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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 403, de 22/02/2022
cve: BOCG-14-D-403 PDF


parte 1 parte 2


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


22 de febrero de 2022


Núm. 403



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión Constitucional


161/003654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aplicación de los preceptos constitucionales en el ámbito de la no discriminación por razón de edad en el campo digital.


Pasa a tramitarse en la Comisión Constitucional ... (Página8)


161/003707 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la declaración como lugar de memoria democrática el éxodo de refugiados conocido como La desbandá y la violencia sufrida por población civil en la
carretera de Málaga a Almería ... (Página8)


Comisión de Asuntos Exteriores


161/003691 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la realización de un requerimiento a la organización Transparency International por incluir el territorio del Sáhara Occidental como parte del Reino de
Marruecos ... (Página10)


161/003717 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la libertad de prensa y expresión en Venezuela. ... (Página12)


161/003722 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo a la OTAN ... (Página14)


161/003726 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a presentar con carácter urgente nota diplomática al objeto de denunciar y revocar el Tratado de Extradición entre el Reino de España
y la República de Venezuela, hecho en Caracas el 4 de enero de 1989 ... (Página15)


Comisión de Justicia


161/003666 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre las inmatriculaciones irregulares de bienes inmuebles practicadas por la Iglesia Católica ... (Página19)


161/003699 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el error contenido en la redacción del primer párrafo del artículo 914 bis del Código Civil ... (Página20)


Comisión de Defensa


161/003671 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al reconocimiento del Mariscal de Campo Rafael Menacho como héroe nacional, y a la promoción cultural de su figura y de los sitios de Badajoz ... href='#(Página22)'>(Página22)



Página 2





161/003702 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la suspensión del cese de la relación de servicio activo en las Fuerzas Armadas para los militares profesionales de Tropa y Marinería que cumplan la
edad de 45 años durante el ejercicio 2022, reincorporación al servicio activo de todos aquellos que hubieran cumplido dicha edad durante los ejercicios 2020 y 2021, al menos, durante el año 2022. ... (Página25)


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/003669 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la creación del Registro Estatal de entidades interesadas en Proyectos Estratégicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ... href='#(Página26)'>(Página26)


161/003670 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reforma del artículo 48 de los Estatutos sociales de 'Navantia S.A., S.M.E.'. ... (Página28)


161/003673 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la modificación de la declaración informativa, modelo 720, de bienes y derechos situados en el extranjero, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, por la que se condena a España por prever un régimen sancionador abusivo y desproporcionado en el mismo y por vulnerar el principio de libre circulación de capitales. ... (Página35)


161/003688 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la eliminación de subvenciones y ayudas públicas a los sindicatos más representativos. ... (Página36)


161/003693 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al establecimiento de normas básicas para regular las bolsas de empleo público en las Administraciones Públicas. ... (Página37)


161/003709 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la compensación al Ayuntamiento de Ferrol por la exención del IBI de los bienes inmuebles afectos a la defensa del Estado. ... href='#(Página41)'>(Página41)


161/003721 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ... (Página42)


Comisión de Interior


161/003682 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la rehabilitación de los cuarteles de la Guardia Civil en Segovia. ... (Página44)


161/003710 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la seguridad en el medio rural. ... (Página48)


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/003692 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar el estudio del soterramiento de la línea ferroviaria a su paso por San Andrés del Rabanedo (León). ... (Página50)


161/003698 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso del ferrocarril en Tenerife y Gran Canaria. ... (Página52)


161/003725 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a fomentar el transporte ferroviario entre la población infantil y adolescente. ... (Página53)


Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/003672 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación de un permiso retribuido en los casos de pérdida gestacional espontánea. ... (Página54)



Página 3





Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/003667 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a garantizar la continuidad de la actividad productiva y el empleo en la planta de Alu Ibérica en A Coruña. ... (Página56)


161/003695 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la iniciativa mundial sobre turismo y plásticos. ... (Página57)


161/003696 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de una reserva estratégica de producción industrial. ... (Página58)


161/003713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar el liderazgo de España en el desarrollo y fabricación de semiconductores. ... (Página60)


Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


161/003674 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento automático de la condición de beneficiario del Bono Social de Electricidad, el Bono Social Térmico y el futuro Abono Social a los
servicios de comunicaciones a los receptores del ingreso mínimo vital. ... (Página62)


161/003708 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a agilizar la apertura y puesta en funcionamiento del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia
(CREDEI) 'Ciudad del Mayor' de León. ... (Página63)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/003676 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la defensa y fomento de la caza con galgo en España. ... (Página64)


161/003681 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a solicitar a la Unión Europea la prórroga de la cláusula de salvaguarda para las importaciones de arroz
procedentes de Camboya y Myanmar. ... (Página69)


161/003687 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la creación de nuevos eco-esquemas en el marco de la nueva PAC. ... (Página70)


161/003704 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo a las conducciones de la presa de Rules. ... (Página72)


161/003705 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la defensa y protección del sector citrícola valenciano ... (Página73)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/003706 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. ... (Página75)


161/003719 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el etiquetado de los productos alimentarios de origen animal. ... (Página77)


161/003720 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la prohibición de la publicidad de vehículos contaminantes. ... (Página78)


Comisión de Cultura y Deporte


161/003679 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo a una candidatura conjunta de Aragón y Cataluña, que aspire a celebrar unos Juegos Olímpicos de Invierno. ... href='#(Página80)'>(Página80)



Página 4





161/003689 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción y defensa de la conmemoración anual de la Toma de Granada. ... (Página81)


161/003718 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la declaración del año 2022 como Año Joan Fuster. ... (Página86)


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/003686 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la mejora de los servicios para la ciudadanía general y para la gente mayor y con diversidad funcional en particular por parte de las entidades bancarias.
... (Página87)


161/003714 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar el liderazgo de España en el desarrollo y fabricación de semiconductores. ... (Página89)


161/003724 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la exclusión financiera de las personas mayores. ... (Página91)


Comisión de Sanidad y Consumo


161/003677 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud. ... (Página92)


161/003678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre consumo responsable y sostenible. ... (Página94)


161/003690 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la atención personalizada a los usuarios de la banca. ... (Página96)


161/003694 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre despilfarro alimentario. ... (Página98)


161/003715 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a financiar a las Comunidades Autónomas la compra de la vacuna contra la meningitis B. ... (Página99)


161/003723 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la inclusión financiera de las personas más vulnerables y especialmente a las personas de mayor edad. ... href='#(Página100)'>(Página100)


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/003680 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a eliminar trabas burocráticas a la I+D mediante la figura de los gestores de la investigación. ... (Página102)


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


161/003675 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la garantía de la protección y el cuidado de los menores tutelados en los centros de protección de menores de todo el territorio español. ... href='#(Página103)'>(Página103)


161/003685 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inclusión de políticas activas de gestión en todos los ámbitos de infancia y adolescencia de cara a aumentar la pedagogía en positivo en relación al
tratamiento práctico que frene y erradique los delitos de odio. ... (Página108)


161/003701 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a revocar y dejar sin efectos la Instrucción de 18/02/2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por vulnerar
los derechos humanos de muchos niños, discriminándolos por razón de nacimiento. ... (Página109)



Página 5





Comisión sobre Seguridad Vial


161/003683 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la obligatoriedad de la utilización del chaleco airbag en el examen para obtener el permiso de conducción de motos. ... href='#(Página112)'>(Página112)


Comisión de Política Territorial


161/003700 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a garantizar la atención presencial sin cita previa en los centros de trabajo territoriales dependientes de la Administración General del Estado. ... href='#(Página113)'>(Página113)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Interior


181/001674 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre
información que se ha facilitado desde el Ministerio del Interior a representantes de ETA sobre el régimen penitenciario y peticiones de presos etarras a través del canal de comunicación existente, del que se ha anunciado su existencia
recientemente. ... (Página114)


181/001675 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre fecha
desde la que se hace uso desde el Ministerio del Interior del canal de comunicación con representantes de ETA por el que se facilita información sobre el régimen disciplinario y se atienden peticiones de presos etarras. ... href='#(Página115)'>(Página115)


181/001676 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre medidas
concretas para frenar la oleada de violencia callejera que se viven en ciudades españolas como Madrid provocada por grupos organizados y violentos de carácter juvenil. ... (Página115)


181/001677 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre fecha para
abordar la actualización de la Instrucción 7/2014 por la que se reactivó la vigencia del Plan de Actuación y Coordinación Policial frente a los grupos organizados violentos de carácter juvenil. ... (Página115)


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


181/001663 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre zonas en las que se ha diagnosticado un descenso de la calidad de los servicios de Cercanías, así como planes para solucionarlo. ... (Página116)


181/001664 Pregunta formulada por el Diputado Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre medidas adoptadas para paliar los problemas derivados del alza de los costes de los materiales necesarios para la edificación y las obras públicas. ... href='#(Página116)'>(Página116)


181/001668 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y



Página 6





Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre forma en la que afecta el incremento de los precios de la construcción en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como actuaciones para solucionarlo. ... href='#(Página116)'>(Página116)


181/001669 Pregunta formulada por los Diputados Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega
Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre razones del retraso del inicio de la obra de soterramiento del ferrocarril a su paso por San Andrés del Rabanedo y fecha prevista para comenzar el estudio del proyecto. ... href='#(Página117)'>(Página117)


181/001672 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre número de obras impulsadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se han paralizado o retrasado por el incremento de los precios de la construcción, así como actuaciones para solucionar
dicha situación. ... (Página117)


181/001678 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre intención del Gobierno de hacer una transferencia integral de los servicios ferroviarios a la Generalitat de Cataluña. ... (Página117)


Comisión de Educación y Formación Profesional


181/001679 Pregunta formulada por la Diputada Georgina Trías Gil (GVOX), sobre motivo por el que, dada la urgencia para la contratación de 25 nuevos cuidadores para el próximo curso 2022/2023 en Melilla, la misma no se realice durante el
presente curso escolar 2021/2022. ... (Página118)


Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


181/001660 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX) y Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), sobre
cuestiones tratadas durante la reunión celebrada el día 27/01/2022 con la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), así como conclusiones extraídas de la misma. ... (Página118)


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


181/001670 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX) y Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), sobre
consideración que le merece a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo el desarrollo y ejecución del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19. ... (Página118)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


181/001661 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre motivos por los
que el Gobierno no ha solicitado ante las instituciones europeas la prórroga de la cláusula de salvaguardia para proteger a los agricultores españoles de arroz frente a las importaciones de terceros países extracomunitarios como Camboya o Birmania.
... (Página119)



Página 7





181/001662 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre motivos por los
que el Gobierno no solicita ante las instituciones europeas la revisión del acuerdo 'Todo menos armas' entre la Unión Europea y Birmania .... (Página119)


181/001671 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas previstas
ante las instituciones europeas contra la propuesta de la Comisión Europea de calificar el aceite de las plantaciones aromáticas como 'tóxico' en la nueva regulación europea del Pacto Verde Europeo. ... (Página120)


Comisión de Sanidad y Consumo


181/001656 Pregunta formulada por el Diputado Juan Antonio Callejas Cano (GP), sobre previsiones acerca de regular la publicidad de los servicios sanitarios con una legislación específica para garantizar que las comunicaciones comerciales en
materia sanitaria sean 'exactas y verídicas', sin incitar al consumo y evitando todo tipo de publicidad engañosa. ... (Página120)


181/001657 Pregunta formulada por el Diputado Juan Antonio Callejas Cano (GP), sobre medidas que va a implantar el Gobierno para evitar que escándalos, propiciados por franquicias dentales, como los de Idental, Funnydent, VITALDENT, DENTIX,
etc., vuelvan a ocurrir. ... (Página120)


181/001658 Pregunta formulada por el Diputado Juan Antonio Callejas Cano (GP), sobre medidas adoptadas para ayudar a las personas afectadas por los escándalos con franquicias dentales como los de Idental, Funnyden, VITALDENT o DENTIX, que
han dejado a miles de pacientes sin sus tratamientos terminados y sin ahorros. ... (Página121)


181/001659 Pregunta formulada por el Diputado Juan Antonio Callejas Cano (GP), sobre previsiones acerca de proponer una reforma de la Ley de Sociedades Profesionales para evitar los recientes escándalos sanitarios, como el de idental,
Funnydent, VITALDENT o DENTIX, que han puesto de manifiesto las graves consecuencias que tiene permitir que sociedades mercantiles dedicadas a la prestación de servicios profesionales puedan operar libremente en el mercado como sociedades de
intermediación. ... (Página121)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/078012 Autor: Matute García de Jalón, Oskar Iñarritu García, Jon


Personas que han perdido su patrimonio o gran parte de él tras la modificación del Real Decreto 661/2007 realizado en el año 2010, así como posturas defendidas por la Abogacía del Estado en relación a las primas a las renovables cuando se
puso en marcha el Plan energético del citado Real Decreto .... (Página121)


184/078507 Autor: Matute García de Jalón, Oskar


Incidencia de la resolución del Tribunal Supremo del 14/09/2021 a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en cuanto a la facultad de establecer la prohibición de contratar con la Administración a las empresas que forman parte
en los cárteles, así como posibilidad existente de que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sea quien establezca la prohibición de contratar. ... (Página122)



Página 8





CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión Constitucional


161/003654


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Socialista.


Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre la aplicación de los preceptos constitucionales en el ámbito de la no discriminación por razón de edad en el campo digital, sea debatida ante la Comisión Constitucional, en lugar de ante la
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo a las Comisiones Constitucional y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al Gobierno y al Grupo
proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 398, de 8 de febrero de 2022.


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2022.-P.D. El Secretario General Del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


161/003707


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la declaración como lugar de memoria democrática el éxodo de refugiados
conocido como La desbandá y la violencia sufrida por población civil en la carretera de Málaga a Almería, para su debate en Comisión Constitucional.



Página 9





Exposición de motivos


Ante la amenaza de la inminente ocupación de Málaga por las tropas sublevadas e italianas, que termina produciéndose el 7 de febrero de 1937, se inicia desde semanas antes una huida civil masiva hacia la carretera que llevaba hasta Almería,
reducto aún republicano. Para algunas de estas personas constituía un segundo éxodo, pues ya provenían del interior de provincias como Cádiz, Sevilla y Málaga, de la comarca de Campo de Gibraltar o, más tarde, de la provincia de Granada, volcándose
todas sobre el litoral.


Al hecho de tratarse de una evacuación desordenada de más de 100.000 personas, huyendo sin contar con los medios de transporte y de subsistencia más básicos, se suma el hostigamiento que sufrieron por el bombardeo constante de la Armada y la
aviación militar, lo que provocó un elevado número de muertes. Ya lo había anunciado Queipo de Llano cuando señalaba que un círculo de hierro los ahogaría y que en Motril les esperaría un inevitable retorno.


La masacre de la carretera Málaga-Almería constituye un episodio imborrable de la Guerra Civil. El ataque de las tropas franquistas a la población malagueña y andaluza que huía despavorida por la carretera hacia Almería marcó a sangre y
fuego aquel doloroso episodio conocido como La desbanda, la mayor huida de masas en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial.


La suerte de estas decenas de miles de personas que protagonizaron este éxodo -algunas investigaciones más recientes incluso elevan las cifras a casi 300.000 personas- fue muy dispar: muchas hallaron la muerte por bombardeo, por ahogamiento
o por inanición en la propia carretera; otros sufrieron la represión tras el retorno a sus lugares de origen; algunos tuvieron más éxito con su llegada a Almería y la zona levantina, tomando posteriormente el camino de exilio hacia Francia y
Argelia al final de la Guerra.


La Junta de Andalucía, con arreglo a su propia normativa, acordó declarar la carretera Málaga-Almería como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía, mediante Acuerdo de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno (BOJA n.° 60, de 30 de marzo
de 2012). Con posteridad, en 2017, la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática reguló la figura de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía, su régimen jurídico y la creación de un Inventario de Lugares de Memoria Democrática de
Andalucía, disponiendo la incorporación al mismo de los Lugares de Memoria Histórica de Andalucía declarados conforme a la normativa anterior, que pasan a regirse por la nueva ley y su normativa de desarrollo.


Sin embargo, ninguna noticia se tiene al respecto de dicha tramitación en el caso de la carretera Málaga-Almería, ni tampoco que en aplicación de la ley andaluza la Consejería competente en esta materia haya establecido los medios de
difusión e interpretación apropiados de lo acaecido en el mismo, así como la participación y colaboración de las entidades locales del entorno, de las universidades públicas y de las entidades memorialistas andaluzas, o la señalización y difusión
oficial, de acuerdo con la normativa vigente en materia de identidad corporativa.


Por su parte, el Consejo de Ministros, en su sesión de 20 de julio de 2021, acordó remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que define el Lugar de Memoria Democrática como aquel espacio, inmueble, paraje o
patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, así como con la
represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra y la Dictadura.


Sin duda, la sociedad española no puede olvidar hechos como éste y sus efectos devastadores. El deber de memoria es la mejor garantía de no repetición, siendo además una deuda contraída con las víctimas de ese sufrimiento que ha de ser
saldada rindiéndoles homenaje por este dramático hecho de nuestra historia, pues muchas de ellas encontraron la muerte.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados al cumplirse en 2022 los 85 años de estos tristes acontecimientos, de acuerdo con el proyecto de Ley de Memoria Democrática en trámite parlamentario, insta al Gobierno a:


1. Declarar La desbandá como Lugar de Memoria Democrática, en base a sus valores históricos intangibles y simbólicos, e incluirlo en el Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática para su publicidad y conocimiento, con la
identificación de sus caracteres inmateriales o intangibles, y la información más completa posible en los soportes documentales más adecuados.



Página 10





2. Garantizar, con carácter general, su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada, sin perjuicio del régimen de protección que pueda corresponderles en su caso de conformidad con la normativa autonómica o la
relativa al patrimonio histórico, urbanística u otra sectorial,


3. Establecer los medios de difusión e interpretación de lo acaecido, particularmente con recursos audiovisuales y digitales explicativos, con una función conmemorativa y didáctica, incluyendo su identificación en el portal web del
Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a través de su geolocalización y accesos a fotografías y audiovisuales.


4. Promover la instalación de placas, paneles o algún distintivo memorial interpretativo en distintos emplazamientos significativos, señalizando especialmente puntos de reconocimiento de las víctimas con indicación de cuantos datos sean de
interés para el conocimiento público de los crímenes de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos allí perpetrados.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2022.-Sonia Ferrer Tesoro, Indalecio Gutiérrez Salinas, María Inmaculada Oria López, Elvira Ramón Utrabo, José Antonio Rodríguez Salas, José Carlos Durán Peralta, Fuensanta Lima Cid,
Ignacio López Cano, María Dolores Narváez Bandera, Valentín García Gómez y Odón Elorza González, Diputados.-Rafaela Crespín Rubio, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/003691


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la realización de un requerimiento a la organización Transparency International por incluir el territorio del Sáhara Occidental como parte del Reino de Marruecos, para su discusión en la
Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


Primero. Transparency International.


Según su propia página web, Transparency International ('Transparency') 'es un movimiento global que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción' 1. Esta organización no gubernamental define su trabajo de la
siguiente manera:


'Nos enfocamos en los problemas que mayor impacto tienen en la vida de las personas y mantenemos la rendición de cuentas sobre los poderosos por el bien común. A través de nuestra promoción, campañas e investigación, trabajamos para exponer
los sistemas y las redes que permiten que la corrupción prospere, exigiendo una mayor transparencia e integridad en todas las áreas de la vida pública'.


Su misión principal es detener la corrupción y promover la transparencia, rendición de cuentas y la integridad en todos los sectores de la sociedad. Para conseguirla, Transparency dice ser independiente.


