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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 464, de 31/05/2022
cve: BOCG-14-D-464
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
31 de mayo de 2022
Núm. 464
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004210 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la elaboración de una auditoría de todos los gastos atribuibles a cualesquiera de los Departamentos del Gobierno y/o instituciones y que son destinados
a los miembros de la Casa Real ... (Página5)
161/004211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la destitución de la Directora del CNI y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Gobierno ...
Comisión de Justicia
161/004222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la concesión de indulto al sindicalista Xesús Anxo López Pintos por los hechos acaecidos en Ferrol en octubre de 2012 ...
Comisión de Defensa
161/004201 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del Reglamento de los Reservistas de las Fuerzas Armadas ... (Página9)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la auditoría y racionalización del gasto de las entidades pertenecientes al sector público institucional de la Administración General del Estado ...
Comisión de Interior
161/004203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a evitar la impunidad de los jefes de ETA por su política de asesinatos y crímenes de lesa humanidad llevada a cabo en toda España ...
(Página19)
161/004206 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la paralización de la supresión de los equipos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) en los municipios
de Baena, Rute, Montoro, Peñarroya, Villanueva de Córdoba y Hornachuelos (Córdoba) ... (Página22)
161/004225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a Turismo Seguro ... (Página23)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la instalación de barreras acústicas en la AP-9 en el tramo entre Mariñán y Miodelo en el Ayuntamiento de Bergondo (A Coruña) ...
161/004214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso de la ejecución de la autovía de circunvalación del área metropolitana de Sevilla (SE-40) ... (Página25)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso del sector cerámico español ... (Página29)
161/004224 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a Turismo Seguro ... (Página30)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre supresión de la Dirección General de Derechos de los Animales ... (Página32)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004212 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la cesión de derechos del uso del agua de la Acequia Real del río Xúquer a la Sociedad de Aguas de Almanzora, S.A. ... (Página35)
161/004219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el trazado de líneas de base rectas en las zonas donde se encuentran la isla de Alborán y el islote de La Nube, con el fin de delimitar correctamente nuestras
aguas de soberanía y jurisdicción, especialmente a efectos de pesca ... (Página37)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la cesión de derechos del uso del agua de la Acequia Real del río Xúquer a la Sociedad de Aguas de Almanzora, S.A. ... (Página45)
Comisión de Cultura y Deporte
161/004197 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción del legado artístico y literario de don Jacinto Benavente y Martínez ... (Página47)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004204 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la digitalización del Sistema Nacional de Salud y la inclusión de los servicios de farmacia digital en la cartera básica de servicios
del Sistema Nacional de Salud ... (Página50)
161/004215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre garantía de la calidad de vida de los pacientes electrodependientes ... (Página52)
161/004223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a requerir a las entidades bancarias a ofrecer medios de autenticación de doble factor alternativos a los mensajes SMS para
proteger a sus clientes del SIM-swapping ... (Página54)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la adopción de los principios de la ciencia abierta ... (Página55)
Comisión de Igualdad
161/004198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para el desarrollo de programas itinerantes de atención a las víctimas de explotación sexual ... (Página56)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a garantizar la atención temprana de 0 a 6 años ... (Página58)
161/004216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a garantizar los derechos de la infancia en situación de irregularidad ...
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la inmovilización de vehículos como consecuencia de presuntas infracciones viales ... (Página61)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Constitucional
181/001843 Pregunta formulada por los Diputados José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP), Moro Almaraz, María Jesús (GP), Uriarte Bengoechea, Edurne (GP) y Borrego Cortés, Isabel María (GP), sobre actividad que ha desarrollado el
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para garantizar la calidad normativa de las propuestas del Gobierno ... (Página62)
181/001844 Pregunta formulada por los Diputados José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP), Moro Almaraz, María Jesús (GP) y Uriarte Bengoechea, Edurne (GP), sobre motivo por el que no se someten a dictamen del Consejo Consultivo todos
los Proyectos de Ley y, en particular, los Proyectos de Ley Orgánica ... (Página62)
181/001845 Pregunta formulada por los Diputados José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP), Moro Almaraz, María Jesús (GP) y Uriarte Bengoechea, Edurne (GP), sobre medidas que va a adoptar el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática para evitar la mala técnica, las incoherencias y contradicciones que se observan en las propuestas normativas del Gobierno ... (Página63)
Comisión de Educación y Formación Profesional
181/001837 Pregunta formulada por los Diputados Georgina Trías Gil (GVOX), Robles López, Joaquín (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX), Romero Vilches, María de los Reyes (GVOX) y López Álvarez, María Teresa (GVOX), sobre razones por las que
se rebajó la previsión de gasto al 3,3 % del PIB para 2030 en la Actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 del Reino de España, enviada a Bruselas el 29/04/2022 ... (Página63)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001841 Pregunta formulada por los Diputados Guillermo Mariscal Anaya (GP) y Moraleja Gómez, Tristana María (GP), sobre grado de cumplimiento del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en relación con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y
Conectado (PERTE VEC) y, en especial, en relación con las garantías de transparencia y concurrencia competitiva ... (Página64)
181/001842 Pregunta formulada por los Diputados Guillermo Mariscal Anaya (GP) y Moraleja Gómez, Tristana María (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si los sucesivos cambios en los plazos definidos para la presentación de solicitudes de
ayudas garantiza las condiciones de concurrencia competitiva a todos los participantes, en relación con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001839 Pregunta formulada por los Diputados Rubén Darío Vega Arias (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre forma en la que
va a evitar el Gobierno que la instalación de parques eólicos flotantes perjudique al sector pesquero español de la zona ... (Página64)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001838 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco
José (GVOX) y Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre forma en la que va a evitar el Gobierno que la instalación de parques eólicos flotantes perjudique al medio natural español de la zona ... (Página65)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
181/001742 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GPlu), sobre exigencia de traducción a los firmantes de quejas de la Plataforma Gondomar Fibra XA! (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/080351).
Retirada ... (Página65)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página65)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/004210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Gabriel Rufián Romero y de la Diputada Carolina Telechea i Lozano, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la elaboración de una auditoría de todos los gastos atribuibles a cualesquiera de los departamentos del Gobierno y/o instituciones y que son destinados a los miembros de la Casa Real, para su debate en instancia en la
Comisión de Constitucional.
Exposición de motivos
A raíz de las noticias aparecidas en relación con la figura del rey emérito y su posible vuelta inmediata a territorio del Estado se suceden las especulaciones sobre la manutención, residencia, gastos relacionados con la seguridad y todo
aquello que envuelve la figura del exmonarca y, en especial, aquellos aspectos tangenciales a los gastos públicos y a los estamentos institucionales.
Las noticias de las regularizaciones por rentas no declaradas del Rey Juan Carlos I de Borbón por valor de millones de euros perturbaron a la ciudadanía a pesar del archivo de las causas judiciales. Estos pagos extraordinarios a Hacienda de
cantidades que se debieron declarar hace años, se llevaron a cabo meses después de la huida del emérito a Abu Dabi. Sobre estos hechos, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó que no se hubieran abierto
inspecciones al no tener la Agencia Tributaria ninguna capacidad de actuar, negando ningún trato de favor al Borbón. Sin embargo, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda GESTHA, parece ser que la vía para iniciar una inspección tributaria
siempre ha estado abierta, porque en ningún momento ni el Tribunal Supremo ni la Fiscalía habían notificado al Rey emérito ninguna investigación para averiguar posibles delitos fiscales.
Este presunto trato de favor a Juan Carlos I por parte de la AEAT no hacen más que minar la confianza ciudadana para con las altas instituciones del Estado.
Meses atrás se hizo público que había personal con emolumentos a cargo del erario dedicado a atender las necesidades del rey emérito. Esto no obstante la abdicación en 2014 y el abandono de sus atribuciones de representación pública y
declaraciones de la vicepresidencia del Gobierno negando cualquier tipo de gasto público dedicado a la manutención del emérito. Por lo visto, y a pesar de haber anunciado que Juan Carlos de Borbón ya no percibía asignación alguna -por decisión de
Felipe VI-, había personal dependiente de Patrimonio Nacional trabajando en Los Emiratos Árabes Unidos asistiendo al padre del actual Rey en su retiro. Gracias a investigaciones periodísticas publicadas en eldiario.es parece ser que la Casa Real
destina parte de su presupuesto a «pluses» para más de 139 personas que forman parte de la plantilla pero que reciben sus nóminas de diferentes ministerios y que también trabajan en tareas relacionadas con la actividad de la Corona o más
directamente de la Familia Real. Entre otros de personal contratado por Presidencia, Patrimonio Nacional, Hacienda. Esto sin contar todos los agentes
ya sean de la Guardia Real (que dependen de Defensa) y de Interior destinados a la seguridad de los miembros de la Familia Real. En total se destinan 2,5 millones de euros de la partida consignada en los PGE para la Casa Real a sufragar
estos «complementos retributivos». Así pues, es difícil saber exactamente la cuantía auténtica de gasto público destinado a personal trabajando para la Monarquía.
A pesar de la partida presente en los Presupuestos Generales destinada exclusivamente a la Casa Real y que es objeto de cierta fiscalización y transparencia, es imposible conocer, hoy en día, todos los gastos públicos que son de usufructo y
aprovechamiento para los miembros de la Casa Real, la mayoría atribuibles a los ministerios del Interior, Defensa y Presidencia. Es imprescindible, pues, para disipar las sombras de duda sobre la más alta magistratura del Estado que se ponga luz
sobre todas las cuentas y gastos públicos que son destinados a los miembros de la Casa Real.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
- Elaborar, en el plazo de tres meses, una auditoría de todos los gastos atribuibles a cualesquiera de los departamentos del Gobierno y/o instituciones y que son destinados a los miembros de la Casa Real. El resultado de esta se plasmará en
un informe desglosado por departamentos y atribuciones del que dará cuenta pública el Ministerio de la Presidencia en el Congreso de los Diputados.
- Elaborar, en el plazo de tres meses, un informe con todos los gastos atribuibles a cualesquiera de los departamentos del Gobierno destinados a la manutención, seguridad y representación del rey emérito durante su estancia en los Emiratos
Árabes Unidos desde su huida en agosto de 2020. El resultado de esta se plasmará en un informe desglosado por departamentos y atribuciones del que dará cuenta pública el Ministerio de la Presidencia en el Congreso de los Diputados.
- Publicar los informes de los apartados anteriores en el Portal de la Transparencia y en el de la Casa Real.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2022.-Carolina Telechea i Lozano, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la destitución de la
Directora del CNI y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Gobierno, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en su comparecencia del pasado 11 de mayo de 2022 ante la Comisión Constitucional afirmó que las prioridades del Gobierno son tres: 1) la transformación del sistema económico y productivo, 2) el
refuerzo del Estado del Bienestar, y 3) La ampliación de los derechos y libertades de los ciudadanos, con instituciones modernas y transparentes.
Sin embargo, el propio ministro de la Presidencia puso en cuestión el tercer objetivo en su comparecencia, al negarse a ofrecer transparencia sobre un asunto que tiene importantes consecuencias en la defensa de los derechos y libertades de
los españoles. Se trata de la llamada crisis del espionaje, un problema cuyo debate político comenzó hace unas semanas, tras la publicación en un medio extranjero del supuesto espionaje a líderes independentistas catalanes, crisis que se ha saldado
por el momento con la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban. Esa gestión de la llamada crisis del espionaje ha sido contraria a la transparencia, puesto que todo Gobierno, desde el presidente hasta la ministra de Defensa, de la misma
manera que el ministro de la Presidencia en su comparecencia ante la Comisión Constitucional, se ha negado reiteradamente a explicar las razones de la destitución de esta directora. Y, en aparente contradicción con la propia destitución, el
Gobierno sí ha repetido varias veces, también el ministro Bolaños en su comparecencia, que todas las acciones del CNI se han producido de acuerdo al Estado de Derecho.
Las reiteradas preguntas de la oposición sobre los motivos de la destitución de la directora del CNI, entre otras, en la sesión de control al Gobierno del 18 de mayo de 2022, no han encontrado hasta ahora respuesta alguna del Gobierno.
Ahora bien, lo que sí ha hecho el Gobierno es deslizar la sugerencia, en ningún momento afirmación o confirmación, de que el cese podría estar relacionado con un fallo en la seguridad del presidente y varios ministros, por espionaje de «agentes
externos» en sus móviles en 2021. Sin embargo, la destitución de la directora del CNI ha coincidido con la exigencia de los independentistas catalanes de esa destitución por lo que consideran responsabilidad del CNI en el supuesto espionaje a los
líderes independentistas, y se ha producido ahora, en 2022, y no en 2021, cuando se produjo el fallo de seguridad en los móviles del Gobierno, por lo que cabe pensar que se ha debido a la exigencia independentista. Y la negativa reiterada del
Gobierno a explicar las razones de la destitución refuerza la interpretación de que ha respondido a la presión de los independentistas.
Pero, además, en esta crisis también nos encontramos ante una decisión que afecta a los derechos y libertades de los españoles. Y no solo porque el CNI actuó siempre de acuerdo a las leyes, tal como ha subrayado el Gobierno, sino porque el
CNI investigó a líderes independentistas por sospechas de que podrían estar actuando en contra de la seguridad del Estado y de las libertades y derechos de los españoles. De hecho, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó esa
razón, la investigación por parte de los servicios de Inteligencia de acciones violentas del llamado Tsunami Democràtic y su posible vinculación con líderes políticos, en una entrevista en la cadena Telecinco el 28 de octubre de 2019.
El Defensor del Pueblo ha verificado que la actuación del CNI se ha realizado conforme a la Constitución y la Ley, y así concluye la investigación iniciada de oficio con la intención de esclarecer la actuación del CNI en relación a la
utilización de Pegasus.
Dado que el Gobierno confirmó esa investigación del CNI, dado también que ha reiterado su carácter plenamente legal, y dado que ha destituido al mismo tiempo a la persona responsable del CNI, a la obligación de transparencia del Gobierno se
une su obligación de velar por los derechos y libertades de los españoles que estaban siendo protegidos por las investigaciones del CNI.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a hacer públicas las razones por las que ha destituido a la directora del CNI, Paz Esteban, no solo en su obligación de transparencia, sino también en el cumplimiento de su obligación de
defensa de los derechos y libertades de los españoles.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.-Edurne Uriarte Bengoechea, Isabel María Borrego Cortés, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Jaime Miguel Mateu Istúriz, María Jesús Moro Almaraz, Ana María Beltrán Villalba,
Adolfo Suárez Illana, Carmen Navarro Lacoba y Vicente Tirado Ochoa, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/004222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la concesión de indulto al sindicalista Xesús Anxo López Pintos por los hechos acaecidos en Ferrol en octubre de 2012 para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El 4 de octubre de 2012 tenía lugar en Ferrol una concentración convocada por los comités de empresa de Poligal y de Navantia para protestar contra las políticas de recortes del entonces Gobierno del PP. Una concentración a la que acudieron
multitud de personas, organizaciones, sindicatos y formaciones políticas diversas.
La concentración tuvo lugar delante del Hotel Almirante en la ciudad ferrolana, y al finalizar, la policía procedió a la detención del conocido sindicalista en la comarca de Ferrol, Xesús Anxo López Pintos, exsecretario comarcal de la CIG.
Una actuación de persecución contra una persona concreta que se observó como injusta, arbitraria y cargada de violencia.
El representante sindical fue condenado por la Audiencia Provincial de A Coruña a una pena de 6 meses y un día de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por ese tiempo, por la comisión de un delito de atentado
contra agente de la autoridad. Una sentencia que ha confirmado el Tribunal Supremo.
Huelga decir que el derecho fundamental al libre ejercicio de la actividad sindical, recogido tanto en el artículo 28 de la CE, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, entre otras normas, se vio vulnerado la noche del 4 de octubre de 2012 cuando de forma arbitraria se procedió a la detención y condena judicial del sindicalista mencionado, quien además fue víctima de malos tratos, como se publicó en los
medios de comunicación.
Han transcurrido diez años desde los hechos descritos, además de que el sindicalista ferrolano se halla actualmente en una situación de jubilación.
Añádase que para la concesión de un indulto es necesario que concurran en favor de un condenado razones de justicia, equidad o utilidad pública. Creemos desde el BNG que los tres factores se aúnan en este caso. El representante sindical
participaba en la concentración para defender intereses sociales, laborales y económicos colectivos, y no intereses particulares.
Con esta iniciativa parlamentaria queremos apelar al Gobierno a que inicie la tramitación para proceder a indultarle. Como es sabido, la concesión de un indulto es decisión del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Justicia.
El indulto está previsto en el artículo 62 de la Constitución. La ley que establece las norma para dicho ejercicio de gracia es de 18 de junio de 1870, una ley con más de 150 años de vigencia.
Permite la adopción de decisiones políticas sobre cuestiones previamente abordadas por el poder judicial.
A lo largo de estas décadas se han concedido indultos a políticos corruptos, a golpistas del 23-F o banqueros, por lo que resultaría sorprendente que no se concediese en un caso absolutamente justo como es el de este sindicalista en el
ejercicio de su actividad sindical en una concentración, en una época de crisis económica muy dura, poder recibir el indulto total.
El cumplimiento efectivo de la pena de prisión supondría un enorme sufrimiento para el sindicalista y para su entorno familiar. Creemos necesario que desde el Gobierno se estudie esta petición de indulto.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a iniciar, con carácter urgente, la tramitación ante el Consejo de Ministros que permita la aprobación del indulto para el sindicalista de la CIG (Ferrol), Xesús Anxo López Pintos,
condenado a una pena de 6 meses y un día de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por ese tiempo, por la comisión de un delito de atentado contra agente de la autoridad, en la concentración llevada a cabo en Ferrol el 4 de
octubre de 2012.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Defensa
161/004201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre una eventual modificación del
Reglamento de los Reservistas de las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El pasado 2019 se cumplieron 20 años de la creación de la figura del Reservista Voluntario de las Fuerzas Armadas españolas. Con la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, el Reino de España vino a dar
cumplimiento, entre otras materias, a las directrices de la OTAN respecto a la dotación a las Fuerzas Armadas españolas de una figura de fuerzas de reserva análoga a la de nuestros países aliados.
En su Título XIII de «Aportación suplementaria de recursos humanos» por primera vez se habla de reservistas en el sentido aliado del término, como figura de personal civil con capacidades con las que reforzar a las fuerzas regulares o
profesionales. En el Capítulo I, Disposiciones generales, se clasifican los reservistas en su artículo 163. En el Capítulo III se crea, más concretamente, la figura del Reservista Voluntario (RV), con una posibilidad inicial al acceso de ostentar
el primero de los empleos en la categoría de oficial, suboficial y tropa o marinería, fijados en su artículo 172, empleos de Alférez, Sargento y Soldado, según la categoría a la que hayan accedido en la correspondiente convocatoria de plazas.
Sin perjuicio de que la creación y desarrollo de la figura del reservista español se trata de un avance importante en el cumplimiento de las directrices OTAN, lo cierto es que no fue hasta transcurridos ocho años que, con la Ley de Carrera
Militar 39/2007, de 19 de noviembre de 2007, se pudo abrir la posibilidad de ascensos en la condición de reservista, hasta entonces vetada de forma no equiparable a las reservas de nuestros países aliados. Así el artículo 128 de la Ley de Carrera
Militar estableció que «reglamentariamente se determinara la forma de ascender a empleos superiores, estableciendo sus atribuciones y los procedimientos, requisitos y condiciones, especialmente las referidas a los tiempos mínimos en que deberán
haber permanecido activados».
Si bien la Ley de Carrera Militar de 2007 abría el camino para poder acceder a ascensos en condición de reservistas, no fue hasta cuatro años más tarde, en 2011, que esta posibilidad se materializó mediante el Real Decreto 383/2011, de 18 de
marzo, por el que se aprobó el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas. Este texto legal, en el Capítulo II, Sección 4a de «Empleos, destinos y ascensos», en su artículo 24 fijó como empleos de los reservistas voluntarios inicialmente los
de alférez o alférez de fragata, sargento y soldado o marinero, según la categoría a la que hubieran accedido en la correspondiente convocatoria, incluyendo además la posibilidad de que posteriormente se pudieran alcanzar los empleos siguientes:
a) Oficiales: Teniente o Alférez de navío y Capitán o Teniente de navío.
b) Suboficiales: Sargento primero y Brigada.
c) Tropa y Marinería: Cabo y Cabo primero.
Hay que indicar que el empleo inicial de oficiales, alférez o alférez de fragata, aunque no desaparece con la Ley por la necesidad de reintegrar al personal de la antigua Escala de Oficiales, se mantiene con un carácter eventual para los
oficiales de carrera (resuelto en la Disposición transitoria cuarta, con fecha límite 30 de junio de 2009) y para alumnos de la Enseñanza Militar.
De este modo desde la creación de la figura del Reservista de las Fuerzas Armadas, hubieron de pasar 12 años para incluir en España un modelo de reserva militar con posibilidad de que sus miembros fueran ascendiendo en empleo militar a
medida que fueran cumpliendo los requisitos establecidos a tal fin, si bien con un techo o límite de hasta dos empleos en ascenso.
Con la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, se concretó además el modo y manera de atender al tratamiento de los Reservistas en los períodos de no activación, siendo que en su
artículo 52.2 se establece que «mientras no se encuentren
activados los reservistas no tienen condición de militar, si bien en sus relaciones con el Ministerio de Defensa, derivadas de tal condición, respetarán los cauces y normas de cortesía de aplicación en las Fuerzas Armadas, siendo acreedores
igualmente al respeto y consideración debidos a su categoría militar».
Con todo este desarrollo normativo se constata claramente una lenta pero inequívoca consolidación tanto de la figura del Reservista como del régimen que los regula en España, más específicamente de los Reservistas Voluntarios que, sin
embargo, ha estado sujeta a diferentes vicisitudes en el número de activaciones y plazas convocadas, ligado en gran parte al devenir presupuestario del momento. En estos años de funcionamiento se han sacado ya lecciones aprendidas y materias que
pueden ser objeto de mejora a fin de que España consolide un modelo de reserva militar equiparable al de cualquiera de los demás países aliados. No en vano, no ha habido reto que nuestro país no haya sido capaz de afrontar en ninguno de los
requerimientos de la OTAN, y así ha de ser también con el tema de la reserva militar, más concretamente con la reserva voluntaria. E, incluso, ha venido a suplir una carencia de personal profesional que se evidencia de forma palmaria en áreas como
la de la Sanidad Militar.
Uno de los problemas que ha surgido es el hecho de que, con la participación de los Reservistas Voluntarios españoles en ejercicios internacionales, se ha constatado que perfiles de reservistas con capacidades civiles de ingenierías,
jurídicas, técnicas, idiomáticas y de otra índole, encuadrados con oficiales reservistas de otros países aliados, los reservistas españoles no han podido asumir cargos en las estructuras de los ejercicios pues por normativa vienen reservados a
niveles de empleo mínimo OTAN OF3 y superiores, siendo que no existen reservistas españoles con tales empleos debido a la normativa nacional vigente, puesto que nominalmente son como máximo OF1 o OF2, y ello a pesar de ser personal reservista con
capacidad para poder cubrir esos puestos de forma eficaz y con garantías.
