovación con el objetivo de fortalecer los vínculos entre el sector público y el privado, fomentar la investigación
colaborativa, la transferencia y el intercambio de conocimiento e incentivar una mayor implicación del sector privado en la l+D+l.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2022.-Javier Alfonso Cendón, Sandra Guaita Esteruelas, Roberto García Moris, Juan Francisco Serrano Martínez, Helena Caballero Gutiérrez y Miguel Ángel González Caballero,
Diputados.-José Zaragoza Alonso e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/004456


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la Diputada María del Carmen Pita Cárdenes, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para su debate en la comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, relativa a la violación de Derechos Humanos ocurridos el 24 de junio de 2022 en la valla de Melilla.


Exposición de motivos


Los acontecimientos del 24 de junio de 2022, en la valla de Melilla, no corresponden a los valores que promovemos como miembros de la Unión Europea y como países democráticos. Las declaraciones del presidente Pedro Sánchez ante esta
masacre, desde el punto de vista de los Derechos Humanos, no es que sean desafortunadas, sino que son completamente contrarias a la Ley y a los principios de solidaridad. Desde el Gobierno se ha legitimado la muerte de 37 personas que intentaron
cruzar la valla, usando como excusa la existencia de mafias.


Desde diferentes medios se han difundido vídeos e imágenes en las que se evidencia el nivel de violencia y el trato cruel e inhumano por parte de la gendarmería de Marruecos. Ha sido un acto de total vulneración a cualquier principio de los
Derechos Humanos, 37 personas perdieron la vida de una manera violenta, despiadada y sin tener el más mínimo resquicio de empatía. Las 133 personas que lograron



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cruzar la valla se encuentran en el CETI de Melilla a la espera de que se restablezca el derecho fundamental a la libertad personal de estas personas.


Con la Segunda Guerra Mundial, Europa pudo ver y sentir los horrores de una guerra y las consecuencias devastadoras que trajo consigo. Sin embargo, de esta experiencia, tremendamente dolorosa, se logró dar un paso como humanidad con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta carta ha sido nuestro mayor consenso como un mecanismo para evitar cometer los mismos errores, para ser capaces de defender la vida y los derechos de todas las personas sin distinción alguna.


Solo para mencionar algunos de sus artículos:


Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.


Sí todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, ¿por qué se niega la entrada a unos refugiados o se dificulta administrativamente su proceso?, ¿dónde queda la fraternidad de los unos con los otros cuando han perdido
la vida 37 personas por intentar cruzar una valla, cuando muchas de ellas, según las organizaciones internacionales, son supervivientes de tortura en sus países de origen y de tránsito?


Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.


Sin embargo, las políticas migratorias y leyes de extranjería, en el caso de España, están lejos de cumplir el artículo 2. El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha marcado una comparativa a nivel institucional a la hora de recibir a las
personas refugiadas. Hemos visto la capacidad de acelerar la regularización de las personas refugiadas de Ucrania en tiempos récord, se han brindado los medios para facilitar una migración segura y ordenada. Sin duda, este debe ser el ejemplo a
seguir, pero desafortunadamente vemos que no es así para todas las personas. Ahora mismo, se encuentran más de 500.000 personas en situación de irregularidad, cientos de personas que llevan meses en centros de detención a la espera de ser resuelta
su situación legal.


Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.


Las migraciones surgen como un principio de supervivencia ante diferentes situaciones, como guerras, pobreza, persecuciones políticas y/o desastres medioambientales, en los países de origen y, por tanto, debemos estar preparados para abordar
de una manera segura este tipo de migraciones que cada vez serán más recurrentes. Si respetamos este principio no podemos tener una doble vara de medir. Necesitamos unas instituciones capaces de responder acorde a los tratados internacionales y
garantizando el respeto a la vida y la libertad.


Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.


Los tratos crueles o inhumanos no solo son los que hemos visto este 24 de junio, donde 37 personas murieron sin tener ningún tipo de socorro, sino también la omisión ante una migración constante que ha dejado cientos de muertes olvidadas en
el mar, en la llamada ruta atlántica.