En la esfera internacional, 'impulsa campañas de concienciación sobre los efectos de la corrupción, promueve la adopción de reformas políticas, el establecimiento de convenciones internacionales sobre la materia; alienta la adhesión a las
mismas y luego observa la implementación de dichos acuerdos por parte de los gobiernos, corporaciones y empresas 2'.


En el plano nacional, los capítulos de Transparencia Internacional actúan en aras de una mayor transparencia y del cumplimiento del principio de rendición de cuentas. Con este fin, Transparency


1 Página oficial de Transparency International. Disponible [en línea]: https://www.transparency.org/en/about


2 Página oficial de Transparency International España. Disponible [en línea]: https://transparencia.orq.es/gue-es-ti/



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monitorea el desempeño de algunas instituciones claves y ejerce presión para la adopción no-partidista de las reformas que sean necesarias 3.


Segundo. Financiación de Transparency International.


Esta organización recibe financiación de multitud de donantes. No obstante, el 82 % de los fondos recibidos -23.184.228 euros- en el año 2020 provinieron de agencias gubernamentales y organismos multilaterales.


[**********página con cuadro**********]


Algunas de las agencias gubernamentales donantes son:


- Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT por sus siglas en inglés) de Australia.


- Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo (DFATD) de Canadá.


- Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo internacional, de Francia.


- Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca.


- Departamento de Estado de Estados Unidos de América.


En el caso de las instituciones multilaterales, se encuentran las siguientes:


- Comisión Europea.


- Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD).


- Oficina contra la droga y el crimen de Naciones Unidas (UNODC).


En el caso de la Comisión Europea, la cantidad donada asciende a 1.870.296 euros, convirtiéndola en la principal donante de Transparency International. 4


Tercero. Corruption Perceptions Index.


Esta financiación no sería algo destacable, a pesar de haberse incrementado exponencialmente -de 290.000 a 1.870.296 euros-, dado el objeto y la misión de la organización. Empero, Transparency ha publicado su Corruption Perceptions Index
2021, su informe estrella que clasifica a los países según su nivel de corrupción.


En este caso, el mapa interactivo que se encuentra disponible en la página oficial de la organización incluye el territorio del Sáhara Occidental como parte del Reino de Marruecos 5. Concretamente el conocido


3 Ibid.


4 'Financial Statements for the year ended 31 december 2020, Transparency International, p .29. Disponible [en línea]: https://files.transparencvcdn.org/imaqes/TI-S-financial-statements-as-of-31-Dec-2020.pdf


5 'Corruption perceptions Índex 2021', Transparency International. Disponible [en línea]: https://www.transparencv.org/en/cpi/2021



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como 'Sáhara útil', rico en minerales, bancos de pesca y, al parecer, hidrocarburos. Este Sáhara totaliza el 80 % del territorio y es el que se encuentra ocupado ilegalmente por Marruecos 6.


[**********página con cuadro**********]


Esta actuación, ya sea por un mero descuido o a conciencia, no es acorde con lo dispuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a lo largo de los últimos 60 años. Por tanto, el Reino de España debe posicionarse del lado de la
legalidad internacional, que considera al Sáhara Occidental como un 'territorio no autónomo' pendiente de descolonización, y apoyar el 'Plan de Arreglo', aprobado por la Resolución 621, de 20 de septiembre de 1988 7, y la Misión de Naciones Unidas
para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), establecida con la Resolución 690, de 29 de abril de 1991 8.


Por todo ello, y al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


- Instar en el seno de la Unión Europea la formulación de un requerimiento a Transparency International a fin de que proceda a corregir con carácter urgente el mapa interactivo de su Corruption Perceptions Index 2021 y elimine la pertenencia
del Sáhara Occidental al Reino de Marruecos.


- En caso de no proceder a cumplir con dicho requerimiento, exhortar a la Comisión Europea a que retire su financiación a Transparency International.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2022.-Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas y Emilio Jesús del Valle Rodríguez,
Diputados.-Macarena Olona Choclán e Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


161/003717


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la libertad de prensa y
expresión en Venezuela, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


6 MENESES, Rosa: 'Batalla en el Consejo de Seguridad de la ONU por el Sáhara Occidental', El Mundo, 29.10.21. Disponible [en línea]: https://www.elmundo.es/internacional/2021/10/29/617c13fb21efa0601d8b4571.html


7 Resolución 621, de 20 de septiembre de 1988, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Disponible [en línea]: https://www.usc.eS/export9/sites/webinstitucional/ql/institutos/ceso/descarqas/S RES 621 1988.pdf


8 Resolución 690, de 29 de abril de 1991, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Disponible [en línea]: https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descarqas/S_RES_690_1991_Plan2 es.pdf



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Exposición de motivos


El 3 de agosto de 1943 nacía en una Venezuela próspera el periódico El Nacional, un referente de la prensa libre e independiente que acabaría convirtiéndose en uno de los principales periódicos del país. La historia del periodismo avala su
trayectoria: El Nacional ha sido merecedor del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela como medio de comunicación impreso en los años 1959, 1977, 1981 y 2000.


Sin embargo, como el resto de los sectores económicos y sociales de Venezuela, el periódico ha sufrido el desabastecimiento y la censura del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Este emblemático diario de América Latina, cuna de varias
generaciones de intelectuales, dejó de publicarse en papel hace cuatro años en, asfixiado por el derrumbe económico del país y por la falta de papel impuesta por el Gobierno.


El Nacional trabaja actualmente en remoto y mantiene informados a los venezolanos y al resto del mundo a través de su página web.


El pasado 7 de febrero se conoció la noticia de que la titular del Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil de Caracas, Lisbeth Amoroso, completó la expropiación del diario, tras entregar oficialmente su sede a Diosdado Cabello, número
dos de la dictadura de Nicolás Maduro.


Los ataques contra el periódico comenzaron con la demanda presentada por el vicepresidente chavista en 2015, después de que el diario se hiciera eco de una información que vinculaba a Cabello con el narcotráfico. Una noticia que publicó el
diario español ABC y 'The Wall Street Journal', y que luego replicó 'El Nacional' junto a otros dos medios digitales venezolanos, 'Tal Cual' y 'La Patilla'. Desde entonces, se han sucedido años de acoso y asedio judicial.


La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la principal herramienta judicial del chavismo en contra de la oposición y del Parlamento democrático confirmó en 2021 el pago de 13 millones de dólares para indemnizar a
Cabello por 'daño moral'.


Con el robo judicial perpetrado y la entrega de la sede de 'El Nacional' se completa la expropiación puesta en marcha por Cabello contra uno de los principales medios de comunicación venezolanos libres. El fallo judicial fue acordado de
manera secreta el 27 de enero de 2022, sin que la juez, hermana del Contralor General del régimen Elvis Amoroso Hidrobo, lo hiciera público.


Situaciones como esta confirman que en Venezuela la Justicia la imparte el régimen y que la separación de poderes es inexistente. Simplemente los jueces ejecutan lo que desde el poder político se les ordena. En este caso, intentar acabar
con la libertad de prensa y de expresión a través de los mecanismos coercitivos más efectivos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Defender la libertad de prensa y de expresión en Venezuela, así como la libertad empresarial, vulneradas sistemáticamente por la dictadura de Nicolás Maduro.


2. Mostrar su apoyo a las personas afectadas por la expropiación ilegal de las instalaciones del periódico El Nacional.


3. Condenar la vulneración de los derechos civiles y democráticos y denunciar públicamente la falta de independencia del poder judicial en Venezuela.


4. Hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que se una al rechazo de la vulneración de derechos y libertades en Venezuela.


5. Liderar en las instituciones de la Unión Europea la exigencia de seguir imponiendo sanciones individuales contra los responsables de la represión en Venezuela, sus testaferros y colaboradores necesarios.


6. Liderar en la Unión Europea los esfuerzos internacionales para promover el Estado de derecho y restaurar la democracia mediante elecciones presidenciales democráticas, libres y transparentes en Venezuela cuando se den las circunstancias
necesarias para hacerlo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2022.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/003722


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, de apoyo a la OTAN, para su debate en
la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


La firma primero del Tratado de Bruselas y poco después, en 1949, del Tratado del Atlántico Norte que constituyó la Alianza Atlántica fue uno de los grandes hitos del período histórico que se ha denominado como la Guerra Fría, cuyo punto
final fue la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989.


Ese Tratado tuvo su origen en la determinación por parte de Los países miembros de responder colectivamente a la gran Amenaza que se cernía sobre su sistema de derechos y libertades, por parte de una Unión Soviética expansiva, y por parte de
Estados Unidos de implicarse en la defensa de las democracias occidentales europeas.


En esa época las frágiles democracias europeas se veían amenazadas por la fortaleza interna de los partidos comunistas y la posibilidad de que la entonces Unión Soviética pudiera extender su dominio desde los Urales hasta Gibraltar. Países
como Polonia, Rumania, Hungría, Bulgaria, las repúblicas Bálticas, la entonces Checoslovaquia y otros, habían sido ocupados y sometidos por Stalin en uno de los ejercicios más brutales de injerencia interna de naciones soberanas.


Desde la constitución de la OTAN los europeos dispusimos de un mecanismo de seguridad colectiva que nos ha aportado paz, seguridad y estabilidad sin precedentes. El vínculo atlántico fue y es un instrumento fundamental que ha permitido a
los europeos mantener sus libertades y desarrollar un potente Estado de Bienestar mientras que Estados Unidos contribuía desproporcionadamente a la defensa colectiva.


España se incorporó a la Alianza Atlántica en 1982 durante la presidencia de Leopoldo Calvo Sotelo. Este año 2022 se cumple, por tanto, el 40 aniversario de un paso en la clave en la modernización de nuestra sociedad, especialmente de
nuestras Fuerzas Armadas, y del propósito firme de ser una democracia normalizada. Aunque en alguna parte de la izquierda no dejaron de existir resabios antiatlantistas, fue también muy importante la aportación de nuestro país a la Alianza durante
los gobiernos socialistas.


En 1997, hace ahora 25 años, tuvo lugar la Cumbre Madrid en la que la OTAN puso en marcha de un modo decidido su política de ampliación al Este.


Por vez primera en 2001, con ocasión de los ataques del 11S, la Alianza Atlántica utilizó los mecanismos previstos de seguridad colectiva, el conocido artículo 5 en apoyo a los Estados Unidos. Ese fue el punto de partida de los 20 años de
presencia de la OTAN en Afganistán. Antes tuvo una participación decisiva en el conflicto de la antigua Yugoslavia.


El próximo mes de junio tendrá lugar una nueva Cumbre de la OTAN en Madrid en la que, entre otras cuestiones, se abordará el nuevo concepto estratégico en un mundo en el que los europeos estamos de nuevo sometidos a una serie de amenazas,
tanto al sur como al Este de Europa.


Uno de los debates que debieran abrirse en esta cumbre es el de la ampliación del marco geográfico establecido por el Artículo 6 del Tratado.


En coherencia con los principios que fundamentan la existencia de la OTAN, ante las amenazas globalizadas de hoy, parece esencial abrir algún tipo de colaboración con las democracias de otras zonas del planeta, cuya seguridad también está en
peligro.


Esto es especialmente importante en los países de la cuenca del Pacífico, por lo que desde España parece imprescindible abogar decididamente por abrir dicha colaboración a las democracias latinoamericanas, más amenazadas que nunca , y que
comparten valores y principios de occidente. Igual que otras naciones como Australia, India o Japón.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reconocer la aportación fundamental que ha hecho la OTAN desde su creación en 1949 en defensa de los valores democráticos y los valores de occidente.


2. Celebrar los 40 años de la entrada de España en la OTAN y los 25 de la Cumbre de Madrid.


3. Reconocer el papel de España en todas estas décadas desde su incorporación y rendir el homenaje debido a todas las víctimas españolas que fallecieron en cumplimiento del deber dentro de las diferentes misiones OTAN en la que han
fallecido nacionales nuestros.


4. Subrayar el papel de España en la OTAN, muy en particular de su Cuartel General de la estructura de mandos de la Alianza, CAOC de Torrejón.


5. Incorporar dentro del nuevo concepto de defensa de la OTAN la colaboración activa de la Alianza con otras naciones democráticas, tanto de nuestro continente como de Latinoamérica y la cuenca del Pacífico.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2022.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003726


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez y don Agustín Rosety
Fernández de Castro en su condición de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a presentar con carácter urgente nota diplomática al objeto de denunciar y revocar el Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Venezuela, hecho en Caracas el 4 de enero de 1989, para
su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


Primero. Situación actual de Venezuela.


La situación que está viviendo la sociedad venezolana es insostenible. El último informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), titulado 'Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la
Corte Penal internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela', amplía el informe de 2018 de un Panel de Expertos Independientes convocados por la OEA, el cual concluyó que había una base
razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.


El nuevo documento señala que, desde la publicación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación
política y económica sin precedentes, junto con una escasez de productos alimenticios y médicos. Partiendo del trabajo de la Misión Independiente de Investigación de la ONU en Venezuela, el nuevo informe pinta un vivido retrato de una Venezuela
devastada por la violencia patrocinada por el Estado y en la agonía de un desastre humanitario 9.


9 Todos los datos proceden de un comunicado de prensa de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ref.: C-122/20. 02.12.20. Disponible [en línea]: https://www.oas.org/es/centro noticias/comunicado prensa.asp?sCodigo=C-122/20



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Entre otros hallazgos, el informe:


- Identifica 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.


- Identifica 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014.


- Identifica que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen. Esto incluye informes, incluyendo de las Naciones Unidas, que encontraron 7
millones de personas necesitadas y más de 100.000 niños menores de 5 años afectados por desnutrición aguda severa. Una ONG con una fuerte presencia local informó que 52 de cada 100 niños atendidos tienen deficiencias nutricionales y el 24 por
ciento de las mujeres embarazadas estaban desnutridas. En las principales ciudades, la escasez de medicamentos esenciales ha oscilado entre el 60 y el 100 por ciento. Y con bajas tasas de vacunación y medicamentos limitados, ha habido brotes de
sarampión y difteria y al menos 400.000 casos de malaria, el más alto de América Latina. Se reportan casi 1.000 muertos por falta de medicamentos contra la malaria.


- Identifica 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019.


- Identifica 653 casos documentados de tortura desde 2014.


- Identifica que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura.


- Destaca el fracaso de la Fiscal de la CPI en realizar su examen preliminar de manera expedita, así como en abrir una investigación a pesar de la abrumadora evidencia de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.


- Recomienda a la Fiscal proceder lo más rápidamente posible para abrir una investigación sobre la situación en Venezuela y, mientras tanto, solicitar acceso inmediato, pleno y abierto a Venezuela, emitir una declaración pública detallada
sobre el deterioro de la situación en Venezuela y resaltar el verdadero alcance y gravedad de la situación en Venezuela en su próximo 'Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020'.


El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que 'se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el
sufrimiento del pueblo venezolano. Llamamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mistrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo'. 10


No obstante, la OEA no ha sido la única institución que ha señalado las graves violaciones de derechos humanos que se producen en Venezuela. El pasado 4 de julio de 2019, se publicó el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Este informe recoge una visión general de la situación de los derechos humanos en el citado país desde enero de 2018 a mayo de
2019.


En este periodo, el ACNUDH concluye que 'existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela'. Y añade lo
siguiente:


'Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial [
...] Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos.


Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones
críticas y movilizar a otras personas. Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos.


Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual [ ...] Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos
enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos


10 Ibidem.



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razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES.'


Y concluye el informe con la siguiente afirmación:


'El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha
envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas.' 11


Hasta la fecha, la Unión Europea ha promulgado dos Reglamentos relativos a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela. Concretamente, el Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo de 13 de noviembre de 2017, y el Reglamento
de Ejecución (UE) 2019/1586 del Consejo, de 26 de septiembre de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2017/2063 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela.


En concreto, el artículo 8 del Reglamento de 2017, estipula lo siguiente:


'1. Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en los anexos IV y V.


2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en los anexos IV y V ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de fondos o recursos económicos.


3. El anexo IV incluirá a:


a) las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Venezuela;


b) las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos cuyas acciones, políticas o actividades socaven de otra forma la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.


4. El anexo V incluirá a las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos asociados a las personas y entidades a que se refiere el apartado.3


5. Los anexos IV y V contendrán los motivos de inclusión en la lista de las personas, entidades y organismos de que trate.


6. Los anexos IV y V también contendrán, cuando se disponga de ella, la información necesaria para identificar a las personas, entidades y organismos de que trate. Respecto de las personas físicas, esa información podrá incluir el nombre y
apellidos y los alias, el lugar y fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, la dirección postal (si se conoce) y el cargo o profesión. Respecto de las personas jurídicas, entidades y
organismos, dicha información podrá incluir el nombre, la fecha y el lugar de registro, el número de registro y el domicilio social.'


En este estado de cosas, nuestro país no puede permanecer impasible ante el sufrimiento de un pueblo hermano. Los lazos históricos, culturales y sociales que unen a ambos países deben convertir la vuelta de la democracia y los derechos
humanos a Venezuela como uno de los objetivos prioritarios del Ejecutivo español. Sea cual sea el color político de éste.


Segundo. Extradición de Ernesto Quintero.


Según han publicado diversos medios de comunicación, el próximo 12 de febrero España extraditará al venezolano Ernesto Quintero al Gobierno venezolano.


El Sr. Quintero lleva residiendo en Madrid con su mujer y su hija desde el año 2018. No deja de ser relevante que a su mujer y a su hija se les haya reconocido la protección internacional; algo que no se ha llegado a reconocer al Sr.
Quintero. Desde su llegada, el Gobierno de Venezuela ha venido solicitando a España la detención y extradición del Sr. Quintero por supuestas actividades delictivas en Venezuela, concretadas en el hecho de ser 'accionista' de empresas que, a su
vez, habrían defraudado a la hacienda


11 'Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela', Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, 04.07.2019. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplavNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S



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bolivariana o por las que se habría aprovechado para la comisión de delitos que están siendo investigados por la justicia venezolana.


Sin embargo, los motivos por los que se solicita la extradición del Sr. Quintero siempre han sido polémicos, por ser genéricos y adolecer de fundamentación suficiente.


De hecho, en un primer momento, el Gobierno venezolano solicitó a la Interpol la búsqueda y captura del Sr. Quintero. Sin embargo, posteriormente, la Interpol retiró dicha orden toda vez que, tras una investigación de este organismo
internacional, los motivos por los cuales el Gobierno venezolano solicitaba su captura y extradición no eran claros y evidentes.


No obstante, de forma paralela, en España, en octubre de 2020 la Audiencia Nacional confirmó la resolución administrativa de extradición, la cual fue acordada en Consejo de Ministros de febrero de 2021, momento en el que el Sr. Quintero
ingresó en prisión.


El Sr. Quintero lleva en la cárcel de Soto del Real desde febrero del año 2021. El motivo por el cual se le detuvo y se ordenó su ingreso en prisión provisional no es otro que evitar que se fugase.


Desde entonces, los abogados y la familia del Sr. Quintero han intentado por todos los medios legales a su alcance su libertad -siquiera condicional-, así como evitar la extradición.


En este sentido, se interpusieron sendos recursos ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Constitucional, que han sido desestimados.


Es de destacar que recientemente la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación contra el régimen de Venezuela por la posible comisión de delitos de lesa humanidad.


La Agencia de las NNUU para los Refugiados (ACNUR) valoró recientemente no entregar al Sr. Quintero a Venezuela y optar por otorgarle la protección internacional.


La cúpula del poder judicial de Venezuela ha sido sancionada por la Unión Europea, de la que España forma parte desde el año 1986.


