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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 471, de 14/06/2022
cve: BOCG-14-D-471 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


14 de junio de 2022


Núm. 471



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión de Asuntos Exteriores


161/004268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover diplomáticamente el reconocimiento explícito y sin reservas por parte del Reino de Marruecos de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las
islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote de Perejil.... (Página6)


161/004277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso de acciones diplomáticas ante el Gobierno de Francia como respuesta a los hechos ocurridos durante la celebración de la final de la UEFA
Champions League en la ciudad de París.... (Página9)


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/004265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la eliminación de los cargos eventuales sin competencias en la Administración.... (Página12)


Comisión de Interior


161/004281 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la toma de medidas urgentes para evitar el colapso que sufren las oficinas de extranjería en las Subdelegaciones
y Comisarías de Policía Nacional.... (Página14)


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/004273 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso del Tren de la Costa en la Comunitat Valenciana. ... (Página16)


161/004278 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el acoso inmobiliario por parte de la Sareb contra inquilinos de la urbanización Privada Moderna en la ciudad de Vigo.... href='#(Página17)'>(Página17)


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/004272 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para la defensa del derecho a la educación en español.... (Página18)



Página 2





Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


161/002436 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implementar una Estrategia Nacional de Prevención de la Ceguera.


Retirada.... (Página26)


161/004266 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre dotación de medios y mejora de las instalaciones del Centro de Atención a Personas con Diversidad Funcional (CAMF) de Ferrol.... href='#(Página26)'>(Página26)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/004264 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la tramitación y contenido de la modificación del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Costas. ... (Página28)


161/004270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la inclusión del Ayuntamiento de Narón en la Zona de Transición Justa de As Pontes. ... (Página30)


161/004282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solucionar el problema de sequía que sufren las comarcas cordobesas de los Pedroches y del Guadiato.... (Página31)


Comisión de Cultura y Deporte


161/004279 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la amenaza de cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua.... (Página32)


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/004271 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las candidaturas de la sede de la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.... href='#(Página33)'>(Página33)


Comisión de Sanidad y Consumo


161/004280 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a introducir estudios prospectivos y retrospectivos del deterioro cognitivo en pacientes que hayan padecido COVID-19 a fin de estudiar su impacto en la
futura carga de demencia y enfermedad de Alzheimer en España.... (Página35)


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/004274 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al estudio de las consecuencias en materia de seguridad alimentaria tras la guerra de Ucrania. ... (Página37)


161/004275 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de un mayor número de campañas mediáticas que ayuden a concienciar a la ciudadanía española sobre las labores llevadas a cabo por
parte de la Cooperación Española.... (Página39)


Comisión de Igualdad


161/004267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aplicar la perspectiva de género en el estudio y tratamiento de las enfermedades raras o poco frecuentes.... (Página40)



Página 3





PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Justicia


181/001858 Pregunta formulada por el Diputado Luis Santamaría Ruiz (GP), sobre política general del Gobierno en el ejercicio de la gracia de indulto, concretamente en la concesión del indulto a doña María Sevilla Sánchez, expresidenta de la
Asociación Infancia Libre, y en la formación del expediente de la solicitud de indulto de don Francisco Gutiérrez Orúe. ... (Página41)


181/001862 Pregunta formulada por los Diputados Diego Gago Bugarín (GP), Bas Corugeira, Javier (GP), Constenla Carbón, Juan Manuel (GP), Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), García Díez, Joaquín María (GP),
Santamaría Ruiz, Luis (GP), Pastor Julián, Ana María (GP), González Vázquez, Marta (GP), Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), Martínez Ferro, María Valentina (GP) y Moraleja Gómez, Tristana María (GP), sobre intención del Gobierno de conceder el indulto
a don Francisco Javier Gutiérrez Orúe, condenado a cinco años y tres meses de prisión por malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil.... (Página42)


Comisión de Interior


181/001852 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre
actuaciones realizadas desde el Ministerio del Interior para evitar el traslado del centro de formación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) a Portugal. ... (Página42)


181/001853 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre medidas y
políticas que se van a adoptar con el traslado de la sede de formación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) a Portugal para mantener el 'prestigio internacional' del que gozaba el centro ubicado en Ávila.... href='#(Página42)'>(Página42)


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


181/001848 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre razones del incremento progresivo de los hechos conocidos de delitos de ocupación desde el año 2011 al 2021.... (Página43)


Comisión de Educación y Formación Profesional


181/001857 Pregunta formulada por los Diputados Georgina Trías Gil (GVOX), Robles López, Joaquín (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX), Romero Vilches, María de los Reyes (GVOX) y López Álvarez, María Teresa (GVOX), sobre participación del
Gobierno, a través del Consejo Escolar del Estado, en el contenido de los nuevos libros de texto elaborados en el año 2022 para el curso 2022-2023, en adaptación a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y a los Reales Decretos de enseñanzas mínimas.... (Página43)



Página 4





Comisión de Industria, Comercio y Turismo


181/001859 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX) y Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), sobre
acciones que va a acometer el Gobierno para garantizar la competitividad de la industria española en su acelerado proceso de descarbonización.... (Página44)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


181/001854 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre incidencia de las
declaraciones del Ministro de Consumo que pretende que la población española reduzca el consumo de carne y productos lácteos, para el sector ganadero español. ... (Página44)


181/001855 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas previstas
para defender a los citricultores españoles frente a la entrada de falsa polilla en las importaciones de cítricos a la Unión Europea. ... (Página44)


181/001856 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas previstas
para combatir la escalada de precios del gasóleo agrícola que sufre el sector agrario español.... (Página45)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/001847 Pregunta formulada por el Diputado Óscar Gamazo Micó (GP), sobre previsiones acerca de atender la petición formulada por el Ayuntamiento de Gandía a Demarcación de Costas de cese o modificación de la extracción de arena en las
playas del término municipal de dicha localidad durante la temporada estival, o paralización de las actuaciones de extracción de arena hasta la finalización de la temporada turística.... (Página45)


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


181/001850 Pregunta formulada por la Diputada María Teresa López Álvarez (GVOX), sobre implantación de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro de Autismo (TEA), así como del Plan de Acción 2017-2024 y su contenido. ... href='#(Página45)'>(Página45)


181/001860 Pregunta formulada por la Diputada María Teresa López Álvarez (GVOX), sobre justificación de la reapertura de las fronteras terrestres con Marruecos el día 17/05/2022 coincidiendo con la invasión de miles de marroquíes a Ceuta en
mayo de 2021. ... (Página46)


181/001861 Pregunta formulada por los Diputados María Teresa López Álvarez (GVOX), Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX) y Trías Gil, Georgina (GVOX), sobre relación que tiene la
reapertura de las fronteras terrestres de España con Marruecos el día 17/05/2022 con los posibles espionajes vinculados al caso Pegasus de los teléfonos del Presidente del Gobierno y algunos Ministros.... (Página46)



Página 5





Comisión de Política Territorial


181/001863 Pregunta formulada por los Diputados Vicente Betoret Coll (GP), Casero Ávila, Alberto (GP), Constenla Carbón, Juan Manuel (GP), Manglano Albacar, Percival (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP), Beltrán Villalba, Ana María (GP), De
Luna Tobarra, Llanos (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP) y Marcos Ortega, Milagros (GP), sobre sanción o amonestación a la Delegada del Gobierno en Madrid, por propiciar la difusión de un ataque partidista contra la Presidenta de la Comunidad de
Madrid a través de los medios institucionales de la citada Delegación. ... (Página46)


181/001864 Pregunta formulada por los Diputados Vicente Betoret Coll (GP), Casero Ávila, Alberto (GP), Constenla Carbón, Juan Manuel (GP), Manglano Albacar, Percival (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP), Beltrán Villalba, Ana María (GP), De
Luna Tobarra, Llanos (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP) y Marcos Ortega, Milagros (GP), sobre persona responsable de las cuentas de las redes sociales de la Delegación del Gobierno en Madrid, así como la que le dio la orden de que publicara la
tribuna de opinión de la Delegada del Gobierno en El País titulada 'De la mentira, del odio y del ruido se sale'. ... (Página47)


181/001865 Pregunta formulada por los Diputados Vicente Betoret Coll (GP), Casero Ávila, Alberto (GP), Constenla Carbón, Juan Manuel (GP), Manglano Albacar, Percival (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP), Beltrán Villalba, Ana María (GP), De
Luna Tobarra, Llanos (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP) y Marcos Ortega, Milagros (GP), sobre recomendaciones de la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado que se tuvieron en cuenta en el momento de publicar la
tribuna de opinión en El País de la Delegada del Gobierno en Madrid, titulada 'De la mentira, del odio y del ruido se sale'.... (Página47)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/085165 Autor: Telechea i Lozano, Carolina.


Relación del Gobierno con la empresa NSO Group Techonologies, así como utilización del software Pegasus o cualquier otra herramienta apta para la intervención de comunicaciones.... (Página47)



Página 6





CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/004268


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, doña María Teresa López Álvarez, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez Del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, en
sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no
de Ley relativa a promover diplomáticamente el reconocimiento explícito y sin reservas por parte del Reino de Marruecos de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote de
Perejil, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Primero. Introducción.


1. La existencia de territorios de soberanía española en el norte de África ha constituido una de las principales problemáticas en las relaciones bilaterales entre España y el Reino de Marruecos, país que alega el supuesto carácter
'colonial' de dichos territorios.


2. Con carácter previo debe afirmarse sin reparos que las aspiraciones de Marruecos carecen de base jurídica: España posee títulos jurídicos de soberanía sobre sus Ciudades, Islas y Peñones ubicados en la costa africana. Dichos
territorios forman parte de España a todos los efectos y de forma previa a la constitución formal de Marruecos como Estado (1956) 1.


Segundo. La indubitada españolidad de Ceuta y Melilla.


3. Las Ciudades de Ceuta y Melilla han estado indisolublemente ligadas al devenir histórico de la Nación española desde su incorporación a los territorios de la Corona de España 2.


1 DEL VALLE GÁLVEZ, A. (2012): 'El contencioso territorial con España', en Unión Europea-Marruecos: ¿Una vecindad privilegiada? (REMIRO BROTÓNS, A., dir.), Academia Europea de Ciencias y Artes, págs. 369-408.


2 La conquista de ambas ciudades, junto con otros enclaves de la costa norte de África, por Castilla y Portugal tuvo lugar como consecuencia lógica de la 'Reconquista' [véase FERRER GALLARDO, X. (2007): 'Border Acrobatics between the
European Union and Africa: The Management of Sealed-off Permeability on the Borders of Ceuta and Melilla' en Borderlands. Comparing Border Security in North America and Europe (BRUNET-JAILLY, E. edit.), University of Ottawa Press, pág. 76], Cabe
recordar que la especial significación de dichas Ciudades como parte integrante del territorio nacional fue tal que, incluso, eran administradas de forma separada de los territorios del Protectorado español de Marruecos (1912-1956). Así, pues,
Ceuta era administrada como parte de la provincia de Cádiz y Melilla como parte de la provincia de Málaga, [véase ROBINSON, G.W.S. (1958): 'Ceuta and Melilla: Spain's plazas de soberanía' en Geography, November, Vol. 43, No. 4, Geographical
Association, pág. 267].



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4. Así, por un lado, la españolidad de Ceuta comienza con la separación entre los reinos de Portugal y de España en 1640, adquiriendo Carlos II el título jurídico de soberanía sobre dicho enclave en el Tratado de Paz de Lisboa de 13 de
febrero de 1668.


5. Por otro lado, la españolidad de Melilla se remonta a la incorporación de dicho enclave al Ducado de Medina Sidonia en 1497, para pasar a incorporarse de forma posterior a la Corona española (1556).


6. En relación con lo anterior, también cabe recordar que los títulos de adquisición de soberanía por parte de España con respecto a Ceuta y Melilla fueron validados y ratificados por tratados internacionales durante los siglos XVIII y XIX
3.


7. De esta manera, en relación con Ceuta, podemos citar los siguientes instrumentos internacionales: Tratado de Paz y Comercio, firmado en Marraquech, de 28 de mayo de 1767; Tratado de Paz, Amistad, Navegación, Comercio y Pesca, de 1 de
marzo de 1799; Acuerdo satisfaciendo varias reclamaciones entre el Gobierno Español y el sultán de Marruecos, firmado en Tánger a 25 de agosto de 1844, y los Convenios para su ejecución en lo referente a los límites de Ceuta, firmados en Tánger y
Larache a 7 de octubre de 1844 y 6 de mayo de 1845; Tratado de Paz y Amistad firmado en Tetuán el 26 de abril de 1860.


8. Por su parte, en relación con Melilla existen también diversos tratados al respecto, entre los que han de referirse los siguientes: Convenio ampliando los términos jurisdiccionales de Melilla y pactando la adopción de medidas necesarias
para la seguridad de los presidios españoles en la costa de África, celebrado entre España y Marruecos en Tetuán el 24 de agosto de 1859; el referido Tratado de Paz y Amistad celebrado entre España y Marruecos en Tetuán el 26 de abril de 1860;
Tratado entre España y Marruecos para arreglar las diferencias suscitadas sobre el Convenio de límites con Melilla de 1859 y del Tratado de Paz de 1860, firmado en Madrid el 30 de octubre de 1860; Acta de Demarcación de los nuevos límites de la
plaza de Melilla y su campo neutral y el Acuerdo relativo a su conservación, firmado en español y árabe, la primera en Tánger a 26 de junio de 1862 y el segundo en el campamento de Draa-Es-Seyet a 14 de noviembre de 1863.


9. Por último, desde un punto de vista interno, la Constitución Española ('CE') contempla que las ciudades de Ceuta y Melilla puedan constituirse en comunidades autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos y así lo autorizan
las Cortes Generales 4. En la actualidad se integran como ciudades autónomas en la estructura organizativa de España mediante Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta ('BOE' núm. 62, de 14/03/1995) y Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla ('BOE' núm. 62, de 14/03/1995).


Tercero. Otros territorios españoles en el norte de África.


10. Junto con las Ciudades de Melilla y Ceuta, España ostenta la soberanía sobre otros territorios: las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote de Perejil. Todos estos territorios también pertenecen a
España y mantienen el mismo estatuto desde su integración en la Corona, por diversos modos de adquisición del título de soberanía 5. Estas Islas y Peñones dependen única y exclusivamente del Gobierno de España 6.


Cuarto. Las aspiraciones del reino de Marruecos sobre los territorios españoles en el norte de África.


11. Respecto de la secular soberanía española de las ciudades de Ceuta y Melilla, peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera, las islas Chafarinas e islote de Perejil, definida expresamente en el artículo 3 del Tratado de Paz y Amistad de 26
de abril de 1860 celebrado entre España y Marruecos, agente plenamente independiente, el gobierno de Marruecos no formuló ninguna reserva formal entonces ni con ocasión de la firma de la Declaración conjunta hispano-marroquí de 7 de abril de 1956 en
la que se reconocía la independencia de Marruecos, cuyo artículo 2 hacía mención expresa a la territorialidad marroquí garantizada por tratados internacionales.


3 DEL VALLE GÁLVEZ, A. (2021): 'Gibraltar-Ceuta y Melilla: ejercicio comparativo desde el Derecho Internacional' en La Unión Europea y los muros materiales e inmateriales: desafíos para la seguridad, la sostenibidad y el Estado de Derecho
(AA.VV.), Tirant lo Blanch, pág. 181.


4 Véanse los artículos 2,137,144 b) y la disposición transitoria 5 CE.


5 DEL VALLE GÁLVEZ, A. (2021): 'Gibraltar-Ceuta y Melilla...', pág. 181.


6 Cf. DEL VALLE GÁLVEZ, A. (2011): Ceuta, Melilla, Chafarinas, Vélez y Alhucemas: tomar la iniciativa. Real Instituto Elcano (163/2011).



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12. Sin embargo, Marruecos ha aspirado a la anexión de los territorios de soberanía española situados en el norte de África en contradicción con las normas de Derecho internacional exigibles legalmente.


13. Las propias declaraciones del entonces sultán Mohamed V en los días previos a la firma de la Declaración conjunta hispano-marroquí por la que se pone fin al régimen establecido en Marruecos en 1912, de 7 de abril de 1956 ('jamás hemos
disociado la independencia y la unidad') 7 anticiparon que por parte de Marruecos la convivencia con España no sería fácil.


14. Así, Marruecos ha mantenido desde los años 60 del siglo pasado una postura diplomática de rechazo a la presencia española en la zona, manifestándose tanto en sus primigenias reclamaciones sobre el Sáhara Occidental 8 y el Ifni como
sobre las ciudades de Ceuta y Melilla 9.


15. En relación con este último punto, Marruecos califica a Ceuta y Melilla como 'ciudades usurpadas' y las considera, junto con las Islas y Peñones ya mencionados, 'las últimas colonias en África' 10, sin que se haya retractado de esta
postura hasta la fecha.


16. Junto con lo anterior, la actitud hostil hacia España por parte de las autoridades marroquíes también ha sido plenamente palpable desde los años 90 del siglo pasado mediante lo que se ha denominado como 'estrategia del chantaje
migratorio' 11, el cual ha llegado a ser considerado tanto por la Guardia Civil como por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como una 'amenaza latente', dada su posibilidad de reproducción en cualquier momento 12.


17. En este sentido, la última gran avalancha inmigratoria a territorio español (en mayo de 2021) fue de tal gravedad que, incluso, obligó al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Protección del estilo de vida europeo, D.
Margaritis Schinás, a declarar:


'Europa no se dejará intimidar por nadie en el tema de la [inmigración. En los últimos meses hemos visto tentativas de países terceros de instrumentalizar este asunto y vamos a dejar muy claro que nadie puede chantajear a la Unión Europea.
Somos muy fuertes como para ser víctimas de esas tácticas que no son admisibles en la Europa de hoy' 13.


18. El reino alauita realiza estas actuaciones 'en la zona gris' al objeto de erosionar la posición española y facilitar la consecución de sus intereses.


Quinto. La aceptación por el Gobierno de España del plan marroquí para el Sáhara Occidental.


19. En este estado de cosas, el pasado viernes 18 de marzo de 2022 el Gobierno español anunció, de manera sorpresiva y sin haber realizado consulta previa alguna a las Cortes Generales, depositarlas de la soberanía nacional, su respaldo a
la propuesta del reino de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental.