La migración del continente africano a España y Europa no es nueva, sin embargo, durante la última década el aumento ha sido exponencial. Pese a ser la ruta atlántica una de las más peligrosas del mundo, cientos de personas usan esta vía
para llegar a Canarias. Hemos tenido que presenciar, casi a diario, la muerte de cientos de personas que han perdido la vida intentando llegar a nuestras costas. Una ruta en la que cada vez son más las mujeres que con sus bebés en brazos toman
este camino. El Gobierno ha tenido muchos años para buscar una solución humanitaria, para mejorar la Ley de extranjería y así evitar el sufrimiento humano y la pérdida innecesaria de tantas vidas.


El 28 de junio, el UN Commite on Migrant Workers deploró los incidentes en mención y llamó a una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades. Así mismo, también manifiestan la



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necesidad de buscar vías para una migración segura y ordenada y que, por tanto, respete el derecho a buscar y recibir asilo.


Proposición no de Ley


'Por todo ello, la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados:


1. Manifestar el rechazo de la política migratoria, especialmente con las personas solicitantes de asilo del continente africano, las cuales se han enfrentado a un racismo institucional, mediante el retraso de expedientes, suspensión de
asilos, devoluciones en caliente, entre otros tantos actos administrativos y policiales que no corresponden a la gravedad de la condición de vulnerabilidad de estas personas.


2. Instar al Gobierno a la regularización de más 500.000 personas que se encuentran en condición irregular desde el cumplimiento de los Derechos Humanos y al principio de solidaridad.


3. Manifestar nuestro reconocimiento a todo el personal institucional, organizaciones internacionales y de la sociedad civil que realizan labores humanitarias y solidarias en las fronteras de Ceuta y Melilla y en Canarias.


4. Instar al Gobierno a actuar bajo los principios de los Derechos Humanos y al Pacto Mundial sobre los Refugiados el cual 'representa la voluntad política y la ambición de la comunidad internacional en su conjunto de fortalecer la
cooperación y la solidaridad con los refugiados y los países de acogida afectados'.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2022.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.-Sergio Sayas López, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


161/004453


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña María Teresa López Álvarez, don Pablo Juan Calvo Liste, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de la Cabeza Ruiz Solás y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a prevenir un uso desordenado de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en los jóvenes, para su discusión en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.


Exposición de motivos


Primero. Incidencia del uso desordenado de las nuevas tecnologías en los jóvenes.


El artículo 39 de la Constitución Española reconoce como principios rectores de la política social y económica de la Nación la protección social, económica y jurídica de la familia, al igual que la protección integral de los hijos;
principios rectores que, a su vez, han de estar sometidos al principio de subsidiariedad, habida cuenta de que, por su misma naturaleza, la acción del Estado ha de ser subsidiaria y complementaria a la de las familias en lo que concierne a la
educación, cuidado y crianza de los hijos.


El último barómetro sobre las familias de la fundación The Family Watch recoge las preocupaciones de las familias españolas respecto a las redes sociales y sus riesgos. El 60 % de las familias reconoce que uno de estos riesgos es,
precisamente su uso excesivo. Asimismo, el 56 % vincula el aislamiento social a este uso desordenado de las redes sociales, y en similar grado (58 %) se encuentra el Cyberbulling 9.


Por otro lado, cerca de la mitad de las familias ha reconocido la incapacidad de sus hijos para filtrar contenidos debido a su edad así como la exposición de sus datos personales 10.


9 https://thefamilywatch.org/2022/01/10/2022-xi-barometro-de-la-familia/.


10 Ibidem.



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Es necesario, pues, una reflexión acerca de la influencia de los usos abusivos y perjudiciales de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los jóvenes españoles, cuyo consumo diario de Internet es notable 11.


Segundo. El trastorno por uso desordenado de los videojuegos.