Y es que, en caso de materializarse la extradición, sería el primer caso en el que España extradita un venezolano al régimen chavista que actualmente gobierna Venezuela.


Tercero. Un tratado claramente obsoleto.


El Reino de España y la República de Venezuela, antes de que el régimen revolucionario bolivariano tomara el poder en el año 1999, firmaron un Tratado de Extradición en Caracas el 4 de enero de 1989, (en adelante, Tratado de Extradición) y
entró en vigor en septiembre del año siguiente.


Como ha quedado expuesto en los puntos anteriores, el país venezolano ya no es lo que era en la década de los 80. Un país democrático, rico y donde estaba garantizado el Estado de Derecho se convirtió, como han reconocido diferentes
organizaciones internacionales, en un país donde se violan los derechos humanos y los derechos a un juicio debido y justo, y donde son habituales y frecuentes detenciones arbitrarias y de tortura. Así lo ha señalado la abogada Venezolana Tamara
Sujú, 12 directora del Instituto CASLA: 'enviar a quien sea a Venezuela para ser supuestamente 'juzgado'' por un poder judicial coaptado es ilógico'.


Desde el surgimiento del régimen de Hugo Chávez y con la continuación del régimen de Maduro, condenado por la Unión Europea, Venezuela ha visto desplomarse su Producto Interior Bruto y emigrar a más de cuatro millones de sus habitantes. Las
tasas de violencia y criminalidad se han disparado. En definitiva, estamos ante una autentico régimen totalitario que no garantiza un Estado de Derecho, violando constantemente el principio de división de poderes, base fundamental de toda
democracia.


Por tanto, en este contexto, es necesario revisar y actualizar profundamente el Tratado de Extradición y adecuarlo a la situación actual que vive el país iberoamericano. El Gobierno debe presentar inmediatamente una denuncia por nota
diplomática ante el Gobierno de Caracas, de conformidad con el artículo 29 del Tratado de Extradición.


Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español, expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y su total rechazo a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano.


12 https://www.lavanguardia.com/vida/20181209/453454815411/la-extradicion-a-venezuela-divide-a-los-jueces-espanoles.html



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El Congreso de los Diputados insta al Congreso de los Diputados a lo siguiente:


- Presentar con carácter urgente nota diplomática al objeto de denunciar y revocar el Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Venezuela, hecho en Caracas el 4 de enero de 1989.


- Dejar sin efecto la extradición del venezolano Ernesto Quintero al régimen de Nicolás Maduro, interrumpiendo de manera inmediata la ejecución de la resolución que la acuerda.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2022.-Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Agustín Rosety Fernández de Castro, Diputados.-Iván
Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Justicia


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las inmatriculaciones irregulares de bienes inmuebles practicadas por la Iglesia Católica, para su debate en la Comisión de Justicia.


Exposición de motivos


En el mes de febrero del pasado año, el BNG registró varias preguntas escritas dirigidas al Gobierno sobre la inmatriculación fraudulenta de bienes por la Iglesia Católica, que goza desde 1946 de un privilegio procedente de la Dictadura
franquista y que le ha permitido inscribir miles de bienes sin tener que acreditar la propiedad de los mismos, pues tanto la Ley Hipotecaria como el Reglamento que la desarrolló, posibilitaron que los representantes eclesiásticos actuasen como
fedatarios públicos, acreditando esa titularidad sin necesidad de otras pruebas.


Aunque la citada norma no permitía inscribir templos dedicados al culto, por ser considerados bienes de dominio público, la realidad es que muchos de estos bienes fueron inmatriculados (inscritos por primera vez en el Registro de la
Propiedad) a nombre de la Iglesia entre 1946 y 1998. En el año 1998 el Gobierno del Partido Popular amplió el privilegio franquista mediante una modificación de la Ley Hipotecaria que permitía a la Iglesia inscribir también lugares de culto como
iglesias, monasterios, ermitas, capillas, catedrales ... etc. Como consecuencia de este cambio legislativo, entre 1998 y 2015 (año en que se suprime esta prerrogativa) fueron inscritos casi 35.000 bienes a nombre de la Iglesia Católica, de los
cuales una gran parte lo fueron de forma fraudulenta, pues se trataba en realidad de bienes privados, propiedad de las Administraciones Públicas o que deberían considerarse de dominio público.


En el año 2017 se aprobó en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley en la que demandaba al Gobierno del Estado la elaboración de un informe con todas las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015, así como 'reclamar la
titularidad del dominio si la citada inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo', es decir, sin que existiese algún documento que demostrase la propiedad.


En este mismo sentido, en el año 2018, una Comisión de Personas Expertas creada para determinar la titularidad de la Mezquita de Córdoba recomendó anular las inmatriculaciones mediante un recurso al Tribunal Constitucional.


A pesar de que el Gobierno español contaba desde agosto de 2018 con el listado de las inmatriculaciones realizadas desde 1998, ha tardado más de dos años y medio en hacerlas públicas. Tras conocerse esa lista de bienes, el Bloque
Nacionalista Galego, así como distintas organizaciones memorialistas, destacaron, en primer lugar, el alto porcentaje de inmatriculaciones practicadas en Galiza, 7.131, que suponen más del 20 por ciento del total. Resulta también esclarecedor que
de los bienes inmatriculados en Galiza por la Iglesia, la mayoría sean propiedades urbanas y rústicas tales como



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solares, garajes, pisos, campos de fiestas o carballeiras (4.384), mientras que los edificios dedicados al culto y sus edificaciones anexas suponen 2.747 del total. Además, es casi nula la información registrada sobre muchos de estos
bienes, tal y como consta en el listado que se ha hecho público, sobre todo cuando se trata de terrenos rústicos, lo que hace mucho más difícil su identificación y reclamación.


Por todas las irregularidades que se apreciaban y los casos conocidos que después de judicializarse fueron fallados en contra de la Iglesia, se reclamaba en aquel momento que el Gobierno español debía iniciar de oficio una investigación
sobre la corrección y exactitud de los registros practicados al amparo de esta prerrogativa eclesiástica, para detectar aquellas inmatriculaciones realizadas irregularmente y proceder a la restitución de los bienes a sus legítimos propietarios.


Ahora es la propia iglesia la que reconoce que cerca de un millar de bienes inmuebles que aparecen en la lista de activos inmatriculados no son suyos, y ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para abrir un proceso para su devolución. Con
el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal anunciado este lunes se contempla la devolución de unos mil bienes inscritos erróneamente por la Iglesia como suyos, pero supone al mismo tiempo regularizar y dar por válidos los
otros 34.000 inmatriculados entre 1998 y 2015, que pasarán a ser considerados legalmente como bienes de la Iglesia, sin posibilidad de reversión.


Resulta completamente intolerable que, tras haberse demostrado la existencia de errores e inmatriculaciones fraudulentas en esas inscripciones registrales a través de la vía judicial, y después de que la propia Iglesia reconociera que cerca
de 1000 inmuebles le fueran incorrectamente asignados, el Gobierno de por válidos el resto de registros y consideren a la Iglesia como su legítimo propietario sin más cuestionamientos ni investigaciones.


Es necesario que la Administración del Estado actúe de oficio y que amplíe la información sobre los bienes inmatriculados, especialmente en el caso de propiedades rústicas, de forma que se facilite su identificación y localización. Además
deben ser investigadas todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica desde el año 1946 y facilitar la reclamación de la titularidad del dominio si el citado registro se realizó sin la necesaria existencia de un título material y
previo. Además, en el caso de que la inmatriculación incorrecta realizada por la Iglesia recaiga sobre bienes de dominio público, debe declararse su nulidad de pleno derecho, pues los bienes públicos, son inalienables, inembargables e
imprescriptibles.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Ampliar la información sobre los bienes inmatriculados, especialmente en el caso de propiedades rústicas, de forma que se facilite su identificación y localización.


2. Investigar todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica desde el año 1946 y la reclamación de la titularidad del dominio si el citado registro se realizó sin la necesaria existencia de un título material y previo.


3. Declarar nulas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica cuando se trate de bienes de dominio público, en cumplimiento de los principios de imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad de los bienes públicos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


161/003699


A la Mesa de la Comisión de Justicia


Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo del reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Justicia, la siguiente Proposición no de Ley sobre el error
contenido en la redacción del primer párrafo del artículo 914 bis del Código Civil.



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Exposición de motivos


El Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, don Ramón Durán Rivacoba, y la Profesora Asociada del Departamento de Derecho Civil de la UNED, doña Verónica del Carpio Fiestas, han detectado 13 un importante error conceptual en
el artículo 914 bis del Código Civil tras su reciente reforma a propósito de los cambios reflejados en la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen
jurídico de los animales. El error intercambia dos términos jurídicos íntimamente relacionados y conceptualmente opuestos.


La redacción del referido artículo fue aprobada por las Cortes Generales a principios del pasado mes de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE. 16 de diciembre de 2021) con el siguiente texto:


'Artículo 914 bis.


A falta de disposición testamentaria relativa a los animales de compañía propiedad del causahabiente, estos se entregarán a los herederos o legatarios que los reclamen de acuerdo con las leyes.


Si no fuera posible hacerlo de inmediato, para garantizar el cuidado del animal de compañía y solo cuando sea necesario por falta de previsiones sobre su atención, se entregará al órgano administrativo o centro que tenga encomendada la
recogida de animales abandonados hasta que se resuelvan los correspondientes trámites por razón de sucesión.


Si ninguno de los sucesores quiere hacerse cargo del animal de compañía, el órgano administrativo competente podrá cederlo a un tercero para su cuidado y protección.


Si más de un heredero reclama el animal de compañía y no hay acuerdo unánime sobre el destino del mismo, la autoridad judicial decidirá su destino teniendo en cuenta el bienestar del animal.'


En el primer párrafo del artículo 914 bis se habla de 'causahabiente', un término referido a la 'persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras' (R.A.E.). Es decir que causahabiente se
corresponde con quien recibe los derechos sucesorios derivados de la muerte de quien se llama causante de la herencia por este motivo.


Se trata de un gran error porque cita como 'causahabiente' a quien debería ser 'causante'. En modo alguno puede el causahabiente ser propietario de los animales de compañía a los que se refiere el artículo, lo que debería ser corregido con
más motivo, si cabe, por tratarse de un texto tan relevante como es el Código Civil, conjunto normativo que recoge los preceptos que regulan las relaciones de las personas, bienes, propiedad [ ...].


Por lo expuesto, el Diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, formula ante la Comisión de Justicia la siguiente


Proposición no de Ley


'La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover con celeridad la corrección del error contenido en la redacción del primer párrafo del artículo 914 bis del Código Civil tras su reforma a propósito de los
cambios reflejados en la Ley 1712021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2022.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


13 1'Causante', que no 'causahabiente' (A propósito de un error garrafal en el nuevo artículo 914 bis del Código Civil) Ramón Durán Rivacoba, Catedrático de Derecho Civil. Universidad de Oviedo Verónica del Carpio Fiestas, Abogada.
Profesora Asociada de Derecho Civil. UNED Diario la Ley, N° 9992, Sección Tribuna, 19 de enero de 2022. Resumen. El nuevo artículo 914 bis del Código Civil, establecido por la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, contempla el destino sucesorio de los
animales de compañía. En su texto se introduce un error básico, cuando cita como 'causahabiente' a quien debería ser 'causante'. Se impone una formula perentoria para rectificar este clamoroso fallo conceptual de consecuencias imprevisibles.



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Comisión de Defensa


161/003671


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Manuel Mestre Babea, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal y don Luis Gestoso de Miguel, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley relativa al reconocimiento del Mariscal de Campo Rafael Menacho como héroe nacional, y a la promoción cultural de su figura y de los sitios de Badajoz, para su discusión en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


Primero. Rafael Menacho: El personaje histórico.


Rafael Menacho fue un general español que, durante la Guerra de la Independencia, dirigió la defensa de Badajoz contra el ataque de las fuerzas invasoras de la Francia napoleónica en 1811. Su comportamiento heroico en esta defensa, que
llegó a la entrega de su vida en combate, ha hecho de él uno de los grandes héroes de esa lucha épica para preservar la soberanía nacional de España.


Rafael Menacho y Tutlló nació en Cádiz el 22 de mayo de 1766, e inició la carrera militar a los dieciocho años de edad al ingresar como cadete en el regimiento de infantería de Valencia. Respetado por tropa y oficiales, destacaban de él su
firmeza, eficacia y osadía. En su ejemplar trayectoria castrense, sirvió en la defensa de Ceuta contra las fuerzas marroquíes, y asimismo en la campaña del Rosellón de 1793 del general Ricardos contra la Francia revolucionaria, en la que fue herido
dos veces. Intervino asimismo en la Guerra de las Naranjas de 1801.


Es en la Guerra de la Independencia Española de 1808-1814 cuando Rafael Menacho va a convertirse en uno de los grandes héroes de las armas españolas. Alineado desde primera hora con las Juntas patrióticas que defendían la soberanía de
España contra los invasores franceses y su rey intruso, Menacho tuvo una distinguida actuación en la gran victoria española de Bailén, que hay que recordar que fue la primera derrota en campo abierto de una fuerza napoleónica importante. A los
pocos días de la victoria era ascendido a coronel.


En los meses y años siguientes Rafael Menacho va a sobresalir como uno de los más aguerridos y competentes oficiales del Ejército que defendía la independencia nacional. Y es que se hacía notar por su carácter fuerte, seco, activo,
enérgico, incluso ordenancista 14: un hombre duro para tiempos duros. Así, tomó parte destacada en la batalla de Medellín en marzo de 1809, y a resultas de su magnífico desempeño fue promovido a brigadier. En las subsiguientes operaciones en
torno a Mérida recibió un balazo en el muslo izquierdo. Finalmente, tuvo un papel esencial en las operaciones del sector más occidental en los meses que siguieron al desastre de Ocaña de noviembre de 1809, en los cuales los franceses pudieron
adueñarse de buena parte de Andalucía. En efecto, habiendo quedado su brigada aislada en el sur de la actual provincia de Badajoz, y tras una serie de complejos movimientos para repeler y sortear al ejército enemigo durante días, logró entrar en la
plaza de Badajoz en la madrugada del día 12 de febrero de 1810, donde fue recibido por el Marqués de La Romana -otro de los grandes jefes de aquella contienda- entre vítores de los ciudadanos.


El Consejo de Regencia, máxima autoridad de la causa patriótica española por el cautiverio de Fernando VII, ascendía a Menacho a mariscal de campo en septiembre de 1810, y lo nombraba gobernador político y militar de la plaza. En esta
última condición, el mariscal Menacho dirigió la defensa de Badajoz en el asedio a que fue sometida por las tropas francesas del mariscal Soult a partir de enero de 1811. Va a ser en esta defensa de Badajoz, frente a uno de los más distinguidos
mariscales de Napoleón y el de mayor autoridad en la campaña española, donde Rafael Menacho se gane su puesto como uno de los grandes héroes del Ejército Español.


14 Badajoz (1811-1812) La resistencia en la frontera. En línea: http://www.historiauex.es/data/catalogues/142/docs/1375529077.pdf



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Durante el sitio francés, derrotadas las fuerzas de refuerzo que pretendían socorrer la plaza, imposibilitados los defensores de comunicarse con el exterior, el mariscal de campo dio muestras inequívocas de valor, energía y resolución en la
dirección de los trabajos de defensa, y sobre todo en las salidas para atacar a las tropas y disposiciones de los sitiadores. Su férrea determinación a ejecutar fielmente el cometido encomendado por la legítima autoridad de la España que luchaba
por su independencia, fue acreditada con sus repetidos rechazos a las ofertas de rendición de Soult 15. Y la prueba suprema, la caída en combate en cumplimiento del deber, la dio el 4 de marzo, al recibir en la zona abdominal una herida mortal
causada por un grano de metralla de la artillería de asedio gala.


Que Rafael Menacho era un activo imprescindible en la defensa de Badajoz lo demuestra el hecho de que la plaza cayese en poder de los franceses pocos días después. Su heroica resistencia fue reconocida por uno de sus más directos enemigos
en el campo de batalla, el Coronel Lamare, quien escribió posteriormente que la defensa realizada por Menacho merecía 'seguir las huellas de los más célebres gobernadores que la historia recuerda' 16. En todo caso, la valerosa resistencia
protagonizada por la guarnición de Badajoz bajo el liderazgo de Menacho no fue inútil porque, aparte del ejemplo dado a otras unidades leales a España, consiguió debilitar las fuerzas francesas de las zonas central y meridional de la Península. Hay
que recordar que la Guerra de la Independencia tuvo muchísimo de guerra de desgaste.


Segundo. Badajoz recuerda a su héroe.


No se puede decir que, como en otros lamentables casos, Rafael Menacho haya sido un héroe olvidado, al menos no totalmente. Para empezar, los diputados extremeños en las Cortes de Cádiz obtuvieron una pensión para su viuda e hijos, y el
propio Ayuntamiento gaditano (recordemos que Rafael Menacho era oriundo de allí) encargó la pintura de un retrato del ilustre soldado caído 17.


Pero ha sido sobre todo la ciudad de Badajoz la que ha mantenido su recuerdo. Una de las calles más importantes de la ciudad, céntrica, peatonal y muy comercial, lleva su nombre. En segundo lugar, un obelisco erigido en 1893 conmemora la
defensa de la ciudad, incluyendo una dedicatoria explícita 'a Menacho'. Y, desde 2019, una magnífica estatua de Rafael Menacho, sable en mano, obra de Salvador Amaya, puede contemplarse en la avenida de Huelva de la capital pacense. Asimismo, hay
que mencionar la Base General Menacho de Badajoz, en la que se halla acuartelada la Brigada 'Extremadura' XI, una de las unidades del Ejército de Tierra con mayor potencia de combate 18.


En cuanto a los restos mortales del propio Mariscal, fueron inicialmente depositados en la cripta de la catedral, pero de forma casi anónima para evitar la profanación por los invasores en previsión de que tomasen la ciudad. Tras décadas de
descuidado olvido, en 1880 se exhumaron sus restos y fueron trasladados al claustro de la Catedral, donde hoy se encuentran en un monumental sepulcro. No obstante, durante el proceso de las mencionadas exhumación y reinhumación, elementos
criminales aprovecharon para saquear parte del ajuar del cadáver del héroe, incluidos una de las botas, el fajín y otras partes del uniforme. Asimismo, varias de las prendas han estado repartidas por distintos museos militares, con las
consiguientes dudas sobre la correcta atribución de algunas de ellas. En todo caso, podemos congratularnos de que los restos de Rafael Menacho descansan en un lugar público de la ciudad que defendió, y por la que dio su vida, en una sepultura
absolutamente digna.


Tercero. La necesidad de un homenaje nacional.


Ya hemos visto que Rafael Menacho no es un héroe totalmente olvidado, ya que la ciudad de Badajoz ha tenido la gallarda virtud de asegurar adecuadamente la memoria de su heroico defensor, y de proporcionar una digna sepultura a sus restos.
Sin embargo, considerar suficiente el homenaje de esta ciudad a su héroe implica desconocer el hecho de que Rafael Menacho no es una simple celebridad local, sino un héroe nacional.


Para valorar adecuadamente su figura, es necesario situar la defensa de Badajoz en su contexto histórico. Y esta adecuada situación nos lleva a recordar que el sitio de Badajoz fue una acción heroica,


15 El general Menacho. Datos concretos sobre la muerte del héroe. En línea: https://chdetrujillo.com/el-general-menacho-datos-concretos-sobre-la-muerte-del-heroe/


16 Badajoz (1811-1812) op. cit. p. 221


17 Marabel Matos, Jacinto J. (2016). Muerte y simonía del Gobernador de Badajoz, el Excmo. Mariscal de Campo Rafael Menacho y Tutlló (I). Revista de Estudios Extremeños, Tomo LXXII, Número III, pp. 1753-1784.