20. Pese a que el Ejecutivo haya calificado al plan marroquí de autonomía del Sáhara Occidental como 'la base más seria, creíble y realista' para zanjar el conflicto 14, es necesario recordar que dicho plan nunca ha obtenido el respaldo del
Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General de las Naciones


7 TRINIDAD, J. (2012): 'An evaluation of Morocco's claims to Spain's remaining territories in Africa' en The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 61, No. 4 (October), págs. 964-965.


8 En este sentido, cabe recordar que la Opinión Consultiva sobre el Sahara Occidental del Tribunal Internacional de Justicia solicitada por la Asamblea General de Naciones Unidas, 16 de octubre de 1975, declaró que ni Marruecos ni Mauritania
tenían derechos de soberanía sobre el territorio del Sahara Occidental.


9 TRINIDAD, J. (2012): 'An evaluation of Morocco's ...'.


10 GOLD. P. (2000): Europe or Africa? A Contemporary Study ofthe Spanish North African Enclaves of Ceuta and Melilla, Liverpool University Press, págs. 19 y 24.


11 https://www.publico.es/politica/analisis-chantaie-migratorio-estrategia-triunfal-marruecos-poner-espana-cuerdas.html [Ultimo acceso: 23 de mayo de 2022].


12 https://www.elmundo.es/ espana/2021705/ 20/ 60a6154221efa07c408b4659.html [Último acceso: 23 de mayo de 2022],


13 https://www.rtve.es/notjcias/20210519/bruselas-advierte-marmecos-chantaie-inmigracion-ceuta/2090950.shtml y https://www.elespanol.com/mundo/europa/20210610/condena- unamme-eurocamara-chantaje-marruecos-ceuta-migrantes/587941664 O.html
[Ultimo acceso: 23 de mayo de 2022].


14 https://www.elmundo.es/espana/2022/03/20/62376cca21efa08b7d8b45c6.html [Último acceso: 23 de mayo de 2022],



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Unidas. Por tanto, la decisión del Gobierno de España, en tanto Potencia administradora del Sáhara Occidental 15, ha constituido una 'grave violación del Derecho Internacional' 16.


21. En este mismo sentido, en la Declaración Conjunta sobre la 'Nueva Etapa del partenariado entre España y Marruecos' (de 7 de abril de 2022) se especifica una nueva hoja de ruta de las relaciones bilaterales entre ambos países 17. Con
todo, en sus 16 puntos no se hace mención alguna a los territorios españoles situados en el norte de África, lo que deja entrever el chantaje al que Marruecos está sometiendo a España respecto de las dos ciudades a las que el presidente del Gobierno
no ha logrado incluir en esa Declaración.


22. Debe concluirse, pues, que Mohamed VI, por un lado, aprovecha la debilidad del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos para hacer de sus aspiraciones una realidad y, por otra parte, se beneficia de la ausencia de una política exterior
firme de los sucesivos Gobiernos.


23. El Gobierno de España ha de defender sin ambages la españolidad de Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote de Perejil, históricos territorios de soberanía española, y proteger a
los españoles residentes o desplegados allí.


Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a promover diplomáticamente el reconocimiento explícito y sin reservas, por parte del reino de Marruecos, de la soberanía española de Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, los peñones
de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote de Perejil, convirtiendo esta afirmación de su españolidad en la base de las relaciones bilaterales entre ambos países.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2022.-María Teresa López Álvarez, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety Fernández de Castro y Emilio Jesús del Valle
Rodríguez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/004277


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello De Portugal, don Víctor Sánchez Del Real, don Agustín Rosety Fernández de
Castro y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de acciones diplomáticas ante el Gobierno de Francia como respuesta a los hechos ocurridos durante la celebración de la final de la UEFA Champions League en
la ciudad de París, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Primero. Caos e inseguridad en la final de la Champions League.


1. El pasado 28 de mayo la ciudad de París albergó la celebración de la final de la UEFA Champions League, disputándose un encuentro entre el Liverpool Football Club y el Real Madrid Club de Fútbol.


2. Dicho evento, al igual que otros grandes eventos deportivos de similares características, destaca por el desplazamiento a la localidad de turno de una gran cantidad de aficionados, lo cual supone un importante reto logístico y de
seguridad para los organizadores (en este caso la UEFA y las autoridades francesas).


15 Véase, por ejemplo, la Resolución 3292 (XXIX) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 1974 o la Resolución 3458 (XXX) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1975.


16 Véase la Declaración sobre el Sahara occidental y el Derecho Internacional impulsada por la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.


17 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents 72022/070422-declaracion-coniunta-Espana-Marruecos.pdf



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3. En este sentido, cabe señalar que el mencionado partido de fútbol tuvo lugar en el estadio de St-Denis, situado en el distrito Seine-Saint-Denis, el cual es considerado como una no-go zone o distrito inseguro, es decir, uno de esos
barrios en los que los europeos no pueden entrar porque no impera la ley europea 18. De ahí, precisamente, que el afamado exfutbolista D. Thierry Daniel Flenry declarase días antes del partido lo siguiente: Ojo, el estadio está en Saint- Denis, no
en París. Sí, está muy cerca, pero créanme que no querrían estar en Saint-Denis. Saint-Denis no es París 19.


4. A mayor abundamiento, cabe recordar que el barrio de Saint-Denis (al igual que Molenbeek, en Países Bajos) ha tenido una fuerte vinculación con la actividad del terrorismo yihadista, tal y como se evidenció en las intervenciones
policiales contra diversos comandos yihadistas involucrados en los atentados de París de 2015, en donde 130 personas fueron asesinadas 20.


5. Las anteriores consideraciones no resultan irrelevantes, por cuanto lo ocurrido en Saint-Denis muestra una realidad incómoda: un barrio inseguro resultado de la combinación de años de inmigración extraeuropea descontrolada y un
fracasado proyecto de 'sociedad multicultural' impulsado por las autoridades francesas y con la 'bendición' de las instituciones comunitarias 21. Un multiculturalismo que constituye una amenaza para el pluralismo y la cohesión social y que no
cuenta con la aprobación ciudadana, sino solo con el respaldo de élites acomodadas [que] asumen la narrativa multiculturalista debido a los privilegios y seguridad de los que disfrutan 22. En concreto, Francia muestra cómo las políticas de
asimilación han legitimado la creación de ciertas comunidades musulmanas que viven a espaldas del Estado, se rigen por la Sharía y han adoptado una narrativa de victimización frente a la sociedad de acogida 23.


6. En relación con los hechos del pasado 28 de mayo, son múltiples los testimonios recogidos en prensa en los que se relata el miedo y la inseguridad por parte de los aficionados que acudieron al estadio. Así, junto a una deficiente
gestión del evento (retraso en el comienzo del encuentro, problemas con las entradas, embudos de personas que colapsaron las entradas y salidas del estadio) 24, se ha constatado la presencia de turbas de jóvenes, principalmente de origen magrebí 25,
que no solamente se colaron en el estadio (como el polémico caso del joven que se jactó en redes sociales de haberse colado y que también compartió imágenes suyas unos días antes en Siria disparando un fusil Kalashnikov 26), sino que también se
dedicaron a asaltar y a robar a los aficionados en los alrededores del estadio 27. También se registraron múltiples agresiones en grupo y asaltos sexuales 28. Todo ello ante la pasividad de la policía francesa, de la cual algunos de sus efectivos
reconocieron -de forma anónima- que el evento [estaba] muy mal organizado 29.


7. A continuación se reproducen algunos de los testimonios, recogidos en prensa, de los españoles que estuvieron presentes en París 30:


18 https://www.lemonde.fr/vous/article/2008/09/29/seine-samt-denis-naissance-d-un-ghetto 1100152 3238.html; https://www.france24.com/en/trance/20210303-what-is-behind- the-increase-ín-gang-violence-in-francey https://www.lefigaro.fr/
actualite-france/2010/07/31/01016-20100731ARTFIG00004-insecurite-c-etait-intenable-nous-sommes-partís.php


19 https://www.elespanol.com/deportes/futbol/20220530/uefa-champions-entradas-falsas-brutalidad-policial-avalanchas/676182472 O.html


20 https://www.elperiodico.com/es/internacional/20151118/operacion-saint-denis-busca-cerebro-atentados-paris-4681776 y https://www.elmundo.es/eventos/en-directo/ 2015/11/13/26739-ataque-en-paris/


21 https://www.diariovasco.com/re/20101017/mas-actualidad/internacional/merkel-fracaso-multicultural-alemania-201010170120.html; https:/7www.elmundo.es/elmundo/2011/02/10/internacional/1297374185.html y
https://gaceta.es/actualidad/zemmour-saint-denis-hace-mucho-que-deio-de-ser-francia-se-parece-mas-a-el-bronx-20220530-1405/


22 FUNDACIÓN DISENSO (2021): El fracaso del multiculturalismo. Informe l, pág. 31. Accesible en: https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/01/20210202-INFQRME-El-fracaso-deI-multicuIturalismo-ok.pdf


23 Ibid., pág. 19.


24 https://www.mundodeportivo.com/futbol/champions-league/20220529/10Q1813816/uefa-explica-bloqueo-acceso-estadio-entradas-faIsas.html y https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/champions-league/2022/05/28-93324584/caos a saint denis
ingresso dei tifosi del liverpool bloccato e partita slittata


25 https://www.hispanidad.com/sociedad/testigo-en-paris-fmal-champions-he-visto-ninas-llorando-porque-habian-tocado-estos-tipos-si-acosadores-eran-magrebies_12034351_102.html y
https://gaceta.es/actualidad/aficionados-denuncian-la-violencia-de-magrebis-en-la-final-de-la-champions-el-estadio-esta-en-una-no-go-zone-lo-que-vivimos-fue-un-horror-20220529-1713/


26 https://www.abc.es/deportes/real-madrid/abci-polemica-francia-ioven-colo-final-champions-v-aparece-disparando-arma-siria-202205311035 noticia.html


27 https://www.marca.com/fútbol/champions-league/2022/05/29/629359f8268e3ecf6b8b456c.html


28 https://gaceta.es/actualidad/la-final-de-la-champions-ensena-las-consecuencias-fatales-del-multiculturalismo-y-de-la-inmigracion-descontrolada-20220530-1309/


29 https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220528-caos-en-los-accesos-al-stade-de-france-e-intrusos-dispuestos-a-todo


30 https://www.elmundo.es/deportes/futbol/champions-league/2022/05/30/6294a8bdfc6c83801e8b45b2.html



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- Venían en grupos de cuatro y te gritaban 'Hala, Madrid' antes de rodearte. En busca de tu móvil, tu cartera o tu mochila. Alguno salía a la carrera con el dinero en los calcetines.


- Dijeron que se lo habían encontrado y querían devolverlo. En recepción nos advirtieron de que ni se nos ocurriera volver por allí. En cualquier caso, nosotros insistimos, diciendo a los ladrones que les recompensaríamos por ello.
Entonces empezó a amenazarme, diciéndome que sabía dónde me alojaba y que iría a buscarme para violarme.


- Andábamos viendo lo que faltaba cuando llega otro magrebí con un cuchillo. Uno de mis amigos, en un acto reflejo cierra la puerta, mientras él nos amenaza a todos. Finalmente pudimos disuadirle.


- Notabas cómo te miraban para ver dónde llevabas la cartera. Luego tiraban del freno de emergencias para que saliera la gente, así que al final llegamos al hotel a las cuatro de la mañana.


- ¿Quién va a querer venir aquí en 2024 a los Juegos Olímpicos? No veo a París capacitada para organizar un evento tan grande. No son capaces de controlar a su propia gente.


Segundo. Respuesta oficial de las autoridades francesas.


8. Ante la avalancha de críticas por la gestión de los sucesos del 28 de mayo, las autoridades francesas se apresuraron a rechazar admitir su responsabilidad por lo ocurrido.


Así, por ejemplo, el ministro del Interior francés, D. Gérald Moussa Darmanin, acusó directamente a los aficionados del Liverpool vía Twitter declarando lo siguiente: Miles de hinchas británicos, sin billete o con falsos billetes, forzaron
las entradas y, a veces, violentaron a los empleados del Estado 31.


Por su parte, la ministra de Deportes, Dña. Amélie Oudéa-Castera, declaró lo siguiente: Junto al ministro del Interior, deploramos los incidentes que sucedieron durante la noche de la Liga de Campeones este sábado en el Estadio de Francia
y lamentamos que algunos aficionados con billete no pudieran asistir al partido 32. En este mismo sentido, al ser preguntada por los múltiples vídeos que mostraban a jóvenes de origen magrebí saltando las vallas con intención de colarse en el
estadio, la citada ministra declaró lo siguiente: Cuando tienes esta concentración de personas, hay tentativas de forzar las puertas del Estadio en las que, efectivamente, los jóvenes del barrio intentaron colarse. Hubo un conjunto de dificultades
33.


Tercero. Necesidad de una respuesta diplomática.


9. Pese al mencionado intento de las autoridades francesas de restar importancia a los hechos y culpar a la afición del Liverpool, el Gobierno del Reino Unido ha solicitado formalmente una investigación oficial al respecto 34.


10. En este sentido, la secretaria de Estado para la Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, Dña. Nadine Dorries ha declarado lo siguiente: Insto a la UEFA a que abra una investigación formal sobre lo que salió mal y
por qué, en coordinación con el personal del estadio, la policía francesa, la Federación Francesa de Fútbol, la policía de Merseyside y el Liverpool Football Club 35.


11. Por su parte, el Gobierno de España, y a pesar de la gran cantidad de ciudadanos españoles que acudieron al estadio de St-Denis, no ha emitido comunicado oficial alguno ni ha pedido explicaciones al Gobierno francés. De hecho, y a
diferencia de otras finales de la UEFA Champions League, como las de los años 2014, 2015 y 2016 36, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no emitió recomendación alguna a los españoles que tenían la intención de
desplazarse a París para ver el encuentro.


12. Por último, cabe recordar que, en 2024, la ciudad de París también albergará la celebración de los próximos XXXIII Juegos Olímpicos, lo cual hace necesario que el Gobierno, en vista de la inseguridad patente durante la celebración final
de la UEFA Champions League en París, establezca protocolos de seguridad y posible evacuación para los nacionales españoles (atletas y aficionados) que se desplacen a dicha ciudad, en caso de que su seguridad no pueda ser garantizada por parte de
las autoridades francesas, como ha ocurrido con ocasión de la final de la UEFA Champions League de 2022.


31 https://elpais.com/deportes/2022-05-29/el-fiasco-de-paris-nadie-asume-la-responsabilidad-por-los-incidentes-que-retrasaron-la-final-de-Ia-champions.html


32 https://wwvv.elperiodico.com/es/deportes/2Q220529/francia-investigara-incidcntcs-retrasaron-final-champions-13726723


33 https://iusport.com/art/117768/la-ministra-francesa-culpa-al-liverpool-y-a-la-uefa-de-los-incidentes


34 https://www.elmundo.es/deportes/fútbol/champions-leaeue/2022/05/29/6293aefffdddffla428b4575.html


35 https://www.politico.eu/article/blame-game-over-champions-league-final-chaos-as-liverpool-seeks-formal-probe/


36 https://www.exteriores.gob.es/es/Paginas/Resultados-de-busqueda.aspx?k=Champions



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Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Presentar una protesta diplomática formal al Gobierno de Francia por la situación de inseguridad y desamparo sufrida por los ciudadanos españoles durante la celebración, el 28 de mayo de 2022, de la final de la UEFA Champions League en
la ciudad de París.


2. Reforzar los servicios de asistencia a los españoles que se desplacen a este tipo de eventos en el extranjero, con el propósito de que tengan conocimiento efectivo de los posibles riesgos a los que se pueden exponer y las precauciones
que deben tomar al respecto.


3. Instar formalmente al Gobierno francés a que garantice la seguridad de los ciudadanos españoles que se desplacen a Francia durante la celebración de los próximos Juegos Olímpicos en 2024 y, en caso de que dicha seguridad no pueda ser
garantizada, establecer protocolos de seguridad y posible evacuación para dichos ciudadanos españoles


4. Promover todas las medidas que sean necesarias para reforzar los Protocolos de seguridad, control y prevención en la organización de eventos deportivos que vayan a celebrarse o se estén celebrando en España, al objeto garantizar la salud
e integridad de todos los españoles que acudan a los mismos, evitando, así, que no se replique la situación vivida en la ciudad París durante la celebración de la final de la UEFA Champions League.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2022.-José María Álvarez-Sala, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety Fernández de Castro y Emilio Jesús del Valle
Rodríguez, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/004265


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la eliminación de los cargos eventuales sin competencias en
la Administración para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.


Exposición de motivos


La Constitución Española establece en su artículo 31.2 que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y fija que la programación y ejecución del mismo deberá responder a los criterios de eficiencia y
economía. Esto supone que la adecuación de los medios previstos en los presupuestos públicos a los objetivos propuestos en los mismos debe realizarse con el menor coste posible. De hecho, este principio de eficiencia se encuentra también recogido
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que en su artículo 7 establece que las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y
presupuestación, atendiendo tanto a la situación económica como a los objetivos de la política económica y, además, atendiendo también al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.


Por desgracia, durante demasiado tiempo el bipartidismo ha ignorado este principio y ha utilizado los recursos públicos a su antojo, mirando más por sus objetivos particulares y partidistas que por el interés general y la sostenibilidad de
las finanzas públicas. En numerosas ocasiones, los sucesivos gobiernos del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han intercambiado recursos públicos



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de todos los españoles por apoyos parlamentarios de los partidos nacionalistas e independentistas para apuntalarse en el poder a costa de la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a servicios públicos o a oportunidades económicas.
Además, durante más de cuarenta años el bipartidismo ha aprovechado esa situación para copar las instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico e incluso local, con cargos eventuales de libre designación que, en demasiadas ocasiones,
no tenían asignadas funciones reales. Esto suponía que, por ejemplo, durante el gobierno de Mariano Rajoy se contrataran 'a dedo', en torno a 600 asesores de los que, además, ni siquiera un centenar de ellos contaban con estudios superiores.
Actualmente, el gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ha incrementado ese número en unos 170 asesores de libre designación más, llegando a suponer un gasto de unos 27 millones de euros al año.