Los videojuegos son un entretenimiento de gran popularidad entre los españoles. Esta fuera de toda duda los beneficios que ofrecen y pueden alcanzarse a través de los mismos, pues, además de ser un divertimento, tienen en muchas ocasiones
un alto contenido didáctico y pedagógico. Sin embargo, el problema se presenta cuando se hace un uso desordenado de ellos, pudiendo generar, incluso, adicciones y problemas sociales. Muchos de estos problemas están relacionados con el aislamiento
social o la falta de relaciones personales, debido al tiempo excesivo que se invierte por parte de los usuarios, muchos de los cuales no llegan a la mayoría de edad. Por tanto, es necesario poner el foco en esta iniciativa sobre los efectos
adversos que el uso desordenado de los videojuegos puede ocasionar en la juventud.


Desde 2022, la Organización Mundial de la Salud incluye en su Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos el trastorno por uso de videojuegos, dentro de los trastornos debidos a comportamientos
adictivos 12:


'El trastorno por uso de videojuegos -señala la OMS- se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente ('juegos digitales' o 'videojuegos'), que puede ser en línea (es decir, por internet) o fuera de línea, y
que se manifiesta por: 1. deterioro en el control sobre el juego (por ejemplo, inicio, frecuencia, intensidad, duración, terminación, contexto); 2. incremento en la prioridad dada al juego al grado que se antepone a otros intereses y actividades
de la vida diaria; y 3. continuación o incremento del juego a pesar de que tenga consecuencias negativas. El patrón de comportamiento del juego puede ser continuo o episódico y recurrente. El patrón de comportamiento del juego da como resultado
una angustia marcada o un deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes. El comportamiento del juego y otras características normalmente son evidentes durante un
período de al menos 12 meses para que se asigne un diagnóstico, aunque la duración requerida puede acortarse si se cumplen todos los requisitos de diagnóstico y los síntomas son graves 13.'


Si, como apuntábamos anteriormente, las familias españolas perciben en ocasiones en el uso de las redes sociales un riesgo relacionado con el aislamiento social de sus hijos, este trastorno causado por un uso desordenado y desmedido de
videojuegos también puede repercutir en ese 'deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes' 14.


El máximo exponente de este aislamiento lo encontramos en el fenómeno denominado como 'Hikikomori', un 'estado [...] que conlleva el encierro de uno mismo en su propio hogar, sin participar en sociedad durante seis meses o más, y que no
parece tener otro problema psicológico asociado como su fuente principal' 15.


El Hikikomori es 'un trastorno caracterizado por un comportamiento asocial y evitativo que conduce a abandonar la sociedad. El trastorno afecta de manera primordial a adolescentes o jóvenes que se aíslan del mundo, encerrándose en las
habitaciones de casa de sus padres durante un tiempo indefinido, pudiendo llegar a estar años enclaustrados. Rechazan cualquier tipo de comunicación y su vida comienza a girar en torno al uso de Internet y de las nuevas tecnologías. Dicho fenómeno
ha emergido en muchos lugares con entornos socioeconómicos contemporáneos, incluyendo un sistema educacional rígido, oportunidades de empleo irregulares y el uso extendido de internet y juegos online.' 16.


11 Así lo recoge el Informe Juventud en España 2020 del Instituto de la Juventud: 'del total de las personas jóvenes, más de la mitad pasa como poco tres horas diarias en la red. Si se suma la categoría de los que pasan entre dos y tres
horas, se trataría de tres de cada cuatro jóvenes. En todo caso, los más jóvenes son los que señalan un consumo más regular de internet, apuntando a un patrón marcadamente generacional'.


http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe_juventud_espana_2020.pdf.


12 https://icd.who.int/browse11/l-m/es#/http://id.who.int/icd/ entity/1448597234.


13 Ibidem.


14 Ibidem.


15 SAITO, 2013, en: SÁNCHEZ ROJO, A. (2017). El fenómeno hikikomori: tradición, educación y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Arbor, 193 (785): a405. doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3010.