18 Base de la Brigada 'Extremadura' XI del Ejército de Tierra. Disponible [en linea]: https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Badajoz/bri extremadura xi/Localizacion/index.ht ml



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llevada a cabo por las fuerzas españolas en uno de los momentos más críticos de la Guerra de la Independencia. A principios de 1811, casi todos los ejércitos regulares españoles habían sido derrotados, la mayor parte de nuestro territorio
nacional estaba ocupado por los invasores, el monarca que encarnaba el poder legítimo era prisionero del enemigo, y la autoridad que dirigía la resistencia nacional estaba confinada en Cádiz, en el extremo de la península. Por su parte, los aliados
británicos y portugueses apenas se aventuraban fuera de las posiciones fortificadas de Torres Vedras en torno a Lisboa, y se veía lejano cualquier intento serio de liberar a España y Portugal de los franceses.


La Francia invasora era la Francia de Napoleón. En marzo de 1811, el Gran Corso estaba en el apogeo de su poder en el continente, tras haber ajustado las ventajosas paces de Tilsit y Schönbrunn con sus grandes enemigos europeos, Rusia y
Prusia, y Austria, respectivamente. Ese mismo mes nacía su heredero, el rey de Roma. Solamente al año siguiente, con la campaña de Rusia, Bonaparte volvería a dirigir una campaña continental, con la consiguiente necesidad de retirar tropas de
España. Pero en 1811 Napoleón disfrutaba en paz de sus victorias, con el reconocimiento de casi todos sus antiguos enemigos y era, más que nunca, el amo de Europa.


De otra parte, es preciso apreciar la trascendencia de la propia Guerra de la Independencia Española. Aunque es indudablemente uno de los episodios más gloriosos de nuestra Historia, y así está generalmente considerado, no han faltado voces
que han cuestionado la conveniencia de que España resistiera a los invasores franceses de 1808. Un ejemplo extremo de los últimos años fueron las tristemente célebres declaraciones del director cinematográfico Fernando Trueba en 2015, en las que
manifestaba su total falta de sentido de lealtad hacia España, dando como ejemplo el deseo de que Francia hubiese triunfado en la Guerra de la Independencia 19.


Reclamando la herencia de los tan ensalzados y mitificados 'afrancesados', estos sectores de opinión sostienen que España, en su defensa contra el invasor francés, estaba rechazando el progreso y la libertad que supuestamente traían las
tropas francesas. A veces se ha apuntado que José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón al que este designó como rey de España tras forzar las abdicaciones de Bayona, podría haber sido un excelente monarca si los acontecimientos hubiesen
discurrido de otra manera.


Por supuesto, nada de esto tiene ningún sentido. La invasión napoleónica de 1808 fue una de las peores catástrofes de la historia de España. Las tropas galas cometieron crímenes masivos y abominables. Los perjuicios causados directamente
en la economía del país fueron devastadores, y hubo asimismo un efecto directo en la desastrosa pérdida de nuestro imperio americano. Los daños en el patrimonio histórico, cultural y artístico por saqueo o destrucción igualmente fueron
incalculables.


Pero aun dejando a un lado todo lo anterior, la necesidad de que el ejército, lo mejor de la clase dirigente y el pueblo españoles se opusieran a la agresión napoleónica es absolutamente innegable. El emperador francés no intentó apoderarse
de España para desarrollar y hacer progresar el país, sino para convertirlo en un satélite totalmente subordinado a los intereses de Francia. El hecho de que en 1812 aprovechase la ocupación del territorio español para anexionar Cataluña al imperio
francés lo demuestra más allá de toda duda.


En cuanto a José Bonaparte, fue designado rey no por ser el mejor monarca posible para España, sino por ser de la total confianza de su hermano. El conocido como 'Pepe Botella', que ya había desempeñado la misma posición de rey títere en
Nápoles, difícilmente pudo haber sido un excelente gobernante cuando su lealtad estaba concentrada en el jefe supremo de una potencia extranjera. De hecho, otro hermano de Napoleón, Luis Bonaparte, fue de modo similar nombrado rey de Holanda, y
cuando intentó gobernar en interés de sus nuevos súbditos, el propio Napoleón le obligó a abdicar. No fue el caso de José en Nápoles ni en España.


En definitiva, la Guerra de la Independencia es una de las empresas más gloriosas de nuestra Historia. El Ejército y el pueblo españoles, llenos de heroísmo, se alzaron en defensa de nuestra soberanía nacional con una fiereza, un arrojo y
una energía que fueron ejemplares en toda Europa. España afirmó, como nunca, su inquebrantable voluntad de gobernarse a sí misma, y no desde el exterior. Y, junto a esa defensa de la independencia nacional, estaba el propósito de preservar la
tradición cristiana de nuestra Patria, para la cual los antecedentes revolucionarios de las fuerzas invasoras eran una amenaza cierta.


La Guerra de la Independencia es uno de los grandes hitos que nos han forjado como Nación. Algunos de nuestros héroes nacionales más conocidos, como Daoiz, Velarde, Palafox, Álvarez de Castro, Agustina de Aragón, Castaños, Jovellanos, el
Empecinado o Jerónimo Merino, se ganaron esa condición por sus


19 https://elpais.com/cultura/2015/09/19/actualidad/1442668338_519538.html



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servicios a España en esta contienda. Aunque menos conocido hasta ahora fuera de Badajoz, Rafael Menacho es otro de estos héroes nacionales nunca suficientemente reivindicados y recordados. Y por tanto debe recibir el homenaje que en tal
condición le corresponde.


Y, junto con Rafael Menacho, la ciudad de Badajoz, que no solamente respaldó al citado héroe en su defensa, sino que tuvo que sufrir al año siguiente el brutal saqueo de las tropas británicas, y que ha experimentado grandes padecimientos en
diferentes guerras por su condición de ciudad fronteriza. Esta ciudad, como hemos visto, tiene más que ganado su título de Muy Noble y Muy Leal, por la lealtad que siempre ha evidenciado hacia la Patria común en los conflictos aludidos, y por la
nobleza de guardar con total decoro la memoria de quien fuera su eximio defensor, Rafael Menacho.


VOX es una fuerza política que hace de la defensa de España y de su soberanía el elemento vertebral de su misma existencia. En coherencia con ello, afirma públicamente el propósito de honrar a nuestros héroes como merecen.


Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:


1. Reconocer oficialmente la figura del heroico General Rafael Menacho y Tutlló por su entrega en la defensa de la ciudad de Badajoz y de España.


2. Reconocer oficialmente la contribución y sacrificio de la ciudad y pueblo de Badajoz al Reino de España a lo largo de los siglos y, en concreto, por su férrea resistencia durante la Guerra de Independencia.


3. Promover la creación del Museo Histórico Militar 'Rafael Menacho' de Badajoz, siendo el emplazamiento ideal, la misma residencia del valeroso General Menacho en la ciudad de Badajoz.


4. Promover un consorcio entre administraciones públicas y que cuente con la colaboración de asociaciones locales para la promoción cultural de los hechos históricos de los sitios de Badajoz, y la celebración complementaria de recreaciones
históricas con apoyo y financiación pública y asesoramiento de profesionales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2022.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Manuel Sánchez del Real, Alberto Asarta Cuevas, Luis Gestoso de Miguel, Manuel Mestre Barea y Víctor González Coello de Portugal,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/003702


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la suspensión del cese de la relación de
servicio activo en las Fuerzas Armadas para los militares profesionales de Tropa y Marinería que cumplan la edad de 45 años durante el ejercicio 2022, así como para la reincorporación al servicio activo de todos aquellos que hubieran cumplido dicha
edad durante los ejercicios 2020 y 2021, al menos, durante el presente año, para su debate en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


En muchas ocasiones se ha interpelado al Gobierno y a la Ministra de Defensa por la situación triste y desalentadora en la que se encuentran los militares de Tropa y Marinería no permanentes al cumplir la edad de cuarenta y cinco años. Es
sabido que aquéllos que no hayan tenido la ocasión de ascender o de reconvertir su situación de temporalidad en permanencia, se verán expulsados de las Fuerzas Armadas y se encontrarán parados a la temprana edad de cuarenta y cinco años. Y en todas
las ocasiones, la Ministra ha objetado la preocupación que al Gobierno le produce este asunto, sin llegar a concretar nunca, sin embargo, el impulso a un cambio normativo que es ya perentorio e inaplazable. Por su parte, para el



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socio hoy del Gobierno, Unidas Podemos, resolver la situación de estos militares era una 'absoluta prioridad' al tratarse de un 'ERE encubierto del Ministerio de Defensa', cuando se encontraban en la oposición, pero algo que 'no está sobre
la mesa en estos momentos', ahora que se encuentran en el Consejo de Ministros.


En este contexto, debe subrayarse que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el coronavirus ha sido y está siendo determinante. Pensemos, por ejemplo, en los militares que fueron destinados en puestos fronterizos, en
aeropuertos, en la protección de centros sanitarios, en labores de desinfección de residencias de ancianos, levantando hospitales de campaña, o en labores de rastreo. A pesar de este esfuerzo, se calcula que más del 85 % de los militares de Tropa y
Marinería que participa o ha participado en la operación contra el COVID-19, tendrá que abandonar el Ejército al cumplir la edad de 45 años.


Si ésta es una situación a la que se tenía que haber puesto freno hace tiempo, con más razón resulta perentorio buscar soluciones y frenar la sangría de despidos que se producen en este sector en unos momentos tan complicados como los
actuales. De no tomarse medidas, cientos de militares pasarán a la situación de desempleo en un escenario de oportunidades laborales que, si ya es hostil a partir de esa edad, se antoja absolutamente adverso en el actual contexto económico.


Esta situación sí preocupa enormemente al Grupo Parlamentario que firma la presente Proposición no de Ley y mucho más aún en la actual coyuntura económica y social. Por ello, interpelamos ya a la Ministra de Defensa a finales del ejercicio
2020 con este concreto objeto, esto es, que se suspendiera, al menos temporalmente, la disposición legal que obliga al cese de la relación de servicio activo en las Fuerzas Armadas para los militares profesionales de Tropa y Marinería que cumplieran
la edad de 45 años durante los ejercicios 2020 y 2021. El reclamo que hacíamos entonces, y que reproducimos también en enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, lo extendemos ahora al presente ejercicio 2022, ante la inacción del Gobierno
y la continuidad de la crisis económica que atraviesa nuestro país, ahora afectada por unos elevadísimos índices de inflación.


Con la presente iniciativa, queremos poner el foco en los servidores públicos que ponen su vida al servicio de nuestro país y de nuestra protección y defensa y que, sin embargo, se verán expulsados del Ejército y en situación de desempleo en
el peor momento posible.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a prolongar, al menos, durante el ejercicio 2022, el compromiso de larga duración para el personal temporal militar de Tropa y Marinería que lo finalice por el cumplimiento de la edad de 45
años durante el presente año, así como a posibilitar la reincorporación al servicio activo, durante el ejercicio 2022, de todos aquellos militares profesionales de Tropa y Marinería que se hubieran visto expulsados del mismo por cumplir la edad de
45 años durante los ejercicios 2020 y 2021, y así lo soliciten.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2022.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/003669


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, doña Macarena Olona Choclán, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Víctor González Coello de Portugal, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don Rubén Silvano Manso Olivar y don Rodrigo Jiménez
Revuelta, doña Patricia Rueda Perelló, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del



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vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la creación con carácter urgente del Registro Estatal de entidades interesadas en Proyectos Estratégicos del Plan de Recuperación,
Transformación y resiliencia, para su discusión en la Comisión de Hacienda y Función Pública.


Exposición de motivos


1. El 31 de diciembre de 2020 se publicaba en el 'Boletín Oficial del Estado' el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ('RDL 36/2020') con el siguiente objeto:


[E]stablecer las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación,
aprobado por el Consejo Europeo del pasado 21 de julio de 2020 con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, recuperar y reparar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2, y promover un proceso
de transformación estructural mediante el impulso de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble transición ecológica y digital, y el refuerzo y aumento de la resiliencia y de la cohesión económica,
social y territorial en el marco del mercado único europeo (artículo 1).


2. En esta norma, para la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ('PRTR'), se crea una nueva figura de colaboración público-privada denominada Proyecto estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica ('PERTE') (artículo 8 RDL 36/2020). Y, conforme se indica en la exposición de motivos (Expositivo V), para el adecuado seguimiento de esta categoría, se pondrá en marcha el Registro estatal de entidades
interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, dependiente del Ministerio de Hacienda.


3. Sobre este registro se indica que, debido a la urgencia para el establecimiento de su funcionamiento y estructura, a esos efectos el real Decreto-ley introduce una habilitación específica al titular de dicho Ministerio para crear y poner
en funcionamiento el citado Registro [énfasis añadido], habilitación que se encuentra recogida en la Disposición adicional primera del RDL 36/2020 en los siguientes términos:


En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real Decreto-ley, el titular del Ministerio de Hacienda mediante orden ministerial creará y pondrá en funcionamiento el Registro estatal de entidades interesadas en los Proyectos
Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica [énfasis añadido].


4. Desde la publicación del RDL 36/2020, se encuentra en estudio dos PERTEs, se han anunciado otros dos y se han aprobado los tres siguientes 20:


i. PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado ('PERTE-VEC'), aprobado el 13 de julio de 2021.


ii. PERTE para la salud de vanguardia, aprobado el 30 de noviembre de 2021.


iii. PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, aprobado el 14 de diciembre de 2021.


5. Sobre el segundo y el tercero PERTE no se conocen avances, y sobre el primero, no fue hasta el 28 de diciembre de 2021 (cinco meses después de su aprobación), que se publicaron las bases del PERTE-VEC con la Orden ICT/1466/2021, de 23 de
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica
en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 21 (la 'Orden').


20 https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes#:-:text=Los%2OPERTE%20son%20proyectos%20de, transversales%20a%201as%20diferentes%20administraciones. [fecha de consulta: 24 de enero de 2021].


21 https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=B0E-A-2021-21612 [fecha de consulta: 24 de enero de 2021].



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6. Sin embargo, actualmente, más de nueve meses después de cuando debió hacerse, no se ha creado el Registro estatal para las entidades interesadas en PERTEs. El Ministerio de Hacienda ha incumplido así con el mandato establecido en el RDL
36/2020 de poner en marcha este registro, obligación para la que se le habilitaba de forma específica precisamente debido a su carácter urgente.


7. Al mismo tiempo se incumple el principio de buena gestión que se impuso a la administración pública en el RDL 36/2020 de participación, diálogo y transparencia (artículo 3.2 f)), puesto que por parte del Gobierno no se ha dado
información ni justificación alguna sobre este retraso.


8. Este quebrantamiento de las normas por parte del Gobierno genera más retrasos en la distribución de los fondos europeos y, por tanto, un nuevo agravio para el tejido empresarial que tanto ha sufrido por la crisis originada por el virus
SARS-CoV-2 y por las prohibiciones impuestas por el Gobierno durante los estados de alarma, declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional gracias a los recursos presentados por el Grupo Parlamentario VOX.


9. Lamentablemente, todo lo expuesto, la falta de transparencia que ha protagonizado todas las actuaciones del Ejecutivo y, en general, todos los precedentes de la pésima gestión del Gobierno hacen que este Grupo desconfíe de que el
Gobierno vaya a distribuir los fondos adecuadamente y atendiendo a las necesidades de los sectores estratégicos, las empresas y las familias españolas.


10. Debido a la grave situación que vive todo nuestro tejido industrial y a todos los empleos que dependen de él, no se pueden permitir más retrasos en la puesta en marcha de proyectos que han sido reconocidos como vitales para España. Al
contrario, deben adoptarse todas las actuaciones necesarias para que se impulsen a través de la inyección de liquidez a las empresas que realmente lo requieran y de esta forma redunde en beneficio de toda nuestra nación.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover todas las medidas necesarias para que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en virtud de la Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por
el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, apruebe la orden ministerial por la que se crea y se pone en funcionamiento el
Registro estatal de entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Rodrigo Jiménez Revuelta, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Patricia Rueda Perelló, Rubén Silvano Manso Olivar, Mireia
Borrás Pabón, José María Figaredo Álvarez-Sala, María de la Cabeza Ruiz Solás y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


161/003670


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Manuel Mestre Babea, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Carlos José Zambrano García-Ráez, don
Luis Gestoso de Miguel, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Rodrigo Jiménez Revuelta, don Juan Carlos Segura Just, don Rubén Silvano Manso Olivar, don Pablo Juan Calvo Liste, doña Inés María Cañizares Pacheco y
don Pablo Sáez Alonso-Muñumer en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reforma del artículo 48 de los Estatutos sociales de 'NAVANTIA S.A., S.M.E.', para su discusión en la Comisión de Hacienda y Función Pública.



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Exposición de motivos


Primero. Navantia, S.A., S.M.E.


La mercantil 'Navantia, S.A., S.M.E.' ('Navantia') es una Sociedad Estatal participada al 100 % por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ('SEPI'). La Sociedad tiene por objeto social el diseño, la construcción y la reparación
de buques militares y civiles, así como la creación de sistemas de control y combate. Esta mercantil estatal emplea a cerca de 4.000 profesionales, generando el 80 por ciento del empleo del sector naval en España a plena capacidad. Es decir, que
por cada empleo directo genera 7 puestos de trabajo entre la industria auxiliar y empleos indirectos 22.


Sin embargo, se trata de una sociedad que tiene pérdidas millonarias cada año. El pasado ejercicio, Navantia cerró con unas pérdidas de 137,7 millones de euros 23. Durante la última década, los resultados de la empresa fueron los
siguientes 24:


- 2012: -78 millones de euros.


- 2013: -57,7 millones de euros.


- 2014: -29 millones de euros.


- 2015: -160 millones de euros.


- 2016: -303 millones de euros.


- 2017: -296 millones de euros.


- 2018: -224 millones de euros.


- 2019: -173 millones de euros.


- 2020: -137,7 millones de euros.


- 2021: -43,5 millones de euros.


Fundamentalmente, los dos elementos que han ayudado a paliar las pérdidas de Navantia -y del resto de la industria nacional de defensa-, han sido (i) la internacionalización y (ii) las adquisiciones del Ministerio de Defensa.


Según el propio Ministerio de Defensa 25, el 80 % de las ventas de la mercantil se corresponden con las exportaciones y, el 20 % restante, a las compras por parte del propio ministerio del ramo. Porcentaje que, sin duda, se debe a la escasa
financiación con que está dotado el Ministerio de Defensa -apenas se destina un 1 % del Producto Interior Bruto a la inversión en defensa-.


No obstante, y pese a la minoración de las pérdidas experimentadas por la contabilidad de la compañía en los últimos ejercicios, ha de atajarse una cuestión que es sustancial para el buen devenir de cualquier mercantil, más, si cabe, si es
pública, cual es la idoneidad y la especialización como requisitos indispensables en la selección de los miembros de los órganos de gobierno.


Segundo. La administración de Navantia.


Navantia se rige por sus Estatutos, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y por cuantas disposiciones le resulten de aplicación en su condición de sociedad
mercantil estatal.


Según dispone el párrafo primero del artículo 48 de los Estatutos de Navantia, S.A., S.M.E., ('Estatutos') bajo la rúbrica 'Administración de la Sociedad', 'la sociedad será administrada por el Consejo de Administración, que estará integrado
por 5 miembros como mínimo y 15 como máximo'. 26


El Consejo de Administración constituye una forma habitual de gobierno societario, que se caracteriza 'porque las funciones de gestión son asumidas colectivamente por todos sus miembros, si bien el Consejo


22 Página oficial de Navantia. Disponible [en línea]: https://www.navantia.es/es/sobre-nosotros/quienes-somos/impulsamos-empleo/.