De hecho, de acuerdo con los datos aportados por la plataforma de transparencia Civio, muchos de esos puestos de libre designación están ocupados por personas que han estado ligados al PSOE o a Unidas Podemos, habiendo incluso sido
candidatos electorales de estas formaciones que, finalmente, no obtuvieron escaño. Más de 200 de estos asesores del Gobierno son integrantes de gabinetes que, al no haber conseguido el éxito electoral en comicios en los que integraron las listas de
ambos partidos, fueron contratados 'a dedo' como asesores de los diferentes ministros que conforman el Gobierno. Esto supone, además, que algunos de los partidos políticos que entraron en la escena pública española prometiendo regeneración y acabar
con este tipo de prácticas que benefician a los partidos a costa de los recursos públicos de todos los españoles también han acabado entrando en el mismo juego del bipartidismo, protagonizando casos tan bochornosos como el de la niñera de la
ministra Irene Montero, empleada a cargo del erario del Ministerio de Igualdad.


Por el contrario, desde Ciudadanos hemos defendido siempre la necesidad de proteger y promover ese principio de eficiencia del gasto público, también en lo referente al personal. Por ejemplo, cuando Ciudadanos ostentaba las competencias de
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, nuestra vicepresidencia llegó a un acuerdo con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para encomendar a este organismo la elaboración de
un estudio de la Administración de Castilla y León para la implantación de un sistema de evaluación de políticas públicas y, por otro lado, de un estudio de revisión del gasto público para asegurar que ese principio de eficiencia se integraba en
todas las medidas aprobadas por el gobierno autonómico. Sin embargo, el PP decidió dinamitar ese gobierno para expulsar a Ciudadanos del mismo, evitando que se pusieran en marcha esas medidas de regeneración y ahorro en el presupuesto público. Es
más, la nueva Junta de Castilla y León ha cambiado la vicepresidencia liberal de las medidas para asegurar la eficiencia del gasto público por una vicepresidencia ocupada por VOX cuya única función es, precisamente, dar un sueldo público al
candidato electoral de esta formación y colocar 'a dedo' incluso a sus familiares.


Asimismo, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, Ciudadanos también se encarga de las competencias de eficiencia del gasto público en la administración autonómica, y sólo durante los primeros 100 días de gobierno conseguimos
eliminar más de 100 entes públicos sin competencias que servían únicamente como refugio de 'enchufados' por el PSOE. Según un informe de la Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local liderada por Juan
Marín, se han realizado 54 auditorías para eliminar, reducir o fusionar organismos, se han puesto en marcha medidas de racionalización organizativa para agilizar procesos en la administración andaluza, se ha suprimido gasto superfluo y se han
cerrado entes cuya única función era posibilitar la colocación de personas y el pago de favores políticos.


En definitiva, los liberales hemos demostrado ser la garantía de que se toman medidas de ahorro de recursos públicos y hemos sido los únicos que hemos mantenido nuestro compromiso con la ciudadanía de velar por la eficiencia del gasto que
financian todos los españoles. Además, Ciudadanos ha sido uno de los mayores impulsores de la labor que realiza la AIReF, especialmente los denominados 'Spending Review', que se encargan de estudiar, precisamente, esa eficiencia del gasto público
de las administraciones desde la independencia y la experiencia profesional.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a encomendar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un estudio especial de revisión del gasto público de las administraciones



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públicas que identifique todos los cargos de libre designación sin competencias reales para proceder a su eliminación y al consiguiente ahorro presupuestario que esto supondrá.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2022.-José María Espejo-Saavedra Conesa, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Interior


161/004281


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la
toma de medidas urgentes para evitar el colapso que sufren las oficinas de extranjería en las Subdelegaciones y Comisarías de Policía Nacional, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


La realidad en cifras de la migración en España, que roza ya los seis millones de residentes, poco tiene que ver con la que existía cuando se planearon y se dotaron las oficinas de extranjería. Estas dependencias son las unidades que
integran los diferentes servicios de la Administración General del Estado competentes en la materia, al objeto de garantizar la eficacia y coordinación en la actuación administrativa.


Casi dos millones de personas extranjeras son ya titulares de una autorización de residencia de larga duración. Es decir, han sido autorizadas a trabajar y residir de manera indefinida en España, en las mismas condiciones que los españoles.
Sin embargo, el ejercicio de sus derechos como residentes de larga duración se encuentra condicionado a la renovación de su tarjeta de identidad cada cinco años. Las dificultades para la obtención de una cita previa para la renovación de sus
tarjetas, constituye un motivo constante de quejas ante el Defensor del Pueblo.


Otras 500.000 personas cuentan con una autorización temporal para residir. Lo que implica que han de acreditar periódicamente, ante la oficina de extranjería de su lugar de residencia, que cumplen los requisitos para la renovación, las
demoras en su tramitación y la disparidad de los criterios que se aplican es la constante habitual.


El número de residentes con certificado de registro en régimen de libre circulación en la Unión Europea supera ya los tres millones de personas. Se benefician de este régimen los ciudadanos de la Unión que residen en España
(fundamentalmente de nacionalidad rumana e italiana) y sus familiares (principalmente nacionales de Marruecos, Colombia y Venezuela). Quienes tienen la intención de permanecer o fijar su residencia en España durante más de tres meses están
obligados a solicitar un certificado de registro o una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.


Las quejas se centran fundamentalmente en las demoras para la obtención del primer certificado y, en el caso de los familiares, para la renovación de sus tarjetas.


A los tres grupos de ciudadanos anteriormente citados (residentes de larga duración, residentes temporales y ciudadanos de la Unión Europea y familiares) se suman las personas solicitantes de protección internacional y las que ya han
adquirido algún tipo de protección. Las quejas de este colectivo se centran también en las demoras para la obtención de citas para la tramitación de sus solicitudes y para la obtención y renovación de las tarjetas de identidad que acreditan su
condición.


En la gestión de los flujos migratorios, España, por su singular posición geográfica, se enfrenta a un reto especial. La necesidad de identificación ágil de las personas que intentan acceder a Europa de manera irregular y tienen necesidades
de protección internacional, diferenciándolas de aquellas otras que intentan acceder de manera irregular con el objetivo de buscar una vida mejor y en quienes pueden concurrir o no otras circunstancias excepcionales que permitiesen su entrada en el
país.



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Las consecuencias de la falta de identificación temprana de estas personas son variadas y afectan de manera directa, por un lado, a la credibilidad del sistema español de protección internacional y, por otro, al agravamiento de las
condiciones de especial vulnerabilidad en la que se encuentran.


En su informe del año 2021 el Defensor del Pueblo ya comienza su relato sobre migraciones alertando del grave colapso que sufren las oficinas de extranjería: 'Un año más, en función del número de quejas recibidas, la cuestión que más ha
afectado a las personas extranjeras residentes en España han sido las demoras en los trámites para la obtención de sus tarjetas de identidad, las citas para solicitar la protección internacional y, una vez formalizada esa solicitud, las largas
demoras para la realización de entrevistas o para la obtención de la documentación que acredita tal condición.


El Defensor del Pueblo reitera la necesidad de abordar sin más demora las carencias estructurales en la gestión de los procedimientos que afectan a un importante número de personas extranjeras que, por motivos muy diferentes, se encuentran
en España.


Por otra parte, Entidades sociales vienen denunciando que es casi imposible para los migrantes conseguir cita para renovar su documentación por los cauces legales.


En este momento no hay citas disponibles. En breve, la Oficina pondrá a su disposición nuevas citas'. Ese es el mensaje más habitual a la hora de pedir cita previa por internet para realizar trámites de Extranjería en las oficinas de
documentación de la Dirección General de la Policía, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, donde reside más población migrante.


El sistema no da abasto porque el número de citas es realmente escaso, apenas unas pocas decenas al día para realizar trámites vitales para cualquier extranjero que, en caso de no tener al día sus documentos, puede ser sancionado por la
Policía o, incluso, perder un empleo.


Por ejemplo, para obtener una sola cita, para depositar las huellas dactilares para solicitar o renovar la Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE) o, simplemente, ir a recogerla es una tarea tan complicada que se ha generado un lucrativo
mercado. Personas particulares, a través de foros en internet, se dedican a obtener las pocas citas que salen para ofrecerlas por entre 150 y 300 euros a los desesperados que tienen que realizar alguno de los trámites. También ponen anuncios
ofreciendo 'ayuda' para la obtención de una cita determinada que luego cobran.


Desde hace meses la situación no cambia, y miles de ciudadanos extranjeros se encuentran en una situación de desamparo y total merma de sus derechos, al no poder cumplir con sus obligaciones en materia de Extranjería.


Según denuncian los sindicatos hay alrededor de una 30% de puestos administrativos vacantes en la Dirección General de la Policía. Están unos 3.100 trabajadores cuando deberían ser 5.025, además, los refuerzos que se ponen no son nuevo
personal administrativo, sino policías sacados de la calle o en prácticas para cubrir puestos administrativos, añade. Un 'parche' según los sindicatos que cuesta más a las arcas públicas, 'porque el salario de un policía es alrededor de 600 euros
superior al del personal administrativo', y que causa problemas en las tramitaciones por falta de formación de los agentes en materia administrativa.


Un expediente que tiene un plazo máximo de tres meses para su contestación, puede acumular ya más de nueve meses, y los de reagrupación familiar que Extranjería debe culminar en un máximo de 45 días, ya acumulan, en muchos casos, más de 120
días de retraso, lo que supone un grave perjuicio para las personas inmigrantes.


No disponer de la autorización administrativa impide a estas personas acceder a un puesto de trabajo, abrir una cuenta corriente, acceder a un alquiler o solicitar ayudas sociales. A veces, cuando consiguen regularizar su situación ya es
demasiado tarde, y los empleadores ya no están dispuestos a darlos de alta en la Seguridad Social.


No debemos olvidar que detrás de cada trámite de extranjería hay una vida, un trabajo y una familia, personas con nombre y apellidos que necesitan resolverlos para seguir adelante.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Dotar con carácter de urgencia, de los recursos tecnológicos y humanos a las Subdelegaciones del Gobierno y a las Comisarías de la Policía Nacional para garantizar el acceso ágil y eficaz a los trámites



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que deben realizar los extranjeros, tal y como se contempla en las líneas estratégicas de la Dirección General de Policía (DGP) para las Oficinas de Documentación.


2. Habilitar más centros de extranjería, mientras no se solucione la situación de colapso que sufren los servicios que existen en la actualidad.


3. Proceder al aumento de plazos para la obtención o para la prórroga de la vigencia de las autorizaciones de estancia y permanencia de los extranjeros, cuando hayan solicitado cita para ello y sea achacable a la Administración el retraso o
la imposibilidad para finalizar dichos trámites. Debe entenderse que los extranjeros no puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida por un mal funcionamiento de la Administración.


4. La prórroga para la obtención o renovación de éstas autorizaciones se realizará mediante la modificación de la Orden Ministerial (SND/421/2020), publicada el 20 de mayo en el BOE, o mediante una nueva norma que ambos casos deberá
adaptarse en cuanto a su contenido a la situación de parálisis de las oficinas de extranjería y extender su vigencia durante el tiempo que duren las dificultades para obtener las citas y los documentos solicitados.


5. Dar cuenta de la aplicación de las medidas incluidas en esta PNL a la Comisión de Interior en el plazo de dos meses.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2022.-Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/004273


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso el Tren de la Costa en la
Comunidad Valenciana, para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


El Tren de la Costa es una de las mayores demandas en materia de infraestructuras ferroviarias de la Comunidad Valenciana. Una reivindicación histórica y necesaria para la vertebración del territorio de esta Comunidad, ya que conectaría
Alicante y Valencia por el litoral, comunicando por tren las comarcas valencianas de la Safor y la Marina Alta.


La ejecución de la primera fase de Tren de la Costa era una de las actuaciones incluidas en el Plan de Cercanías de diciembre de 2017 del Ministerio de Fomento. Sin embargo, cinco años después el proyecto está en punto muerto y el Gobierno
sigue sin concretar plazos para su ejecución. Son más de 30 los kilómetros pendientes de construcción, lo que supone que la franja del arco litoral Alicante-Valencia (entre Gandía y Denia) se encuentra ferroviariamente incomunicada del resto de la
red.


El Ministerio inició un nuevo periodo de información pública del estudio informativo, además de nuevos estudios de impacto ambiental, nuevos trámites administrativos que añadirán aún más retrasos a la demora que acumula este proyecto. Tanto
el tejido social como empresarial de estas comarcas de la Comunidad Valenciana denuncian una 'clara falta de voluntad' en el impulso de esta infraestructura.


Recientemente, la Unión Europea ha puesto a disposición de los Estados miembro los fondos Next Generation EU para que los países puedan acometer su recuperación y su transformación económica. En este sentido, desde Europa encontramos una
firme apuesta por los medios de transporte que contribuyen a la descarbonización. El sector de la movilidad es uno de los más beneficiados por estos fondos.


El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) dedica cerca del 20% del presupuesto a que Administraciones públicas, empresas y ciudadanos impulsen cambios en las ciudades con el fin de hacerlas más limpias, sostenibles,
conectadas y seguras. Entre los objetivos del plan están la reducción del uso del vehículo privado y la rebaja de emisiones. Más de 1.600 millones de euros para el impulso de



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la red de ferrocarril de Cercanías española. El Tren de la Costa cumple con los requisitos, parámetros y objetivos para ser susceptible de la recepción de este tipo de financiación europea. Sin embargo, esta conexión del litoral valenciano
vuelve a evidenciar el escaso interés que suscita por parte del Gobierno.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Convocar, en el plazo de un mes, la comisión de seguimiento entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio, de acuerdo con el protocolo del 11 de octubre de 2011 a fin de clarificar los plazos y el contenido de la inversión anunciada
por el Ministerio respecto a la infraestructura del Tren de la Costa. Además de informar de la situación en la que se encuentran los diferentes trámites administrativos.


2. Comprometer los recursos económicos necesarios para acometer la ejecución del proyecto en su totalidad con carácter urgente.


3. Incluir el proyecto del Tren de la Costa entre aquellos susceptibles de ser financiados con los fondos Next Generation EU.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero y María Muñoz Vidal, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/004278


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el acoso inmobiliario por parte de la Sareb contra inquilinos de la urbanización Privada Moderna en la ciudad de Vigo, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


En la calle Privada Moderna de la ciudad de Vigo, que se sitúa entre las calles Urzaiz y San Roque en el barrio de O Calvario, existe un bloque de cuarenta y dos viviendas, de las cuales seis inmuebles siguen en la actualidad habitados por
inquilinos e inquilinas que gozan de contrato de arrendamiento vitalicio de sus viviendas con rentas antiguas. Estas viviendas son en la actualidad un activo de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SAREB,
que está participada mayoritariamente por el Estado.


Desde hace cinco años estos inquilinos e inquilinas son víctimas del hostigamiento de la propia SAREB con el propósito de forzar su abandono de las viviendas. Un acoso inmobiliario que se manifiesta en la negativa reiterada a acometer las
obras de reforma necesarias, en edificaciones de cerca de cien años de antigüedad y que presentan algunos desperfectos y deficiencias, que han motivado que la propia Gerencia Municipal de Urbanismo del Concello de Vigo resolviese requerir esas
actuaciones que hasta el momento no se han realizado.


Estas deficiencias que provocan un riesgo y evidente malestar para los vecinos y vecinas son fundamentalmente referidas a filtraciones de agua en cubierta y otros problemas estructurales. Pero lejos de ser atendidos, según denuncian las
personas afectadas, las únicas actuaciones emprendidas por la SAREB son de desmantelamiento interior de los propios edificios con la pretensión, se infiere, de forzar una declaración de ruina que permita su expulsión y la promoción de nuevas
edificaciones en un ámbito de gran interés urbanístico.


Si el acoso inmobiliario es un fenómeno de por si grave e inaceptable, además de ilegal, que lo ejerza una sociedad como la SAREB, con mayoritaria participación pública del Estado a través del FROB, resulta a todas luces intolerable.


Garantizar el derecho a la vivienda es incompatible con permitir que la Sareb actúe con este proceder, reproduciendo los modos y maneras propios de fondos buitre que conciben las viviendas como mercancía para la especulación y no como un
bien esencial y básico.



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Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Adoptar con firmeza y agilidad todas las medidas y actuaciones que fueren precisas para poner fin al acoso inmobiliario que ejerce la Sareb contra los y las inquilinas de viviendas de su titularidad en la calle Privada Moderna de la
ciudad de Vigo, así como para que la referida sociedad acometa las obras de reforma necesarias para garantizar la seguridad y habitabilidad de esos inmuebles y los espacios comunes.


2. Efectivizar la transferencia en favor de la Xunta de Galiza de todos los bienes inmuebles de los que es titular la SAREB en territorio gallego para su incorporación al Parque Público de Vivienda y el fomento de los alquileres sociales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/004272


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, doña Georgina Trías Gil, don Joaquín Robles López, doña María Reyes Romero Vilches, don José Ramírez del Río, doña Teresa López Álvarez y doña Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para la defensa del
derecho a la educación en español, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.


Exposición de motivos


Primero. El deber de conocer y el derecho de usar el español en todo el territorio nacional.


El artículo 3 de la Constitución Española ('CE') establece lo siguiente:


'1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.


2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.


3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.'


Este precepto recoge lo que podría denominarse el 'marco de regulación del uso de las lenguas' españolas, o las 'líneas maestras del modelo lingüístico' por el que opta la CE (cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 82/1986, de 26 de
junio), a saber:


- Oficialidad del español en todo el territorio nacional.


- Deber de conocer el español y derecho a usarlo por todos los españoles en la totalidad del territorio nacional.


- Cooficialidad, en las respectivas regiones, de la correspondiente lengua.


- Remisión a los Estatutos de Autonomía de la regulación completa de la respectiva lengua cooficial, en el marco del derecho-deber del apartado 1.


- Mandato a los poderes públicos de protección de la riqueza lingüística de la Nación.


Los principios antedichos se completan con otras menciones sobre la lengua que efectúa la CE en distintos títulos de su articulado:



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- El inciso cuarto de su Preámbulo señala que es voluntad de la Nación española 'proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de [...] sus [...] lenguas [...]'.


- El artículo 20.3 CE señala que 'la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos
sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España'.


- El artículo 148.1.17.ª CE señala que 'las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 17.ª El fomento [...] de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma'.


- La disposición final prescribe la publicación del texto oficial (esto es, en español) de la Constitución 'también en las demás lenguas de España'.


