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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 418, de 15/03/2022
cve: BOCG-14-D-418
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
15 de marzo de 2022
Núm. 418
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003871 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, VOX, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV) y Euskal Herria
Bildu, sobre la condena de la agresión de la Federación Rusa a Ucrania ... (Página5)
161/003873 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reprobación de los Ministros que cuestionan la actuación europea de apoyo a la ciudadanía ucraniana ... (Página6)
161/003889 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la vigencia del Acuerdo de Asociación UE-Cuba ... (Página7)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003856 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a convocatoria de plazas y realización de procesos selectivos de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional ...
161/003860 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a incluir el coche eléctrico en la regulación relativa a las indemnizaciones por uso de vehículo particular para
la prestación de un servicio público ... (Página12)
161/003869 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a ajustar el IRPF a la inflación ... (Página13)
Comisión de Interior
161/003859 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la creación de un plan para la acogida de refugiados y otro de ayuda humanitaria para la población civil de Ucrania ...
161/003867 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre los usos de tecnología de reconocimiento facial y otros sistemas de reconocimiento biométrico en
frontera ... (Página15)
161/003874 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cumplimiento del protocolo de construcción de viviendas en solar de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ibiza ...
161/003875 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que el Gobierno habilite un sistema más flexible de acceso a la certificación para los profesionales, con experiencia laboral probada,
en la seguridad aeroportuaria ... (Página19)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003854 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a adoptar medidas de carácter urgente para frenar el alza de las rentas de los alquileres como consecuencia de su actualización de acuerdo a la
evolución del índice de precios de consumo ... (Página21)
161/003877 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la implantación del servicio de Cercanías ferroviarias en Vigo y su área funcional ... (Página22)
161/003880 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la política de nombres de estaciones y aeropuertos ... (Página23)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003861 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a reducir las desigualdades en el ámbito de las actividades extraescolares ...
161/003863 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre fomento de la igualdad de género entre el alumnado y el despliegue de mecanismos para la detección de
violencias en las aulas ... (Página27)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003851 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la creación de un centro en Galicia para la competitividad y la I+D+i en el almacenamiento de energía que permita el desarrollo industrial en As Pontes
después del cierre de la central térmica ... (Página29)
161/003878 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a reactivar urgentemente la construcción del gaseoducto MIDCAT entre España y Francia ... (Página30)
161/003881 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre garantías de financiación para los municipios turísticos ... (Página31)
161/003884 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo a la competitividad y el futuro de los puestos de trabajo de la industria española de producción de vehículos y sus componentes ...
(Página33)
161/003885 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reducción de costes del gas natural en la industria gasintensiva del azulejo y pavimento cerámico ...
161/003886 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la puesta en marcha de un Plan Nacional Integral de Modernización y Renovación del parque de vehículos español, con el objetivo de
fortalecer y contribuir a la transformación de la industria nacional de automoción, favorecer la reducción de emisiones contaminantes y mejorar la seguridad vial ... (Página38)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a adoptar medidas de carácter urgente para frenar el alza de las rentas de los alquileres como consecuencia de su actualización de acuerdo a la
evolución del índice de precios de consumo ... (Página46)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003858 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la repercusión de la invasión rusa de Ucrania en el sistema productivo agroalimentario y la seguridad de abastecimiento de productos básicos
procedentes de estos países ... (Página47)
161/003868 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la estabilidad del sector lácteo español ... (Página49)
161/003870 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aplicación de medidas fiscales y laborales de apoyo a la actividad agraria a causa de la situación de sequía en el ámbito territorial de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ... (Página50)
161/003888 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la integración de las cooperativas agroalimentarias ... (Página52)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003857 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre accesibilidad universal en los espacios naturales ... (Página53)
161/003872 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la programación y organización de actividades de control de poblaciones y de restauración de hábitats en el Parque Nacional de Cabañeros y en el
conjunto de parques nacionales ... (Página55)
161/003882 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a paralizar la ejecución y derogar el proyecto del ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó ...
161/003890 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre interconexiones gasistas en España ... (Página58)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003865 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección de los consumidores frente a las ofertas promocionales 'sin IVA' ... (Página61)
161/003866 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre aumento de inspecciones a las empresas que sigan usando los teléfonos 901 y 902 para la atención al cliente ... (Página62)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003852 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la criminalización de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en
Guatemala ... (Página63)
161/003853 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al acceso global a las vacunas contra la COVID-19 ... (Página65)
161/003883 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de los derechos y libertades de las mujeres en América Latina ... (Página66)
161/003891 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la estrategia de ayuda humanitaria para Ucrania ... (Página68)
161/003892 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación de un plan de ayuda humanitaria para las personas refugiadas ucranianas a consecuencia de la guerra iniciada por Rusia sobre Ucrania
... (Página70)
Comisión de Igualdad
161/003887 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre previsión de un permiso de maternidad/paternidad para el acogimiento temporal o de urgencia ... (Página71)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003864 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre educación afectivo-sexual con perspectiva de género ... (Página72)
161/003876 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones
... (Página73)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Defensa
181/001693 Pregunta formulada por la Diputada Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC), sobre cadena de custodia de los exámenes realizados en las últimas OPE del personal civil del Hospital Militar Gómez Ulla Centro de Vida y Esperanza (Madrid)
... (Página81)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página81)
184/077359 Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Garcés Sanagustín, Mario
Marcos Ortega, Milagros
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Grado de ejecución de todos los proyectos provincializados que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 contenían para la provincia de Palencia, a 31/12/2021.
Corrección de error ... (Página83)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la condena de la agresión de la Federación Rusa a Ucrania, para su debate
en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Repudiamos, con la máxima firmeza, las acciones militares perpetradas por la Federación de Rusia en Ucrania que suponen una grave violación del derecho internacional. Una agresión injustificada que socava la seguridad y la estabilidad
europea.
2. Urgimos al cese inmediato de las hostilidades y la total retirada del ejército ruso de Ucrania. Afirmamos nuestro apoyo y respeto pleno a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y llamamos a volver a los acuerdos de Minsk.
3. Mostramos a Ucrania y a su pueblo toda nuestra solidaridad y afecto. Deploramos la pérdida de vidas, trasladamos nuestro profundo pesar por las víctimas y por el sufrimiento innecesario de la población. Hacemos extensivo este
sentimiento a la comunidad ucraniana que reside en nuestro país.
4. Instamos a la Unión Europea a ofrecer el apoyo financiero y humanitario necesario, en coordinación con el conjunto de la comunidad internacional, a Ucrania y al pueblo ucraniano. Pedimos redoblar los esfuerzos en la respuesta
humanitaria de emergencia. Recordamos a Rusia la obligación de respetar el derecho internacional humanitario.
5. Pedimos a la Unión Europea que se organice, a la menor brevedad posible, para acoger en las mejores condiciones posibles a los refugiados que, este ataque militar, está provocando.
6. Exigimos con firmeza a la Federación de Rusia que respete la legalidad internacional, abandone las armas y retorne a las vías diplomáticas.
7. Instamos a la UE a redoblar los esfuerzos para impulsar gestiones diplomáticas encaminadas a la desescalada y al mantenimiento de la paz.
8. Instamos a seguir avanzando en el plan coordinado con Comunidades Autónomas y Entidades Locales para la acogida de los refugiados ucranianos en nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-Sergio Gutiérrez Prieto, Diputado.-Rafaela Crespín Rubio, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputado.-Guillermo Mariscal Anaya, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.-Gerardo Pisarello Prado, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Mariona Illamola Dausà, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Plural.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Jon Iñarritu García, Diputado.-Mertxe Aizpurua Arzallus,
Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herreria Bildu.
161/003873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reprobación de los ministros que cuestionan la actuación
europea de apoyo a la ciudadanía ucraniana para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En los últimos días, el Kremlin había llevado a cabo acciones incrementales, aumentando la presión sobre el gobierno ucraniano y sobre la población civil, con continuos ciberataques y operaciones de 'falsa bandera' en la frontera entre los
territorios ocupados de los oblast de Donetsk y Lugansk. Además, en los últimos meses, el presidente Vladimir Putin había ordenado la movilización de unas 175.000 tropas en territorio ruso, moldavo, bielorruso y en los territorios ucranianos
ocupados de Crimea, Donetsk y Lugansk. El pasado 21 de febrero, el Kremlin emitió un reconocimiento oficial de la independencia de los oblast de Donetsk y Luganks, incluyendo en ese reconocimiento incluso los territorios que seguían bajo control
del gobierno ucraniano. Automáticamente, Vladimir Putin emitió un comunicado en el que enviaba unas supuestas 'operaciones de paz' a esos territorios, afirmando que su población había recibido ataques por parte de fuerzas ucranianas y habían
solicitado formalmente ayuda rusa. Una vez más, se repite la misma hoja de ruta ya aplicada en Georgia en 2008 y en Crimea en 2014.
La invasión a gran escala de Ucrania ordenada por el Kremlin se ha cobrado ya cientos de muertos y miles de heridos, y a fecha de redacción de estas líneas las tropas rusas están cercando la capital, Kiev, donde al sonido de las detonaciones
de misiles y bombas se han sumado en las últimas horas los traqueteos de carros de combate y los tiroteos. Durante horas, los ciudadanos ucranianos han tenido que esconderse en búnkers improvisados, refugios antibombas, o incluso en los túneles y
estaciones del metro, recordando las imágenes aciagas de Londres bajo la amenaza de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y es que esta nueva guerra no es otra cosa que un recordatorio de todo lo que no hemos hecho bien los europeos y
occidentales tras conseguir la paz en la anterior.
Otros han decidido huir de Kiev, intentando buscar refugio en otras zonas del país con la esperanza de que lo peor de los horrores de la guerra no les alcance. Muchos de ellos, tras superar las largas caravanas de vehículos que salían de la
capital hacía solo unas horas, quizás incluso decidirán abandonar del todo el país. Esto supondrá, además, la ruptura de familias, puesto que el gobierno ucraniano ha ordenado a todos los varones de entre 18 y 60 años que permanezcan en el país
para defenderlo frente a la invasión, prohibiendo su salida al extranjero. A los fallecidos, los heridos, las aspiraciones y sueños rotos, se suman ahora los miles de familias que van a sufrir el dolor de la separación forzosa.
Ante esta situación, la Unión Europea ha respondido quizás con lentitud, pero sin duda con determinación y con una voluntad de jugar un papel geopolítico que no se había visto hasta entonces. No solo se han aprobado sanciones de carácter
histórico tanto para el liderazgo del régimen de Vladimir
Putin, incluido él mismo, o restricciones nunca vistas antes para afectar a las principales vías de financiación del mismo, sino que también se ha decidido financiar por primera vez el envío de armamento a un tercer país que, además, se
encuentra en una situación de guerra por la invasión.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentamos el pasado 24 de febrero, el día que comenzó esta invasión de Ucrania, una Proposición no de Ley con una batería de propuestas al Gobierno de España para hacer frente a esta emergencia,
entre las que se encontraban tanto el envío de ayuda humanitaria adicional a los esfuerzos ya realizados en el seno de la Unión Europea. Prácticamente todas y cada una de esas medidas se han ido implementando posteriormente, lo que evidencia el
atino con el que se propusieron por nuestra parte.
En los últimos días, además, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos apoyado el envío de armamento a Ucrania, y hemos solicitado al Gobierno de España que tome medidas como las que ya han tomado Estonia, Polonia, Países Bajos,
Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Alemania o Francia, y complemente los esfuerzos realizados a nivel europeo a través del Fondo Europeo para la Paz. No en vano, este fondo no cuenta con los recursos necesarios para dar toda la asistencia en materia de
envío de armamento y protección por sí solo, sino que se trata, como bien ha recordado el Alto Representante Josep Borrell, de un complemento de las actuaciones bilaterales que realizan los gobiernos nacionales.
España es una de las deshonrosas excepciones al envío bilateral de armamento, y la mayoría de los expertos apuntan a que la razón es la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno de España. De hecho, incluso cuando el Presidente del
Gobierno ha anunciado en sesión plenaria extraordinaria que España podría finalmente proceder al envío bilateral de armamento, rectificando su posición anterior, la mayoría de los ministros del Gobierno nombrados a propuesta de Unidas Podemos se han
negado a aplaudir la decisión. La propia líder de ese partido y Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha criticado esa rectificación en los pasillos del Congreso de los Diputados, abriendo de nuevo una brecha en el Gobierno y,
sobre todo, en la reputación internacional de España y de nuestra fiabilidad como socio europeo.
La ciudadanía ucraniana se merece firmeza y determinación en nuestras medidas de apoyo, del carácter que sean, para poder poner fin a esta invasión. Contar con ministros que se ponen de perfil ante un acto de agresión directa, que rompe con
el derecho internacional, con la soberanía de un Estado miembro de las Naciones Unidas, y con la integridad territorial de uno de nuestros vecinos europeos más próximos es una deshonra para nuestro país.
Teniendo esto en cuenta, y en solidaridad con la ciudadanía ucraniana, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, de la Ministra de Igualdad, del Ministro de Universidades y del Ministro de Consumo, por su oposición al envío de armamento a Ucrania
para hacer frente a la invasión desatada por Vladimir Putin.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la vigencia del Acuerdo de Asociación UE-Cuba para su
debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 1 de enero de 2017 entró en vigor, en su aplicación provisional, el nuevo Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea (UE) y Cuba, en un intento por mejorar la posición de los Estados miembros de la UE y, en
particular, de sus empresas ante una normalización en las
relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta nueva etapa de la política exterior estadounidense, auspiciada por el expresidente Obama, provocó que importantes capitales norteamericanos comenzaran a invertir en Cuba, dejando a las empresas
europeas en un segundo plano, a lo que la Unión Europea quiso reaccionar con la firma de este acuerdo.
Sin embargo, los abusos constantes que el régimen del entonces 'hermanísimo' Raúl Castro contra los derechos y libertades fundamentales eran un obstáculo para esa normalización de relaciones por parte de un bloque como la Unión Europea, para
el que los valores democráticos son un asunto fundamental. Por ello, el Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político incluye capítulos en desarrollo sostenible, derechos y libertades fundamentales, y cooperación en materia comercial y de inversiones.
Sin embargo, ni la aplicación de este Acuerdo ni el cambio en el liderazgo del régimen, que ahora ocupa Miguel Díaz-Canel, han supuesto una mejora de los estándares de bienestar y de calidad democrática de Cuba. Es más, entre los meses de
julio y noviembre del pasado 2021, una vez más los ciudadanos y organizaciones democráticas cubanos se manifestaron en las calles pidiendo una transición pacífica hacia la democracia, pero el régimen respondió con una represión voraz, con una dureza
mayor que la vista en los últimos años. Como resultado, el mundo volvió a horrorizarse con la vileza de un régimen que ya creía olvidado, y los cubanos tuvieron que seguir saliendo a las calles y utilizar todos los espacios a su disposición para
gritar, en oposición al castrista '¡patria o muerte!', su lema '¡patria y vida!'. Una vileza que alcanzó el punto de ver a un presidente de una nación abiertamente incitar a la guerra civil entre ciudadanos, conducta que podría ser catalogada como
delito de lesa humanidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que España es parte.
Lamentablemente, la Unión Europea ha sido incapaz de mantener una posición firme en este sentido, y de utilizar sus herramientas de política comercial como vía para provocar cambios y mejoras para la sociedad cubana. En particular, España,
que debería ejercer el liderazgo de la política exterior europea hacia Cuba por los lazos históricos, sociales, culturales y económicos que mantiene nuestro país con la isla caribeña, ha estado ausente en este debate, especialmente desde la entrada
de un partido abiertamente prorrégimen como Unidas Podemos en el Gobierno de la Nación.
Por el contrario, los liberales europeos hemos tomado el liderazgo en este sentido, y desde el grupo parlamentario Renovar Europa en el Parlamento Europeo hemos solicitado la aprobación de sanciones específicas contra altos cargos del
régimen cubano, y hemos pedido la implicación del Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, el socialista español Josep Borrell. Solo la presencia de autoridades europeas en el terreno, en Cuba, podrá
dar aliento a la sociedad civil de aquel país que tan ardua tarea está llevando a cabo por traer la libertad y la democracia a la isla.
Los liberales españoles consideramos que tanto el Gobierno de España como la Unión Europea no han sido capaces de abordar de forma adecuada el reto que se presenta a las relaciones UE-Cuba: unos líderes cada vez más autoritarios, pero una
sociedad cada vez más decidida a dejar atrás la tiranía y la dictadura para abrirse a un futuro de democracia y prosperidad. Además, los términos del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación no contemplan la participación de la sociedad civil en
las conversaciones sobre democratización y derechos fundamentales en Cuba, sino que identifica como interlocutor único al régimen de Díaz-Canel. Esto ha hecho que, pese a que sí se les menciona como partes interesadas, los demócratas cubanos estén
de facto fuera de la mesa de negociaciones y, por tanto, del juego de intereses de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba.
La emergencia de una nueva oposición al régimen, más joven, mejor organizada, con capacidades de movilización digital y con una visión de futuro para el país articulada en torno a la idea ilusionante de '¡patria y vida!' proporciona a la
Unión Europea y, por supuesto, también a España una nueva oportunidad para enmendar los errores del Acuerdo de 2016. Estos artistas, blogueros e influencers han sido capaces de, con sus creaciones y reivindicaciones, conectar con el deseo de un
país democrático que cada vez sienten más cubanos. El Gobierno de España no puede seguir poniéndose de perfil ante esta situación, ni puede continuar dando la espalda a todos esos cubanos que buscan en un país hermano el apoyo necesario para salir
de la dictadura y la miseria.
Mientras tanto, de hecho, otros Estados miembros como Austria, Grecia, Polonia, Chipre, Croacia o Chequia firmaron el pasado julio de 2021, junto a países como Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Israel, la República de Corea,
Ucrania o Estados Unidos, un comunicado ejemplar en el que condenaban 'los arrestos masivos y las detenciones de manifestantes en Cuba' por parte del régimen de Díaz-Canel, al que instaban además a 'escuchar las voces y demandas del pueblo cubano',
añadiendo además que los países firmantes 'ofrecen su apoyo al pueblo cubano y a todos aquellos que defienden
las libertades que todo ciudadano merece disfrutar'. Por desgracia, España declinó firmar ese comunicado, renunciando a su liderazgo europeo en este ámbito.
En estos momentos, y desde el mes de noviembre de 2021, se celebran procesos penales en Cuba, donde la fiscalía cubana realiza peticiones de penas privativas de libertad de 10 a 30 años de duración para los manifestantes que tomaron los
espacios públicos el 11 de julio de 2021 y los días siguientes. Los delitos de los que son acusados estos manifestantes son de sedición, desorden público, desacato, propagación de pandemia, y otra serie de delitos que pretenden cubrir la naturaleza
política de su persecución y encarcelamiento. Procesos penales que además se realizan sin garantías suficientes, de forma sumarísima, en ocasiones sin presencia de abogados de la defensa, con fabricación de pruebas y otro tipo de actuaciones
contrarias a sus garantías procesales y al Estado de Derecho.
El 17 de agosto de 2021, como respuesta represiva a los promotores en redes sociales de manifestaciones a lo largo del país, el régimen cubano lanzó un paquete legislativo encabezado por el Decreto-Ley 35/2021 y seguido por las normas
desarrolladoras del mismo. Este nuevo paquete legislativo, pese a su naturaleza administrativa, viene a sancionar conductas que se catalogan como ciberterrorismo, subversión social, ataques al Estado, niveles de peligrosidad en las redes, entre
otras, con sanciones no solo pecuniarias, sino también de privación de libertad. No son pocos los activistas políticos que ya han sido sancionados con multas por el contenido político de sus publicaciones en redes sociales como Twitter o Facebook.
Una ola legislativa para la represión que alcanzaría su cénit con la promulgación de la reforma del Código Penal que fue anunciada por el gobierno cubano el pasado 20 de enero de 2022. Una reforma que distingue entre organizaciones
políticas, sociales y de masas reconocidas por el Estado y las no reconocidas de cara a la exigibilidad de responsabilidad penal a las mismas, que legitima la comisión de delitos en defensa de los intereses del Estado, que criminaliza de forma
expresa la persecución de un cambio constitucional, que recoge conceptos jurídicos indeterminados como el ejercicio 'arbitrario' de los derechos constitucionales, que penaliza expresamente la financiación de actividades políticas contrarias al
régimen, y que, entre otras tantas medidas, aumenta el abanico de conductas penadas para los delitos utilizados habitualmente para la persecución de opositores, como desórdenes públicos o desacato.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados expresa su apoyo firme a la sociedad cubana y a su legítima voluntad de avanzar en la transición pacífica hacia el fin de la dictadura y la llegada de una democracia liberal, así como su condena a las acciones
de represión perpetradas por el régimen de Miguel Díaz-Canel contra su propia población, e insta al Gobierno a:
1. Redoblar sus esfuerzos por liderar la postura de la Unión Europea hacia Cuba, defendiendo sin complejos la centralidad de los derechos y libertades fundamentales en cualquier relación bilateral o multilateral con el régimen cubano.
2. Exigir al gobierno cubano el inmediato cese de los procedimientos judiciales arbitrarios a manifestantes pacíficos y opositores políticos, así como la inmediata liberación de los presos de conciencia, como condición indispensable para la
continuidad de relaciones políticas entre ambas naciones.
3. Impulsar la adopción de medidas apropiadas, de conformidad con el artículo 85.2 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación Unión Europea-Cuba, por el sistemático incumplimiento por parte de Cuba de sus obligaciones en materia de
democracia y Derechos Humanos, y que persigan asegurar el respeto por parte de Cuba al artículo 1.5 del acuerdo, incluyendo como medida indispensable la designación de una delegación especial de Derechos Humanos para Cuba por parte de la Comisión
Europea.
4. Ofrecer la acogida en España de todos los demócratas cubanos que puedan ser perseguidos o acosados por su actividad en favor de la transición hacia la democracia en Cuba, poniendo a su disposición los recursos técnicos y logísticos
necesarios para que su vida no corra peligro y, en última instancia, puedan trasladarse a nuestro país si lo necesitaren.
5. Impulsar, de acuerdo a la legislación europea vigente, la aprobación de sanciones a los responsables de las flagrantes violaciones de derechos humanos en Cuba, ampliando la lista ya aprobada por los Estados Unidos, así como a organismos
y personas jurídicas que están siendo esenciales en la perpetración de dichas violaciones, contenidos en el anexo I.
Anexo I
1. Personas físicas, miembros de la jerarquía gubernamental y militar de la República de Cuba:
- Raúl Modesto Castro Ruz, expresidente de la República de Cuba y ex primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
- Miguel Mario Diaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Alejandro Castro Espín, coordinador del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.
- Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Ministerio del Interior.
- Leopoldo Cintra Frías, exministro del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Álvaro López Miera, ministro del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Oscar Manuel Silveira Martínez, ministro del Ministerio de Justicia de la República de Cuba.
- Pedro Orlando Martínez Fernández, jefe de la Dirección Política de la Policía Nacional Revolucionaria.
- Óscar Callejas Valcarce, director general de la Policía Nacional Revolucionaria de la República de Cuba.
- Eddy Sierra Arias, subdirector general de la Policía Nacional Revolucionaria de la República de Cuba.
- Romárcio Sotomayor García, jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior.
- Alberto González Casals, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior.
- Ramón Espinosa Martín, viceministro primero del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Joaquín Quintas Solá, viceministro del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Roberto Legrá Sotolongo, viceministro jefe del Estado Mayor General del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Raúl Acosta Gregorich, jefe del Ejército Occidental del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Andrés González Brito, jefe del Ejército Central del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Ricardo Rigel Tejeda, jefe del Ejército Oriental del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Eliecer Alfredo Velázquez Almaguer, jefe del Ejército Juvenil del Trabajo del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Abelardo Jiménez González, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior.
- Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la Fiscalía General de la República de Cuba.
- Lilia María Hernández Doejo, presidenta de la Junta Directiva Nacional de Bufetes Colectivos.
- Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial, S.A.
2. Entidades u organismos estatales de la República de Cuba:
- Ministerio del Interior.
- Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Ministerio de Justicia.
- Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Policía Nacional Revolucionaria del Ministerio del Interior.
- Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior.
- Fiscalía General de la República de Cuba.
- Organización Nacional de Bufetes Colectivos de la República de Cuba.
3. Personas jurídicas:
- Corporación Cimex, SA.
- Corporación Panamericana, SA.
- Financiera Cimex, SA.
- Grupo de Administración Empresarial, SA.
- Havanatur, SA.
- Compañía Cubana de Aviación, SA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003856
A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Función Pública
José María Mazón Ramos, diputado del Partido Regionalista de Cantabria, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a convocatoria de plazas y realización de procesos selectivos de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, para su debate en esta comisión.
Exposición de motivos
Los habilitados nacionales son profesionales que trabajan en los ayuntamientos y entidades locales y cuyas funciones les están reservadas por Ley, concretamente, en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
Su tarea consiste en facilitar la acción de los gobiernos locales de acuerdo con las reglas del Estado de Derecho. Estos funcionarios desempeñan sus cargos en las administraciones locales, y en concreto, los puestos de secretario,
interventor y tesorero.
El déficit de habilitados nacionales en las administraciones locales no es un problema reciente, sino que viene ya desde hace años, debido a que los sucesivos gobiernos centrales, que son los responsables de convocar las plazas y promover
los procesos selectivos, lo han venido haciendo 'a cuenta gotas' y de una manera claramente insuficiente y, sobre todo, con procesos selectivos poco ágiles y de una duración excesiva que disuade a los potenciales opositores al cuerpo, para atender
las necesidades y demandas de los Ayuntamientos y demás Entidades Locales de toda España.
A título de ejemplo, en Cantabria, son varias las decenas de Entidades Locales que ven cómo su actividad administrativa, burocrática y de gestión, se ve ralentizada o incluso paralizada por la falta de habilitado nacional que realice las
funciones de secretaría, intervención o tesorería. Así, vemos cómo los expedientes se retrasan o incluso caducan, se acumulan las facturas y se debilitan los controles de legalidad de los expedientes.
La falta del secretario o interventor, por incapacidad temporal o jubilación del titular, se acentúa más en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes, es decir, la mayoría de los municipios de Cantabria, donde las funciones de
secretaría e intervención se acumulan en una sola persona. Hasta ahora estas vacantes se ocupan en la mayor parte de los casos por interinos o en otros casos por funcionarios de la propia Entidad Local, que les suplen en cuestiones puntuales.
En particular, desde el Gobierno de Cantabria, en concreto desde la Dirección General de Administración Local, se hace todo lo posible para no dejar desasistidos a los entes locales, siempre dentro de sus posibilidades. En tal sentido, es
de reseñar la creación, en colaboración con Cosital Cantabria, de una bolsa de trabajo autonómica para interventores, secretarios y tesoreros interinos para cubrir de manera subsidiaria las vacantes cuando el Estado no lo hace.
Sin embargo, en Cantabria ya en el año 2020 había 33 vacantes de secretario, interventor o tesorero, situación que no ha mejorado, sino todo lo contrario. Esta situación puede agravarse, como se apunta desde el propio colectivo, habida
cuenta que la media de edad de estos habilitados es alta y cercana a la jubilación para aquellos que se incorporaron en los años 80 y 90, por lo que resulta un dato a tener en cuenta.
Esta situación de la Comunidad Autónoma de Cantabria se produce a lo largo de toda España en mayor o menor medida.
Es por ello, que la necesidad de que el Gobierno de España recoja en las sucesivas ofertas de empleo público el número de plazas vacantes reales existentes, así como que se desarrollen los procesos selectivos con celeridad, es acuciante,
máxime si tenemos en cuenta que no supone un aumento del gasto público al encontrarse dichas plazas dotadas presupuestariamente, pues o bien se desempeñan por interinos que perciben sus retribuciones igual que un funcionario de carrera o por
accidentales, con los cuales sucede lo mismo. Por tanto, el único gasto en el que incurriría el Gobierno sería en el del desarrollo del proceso selectivo por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
A toda esta problemática no ayudó el Real Decreto 128/2018, que vino a modificar el desarrollo reglamentario del régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación nacional, y siendo más restrictivo en cuanto al
número de acumulaciones que se permite por habilitado nacional respecto a las funciones que le son reservadas, limitándose a una única acumulación por funcionario.
Por lo expuesto, se formula ante la Comisión de Hacienda y Función Pública la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a la convocatoria de plazas y realización de procesos selectivos ágiles de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de todas las Entidades
Locales de España.
2. Modificar el Real Decreto 128/2018, en el sentido de eliminar la restricción en cuanto al número de acumulaciones de funciones reservadas a estos habilitados de carácter nacional, en tanto en cuanto se cubran las vacantes, evitando, a su
vez, interpretaciones restrictivas para la cobertura provisional por dichos funcionarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-José María Mazón Ramos, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a incluir el
coche eléctrico en la regulación relativa a las indemnizaciones por uso de vehículo particular para la prestación de un servicio público, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda Pública, de 1 de diciembre de 2005 (Orden EHA 3770/2005), se revisaron los importes de las indemnizaciones por uso de vehículo particular establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Las citadas indemnizaciones tienen como finalidad resarcir a los servidores públicos los costes originados por razón de la prestación de un servicio.
Las indemnizaciones a percibir como gasto de viaje por el uso de vehículo particular se fija en una cantidad por kilómetro recorrido pero dado que se trata de una regulación de hace 20 años, ha quedado desfasada al no contemplar el vehículo
eléctrico.
Esta falta de previsión en la normativa actual respecto a la utilización del coche eléctrico en la Administración General del Estado (AGE) choca con los propios planes del Gobierno PSOE-Podemos respecto al Parque Móvil del Estado que
emprendió, desde que llegaron al Gobierno en 2018, una renovación y un aumento de la flota con la adquisición de vehículos más ecológicos. Recientemente se ha autorizado la adquisición de 118 coches que se suman a los 655 actuales.
No deja de ser llamativa la preocupación de este Gobierno social comunista por la 'actualización y renovación' de los coches que utilizan sus altos cargos y la nula previsión respecto al uso de coches más ecológicos por parte de los
funcionarios.
A lo anterior, hemos de añadir que el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, elaborado por el Gobierno, en el Componente 11, 'Modernización de las Administraciones Públicas,' y dentro del Plan de Transición Energética de la AGE
se incluye 'el fomento de la movilidad sostenible de los empleados públicos' con determinadas acciones como por ejemplo que los aparcamientos de los Organismos Públicos del Estado cuenten con puntos de recarga eléctrica, etc.
Es por tanto incongruente con estos planes gubernamentales que no se hayan incluido, en las correspondientes indemnizaciones, el concepto de kilómetros recorridos por un vehículo eléctrico.
Por todo ello, consideramos necesaria la adaptación a 'los nuevos tiempos' de la actual regulación relativa a los importes de kilometraje para que contemple el vehículo eléctrico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir el concepto de ''kilometraje de coche eléctrico'' en las indemnizaciones por los gastos del uso del vehículo particular de los empleados públicos en los traslados en comisión de
servicio, previstas en la Orden EHA/377/2005, de 1 de diciembre, para adaptar la actual regulación a los compromisos de fomento de una movilidad más sostenible de los empleados públicos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2022.-Llanos de Luna Tobarra, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ajustar el IRPF a la inflación,
para su debate en Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Han pasado 4 meses desde que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital afirmase que 'la inflación es un fenómeno transitorio'. En aquel momento, 8 de noviembre de 2021, el índice general de precios
(IPC) subía un 5,4 % y la inflación subyacente un 1,4 %. Estas palabras recordaban demasiado a aquellas que realizó al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, afirmando que el impacto económico del coronavirus sería 'transitorio y poco
significativo'.
El dato adelantado por el INE para febrero de 2022 muestra una subida de precios del 7,4 %, niveles máximos en más de 30 años, y una inflación subyacente del 3,0 %. Lo que empezó con una fuerte subida del precio de la electricidad, negado
por el presidente del Gobierno que afirmó que pagaríamos lo mismo que en 2018, se ha trasladado a toda la cesta de la compra: el aceite de oliva sube un 30,1 %, la pasta alimenticia un 20,0 %, la carne de ovino un 12,6 %, las frutas un 8,8 % y el
arroz un 8,0 % por poner solo algunos ejemplos.
Este incremento de precios tiene un perjuicio muy claro y directo sobre las familias -que ven disminuir su poder adquisitivo- y sobre las empresas -que pierden competitividad-, estimado en más de 30.000 millones de euros solo en el año 2021.
Pero el incremento descontrolado de precios que perjudica a familias y empresas tiene una contrapartida positiva para el Estado: permite aumentar la recaudación tributaria como consecuencia del ensanchamiento de las bases imponibles. Esa es la
razón fundamental que ha permitido que los ingresos tributarios hayan alcanzado una recaudación récord en 2021 a pesar de que nos encontramos lejos de recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia. La recuperación de los ingresos por IVA y de
los Impuestos Especiales en los últimos meses del año, coincidiendo con las mayores subidas de precios, y el aumento de la recaudación del IRPF así lo confirman.