23 RODRÍGUEZ, Javier: 'Navantia logró recortar sus pérdidas en el año de la pandemia', La Voz de Cádiz, 29.07.21. Disponible [en linea]:
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-navantia-logro-recortar-perdidas-pandemia-202107291055 noticia.html.


24 Cifras del primer semestre de 2021. Datos procedentes del informe facilitado por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, el pasado 25 de diciembre y número de registro de entrada 179625. Pág,15.


25 'Perspectiva de la Industria de Defensa', Secretaría General Técnica-Ministerio de Defensa, 2019. Recuperado de: https://www.defensa.gob.es/Galerias/dgamdocs/Perspectiva-de-la-Industria-de-Defensa.pdf.


26 Estatutos-sociales-de-Navantia.pdf.



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puede delegar facultades, con determinadas limitaciones y excepciones, a alguno o algunos de sus miembros, designándolos como comités ejecutivos delegados o consejeros delegados'. 27


En cuanto a la forma de nombramiento y separación, así como el régimen de incompatibilidad de los miembros del Consejo de Administración, el mismo artículo 48, señala en sus incisos segundo y tercero que:


'Corresponde a la Junta General tanto el nombramiento como la separación de los consejeros. El cargo de consejero es renunciable, revocable y reelegible. No se requiere la cualidad de accionista para ser nombrado Consejero.


No podrán ser Consejeros ni ocupar cargos en la sociedad las personas que resulten incompatibles según la legislación estatal y autonómica aplicable en cada momento'.


Los Consejeros, según dispone el artículo 49 de los Estatutos, podrán ser de tres tipos:


'a) Consejeros ejecutivos, aquellos que desempeñen funciones de alta dirección o sean empleados de la Sociedad o de su Grupo.


b) Son Consejeros externos independientes, aquellos que no se encuentren vinculados laboral o profesionalmente a la Dirección General del Patrimonio del Estado o al organismo público que fuera accionista de la Sociedad; al órgano con
funciones reguladoras sobre el objeto de la actividad de la Sociedad; o al Ministerio que tenga atribuida la tutela de la Sociedad.


c) Consejeros externos dominicales, aquellos que habiendo sido nombrados por la Administración General del Estado a través de sus representantes en la Junta General de la Sociedad o propuestos al Consejo de Administración para su
nombramiento por el sistema de cooptación, no respondan a los requisitos definitorios de Consejero ejecutivo o Consejero independiente.'


En la actualidad 28, Navantia cuenta con un total de 11 Consejeros, todos ellos independientes exceptuando a don Enrique Moreno de Acevedo Sánchez, actual Subdirector de Participadas SEPI, cuyo puesto es de carácter dominical.


[**********página con cuadro**********]


Fuente: https://www.navantia.es/wp-content/uploads/2021/04/CONSEJO-ADMINISTRACION-NAVANTIA.pdf.


A la vista del predominio de Consejeros independientes, se puede afirmar que la participación en el Consejo de Administración de Navantia obedece, casi en exclusiva, a la representación de los distintos ministerios, dejándose de lado la
aplicación de los principios de idoneidad y especialización que habrían de regir su elección.


27 https://guiasjuridicas.wolterskluwenes/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbEljTAAAUMjIFIrSy0qzszP?szUyMLAwMDewAAlkplW65CeHVBak2qY15hSnAgBlY RmFNQAAAA==WKE.


28 Consejo de Administración de Navantia. Enero 2022. Disponible [en línea]: https://www.navantia.es/wp-content/uploads/2021/ 04/CONSEJO-ADMINISTRACION-NAVANTIA.pdf.



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Tercero. La Presidencia de Navantia.


La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado ('Ley 3/2015') establece en su artículo 1.2.d) que tendrán la consideración de altos cargos, a los que la misma resultará de
aplicación:


'd) Los Presidentes, los Vicepresidentes, los Directores Generales, los Directores ejecutivos y asimilados en entidades del sector público estatal, administrativo, fundacional o empresarial, vinculadas o dependientes de la Administración
General del Estado que tengan la condición de máximos responsables y cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Ministros o por sus propios órganos de gobierno y, en todo caso, los Presidentes y Directores con rango de Director General
de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; los Presidentes y Directores de las Agencias Estatales, los Presidentes y Directores de las Autoridades Portuarias y el Presidente y el Secretario General del Consejo Económico y
Social.'


Así, atendiendo al precepto transcrito y a la remisión que hace el inciso tercero del artículo 48 de los Estatutos a la legislación nacional y autonómica aplicable, al presidente de Navantía le es de aplicación la Ley 3/2015.


Por su parte, el artículo 2.1 ibídem, dispone que el 'nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación
y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo'.


Es en el último inciso del precepto donde radica el problema.


Y es que, pese a que la normativa pretendía introducir la idoneidad como requisito para el nombramiento de los altos cargos, el último inciso del artículo 2.1 hace que, en supuestos como el de Navantia, pierda la eficacia pretendida. Ello
es así por la confusión que se produce cuando es el propio Ministerio de Hacienda y Función Pública -a través de la SEPI 29- quien propone, valora la idoneidad y nombra al candidato, pues posee el 100 % del accionariado de la empresa.


Esta problemática relativa a los nombramientos de presidentes de consejos de administración se da principalmente en las mercantiles estatales controladas al 100 % por la SEPI (Grupo Correos, Grupo Hunosa, Agencia EFE, Grupo Sepides, Mayasa y
Cofivacasa), pero también se ha dado en otras empresas en las que la participación del SEPI no es íntegra. Así:


- El pasado 22 de diciembre se nombró a D. Mariano Moreno Pabon como presidente de 'Enusa Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E' que había ejercido diferentes responsabilidades en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en los últimos 17 años.


- El nuevo presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., D. Francisco Rodríguez Mulero, está vinculado a la política, a través del PSOE, desde 1987. Hasta ahora era Secretario Autonómico de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, bajo la presidencia de Joaquín Francisco Puig i Ferrer.


- El nuevo presidente-ejecutivo de la Sociedad Anónima de Electrónica Submarina, S.M.E., D. Joaquín López Pagán, fue Diputado regional y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia. Licenciado en
derecho, su experiencia no tiene relación alguna con la acústica y electrónica submarina -rama en la que SAES está especializada- ni tampoco con la tecnología sonar y guerra antisubmarina.


- La nueva presidenta de Sainsel Sistemas Navales, SA, SME, D.ª Susana Hernández Ruiz, fue concejal del Ayuntamiento de Murcia en la legislatura 2011-2015. Desde el año 2017, fue portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia. Tras las
últimas elecciones, la ex senadora se reincorporó a su trabajo como enfermera. La experiencia de la Sra. Hernández Ruiz no tiene relación alguna con la ingeniería en defensa, vigilancia y seguridad.


29 Recuérdese que, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público, los órganos rectores de SEPI son la Presidencia y el Consejo de Administración y que, tanto el
presidente como el vicepresidente de SEPI son nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta de la titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por su parte, los vocales del Consejo son nombrados por la titular de ese mismo
ministerio.



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- La ex ministra de Vivienda, Da Beatriz Corredor Serra, íntima amiga del presidente del Gobierno y que ha desempeñado numerosos altos cargos, todos vinculados al PSOE, fue nombrada presidenta de Red Eléctrica Corporación S.A.


- El ex secretario general del PSOE castellanoleonés, exsecretario de Organización federal y exsenador por este partido, don Óscar López Águeda, ahora Jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno, fue nombrado en su día presidente y
consejero delegado de Paradores, con un sueldo de casi 200.000 euros anuales.


- Don Isaías Táboas Suárez, presidente de Renfe-Operadora, fue jefe de gabinete de don José Montilla Aguilera en el Ministerio de Industria, secretario general de Presidencia de la Generalidad de Cataluña en el mandato del señor Montilla
Aguilera y secretario de Estado de Transportes bajo la presidencia de don José Luis Rodríguez Zapatero.


- Don Juan Manuel Serrano Quintana pasó, tras la moción de censura de Pedro Sánchez, de ser jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal de los socialistas y del señor Sánchez Pérez-Castejón a ocupar la Presidencia de Correos,
percibiendo por ello un sueldo anual superior a los 200.000 euros.


- En el caso de AENA, mercantil participada al 100 % por el Estado, tanto el presidente -don Mauricio Lucena Betriu- como dos de sus consejeros 'independientes' -don José Antonio Durán Lleida y el exalcalde de Barcelona, señor Hereu Boher-,
han estado íntimamente ligados al PSC y a Convergencia y Unión (CiU).


- El presidente de Mercasa, don José Ramón Sempere Vera, fue nombrado para dicho puesto tras haber desempeñado cargos en política al servicio del PSOE, pese a su casi nula preparación académica.


- Don José Vicente Berlanga Arona, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, cuya carrera profesional ha estado vinculada en todo momento al PSOE, fue designado en julio de 2018 presidente de ENUSA. Esta mercantil estatal se
dedica al sector de la energía nuclear y el medio ambiente. El nombramiento del señor Berlanga Arona se produjo a pesar de su nula formación académica en la materia y de su falta de experiencia empresarial.


- En julio de 2018 se designó presidente de Cetarsa a don Juan Andrés Tovar Mena, un afiliado al PSOE sin educación superior y cuya trayectoria laboral se limita a enlazar puestos públicos vinculados a dicho partido.


Cuarto. Régimen insuficiente que convierte a las mercantiles estatales en agencias de colocación de afines.


Como se desprende de cuanto se ha expuesto, el régimen de idoneidad se ciñe, exclusivamente, a remitir a la legislación estatal y autonómica que resulte de aplicación y que, en casos como el que nos ocupa, es del todo ineficaz.


Esta insuficiencia no sólo se plasma en el caso de los candidatos a la presidencia, sino que también lo hace en la elección de los consejeros, convirtiendo a las sociedades mercantiles estatales en instrumentos que emplea el Gobierno a modo
de agencias de colocación, donde funcionarios afines al Ejecutivo -incluso, en ocasiones, cargos de confianza- acaban desarrollando funciones para las que carecen de conocimiento y experiencia, y por las que perciben una compensación salarial. Una
muestra más de la muy deficiente calidad institucional de España.


Los ejemplos de esta mala praxis en relación con el nombramiento de consejeros son muy numerosos (y no sólo respecto de aquellas empresas en las que la SEPI es la accionista única). Así:


- El pasado 29 de junio de 2021, entraron a formar parte del consejo de administración de Red Eléctrica de España tres consejeros externos independientes y uno dominical con clara vinculación al PSOE y al PP: Dña. Elisenda Malaret García
(PSOE); D. Marcos Vaquer Caballería (PSOE); D. José María Abad Hernández (PP); y Don Ricardo García Herrera, respectivamente.


- El pasado 26 de mayo de 2021, se conoció que Red Eléctrica sometería a su Junta General de Accionistas, celebrada en fecha 29 de junio de 2021, la entrada en el Consejo de Administración de tres consejeros independientes con clara
vinculación al PSOE y al PP, así como un consejero dominical: doña Elisenda Malaret García (PSOE), don Marcos Vaquer Caballería (PSOE), don José María Abad Hernández (PP), por último, don Ricardo García Herrera, es candidato a Consejero Dominical.


- El 8 de febrero de 2021, don Manuel Lago Peñas fue nombrado Consejero externo dominical de Navantia sustituyendo a don Daniel Jiménez Díaz. El señor Lago Peñas había sido diputado de En Marea



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en el parlamento autonómico de Galicia y asesor de la ministra de Trabajo y Economía Social, doña Yolanda Díaz Pérez.


- El nombramiento del Director General del Consorcio Casa América, D. Borja Luis Cabezón Royo, ex Diputado de la Asamblea de Madrid por el PSOE.


- El ex alcalde de Barcelona, miembro del PSOE y ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007, D. Jordi Hereu Boher, fue nombrado consejero de Hispasat, el paso previo a su designación como presidente.


- Los tres últimos propuestos para formar parte, como independientes, del Consejo de Administración de Enagás, están estrechamente vinculados a los partidos del Gobierno de coalición. Así, don José Blanco López es ex secretario de
Organización y ex vicesecretario general del PSOE, ex diputado, ex ministro de Fomento y ex eurodiputado; don José Montilla Aguilera es exalcalde de Cornellá de Llobregat, ex presidente de la Diputación de Barcelona, ex primer secretario del PSC,
ex diputado, ex ministro de Industria, Comercio y Turismo, ex presidente de la Generalidad de Cataluña y ex senador; y don Cristóbal José Gallego Castillo -el único de los tres que posee estudios superiores- se ha caracterizado por rechazar, desde
su puesto en el Observatorio Crítico de la Energía, tanto el uso del gas como las grandes empresas que lo promueven.


- Indra Sistemas, S.A. (empresa en la que el Estado posee casi el 20 % de su capital social a través de la SEPI) ha incorporado como miembros de su Consejo de Administración a don Miguel Sebastián Gascón, ex ministro de Industria, Turismo y
Comercio y excandidato a la Alcaldía de Madrid con el PSOE, y a don Antonio Cuevas Delgado, diputado socialista por Sevilla desde 1986 a 2011.


Quinto. Buena praxis y derecho comparado.


En este sentido, las 'Directrices de la OCDE 30 sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas' 31 ('Directrices') son muy reveladoras, y no para bien, del negligente actuar de quienes han venido ostentando el Ejecutivo.


De entre las directrices que contempla el mentado documento, cabe reseñar:


- Que 'el nombramiento' de los miembros del Consejo de Administración 'debe atender a criterios profesionales y tener en cuenta los méritos de los candidatos. En el caso concreto de empresas de mayor tamaño que se dedican a actividades
económicas, se considera adecuado recurrir a expertos independientes que dirijan el proceso selectivo'.


- Que el Estado 'debe actuar como propietario informado y activo y ejercer sus derechos de propiedad con arreglo a la estructura jurídica de cada empresa'. Y, como una de sus principales responsabilidades en este sentido, debe 'establecer
unos procedimientos de nombramiento de los miembros de los Consejos de Administración en las empresas públicas en las que el Estado sea propietario exclusivo o accionista mayoritario bien estructurados, basados en méritos y transparentes [ ...]'.


- Que 'la composición del Consejo de Administración de las empresas públicas debe permitir el ejercicio de un criterio objetivo e independiente. Todos los consejeros, incluidos los funcionarios públicos, deben ser nombrados por razón de sus
cualificaciones y tener responsabilidades legales equivalentes'.


- Que 'los consejeros independientes, en su caso, deben carecer de cualquier participación sustancial en la empresa o relación con ella, sus órganos de gestión, otros accionistas mayoritarios y la entidad propietaria, que pueda poner en
peligro la objetividad de su criterio'.


Este punto se desarrolla en las 'Notas al Capítulo VII' de las Directrices, señalando que 'los consejeros independientes deben poseer la competencia y experiencias oportunas para mejorar la eficacia del Consejo de la empresa pública'.


- Que 'deben crearse mecanismos para evitar los conflictos de intereses que pudieran impedir que los consejeros lleven a cabo sus deberes como tales de forma objetiva y para limitar la injerencia política en los procedimientos del Consejo'.


- Que los 'Consejos de Administración de las empresas públicas deben considerar la posibilidad de constituir comités especializados, compuestos por miembros independientes y debidamente cualificados, para ayudar al pleno del Consejo en el
desempeño de sus funciones [ ...] sin eximir de su responsabilidad al pleno'.


30 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.


31 OCDE (2016), Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, Edición 2015, Éditions OCDE, Paris.



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Un ejemplo de buenas prácticas en derecho comparado, en que se cumplen gran parte de las Directrices transcritas, es la mercantil 'Fincantieri-Cantieri Navali Italiani, S.p.A.' ('Fincantieri'). Fincatieri es una naviera italiana controlada
mayoritariamente por el Gobierno italiano, que posee cerca del 72 % de la empresa 32, y es un ejemplo de buena praxis en cuanto a los requisitos que exige para ser elegible como miembro del Consejo de Administración. Así, el artículo 19 de sus
estatutos sociales señala que:


'19.4. Los miembros designados para la junta directiva deben cumplir ciertos requisitos profesionales y de competencias que se enumeran a continuación. En concreto, los Consejeros deben ser elegidos sobre la base de su experiencia
profesional y competencia y tener, al menos, tres años de experiencia en:


a) un puesto de dirección o de control, u otro cargo con responsabilidades de dirección en empresas o,


b) actividades profesionales o experiencia docente universitaria en materias de derecho, economía, finanzas o tecnocientíficas, relacionadas o funcionales de cualquier manera con la actividad empresarial, o,


c) una capacidad de gestión o ejecutiva dentro de entidades estatales o administraciones que operen en sectores relacionados con las actividades empresariales de la empresa, o dentro de administraciones públicas o entidades no relacionadas
con tales sectores, siempre que sus funciones impliquen la gestión de los recursos operativos y financieros.'


Por último, el mentado artículo remarca que el incumplimiento de los requisitos antedichos dará lugar a la inadmisibilidad de la elección para el cargo o a la caducidad automática del nombramiento.


Esta sucinta comparativa entre ambos estatutos deja patente la mayor exigencia -y, por tanto, rigurosidad-, de los requisitos para ser elegible consejero de Fincantieri.


Sexto. Conclusión.


El Gobierno, a través de la SEPI, debe introducir en los Estatutos de Navantia los principios de mérito, capacidad y, sobre todo, especialización, para poder ser elegible como miembro de Consejo de Administración y garantizar así que la
dirección de la mercantil estatal se encomiende a profesionales del sector. Ello, sin lugar a dudas, redundaría en una mejor y más eficaz gestión de la compañía pública que, en última instancia, redundaría en el bien común.


Estas medidas ayudarían igualmente a paliar dos problemas que suelen existir en la gestión de sociedades mercantiles públicas por cuanto que, como bien señala el economista D. Francesc Xavier Vives Torrents 33, 'a los conflictos habituales
en las corporaciones privadas, derivados del comportamiento interesado de los gestores en relación al propietario, la empresa pública debe lidiar con el comportamiento interesado de los políticos o burócratas en relación a la ciudadanía. ''Ello
puede derivar tanto en un excesivo intervencionismo político como en pasividad excesiva por parte del Estado'''.


En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación, a través de la SEPI, a modificar el artículo 48 de los Estatutos de 'Navantia S.A., S.M.E.', al objeto de introducir los principios de idoneidad y especialización como requisitos
indispensables para ser elegible como miembro de su Consejo de Administración, quedando redactado como sigue:


''Artículo 48. Administración de la sociedad.


La Sociedad será administrada por el Consejo de Administración, que estará integrado por 5 miembros como mínimo y 15 como máximo.


Corresponde a la Junta General tanto el nombramiento como la separación de los consejeros. El cargo de consejero es renunciable, revocable y reelegible. No se requiere la cualidad de accionista para ser nombrado Consejero.


32 Cabe destacar que el resto del accionariado está repartido entre accionistas privados y ninguno de ellos posee un 3 % o más de la empresa. Fincantieri Annual Report 2020.P.15. Disponible [en linea]:
https://www.fincantieri.com/globalassets/investor-relations/bilanci-e-relazioni/2020/fincantieri-annual-report-2020.pdf.


33 Libro Marrón de 'la Administración Pública que España necesita', Círculo de Empresarios, Madrid, Abril 2007, págs. 363-376. Recuperado de https://www.ieseinsight.com/doc.aspx?id=663&ar=5&idioma=1.