Por su parte, los numerosos pronunciamientos efectuados por el Tribunal Constitucional ('TC') sobre materia lingüística concretan el alcance de los mandatos jurídicos llevados a cabo por los referidos preceptos. Así, el 'supremo intérprete
de la Constitución' ha señalado lo siguiente:


- 'Sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen' (SSTC 82/1986 y 84/1986). En cambio, 'no existe un deber constitucional de
conocimiento de una lengua cooficial' (STC 84/1986), ni podrá ser impuesto un deber de conocimiento análogo para una lengua cooficial por Estatuto de Autonomía alguno (STC 31/2010) 37. La inexistencia de este correlativo deber de conocimiento de
las lenguas cooficiales españolas no puede ser considerada como un hecho discriminatorio (STC 84/1986).


- 'Según el núm. 1 del art. 3 de la Constitución, el castellano es la lengua española oficial del Estado, y entendiéndose obviamente aquí por 'Estado' el conjunto de los poderes públicos españoles, con inclusión de los autónomos y locales,
resulta que el castellano es lengua oficial de todos los poderes públicos y en todo el territorio español' (STC 82/1986, FJ 2).


- 'El régimen de cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no sólo la coexistencia sino la convivencia de ambas lenguas cooficiales [...]. Los poderes públicos deben garantizar, en sus
respectivos ámbitos de competencia, el derecho de todos a no ser discriminado[s] por el uso de una de las lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma' (STC 337/1994).


- De la declaración del catalán como 'lengua propia' por parte del Estatuto (artículo 6.1) no puede derivarse su uso 'preferente' sobre el español por parte de las Administraciones Públicas, en detrimento del 'equilibrio inexcusable entre
dos lenguas igualmente oficiales' (STC 31/2010, FJ 14).


A pesar de la rotundidad de lo expuesto, determinadas regiones españolas (entre las que destaca, señaladamente, Cataluña) dictan normas y llevan a cabo políticas públicas que tratan de imposibilitar el uso y aplicación de este artículo
constitucional. De esta manera, se dificulta e, incluso, se impide el uso del español, cercenando el deber individualizado de conocimiento que rige respecto de la lengua común y arrinconando la 'riqueza lingüística' de España, que todos los poderes
públicos, cualquiera que sea su ámbito territorial, deben respetar y proteger.


El español es la lengua común y propia de todos los españoles: las lenguas regionales también son españolas, pero solo la primera es la lengua para el ejercicio de los derechos de cualquier español en cualquier lugar de España.


Segundo. Deslealtad de algunas regiones de España.


Ya se ha anticipado cómo determinadas autoridades regionales usan la lengua no como herramienta de comunicación, sino como elemento de división y enfrentamiento. La estrategia de inmersión lingüística 38 practicada desde la promulgación de
la CE con el fin de 'normalizar' el uso de las lenguas españolas regionales pareciera no tener por objeto principal tanto la consolidación de las respectivas lenguas en su correspondiente territorio cuanto la eliminación de facto del español y su
extirpación como lengua en determinadas regiones.


37 En caso de que dicha imposición se llevase a cabo, debe interpretarse, según el TC, en el sentido de un deber de conocimiento 'individualizado y exigible', de 'naturaleza distinta del que tiene por objeto al castellano [...] pues no es un
deber generalizado para todos los ciudadanos [de la región correspondiente]' (STC 31/2010).


38 Entendida esta, según la describe el Instituto Cervantes, como 'programa de enseñanza de una segunda lengua en el que alguna de las materias del currículo escolar (o todas ellas) se estudia en una lengua que no es la L1 de los
estudiantes'. Al respecto, ver https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/ diccionario/ inmersionlinguistic a.htm



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Los más perjudicados por lo anterior son todos aquellos 39 convertidos en españoles de segunda y obligados por los poderes públicos, que son los que debieran garantizar sus derechos, a acudir a centros privados para recibir enseñanza en la
lengua de todos 40. En este sentido, también queda afectada la población inmigrante procedente de Hispanoamérica, que encuentra en esta inmersión obligatoria una lengua que le es ajena, siendo un impedimento más para su integración. No podemos
obviar que muchos eligen España como destino para vivir, precisamente, por los lazos históricos y culturales de unión que existen, basados fundamentalmente en la lengua.


La instrumentalización de la lengua cooficial y la persecución del español se ha repetido en todos los ámbitos de prestación de los servicios públicos, con la colaboración e impulso de una parte del tejido asociativo y de la sociedad civil.
Así, medios de comunicación y familias han denunciado situaciones de este tipo en sectores tan variados como la Administración de Justicia 41, el acceso a las funciones y cargos públicos (principalmente, en el ámbito sanitario en Cataluña y
Baleares) 42, en la rotulación de locales y establecimientos comerciales 43 y, por supuesto, en la enseñanza.


Así, en este último ámbito es sistemática la presión a los padres para que desistan del propósito de solicitar para sus hijos una escolarización bilingüe, por parte de las direcciones de los centros escolares, con el amparo de las
autoridades educativas. En este sentido, son incontables los casos de vulneración de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en numerosas regiones, entre los que han de destacarse los siguientes:


- En Cataluña se han producido numerosas campañas contra los niños que utilizan el español en los patios de sus colegios. En este sentido, 'primero fue Plataforma per la Llengua la que se dedicó a espiar, sin permiso de los padres, la
lengua que se hablaba en los patios. Ahora otra plataforma, No t'excusis, se dedica a presionar a niños, docentes y padres para que los chavales no hablen castellano en el patio' 44.


- Una de las situaciones más graves que se han vivido hasta la fecha tuvo lugar en un colegio de Tarrasa, cuando una profesora agredió, presuntamente, a una niña por dibujar la enseña nacional y escribir 'Viva España' en dicho dibujo 45.
Asimismo, un niño de 5 años fue sancionado con una etiqueta roja en un colegio de Sitges por no hablar en la 'lengua vehicular', esto es, el catalán 46. Adicionalmente, y entre otros casos de instrumentalización de niños trasladados al Ministerio
de Educación, una madre denunció que en la Escuela Reina Violant de Barcelona se castiga a los niños por hablar español en el aula 47.


- El director de una escuela de Balaguer (Lérida) concedió una entrevista a medios de comunicación para informar de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña amparó la petición de unos padres para doblar el número de
horas lectivas en español en el centro. En el curso de la entrevista el director reveló los suficientes datos como para que un periodista identificase a la familia y la ubicación de su negocio. Tras ello se desató una campaña de acoso a los
menores por parte de la Asociación de Padres de Alumnos, de la Consejería de Educación, de autoridades locales y regionales y de compañeros de los propios menores, lo que obligó a los padres a trasladar a sus hijos a otro centro fuera de la
localidad 48.


Pero las vulneraciones de los derechos de los menores castellanohablantes a recibir enseñanza en español no solo provienen de autoridades de regiones gobernadas por partidos separatistas. Así las cosas, en regiones gobernadas por el Partido
Popular ('PP') y por el Partido Socialista Obrero Español


39 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/ll/Informe-7-20211130.pdf


40 https://www.vozpopulicom/ espana/ Cataluña/ colau-colegios-privados-castellano.htm


41 https://www.libertaddigital.com/ espana/ 2017-01-11/sancionan-a-una-juez-en-cataluna-por-no-entender-el-catalan-1276590360/


42 https://www.elespanol.com/ reportajes/20210912/paradoja-baleares-expulsa-medicos-no-contrata-personal/610940256_0.html


43 https://www.lavanguardia.com/politica/20120222/54258472506/generalitat-impuso-226-sanciones-comercios-por-no-rotularcatalan-2011.html


44 https://www.elcatalan.es/campana-totalitaria-contra-los-ninos-que-hablan-espanol-en-los-patios-de-las-escuelas-catalanas


45 https://www.vozpopuli.com/ espana/ Cataluña/ agresion-terrassa-colegio-hablar-castellano-equiparableinsultar_0_1256574995.html


46 https://www.libertaddigital.com/ sociedad/marcan-con-una-pegatina-roja-a-un-nino-de-5-anos-por-no-hablar-catalan-en-elpatio-1276414551/


47 https://www.antena3.com/noticias/espana/ninos-castigados-hablar-espanol-clase-casos-que-educacion-estudia-adoctrinamiento-independentista-colegios-catalanes_201805035aeb6dc90cf2272640f7ebbb.html


48 De este caso y de otros flagrantes se da cuenta en el informe La discriminación de los castellanohablantes en el modelo educativo catalán, de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB): https://www.aebcatalimya.org/
es/documentación/ documentos-aeb/144-la- discriminaci% C3 % B3n-de-los-castellanohablantes-en-el-modelo-educativo-catal% C3 % Aln



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('PSOE') existe una persecución del español similar a la que se practica en Cataluña o en el País Vasco. Así:


- En Galicia, gobernada por el PP con mayoría absoluta desde 2009, la Consejería de Educación prohíbe a los profesores y a los centros educativos redactar las programaciones didácticas en español y no usa el español en sus comunicaciones.
Asimismo, hace mucho tiempo que en Galicia no es posible estudiar solo en español. Incluso órganos del gobierno regional gallego ponen en marcha concursos literarios cuyas bases excluyen los redactados en español.


- Por su parte, en la Comunidad Valenciana, dirigida por el PSOE en coalición con Unidas Podemos y con el partido separatistas Compromís, otra menor escribió una carta al anterior ministro de Educación y hoy nombrado Defensor del Pueblo, don
Ángel Gabilondo Pujol, en la que explicaba que le habían suspendido una asignatura en el colegio por responder las preguntas en español y no en valenciano 49.


- Asimismo, en Baleares, también gobernada por el PSOE con Podemos y el partido separatista Més per Mallorca, se encuentra en tramitación parlamentaria un proyecto de ley de educación que pretende 'garantizar el uso de la lengua catalana,
propia de Baleares, como lengua de enseñanza y aprendizaje, al menos, en la mitad del cómputo horario escolar con el objetivo de asegurar el proceso de normalización lingüística'. No en vano, el pasado 22 de octubre los responsables de política
lingüística de Cataluña, Baleares y Valencia se reunieron en Barcelona para 'consolidar la normalización lingüística' en sus respectivos territorios 50. De esta manera, se profundiza así en la política de inmersión lingüística en catalán mantenida
por todos los ejecutivos regionales a cargo, entre otros, del PP.


Es decir, en determinadas regiones (siendo el ejecutivo de Cataluña el ejemplo paradigmático al que pretenden emular otros gobiernos regionales como el gallego, el balear, el vasco o el valenciano) concurren todas las características de una
imposición lingüística, esto es: deslealtad institucional por parte de las autoridades regionales, que incumplen su mandato constitucional; existencia de un lobby de la lengua fuertemente subvencionado y que sigue instrucciones netamente
políticas; promoción exclusiva de la cultura (literatura, música, televisión) en lengua regional; complicidad del PP y del PSOE; y manipulación de las generaciones más jóvenes como pieza clave para la invención de una nación 51.


Tercero. El incumplimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.


El pasado 23 de noviembre se conoció que el Tribunal Supremo había dictado providencia de inadmisión de un recurso interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra la sentencia 5201/2020, de 16 de diciembre, del Tribunal Superior de
Justicia de esa región, que obligó a las autoridades educativas de la región a impartir, al menos, un 25% de las horas lectivas en lengua española.


El referido Tribunal solicitó a la Consejería de Educación catalana que aportase datos correspondientes acerca del uso de ambas lenguas, española y cooficial, en el ámbito educativo. El documento (como se señala, aportado por la propia
Consejería) puso de manifiesto lo siguiente:


'La media de horas de utilización del castellano en los centros de enseñanza es del 18% en el caso de la educación primaria, del 19% en los centros de educación secundaria obligatoria y del 26% en el caso del bachillerato. Asimismo, sólo 5
de los 184 centros incluidos en la muestra imparten íntegramente en lengua castellana un 25% de las áreas o materias, de las que al menos una es troncal aparte de la enseñanza del castellano, en todos los cursos o grupos. Concretamente cumplen con
este estándar un 2% de los centros de educación primaria y un 12% de los centros de bachillerato.'


49 https://esradio.libertaddisital.com/sr-ministro-gabilondo-me-suspenden-por-utilizar-el- espanol-en-el-colegio-1276382274/


50 https://www.elmundo.es/cataluna/2021/10/23/6172f004e4d4d8e2358b4690.html


51 Además de los casos expuestos, la asociación Hablamos Español 'solicitó a las Consejerías de Educación de las regiones bilingües las programaciones didácticas de todas las asignaturas en español. Dos días después, teníamos todas las del
País Vasco, lo que demuestra que no es una petición tan complicada. Para las de Cataluña, Galicia, Baleares y Comunidad Valenciana, hemos tenido que reiterar las peticiones, acudir al Defensor del Pueblo, a las distintas comisiones de transparencia
autonómicas y hacer alegaciones. Diez meses más tarde, hemos conseguido las de Cataluña'. El informe publicado señala que algunos centros educativos en Cataluña respondieron a su petición que 'ya hemos estado bastantes años programando en
castellano. Iros [sic] a cagar!' o que 'no tenemos ninguna programación en español, ni en quetxua, ni en suahili, ni en lemerig, ni en chemehuevi, ni en njerep, ni en talema, ni en liki, ni en ongota, ni en dumitrescu, ni en chamicuro'. De acuerdo
con este informe, el 48% de los centros escolares catalanes no tiene ninguna programación en español, y el 49,2% solo envía en español la programación de la asignatura 'Lengua castellana'. La situación no es mejor en Galicia, gobernada por el PP,
donde la Consejería de Educación ni siquiera contesta a las peticiones de la asociación, y el órgano regional de transparencia no obliga a ese departamento del Gobierno autonómico a que proporcione la documentación solicitada.



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Para entender la resolución del procedimiento juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es necesario retroceder al 24 de abril de 2015, fecha en la que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presentó escrito de
interposición dirigido contra la inactividad de la Generalidad de Cataluña, por omitir todo posible desarrollo normativo en aplicación de los artículos 3.1,14 y 27.1 de la Constitución y de la disposición adicional 38.ª de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación ('LOE').


La referida disposición adicional, añadida a la LOE por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, abordó el régimen en materia educativo de la 'lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que
gocen de protección legal', bajo el principio de que 'las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus
respectivos territorios. El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas' y con la finalidad de que 'todos los alumnos [...] deberán comprender y
expresarse, de forma oral y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente'.


El artículo 35.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña impide la segregación de alumnos por grupos o aulas en función de su lengua. De la misma manera, el artículo 11 de la Ley catalana 12/2009, de 10 de julio, de Educación, que repite el
tenor estatutario en su apartado 3, dispone en su apartado 1 que 'el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo'. El TC declaró la inconstitucionalidad
del régimen lingüístico puesto en marcha por esta norma mediante Sentencia 51/2019, de 11 de abril. Del análisis conjunto de la jurisprudencia constitucional en esta materia, así como de las resoluciones del Tribunal Supremo (señaladamente, la
Sentencia de 24 de septiembre de 2013), se ha establecido que, con independencia de que el modelo lingüístico en la educación admita flexibilidad en función de las circunstancias, ha de existir un mínimo por debajo del cual no se puede entender que
el uso vehicular de la lengua alcance la condición de normal dentro del sistema. Este mínimo se ha fijado en el umbral del 25%.


A pesar de lo expuesto, el 24 de noviembre de 2021 el consejero de Educación del gobierno regional catalán, don Josep González Cambray, solicitó por carta a todos los directores de los centros educativos que no cambiasen su proyecto
lingüístico docente 52, señalando que la decisión judicial constituye 'un grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana, hecho desde un tribunal alejado y desconocedor de la realidad sociolingüística de los centros educativos'.


Asimismo, el Parlamento de Cataluña votó el 29 de noviembre de 2021 en contra de una propuesta de resolución, presentada por el Grupo Parlamentario VOX en la Comisión de Educación de esa asamblea regional, en la que se instaba al Gobierno de
la Generalidad a 'dar cumplimiento a las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que acuerdan establecer enseñanza en castellano en porcentajes no inferiores al 25% en todos los centros públicos catalanes', así como a
respetar 'el principio constitucional por el cual el castellano debe ser lengua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales opcionales'. El PSOE catalán votó, junto con los partidos separatistas y con Unidas Podemos, en contra de esa propuesta
de resolución 53.


Como se observa, el gobierno regional catalán (con el apoyo del PSOE) no tiene intención alguna de cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, confirmada por el Tribunal Supremo. Antes al contrario, en una
comparecencia con la presidenta de las Islas Baleares, la socialista doña Francina Armengol Socías (del PSOE), el presidente regional catalán, don Pere Aragonés García, indicó que 'lo que tenemos que hacer es incrementar el uso del catalán en las
escuelas y reforzar el aprendizaje, ir en sentido contrario de lo que dice la sentencia' 54 y que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ya 'expresó su disconformidad con lo que preveía la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo'.
Es decir, que el propósito separatista de arrinconar el español y a los hispanohablantes para reducir a la lengua española y a quienes la utilizan a la marginalidad espera contar con la complicidad del Gobierno de la Nación.


El último desafío por parte de la Generalidad de Cataluña ha sido la aprobación del Decreto-ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la


52 https://www.europapress.es/Catalunya/noticia-cambray-pide-carta-directores-no-cambien-proyecto-linguistico-20211124094903.html


53 https://www.larazon.es/cataluna/20211129/bwcrftxjfvd5jhm4djpwe7oyga.html


54 https://www.elindependiente.com/espana/2021/11/24/el-govern-pide-a-los-maestros- que-no-apliquen-la-sentencia-del-25-ybusca-la-complicidad-del-gobierno/



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revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos. Esta nueva norma no cita parámetros numéricos ni porcentajes en la enseñanza y uso de las lenguas en los centros educativos, por lo que quebranta el contenido dispuesto en la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.


En este sentido, Dña. Patricia Plaja, portavoz de la Generalidad, ha manifestado expresamente que esta norma tiene por objeto 'proteger los centros y sus direcciones de las injerencias de los tribunales, especialmente en cuanto a la
elaboración de los proyectos lingüísticos', salvaguardar el modelo de escuela catalana, 'rechazando cualquier intento de ligar el aprendizaje de las lenguas a porcentajes o valores numéricos'. De la misma manera, el referido Consejero de Educación,
Sr. González Cambray, ha calificado la sentencia del TSJC como una 'aberración pedagógica' que, a su juicio, vulnera un supuesto 'acuerdo de país'.