Y, posiblemente, esa es la razón por la que la vicepresidenta primera se ha obcecado en modificar su previsión de crecimiento no solo para 2022, que se mantiene en el 7,0 % a pesar de que ningún organismo nacional o internacional estima más
de un 5,5 %, sino para el pasado 2021 en la que mantuvo el 6,5 % incluso días antes de confirmarse un crecimiento del 5,0 %. La elevada inflación permite compensar el menor crecimiento real de forma que se cumplen los objetivos en términos
nominales, pero a costa del empobrecimiento de las familias y las clases medias que tienen que pagar el 'impuesto invisible' de la inflación.
Para evitar esta subida encubierta de impuestos es necesario ajustar tanto los tramos como los mínimos personales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Aunque este impuesto no se ha deflactado desde 2008, en 2014 se
modificaron los tramos y se redujeron los tipos en la rebaja fiscal que llevó a cabo el gobierno del Partido Popular. Desde entonces no se ha vuelto a realizar ningún ajuste a pesar de que el índice general de precios ha subido un 12,3 %.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a deflactar el IRPF, modificando tanto los tramos como los mínimos personales y resto de deducciones, para evitar el incremento en la recaudación tributaria de esta figura impositiva apoyado en
el alza de precios que reduce el poder adquisitivo de las familias y no en el crecimiento real de la economía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2022.-Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira, Eloy Suárez Lamata y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Comisión de Interior
161/003859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un plan para la
acogida de refugiados y otro de ayuda humanitaria para la población civil de Ucrania, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La guerra ilegítima, ilegal e injustificada iniciada mediante un brutal ataque a Ucrania ordenado por el presidente ruso, Vladimir Putin, está provocando consecuencias dramáticas entre la población civil.
Los efectos de esta guerra están provocando que Europa se tenga que preparar para una ola de refugiados sin precedentes y de dimensiones impredecibles.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anticipan que hasta cinco millones de ucranianos podrían escapar del país en los próximos días, la mayoría con destino a
Polonia. La huida de los ucranianos se está convirtiendo en un verdadero éxodo. ACNUR y UNICEF anticipan la salida de una población de entre uno y tres millones de personas hacia Polonia, y de uno y hasta cinco millones si tenemos en cuenta todos
los países vecinos.
Para los ucranianos, la entrada a los países de la Unión Europea sería inicialmente sencilla dado que existe un régimen de exención de visados con Ucrania. Eso significa que las personas con pasaporte ucraniano pueden entrar con fines
turísticos sin permiso especial y permanecer en los países de la UE hasta tres meses. En Polonia, una de las puertas de salida para los ucranianos, la normativa vigente prevé que estos puedan permanecer en el espacio Schengen durante noventa días
sin necesidad de visado.
Los preparativos para la acogida de refugiados ucranianos comenzaron hace varias semanas, aunque los efectos de este flujo, dada la movilidad con la que podrán moverse los ucranianos, van más allá de las vecinas Polonia, Eslovaquia, Hungría,
Moldavia y los países bálticos.
Esta circunstancia y el compromiso de la Unión Europea con el pueblo ucraniano hace imprescindible y urgente adoptar todas las medidas necesarias para prestarles la ayuda humanitaria que necesitan.
Esta misma semana, la Unión Europea tiene previsto activar por primera, vez la Directiva de Protección Temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.
Los españoles somos un pueblo solidario y en consecuencia ya se están adoptando medidas aisladas por ciudadanos, asociaciones y administraciones públicas, pero todo ello sin la necesaria y conveniente coordinación para alcanzar la mayor
eficacia posible en la asistencia al pueblo ucraniano.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para:
Primero. Que negocie con urgencia en el seno de la Unión Europea, la creación de un plan para la acogida de refugiados y otro de ayuda humanitaria para la población civil de Ucrania que implique a todos los países miembros.
Segundo. Que incardinado en este plan de la Unión Europea apruebe el desarrollo de sendos planes propios en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-José Ortiz Galván, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Interior, sobre los usos de tecnología de reconocimiento facial y otros sistemas de reconocimiento biométrico en frontera.
Exposición de motivos
En los últimos años se ha incrementado el uso de inteligencia artificial en las fronteras de distintos países de la Unión Europea, hablándose en la jerga especializada de smart border o 'frontera inteligente'.
Actualmente, el Gobierno de España prepara un nuevo modelo fronterizo para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este nuevo modelo implicará cambios en el control fronterizo, incluyendo el uso de nuevas tecnologías de vigilancia. El
uso de las herramientas tecnológicas de smart border, que se aprobó en España en 2019 con un coste de 4,1 millones de euros, debe empezar a funcionar a finales de 2022; y servirá para controlar la llegada de todos los ciudadanos extracomunitarios,
recogiendo sus datos biométricos y guardándolos entre tres y cinco años.
Fundamentalmente esto se traduce en la incorporación de cámaras de reconocimiento facial, que estarían conectadas con registros informáticos de entradas y salidas por la frontera con los controles de identidad en el puerto y
helipuerto/aeropuerto. Conocemos a través de los modelos de Grecia, Malta, Croacia y Polonia que la 'frontera inteligente', además de tecnología de reconocimiento facial, incorpora otros sistemas de reconocimiento biométrico como son los sensores y
cámaras térmicas que las autoridades fronterizas utilizan para detectar movimientos de personas, así como detectores de latidos del corazón para la identificación de personas en el registro de vehículos.
En enero de 2022, medio centenar de organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado en un manifiesto su preocupación por el uso de esta tecnología en la frontera sur de España. Entre ellas se encuentran Oxfam Intermón,
Lafede.cat, Iridia o SOS Racismo. Estas organizaciones alertan de que la recogida de datos biométricos 'puede vulnerar el derecho a la intimidad, ya que van a ir a parar a una base de datos sobre la que los sujetos identificados no tendrán control'
y advierten de que
el uso de estos datos puede dar lugar a importantes 'vulnerabilidades derivadas de identificaciones erróneas' 1.
En la propuesta de regulación aprobada por el Parlamento Europeo, el 21 de abril de 2021, se destaca que además de sus consecuencias para el derecho a la intimidad, esta tecnología 'entraña riesgos potencialmente elevados y en ocasiones
inaceptables para la protección de los derechos fundamentales de las personas, como la opacidad en la toma de decisiones, diferentes tipos de discriminación y errores inherentes al algoritmo subyacente que pueden verse reforzados por bucles de
retroalimentación, así como riesgos para la protección de la privacidad y los datos personales, la protección de la libertad de expresión y la información, presunción de inocencia, la presunción de inocencia, el derecho a tutela judicial efectiva y
a un juez imparcial, y riesgos ra la libertad y la seguridad de las personas' 2.
Esta propuesta indica que, 'en principio', el uso de estas cámaras y de la tecnología de reconocimiento biométrico se prohibirá en el espacio público. El colectivo European Digital Rights (EDRi) advierte sin embargo de que la regulación
europea presentada en abril de 2021 sobre inteligencia artificial 'no va lo suficientemente lejos porque muchos de los usos dañinos de la captación de datos biométricos no están prohibidos, tales como el control de la migración o la categorización
por raza' 3.
En su informe sobre el uso de tecnología de reconocimiento facial, especialmente con el uso de mascarillas en el contexto de la pandemia de la COVID-19, el Instituto Nacional de Tecnología y Estándares del Departamento de Comercio de Estados
Unidos concluía que 'las tasas de falsos positivos son más altas en las personas de África occidental y oriental y de Asia oriental, y más bajas en las personas de Europa del este. Sin embargo, con una serie de algoritmos desarrollados en China,
este efecto se invierte, con bajas tasas de falsos positivos en rostros de Asia oriental' 4. Esto nos debería llevar a ser precavidos en el uso de esta tecnología aplicada al registro de datos en contextos de tránsito fronterizo, ya que podría dar
lugar a preocupantes índices de error.
Desde el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común queremos poner especial énfasis sobre la situación de especial protección bajo la que caen los datos biométricos por la normativa europea y somos conscientes de que solo
deben utilizarse en situaciones excepcionales y cuando no existan métodos alternativos efectivos. La normativa europea, en vigor desde 2016, protege especialmente este tipo de datos (que son ya una realidad en los espacios públicos de algunas
partes de China y Rusia, pero que se están encontrando con serios obstáculos en sociedades occidentales por las implicaciones en lo que respecta a la privacidad).
Los datos biométricos son aquellos 'datos personales obtenidos por procedimientos técnicos específicos referidos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o aseguren su identificación
única, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos', 5 según la definición del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, por sus siglas en español, GDPR en inglés).
Hasta el momento, el control de la frontera sur ha utilizado métodos alternativos para identificarse sin la necesidad de recurrir al registro y control masivo de datos biométricos.
Con el objetivo de impulsar la adopción de las medidas necesarias destinadas a la protección de los derechos fundamentales de las personas que cruzan la frontera sur, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común presenta la siguiente
1 La implantación de la Inteligencia Artificial en frontera y la vulneración de derechos https://fronterasdigitales.wordpress.com/.
2 Brussels, 21.4.2021 com (2021) 206 final 2021/0106(cod) proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain
union legislative acts com/2021/206 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX:52021PC0206.
3 EDRi · September 21, 2021, If AI is the problem, is debiasing the solution? https://edri.org/our-work/if-ai-is-the-problem-is-debiasing-the-solution/.
4 National Institute of Standards and Technology (2020) Ongoing Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 6A: Face recognition accuracy with masks using pre-COVID-19 algorithms https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8311.pdf.
5 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive
95/46/EC (General Data Protection Regulation) EUR-Lex-32016R0679-EN-EUR-Lex (europa.eu).
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar que los estándares técnicos que regulen el hardware y software de las tecnologías de inteligencia artificial destinadas al reconocimiento facial en frontera, así como las destinadas a la gestión, clasificación y procesamiento
de los datos:
a) No generen sesgos discriminatorios en base a criterios de raza, etnia, género, religión o nacionalidad.
b) No entrañen un riesgo para el ejercicio de las libertades civiles y políticas reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico.
2. Aplicar garantías de publicidad y transparencia en la contratación de las tecnologías de 'frontera inteligente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.- Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al cumplimiento del
protocolo de construcción de viviendas en solar de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ibiza, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Los funcionarios de Estado destinados en las Islas Baleares arrastran desde hace muchos años un problema de escasez de vivienda a precios asequibles. A esta circunstancia se une el hecho de que a los funcionarios del Estado destinados en
las islas se les sigue negando un complemento retributivo suficiente por razón de residencia en territorio insular que sí perciben en la Islas Canarias. Y a este último inconveniente se le suma la carestía de la vida provocada, entre otros motivos,
por la condición insular.
Con el propósito de facilitar la estancia de los funcionarios destinados en las Islas Baleares y paliar los efectos de la carencia de vivienda, el 27 de febrero de 2019 la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, suscribió junto al
consejero de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno de las Islas Baleares, el presidente del Consell Insular y el alcalde de la ciudad de Ibiza, un protocolo general para la construcción de 120 viviendas públicas en el terreno de la Comisaría
de Policía Nacional de Ibiza.
Según se explica en el documento firmado, 'en particular en la isla de Eivissa, existe, actualmente, un acuciante problema de acceso a la vivienda para el personal perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinado en
ella, a causa de los altos precios que el alquiler alcanza en el mercado libre [...]'. Esta afirmación no ha perdido vigencia alguna aún habiendo transcurrido tres años desde su firma sino que la situación se ha agravado hasta hacer insostenible la
vida de los funcionarios en la isla.
El protocolo general suscrito en su parte dispositiva, y en concreto en el capítulo referido a las actuaciones asumidas por las partes intervinientes, establece expresamente que 'el Ministerio del Interior impulsará la segregación de parte
del terreno para la construcción de viviendas de protección pública, reservándose el resto de la finca matriz para la contracción de viviendas destinadas a funcionarios de la Policía Nacional'.
Del mismo modo, se establece que el Misterio del Interior sería el encargado de los procedimientos administrativos para la transmisión de los terrenos segregados al Gobierno de las Illes Balears, mediante permuta o mediante cualquier otra
fórmula de cesión contemplada en la Ley 33/2005, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Por su parte, y en el mismo apartado del Protocolo General pactado se establece que el Gobierno de las Islas Baleares se comprometía a construir, a través del IBAVI, con 'cargo a sus propios presupuestos de todas la viviendas señaladas',
tanto las destinadas a protección pública como las destinadas a la Policía Nacional. Una vez llevada a cabo la construcción de las viviendas, el Gobierno de las Islas Baleares pondría a disposición del Ministerio del Interior las edificaciones
sobre el resto de la finca matriz cuya titularidad conserva el Estado, bien a través de una permuta con la finca segregada o bien a título gratuito de manera que la titularidad de estas viviendas corresponda al Estado.
A partir de aquí, y una vez construidas las viviendas por el IBAVI, entra en juego el Consell Insular de Ibiza que manifiesta en el protocolo su intención de adquirir un número indeterminado de inmuebles condicionado siempre a lo que sus
disponibilidades presupuestarias le permitan.
Han transcurrido ya cerca de tres años desde que tuviera lugar la firma del protocolo y el Ministerio del Interior y la Consejería de Movilidad y Vivienda del Gobierno de las Islas Baleares, de la que depende el Instituto Balear de la
Vivienda (IBAVI), ni siquiera han promovido la firma del convenio para la ejecución de la viviendas dotacionales para funcionarios y vivienda de carácter protegido o social y materializado con ello los compromisos derivados del protocolo general
firmado. Esta inapelable evidencia no solo se justifica por la realidad en sí misma, sino por las múltiples consultas al Ministerio del Interior en las que vienen a concluir que se 'está en contacto con el IBAVI para elevar el citado Protocolo
General a Convenio, tratando las cuestiones técnicas para abordar las actuaciones urbanísticas que el mismo conlleva'.
A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE), adscrita a la Secretaria de Estado de Seguridad, le corresponde la función de 'coadyuvar, con la gestión de los bienes inmuebles que sean puestos a su
disposición, al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular, de la políticas de vivienda, en colaboración con las Administraciones competentes', pudiendo suscribir para ello convenios, protocolos o acuerdos
tendentes a la construcción de vivienda sujetas a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda.
El Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), dependiente de la consejería de Movilidad y Vivienda del Govern de las Illes Balears, es el organismo competente para 'comprar, permutar o adquirir, a título gratuito u oneroso terrenos y solares
para ejecutar las promociones de viviendas protegidas y el equipamiento complementario'.
A un año vista para que se produzca la caducidad del protocolo general, a los funcionarios públicos destinados en la isla de Ibiza se les hace altamente complejo encontrar una vivienda económicamente asequible por los elevados precios del
mercado de alquiler y sumamente difícil mantener una nivel de vida aceptable porque el Gobierno sigue sin reconocerles el beneficio a un complemento salarial digno por razón de la insularidad, tal y como sucede a los funcionarios del Estado
destinados en las Islas Canarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados presenta para su aprobación en la Comisión de Interior la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Ministerio del Interior concluya definitivamente en el plazo de treinta días las ''cuestiones técnicas'' pendientes con la Consejería de Vivienda del Govern Balear y el IBAVI sobre la cesión de los terrenos y la construcción y
adjudicación de las viviendas, con arreglo a lo previsto en el protocolo general firmado en fecha 27 de febrero de 2019.
2. Que, a través del Ministerio del Interior, se convoque al resto de instituciones públicas que fueran parte en el protocolo general, a los efectos de plantear la firma del convenio para la cesión de los terrenos y la construcción y
adjudicación de las viviendas con arreglo a lo previsto en el mismo y los acuerdos alcanzados con la Consejería de Vivienda y el IBAVI relacionados en el apartado anterior, todo ello con anterioridad a la fecha del día 27 de febrero de 2023.
3 Que subsidiariamente, y para el caso de que el Ministerio del Interior, la Consejería de Vivienda del Govern Balear y el IBAVI no alcanzasen un acuerdo definitivo sobre la cesión de los terrenos y la construcción y adjudicación de las
viviendas, el Ministerio del Interior dé por resuelto el protocolo por irrealizable, y a promover, unilateralmente o a través de fórmulas de concesión, la construcción de
viviendas dotacionales para funcionarios públicos en el solar de la Comisaria de Policía de Ibiza a fin de paliar la escasez de vivienda a precios asequible en la isla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-Miguel Ángel Jerez Juan, Margarita Prohens Rigo y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno habilite un
sistema más flexible de acceso a la certificación para todos aquellos profesionales, con experiencia laboral probada, en la seguridad aeroportuaria, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La relevancia adquirida por la seguridad aeroportuaria tras los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001, llevó a la adopción por la Comisión Europea del Reglamento de Ejecución 2015/1998, por el que se establecen medidas detalladas
para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea, complementando las medidas básicas establecidas en el artículo 4 del Reglamento 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo sobre normas comunes para la seguridad
de la aviación civil en la Unión Europea. Un reglamento de ejecución que derogaba el Reglamento 185/2010, que había sido modificado en numerosas ocasiones como consecuencia de la permanente evolución de las amenazas terroristas en el contexto
aeroportuario.
El punto 11 del anexo del Reglamento de Ejecución 2015/1998, bajo la rúbrica 'Selección y Formación de Personal' establece en su punto 3 (certificación o aprobación) normas detalladas que regulan el proceso formativo:
a) un proceso inicial de certificación o aprobación;
b) un proceso de recertificación al menos cada tres años para las personas encargadas del funcionamiento de equipos de rayos X o de detección de explosivos (EDS) y para los examinadores humanos de escáneres de seguridad, y
c) un proceso de recertificación o reaprobación al menos cada cinco años para el personal restante.
Al margen de detallar el contenido del proceso formativo, como garantía de la preservación de la calidad del proceso de certificación, el punto 11.3.4 alude explícitamente a que 'la no realización o no superación de las pruebas que componen
el proceso de recertificación o reaprobación en un plazo razonable, no superior a tres meses por lo general, supondrá la suspensión de los permisos en materia de seguridad.'
Estas disposiciones se reproducen literalmente en la parte pública del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNS) que, obviamente, no puede apartarse de las exigencias derivadas de una normativa europea de aplicación directa.
Se establece en el PNS la obligatoriedad de disponer de un Programa Nacional de Formación de Seguridad para la Aviación Civil (PNF) con la finalidad de garantizar que todo el personal implicado en la actividad aeroportuaria tenga los
conocimientos necesarios de acuerdo a su ocupación, para aplicar de forma efectiva las medidas de seguridad. Para ello se hace necesaria una formación AVSEC en todo el personal implicado en las actividades en el ámbito de la aviación civil. AVSEC,
acrónimo de Aviation Security, es un término que hace referencia a la seguridad física dentro del entorno aeroportuario. La OACI lo regula mediante el Anexo 17 donde se presentan las normas y métodos recomendados sobre seguridad (security). Dentro
del ámbito estatal queda regulado por el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea.
En concreto, el PNF es aplicable a la formación de toda persona que, en el desarrollo de su labor profesional, necesite una acreditación aeroportuaria con acceso a zona restringida de seguridad ZRS o
deba seguir procedimientos de seguridad que se encuentren incluidos dentro del Programa Nacional de Seguridad (PNS).
Los requisitos formativos y contenidos específicos a cada colectivo para la adquisición de las competencias vienen determinadas y deben ser impartidas solo por instructores Autorizados por la Autoridad competente, en España por la AESA
(Agencia Estatal de Seguridad Aérea).
Durante el extenso periodo de tiempo dedicado a la implementación de este proceso de certificación, creado en 2010, se produjo una delegación del mismo a los instructores AVSEC en el seno de las empresas prestatarias del servicio de
seguridad, inspirándose de la experiencia de otros Estados miembros de la Unión Europea. Tras este periodo, AESA inició un proceso de asunción del proceso de certificación con el objetivo de mejorar su trazabilidad, contar con registros oficiales
de todo el personal certificado, estandarizar los exámenes de certificación e incrementar globalmente los niveles de formación.
Al finalizar el citado período transitorio, incluida la concesión de una prórroga vinculada a la pandemia COVID-19 durante el año 2020, a principios del año 2021, AESA acometió este proceso con un margen temporal definido (finalización del
proceso en tres meses). Este margen tan reducido puede haber sido el origen de las dificultades experimentadas por parte del personal de seguridad en las primeras fases de implantación de este proceso.
Un proceso de certificación en el que, pese a haberse introducido diversas modificaciones sobre los planteamientos iniciales, son necesarios unos requisitos burocráticos que dificultan la atención a las necesidades de incorporación de nuevos
profesionales, previa realización de la formación exigióle, en determinados períodos estacionales. Todo ello redunda en una pérdida de la necesaria flexibilidad para atender a coberturas de servicios excepcionales por parte de las empresas de
seguridad.
Uno de los graves problemas que se están detectando en el proceso de recertificación o reaprobaciones es el que afecta a los vigilantes que ya están trabajando en la seguridad aeroportuaria y tiene mayores dificultades para superar las
pruebas dado que en los exámenes se utilizan equipos diferentes a los que ellos tienen en sus puestos de trabajo, no se valora la experiencia y tienen menor tiempo para dedicarse a la preparación de las pruebas.
El procedimiento establecido permite a los vigilantes de seguridad privada presentarse en tres ocasiones al examen debiendo cesar en el ejercicio de seguridad aeroportuaria durante al menos seis meses antes de poder presentarse nuevamente a
esta certificación.
El artículo 64.7 del Convenio colectivo vigente prevé esta situación especial, habiendo acordado las partes firmantes del mismo que 'en el supuesto de la pérdida de cualquiera de las certificaciones oficiales exigidas para el desarrollo de
determinadas actividades, la empresa asignará al trabajador a otro puesto de trabajo, de ser posible, y en caso contrario, procederá a la suspensión del contrato de trabajo.'
Aunque los resultados globales puedan catalogarse como satisfactorios, son muchos los profesionales con experiencia que no han conseguido superar los exámenes, siendo obligados a abandonar su puesto de trabajo. El proceso de certificación
C1 (proceso de certificación de seguridad aeroportuaria exigióle a todos los profesionales), llega a suponer el 13 % en relación con el certificado C2 (escáneres aeroportuarios), si bien en este caso, es factible la reasignación a un puesto de
trabajo para el que solo se exija la certificación C1.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que habilite un sistema más flexible de acceso a la certificación para todos aquellos profesionales, con experiencia laboral probada, en la seguridad aeroportuaria.
2. Que desde el estricto respeto de las exigencias de la normativa europea, se permita desempeñar temporalmente servicios, por los profesionales que no hubieran logrado superar el proceso de certificación.
3. Que desde la necesaria preservación de la seguridad aeroportuaria aborde una reconsideración parcial de las materias sujetas a confidencialidad, para que así se pueda garantizar una mayor facilidad de preparación por parte de los
candidatos del proceso de certificación en el ámbito aeroportuario.
4. Que permita que aquellos candidatos que hayan suspendido dos exámenes consecutivos, puedan realizar una prueba adicional de acceso a la plataforma de objetos prohibidos que facilite la superación del proceso de certificación.
5. Que garantice la posibilidad de llevar a cabo con carácter continuo el proceso de certificación, sin que circunstancias como el período vacacional u otras circunstancias extraordinarias tengan incidencia en el mismo.
6. Que a través de AESA habilite una reducción del tiempo que deba transcurrir tras la celebración del tercer examen por parte de los vigilantes de forma que la situación especial que conlleva una reasignación a otros cometidos del
profesional afectado o la suspensión del contrato de trabajo, tenga una duración superior a la necesaria para llevar a cabo la formación requerida pero inferior a los seis meses actualmente establecidos.
7. Que a través de AESA y a la luz de la experiencia adquirida, se realice un proceso de reconsideración conjunta con los prestadores de servicios de seguridad privada que permita reducir las cargas burocráticas innecesarias que, sin poner
en cuestión las exigencias formativas, permitan llevar a cabo el proceso de certificación con la mayor agilidad posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-Ana Belén Vázquez Blanco, Javier Bas Corugeira y Diego Movellán Lombilla, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para adoptar medidas de carácter urgentes para frenar el alza de las
rentas de los alquileres como consecuencia de su actualización de acuerdo a la evolución del Índice de Precios de Consumo, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El incremento del Índice de Precios al Consumo derivado del aumento del precio de la energía está poniendo en aprietos a muchos ciudadanos que viven en un piso de alquiler. En la actualidad, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, establece en su artículo 18 que 'durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato cuyo incremento no
podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo a fecha de cada actualización.'
El desarrollo de esta disposición y el incremento de los precios está empujando al alza las rentas de los alquileres que se están actualizando en los últimos meses, lo que provocará que miles de personas, especialmente jóvenes, destinen un
mayor porcentaje de su renta a pagar un bien tan esencial como es la vivienda, en un momento donde la ciudadanía aún se está recuperando del impacto económico que tuvo en la economía la expansión del SARS-CoV-2 a escala mundial.
Sobre el impacto de la inflación en la economía de las familias, gran parte de la literatura económica apunta que las personas con rentas más bajas y dependientes del trabajo son las que se ven más afectadas por este fenómeno económico. A
su vez, aquellas personas cuyos ingresos dependen en mayor medida de las rentas del capital o de rentas de inmuebles sufren muy poco el impacto derivado de un incremento general de los precios.
La actual coyuntura económica puede poner en aprietos a las personas que viven de alquiler, especialmente a jóvenes. A la elevada tasa de desempleo juvenil se le suma la ineficacia de las políticas públicas de las Administraciones Públicas
a la hora de articular medidas que faciliten el acceso a una vivienda asequible, ya sea a través de alquiler o compra, a este colectivo.
En abril de 2021, el Banco de España publicó un estudio sobre la Crisis del COVID-19 y su impacto sobre las condiciones económicas de las generaciones jóvenes. Según las conclusiones del informe, en
lo que respecta al acceso de los jóvenes a una vivienda, el estudio destaca que la proporción de personas que poseen una vivienda residencial a los 30 años ha disminuido para aquellos ciudadanos que nacieron a partir del año 1980. En
concreto, el 7% de los nacidos en 1988 poseía su vivienda principal a los 29 años; entre los nacidos en 1976, ese porcentaje era del 26%. A su vez, el Banco de España destacaba que los precios de alquiler en los últimos años han absorbido un
elevado porcentaje de los ingresos de las personas en este grupo de edad.
Ante la incierta evolución de los precios generales derivados del aumento del coste de la energía y tras el impacto de la COVID-19 en España, es necesario que los poderes públicos intervengan con todos los instrumentos a su disposición para
garantizar que los colectivos más vulnerables en nuestro país vean como se reduce de forma considerable su ya menguada capacidad adquisitiva.
La actualización de las mensualidades conforme al Índice Nacional de la Vivienda en alquiler podría evitar un incremento drástico de las rentas en los contratos que se actualicen durante los próximos meses y es un indicador más adecuado para
valorar la evolución real de los precios del alquiler en España.
A su vez, apostamos por trasladar el pago de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato a los arrendadores, teniendo en cuenta que el beneficiario real del servicio es el propietario del inmueble, no el inquilino. De
esta manera, apostamos por eliminar una de las barreras más importantes que soportan los arrendatarios a la hora de acceder a una vivienda de alquiler.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar una reforma urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos para:
1. Establecer que la actualización de la renta para los contratos de alquiler de vivienda se realice de acuerdo al Índice Nacional de la Vivienda en Alquiler elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en lugar del Índice de Precios
de Consumo general, en caso de que exista la obligación contractual de actualizar con carácter anual la renta del arrendamiento.
2. Habilitar, a través de la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una herramienta que facilite el cálculo del incremento de la renta de los alquileres teniendo en cuenta la cuantía de la renta pactada entre las
partes y el Índice Nacional de la Vivienda en Alquiler.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-Sara Giménez Giménez y Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la implantación del servicio de cercanías ferroviarias en Vigo y su área funcional para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En el actual contexto de emergencia climática y atendiendo el aumento de las necesidades de movilidad, el ferrocarril se configura como la modalidad de transporte más sustentable, moderna y eficiente. No se puede hablar de transición
energética sin una apuesta clara por el ferrocarril que implica que el ejecutivo estatal lleve a cabo políticas prácticas y recursos para modernizarlo e implantar nuevos servicios. El transporte de futuro pasa por el tren.
En el caso de la ciudad de Vigo y de su área funcional son importantes e históricos los déficits en lo que tiene que ver con su conexión ferroviaria. A una insuficiente conexión de media distancia, que ha sufrido recortes en los últimos
meses y años, se añade el efecto desvertebrador del cese de actividad en
las estaciones de Louredo-Os Valos (Mos), sin actividad desde 2013; de Cesantes (Redondela), donde sólo opera una frecuencia diaria de lunes a viernes; el apedero de Chapela (Redondela), sin actividad a pesar de los compromisos por su
mantenimiento; de O Porriño, que en la actualidad cuenta con apenas dos frecuencias de media distancia de conexión con Vigo; y de Tui, que en la actualidad no presta ningún servicio a pesar de ser estación de paso del denominado Tren Celta que
conecta Vigo y la ciudad portuguesa de Porto (con una única frecuencia diaria).
A esto se añade que la conexión de Vigo con Redondela y también con Pontevedra y Vilagarcía está limitada a las frecuencias de Media Distancia de la línea Vigo-A Coruña, que son manifiestamente insuficientes tanto en horarios como en número
de plazas para constituir un medio ágil de transporte y alternativa al uso del vehículo privado para estas conexiones de proximidad.
Es claro que las políticas del Estado con Galiza en materia de infraestructuras olvidaron impulsar la modernización de la red ferroviaria interna y dotar de servicios adecuados nuestro País. A día de hoy, en Galiza no existen los servicios
de cercanías de Renfe, ni en las principales ciudades y áreas urbanas, como es el caso de Vigo. Ningún Gobierno español supo explicar hasta ahora esta situación cuando existen otras ciudades en el Estado, con 270.000 habitantes y áreas urbanas con
apenas 400.000 que sí poseen servicios de 'cercanías' de Renfe, pero Vigo y su área funcional con más de 500 mil habitantes quedan sin ella.
Urge, por tanto, la puesta en marcha de una red de tren de cercanías, que vertebre el entorno metropolitano de Vigo y que la conecte por el norte con el área de Pontevedra-Vilagarcía y por el sur con la comarca del Baixo Miño hasta Tui, para
configurar, de esta manera, el ferrocarril como una alternativa real al transporte por carretera en este importante ámbito territorial tanto en términos poblaciones como socioeconómicos. Cuestión para la que no existe un compromiso real por parte
del Gobierno español en esta materia, como reflejan los presupuestos generales del Estado para el presente ejercicio 2022.
Avanzar de manera decidida por una mejor conexión ferroviaria para Vigo y en el conjunto de Galiza, pasa por dotar a nuestro País de un ente gestor ferroviario propio, el Galtren, que gestione la red de media distancia y de cercanías, para
lo cual se hace indispensable que Xunta de Galicia y el Gobierno español negocien la transferencia a Galicia de la gestión de la red ferroviaria interna y la creación del Ente Ferroviario Gallego. No obstante, ese proceso no puede demorar la
implementación urgente de mejoras en la actual conexión ferroviaria, singularmente la puesta en marcha de una red de cercanías para la ciudad de Vigo y su área.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Implantar, con la mayor agilidad, un servicio de tren de cercanías en la ciudad de Vigo y su área funcional, con un doble eje de conexión Vigo-Tui y Vigo-Pontevedra-Vilagarcía, utilizando como base la infraestructura ferroviaria
existente y, singularmente, dotando de actividad las estaciones de Louredo-Os Valos (Mos), Cesantes (Redondela), el apeadero de Chapela (Redondela), Porriño y Tui.
2. Cometer las medidas necesarias para la actualización y mejora de la vía e instalaciones de servicio ferroviario, así como la apertura de las nuevas estaciones y apeaderos que sean necesarios, para dar cobertura a los principales núcleos
de población del área funcional de Vigo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Plural.
161/003880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa la política de nombres de estaciones y aeropuertos para
su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En los últimos años en España hemos visto un incremento en el número de infraestructuras, como aeropuertos y estaciones de ferrocarril, que toman el nombre de personalidades con el fin de homenajearlas o poner en valor su contribución a la
sociedad española. En algunos casos se trata de infraestructuras de nueva creación (p.ej. estaciones de Málaga-María Zambrano y Burgos-Rosa Manzano), mientras que en otros ha supuesto la modificación de nombres consolidados de infraestructuras
existentes (p.ej. aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y Adolfo Suárez Madrid-Barajas o estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor).