Esto también ocurre cuando se publicitan vacantes en organismos en los que España es parte y que han de estar asignados a personal Reservista. No ostentar empleos de OF3 o superiores impide a España poder proponer candidato alguno para
cubrir esas vacantes. Esto ocurre por ejemplo en los Cuarteles Generales de Alta Disponibilidad, en la Armada en el cometido de control de tráfico marítimo NCAGS/AWNIS, en el Cuartel General de Northwood, etc. Incluso se da la circunstancia de que
cualquier comentario/intervención por parte de nuestro personal reservista queda relegado en los ámbitos de decisión con causa fundamentada en el empleo que ostentan. Por añadidura, el despliegue y la participación en foros internacionales de
reservistas españoles con un empleo no equiparable al de sus homólogos extranjeros proyecta una imagen de falta de competencia o de «seniority» de los mismos, impidiendo que España pueda a través de sus reservistas desempeñar puestos de relevancia
ya sea en operaciones o bien en Cuarteles Generales. Además de crear disfunciones por tratarse de personal con amplia experiencia y conocimientos, que queda relegado en el desarrollo de sus cometidos a personal de mucha menor experiencia, pero
mayor graduación. A lo que se añade el hecho de que algunos reservistas voluntarios disponen de empleos militares en otros países aliados.
En tal sentido, se ha planteado la posibilidad de conceder empleo eventual, («estampillar»), para equiparar, en la medida de lo posible, los empleos nacionales con los empleos extranjeros, si bien se trata de una solución, como indica su
denominación, eventual y no definitiva. Es la posibilidad recogida en el artículo 22 de la Ley de Carrera Militar, de «Empleos con carácter eventual» que indica que, si por necesidades del servicio se designa a un militar para ocupar un puesto en
organizaciones internacionales u otros organismos en el extranjero que corresponda al empleo superior al suyo, el Ministro de Defensa, a propuesta del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, podrá conceder con carácter eventual dicho empleo con sus
atribuciones, retribuciones y divisas. Conservará el empleo eventual hasta ascender a ese empleo o hasta el momento de su cese en el mencionado puesto. La atribución de un empleo eventual no generará derecho al ascenso ni predeterminará, en su
caso, el resultado de la correspondiente evaluación.
Los Reservistas Voluntarios se encuentran integrados ya en las FAS., después de muchos años de trabajo y entrega por parte de los mismos, que han demostrado su utilidad para nuestros Ejércitos y Armada.
Las Unidades, cada vez más, precisan de la activación de Reservistas que las hagan más eficientes. La aportación profesional, junto con el compromiso de los Reservistas, hacen que las unidades reconozcan más su trabajo. Es por ello que
ciertas Unidades vienen solicitando la activación más prolongada en el tiempo de sus Reservistas Voluntarios.
La importancia vital de disponer en nuestro país de fuerzas de reserva, capaces de apoyar y respaldar en sus tareas a los efectivos regulares de nuestras Fuerzas Armadas, debería haber superado
definitivamente la fase de debate a poco que se tenga en consideración, el progresivo aumento de las amenazas a la seguridad de España (especialmente en el mundo ciber), la desaparición del servicio militar obligatorio y la actitud mantenida
a este respecto por los países vecinos y aliados. La defensa de la integridad territorial, la soberanía nacional y el régimen de libertades que constituye el fundamento de nuestra sociedad, continúa siendo el objetivo prioritario de nuestras
Fuerzas Armadas. La participación en misiones en el exterior, con su extraordinaria importancia y requerimiento de adaptaciones puntuales, no puede, no debe condicionar el modelo de los Ejércitos y la Armada ni distraerlos de su misión fundamental.
La aportación de la reserva en ambos casos puede resultar insustituible.
Es preocupante que pueda ser difícil asegurar la sostenibilidad del modelo actual de Reserva Voluntaria dado que, desde 2009, la tasa anual de abandono supera a las plazas ofertadas en relación de tres a uno.
La falta de activaciones, la brevedad de éstas, la incapacidad del sistema para rentabilizar mínimamente las capacidades del reservista, su extremada rigidez y las dificultades para conciliar la situación laboral con la prestación del
servicio, constituyen las razones fundamentales, si bien no las únicas, del fracaso del modelo actual y se encuentran en el origen de la alta tasa de desmoralización y desincentivación del colectivo.
El actual modelo de reserva voluntaria es incapaz de dotar a nuestras Fuerzas Armadas, de una fuerza de reserva en condiciones de prestar el adecuado servicio, privándolas de una capacidad que debería tenerse por irrenunciable.
Entre los muchos defectos que tiene el actual modelo de Reserva Voluntaria, uno de los más importantes es el criterio de la edad. Este criterio afecta a las posibilidades de ingreso.
El Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, en su artículo 9.b establece que «Para optar a la adquisición de la condición de reservista voluntario, los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales siguientes: [...] b) Tener
cumplidos dieciocho años y no alcanzar una edad máxima de 58 años para las categorías de oficial y suboficial, y de 55 años para la categoría de tropa y marinería».
Este artículo es una transcripción del artículo 125.4 de la Ley de la Carrera Militar y aunque la Ley y el Reglamento especifican que puede adquirir la condición de Reservista Voluntario cualquier español mayor de edad, lo cierto es que los
requisitos recogidos en las convocatorias que se han sucedido a lo largo de los años no facilitan que los más jóvenes accedan a esta condición.
La asignación de puntos por haber realizado el Servicio Militar Obligatorio (SMO), suspendido desde 2001 y con muy escasos efectivos desde bastantes años antes, impide a la mayoría de los jóvenes acceder a la condición de Reservista
Voluntario.
Incluso, en el caso de las mujeres, que no realizaban el SMO, se ven totalmente privadas de estos puntos, generando una situación de desigualdad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Constituir en el Ministerio de Defensa un grupo de trabajo con el objetivo de materializar, en un plazo razonable, una propuesta de nuevo modelo de reserva voluntaria para nuestras Fuerzas Armadas.
2. Adecuar la baremación otorgada al criterio de haber cumplido el Servicio Militar Obligatorio para evitar la discriminación a todas las mujeres y aquellos jóvenes que desde hace ya 20 años no han tenido oportunidad de realizarlo.
3. Aumentar el número de efectivos para que este sea suficiente para prestar apoyo al componente regular de las Fuerzas Armadas, tanto en tareas operativas, de requerirlo la situación, como en su condición de especialistas en aquellas
materias que se juzgaran necesarias o convenientes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2022.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Carlos Rojas García, Agustín Almodóbar Barceló, Antonio González Terol, César Sánchez Pérez, Edurne Uriarte Bengoechea, José Antonio Bermúdez
de Castro Fernández, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Jesús Postigo Quintana, Juan Antonio Callejas Cano, María José García-Pelayo Jurado, Paloma Gázquez Collado y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, doña Macarena Olona Choclán, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Víctor González Coello de Portugal, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don Rubén Silvano Manso Olivar y don Rodrigo Jiménez
Revuelta, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la auditoría y racionalización del gasto de las entidades pertenecientes al sector público institucional de la Administración General del Estado, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. Los impuestos, una realidad de las familias y empresas españolas.
1. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, define en su artículo 2 los tributos como «los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la
realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos
necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución».
2. El mismo artículo conceptúa los impuestos como «los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente».
3. En los últimos años hemos asistido a un crecimiento sostenido de la recaudación de impuestos, fruto del aumento de la presión fiscal sobre las familias y empresas, nuevos impuestos y reducción o eliminación de bonificaciones y
deducciones fiscales, tal y como se concluye del análisis de los informes de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria (AEAT). No en vano, el año 2021 ha supuesto un récord en cuanto a recaudación de impuestos alcanzando un monto total de
223.382 millones de euros 1.
1 Ministerio de Hacienda y Función Pública. Recaudación Tributaria 2021. Avance.
4. Resulta llamativo cómo históricamente la recaudación de impuestos en España está desconectada de la realidad económica del país, expresada esta última como el Producto Interior Bruto (PIB). Efectivamente, se constata que, excepto en los
años 2006, 2008 y 2009, el incremento de la recaudación anual de impuestos supera al incremento del PIB:
5. El Gobierno ha presentado recientemente el Libro Blanco sobre la reforma tributaria 2, elaborado por un Comité de Expertos en tributación dirigido por el profesor don Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. En este se señala que «en el año 2019 el
nivel de ingresos públicos en España se situaba 3,9 puntos (pp) de PIB por debajo de la media aritmética de las economías de la UE-27, y era 6,9 pp de PIB inferior a la media ponderada por PIB de las economías de la UE-27» 3 y, con base en ello,
plantea una batería de incrementos tributarios y de nuevos impuestos.
6. Entre estas subidas se encuentran el incremento del Impuesto sobre Hidrocarburos y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, la reforma del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la creación de un impuesto de
carácter medioambiental que grave el hecho imponible consistente en la compra de billetes de avión, así como de otra figura que grave el uso de infraestructuras viarias de alta capacidad, además de una tasa local por ocupación de dominio público en
la entrega a domicilio de paquetería. También recomienda fijar un mínimo en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como la supresión gradual de los tipos impositivos de IVA reducido (10 % y 4 %),
elevando al mismo tiempo al 21 % el tipo de gravamen para las bebidas azucaradas y alcohólicas consumidas en el ámbito de la restauración 4.
7. En definitiva, se trata solo de crear más impuestos que ahogarán a familias y empresas, y no de reducir y hacer más eficiente el desaforado gasto de las Administraciones, como se verá a continuación.
Segundo. El gasto insostenible del estado.
Las duplicidades de competencias entre Administraciones públicas, el enorme y cada vez mayor gasto político e ideológico (fundamentalmente relacionado con la ideología de género, el multiculturalismo, el fanatismo climático o, en definitiva,
el seguidismo de las distintas agendas supranacionales), han originado que las cuentas públicas de España presenten año tras año «números rojos», es decir, déficits públicos sostenidos que imposibilitan la capacidad de reducir impuestos y merman la
capacidad económica del país.
2 https://www.ief.es/docs/investigación/comiteexpertos/LibroBlancoReformaTributaria 2022.pdf.
3 Ibidem, p. 65-66.
4 Ibidem.
9. Estos déficits públicos se originan por la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos de las Administraciones públicas; esto es, porque los ingresos de las Administraciones públicas no son suficientes para cubrir los gastos en
los que estas incurren de forma creciente. En estas situaciones, la solución a la que suelen recurrir las Administraciones es la emisión de deuda pública, que en España ha tenido un crecimiento desorbitado desde el inicio de la crisis financiera
(2008), hasta alcanzar en la actualidad el 120 % del PIB y a la que tendrán que hacer frente unas menguantes y ya arruinadas generaciones venideras.
10. La deuda hay que pagarla, y ello supone un desembolso de 31.000 millones de euros anuales 5 solo en concepto de pago de intereses de esta. Hasta ahora, España se ha beneficiado de las políticas de bajos tipos de interés y de programas
de compra de deuda, como el plan ordinario de compra de deuda -APP- y el programa de emergencia contra la pandemia -PEPP-, ambos del Banco Central Europeo («BCE») y próximos a desaparecer.
11. Sin embargo, la alta inflación actual (que roza el 10 %) va a dar lugar a un endurecimiento de la política de tipos de interés por parte del BCE, lo cual repercutirá en los costes de financiación de la deuda española, tanto de la nueva
como de la refinanciación de la existente.
12. España no puede seguir permitiéndose estos elevadísimos déficits y niveles de deuda, máxime cuando, a pesar de la suspensión de las reglas fiscales, tarde o temprano se deberá volver al cumplimiento
5 Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales de Estado 2022. P. 112.
del Pacto Presupuestario y de su llamada «regla de oro», que implica el establecimiento de severos límites en el déficit estructural de los países miembros 6.
13. La realidad es que el gasto público en España ha registrado un fuerte incremento desde 2018, tras un periodo de estancamiento, e incluso de reducción, tras el impacto de la crisis financiera iniciada en 2008 durante el Gobierno
socialista de D. José Luis Rodríguez Zapatero.
14. La cuestión es dilucidar si el gasto público responde a lo establecido en el punto 2 del artículo 31 de la Constitución Española, a cuyo tenor «el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía».
15. Diversos organismos han hecho constar la ineficiencia del gasto público en España, el último de ellos el Instituto de Estudios Económicos («IEE»). En su informe «Por una mejora de la eficiencia del gasto público en España», este
organismo «estima que España podría reducir su gasto público en un 14 % y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la media de la OCDE. Ello supondría un
ahorro de recursos del orden de unos 60.000 millones de euros, aunque podría ser mayor en la actualidad» 7.
6 El Pacto Presupuestario es un Tratado Internacional firmado entre los países de la Unión Europea firmado el 2 de marzo de 2012, y que entró en vigor el 1 de enero de 2013, que consiste en promover la disciplina presupuestaria de los
Gobiernos de la zona del euro, en particular tras la crisis de deuda pública que comenzó en 2010, y que tiene tres objetivos principales: a.Garantizar que la situación presupuestaria nacional sea de equilibrio o de superávit. b.Reforzar el impacto
de las recomendaciones emitidas por la Comisión Europea cuando los niveles nacionales de déficit de los países de la zona del euro sean demasiado elevados. c.Mejorar la coordinación de las políticas económicas nacionales. El Pacto Presupuestario
establece la denominada «regla de oro», que consiste en que los países deberán mantener como máximo un déficit estructural anual del 0,5 % de su Producto Interior Bruto (PIB), o en el caso de que la deuda pública se sitúe en niveles por debajo del
60 % del PIB, uní % del PIB.
7 Instituto de Estudios Económicos (IEE). Revista del IEE N.° 1/2022.
Tercero. Alternativas para la reducción del déficit.
16. Para reducir el déficit, eliminándolo y creando las condiciones para alcanzar un superávit sostenido que ayude a la progresiva amortización de la deuda pública, las alternativas serían dos:
a. Incrementar los ingresos (vía impuestos, principalmente), de tal forma que estos sean superiores a los gastos del Estado. Esto se puede conseguir de dos formas:
i. bien promoviendo las medidas que sean necesarias para que la economía crezca y genere empleo por el lado del sector privado;
ii. bien únicamente aumentando la carga impositiva y, con ella, la presión fiscal sobre familias y empresas. Este es el camino por el que ha optado el actual Gobierno socialcomunista del PSOE y Unidas Podemos.
b. Reducir el gasto público hasta un nivel inferior al monto total de los ingresos del Estado.
17. Lo ideal sería combinar las alternativas a.i y b. Sin embargo, ninguna de las dos ha sido la opción elegida por este Gobierno de coalición. Al contrario, se ha optado por la alternativa a.ii., incrementar los ingresos del Estado
únicamente aumentando la presión fiscal, lo cual se torna insostenible y profundamente lesivo para la economía en un contexto de incertidumbre, volatilidad y alta inflación como el actual, cuando aún estamos lejos de alcanzar los niveles de
actividad previos al impacto de las medidas restrictivas en relación con el COVID-19. Además, las familias y empresas españolas pagan ya un exceso de impuestos en relación con la renta disponible.
18. Para demostrar esta afirmación, el indicador más adecuado, al contrario del que utiliza el Gobierno (presión fiscal), es el esfuerzo fiscal, que incorpora la capacidad económica de los contribuyentes
al análisis de la presión fiscal. El esfuerzo fiscal resulta del cociente entre presión fiscal y PIB per cápita; es decir, indica el sacrifico que realizan los ciudadanos para el mantenimiento del Estado.
19. Según el indicador de esfuerzo fiscal, España ocupa el cuarto puesto dentro de los países más desarrollados. Nuestro país se encuentra muy por encima de otros considerados como ejemplos de bienestar social y que soportan elevadas
presiones fiscales pero que, al disponer de un elevado PIB per cápita, supone para sus ciudadanos un esfuerzo fiscal sustancialmente menor. Efectivamente, el sacrificio fiscal que realizan los ciudadanos españoles es mucho mayor al resto de países
debido al diferencial de PIB per cápita: a iguales presiones fiscales, el esfuerzo fiscal disminuye con un mayor PIB per cápita.
20. A tenor de estos datos, aumentar la recaudación solo a través del incremento de tipos impositivos y de la creación de nuevos impuestos en España es un freno al bienestar de las familias y al desarrollo económico. No en vano, diversos
miembros del Gobierno han expresado en sus declaraciones públicas cómo unos mayores impuestos son un lastre para la generación de riqueza y el aumento de la productividad. Así, la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Dña. Nadia
María Calviño Santamaría, afirmó en abril de 2021 que «nuestra prioridad es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo [...] no estamos hablando de subir los impuestos y menos a corto plazo[...]» 8. Del mismo modo, la Ministra de
Hacienda y Función Pública, Dña. María Jesús Montero Cuadrado, ha declarado recientemente, al hilo de la presentación del Libro Blanco sobre la reforma tributaria que «no es el momento de plantear de manera inmediata una subida fiscal».
21. En este marco, la alternativa b), fácilmente el gasto público, es, más que posible, imprescindible. A tenor del informe del IEE antes mencionado, el gasto público se podría reducir fácilmente en 60.000 millones de euros, sin que se
resintiera la economía, la creación de empleo, el bienestar de los españoles ni los servicios públicos. Este saneamiento del gasto público tendría un doble efecto inmediato:
a. Reduciría el déficit (que ha cerrado el año 2021 en el 6,76 % según el Ministerio de Hacienda y Función Pública).
b. Correlativamente, sentaría las bases para la generación de un superávit que permitiera, en el medio y largo plazo, amortizar deuda y reducir la carga fiscal de familias y empresas.
22. En definitiva, contener hoy los gastos públicos innecesarios y que no suponen valor añadido para los españoles permitiría disponer de recursos, en el futuro, para hacer frente a las necesidades verdaderamente relevantes.
8 Cadena Ser 15/04/2021.
Cuarto. España cuenta con un sector público sobredimensionado e ineficiente.
23. Los ingresos obtenidos a través de los impuestos han de ir destinados a mejorar las condiciones materiales de vida de los españoles. Es preciso proteger a los españoles y garantizar la permanencia y el fortalecimiento de su estado de
bienestar, optimizando y haciendo más eficaz y adecuada la inversión pública y reduciendo todo el gasto político innecesario.
24. Sin embargo, según datos proporcionados por el portal «INVENTE», perteneciente a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), España cuenta con un sector público institucional formado por 5.134 entidades.
25. Este elevado volumen de entidades públicas tiene aparejado un desmesurado gasto público. Por ejemplo, los organismos autónomos y resto de entidades del sector público pertenecientes a la Administración General del Estado tienen, para
el año 2022, un presupuesto de gasto de 55.158 millones de euros, si bien hay que tener en cuenta que los capítulos 4 y 7 (transferencias corrientes y de capital) suman conjuntamente 45.380 millones de euros, incluyéndose en los mismos partidas
tales como las transferencias realizadas por el SEPE, el Fondo Español de Garantía Agraria, etc.
26. Del resto de partidas se identifican las que son susceptibles de afrontar un proceso de optimización de gasto.
27. Se ha de tener en cuenta que las entidades de la Administración General del Estado representan únicamente el 8,66 % del total de entidades de las Administraciones Públicas españolas. Por ello, estimar la totalidad del gasto asociado en
todo el territorio nacional se tornó como una labor compleja que requeriría analizar los presupuestos en las 17 comunidades autónomas y en miles de Corporaciones Locales.
28. El Grupo Parlamentario VOX entiende que un programa de consolidación fiscal debe empezar con una correcta gestión de los gastos públicos, eficaz y eficiente, que permita al sector público dar los servicios necesarios a los españoles sin
necesidad de incrementar el gasto improductivo: político, ideológico e innecesario. Cada céntimo que se paga al Estado es un céntimo ganado con el esfuerzo de los españoles. Por lo tanto, es imperativo que los recursos del Estado se destinen
pensando únicamente en los intereses de quienes, con su trabajo, sus inversiones, asumiendo riesgos y contribuyendo al proyecto de la Nación, los sufragan.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una auditoría de las entidades pertenecientes al sector público institucional de la Administración General del Estado con los siguientes fines:
a. Identificar entidades que tengan funciones similares o que sean susceptibles de generar sinergias con otras, de cara a plantear una racionalización y simplificación de su estructura, así como su posible fusión o absorción por otras
entidades, con el fin de reducir costes que no generan valor añadido para los españoles.
b. Proceder a realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los gastos de las entidades públicas, de cara a identificar acciones que permitan racionalizar los mismos bajo criterios de eficiencia y eficacia.
2. Promover un proceso de auditoría similar en las administraciones regionales y en las Corporaciones Locales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Rodrigo Jiménez Revuelta, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán
e Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/004203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para evitar la impunidad de los jefes
de ETA por su política de asesinatos y crímenes de lesa humanidad llevada a cabo en toda España, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado 21 de abril de 2022 el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó con 27 votos favorables de Partido Popular Europeo (PPE), Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Grupo de Conservadores y Reformistas
Europeos (ECR), Renew Europe Group (Renew), Partido Identidad y Democracia (ID)(1), Mario Furore (No lnscrito)(1) frente a 3 abstenciones y 3 votos en contra sobre la existencia de 379 asesinatos de ETA aún sin resolver.
En dicho informe aprobado se extraen las siguientes conclusiones, entre otras:
- Fueron las víctimas, mediante Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de la asociación Dignidad y Justicia, quienes nos advirtieron, a través de una petición, en 2016, de que todavía había tantos casos sin resolver. -Sobre la base de las
dificultades claras y comprensibles que, por las diversas razones ya mencionadas en el informe, el Estado español ha tenido que afrontar ante el extraordinario nivel de violencia desplegado por ETA, especialmente en los años ochenta, cabe
destacarlos siguientes hechos.
- Se reconoce que la cifra, apoyada por el Defensor del Pueblo español, de 379 asesinatos impunes en la actualidad se ajusta a la magnitud de la situación.
- Se ha constatado que en un porcentaje significativo (aproximadamente el 44 % de los asesinatos de ETA) no existe sentencia judicial para todos los autores físicos de los delitos, lo que provoca una falta de justicia con respecto a las
familias de las víctimas.
- La situación de terror creada por ETA en el País Vasco y Navarra durante los primeros años de la democracia española es la causa principal del importante número de delitos no resueltos durante ese período y en esas comunidades autónomas.
- La mayoría de los actores intervinientes señalaron que, hasta la fecha, ningún antiguo miembro de ETA ha colaborado en la resolución de casos no resueltos.
- Se ha confirmado la existencia de instrumentos jurídicos y jurisprudencia internos del propio Estado español que podrían permitir la aclaración de muchos de estos asesinatos, a través de la responsabilidad directa de los dirigentes que
controlaban realmente la organización y los delitos.
- Se ha observado que los familiares de las casi cuatrocientas víctimas de casos de ETA sin resolver han quedado sumergidos en una «situación de impunidad consolidada» durante muchos años que se prolonga día tras día, lo que afecta de forma
adicional y paralela a sus propios derechos, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe toda forma de sufrimiento indebido (artículos 2 y 3 del Convenio). Este aspecto preocupa especialmente al
Parlamento Europeo, ya que los derechos humanos de las víctimas del terrorismo deben ser lo primero que hay que garantizar y debe ponerse fin a esta situación.
Tras la redacción de las conclusiones, se realizan las siguientes recomendaciones a las autoridades españolas, entre otras:
- Pedir la continuación de un procedimiento de investigación actualizado, detallado y exhaustivo para los casos no resueltos, desde la Fiscalía y con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin entrar a valorar con
carácter previo la posible prescripción legal de la causa, con el fin de responderá las familias que siguen esperando justicia. Esta consideración debería hacerse al final de la investigación, de cuyo resultado debería informarse a las víctimas que
así lo soliciten.
- La Audiencia Nacional, a través de su Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, debe comunicar la situación procesal a todas las víctimas del terrorismo o a los familiares con casos no resueltos.
- Sugerir a las instituciones competentes que agoten las posibilidades interpretativas del Derecho penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, incluso antes de 2004, por lo
que se considera que no están sujetos a prescripción ni amnistía. Recordar que ya se han presentado varias iniciativas de modificación del Código Penal para que el principio de legalidad se interprete de acuerdo con el Derecho internacional.