En definitiva, el gobierno regional catalán se burla de la justicia, se sitúa en rebeldía frente al Estado de Derecho, se jacta de obviar sentencias dictadas con todas las garantías y no muestra signo alguno de voluntad de cumplir las
resoluciones judiciales. Por ello, es necesario impedir, de manera urgente, el atropello de los derechos de todos los españoles, así como impulsar las acciones necesarias para que garantizar sin reservas el cumplimiento de la Constitución y la
protección del interés general.


Cuarto. El artículo 155 de la Constitución.


De los Expositivos anteriores puede deducirse que la instrumentalización de la lengua es una más de las vías que utiliza el poder ejecutivo de la región catalana para violentar una soberanía nacional que, conforme a la Constitución, 'reside
únicamente en el pueblo español' (STC 42/2014) y de la que parte 'la unidad de la Nación española, que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional' (STC
247/2007). Como en otras tantas ocasiones, se busca inventar una nación y, con ese propósito, se hace lo posible, en muy distintos órdenes, para conducir de nuevo a esta región hacia una ruptura del marco constitucional y de libertades que supone
la CE.


Tales comportamientos, que atentan gravemente contra el interés general de la Nación de forma extremadamente cualificada, han de ser perseguidos con las herramientas que el propio texto constitucional prevé para casos excepcionales.


A este respecto, el artículo 155 CE dispone lo siguiente:


'1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare deforma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad
Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés
general.


2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.'


Esta previsión constitucional fue aplicada por primera vez durante el golpe de Estado separatista en Cataluña en octubre de 2017 55. De acuerdo con el estudio efectuado por GÓMEZ ORFANEL 56, el sujeto activo siempre es el Gobierno de la
Nación, que necesitará de la aprobación del Senado, mientras que el sujeto pasivo ha de ser una región. El incumplimiento por la autoridad regional puede consistir en una acción o en una inactividad, y no tiene por qué ser delictivo, simplemente
tiene que estar vinculado a un auténtico deber jurídico por parte de la región, dotado de cierta relevancia. Entre estos deberes jurídicos se encuentran, señaladamente, principios como los de unidad y autonomía 57 o los de solidaridad, igualdad y
territorialidad, así como los de lealtad federal o lealtad constitucional y el 'deber general de fidelidad a


55 A través de la Orden PRA/103412017, de 27 de octubre, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre, por el que, en aplicación de lo dispuestos en el artículo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido
el requerimiento planteado al M. H. Sr. Presidente de la Generalidad de Cataluña, para que la Generalidad de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés
general y se propone al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general, y la Resolución de 27 de octubre de 2017, de la
Presidencia del Senado, por la que se aprueba las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 CE).


56 https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-PB-2018-94 2, págs. 1636 y ss.


57 'Autonomía no es soberanía [...] y, dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de este donde
alcanza su verdadero sentido', STC 4/1981, de 2 de febrero.



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la Constitución' (STC 217/2016, de 15 de diciembre, FJ 3). Las obligaciones pueden estar contenidas en leyes o disposiciones con fuerza de ley estatales o en Estatutos de Autonomía y leyes regionales, en sentencia o en normas de naturaleza
internacional o comunitaria.


La jurisprudencia constitucional en la materia se condensa en el apartado cuarto de los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 90/2019, de 2 de julio. En particular, ha de destacarse lo siguiente:


a) 'La Constitución ha previsto en el art. 155 una modalidad de control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas que debe calificarse de extraordinario, en la medida en que contempla una 'vía específica de coerción
directa', prevista para afrontar incumplimientos constitucionales extremadamente cualificados, siendo esta medida un último recurso del Estado ante el incumplimiento flagrante de las obligaciones constitucionalmente impuestas.'


b) 'Se trata [...] del uso de una coerción estatal, que da lugar a una injerencia en la autonomía de las comunidades autónomas, la cual quedará temporalmente constreñida en mayor o menor grado, según la concreta situación lo requiera, en
orden a la consecución de los fines para los que la norma fundamental autoriza dicha injerencia. El art. 155 CE [...] habilita el ejercicio de una coerción estatal que depara, para los casos en los que está prevista, la constricción o limitación
directa de la autonomía que la Constitución garantiza a las comunidades autónomas a través de los estatutos de autonomía, con los límites y cuando concurran las condiciones previstas en el propio artículo 155 CE o en otros preceptos
constitucionales.'


En este sentido, la STC 89/2019 dispuso que 'la intervención coercitiva estatal habrá de ser así parcial en un doble plano. Por un lado, el de la pervivencia del propio ordenamiento autonómico en cuanto no resulte desplazado por las reglas
aprobadas por el Senado al resultar conciliable con la finalidad y términos de la intervención. Por otro, ya en el plano orgánico o institucional, las medidas coercitivas no podrían incidir directa e indiferenciadamente sobre cualesquiera órganos y
autoridades de la comunidad autónoma, pues la coerción estatal únicamente será posible sobre aquellos cuyas actuaciones guardan relación con el supuesto que, ajuicio del Gobierno y del Senado, ha determinado la aplicación de lo previsto en el art.
155 CE.'


c) 'Dada la posición de superioridad en que aquí queda el Estado respecto de la Comunidad Autónoma, que le autoriza a limitar su autogobierno, no cabe incoar este procedimiento sino para remediar una conducta de una comunidad autónoma,
manifestada mediante actos o disposiciones formales o resultante de comportamientos fácticos, en la que se ponga de manifiesto una grave alteración jurídica e institucional en parte del territorio nacional; reparación que corresponde, en primer
lugar, a la propia comunidad autónoma, una vez requerida para ello, y que asumirán el Senado y el Gobierno, si ese requerimiento no fuere atendido, resultando inexcusable, entonces, acudir a la 'coerción directa'. [...]'


d) 'El art. 155 CE no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar la validez y eficacia de la Constitución en aquellos supuestos en los que sea manifiesto que solo a través de esta vía es posible restaurar el orden
constitucional, por lo que la finalidad última que el precepto consiente no puede ser otra que la de restablecer el orden constitucional y, con él, el normal funcionamiento institucional de la comunidad autónoma en el seno de dicho orden. Por ello,
las 'medidas necesarias' que el precepto permite aprobar han de responder al objetivo que resulta de su tenor; esto es, bien a obligar a la comunidad autónoma a cumplir con las obligaciones constitucionales y legales, bien a preservar o proteger el
mencionado interés general contra el que se ha atentado.'


e) 'La norma constitucional que se analiza permite la alteración temporal del funcionamiento del sistema institucional autonómico, pero en modo alguno puede dar lugar a la suspensión indefinida de la autonomía y, aún menos, a la supresión
institucional de la misma comunidad autónoma, como corporación pública de base territorial y naturaleza política, ni consentiría limitar o excepcionar el patrimonio común de los ciudadanos, constituido por los derechos fundamentales.'


f) 'Se trata, en suma, de una vía de 'último recurso' cuya aplicación exige, bien que las vías ordinarias de control hayan resultado infructuosas, bien que así se aprecie indubitadamente que lo fueran a ser, a la vista, en este segundo
supuesto, de la naturaleza de la contravención, de la actitud manifiesta de las autoridades autonómicas, o de ambas consideraciones.'


g) 'Vinculado a lo anterior, el procedimiento previsto en el art. 155 CE ha de tener, por su propia naturaleza y atendiendo a la finalidad que persigue, un límite temporal, bien expresamente determinado o bien determinable. Dicho límite
temporal habrá de ser establecido por la cámara alta, a partir de la propuesta del Gobierno, debiendo el Senado apreciar y precisar en su propio acuerdo, bien el término,



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bien la condición resolutoria de la intervención estatal, sin perjuicio de que las concretas medidas incluidas en el acuerdo pudieran ser objeto, llegado el caso, de prórroga o renovación, previa solicitud del Gobierno y aprobación del
Senado.'


Quinto. Conclusiones.


La inacción de los sucesivos Gobiernos en materia territorial ha transcurrido de manera pareja a la necesidad que tuviesen el PP o el PSOE del apoyo de partidos regionalistas y separatistas para mantener el poder. Las continuas cesiones y
transferencias económicas o competenciales a poderes regionales, que luego se revelarían desleales con el Estado, ha determinado que el español esté perseguido en buena parte de España, y que muchas generaciones de nuevos españoles no lo conozcan de
una manera adecuada.


De hecho, como se ha analizado, en ocasiones el avance en la 'normalización lingüística' y la consiguiente persecución del español se está diseñando y fomentando por el PP y el PSOE en los gobiernos regionales que ocupan, o está siendo
apoyado desde la oposición (como el PSOE de Cataluña en el caso denunciado anteriormente). Buenos ejemplos de ello se dan en Galicia, gobernada con mayoría absoluta por el PP, y en la Comunidad Valenciana y Baleares, dirigidas por el PSOE con
partidos separatistas.


Por eso, es preciso proteger el interés general de la Nación y garantizar el cumplimiento de la Constitución. En lo que se refiere a los artículos 3 y 27 de la norma fundamental del Estado, el Ministerio con competencias en materia de
Educación, así como el resto de las administraciones educativas territoriales, han de cumplir con sus obligaciones constitucionales y asegurar que todos los españoles, con independencia de la región en la que vivan, conozcan la lengua oficial del
Estado, la española, y que hablan más de 500 millones de personas en todo el mundo.


La falta de cumplimiento contumaz de esta obligación, que es además consustancial a los principios de unidad y autonomía y al deber general de fidelidad a la Constitución que pesa sobre todos, ciudadanos y poderes públicos, de acuerdo con el
artículo 9.2 CE, implica que hayan de entrar en funcionamiento los mecanismos y controles extraordinarios de que dispone el Estado para asegurar el imperio de la Ley y, en particular, lo dispuesto en el artículo 155.


De la misma manera, en el largo plazo, ha de fomentarse un cambio de paradigma en la política lingüística llevada a cabo por las autoridades educativas, de tal manera que se ponga fin a los excesos en esta materia. Ha de devolverse a las
lenguas españolas su condición de vehículos de comunicación que forman parte de un patrimonio cultural necesitado de especial protección y respeto.


Debe desterrarse, así, que sean utilizadas como arma política y como factor de exclusión y marginación de una parte de la población, precisamente la que utiliza el español (única que todos los españoles tienen el deber de conocer y el
derecho a usar) como lengua habitual y vehicular.


En el caso específico de Cataluña, se trata, como se ha señalado, de una más de las muchas vulneraciones del ordenamiento constitucional que está llevando a cabo el gobierno regional en los últimos años, situándose al margen, por completo,
de los principios constitucionales que rigen nuestro sistema democrático desde 1978. Es necesario poner fin a estas derivas, al objeto de restaurar la legalidad constitucional y reconducir la situación en favor del interés general de la Nación y de
todas las familias españolas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, siguiendo los términos de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, y en atención a las recientes medidas adoptadas por el gobierno regional catalán, proceda a la intervención
de la Administración regional catalana con el fin de asegurar el respeto y el cumplimiento íntegro de los preceptos y principios constitucionales que, en cualesquiera materias, continúan siendo objeto de sistemáticas infracciones por parte de la
Generalidad de Cataluña, reconduciendo la situación en favor del interés general de la Nación y de todas las familias españolas y deteniendo la persecución del español en las aulas de los centros educativos de España.



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Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las modificaciones legislativas y normativas que sean necesarias para la materialización de los principios constitucionales contenidos en los artículos 3 y 27 de la
Constitución y, en particular, a lo siguiente:


1. Asegurar la enseñanza del español y en español en los sistemas educativos de todas las regiones españolas, con el objeto de satisfacer el deber de todos los españoles de conocerlo, así como de amparar el derecho de todos a usarlo, dando
efectivo cumplimiento al modelo lingüístico establecido en el artículo 3 y concordantes de la Constitución.


2. Establecer un régimen sancionador para todos aquellos particulares, de forma individual o colectiva, o poderes públicos que, en el ejercicio de su actuación o en el ámbito de sus actuaciones, obstaculicen o impidan el cumplimiento
efectivo del artículo 3 de la Constitución.


3. Revertir la instrumentalización que distintos poderes públicos regionales hacen de las lenguas españolas como elemento de división y confrontación entre territorios y entre ciudadanos españoles, y fomentar el'especial respeto y
protección' del 'patrimonio cultural' que supone 'la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España' dentro del marco constitucional.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2022.-José Ramírez del Río, Mireia Borrás Pabón, Georgina Trías Gil, Joaquín Robles López, María Teresa López Álvarez y María de los Reyes Romero Vilches, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


161/002436


Mediante escrito de fecha 27 de mayo de 2022 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la Proposición no de Ley relativa a implementar una Estrategia Nacional de Prevención de la Ceguera, publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 270, de 12 de mayo de 2021.


Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


161/004266


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la dotación de medios y la mejora de las instalaciones del CAMF de Ferrol, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.


Exposición de motivos


El Centro de Atención a Personas con Diversidad Funcional de Ferrol (CAMF), perteneciente al IMSERSO, presta una atención directa, de carácter especializado e integral a las personas con diversidad funcional y dependencia, con servicios en
régimen de internado o de atención diurna, desde un enfoque socio-sanitario y de asistencia, contando para ello con un amplio equipo multidisciplinar con experiencia demostrada en las distintas áreas de intervención.


Sin embargo, la realidad es otra, y el 12 de mayo de 2022 las personas residentes y el personal del centro retomaron las movilizaciones para denunciar la pérdida de calidad que está sufriendo la prestación



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de estos servicios, debido a las carencias en materia de recursos humanos y por el grave deterioro de las instalaciones.


Según la asociación de residentes del centro (ACAFE) y el Comité de Empresa se produce un abuso de la contratación temporal, dedicado a cubrir las necesidades estructurales de personal existentes. Esta situación provoca que anualmente se
superen los 1000 contratos por circunstancias de la producción y denota la insuficiencia de plantilla fija necesaria para la correcta prestación de un servicio tan especializado. A raíz de la entrada en vigor de la nueva normativa laboral y de
reducción de la temporalidad en las Administraciones Públicas, se han limitado las contrataciones temporales y esto ha repercutido en la atención directa en actividades tan fundamentales como las de movilidad, alimentación, higiene... De esta
forma, en las actuales circunstancias, las quejas de residentes y la sobresaturación del personal ponen de manifiesto la urgente necesidad de realizar actuaciones, de las que nada se sabe.


El CAMF de Ferrol está ubicado en un edificio construido hace más de 30 años, diseñado para unas condiciones de trabajo que nada tienen que ver con los actuales requisitos técnicos, que se exigen para un servicio dirigido a un colectivo con
unas necesidades tan específicas. En todos estos años, nunca se ha acometido una reforma integral para adaptarlo a estas exigencias. No existe ninguna rampa en una instalación con 5 plantas, más de la mitad de los ascensores no funcionan desde
hace años, existen multitud de barreras arquitectónicas, no se cumple ningún requisito de eficiencia energética, de seguridad [...] etc.


Ante esta situación de deterioro, lo único planificado, son reparaciones menores que no solucionan los problemas de movilidad, seguridad, confort y eficiencia que un centro estatal del IMSERSO se supone que debería tener.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Cubrir de inmediato el elevado número de puestos vacantes existentes en el cuadro de personal del centro utilizando las formas contractuales que mejor se ajusten a las necesidades de la empresa, el personal y a la adecuada atención de
los usuarios/as del CAMF.


2. Cubrir definitivamente las numerosas plazas vacantes que existen, así como destinar nuevo personal que permita una adecuada atención a las personas usuarias que residen en el CAMF.


3. Establecer una partida económica suficiente para acometer la rehabilitación integral de las instalaciones del CAMF de Ferrol, atendiendo especialmente a la mejora energética, funcionalidad y accesibilidad, además del suministro de los
medios técnicos precisos para el desarrollo de su actividad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.



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Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/004264


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la tramitación y contenido
de la modificación del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, así como el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas supusieron una profunda modificación de algunos aspectos regulados en la anterior legislación sobre Costas.


La Ley 2/2013 incorporaba por primera vez, entre otros aspectos, medidas específicas para afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral, así como la necesidad de elaborar una estrategia para la
adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, que fue aprobada en junio de 2017. Estas medidas demostraban el interés del gobierno y el legislador por incorporar la en la protección de la costa ante los efectos del cambio climático.
Pero, quizás, los cambios más sustanciales de la Ley fueron todas las modificaciones operadas para garantizar la seguridad jurídica de quienes podían verse afectados de una u otra manera por la protección del dominio público marítimo terrestre, como
la necesidad de la publicidad registral de los deslindes, el reconocimiento de situaciones singulares que requerían tratamientos diferenciados en todo el territorio o la posibilidad de que las concesiones pudieran llegar a 75 años, entre otras.


La Ley tuvo el rechazo frontal de los partidos que actualmente ocupan el gobierno, que consideraba excesivo los 75 años de concesión administrativa. La Ley fue motivo de varios recursos judiciales pero las sucesivas sentencias solo
declaraban inconstitucionales tres cuestiones puntuales, muy concretas y localizadas, a la vez que establecían los fundamentos jurídicos de interpretación de algunos artículos.


En consecuencia, declaraban constitucionales todos los criterios orientadores de la reforma y todas las normas generales que los desarrollan, incluido el mecanismo establecido en el artículo 2, que crea un régimen jurídico propio para las
prórrogas de las concesiones de los títulos anteriores a la ley costas de 1988 o los concedidos entre esta y la Ley 2/2013. Es más, la sentencia del Tribunal Constitucional 233/2015 reconocía que las nuevas prórrogas extraordinarias permitían
estabilizar los derechos concesionales y adaptarlos a un horizonte temporal semejante al nuevo plazo máximo de duración de 75 años.


Por su parte, el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, aún vigente, venía a derogar el antiguo Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y tenía por objeto
actualizar determinados aspectos del Reglamento de 1989 incluidos en el nuevo marco normativo de 2013.


Entre los temas incluidos en el nuevo desarrollo reglamentario de 2014 se encuentran el detalle del régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/2013, y la especificidad por cada uno
de los tipos de usos; los criterios técnicos que resultan necesarios para la determinación del dominio público marítimo-terrestre; el nuevo régimen de los terrenos inundados; la regulación del Registro de la Propiedad y el Catastro en los
deslindes; la consideración del régimen aplicable a los tramos en situación de regresión grave; los diferentes requisitos de ocupación según las playas sean naturales o urbanas; o tener en consideración los mandatos de diversas normas y acuerdos
internacionales promulgados desde 1989.