Con independencia del nombre concreto que se decida asignar a la infraestructura y de la idoneidad o eficacia real que puede tener esta medida para la consecución del fin que en teoría se persigue, que no es otro sino el reconocimiento de la
personalidad que se trate, lo cierto es que una política desordenada en la designación de las infraestructuras como se ha llevado hasta ahora dificulta el entendimiento de la red de transportes y la usabilidad de la misma por parte de los usuarios.
Sirva, a modo de ejemplo, el caso de las denominaciones actuales de los aeropuertos de la red de AENA. En el portal web, para seleccionar el aeropuerto sobre el que se desea o necesita información, se despliega un listado con los aeródromos
en orden alfabético. El resultado es una lista nada intuitiva donde el aeropuerto de Madrid figura por la A, el de Barcelona por la J, el de Lanzarote por la C o el de Granada-Jaén por la F. Si bien esto no supone gran problema a los usuarios
frecuentes o a los profesionales de AENA, conocedores de la red al detalle, es un obstáculo absurdo para el usuario ocasional, que es el mayoritario, y más aún para usuarios extranjeros que no tienen por qué estar familiarizados con el sobrenombre
de los aeródromos.
No se puede perder de vista de que las infraestructuras de titularidad pública tienen que estar al servicio única y exclusivamente de los usuarios, y no al servicio de las administraciones que las gestionan. En ocasiones, estas últimas
realizan cambios repentinos, injustificados o con tan elevada frecuencia que no responden una gestión eficiente de los recursos y confunden al usuario. Confusión y gasto que, tememos, irá en aumento si con cada cambio de color político en el
Gobierno se procede a re-bautizar estaciones y aeropuertos con nombres elegidos sin el necesario consenso previo.
Con el fin de poner al usuario en el centro de la red de transporte y evitar que las batallas políticas supongan un desgaste innecesario en un servicio público, a la vez que reconociendo que no resulta realista -ni probablemente conveniente-
limitar en sí la posibilidad de poner el nombre de personas ilustres a estaciones y aeropuertos, es necesario cambiar el enfoque y amplitud de estos cambios, dando estabilidad, permanencia y fácil identificabilidad a los nodos de la red de
transportes. De esta manera, se propone que los nombres oficiales de estaciones y aeropuertos sean invariables y se limiten a la identificación geográfica (Barcelona-Sants) y/o técnica (Medina del Campo AV). En el caso de que se decida añadir el
nombre de una personalidad, este cambio podría verse reflejado en la mercadotecnia de la misma o en elementos estéticos de carácter secundario, como puede ser un logo, el nombre que figura en la marquesina decorativa o folletos (p.ej.
Valencia-Joaquín Sorolla), mientras que en los planos de red, listados oficiales o las indicaciones de origen/destino se limitarían al nombre oficial geográfico (p.ej. Valencia AV o Valencia Central).
De manera relacionada con el problema anterior, en algunos casos la política de nombres de las distintas administraciones lleva a situaciones que dificultan el transporte intermodal. No es infrecuente ver estaciones de cercanías y de metro
que, estando en el mismo punto y siendo natural nodo de intercambio, cuenten con nombres diferentes dando a entender que no hay conexión posible. Es este el caso, por ejemplo, de las estaciones de Vicálvaro/Puerta de Arganda y Vallecas/Sierra de
Guadalupe, en Madrid; o St. Andreu Arenal/Fabra i Puig, en Barcelona. También se da el supuesto inverso de estaciones con idéntico nombre que, sin embargo, no dan pie a transbordo alguno, como es el caso de las estaciones Lutxana en Bilbao, en
márgenes diferentes de la ría.
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en su reciente Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, aboga acertadamente en su Eje 1 por la intermodalidad y multimodalidad en entornos urbanos, de manera que los
diferentes modos de transporte, con independencia de su titularidad, se complementen y funcionen en todo el territorio como una red integrada de transportes eficiente y segura, que dé continuidad a los itinerarios, y con altos niveles de calidad.
La puesta en marcha de una política estable, previsible, perdurable y coordinada de nombres en los nodos
de transporte va precisamente encaminada a facilitar este transporte intermodal y, en definitiva, poner a los pasajeros en el centro de la planificación de los transportes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Limitar los nombres oficiales de estaciones y aeropuertos estrictamente al nombre de la localidad donde se encuentren o, en su caso, la referencia geográfica que corresponda.
2. De añadir el nombre de personalidades a estaciones y aeropuertos, cuando se considere oportuno con el fin de homenajearlas, que únicamente se haga a efectos de imagen (marquesinas de la propia infraestructura, logos...), sin que suponga
modificación del nombre oficial ni del nombre que figura en paneles informativos o en el origen/destino de los billetes, de manera que se facilite la usabilidad y la accesibilidad del transporte público.
3. Modificar, a la mayor brevedad, los nombres actuales de las infraestructuras a los que se le ha añadido el de una personalidad de tal manera que figure siempre primero el término geográfico y en segundo lugar el de la persona
homenajeada, con el fin de facilitar la localización e identificación de la infraestructura que se trate.
4. Evitar, en coordinación con el resto de administraciones públicas competentes, que los nombres de infraestructuras coincidentes en una misma localización tengan nombres diferentes, de manera que sea más intuitiva para los usuarios la
estructura de la red, las distintas posibilidades de transbordo y se impulse el transporte multimodal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reducir las desigualdades en
el ámbito de las actividades extraescolares para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Uno de los pilares fundamentales en la defensa de la educación pública y de calidad es que la educación es uno de los ejes que ayudan a corregir las desigualdades sociales, marcadas por múltiples condicionantes. Es por este motivo que, en
caso de detección de factores que pueden hacer retroceder la calidad del sistema educativo español o que dificulten su mejora, el Gobierno debe actuar de forma rápida y eficaz. Cabe recordar, aunque resulte obvio el apunte, que la educación es un
derecho, y la enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
Partiendo de la premisa de la educación como factor de corrección de desigualdades, se han detectado, a través de diversos estudios, dos factores preocupantes. Por un lado, la denominada educación en la sombra (clases particulares, tutorías
privadas, academias de preparación, empresas que ofrecen estos servicios en línea) está creciendo en España de forma abrumadoramente rápida, convirtiéndola en un bien de primera necesidad, a riesgo de suplantar la educación formal, recordemos,
pública y gratuita. Por otro lado, la desigualdad que generan las actividades extraescolares: donde hace años se debatía si era positivo para los niños y niñas hacer muchas actividades extraescolares, ahora lo que preocupa a los expertos es que se
han convertido en un lujo al alcance solo de las familias con más recursos.
El primero de los fenómenos citados, la educación en la sombra, se ha disparado en los últimos años: el gasto en clases particulares privadas se triplicó entre 2006 y 2017, pasando de 246 a 732 millones de euros. Actualmente se estima que
un 23 % de los hogares españoles contrata clases particulares. Son datos que se extraen del informe 'Educación en la sombra en España: cómo las clases particulares se están convirtiendo en un bien de primera necesidad', publicado por el
laboratorio de ideas EsadeEcPol y elaborado a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística. 'La demanda parece ser inelástica, y estaría convirtiendo, de facto, lo que era un bien de lujo en un bien de
primera necesidad', dice el informe en su resumen ejecutivo.
El impacto de la educación en la sombra es, obviamente, negativo y, aunque los hogares ricos gastan hasta cinco veces más que los hogares más pobres, los hogares de ingreso medio y bajo están aumentando el porcentaje de sus presupuestos
dedicado a ella. Según una encuesta de la empresa de formación Go Student de 2021, la principal razón por la que se invierte en clases particulares en España es la 'dificultad de los niños con ciertas asignaturas', especialmente con las
matemáticas: suponen el 65 % de las sesiones contratadas. El incremento generalizado de los hogares que gastan en educación en la sombra tiene lugar fundamentalmente entre los años 2006 y 2014, coincidiendo con los años de la crisis económica.
Además, los datos del Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS, por sus siglas en inglés) de 2019 muestran que este tipo de clases se centran en recuperar y reforzar materia, no en perfeccionar y ampliar conocimiento. En
las conclusiones que extrae Juan Manuel Moreno, autor del estudio y exasesor educativo del Banco Mundial, se destaca que la regulación de la educación en la sombra no da garantías de éxito y puede no ser suficiente, sumándole además que la
proliferación de servicios online dificulta también esa regulación. EsadeEcPol apunta hacia políticas para contener la demanda, no tanto por frenar la oferta, a través de la capacidad de personalización, y que la educación en la sombra no sea un
incentivo para reducir la financiación pública en la educación formal, que consolidaría así desigualdades crecientes. El informe sugiere, pues, políticas educativas que vayan en la dirección de la orientación personal y profesional, la
multiplicación de itinerarios educativos o la certificación del aprendizaje. Se estima que el ámbito que más crece en el sector general de la Educación es este tipo de educación en la sombra, junto con el de las inversiones en tecnología educativa.
La Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) se ha convertido en una buena herramienta para combatir este factor de desigualdad, por su espíritu de atención específica para el alumnado, fomentando la personalización y
abriendo un abanico de itinerarios que permita una elección fundamentada del alumno o alumna en cuanto a su futuro.
El segundo factor a tratar es el acceso a las actividades extraescolares. El último dato accesible del Ministerio de Educación y Formación Profesional es de hace más de diez años, y señalaba que el 90 % de los alumnos de primaria dedicaba
las tardes después de clase a actividades deportivas, aprendizaje de idiomas, música o baile. La Encuesta de hábitos deportivos de población en edad escolar de 2018 de Barcelona destaca que solo el 48 % de los menores tienen acceso a la
extraescolares no deportivas en la ciudad. En el caso de las deportivas, siete de cada diez niños y adolescentes las practican -un 72 % de las niñas y un 81 % de los niños. Es por ello que el gobierno de la ciudad, liderado por Barcelona En Comú y
por su alcaldesa, Ada Colau, ha anunciado un plan para que ningún niño ni niña se quede sin extraescolares por su nivel de renta y para que pueda acceder dos tardes a la semana a ellas. Un claro ejemplo es el programa, ya en marcha, de
'Menjallibres 2.0', de apoyo educativo para reforzar la lectura y la expresión en catalán, destinado a 500 niños de 7 a 9 años de 30 escuelas públicas de 12 barrios.
De hecho, esta iniciativa entra en connivencia con el actual redactado del artículo 81 de la LOE, que establece que 'en aquellos centros escolares, zonas geográficas o entornos sociales en los cuales exista concentración de alumnado en
situación de vulnerabilidad socioeducativa, las Administraciones educativas desarrollarán iniciativas para compensar esta situación. A este fin se podrán establecer actuaciones socioeducativas conjuntas a nivel territorial con las Administraciones
locales y entidades sociales, incluyendo una especial atención a la oferta educativa extraescolar y de ocio educativo, así como acciones de acompañamiento y tutorización con el alumnado que se encuentre en esta situación y con sus familias'.
De esta manera, el acceso a las actividades extraescolares se muestra como un elemento importante para reducir las desigualdades sociales, especialmente para aquellos sectores socioeconómicos más vulnerables. A su vez, los avances que está
consiguiendo la aplicación de la LOMLOE en cuanto a orientación personalizada y multiplicación de itinerarios educativos debe tenerse en cuenta y fomentarse
todavía más para que la educación en la sombra no sustituya a la educación formal, única garantía de un acceso igualitario para todos y para todas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos, actuaciones con el fin de garantizar el acceso a las actividades complementarias, de apoyo escolar y extraescolares directamente relacionadas con contenidos
educativos al alumnado en situación de vulnerabilidad social y educativa.
2. Colaborar con las comunidades autónomas en los proyectos educativos e iniciativas públicas que ayuden a ampliar la capacidad de personalización en la atención y las oportunidades de aprendizaje del alumnado, enmarcados en los programas
de cooperación territorial en el desarrollo y aplicación de la legislación educativa vigente.'
Palacio Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Educación la siguiente Proposición no
de Ley de fomento de la igualdad de género entre el alumnado y el despliegue de mecanismos para la detección de violencias en las aulas.
Exposición de motivos
Dentro del marco de los compromisos adoptados en la Agenda 2030, presentada por la ONU en 2015 para el Desarrollo Sostenible, se encuentra el ODS4 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 4), que constituye una síntesis de las ambiciones en
materia de educación. Su propósito es 'garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida la vida para todos' hasta 2030. Una de las metas dibujadas por este compromiso
global es la eliminación de las disparidades de género en la educación, además de la garantía de que todos los alumnos y alumnas 'adquieran los conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible [...], los derechos humanos, la
igualdad entre géneros'.
Se trata de una visión compartida también por la LOMLOE, que adopta el enfoque en igualdad de género a través de la coeducación y fomenta la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en
la educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva. De manera más específica, dice que son las Administraciones educativas las que regularán los protocolos de actuación frente a indicios de acoso
escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia (art. 124.5). En su disposición adicional vigésima quinta, sobre el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la norma marca que los
centros educativos deberán incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas 'que se desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género'. La
LOMLOE presenta múltiples referencias que hacen patente la importancia de combatir las violencias de género también a través de los centros educativos y de la Educación.
Asimismo, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, también incluye, en su artículo 4, el precepto de que 'el sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación
en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres', especificando en todas las etapas la eliminación de los 'obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la
prevención de conflictos y para
la resolución pacífica de los mismos'. Además, incluye en su artículo 7 la formación inicial y permanente del profesorado 'específica en igualdad', para habilitar al profesorado para la 'educación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y de la igualdad entre los hombres y mujeres', así como 'el fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado'.
Pues bien, el Barómetro Juventud y Género desarrollado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud publicado el pasado mes de septiembre enciende todas las alarmas sobre la urgencia que existe en aplicar de manera real y efectiva
toda la legislación y los compromisos globales adoptados. Entre las conclusiones extraídas por el Barómetro, destaca que los 'estereotipos tradicionales asociados a la feminidad [...] y a la masculinidad [...] siguen teniendo un peso importante y
tienden a construirse por oposición' (pág. 86). Añade, entre sus conclusiones, que '1 de cada 10 hombres directamente niega la existencia de desigualdades' (pág. 88). Así, 'los datos observados en el informe muestran una juventud fuertemente
polarizada en la que los hombres parecen cada vez menos conscientes de las desigualdades producidas en el seno de una sociedad patriarcal como la nuestra' (pág. 88). Uno de los datos más preocupantes es que '1 de cada 5 opina [que la violencia de
género] no existe, que es un invento ideológico' (pág. 69). También es preocupante que el 14% de chicos esté de acuerdo con que la violencia de género es habitual en el seno de la pareja, y un 15,4% opina que, si es de poca intensidad, no es un
problema para la relación (pág. 69).
Además de la percepción, el Barómetro también analiza cómo se ejercen las violencias en los jóvenes, destacando que sólo un tercio de los jóvenes identifica como violencia la sumisión digital. Concretamente, se destaca 'la mayor propensión
al control entre los hombres: un 18,1% destaca que es normal mirar el móvil de la pareja, frente a únicamente el 12,7% de ellas; así como la percepción de los celos como una prueba normalizada del amor (28% entre ellos, 15% entre ellas)' (pág.
30). De hecho, la ONG Save the Children denuncia en su último informe 'No es amor' que los y las jóvenes suelen participar en dinámicas de control, ya que es 'la forma más común en estas relaciones, está legitimada por los mitos del amor romántico
y los estereotipos y es una violencia sutil que no siempre despierta las alarmas del entorno' (pág. 23). De forma más concreta, el informe señala que las redes permiten 'que la situación de violencia en la pareja no esté condicionada a la
presencia física del agresor, sino que se puede ejercer a distancia y de forma mucho más constante en el tiempo, especialmente en la violencia de control' (pág. 21). Además, destaca que la falta de violencia física dificulta 'el reconocimiento, y
los estereotipos asociados a las mujeres adultas víctimas no suelen cumplirse en las adolescentes' (pág. 22).
Negar un problema no hace que desaparezca. Los estudios anteriormente citados demuestran que conviene, de manera urgente y prioritaria, abordar las violencias que surgen entre los y las jóvenes del país y, a su vez, promover de manera
efectiva los conocimientos necesarios entre este colectivo para identificar el perjuicio que suponen los roles de género y las relaciones tóxicas. Sin ello, será imposible eliminar esos roles en la etapa adulta y, por tanto, combatir de manera real
las violencias de género. Tanto el marco legislativo, caso de la LOMLOE o la Ley Orgánica 1/2004, como los compromisos adoptados en la Agenda 2030 dan las herramientas necesarias a los centros educativos a trabajar en ello, pero es necesario que
quede reflejado de manera real en las aulas para revertir la preocupante tendencia en cuanto a las dinámicas de rol de género, que tiene consecuencias evidentes en el tipo de relaciones que adopta la juventud y en su percepción sobre lo que es
violencia. Se debe aplicar, por tanto, la educación con perspectiva de género y la protección del alumnado frente a las violencias, así como fomentar la adquisición de conocimientos basados en la igualdad de género y la detección de estas
violencias.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Favorecer que las Administraciones educativas elaboren protocolos para la detección, actuación y derivación de situaciones de violencia entre niños, niñas y adolescentes, con especial atención a las violencias machistas y sexuales, en
consonancia con lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
2. Promover formación permanente del profesorado en materia de educación en igualdad, educación afectivo-sexual adaptada al nivel madurativo y contra la violencia de género en las aulas, así como
colaborar con las administraciones educativas para que el personal docente tenga las herramientas necesarias para la detección de violencias en las aulas.
3. Desarrollar espacios específicos para el alumnado en el currículum educativo que trabajen en el conocimiento de la igualdad de género y la detección de comportamientos basados en la violencia de género.
4. Favorecer que la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, forme parte de las enseñanzas obligatorias en todas las etapas educativas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la creación de un centro en Galiza para la competitividad y la I+D+i en el almacenamiento de energía que permita el desarrollo industrial en As Pontes después del cierre de la central térmica, para su debate en la Comisión
de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El conocido como Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) establece objetivos, políticas, y medidas para, según el Gobierno del Estado, alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. Señala el almacenamiento de energía
en sus diversas formas como una de las tecnologías que serán claves para la descarbonización, incluyendo 6 GW para la próxima década en el sector eléctrico, con un balance de casi que 250 TWh para 2030. También prevé la elaboración de un Plan de
Desarrollo Industrial que permita capturar el máximo potencial en cuanto a generación de desarrollo económico y empleo industrial derivados de la transición energética, en el que el ámbito del almacenamiento puede suponer una oportunidad para
desarrollar una cadena de valor propia que sea competitiva a nivel gallego, estatal e internacional.
Según la información disponible en la web de Red Eléctrica de España (REE) sobre el último balance eléctrico en Galiza (2020, provisional a 31 de octubre), con el cierre políticoadministrativo y/o de mercado de las dos térmicas de carbón y
con la problemática de las electrointensivas, fundamentalmente los centros de Alcoa en A Coruña y en A Mariña, Galiza continúa a derivar una parte importante (33 %) de su generación eléctrica fuera del propio País, con un dato relevante: la
generación renovable (10 TWh) supera a la demanda (8,7 TWh).
Por otro lado, aún con el abandono de los 1,4 GW que hasta ahora se movían con base de carbón importado, el carácter del municipio de As Pontes (A Coruña) sigue impregnado de energía; el ciclo combinado de gas, dos centrales
hidroeléctricas, y cinco parques eólicos aportan más de 1 GW al sistema eléctrico ibérico. Es necesario contabilizar, también, en el mix energético pontés su recientemente estudiado potencial renovable, que, según el documento, se establece en 437
MW de eólica (frente a los 112 MW en funcionamiento), 44 MW hidráulicos (60 MW actuales), 0,87 MW de biogás, y 981 MW fotovoltaicos -considerando sólo el 60 % de capacidad máxima instalable-, con una generación anual de unos 2,1 TWh, el 24 % de la
demanda de Galiza en 2020 -hasta el 31 de octubre-, según el dato anterior de REE. La potencia total sería de 2,5 GW, entre la renovable, existente y potencial, y la correspondiente al ciclo de gas (856 MW).
Atendiendo a los datos públicos de REE para el caso de As Pontes, el potencial de generación del municipio, en fuentes y en productividad, junto al carácter histórico impuesto a Galiza de productora y exportadora de electricidad, evidencian
la oportunidad y la necesidad -y la obligación de compensación
para con ella y sus gentes- de, dentro de la Estrategia de Almacenamiento Energético, situar en Galiza un centro tecnológico encargado de llevar a cabo los proyectos, gestionar y monitorizar los mismos, así como participar en el desarrollo
de herramientas y tecnologías que mejoren la flexibilidad y la seguridad de la red eléctrica, que posibiliten disponer de una verdadera 'smartgrid' o red inteligente; en él participarían las administraciones competentes en energía y cambio
climático, junto a las responsables de áreas relacionadas y de interés (industria, movilidad, urbanismo, formación, I+D+i,...), así como empresas, instituciones y organismos interesados.
La aplicación de diversas tecnologías de almacenamiento dentro de una misma red, el desarrollo y testado de nuevos sistemas, y la investigación y desarrollo en el campo del almacenamiento energético, tienen en As Pontes un enclave perfecto
para su implantación, en el que el diseño de cada instalación de almacenamiento, así como su programación temporal, se coordinaría con el ritmo de la instalación de las fuentes renovables en el término municipal, posibilitando dar respuesta a la
necesidad de probar, en escenario real, el comportamiento de las diferentes tecnologías eléctricas, electroquímicas, mecánicas, térmicas y químicas del almacenamiento, a gran escala, en redes, y a nivel de usuario final.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Crear el Centro en Galiza para la Competitividad y la I+D+i en el Almacenamiento de Energía, fundación del sector público estatal, con la participación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades.
2. Negociar y acordar con la Xunta de Galiza, con la participación del Concello de As Pontes, aspectos relacionados con la gestión, aportaciones económicas, instalaciones, medios materiales y humanos, programación de actividades para
2021-2030, y puesta en funcionamiento inmediata del Centro en Galiza para la Competitividad y la I+D+i en el Almacenamiento de Energía.
3. Realizar una convocatoria pública, una vez constituida y formalizada, para la participación y/o colaboración de instituciones, organismos y/o empresas interesadas en el Centro en Galiza para la Competitividad y la I+D+i en el
Almacenamiento de Energía que permita capturar el máximo potencial en cuanto a generación de desarrollo económico y empleo industrial derivados de la transición energética.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Plural.
161/003878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del Diputado del PDeCAT Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión Industria, Comercio y
Turismo, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a reactivar urgentemente la construcción del gaseoducto MIDCAT entre España y Francia.
Exposición de motivos
Más allá de la más absoluta condena a la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas, esta nueva realidad ha puesto de manifiesto la dependencia rusa de Europa en el ámbito energético, pues su suministro supone el 50% del consumo
europeo. Reducir la dependencia energética del petróleo y gas ruso, especialmente de algunos países como Alemania o Italia, donde el 55% y el 45% respectivamente del gas natural que consumen procede de ese país, constituye una prioridad
geoestratégica y económica, y supondría una poderosa herramienta para frenar la expansión rusa.
En este contexto, con una agresiva e intratable Rusia, en aras de alcanzar la independencia energética europea, resulta oportuno y estratégico plantear la reactivación de la construcción de la interconexión de gas MIDCAT, también conocida en
terminología comunitaria como STEP (South Transit East Pyrenees), entre España y Francia, proyecto acordado en el año 2013 por los Gobiernos de España, Francia y Portugal, que no obstante se paralizó en 2018 por motivos de competencia y precio.
Actualmente, la viabilidad técnica y económica del proyecto es indiscutible, a la vez que desde un punto geoestratégico es más necesario que nunca. Esta infraestructura representaría la conexión gasista de España con el Sur de Europa. Construido a
día de hoy hasta Hostalric (Girona), el proyecto abarcaría 200 quilómetros que irían desde Hostalric a la frontera francesa y de la frontera al punto de conexión en Francia. La conexión con Francia y Alemania podría proveer de gas natural a esta
última, liberándola del yugo ruso. De tal envergadura estratégica es este proyecto que sería interesante estudiar la posibilidad que se cofinanciara con fondos europeos.
En esta línea, la Península Ibérica cuenta con una posición y estructura gasista estratégica al tener un tercio de la capacidad de regasificación de toda la Unión Europea, al disponer de las más relevantes infraestructuras existentes en el
sur de Europa; 6 infraestructuras de regasificación en España más una en Portugal, que podrían suministrar una gran cantidad de miles de millones de metros cúbicos. Como apunte, Francia cuenta con 3 infraestructuras de regasificación.
El 50% de las plantas de regasificación de toda Europa se ubican en la Península Ibérica. Éstas podrían entregar hasta 70 bcm (miles de millones de metros cúbicos). A modo de ejemplo, el gasoducto del Báltico Nord Stream 2 paralizado ahora
por Alemania y que acaba de entrar en bancarrota, podría entregar hasta 50 bcm.
A día de hoy España dispone de 2 conexiones de gas en Francia por Euskadi y Navarra, que permiten entregar unos 8 bcm anuales. Con el MIDCAT se podría llegar a 17 bcm anuales. España debe apostar por convertirse en el Hub gasista de
Europa, con la colaboración de Portugal, liderando la soberanía europea en el ámbito energético y ganando influencia geopolítica, fruto de las conexiones gasistas con el norte de África y las plantas de regasificación de que dispone España. Esto
contribuiría a la diversificación de fuentes de origen del gas natural que consume Europa, toda vez que habría que potenciar las conexiones energéticas entre España y Francia.
El gas natural tiene que ser un elemento central en la transición energética a fuentes renovables. Puede ser producido de fuentes renovables de biogás, de residuos y las infraestructuras gasísticas pueden usarse para el transporte de
hidrógeno, mezcla con gas natural en la actualidad o en un futuro cuando se quiera prescindir del gas natural por sus efectos emisores de Gases de Efecto Invernadero para ser usados como transporte de hidrógeno.
Por todo ello, los Diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reactivar de forma urgente la construcción del gaseoducto MIDCAT entre España y Francia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/003881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre garantías de
financiación para los municipios turísticos para su debate en instancia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La reactivación y recuperación del sector turístico es uno de los principales ejes de las políticas impulsadas, desde el inicio de la recesión económica provocada por la Covid-19, por las distintas administraciones competentes. También lo
es de la estrategia de resiliencia supranacional promovida por la Unión Europea a través de la emisión a los estados miembros de los Fondos Next Generation.
En el caso del Estado español, el poder ejecutivo ha impulsado desde 2020 hasta la fecha una serie de iniciativas legislativas, tales como el 'Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica
y el empleo'; el 'Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria'; el 'Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19' o el 'Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación'. A su vez, desde el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, se ha desplegado el Plan de Modernización y Competitividad el sector turístico, con una inversión pública de 3.400 millones de euros. Ahora bien, toda esta jurisprudencia no ha abordado algunas de las peticiones que
el sector viene haciendo al Estado.
Cierto es que la competencia en materia de turismo goza de la descentralización que permite a los territorios defender las especificidades de sus territorios, como es en el caso dels Països Catalans. Aunque estas competencias son
exclusivas, encuentran limitaciones en algunas materias transversales que impactan en el desarrollo turístico, como es el caso de las Haciendas Locales.
El artículo 125 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales recoge un sistema adicional de financiación para los municipios turísticos y define el criterio para tener esta consideración. Entendemos que se trata de criterios
excesivamente restrictivos que dejan fuera a municipios con una elevada actividad turística y que se ven obligados a afrontar con recursos propios todos los costes y externalidades derivados de esta actividad sin obtener una contrapartida derivada,
por ejemplo, por el mayor consumo en su ámbito territorial.
El incremento de población en temporada turística provoca una presión añadida sobre los servicios públicos y en cambio son pocos los municipios que pueden beneficiarse de este mecanismo adicional de financiación. Planteamos ampliar el
ámbito subjetivo de los municipios considerados turísticos a efectos de poder beneficiarse de este sistema adicional de financiación.
Todas las actuales líneas de actuación pasan por la reconversión del modelo turístico hacia la sostenibilidad, el desarrollo del producto turístico, la digitalización del sector, la actuación urgente en el ámbito de la competitividad y el
apoyo a través de la promoción de la resiliencia a los territorios extrapeninsulares. Sin embargo, todo ello se queda corto si hay poblaciones turísticas que no pueden acceder a financiación adicional que, a su vez, ayude a impulsar y a promover la
reconversión del modelo turístico.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Modificar el apartado 1 del artículo 125. Municipios turísticos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que sean considerados
municipios turísticos aquellos que tengan una población superior a 10.000 habitantes, siendo la actual consideración de 20.000 habitantes.
2. Modificar el apartado 1 del artículo 125. Municipios turísticos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que sean considerados
municipios turísticos aquellos donde el número de plazas hoteleras supere el 50% de la población empadronada en el municipio, factor sin contemplar en los actuales criterios de consideración de localidades como municipios turísticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/003884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en apoyo a la competitividad y el
futuro de los puestos de trabajo de la industria española de producción de vehículos y sus componentes, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Las factorías que tienen instaladas diferentes multinacionales de producción de vehículos en nuestro país tienen un carácter estratégico por cuanto constituyen, junto con las empresas auxiliares, el principal motor económico y laboral de la
industria automovilística española.
La situación de la industria del automóvil no está pasando por los mejores momentos debido a la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 y a la falta de medidas y estímulos efectivos por parte del Gobierno de España. Además de esto, la
crisis de semiconductores y la disminución de la demanda está derivando en una crisis estructural del sector automovilístico y las industrias derivadas que aboca a un nuevo contexto de incertidumbre y desasosiego en el sector.
España es el noveno fabricante de automóviles en el mundo y el segundo de Europa gracias a la posición competitiva y estratégica que tradicionalmente ha presentado nuestra economía. Prueba de ello es que el conjunto del sector (incluyendo a
fabricantes y distribuidores, talleres de reparación y vendedores no oficiales, así como empresas de componentes) representan el 10% del PIB español y emplea al 9% de la población activa.
El sector de la automoción cuenta con 16 plantas de producción tras el cierre de Nissan, distribuidas por la geografía española, y más de 50.000 pequeñas y medianas empresas asociadas entre fabricantes de componentes y distribución,
manteniendo así más de 350.000 empleos de forma directa.
Una industria que tiene el compromiso de evolucionar hacia la descarbonización, y cuya transformación ya ha sido cuantificada por el sector; se creará un valor en la cadena industrial de automoción española que podría pasar de los 210.000
millones de euros hoy a 310.000 millones de euros en 2040.
Este incremento de valor, supondría un 12% de aumento en la recaudación fiscal, con una elevación estimada del PIB nacional del 12%, y un incremento del 4,5% de la balanza comercial, creando además 1,48 millones de puestos de trabajo en
España.
Además, la inversión que el sector va a realizar para hacer posible esa transformación asciende a 54.000 millones de euros hasta el 2040, de los cuales un 25% será en el propio automóvil, un 25% en la infraestructura eléctrica, 18% en
tecnologías de información y comunicaciones, un 17% por ciento en software, un 13% componentes, y 2% por ciento en retail,
Pero para que esa transformación industrial sea posible es fundamental que la demanda interna actúe como motor del cambio. La crisis del Covid-19 no ha venido a facilitar ese impulso transformador de nuestra industria de automoción. El
impacto de la pandemia se tradujo en una caída del (32%) en matriculaciones en 2020, descendiendo de 1 millón y 258.260 unidades en 2019 a 851.211 unidades en 2020. Si analizamos también las exportaciones, se comprueba que la producción también
cayó, aunque en menor medida, un (19%), en torno a 600.000 unidades menos que en el mismo período del 2019.
A pesar de que la demanda nacional que se estimaba para el presente año 2021 era de 925.000 unidades (un 9% más), y era insuficiente si lo comparábamos con la caída producida en el 2020 (un 32%), los resultados finales han sido preocupantes
y la recuperación no se producirá en principio hasta 2023.
La pandemia, la crisis económica, los paros de producción por altos costes energéticos y falta de componentes en la cadena de valor, el retraso en la puesta en marcha de los fondos Next Generation, del PERTE VEC y de la ejecución de los
programas previstos en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (la más baja ejecución de todos los Ministerios) y el contexto general de incertidumbre propiciado por el Gobierno, así como la suma de otras cuestiones como la crisis de los
semiconductores y los cuellos de botella en la logística, ha provocado que las matriculaciones de turismos y todoterrenos cayeran un 18,7% en el mes de diciembre de 2021, hasta las 86.081 unidades, respecto de diciembre de 2020; las matriculaciones
de vehículos comerciales ligeros se redujeron en un 35% respecto de diciembre de 2020, hasta las 10.838 unidades y los vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses cierran el mes de diciembre con una caída de las entregas del 4%, con
1.686 unidades.
Esta importante frenada en la matriculación de vehículos ha lastrado a diferentes factorías de producción. El pasado 16 de diciembre, Nissan fabricó su último vehículo en la fábrica de Zona Franca de Barcelona después de 40 años de
historia.