- Sugerir a las instituciones competentes que agoten las posibilidades interpretativas del Derecho penal, también en el caso de la teoría del autor mediato por dominio existente en el artículo 28 del Código Penal español, para así poder
enjuiciar, como autores intelectuales e instigadores de la orden, a los líderes de la cúpula de ETA en el momento de la comisión de los distintos atentados no resueltos.
- Instar a las instituciones competentes a que garanticen que los beneficios y el trato penitenciarios que se puedan otorgar a los condenados por terrorismo, con arreglo a la legislación española vigente, vayan ligados a su colaboración en
el esclarecimiento de todos aquellos atentados de los que tengan conocimiento, como muestra añadida de su verdadero arrepentimiento.
- Es necesario garantizar que todas y cada una de las familias de las casi cuatrocientas personas asesinadas por ETA cuyo crimen ha quedado impune sean informadas personalmente y lo antes posible de cualquier cambio en su situación jurídica
y de la situación personal y penitenciaria de los autores de los crímenes.
Hay que señalar que fue el auto de procesamiento de 27 de octubre de 2015 del Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional Sumario 3/2015, el que ya consideraba a la organización terrorista ETA como responsable de crímenes de lesa
humanidad.
Según se desprende del proyecto de informe de la misión realizada por el Parlamento Europeo existe una muy grave situación de impunidad en la que el 44 % de los atentados mortales se encuentra sin resolver. Es también cierto que ninguno de
los jefes de ETA ha respondido todavía por su responsabilidad por el mando en la dirección de la política de asesinatos selectivos y masacres perpetradas en toda España que causó 856 víctimas mortales y miles de heridos y damnificados, de los que
379 asesinatos todavía se encuentran sin resolver.
En España la justicia ha declarado a través de diversas resoluciones judiciales que ETA ha cometido crímenes contra la humanidad a lo largo de toda su historia criminal, pero que sólo aplica a partir del 1 de octubre de 2004, que es la fecha
en la que se introdujo en el ordenamiento jurídico español a través del artículo 607 bis del Código Penal. Sin embargo, España ya reconoció estos delitos a través del artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos reconocido y ratificado por
España el 26 de septiembre de 1979.
Debemos ser conscientes de que el terrorismo representa la negación absoluta de todos los valores e ideales democráticos surgidos de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948.
No se puede olvidar nunca, ni dejar de rendir un sentido homenaje y recuerdo, a las 193 víctimas mortales y todos los heridos de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004.
No podemos dejar que se olvide a las 856 víctimas mortales y todos los heridos provocados por la organización terrorista ETA.
ETA, con el apoyo de su entramado político, social y mediático, llevó a cabo numerosas masacres con los que, durante décadas, se intentó sembrar el terror y doblegar el corazón de los españoles, del mismo modo que hoy, el terrorismo, intenta
sembrar el terror y doblegar el corazón de muchísimos europeos y tantos otros ciudadanos inocentes de la geografía internacional.
Por todo lo cual, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados adopta los siguientes acuerdos para evitar la impunidad de los jefes de ETA por su política de asesinatos y masacres de lesa humanidad llevada a cabo en toda España:
1. Apoyar e impulsar las recomendaciones votadas el pasado 21 de abril de 2022 en el Parlamento Europeo que afectan a los 379 asesinatos de ETA sin resolver.
2. Declarar que los actos de persecución, expulsión forzada de población, asesinatos selectivos y masacres perpetrados por ETA y apoyados por todo su entramado político, social y mediático, constituyen crímenes contra la humanidad
imprescriptibles, que deben ser universalmente perseguidos, allí donde se encuentren sus autores, por todas las naciones civilizadas.
3. Suscribir como propia la Declaración Institucional aprobada el 17 de marzo de 2015 por el Parlamento de Navarra, de condena de crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos por ETA, y donde se expresa su solidaridad con los
miles de ciudadanos perseguidos y forzados a huir de tales regiones de España que todavía esperan justicia.
4. Hacer un llamamiento a las autoridades competentes en España, Europa y resto del mundo a investigar, esclarecer y hacer justicia a todas las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA y su entorno violento, persiguiendo
a todos los autores materiales, inductores o responsables de la organización criminal que tanto sufrimiento ha causado en España y Francia.
5. Instar al Gobierno a dar cumplimiento e impulsar las recomendaciones votadas el pasado 21 de abril de 2022 en el Parlamento Europeo en relación con los crímenes de ETA y en concreto:
- Que se reconozca los asesinatos de ETA como crímenes de lesa humanidad.
- Que los beneficios penitenciarios a los presos de ETA, se condicionen a la colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los 379 asesinatos impunes.
- Que se eviten los actos de homenaje a los etarras.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2022.-Carlos Rojas García, Ana María Beltrán Villalba, Ana Belén Vázquez Blanco y Jaime Miguel Mateu Istúriz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/004206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la paralización de la supresión
de los equipos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) en los municipios de Baena, Rute, Montoro, Peñarroya, Villanueva de Córdoba y Hornachuelos (Córdoba), para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Guardia Civil es la Institución más valorada por el conjunto de la sociedad española y es un cuerpo eficaz y de referencia en todos los órdenes a nivel internacional. Sus hombres y mujeres contribuyen hoy en España a garantizar nuestra
libertad, seguridad y el ejercicio de los derechos constitucionales.
La Guardia Civil ejerce sus misiones y funciones a través de diferentes Unidades y especialidades, siendo todas ellas necesarias para el eficaz desarrollo de sus cometidos en su conjunto y en colaboración con otros cuerpos policiales.
El Gobierno debe trabajar para garantizar la presencia de la Guardia Civil en todos los pueblos y regiones de España.
En las últimas fechas hemos conocido, según información extraoficial, que la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza está analizando una propuesta para reorganizar el despliegue del SEPRONA en la provincia de Córdoba, que
conllevaría la supresión de algunas unidades para reagruparlas y ubicarlas en otras localidades, y podría afectar a las patrullas de Baena, Rute, Montoro, Peñarroya, Villanueva de Córdoba y Hornachuelos, todo ello sin diálogo con los municipios
afectados.
Esta propuesta se ha realizado sin contar con los guardias civiles afectados ni con las asociaciones profesionales que les representan. No se les ha informado y se está actuando sin transparencia. La AUGC ha preguntado a la jefatura
provincial sobre este asunto pero sólo ha obtenido evasivas. Y ello a pesar de que esa medida no solo afectará a los agentes, sino también a sus familias, que tendrían que trasladar su domicilio a otras poblaciones.
Además de esos perjuicios personales y familiares, se vería afectado también el relevante servicio que presta el SEPRONA en la provincia de Córdoba, en parajes y parques naturales tan importantes como los de la Sierra de Hornachuelos, las
Sierras Subbéticas y la Sierra de Cardeña y Montoro, entre otros.
Si la Jefatura del SEPRONA da luz verde a la propuesta, las consecuencias serán inmediatas, porque no se podrá abarcar la vigilancia de toda la provincia con menos patrullas especializadas, y por lo tanto habrá un menor control de los
delitos e infracciones medioambientales, a lo cual se añaden los perjuicios que se ocasionarán a los guardias civiles y a sus familias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la paralización de la supresión de los equipos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en los municipios de Baena, Rute, Montoro, Peñarroya, Villanueva de Córdoba y
Hornachuelos (Córdoba) y a mantener el actual número de agentes del SEPRONA en la provincia de Córdoba y en el resto de España, y que progresivamente estos vayan en aumento.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2022.-Andrés Lorite Lorite, María de la O Redondo Calvillo y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a Turismo Seguro, para su
debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La actividad turística es en un elemento clave y fundamental para la recuperación económica de España y la creación de empleo, que además constituye un factor clave en la proyección exterior de España como entorno de confianza y la promoción
de su rico y extenso patrimonio natural, histórico, gastronómico o cultural.
Durante 2019, año previo a la pandemia que desató la mayor crisis del turismo de su historia, visitaron España más de 83,7 millones de turistas internacionales, que además de buscar y verse atraídos por los elementos citados y muchos otros,
buscan tranquilidad y escogen nuestros destinos por sus altos índices de seguridad.
Sin embargo, el turista que nos visita puede ser víctima de delitos durante su estancia y las posibles repercusiones que tales hechos pudieran tener en la imagen de España, hacen imprescindible instrumentar los medios necesarios con el
objetivo de garantizar un turismo seguro.
La seguridad ciudadana constituye un elemento esencial para el éxito turístico de los destinos españoles y muy especialmente en aquellos lugares y espacios con mayor concentración de personas, como pueden ser eventos de todo tipo o los nodos
de transporte; en este sentido, trasladar al exterior una imagen de destino seguro es importantísimo para nuestra competitividad y mantener un nivel de seguridad efectivo es un valor añadido a la oferta turística.
Durante los meses de mayor afluencia turística, son habituales los desplazamientos hacia estos destinos para delinquir, generando inseguridad a empresarios, visitantes y vecinos, provocando el que se traslade una mala imagen de estos
exitosos destinos en los países emisores de turistas.
España y sus destinos siempre han gozado de una imagen de excelencia turística, convirtiéndonos en uno de los destinos más seguros del mundo por sus altos estándares de seguridad y la gran profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, motivos por los cuales millones de personas nos eligen para disfrutar de sus vacaciones, y así queremos que lo continúe siendo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
- Potenciar y ampliar a lo largo de todo el año, sobre todo en los destinos que mantienen altos índices de ocupación turística, los planes específicos de Turismo Seguro del Gobierno de España.
- Difundir y poner en valor el Plan Turismo Seguro» en las ferias y promociones turísticas a las acuda España, que traslade al turista una percepción real de seguridad durante su estancia en nuestros destinos.
- Potenciar las actuales oficinas SATE (Servicio de Atención al Turista Extranjero) e impulsar la apertura de nuevas oficinas en nuestros destinos turísticos.
- Mejorar la seguridad subjetiva del turista mediante campañas realizadas conjuntamente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en colaboración con destinos y los operadores turísticos (hoteleros, empresas de restauración,
comercios, etc.).
- Potenciar la colaboración entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado españolas y las fuerzas de seguridad internacionales con el objetivo de prestar una atención personalizada y las facilidades que correspondan cuando un turista
extranjero sea víctima de delito.
- Apoyar y contribuir activamente a las actuaciones desplegadas en el sector turístico, por el Gobierno y por las Administraciones Autonómicas y Locales, cooperando en el logro de un mayor grado de competitividad del mismo.
- Mantener los cauces de comunicación y acuerdos de formación al objeto de hacer partícipes en las medidas de prevención al personal que trabaja en el sector turístico y a las empresas de seguridad que les prestan servicio.
- Dotar de un refuerzo extraordinario de efectivos para garantizar la seguridad ciudadana en aquellos espacios y lugares de mayor afluencia (aeropuertos, estaciones, conciertos, festivales, eventos deportivos).
- Acometer las reformas legislativas pertinentes para catalogar la práctica de actividades ilícitas como pudiera ser el trile o la cada vez más extendida actividad de mojiteros en nuestras playas, pudiendo así luchar con herramientas
eficaces contra esta actividad prohibida y acabar así con la impunidad con la que actúan.
- Incrementar la seguridad ciudadana, aumentar la vigilancia y control preventivo y refuerzo de efectivos en las zonas de mayor afluencia turística durante los meses de temporada alta, así como en vías de comunicación urbanas e interurbanas.
- Poner a disposición de los turistas, aplicaciones tecnológicas que faciliten información y a través de las cuales poder trasladar a los Cuerpos de Seguridad la existencia de algún tipo de problema de seguridad.
- Reforzar y garantizar en todo caso la capacidad y dotación adecuada de medios y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayores volúmenes de tráfico
internacional de pasajeros en una fase decisiva para acelerar la definitiva recuperación de los destinos españoles y del negocio aeroportuario tras estar conviviendo con la pandemia durante aproximadamente dos años y medio.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2022.-Agustín Almodóvar Barceló, Sebastián Jesús Ledesma Martín, Ana Belén Vázquez Blanco e Isabel María Borrego Cortes, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la instalación de barreras acústicas en la AP9 en el tramo entre Mariñán y Miodelo en el concello de Bergondo (A Coruña), para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Los vecinos y vecinas de Mariñán, aldea situada en el municipio de Bergondo en la provincia de A Coruña, llevan años denunciando las desventajas que los problemas que causados por la cercanía de la autopista AP-9 a su paso por el municipio.
Al tratarse de una vía de alta capacidad, el tránsito de vehículos es constante y este se produce a altas velocidades lo que se traduce por un aumento de los decibelios en las zonas colindantes. La AP9 es una infraestructura viaria construida en
los años 70 que necesita de la implementación de mejoras que permitan mitigar las molestias diarias que padecen las personas residentes en las zonas próximas a la vía.
La Autopista del Atlántico es una vía de titularidad estatal cuya concesión gestiona la empresa Audasa y que atraviesa el término municipal de Bergondo, en la provincia de A Coruña. Más concretamente, en el lugar de Mariñán, los vecinos y
vecinas llevan tiempo reclamando la instalación de algún sistema que reduzca el impacto sonoro en sus viviendas, tales como pantallas acústicas o antirruido, las cuales son ya habituales en la construcción de nuevos viales en la actualidad, pero que
no solían implementarse en las obras de hace 40 años. A estos vecinos y vecinas se han unido también en las protestas los residentes en
el lugar de Miodelo, también perteneciente al municipio de Bergondo, y que sufren el mismo problema de constantes ruidos.
Estas reivindicaciones han sido trasladadas a las distintas Administraciones con competencias en la materia, tanto al propio Concello de Bergondo como a la Consellaría de Infraestructuras de la Xunta de Galiza, y también al Ministerio de
Transportes, sin que por el momento hayan recibido respuesta o se tenga solucionada la problemática.
Actualmente, las demandas de los vecinos y vecinas de Mariñán y Miodelo continúan sin ser atendidas y deben seguir soportando todos los días una situación que afecta de forma directa a su calidad de vida sin poder hacer nada al respecto.
Debe valorarse que la exposición directa y continuada a esta grave contaminación acústica, puede derivar en problemas de salud, y que precisamente por ello, la inacción de las administraciones públicas es incomprensible. Debe actuarse para lograr
una solución.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado, y concretamente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a dar las instrucciones precisas y adoptar todas las medidas necesarias para lograr la instalación en el
tramo de la Autopista del Atlántico AP9, comprendido entre los lugares de Marinan y Miodelo, en el municipio de Bergondo, provincia de A Coruña, de algún sistema de barreras acústicas que permita mitigar el ruido provocado por el continuo tránsito
de vehículos por la vía y que causa graves trastornos en la vida diaria de los vecinos y vecinas de la zona.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dña. M.ª de los Reyes Romero Vilches, doña Macarena Olona Choclán, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y
don Juan Carlos Segura Just, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la ejecución de la autovía de circunvalación del área metropolitana de Sevilla (SE-40), para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. La autovía de circunvalación del área metropolitana de Sevilla.
1. El área metropolitana de Sevilla concentra una población de casi un millón setecientas mil personas y posee un fuerte carácter vertebrador de toda la zona occidental de Andalucía. Se trata, pues, de un área socioeconómica cuya
importancia no solamente afecta a dicha región, sino que también repercute en el conjunto de España 9.
2. En este sentido, la ronda de circunvalación del área metropolitana de Sevilla («SE-40») ha sido concebida como autovía de gran capacidad que, a su finalización, tendrá una extensión de 77,6 kilómetros y facilitará notablemente el tráfico
rodado en la zona.
3. Pese a la importancia de dicha autovía, lo cierto es que, actualmente, solo están en servicio 38 km correspondientes a los siguientes tramos: La Rinconada (A-4)-Alcalá de Guadaña (A-92) [en servicio
9 No cabe olvidar la especial transcendencia directa y significa de las carreteras en la actividad económica en cuanto infraestructura básica de transporte y las comunicaciones terrestres (Sentencia del Tribunal Constitucional 65/1998, de 22
de abril).
desde 2011 10]; Alcalá de Guadaíra (A-92)-Alcalá de Guadaíra (A-376) [en servicio desde 2013 11]; Coria del Río (A-8058)-Almensilla (A-8054) [en servicio desde 2018 12]; Almensilla (A-8054)-Espartinas (A-49) [en servicio desde 2018 13];
Alcalá de Guadaíra (A-376)-Dos Hermanas (A-4) [en servicio desde 2019 14].
4. Por su parte, los diferentes tramos comprendidos entre Espartinas y La Rinconada, así como el que conecta Dos Hermanas y Coria del Río se encuentran sin construir por diferentes motivos, como se expondrá a continuación.
Segundo. Tramos comprendidos entre las localidades de Espartinas y la Rinconada.
5. En este punto se deben aludir los siguientes tramos: Espartinas (A-49)-Valencina de la Concepción (A-8077); Valencina de la Concepción (A-8077)-Salteras (A-66); Salteras (A-66)-La Algaba (A-8006); La Algaba (A-8006)-La Rinconada
(A-8006); La Rinconada (A-8006)-La Rinconada (A-4).
6. Todos los mencionados tramos comparten el hecho de que los proyectos que contemplaban su construcción, redactados hace 16 años, se encuentran actualmente desfasados y pendientes de actualización debido a la entrada en vigor de nueva
normativa y ala propia evolución del territorio [acaecida] en una década 15.
Tercero. Tramo comprendido entre las localidades de Dos Hermanas y Coria del Río.
7. El tramo que comprende las localidades de Dos Hermanas (A-4) y Coria del Río (A-8058) incluye el cruce del río Guadalquivir, lo cual otorga especial dificultad técnica a su construcción.
8. En este sentido, cabe señalar que una de las soluciones propuestas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana («MITMA») consistió en proyectar este cruce mediante túneles. En relación con lo anterior, según se ha
informado desde el Ayuntamiento de Coria del Río, inicialmente se aconsejó la construcción de un túnel puesto que un puente tendría un coste superior y un mayor impacto visual 16.
9. Efectivamente, una vez redactado el Estudio Informativo clave EI.4-SE-15, Sector Suroeste de la circunvalación de Sevilla, SE-40, entre la autovía A-4 en la salida de Sevilla hacia Cádiz y la autovía A-49 de Sevilla a Huelva (en el que
se incluía el cruce del Guadalquivir), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emitió informe el 9 de noviembre de 1998 sobre el mismo, concluyendo lo siguiente 17:
Nos inclinamos por la solución túnel que desaparece bajo tierra y no interfiere con las aguas en su discurrir al mar, mientras que el puente elevado puede ser un estorbo a la vista que desde Sevilla se extiende por la Marisma.
10. En definitiva, en relación con el cruce del Guadalquivir se decantaba por los túneles con base en los siguientes motivos:
- Por el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en alusión a la respuesta de este Organismo a las consultas previas comentada anteriormente.
10 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/2011/NOVIEMBRE/111113-01.htm [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
11 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/2013/Marzo/130305-01.htm [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
12 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-25072018-1229 [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
13 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-25072018-1229 [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
14 https://www.mitma.gob.es/carreteras/nuevos-tramos-en-servicio/se-40_alcala_guadaira_dos_hermanas [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
15 Véase al respecto las contestaciones del Gobierno remitidas al Senado en relación con los tramos aludidos: Espartinas (A-49)-Valencina de la Concepción (A-8077) [n.º registro 68176]; Valencina de la Concepción (A-8077)-Salteras (A-66)
[n.º registro 68333]; Salteras (A-66)-La Algaba (A-8006) [n.º registro 68177]; La Algaba (A-8006)-La Rinconada (A-8006) [n.º registro 68178]; La Rinconada (A-8006)-La Rinconada (A-4) [n.º registro 68332].
16 http://www.ayto-coriadelrio.es/es/actualidad/noticias/Modesto-Gonzalez-Abalos-desprecia-a-muchos-andaluces-cuando-evita-a-Coria-del-Rio-en-el-proyecto-de-la-SE-40/[Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
17 Información extraída de la Orden de estudio del Anteproyecto de la Autovía SE-40 en el tramo comprendido entre el enlace de la A-4 (Dos Hermanas) con la A-8058 (Coria del Río) de 30 de septiembre de 2020 firmada por la Subdirección de
General de Proyectos de la Dirección General de Carreteras.
- Por las dimensiones que tendría el puente al tener que salvar el gálibo mínimo portuario de 49 m sobre el nivel del mar para permitir el paso de buques, con un impacto visual considerable en la vega sur de Sevilla.
- Porque un puente es más caro que un túnel.
11. Así pues, en enero de 2006, el proyecto de construcción de túneles fue adjudicado, con la clave 48-SE-4520 18 . Dada la complejidad técnica e implicaciones económicas, dicho proyecto desembocó en tres proyectos constructivos:
Expediente 20081039-C (48-SE-4520.A); Expediente 20081040-C (48-SE-4520.B); y Expediente 20081042-C (48-SE-4530).
12. Asimismo, de los tres proyectos constructivos mencionados, cabe destacar que en 2009 se realizaron adjudicaciones a dos UTE (Unión Temporal de Empresas) con el propósito de construir los dos túneles proyectados. Así, la UTE conformada
por OHL, Azvi y Sando construiría el túnel norte, mientras que la unión conformada por Aldesa Construcciones, Copisa Constructora Pirenaica y Bruesa Construcción se ocuparía del túnel sur.
13. Según informan diversos medios de comunicación, la UTE encargada de construir el túnel norte adquirió una tuneladora cuyo precio de adquisición fue de 37 millones de euros. No obstante, dicha tuneladora jamás ha llegado a ponerse en
funcionamiento desde su llegada a Sevilla en marzo de 2012, lo cual no ha evitado el tener que hacer frente al coste que ha supuesto su mantenimiento hasta la actualidad, cuyo importe se estima que asciende a casi 14 millones de euros 19.
14. Tras largos años de inactividad en las obras, en 2019 el MITMA señaló la falta de viabilidad de este proyecto y propuso la construcción de un puente en lugar de un túnel 20. Así, el 30 de septiembre de 2020 la Subdirección de General
de Proyectos de la Dirección General de Carreteras firmó la Orden de estudio del Anteproyecto de la Autovía SE-40 en el tramo comprendido entre el enlace de la A-4 (Dos Hermanas) con la A-8058 (Coria del Río) (la «Orden») 21.
15. Según la mencionada Orden, se considera que la decisión adoptada en su momento pudo ser prematura, y que realizar un nuevo estudio del Anteproyecto estaría justificado por varias razones, a saber:
- La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no descartó la construcción del puente.
- La referencia al impacto visual es una consideración subjetiva que debe ser valorada junto con otros elementos.
- En 2005 se anunció la necesidad de construir cuatro tubos de túnel, en lugar de dos, lo que supone un incremento de la onerosidad del proyecto.
16. Asimismo, el 1 de diciembre de 2020 el entonces Secretario General de Infraestructuras, don Sergio Vázquez Torrón, informó de lo siguiente:
[...] la licitación de anteproyecto que tendrá por objeto el análisis de las posibles alternativas para cruzar el Guadalquivir en el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria del Río y la selección de la mejor de todas ellas. De esta
forma, se pretende obtener la mejor solución desde el punto de vista técnico, funcional, medioambiental y económico, que permita desbloquear el problema existente con los túneles bajo el Guadalquivir 22.