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Los candidatos a Presidente o Consejeros deberán ser elegidos, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, debiendo ostentar, al menos, tres años de experiencia en:


a) un puesto de dirección o de control, u otro cargo con responsabilidades de dirección en empresas,


b) actividades profesionales o experiencia docente universitaria en materias de derecho, economía, finanzas o tecno científicas, relacionadas con la actividad empresarial,


c) una capacidad de gestión o ejecutiva dentro de entidades estatales o administraciones que operen en sectores relacionados con el objeto social de la empresa, o dentro de administraciones públicas o entidades no relacionadas con tales
sectores, siempre que sus funciones impliquen la gestión de los recursos operativos y financieros.


El incumplimiento de los requisitos antes mencionados dará lugar a la inadmisibilidad de la elección para el cargo o a la caducidad automática del nombramiento.


No podrán ser Consejeros ni ocupar cargos en la sociedad las personas que resulten incompatibles según la legislación estatal y autonómica aplicable en cada momento.'''


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2022.-Agustín Rosety Fernández de Castro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Alberto Asarta Cuevas, Luis Gestoso de Miguel, Manuel Mestre Barea, Víctor González Coello de Portugal, Carlos
José Zambrano García-Ráez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Rodrigo Jiménez Revuelta, Juan Carlos Segura Just, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Pablo Juan Calvo Liste, Rubén Silvano Manso Olivar e Inés María Cañizares Pacheco,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/003673


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la modificación de la declaración informativa,
modelo 720, de bienes y derechos situados en el extranjero, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que se condena a España por prever un régimen sancionador abusivo y desproporcionado en el mismo y por vulnerar el
principio de libre circulación de capitales, para su posterior debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.


Exposición de motivos


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dar un importante varapalo a la Agencia Tributaria española al considerar ilegal la declaración informativa, modelo 720, sobre bienes y derechos situados en el extranjero, en su reciente
sentencia de 27 de enero de 2022 (asunto C-788-19).


Se trata ésta de una obligación, aprobada en su momento por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en el gobierno del Partido Popular, según la cual los residentes en España deben presentar anualmente una declaración informativa sobre la
tenencia y, en su caso, variación de valor, de sus bienes y derechos situados en el extranjero. Así, se debe informar, entre otros y salvo excepciones y umbrales de exclusión, sobre cuentas en entidades financieras, participaciones, acciones en
sociedades, seguros de vida, rentas, y bienes inmobiliarios.


La obligación de presentar este modelo informativo supone, a ojos del Tribunal europeo y como ya opinara la Comisión Europea que inicialmente denunció a nuestro país, una vulneración del principio de libre circulación de capitales consagrado
en el Tratado de la Unión Europea. Según reconoce el tribunal, 'esta obligación puede disuadir a los residentes de ese Estado miembro -España- de invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo'.



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La justicia europea se ha pronunciado también sobre el leonino régimen sancionador impuesto para el caso de incumplimiento, o cumplimiento incorrecto, de dicha obligación informativa, aseverando que las consecuencias para el contribuyente
son 'desproporcionadas' en relación al objetivo perseguido, por varios motivos:


a) Por la ausencia de prescriptibilidad de la acción de la Administración, que puede actuar sin límite temporal en la regularización contra el contribuyente.


b) Por la inobservancia del principio de seguridad jurídica al tener la Administración la capacidad de cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente.


c) Por la desproporcionalidad injustificada en la cuantía de las multas exigidas -'tipo extremadamente represivo', en palabras del tribunal-, que pueden alcanzar hasta el 150 % de la cuota correspondiente a la imputación de rentas no
declaradas, que además se puede acumular con las multas de cuantía fija.


Desde Ciudadanos nos hemos interesado por este asunto en reiteradas ocasiones conscientes, como éramos, de lo injusto para el contribuyente del modo en que estaba regulado este modelo y de las sanciones que podría acarrearle a España este
proceder. Así, aunque ciertamente esta declaración informativa fue aprobada por un Gobierno del PP, nada ha hecho el actual gobierno socialista, en el poder desde hace ya casi cuatro años, para solventar los problemas del mismo, permitiendo durante
todo este tiempo sus brutales consecuencias y desoyendo las advertencias de la Comisión Europea.


Así, le preguntamos al actual Gobierno, al poco de llegar al poder, qué medidas estaba adoptando para que España no fuera sancionada por su inacción ante la actual regulación de este modelo tributario; cuándo iba a modificar este modelo
tributario y su régimen punitivo en el sentido indicado por la Comisión; o si consideraba razonable la existencia de imprescriptibilidad de las infracciones, prerrogativa solo reconocida para los crímenes de lesa humanidad. De igual modo, durante
la tramitación del Proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude, desde Ciudadanos presentamos enmiendas con el objeto de derogar los artículos de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
regulan la imputación de ganancias patrimoniales no justificadas asociadas a este modelo de declaración informativa, así como para modificar el régimen sancionador del mismo estableciendo cuantías similares a las que se prevén para las infracciones
en las que no existe perjuicio económico para la Administración.


Pero el Gobierno hizo caso omiso a nuestras sugerencias y continuó en el mantenimiento de esta situación abusiva e injusta, lo que ha derivado en una sentencia condenatoria a nuestro país por parte del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.


Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar, con carácter urgente, la declaración tributaria informativa, modelo 720, sobre bienes y derechos situados en el extranjero, de un modo que la haga compatible con el principio de
libre circulación de capitales consagrado en el Tratado de la Unión Europea, así como su régimen sancionador, estableciéndose nuevas cuantías de sanción similares a las previstas en el artículo 198 de la Ley General Tributaria para las infracciones
por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico para la Administración.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/003688


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Diputado Pablo Emérito Cambronero Piqueras, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
para la eliminación de subvenciones y ayudas públicas a los



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sindicatos más representativos, por suponer de facto estas dádivas una evidente falta de independencia política de aquellos que tienen que ejercer la defensa de los derechos de los trabajadores como sus representantes, para su posterior
debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.


Exposición de motivos


El diccionario español define Sindicato como 'Asociación de trabajadores cuyo objetivo es la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales de los asociados'.


Es una definición clara y los objetivos de esta asociación de trabajadores claramente definidos, en cuanto a la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales de todos ellos.


En España existe un sindicalismo 'clásico', claramente vinculado y casi dependiente políticamente del sector progresista o la izquierda del país, hasta el punto de reducir su actividad reivindicativa casi a la nada cuando gobiernan partidos
de su supuesta cuerda ideológica.


Todos estamos siendo testigos de que, a pesar de sufrir una de las peores crisis de nuestra historia, los sindicatos más representativos guardan un escrupuloso silencio. Vemos como el precio de la luz está en máximos históricos, el
mecanismo de los ERTES comienza a agotarse, las cifras de paro y destrucción de empresas están en máximos históricos, y los precios de todo disparados, mientras los sindicatos callan o se diluyen en sus propios escándalos. Nadie duda ya que, si
gobernaran partidos de otro corte ideológico, la situación sería muy diferente, la paz social no sería tan pacífica como es hoy.


Hasta tal punto llega la dependencia que prácticamente toda la financiación que realizan los propios sindicatos de 'sus funciones' la ejecutan a través de subvenciones y ayudas públicas, con lo cual y usando una frase popular 'el que paga
manda'.


Por todo ello, el Diputado Pablo Emérito Cambronero Piqueras, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto presenta esta


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Hacer un balance de las cantidades de dinero público que reciben los sindicatos más representativos UGT y Comisiones Obreras (CCOO), así como fiscalizar la utilidad de esta 'inversión pública'.


2. Que se dicten las normas necesarias para que ambos sindicatos dejen de percibir subvenciones y/o ayudas de dinero público y pasen a financiarse de forma totalmente independiente por las cuotas de sus afiliados, para así mantener la
independencia política absoluta y centrar sus actividades en aquello para lo que están pensados: defender los derechos de los trabajadores.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Pablo Emérito Cambronero Piqueras, Diputado.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/003693


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Víctor González Coello De Portugal, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Rodrigo Jiménez Revuelta, don Juan Carlos Segura Just, don Rubén Silvano Manso Olivar, don Pablo
Juan Calvo Liste, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento de normas básicas para regular las bolsas de empleo público en las administraciones públicas, para su discusión en
la Comisión de Hacienda y Función Pública.



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Exposición de motivos


Primero. Normativa relativa al nombramiento de funcionarios interinos.


El artículo 8.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/20015, de 30 de octubre (en adelante, 'TREBEP'), clasifica a los empleados públicos en cuatro categorías:


'a) Funcionarios de carrera.


b) Funcionarios interinos.


c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.


d) Personal eventual.'


Las circunstancias habilitantes y el procedimiento a seguir para el nombramiento de funcionarios interinos se regulan en los apartados primero y segundo del artículo 10 'ibídem'. Así, dispone lo siguiente:


'1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de
las siguientes circunstancias:


a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4.


b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.


c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.


d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.


2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del
puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.'


El proceso de selección se lleva a cabo a través de su correspondiente convocatoria, en la que se recogen en detalle los pormenores de cada una de las bases que justifican la necesidad de selección del tipo concreto de trabajador. El
sistema expuesto conlleva, en muchas ocasiones, un abuso flagrante tanto del procedimiento empleado como de la figura del funcionario interino, de acuerdo con lo expuesto a continuación.


Segundo. La ordenación del acceso al empleo público en calidad de interino.


La 'necesidad y urgencia' que rige la contratación temporal, según determina el artículo 10.1 del TREBEP, evidencia la necesidad de habilitar mecanismos que permitan, de manera excepcional, contrataciones con la finalidad de dar una
respuesta rápida a necesidades concretas.


Del mismo modo, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante 'EBEP'), antecesora del TREBEB, señalaba en su artículo 10.2 lo siguiente:


'La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.'


Don Albert Calderó Cabre, abogado y consultor del sector público, realizó un análisis del artículo 10 del EBEP, en el que señalaba, en referencia al apartado segundo del precepto, que 'se deduce que con carácter previo al nombramiento de un
funcionario interino debe existir un procedimiento de selección. Un procedimiento es una secuencia formal de actividades y actuaciones. Una secuencia de actuaciones previsible, conocida y pública. La Ley no predetermina qué clase o tipo de
procedimiento debería existir, simplemente, exige su existencia. Por tanto, en la Ley existe un principio de libertad de cada institución para definir el procedimiento adecuado para reclutar a los funcionarios interinos 34.


34 https://www.estrategialocal.com/es/blog/internal/repository/lnterinos-EBEP.pdf



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El marco legal que desarrolla la figura de los funcionarios interinos delega en las administraciones públicas el procedimiento para su nombramiento. Así, cada una de ellas regula sus propias bolsas de empleo, que 'son aquellas que crean los
organismos tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas o de la Administración Local con el fin de crear listados de distintas categorías, que puedan utilizar para cubrir bajas o vacantes producidas en puestos de la administración. 35


En cuanto a los requisitos para acceder a las bolsas de empleo, se suele atender a los siguientes 36:


- Haber superado una oposición sin haber obtenido una plaza o haber superado alguna/s prueba/s de las que se compone el concurso-oposición en cuestión.


- Aquellos relativos a la titulación académica, que deberá ser acorde con la categoría del puesto. Si bien, en ciertas ocasiones, se exigen 'otras condiciones como en los casos de inserción laboral de determinados colectivos como
desempleados de larga duración, titulares de familias numerosas o trabajadores que superen determinado número de años'.


- Otras aptitudes que se determinarán 'en función de la bolsa y del puesto de trabajo que se pretende cubrir', como, por ejemplo: 'cursos especializados, experiencia en el ámbito privado en trabajos similares, en el ámbito público, etc.'.
También se podrán 'requerir otro tipo de pruebas, como una entrevista personal.'


Una vez valorados los méritos y criterios antedichos, por los que se otorgarán una serie de puntos, se determinará el orden a ocupar por los candidatos dentro de la respectiva bolsa de empleo.


No obstante, como remarcábamos anteriormente, será la normativa reguladora, de cada una de las administraciones públicas, la que establezca el funcionamiento de cada bolsa de empleo, siendo el 'Boletín Oficial del Estado', de las Comunidades
Autónomas o de las provincias a la que pertenezca el organismo los que publicarán las normas de funcionamiento'.


De esta forma, será cada una de las administraciones públicas contratantes las que determinen qué méritos, capacidades o experiencias prevalecerán a efectos de determinar el orden dentro de la respectiva bolsa de empleo conforme a los
'puntos' obtenidos. Ello podría llegar a conculcar el artículo 23.2 de la Constitución española, por quebrantarse el 'derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes'.


Así, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, parece respetar el precepto constitucional, pues propone que se formen las listas de espera 'para la selección de funcionarios interinos con los aspirantes de las pruebas selectivas para
ingreso en los diferentes Cuerpos/Escalas/Especialidades de la Administración de la Comunidad de Madrid, que hubieran alcanzado un nivel mínimo suficiente de acuerdo con lo establecido en la respectiva convocatoria, salvo que el interesado
manifieste expresamente su voluntad en contrario' 37.


De esta forma, el criterio rector es el resultado obtenido en los procesos selectivos.


Por el contrario, en otras ocasiones, las administraciones públicas bien atienden a criterios que no guardan relación con los principios de mérito y capacidad, bien efectúan nombramientos de personas que ni tan siquiera forman parte de las
bolsas de empleo público. Este último extremo fue precisamente objeto de una reclamación judicial, sobre la que finalmente recayó la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 10.ª, N.º
14/14, de 2 enero de 2014, Rec. 537/2013, en cuyo Fundamento de Derecho Tercero, se aducía que:


'[ ...] Es por ello por lo que convenimos con la Sentencia impugnada en que el recurrente en apelación carece de derecho alguno a exigir su contratación por el hecho de estar en la bolsa, toda vez que su inclusión en la misma no le atribuye
más méritos que los que él mismo posea y sean valorados discrecionalmente por la Administración a efectos de su contratación.


No se ha producido vulneración alguna de procedimiento o sistema de cobertura del puesto vacante por excedencia, dado que no existía regulación concreta alguna que así lo estableciera, lo que permite que el Ayuntamiento, en uso de su
potestad autoorganizatoria pueda proceder a la cobertura de dicha plaza en la forma en que lo ha hecho.'


La Sentencia transcrita pone de relieve que la actuación del Ayuntamiento en cuestión fue ajustada a Derecho, en tanto que no había regulación al efecto, lo que no implica que sea justa, pues se nombró


35 ¿Qué es una bolsa de empleo público? ¦ OPOSBANK


36 Ibid., supra.


37 https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/bolsas-empleo-temporal-administracion-servicios



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discrecionalmente a un tercero que ni tan siquiera formaba parte de la bolsa de empleo del organismo en cuestión.


Y, desde luego, la actuación de la corporación local ni respeta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad -criterio compartido por el propio Defensor del Pueblo, como se verá más adelante 38-, ni atendió a un proceso
selectivo eficaz y eficiente al objeto de seleccionar al candidato más idóneo para el desempeño de las funciones que se encomendaban. 39


Tercero. La problemática subyacente.


De cuanto se ha expuesto, queda patente que se deja en manos de las distintas administraciones públicas la determinación de los criterios de entrada a las bolsas de empleo que, a su vez, determinarán la puntuación y, por tanto, el orden de
prelación de los candidatos de las bolsas de empleo público.


Esta falta de unificación en el ordenamiento jurídico de los procesos de selección de los funcionarios interinos es contraria a los principios regulados 'ex lege' de 'igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad' en el acceso a la
función pública.


En este sentido, don Severiano Fernández Ramos, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz, publicó en el número 46 de la Revista General de Derecho Administrativo (lustel, octubre 2017), un artículo en el que
reivindicaba que pese a que '[E]s indudable que en determinados sectores y Administraciones existen bolsas de trabajo con aceptables niveles de objetividad y transparencia, sin embargo, en otros muchos casos no sucede así en absoluto. Incluso en
alguna ley autonómica se admite expresamente exceptuar la publicidad de la convocatoria, lo cual no se compadece con lo ordenado en el EBEP -art. 10.2- 40. Pero, sobre todo, la inexistencia de unas normas generales que regulen la selección del
personal interino y temporal han determinado, según el Defensor del Pueblo, que la Administraciones Públicas actúen con una marcada discrecionalidad 41 o, en el mejor de los casos, el acceso se encuentre regulado en normas reglamentarias de ínfimo
rango sin condicionamientos legales 42. Más aún, según esta institución, particularmente en el ámbito local, con frecuencia, los procesos selectivos de los funcionarios interinos v más aún de contratados laborales temporales 'no observan los
principios constitucionales que deben regir el acceso al empleo público v, sobre todo, el de publicidad'. Y más a las claras: 'Existen numerosas entidades locales en las que se nombran a funcionarios interinos o se contrata a empleados laborales
temporales de forma irregular'.


Cuatro. Conclusión.


Queda pues patente, la necesidad de una legislación básica que regule la constitución y funcionamiento de las bolsas de empleo de las administraciones públicas.


La competencia del Estado para dictar las disposiciones contenidas en la futura norma, al igual que ocurre en el TREBEP, se encuentra amparada en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución española, constituyendo aquellas bases del régimen
estatutario de los funcionarios, así como al amparo de los artículos 149.1.7.ª 149.1.13.ª 'ibídem' por lo que se refiere a la legislación laboral y en lo relativo a la bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica,
respectivamente.


El régimen legal deberá estar basado en los principios constitucionales que rigen el acceso a la función pública -igualdad, mérito y capacidad- a fin de poder hacer frente, con agilidad, objetividad y


38 No en alusión a este caso, sino otro en que concurrieron circunstancias semejantes.


39 Acceso al empleo público: igualdad e integridad. (inap.es)


40 Todavía la Ley 6/1985, de 28 noviembre, de la Función Pública de Andalucía, establece que la designación de interino será realizada por la Consejería en cuyo Departamento se halle integrado el puesto, 'pudiendo prescindirse,
motivadamente, del trámite de la convocatoria pública'.


41 La STSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 10.ª, 2 enero 2014, rec. 537/2013, llega a declarar: 'No se ha producido vulneración alguna de procedimiento o sistema de cobertura del puesto vacante por excedencia,
dado que no existía regulación concreta alguna que así lo estableciera, lo que permite que el Ayuntamiento, en uso de su potestad autoorganizatoria pueda proceder a la cobertura de dicha plaza en la forma en que lo ha hecho' (es decir, contratar
directamente).


42 Así, p. ej., el Defensor del Pueblo observó una discordancia entre las actuaciones administrativas, que tienden a formar bolsas de empleo con los aspirantes a cada cuerpo que cumplen los requisitos de nota y han superado alguna de las
fases de los distintos procesos selectivos, con lo dispuesto en la normativa reguladora (Orden APU/1461/2002), que prima el concurso como sistema prioritario de selección para el personal interino. A este respecto la Secretaría de Estado para la
Administración Pública contestó que, a pesar de esta norma (¿?), la selección de personal interino se realiza a través de la gestión de candidatos que marca la Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado, de forma que sólo ante
la inexistencia de candidatos en las llamadas 'bolsas de trabajo', esto es con carácter excepcional, se acude al sistema de concurso como último extremo. Informe anual a las Cortes Generales 2009, p. 1243.