El propio Dictamen del Consejo de Estado, sobre el Real Decreto 876/2014, amparaba la legalidad de la duración de las prórrogas extraordinarias y no formulo reparo sobre la redacción del artículo 172 del Reglamento General de Costas que
desarrollaba este precepto.


En la parte final de la XII legislatura, en el año 2019, el gobierno socialista sometió a información pública una propuesta de modificación del Reglamento General de Costas, en la que se pretendía eliminar las prórrogas extraordinarias.
Esta modificación no se llevó a término, entre otros motivos, por el adelanto electoral



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y por no existir un paraguas con rango de ley que amparara dichas modificaciones. Este proceso de participación recibió más de 1.000 alegaciones que se analizaron en profundidad, según fuentes del Gobierno.


Pero el Gobierno no ha cesado en su intento y ha utilizado la artimaña de la tramitación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, para encontrar la coartada para incluir en su articulado (artículo 20) una
interpretación sobre los plazos máximos de duración de las concesiones, sin realizar una modificación directa de las normas afectadas. Es más, se obvia la existencia del artículo 2 propio de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.


El Dictamen del Consejo de Estado ya criticaba, sobre la tramitación del anteproyecto de ley de cambio climático, la técnica normativa y advertía de la necesidad de corregir el texto para evitar dudas interpretativas. Una vez aprobada la
ley 7/2021, también se echaba en falta una disposición transitoria que regulara la situación jurídica de situaciones anteriores o de una disposición derogatoria en la que se realizara una mayor concepción en las derogaciones, dando mayor seguridad
jurídica. En definitiva, parece confirmar que la inclusión de este asunto en la ley de cambio climático solo pretendía conseguir el marco normativo adecuado a sus objetivos.


Ante esta norma, más concretamente sobre los artículos 20 y la disposición derogatoria única de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, se han presentado un recurso de inconstitucionalidad, por la incertidumbre y la indeterminación generada.


Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, glosada y unificada en cuanto al criterio en la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 20 de diciembre de 2021 (Sentencia núm. 1530/2021) ha venido
consolidando un criterio interpretativo que permite una aplicación de la legislación y reglamentación de costas vigente que concilia los derechos adquiridos de los propietarios con la necesaria protección del dominio público.


Probablemente para evitar esa interpretación, y completando la modificación de la legislación de costas encubierta ya citada anteriormente e iniciada con la Ley de Cambio Climático, el pasado 7 de enero de 2022 finalizaba el periodo de
información pública del proyecto de una nueva propuesta de modificación del reglamento de costas. Las fechas de este nuevo proceso participativo y la ausencia de publicidad sorprendieron a muchos afectados que no pudieron realizar alegaciones.


Este nuevo texto se asemeja en lo sustancial al documento publicado en enero de 2019, cuando el gobierno intento acelerar la modificación. Nuevamente, la propia exposición de motivos de la propuesta reglamentaria quiere dar a entender que
la duración de las prórrogas extraordinarias establecidas en la Ley 2/2013 resulta inconstitucional, caso que no ha sido recogido en ninguna de las sentencias, como se ha puesto de manifiesto anteriormente.


La propuesta de modificación del reglamento incluye otras cuestiones, como la delimitación del dominio público marítimo-terrestre desde el punto máximo donde hayan llegado las olas independientemente de su periodicidad, la no revisión de los
deslindes cada 50 años, la reiteración en la capacidad potestativa de la administraciones en realizar las concesiones, la subjetividad a la hora de otorgar concesiones y prórrogas, nuevos criterios para el deslinde en zonas donde existe paseos
marítimos, nuevos criterios sobre el pago de los cánones de ocupación, etc.


Quedan muchos aspectos sin aclarar, como la situación particular en el deslinde de las islas, como el caso de Formentera, la potestad de la administración para otorgar concesiones por el tiempo máximo, el pleno derecho de los propietarios y
la inclusión de tantos requerimientos de cumplimiento que parece ser una coartada para justificación la no concesión de cualquier propuesta.


Además, el proyecto de modificación señala precisamente su objetivo en modificar aquellos artículos que la jurisprudencia venía interpretando en el sentido pretendido por la Ley 2/2013, buscando así, por la vía indirecta, dejar sin efecto
los fines pretendidos por aquella Ley. Con ello queda aún más de manifiesto que el fin último de esa modificación reglamentaria no es otro que, junto a los cambios introducidos en la Ley de Cambio Climático, eliminar los efectos beneficiosos que
las modificaciones de la Ley 2/2013 esquivando la modificación de la propia Ley de Costas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Paralizar la tramitación de la modificación del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Genera/ de Costas, hasta que no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad



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interpuesto a los artículos 20 y la disposición derogatoria de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.


2. Tener en cuenta, en caso de continuar con el proceso, las alegaciones realizadas en el periodo de participación pública de la modificación del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas, con un proceso de valoración sin prejuicios.


3. Cumplido lo anterior, abrir un nuevo periodo de participación pública con la nueva propuesta que se redacte.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2022.-Joaquín María García Díez, Diego Gago Bugarín y César Sánchez Pérez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la inclusión del Concello de Narón en la Zona de Transición Justa de As Pontes, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


Recientemente, tanto el Concello de Narón como la Asociación de Empresarios de Ferrolterra se han dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, reclamando que se incluya a Narón en la relación de los municipios
que forman parte de la 'Zona de Transición Justa de As Pontes'. Estas Zonas se recogen en el Plan de acción urgente para comarcas del carbón y afectadas por el cierre de centrales en el período 2019-2021.


En el citado convenio figuran los Concellos de Cabanas, A Capela, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Muras, Ortigueira, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas, Vilalba y Xermade. Un listado en el que sorprendentemente no figura el
municipio de Narón, un ayuntamiento que por su trayectoria empresarial y localización padecerá igualmente, o probablemente en mayor medida que otros, las graves consecuencias derivadas del anunciado cierre de la central térmica de As Pontes.


En la delimitación de la zona establecida y atendiendo al hecho de que Narón está considerado actualmente el motor industrial de la comarca de Ferrol, el impacto de los cierres sobre las empresas asentadas en la ciudad será considerablemente
superior al de otros ayuntamientos que forman parte del Plan de acción urgente.


Narón tiene el tercer polígono industrial de mayor superficie de Galiza, en el que se localizan decenas de empresas que durante muchos años han desarrollado su actividad como compañías auxiliares en la térmica pontesa o como suministradoras
de material/servicios para la citada empresa. El cierre de la central supondrá previsiblemente el despido de personal de las compañías asentadas en Narón ante la falta de carga de trabajo derivada del cierre de la central.


Entendiendo que la atracción de inversiones es una labor que se debe impulsar desde todas las administraciones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Xunta de Galiza y la FEMP deben actuar y poner remedio a la
situación de desamparo en la que se encuentra actualmente el Concello de Narón y el sector empresarial asentado en la ciudad, que no podrán optar a las líneas de ayudas que se establecerán para paliar los graves efectos del cierre de la térmica.


El pasado mes de noviembre el Concello de Narón aprobaba por unanimidad de la Corporación una moción plenaria instando a los Gobiernos del Estado y de la Xunta de Galiza a realizar las gestiones necesarias para incluir a Narón en el ámbito
geográfico del convenio de Transición justa de As Pontes, con el fin de que pudiera optar a las mismas ayudas que el resto de ayuntamientos afectados por el cierre de la térmica.


El ayuntamiento naronés, área afectada por el citado cierre, figura en el Plan de acción urgente para las comarcas de carbón y centrales en cierre 20192021 como tercero más afectado por el cierre,



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atendiendo al número de trabajadores afectados directamente por el cese de la actividad. Sin embargo, para sorpresa tanto del Concello como de la Asociación de Empresarios de la comarca, no se incluyó esta localidad en el Plan de acción
urgente, Plan en el que se promueven y facilitan alternativas de futuro y viabilidad para futuros proyectos.


El tiempo sigue transcurriendo, se sigue avanzando en el Plan para la Transición Justa, pero el Concello de Narón sigue sin incluirse en el mismo, es por este motivo que reclamamos, también desde el Bloque Nacionalista Galego, al igual que
ya han hecho el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Ferrol, reclamamos una transición justa, que no excluya a aquellos Concellos que de forma directa padecerán los efectos del cierre de la central.


Es necesario dar un trato no discriminatorio y garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a las ayudas que se establezcan para impulsar nuevos proyectos de desarrollo en la comarca. La generación y el mantenimiento del empleo y la
generación de alternativas de negocio deben garantizarse también en Narón, más ante la crítica situación que se avecina por el actual contexto de crisis económica y alza de precios.


Las medidas que se tomen para garantizar la transición justa no pueden dejar atrás al Concello de Narón y a su tejido empresarial, debiendo el Ministerio adoptar las medidas para incluir a esta localidad en el Plan de Acción Urgente para
Comarcas del Carbón y Centrales en Cierre 2019-2021 a todos los efectos, para mantener igualdad de oportunidades y frenar la posible pérdida poblacional que lastraría la competitividad empresarial de Narón e incluso pondría en peligro la continuidad
de algunas de sus empresas.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a incluir al Concello de Narón en la relación de municipios que forman parte de la 'Zona de Transición Justa de As Pontes', recogidas en el Plan de acción urgente para comarcas del
carbón y afectadas por el cierre de centrales en el período 2019-2021, para dar así un trato no discriminatorio y garantizar igualdad de oportunidades de este concello y de su tejido empresarial en el acceso a las ayudas que se establezcan para
impulsar nuevos proyectos de desarrollo en la comarca y paliar así los efectos del cierre de la central en su economía.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para solucionar el problema de sequía que sufren las comarcas cordobesas de los
Pedroches y del Guadiato, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


Las comarcas cordobesas de los Pedroches y Guadiato necesitan de una actuación urgente que les resuelva el problema de agua que sufren continuamente por no haberse culminado el trasvase de la Colada al embalse de Sierra Boyera.


Estamos hablando de más de 80.000 personas que ven peligrar el suministro domiciliario de agua y de importantes explotaciones agrícolas y ganaderas que son el sostén económico de sus municipios. En estos momentos el embalse de Sierra Boyera
que es el que abastece a todos los municipios del norte de la provincia de Córdoba está a menos de un 8% de su capacidad y si no llueve, en el próximo mes de octubre podría haber restricciones en el suministro de agua potable. Por supuesto, las
explotaciones agrícolas y ganaderas no pueden disponer de agua de este embalse y se abastecen de aguas subterráneas.


En la sequía de mediados de los 90 fue el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía el que inició esta obra para evitar el desabastecimiento de la población en el Norte de la provincia de Córdoba. El



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trasvase de La Colada y Sierra Boyera está finalizado al noventa por ciento en estos momentos. Para culminar este trasvase queda una actuación final de 750 metros de canalizaciones, además de las instalaciones de electrificación y los
equipos de bombeos necesarios.


Cuando el PP y Ciudadanos acceden al Gobierno de la Junta en 2018 ya estaba firmada la orden que autorizaba a preparar la documentación y reservar el crédito presupuestario para licitar el contrato de consultoría para culminar la conexión de
la Colada con Sierra Boyera.


La Junta de Andalucía no lo licitó hasta julio de 2020, más de un año y medio después, para posteriormente ser adjudicado en octubre de 2021, y anunciar el inicio de las obras a finales de 2023 0 principios de 2024, es decir, más de cinco
años desde la entrada en el gobierno. Esta actuación se podría culminar en un plazo no superior a cuatro meses y por una cantidad estimada de cuatro millones de euros. Sería una solución definitiva a la sequía que sufren las comarcas cordobesas de
Pedroches y Guadiato, garantizándose el suministro domiciliario de agua, el regadío de explotaciones agrícolas y el suministro para la ganadería.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que colabore, en el marco de sus competencias, con la Junta de Andalucía en la realización de las acciones oportunas que culminen el trasvase de los embalses de la Colada a Sierra Boyera
que solucione el problema de sequía que sufren las comarcas cordobesas de los Pedroches y del Guadiato.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.-Antonio Hurtado Zurera, Eva Patricia Bueno Campanario, Germán Renau Martínez, Antidio Fagúndez Campo, Helena Caballero Gutiérrez, María Montserrat García Chavarría, María Inmaculada
Oria López, Esther Padilla Ruiz, Daniel Senderos Oraá, Omar Anguita Pérez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Vicente Viondi, Javier Antón Cacho y Sandra Guaita Esteruelas, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Cultura y Deporte


161/004279


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la amenaza de cierre de la Academia
Nicaragüense de la Lengua, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


La Academia Nicaragüense de la Lengua lleva 94 años sirviendo al uso y difusión de nuestra lengua y patrimonio común con un país hermano como es Nicaragua, como miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), a la que
también pertenece la Real Academia Española.


Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega, en su trayectoria dictatorial tantas veces denunciada por Ciudadanos a nivel nacional y comunitario, ha decidido cancelar la personalidad jurídica de la Academia, en un nuevo giro de tuerca de la
asfixia represiva que el régimen sandinista está practicando contra las organizaciones de la sociedad civil, a las que considera desestabilizadoras. Así, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen tras las fraudulentas elecciones
de 2021, ha aprobado una ley que aboca al cierre de la Academia de la Lengua del país por no registrarse como agente extranjero.


El régimen de Ortega ya ha demostrado en repetidas ocasiones su disposición a negar la pertenencia a Nicaragua de cualquier elemento que no considere alineado con sus radicales postulados autocráticos, llegando al punto de declarar que los
presos políticos que existen en su país son 'los hijos de perra de los imperialistas yanquis', que 'no son nicaragüenses, no tienen patria'. También se le han dedicado soflamas del estilo a quienes condenaron las últimas elecciones, ganadas por
Ortega con un 75% de los



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votos. Es el caso de España, acusada por el régimen de ser 'imperialistas', 'fascistas', 'descendientes del franquismo' y 'colonizadores con la espada y la Biblia'; y de la Unión Europea en su conjunto, formada por los 'hermanos de
Hitler'.


Es en este marco de populismo de la peor especie, en el que se aprueba o se niega el carácter nicaragüense según la filiación política, que la Academia Nicaragüense de la Lengua corre el riesgo inminente de desaparecer. Una institución que
el escritor y premio Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez, que vive exiliado en España por la persecución que sufre por el régimen de su país, describe como 'una entidad que se dedica a la promoción de estudio de la lengua, formada por
intelectuales, lingüistas y escritores de pensamiento plural'. Este tipo de instituciones, dedicadas al estudio y el análisis de la realidad, son vistas por la dictadura de Ortega como un elemento peligroso para el régimen. Así, la Academia de
Ciencias y el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica han sufrido el mismo destino, junto a múltiples centros universitarios. Con más razón si cabe, la Academia Nicaragüense de la Lengua está en el punto de mira por dedicarse a la
protección de un patrimonio que une indisolublemente a Nicaragua con España y el resto de países hermanos; un vínculo que no es patrimonio de Ortega, sino de todos los nicaragüenses y de todos los hispanos.


Tal es el grado de barbarie y persecución al pensamiento libre, que la propia RAE ha emitido un comunicado, el pasado lunes, expresando su profunda preocupación por el posible cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Las Academias
de Chile, Argentina, Ecuador, e incluso México, han emitido comunicados similares.


Por todo ello, en el marco del trabajo constante que Ciudadanos viene realizando a nivel nacional y comunitario por la defensa del legado hispánico y la lengua común, y contra el régimen dictatorial de Ortega,


El Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Denunciar en los foros internacionales en los que España participe, especialmente en la ONU y la UE, la amenaza de cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua, así como otras entidades académicas, por parte del régimen de Ortega.


2. Impulsar el apoyo y la adhesión de las instituciones públicas y privadas de todo el ámbito hispanohablante a fin de evitar la desaparición de la Academia Nicaragüense de la Lengua y otras entidades académicas.


3. Ofrecer, en los casos en que sea viable, el acogimiento en España de la Academia Nicaragüense de la Lengua y de cuantas organizaciones vean su continuidad amenazada en Nicaragua por parte del régimen de Ortega.


4. Impulsar la celebración, en 2023, del XVII Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que no se celebra desde su edición de 2019 en Sevilla.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2022.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/004271


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las candidaturas de la sede
de la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


En mayo de 2021, la Comisión Europea la Estrategia de Inteligencia Artificial, para afrontar el reto de gestionar la inteligencia artificial sin que los derechos de la ciudadanía, así como los valores europeos, se



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vean menoscabados. Se trata, en primer lugar, de una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se
modifican determinados actos legislativos de la Unión para la regulación de la Inteligencia Artificial, de una Comunicación para la promoción de un enfoque europeo en la Inteligencia Artificial, y de un Plan coordinado entre los estados miembros de
la UE. El objetivo es la armonización legislativa entre los Estados miembros en esta materia, que permita que la Unión Europea sea un líder mundial en el desarrollo de Inteligencia Artificial segura, digna de confianza y ética, garantizando la
protección de los principios en los que se asienta la ciudadanía europea, la seguridad jurídica para facilitar la inversión y la innovación en inteligencia artificial, y el desarrollo de un mercado único que haga un uso legal, seguro y fiable de las
aplicaciones de Inteligencia Artificial.


En relación con la Inteligencia Artificial a nivel estatal, la disposición adicional centésimo trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 autoriza al Gobierno a impulsar una ley, de acuerdo con el artículo 91
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con una asignación de 5 millones de euros y configurada como Agencia Estatal adscrita a
la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dotada de personalidad jurídica pública, patrimonio propio, autonomía en su gestión y potestad
administrativa.


La Agencia llevará a cabo medidas destinadas a la reducción de riesgos significativos sobre la seguridad y la salud de las personas, así como sobre sus derechos fundamentales, que puedan derivarse del uso de sistemas de Inteligencia
Artificial. Las funciones de la Agencia incluyen, además de acciones propias, medidas en coordinación con otras autoridades competentes, cuando sea aplicable, y acciones de apoyo a entidades privadas. Asimismo, se encargará del seguimiento de los
proyectos enmarcados en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, así como de los impulsados por la Comisión Europea, en particular los relativos al desarrollo normativo sobre Inteligencia Artificial y sus posibles usos, así como los
riesgos que puedan derivarse de su uso para la salud y la integridad de las personas.


La futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial forma parte de los organismos públicos del Estado de nueva creación que pueden ser descentralizados, al amparo del Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, por el que se
establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional y se crea la comisión consultiva para la determinación de las sedes. La Comisión Interministerial se puso en
marcha el pasado día 6 de abril, y está presidida por la ministra de Política Territorial. Las comunidades autónomas y los municipios que quieran postular un enclave, además de aprobarlo en sus respectivos parlamentos o plenos, tienen que presentar
una memoria justificativa y un informe de cumplimiento de los criterios fijados por la mencionada comisión consultiva.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Establecer los criterios y requisitos de concurrencia competitiva que serán de aplicación para la determinación de la sede física de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, en base al Real Decreto 209/2022, de 22
de marzo, por el que se establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y se crea la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, y comunicarlos
con agilidad.


2. Valorar la existencia o, en su defecto, la ausencia, de otras sedes de instituciones públicas estatales en las comunidades autónomas que presenten sus candidaturas.


3. Establecer los mecanismos de cogobernanza efectivos con los gobiernos de las comunidades autónomas para la determinación de las sedes.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2022.-Marta González Vázquez, Tristana María Moraleja Gómez, María Valentina Martínez Ferro, Ana Belén Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Javier Bas Corugeira, Juan Manuel Constenla
Carbón, Diego José Gago Bugarín, Joaquín María García Díez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Juan Luis Pedreño Molina y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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Comisión de Sanidad y Consumo


161/004280


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Antonio Salvá Verd, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña Mercedes Jara Moreno y don Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para introducir estudios prospectivos y retrospectivos del deterioro
cognitivo en pacientes que hayan padecido COVID-19 a fin de estudiar su impacto en la futura carga de demencia y enfermedad de Alzheimer en España, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


Primero. Efecto de la COVID-19 en la esperanza de vida.


España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, según recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe 'Esperanza de vida' 58, publicado el 5 de julio de 2022. El citado informe señala lo siguiente:
'España entre 1999 y 2019, la esperanza de vida al nacimiento de los hombres ha pasado de 75,4 a 80,9 años y la de las mujeres de 82,3 a 86,2 años'. Sin embargo, el efecto de la pandemia se refleja en una disminución de ésta, según ha confirmado el
INE, en otro informe titulado 'Proyecciones de Población 2020-2070 59, que reza lo siguiente: 'El efecto de la Covid-19 se refleja en una disminución coyuntural de la esperanza de vida al nacimiento en 2020, que se estima que bajaría en 0,9 años
para los hombres y en 0,8 años para las mujeres.'


Segundo. Demencia y enfermedad de Alzheimer en España.


Según ha recogido el Centro Investigación Biomédico en Red Enfermedades Neurodegenerativa (ciberNed), en 'el estudio realizado por el grupo de Jesús de Pedro Cuesta de CIBERNED sobre las demencias más frecuentes en España y en qué grado
afectan a la población, se ha concluido que la prevalencia de la demencia y la enfermedad de Alzheimer en el centro y el noreste de España es mayor en las mujeres, aumenta con la edad y muestra una considerable variación geográfica que puede ser
relacionada con el método para su análisis. Además, la demencia más frecuente es el Alzheimer 60'.


En dicho estudio, según establece el ciberNed, 'de las 12.232 personas entrevistadas, se detectaron 1.194 casos de demencia (707 de la enfermedad de Alzheimer y 238 con demencia vascular)'.


Respecto a los datos de demencia y enfermedad de Alzheimer (EA), en España se indica, en la publicación del Dr. Jesús de Pedro-Cuesta, lo siguiente: 'unas 600.000 y 400.000 personas tienen demencia y EA en España, respectivamente' 61.


Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el informe titulado 'Censo de personas con Alzheimer y otras demencias en España. Resultados y conclusiones de las jornadas virtuales para el intercambio de soluciones y
propuestas' 62, publicado en el año 2022 por la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias (CEAFA), indica lo siguiente: 'La incidencia anual de demencia en un estudio realizado en España se
estimó entre 10-15 casos por 1.000 personas-año en la población mayor de 65 años. Por su parte, el Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias (2019- 2023) recoge que la prevalencia de esta enfermedad ronda el 0,05% entre las personas de 40 a 65
años; 1,07% entre los 65-69 años; 3,4% en los 70-74 años; 6,9% en los 75- 79 años; 22,2% en los 80-84; 20,1% en los 85-89; y 39,2% entre los mayores de 90 años. La Guía de Práctica Clínica sobre la Atención Integral a las Personas con
Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias


58 https://www.ine.es/ss/Satellite?c=INESeccion_C&cid=1259926380048&p=1254735110672&pagename=Productos YServicios % 2FPYSLayout


59 https://www.ine.es/prensa/pp_2020_2070.pdf


60 https://www.ciberned.es/noticias/blog/418-prevalencia-de-la-demencia-en-espana.html


61 https: //bmcneurol.biomedcentral.com/track/ pdf/10.1186/1471-2377-9-55.pdf


62 https://www.ceafa.es/files/2022/02/informe-censo-alz.pdf



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habla de que los estudios de prevalencia en España han mostrado cifras que oscilan entre el 5 y el 14,9%> para mayores de 65 años, 6,7% y entre el 6,6 y el 17,2% para mayores de 70 años. Se calcula que el número de personas afectadas en
España supera las 700.000 personas entre los mayores de 40 años y que en 2050 el número de enfermos se habrá duplicado y se acercará a los dos millones de personas'.


Tercero. Demencia, enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo tras la COVID-19.


Tras más de dos años de pandemia, son muchos los estudios científicos que muestran una relación entre la enfermedad COVID-19 y las disfunciones cognitivas a largo plazo, así como el agravamiento de los síntomas de demencia y de la enfermedad
de Alzheimer.


En esta línea, en el año 2021, una nueva investigación presentada en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer (AAIC, por sus siglas en inglés), ha encontrado asociaciones entre la Covid-19 y los déficits cognitivos
persistentes, incluida la aceleración de la patología y los síntomas de la enfermedad de Alzheimer.


Por su parte, el artículo científico 'One-Year Trajectory of Cognitive Changes in Older Survivors of COVID-19 in Wuhan, China: A Longitudinal Cohort Study', publicado en la revista JAMA Neurol 63, el 8 de marzo de 2022, recoge un estudio de
cohorte de 1.438 supervivientes de SARS-CoV-2, de 60 años o más, que fueron dados de alta en los hospitales destinados en exclusiva a la COVID-19 en Wuhan (China). Los datos de este estudio reflejan, durante un período de seguimiento de un año, que
la incidencia de deterioro cognitivo fue mayor en los supervivientes de la COVID-19, especialmente en los casos graves, en comparación con los participantes no infectados. Así, los resultados de este estudio sugieren que el deterioro cognitivo a
largo plazo es común después de la infección por el citado virus, lo que indica la necesidad de evaluar el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la futura carga de demencia en todo el mundo.


Los autores de esta publicación indican que, aunque ya se han descrito los resultados cognitivos posteriores a la infección por SARS-CoV-2, la trayectoria dinámica de los cambios cognitivos a largo plazo en los supervivientes de la COVID-19
sigue sin estar clara. Anteriores pandemias han aportado pruebas que demuestran los efectos adversos de las enfermedades respiratorias graves en las funciones cognitivas. Y, según datos anteriormente publicados 64, aproximadamente el 15% de los
pacientes infectados con el síndrome respiratorio agudo severo o el síndrome respiratorio de Oriente Medio mostraron deficiencia cognitiva a largo plazo, así como el deterioro de la memoria y la atención.


Debido al aumento del número de pacientes que sobreviven a la COVID-19, las secuelas cognitivas de esta enfermedad han logrado captar la atención de distintos estudios de investigación 65.


Así, existen estudios recientes que asociaron la infección de COVID-19 con un aumento del riesgo de ser diagnosticado con demencia en los seis meses siguientes a la infección 66. Lo que concuerda, según indican los autores, con los datos
obtenidos en este estudio que muestran que aproximadamente el 3,3% de los supervivientes del COVID-19 tenía demencia y el 9,1% tenía deterioro cognitivo tardío (en adelante, DCT) a los 12 meses del alta; en particular, las incidencias de demencia y
DCT fueron 15 % y 26,15% en los individuos con casos graves, respectivamente, si bien encontraron que la incidencia de demencia o DCT no fue diferente entre los individuos con casos no graves y los individuos de control no infectados.


Estos resultados sugieren que la COVID-19, especialmente la grave, puede estar asociada con el deterioro cognitivo a largo plazo.


63 Liu Y, Chen Y, Wang Q, et al. One-Year Trajectory of Cognitive Changes in Older Survivors of COVID-19 in Wuhan, China: A Longitudinal Cohort Study. JAMA Neurol. Published online March 08, 2022. doblO.lOOl/jamaneurol.2022.0461


64 Rabinovitz B, Jaywant A, Fridman CB. Neuropsychological functioning in severe acute respiratory disorders caused by the coronavirus: implications for the current COVID-19 pandemic. Clin Neuropsychol. 2020;34(7-8):1453-1479.
doi:10.1080/13854046.2020.1803408


65 Miskowiak KW, Johnsen S, Sattler SM, et al. Cognitive impairments four months after COVID-19 hospital discharge: pattern, severity and association with illness variables. Eur Neuropsychopharmacol. 2021;46:39-48.
doi:10.1016/j.euroneuro.2021.03.019


66 TaquetM, Luciano S, Geddes JR, Harrison PJ. Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 COVID-19 cases in the USA. Lancet Psychiatry. 2021;8(2):130-140.
doi:10.1016/S2215-0366(20) 30462-4 TaquetM, Geddes JR, Husain M, Luciano S, Harrison PJ. 6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 379 survivors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records. Lancet
Psychiatry. 2021;8(5):416-427. doi:10.1016/S2215-0366(21)00084-5



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Por último, en cuanto a los mecanismos de los efectos a largo plazo de la COVID-19 sobre la cognición, los autores indican que el mecanismo es multifactorial:


1. Los elementos neurovasculares,


2. La hipoxia de larga duración,


3. La inflamación: Los marcadores inflamatorios no se normalizan meses después de la recuperación, especialmente en individuos con COVID-19 grave.


En resumen, los resultados descritos en este estudio implican que la pandemia puede contribuir sustancialmente a la carga de demencia mundial en el futuro.


Cuarto. Conclusiones.


Se calcula que el número de personas que sufren la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en España supera el millón de personas. El daño en sufrimiento personal, familiar y económico es, por tanto, muy severo.


Asimismo, los estudios recientes que se están llevando a cabo sugieren que el deterioro cognitivo a largo plazo es común después de la infección por SARS-CoV-2, lo que indica la necesidad de evaluar el impacto de la pandemia de la COVID-19
en la futura carga de demencia y enfermedad de Alzheimer en España.


En consecuencia, se hace necesario elaborar un plan o una estrategia con el fin de afrontar un probable incremento en la prevalencia del deterioro cognitivo y la demencia en pacientes que hayan padecido COVID-19.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover estudios prospectivos y retrospectivos del deterioro cognitivo en pacientes que hayan padecido COVID-19, a fin de estudiar su impacto en la incidencia y prevalencia de demencia y
enfermedad de Alzheimer en España, así como planear intervenciones de investigación básica y traslacional y estrategias diagnósticas y terapéuticas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2022.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Mercedes Jara Moreno y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/004274


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al estudio de las consecuencias en materia de seguridad alimentaria tras
la guerra de Ucrania, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


Exposición de motivos


La guerra de Ucrania se prolonga durante más de tres meses, desde su inicio en febrero. Estamos asistiendo diariamente al caos y al desastre que conlleva siempre una guerra. Tras la fase inicial de este conflicto, que ocasionó la
destrucción de instalaciones estratégicas para el Gobierno ucranio, a lo largo y ancho del país, los combates y bombardeos sobre las ciudades ucranianas se han trasladado hacia el este en el Donbass.



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Rusia prosigue su ofensiva para la anexión del este de Ucrania, en una clara similitud, a la producida en Crimea en 2014. El asesinato de civiles, documentado y transmitido por la mayoría de medios de comunicación, nos recuerda la barbarie
que se está produciendo diariamente en suelo ucranio. Según Acnur, las cifras de refugiados y desplazados sigue en aumento, más de 6 millones de ucranianas y ucranianos han huido del país, 7 millones de personas están desplazadas dentro del país y,
además, 2,9 millones de personas ya requerían de asistencia antes de los recientes acontecimientos. Habiendo declarado que la emergencia en Ucrania es de nivel 3, el nivel más alto del que dispone la agencia.


El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -en adelante, PNUD- indica en un artículo de la Subsecretaría General de la ONU y Directora de la Oficina de Relaciones Externas y Promoción del PNUD, Ulrika Moldeer, que 'nueve de cada
10 ucranianos podrían verse empujados hacia la pobreza y la vulnerabilidad económica extrema si la guerra continúa. Esto haría retroceder al país y a la región décadas, y dejaría profundas cicatrices sociales y económicas para las generaciones
futuras. Ya hemos tenido que aprender una dura lección sobre lo que ya sabemos; en tiempos de emergencia, siempre son las personas vulnerables quienes se llevan la peor parte'. Continúa desarrollando las consecuencias de la guerra, pero nos
detenemos en el tercer punto, que dice así: 'En tercer lugar, el efecto dominó de la crisis de Ucrania en el precio de la energía y las materias primas está yendo mucho más allá de la zona en conflicto. Es probable que el aumento de los precios,
junto con el aumento de la inflación y las presiones de la deuda, fomente la inestabilidad y el malestar. Rusia y Ucrania exportan el 30 % de trigo a nivel mundial. La guerra en Ucrania ahora amenaza con provocar una crisis alimentaria mundial.
El aumento de los precios del gas también pondrá a los países en desarrollo importadores de petróleo en riesgo de sufrir dificultades económicas y recesión. Mientras tanto, la paz y la estabilidad están en juego'.


Es de importancia remarcar este punto porque la subida en los precios de la energía y las materias primas puede desencadenar un efecto devastador en muchos países alrededor del mundo. Según el Consejo Internacional de Cereales, Ucrania fue
en la temporada de 2020/2021 el cuarto mayor exportador de trigo mundial, por detrás de Rusia. De esta forma, exporta el 98 % de este cereal a través de sus puertos y el 2 % por medio de ferrocarriles. Es por este motivo que el ejército ruso, el
cual controla los principales puertos del país, no está permitiendo la exportación del cereal, provocando efectos colaterales al resto del mundo. La agencia alimentaria de la ONU informó en marzo que los precios mundiales de los alimentos
alcanzaron un récord en febrero, registrando una subida interanual del 20,7 %.


En España, el Gobierno de Pedro Sánchez, está desarrollando y haciendo efectivo el concepto de 'Seguridad Alimentaria' como eje que garantice la producción y abastecimiento de este cereal. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y conjuntamente con la Unión Europea, se ha establecido la posibilidad de utilizar tierras que estaban en barbecho para producir trigo, y así ayudar a paliar la falta de este cereal que se está viendo mermado tras la guerra. Durante
los próximos años, España, podrá emplear aquellas tierras que, por la obligación de la PAC, debían estar en barbecho. De este modo, 2,2 millones de hectáreas de los 21 millones que dispone nuestro país, podrán ser usadas para producir maíz, pero,
además, se plantará colza, soja o para producir aceite de girasol.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Analizar las consecuencias alimentarias como consecuencia de la guerra de Ucrania, para el apoyo de España a los países receptores de nuestro país en el ámbito de acción humanitaria y al desarrollo a medio y largo plazo.


2. Reforzar la ayuda humanitaria hacia aquellos países receptores de ayuda humanitaria de nuestro país que estén sufriendo las consecuencias alimentarias de la guerra de Ucrania.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2022.-María Guijarro Ceballos, Diputada.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.



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161/004275


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un mayor número de campañas mediáticas que ayuden a
concienciar a la ciudadanía española sobre las labores llevabas a cabo por parte de la Cooperación Española, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


Exposición de motivos


La Cooperación Española viene realizando acciones por distintas áreas geográficas de todo el mundo durante más de 30 años, situándose como un actor comprometido y responsable de la escena internacional. Nuestro país está presente en África,
Oriente Medio, América Central, Suramérica y Asia. Una labor que ha situado a España como uno de los referentes mundiales en materia de cooperación al desarrollo.


A su vez, la Cooperación Española -en adelante, C.E.- tiene abiertos múltiples sectores de cooperación para ayudar al progreso de las regiones donde estamos presentes. Agua y saneamiento, crecimiento económico, cultura y ciencia, desarrollo
rural, seguridad alimentaria y nutrición, educación, igualdad de género, gobernabilidad democrática, medio ambiente y cambio climático y salud; esta extensa lista de sectores da cuenta de la ingente labor que ejecuta nuestra cooperación. Se puede
decir que la C.E. centra sus esfuerzos y compromisos en promover el Estado de Bienestar, la Transición Ecológica, la Igualdad de Género y Feminismo y los valores democráticos, muy distintos ámbitos que definen la acción y compromiso del Gobierno y
a la mayoría de la ciudadanía española.


Esta labor que hace España, se sustenta sobre la creencia de diversos valores e ideas que forman parte de la actitud y personalidad de todas las españolas y españoles. Valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, la libertad o
ideas y convicciones como el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a tener unos servicios públicos de calidad en educación y sanidad, el derecho a proteger y promover la sostenibilidad de nuestro planeta o la defensa de los
derechos y libertades que hemos construido y cimentado durante nuestra democracia, son el conjunto del imaginario que la Cooperación Española muestra y traslada en su acción exterior.


Por eso, de este modo, tenemos que destinar recursos e inversiones que garanticen la defensa de los derechos humanos, sin descuidar la sensibilización, la reflexión y la visibilización de estas realidades.


Debemos promover personas conscientes, empoderadas y responsables respecto a la sociedad, a la vida propia y al entorno en el que habitan, configurando una ciudadanía global que aspire a transformar la realidad en la que vive. Debemos
concienciar sobre el papel y la responsabilidad que cada una tenemos y apostar por desarrollar capacidades para analizar críticamente y actuar. Debemos comunicar nuestra apuesta clara por la justicia, la diversidad, la sostenibilidad de las vidas y
la equidad favoreciendo estrategias para la participación.