18 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/2006/enero/NP060128-4.htm [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
19 https://www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla/tuneladora-se-40-costo-37-millones-se-vendera-por-menos-dos-chatarrero 273649 102.html y https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-tuneladora-se-40-vendida-peso-chatarrero-202203142153 noticia.html
ÍFecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
20 Véanse al respecto las declaraciones realizadas, en diciembre de 2019, por el cesado ministro don José Luis Abalos: Lo lógico es estudiar las dos alternativas, túneles y puente, ya que una de las prioridades de Fomento es cerrar la SE-40
con una solución técnica y medioambiental viable para la parte sur, lo que llevará, con toda seguridad, a una nueva Declaración de Impacto Ambiental en la medida de que el proyecto ha sido modificado en origen, y por ello estamos trabajando en un
análisis comparativo medioambiental, funcional y económico de ambas soluciones, https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/iue-19122019-1411 [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
21 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/52e97e9f-b299-432f-al48-4ba9e8dede89/DQC20201211151433A0-SE-0010%2BOrden%2BEstudio%2Bfirmada.pdf?MQD=AJPERES&attachment=true&:CACHE=NONE&CQNTENTCACHE=NONE [Fecha de consulta: 10 de mayo
de 2022]
22 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-01122020-1532 [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
17. El 28 de abril de 2021 el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal del Transporte Terrestre («SEITT») decidió iniciar el proceso de resolución de los contratos de obras del tramo Dos Hermanas-Coria del Río de la SE-40 23.
18. Más adelante, el 22 de junio de 2021, también el Sr. Vázquez Torrón anunció la firma del contrato de redacción del Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental del tramo de los túneles de la SE-40, entre Dos Hermanas y Coria del Río 24.
19. Y el 9 de febrero de 2022 la prensa se hizo eco de la devolución de los avales que las compañías constructoras habían entregado cuando se les adjudicaron las obras de los túneles 25.
20. Posteriormente, el 25 de febrero de 2022 la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, doña Raquel Sánchez, realizó una visita institucional a la ciudad de Sevilla. Entre las diferentes declaraciones realizadas, destaca la
referida a la actuación del paso de la SE-40 por el Guadalquivir. En concreto, según fuentes del Gobierno 26:
[...] Raquel Sánchez ha recordado que este Gobierno, tras casi 10 años de obras paralizadas, ha retomado la actuación del paso de la SE-40 por el Guadalquivir, de manera que antes de finalizar el año se someterá a información pública el
anteproyecto en el que se estudian las diferentes alternativas.
21. Pese a lo expuesto, lo cierto es que algunos medios destacaron la falta de concreción en las declaraciones realizadas por la ministra en relación con el tramo Dos Hermanas-Coria del Río 27
22. Por último, recientemente la prensa se ha hecho eco de la decisión de una de las dos UTE adjudicatarias del proyecto en 2009 de vender por poco más de 2 millones de euros la tuneladora que iba a realizar las obras del túnel norte 28.
23. Con base en los anteriores hechos, resulta imperativa la acción de los poderes públicos para poner fin a la actual situación de bloqueo atinente a la finalización de las obras la SE-40, logrando así la efectiva descongestión del tráfico
rodado en el área metropolitana de Sevilla.
24. Este Grupo Parlamentario, desde su nacimiento, siempre ha tenido como objetivo mejorar la vida de los españoles y, conscientes de la importancia vertebradora que tienen las comunicaciones terrestres, formula esta Proposición no de Ley
con el ánimo de que las inversiones en infraestructuras verdaderamente tengan una finalidad de servicio a las personas. La importancia de esta obra no solo repercute en unas mejores comunicaciones para los sevillanos, en particular, y los
andaluces, en general, sino en el resto de españoles, por el impacto que tiene en la movilidad, la cohesión territorial y el impacto económico de estas infraestructuras, que deben estar a la altura de España.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas en relación con la autovía SE-40:
1. Impulsar la actualización de los proyectos de construcción de los tramos de la autovía de circunvalación a Sevilla con denominación Autovia SE-40. Tramo: Enlace 431 (La Algaba)-Enlace Acceso Norte; Autovia SE-40. Tramo: Enlace
A-66 (Autovía de la Ruta de la Plata)-Enlace 431 (La Algaba);
23 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-28042021-1950 [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
24 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-22062021-1719 [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
25 https://sevilla.abe.es/Sevilla/sevi-estado-devuelve-avales-empresas-tuneles-se-40-202202081956 noticia.html#vca=irss-inducido&vmc=abcdesevilla-es&vso=wh&vli=noticia.foto [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
26 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/250222-r-sanchez-sevilla.aspx [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
27 En concreto, el diario ABC señaló: [...] Raquel Sánchez, dejó algunos anuncios menores pero no resolvió ninguna de las dudas que todavía planean sobre las grandes infraestructuras de la ciudad. Ni desveló si va a cambiar los túneles
originales de la SE-40 por un puente ni el mecanismo para compensar el sobrecoste de los materiales en obras como el puente del Centenario, que está afectando al ritmo de ejecución. [...] El estudio de alternativas para el cierre de la SE-40
todavía está en fase de redacción. Se sacará a exposición pública a finales de este año, avanzó la ministra. Tampoco se han acordado aún las indemnizaciones a las constructoras por la cancelación de los túneles originales.
https://sevilla.abc.es/Sevilla/sevi-sevilla-estado-retrasara-eleccion-entre-tunel-o-puente-para-se-40-hasta-otono-202202260805 noticia.html [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
28 https://sevilla.abc.es/Sevilla/sevi-tuneladora-se-40-vendida-peso-chatarrero-202203142153 noticia.html [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]
Autovía SE-40. Tramo: Enlace A-49 (Espartinas)-Enlace SE-510 (Valencina); Autovía SE-40. Tramo: Enlace A-8077 (Valencina)-Enlace A-66 (Salteras); Autovía SE-40. Tramo: Enlace Acceso Norte-Enlace A-4 (Córdoba).
2. Realizar las actuaciones necesarias destinadas a evitar la demora de la construcción del tramo de la SE-40 que discurre entre las localidades de Dos Hermanas y Coria del Río.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.-María de los Reyes Romero Vilches, Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just, Cristina Alicia Esteban Calonje
y Rubén Darío Vega Arias, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso del sector cerámico español,
para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Según la Comisión Europea, desde una perspectiva general, la industria cerámica enfrenta retos tan diversos como la competencia en volúmenes masivos de productos de bajo coste procedentes de economías emergentes, la dependencia de materias
primas de productores extracomunitarios, las barreras comerciales, como los aranceles o los sistemas de ensayo y certificación, cambios en el estilo de vida y sustitución por otros productos, así como atraer y mantener una mano de obra cualificada.
A estos desafíos estructurales del sector, se han añadido unos factores circunstanciales de enorme peligro para la industria cerámica, como son los elevadísimos precios del gas natural (principal insumo de una industria superintensiva como es la
cerámica), y la guerra de Ucrania (por el impacto que genera en la importación de materias primas y en los mercados de exportación).
En España, el 75% de la facturación corresponde a exportaciones, y el resto de las ventas se destinan al mercado nacional. El sector cerámico es la tercera industria que mayor superávit aporta a nuestra balanza comercial, siendo España el
primer exportador por volumen de la Unión Europea, y el segundo del mundo. Un reciente informe de Deloitte muestra un crecimiento del 26% en ventas en 2021, cifra récord que se sitúa un 17% por encima del nivel de ventas de 2007. En este sentido,
tanto el mercado doméstico como el de exportación han mejorado notablemente su nivel de ventas, con un +33% y +24%, respectivamente.
Gran parte de ese éxito se debe a una constante trayectoria de innovación en el sector, que es uno de los que más carbono emite en sus procesos. La modificación más importante fue la introducción del gas natural a principios de los 80, que
permitió aplicar el proceso de monococción y con ello reducir los ciclos de cocción de 35-45 horas a 2 horas; actualmente, el 98% de la industria española de azulejos y pavimentos cerámicos utiliza gas natural. También se ha incorporado el uso de
la cogeneración, una forma más eficiente de obtener electricidad ya que se aprovechan al máximo los gases calientes evitando pérdidas de su poder calorífico. Este método de obtención de energía consigue rendimientos de entre el 85-90%, frente al
35% de las centrales térmicas tradicionales de generación de energía eléctrica. Además, con este proceso, el menor consumo de energía primaria redunda en una reducción de la contaminación ambiental y también supone un importante ahorro en pérdidas
por transporte y transformación. Asimismo, la industria española se sitúa en una ratio de consumo de agua por metro cuadrado muy por debajo del óptimo del resto de la industria europea. Este consumo se ha reducido drásticamente gracias al
desarrollo de técnicas de reutilización de residuos -lodos y suspensiones acuosas-. En el futuro inmediato, se abren otras vías para que esta industria continúe reduciendo emisiones, como es por ejemplo el uso de hidrógeno en lugar de gas natural.
Sin embargo, para acometer
esa transición, que no puede ser sino gradual, la industria necesita asegurarse unas mínimas condiciones de viabilidad.
Así, la relevante exposición del sector azulejero español al precio del gas, así como a la necesidad de importar ciertas materias primas de Ucrania, como es el caso de las arcillas, derivan en una importante, aunque coyuntural, erosión de
rentabilidad. En particular, el estallido del conflicto habría reducido las expectativas de margen EBITDA del sector para 2022 del 13% al 7%. La patronal del sector ha denunciado el grave impacto que está sufriendo esta industria, con más de 36
compañías que han optado por un ERTE desde el inicio de la crisis energética en el mes de diciembre. Está en juego el futuro de casi 5.000 trabajadores.
Pese a las dificultades actuales, el sector cerámico español mantiene un notable ritmo de crecimiento en ventas y continúa afianzándose como uno de los principales motores económicos de la Comunidad Valenciana, ya que una de las principales
características del sector azulejero español es la alta concentración geográfica de la industria en esta región.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el seno de la Unión Europea, la compra centralizada de gas natural, así como una iniciativa específica para el apoyo al sector cerámico a nivel comunitario, que tenga en cuenta su gran potencial de reducción de emisiones.
2. Presentar, a la mayor brevedad posible, un plan nacional de apoyo al sector cerámico, con medidas específicas en las facetas siguientes:
a) Comercial: sustitución de importaciones y apertura de nuevos mercados.
b) Energética: cuadro de ayudas específico para sectores superintensivos en gas y electricidad, como es el cerámico, y ayudas a la progresiva sustitución del gas natural por el hidrógeno renovable.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.-María Carmen Martínez Granados y María Muñoz Vidal, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a Turismo Seguro, para su
debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La actividad turística es en un elemento clave y fundamental para la recuperación económica de España y la creación de empleo, que además constituye un factor clave en la proyección exterior de España como entorno de confianza y la promoción
de su rico y extenso patrimonio natural, histórico, gastronómico o cultural.
Durante 2019, año previo a la pandemia que desató la mayor crisis del turismo de su historia, visitaron España más de 83,7 millones de turistas internacionales, que además de buscar y verse atraídos por los elementos citados y muchos otros,
buscan tranquilidad y escogen nuestros destinos por sus altos índices de seguridad.
Sin embargo, el turista que nos visita puede ser víctima de delitos durante su estancia y las posibles repercusiones que tales hechos pudieran tener en la imagen de España, hacen imprescindible instrumentar los medios necesarios con el
objetivo de garantizar un turismo seguro.
La seguridad ciudadana constituye un elemento esencial para el éxito turístico de los destinos españoles y muy especialmente en aquellos lugares y espacios con mayor concentración de personas, como pueden ser eventos de todo tipo o los nodos
de transporte; en este sentido, trasladar al exterior una
imagen de destino seguro es importantísimo para nuestra competitividad y mantener un nivel de seguridad efectivo es un valor añadido a la oferta turística.
Durante los meses de mayor afluencia turística, son habituales los desplazamientos hacia estos destinos para delinquir, generando inseguridad a empresarios, visitantes y vecinos, provocando el que se traslade una mala imagen de estos
exitosos destinos en los países emisores de turistas.
España y sus destinos siempre han gozado de una imagen de excelencia turística, convirtiéndonos en uno de los destinos más seguros del mundo por sus altos estándares de seguridad y la gran profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, motivos por los cuales millones de personas nos eligen para disfrutar de sus vacaciones, y así queremos que lo continúe siendo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
- Potenciar y ampliar a lo largo de todo el año, sobre todo en los destinos que mantienen altos índices de ocupación turística, los planes específicos de Turismo Seguro del Gobierno de España.
- Difundir y poner en valor el Plan Turismo Seguro en las ferias y promociones turísticas a las acuda España, que traslade al turista una percepción real de seguridad durante su estancia en nuestros destinos.
- Potenciar las actuales oficinas SATE (Servicio de Atención al Turista Extranjero) e impulsar la apertura de nuevas oficinas en nuestros destinos turísticos.
- Mejorar la seguridad subjetiva del turista mediante campañas realizadas conjuntamente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en colaboración con destinos y los operadores turísticos (hoteleros, empresas de restauración,
comercios, etc.).
- Potenciar la colaboración entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado españolas y las fuerzas de seguridad internacionales con el objetivo de prestar una atención personalizada y las facilidades que correspondan cuando un turista
extranjero sea víctima de delito.
- Apoyar y contribuir activamente a las actuaciones desplegadas en el sector turístico, por el Gobierno y por las Administraciones Autonómicas y Locales, cooperando en el logro de un mayor grado de competitividad del mismo.
- Mantener los cauces de comunicación y acuerdos de formación al objeto de hacer partícipes en las medidas de prevención al personal que trabaja en el sector turístico y a las empresas de seguridad que les prestan servicio.
- Dotar de un refuerzo extraordinario de efectivos para garantizar la seguridad ciudadana en aquellos espacios y lugares de mayor afluencia (aeropuertos, estaciones, conciertos, festivales, eventos deportivos).
- Acometer las reformas legislativas pertinentes para catalogar la práctica de actividades ilícitas como pudiera ser el trile o la cada vez más extendida actividad de mojiteros en nuestras playas, pudiendo así luchar con herramientas
eficaces contra esta actividad prohibida y acabar así con la impunidad con la que actúan.
- Incrementar la seguridad ciudadana, aumentar la vigilancia y control preventivo y refuerzo de efectivos en las zonas de mayor afluencia turística durante los meses de temporada alta, así como en vías de comunicación urbanas e interurbanas.
- Poner a disposición de los turistas, aplicaciones tecnológicas que faciliten información y a través de las cuales poder trasladar a los Cuerpos de Seguridad la existencia de algún tipo de problema de seguridad.
- Reforzar y garantizar en todo caso la capacidad y dotación adecuada de medios y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayores volúmenes de tráfico
internacional de pasajeros en una fase decisiva para acelerar la definitiva recuperación de los destinos españoles y del negocio aeroportuario tras estar conviviendo con la pandemia durante aproximadamente dos años y medio.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2022.-Agustín Almodóvar Barceló, Sebastián Jesús Ledesma Martín, Ana Belén Vázquez Blanco e Isabel María Borrego Cortes, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la supresión de la Dirección General de Derechos de
los Animales, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. Concepto de sanidad animal.
La sanidad animal es un concepto complejo que engloba multitud de matices, el principal de los cuales es la prevención y la erradicación de las enfermedades de los animales, especialmente de aquellas que puedan ser transmitidas a la especie
humana 29. En el panorama europeo 30 ha ido cobrando una importancia creciente la cuestión del bienestar animal, concebida como una de las implicaciones de la sanidad animal y abordada desde una óptica zootécnica (de mejora de los animales en
sentido amplio) 31.
Segundo. Competencias en materia de sanidad animal en España. Desdoblamiento ficticio de la sanidad animal y el bienestar animal.
La cuestión de la sanidad animal ha sido concebida en España, desde hace décadas 32, como una de las competencias del Ministerio de Agricultura -en sus diferentes denominaciones 33- y, más concretamente, de una Secretaría General de dicho
Departamento. La vigente distribución competencial del organigrama de la Administración General del Estado ha mantenido inalterado el statu quo por cuanto a sanidad animal se refiere. Así, el artículo 2.1 del Real Decreto 430/2020, de 3 de marzo,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales afirma que a la Secretaría General de Agricultura y Alimentación «le corresponde asimismo la definición, propuesta y ejecución de las políticas del Ministerio referentes a [...] sanidad animal [...]».
29 Cfr. Artículo 1.2 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
30 V. gr, el Comité Científico Veterinario que se creó en 1981 se formó con tres secciones: salud pública, sanidad animal y bienestar animal. Cfr. VILLALBA, T., 40 años de bienestar animal: 1974-2014. «Guía de la legislación comunitaria
sobre bienestar animal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente», Madrid, 2015, p. 53.
31 El Diccionario de la Real Academia Española define la zootecnia como el «arte de la cría, multiplicación y mejora de los animales domésticos».
32 El Real Decreto 1055/1995, de 23 de junio, por el que se modifica parcialmente la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es el primero que lo recoge de manera explícita.
33 En las últimas legislaturas, el organismo se ha denominado Secretaría general de Agricultura (artículo 8.1 del Real Decreto 1282/2000, de 30 de junio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación); Secretaría general de medio rural y marino (artículo 6.2 Real Decreto 1130/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino);
Secretaría General de Agricultura y alimentación (artículo 7.2 del Real Decreto 846/2015, de 28 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales, y el Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Mantuvo el reparto competencial del Real Decreto
401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente); Secretaría General de Agricultura y alimentación (artículo 7.1 del Real Decreto 895/2017, de 6 de
octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de
los departamentos ministeriales); Secretaría General de Agricultura y alimentación (artículo 2.2 del Real Decreto 904/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
y por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales); y Secretaría General de Agricultura y alimentación (artículo 2.2 Real Decreto 430/2020, de
3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales).
Sin embargo, el Gobierno actual ha llevado a cabo una modificación consistente en desgajar, de manera artificiosa, antibiológica y carente de justificación fáctica y jurídica, la cuestión del bienestar animal (o la protección animal) de la
materia más amplia de la sanidad animal, atribuyendo sendas competencias a dos Departamentos diferentes de la Administración General del Estado 34.
Este desdoblamiento ficticio ha permitido dotar de competencias un organismo diseñado ex novo que, de otro modo, manifestaría a todas luces su vacuidad y falta de necesidad: la Dirección General de Derechos de los Animales (en adelante,
«DGDA»).
La DGDA fue creada en virtud del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales («RD»). En su preámbulo se establece que, «dependiendo directamente de la Subsecretaría, se adscribe la novedosa Dirección General de Derechos de los Animales, con un
enfoque dedicado a la promoción de políticas para la protección de los animales, así como de coordinación de dichas políticas con otros departamentos y otras administraciones públicas y con la finalidad, asimismo, de su alineamiento con la
legislación europea».
Tanto de la creación de la DGDA como del propio lenguaje que se utiliza en el referido RD se infiere el propósito de revestir de un cariz antropomórfico el tratamiento de los animales:
i. Se elimina la protección o el bienestar animal de entre las competencias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para atribuirla, en cambio, a un departamento que se supone debería encarnar la asistencia social del Estado, a
saber, el Ministerio de Derechos Sociales 35 («y Agenda 2030», materia contra la cual este Grupo Parlamentario se ha manifestado en incontables ocasiones). En otros términos: una parte de las cuestiones referidas a los animales se introduce en un
departamento dedicado, en teoría, a las personas.
ii. Además, el artículo 10 RD habla sin ambages de la «protección de los derechos de los animales». Un sujeto de derecho es aquél que también es sujeto de obligaciones, según la doctrina jurídica tradicional en el derecho universal 36, por
lo que un animal no cumple esta definición en tanto no es sujeto de obligaciones. Son las personas las que tienen para con ellos derechos (el principal de los cuales es el de propiedad), fundamentalmente recogidos en el Código Civil, y obligaciones
(principalmente, la de cuidado), reguladas en el Código Penal y en las denominadas leyes de policía administrativa.
Tercero. La insuficiente justificación de la creación y el mantenimiento de la Dirección General de Derechos de los Animales.
La creación de la DGDA obedece a meros intereses políticos e ideológicos y carece de justificación jurídica que la fundamente, como a continuación se expondrá.
- El ordenamiento jurídico español regula la cuestión del bienestar animal en diversas normas 37. Ninguna de ellas habla ni de derechos de los animales ni de bienestar animal desde una perspectiva extra
34 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el primer caso; Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el segundo caso.
35 El artículo 1 RD dispone que «corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de derechos sociales y bienestar social, de familia y de su diversidad, de
protección del menor, de cohesión social y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, de adolescencia y juventud, así como de protección de los animales».
36 En la doctrina española, D. José Castán Tobeñas o D. Federico de Castro y Bravo.
37 La Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, regula por ejemplo la cuestión del bienestar en los mataderos (art. 57) y en los puestos de inspección fronteriza (art. 12). La Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los
animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio regula el bienestar animal en los ámbitos que describe el propio título de la norma. Otra norma que regula la cuestión del bienestar animal es el Real Decreto 137/2021, de 2 de
marzo, por el que se establecen disposiciones específicas para la tramitación de procedimientos sancionadores en comercio y sanidad exterior, en materia de sanidad vegetal y de sanidad y protección animal. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, regula los delitos contra los recursos naturales o el medio ambiente (arts. 325 y ss.); delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos (arts. 332 y ss.), incluidos el maltrato y el
abandono; y delitos contra la seguridad colectiva (arts. 343 y ss.). El Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil incluye recientes modificaciones en materia de efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio
y medidas provisionales en los tres casos (arts. 90 y ss.), de clasificación de los animales y de los bienes (arts. 333 y ss.), de regímenes de propiedad y posesión (arts. 430 y ss. y 610 y ss.), de sucesión (art. 914 bis), etc. La Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, especialmente en su régimen sancionador (arts. 37 y 39) regula también la cuestión del bienestar o la protección animal. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, impone en su art. 9 quinquies un deber de respeto del medio ambiente y los animales. El Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el
que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia, se dedica a la regulación de la cuestión del bienestar en el ámbito descrito. Por
último, es norma reguladora de la cuestión del bienestar animal la Orden ECC/566/2015, de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos de capacitación que debe cumplir el personal que maneje animales utilizados, criados o suministrados
confines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.
zootécnica, que requiera que un organismo adicional y distinto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se haga cargo de su protección.
- Por su parte, la normativa europea 38 que nos resulta de obligado cumplimiento se refiere únicamente, en el ámbito que nos ocupa, a que los animales son seres sensibles 39 -el máximo exponente de esta línea de pronunciamiento es el
Protocolo 33 anexo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 40 («Protocolo»), que añade que, «al formular y aplicar las políticas comunitarias en materia de agricultura, transporte, mercado interior e investigación, la Comunidad y los
Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales». Empero, matiza que ello ha de hacerse: «respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados
miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional».
Es decir, ni el ordenamiento jurídico español ni el europeo conciben la cuestión del bienestar animal desde el enfoque que el Gobierno le está queriendo atribuir. Aquellos hablan de protección y bienestar animal desde una perspectiva
meramente zootécnica, como se indicó al inicio de esta Proposición no de Ley. Además, por cuanto a la normativa europea se refiere, en el Protocolo se matiza que el bienestar animal solo será tenido en cuenta «al formular y aplicar las políticas
comunitarias en materia de agricultura, transporte, mercado interior e investigación». El Gobierno, en cambio, ha optado por magnificar la cuestión del bienestar animal en clara interpretación «extra legem» de la normativa citada: lo ha hecho al
crear la DGDA, al recoger normativamente que los animales tienen derechos y al pretender que, en ámbitos distintos a los que obliga el Protocolo, se aplique una «perspectiva de bienestar animal».
Por último, tal decisión política, que no trae consigo un beneficio para los españoles, sí supone en cambio un coste para ellos: en 2021, su presupuesto fue de 4.597.660 euros; y en 2022, de 6.080.610 euros.