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transparencia, a la cobertura de plazas vacantes o sustituciones temporales. Esta necesidad, además, encuentra su fundamento en el abuso que se viene produciendo en la utilización de las circunstancias 'urgentes y extraordinarias' para el
nombramiento de funcionarios interinos, a saber: la prestación de los servicios de forma indefinida para cubrir necesidades permanentes del empleador, dentro de la estructura necesaria para llevar a cabo los fines de su organización. Así, por la
vía de los hechos, se ha convertido en ordinario lo que legalmente se concibe como algo excepcional. Y, todo ello, sin que en muchos casos se respeten los criterios constitucionalmente consagrados para acceder a esos puestos.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución española, establezca las normas básicas para regular el procedimiento de constitución, funcionamiento y ordenación de las bolsas de
empleo público de interinos, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad consagrados en el artículo 103.3 de nuestra carta magna.


En concreto, se establecerá, como requisito indispensable, que sólo puedan formar parte de las bolsas de empleo público, aquellos que reúnan una de las siguientes:


1. que hayan superado el proceso selectivo para ese determinado Cuerpo, Escala o Especialidad, pero no hayan obtenido plaza; o,


2. que no hayan superado los requisitos de nota y/o hayan superado alguna de las fases del proceso selectivo para ese determinado Cuerpo, Escala o Especialidad; y,


3. subsidiariamente y para no dejar desierta ninguna bolsa de empleo público, que ostenten experiencia laboral previa en ese determinado Cuerpo, Escala o Especialidad.


Los requisitos precedentes determinarán, a su vez, el orden de prelación para ocupar los puestos ofertados por la administración pública en cuestión.


Igualmente, se dispondrá que todas las administraciones públicas, que cuenten con bolsas de empleo, habrán de actualizarlas, como máximo, cada seis meses desde la última publicación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2022.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Juan Calvo Liste,
Rodrigo Jiménez Revuelta, Inés María Cañizares Pacheco, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la compensación al ayuntamiento de Ferrol por la exención del IBI de los bienes inmuebles afectos a la defensa del Estado para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.


Exposición de motivos


La imposición sobre la propiedad constituye uno de los principales ingresos para las Haciendas Locales. Se trata de un impuesto ampliamente extendido en la mayoría de Estados europeos aunque con diferencias en cuanto a su estructura y
regulación. En el Estado español es el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la norma que regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, incluyéndose así
dentro de las figuras tributarias que conforman el sistema fiscal local. Así, la ley lo define como un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles sitos en cada municipio.



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Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de una concesión administrativa, de un derecho real de superficie, de un derecho real de usufructo o de un derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos.


Sin embargo, no todos los bienes inmuebles quedan sujetos al impuesto pues la misma norma establece excepciones que los ayuntamientos deben aplicar obligatoriamente sobre los bienes radicados en su término municipal. En este caso, es el
artículo 62.a) de la Ley el que establece la exención de los bienes afectos a la defensa nacional a la aplicación del IBI, sin que al mismo tiempo se contemple una compensación a los municipios especialmente afectados por esa previsión legal.


Esa exención del IBI de los bienes afectos a la defensa nacional supone un fuerte impacto en la hacienda local del ayuntamiento de Ferrol, puesto que alrededor de un 20 por ciento del suelo urbano está ocupado por edificios vinculados al
Ministerio de Defensa, que -en términos comparativos con entidades locales de similar demografía y extensión superficial- supone la indisposición de más de 8.000 unidades catastrales. Ve limitada su capacidad de gravar una parte importante de los
inmuebles de su territorio, lo que conlleva una importante reducción de los ingresos por este concepto.


Las diversas reformas de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales han mantenido esta exención, pero debe abordarse el problema financiamiento que genera para los concellos que, como Ferrol, se ven especialmente afectados por la gran
extensión que esas instalaciones ocupan en su término municipal, previéndose, cuando menos, una compensación a los mismos. Por otra parte, debe destacarse que esa exención legal otorgada en el IBI a los bienes afectos a la defensa del Estado
tampoco supone en la actualidad que esos municipios se encuentren en una posición más ventajosa o privilegiada para la cesión o adquisición de los bienes militares cuando son desafectados de la defensa del Estado.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Elaborar, en el plazo de tres meses, un informe sobre el impacto de la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la financiación del Concello de Ferrol, dada la importante ocupación de su territorio por bienes afectados a la
defensa del Estado.


2. Realizar las compensaciones oportunas al ayuntamiento de Ferrol por la reducción de ingresos que supone esa exención del pago del Impuesto sobre bienes Inmuebles de los bienes afectados a la defensa del Estado para su hacienda local y
una vez finalizado el informe a que se refiere el apartado anterior. Las citadas compensaciones tendrán, en todo caso, carácter periódico.


3. Modificar el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con el objeto de establecer la obligación del Estado de compensar económicamente la
pérdida de ingresos tributarios que sufren los ayuntamientos que cuentan con importantes zonas de su territorio ocupadas por bienes declarados exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


161/003721


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.


Exposición de motivos


Tras años de estar situada en un segundo plano, la inflación ha vuelto a cobrar protagonismo debido a los datos extraordinariamente altos que se han ido conociendo durante estos últimos meses. Los



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problemas ocasionados en las cadenas de producción globales, la escasez de ciertos suministros y la preocupante evolución del coste de la energía, han ido empujando el Índice de Precios de Consumo (IPC) al alza hasta sobrepasar el 6 %
interanual, unas cifras que España no sufría desde hace tres décadas.


La inflación es un fenómeno que castiga con mayor severidad a los ciudadanos con menos capacidad económica al suponerles, en términos relativos, una mayor pérdida de poder adquisitivo. Así, aquellos hogares cuyos ingresos nominales les
permiten vivir solo de manera muy ajustada, ante una inflación sostenida no acompañada de incrementos análogos en sus ingresos, se ven abocados a situaciones de pobreza relativa. Más delicada aún es la situación de los hogares que ya se encuentran
en situación de pobreza relativa, que una elevada inflación no haría sino agravar.


Para evitar estas pérdidas de poder adquisitivo, trabajadores y empresarios, de manera individual o mediante negociación colectiva, están empezando a revalorizar los salarios para acompasarlos a la evolución de la inflación. De igual forma,
desde el sector público también se revalorizan ciertas prestaciones, donde destacan las pensiones, para evitar una pérdida de poder adquisitivo de sus perceptores. Lo cierto es que hoy, a causa de la inflación, una misma cantidad nominal de dinero
implica menos capacidad económica que años atrás. Dado este contexto, sin embargo, los poderes públicos no están haciendo todo lo necesario para adaptarse al cambio del nivel de precios. Este es el caso de la normativa tributaria, entre la que
destaca, por su impacto directo sobre la renta disponible de los hogares, la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.


Los umbrales vigentes de la escala general del IRPF no se han modificado desde el 1 de enero de 2015. En este mismo periodo de tiempo (enero de 2015 a diciembre de 2021, último dato disponible en la web del INE), el IPC ha aumentado un 12,8
%. En consecuencia, muchos contribuyentes que por efecto de la variación nominal de sus ingresos, sin haber aumentado realmente su capacidad económica, están pagando hoy por un tipo impositivo superior al que debieran.


Bases vigentes desde 2015;Bases deflactadas según IPC (12,8 %)


12.450 €;14.044 €


20.200 €;22.786 €


35.200 €;39.706 €


60.000 €;67.680 €


300.000 €;338.400 €


La falta de deflación de las tarifas del IRPF va en contra del mandato constitucional de que el sistema tributario debe atender al principio de capacidad económica, al aumentar el tipo impositivo efectivo del contribuyente sin que este
realmente haya aumentado sus ingresos en términos reales. Además, el mantenimiento de unos umbrales de renta que no se corresponden con la realidad económica actual está agravando aún más la pérdida de poder adquisitivo ya provocada por la
inflación, cuando los poderes públicos deberían estar haciendo todo lo que estuviera en su mano para reducir su impacto.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el fin de ajustar los tramos de la escala de dicho impuesto a la evolución de la inflación y a la capacidad
económica real de los contribuyentes.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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Comisión de Interior


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel, don Ignacio Gil Lázaro y don Rodrigo Jiménez Revuelta, en sus respectivas condiciones de Portavoces
Adjuntos y de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
rehabilitación de los cuarteles de la Guardia Civil en Segovia, para su discusión en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


Primero. Medios materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Guardia Civil.


Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ('FCSE') tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las funciones establecidas en el artículo 11 de
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ('LOFCSE'), entre las que se encuentran las siguientes: (i) Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales; (ii) Auxiliar y proteger a las personas y
asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa; y (iii) Prevenir la comisión de actos delictivos.


Para ejercer tan importantes cometidos, las FCSE necesitan disponer de medios materiales adecuados que cumplan con las exigencias de seguridad y protección derivadas del carácter especial de sus funciones. Entre estos medios se encuentran
las infraestructuras idóneas que necesitan los agentes para realizar sus funciones.


Así, en lo que se refiere específicamente a la Guardia Civil, el artículo 31 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil ('LO 11/2007'), bajo la rúbrica de
'Prevención de riesgos laborales y protección de la salud', establece lo siguiente:


'Los miembros de la Guardia Civil tienen derecho a una protección adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo, con las peculiaridades propias de las funciones que tienen encomendadas.


La Administración General del Estado promoverá las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, la seguridad y salud del personal de la Institución al utilizar los medios y equipos puestos a su disposición, con especial atención a los
riesgos específicos que se deriven de sus funciones. A tal fin desarrollará una política activa de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud y proporcionará los equipos de protección individual necesarios para el cumplimiento de su
misión, facilitando la formación e información suficientes en materia de prevención.'


Segundo. Infraestructuras de la Guardia Civil y planes para la modernización y renovación de las mismas.


El 18 de enero de 2019, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025 con el objetivo de acometer la modernización general de las comisarías y los cuarteles mediante obras de construcción
de nuevas instalaciones o de gran reforma de edificios preexistentes. A pesar de la elaboración de dicho plan, las principales asociaciones de la Guardia Civil, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles ('AUGC') y la Asociación Española de
Guardias Civiles ('AEGC'), entre otras, siguen denunciando el mal estado de las infraestructuras de numerosos cuarteles y dependencias de la Guardia Civil a lo largo de toda nuestra geografía.


En la actualidad, el parque de infraestructuras adscritas a las FCSE está integrado por un total de 3.377 inmuebles, de los que 674 están adscritos a la Dirección General de la Policía y 2.703 a la Dirección General de la Guardia Civil.
Desde el año 2004 la Guardia Civil ha cerrado más de 90 cuarteles en todo el territorio nacional. Así lo confirma una respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria 43.


43 Respuesta del Gobierno a una pregunta con respuesta por escrito: https://intranet.congreso.es/entradap/114p/e0/e_0005706_n_000.pdf



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Una de las principales causas de los cierres de los cuarteles son el mal estado de sus instalaciones, el abandono y la falta de inversión para renovar inmuebles muy antiguos.


De hecho, del total de cuarteles existentes, un número de ellos superior a una tercera parte fueron construidos hace más de medio siglo, y una cantidad superior a 120 se construyeron hace más de 75 años. Según el Gobierno, el 28 % de las
instalaciones de la Guardia Civil tiene más de 50 años de antigüedad; el 52 % entre 20 y 50 años; el 16 % restante cuenta con menos de 20 años 44. En otra respuesta escrita a una pregunta parlamentaria, el Gobierno afirma que la edad media de los
cuarteles de la Guardia Civil de toda España supera ya los 40 años.


En la Ley de Presupuestos Generales del Estado ('PGE') para el 2022, se establece en el Anexo de Inversiones reales y programación plurianual (Tomo I. Distribución orgánica. Tomo I), la aplicación presupuestaria 16.04.132A.63 de 1.004,00
miles de euros para el proyecto 'obras en Segovia' (2004 16 04 3040) cuyo año de inicio es el 2021 y el de fin el 2025. Según la información contenida en los PGE, en el año 2022 se van a destinar al mencionado proyecto 50,00 miles de euros.


Por su parte, también en la Ley PGE para el 2022 se establece en el Anexo de Inversiones reales y programación plurianual (Tomo II. Distribución orgánica. Organismos Autónomos) una aplicación presupuestaria de 10.281,00 miles de euros en
el año 2022 para el proyecto 1998 16 102 8202 'Edificios y otras construcciones', que incluye la 'rehabilitación Int. Centros Policiales y G. Civil' (proyecto 1998 16 102 0005) y la 'Construcción nuevos Cuarteles y Comisarías' (proyecto 1998 16 102
0010), a través del organismo autónomo de la Gerencia de Infraestructuras y equipamiento de la seguridad del estado ('GIESE').


Sin embargo, ni en una aplicación presupuestaria ni en la otra se especifica en qué cuarteles se va a invertir ni qué obras concretas se van a ejecutar.


De igual manera, el 30 de noviembre de 2021 el Ministerio del Interior y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITEC0) 45 han firmado un acuerdo interdepartamental para el desarrollo de las actuaciones conjuntas
del plan de transición energética en la Administración General del Estado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El referido acuerdo busca reducir paulatinamente la demanda energética y la dependencia de
combustibles fósiles de las infraestructuras y edificios asignados a Interior, fomentar en ellos las energías de origen renovable y el autoconsumo, y facilitar la transición a una movilidad de cero emisiones en las flotas de vehículos policiales.


Dicho acuerdo tiene un presupuesto de 396 millones de euros distribuidos en 244 actuaciones en 188 municipios de toda España, pero no consta qué edificios e infraestructuras van a ser objeto de rehabilitación.


Tercero. Estado de cuarteles de la Guardia Civil de Segovia.


En febrero de 2019 AEGC ya denunció el pésimo estado en el que se encontraban algunos puestos de la Guardia Civil de Segovia, entre ellos el de La Granja. Pues bien, en la actualidad siguen sin subsanarse estas deficiencias de algunos de
esos cuarteles a los que se suman ahora otros, repercutiendo todo ello en la imposibilidad de un normal desarrollo de las funciones de los agentes de la Guardia Civil. Así ha puesto de manifiesto recientemente AEGC el mal estado de algunos de los
cuarteles de la Guardia Civil de Segovia:


'Han pasado casi tres años desde que AEGC denunció el ruinoso estado de algunos cuarteles de la Guardia Civil en Segovia. Fue en febrero del 2019 cuando nuestra asociación mostraba, entre otras, las costuras rotas del puesto del Real Sitio
de San Ildefonso, que literalmente se caía a pedazos, y que según anunció la Subdelegación del Gobierno y la propia Comandancia de la Guardia Civil era una 'prioridad', como el resto de puestos que se encontraban en idéntica situación. Pues bien,
casi tres años después, no solo no se han reparado todos sino que el problema ha empeorado al unirse otros cuarteles a la lista negra de edificios ruinosos por la falta de mantenimiento. Eso sí, desde esa fecha son numerosas las obras que se han
acometido en la Comandancia. Obras que desde AEGC consideramos totalmente innecesarias cuando se están dando en la provincia otras prioridades más urgentes, como es la construcción que se está realizando en la actualidad de un nuevo salón de actos,
cuando ya se dispone de uno, mientras se sigue sin invertir un euro en Boceguillas, por ejemplo, donde han tenido que poner


44 Referencia del Consejo de Ministros de 18 de enero de 2019: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/180119-enlaceplansegurida.aspx


45 El MITECO e Interior invertirán 396 millones de euros para situar a Policía Nacional y Guardia Civil a la vanguardia de la sostenibilidad y la eficiencia energética



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cartones en las ventas de los pasillos para que no pase el frío y donde hay agentes que tienen que usar los baños de otros compañeros porque los suyos tienen las tuberías en mal estado 46'.


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Estado del cuartel de San Ildefonso


Es el caso de los puestos de La Granja de San Ildefonso, de Boceguillas o Pedraza, entre otros muchos. El cuartel de La Granja, en pleno centro de acceso al palacio real, sigue en el mismo estado deplorable desde 2018. La cubierta del
cuartel continúa en mal estado a causa de las nevadas, sufriendo desprendimientos recurrentes de tejas.


En el cuartel de Boceguillas, ante el abandono que sufren desde hace años, se han visto obligados a poner cartones para sustituir las cristaleras y hay puertas de vidrio en estado deplorable. Además, los agentes tienen que usar los baños de
otros compañeros porque los suyos tienen tuberías en mal estado, tal y como explica AEGC 47.


Por su parte, respecto al puesto de la Guardia Civil de Pedraza, el portavoz de la Asociación denunció que 'por no tener no tienen ni agua corriente ni calefacción y estamos en el siglo de la tecnología no en la era del candil'. Apuntó,
además, que los agentes tuvieron que recurrir a sus propios bolsillos y emplear parte de sus sueldos para poner remedio a estos problemas mediante la instalación de estufas para combatir el frío intenso del invierno, llegando a tener que usar para
ducharse, los agentes y sus familias, un baño que hay en dependencias oficiales, junto al cuarto de puertas del acuartelamiento por la poca presión con la que llega el agua al cuartel.


46 Segovia, un mal destino para los guardias civiles. AEGC: https://www.aegc.es/asociacion-espanola-de-guardias-civiles/actualidad/segovia--un-mal-destino-para-los-guardias-civiles_1079_4_1794_0_1_in.html


47 Denuncian el deterioro de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia. El Adelantado. Provincia de Segovia:
https://www.eladelantado.com/provincia-de-segovia/denuncian-el-deterioro-de-los-cuarteles-de-la-guardia-civil-en-la-provincia/



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Estado del cuartel de Boceguillas


Este déficit de medios y la situación de las casas cuarteles, pabellones y otras infraestructuras de la Guardia Civil en la provincia de Segovia es insostenible, empeorando la vida de quienes allí nos protegen. Y una consecuencia natural
que se deriva de tan deplorable situación es que los agentes de la Benemérita descartan solicitar destinos en el medio rural, pues denuncia el portavoz de la AUGC que su principal atractivo para acudir a dichas zonas rurales es la vivienda, pero
esta falta de habitabilidad les echa para atrás.


Una segunda derivada de tal situación es la merma de efectivos que padecen las plantillas de la Guardia Civil ante la nula tasa de reposición de puestos de trabajo, conllevando también una sobrecarga de trabajo de otros puestos y
repercutiendo muy negativamente en la calidad del servicio prestado por nuestra Guardia Civil.


Así lo denunció el portavoz de la AEGC manifestando que 'Esta ausencia de relevo y la merma de efectivos que han padecido las plantillas por la exigua por no decir nula tasa de reposición traen consigo que haya cuarteles con solo uno o dos
agentes. Esta escasez redunda en el servicio que se presta al ciudadano, a pesar de los esfuerzos y de la voluntad de los profesionales. La consecuencia inmediata es que se sobrecarga de trabajo otros puestos, también escasos de personal, que sin
conocer bien la demarcación y a los vecinos tienen que dar el servicio de igual manera'. 48


Cuarto. Conclusión. Necesidad de rehabilitar los cuarteles de la Guardia Civil de Segovia y aumento de sus plantillas.


Ante el reiterado abandono al que se somete a la Benemérita, sin que el Gobierno adopte las medidas necesarias, ya no sólo para proteger su integridad y salud física personal, sino también la salud de sus trabajadores, desde el Grupo
Parlamentario VOX continuaremos exigiendo las condiciones mínimas indispensables para el correcto ejercicio de tan importantes funciones que desempeñan nuestros agentes. Es fundamental el fomento de inversiones públicas en los barrios, provincias y
regiones abandonados por los poderes públicos.


En este caso, visto el deplorable estado en el que se encuentran los cuarteles de la Guardia Civil de Segovia, concretamente los puestos de Boceguillas y de San Ildefonso, desde el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, se deben
adoptar las medidas necesarias encaminadas a la rehabilitación de sus instalaciones. Ello se debe realizar por varias razones: (i) tal y como se dispone en la LO 2/2007, los miembros de la Guardia Civil tienen derecho a una protección adecuada en
materia de seguridad y salud en el trabajo; (ii) las infraestructuras de la Guardia Civil son esenciales para garantizar la seguridad ciudadana, de tal forma que se asegure la presencia efectiva de la Benemérita en la región donde se encuentra el
puesto; y (iii) los agentes deben disponer de unas infraestructuras idóneas y unas condiciones mínimas para la realización de las importantes funciones que les han sido encomendadas en la LOFCSE.