16 DE LA CALLE REAL, M.; MUÑOZ ALGAR, M. J. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, ISSN 0211-5735, Vol. 38, N.º 133, 2018, págs. 115-129.



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Si bien se trata un fenómeno proveniente del Japón, 'poco a poco se ha ido extendiendo como una pandemia al resto del mundo, si bien con características diferentes según cada sociedad' 17. Así, ya en 2014 el Instituto de Neuropsiquiatría y
Adicciones del Hospital del Mar en Barcelona elaboró un estudio que detectó 164 casos solo en España 18.


Tercero. Conclusión.


La protección de la familia, pues, no puede dar por descontado el hecho indiscutible de que los jóvenes españoles tienen rutinas, hábitos y formas de ocio eminentemente digitales. Por ende, el Grupo Parlamentario VOX aboga por profundizar
en los riesgos ya constatados 19 de un uso desordenado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en orden a articular las medidas necesarias para la mejora de la vida de las familias españolas y nuestros jóvenes en coherencia con los
principios rectores antedichos y respetando el principio de subsidiariedad, habida cuenta de que, como señala la Agenda España, hay que 'convertir a las familias en el centro de las políticas públicas para que se tengan en cuenta sus necesidades'
20.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Promover la elaboración de un informe sobre el uso desordenado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los jóvenes, cuyo contenido integre, como mínimo, las siguientes materias:


- Su incidencia en la soledad y el aislamiento social.


- La relación con problemas de salud mental.


- Propuestas de actuación dirigidas a las familias y la sociedad civil.


2. Fomentar la incorporación del trastorno por el uso desordenado de videojuegos, redes sociales y tecnologías de la información y la comunicación en las estrategias y planes nacionales relacionados con el desarrollo de la persona en la
infancia y la adolescencia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2022.-María Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás y Georgina Trías Gil, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


17 Ibidem.


18 Ibidem.


19 A todo lo referido hay que añadir la incidencia que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en la cuestión: 'con la pandemia y las restricciones de movilidad y de contacto social, el consumo de internet, telefonía móvil, redes sociales,
videojuegos y mensajería instantánea incrementaron de manera muy notable. Los datos recogidos en la fase más restrictiva de las medidas de prevención social de contagio mostraron valores de 'dependencia' vinculados a Internet, el móvil, redes
sociales y mensajería instantánea. En todos los casos con un incremento muy acusado respecto a los valores previos a la situación de alerta sanitaria. Esto nos lleva a concluir que el aislamiento social causado por las medidas de prevención ha
incrementado el consumo individual de los universitarios respecto a los dispositivos y aplicaciones analizadas. En la actualidad, el nivel de consumo más generalizado se corresponde con patrones de adicción'. RUIZ PALMERO, J., COLOMO MAGAÑA, E,
SÁNCHEZ RIVAS, E., LINDE VALENZUELA, T. Estudio del uso y consumo de dispositivos móviles en universitarios (2021), Digital Education Review, Núm. 39, Págs. 89-104.


20 https://xn--agendaespaa-beb.es/wp-content/uploads/2021/10/AgendaEspana_VOX.pdf.



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En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Interior


181/001984


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, don Ricardo Tarno Blanco, don Pablo Hispán Iglesias de Ussel, don Percival Manglano Albacar y don Jaime Miguel Mateu Istúriz, y Diputadas doña Isabel María Borrego Cortés, doña Ana
Belén Vázquez Blanco, doña Beatriz Álvarez Fanjul, doña Ana María Beltrán Villalba y doña Pilar Marcos Domínguez.


Texto:


¿Cuándo y cómo piensa el Ministerio del Interior poner en marcha medidas para hacer frente al incremento de la comisión de delitos de sangre por parte de jóvenes en Madrid?


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2022.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Ricardo Tarno Blanco, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Percival Manglano Albacar, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Isabel María Borrego
Cortés, Ana Belén Vázquez Blanco, Beatriz Álvarez Fanjul, Ana María Beltrán Villalba y Pilar Marcos Domínguez, Diputados.