Tratándose la DGDA de un organismo de claro interés ideológico que no responde a los intereses de los españoles, se muestra ineficaz e innecesario, y, por lo tanto, no merecedor de ser sostenido con el dinero de todos los españoles. Cada
céntimo que pagan los españoles importa.
38 Han de destacarse, en este sentido, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con su protocolo número 33 sobre la protección y el bienestar de los animales; el REGLAMENTO (CE) No 1/2005 DEL CONSEJO de 22 de diciembre de 2004,
relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97; el REGLAMENTO (UE) No 652/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 15 de mayo de 2014, por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción
vegetal, y por el que se modifican las Directivas 98/56/CE, 2000/29/CE y 2008/90/CE del Consejo, los Reglamentos (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 y (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2009/128/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan las Decisiones 66/399/CEE, 76/894/CEE y 2009/470/CE del Consejo; el REGLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades
transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal»); el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de
los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.º 1255/97; el Reglamento (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la
protección de los animales en el momento de la matanza; y el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal es una organización intergubernamental creada por un convenio internacional el 25 de enero de
1924, firmado por 28 países, el cual enuncia los ocho «Principios básicos en que se funda el bienestar de los animales».
39 Recordemos, a este respecto, la definición de «sensible» que recoge la Real Academia Española: «Dicho de un ser vivo o de uno de sus órganos: Capaz de experimentar sensaciones».
40 PÉREZ VAQUERO, C., en «La política de la Unión Europea sobre bienestar animal», Revista Aranzadi Unión Europea, n.º 7, 2016, p. 4, menciona que «en Europa comenzamos a legislar sobre el bienestar animal en los años 70», y añade en la p. 8
que, «en 2009, el Tratado de Lisboa modificó el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, entre otras enmiendas, incorporó un reconocimiento explícito en su art. 13 sobre el que se asienta esta política europea: los animales son
seres sensibles».
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suprimir la Dirección General de Derechos de los Animales.
2. Reintegrar las competencias en materia de bienestar animal, que forman parte del concepto más amplio de sanidad animal -tal y como lo han entendido las legislaciones española y europea- al Ministerio actualmente denominado de
Agricultura, Pesca y Alimentación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la cesión
de derechos del uso del agua de la Acequia Real del río Xúquer a la Sociedad de Aguas de Almanzora, S.A, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Recientemente, hemos conocido a través de la prensa la intención de la Acequia Real del Xúquer de vender a la sociedad Aguas de Almanzora, S.A. 10 hm3/año de aguas del Xúquer desde el embalse de Alarcón, a razón de entre 0,27 a 0,30 /m3,
durante 5 años, mediante una operación de cesión de derechos de uso de agua de la Acequia Real en favor de la mercantil almeriense. Esta operación, que tiene que ser aprobada por la Dirección General del agua del Ministerio de Transición Ecológica
y de Reto Demográfico, implica unos ingresos de unos 3 millones de euros en el año para la Acequia Real por venta de las aguas del Xúquer, sobre las que los regantes valencianos tienen un derecho de uso a un coste de 0 euros hasta el año 2061, en
virtud del Convenio de Alarcón, firmado en 2001 entre la Unión Sindical de Usuarios del Xúquer y el entonces Ministerio de Medio Ambiente. Esto supone un trasvase de aguas del Xúquer desde el embalse de Alarcón en Almería del cual se beneficia un
usuario privativo mediante la venta de un bien público como es el agua, su concesión se ha otorgado gratuitamente para un uso concreto: regar las tierras de los regadíos históricos de la Ribera del Xúquer.
Esta detracción de aguas del Xúquer implicaría que estos caudales no circulen por el río ni que tampoco pudieran llegar a la Albufera de València. En cambio sí que crearía más tensiones para garantizar los caudales ecológicos, que ya de por
sí están exiguamente asignados por la planificación hidrológica. Además, trasvasar estos volúmenes de agua en Almería implica que los regantes de la Ribera dispongan de 10 hm3/año menos para satisfacer sus necesidades de riego, que ya se consideran
muy ajustadas, incluso, por los mismos dirigentes de la Acequia Real que ahora promueven vender el agua en Almería, de acuerdo con sus valoraciones durante el proceso de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el
periodo 2022-2027. Resulta como mínimo sorprendente que mientras el portavoz de la Acequia Real cuestiona los caudales ecológicos para el río y la Albufera de València por la afección que pueden tener respecto a las asignaciones para el regadío de
la Acequia Real, no dude en vender agua a Almería que supondrá el recortar del suministro a los regantes, es decir recortar los intereses de los cuales dice defender. Así mismo, esta venta de agua genera una reducción de la garantía de suministro
para los regantes de la Ribera del Xúquer en caso de sequía -que, como hemos visto durante las últimas décadas, son recurrentes y pueden ser prolongadas. En este sentido, no podemos
dejarnos deslumbrar por las lluvias extraordinarias de esta primavera, que, aunque significativas, han sido totalmente puntuales.
Como ha puesto de manifestó la planificación hidrológica, la cuenca del Xúquer es una cuenca sobreexplotada. El Plan Hidrológico de la Demarcación del Xúquer 2022-2027, aprobado en el mes de marzo por el Comité de Autoridades Competentes y
por el Consejo del Agua de la Demarcación, especifica que hay 250 hm3/año de derechos del uso del agua sobre masas de agua superficiales y subterráneas de la cuenca del Xúquer que no pueden ser atendidas por las disponibilidades actuales de agua en
la cuenca. Es decir, la cuenca del Xúquer presenta un déficit de recursos disponibles de 250 hm3/año para atender los derechos de uso reconocidos actualmente. Todo esto pese a los excesivos caudales ecológicos asignados a los ríos, en particular,
al Xúquer, así como a la Albufera de València y las modestas reservas ambientales establecidas en los acuíferos de la cuenca.
En la documentación del Plan también se alerta respecto a la agravación de esta situación de sobreexplotación y a la falta de agua en el futuro que llevaría este déficit hasta los 300 hm3/año en los próximos años. Por un lado, a
consecuencia de la reducción de recursos hídricos e incremento de la evapotranspiración derivadas de los efectos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico de la cuenca; y, por otro lado, por el mantenimiento o incluso aumento de las demandas
vinculadas al regadío -que supone el 80% de los recursos utilizados en la cuenca-, especialmente de los regadíos suministrados con aguas subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental (unos 300 hm3/año) y con las aguas del Xúquer desde la presa de
Alarcón para sustituir extracciones de ese acuífero (80 hm3/año, ampliables hasta 100 hm3/año). Estas extracciones subterráneas, producto de la puesta en regadío de decenas de miles de hectáreas en la década de 1980, al calor de las subvenciones de
la PAC, posteriormente legalizadas en el Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar de 1998, ha supuesto una reducción estimada entre 300 y 400 hm3/año de los caudales baso fluyentes del Júcar aguas abajo de la presa de Alarcón hasta su desembocadura.
El Plan Hidrológico 2022-2027 no ha resuelto, sino que ha agraviado la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, que es la principal responsable del declive del Xúquer en las últimas décadas. En lugar de declarar el acuífero
sobreexplotado, limitando las extracciones y poniendo en marcha un plan para su recuperación, la Confederación ha optado por mantener y ampliar las asignaciones que superan el uso sostenible de los recursos subterráneos disponibles y estableciendo
nuevas reservas insostenibles para el regadío.
Los sucesivos planes hidrológicos sistemáticamente han escatimado la asignación de caudales ecológicos como restricciones previas a cualquier explotación para usos humanos, tanto en los ríos, en particular a los de la cuenca del Xúquer, como
la Albufera de València, que continúan lejos de lograr el buen estado ecológico tal y como exige la legislación europea y española en materia de agua y especies y espacios naturales protegidos (a pesar de ser muchos de ellos espacios naturales
protegidos incluidos en la Red Natura 2000, como es el caso del Baix Xúquer y la Albufera de València) y recomienda la comunidad científica para tener una mayor resiliencia frente a los efectos del cambio climático.
Así mismo, los sucesivos planes han mantenido una elevada presión sobre el Xúquer han consolidado el abastecimiento a usos urbanos e industriales de València y su área metropolitana (en la cuenca del Turia) y de Sagunto (en la cuenca del
Palancia) con aguas del Xúquer desde el embalse de Tous, el que supone más de 100 hm3/año; así como el suministro de hasta 80 hm3/año de agua del Júcar, también desde ese embalse, para los regadíos del Canal Xúquer-Turia. Además, la planificación
hidrológica ha asignado hasta 80 hm3/año de aguas excedentes del Júcar -según las califica la normativa del Plan Hidrológico 2022-2027- para el trasvase Júcar-Vinalopó, que gracias a la acción valiente de la ciudadanía de la Ribera del Xúqer, junto
con los ayuntamientos de la ribereños y los regantes históricos del Baix Xúquer, consiguieron que el punto de presa de las aguas se situara en lAssut de la Marquesa, a 4 km de la desembocadura, en lugar de en Cortes de Pallas, y así minimizar
significativamente el impacto de esta nueva detracción sobre los recursos fluyentes en el río y la Albufera, y garantizar los derechos de uso de los usuarios de regadío de la Ribera, a la vez que se contribuye a revertir la situación de
sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó.
El grado de sobreexplotación de la cuenca del Xúqer lo que pide es trabajar en la dirección de reducir las presiones extractivas y por contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, como también reducir el deterioro de las masas de
agua y los ecosistemas asociados, para reducir nuestra vulnerabilidad ambiental, social y económica ante el cambio climático. La venta de aguas del Xúquer, cogiéndola desde el embalse de Alarcón, a más de 300 km de la desembocadura del río, para
trasvasarla en Almería, que
pretenden los dirigentes de la Acequia Real del Júcar, va en la dirección contraria, creando un precedente de mercantilización y comercio con un bien público como es el agua, que los regantes ribereños necesitan para sacar sus cosechas
adelante, finalidad que tienen legalmente asignada, así como para contribuir a la soberanía alimentaria de nuestro territorio.
Por todo ello, presento la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Defender a los regantes de la Ribera del Xúquer, y a la salud del río Xúquer y la Albufera de València, y muestra su rechazo a la venta de agua del Xúquer por parte de la Acequia Real del Xúquer a Aguas de Almanzora, S.A.
2. No autorizar la venta de agua del Xúquer mediante la cesión de derechos de agua de la Acequia Real del Xúquer en favor de la sociedad Aguas de Almanzora, S.A. dado el grado de déficit hídrico, sobreexplotación y mal estado ecológico de
las masas de agua de la cuenca del Xúquer corroborado en el presente ciclo de planificación hidrológica.
3. Declarar en mal estado los acuíferos del sistema hidrogeológico de la Mancha Oriental e implantar un plan de control, ordenación y reducción de extracciones que revierta la dinámica de sobreexplotación de estos acuíferos, la cual genera
la pérdida de caudales base que sufre el río Xúquer a su tramo mediano y abajo desde hace más de dos décadas, como también eliminar la sustitución de bombeo con agua del Xúquer en la Mancha Oriental.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña. Macarena Olona Choclán, don Rubén Darío Vega Arias y don Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para el trazado de líneas de base rectas en las zonas donde se encuentran la isla de Alborán y el islote de La Nube, con el fin de
delimitar correctamente nuestras aguas de soberanía y jurisdicción, especialmente a efectos de pesca, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. Introducción.
La isla de Alborán es la mayor isla de Andalucía con 576 metros de longitud, 239 metros de anchura y 5 km2 de superficie 41. Está situada a 48 millas náuticas (m.n.) al sur de Adra y a 35 m.n. del cabo de Tres Forcas, y depende
administrativamente de la provincia de Almería 42, aunque su faro está regentado por la Autoridad Portuaria de Málaga 43 44. Además, a cien metros de la isla y separado por el Canal de las Moreras se encuentra el islote de La Nube 45.
41 GUTIÉRREZ CASTILLO, Víctor Luis (2003). «Análisis histórico-jurídico de la isla andaluza de Alborán». Revista Electrónica de Estudios Internacionales (REEI), n.º 6.
42 GUTIÉRREZ CASTILLO, Víctor Luis, op. cit.
43 Boletín Oficial del Estado (1994). «Orden de 28 de abril de 1994 por la que se adscriben a las Autoridades Portuarias las instalaciones de iluminación de costas y señalización marítima incluidas en su ámbito geográfico y se determinan
las zonas de inspección del funcionamiento de las señales marítimas». Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-l994-10235
44 BOE (2006). «Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, por la que se publica el acuerdo de prórroga del Convenio con la Autoridad Portuaria de Málaga, relativo a la cesión de uso del
edificio que contiene el faro de la Isla de Alborán». Disponible en: https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2Q16-5616
45 GUTIÉRREZ CASTILLO, Víctor Luis, op. cit.
La zona de Alborán fue declarada paraje natural por medio de la Ley regional andaluza 3/2003, de 25 de junio 46, lo que implica el desarrollo continuo de un régimen jurídico para su protección; en materia de pesca, se han estado regulando
sucesivamente las reservas marinas y los caladeros adyacentes de la isla de Alborán. 47
Debido a su posición estratégica, la isla de Alborán sirvió en otros tiempos como base para realizar incursiones piráticas contra embarcaciones y como refugio ante las inclemencias del tiempo más recientemente. Y desde el 1 de octubre de
1540, tras la victoria de don Bernardino de Mendoza sobre los corsarios en el combate naval de Alborán, la isla es de plena soberanía española 48.
No obstante, la posesión y soberanía española de la isla no ha evitado que diversos visitantes, con intenciones tanto pacíficas como bélicas, hayan intentado asentarse en este pequeño territorio a lo largo del tiempo 49, lo que ha generado
que se haya establecido un destacamento permanente en la isla para controlarla y protegerla 50. 51
46 BOE (2003) «Ley 3/2003, de 25 de junio, de declaración del Paraje Natural de Alborán» de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-15696
47 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. «Legislación Isla de Alborán». Gobierno de España. Disponible en:
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/proteccion-recursos-pesqueros/reservas-marinas-de-espana/isla-de-alboran/legislación/
48 HERNÁNDEZ, Víctor (2018). «Alborán: historias y misterios de esa isla almeriense tan ignorada». Ideal. 29 de julio. Disponible en: https://www.ideal.es/almeria/almeria/alboran-historias-misterios-20180729201433-ntvo.html
49 HERNÁNDEZ, Víctor, op. cit.
50 SÁNCHEZ, Valeriano (2016). «Alborán, un mar y una isla». Andalucía en la historia. ISSN 1695-1956. N°. 51, págs. 52-57.
51 MASMAR. «Isla de Alborán desde el S». Disponible en: http://www.masmar.net/index.php/esl/Gu%C3% ADas/Puertos-de-Mar.-Fotos/Andaluc%C3%ADa/Isla-de-Albor%C3%A1n/Isla-de-Albor%C3%Aln-desde-el-S
En el ejercicio de sus derechos de soberanía, España ha apresado barcos marroquíes que faenaban a pocas millas de la isla, por ejemplo, la embarcación « Al-Madina» 52, que «había calado las redes sin estar en posesión del preceptivo permiso
de pesca, según consta en el acta incoada por la inspección del MAPA que refleja, además, la aprehensión de tres aparejos de talla antirreglamentaria» 53.
Por estos motivos, en la actualidad y con la clara intención de ejercer la soberanía del Reino de España, este territorio está habitado por el personal del Destacamento Naval de la isla de Alborán y, puntualmente, por personal de la
Secretaría General de Pesca 54. Dicha base permanente está conformada por unos doce hombres cuyas funciones no son solo las de defensa de su espacio aéreo y marítimo, sino también la realización de acciones de mantenimiento, así como de evitación
de acciones ilegales que deterioren el medio natural de la zona o la flora y fauna existente 55.
A la vista de lo anterior, es indiscutible la soberanía española de la isla de Alborán y el islote de La Nube y de sus aguas jurisdiccionales.
Segundo. Mar territorial y la zona contigua.
El mar territorial es aquel espacio marítimo adyacente a la costa o litoral que se extiende hasta una distancia de 12 millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde la que se mide su anchura y sobre el que el Estado ribereño
ejerce su soberanía, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del
52 MEIZOSO, Eladio (2007). «Las autoridades españolas apresan un barco marroquí por pesca ilegal». Cadena SER. Disponible en: https://cadenaser.com/ser/2007/09/26/economia/1190763554 850215.html
53 20 Minutos (2007). «Apresado un pesquero marroquí en Alborán cuando faenaba sin permiso». 27 de septiembre. Disponible en: https://www.20minutos.es/noticia/282237/O/pesquero/apresado/alboran/
54 RUIZ, Alicia (2022). «Armada: Los militares gaditanos que habitan la isla de Alborán», Diario de Cádiz. 19 de enero. Disponible en: https://www.diariodecadiz.es/cadiz/armada-militares-isla-alboran 0 1647435686.html
55 TAPIA, J (2021). «El Tagomago releva el destacamento naval de la Isla de Alborán», IDEAL. Disponible en: https://www.ideal.es/almeria/almeria/eltagomago-releva-destacamento-20210425164705-nt.html
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 56 (en adelante, CONVEMAR 57). Concretamente, el artículo 3 de la citada Convención señala lo siguiente:
«Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta Convención.»
En el caso de España, la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre mar territorial (en adelante, Ley 10/1977) determina los límites exterior e interior del mar territorial español. De conformidad con el artículo primero, la soberanía del Estado
español se extiende fuera de su territorio y de sus aguas interiores, al mar territorial adyacente a sus costas, ejerciendo dicha soberanía sobre la columna de agua, el lecho, el subsuelo y los recursos de ese mar 58. Según el artículo 2, «el
límite interior del mar territorial viene determinado por la línea de la bajamar escorada y, en su caso, por las líneas de base rectas que sean establecidas por el Gobierno», mientras que la línea exterior del mar territorial, de conformidad con el
artículo 3, «estará determinadla] por una línea trazada de modo que los puntos que la constituyen se encuentren a una distancia de doce millas náuticas de los puntos más próximos de las líneas de base a que se refiere el artículo anterior».
Con respecto a la zona contigua, cabe señalar que esta se determina a partir del límite exterior del mar territorial. El artículo 33.2 de la CONVEMAR señala que «la zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas contadas
desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial».
Es decir, «la anchura de este espacio es de doce millas, como la del mar territorial, a la cual se suma, de conformidad con el Convenio. El Estado ribereño tiene las facultades para prevenir y reprimir
56 El Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante16, en su artículo 8, define el mar territorial como «aquél que se extiende hasta una
distancia de doce millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide su anchura».
57 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Disponible en: https://www.un.org/depts/los/convention agreements/texis/uncios/convemar es.pdf
58 Artículo primero de la Ley 10/1997.
infracciones a las leyes aduaneras, fiscales, de inmigración y sanitarias» 59 en su zona contigua, tal y como establece la CONVEMAR en su artículo 33 60.
Tercero. Las líneas de base: las líneas de base normal y las líneas de base rectas.
Dado que el mar territorial se determina por medio de las líneas de base 61, de conformidad con la CONVEMAR, lo importante es saber cómo se deben trazar, puesto que constituyen la referencia a partir de la que se miden los límites exteriores
del mar territorial de un Estado y otras zonas marítimas de jurisdicción estatal (la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental), así como la delimitación con los Estados vecinos 62.
Según la Convención, artículos 5 a 7, éstas se fijan a través de dos métodos:
1.º El de líneas de base normal. Señala el artículo 5 de la CONVEMAR lo siguiente: «Salvo disposición en contrario de esta Convención, la línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de
la costa, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas a gran escala reconocidas oficialmente por el Estado ribereño».
Por lo general el establecimiento de las líneas de base normal no es susceptible de generar muchos problemas entre los Estados, a excepción de situaciones geográficas que adquieren cierta complejidad, como las islas, las rocas o las
elevaciones del terreno 63.
2.º El de líneas de base rectas. Se recoge en el artículo 7 de la misma Convención, el cual señala lo siguiente:
«1. En los lugares en que la costa tenga profundas aberturas y escotaduras o en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata, puede adoptarse, como método para trazar la línea de base desde la
que ha de medirse el mar territorial, el de líneas de base rectas que unan los puntos apropiados.
2. En los casos en que, por la existencia de un delta y de otros accidentes naturales, la línea de la costa sea muy inestable, los puntos apropiados pueden elegirse a lo largo de la línea de bajamar más alejada mar afuera y, aunque la línea
de bajamar retroceda ulteriormente, las líneas de base rectas seguirán en vigor hasta que las modifique el Estado ribereño de conformidad con esta Convención.
3. El trazado de las líneas de base rectas no debe apartarse de una manera apreciable de la dirección general de la costa, y las zonas de mar situadas del lado de tierra de esas líneas han de estar suficientemente vinculadas al dominio
terrestre para estar sometidas al régimen de las aguas interiores.
4. Las líneas de base rectas no se trazarán hacia ni desde elevaciones que emerjan en bajamar, a menos que se hayan construido sobre ellas faros o instalaciones análogas que se encuentren constantemente sobre el nivel del agua, o que el
trazado de líneas de base hacia o desde elevaciones que emerjan en bajamar haya sido objeto de un reconocimiento internacional general.
5. Cuando el método de líneas de base rectas sea aplicable según el párrafo 1, al trazar determinadas líneas de base podrán tenerse en cuenta los intereses económicos propios de la región de que se trate cuya realidad e importancia estén
claramente demostradas por un uso prolongado.
6. El sistema de líneas de base rectas no puede ser aplicado por un Estado de forma que aísle el mar territorial de otro Estado de la alta mar o de una zona económica exclusiva.»
Este artículo es el que se suele aplicar a aquellos litorales que presentan configuraciones costeras complejas, y su fundamento reside en la idea de evitar el trazado de una línea de bajamar que siga por toda la sinuosidad de la costa 64, ya
que las líneas de base rectas se trazan uniendo entre sí sus extremos.
59 OVEJERO PUENTE, Ana (2004). «Notas en torno a la problemática del mar territorial en archipiélagos dependientes de Estados compuestos», Cuadernos de Derecho Público. Número 21. Enero-abril. Disponible en:
https://revistasonline.inap.es/index.php/CDP/article/view/708/763
60 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, op. cit.
61 Real Academia Española: «línea de base». Diccionario panhispánico del español jurídico. Disponible en: https://dpej.rae.es/lema/l%C3%ADnea-de-base
62 GONZÁLEZ GIMÉNEZ, Jesús (2007). «Las líneas de base en el mar Mediterráneo: ¿Discrecionalidad o arbitrariedad en la acción estatal?»; Revista Española de Derecho Internacional (REDI); Universidad de Almería.
63 GONZÁLEZ GIMÉNEZ, Jesús, op. cit.
64 GONZÁLEZ GIMÉNEZ, Jesús, op. cit.
Además, persigue también una función añadida: que el Estado encierre aquellas aguas que, debido a su estrecha vinculación con la costa, tienen el carácter de aguas interiores 65, puesto que las aguas que quedan encerradas entre dichas
líneas de base recta y tierra son también de plena soberanía del país ribereño (artículo 8 de la Convención).
Por su parte, conforme a la CONVEMAR, nuestra legislación nacional define las líneas de base en la Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a doce millas, a efectos de pesca, que afirma en su
artículo 2 que: 66
«La línea de base viene definida, en general, por la línea de bajamar escorada 67 a lo largo de todas las costas de soberanía española.
El Gobierno podrá acordar, para aquellos lugares en que lo estime oportuno, el trazado de líneas de base rectas que unan los puntos apropiados de la costa, de conformidad con las normas internacionales aplicables.
Si la distancia entre las líneas de bajamar de los puntos naturales de entrada o abra de una bahía no excede de veinticuatro millas, la línea recta que los une será considerada como línea base, siendo aguas interiores las comprendidas entre
dicha línea y la costa 68.»