La comunicación es una herramienta clave en esta tarea. Somos parte de un mundo global, y para transformar la realidad de injusticia, desigualdad, exclusión y desesperanza, para que las personas y colectivos aspiren a la igualdad, la
justicia y la solidaridad mediante el desarrollo de sus capacidades, es fundamental la toma de conciencia y el logro de su compromiso en dicha transformación. La sensibilización y concienciación hacia la iniquidad de nuestro planeta es fundamental
para incorporar mediante la comunicación, incluido el mundo educativo.


Es fundamental promover una ciudadanía sensibilizada y unas instituciones comprometidas con el desarrollo humano sostenible. Las acciones de acompañamiento a la sociedad para promover la generación de pensamiento crítico y el compromiso
social e individual. Una ciudadanía global, pero activa en la construcción de alternativas.


Es por ello que, siendo un motivo de orgullo para todas las españolas y españoles, es importante mostrar toda la labor que se efectúa por todo el planeta. En muchos casos, la ciudadanía desconoce que labor realizan las cooperantes y
cooperantes españoles, sería un gran elemento pedagógico que, además, de las nociones educativas que se imparten en las universidades, desde los medios de comunicación tradicionales y más contemporáneos -periódicos, televisiones, radios, redes
sociales, etc.-, se introdujese, con mayor asiduidad, un mayor número de campañas mediáticas que consigan transmitir de



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manera efectiva los valores e ideas que se traslada diariamente desde la Cooperación Internacional al Desarrollo de España.


Porque solo si transformamos mentalidades, transformaremos realidades.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a introducir con mayor asiduidad campañas mediáticas que ayuden a conocer los valores, ideas y tareas que lleva a cabo la Cooperación Española en el exterior y conseguir una
ciudadanía crítica con las desigualdades globales y activa en el trabajo por la justicia social.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2022.-María Guijarro Ceballos, Diputada.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Igualdad


161/004267


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para aplicar la perspectiva de género en el estudio y tratamiento de las
enfermedades raras o poco frecuentes, para su debate en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


Se estima que en España existen más de 3 millones de personas con enfermedades raras o poco frecuentes. Es decir, con enfermedades que afectan a un limitado número de personas, en concreto, a menos de 5 de cada 10.000 habitantes.


Por lo tanto, las enfermedades raras son las que tienen una baja prevalencia en la población. Sin embargo, en su conjunto, afectan a millones de personas, porque según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo existen cerca de
7.000 enfermedades raras que afectan al 7 % de la población, en sus capacidades físicas, mentales, y en sus cualidades sensoriales y de comportamiento.


Uno de los principales problemas a los que se enfrenta una persona con una enfermedad poco frecuente es el diagnóstico. El tiempo de espera para obtenerlo se prolonga durante años. El desconocimiento del funcionamiento y sintomatología de
estas patologías es una de las causas de esta demora que, además, tiene un importante sesgo de género.


Según datos de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) 'el 67 % de las mujeres con una enfermedad poco frecuente sufren demora en el diagnóstico, ya que los síntomas de las diferentes patologías no se manifiestan de la misma
forma en las mujeres que en los hombres, y eso dificulta el acceso a un diagnóstico'. Padeciendo con ello un doble sesgo: ser mujer y padecer una enfermedad rara.


Según FEDER, en 2021, el SIO (Servicio de Información y Orientación) atendió a más de 5.000 personas, de las cuales el 80 % eran mujeres. De los 975 menores atendidos, el 95 % fueron niñas. En el SAP (Servicio de Atención Psicológica) de
la entidad, de las 825 personas atendidas el año pasado, el 94 % eran mujeres.


Una consecuencia inmediata de este sesgo por razón de sexo es, según esta entidad, que las mujeres ven agravadas su enfermedad en una proporción doble a los hombres. A esto se suma que, en muchos casos, las enfermedades raras son
degenerativas, y en un alto porcentaje, el 65 %, son graves e invalidantes. Lo que añade a las mujeres que sufren una enfermedad rara una tercera causa de discriminación, la discapacidad.


Además, en el 64 % de los casos son las mujeres las que asumen el cuidado del familiar con enfermedad rara. Todos estos datos ponen de manifiesto, que ante una enfermedad rara o poco frecuente, las mujeres, ya sea por su condición de
enfermas o de cuidadoras sufren mayor discriminación no solo en



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el retraso de un diagnóstico y por lo tanto el acceso a un tratamiento, sino también en el ámbito educativo, social y laboral, incrementando la desigualdad que existe respecto a los hombres.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a:


1. Recoger en los registros los datos epidemiológicos desagregados por edad y por sexo.


2. Promover estudios y análisis de la situación de las mujeres y las niñas que padecen enfermedades raras.


3. Incorporar perspectiva de género en la investigación de las enfermedades raras, prestando especial atención a la identificación de síntomas diferenciados por sexo.


4. Fomentar la perspectiva de género en atención, no solo sanitaria sino también psico-social.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.-Raquel Pedraja Sáinz, Laura Berja Vega y Sonia Guerra López, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Justicia


181/001858


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputado don Luis Santamaría Ruiz.


Texto:


¿Cuál es la política general del Gobierno de España en el ejercicio de la gracia del indulto y, más en concreto, en la concesión del indulto a doña María Sevilla Sánchez, ex presidenta de la asociación Infancia Libre, condenada como autora
de un delito de sustracción de menores a la pena de prisión de 2 años y 4 meses entre otras penas, y en la formación del expediente de la solicitud de indulto de don Francisco Gutiérrez Orúe, condenado como autor de un delito continuado de
prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil, quien aduce su militancia socialista y sindical como méritos para la obtención de dicha gracia?


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2022.-Luis Santamaría Ruiz, Diputado.



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181/001862


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don Diego José Gago Bugarín, don Javier Bas Corugeira, don Juan Manuel Constenla Carbón, don Jaime de Olano Vela, don Celso Delgado Arce, don Joaquín María García Díez y don Luis Santamaría Ruiz y Diputadas doña Ana María Pastor
Julián, doña Marta González Vázquez, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña Valentina Martínez Ferro y doña Tristana Moraleja Gómez.


Texto:


¿Tiene intención el Gobierno de conceder el indulto a don Francisco Javier Gutiérrez Orúe, afiliado hace más de 30 años al Partido Socialista vigués y funcionario del Ayuntamiento de Vigo, condenado a cinco años y tres meses de prisión por
malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil, tras confirmarse por el Tribunal Supremo la existencia de un plan urdido por éste para la contratación oculta y al margen de la legalidad en una concesionaria
municipal de la cuñada de doña Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde del Concello de Vigo?


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2022.-Diego Gago Bugarín, Javier Bas Corugeira, Juan Manuel Constenla Carbón, Jaime Eduardo de Olona Vela, Celso Luis Delgado Arce, Joaquín María García Díez, Luis Santamaría Ruiz, Ana
María Pastor Julián, Marta González Vázquez, Ana Belén Vázquez Blanco, María Valentina Martínez Ferro y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.


Comisión de Interior


181/001852


A la Mesa de la Comisión de Interior


Diputados doña Macarena Olona Choclán y don Francisco Javier Ortega-Smith Molina, en su condición de Portavoces Adjuntos, y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados
del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al señor Ministro del Interior.


Texto:


¿Qué se ha hecho desde el Ministerio del Interior para evitar el traslado del centro de formación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras Costas ('FRONTEX') a Portugal?


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2022.-Macarena Olona Choclán, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.


181/001853


A la Mesa de la Comisión de Interior


Diputados doña Macarena Olona Choclán y don Francisco Javier Ortega-Smith Molina, en su condición de Portavoces Adjuntos, y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados
del Grupo Parlamentario VOX.



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Dirigida al Director General de la Policía Nacional.


Texto:


Con el traslado de la sede de formación de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas ('FRONTEX') a Portugal ¿qué medidas políticas se van a adoptar para mantener el 'prestigio internacional' como aseguraba en sede parlamentaria,
gozaba el centro ubicado en Ávila?


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2022.-Macarena Olona Choclán, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


181/001848


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Texto:


¿Qué razones justificarían el incremento progresivo de los hechos conocidos de delitos de ocupación desde el año 2011 (3.849 casos) hasta el 2021 (17.274 casos)?


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de la Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Salas, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.


Comisión de Educación y Formación Profesional


181/001857


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados doña Georgina Trías Gil, don Joaquín Robles López, don José Ramírez del Río, doña María de los Reyes Romero Vilches y doña María Teresa López Álvarez, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Educación y Formación Profesional, doña María del Pilar Alegría Continente


Texto:


¿Cuál ha sido la participación del Gobierno de España, a través del Consejo Escolar del Estado, en el contenido de los nuevos libros de texto elaborados en 2022 para el curso 2022-2023 en adaptación a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y a los Reales Decretos de enseñanzas mínimas?


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2022.-Georgina Trías Gil, Joaquín Robles López, José Ramírez del Río, María de los Reyes Romero Vilches y María Teresa López Álvarez, Diputados.



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Comisión de Industria, Comercio y Turismo


181/001859


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.


Texto:


¿Qué acciones va a acometer el Gobierno para garantizar la competitividad de la industria española en su acelerado proceso de descarbonización?


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2022.-Patricia Ruedo Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


181/001854


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Texto:


¿Qué impacto pueden tener las declaraciones del ministro de Consumo, don Alberto Carlos Garzón Espinosa, que pretende que la población española reduzca el consumo de carne y productos lácteos, para el sector ganadero español?


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo del 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.


181/001855


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.



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Texto:


¿Qué medidas tiene previsto poner en marcha el Gobierno para defender a los citricultores españoles frente a la entrada de falsa polilla en las importaciones de cítricos a la Unión Europea?


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.


181/001856


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Texto:


¿Qué medidas va a promover el Gobierno para combatir la escalada de precios del gasóleo agrícola que sufre el sector agrario español?


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/001847


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputado don Óscar Gamazo Micó.


Texto:


¿Va el Gobierno a 'chulear' al Ayuntamiento de Gandía al no atender su petición, formulada a Demarcación de Costas dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de cese o modificación de la extracción de
arena en las playas del término municipal de Gandía durante la temporada estival, o en su caso paralización de las actuaciones de extracción de arena hasta la finalización de la temporada turística?


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2022.-Óscar Gamazo Micó, Diputado.


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


181/001850


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputada doña María Teresa López Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Secretario de Estado de Derechos Sociales.



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Texto:


¿Podría informarnos acerca de la implantación de la Estrategia Española en Transtornos del Espectro de Autismo (TEA), así como del Plan de Acción 2017-2024 y su contenido?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2022.-María Teresa López Álvarez, Diputada.


181/001860


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputada doña María Teresa López Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Excma. Sra. Delegada del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta.


Texto:


¿Cómo justifica el Gobierno de España la reapertura de las fronteras terrestres con Marruecos el pasado día 17 de mayo coincidiendo con la invasión de miles de marroquíes a Ceuta en mayo de 2021?


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2022.-María Teresa López Álvarez, Diputada.


181/001861


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputada doña María Teresa López Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Excma. Sra. Delegada del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta.


Texto:


¿Tiene alguna relación la reapertura de las fronteras terrestres de España con Marruecos, el pasado 17 de mayo, con los posibles espionajes vinculados al caso Pegasus de los teléfonos del Presidente del Gobierno y algunos ministros?


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2022.-María Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás y Georgina Trías Gil, Diputados.


Comisión de Política Territorial


181/001863


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don Vicente Betoret Coll, don Alberto Casero Ávila, don Juan Manuel Constenla Carbón y don Percival Manglano Albacar y Diputadas doña Carmen Navarro Lacoba, doña Ana María Beltrán Villalba, doña Llanos de Luna Tobarra, doña Beatriz
Jiménez Linuesa y doña Milagros Marcos Ortega.


Texto:


¿Ha sido de alguna manera sancionada o amonestada la Delegada del Gobierno en Madrid, doña Mercedes González, por propiciar la difusión de un ataque partidista contra la Presidenta la Comunidad de Madrid a través de los medios
institucionales de la Delegación del Gobierno, en particular, la publicación de su tribuna de opinión en El País titulada 'De la mentira, del odio y del ruido se sale' en la cuenta de Twitter de la Delegación del Gobierno en Madrid el pasado 29 de
mayo?


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2022.-Vicente Betoret Coll, Alberto Casero Ávila, Juan Manuel Constenla Carbón, Percival Manglano Albacar, Carmen Navarro Lacoba, Ana María Beltrán Villalba, Llanos de Luna Tobarra,
Beatriz Jiménez Linuesa y Milagros Marcos Ortega, Diputados.



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181/001864


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don Vicente Betoret Coll, don Alberto Casero Ávila, don Juan Manuel Constenla Carbón y don Percival Manglano Albacar y Diputadas doña Carmen Navarro Lacoba, doña Ana María Beltrán Villalba, doña Llanos de Luna Tobarra, doña Beatriz
Jiménez Linuesa y doña Milagros Marcos Ortega.


Texto:


¿Quién es la persona responsable de las cuentas de las redes sociales de la Delegación del Gobierno en Madrid y quién le dio la orden de que publicara la tribuna de opinión de la Delegada del Gobierno doña Mercedes González en El País
titulada 'De la mentira, del odio y del ruido se sale' en la cuenta oficial de la Delegación del Gobierno en Madrid en Twitter el pasado 29 de mayo?


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2022.-Vicente Betoret Coll, Alberto Casero Ávila, Juan Manuel Constenla Carbón, Percival Manglano Albacar, Carmen Navarro Lacoba, Ana María Beltrán Villalba, Llanos de Luna Tobarra,
Beatriz Jiménez Linuesa y Milagros Marcos Ortega, Diputados.


181/001865


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don Vicente Betoret Coll, don Alberto Casero Ávila, don Juan Manuel Constenla Carbón y don Percival Manglano Albacar y Diputadas doña Carmen Navarro Lacoba, doña Ana María Beltrán Villalba, doña Llanos de Luna Tobarra, doña Beatriz
Jiménez Linuesa y doña Milagros Marcos Ortega.


Texto:


¿Se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado en el momento de publicar la tribuna de opinión en El País de la Delegada del Gobierno en Madrid, doña Mercedes González,
titulada 'De la mentira, del odio y del ruido se sale' en la cuenta Twitter de la Delegación del Gobierno en Madrid el pasado 29 de mayo?


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2022.-Vicente Betoret Coll, Alberto Casero Ávila, Juan Manuel Constenla Carbón, Percival Manglano Albacar, Carmen Navarro Lacoba, Ana María Beltrán Villalba, Llanos de Luna Tobarra,
Beatriz Jiménez Linuesa y Milagros Marcos Ortega, Diputados.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/085165


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Telechea i Lozano, Carolina (GR).


Reformulación de las cuestiones contenidas en los guiones decimocuarto y decimosexto de su pregunta sobre relación del Gobierno con la empresa NSO Group Techonologies, así como utilización del software Pegasus o cualquier otra herramienta
apta para la intervención de comunicaciones.



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Acuerdo:


Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


La Diputada Carolina Telechea i Lozano del Grupo Parlamentario Republicano al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.


- ¿El Gobierno de España ha sido o es cliente de la empresa NSO Group Technologies? En caso afirmativo, ¿En qué fechas? ¿Con qué finalidad?


- ¿El Gobierno de España ha sido o es cliente de alguna empresa relacionada, participada o que haga de intermediaria de NSO Group Technologies? En caso afirmativo, ¿Cuáles? ¿En qué fechas ha mantenido relaciones comerciales? ¿Con qué
finalidad?


- ¿Qué productos y/o servicios concretos ha adquirido el Gobierno de España de la empresa NSO Group Technologies durante los últimos seis años (2014-2020)?


- ¿El Gobierno de España ha adquirido o dispone del software Pegasus (o cualquier otra herramienta apta para la intervención de comunicaciones)?


- ¿Qué unidades de la administración general del Estado utilizan o han utilizado el software Pegasus (o cualquier otra herramienta apta para la intervención de comunicaciones)?


- ¿El Cuerpo Nacional de Policía utiliza o ha utilizado en alguna ocasión el software Pegasus (o cualquier otra herramienta apta para la intervención de comunicaciones)?


- ¿La Guardia Civil utiliza o ha utilizado en alguna ocasión el software Pegasus (o cualquier otra herramienta apta para la intervención de comunicaciones)?


- ¿Qué coste ha tenido para el Estado la adquisición y utilización del software Pegasus (o cualquier otra herramienta apta para la intervención de comunicaciones)? Si el coste se ha reflejado en distintos presupuestos y/o en distintas
partidas presupuestarias, ¿cuál ha sido el coste total para el Estado durante los últimos seis años (2014-2020)? Detallar por partida y año.


- ¿Cuánto dinero ha pagado el Gobierno de España a la empresa NSO Group Technologies durante los últimos seis años (2014-2020)? ¿Por qué conceptos?


- ¿En qué tipo de investigaciones se utiliza el software Pegasus (o cualquier otra herramienta apta para la intervención de comunicaciones)?


- ¿Quién determina los objetivos a investigar mediante el software Pegasus (o cualquier otra herramienta apta para la intervención de comunicaciones)?


- ¿La Policía Nacional o la Guardia Civil tienen capacidad técnica para intervenir dispositivos situados fuera de España?


- ¿Se ha utilizado Pegasus (o cualquier otra herramienta apta para la intervención de comunicaciones) en España siempre con orden judicial o cobertura legal?, ¿y fuera de España?


- ¿El Gobierno de España puede garantizar que nunca ningún miembro del CNP o de la Guardia Civil, ha utilizado el software Pegasus (o cualquier otra herramienta apta para la intervención de comunicaciones) sin orden judicial previa?


- ¿La Policía Nacional o la Guardia Civil han adquirido sus licencias de Pegasus (o cualquier otra herramienta apta para la intervención de comunicaciones) directamente o a través de un intermediario? Si es así, ¿cuál?


- ¿Cuántas licencias de Pegasus (o cualquier otra herramienta apta para la intervención de comunicaciones) tiene o ha tenido la Policía Nacional o la Guardia Civil?, ¿cuánto han costado?, ¿hasta cuándo están vigentes?, ¿estas licencias
son para rastrear objetivos solo en España o también en el extranjero?


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2022.-Carolina Telechea i Lozano, Diputada.