181/001985


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, don Ricardo Tarno Blanco, don Pablo Hispán Iglesias de Ussel, don Percival Manglano Albacar y don Jaime Miguel Mateu Istúriz, y Diputadas doña Isabel María Borrego Cortés, doña Ana
Belén Vázquez Blanco, doña Beatriz Álvarez Fanjul, doña Ana María Beltrán Villalba, doña Pilar Marcos Domínguez.


Texto:


¿Qué medidas concretas ha puesto y tiene previsto poner en marcha el Ministerio del Interior para hacer frente al incremento de la comisión de delitos de sangre por parte de jóvenes en Madrid?


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2022.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Ricardo Tarno Blanco, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Percival Manglano Albacar, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Isabel María Borrego
Cortés, Ana Belén Vázquez Blanco, Beatriz Álvarez Fanjul, Ana María Beltrán Villalba y Pilar Marcos Domínguez, Diputados.


181/001986


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, don Ricardo Tarno Blanco, don Pablo Hispán Iglesias de Ussel, don Percival Manglano Albacar y don Jaime Miguel Mateu Istúriz, y Diputadas doña Isabel María Borrego Cortés, doña Ana
Belén Vázquez Blanco, doña Beatriz Álvarez Fanjul, doña Ana María Beltrán Villalba, doña Pilar Marcos Domínguez.



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Texto:


¿Con qué efectivos y con cuánto presupuesto cuenta el Ministerio del Interior para poner en marcha medidas para hacer frente al incremento de la comisión de delitos de sangre por parte de jóvenes en Madrid?


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2022.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Ricardo Tarno Blanco, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Percival Manglano Albacar, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Isabel María Borrego
Cortés, Ana Belén Vázquez Blanco, Beatriz Álvarez Fanjul, Ana María Beltrán Villalba y Pilar Marcos Domínguez, Diputados.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


181/001988


El Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Plural, plantea la siguiente pregunta dirigida al señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación don Luis Planas Puchades.


Texto:


¿Qué acciones emprenderá el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la decisión adoptada por la Comisión Europea de prohibir las actividades pesqueras que conlleven contacto con el fondo del mar en 87 zonas de pesca entre el
Golfo de Cádiz y la zona norte del Gran Sol, una medida que afectará a los barcos que utilizan artes como el arrastre o el palangre de fondo y que tendrá un impacto muy negativo sobre la actividad de flotas el Estado español, especialmente en la
gallega?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.


181/001989


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputado don Joaquín María García Díez.


Texto:


¿Qué valoración hace el Gobierno de la decisión de la Comisión Europea de cerrar el acceso de la flota de arrastre a 87 zonas protegidas en aguas comunitarias, con el consiguiente impacto en la flota pesquera española, y qué medidas piensa
adoptar para paliar las consecuencias de este cierre?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2022.-Joaquín María García Díez, Diputado.



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Comisión de Cultura y Deporte


181/001983


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y don José Ramírez del Río, Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).


Dirigida al Excmo. Sr. Secretario de Estado para el Deporte.


Texto:


¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno con respecto a las supuestas 'trabas' que, según denuncian desde la Liga Profesional de Fútbol Femenino 21, está llevando a cabo la Real Federación Española de Fútbol con el fin de impedir el
comienzo de la citada nueva liga profesional?


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2022.-Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y José Ramírez del Río, Diputados.


181/001987


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y don José Ramírez del Río, Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).


Dirigida al Excmo. Sr. Secretario de Estado para el Deporte.


Texto:


¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno con respecto a las supuestas 'trabas' que, según denuncian desde la Liga Profesional de Fútbol Femenino1, está llevando a cabo la Real Federación Española de Fútbol con el fin de impedir el
comienzo de la citada nueva liga profesional?


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2022.-Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y José Ramírez del Río, Diputados.


21 https://iusport.com/art/119176/alvarez-la-rfef-ha-intentado-boicotear-la-liga-femenina-y-el-csd-lo-ha-permitido