Resulta preocupante que el contexto actual pueda llevar a otras empresas a seguir el mismo camino que la multinacional Nissan. La reducción de producción por la caída de demanda, los procesos de reestructuración y la aplicación de ERTE a
gran parte de las plantillas, están dejando a muchas factorías y empresas de componentes ante un futuro incierto a medio y largo plazo y, obviamente, hacia un horizonte de reducción de actividad y, por tanto, de puestos de trabajo y creación de
riqueza.
Y en ese sentido, las factorías de automóviles más importantes establecidas en España llevan más de un año a la espera del reparto de los fondos europeos para poder decidir las inversiones que asignen nuevos modelos que aseguren la
viabilidad futura de las plantas en España. Y esas decisiones se toman fuera de España y con propuestas encima de la mesa de otros países que sí han puesta en marcha ya propuestas concretas para atraer dichas inversiones a la industria de
automoción de sus países.
Grandes grupos como Ford, Volkswagen o Stellantis, todos ellos, grupos multinacionales con instalaciones en diferentes países europeos y que toman las decisiones de adjudicación de fabricación de nuevos modelos siguiendo únicamente criterios
de rentabilidad, siguen a la espera respecto a España. Recientemente el más alto responsable de uno de ellos, el consejero delegado del grupo automovilístico Stellantis (Fiat-Peugeot), Carlos Tavares, llegó a afirmar públicamente que se estaba
poniendo en riesgo 30 años de éxito de la industria de automoción española por la falta de interés que está demostrando el Gobierno. Y es que, mientras varios países europeos se encuentran en negociaciones con los equipos directivos de las esas
grandes marcas, en España no encuentran un interlocutor para poder negociar ayudas que justifiquen unos costes más bajos que en otros países y, por tanto, la decisión de adjudicar un nuevo modelo a sus fábricas españolas.
Sirva como ejemplo el de Ford Almussafes en Valencia, que cerró el ejercicio 2021 con el segundo peor dato de producción de vehículos de toda su historia, por lo que el futuro de la planta pasa por recibir nuevas adjudicaciones que
garanticen el empleo. En particular, es imprescindible que llegue alguno de los modelos eléctricos o electrificados por los que apostará Ford durante los próximos años y para ello el apoyo del Gobierno resulta fundamental.
También, el grupo Volkswagen debe decidir el lugar de fabricación de su nueva generación de coches eléctricos. Pero si el Gobierno no muestra interés, la fábrica de Landaben, en Navarra, que optaba por algún modelo nuevo de coche
electrificado, podría tener su futuro a medio plazo hipotecado. O las instalaciones de Seat de Martorell, preparada para recibir modelos electrificados del grupo VAG.
Y es que la falta de acción y desidia del Gobierno hoy con la industria de automoción, que impide las inversiones, acaba aflorando en sus resultados a medio plazo, con cierres y desempleo.
El análisis de la situación general actual es muy malo y las previsiones a largo plazo no son nada halagüeñas. El sentir es unánime en el sector y en los trabajadores: 'Echamos de menos una muestra de apoyo clara por parte del Gobierno de
España'.
Si los datos de diciembre antes citados ya eran malos, el cierre del ejercicio 2021 y el comienzo de enero de 2022 confirman los peores augurios; en 2022 se han matriculado el 50% de los vehículos que se matricularon en el mismo mes de 2020
o 2019; 2021 se ha cerrado con una caída de la fabricación nacional del 7,1% respecto a 2020, el año de la pandemia y los confinamientos, ya que sólo se produjeron 2.09.133 unidades, lo que supone ya una caída acumulada del 25,6% frente a 2019, año
en el que se fabricaron 2.822.360, es decir, 724.227 más que este pasado año 2021. Y es que, además de la disminución de las exportaciones y el problema de las cadenas de suministro con la escasez de microchips, se viene a sumar la debilidad del
mercado nacional y el encarecimiento de los costes energéticos.
El mercado nacional se encuentra muy debilitado por la pérdida de poder adquisitivo y por el 'castigo' fiscal que se viene imponiendo al sector de automoción, con el incremento del precio de los carburantes (+26% la gasolina) y el incremento
del coste de matriculación, por efecto de la entrada en vigor de la normativa comunitaria del cómputo de las emisiones.
Por otro lado, las políticas públicas de promoción de la demanda, con el Plan MOVES III (que contempla 400 millones + 400 adicionales), centradas en exclusiva en la compra de vehículo eléctrico y desarrollo de sus infraestructuras de
recarga, están siendo insuficientes para promover la transformación que la industria de automoción necesita, mientras se sigue envejeciendo el parque de automoción español, al abandonar el Gobierno en 2021 el Plan RENOVE que potenciaba el
achatarramiento con la compra de vehículos de bajas emisiones, de cualquier tecnología. También el proyectado Fondo Nacional para la
Sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional, trasladará mayores costes hacia el sector de los hidrocarburos y los combustibles.
Además, la necesidad de impulsar la transformación de la industria hacia modelos alternativos, como el hidrógeno o el eléctrico, sigue pecando de voluntarismo, falta de realismo y aparece huérfana de acciones eficaces por parte del Gobierno;
estamos muy atrás respecto a nuestros vecinos en parque de vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga y es qué el famoso PERTE del Vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEO), que se anunció por el Presidente en marzo del año pasado, aún está
pendiente de las primeras convocatorias de ayudas que deberá realizar el IDAE. ANFAC y todo el sector viene denunciando el injustificable retraso y la falta de prioridad que les dedica el Gobierno. La falta de publicación de las convocatorias de
ayudas impide la concreción hasta ahora de la asignación de los 2.975 millones de las ayudas europeas empleadas en el PERTE VEC, lo que está neutralizando el que debería ser necesario impulso público para las decisiones inversoras se enfoquen en
España.
Además del escándalo que supone que el Presidente Sánchez anunciara un consorcio público para su desarrollo -con 'nombres y apellidos' de sus participantes-, cuando aún no se había comenzado ni un solo trámite del proceso de concurrencia
competitiva que prevé el RDL 36/2020, de 30 de diciembre, el retraso en la convocatorias y la no consideración de subsectores estratégicos de la cadena de valor, como el de concesionarios, según renuncia reciente de FANCONAUTO, está alentando la
sensación de agravio y falta de transparencia; cuando las ayudas se concreten, puede ser demasiado tarde.
Recientemente, el RD Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones de digitalización de redes de
distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y las previsiones contenidas en el RDL 29/2021, recientemente convalidado,
abundan en un enfoque que otorga ventajas y ayudas a las grandes compañías eléctricas distribuidoras, pero no a otros obligados a cumplir con las previsiones de la Ley de cambio Climáticos y del propio RDL 29/2021 en esta materia. Es necesario un
modelo distinto para superar la barrera de la falta de infraestructuras par recarga de vehículo eléctrico y alternativo (hidrógeno, biocombustibles y otros) mediante un Red Nacional de Infraestructuras de Recarga que otorgue ayudas a los
emplazamientos eficientes, es decir, que ayuden a configurar una red nacional capilarizada por tramos de kilómetros y que incluya también a la España rural.
La negativa a suprimir el IVA a los vehículos eléctricos (como en Portugal); el retraso en el cobro de las ayudas del Plan Moves, con un inadecuado diseño que impide su asignación de acuerdo a la demanda real en cada territorio; el retraso
en el desarrollo de la infraestructura de recarga eléctrica; el aumento del impuesto de matriculación, por el que el 40% de los compradores verán que les cuesta más caro comprar un vehículo en España desde el pasado 1 de enero; o la falta un Plan
Renove que incentive la renovación de los vehículos antiguos contaminantes por vehículos nuevos de bajas emisiones, son cuestiones adicionales que siguen complicando la situación a la industria de automoción española y la recuperación de su mercado
interno.
A todo lo anterior, viene ahora a unirse una reforma laboral que penaliza las actividades, como la de automoción, sometida a ciclos de temporalidad y necesitada de una negociación colectiva enfocada en los convenios de empresa, que atienda a
las peculiaridades que cada una de ellas presenta, como parte de grandes multinacionales con sus centros de decisión fuera de España y con los mejores ratios de contratación indefinida, inversión en formación e l+D+i y salarios del conjunto del
sector industrial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar con urgencia las medidas que refuercen la competitividad y el futuro de los puestos de trabajo de la industria española de producción de vehículos y sus componentes y,
especialmente, las siguientes:
1. Realizar todas las acciones gubernamentales e interministeriales necesarias encaminadas a garantizar la viabilidad a corto, medio y largo plazo del centro productivo y los puestos de trabajo de las factorías de producción de automóviles
y sus componentes en España, priorizando e impulsando la interlocución activa del Presidente del Gobierno y de la Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con los equipos directivos responsables de la toma de decisiones en sus empresas.
2. Poner en marcha medidas tributarias que contribuyan a que el sector del automóvil recupere la actividad previa a la crisis económica y los ingresos necesarios para garantizar su viabilidad, con especial atención a la recuperación del
mercado nacional.
3. Garantizar un marco normativo industrial para el sector del automóvil estable y competitivo que atraiga y promueva las inversiones necesarias para garantizar el futuro de las empresas de producción de vehículos y sus componentes.
4. Dar cumplimiento al mandato de la Cámara para que el Gobierno elabore un Libro Blanco sobre el impacto de las reformas energéticas de los últimos tres años en el tejido productivo, comenzando con el experimentado en la industria de
automoción.
5. Aprobación del Estatuto del Consumidor eléctrico hiperintensivo y el conjunto de medidas de reducción fiscal y de cargos regúlatenos que permitan reducir el actual coste energético que soporta la industria de automoción y su cadena de
valor.
6. Impulsar el dialogo social para facilitar acuerdos laborales entre las empresas y los empleados que promuevan la competitividad y el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores.
7. Ejecutar las inversiones de mejora pendientes en los entornos industriales de las factorías con la finalidad de impulsarlos como polos estratégicos de innovación tecnológica para la movilidad sostenible.
8. Inmediata publicación de las convocatorias de ayudas del PERTE VEC.
9. Puesta en marcha de un nuevo Plan Renove 2022-2024 que incentive la renovación de los vehículos antiguos por vehículos de más bajas emisiones y menor consumo.
10. Replanteamiento y mayor dotación para un nuevo Programa MOVES IV, que considere todas las tecnologías y el desarrollo de una RED Nacional de Infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico y alternativo, enfocado en la capilaridad en
todo el territorio nacional y permita superar el retraso respecto a nuestros vecinos europeos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2022.-Belén Hoyo Juliá, Guillermo Mariscal Anaya y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reducción de costes del gas
natural en la industria gasintensiva del azulejo y pavimento cerámico, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El mercado energético a nivel mundial se encuentra inmerso un marco de inestabilidad con escasa previsión de regularización a corto/medio plazo. Dichos desequilibrios están provocando la modificación al alza de los precios energéticos,
tanto para las familias como para la industria.
No obstante, los gobiernos nacionales tienen margen de maniobra para aplicaren sus respectivos mercados medidas específicas que les permita preservar o incrementar comparativamente la competitividad de su tejido productivo, en ese contexto
general negativo.
Lamentablemente, el Gobierno español sólo reaccionó tímidamente en junio de 2021 con las medidas que se contenían en el RDL 12/2021, que hubieron de ser ampliadas en el RDL 17/2021 de setiembre y rectificadas parcialmente en el RDL 23/2021.
A pesar de ello, el coste energético para el tejido productivo se ha incrementado en mayor proporción en nuestro país que en nuestros países vecinos. Ello se debe en gran medida a la falta de recortes significativos en la carga fiscal que soporta
la electricidad, el gas y el resto de hidrocarburos. Las últimas medidas de urgencia contenidas en el RDL 29/2021 tampoco garantizan una rebaja significativa de los costes del gas, porque sigue sin reducirse el IVA ni aplicar bonificaciones a otros
impuestos y cargos regulatorios que gravan el gas en España, como si se ha hecho con el coste de la electricidad.
A ello se añade el plan del Gobierno con el proyecto de Ley de Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que pretende traspasar al sector del gas y resto de hidrocarburos la mayor parte de la deuda histórica de las
primas a las renovables en el sector eléctrico (RECORE), lo que tensionaría al alza aún más los precios del gas. Las compensaciones que prevé el proyecto de Ley, aún por determinar, correrían el riesgo de ser consideradas por la UE ayudas de Estado
y someterían a las empresas y sectores beneficiarios de las mismas, a una contingencia e inseguridad que puede evitarse si se consideran como exenciones y no como compensaciones.
En definitiva, las consecuencias derivadas de todos los factores expuestos que están contribuyendo al alza de los costes en el gas están afectando muy negativamente a los sectores económicos que tienen una fuerte dependencia de la energía,
lo cual está provocando una ralentización de las inversiones y de la contratación laboral en general.
El riesgo de cierre de empresas es real e incluso puede llegar a afectar a la supervivencia de clústeres referentes en la economía española, como es el caso del clúster de la Cerámica. Esta industria genera en nuestro país más de 16.000
empleos distribuidos en 123 empresas de azulejos y pavimentos cerámicos, el 94% de las cuales están en la provincia de Castellón.
En volumen, España es el primer exportador europeo de azulejos y pavimentos cerámicos, y el segundo del mundo. Solo le aventaja China.
Las ventas en 2021 han registrado una tendencia positiva que les ha permitido cerrar con un aumento del 20% en la facturación total y las exportaciones previstas sumarán un aumento del 19%, dos puntos menor que el peso del mercado doméstico,
que crece un 22%.
Se aprecia, por tanto, que no nos encontramos ante una crisis de demanda, sino de costes. La energía es un coste decisivo en la estructura productiva de este sector, ya que sus hornos se alimentan con gas y, hoy por hoy, no existe otra
alternativa viable. Sirva como ejemplo el hecho de que a estas industrias se les ha disparado la factura del gas un 140% en el último año, un golpe brutal a su cuenta de resultados, debido a que en torno al 14% de lo que cobran por su producto se
destina para pagar el coste energético, por lo que si ese componente se dispara un 140%, el margen de beneficio se ve totalmente comprometido.
Además, a la escalada de los costes energéticos se suma también la disparada cotización de los derechos de emisión de CO2, que se han convertido en otro lastre para este sector que consume el 7% del gas de toda España y el 50% del total de
la Comunidad Valenciana.
Parar los hornos, suspender temporalmente la producción, tiene consecuencias directas en términos económicos y de empleo. Y si no se toman medida urgentes, muchas industrias del sector se van a ver obligadas a ello.
Gran parte de las soluciones para la estabilización de los costes energéticos dependen de los gobiernos, por ello consideramos que es momento de actuar de forma ágil y efectiva a través de iniciativas que minimicen dicho impacto económico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplicar medidas específicas para la reducción de costes del gas natural en la industria gasintensiva del azulejo y pavimento cerámico mediante, entre otras, las siguientes medidas:
1. Estudiar la eliminación del impuesto especial sobre hidrocarburos.
2. Reducir el coste de la factura de gas natural mediante la disminución de los peajes, lo cual reduciría de forma inmediata los costes del gas natural para la industria y armonizaría el diferencial de precios con el resto de los países
europeos.
3. Reducir el IVA del 21% al 10%.
4. Promover la exención de la cuota participativa en el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico para los sectores industriales gasintensivos.
5. Impulsar alternativas energéticas basadas en los gases renovables dirigidas a cubrir el consumo anual energético del clúster de la cerámica de Castellón (14 TWh) a través de la inversión público-privada en gases renovables, así como en
la producción, distribución y consumo de hidrógeno verde.
6. Exhortar a la Comisión Europea a la evaluación del funcionamiento del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) para que se suavice el impacto de la subida de los precios del gas natural, la exclusión de los especuladores del
RCDE para que el precio se ajuste a necesidades reales de
descarbonización y la compensación del pago de Derechos de Emisión con inversiones previas en materia de descarbonización en las propias empresas.
7. Regular la figura del consumidor gasintensivo, elaborando un Estatuto ad hoc para ello.
8. Incorporar las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2, el incremento de las interconexiones gasistas y la plena utilización de la infraestructura gasista y de abastecimiento a nuestro sistema peninsular, como parte de la
estrategia de rebaja del coste del gas en España y de las acciones financiables con fondos Next Generation a fin de avanzar hacia los objetivos de descarbonización de manera justa y gradual, sin poner en riesgo el tejido industrial y el empleo.
9. Promover la defensa ante las autoridades de la UE del mecanismo de 'ajuste en frontera', que evite competencia desleal de importaciones de productos que no han de soportar en origen los costes imputables a las políticas ambientales y de
lucha contra el cambio climático vigentes en la UE.
10. Cumplir con urgencia el requerimiento al Gobierno aprobado por la Cámara en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo a fin de que el Gobierno elabore un Libro Blanco sobre el impacto en el tejido productivo español de las reformas
regulatorias en energía en los últimos tres años, con especial atención al impacto experimentado por la industria gasintensiva del sector del azulejo y el pavimento cerámico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2022.-Belén Hoyo Juliá, Guillermo Mariscal Anaya y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la puesta en marcha de un Plan
Nacional Integral de Modernización y Renovación del Parque de Vehículos Español con el objetivo de fortalecer y contribuir a la transformación de la industria nacional de automoción, favorecer la reducción de emisiones contaminantes y mejorar la
seguridad vial, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
1. La transformación de la movilidad: una oportunidad para la industria, la descarbonización y el empleo nacional.
Muchos analistas y expertos en materia de movilidad insisten en que la nueva movilidad pone al ciudadano en el centro. Un centro que irradia una clara apuesta por la descarbonización y señala como objetivo irrenunciable la electrificación
de los vehículos, hibridaciones y motores de combustión más eficientes; con vehículos conectados que comunican e interactúan con las infraestructuras y su entorno público y privado y que incluso gozan de sistemas de conducción y guía autónoma que
nos trae retos sobre la seguridad y los dilemas morales que conlleva la inteligencia artificial que 'toma decisiones' de manera autónoma e independiente del ser humano. Finalmente la movilidad, pensada como un conjunto de servicios de valor añadido
para el usuario, ve crecientemente sustituido en el clásico modelo de propiedad hacía nuevos sistemas de gestión de flotas y usos compartidos.
Estos cambios profundos de la movilidad y el transporte que conocíamos están en marcha, pero los objetivos finales no se alcanzarán de la noche a la mañana. Será un proceso de transformación gradual, constante, y en las que la movilidad
aérea urbana y periurbana no será probablemente el menor de ellos. Por ello, desde los poderes públicos deben impulsarse los mecanismos, políticas y programas que permitan a nuestro país estar a la vanguardia de dichos cambios y aprovechar todas
las oportunidades que ofrece, tanto desde el punto de vista de la seguridad vial, la calidad y comodidad del transporte y de nuestras ciudades y la consolidación y creación de tejido productivo y empleo.
Porque no podemos olvidar que todas estas soluciones permiten proyectar una transformación en nuestra industria de automoción, que es la segunda de Europa y la octava el mundo, generando el 10 % del PIB y empleando a dos millones de
españoles. Cuenta con 17 fábricas, en 10 Comunidades
Autónomas, 14 marcas y 44 modelos fabricados en España (de los cuales 15 serán modelos eléctricos a partir del presente año). Una industria que tiene el compromiso de evolucionar hacia la descarbonización, y cuya transformación ya ha sido
cuantificada por el sector; se creará un valor en la cadena industrial de automoción española que podría pasar de los 210.000 millones de euros hoy a 310.000 millones de euros en 2040.
Este incremento de valor supondría un 12 % de aumento en la recaudación fiscal, con una elevación estimada del PIB nacional del 12 %, y un incremento del 4,5 % de la balanza comercial, creando además 1,48 millones de puestos de trabajo en
España.
Además, la inversión que el sector va a realizar para hacer posible esa transformación asciende a 54.000 millones de euros hasta el 2040, de los cuales un 25% será en el propio automóvil, un 25% en la infraestructura eléctrica, 18% en
tecnologías de información y comunicaciones, un 17% por ciento en software, un 13% componentes, y 2% por ciento en retail.
Pero para que esa transformación industrial sea posible es fundamental que la demanda interna actúe como motor del cambio. La crisis del COVID-19 no ha venido a facilitar ese impulso transformador de nuestra industria de automoción. El
impacto de la pandemia se ha traducido en una caída del (32 %) en matriculaciones en 2020, descendiendo de 1 millón y 258.260 unidades en 2019 a 851.211 unidades en 2020. Si analizamos también las exportaciones, se comprueba que la producción
también cayó, aunque en menor medida, un (19 %), en torno a 600.000 unidades menos que en el mismo período del año pasado.
A pesar de que la demanda nacional que se estima para el presente año 2021 sea de 925.000 unidades (un 9 % más), si lo comparamos con la caída producida en el 2020 (un 32 %), se seguirá manteniendo en cifras muy inferiores a las de 2019, por
lo que la recuperación comenzará como muy pronto en 2022 y no se completará en principio hasta 2023.
Por otro lado, el 2021 se ha cerrado con una caída de la fabricación nacional del 7,1 % respecto a 2020, el año de la pandemia y los confinamientos, ya que sólo se produjeron 2.09.133 unidades, lo que supone una caída acumulada del 25,6 %
frente a 2019, año en el que se fabricaron 2.822.360, es decir, 724.227 más que este pasado año 2021. Y es que, además de la disminución de las exportaciones y el problema de las cadenas de suministro con la escasez de microchips, se viene a sumar
la debilidad del mercado nacional.
El último dato de enero de 2022, proporcionado por ANFAC, FANCONAUTO y GANVAM, es que las matriculaciones de turismos y todoterrenos crecen un 1 % respecto al mismo mes de 2020, con 42.377 unidades. Pero el mes de enero de 2021 sumo a la
pandemia de la COVID-19 la nevada histórica Filomena, que tuvo bloqueadas poblaciones como Madrid durante casi dos semanas del mes. El dato de enero de 2022 es el segundo más bajo de la serie histórica desde el año 2000, después del de 2021.
Algunas valoraciones de los gremios del sector:
Las razones que están deprimiendo el mercado nacional de vehículos pueden concretarse en la pérdida de poder adquisitivo de los potenciales compradores:
- Tenemos un incremento del 5 % en el precio del 60 % del mercado de vehículos por aumento del impuesto de matriculación.
- Existe una fuerte incertidumbre del consumidor a la que se añade la pérdida de renta asociada al anuncio de aumento de la presión fiscal sobre combustibles.
- Existen aún dificultades para la recuperación del turismo y la plena movilidad.
- Los nuevos modelos de vehículos menos contaminantes, especialmente en las versiones eléctricas, tienen precios más elevados de adquisición y deben superar barreras relacionadas con el desarrollo de infraestructuras de recarga.
Por otro lado, en el primer mes del año 2022, el sector de la automoción sigue lastrado por la falta de microchips, que reduce los stocks disponibles de vehículos y prolonga los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia, dado
que la recuperación no es general y está tardando más en unos sectores que en otros y, especialmente está tardando en el sector de automoción porque el Gobierno no acaba de atender a sus legítimas demandas.
El mercado nacional se encuentra muy debilitado por la pérdida de poder adquisitivo y por el 'castigo' fiscal que se viene imponiendo al sector de automoción, con el incremento del precio de los
carburantes (+ 26 % la gasolina) y el incremento del coste de matriculación, por efecto de la entrada en vigor de la normativa comunitaria del cómputo de las emisiones.
Por otro lado, las políticas públicas de promoción de la demanda, con el Plan Moves III (que contempla 400 millones + 400 adicionales), centradas en exclusiva en la compra de vehículo eléctrico y desarrollo de sus infraestructuras de
recarga, están siendo insuficientes para promover la transformación que la industria de automoción necesita, mientras se sigue envejeciendo el parque de automoción español, al abandonar el Gobierno en 2021 el Plan Renove que potenciaba el
achatarramiento con la compra de vehículos de bajas emisiones, de cualquier tecnología. También el proyectado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional, trasladará mayores costes hacia el sector de los hidrocarburos y los
combustibles.
Además, la necesidad de impulsar la transformación de la industria hacia modelos alternativos, como el hidrógeno o el eléctrico, sigue pecando de voluntarismo, falta de realismo y aparece huérfana de acciones eficaces por parte del Gobierno;
estamos muy atrás respecto a nuestros vecinos en parque de vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga y es que el famoso PERTE del Vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEC) que se anunció por el Presidente en marzo del año pasado, aún está
pendiente de las primeras convocatorias de ayudas que deberá realizar el IDAE. ANFAC, y todo el sector, viene denunciando el injustificable retraso y la falta de prioridad que les dedica el Gobierno. Recientemente, se alertaba públicamente desde
voces muy autorizadas del sector que se corría el riesgo de poner en peligro treinta años de éxito en la industria de automoción española.
Recientemente, el Real Decreto Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones de digitalización de
redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 29/2021,
recientemente convalidado, abundan en un enfoque que otorga ventajas y ayudas a las grandes compañías eléctricas distribuidoras, pero no a otros obligados a cumplir con las previsiones de la Ley de Cambio Climático y del propio Real Decreto-ley
29/2021 en esta materia.
Debe llamar nuestra atención el hecho de que el mercado de usados cayera en España sólo un - 6.4 %, frente al - 35,9 % de mercado de nuevos vehículos. Se venden 2,1 vehículos de ocasión por cada uno nuevo en España, demostrando que los más
envejecidos son los económicamente más accesibles. Así, se vendieron en España 784.441 usados, frente a las 360.057 nuevas matriculaciones en 2020.
Especialmente alarmante es que, de los usados vendidos, el 32,7 % tenía más de 15 años (la cuota crece un 15,6 % respecto a 2019); y el 26,5 % entre 10 y 15 años (incremento del 26,3% respecto a 2019).
En resumen, el 60,1 % de los coches de segunda mano vendidos en España en 2020 tenía más de 10 años. Y los más vendidos han sido modelos diésel 60,1 %, frente a los de gasolina que representaron el 36,1 %.
Y esa tendencia ha permanecido durante 2021. En 2021, el mercado de vehículos de ocasión cerró el año con un total de 1.989.662 unidades vendidas, un incremento del 9 % respecto al ejercicio 2020, pero aún un 5,2 % por debajo de las ventas
en 2019. Y la brecha del parque cada vez más envejecido sigue aumentando respecto al vehículo nuevo. Al cierre de 2021, el mercado del automóvil seguía estancado en la baja de 2020, con un escaso crecimiento del 1 % respecto a 2020, que comparando
con 2019 (el último año de ritmo fiable antes de la pandemia), sigue manteniendo la caída de las matriculaciones en un preocupante - 32 %.
Por cada vehículo nuevo que se matriculó el pasado año en España se vendieron 2,3 de ocasión. Las ventas de usados de entre 5 y 8 años fueron las que más crecieron durante el 2021, con una subida del 34,2 %, 173.699 unidades y un incremento
del 24,5 % respecto a 2019. Los vehículos de más de 15 años, incrementaron sus ventas en un 22,7 % en relación a 2020 y acapararon el el 34 % del mercado, en línea con la situación precedente en 2019, manteniendo la cuota de mercado de más de 10
años en un 60 % del total.
Esta situación pone de relieve que el diseño del mecanismo de ayudas no está funcionando. Por un lado, las ayudas para el achatarramiento estuvieron mal planteadas; La ejecución presupuestaria del Plan Renove a fecha del cierre de
solicitudes el 31 de diciembre de 2020 era de 41.404 solicitudes por un valor de 44.344.250 euros, lo que supone un 17,75 % del total del presupuesto asignado de 250 millones de euros disponibles para 2020. A la vista del fracaso, el Gobierno tomó
la decisión de no mantener el
Programa Renove para el ejercicio 2021, cuestión que consideramos como un profundo error -a pesar de que no haya sido un mecanismo de ayudas eficaz tal y como estaba redactado-, dado el envejecimiento del parque y las consecuencias que para
la descarbonización y la seguridad vial se derivan de ello.
A día de hoy no se conoce ninguna alternativa al Plan Renove; tan sólo el programa Moves III destinado a la movilidad eléctrica.
Por otra parte, el indicador de retirada de vehículos en 2019 se situó en el (3 %,) lejos de lo que fue el mejor dato del (5 %) de años anteriores. Han de tomarse medidas eficaces para, recuperar al menos ese (5 %) perdido.
Por otro lado, debe considerarse singularmente las particularidades del vehículo industrial. Tal es así que la asociación de los concesionarios oficiales (Faconauto) ha reclamado un Plan de Renovación de los vehículos industriales con el
objetivo de paliar la antigüedad del parque y de no hacer una transición forzada hacia la electromovilidad, poniendo en peligro los puestos de trabajo, con una dotación de al menos, 400 millones de euros. Consideran que la autonomía de los
vehículos industriales eléctricos es todavía limitada, por lo que seguirá siendo necesaria la tecnología diésel, que con los motores Euro VI ya ha conseguido reducciones muy significativas de emisiones. Señalan como ejemplo de las limitaciones
actuales para la movilidad eléctrica en vehículos industriales que durante 2021 las matriculaciones de vehículos industriales eléctricos fueron sólo de 19 unidades. Según la Asociación de concesionarios, una transición precipitada y desordenada
hacia la masificación del vehículo industrial eléctrico podría destruir entre el 25 % y el 30 % de los empleos hasta 2030, ya que requieren menor mantenimiento y servicio postventa, que es una parte esencial de la actividad del concesionario
oficial.
Además, la escasez de semiconductores y la falta de stock que sufren los concesionarios de vehículos industriales españolas está colocando en dificultades adicionales a los distribuidores, con una creciente inseguridad y aumento de costes a
toda la cadena de valor del sector, desde carroceros a transportistas, pero sin la fortaleza financiera de las grandes multinacionales de la industria.
En estas condiciones, el riesgo de más cierres de factorías, como las tres plantas de Nissan en Barcelona, podría repetirse con otras marcas de grandes grupos con fábricas en España como Stellantis, Volkswagen o Ford, que toman las
decisiones de inversión para fabricación de nuevos modelos buscando la rentabilidad y, lamentablemente, se quejan de no encontrar en el Gobierno de España una interlocución adecuada para negociar las condiciones que hagan posible esa mayor
rentabilidad en España que en otros países que también compiten por atraer esas inversiones.
Además, esta situación no solo afecta a nuestras oportunidades industriales y al potencial de conservación y generación de empleo, sino que acaba dilapidando la posibilidad de avanzar más rápidamente en la reducción de emisiones y generando
serios problemas en la seguridad vial. Los vehículos más antiguos contaminan más y disponen de menos ayudas a la conducción y también disponen de menos elementos de protección para las personas, teniendo por tanto menos capacidad de respuesta ante
una emergencia y por ello son más inseguros.
2. El 'modelo progresivo objetivo' para la descarbonización del transporte y para superar los objetivos climáticos, creando industria y empleo.
En cuanto a la renovación del parque y su efecto en la descarbonización, tenemos que tener en cuenta que España tiene el compromiso ante la Comisión Europea de tener un parque de vehículos eléctricos en 2030 de 5 millones, así como un
ambicioso objetivo de reducción de emisiones de CO2 y otras partículas contaminantes. La renovación del parque que se propone contribuirá decisivamente a la consecución e incluso mejora de dichos objetivos.
El PNIEC incluye solo dos objetivos concretos, pero muy ambiciosos, para el sector de automoción: un parque de vehículos eléctricos en 2030 de 5 millones (3 millones de turismos), así como un objetivo de reducción de emisiones de CO2 en el
sector de la movilidad y el transporte, con 27 MtCO2eq, lo que equivale a una reducción del 33 %. En 2020 el parque de eléctricos puros (BEV) ascendió a 17.295 unidades (76 nuevas unidades en 2020); 23.301 unidades de híbridos enchufables (PHEV)
(77 nuevas unidades en 2020); y 137.425 unidades de híbridos no enchufables (HEV) (137.425 nuevas unidades en 2020). Son porcentajes muy pequeños del total del parque español de 25 millones de vehículos.
Para cumplir los objetivos del PNIEC con parque de vehículo eléctricos (3 millones en 2030) se alcanzaría una reducción de emisiones de CO2 de - 33 %. Pero si no ha dado tiempo en esa fecha a la industria de automoción española para
transformar su modelo productivo hacia mayores cuotas
de vehículo eléctrico en su producción, se puede poner en riesgo empleo y tejido productivo que no pueda ser sustituido por el nuevo tejido productivo y empleo generado con la movilidad eléctrica.