Cuarto. Islas y rocas.
Para conocer los derechos jurisdiccionales de las aguas en torno a la isla de Alborán debemos partir de la mencionada CONVEMAR que está en vigor para España desde el 14 de febrero de 1997 69 y que en su artículo 121 establece el régimen de
las islas:
«1. Una isla es una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar.
2. Salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de una isla serán determinados de conformidad con las disposiciones de esta Convención aplicables a otras
extensiones terrestres.
3. Las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental.»
65 GONZÁLEZ GIMÉNEZ, Jesús, op. cit.
66 Ministerio de Defensa (2016). «Manual de Derecho del Mar». Gobierno de España. Septiembre. Disponible en: https://docplayer.es/93289664-Manual-de-derecho-del-mar.html
67 Real Academia Española: «Bajamar escorada»: «La línea de bajamar más baja posible». Diccionario panhispánico del español jurídico. Disponible en: https://dpej.rae.es/lema/l%C3%ADnea-de-bajamar-escorada
68 BOE (1967). Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a doce millas, a efectos de pesca. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1967-5595
69 BOE (1997). Instrumento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecho en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-3296
Así pues, a pesar de su denominación y del asentamiento continuo de militares, la isla de Alborán se constituye como «roca» a la luz del Derecho internacional, ya que no es susceptible, por sus características naturales, de habitación humana
ni de actividad económica propia. De ahí que no pueda tener zona económica exclusiva ni plataforma continental, pero sí genera un mar territorial y una zona contigua, según el mencionado artículo de la CONVEMAR.
Esta concepción jurídica es, a su vez, congruente con la posición que el Reino de España viene manteniendo en relación con las islas Salvajes, al norte de las islas Canarias, puesto que en respuesta parlamentaria por escrito al Grupo
Parlamentario VOX, el Gobierno reconoce que:
«En relación con la información interesada, se señala que el Gobierno español estima que las Islas Salvajes constituyen «un conjunto de promontorios rocosos deshabitados, no aptos para mantener habitación humana o vida económica propia», y
que, de acuerdo al Derecho del Mar en vigor para ambos Estados, tales islas no dan derecho a Zona Económica Exclusiva (ZEE) ni a Plataforma Continental (PC). Por consiguiente, España objeta siempre los planes cartográficos marinos portugueses
cuando incluyen esa extensión de la ZEE a partir de dichas islas, indicando que carecen de valor jurídico para nuestro país. España entiende, también de conformidad con el Derecho del Mar en vigor, que a falta de negociaciones bilaterales en curso
la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la Plataforma Continental (PC) portuguesas no se extienden más allá de la línea de equidistancia entre el archipiélago de Madeira y el archipiélago de Canarias.
Por otra parte, el Gobierno español conoce las actividades de la República Portuguesa en dichas Islas, en particular la instalación con carácter permanente de una guarnición de su Policía Marítima (que es relevada cada cierto tiempo), con
competencias de vigilancia y fiscalización de sus aguas adyacentes, lo que es perfectamente compatible con la posición de España en relación con las mismas, es decir, reconocimiento de Mar Territorial y Zona Contigua.» 70
Quinto. Depósito en la Secretaría General de las Naciones Unidas para su debido registro y publicidad.
De acuerdo con el artículo 16 de la CONVEMAR:
«1. Las líneas de base para medir la anchura del mar territorial, determinadas de conformidad con los artículos 7, 9 y 10, o los límites que de ellas se desprendan, y las líneas de delimitación trazadas de conformidad con los artículos 12 y
15 figurarán en cartas a escala o escalas adecuadas para precisar su ubicación. Esas cartas podrán ser sustituidas por listas de coordenadas geográficas de puntos en cada una de las cuales se indique específicamente el datum geodésico.
2. El Estado ribereño dará la debida publicidad a tales cartas o listas de coordenadas geográficas y depositará un ejemplar de cada una de ellas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.»
De esta manera, la CONVEMAR exige que los Estados ribereños depositen en poder del Secretario General de las Naciones Unidas cartas que muestren las líneas de base para medir la anchura del mar territorial, así como los límites exteriores
del mar territorial; esas cartas podrán ser sustituidas por listas de coordenadas geográficas de puntos en cada una de las cuales se indique específicamente el datum geodésico. También se exige que los Estados ribereños den la debida publicidad a
tales cartas o listas de coordenadas geográficas.
Sexto. La extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a doce millas a efectos de pesca de la isla de Alborán.
Como anteriormente hemos señalado, el problema que emerge en la isla de Alborán es que sus líneas de base recta todavía no han sido trazadas y, consecuentemente, España está renunciando tácitamente a los derechos que le corresponden en
igualdad de condiciones que al resto de las regiones del Estado.
70 Gobierno de España (2020). «Situación de la pretensión de la República Portuguesa ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas de que se le reconozca la plataforma continental desde las Islas Salvajes
e, implícitamente, la zona económica exclusiva desde dichas islas, así como actuaciones previstas en relación con dicho tema». Contestación a pregunta al Gobierno con respuesta escrita del G. P. VOX. Expediente: 184/005361. XIV Legislatura. 30
de marzo. Disponible en: https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=184%2F005361
Estos derechos vienen definidos, independientemente de los derechos de plena soberanía que reconoce la Convención, en la citada Ley 20/1967, cuando determina en su artículo primero lo siguiente:
«Corresponde al Estado Español:
a) El derecho exclusivo de pesca y la jurisdicción exclusiva en materia de pesca en la zona de seis millas a partir de las líneas de base que se definen en el artículo segundo.
b) El ejercicio del derecho de pesca en la zona que se extiende hasta las doce millas, medidas desde dicha línea de base, con arreglo a las normas contenidas en el artículo cuarto de la presente Ley; y
c) La facultad de reglamentar la pesca y la conservación de los recursos del mar, así como la de hacer respetar y cumplir dicha reglamentación y las medidas de conservación que hubieren sido objeto de algún acuerdo internacional, en una zona
del mar adyacente a las costas españolas de doce millas de anchura, medidas a partir de las líneas de base que se definen en el artículo segundo.»
Por tanto, en virtud del artículo 2 de la referida Ley 20/1967, el Gobierno de la Nación podrá acordar el trazado de líneas de base rectas que unan los puntos apropiados en la costa, de conformidad con las normas internacionales aplicables,
para aquellos lugares que lo estima oportuno 71.
A pesar de esta potestad del Gobierno, en el Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, sobre trazado de líneas de base rectas en desarrollo de la Ley 20/1967, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a 12 millas, a efectos de
pesca 72 («Real Decreto 2510/1977» en lo sucesivo), en virtud del cual se determinan las líneas de base rectas para la delimitación de las aguas jurisdiccionales españolas, no se encuentran delimitadas expresamente las respectivas a las aguas
jurisdiccionales de la isla de Alborán y el islote de La Nube.
Séptimo. Conclusiones.
Por lo tanto, aunque el Real Decreto 2510/1977 abordó la cuestión del trazado general de las líneas de base recta a lo largo de las costas españolas, dejó pendiente el trazado de estas líneas de base rectas de la isla de Alborán y el islote
de La Nube. Pero, para que sea considerada la ocupación efectiva, en Derecho Internacional es necesario ejercer dichos derechos.
De conformidad con el artículo 3 de la CONVEMAR, el Reino de España tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas, según corresponda, a partir de líneas de base o
líneas de base rectas. No obstante, el Reino de España no ha trazado todavía sus líneas de base rectas para la isla de Alborán y el islote de La Nube.
En definitiva, la presente iniciativa pretende instar al Gobierno a adoptar todas las medidas que sean necesarias al objeto de establecer finalmente el trazado de líneas de base rectas en la isla de Alborán y el islote de La Nube, con el fin
de delimitar correctamente nuestras aguas de soberanía o jurisdicción, especialmente a efectos de pesca.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar todas las medidas que sean necesarias al objeto de establecer finalmente el trazado de líneas de base rectas en las zonas donde se encuentra la isla de Alborán y el islote de La Nube,
con el fin de delimitar correctamente nuestras aguas de soberanía o jurisdicción, especialmente a efectos de pesca. A tal efecto, se deben llevar a cabo las siguientes medidas:
- Modificar el Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, sobre trazado de líneas de base rectas en desarrollo de la Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a 12 millas, a efectos de pesca, con el fin
de que recoja las nuevas líneas de base recta en las zonas de la isla de Alborán y el islote de La Nube.
71 BOE (1977). Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, sobre trazado de líneas de base rectas en desarrollo de la Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a 12 millas, a efectos de pesca.
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php7icDBOE-A-1977-23967
72 Vid supra.
- Enviar a la Secretaría General de las Naciones Unidas, para su debida publicidad, una Carta marina o lista de coordenadas geográficas correspondientes a las aguas jurisdiccionales de la isla de Alborán y el islote de La Nube, incluyendo su
mar territorial y su zona contigua, partiendo de las nuevas líneas de base recta, todo ello de conformidad con el artículo 16 de la CONVEMAR.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2022.-Rubén Darío Vega Arias y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la cesión
de derechos del uso del agua de la Acequia Real del río Xúquer a la Sociedad de Aguas de Almanzora, S.A, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Exposición de motivos
Recientemente, hemos conocido a través de la prensa la intención de la Acequia Real del Xúquer de vender a la sociedad Aguas de Almanzora, S.A. 10 hm3/año de aguas del Xúquer desde el embalse de Alarcón, a razón de entre 0,27 a 0,30 /m3,
durante 5 años, mediante una operación de cesión de derechos de uso de agua de la Acequia Real en favor de la mercantil almeriense. Esta operación, que tiene que ser aprobada por la Dirección General del agua del Ministerio de Transición Ecológica
y de Reto Demográfico, implica unos ingresos de unos 3 millones de euros en el año para la Acequia Real por venta de las aguas del Xúquer, sobre las que los regantes valencianos tienen un derecho de uso a un coste de 0 euros hasta el año 2061, en
virtud del Convenio de Alarcón, firmado en 2001 entre la Unión Sindical de Usuarios del Xúquer y el entonces Ministerio de Medio Ambiente. Esto supone un trasvase de aguas del Xúquer desde el embalse de Alarcón en Almería del cual se beneficia un
usuario privativo mediante la venta de un bien público como es el agua, su concesión se ha otorgado gratuitamente para un uso concreto: regar las tierras de los regadíos históricos de la Ribera del Xúquer.
Esta detracción de aguas del Xúquer implicaría que estos caudales no circulen por el río ni que tampoco pudieran llegar a la Albufera de València. En cambio sí que crearía más tensiones para garantizar los caudales ecológicos, que ya de por
sí están exiguamente asignados por la planificación hidrológica. Además, trasvasar estos volúmenes de agua en Almería implica que los regantes de la Ribera dispongan de 10 hm3/año menos para satisfacer sus necesidades de riego, que ya se consideran
muy ajustadas, incluso, por los mismos dirigentes de la Acequia Real que ahora promueven vender el agua en Almería, de acuerdo con sus valoraciones durante el proceso de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el
periodo 2022-2027. Resulta como mínimo sorprendente que mientras el portavoz de la Acequia Real cuestiona los caudales ecológicos para el río y la Albufera de València por la afección que pueden tener respecto a las asignaciones para el regadío de
la Acequia Real, no dude en vender agua a Almería que supondrá el recortar del suministro a los regantes, es decir recortar los intereses de los cuales dice defender. Así mismo, esta venta de agua genera una reducción de la garantía de suministro
para los regantes de la Ribera del Xúquer en caso de sequía -que, como hemos visto durante las últimas décadas, son recurrentes y pueden ser prolongadas. En este sentido, no podemos dejarnos deslumbrar por las lluvias extraordinarias de esta
primavera, que, aunque significativas, han sido totalmente puntuales.
Como ha puesto de manifestó la planificación hidrológica, la cuenca del Xúquer es una cuenca sobreexplotada. El Plan Hidrológico de la Demarcación del Xúquer 2022-2027, aprobado en el mes de marzo por el Comité de Autoridades Competentes y
por el Consejo del Agua de la Demarcación, especifica que hay 250 hm3/año de derechos del uso del agua sobre masas de agua superficiales y subterráneas de
la cuenca del Xúquer que no pueden ser atendidas por las disponibilidades actuales de agua en la cuenca. Es decir, la cuenca del Xúquer presenta un déficit de recursos disponibles de 250 hm3/año para atender los derechos de uso reconocidos
actualmente. Todo esto pese a los excesivos caudales ecológicos asignados a los ríos, en particular, al Xúquer, así como a la Albufera de València y las modestas reservas ambientales establecidas en los acuíferos de la cuenca.
En la documentación del Plan también se alerta respecto a la agravación de esta situación de sobreexplotación y a la falta de agua en el futuro que llevaría este déficit hasta los 300 hm3/año en los próximos años. Por un lado, a
consecuencia de la reducción de recursos hídricos e incremento de la evapotranspiración derivadas de los efectos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico de la cuenca; y, por otro lado, por el mantenimiento o incluso aumento de las demandas
vinculadas al regadío -que supone el 80% de los recursos utilizados en la cuenca-, especialmente de los regadíos suministrados con aguas subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental (unos 300 hm3/año) y con las aguas del Xúquer desde la presa de
Alarcón para sustituir extracciones de ese acuífero (80 hm3/año, ampliables hasta 100 hm3/año). Estas extracciones subterráneas, producto de la puesta en regadío de decenas de miles de hectáreas en la década de 1980, al calor de las subvenciones de
la PAC, posteriormente legalizadas en el Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar de 1998, ha supuesto una reducción estimada entre 300 y 400 hm3/año de los caudales baso fluyentes del Júcar aguas abajo de la presa de Alarcón hasta su desembocadura.
El Plan Hidrológico 2022-2027 no ha resuelto, sino que ha agraviado la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, que es la principal responsable del declive del Xúquer en las últimas décadas. En lugar de declarar el acuífero
sobreexplotado, limitando las extracciones y poniendo en marcha un plan para su recuperación, la Confederación ha optado por mantener y ampliar las asignaciones que superan el uso sostenible de los recursos subterráneos disponibles y estableciendo
nuevas reservas insostenibles para el regadío.
Los sucesivos planes hidrológicos sistemáticamente han escatimado la asignación de caudales ecológicos como restricciones previas a cualquier explotación para usos humanos, tanto en los ríos, en particular a los de la cuenca del Xúquer, como
la Albufera de València, que continúan lejos de lograr el buen estado ecológico tal y como exige la legislación europea y española en materia de agua y especies y espacios naturales protegidos (a pesar de ser muchos de ellos espacios naturales
protegidos incluidos en la Red Natura 2000, como es el caso del Baix Xúquer y la Albufera de València) y recomienda la comunidad científica para tener una mayor resiliencia frente a los efectos del cambio climático.
Así mismo, los sucesivos planes han mantenido una elevada presión sobre el Xúquer han consolidado el abastecimiento a usos urbanos e industriales de València y su área metropolitana (en la cuenca del Turia) y de Sagunto (en la cuenca del
Palancia) con aguas del Xúquer desde el embalse de Tous, el que supone más de 100 hm3/año; así como el suministro de hasta 80 hm3/año de agua del Júcar, también desde ese embalse, para los regadíos del Canal Xúquer-Turia. Además, la planificación
hidrológica ha asignado hasta 80 hm3/año de aguas excedentes del Júcar -según las califica la normativa del Plan Hidrológico 2022-2027- para el trasvase Júcar-Vinalopó, que gracias a la acción valiente de la ciudadanía de la Ribera del Xúqer, junto
con los ayuntamientos de la ribereños y los regantes históricos del Baix Xúquer, consiguieron que el punto de presa de las aguas se situara en lAssut de la Marquesa, a 4 km de la desembocadura, en lugar de en Cortes de Pallas, y así minimizar
significativamente el impacto de esta nueva detracción sobre los recursos fluyentes en el río y la Albufera, y garantizar los derechos de uso de los usuarios de regadío de la Ribera, a la vez que se contribuye a revertir la situación de
sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó.
El grado de sobreexplotación de la cuenca del Xúqer lo que pide es trabajar en la dirección de reducir las presiones extractivas y por contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, como también reducir el deterioro de las masas de
agua y los ecosistemas asociados, para reducir nuestra vulnerabilidad ambiental, social y económica ante el cambio climático. La venta de aguas del Xúquer, cogiéndola desde el embalse de Alarcón, a más de 300 km de la desembocadura del río, para
trasvasarla en Almería, que pretenden los dirigentes de la Acequia Real del Júcar, va en la dirección contraria, creando un precedente de mercantilización y comercio con un bien público como es el agua, que los regantes ribereños necesitan para
sacar sus cosechas adelante, finalidad que tienen legalmente asignada, así como para contribuir a la soberanía alimentaria de nuestro territorio.
Por todo ello, presento la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Defender a los regantes de la Ribera del Xúquer, y a la salud del río Xúquer y la Albufera de València, y muestra su rechazo a la venta de agua del Xúquer por parte de la Acequia Real del Xúquer a Aguas de Almanzora, S.A.
2. No autorizar la venta de agua del Xúquer mediante la cesión de derechos de agua de la Acequia Real del Xúquer en favor de la sociedad Aguas de Almanzora, S.A. dado el grado de déficit hídrico, sobreexplotación y mal estado ecológico de
las masas de agua de la cuenca del Xúquer corroborado en el presente ciclo de planificación hidrológica.
3. Declarar en mal estado los acuíferos del sistema hidrogeológico de la Mancha Oriental e implantar un plan de control, ordenación y reducción de extracciones que revierta la dinámica de sobreexplotación de estos acuíferos, la cual genera
la pérdida de caudales base que sufre el río Xúquer a su tramo mediano y abajo desde hace más de dos décadas, como también eliminar la sustitución de bombeo con agua del Xúquer en la Mancha Oriental.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don José Ramírez del Río, doña Mireia Borrás Pabón, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX),
respectivamente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción del legado artístico y literario de D. Jacinto
Benavente y Martínez, para su discusión en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Primero. Apunte biográfico sobre D. Jacinto Benavente.
Este 2022 se cumplen cien años desde que el dramaturgo español D. Jacinto Benavente fuera galardonado con el Premio Nobel de Literatura (1922) «por haber continuado dignamente las tradiciones del teatro español» 73.
La importancia de este galardón es indiscutida. No en vano, solo siete españoles lo han recibido por sus contribuciones a la literatura y la ciencia. Se trata, además del autor de Los intereses creados, de D. José Echegaray (1904), D.
Santiago Ramón y Cajal (1906), D. Juan Ramón Jiménez (1956), D. Severo Ochoa (1959), D. Vicente Aleixandre (1977) y D. Camilo José Cela (1989) 74. A estos puede sumarse el escritor D. Mario Vargas Llosa (2010) 75, peruano de nacimiento pero que
disfruta de la nacionalidad española desde 1993.
Con motivo del aniversario de este acontecimiento, que impulsó la cultura española en el mundo, es necesario recordar la obra y vida de este literato.
73 (8/4/2002). «Jacinto Benavente». Disponible en: http://dialogo.ugr.es/contenidos/nobel/nb-benavente.htm
74 REDACCION (23/3/21). Estos son los 7 premios Nobel españoles. Historia National Geographic. Recuperado de: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/estos-son-7-premios-nobel-espanoles_14796#slide-1
75 ALONSO, A y FABELO, N. (7/10/2010). Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura 2010. RTVE. Recuperado de: https://www.rtve.es/noticias/20101007/premio-nobel-literatura-2010/359812.shtml
Así, D. Jacinto Benavente y Martínez (Madrid, 12 de agosto de 1866-14 de julio de 1954) fue un dramaturgo, poeta, periodista, director, guionista y productor de cine español, así como diputado en Cortes por Madrid.
Desde el año 1885 76,tras la muerte de su padre, se dedicó principalmente a la literatura, comenzando una etapa de producción, lecturas de autores extranjeros, tertulias y viajes por España y Europa que le permitieron alcanzar fama universal
como dramaturgo. Con más de 170 obras publicadas 77, es considerado uno de los autores capitales de la historia del teatro español.
Pero, además de escribir piezas teatrales, el Sr. Benavente también se dedicó a la labor periodística, colaborando con diversos diarios y siendo ABC el medio en el que más a menudo solía publicar 78.
Segundo. La carrera como dramaturgo del Sr. Benavente.
En su carrera como dramaturgo, Don Jacinto Benavente cultivó diferentes géneros, como la comedia, la tragedia, el drama y el sainete. Entre sus obras de éxito cabe destacar Rosas de otoño (1905), la citada Los intereses creados (1907) o La
malquerida (1913).
Gracias a sus viajes por Francia, Alemania y Rusia 79, tuvo la oportunidad de conocer a escritores e intelectuales que ampliaron sus horizontes y cambiaron su concepción del teatro de aquella época. Estos nuevos aires revolucionaron la
escena española, dominada hasta entonces por la escuela del referido Echegaray, primer premio Nobel español. El valor de su extenso trabajo radicó en la introducción de referentes europeos y modernos en el teatro español. En este sentido, la
preeminencia de los aspectos escénicos sobre lo puramente dramático se puso de manifiesto en su segunda obra, Gente conocida (1896), así como en las que le sucedieron: La comida de las fieras (1898) y La noche del sábado (1903).
Su teatro es considerado «ligero y fresco, algo que le ayudó a convertirse en el icono del teatro burgués» 80. Sin embargo, a pesar de que su obra mantiene puntos de contacto con el modernismo y con la Generación del 98, no pertenece a
ninguno de los dos movimientos. Fue un eminente continuador de la mejor comedia del siglo XIX, de la cual elimina todo vestigio romántico para enriquecerla con su espíritu culto e inteligente y sus formidables recursos técnicos.
En la última etapa de su vida literaria, caracterizada por su familiaridad con el modernismo, escribió algunas obras de teatro infantil, como La novia de nieve (1934). Adicionalmente, merece destacarse Pepa Doncel (1928), no solo
representada en varios teatros a lo largo del tiempo, sino también llevada al cine (1969) y a Televisión Española (Teatro Estudio, 1981) 81.
Tercero. La figura de Benavente en la vida pública española.
Durante un breve periodo de tiempo, D. Jacinto Benavente también se dedicó al mundo de la política. Concretamente, tras las elecciones del 24 de febrero de 1918, el dramaturgo se convirtió en miembro del Congreso de los Diputados de la mano
del Partido Liberal-Conservador de don Antonio Maura, cargo que ostentó hasta el 2 de mayo de 1919 82.
Asimismo, a lo largo de su vida el autor recibió varios títulos, distinciones honoríficas u homenajes por su trayectoria literaria. Así, es necesario destacar una anécdota singular: el señor Benavente fue elegido para ocupar el sillón «1»
de la Real Academia Española («RAE») el 18 de octubre de 1912 83, si bien 30 años después aún no había dado su discurso de ingreso; en 1946, el propio autor pidió que se le concediese el carácter de académico de honor, y en 1948 su puesto fue
definitivamente ocupado por el
76 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. «Jacinto Benavente Martínez». Disponible en: https://dbe.rah.es/biografias/8351/jacinto-benavente-martinez
77 ARCHILETRAS. «Hace 66 años... Muere Jacinto Benavente». Recuperado de: https://www.archiletras.com/efemérides/muere-jaciento-benavente/
78 CALATAYUD, D. Biografía de Jacinto Benavente. Actualidad Literatura. Recuperado de: https://www.actualidadliteratura.com/biografia-de-jacinto-benavente/
79 https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/868/Jacinto%20Benavente%20Y%20 Martínez
80 https://www.libertaddigital.com/cultura/2018-08-12/jacinto-benavente-el-nobel-al-ingenio-de-la-obra-efimera-1276623287/#:~:text=Su%20teatro%20era%20ligero%20y,contempor%C3%A1neos%2C%20el%2Op%C3%BAblico%201e%20ensalz%C3%B3.