El PNIEC no incluye mucha más información sobre los objetivos que deben cumplirse ni el detalle de cómo irá evolucionando en el periodo. Lo poco que se menciona se resume en la página 38 del PNIEC: un 'importante desplazamiento modal desde
el vehículo de combustión convencional hacia el transporte público colectivo, compartido y modos no emisores', consecuencia de la implantación de las zonas de bajas emisiones y, también de 5 millones de vehículos eléctricos. Ahora bien, dado el
impacto que estas medidas pueden tener sobre un sector que representa el 10 % del PIB en España y que da trabajo a 2 millones de personas directa e indirectamente, es relevante conocer algún detalle que aclare cuál es el modelo de transición que
está implícito en dichos objetivos. En concreto, si estamos ante un modelo de transición progresiva, que busca una evolución continua y equilibrada en el tiempo pero sin penalizar al vehículo, la producción y el empleo; o un modelo de transición
más radical y acelerado, basado en acortar los plazos para minimizar el transporte privado y limitarlo en la práctica a la modalidades eléctricas e híbridas.
En relación con los vehículos en circulación, el firme compromiso de los fabricantes con la lucha contra el cambio climático en lógica respuesta a la demanda social ha venido dando sus frutos, logrando una reducción estable y creciente de la
emisión de gases de efecto invernadero. En Europa, el 30 % de las emisiones tenían su origen en el transporte, después del esfuerzo con el desarrollo de nuevas tecnologías que permitió una reducción del 96 % del Euro 1 al Euro 6. Estos datos ponen
de relieve que el esfuerzo continuado de la industria por descarbonizar los vehículos, debe ir acompañado de políticas que favorezcan la adecuada conservación y renovación del parque móvil que circula por nuestras vías.
Para el Grupo Parlamentario Popular no solo es posible, sino que es mucho más eficiente en términos de descarbonización, el modelo progresivo integral que considere tanto los objetivos climáticos, como la mejora de la seguridad vial, la
calidad del transporte y el impulso de nuestro tejido productivo y el empleo.
Con un modelo neutro tecnológicamente objetivo, (que considere en la ecuación la descarbonización pero también el mantenimiento y la creación de empleo), se puede impulsar decididamente la electrificación pero también la renovación del
parque con otras tecnologías menos contaminantes. Para ello, según el sector solo necesita la puesta en marcha de las medidas gubernamentales que permitan que la demanda interna 'tire' de la transformación. Se trataría de transitar de los 25
millones actuales (con 13,2 años de antigüedad de promedio y 80 millones de t/año de emisiones de CO2), a 20 millones de parque en 2030, con un promedio de 9 años de antigüedad y unas emisiones de CO2 de 36M de t/año; es decir, rejuvenecer el
parque automotor, reducir su tamaño y reducir así hasta un (54 %) las emisiones, superando los objetivos del PNIEC.
Por el contrario, con el modelo acelerado y enfocado sólo en el impulso de una determinada tecnología, tendremos una reducción de solo 34 % de emisiones frente a al - 54 % que el GPP y el sector propone, con una antigüedad promedio de
catorce años y un mayor riesgo para la seguridad vial, con una fuerte polarización del parque (vehículos muy antiguos vs 3 millones de eléctricos) y un elevado e innecesario impacto económico negativo para España en términos de tejido industrial y
de empleo.
Además conviene recordar que el calentamiento global, fruto de las emisiones de gases de efecto invernadero, provoca condiciones meteorológicas extremas, adversas e inesperadas que afectan también seriamente al factor seguridad en la
conducción. Esta cuestión, la referida a la seguridad vial, es el tercero de los grandes retos u oportunidades que pueden mejorarse con una decida política de renovación del parque móvil español.
3. El envejecimiento del parque automotor español y la seguridad vial.
La seguridad vial requiere de un compromiso sin matices por parte de todos los ciudadanos como usuarios de las vías públicas, ya sea como conductores o peatones. Muchos siniestros que se producen en las vías públicas se pueden evitar y para
ello es imprescindible mantener una presión constante sobre los distintos factores involucrados en conseguir las mejores condiciones de uso de las calles y carreteras con el menor índice de riesgo.
Las estadísticas ponen de relieve que los conductores son factor determinante y, por ello, las acciones orientadas a conseguir su atención y colaboración para el incremento de la seguridad vial deben seguir siendo objetivo principal. Pero
no solo los conductores y los peatones aparecen como responsables de siniestros, también el estado de las vías públicas, su adecuado diseño, su conservación y señalización así como el estado y condiciones de los vehículos que forman parte del
tráfico. Tanto las infraestructuras
como los vehículos, según su estado de conservación y sus condiciones materiales, pueden constituirse en un factor de riesgo por deficiencias en su funcionamiento o déficit en mantenimiento.
La antigüedad del parque, por tanto, guarda relación con la evidencia del riesgo para la vida y la salud de las personas, ya es consecuencia de la alta siniestralidad de los vehículos antiguos según los datos comparados de la DGT. La tasa
de fallecidos por accidentes en los que estaban involucrados turismos de menos de cuatro años de antigüedad es de 2,1, y de heridos hospitalizados el 12,2; sin embargo, en aquellos de más de catorce años, la tasa de fallecidos alcanza 4,7 y la de
heridos hospitalizados se eleva a 15,8. Por otro lado, las furgonetas de más de veinte años implicadas en accidentes se acerca al (16 %), un vehículo con más de quince años de antigüedad tiene un ratio de mortalidad cuatro veces mayor que otro más
nuevo y según datos de la DGT en el (45 %) de los accidentes se ven implicados vehículos de más de diez años. Es puro sentido común pero, en cualquier caso, todos los datos consultados de diversas fuentes confirman que un vehículo más antiguo es
menos seguro, tanto por su capacidad de respuesta en un siniestro como por la protección que ofrece. Todos los expertos coinciden en que una renovación de nuestro parque móvil tendría un efecto inmediato en el número de siniestros y en sus
consecuencias.
Otra cuestión de importancia es el adecuado mantenimiento de un parque tan envejecido como el español. Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), que tienen encomendada esa importante función de control de la idoneidad de los vehículos
que circulan en España se constituyen en el elemento fundamental del proceso de garantía de la seguridad vial. Es preocupante que se esté comprobando un creciente absentismo en el trámite obligado de la inspección técnica con un grave y alto índice
de hasta el 40 % en el caso de furgonetas. Fuentes oficiales, cifran el número de vehículos que circulan sin la ITV en siete millones de vehículos, es decir, 1 de cada 5 del total del parque. Es urgente, por tanto, actuar para reducir
drásticamente esas cifras.
También el poder adquisitivo juega un papel clave en la antigüedad del parque, porque muchos compradores deciden adquirir un vehículo usado muy antiguo porque no tienen capacidad económica para acceder a uno nuevo o seminuevo. En ese
sentido, la dinamización del mercado de renovación del parque móvil recomendaría políticas de ayudas que tengan en cuenta también los vehículos semi-nuevos, para que los compradores de vehículos muy antiguos puedan acceder más modernos, más seguros
y menos contaminantes, sin necesidad de que sean nuevos. La graduación de las ayudas en función de la capacidad económica del adquirente y la contención o disminución de la presión fiscal sobre la automoción y combustibles también ayudarían en esa
misma dirección.
En cuanto a la renovación del parque y su efecto en la descarbonización, tenemos que tener en cuenta que España tiene el compromiso ante la Comisión Europea de tener un parque de vehículos eléctricos en 2030 de cinco millones, así como un
ambicioso objetivo de reducción de emisiones de CO2 y otras partículas contaminantes. La renovación del parque que se propone contribuirá decisivamente a la consecución e incluso mejora de dichos objetivos.
Por todo ello, es necesario establecer un marco normativo regulatorio y unas políticas que ayuden a definir un contexto favorable para la inversión por parte de las industrias, las empresas de la cadena de valor, los usuarios y consumidores
finales que adquieren los vehículos para promover la renovación del parque de vehículos español a fin de fortalecer y contribuir a la transformación de la industria nacional de automoción, favorecer la reducción de emisiones contaminantes y mejorar
la seguridad vial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha un Plan Nacional Integral de Modernización y Renovación del parque móvil español que cumpla el triple objetivo de: 1. Contribuir, aprovechando los fondos europeos, al
fortalecimiento y transformación del tejido productivo nacional del sector de automoción, su industria auxiliar y su cadena de valor; 2. Reducir las emisiones de CO2 y otros contaminantes; y 3. Mejorar la seguridad vial.
El referido Plan deberá entrar en vigor en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de la presente Proposición no de Ley, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:
Primero. El Plan se articulará con arreglo a los siguientes criterios rectores:
1.1 Se fijará como objetivo una tasa mínima anual neta de retirada de la circulación de vehículos del 5 % mediante políticas de incentivos que persigan la retirada del mayor número posible de vehículos
con una antigüedad mayor de diez años de cualquier tipología (camiones, autobuses, furgonetas, automóvil y motos), por el riesgo que suponen para la seguridad vial y por su efecto contaminador.
1.2 El vehículo que sustituya al retirado deberá contar para su adquisición con el debido apoyo económico desde los poderes públicos, siempre y cuando cumpla las exigencias comunitarias en relación a las normas de seguridad y las emisiones,
cualquiera que sea su tecnología de propulsión.
1.3 Además de los vehículos nuevos, también podrá beneficiarse del apoyo económico la adquisición de vehículos de ocasión o usados, así como los vehículos convertidos, siempre que cumplan los requisitos de seguridad y emisiones señalados y
que no superen los siete años de antigüedad.
1.4 A los efectos de la concesión del apoyo, se tendrá en cuenta tanto el nivel de renta del beneficiario como el precio y tipo de vehículo que se adquiere, siempre que cumplan con los parámetros europeos de contaminación.
1.5 Los mecanismos de incentivos podrán ser acumulables y aplicables a un mismo beneficiario o a flotas de vehículos, nuevos, usados o convertidos, siempre que cumplan los requisitos de seguridad y de emisiones referidos.
1.6 Se considerará una partida presupuestaria específica para la renovación de los vehículos industriales.
Segundo. Se promoverá en el seno de la Mesa de Automoción una reforma estructural para la modernización y renovación del parque automotor español, mediante: a) Un marco jurídico estable y sostenido en el tiempo; b) Con la adecuada
dotación presupuestaria plurianual y multiministerial; c) Que sea prioritaria en la asignación de los fondos europeos, y d) que incluya:
2.1 La totalidad de los recursos tecnológicos e industriales disponibles, que sean capaces de atender a la demanda, sin penalizar ni discriminar negativamente ninguna motorización ni solución tecnológica que cumpla los parámetros
establecidos por la UE. A tal fin, el Gobierno en el ámbito de sus competencias, establecerá una norma de aplicación para todo el Estado que regule los procesos de autorización del despliegue necesario para desarrollar una Red Nacional de Recarga y
abastecimiento para motorizaciones alternativas a las tradicionales estableciendo en ella un proceso ágil y seguro que evite dilaciones innecesarias, asegure la libre concurrencia y establezca unas medidas de apoyo directo que involucren al sector
privado. La red de puntos de abastecimiento para las nuevas motorizaciones tendrá como objetivo la capilaridad en todo el territorio nacional, garantizando un punto de abastecimiento al menos cada 60 km para la movilidad eléctrica y 100 km para la
movilidad con hidrógeno y otros combustibles no emisores, a los efectos de favorecer su penetración en el mercado.
2.2 La necesidad de reforzar el obligado cumplimiento de las Inspecciones Técnicas de Vehículos con plena colaboración de las ITV, la Dirección General de Tráfico y el Consorcio de Compensación de Seguros, para mejorar el adecuado estado de
conservación y mantenimiento de los vehículos en circulación, así como la simplificación de los procedimientos, certificaciones y homologaciones de las operaciones de conversión de vehículos, en línea con la legislación aprobada en países de nuestro
entorno.
2.3 La actualización y adaptación de la formación y capacitación de los profesionales dedicados a la reparación, mantenimiento y conversión de vehículos, ante los cambios tecnológicos y los modelos de negocio futuros.
2.4 La mejora de la trazabilidad, control y supervisión del adecuado uso de los componentes de segunda mano en beneficio de la calidad técnica y seguridad de la reparación o conversión.
2.5 La promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico y su incorporación al vehículo y a sus infraestructuras de repostaje y circulación, como factor de eficiencia y seguridad, con especial incidencia en el transporte profesional,
tanto de mercancías como de personas.
Tercero. Este Plan incluirá la creación del 'Programa de Renovación del parque circulante español 2030 (Programa Renove-30)' con carácter permanente a lo largo de la década. Dicho programa habrá de contemplar -considerando el índice de
emisiones como variable, todas las tecnologías de motorización disponibles durante la ejecución del mismo y las circunstancias de la demanda-, las siguientes prioridades:
3.1 Contará con la correspondiente habilitación presupuestaria en cada ejercicio, equivalente al menos a la prevista para el programa Moves, con arreglo a los principios rectores del apartado primero,
a fin de proceder a la concesión directa de ayudas, en forma de subvenciones, para incentivar la adquisición en España de vehículos con las mejores tecnologías disponibles.
3.2 Las ayudas se destinarán a la adquisición directa o a la adquisición por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (también llamado leasing operativo) de un vehículo nuevo o con menos de
siete años de antigüedad, previamente matriculado en España, así como a la adquisición de componentes necesarios para una conversión en vehículos con una antigüedad menor a siete años.
3.3 La tipología de los vehículos y componentes subvencionares, la distribución del presupuesto, el importe de las ayudas, la formalización de las solicitudes, el procedimiento de tramitación y la documentación requerida serán objeto de
desarrollo reglamentario por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Dicho desarrollo reglamentario deberá ser aprobado en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del Plan Integral para la Modernización y Renovación del
Parque Móvil Español, respetando la equivalencia de los incentivos para cada tipo de tecnología con arreglo al principio de neutralidad tecnológica y de la huella de carbono del producto, respecto a los programas Moves.
3.4 Las subvenciones que puedan otorgarse con cargo al Programa Plan Renove-30 serán acumulables a las del Programa Moves y serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos vigentes para la misma finalidad, procedentes
de la Administración General del Estado o sus Entes públicos o privados, así como con aquellas subvenciones o ayudas gestionadas por las comunidades autónomas, procedan o no los fondos o recursos de la Administración General del Estado.
3.5 Estas subvenciones se concederán de forma directa, conforme a los artículos 22 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al capítulo III del título I del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, al existir razones de interés
público, social y económico que no permiten promover la concurrencia competitiva.
3.6 El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión será la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Cuarto. Se diseñará un paquete adicional de Medidas fiscales para atender, cumplir y mejorar las previsiones del 'Plan de impulso a la cadena de valor de la industria de la automoción, hacia una movilidad sostenible y conectada', aprobado
en junio de 2020, complementariamente al Plan Renove-30 y a fin de profundizar en las medidas de incentivación de la retirada de los vehículos más antiguos y su sustitución por vehículos nuevos, más seguros y menos contaminantes, con criterios de
neutralidad tecnológica y huella de carbono del vehículo. Las medidas fiscales incluirán:
4.1 La modificación la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, relativa a las exenciones, para incluir las ayudas recibidas en aplicación de los planes Plan Renove-30 y Moves.
4.2 La modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, relativa a las bonificaciones, a fin que queden sujetas a una bonificación del 100 % las ayudas recibidas en aplicación de los planes Plan Renove-30 y
Moves.
4.3 La modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, a fin de reducir la carga impositiva de las tipologías de vehículos que, por sus características y nivel de emisiones, contribuyan a dar cumplimiento a los
objetivos de esta Proposición no de Ley.
4.4 La modificación del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica a fin ampliar los ejercicios presupuestarios incluidos y el límite de
las deducciones por actividades de innovación tecnológica de procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción cuando se trate de pymes.
4.5 La puesta en marcha de un programa presupuestario específico para apoyar a las corporaciones locales en sus programas de renovación del transporte público en el ámbito de su competencia.
4.6 La ampliación a 12.000 millones de euros de la dotación presupuestaria del referido 'Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción, hacia una movilidad Sostenible y Conectada', a fin de triplicar las dotaciones
presupuestarias previstas en cada uno de sus componentes, con especial a la línea de préstamos del Plan de Reindustrialización (Reindus) y el subtramo específico de la línea de avales ICO-COVID para la financiación de la renovación de la flota de
vehículos para uso profesional.
Quinto. El desarrollo de las medidas previstas en los apartados precedentes que requieran de dotación presupuestaria, han de contar con apoyo de los fondos europeos previstos para la recuperación económica, de manera proporcional a la
participación de la industria de automoción en el PIB y a la contribución en la reducción de emisiones de CO2.
Sexto. Promover junto con las Administraciones públicas, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales, la asunción y el compromiso de renovar el parque móvil de su titularidad, con el objetivo de trasladar
una imagen ejemplarizante frente a la inseguridad vial y la contaminación ambiental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2022.-Tristana María Moraleja Gómez, Guillermo Mariscal Anaya, Diego Gago Bugarín y Belén Hoyo Juliá, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para adoptar medidas de carácter urgentes para frenar el alza de las
rentas de los alquileres como consecuencia de su actualización de acuerdo a la evolución del Índice de Precios de Consumo, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El incremento del Índice de Precios al Consumo derivado del aumento del precio de la energía está poniendo en aprietos a muchos ciudadanos que viven en un piso de alquiler. En la actualidad, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, establece en su artículo 18 que 'durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato cuyo incremento no
podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo a fecha de cada actualización'.
El desarrollo de esta disposición y el incremento de los precios está empujando al alza las rentas de los alquileres que se están actualizando en los últimos meses, lo que provocará que miles de personas, especialmente jóvenes, destinen un
mayor porcentaje de su renta a pagar un bien tan esencial como es la vivienda, en un momento donde la ciudadanía aún se está recuperando del impacto económico que tuvo en la economía la expansión del SARS-CoV-2 a escala mundial.
Sobre el impacto de la inflación en la economía de las familias, gran parte de la literatura económica apunta que las personas con rentas más bajas y dependientes del trabajo son las que se ven más afectadas por este fenómeno económico. A
su vez, aquellas personas cuyos ingresos dependen en mayor medida de las rentas del capital o de rentas de inmuebles sufren muy poco el impacto derivado de un incremento general de los precios.
La actual coyuntura económica puede poner en aprietos a las personas que viven de alquiler, especialmente a jóvenes. A la elevada tasa de desempleo juvenil se le suma la ineficacia de las políticas públicas de las Administraciones Públicas
a la hora de articular medidas que faciliten el acceso a una vivienda asequible, ya sea a través de alquiler o compra, a este colectivo.
En abril de 2021, el Banco de España publicó un estudio sobre la Crisis del COVID-19 y su impacto sobre las condiciones económicas de las generaciones jóvenes. Según las conclusiones del informe, en lo que respecta al acceso de los jóvenes
a una vivienda, el estudio destaca que la proporción de personas que poseen una vivienda residencial a los treinta años ha disminuido para aquellos ciudadanos que nacieron a partir del año 1980. En concreto, el 7 % de los nacidos en 1988 poseía su
vivienda principal a los 29 años; entre los nacidos en 1976, ese porcentaje era del 26 %. A su vez, el Banco de España
destacaba que los precios de alquiler en los últimos años han absorbido un elevado porcentaje de los ingresos de las personas en este grupo de edad.
Ante la incierta evolución de los precios generales derivados del aumento del coste de la energía y tras el impacto de la COVID-19 en España, es necesario que los poderes públicos intervengan con todos los instrumentos a su disposición para
garantizar que los colectivos más vulnerables en nuestro país vean como se reduce de forma considerable su ya menguada capacidad adquisitiva.
La actualización de las mensualidades conforme al Índice Nacional de la Vivienda en alquiler podría evitar un incremento drástico de las rentas en los contratos que se actualicen durante los próximos meses y es un indicador más adecuado para
valorar la evolución real de los precios del alquiler en España.
A su vez, apostamos por trasladar el pago de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato a los arrendadores, teniendo en cuenta que el beneficiario real del servicio es el propietario del inmueble, no el inquilino. De
esta manera, apostamos por eliminar una de las barreras más importantes que soportan los arrendatarios a la hora de acceder a una vivienda de alquiler.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar una reforma urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos para:
1. Establecer que la actualización de la renta para los contratos de alquiler de vivienda se realice de acuerdo al Índice Nacional de la Vivienda en Alquiler elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en lugar del Índice de Precios
de Consumo general, en caso de que exista la obligación contractual de actualizar con carácter anual la renta del arrendamiento.
2. Habilitar, a través de la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una herramienta que facilite el cálculo del incremento de la renta de los alquileres teniendo en cuenta la cuantía de la renta pactada entre las
partes y el Índice Nacional de la Vivienda en Alquiler.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-Sara Giménez Giménez y Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la repercusión de la invasión
rusa de Ucrania en el sistema productivo agroalimentario y la seguridad de abastecimiento de productos básicos procedentes de estos países, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En 2014, tras la ocupación rusa de Crimea, los líderes de la UE condenaron las acciones de Rusia en Ucrania y comenzaron a tomar medidas restrictivas individuales sobre varios funcionarios rusos y crimeos, por su apoyo a las acciones de
anexión ilegal, como la congelación de activos y prohibiciones de viaje a la UE. Poco después, la lista de personas fue completándose y la Comisión Europea diseñó una batería de medidas específicas, como sanciones económicas dirigidas a sectores
específicos de la economía rusa y restricciones comerciales, turísticas y de exportación de mercancías originarias de Crimea o Sebastopol.
La situación se complicó aún más por el mantenimiento de los enfrentamientos armados en las regiones del este de Ucrania y el derribo del vuelo comercial MH17, motivo por el que el Consejo Europeo adoptó, en julio de 2014, medidas
restrictivas adicionales contra Rusia.
Como respuesta, en agosto de 2014, el gobierno ruso prohibió o limitó las importaciones de productos agrícolas, materias primas y alimentos de los países que secundaron las sanciones, tales como EEUU, la UE, Noruega, Australia y Canadá. El
conocido como 'veto ruso' afectó especialmente al sector de las frutas y verduras y a los productos cárnicos, dado que Rusia era el principal destino de las exportaciones españolas de estos productos, fuera de la UE.
Rusia era el 16.º destino de nuestras exportaciones totales de todos los sectores en los años 2007, 2011 y 2012, con una cuota de mercado para los productos españoles del 1,2 % del total de las importaciones rusas, lo que nos llegó a
convertir en su 21.º suministrador.
Según datos de la organización sectorial de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, FEPEX, en 2013, España exportaba a Rusia un total de 230.729 toneladas, entre diferentes productos, de las cuales 161.356 toneladas correspondieron a
frutas, destacando la fruta de hueso con 35.250 toneladas de melocotón y 29.525 toneladas de nectarina de ventas directas. En este volumen no se computaban las reexportaciones desde otros estados miembros, como Francia, Países Bajos y Polonia.
La carne era, en valor y según fuente de DATACOMEX, el producto que más se exportaba a Rusia antes del veto. La carne y productos cárnicos de porcino constituían también el tercer producto que más se exportaba a Rusia por parte de España.
Además, el sector de porcino ya se había visto afectado por un veto sanitario previo, a principio de 2014, debido a la aparición de la peste porcina africana (PPA) en las zonas de la UE cerca de la frontera con Bielorrusia.
A diferencia del sector de los productos cárnicos, que mostraron mayor adaptación del sector al cierre de fronteras rusas, diversificando las exportaciones hacia otros mercados extracomunitarios, el sector de la frutas y hortalizas tuvo más
problemas para encontrar nuevos mercados donde exportar y se centró en el mercado comunitario.
Por otra parte, inicialmente se produjo un efecto de caída del precio de la carne en el comercio nacional, al existir más producto en el mercado. También existió un efecto colateral como consecuencia de la saturación de los mercados por
inundación de la leche europea que se dejaba de exportar a Rusia.
Según la evaluación realizada en 2015 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 'es importante destacar que, en los casos de las exportaciones a Rusia de los productos no vetados, entre los que se incluyen las
bebidas, conservas de verduras y frutas o productos de cereales, panadería y pastelería, el nivel de exportación se ha mantenido antes y después del veto, siendo el destino del 1,2 % de las exportaciones españolas del conjunto de las mercancías no
vetadas'.
En septiembre de 2014 se consiguió un primer acuerdo, en Minsk, en el que las diferentes partes afectadas acordaban el cese del conflicto bélico. Sin embargo, el alto el fuego se rompió pocos días después, y la UE reforzó las sanciones
contra los separatistas de Ucrania. El Consejo acordaba en enero de 2015 prorrogar hasta septiembre las medidas restrictivas individuales existentes, que ya afectaban a 132 personas y 28 entidades.
Con la intervención de los países europeos, bajo la supervisión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se buscó una nueva salida a la guerra, nuevamente, en las conversaciones de Minsk, acordando un nuevo alto
el fuego, medidas de desarme, intercambios de prisioneros y una reforma en la legislación ucraniana.
Sin embargo, la inestabilidad en la zona se ha mantenido durante los últimos años y la Comisión Europea consideró que no se estaban aplicando las medidas de los Acuerdos de Minsk, motivo por el que se realizaron sucesivas prórrogas de las
medidas restrictivas contra la economía rusa. La última prórroga adoptada por la Comisión se prolonga hasta el 31 de julio de 2022 y, de forma inmediata, el gobierno ruso prolongó hasta el 31 de diciembre de 2022 su veto a productos comerciales.
En estos días en los que la guerra ha vuelto en la frontera entre Rusia y Ucrania, muchos han recordado lo ocurrido en 2014, con el duro cruce de prohibiciones y con sus repercusiones económicas en plena recuperación de la crisis.
Declaraciones de altos responsables europeos, incluidas las del ministro Albares, anuncian que ya están listas las sanciones económicas adicionales y de mayor envergadura a las aplicadas desde 2014. Es evidente que, independientemente de la
intensidad del conflicto, el gobierno de Moscú tomará medidas de represalia, por lo que es comprensible la preocupación de otros productores españoles, entre otros los del aceite y vino, que exportan a Rusia.
Por otra parte, la invasión de Ucrania, considerada el granero de Europa, también tiene repercusión en el mercado agroalimentario internacional. España compra a Ucrania el 30 % de sus importaciones de maíz y el 60 % de las de girasol.
Un estudio publicado en 2014 en la revista científica Food Security, sobre la limitación de las exportaciones de cereal de Rusia, Ucrania y Kazajistán en casos de malas cosechas, señalaba que Ucrania era uno de los países del mundo que más
podía influir en los mercados mundiales y la seguridad alimentaria mundial, en caso de restricciones temporales a la exportación de estos productos. Sólo la inestabilidad ha provocado que, en las últimas dos semanas, el precio del trigo suba un 10
% en la Chicago Mercantil Exchange (CME), una de la principal bolsa de negociación de derivados sobre materias primas del mundo.
El ministro Planas consideraba el 27 de enero, en plena escalada de tensión, que era 'muy prematuro' hacer valoraciones sobre las consecuencias que podría tener un conflicto con Rusia, debido a la situación en Ucrania, ante la situación
actual es necesario tomar medidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un Plan de Contingencia que prevea el impacto de los diferentes escenarios derivados del conflicto ruso-ucraniano y su repercusión, tanto para los productos agroalimentarios
susceptibles de limitaciones en la exportación, como para el abastecimiento y encarecimiento de productos agrícolas provenientes de aquellos países.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-Milagros Marcos Ortega, María José García-Pelayo Jurado, Javier Merino Martínez, Joaquín María García Díez, Belén Hoyo Juliá, Marta González Vázquez, Sebastián Jesús Ledesma Martín,
Juan Manuel Constenla Carbón, Juan José Matarí Sáez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la estabilidad del sector lácteo
español para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El agroganadero se encuentra en una situación crítica; asolado por la falta de rentabilidad de sus explotaciones, por el incremento de los costes de producción que dificulta, aún más, salir de la crisis en la que se encuentra sumido,
acosado por los continuos ataques que difaman su modelo productivo y preocupado por los futuros requerimientos ambientales y la reducción de recursos de la PAC.
Dentro del conjunto del sector primario, los productores de leche, inmersos en el proceso de negociación de sus contratos de venta de 2022, han manifestado los problemas para alcanzar acuerdos admisibles sobre los precios.
Esta es una de las primeras consecuencias de la aplicación de la modificación de la ley de funcionamiento de la cadena agroalimentaria que ha realizado el Gobierno y que el Grupo Parlamentario Popular auguró durante la tramitación: con la
aplicación de esta ley aumentará la conflictividad y el enfrentamiento en las relaciones comerciales, eliminando el acuerdo y la colaboración en la que se basaba la ley de 2013.
Los productores lácteos reclaman que los costes de producción repercutan en el precio pagado, y aquí vuelve a surgir el problema generado por la modificación la Ley: la indefinición de los costes que repercuten en la fijación de ese precio,
la falta de referencias asumidas por todas las partes en la negociación o la diferencia de costes en función del tipo de explotación.
Los productores estiman que los costes de producción han subido más del 40 %, debido especialmente al incremento del precio de los piensos y de la electricidad. Algo menor sería el incremento en el precio de la leche para producir yogures y
otros lácteos. Sin embargo, en ambos casos hay dificultades para alcanzar acuerdos.
Mientras que la industria agroalimentaria argumenta los problemas para cubrir sus costes y los esfuerzos para mejorar sus procesos y ser competitivos, los ganaderos aseguran que existe margen para repartir los beneficios de la cadena.
La pasividad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que sigue la estrategia de no asumir la ineficacia de sus propuestas y de eludir responsabilidades en la defensa y armonía de los diferentes elementos de la cadena
agroalimentaria, ha provocado el anuncio de movilizaciones y otro tipo de actuaciones por parte de los productores.
Una vez más, y como medida de urgencia, el Gobierno propone medidas para distraer la atención, como es la modificación de la actual norma que regula los contratos en el sector lácteo, en la que se propone una revisión de los contratos si se
constata un incremento de los costes de producción. Parecen no darse cuenta de que el verdadero riesgo es que no exista acuerdo.
Por otra parte, en todo este proceso, el consumidor no debe quedar desprotegido. Hay que recordar que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas acabaron en 2021 con un aumento del 5 % interanual, según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE). Esta debería ser la verdadera preocupación del responsable de la cartera de consumo.
En definitiva, se ha alcanzado una situación caótica, con una vertiginosa subida de los costes de energía, insumos y de la propia actividad, una negociación bloqueada, con amenaza de ruptura, y un gobierno inoperante enrocado en la
ineficacia de sus propias iniciativas y sus debates internos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que los contratos entre productores de leche y las industrias lácteas garanticen el equilibrio y la existencia de beneficios a todos y cada uno de los
eslabones de la cadena, con un impacto asumible por el consumidor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-Milagros Marcos Ortega, María José García-Pelayo Jurado, Javier Merino Martínez, Joaquín María García Díez, Belén Hoyo Juliá, Marta González Vázquez, Sebastián Jesús Ledesma Martín,
Juan Manuel Constenla Carbón, Juan José Matarí Sáez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la aplicación de medidas
fiscales y laborales de apoyo a la actividad agraria a causa de la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) declaraba oficialmente, el pasado 2 de noviembre de 2021, la 'situación excepcional por sequía extraordinaria'. Constatada por las reservas de agua, quedaba en evidencia que el último año
hidrológico 2020-2021 había registrado un 17 % menos de precipitación acumulada que en la media histórica de los últimos veinticinco años, el 57 % menos de aportaciones a los embalses y hasta el 20 % menos de volumen medio, según datos del propio
organismo.
Por otra parte, según se va avanzando en el año hidrológico y se van conociendo datos oficiales de precipitación acumulada, así como los diagnósticos de situación en los informes de escasez y sequía de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, crece la preocupación entre organismos oficiales, la sociedad en general y agricultores en particular, que comprueban como dentro de la propia Cuenca Hidrográfica, índices de los informes de
sequía de los últimos meses de 2021 mantenían en situación de emergencia muchas unidades territoriales del ámbito territorial de la demarcación. En enero se anunciaba que las precipitaciones acumuladas a lo largo del presente año hidrológico (desde
octubre hasta la actualidad) son un 42 % inferior a la media histórica.
Por ejemplo, y según los últimos datos de febrero de 2022 respecto a la disponibilidad del recurso para cubrir las demandas, en las unidades territoriales jiennenses de Dañador y Rumblar, así como la Regulación General, existe un estado de
emergencia; en Fresneda la situación es de alerta, mientras que el abastecimiento de Jaén y Aguascebas es de prealerta, motivada por una situación de escasez de lluvias y de escasez de acumulación de agua, existiendo a su vez un estado de sequía
prolongada en las Unidades Territoriales Salado de Porcuna y Salado de Arjona y en el Guadalquivir entre Marmolejo y Córdoba, según los datos meteorológicos respecto a la media histórica.
La escasez de lluvia es preocupante, máxime en los meses de invierno y principios de primavera, pues son las que se precisan para que el año agrícola pueda darse con normalidad y regularidad, cuestión esta que está llevando a una situación
extrema que precisa de medidas por parte del gobierno para paliar los efectos de la sequía, anticipándonos a la situación catastrófica, que está por llegar.