81 https://es.wikipedia.org/wiki/Pepa Doncel
82 https://www.congreso.es/historico-diputados?p_p_id=historicodiputados&p_p_Iifecycle=0&p_p state=normal&p_p_mode=view & historicodiputados_mvcRenderCommandName=mostrarDetalIe&_historicodiputados num e=49240
83 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. «Académico de número». Recuperado de: https://www.rae.es/academico/jacinto-benavente-electo-1912
novelista malagueño D. Salvador González Anaya, sin que él llegara siquiera a tomar posesión 36 años después de su elección.
En cualquier caso, en 1946 la RAE le nombró Académico de Honor, en 1923 se convirtió en Hijo Adoptivo de Nueva York; en 1924 fue designado Hijo Predilecto de Madrid por su municipio natal; y ese mismo año también fue premiado con la Gran
Cruz de Alfonso X el Sabio, hoy destinada «a las personas [...] que se hayan distinguido por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que hayan prestado servicios destacados en
cualquiera de ellos en España o en el ámbito internacional» 84. Igualmente, en 1947 obtuvo la Presidencia de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores y en 1948 la de la Asociación de Escritores y Autores 85. En 1950
recibió la Medalla del Mérito al Trabajo 86. Post mortem, también fue nombrado Hijo Adoptivo de Galapagar 87 como «reconocimiento expreso a sus cualidades o méritos personales, así como a los servicios realizados en beneficio, mejora y honor de
Galapagar» 88.
Sin embargo, el galardón que más importancia le confiere al ilustre personaje es el Premio Nobel de Literatura recibido en 1922. Se da la circunstancia que es el único miembro del Congreso de los Diputados que ha recibido el Premio Nobel,
por cuanto D. José Echegaray y D. Camilo José Cela fueron Senadores.
El hecho de ser homenajeado con un Premio Nobel de Literatura implica una proyección internacional tanto para el autor que lo recibe como para sus obras, además de suponer un importante reconocimiento a la producción literaria y cultural de
un país. Efectivamente, gracias a la repercusión mundial que le granjeó este premio, D. Jacinto Benavente impulsó la difusión de sus obras en Hispanoamérica y en Oriente Medio.
Actualmente, la falta de estudios acerca de muchos aspectos de su obra ha impedido conocer de forma suficiente la proyección del autor dramático madrileño, que contribuyó a la renovación de la comedia española de finales del siglo XIX y
principios del siglo XX.
Cuarto. La necesaria difusión del legado de don Jacinto Benavente a través de los instrumentos al alcance del Gobierno de España.
El artículo 44.1 de la Constitución Española («CE») señala que «los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho». Asimismo, el artículo 46 CE establece que «los poderes públicos garantizarán
la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados
contra este patrimonio».
En desarrollo de este mandato constitucional, la promoción del patrimonio cultural debe hacerse a través de los medios de que disponen las distintas Administraciones. En particular, respecto de la Administración General del Estado, este
precepto puede articularse a través de la difusión de la cultura en los teatros y centros de titularidad del Ministerio de Cultura y Deporte, los convenios suscritos por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) con teatros
extranjeros, la celebración de actos conmemorativos de aniversarios de personajes ilustres o la divulgación de sus obras, lo que incluye, entre otros, la formalización de los pertinentes acuerdos con la Corporación de Radio y Televisión Española, S.
A. para la emisión de programación a tal efecto en la radio y televisión de titularidad estatal.
Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario garantizar la recuperación de la obra de D. Jacinto Benavente, fomentando su conocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras. Asimismo, es imprescindible dar el reconocimiento que se
merecen a figuras literarias de la envergadura de este dramaturgo, que alcanzaron una gran popularidad en su tiempo y dejaron un legado de gran valor y relevancia que es necesario reivindicar, difundir y proteger como parte integrante de la
identidad nacional y del patrimonio cultural de España.
84 Artículo 1 del Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre, por el que se regula la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-21104
85 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/46336
86 http://149.235.17.77/portales/monumenta/es/Monumentos-y-Edificios-Singulares/Monumentos/Jacinto-Benavente/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c5a8091dlb9c4510091dlb9c45102e085a0aRCRD&v
gnextchanncl=8fac3cb702aa4510VgnVCM1000008a4a900aRCRD#:~:text=Dos%20a%C3% B1os%20m%C3%Ais%20tarde%2C%20en,%2C%20tragedia%2C%20drama%20y%20sainete
87 REDACCIÓN. (1/8/2016). Galapagar ha nombrado hijo adoptivo a Jacinto Benavente. Recuperado de: https://galapagar.info/2016/08/01/galapagar-ha-nombrado-hijo-adoptivo-a-jacinto-benavente/
88 (4/8/2016). «Jacinto Benavente, Hijo Adoptivo de Galapagar». Recuperado de: https://www.masvive.com/noticia/7524/galapagar/jacinto-benavente-hijo-adoptivo-de-galapagar.html
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la celebración del I Centenario de la concesión del Premio Nobel de Literatura a D. Jacinto Benavente y Hernández.
2. En este marco, promover la organización de un programa de actos que tenga por objeto el reconocimiento y puesta en valor de la figura del dramaturgo español y la difusión de sus obras, particularmente a través de los teatros e
instalaciones de titularidad del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte.
3. Fomentar la difusión del teatro español fuera de España mediante la suscripción, por el INAEM, de los convenios pertinentes al efecto con el Instituto Cervantes, así como con teatros y entidades extranjeros, de carácter público o
privado.
4. Alcanzar acuerdos con la Corporación RTVE para fomentar la difusión de las obras y del legado de D. Jacinto Benavente y Hernández, así como del teatro español.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2022.-José Ramírez del Río, Francisco José Contreras Peláez, Mireia Borrás Pabón y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la digitalización del
sistema nacional de salud y la inclusión de los servicios de farmacia digital en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Modernización de las administraciones públicas, contempla en su inversión 3 la transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública y de las Administraciones de las CCAA y las Entidades Locales, así como el fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria en el Sistema Nacional de Salud y la creación de un «data lake» sanitario, que recoja la información de los
sistemas de información para la mejora del diagnóstico y el tratamiento, la identificación de factores de riesgo, análisis de tendencias y predicciones de amenazas sanitarias, entre otros objetivos.
La mejora y modernización del sistema sanitario público español era y es una necesidad evidente, compartida por muchos otros Estados miembros de la UE. Por ese motivo la Comisión Europea puso en marcha el programa EU4Health, creado por el
Reglamento (UE) 2021/522, como respuesta a la COVID-19, con el objetivo de financiar proyectos en el ese ámbito,
La UE prevé así, para los próximos años una inversión de 5300 millones de euros para reforzar los sistemas sanitarios de los Estados miembros e impulsar una mayor interoperabilidad entre ellos mediante la implementación de las herramientas y
los servicios digitales y la transformación digital de la asistencia sanitaria.
La Estrategia de Salud Digital, elaborada por el Ministerio de Sanidad, supone un paso importante de cara al refuerzo del sistema sanitario español, no obstante, el proceso de transformación digital debería abarcar el conjunto de los
recursos técnicos, económicos y humanos del sistema sanitario y no únicamente los del sistema público y, entre esos recursos deben contarse la farmacia comunitaria y las entidades autorizadas y empresas de distribución cooperativas farmacéuticas de
medicamentos y productos sanitarios.
La red de farmacias comunitarias española es, sin duda alguna, una de las mejor cohesionadas de Europa, como se ha demostrado a lo largo de los casi dos años de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. La oficina de farmacia, y las
estructuras logísticas de las entidades autorizadas y empresas de distribución cooperativas farmacéuticas de medicamentos y productos sanitarios, han sido decisivas en los momentos más duros de la pandemia, tanto mediante el asesoramiento personal
en las oficinas físicas de farmacia como a través de los canales telemáticos y la asistencia domiciliaria. Las farmacias comunitarias han demostrado su capacidad para colaborar en la dispensación de medicamentos de dispensación hospitalaria y han
garantizado, apoyadas por un sistema de distribución que alcanza todos los rincones de la geografía, el acceso a los medicamentos y los productos sanitarios que precisaba la población.
Pero, si bien la emergencia sanitaria ha resaltado su importancia, lo cierto es que la atención farmacéutica y la distribución de los medicamentos y productos sanitarios han sido y son, en todo momento, piezas clave del Sistema Nacional de
Salud y, por tanto, así deberían ser tratadas en todas las normas que afecten a la transformación y el refuerzo del mismo.
Por ello, resulta cuando menos sorprendente que la Estrategia de Salud Digital no considere la red de farmacias comunitarias ni a las empresas de distribución cooperativas farmacéuticas de medicamentos y productos sanitarios como piezas
fundamentales y estratégicas del sistema sanitario, por su contacto diario con los gestores del sistema, pero, sobre todo, con los ciudadanos.
Teniendo en cuenta que la transformación digital, además de nuevas infraestructuras tecnológicas y formación, requiere una nueva definición de criterios y pautas comunes para todo el sistema sanitario en materia de gestión y tratamiento de
datos, las oficinas de farmacia, con más de dos millones de visitas, poseen un potencial informativo de enorme valor a efectos de salud pública, uso racional de los medicamentos, grado de adherencia a los tratamientos, fármaco-vigilancia y
teleasistencia. A ello se une el intercambio fluido de información entre oficina de farmacia y las empresas de distribución de medicamentos y productos sanitarios; un flujo de información que tiene especial relevancia a la hora de recabar datos
sobre el comportamiento sanitario de la población en zonas rurales y poco pobladas donde el envejecimiento demográfico lleva asociado un mayor número de pacientes crónicos o polimedicados. Por ello, resulta indispensable incluir tanto a la farmacia
como a las empresas de distribución de medicamentos en una red intercomunicada y reforzada entre todos los establecimientos y los centros sanitarios.
Por otra parte, y al margen de su capacidad en la recopilación de datos, la farmacia física, ayudada por los nuevos avances tecnológicos, está ampliando día a día sus servicios a los ciudadanos, más allá de la función dispensadora de
medicamentos y productos sanitarios. La dispensación y la atención domiciliaria, unida a servicios asistenciales, tanto presenciales como a través de canales telemáticos, no solo evitan desplazamientos innecesarios a los centros de atención
primaria u hospitalarios, sino que ayuda a reducir la presión asistencial en los mismos, hecho que se ha visto claramente reflejado durante la pandemia de la COVID-19.
Es por ello que también resulta imprescindible incluir en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud los diversos servicios farmacéuticos. Labores como la prevención, la educación para la salud, la resolución de consultas
de síntomas menores, o la dispensación con entrega informada de medicamentos a domicilio, son fundamentales para apoyar el sistema sanitario público y garantizar la equidad del sistema.
Finalmente, cabe destacar que en una sociedad cada vez más envejecida, la asistencia farmacéutica y la salud digitales pueden presentar desafíos, y es preciso un trabajo de análisis previo que evalúe los riesgos que comporta su implantación
para los ciudadanos. Al implementarlas, debe tenerse en consideración que son precisamente las personas mayores, en muchos casos con enfermedades crónicas y polimedicadas, las que realizan un menor uso de las herramientas digitales y que en nuestra
sociedad todavía existe una importante brecha digital, por motivos geográficos, económicos y generacionales, que provoca que no todos los ciudadanos tengan el mismo acceso o están lo suficientemente familiarizados con esas herramientas digitales.
Sin duda alguna la digitalización del Sistema Sanitario es indispensable, pero esta digitalización solo será equitativa si no se deja a nadie atrás. Por ello, es preciso encontrar un equilibrio que permita la convivencia del modelo digital
y el modelo físico, así como democratizar el acceso de todos los ciudadanos a la tecnología.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir los servicios digitales de la farmacia en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), implicándola así en la asistencia, atención sanitaria y en el apoyo a las prestaciones en salud pública para:
a. mejorar la atención farmacéutica, el acceso al medicamento y los productos sanitarios, y la fármaco-vigilancia,
b. promover el uso racional de los medicamentos y el control de la adherencia a los tratamientos,
c. e impulsar la teleasistencia farmacéutica, especialmente en beneficio de los grupos poblacionales más vulnerables, de los residentes en zonas rurales y/o en riesgo de despoblación, de las personas con escasa movilidad y de los pacientes
crónicos y/o polimedicados.
2. Contar con la Red de farmacias comunitarias y con entidades autorizadas y empresas autorizadas de distribución de medicamentos y productos sanitarios en la creación de un espacio nacional de datos sanitarios, coordinado entre el
Ministerio de Sanidad y las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas.
3. Colaborar con las Comunidades Autónomas para impulsar las medidas regulatorias necesarias para crear un sistema de alertas nacional donde el personal sanitario, incluidos los farmacéuticos con oficina de farmacia comunitaria, así como
las empresas de distribución de medicamentos y productos sanitarios autorizadas viertan datos para detección de posibles amenazas sanitarias en beneficio de la salud pública.
4. Integrar la red de farmacias comunitarias en la Estrategia de Salud Digital impulsada por el Gobierno a través de la nueva Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, poniendo en valor la atención presencial y
el asesoramiento sobre el uso racional de los medicamentos como complementos básicos para evitar el aislamiento de colectivos con acceso restringido a las herramientas digitales o con dificultades en su manejo.
5. Paralelamente a la implantación de la Estrategia de Salud Digital, tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a las herramientas digitales, luchar para reducir la brecha digital e impulsar la cobertura
de las redes de acceso de banda ancha y de la tecnología 5G para que llegue a toda la población. Estas medidas deben prestar una especial atención a las personas mayores, a personas en situaciones de vulnerabilidad económica y a personas con
discapacidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2022.-Elvira Velasco Morillo, Carmen Riolobos Regadera, José Ignacio Echániz Salgado, Ana María Pastor Julián, Juan Luis Pedreño Molina, Miguel Ángel Castellón Rubio y Pedro Navarro López,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Xavier Eritja Ciuró y Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley de garantía de la calidad de vida de los pacientes electrodependientes, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Según el informe La Enfermedad Renal Crónica (ERC) en España 2022, realizado por la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) con motivo de la celebración del Día Mundial del Riñón, en el Estado español en los últimos diez años, el número de
nuevos pacientes que necesitan Terapia Renal Sustitutiva (TRS) ha subido un 11,6%: de 121,1 personas por millón de población en 2010 a 141,4 en 2020.
Según el Estudio Epidemiológico de la Insuficiencia Renal en España y el de Nutrición y Riesgo Cardiovascular, la prevalencia oscila entre el 10% y el 15% de la población, afectando a entre 4,7 y 7 millones de personas. Además, las
nefropatías están entre las 10 primeras causas de muerte en el mundo y se espera que para 2040 se sitúen entre las cinco primeras.
La prevalencia de la ERC en sus fases más avanzadas y concretamente aquellas que requieren la TRS ha crecido en el Estado español en la última década casi un 30%. Según los datos del Registro O.N.T./S.E.N., el número de personas en TRS
hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal ya alcanza las 64.600 personas (datos de 2020). Por grupos de edad, el segmento de población que concentra mayor población en Tratamiento Renal Sustitutivo por millón de habitante es el que va de
45 a 64 años.
La TRS supone casi el 3% del gasto sanitario del sistema público de salud y el 4% del de la Atención Especializada. Según el Registro de la O.N.T./S.E.N. 2020, el 54,6% de los pacientes en TRS están con un trasplante renal funcionante,
siendo la hemodiálisis la segunda gran modalidad de tratamiento (40,4%) y la diálisis peritoneal (DP) la tercera (5%).
De acuerdo con el estudio La diálisis peritoneal es la mejor alternativa coste-efectiva para la sostenibilidad del tratamiento con diálisis, publicado en la Revista Nefrología, con el reparto público-privado actual, cuando se tienen en
cuenta todos los costes de la hemodiálisis frente a la diálisis peritoneal, el resultado de ahorro es favorable a la DP, con un ahorro de alrededor de más de 12.000 euros por paciente y año, sin contemplar costes indirectos (esta modalidad utiliza
menos personal para tratar al mismo número de pacientes).
El menor uso de la diálisis peritoneal se debe a factores estructurales y sociales, pero también a deficiencias formativas. La cantidad de energía que se consume en un hogar varía mucho en función del tamaño y tipo de la vivienda, su
ubicación y el número de ocupantes, pero concluye que el consumo medio diario de un hogar español es de 9 kWh lo que supone una facturación media diaria de 1,35.
En un paciente electrodependiente, la escalada del precio de la luz supone un incremento medio de 30 a 60 euros al mes (unos 600 euros anuales). En febrero del presente año, el precio medio de la electricidad fue de 200,23 euros/MWh, un 80
% superior al de todo 2021, casi 40 euros menos que la media registrada durante diciembre -239,22 euros/MWh-, que fue el mes más caro de la historia. Pero, aun así, fue 90 euros superior a la media del 2021. Y, según las personas expertas en la
materia, durante todo el 2022 y los primeros meses del 2023, se auguran niveles cercanos a los 200 euros/MWh.
La nueva regulación eléctrica establece un precio diferente según la hora del día, siendo la franja de 00:00 a 08:00 la más barata. Es en este horario cuando los pacientes, temerosos de que la factura de luz se incremente, realizan su
tratamiento en horas muy tempranas, alterando su ritmo de vida habitual. Es más, algunos pacientes, dada la complicada situación económica en la que se encuentran, están rechazando este tratamiento. Todo ello a pesar de que se trata de un
tratamiento que es de soporte vital, además de una mejora de su calidad de vida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a promover, en el plazo máximo de un mes, las reformas necesarias de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y las demás normas que se consideren oportunas, para que
los electrodependientes y personas con enfermedades crónicas puedan acceder a la energía en los términos previstos para los consumidores vulnerables severos en el bono social eléctrico.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.-Francesc Xavier Eritja Ciuró y Joan Capdevila i Esteve, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de los Diputados del PDeCAT Ferran Bel i Accensi i Concep Cañadell i Salvia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Consumo, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a requerir a las entidades bancarias a ofrecer medios de autenticación de doble factor alternativos a los mensajes SMS para proteger a sus clientes del
«SIM-swapping».
Exposición de motivos
Debido a la necesidad de ofrecer medidas en el campo de la ciberseguridad que protejan a los ciudadanos frente al elevado crecimiento de ataques informáticos que cada día suponen un mayor riesgo, es importante que éstos puedan disponer de
herramientas de seguridad informática que los protejan de dichos ataques. Actualmente, uno de los sistemas más conocidos y utilizados es el llamado «doble factor de autenticación-2FA».
La realidad es que, si bien este sistema teóricamente ofrece la debida protección, el extendido uso de los mensajes SMS como medio de verificación de la identidad, mediante la introducción de un código que se recibe por SMS, ha quedado
comprometido debido a la relativa facilidad para obtener duplicados de forma fraudulenta de las tarjetas SIM, un método conocido como «SIM-swapping».
El «SIM-swapping» funciona de la manera siguiente. En primer lugar, el ciberdelincuente suplanta la identidad de la víctima ante una teleoperadora para sacar un duplicado de su tarjeta telefónica. Desde ese momento, el ciberdelincuente
empieza a recibir los SMS con el código de confirmación que los bancos envían al móvil de sus usuarios cuando estos realizan alguna operación por internet como transferir dinero o solicitar un préstamo, por ejemplo.
Llegado este punto, al hacker solo le falta averiguar el banco con el que opera la persona suplantada. Para ello, le bastará con comprobar si la víctima tiene la app de su entidad bancaria instalada en el móvil, o en caso contrario, tendrá
que ir probando en los principales bancos e ir descartándolos hasta dar con el correcto. Posteriormente llamará al servicio de atención al cliente diciendo que ha olvidado la contraseña, que enviará una nueva al número de teléfono asociado a la
cuenta y será entonces cuando el ciberdelincuente estará en condiciones de sacar todo el dinero que quiera de la cuenta del suplantado.
Esta brecha de seguridad es especialmente relevante en el sector bancario, donde ya se han dado diversos casos de operaciones fraudulentas que involucran transferencias no autorizadas e incluso la contratación de créditos.
Pese a no disponer de cifras oficiales que permitan calibrar la magnitud de las cantidades sustraídas a través de este tipo de estafa, lo cierto es que la detención de bandas organizadas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se
dedican a este tipo de fraude es constante.
Asimismo, cabe destacar que el pasado mes de febrero la Agencia Española de Protección de Datos incoó cinco expedientes sancionadores a varias compañías de telefonía móvil, con sanciones desde los 70.000 a los 3,94 millones de euros, por no
haber protegido lo suficiente a sus usuarios frente a ciberdelitos como el «SIM-swapping» y haber permitido el duplicado de tarjetas SIM de sus clientes sin verificar la identidad, infringiendo así el principio de confidencialidad de los datos de
sus clientes.
Por todo ello, los Diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a requerir a las entidades bancarias a ofrecer medios de autentificación de doble factor alternativos a los mensajes SMS, como el uso de aplicaciones de autenticación, claves físicas de
seguridad o la verificación por medios biométricos a través del teléfono móvil de cualquier operación realizada a través de la web del banco, con la finalidad de ofrecer una mayor protección a sus clientes frente a los delitos de SIM-swapping.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2022.-Concep Cañadell Salvia y Ferran Bel Accensi, Diputados.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades, relativa a la adopción de los principios de la ciencia abierta.
Exposición de motivos
Es evidente que en nuestro mundo globalizado del siglo XXI la humanidad se enfrenta a diversos desafíos ambientales, sociales y económicos complejos e interdependientes, como son la pobreza, el acceso a la educación, el aumento de las
desigualdades, el cambio climático y, concretamente y tras la expansión de la pandemia de la COVID-19, los problemas sanitarios.
Para afrontar dichos retos y amenazas es fundamental el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación, de modo que mediante propuestas en base a un conocimiento compartido se encuentren soluciones para mejorar el bienestar de las
personas, la sostenibilidad ambiental, el respeto a la diversidad biológica y cultural del mundo, el desarrollo social y económico sostenible y la promoción de la calidad democrática y la paz.
Los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos -en concreto, sus artículos 19 y 27-, el artículo primero de la constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y
el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales sientan las bases para entender la ciencia como un bien común mundial, y por lo tanto como un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente que debe de ser accesible
y beneficiar a toda la humanidad.
La Conferencia General de la Unesco, en el transcurso de su 41.ª reunión en noviembre de 2021 en París, aprobó por unanimidad de los Estados miembros la Recomendación sobre la Ciencia Abierta.
Este documento recoge los principios para establecer un consenso mundial sobre el concepto de ciencia abierta, definido en el texto como «un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los
conocimientos científicos multilingües estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables por todos, se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la
sociedad, y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional. La ciencia abierta comprende todas las disciplinas científicas y todos
los aspectos de las prácticas académicas, incluidas las ciencias básicas y aplicadas, las ciencias naturales y sociales y las humanidades, y se basa en los siguientes pilares clave: conocimiento científico abierto, infraestructuras de la ciencia
abierta, comunicación científica, participación abierta de los agentes sociales y diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento».
Los principios de la UNESCO para el desarrollo de la ciencia abierta serían:
- Acceso abierto.
- Datos abiertos.
- Código abierto/software libre y hardware abierto.
- Infraestructura abierta.
- Evaluación abierta.
- Recursos educativos abiertos.
- Participación abierta de agentes sociales.
- Apertura a la diversidad de los conocimientos.
Siempre según el mismo documento, los objetivos fundamentales de la adhesión a la ciencia abierta serían:
«i) mantener y promover las buenas prácticas y el rigor científico, y acelerar los descubrimientos fomentando el acceso a datos y programas informáticos de sólida descripción, en particular los códigos fuente y los métodos que sustentan las
conclusiones científicas;
ii) optimizar el acceso al conocimiento científico, así como a la reutilización y combinación de datos y programas informáticos, en particular los códigos fuente, y de ese modo maximizar el bien común logrado gracias a las inversiones
públicas en materia de recursos e infraestructuras científicas; y
iii) promover el compromiso y la participación de todos los pueblos y culturas en el proceso científico a fin de fomentar la democratización de dicho proceso e impulsar el impacto social de la labor científica para el bien común.»
De igual manera, la Recomendación aprobada por la Unesco insta a los Estados miembros a adoptar medidas legislativas para dar efecto a los principios recogidos en la misma, así como promover su conocimiento entre las autoridades y los
agentes vinculados a la ciencia e impulsar iniciativas multilaterales para el avance de la ciencia abierta.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Promover una definición común de la ciencia abierta, conforme a la la Recomendación de la Unesco de 23 de noviembre de 2021, para la comunidad científica y los diferentes agentes de la ciencia abierta en todos los ámbitos y niveles
institucionales;
b) Garantizar que la ciencia abierta incorpore los valores y principios expuestos en esta Recomendación, de modo que sus beneficios se compartan y sean recíprocos, y no supongan la explotación de datos y conocimientos por parte de los países
tecnológica y económicamente más avanzados;
c) Fomentar los métodos de la ciencia abierta en el marco de las prácticas de investigación financiadas con fondos públicos;
d) Incorporar la ciencia abierta a las políticas y estrategias nacionales de ciencia, tecnología e innovación y a otros marcos normativos nacionales y regionales para el progreso público de la ciencia;
e) Garantizar que las prácticas de la ciencia abierta no impliquen la vulneración de las necesidades y los derechos de las comunidades, en particular los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales, de acuerdo con
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007;
f) Involucrar al sector privado en el debate sobre la forma de ampliar y compartir el alcance de los principios y prioridades de la ciencia abierta.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2022.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Igualdad
161/004198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para el desarrollo de programas itinerantes de atención a las
víctimas de explotación sexual, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el Programa ALBA, un programa de atención itinerante y de recursos para la salida de la explotación sexual de mujeres en contextos de prostitución.
La Dirección General del Instituto Valenciano de la Mujer, desarrolla este programa, con el fin de avanzar en medidas de intervención, acompañamiento y recuperación ante los casos de explotación
sexual, ofreciendo itinerarios de promoción y acompañamiento para asesorar y promover el acceso a derechos de las mujeres en esta situación.
Este programa ofrece alojamiento de emergencia en la red residencial y cuenta con un equipo multidisciplinar en cada una de las provincias que componen la Comunidad Valenciana, con profesionales de todos los ámbitos implicados: trabajadoras
sociales, educadoras sociales, psicóloga, abogada, integradora social, administrativas y una mujer superviviente con formación en mediación que asesora y acompaña al equipo.
El trabajo se realiza en la sede del programa y de forma itinerante con unidad móvil, que se desplaza para informar de forma personal. Tienen atención continuada y teléfono de atención urgente, ofreciendo los siguientes servicios: atención
social, intervención psicológica, asesoramiento jurídico, actividades de formación y promoción, unidad móvil y acciones de sensibilización y prevención.
En apenas dos meses este programa ha atendido a 409 víctimas de explotación sexual y ha realizado un total de 387 actuaciones para que estas mujeres puedan salir de ese contexto y construir su proyecto de vida independientemente. Se han
realizado 340 actuaciones de carácter social, 45 jurídicas y 24 atenciones psicológicas. También se han realizado 165 acompañamientos para gestiones sanitarias y sociales, 94 planes individualizados de intervención y 11 itinerarios de inserción
laboral.
Importante la oferta de alojamiento inmediato en caso de que no lo tengan y quieran abandonar la situación de explotación en la que viven, tanto para ellas como para sus hijos e hijas.
Este programa pretende ser un servicio a «largo plazo» para que cada mujer tenga un seguimiento y el tiempo suficiente para poder hacer su propio proceso de recuperación.
Es muy importante que el programa no espera a que las mujeres vengan a buscar la ayuda, la unidad se desplaza allá donde están las mujeres prostituidas para hacer la detección y acompañarlas siempre en un equilibrio entre la atención directa
y la reconstrucción psicológica. Por lo tanto, los equipos de trabajo realizan un acompañamiento en las primeras fases del contacto, facilitan el acceso a la inserción de los recursos comunitarios para la salida de la situación en que se
encuentran, trabajando en la adquisición de habilidades prelaborales y de cualificación profesional, además de ofrecerles atención jurídica. Este programa trabaja coordinadamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía o
Juzgados en aquellos casos en los que detecten situaciones que puedan ser constitutivas de delito.
El Gobierno de Coalición recogió en su acuerdo de investidura la erradicación de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, favoreciendo la dignidad de las mujeres, garantizando alternativas y terminando con las redes y las mafias
que se lucran con la esclavitud.
La violencia contra las mujeres es uno de los mayores desafíos al que nos enfrentamos como sociedad, destacando el notable incremento de la violencia sexual que sufren las mujeres jóvenes. Somos, lamentablemente, uno de los países con
mayores tasas de prostitución del mundo.
Por todo ello, se hace necesario el desarrollo de programas similares al puesto en marcha en la Comunidad Valenciana en el resto de Comunidades Autónomas, para poner al alcance de las víctimas de explotación sexual, herramientas que les
permitan salir de la situación en la que viven, ellas y sus hijos e hijas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. En el marco del diálogo y coordinación con las Comunidades Autónomas, se informe a éstas de la posibilidad de desarrollar Programas de Atención para las Víctimas de Explotación Sexual que ya se desarrollan en algunas de ellas, como la
Comunidad Valenciana.
2. Prestar el apoyo desde el Ministerio de Igualdad para el desarrollo de dichos programas a través de los Servicios Sociales autonómicos y municipales dentro de las posibilidades que brindan los Presupuestos Generales del Estado 2022 y el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2022.-Yolanda Seva Ruiz y Laura Berja Vega, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, relativa a garantizar la atención temprana de 0 a 6 años.
Exposición de motivos
El Libro Blanco de la Atención Temprana define dicho servicio como «el conjunto de intervenciones que tienen por objeto a la población infantil comprendida desde el nacimiento hasta los seis años, incluyendo también a la familia y al entorno
del menor. El objetivo es atender las alteraciones y necesidades especiales que estos menores presentan en su desarrollo, así como valorar el riesgo de padecerlas en un futuro, permanentes o no».
La etapa infantil es la idónea para identificar si el menor presenta algún tipo de necesidad de apoyo añadida, ya que es donde comienza su desarrollo cognitivo, psicomotor y social. Tanto la familia o su entorno más cercano como los
profesionales de la atención primaria sociosanitaria y del ámbito de la educación pueden detectar cualquier alteración en el desarrollo, lo que contribuye a actuar de forma preventiva.
Así, el carácter decisivo de la infancia sobre el desarrollo de la persona hace de la atención temprana algo fundamental durante los primeros años de vida. La atención temprana incluye no solo el ámbito sanitario, sino también el educativo
y el social, con el fin de garantizar que toda la población infantil se encuentre en igualdad de oportunidades para el libre desarrollo de su personalidad. Sin embargo, el derecho a la atención temprana no está expresamente reconocido en el
ordenamiento jurídico español en el ámbito estatal, lo que supone que no haya uniformidad en la atención y que el actual sistema de atención temprana ofrezca una respuesta desigual e insuficiente a las necesidades infantiles. Ello se traduce una
vulneración de los derechos fundamentales de las niñas y niños y de los derechos de sus familias.
A pesar de que no existen estudios de prevalencia en el contexto español, la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Atención Temprana-GAT afirma que, aproximadamente, un 10% de los niños entre 0 y 6 años necesitan algún tipo de
intervención y, sin embargo, tan solo el 4% son atendidos. La ausencia de indicadores homogéneos no facilita recrear una fotografía precisa del estado de la atención temprana. En el marco de su congreso anual, el GAT ha calculado el porcentaje de
niños atendidos en cada autonomía (si bien incluye datos de 2019 y 2018). A la cabeza sitúan a Catalunya (10%), seguida de Cantabria (7%), Castilla-La Mancha (5%), Andalucía (5%), Murcia (5%), La Rioja (4%), Asturies (4%), Castilla y León (4%),
Navarra (4%) e Illes Balears (3-4%). Por debajo de la media estatal se encuentran Euskadi (2%), Comunidad de Madrid (1%-2%), Galicia (1%), País Valencià (1%) y Canarias, con menos del 1%.
El tiempo medio de espera desde la solicitud de valoración, en la que hay que presentar el informe de derivación de los profesionales sanitarios o de los equipos de orientación educativa, hasta su resolución es de seis meses. Hecha la
valoración, el siguiente paso es la solicitud de la plaza en el servicio correspondiente. Una vez en la lista de espera, las familias cuentan que el plazo puede alargarse mínimo un año. Según los datos recogidos por la Plataforma por la Atención
Temprana y los Derechos de la Infancia (PATDI) en marzo del año pasado, casi la mitad (48%) de los niños llevaban esperando más de un año.
La atención temprana es una competencia autonómica que está especialmente invertebrada: no existe ley estatal y en las 17 comunidades autónomas existe una disparidad enorme en cuanto a la organización jerárquica de los servicios y al número
de plazas públicas, de profesionales y, sobre todo, de menores atendidos.
En la práctica las familias se encuentran con falta de plazas, burocracia y valoraciones previas innecesarias con su dictamen, que retrasa aún más el acceso, pues muchos ya tienen un diagnóstico. La consecuencia, unas listas de espera de
años que son incompatibles con el propio adjetivo de «temprana», la falta de plazas públicas y, cómo no, la brecha entre las autonomías en lo relativo al acceso a estos servicios, sin olvidar que en muchos territorios no llega a las zonas rurales.
A un número de plazas insuficiente se suma a veces el retraso provocado por la puerta de acceso única: centros de valoraciones convertidos en auténticos cuellos de botella en Aragón, Madrid, o La Rioja.
Un problema estructural agravado por la pandemia que obstaculiza cualquier tipo de intervención precoz: en marzo de 2020, el tiempo medio de espera para resolver la necesidad de una plaza de atención temprana en la Comunidad de Madrid
superaba por poco los tres meses; en diciembre de 2020 alcanzó los 10 meses, lo que refleja prácticamente una paralización burocrática. Y desde PATDI se indica que son 250.000 los menores que la precisan en toda España, cifras que se han disparado
con la pandemia.
Con la aprobación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en mayo de 2021 se reconoce por primera vez el derecho universal a la atención temprana, un hecho jurídico que da respuesta a
la Convención de los Derechos del Niño y la Niña y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratados de obligado cumplimiento en todo el Estado español. En concreto, el artículo 11 del Proyecto de Ley establece que «las
Administraciones sanitarias, educativas y los servicios sociales competentes garantizarán de forma universal y con carácter integral la atención temprana desde el nacimiento hasta los seis años de edad de todo niño o niña con alteraciones o
trastornos en el desarrollo infantil».
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 prevé aprobar en los próximos meses el I Plan de Prevención e Intensificación de la Discapacidad. Este plan pivotará sobre la atención temprana a los niños y niñas con discapacidad, con el
fin de intervenir en las primeras etapas para prevenir o evitar alteraciones en el desarrollo. Asimismo, se ha propuesto incluir, en el marco de la llamada Garantía Infantil, el objetivo de que en 2030 ningún niño o niña tenga que esperar más de 45
días para ser atendido. Esto requerirá establecer consensos sobre los servicios, calidades y estándares que componen la atención temprana, los cuales deben ser abordados antes de 2025 por los Consejos Territoriales de Sanidad y Servicios Sociales.
Asimismo, dentro de las políticas palanca comprendidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el componente 18, se incluye el propósito de fortalecer y mejorar el acceso a la atención temprana. Según reza el documento,
«la reforma consiste en identificar las prestaciones que se deben ofrecer en el ámbito sanitario, social y educativo y homogeneizar así este servicio en todo el país, acabando con las desigualdades territoriales actuales y garantizando un estándar
en la prestación. Las prestaciones del ámbito sanitario que no estén actualmente incluidas se incluirán en la Cartera de Servicios del Servicio Nacional de Salud. De este modo, la reforma pretende coordinar el establecimiento de estructuras
estables de coordinación entre los ámbitos sanitarios, social y educativo para impulsar la detección precoz y multidisciplinar y el abordaje holístico e integral».
Asimismo, en el acuerdo para un gobierno de coalición progresista suscrito por el PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019, en el punto 2.2.10, se recogía el compromiso de «desarrollar un sistema de atención temprana que implique el
reconocimiento y garantía de un derecho subjetivo a la atención temprana integral, universal, gratuita y pública y sin discriminaciones en virtud del lugar de residencia».
Por todo ello, el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir avanzando en la consolidación de la atención temprana como derecho subjetivo y universal desarrollado a través de un grupo de prestaciones que se articulan de forma coordinada entre
los ámbitos de sanidad, servicios sociales y educación, con un modelo de atención de calidad y gratuito, centrado en las personas de 0 a 6 años y sus familias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2022.-Lucía Muñoz Dalda, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, relativa a garantizar los derechos de la infancia en situación de irregularidad.
Exposición de motivos
A pesar de los numerosos instrumentos jurídicos vinculantes a nivel internacional y nacional que garantizan la protección de los derechos fundamentales y el acceso a servicios públicos esenciales de la infancia y la adolescencia, la infancia
cuyos progenitores se encuentran en situación irregular sufre de obstáculos para ejercer estos derechos.
Según un reciente estudio publicado por Save the Children y la Fundación Por Causa, en España hay 147.000 niños, niñas y adolescentes migrantes cuyos progenitores se encuentran en situación administrativa irregular, de los cuales la mitad
tiene menos de 10 años y casi un 40% menos de 5. Los hallazgos del estudio revelan la situación de la infancia en esta situación en España, está marcada por un elevado riesgo de pobreza y por la vulneración de derechos fundamentales.
Los hogares de personas migrantes en situación de irregularidad tienen niveles más bajos de renta y mayor riesgo de exclusión social. Esta situación se agrava cuando hay niños o niñas presentes en el hogar: la probabilidad de riesgo de
pobreza para un hogar con menores a cargo y con nacionalidad española es del 14%. Si este mismo hogar es de personas de nacionalidad extracomunitaria, la probabilidad asciende al 48%.
El estatus administrativo de padres y madres sin permisos de residencia y/o trabajo provoca una doble vulnerabilidad: por un lado, supone una falta de oportunidades laborales para las personas progenitoras que multiplica el riesgo de
padecer pobreza; por otro, les impide el acceso a prestaciones que podrían proporcionarles una red básica de seguridad, como el Ingreso Mínimo Vital. Esta situación probablemente se ha visto agudizada durante la crisis sanitaria debido a la
precariedad laboral que padecen las personas progenitoras, sin contratos, no pudiéndose acoger a ERTEs ni ningún otro sistema efectivo de protección. Por tanto, el desamparo administrativo deriva en un elemento determinante en la perpetuación de la
herencia de la pobreza.
Además, y aunque la condición de minoría de edad prevalece sobre el estatus migratorio de niños y niñas y en tanto que infancia tienen exactamente los mismos derechos que el resto, la condición migrante y la situación administrativa
irregular de sus progenitores genera desigualdad en el acceso a los recursos públicos administrados por el Estado. El hecho de que estos niños y niñas carezcan de un número de identificación personal o de un NIE les impide cursar la educación en
todas sus fases, participar en actividades deportivas, acceder al préstamo de libros de las bibliotecas o ir a excursiones escolares. A pesar de poder acceder y cursar la educación obligatoria, no tienen la oportunidad de continuar sus estudios,
cursar formación profesional o un bachillerato por carecer de un NIE. De facto quedan excluidos de becas de estudio y ayudas para comprar material escolar, así como de determinados exámenes o certificados oficiales, lo cual contribuye a aumentar la
brecha de desigualdad.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas establece que los Estados deberían garantizar que todos los niños en un contexto migratorio tienen acceso en condiciones de igualdad, con respecto a los niños nacionales, a los
derechos económicos, sociales y culturales, y a los servicios básicos independientemente de su estatus migratorio y del estatus migratorio de sus padres, debiendo abordar las violaciones de esos derechos.
Además, a la hora de adoptar cualquier decisión en relación con el menor de edad, las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos del Estado bajo cuya
jurisdicción se encuentre están obligados, en virtud de la Convención, a atender al interés superior del menor como elemento primordial.
Por otro lado, la Garantía Infantil Europea, recomendación del Consejo Europeo aprobada por los Estados miembros el pasado 14 de junio, compromete a los mismos a prevenir y combatir la exclusión social de niños y niñas mediante el acceso
efectivo -independientemente del nivel de renta- a seis servicios esenciales para el desarrollo de la infancia y básicos para la garantía de los derechos sociales de niños y niñas: educación y cuidados en la primera infancia, educación y
actividades extraescolares, contar con al menos una comida saludable por día lectivo, con los servicios sanitarios que precisen, con una vivienda adecuada y con nutrición saludable.
España ha presentado un Plan de Acción Estatal a la Comisión Europea en el que identifica los grupos de niños y niñas que enfrentan especiales barreras de acceso y plantea medidas para limitar las mismas. Los niños y niñas sin NIE son uno
de dichos grupos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las medidas necesarias para proteger a la infancia migrante cuyos padres y madres se encuentran en situación irregular, garantizando por ley que a ningún niño o niña que carezca de un número de identificación se le impida
acceder al conjunto de los servicios públicos.
2. Trabajar junto a las Comunidades Autónomas para avanzar en la inclusión de la infancia migrante en situación irregular en el sistema de garantía de rentas y ayudas de emergencia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.-Lucía Muñoz Dalda, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
inmovilización de vehículos como consecuencia de presuntas infracciones viales, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La inmovilización de vehículos está regulada en el Capítulo IV (Medidas provisionales y otras medidas) del Título V (Régimen sancionador) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
La inmovilización como medida cautelar permite, en el ejercicio de sus funciones, a los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico inmovilizar un vehículo como consecuencia de presuntas infracciones a lo dispuesto en la
Ley sobre Tráfico.
Entre los supuestos de hecho que permiten tal inmovilización se encuentra el regulado en la letra k) del artículo 104.1, que dispone lo siguiente:
«k) [Cuando] Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo de la autorización administrativa correspondiente.»
Con este redactado en forma de «numerus clausus», se restringe la medida cautelar de la inmovilización a los supuestos de conducción de camiones (permisos de la clase C) y autobuses (permisos de la clase D), excluyendo el resto de las
categorías de permisos de conducción.
Con esta restricción, la actuación de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico se ve muy limitada pues un gran número de situaciones que suponen un grave riesgo para la seguridad vial, entre las que se hallan: 1)
personas que no han obtenido el permiso de conducir de la categoría correspondiente al vehículo que conducen; 2) personas cuyo permiso de conducción ha perdido su vigencia a causa de una condena igual o inferior a los dos años de duración; 3)
personas que han visto reducidas sus capacidades físicas o psíquicas por razón de edad o enfermedad y no han renovado la vigencia de su permiso de conducción.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a promover, en el plazo máximo de seis meses, la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para ampliar los supuestos que habilitan la
inmovilización del vehículo, como medida cautelar, por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico a la conducción de cualquier vehículo a motor o ciclomotor cuando su conductor no disponga del correspondiente permiso válido
y en vigor.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
181/001843
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández y Diputadas doña María Jesús Moro Almaraz, doña Edurne Uriarte Bengoechea y doña Isabel María Borrego Cortés.
Texto:
¿Qué actividad ha desarrollado el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para garantizar la calidad normativa de las propuestas del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, María Jesús Moro Almaraz, Edurne Uriarte Bengoechea e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.
181/001844
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández y Diputadas doña María Jesús Moro Almaraz, doña Edurne Uriarte Bengoechea y doña Isabel María Borrego Cortés.
Texto:
¿Por qué no se someten a dictamen del Consejo Consultivo todos los proyectos de ley y, en particular, los proyectos de ley orgánica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2022.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, María Jesús Moro Almaraz, Edurne Uriarte Bengoechea e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.
181/001845
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández y Diputadas doña María Jesús Moro Almaraz, doña Edurne Uriarte Bengoechea y doña Isabel María Borrego Cortés.
Texto:
¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para evitar la mala técnica, las incoherencias y contradicciones que se observan en las propuestas normativas del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2022.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, María Jesús Moro Almaraz, Edurne Uriarte Bengoechea e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.
Comisión de Educación y Formación Profesional
181/001837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Georgina Trías Gil, don Joaquín Robles López, don José Ramírez del Río, doña María de los Reyes Romero Vilches y doña María Teresa López Álvarez, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Educación y Formación Profesional.
Texto:
El presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, prometió «que la inversión educativa sea del 5 % del PIB con independencia de la coyuntura económica y de los gobiernos de los sucesivos años». Sin embargo, la Actualización del
Programa de Estabilidad 2022-2025 del Reino de España, enviada a Bruselas el 29 de abril de 2022, rebajó esta previsión de gasto al 3,3 % del PIB para 2030. ¿Qué razones explican su cambio de criterio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2022.-Georgina Trías Gil, Joaquín Robles López, José Ramírez del Río, María de los Reyes Romero Vilches y María Teresa López Álvarez, Diputados.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001841
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Guillermo Mariscal Anaya y Diputada doña Tristana María Moraleja Gómez.
Texto:
¿Cuál es el grado de cumplimiento por parte del Ministerio, -en relación con el Proyecto Estratégico, para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) y, en especial, en relación con
las garantías de transparencia y concurrencia competitiva-, del RDL 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2022.-Guillermo Mariscal Anaya y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.
181/001842
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Guillermo Mariscal Anaya y Diputada doña Tristana María Moraleja Gómez.
Texto:
¿Considera el Gobierno que los sucesivos cambios en los plazos definidos para la presentación de solicitudes de ayudas, una vez lanzada la convocatoria, garantiza las condiciones de concurrencia competitiva a todos los participantes en
relación con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTEVEC)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2022.-Guillermo Mariscal Anaya y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Rubén Darío Vega Arias, don Ricardo Chamorro Delmo, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿De qué manera va a evitar el Gobierno que la instalación de parques eólicos flotantes perjudique al sector pesquero español de la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2022.-Rubén Darío Vega Arias, Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, en sus
condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿De qué manera va a evitar el Gobierno que la instalación de parques eólicos flotantes perjudique al medio natural español de la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez y Pedro Jesús Requejo
Novoa, Diputados.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
181/001742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por escrito de fecha 18 de mayo de 2022, se ha retirado la pregunta formulada por el Diputado don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre exigencia de traducción a los firmantes de quejas de la Plataforma Gondomar Fibra XA! (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/080351), publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 445, de 28 de abril de 2022.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Cultura y Deporte, la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2022.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Núm. expte.: 184/074170.
Núm. registro: 183014.
Autor iniciativa: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael (GVOX); Contreras Peláez, Francisco José (GVOX); Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX); Borrás Pabón, Mireia (GVOX); Ramírez del Río, José (GVOX).
Objeto iniciativa: Actuaciones en relación con la nueva Estrategia del fomento del deporte contra el sedentarismo y la inactividad física para la década 2021-2030.
Publicación: «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 393, de 31 de enero de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001840.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/083890.
Núm. registro: 207147.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Retrasos en la emisión de facturas por las compañías eléctricas.
Publicación: «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 442, de 25 de abril de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001846.