Es incuestionable que la falta de precipitaciones conlleva escasez en las reservas de agua, insuficiente recarga de acuíferos, insuficiencia de recursos hídricos para la agricultura, con especial incidencia en el olivar, que precisa de las
aguas de invierno para sus procesos biológicos y de preparación para la cosecha siguiente.
En ese sentido, la agricultura en Jaén, que vive y depende del olivar, vive con la certeza de que va a afrontar un año muy difícil por la escasez de precipitaciones y de acumulación de agua que servirá para el riego, situación que se agrava
por la desmesurada subida de costes energéticos, salariales, fitosanitarios, insumos... por lo que se afronta una nueva temporada muy difícil para un agricultor, que sin tener la certeza de que la situación por sequía se mejore, tiene que comenzar
con altas inversiones en producción, tales como poda, abonado o aplicación de fitosanitarios para una campaña futura que ya se aventura que será escasa, por lo que los exiguos beneficios de la pasada, sumado a los altos costes de la actual, hacen
que el campo en su conjunto entre en una situación de alerta.
Por último, el presidente de la Confederación recordaba que los últimos tres años ya se ha producido restricciones al regadío, del 10 %, del 20 % y del 50 % respectivamente, y no se prevé una mejoría, con las previsiones de recursos para el
año hidrológico 2021-2022 sólo suficientes para de regadío de supervivencia.
En base a lo anterior, somos los poderes públicos y las instituciones los que tenemos que adelantarnos a las catástrofes e instrumentar desde todos los ámbitos posibles soluciones que palien la difícil situación que vive el campo y tomar
decisiones que corrijan la excepcional situación que se está viviendo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible la disposición legal necesaria para establecer medidas de apoyo y, en su caso, la concesión de ayudas a los titulares de las explotaciones agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados por
la sequía.
2. Evaluar las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias para el año 2021 en toda la provincia de Jaén y en todo el ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
3. Establecer el mecanismo para la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales agrarios residentes en el territorio de las
comunidades autónomas de Andalucía para el año 2022.
4. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-Juan Diego Requena Ruiz y Milagros Marcos Ortega, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la integración de las cooperativas agroalimentarias, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Como viene reflejado en el artículo 1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, la cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de
actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional.
Los datos del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE), elaborado por Cooperativas Agro-alimentarias de España en 2020, muestran que hay 3.669 cooperativas, cuya facturación supera los 34.000 millones de
euros, integrados por más de un millón de socias y socios, y emplearon a más de 100.000 trabajadores directos.
El 79 % de la facturación de las cooperativas agro-alimentaria se concentran en seis comunidades, destacando Andalucía con el 39 % de facturación del colectivo, teniendo dicha comunidad el 22,4 % de las cooperativas españolas. Si tenemos en
cuenta el volumen de facturación le seguiría, pero a gran distancia, Comunidad Valenciana, Castilla La-Mancha, Extremadura, Castilla y León y Cataluña.
Estos datos, reflejan que la facturación directa total del Cooperativismo agroalimentario (incluyendo sociedades de capital participadas), equivale al 68 % del valor de la Producción Final Agraria. Correspondiendo a un 28 % del valor de las
ventas netas de la Industria Alimentaria Española (IAA), (siendo las cooperativas el 12 % del colectivo).
Los principales sectores donde actúan las cooperativas son, principalmente en hortalizas y frutas, seguido, pero a gran distancia, el aceite de oliva, suministros, alimentación animal, vino y cultivos herbáceos.
Las exportaciones de las cooperativas agroalimentarias han incrementado significativamente su impulso exportador, especialmente las cooperativas con mayor tamaño. Representando un 16 % de la fracturación exportadora del conjunto del sector
agroalimentario español (sin pesca).
Las cooperativas son una de las mejores herramientas para impulsar el desarrollo rural, consiguiendo que los agricultores y ganaderos obtengan un mayor valor por sus productos. Estas entidades necesitan una mayor integración aumentando su
volumen, modernizando sus estructuras productivas, invirtiendo en innovación para conseguir la digitalización del sector, todo ello con la finalidad de tener una posición más fuerte frente a la industria y a la gran distribución.
Las cooperativas agroalimentarias españolas se caracterizan por una gran fragmentación de pequeñas sociedades. Así según los datos presentados por el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE, 2017)
ninguna cooperativa española está entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea. Podemos afirmar por lo tanto que el cooperativismo en España es muy bajo en relación con el número de explotaciones agrarias existentes.
Esta excesiva dispersión de las cooperativas agroalimentarias españolas se ha convertido en uno de sus principales puntos débiles. Es especialmente preocupante si se compara el tamaño de las cooperativas con el de sus principales clientes,
la gran distribución. Ese desequilibrio se traduce en una pérdida del poder negociador de estas organizaciones. Ante esta situación existe un gran consenso en la necesidad de que aumenten su dimensión para sean competitivas.
Con el propósito de ganar competitividad y generar valor añadido para sus socios, sería interesante que las cooperativas diversificaran sus líneas de negocio a lo largo de la cadena alimentaria, complementando la producción agrícola y
ganadera con la transformación agroalimentaria y la distribución. Podemos también destacar la importancia de la innovación y la búsqueda de la calidad y diferenciación de los productos.
Es necesario conseguir estructuras empresariales agroalimentarias con dimensión relevante para ganar competitividad y fuerza en su posición negociadora, generadoras de valor y de empleo y que sean modernas e internacionalizadas.
'Los principios sociales del cooperativismo tienen plena vigencia en el modelo de economía circular hacia el que tenemos que avanzar, bajo el paraguas de la Agenda 2030 y el Pacto Verde europeo.'
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que siga apostando por políticas que favorezcan, por su carácter de economía social, el asociacionismo, para que las cooperativas y otras entidades asociadas de carácter agroalimentario
adquieran mayor dimensión y con ello puedan tener una mejor posición negociadora en sus relaciones comerciales, ganando eficiencia y competitividad, y favoreciendo su vocación exportadora, redundando todo ello en la mejora de la renta de los
productores agrarios y en sus asociados y, por extensión, dinamizando la economía y generando riqueza en el medio rural, lo que contribuye a fijar población en el territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-Juan Francisco Serrano Martínez, Ariagona González Pérez, Lázaro Azorín Salar, Javier Cerqueiro González, María Luisa Faneca López, José Luis Aceves Galindo, Indalecio Gutiérrez
Salinas, Montse Mínguez García, Mariano Sánchez Escobar, Herminio Rufino Sáncho Íñiguez, Daniel Senderos Oraá, Manuel Gabriel González Ramos y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre accesibilidad universal en los espacios naturales para su debate en la
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Los espacios protegidos son aquellas áreas terrestres o marinas que, en reconocimiento a sus valores naturales sobresalientes, están específicamente dedicadas a la conservación de la naturaleza y sujetas, por lo tanto, a un régimen jurídico
especial para su protección. Estas áreas desempeñan una función decisiva para la conservación de los ecosistemas y la supervivencia de las especies y para el mantenimiento de los procesos ecológicos y de los bienes y servicios ecosistémicos. Por
ello, son uno de los instrumentos fundamentales para la conservación in situ de la biodiversidad.
Los espacios protegidos en nuestro país están definidos y regulados con carácter básico por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Atendiendo a sus respectivos marcos jurídicos de origen, existen Espacios Naturales Protegidos, Espacios protegidos Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
Los Espacios Naturales Protegidos se clasifican, en función de los bienes y valores a proteger y de los objetivos de gestión a cumplir, en las siguientes categorías: Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos
Naturales, Paisajes Protegidos. Además, las comunidades autónomas han ido desarrollando su propia normativa, llegando a tener un total de 40 figuras diferentes de espacios naturales protegidos.
Todos los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, deben velar por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural. Para alcanzar este objetivo, las administraciones públicas deben desarrollar y aplicar
incentivos positivos para la conservación y uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad.
La conservación de la naturaleza es beneficiosa, por sí misma, para la sociedad por sus consecuencias en la mejora del medioambiente y la salud pública. Además, en muchos casos, puede y debe ser compatible con la generación de retornos de
carácter económico. Para un determinado territorio, formar
parte de un espacio protegido puede generar oportunidades para el impulso de actividades productivas tradicionales, así como recreativas y de turismo.
Los entornos naturales representan un papel fundamental en el turismo español, pues no solo tienen el atractivo de su alto valor paisajístico, sino que también ayudan a promover la salud. Las visitas del público a estos espacios
(exceptuando las zonas de reserva) sirven para impulsar el disfrute y el conocimiento de la naturaleza, fomentar una actitud favorable de la ciudadanía hacia ella y generar retornos económicos, siempre que se realicen de manera adecuada y
sostenible.
Por ello, es importante garantizar, en la medida de lo posible, que todas las personas tengan la posibilidad de conocer y disfrutar los espacios naturales de nuestro país. Aunque estas zonas objetivamente pueden presentar dificultades para
el logro de la accesibilidad universal, su gestión debe orientarse a alcanzar el mayor grado posible de utilización autónoma por parte de las personas con discapacidad y mayores.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU mandata a los estados parte a adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones recreativas y turísticas,
a fin de que puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades de esparcimiento.
En España, son muchas y de muy diversos ámbitos las normas que se orientan a este objetivo. Destacan el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, además de muchas otras, tanto estatales como autonómicas.
Por otra parte, son numerosos los esfuerzos realizados en nuestro país por las diferentes administraciones públicas implicadas.
En 2017, el Ministerio de Medio Ambiente promovió la edición de la Guía técnica de accesibilidad en espacios naturales. En diciembre de 2019, el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Fundación ONCE renovaron su alianza para desarrollar
un programa de accesibilidad universal en estos espacios protegidos.
También en el ámbito autonómico existen ejemplos de los esfuerzos realizados en este sentido en centros de interpretación, salas de exposiciones, aseos, zonas de aparcamiento, albergues, senderos, etcétera. Estas instalaciones, cada vez
más, cuentan con las adaptaciones y el diseño necesarios para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida y personas con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial.
Por su parte, numerosas entidades del tercer sector han tratado de acercar la naturaleza a las personas con discapacidad. Para ello, promueven y organizan actividades que cuentan con personal formado en diferentes áreas relacionadas con el
ocio de las personas con discapacidad en el medio natural, así como en seguridad y prevención de accidentes en ese ámbito.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas en el marco de sus competencias y contando con las entidades representativas del sector de la discapacidad, a adoptar medidas encaminadas a seguir
avanzando en la accesibilidad universal de los espacios naturales. A tal fin, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
1. Incorporar en el II Plan Nacional de Accesibilidad actuaciones encaminadas a fomentar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios protegidos.
2. Revisar y actualizar la Guía técnica de accesibilidad en espacios naturales.
3. Elaborar programas destinados a acercar nuestro patrimonio natural a las personas con discapacidad, a través de la Fundación Biodiversidad y el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
4. En las actuaciones a desarrollar se tendrá en cuenta el principio de diseño universal o diseño para todas las personas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2022.-Daniel Senderos Oraá, Eva Patricia Bueno Campanario, Helena Caballero Gutiérrez, Antidio Fagúndez Campo, Germán Renau Martínez, José Luis Aceves Galindo, María Montserrat García
Chavarría, María Inmaculada Oria López, Esther Padilla Ruiz, Omar Anguita Pérez, Manuel Gabriel González Ramos, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Luis Carlos Sahuquillo García, Javier Antón Cacho y Daniel Vicente Viondi, Diputados.-José Zaragoza
Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la programación y organización de
actividades de control de poblaciones y de restauración de hábitats en el parque nacional de Cabañeros y en el conjunto de parques nacionales, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El parque nacional de Cabañeros, situado en las provincias de Toledo y Ciudad Real, alberga una de las mejores representaciones españolas del bosque mediterráneo, tanto por su elevado grado de conservación como por la representatividad de
los distintos sistemas ecológicos asociados. Entre sus principales valores naturales están los bosques y matorrales mediterráneos, algunos enclaves relícticos de vegetación atlántica, bosques de ribera, turberas y herbazales, con la flora y fauna
asociada a cada uno de estos ecosistemas, entre las que se encuentran algunas especies en peligro de extinción como el águila imperial.
Estos ecosistemas dependen todos del equilibrio adecuado para la supervivencia y reproducción de cada especie. Sin embargo, el parque viene sufriendo un grave problema de sobrepoblación de ciervos y jabalíes, que pone en peligro la
viabilidad de algunas especies de flora autóctona y el consecuente sustento de otras especies como el corzo, la perdiz o el conejo (sustento a su vez de otras especies, como la citada águila imperial). Además, aumentan los riesgos sanitarios, sobre
todo de que se extienda la tuberculosis entre estas poblaciones y que se expanda por las explotaciones ganaderas de los alrededores. La ausencia de depredadores naturales (el lobo, principalmente) agrava el problema, ya que ni se espera la llegada
del cánido en el medio plazo, ni su llegada podría dar cabida en el parque a todas las manadas que harían falta para alcanzar una situación de equilibrio de ciervos y jabalíes, según datos del Plan de Control de Ungulados de Cabañeros del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Si a esta situación añadimos la prohibición en 2020 de la caza comercial y deportiva en los parques nacionales, que es la causa aparente de los disparados índices de población de ciervos y jabalíes, las opciones se reducen a capturas en vivo
de los animales, que terminan, en la mayoría de los casos, en el sacrificio de los mismos. Además, esta medida de control poblacional no ha cumplido los objetivos y, a pesar de que se capturan al año 3.500 ciervos y 1.100 jabalíes, las poblaciones
no paran de crecer. Con las cifras actuales, las densidades de ciervos se pueden duplicar en tres o cuatro años y las de jabalí todavía más, según el citado Plan.
Aunque el principal método de captura es en vivo, la mayor parte de los animales acaban siendo sacrificados, dada la dificultad para su venta o traslado por el temor a que puedan provocar una explosión demográfica o pérdida de diversidad
genética. El Plan también reconoce que esta captura en vivo es traumática para los animales: se les atrae hacia los capturaderos (trampas) con alfalfa hasta que se gana su confianza y entran en ellos. 'Temprano a la mañana siguiente, no con pocas
dificultades por el estrés que sienten los ciervos', se cargan en un camión. En ese proceso 'se producen algunas bajas', muchas veces por choques y por daños entre los propios ciervos (puntazos). Cuando llegan a los corrales, se
decide si se venden en vivo o se sacrifican con pistola de perno cautivo o, puntualmente, con arma de fuego autorizada, para comercializar la carne. A los jabalíes se los mata en la misma trampa 'por la dificultad técnica de su manejo', que
implica 'riesgo de accidente para las personas'. A falta de control cinegético, esta es la única opción, ya que el uso de fármacos o controles de fertilidad está también prohibido en parques nacionales, además de suponer un coste aún mayor que las
capturas en vivo.
La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, declara en su artículo 3 la caza deportiva y comercial como una actividad incompatible con el propósito y naturaleza de un parque nacional. No obstante, reconoce la opción de
'programar y organizar actividades de control de poblaciones y de restauración de hábitats de acuerdo con los objetivos y determinaciones del Plan Director y del Plan Rector de Uso y Gestión'. Esta opción, además de contribuir a la corrección del
desequilibrio poblacional, supondría un ahorro para el erario público en comparación con la técnica utilizada hasta ahora, además de generar actividad económica y empleo en el medio rural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la programación y organización de actividades de control de poblaciones y de restauración de hábitats, con calendarios y volúmenes factibles, y con contraprestación económica para las que se realicen en finca pública.
2. Retomar el diálogo con las fincas privadas comprendidas por el parque nacional, para acordar una solución a largo plazo de equilibrio entre la conservación de las especies del parque y su control poblacional.
3. Trasladar ambas soluciones al conjunto de Parques Nacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado don Joan Margall Sastre, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paralizar la
ejecución y derogar el proyecto del ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó para su debate en instancia en la Comisión de Transición ecológica y reto demográfico.
Exposición de motivos
La necesidad del ramal de la línea de la MAT Vic-Bescanó con un trazado previsto por Santa Coloma de Farners y Riudarenes ha sido cuestionada por diversos informes técnicos realizados al respecto por el territorio, así como por las
instituciones políticas y organizaciones sociales del territorio.
En tal sentido, se expresan los siguientes informes:
- El informe 'Necesidad actual de la línea aérea a 400 kV, doble circuito, con entrada y salida en la subestación de Riudarenes, de la línea Vic-Bescanó, de la viabilidad de sustituirla por el paso de la línea actual de 132 kV a 220 kV y
estudio de la viabilidad técnica de soterrar la citada línea', realizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya, a petición de la Generalitat en cumplimiento de la Moción 91/X del Parlament de Catalunya, sobre la política energética
(tramo 302-00131/10), concluye que el proyecto del ramal no es una solución técnicamente eficiente ni interesante como opción de trazado para satisfacer los objetivos para los que estaba planificada, y que propone hasta seis alternativas más viables
y eficientes técnicamente.
- El informe 'Estudio de alternativas a la línea de MAT (400kV) en el ramal de Riudarenes-2015 (CILMA)', encargado por la Diputació de Girona al Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient
(CILMA), valorando en profundidad los impactos de ejecución de la línea sobre el territorio, propone alternativas de producción local de energía eléctrica mediante sistemas solares fotovoltaicos y demuestra la viabilidad y competitividad
económica de las energías renovables en la comarca de la Selva, considerándolas mucho más rentables y eficientes que la MAT.
- El Estudio de Impacto Ambiental realizado por la Fundación Emys para la Plataforma NO a la MAT Selva considera irreparable el elevado impacto que esta infraestructura supone por el territorio y por su patrimonio natural.
Asimismo, el posicionamiento de las instituciones del territorio es unánime en contra del citado ramal de la MAT. En tal sentido se han expresado por unanimidad o amplia mayoría -en mociones aprobadas en 2013 y 2014- los Ayuntamientos de
Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Sils y Sant Hilari Sacalm, además de otros consistorios de la demarcación y el Consell Comarcal de la Selva; la Diputació de Girona mediante la Moción aprobada el 29 de enero de 2014 con el apoyo de los grupos
de CiU, ERC, PSC e ICV; el Parlament de Catalunya mediante la moción aprobada el 4 de junio de 2014 -con el apoyo de los grupos de CiU, ERC, PSC, ICV y CUP-, en la cual se encargaba al Gobierno la realización de un estudio para demostrar la
necesidad o no del ramal ante la inquietud del territorio y solicitaba la paralización de la tramitación de la obra hasta disponer del resultado; y el Congreso de los Diputados aprobando el 5 de octubre de 2016 una Proposición no de Ley solicitando
derogar el proyecto -con el voto a favor también del PSOE-. En los años 2019 y 2020 se aprobaron nuevas mociones en ayuntamientos y la Diputació de Girona y un manifiesto en el Consell d'Alcaldes de la Selva. A la luz de los datos y la
contestación institucional y ciudadana, la Generalitat de Catalunya ha reclamado la paralización de la ejecución del proyecto.
Es necesario remarcar la contundente oposición social manifestada por el territorio en grandes movilizaciones sociales, debido al impacto ambiental del proyecto sobre zonas de alto interés biológico y la afectación de zonas de gran interés
patrimonial e histórico para la población, y por tanto, de gran potencial económico (turístico), y expresada en la realización de numerosas acciones y en una consulta popular que recogió 6.001 votos con un 98,5 % contrarios al proyecto del ramal de
la MAT. Esta oposición no se tuvo en ningún momento en cuenta en la planificación y realización del proyecto.
No en vano, el proyecto del ramal de la MAT de Santa Coloma de Farners y Riudarenes presenta deficiencias importantes tanto en su tramitación como en sus características técnicas, como, por ejemplo, no haber tenido en cuenta la opinión y las
necesidades reales del territorio, ni los compromisos de transición hacia las energías renovables. En este sentido, el Convenio Internacional de Aarhus de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio
ambiente, que fue ratificado por España el 15 de diciembre del año 2004, en su artículo 6 prevé que en proyectos de líneas de 400 kV, cuando se inicie el procedimiento de toma de decisiones respecto al medio ambiente se informará a la ciudadanía de
forma eficaz y se adoptarán medidas para que su participación sea efectiva desde el inicio de la tramitación del proyecto, cuando todas las opciones y soluciones sean aún posibles y ayuntamientos, organismos y ciudadanía puedan ejercer una
influencia real. El proceso de participación de la ciudadanía debe posibilitar que antes de que se dé la autorización del proyecto, esta pueda someter por escrito o a través de un debate público o investigación pública donde participe el
solicitante, todas las observaciones, informaciones, análisis u opiniones que se consideren pertinentes respecto la actividad propuesta. Estas prescripciones se reflejan en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero
de 2003, y en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos, prescripciones que no se han seguido en el presente procedimiento.
Pese a todo ello, haciendo caso omiso a todo lo anterior y desestimando las más de 1.700 alegaciones presentadas contra el proyecto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha incluido el ramal y la subestación en su
planificación para los años 2021-2026. Esto significa que el 64 % del total de las alegaciones presentadas a la Planificación Eléctrica de España 2021-2026 han sido de oposición al proyecto del ramal de la línea de MAT y la subestación.
Entre las alegaciones presentadas, se hace referencia al enorme impacto ecológico en 13 hábitats protegidos y en 104 especies protegidas por las Directivas de la UE (Hábitats 92/43/CEE y Aves 2009/147/CEE).
La evaluación de impacto ambiental es insuficiente y está caducada. Al no presentar la información básica necesaria sobre su impacto en las especies amenazadas no cumple con la legislación europea.
La línea de MAT y la estación de MAT están situadas en una zona crítica de muy alto interés ecológico:
- Ubicación y distribución a escasos metros de una zona de la Red Natura 2.000.
- Cerca de tres zonas PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural).
- Atraviesa una Zona Húmeda Protegida AIHE (Zonas de Alta Importancia Herpetológica).
- Cerca de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
- Atraviesa tres zonas de nidificación de rapaces, corredores de fauna y tres Zonas Estratégicas de Fauna (Zones d'Interès Estratègic ZIEC).
Por otro lado, recientemente, un informe técnico del 26 de noviembre de 2021 encargado por el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) concluía que no se podía afirmar la necesidad de la subestación de Riudarenes ni tampoco
de la línea aérea de 400 kV porque se habían identificado alternativas para las necesidades de alimentación del eje ferroviario con una afectación menor en el territorio.
Entendemos que ha quedado suficientemente demostrado el daño que esta infraestructura produciría en el territorio y la necesidad de buscar la viabilidad de alternativas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Paralizar de manera inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas al proyecto y a la realización del mismo.
2. Estudiar las necesidades energéticas del territorio y, en su caso, presentar un proyecto a los municipios afectados, que desde una perspectiva de transición a las energías renovables tenga en cuenta los impactos sobre el medio ambiente y
el patrimonio tal como están recogidos en los estudios existentes, y permita el inicio de un proceso de información y participación pública en búsqueda del consenso para la satisfacción de las necesidades establecidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2022.-Joan Margall Sastre, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/003890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre interconexiones gasistas en
España, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La inadmisible invasión de Ucrania por parte de Rusia y el desencadenante de guerra en Europa ha provocado, además de enorme sufrimiento y muerte en la población civil y éxodo masivo de refugiados, problemas de carácter estratégico para la
seguridad en Europa.
Uno de ellos es la garantía de suministro energético y el incremento de precios, que se añade a la escalada que venimos padeciendo desde hace más de un año, y la necesidad de replantearse de manera urgente el posicionamiento tanto europeo
como nacional, en materia de fuentes e infraestructuras de suministro energético. A la reciente modificación de la taxonomía verde en la UE -dando entrada a las inversiones en gas y energía nuclear bajo determinadas condiciones-, se añade ahora la
publicación de un borrador de comunicación (Toolbox), que viene a completar el que se aprobó en el mes de octubre pasado, para abordar y atajar los altos precios de la energía.
Uno de los puntos principales para la seguridad y la garantía de suministro en Europa, tal y como se ha venido señalando en distintas iniciativas desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, son las interconexiones, para que España
deje de ser una isla energética.
En esta materia, la gestión llevada a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez, y en particular, por la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha caracterizado por una falta de previsión
y liderazgo notables, que han desembocado en el cierre del gasoducto del Magreb, y en el abandono de las interconexiones gasistas proyectadas con Francia (STEP-MIDCAT).
Falta de previsión y liderazgo que obedecen a una obsesión ideológica y una animadversión hacia esa fuente energética -por una malentendida vocación de acelerar la descarbonización relegando y excluyendo al gas en la transición energética-,
que, por otra parte, no ha ocultado en sus manifestaciones y posiciones públicos la propia Vicepresidenta.
Esa pérdida de proyectos europeos para las interconexiones gasistas de la península con el resto de la UE a través de Francia, está desaprovechando el potencial de España para convertirse en hub de gas del sur de Europa, dada su magnífica
infraestructura gasista, con abastecimiento diversificado a través de gasoductos que proceden de Argelia y plantas regasificadoras (seis en operación más la planta de El Musel en trámite) que permiten la introducción al sistema peninsular del gas
licuado que procede transportado en buques metaneros de distintos países como EEUU, Nigeria, Catar, Trinidad Tobago y muchos otros. Gracias a las correctas decisiones tomadas en la planificación energética de hace más de dos décadas, España lidera
la capacidad de almacenamiento y regasificación europea. Según el último Informe del Sistema Gasista del Gestor Técnico del Sistema ENAGAS, correspondiente al ejercicio 2020, el uso medio de la capacidad contratada en plantas de regasificación fue
de un 89 %, con 238 Buques metaneros descargados de 14 Países suministradores de gas natural al Sistema Gasista español. Por su parte, las interconexiones para el aprovisionamiento desde Argelia fueron las siguientes:
Conexiones internacionales con el norte de África
GWh;2019;;;2020;;
;Nominal;Contratado;% Capacidad contratada;Nominal;Contratado;% Capacidad contratada
Tarifa.;161.998;90.956;56 ;161.998;98.582;61
Almería.;105.760;87.187;82 ;105.760;75.390;71
Total.;267.758;178.143;67 ;267.758;173.973;65
Pero toda esa capacidad, la de nuestras plantas regasificadoras, las instalaciones de almacenamiento más la proveniente del aprovisionamiento por gasoducto desde Argelia, no puede aprovecharse por la falta de interconexión suficiente con
Francia.
Por otro lado, en una reciente respuesta parlamentaria a preguntas de Diputados del GPP, el Gobierno reconocía que España continúa siendo una isla energética, pero al mismo tiempo decía que 'no se cuenta en la actualidad con ningún proyecto
destinado a reforzar las interconexiones gasistas con Europa, ya que contamos con dos gasoductos que conectan España con Francia y otros dos con Portugal'. Pero todos ellos son claramente insuficientes como han declarado el primer ministro
portugués, Antonio Costa, y la comisaria europea de Energía, Kadri Simson.
En esa respuesta escrita del Gobierno, de fecha 19 de enero de 2022, , se confirma que el gasoducto STEP ha sido rechazado en la 4.ª lista PCI por 'la opinión negativa de los reguladores independientes de Francia y España, CRE y Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), respectivamente, en relación con el análisis coste-beneficio de la infraestructura' para a continuación señalar que 'España en su condición de isla, energéticamente hablando, no recibe gas de manera
física a través de las conexiones internacionales que conectan nuestro país con Francia y verticalmente con otros terceros países a través de las infraestructuras de la Unión Europea'.
La agresión militar de Rusia a Ucrania ha puesto de relieve que la dependencia energética de la UE de Rusia, que aprovisiona casi el 40 % de las necesidades de gas la UE, es insostenible y urgen soluciones que permitan sustituir la
procedencia del gas necesario en Europa.
A esta situación hay que sumarle el aumento progresivo de los aprovisionamientos de gas desde Rusia, principalmente desde 2018, así, por ejemplo, en 2017 España no importó gas procedente de Rusia, desde la llegada de Pedro Sánchez al
Gobierno la dependencia del gas ruso ha ido incrementándose, suponiendo en la actualidad más del 10 % de nuestros aprovisionamientos y consumos en un claro error estratégico, permitiendo la entrada de gas ruso y perdiendo el suministro de gas
argelino por el gasoducto MAGREB, haciendo que España se vuelva vulnerable en cuanto a su soberanía energética.
En ese contexto, todas las miradas se vuelven a España y su sistema gasista, que podría ser una solución que coloque a nuestro país en el liderazgo de la transición energética contando con el gas como vector imprescindible en esa transición.
El tiempo perdido por España debe recuperarse ahora con urgencia. Los errores deben ser corregidos de forma inmediata. Los aprovisionamientos que puedan alimentar al resto de Europa desde la Península, con nuevas interconexiones, deben
aprovechar todo el potencial de nuestra infraestructura gasista, iniciar las acciones que correspondan para la reapertura del gasoducto Magreb, debe ponerse en marcha sin demora la planta de regasificación de El Musel, en el puerto de Gijón, y la
mejora de las interconexiones con Francia.
El gasoducto STEP permitía a España jugar un papel geoestratégico fundamental:
- Conectaría el gas del norte de África con Europa.
- Haría de España un actor fundamental en la política energética europea.
- Permitiría el desarrollo de gases renovables y su comercialización en Europa.
- Contribuiría a mitigar la dependencia europea del gas ruso.
- Generaría valor y rentabilidad adicional a la mayor red de regasificadoras de Europa y una red de gasoductos y almacenamiento de vanguardia, como es la red gasista española, contribuyendo a su consolidación como hub del gas del sur de
Europa.
- Rebajaría el precio de la electricidad al contar con gas más barato que el proveniente del este y del norte de Europa.
- Fortalecería el potencial de transformación, desde una posición de ventaja competitiva, de la red gasista española hacia el vector del hidrógeno.
Sin embargo, en la 5.ª Lista de PCI, el proyecto STEP, como reconoce el Gobierno, desaparece por el informe desfavorable de los reguladores español y francés.
Por todo ello, tenemos que reiterar la opinión ya avanzada hace pocas semanas; la razón de esa incongruencia que evidencia el Gobierno con su rectificación de última hora después de tres años de inacción solo puede encontrarse en una falta
de compromiso de este Gobierno y de su Vicepresidenta Tercera y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico con el sector gasista español en general y con las interconexiones de gas en particular, como consecuencia de un prejuicio ideológico
y sectario contra ese tipo de energía. Es llamativo ver cómo sí se consideran proyectos PCI, la interconexión de Grecia e Italia, con una longitud de 1.872 km, mientras se rechazaban como antieconómicos los 200 km de conexión con Francia. Parece
evidente que las políticas gubernamentales inciden directamente en la evaluación técnico-económica que han de realizar los reguladores. Por otro lado, insistimos que es injustificable cómo este Gobierno ha permitido el cierre del gasoducto del
Magreb que aprovisionaba a España con una capacidad de casi el 25 % de su consumo, sin razón tecnifica ni económica que lo avale, y cómo permanece en la inacción en este tema, e incluso facilitando su uso para exportar gas desde la península a
Marruecos.
Anteponer intereses ideológicos en materia de transición energética al interés general y a los intereses geoestratégicos nacionales, se ha dado de bruces con una terrible realidad, como es la guerra en Ucrania.
En este contexto, el presidente Sánchez desautorizó públicamente hace escasos días a la Vicepresidenta Ribera, lo que le ha llevado a manifestarse a favor de una 'aceleración y fortalecimiento de las interconexiones', en clara alusión al
proyecto STEP-Midcat entre España y Francia para conectar con Alemania y centroeuropa, que había quedado excluido recientemente de la lista de proyectos estratégicos
de la UE, los llamados proyectos PIC (Proyectos de Interés Común), por el informe desfavorable de los reguladores francés y español y sin que el Gobierno español opusiera resistencia alguna.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar las capacidades y los niveles de aprovisionamiento, almacenamiento, regasificación y transporte de gas en el sistema peninsular, con especial atención a las interconexiones con Francia, Portugal, Marruecos y Argelia, en
coherencia con la nueva comunicación de la UE.
2. Relanzar con carácter urgente, y con la simplificación de trámites a la que también apunta la UE, las nuevas interconexiones gasistas proyectadas en su día, en concreto, el proyecto STEP-MIDCAT.
3. Promover las modificaciones normativas en España y, en su caso, en el seno de la UE, a fin de que puedan acortarse los plazos de ejecución y puesta en operación del proyecto de interconexión referido en el apartado anterior, así como sus
mecanismos de financiación como Proyecto de Interés Común o similar.
4. Intensificar los trabajos para la puesta en servicio y funcionamiento de la regasificadora El Musel.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2022.-Juan Diego Requena Ruiz y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para la protección de los consumidores frente a las ofertas promocionales 'sin IVA', para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) es un impuesto indirecto que grava el consumo. Cuando las personas consumidoras adquirimos cualquier bien o servicio, estamos legalmente obligados a pagar a la parte vendedora o prestadora de dicho
servicio un importe que incluye el IVA. Posteriormente, es el vendedor o prestador de servicios y no las personas consumidoras finales quien debe ingresar en Hacienda las cuotas correspondientes del IVA que está obligada a repercutir a los
consumidores.
Los impuestos junto con las tasas y las contribuciones especiales configuran los ingresos tributarios, principal fuente de financiación de los Presupuestos de las Administraciones Públicas. Los ingresos impositivos atribuibles al Estado
representan más del 80 % de los ingresos no financieros. Constituyen una de las principales fuentes de financiación del sector público y, por lo tanto, un recurso fundamental para la provisión de bienes y servicios públicos. El IVA constituye,
tras el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la fuente de financiación tributaria más importante para el Estado.
Las ofertas publicitarias dirigidas a los consumidores de los denominados 'Días sin IVA' o 'Semana sin IVA' induce a los consumidores a la compra de productos de forma engañosa, sugiriendo precios más baratos, y afecta negativamente a la
conciencia fiscal de los contribuyentes.
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, con objeto de proteger los legítimos intereses
económicos de los consumidores y usuarios, establece en su artículo 20 que las prácticas comerciales que, de un modo adecuado al medio de comunicación utilizado, incluyan información sobre las características del bien o servicio y su precio,
posibilitando
que el consumidor o usuario tome una decisión sobre la contratación, deben de incluir el precio final completo, incluidos los impuestos. Así mismo, el artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, considera desleal
por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, en relación con el precio o su modo de fijación, siendo
susceptible de alterar su comportamiento económico. Las ofertas promocionales podrán, en su caso, contar con un descuento en el precio del producto, pero nunca será admisible que la compra en cuestión se exima de la obligación de pagar el IVA, por
lo que es evidente que los eslóganes de las campañas no resultan veraces. Si además tenemos en cuenta que el descuento se aplica sobre la base imponible, que es el precio sin IVA y no sobre el Precio de Venta al Público, la expectativa de descuento
que se ofrece a los consumidores, como consecuencia de la citada publicidad, es mayor que la realmente practicada.
Por otro lado, esta clase de mensajes publicitarios afectan negativamente a la conciencia fiscal de los contribuyentes, ya que se basan en una asociación negativa del impuesto en la mente del consumidor, como el causante del encarecimiento
de los productos, en lugar de representarlo como un instrumento imprescindible del sostenimiento de los gastos públicos, favoreciendo con ello una valoración negativa del sistema tributario y constituyendo así una desleal y engañosa publicidad en
relación con los tributos, institución básica del Estado de Derecho.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en el seno de la Conferencia Sectorial de Consumo, la protección efectiva de los consumidores y usuarios frente a las ofertas publicitarias que anuncien cualquier tipo de campaña
'sin IVA'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2022.-Marisol Sánchez Jódar, Julio Navalpotro Gómez, Ana Prieto Nieto, Carmen Andrés Añón, José Ramón Ortega Domínguez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces,
Andrea Fernández Benéitez, Sandra Guaita Esteruelas, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicente Viondi y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre aumento de inspecciones a las empresas que sigan usando los teléfonos 901 y
902 para la atención al cliente, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, modificó el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, para facilitar que las
personas consumidoras dispongan, en sus relaciones con las empresas, de un número de teléfono que no suponga un coste superior al coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar y para los servicios básicos de interés
general de un teléfono de atención al consumidor gratuito.
Sin embargo, a día de hoy, siguen existiendo empresas que mantienen teléfonos 901 y 902 en su relación con consumidores y usuarios, por lo que se hace necesaria una especial labor de inspección al respecto, así como de información a las
personas consumidoras para que, conociendo sus derechos, puedan denunciar prácticas contrarias a esta norma.
Por otra parte, si bien la norma es de aplicación a empresas, parece razonable avanzar en este aspecto al respecto de las entidades públicas, en sus relaciones con los usuarios y usuarias de los mismos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover en el Consejo Sectorial de Consumo, junto a las Comunidades Autónomas:
1. Campañas de inspección en relación al cumplimiento del artículo 21.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, por el cual las empresas
deben facilitar que las personas consumidoras dispongan, en sus relaciones con las empresas, de un número de teléfono que no suponga un coste superior al coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar y para los
servicios básicos de interés general de un teléfono de atención al consumidor gratuito.
2. Campañas informativas y divulgativas de este precepto, dirigidas a las personas consumidoras y usuarias.
3. Que las diferentes entidades públicas y administraciones sustituyan sus teléfonos 901 y 902 por teléfonos que no supongan un coste superior al coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-José Ramón Ortega Domínguez, Marisol Sánchez Jódar, Elvira Ramón Utrabo, Andrea Fernández Benéitez, Laura Berja Vega, Julio Navalpotro Gómez, Sandra Guaita Esteruelas, Carmen Andrés
Añón, Josefa Andrés Barea, Daniel Vicente Viondi, Ana Prieto Nieto y María Luisa Carcedo Roces, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la criminalización de las
personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Guatemala, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Exposición de motivos
En Guatemala las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos se enfrentan a patrones de criminalización dirigidos a obstaculizar su labor. Según los registros de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos-Guatemala (UDEFEGUA), entre enero y noviembre de 2021 se cometieron 839 agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente siguen
siendo uno de los colectivos más perseguidos. Los tipos de criminalización más utilizados, según los registros de UDEFEGUA, son los actos de difamación y estigmatización, las denuncias judiciales sin fundamento y las detenciones ilegales.
Estos datos van en línea con la tendencia global. Según Front Line Defenders, los arrestos y detenciones fueron las formas más comunes utilizadas por los Estados para frenar el trabajo de las personas defensoras en el año 2020. La propia
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, alertaba ya que las personas defensoras son sistemáticamente sujetas a procesos
penales sin fundamento. El informe señala que 'la criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos a través del uso indebido del derecho penal consiste en la manipulación del poder punitivo del
Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de obstaculizar sus labores de defensa y así impedir el ejercicio legítimo de su derecho a defender los derechos humanos'. En la misma línea, el informe de la Oficina de
la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de 2019 alerta sobre la criminalización que sufren las personas defensoras de derechos humanos basada 'en el uso indebido del derecho penal en su contra', que afecta especialmente a quienes
defienden la tierra y los recursos naturales.
Los patrones de uso indebido del derecho penal en contra de personas defensoras, líderes y lideresas comunitarias, así como de pueblos indígenas y campesinos, se caracterizan por serias deficiencias en el proceso penal, falta de pruebas,
fabricación de acusaciones, falta de individualización de los hechos y dilatación injustificada de los procesos, que incrementan el desgaste económico, social y emocional de las personas defensoras, sus familias, comunidades y organizaciones. En la
raíz de estas situaciones se encuentran conflictos por el acceso a la tierra, la protección de los bienes comunes naturales y los derechos territoriales de comunidades indígenas.
Actualmente hay varios casos de judicialización de personas defensoras en Guatemala que ejemplifican estos patrones de criminalización: Anabella España Reyes, Abelino Salvador Mejía, Flavio Vicente y Virgilio García Carrillo, integrantes de
la junta directiva del Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR); Justino Xollim, líder comunitario miembro de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC); Jorge CocCoc y Marcelino XolCucul, integrantes del Comité Campesino del
Altiplano (CCDA); o Bernardo CaalXol, portavoz de la Resistencia Pacífica de Cahabón. Todas ellas son personas defensoras de la tierra y del territorio que se encuentran bajo procesos de judicialización en los que se hace un uso indebido del
derecho penal y una aplicación arbitraria de la ley.
En un contexto de debilitamiento de la institucionalidad pública y de ataques contra la independencia de la justicia en Guatemala, la situación para las personas defensoras criminalizadas se vuelve muy crítica. En este sentido, el
reconocimiento de la labor de las personas defensoras por parte de la comunidad internacional, así como el seguimiento a sus casos a través de la observación de los juicios, resulta fundamental para promover que se garantice el debido proceso.
Estas medidas están recomendadas por las Directrices de la UE para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. En el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia 2020-2024, ratificado en noviembre 2020
por todos los Estados Miembros, incluido el Estado español, se subraya el apoyo y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos como un elemento clave para lograr sus objetivos. Las acciones de observación de audiencias son
mencionadas explícitamente como una de las herramientas adecuadas para promover la protección a personas defensoras en la Comunicación del Consejo sobre el Plan de Acción.
Por los motivos expuestos, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Respaldar la labor de las personas, organizaciones y comunidades defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Guatemala, rechazando los procesos de criminalización que se articulan, especialmente desde algunos sectores
económicos y políticos, contra la labor de estas.
2. Implementar acciones para promover la protección de las personas defensoras de derechos humanos que sufren un uso indebido del derecho penal.
3. Dar seguimiento, a través de la Embajada de España en Guatemala, a las audiencias de los juicios en contra de las personas defensoras judicializadas de los casos mencionados, mostrando la preocupación de la comunidad internacional para
que se garantice el debido proceso.
4. Promover que la delegación de la UE en Guatemala haga seguimiento de los casos mencionados a través de la observación de las audiencias y el respaldo a la labor de las personas defensoras judicializadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2022.-Pedro Antonio Honrubia Hurtado, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al acceso global a las
vacunas contra la COVID-19, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Exposición de motivos
La pandemia de la COVID-19 ha afectado a la vida de millones de personas en todo el mundo, con graves consecuencias en las condiciones materiales de vida, en la salud y en las relaciones económicas y sociales, y ha supuesto también un
importante retroceso en la lucha contra la pobreza y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 aprobada en 2015 por 193 países.
Para combatir la COVID-19 el acceso a la vacunación es fundamental, de tal forma que las vacunas se convierten en verdaderos bienes públicos de carácter global para afrontar pandemias como esta. Para ello se necesitan esfuerzos y políticas
de diversa índole: donaciones de vacunas, exención de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) para las vacunas y tratamientos contra la COVID-19, intercambio de tecnología y conocimientos, inversión en
infraestructuras de vacunación, refuerzo de los sistemas sanitarios de los países, o garantías para la generalización de diagnósticos y terapias.
En este sentido, el Parlamento Europeo ha pedido suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra la COVID-19, dando prioridad a la disponibilidad y asequibilidad de los productos sanitarios relacionados
con la COVID-19, al aumento de la producción de vacunas y a la distribución geográfica mundial de la capacidad de fabricación.
Efectivamente, en su resolución 2021/2692, de 10 de junio de 2021, la Eurocámara propone abrir negociaciones para la suspensión temporal del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para ampliar el acceso mundial a los productos médicos relacionados con la COVID-19 y poder hacer frente a las restricciones de la producción y la escasez de suministro a nivel mundial.
Según el Parlamento Europeo, la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos a los países que ya tienen capacidad industrial para la producción de vacunas, junto con los acuerdos voluntarios de concesión de licencias, cuando el
desarrollador decide a quién y bajo qué condiciones autoriza la utilización de la patente, son los principales métodos para ampliar la producción mundial a largo plazo.
La suspensión temporal de los ADPIC para las vacunas contra la COVID-19 como instrumento para potenciar la expansión de la vacunación por el mundo sería posible, según el Parlamento Europeo, sin afectar negativamente a la financiación de la
investigación ni a los investigadores, los inversores, los desarrolladores o los ensayos clínicos.
La resolución del Parlamento de la Unión Europea también aborda los problemas de producción, señalando que se necesitan 11.000 millones de dosis para vacunar al 70 % de la población mundial, pero solo se ha producido una pequeña parte de esa
cantidad. Así, se propone eliminar con rapidez las barreras a la exportación, solicitando a la UE que sustituya su propio mecanismo de autorización de las exportaciones por obligaciones de transparencia. Se hace un llamamiento en particular a EE.
UU. y al Reino Unido para que supriman sus prohibiciones a la exportación de materias primas necesarias para la producción de vacunas.
La gran mayoría de los primeros 1.600 millones de dosis de vacunas producidas han ido a países industrializados productores de vacunas y solo el 0,3 % de las dosis ha llegado a los 29 países más pobres del mundo, en los que vive alrededor
del 9 % de la población mundial. El Parlamento Europeo señala que para facilitar el acceso a las vacunas a estos países es primordial el mecanismo de distribución del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 o COVAX, por sus siglas en inglés.
Sin embargo, debemos reconocer, con los datos conocidos, que los resultados dados por el COVAX hasta la fecha no han sido todo lo efectivos que hubiera sido necesario para cumplir con sus objetivos. Tras los dieciocho primeros meses de aplicación
de este mecanismo, el 98 % de la población de los países de bajos ingresos seguía sin vacunar.
Durante este tiempo, COVAX había proporcionado apenas el 5 % de las vacunas administradas en el mundo, quedando finalmente muy lejos de su objetivo inicial de 2.000 millones para 2021.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Promover en el ámbito internacional la aprobación de una exención temporal del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, con el objetivo de mejorar el acceso
mundial a productos médicos asequibles relacionados con la COVID-19 y abordar las limitaciones de producción y la escasez de suministro a nivel mundial, incluyendo las vacunas, revisando el marco mundial de derechos de propiedad intelectual para
futuras pandemias.
2. Apoyar mediante la cooperación internacional la distribución geográfica mundial de la capacidad de fabricación, haciendo hincapié en que la política comercial internacional debe desempeñar un papel proactivo en este esfuerzo, facilitando
el comercio de materias primas y productos sanitarios y médicos, aliviando la escasez de suministros y de personal cualificado y experimentado y resolviendo los problemas de la cadena de suministro.
3. Impulsar los mecanismos de investigación, desarrollo y fabricación de vacunas que sirvan para cubrir las necesidades de nuestra población, así como promover cambios en el funcionamiento del mecanismo COVAX con el fin de eliminar los
vetos de la industria farmacéutica, contribuyendo en términos de financiación e intercambio de vacunas a paliar el déficit de dosis existentes, cumpliendo los objetivos de suministro y permitiendo realizar donaciones de forma bilateral a países de
renta baja y media.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2022.-Pedro Antonio Honrubia Hurtado, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de defensa de los derechos y libertades de las mujeres en América
Latina para su debate en la Comisión de Cooperación para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Los derechos y libertades fundamentales de las mujeres han gozado de grandes avances en los últimos años, pero aún quedan muchos aspectos por mejorar para asegurar la igualdad efectiva y real de las mujeres frente a las numerosas
discriminaciones que sufren en su vida cotidiana, desde el plano familiar al laboral. Es por ello que se sigue celebrando el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo, para visibilizar esas diferencias y discriminaciones que aún existen y,
sobre todo, para poner sobre la mesa medidas para cambiar esa realidad. España es uno de los países más seguros para las mujeres, y es también uno de los países en los que más se garantiza la igualdad entre sexos según índices especializados como
Woman Stats, el Instituto Europeo por la Igualdad de Género, el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad o el Índice de Investigación de la Paz de Oslo.
Sin embargo, esto no es así en todos los continentes. Por desgracia, las mujeres de América Latina siguen enfrentándose a situaciones de discriminación intolerable, llegando incluso a poner en riesgo su integridad física y su vida en
niveles extremadamente altos.
En México, los últimos años han sido aún más terribles para las mexicanas. Entre enero y noviembre del pasado año, 3.462 mujeres fueron asesinadas, lo que supone una media de 10 vidas al día. Del total de mexicanas asesinadas, 2.540 fueron
víctimas de homicidio doloso, mientras que 922 sufrieron feminicidio por razón de su género, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). De hecho, los llamados 'feminicidios' se han incrementado en un
4,11 %
desde que accedió al poder el líder populista Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, los delitos como violaciones o la trata de personas se han visto agravados por el aumento de la violencia generalizada, los recortes a los presupuestos
de igualdad, políticas de género débiles y la subida de las agresiones machistas durante la pandemia. Mientras tanto, el Gobierno de López Obrador no es capaz de abordar esta problemática con la seriedad que requiere y no hay medidas
suficientemente ambiciosas en marcha.
Perú es uno de los países que registra una de las tasas más altas de violencia machista. De acuerdo a informes recogidos por el Banco Mundial, en torno a siete de cada 10 mujeres adultas peruanas han sido víctimas de algún tipo de violencia
psicológica, física y/o sexual a lo largo de su vida. Durante el año 2020, la pandemia disparó las denuncias de esta violencia, más que triplicando la cifra de denuncias del año 2019 y alcanzando las 24.990. Los expertos apuntan a que el principal
reto es la normalización de la violencia contra ellas a la que se enfrentan las mujeres en Perú, puesto que según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática el 39 % de las agredidas decide no pedir ayuda y el 23 % no denuncia a sus
agresores, principalmente por vergüenza. El comunista Pedro Castillo accedió al poder hace unos siete meses, y ya se ha tenido que enfrentar a una polémica con la violencia contra las mujeres por haber nombrado a un primer ministro que había
agredido a su mujer, a su hija y a la psicóloga que había intentado tratarle.
En el caso de Brasil, el ascenso del ultraderechista Jair Bolsonaro ha agravado el problema de la violencia machista en el país. El pasado año 2021, tres de cada 10 mujeres brasileñas fueron amenazadas de muerte por sus parejas o exparejas,
y una de cada seis sufrió un intento de acabar con su vida. El miedo y la vergüenza siguen presentes también en la sociedad brasileña, puesto que solo una tercera parte de ellas denunciaron los hechos a las autoridades. Es más, en una encuesta
realizada entre hombres brasileños, el 33 % de ellos consideraban que las mujeres eran total o parcialmente responsables de la violencia que sufrían. No es de extrañar, dado que la justicia brasileña ha tenido que sancionar al presidente Bolsonaro
y a algunos de sus ministros por sus 'reiteradas' declaraciones discriminatorias contra las mujeres a raíz de una denuncia del Ministerio Público Federal por considerar que ese 'carácter discriminatorio en relación a las mujeres han causado
consecuencias negativas para toda la sociedad brasileña y daños morales de dimensiones colectivas'.
Todo ello por no hablar de países que viven directamente bajo un régimen dictatorial. En la tiranía comunista de Cuba, a la violencia machista se le suma la violencia institucional instigada por las fuerzas de represión comandadas por
Miguel Díaz-Canel. La Red Femenina de Cuba ha denunciado en repetidas ocasiones la violencia extrema con la que las fuerzas de seguridad y militares cubanas reprimen a las mujeres que protestan por los derechos y libertades de todos sus
compatriotas. De hecho, las imágenes de la violencia desmedida por parte del régimen comunista de Cuba contra las manifestantes en las protestas del pasado año 2021 demuestran esa violencia institucional que denuncian las mujeres cubanas.
En Nicaragua, la tiranía del matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene un marco de miedo y represión que se ceba especialmente contra las mujeres, tal y como denuncian organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir.
Además, el dictador mantiene una prohibición total de la interrupción voluntaria del embarazo, incluyendo en casos de violación, mientras que las fuerzas de seguridad y mantenimiento del orden renuncian en muchos casos a atender a las pocas
nicaragüenses que consiguen romper con el miedo y la vergüenza y recurren a las autoridades para hacer frente a la violencia y la discriminación. Es más, varias organizaciones feministas denuncian la actitud de responsables de las instituciones del
Estado y de la policía, que en muchos casos son los propios agresores o perpetradores de amenazas, acoso y persecución a mujeres.
Por su parte, en Venezuela son bien sabidos los abusos intolerables que comete el régimen de Nicolás Maduro, que tiene en las mujeres una víctima especial. En su informe de 2021 sobre la situación de derechos y libertades fundamentales en
el país, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, el organismo internacional había considerado probadas situaciones de 'golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y
amenazas de violación' por parte de las fuerzas de represión del régimen contra mujeres venezolanas. La violencia sexual, de hecho, ocupaba una gran parte de ese informe y mostraba las despreciables actuaciones de la tiranía comunista de Nicolás
Maduro contra la libertad y la integridad de las mujeres. Por ejemplo, había información sobre violaciones sexuales a mujeres detenidas en prisiones preventivas, cometidas por parte de trabajadores y fuerzas del régimen ante la inacción de las
instituciones. Uno de los casos expuestos era el de un agente policial de Barinas que presuntamente asesinó de un disparo a una mujer en custodia policial, cuando la prisionera se negó a tener actos sexuales con él. Es más, el propio informe
instaba a la
Fiscalía de Venezuela a 'investigar a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y [procesar] a los agentes de policía presuntamente involucrados'. El régimen de Nicolás Maduro, sin embargo, permanece
impasible ante estos deplorables actos de agresión, violencia y discriminación contra las mujeres.
Por desgracia, esta situación también es extensible a otros países del continente hermano. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Honduras encabeza la trágica lista de feminicidios regional, con 4,7
mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes, seguida de República Dominicana, con 2,4 por cada 100.000 habitantes y El Salvador, con 2,1 por cada 100.000 habitantes. Además, en países como Ecuador, Costa Rica o Panamá, los casos de violencia
machista que acaban en asesinato se incrementaron el pasado año con respecto a 2020.
Dados los lazos históricos, económicos, culturales y sociales de España con América Latina, nuestro país debe involucrarse de forma activa en la protección de las mujeres y en la defensa y promoción de sus derechos, sus libertades y de su
integridad. Una sociedad que da la espalda al 50 % de su ciudadanía es una sociedad condenada al fracaso, y España debe ser capaz de tomar una actitud más proactiva y decidida para no abandonar a esas mujeres latinoamericanas a su suerte. Para
poder decirles que no están solas, sino que su causa es la de todos los demócratas y de quienes defendemos la libertad.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actualizar la Guía para la Transversalización del Enfoque de Género de la AECID para adaptarla a las necesidades específicas de la realidad internacional actual, asegurando así que la cooperación española ofrece un verdadero valor
añadido a las mujeres de las sociedades en las que opera, principalmente en los países de América Latina.
2. Acordar con los grupos parlamentarios un nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2022-2025 que tenga como prioridad la defensa de la libertad de las mujeres y de la lucha contra la discriminación por razón de sexo, incluyendo
medidas específicas y apoyo a proyectos locales que tengan como objetivo garantizar la igualdad de género en los países en los que opera la cooperación española, especialmente en América Latina.
3. Aprobar, en el seno de la reforma del marco normativo de la cooperación española, un mecanismo de 'freno de emergencia' para paralizar la financiación de proyectos de cooperación para el desarrollo que se vehiculen a través de
instituciones públicas de los países receptores en caso de que los gobiernos de esos países lleven a cabo, por acción o por omisión, políticas que fomenten o favorezcan la violencia psicológica, física y/o sexual contra las mujeres, pasando a una
fórmula de financiación sin participación de instituciones públicas del país receptor que siga asegurando que esos fondos llegan a la población destinataria.
4. Fomentar la participación de empresas españolas en los proyectos de cooperación para el desarrollo que tengan como objetivo promover y favorecer la toma de conciencia sobre la igualdad de género y la lucha contra la violencia contra las
mujeres, aprovechando la experiencia que nuestras empresas tienen a la hora de fomentar y facilitar el desarrollo personal y profesional de las mujeres españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la estrategia de ayuda
humanitaria para Ucrania, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La invasión de Ucrania por el ejército ruso el pasado 24 de febrero está provocando víctimas mortales, heridos y desplazamientos masivos de civiles que se ven obligados abandonar sus hogares para intentar salvar sus vidas. Los ataques rusos
están dañando las infraestructuras, especialmente redes eléctricas y de agua, los hospitales y servicios sociales básicos de las ciudades ucranianas.
A la catástrofe humanitaria en las regiones (óblast) de Donetsk y Luhansk -presente ya desde 2014- se suma ahora la de otras óblasti del país como Kyivska (en la que se encuentra la capital, Kyiv), Kharkivska, Khersonska, Mykolaivska,
Odessa, Sumy y Zhytomyrska.
Según ACNUR, a 1 de marzo de 2022, al menos 660.000 personas ya han abandonado Ucrania buscando refugio en países vecinos. Muchos más siguen intentando alcanzar las fronteras de Ucrania con el objetivo de huir de la masacre a la que les
está sometiendo el gobierno de Vladimir Putin. De continuar como hasta ahora, esta podría ser la mayor crisis de refugiados de este siglo en Europa.
Es especialmente preocupante -por sus limitaciones para procurarse una salida- la situación de las personas mayores, las personas con discapacidades y otros grupos vulnerables como mujeres y niños.
La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos diplomáticos para, en paralelo a las acciones militares, buscar las mayores garantías posibles de que Rusia respetará, sin condiciones, el Derecho Internacional Humanitario.
Los próximos días y semanas serán de vital importancia de cara a evitar a una catástrofe humanitaria de enormes dimensiones.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) estima -si el conflicto continúa- que 18 millones de personas se verán afectadas, con 6,7 millones de nuevos desplazados internos. De la población afectada, se
prevé que 12 millones de personas necesiten asistencia humanitaria.
Es altamente probable que la crisis humanitaria se prolongue en el tiempo, por lo que urge necesaria una estrategia de respuesta a medio y largo plazo coordinada tanto a nivel europeo como en el seno de la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios de Naciones Unidas.
España y Europa deben estar a la altura de los compromisos asumidos y de la necesidad humanitaria del pueblo ucraniano.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar -en paralelo a las acciones militares pertinentes- todos los esfuerzos, tanto de envío de material defensivo como gestiones diplomáticas para el cese inmediato de las hostilidades y la búsqueda de una solución al conflicto.
2. Instar al Gobierno ruso al respeto del Derecho Internacional Humanitario, la protección de la población civil y el acceso continuado a los servicios esenciales.
3. Impulsar, en el seno de la UE, una respuesta humanitaria rápida y eficaz que contemple:
a) La creación de corredores humanitarios que permitan evacuar con urgencia a la población afectada.
b) Un incremento de la financiación que garantice la continuidad de la asistencia humanitaria y permita el despliegue de actividades de preparación esenciales.
4. Impulsar con carácter urgente en el seno de la UE una estrategia diplomática conjunta que coordine la ayuda humanitaria urgente y gestione una salida ordenada; contemplando la posibilidad de la evacuación individualizada de los
ucranianos vulnerables, atendiendo especialmente a la situación de personas con discapacidades, mujeres, niños y ancianos, ofreciéndoles apoyo a través del establecimiento de vías legales y seguras para que puedan buscar protección en la Unión
Europea, y el acceso al asilo, protección y asistencia.
5. Presentar un Plan coordinado con Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Ayuntamientos para la acogida de los refugiados de este conflicto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2022.-Paloma Gázquez Collado, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Óscar Clavell López, Gabriel Elorriaga Pisarik, Elvira Velasco Morillo, Marta González Vázquez, Miguel Ángel Jerez Juan, César
Sánchez Pérez, Ricardo Tarno Blanco, Vicente Tirado Ochoa, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y María Valentina Martínez Ferro, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa la creación de un plan de ayuda humanitaria para las personas refugiadas
ucranianas a consecuencia de la guerra iniciada por Rusia sobre Ucrania, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional.
Exposición de motivos
El 24 de febrero de 2022 fue el día que volvió la guerra al viejo continente. La invasión militar de Rusia sobre Ucrania es ya el peor conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso, Vladimir Putin, tras numerosas
informaciones internacionales que indicaban sus intenciones militares hacia el país ucraniano, perpetró un ataque por tierra, mar y aire con el objetivo de invadir el país y derribar al Gobierno legítimo elegido hace apenas dos años por el pueblo
ucranio. Desde el mes de noviembre de 2021, asistimos a la concentración de tropas rusas en la frontera ucraniana por el norte, este y sur. Un contingente formado por entre 120.000 y 190.000 militares, según las informaciones publicadas.
Con suma tristeza e impotencia, la madrugada del 24 de febrero de 2022, las tropas rusas iniciaron el ataque que estaba previsto sobre territorio ucranio. Tras el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk y la
aprobación del parlamento ruso al envío de tropas a estas regiones, se inició la invasión por todos los medios a su alcance.
Un ataque iniciado por el sur de Crimea, por el este del Donbass y al norte por Bielorrusia, ha provocado el pánico en la población. Estamos asistiendo a una serie de bombardeos e incursiones por el ancho y alto del país, afectando a
posiciones estratégicas del Gobierno, pero también hacia ciudades y, en particular, a zonas residenciales donde los civiles están siendo asesinados a causa de estos ataques. Esta terrible situación está provocando un éxodo de refugiados que temen
por sus vidas hacia los países limítrofes -Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia y Rumania-. A tenor de los datos facilitados por Naciones Unidas, se ha contabilizado la huida de hasta 1.000.000 de ucranianos durante los primeros días, pero se
espera la salida de cinco millones de refugiados.
Hemos asistido a la más infinita crueldad que provoca la guerra. Presenciamos la separación de familias, de padres, madres e hijos, una situación catastrófica para cualquier familia. El miedo a perder sus vidas ha iniciado un éxodo de
refugiados que tendremos que acoger y ayudar entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, una situación que nos transporta a momentos históricos que creíamos ya olvidados en Europa.
El Gobierno de España ha enviado 20 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania para hacer frente a las necesidades de la población. Estamos asistiendo a la mayor crisis en territorio europeo desde la II Guerra Mundial, se intuye que será una
gran catástrofe humanitaria. Es por ello que, con suma urgencia, es necesario poner a disposición mayores recursos que ayuden a paliar las graves consecuencias de esta guerra.
En un mundo globalizado, donde la estabilidad y el crecimiento socioeconómico de nuestras sociedades han brindado el mayor periodo de bienestar y paz, no se entiende, ni se debe permitir, este tipo de ataques. La Democracia ha conseguido
que tengamos el mejor sistema político, el mejor sistema de derechos y libertades, logrando y alcanzando altos niveles de convivencia y cohesión de todas aquellas
personas que pensamos diferente, pero que compartimos el respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos y que promulgamos la libertad, paz y justicia de los pueblos.
El Partido Socialista solicita el consenso de todas las fuerzas políticas de nuestro país para ayudar al pueblo ucraniano. Condenamos enérgicamente este ataque ejecutado bajo el manto de creencias e ideales imperialistas que viola el
derecho internacional y los derechos humanos y pone en riesgo las vidas de los ucranianos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a la puesta en marcha de un programa de acción humanitaria destinado a las personas refugiadas y desplazadas internamente en Ucrania, así como a todas las personas que sufren las
consecuencias del conflicto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2022.-María Guijarro Ceballos y Noemí Villagrasa Quero, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/003887
A la Mesa de la Comisión de Igualdad
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya doña Pilar Calvo i Gómez, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de
Igualdad, una Proposición no de Ley para previsión de un permiso de maternidad/paternidad para el acogimiento temporal o de urgencia.
Exposición de motivos
Nuestro sistema de protección social en el ámbito laboral prevé el permiso de maternidad/paternidad, que empezó como una medida para velar por la recuperación de la madre después del parto, que evolucionó hacia una medida que ampliaba esa
atención a la vez que incidía en el cuidado del bebé, hasta la concepción actual en que la baja por maternidad/paternidad busca la atención del menor en un plano de igualdad entre ambos progenitores.
Con ello, y en paralelo, se atendieron también las necesidades sobrevenidas en los casos de acogimiento y adopción, considerando como objetivo principal de la medida la atención del menor dentro del seno de la familia. Esta atención se
limita, sin embargo, a aquellos acogimientos que se resuelven para más de un año de duración, quedando fuera los acogimientos temporales y los de urgencia, sea cual sea la edad del menor y sea cual sea la familia de acogida.
De todas las casuísticas que quedarían desatendidas en la regulación actual entendemos que debe ser corregida, con la mayor celeridad, la situación que se deriva del acogimiento de urgencia o temporal del menor en 'familia extensa' para
menos de un año. El motivo principal es que la familia extensa de acogida se encuentra en la situación de tener que atender a un menor de muy corta edad de manera sobrevenida, súbitamente.
En los casos de acogimiento de urgencia de familia extensa se cubre la prestación económica, pero se debería tener en cuenta, además, la necesidad de disfrutar de un permiso laboral para tener tiempo de estar con la criatura. Si la
condición de familiaridad se convierte en un factor favorable, e incluso determinante, para pedir a una familia que asuma la responsabilidad de la custodia de una criatura, lo lógico sería, por asimilación, que esta pasara el mayor tiempo posible
con sus familiares para fortalecer ese vínculo. Está fuera de toda lógica que se pida a los familiares que cuiden del niño/a y que estos, para poder atender sus obligaciones laborales, acaben viéndose obligados a dejar al recién nacido con un
cuidador de fuera de la familia.
El acogimiento de urgencia de familia extensa es muy diferente, por el vínculo emocional que comporta ser pariente, al que llevan a cabo las 'familias ajenas' que se dedican profesionalmente a hacer acogida, hasta dos veces por año, y que se
ganan la vida atendiendo a recién nacidos o a niños/as de muy corta edad.
En el caso que nos ocupa, la aplicación del principio básico del interés superior del menor debe traducirse en garantizar la mejor de las atenciones en el entorno familiar, en vistas a compensar la traumática separación del menor de sus
progenitores. En consecuencia, el sistema de atención al menor debe ser facilitador y no convertirse en un contrasentido. Además, promover eficientemente el cuidado del menor por parte de su familia extensa puede facilitar, posteriormente, la
ampliación de esa acogida más allá de los primeros seis meses preceptivos.
En cualquier caso, un estado social con un sistema de bienestar estructurado debe perfeccionarse siempre que sea posible. Especialmente cuando hablamos de las necesidades de la infancia. Ayudemos a esas criaturas a gozar del mejor de los
entornos a la hora de empezar a escribir su futuro.
Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las modificaciones legales necesarias para establecer un permiso de maternidad/paternidad para la familia extensa acogedora de urgencia o temporal (de menos de un año) de un bebé
menor de doce meses.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2022.-Pilar Calvo Gómez, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre educación afectivo-sexual con perspectiva de género, para su debate en la
Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Exposición de motivos
A pesar de que podemos pensar, si tenemos en cuenta todos los medios que la sociedad actual pone a nuestro alcance para mantener un buen nivel de información en todos los ámbitos, especialmente los más trascendentales para el desarrollo de
las personas, en el contacto directo con niñas, niños y adolescentes se hace patente que sigue existiendo un importante desconocimiento en todo lo referente a la educación afectivo-sexual, lo que, en la práctica, puede tener peligrosas implicaciones
en el establecimiento de relaciones interpersonales no igualitarias.
Mediante una educación integral y en valores, que considere al ser humano en su totalidad y en relación consigo mismo, su entorno próximo y el mundo globalizado en el que le ha tocado vivir, podemos revertir las importantes carencias que la
población infantojuvenil sigue teniendo, aún hoy, en este ámbito, abordando la sexualidad ligada a la afectividad como una fuente de relación, salud y placer.
Una sociedad avanzada, intrínsecamente democrática, está construida por hombres y mujeres que conviven desde sus primeros años en base a relaciones de igualdad, siendo el entorno educativo un espacio privilegiado para estas interacciones,
pues, si bien la sexualidad está asociada a lo privado, también presenta una vertiente social y cultural innegable que nos concierne a todos y todas.
Son innegables los avances que tanto la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de diciembre, de Educación, así como la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia, han supuesto en esta materia. La formación afectivo-sexual en las escuelas facilita que el alumnado tome decisiones
fundamentadas sobre su sexualidad y sus relaciones, previniendo los abusos y la violencia de género, como preconizan la UNESCO 6 y la propia OMS.
Este tipo de educación tiene efectos positivos entre los alumnos y las alumnas, mejorando sus actitudes respecto a su salud sexual y reproductiva y contribuyendo especialmente a la prevención y reducción de la violencia y la discriminación
por razón de sexo.
Conviene recordar que la sexualidad forma parte del ser humano desde el nacimiento, de tal manera que se vive y manifiesta en cada momento de nuestra vida de forma muy diversa. Sin embargo, en nuestra sociedad la sexualidad se enmarca en un
modelo en el que la heterosexualidad es considerada prácticamente obligatoria, coitocéntrico y falocrático.
Una falta de abordaje integral tanto en las familias como en los centros educativos puede conllevar que los niños y niñas, así como los y las jóvenes, busquen información en fuentes poco cualificadas y fiables haciendo de Internet, y la
pornografía fácilmente accesible en ella, su casi único vehículo de información y formación afectivo-sexual.
Por el contrario, una educación afectivo-sexual impregnada del principio de igualdad es el recurso más potente para evitar la violencia de género y construir una sociedad más libre. Un mayor conocimiento acerca de diferentes aspectos de la
sexualidad que incluya, tanto el plano de la igualdad y la diversidad como el de los comportamientos sexuales de riesgo, aumentará la autoestima y confianza del alumnado al estar proporcionándole habilidades, actitudes y valores que le permitirán
establecer relaciones sociales y sexuales basadas en el bienestar, la dignidad y el respeto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar potenciando en los centros educativos una formación integral sobre sexualidad, que sea de calidad y con perspectiva de género, con el objetivo de favorecer las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres.
2. Fomentar la realización de cursos formativos en los que se promueva la labor educativa de las familias para que realicen una adecuada formación afectivo-sexual, evitando la jerarquización de los valores masculinos sobre los femeninos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-Uxía Tizón Vázquez y Omar Anguita Pérez, Diputados.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña María Teresa López Álvarez, don Pablo Juan Calvo Liste, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de la Cabeza Ruiz Solás y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, para su discusión en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Primero. Derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos.
La educación es crucial para la formación de las futuras generaciones y, por ende, es un pilar fundamental de la conformación de sociedades y comunidades.
6 UNESCO (2018). Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Un enfoque basado en la evidencia.
Es innegable que el Estado adquiere un papel importante y ciertas obligaciones en cuanto a la educación de los hijos, pero las instituciones públicas deben comprender que la educación se encuentra subordinada a la libre elección de los
padres de familia. Los padres son los primeros educadores de los hijos no solamente porque así venga establecido en la ley -como a continuación se detallará-, sino que la familia es una institución anterior al Estado y con un papel superior al de
este en el desarrollo de los niños.
Los hijos son de los padres, no del Estado, y por ello 'las familias deben velar por el derecho de sus hijos a la educación, luchando contra el adoctrinamiento y contra la baja calidad de la enseñanza. Y los poderes públicos deben no solo
respetar, sino promover, ese derecho de las familias' 7.
La Constitución Española (CE) recoge el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación como derechos públicos subjetivos, con un claro objetivo de conciliar los principios constitucionales de libertad e igualdad. Es en su
artículo 27 donde se articula el derecho a la educación, del cual se puede destacar su apartado primero: 'todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza', o su apartado tercero: 'los poderes públicos garantizan el
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones'. A su vez, el artículo 16.1 CE establece que 'se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de
los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley'.
A parte del artículo 27.3 de la CE, el cual defiende el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa 8 de sus hijos, mencionado con anterioridad, existen otras normativas que avalan esa postura. Estas normativas son las
siguientes:
- Protocolo adicional de 20 de marzo de 1952 al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Su artículo segundo establece que 'a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma
en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas' 9.
- Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Su artículo décimo octavo, en su párrafo segundo, dispone que 'los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores
legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones' 10.
- Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo décimo tercero, apartado cuarto, se dispone que 'los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los
tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus
hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones' 11.
- Carta de los Derechos Fundamentales, proclamada por la Unión Europea el 18 de diciembre de 2000. Su artículo catorce recoge que 'se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros
docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas'.
7 https://www.forofamilia.org/lineas-de-accion/derecho-a-la-educacion/
8 Atendiendo a los razonamientos expuestos en la STC 31/2018, FJ 6, 'el Estado, tal y como afirma la doctrina en expresión gráfica, es un sujeto ''religiosamente incapaz'', lo que hemos expresado en la fórmula ''el Estado se prohíbe a sí
mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto, de actos o actitudes de signo religioso'' (STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1). Y ello porque no es sujeto de la libertad religiosa, pues sus titulares son únicamente los
individuos y las comunidades'. A su vez, el Tribunal Constitucional (TC), en la presente sentencia, señala que el 'deber de cooperación establecido en el art. 16.3 CE encuentra en la inserción de la religión en el itinerario educativo un cauce
posible para la realización de la libertad religiosa en concurrencia con el ejercicio del derecho a una educación conforme con las propias convicciones religiosas y morales'.
9 Protocolo ratificado por España el día 27 de noviembre de 1990. Acceso en línea: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-723
10 Pacto ratificado por España el día 27 de abril de 1977. Acceso en línea: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-10733
11 Pacto ratificado por España el día 27 de abril de 1977. Acceso en línea: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-10734
Segundo. El principio de neutralidad ideológica en la enseñanza.
El principio de neutralidad ideológica en la enseñanza se consagró por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las Sentencias Kjeldsen, Busk, Madsen y Pedersen, de 7 de diciembre de 1976 (§ 53), y Campbell y Cosans, de 25 de febrero de
1982 (§§ 36-37), y se reiteró posteriormente, entre otras, por la Sentencia Hasan y Eylem Zengin c. Turquía de 9 de octubre de 2007 por las antecitadas sentencias 22 (§ 52). El TEDH, en las referidas sentencias, señaló expresamente lo siguiente:
'La segunda frase del artículo 2 (del Protocolo adicional al CEDH), implica [...] que el Estado, al cumplir las funciones por él asumidas en materia de educación y enseñanza, vela porque las informaciones o conocimientos que figuran en el programa
sean difundidas de manera objetiva, crítica y pluralista. Se prohíbe al Estado perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pueda ser considerada como no respetuosa de las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Aquí se encuentra el
límite que no debe ser sobrepasado'.
Siguiendo el hilo del TEDH, el Tribunal Constitucional español, en la sentencia 5/1981, de 13 de febrero, en su fundamento jurídico noveno, señaló, en relación con el principio de neutralidad en la enseñanza, lo siguiente:
'En un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, han de ser, en
efecto, ideológicamente neutrales. Esta neutralidad, que no impide la organización en los centros públicos de enseñanzas de seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 de la Constitución), es una característica necesaria de cada uno de los puestos docentes integrados en el centro, y no el hipotético resultado de la casual coincidencia en el mismo centro y
frente a los mismos alumnos, de profesores de distinta orientación ideológica cuyas enseñanzas se neutralicen recíprocamente. La neutralidad ideológica de la enseñanza en los centros escolares públicos regulados en la LOECE impone a los docentes
que en ellos desempeñan su función una obligación de renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico, que es la única actitud compatible con el respeto a la libertad de las familias que, por decisión libre o forzadas por las circunstancias,
no han elegido para sus hijos centros docentes con una orientación ideológica determinada y explícita.'
Asimismo, el Alto Tribunal español señaló en la Sentencia 341/2009, de 11 de febrero, que 'las asignaturas que el Estado, en su irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para
tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española. En
una sociedad democrática no debe ser la Administración educativa -ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre debate en la
sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales'.
Como hemos visto, la libre elección del tipo de educación que los padres quieren para sus hijos en materia religiosa y moral es un derecho protegido por la Constitución, así como por una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional
(TC) 12, mientras que la libertad de elección del centro por parte de los padres viene aparentemente protegida por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante,
LOMLOE). Sin embargo, esta protección no es posible si no hay diferentes modelos educativos entre los que elegir el tipo de educación que mejor se ajuste a los valores morales, creencias y forma de ver el mundo, y la sociedad, que los padres
quieren inculcar a sus hijos, es decir, una oferta educativa plural.
Por todo ello, la función del Estado debe ser la de facilitar la estructura educativa necesaria para dar cumplimiento al derecho del que gozan los padres para elegir la educación de sus hijos en las referidas materias. Así viene recogido en
la STC 31/2018, en cuyo fundamento jurídico núm. 6, el TC sostiene que se exige a los poderes públicos 'una actitud positiva, de naturaleza asistencial o prestacional, conforme a lo que dispone el apartado tercero del artículo 2 LOLR (Ley Orgánica
7/1980, de 5 de julio, de Libertad
12 STC 74/2018, de 5 de julio. Publicada en el BOE número 189, de agosto de 2018. El fallo recoge: 'Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la libertad educativa (art. 27, apartados primero y tercero CE), en conexión con
la garantía constitucional de la libertad ideológica (art. 16.1 CE)'. Acceso en línea: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25702
Religiosa), según el cual '[p]ara la aplicación real y efectiva de estos derechos (los que se enumeran en los dos anteriores apartados del precepto legal), los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar... la formación
religiosa en centros docentes públicos'.
Tercero. Educación moral y religiosa de los hijos.
En la actualidad nos vemos sumergidos en lo que se conoce como una 'crisis de valores'. Este concepto pretende expresar 'no el deterioro, catástrofe o derrumbe de algo, sino la transformación, generalmente problemática, de ideas,
costumbres, modos de ser, cultura, religión, moral, etc.' 13. La realidad es que 'muchos valores de antes ya no lo son, otros han perdido vigor, y muchos otros emergen con la fuerza inicial de lo nuevo, incluso, a veces, en abierta oposición a los
existentes. Ello ha ocasionado el nacimiento de un nuevo modelo de hombre y de sociedad, denominada por los sociólogos sociedad posindustrial, posmoderna o posmaterialista' 14. Esta situación se agrava debido a que la tendencia es a 'presentar los
valores como tabúes y las exigencias de la dignidad humana como afirmaciones opinables y fundamentalmente individuales, esto es, sin trascendencia social objetiva' 15. En este contexto, la familia debe cumplir con una de sus funciones esenciales e
ineludibles: la educación de los hijos. Es tarea y deber de los padres ocuparse del cuidado total de los hijos, tanto de la crianza como de la propia educación, del ser material como del ser espiritual.
Podemos afirmar que 'la educación moral y religiosa, por perfeccionar los valores más humanos, íntimos y personales, es para los padres una tarea ineludible e insustituible, de una especial responsabilidad' 16.
Pese a ser un cometido de los padres, se les debe brindar la posibilidad de que en las escuelas se les inculquen y enseñen a sus hijos los mismos valores y creencias religiosas que ellos tratan de transmitirles en el seno de la familia. Así
lo avala, como bien hemos mencionado, el artículo 27.3 CE.
Pese a la claridad del marco legal expuesto, observamos que en España existe una dificultad real de los padres para poder ejercer el derecho constitucional a que sus hijos reciban una educación moral y religiosa acorde a sus convicciones,
tal y como veremos a continuación.
La previa redacción de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE), incluía la 'Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales' como asignatura que se debía impartir en
cada uno de los cursos de educación primaria [artículo 18.3.b)], del primer ciclo de educación secundaria obligatoria [artículo 24.4.b)] y del cuarto curso de educación secundaria obligatoria [artículo 25.6.b)]. Sin embargo, tras la aprobación y
entrada en vigor de la LOMLOE, se suprime del artículo 18 LOE la mención a la asignatura de religión en la educación primaria, incluyendo únicamente 'la Educación en Valores cívicos y éticos'. A su vez, la LOMLOE incluye como principio pedagógico
en la etapa de educación primaria 17 el trabajo en 'la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual'.
En lo que se respecta a la etapa de educación secundaria obligatoria, los apartados dieciséis y diecisiete del artículo único de la LOMLOE elimina de los artículos 24 y 25 de la LOE la asignatura de religión en la educación secundaria
obligatoria, haciendo mención exclusivamente a la 'educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la igualdad de género y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales'.
13 GERVILLA CASTILLO, E., 'Axiología familiar. La educación moral y religiosa', Narcea SA, 2003, Madrid, p. 50. Acceso en línea:
https://books.google.es/books?h1=es&Ir=&id=5U6mEINpODgC&oi=fnd&pg=PA49&dq=educaci%C3%B3n+moral+y+religiosa+de+los+hijos&ots=crZq4obAx-?&sig=Sv0v1OwqWKW7ONQI6gNDMwPwdu0#v=onepage&q=educaci%C3%B3n%20moral%20y%20religiosa%20de%20los%20hijos&f=true
14 GONZÁLEZ-GIJÓN, G., y OO. AA., 'El valor religioso hoy y su incidencia en la enseñanza religiosa escolar', Publicaciones, Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla (Universidad de Granada), 2001, n.º 49, vol. 2, p.
217. Acceso en línea: https://digibug.ugr.es/handle/10481/60913
15 CÁRDENAS KRENZ, R., 'Sociedad y crisis de valores: interrogantes y respuestas desde la bioética y la biojurídica', Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, 2014, n.º 10, p. 32. Acceso en línea:
http://repositorio-anterior.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/2779/Cardenas_Krenz_Ronald.pdf?sequence=1&isAllowed=y
16 GERVILLA CASTILLO, E., 'Axiología familiar. La educación moral y religiosa', Narcea SA, 2003, Madrid, p. 57. Acceso en línea:
https://books.google.es/books?hl=es&Ir=&id=5U6mEPNpODgC&oi=fnd&pg=FA49&dq=educaci%C3%B3n+moral+y+religiosa+de+los+hijos&ots=crZq4obAx-&sig=SvQv1OwqWKW7ONQI6gNDMwPwdu0#v=onepage&q=educaci%C3%B3n%20moral%20y%20religiosa%20de%20los%20hijos&f=true
17 Apartado once del artículo único de la LOMLOE.
Por último, atendiendo a los cursos de primero y segundo de bachillerato, el artículo único, apartados veintiséis y veintisiete de la LOMLOE, hace desaparecer la mención a la 'religión' en los artículos 34 bis 4 b) n.º 7 y 34 ter 4 j) de la
LOE.
A la luz de lo expuesto con anterioridad, se puede apreciar cómo la supresión de la asignatura de religión de cada uno de los ciclos educativos supone un ataque frontal al artículo 27.3 de la CE, que, como hemos reiterado, consagra el
derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones 18.
Asimismo, el artículo 27.3 de la CE debe ser leído en conexión con el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de conformidad con el artículo 10.2 CE. Este convenio
internacional es el que desarrolla el derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban enseñanza religiosa de acuerdo con sus convicciones. Así, el apartado II de dicho convenio prescribe que 'los planes educativos en los niveles de
Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los
Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales'. De conformidad con la RAE, equiparar significa 'considerar a una persona o cosa igual o equivalente a otra', lo que tiene como consecuencia que las
condiciones equiparables a las demás asignaturas tienen que traducirse en condiciones iguales o equivalentes. Además, hay que observar que el convenio afirma que la equiparación debe hacerse respecto a 'las demás disciplinas fundamentales', es
decir, aquellas materias que se mantienen a lo largo de todo el proceso educativo del alumno. De este modo, resulta irrelevante que la LOMLOE mantenga la redacción del apartado 1 de la disposición adicional segunda de la LOE donde se dice respetar
los Acuerdos de la Santa Sede, incluyendo 'la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas'; cuando la realidad
es que del articulado desaparece la equiparación de la religión a las 'demás disciplinas fundamentales', suprimiéndose esa asignatura de cada uno de los ciclos en los que la redacción anterior de la LOE la incluía.
Además, y a mayor abundamiento, la nueva redacción que la LOMLOE da al apartado tercero de la disposición adicional segunda es claramente inconstitucional. La anterior redacción que se suprime establecía lo siguiente:
'La determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las
respectivas autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo
establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español.'
Esta supresión determina que la competencia para determinar el currículo, los estándares de aprendizaje y los libros de texto y materiales didácticos corresponde a la administración educativa (a la que en el sistema de la LOE corresponde la
decisión sobre estas cuestiones). Desaparece así el derecho constitucional 'de las Iglesias y confesiones a la divulgación y expresión públicas de su credo religioso', apareciendo inconstitucionalmente el Estado como un sujeto religiosamente capaz
que define los contenidos de cada una de las confesiones religiosas. Este hecho vulnera flagrantemente el artículo 27.3 CE y, especialmente, el 16 CE.
Así, mediante la desaparición de la religión del currículo educativo, el Estado abandona esa posición que constitucionalmente le corresponde de sujeto religiosamente incapaz, para incorporar normativamente una ideología estatal en la que
forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos.
En definitiva, se puede apreciar cómo con la legislación educativa anterior, la LOE, la asignatura de religión se equiparaba en importancia al resto de materias, se impartía prácticamente en todas las etapas educativas y era evaluable (sin
negar que existía una asignatura alternativa para que los padres pudieran elegir educar a sus hijos en una ética no religiosa). Como señala la sentencia del Tribunal Supremo 130/2020, de 21 de enero, sobre la asignatura de religión: 'el Acuerdo de
1979 sienta unas
18 Además, debemos añadir que también supone una vulneración del artículo 16 de la CE que comprende, como contenido nuclear de la libertad religiosa en su dimensión comunitaria, el derecho de las confesiones a la divulgación y expresión
pública de su credo. Como anteriormente hemos expuesto, y así lo ha señalado reiteradamente el TC, los poderes públicos no solo tienen un deber de abstención de toda injerencia, sino que se les exige 'una actitud positiva, de naturaleza asistencial
o prestacional'.
reglas claras: el deber del Estado de ofrecerla a quienes deseen cursarla en todos los niveles de la enseñanza no universitaria, la libertad de seguirla o no y, ya sobre su régimen, la garantía de que sea equiparable a las demás disciplinas
fundamentales'. Esas exigencias del Acuerdo se proyectan sobre el legislador orgánico que las recibe y debe explicar cómo las ejecuta en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.
Estas modificaciones, puramente ideológicas, unidas a las sobradamente conocidas declaraciones de la exministra de Educación, doña Isabel Celaá, minimizando la importancia de los padres en la educación de sus hijos, persiguen acabar con la
potestad y responsabilidad educativa de los padres en favor del Estado, imponiendo un tipo de modelo educativo único.
Es preciso señalar que el derecho y la libertad de los padres para educar a sus hijos de manera acorde a sus convicciones radica 'en primer lugar en el papel insustituible que aquellos tienen en la transmisión de la vida y en el vínculo de
amor que este hecho en sí genera entre padres e hijos. Ningún otro agente educador cuenta con este elemento fundamental que legitima, desde el puro sentido común, a los progenitores como agentes primordiales en la educación moral de sus hijos. En
segundo lugar, este hecho obvio es el que ha inspirado un marco legislativo al respecto que abarca tanto el ámbito internacional como el nacional' 19.
De todo lo expuesto hasta el momento, se puede extraer que los padres deben ser los responsables últimos en todo lo que tenga que ver con la educación moral y religiosa de sus hijos y que debe respetarse el derecho y la libertad de los
padres de elegir la educación que sea conforme a sus convicciones en sendas materias. Por todo ello, el Gobierno nacional y los autonómicos están obligados a respetar y garantizar el principio de neutralidad en la enseñanza y, por tanto, no están
legitimados para imponer ninguna ideología en sus planes educativos, pervirtiendo y condicionando el desarrollo de los menores.
Cuarto. Educación ideológica en los niños.
La educación en España, principalmente la que se imparte a los más pequeños, pasa por uno de los momentos más complicados y controvertidos de nuestra historia reciente. La introducción de la asignatura de Educación en Valores cívicos y
éticos y de la educación afectivo-sexual con 'perspectiva de género', entre otras, implican que 'los contenidos ideológicos respecto a la familia, la persona y la identidad sexual implantan un modelo de ética común que vulnera el principio de
neutralidad' 20.
Como bien se recoge en nuestra Carta Magna y en otras normas de nuestro ordenamiento jurídico, 'los menores de edad son titulares de derechos fundamentales, y especialmente del derecho a la libertad ideológica del artículo 16 CE, la
integridad moral del 15 CE y el desarrollo de la libre personalidad del artículo 10 CE. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, reconoce por
19 http://www.libresparaeducancom/derecho-de-los-padres-a-educar-a-sus-hijos-de-acuerdo-a-sus-propias-convicciones
20 MASSANET, A., 'El derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral de sus hijos y su confrontación con la educación en materia LGBTI'.
su parte que: todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto público como privado' 21.
Dada la falta de protección y las escasas facilidades, en muchos casos, por parte de las instituciones para que los padres objeten sobre ciertos contenidos que se imparten a sus hijos en las escuelas, surge la necesidad de establecer
mecanismos que garanticen la ausencia de adoctrinamiento ideológico. Entre ellos cabe destacar, en primer término, el 'pin parental', especialmente útil en aquellos contenidos cuyo objeto está bien delimitado, y tiene relación con las materias de
religión y moral (incluyendo ética, sexualidad y afectividad). En tales casos, los padres que así lo hayan solicitado recibirán de los directores de los centros educativos la información sobre cualquier materia, charla, taller o actividad con
carácter previo a que sea impartida a sus hijos, especialmente cuando puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de los menores. Gracias a ese consentimiento informado, los padres podrían limitar la participación de sus hijos en
esta clase de formación, según sus convicciones personales y en pleno respeto del marco normativo expuesto.
En el resto de las asignaturas curriculares se hace preciso recordar la debida neutralidad de la educación pública, máxime en el contexto político-legislativo actual, que propugna la 'transversalidad' de las perspectivas de género o de
memoria histórica, de modo que, trufados entre los contenidos propios de las asignaturas, se encuentran alusiones a dichas 'perspectivas' que en nada cumplen con la referida neutralidad.
Quinto. Preservar el interés superior del menor.
Atendiendo a la importancia de preservar el interés superior del menor -entendiendo que, en circunstancias normales, son los padres los mejores garantes de dicho interés- como un bien que ha de ser reconocido y desarrollado por parte de los
poderes públicos, ha de integrarse la protección de la maduración y el crecimiento del menor en las dimensiones propias de su naturaleza, incluidas la trascendente y la religiosa. Ello se ha venido manifestando socialmente a través del deseo de
custodiar su crecimiento, especialmente en los momentos iniciales donde la razón irrumpe para completar el desarrollo íntegro de su personalidad.
Pese a la protección de que es objeto el interés superior del menor en los ordenamientos nacional e internacional, en la actualidad está siendo instrumentalizado por determinadas ideologías; ideologías como la de género que, a guisa de
'ingeniería aplicada a la sociedad con fines morales' 22, lejos de orientar y garantizar los derechos de los menores, los llevan a una profunda confusión de su naturaleza, sembrando además la polémica en el seno de las relaciones familiares. Se
trata, sin duda, de injerencias que lastran el desarrollo de la persona con la politización y la ideologización de la razón del menor y de su relación con la realidad, que atentan contra el núcleo íntimo de su conciencia y menoscaban su propia
dignidad.
Para finalizar, y volviendo a lo ya mencionado a lo largo de los expositivos anteriores, se trata de un deber fundado sobre la vocación primordial de la familia y, por ende, de los padres, garantizar la mejor educación posible para sus
hijos. Por ello son los primeros y obligados educadores de su prole, siendo un deber insustituible e inalienable, el cual no puede ser usurpado por las instituciones públicas. Por su parte, el Estado tiene, y debe tener, un papel subsidiario,
promoviendo y defendiendo el libre ejercicio de los derechos educativos. No cabe, en conclusión, utilizar el interés superior del menor como argumento para justificar intromisiones ilegítimas de los poderes públicos en el ámbito familiar ni en los
derechos educativos de los padres respecto de sus hijos. No puede ser el Estado quien asuma de manera exclusiva ni primaria la competencia de velar por el interés superior del menor, máxime si lo hace en contra del clima convivencial y educacional
que predomina en el seno de las familias.
Como bien recoge nuestra Constitución, de nuevo en su artículo 27, 'la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana' y, por ello, el derecho a una educación religiosa y moral guardan una estrecha relación en el
cumplimiento de dicho precepto.
Por último, el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones quedaría, en gran medida, desvirtuado si los padres no tuviesen la garantía de que sus
hijos, sea cual fuere la escuela que frecuentan, pública, privada o concertada, no tuviesen derecho a recibir una enseñanza y una educación basada en las mismas.
21 MASSANET, A., 'El derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral de sus hijos y su confrontación con la educación en materia LGBTI'.
22 NEGRO PAVÓN, D., Liberalismo, Iliberalismo, Los Papeles del Sitio, Sevilla, 2021, p. 341.
Sexto. Conclusión.
Como conclusión de lo expuesto en la presente iniciativa podemos señalar que el Estado, a través de la LOMLOE, abandona la neutralidad religiosa que le imponen nuestra Constitución y la totalidad de los textos internacionales de derechos
fundamentales y no solo arrincona, como hemos visto, la religión -que queda relegada a una simple optativa que debe desarrollarse fuera del horario lectivo, desatendiendo la obligación de tener una actitud positiva, de naturaleza asistencial o
prestacional exigible a los poderes públicos para facilitar la formación religiosa en los centros públicos-, sino que impone al alumnado y a sus progenitores una doctrina estatal que se incluye en el currículo como contenido obligatorio en el que
necesariamente habrán de ser evaluados los niños. Por tanto, la LOMLOE no solo vulnera el artículo 27 de la CE, sino también el núcleo de las libertades del artículo 16 de la CE, al evaluar al alumnado sobre su grado de adhesión a la ideología
estatalmente impuesta -que pretende configurarse como un principio rector de la totalidad de la enseñanza-, obligándole a conformar su pensamiento o ideología a la doctrina estatal, so pena de no superar la evaluación. De esta manera, el Estado
pasa a erigirse en 'sujeto religiosamente capaz', sin una habilitación jurídica para ello.
Es necesario, por tanto, revertir la situación actual y volver a configurar un sistema educativo en nuestro país que parta de los principios constitucionales rectores: la libertad, la igualdad y la proscripción de cualquier clase de
discriminación.
Así lo ha afirmado el TC en reiteradas sentencias, según la cual el artículo 27 de la CE impone que la enseñanza se oriente 'hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a
los derechos y libertades fundamentales'.
Pero, además, este mismo precepto, en conexión con el artículo 16 CE, como hemos señalado anteriormente, también impone al Estado el respeto, al diseñar el sistema educativo, a las convicciones religiosas, ideológicas y filosóficas de los
progenitores y el mantenimiento de una neutralidad ideológica, de manera que la educación sirva a la transmisión de conocimientos y no al adoctrinamiento estatal en una determinada ideología partidista.
Por todo lo señalado anteriormente, es absolutamente exigible que el Gobierno respete el contenido, constitucionalmente protegido, del derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones y garantice, a su vez, el principio de neutralidad ideológica en la enseñanza, cuya observancia es obligatoria.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación moral y religiosa conforme a sus valores y creencias, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 27 CE.
2. Adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar la efectiva observancia y cumplimiento del principio de neutralidad ideológica en la enseñanza.
3. Promover que los centros educativos públicos sean respetuosos con el deber de neutralidad ideológica en la enseñanza que pesa sobre las administraciones públicas y, en particular, que se abstengan de cualquier forma de adoctrinamiento
ideológico.
4. Proteger la familia como institución natural que ostenta el papel preeminente en la educación y el desarrollo integral de los hijos y, por ende, respetar el principio de subsidiariedad de la intervención pública en materia educativa.
5. Promover un entorno educativo que haga posible el pleno desarrollo de la personalidad y capacidades del menor, siempre en consonancia con la formación que recibe de sus padres, e impidiendo que acceda o reciba contenido de toda índole
contraria a su dignidad e inocencia.
6. Llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias para recuperar la asignatura de Religión -propia de nuestra identidad, nuestras tradiciones y mayoritaria del pueblo español- en el
currículo educativo, incluyéndola en todas las etapas educativas, garantizando que sea equiparable a las demás disciplinas fundamentales, cumpliendo así con lo señalado por el Tribunal Supremo.
7. Promover las medidas normativas pertinentes con el fin de derogar la LOMLOE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2022.-María Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás y Georgina Trías Gil, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Defensa
181/001693
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Diputada doña Roser Maestro Moliner.
Texto:
¿Cuál ha sido la cadena de custodia de los exámenes realizados en las últimas OPE del personal civil del Hospital Militar Gómez Ulla Centro de Vida y Esperanza (Madrid)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2022.-Roser Maestro Moliner, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/075914.
Núm. registro: 185564.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Concesiones de dominio público en la Xunqueira de Alba (Pontevedra).
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 397, de 7 de febrero de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001694.
Núm. expte.: 184/071884.
Núm. registro: 178574.
Autor iniciativa: Borrás Pabón, Mireia (GVOX); Gestoso de Miguel, Luis (GVOX); López Maraver, Ángel (GVOX); Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX); Contreras Peláez, Francisco José (GVOX); Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX); Chamorro
Delmo, Ricardo (GVOX).
Objeto iniciativa: Contenido de la carta firmada por el Vicepresidente Primero de la Comisión Europea, don y la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, doña Margrethe Vestager, dirigida a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la que se cuestionan las medidas adoptadas en los últimos Reales Decreto-ley del
Gobierno en materia energética.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 387, de 17 de enero de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001695.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las preguntas
al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Defensa
Núm. expte.: 184/076005.
Núm. registro: 185765.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Documentos publicados por el que fuera Ministro de Defensa y Presidente del Congreso, José Bono.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 397, de 7 de febrero de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001698.
Comisión de Interior
Núm. expte.: 184/075398.
Núm. registro: 184780.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Número y tipo de pelotas de caucho que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como de las que fueron disparadas y de las que han sido adquiridas en los últimos diez años.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 397, de 7 de febrero de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001696.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Núm. expte.: 184/076004.
Núm. registro: 185764.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Medidas que plantea el Gobierno ante el desfase normativo entre la normativa migratoria y la laboral, tras la entrada en vigor del Real Decreto 32/2021 sobre reforma laboral, por el que desaparece el contrato de obra o
servicio y se reducen las modalidades de contratación.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 397, de 7 de febrero de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001697.
184/077359
Advertido error en el autor que figura en cuarto lugar de la iniciativa publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 402, de 21 de febrero de 2022, página 153, se subsana a continuación:
Donde dice: 'Marcos Ortega, Milagros', debe decir: 'Paniagua Núñez, Miguel Ángel'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2022.