48 El 'estado deplorable' de los cuarteles causa hartazgo en la Guardia Civil I El Norte de Castilla



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En definitiva, es fundamental impulsar con carácter urgente las obras necesarias para que los cuarteles de Segovia se adapten a las circunstancias y necesidades reales del Cuerpo, ya sea mediante la rehabilitación del edificio existente o a
través de la construcción de nuevos cuarteles y el aumento de las plantillas de sus cuarteles para garantizar un servicio de calidad al ciudadano.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, con carácter urgente, las medidas necesarias para que, en un plazo no superior a seis meses, se inicien las obras necesarias con el fin de rehabilitar y acondicionar adecuadamente
los cuarteles de la Guardia Civil de San Ildefonso, Boceguillas y Pedraza, ubicados en Segovia, con el fin de cubrir las deficiencias existentes, dotándoles de los medios humanos y materiales permanentes y necesarios para el desarrollo de las
funciones de la Guardia Civil en la citada provincia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y Rodrigo Jiménez Revuelta, Diputados.-Macarena Olona Choclán y Francisco Javier Ortega Smith-Molina,
Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


161/003710


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para garantizar la seguridad en el
medio rural, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


Para el Grupo Popular es una gran preocupación el proceso de despoblación que afecta de forma intensa a parte de nuestro territorio enclavado en el denominado medio rural. Algo más del 60 % de los municipios repartidos por las 52 provincias
españolas han perdido población en los últimos 20 años. El medio rural en España abarca el 90 % del territorio y en él reside tan sólo el 20 % de la población española.


La despoblación, sin lugar a dudas, repercute en cuestiones tan importantes para los ciudadanos como la accesibilidad a los servicios públicos y su financiación, lo que unido a otras variables demográficas más acentuadas en estas zonas, como
el mayor envejecimiento de la población y la dispersión, ocasiona un problema de falta de seguridad.


La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural estableció en su artículo 27 medidas concretas para aumentar la seguridad ciudadana:


'Artículo 27. Seguridad ciudadana.


Con el fin de incrementar la seguridad de los ciudadanos en el medio rural, el Programa podrá contemplar medidas para:


a) Promover planes de acción concertada para garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana referidos específicamente al ámbito rural, facilitando la cooperación de la Guardia Civil con los Cuerpos de
Policía Local, y de estos entre sí.


b) Mejorar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para mantener un adecuado nivel de seguridad de la población en las zonas rurales.


c) Ejecutar un plan integral destinado a la construcción, rehabilitación y ampliación de Acuartelamientos de la Guardia Civil, teniendo en cuenta la población a la que presta servicio en el medio rural.


d) Potenciar los sistemas de información y comunicaciones de la Guardia Civil destinados a la gestión operativa, en orden a mejorar el nivel de servicios que se presta a los ciudadanos en el ámbito rural.



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e) Incrementar las actuaciones de protección al medio ambiente rural, reforzando las intervenciones del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y fomentando los instrumentos de colaboración entre las diferentes
Administraciones Públicas competentes.


f) Promover el desarrollo de planes de prevención y protección contra la violencia de género y el maltrato hacia las mujeres en el medio rural.'


Para la aplicación práctica de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, se aprobó el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) de carácter plurianual, aprobado por Real Decreto 752/2010, de 4 de
junio.


En 2021, el Gobierno aprobó el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico (2021-2023), integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un total de 130 actuaciones orientadas a luchar contra la despoblación. De estas
130 medidas solamente 10 afectan y de manera poco concreta a la seguridad ciudadana. Este Plan se encuentra afectado por la problemática general del desarrollo de los fondos europeos: falta de capacidad para la ejecución de las medidas, ineficacia
en los resultados pretendidos y falta de control en el reparto de los fondos para evitar la discrecionalidad.


Transcurridos más de 14 años desde la aprobación de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, la despoblación continúa avanzando y con ello el aumento de la inseguridad ciudadana en el medio rural.


Es indudable el efecto negativo que la crisis económica iniciada en 2008 tuvo para todos los territorios y para el conjunto de sectores públicos y privados, afectando negativamente al cumplimiento del Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
Muchas de las medidas previstas para el desarrollo sostenible del medio rural no se han llevado a la práctica total o parcialmente, incluso después de la recuperación económica iniciada durante los años 2015-2017.


Sin embargo, podemos destacar que durante los momentos más duros de la crisis, en el año 2013, ante las dificultades económicas para mejorar la seguridad en el medio rural, el Gobierno del Partido Popular creó los 'Equipos Roca', unidades
específicas de la Guardia Civil para la lucha contra el robo en el campo. Su función se diseñó con la participación de las organizaciones sectoriales representativas, para incrementar la seguridad de las explotaciones agropecuarias mediante una
vigilancia permanente y una mayor comunicación con los colectivos afectados. Los 'Equipos Roca' han sido todo un éxito, acreditando una gran eficacia en la prevención y resolución de los delitos cometidos en el ámbito rural.


Una vez recuperada la senda de aumento de plantillas en la Guardia Civil, las vacantes de agentes en el medio rural siguen sin cubrirse ante la falta de incentivos para los guardias civiles, acreditando que el actual Gobierno no considera
prioritario la seguridad en el medio rural.


Desde el Grupo Popular consideramos imprescindible dotar de incentivos económicos y profesionales a los agentes de la Guardia Civil que opten por cubrir las vacantes en el medio rural y mantenerse en ellas.


De igual manera, creemos que para el medio rural y para los pequeños municipios es una tragedia el cierre de cuarteles, pues supone una indudable pérdida de seguridad para sus habitantes. La clausura de puestos de la Guardia Civil continúa
llevándose a la práctica por el Gobierno durante los últimos años. Es urgente trabajar en colaboración con las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos para evitar el desmantelamiento de los servicios que la Guardia Civil
presta en los cuarteles del medio rural.


Por último, no debemos olvidar que el conjunto de la seguridad ciudadana se verá afectada de forma muy negativa por la Proposición de Ley de modificación sustancial de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que pone en serio peligro
la defensa de los derechos de la ciudadanía y el trabajo seguro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, perjudicando también al medio rural.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar con carácter inmediato una serie de medidas para garantizar la seguridad en el medio rural:


1. Adoptar un compromiso público que obligue al Ministerio del Interior a no cerrar cuarteles de la Guardia Civil en el medio rural e incluso estudiar la posibilidad de reapertura de los clausurados en los últimos años.



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2. Aprobar y ejecutar un plan integral destinado a la construcción, rehabilitación y ampliación de Acuartelamientos de la Guardia Civil en el medio rural.


3. Publicar una convocatoria de ayudas para mejorar la colaboración integral con los Ayuntamientos y Diputaciones de la España Rural en el mantenimiento de la seguridad ciudadana.


4. Crear los instrumentos y protocolos para que de forma práctica y efectiva se incremente la cooperación de la Guardia Civil con los Cuerpos de Policía Local, y de estos entre sí.


5. Reforzar de manera urgente, con medios materiales y humanos, los Puestos de la Guardia Civil en todas aquellas zonas que carecen de Policía Local.


6. Reforzar los efectivos en los Cuarteles de la Guardia Civil de la España Rural afectados por la despoblación, dando prioridad a cubrir las vacantes de estas plantillas.


7. Establecer un Plus de Territorialidad creando un incentivo profesional y económico para hacer atractivo a los agentes incorporarse a los puestos de baja demanda del medio rural.


8. Utilizar de manera inmediata las vacantes del personal en reserva sin destino, para dotar de más agentes a la España Rural.


9. Aprobar urgentemente una convocatoria de cursos para mejorar la formación de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local del medio rural.


10. Renunciar a la modificación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, norma legal avalada por el Tribunal Constitucional y que se ha demostrado necesaria para garantizar los derechos de los españoles, también de los habitantes
del medio rural.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2022.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/003692


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclan, don Pablo Calvo Liste, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Juan Carlos Segura Just y don Rubén Darío
Vega Arias, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente Proposición no de Ley dirigida a impulsar el estudio del soterramiento de la línea ferroviaria a su paso por San Andrés del Rabanedo (León), para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


Primero. Situación demográfica de León.


1. Castilla y León, Comunidad Autónoma más grande en extensión de España y sexta en cuanto a número de habitantes, cuenta con una superficie de 94.224 km2 y una población de 2.379.530 habitantes. No obstante, esto supone un total de 25
hab/km2, por lo que mantiene una baja densidad de población en comparación con el resto de las comunidades autónomas que además se ve reduciendo progresivamente (Castilla y León ha perdido aproximadamente 200.000 habitantes en los últimos 35 años)
49. Además, según informe de Proyecciones de población del Ministerio para la Transición ecológica y el Reto demográfico, el crecimiento relativo en el periodo de 2019-2035 de Castilla y León es del -9,9 %.


2. Dentro de Castilla y León, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, León cuenta con 451.706 habitantes 50, más del 70 % de sus municipios tienen menos de 1.000 habitantes 51 y durante


49 https://datosmacro.expansion.com/ccaa/castilla-leon [fecha de consulta: 3 de febrero de 2022].


50 https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p08/I0/&file=03004.px [fecha de consulta: 3 de febrero de 2022].


51 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2913 [fecha de consulta: 3 de febrero de 2022].



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el 2021 ha sido la provincia de Castilla y León que más habitantes ha perdido, 4.733 52. Teniendo en cuenta estos datos, se afirma que León sufre una 'hemorragia demográfica' 53


3. Esta situación demográfica hace necesaria la búsqueda de soluciones que, en primer lugar, eviten que se pierda más población en estas zonas escasamente pobladas y, en segundo lugar, que atraigan nuevos residentes. Según el informe
'Percepción ciudadana del Reto Demográfico, la despoblación y el envejecimiento', publicado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico 54, los españoles, en un 91,8 % considera esencial mejorar la calidad en la prestación de
servicios en los municipios con problema de despoblación y un 91,7 %, considera necesario promover ayudas a la actividad económica y la promoción del empleo en áreas de riesgo demográfico.


4. Constituyéndose el transporte como uno de los servicios fundamentales para la comunicación entre territorios y la movilidad, es imprescindible hacer una adecuada inversión en infraestructuras. De esta forma se consigue atraer empleo y
se impulsa la economía de los territorios y, con ello, se lucha contra la despoblación.


Segundo. Infraestructuras en León.


5. A lo largo de la historia, la provincia de León ha sufrido una serie de retrasos en el desarrollo y mejora de sus infraestructuras de transporte, lo que ha sido un factor determinante en su situación actual. Esto se ha evidenciado, por
ejemplo, en la construcción de la Variante de Pajares, en la mejora del tramo de León a la Robla, en la corrección de las deficiencias en los tramos León-Vigo y León-Asturias, reapertura del Paseo del Ferrocarril, etc. 55


6. Además de las señaladas, otra iniciativa que se ha visto frustrada ha sido la de la integración del ferrocarril en León, este proyecto fue diseñado iniciativamente en el año 2011 para que dicho soterramiento llegara a San Andrés del
Rabanedo. No obstante, tras la crisis fue descartado 56.


7. El problema de no soterrar íntegramente es que el paso de las vías del tren por este municipio está creando serias dificultades de movilidad para sus ciudadanos, quiénes en ciertos tramos incluso ven en riesgo su seguridad. El paso del
tren divide San Andrés en dos mitades, se ven impedidas comunicaciones peatonales y por carretera, afecta al Camino de Santiago y tiene consecuencias muy negativas para el paisaje urbano de San Andrés y sus habitantes.


8. Este pueblo, el tercero con más población de la provincia del león, se pregunta por qué supone tanto esfuerzo soterrar aproximadamente un kilómetro de vías, tal y como se contemplaba en el proyecto original, cuando se han hecho obras de
mayor envergadura en otros territorios del país. Es por ello que se han visto obligados a crear una Plataforma por el Soterramiento de San Andrés. Así, el portavoz de esta plataforma, D. Matías González, en su primer comunicado, manifestaba que el
Ministerio de Fomento ha estafado al Ayuntamiento de San Andrés e insultado con desprecio a sus habitantes al cancelar el proyecto del soterrado de la vía y añadía que esta situación nos condena al aislamiento, a la degradación y al empobrecimiento
del municipio.


9. También desde esta plataforma se ha expresado que este proyecto no es solo para San Andrés y la seguridad de sus habitantes, sino que es bueno y muy necesario para todo León y para su desarrollo 57.


10. La falta de infraestructuras de transporte, sanidad, educación y servicios básicos, unida a las menguantes posibilidades de empleo y la ausencia de políticas que fomenten la natalidad están condenando a municipios de España a
convertirse en la España abandonada. En consecuencia, se deben reforzar las infraestructuras de transporte en la España despoblada y garantizar la rápida conexión de cualquier núcleo poblacional con todas las regiones de España.


52 https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p08/I0/&file=03004.px [fecha de consulta: 3 de febrero de 2022].


53 https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p0810//&file=03004.px y https://www.leonoticias.com/leon/mapa-despoblacion-proivncia-leon-munciipios-ganan-pierden-habitantes-20211227202756-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
[fecha de consulta: 3 de febrero de 2022].


54 https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/documentos-interes/percepcion reto tcm30-517793.pdf [fecha de consulta: 3 de febrero de 2022).


55 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/2004/octubre/NP041029VariantePajaresContratosAdj-pdf.htm, https://www.elcomercio.es/asturias/alta-velocidad-acerca-asturias-20210919001221-ntvo.html [fecha de consulta: 3
de febrero de 2022].


56 https://www.lanuevacronica.com/cuatro-anos-de-obras-en-el-soterramiento [fecha de consulta: 3 de febrero de 2022).


57 https://www.leonoticias.com/alfoz/sanandresdelrabanedo/plataforma-soterramiento-sanandres-20220107152035-nt.html [fecha de consulta: 3 de febrero de 2022].



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11. Este municipio no puede ser también víctima de los retrasos y la dejadez de funciones constante de los sucesivos Gobiernos. Para su desarrollo, para no quedar aislado, para la seguridad de todos sus ciudadanos y para dar un paso más en
la lucha contra la despoblación y en favor de la España abandonada es necesario acometer la tan ansiada y reclamada obra de integración del ferrocarril a la mayor brevedad posible 58.


Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar a la mayor brevedad posible, las actuaciones necesarias para iniciar el estudio del proyecto de integración del ferrocarril a su paso por San Andrés de Rabanedo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Pablo Juan Calvo Liste, Cristina Alicia Esteban Calonje, Rubén Darío Vega Arias y Juan
Carlos Segura Just, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso del ferrocarril en Tenerife y Gran Canaria, para
su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


En el BOE n.º 284 del 27 de noviembre de 2021 se publicó el anuncio de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por el que se somete a información pública la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento
y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General.


El artículo 138.1 de la Constitución Española establece que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico,
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.


El Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, modificada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, en su artículo 30.18 atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de
ferrocarriles. Dicha competencia fue transferida a los Cabildos Insulares mediante la Ley 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.


Por otra parte, los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria, según la vigente legislación local, son competentes para el establecimiento de servicios de transporte que superen el ámbito municipal y considera necesario disponer de una red
ferroviaria en las islas que, además de contribuir a la articulación de los núcleos de población principales, suponga un complemento importante y una alternativa real al transporte carretera, con el consiguiente beneficio en términos de circulación
y de impacto ambiental.


La Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene entre sus objetivos el fomentar soluciones de movilidad sostenible, contribuyendo al descenso de las emisiones de gases
de efecto invernadero y a reducir el impacto del transporte en el medio ambiente, potenciando el papel del ferrocarril en el sistema de transporte, transformándolo en una alternativa real a la carretera y el avión.


58 https://www.lanuevacronica.com/nace-la-plataforma-por-el-soterramiento-del-tren-en-san-andres [fecha de consulta: 3 de febrero de 2022].



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Desde el año 2009 se llevan materializando convenios de colaboración entre la Administración General del Estado (AGE) y los Cabildos Insulares de Tenerife y Gran Canaria en materia de ferrocarriles, con el objeto de disponer de una red
ferroviaria en ambas islas que, además de contribuir a la articulación de los núcleos de población principales, suponga un complemento importante y una alternativa real al transporte por carretera, con el consiguiente beneficio en términos de
circulación y de impacto ambiental.


Mediante estos convenios de colaboración la AGE subvenciona inversiones referentes a los Trenes del Norte y Sur de la isla de Tenerife y el Ferrocarril de Gran Canaria.


Durante la última década, se han invertido casi 26 millones de euros tanto en los proyectos ferroviarios de Tenerife como de Gran Canaria. Dada esta circunstancia, podemos entender que tanto la Administración General del Estado como los
mencionados Cabildos Insulares tienen interés en desarrollar las redes de ferrocarril convencional planificadas en los territorios de las islas, que dan acceso a los principales núcleos de población y de transporte de Gran Canaria y Tenerife.


El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene la potestad de incluir el Ferrocarril de Gran Canaria y la línea del Tren del Sur de Tenerife en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y solicitamos, por consiguiente, que
sean tenidas en consideración dentro de la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados, reconociendo el carácter prioritario y estratégico del Ferrocarril de Gran Canaria y del Tren del Sur de Tenerife, insta al Gobierno a impulsar, en el marco de sus competencias, su construcción y puesta en
servicio, garantizando para ello una financiación suficiente de ambos proyectos ferroviarios.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/003725


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para fomentar el transporte ferroviario entre la población infantil y adolescente, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


La lucha contra el cambio climático es una prioridad mundial. El ODS 13 de la Agenda 20/30 insta a adoptar medidas urgentes para combatirlo y contener sus efectos.


La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático son una prioridad para el Gobierno, que afronta este reto con un abordaje transversal desde la coordinación, colaboración y cooperación de todas las
instituciones y administraciones públicas; pero también con la sociedad civil, y el mundo académico y científico.


El desarrollo de políticas, estrategias y planes nacionales y la movilización de recursos son fundamentales. Pero también lo es, la educación y sensibilización para promover comportamientos involucrados con el abordaje de la emergencia
climática que altera los ciclos atmosféricos y de la naturaleza, afectando la economía y, sobre todo, nuestra salud y vidas.


En 2019 los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord.


En tanto que el transporte ferroviario emite sólo el 0,5 % de las emisiones totales de CO2, tiene mucho que aportar para ayudar a reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, ejerciendo como palanca de cambio para un
transporte libre de emisiones. Así lo considera la Unión Europea, que



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declaró el 2021 Año Europeo del Ferrocarril, para potenciar este medio de transporte como una alternativa de movilidad sostenible.


Por su parte, las empresas del sector incorporan los ODS en sus estrategias y actividad diaria los ODS. Desde la adopción tecnologías y procesos limpios y la promoción de la investigación y la mejora de la capacidad tecnológica (ODS9)
(sirva de ejemplo el Plan Director de Lucha contra el Cambio Climático 2018-2030 de Renfe); hasta proporcionar un sistema de transporte seguro, asequible y accesible para toda la ciudadanía (ODS11).


Entre las medidas para facilitar la accesibilidad y precios asequibles para toda la población, los operadores del transporte ferroviario de pasajeros de larga y media distancia ofrecen líneas de productos específicos para personas mayores y
jóvenes con el fin de incentivar el uso del tren.


Este incentivo resulta especialmente relevante entre la población infantil y adolescente, con el fin de contribuir a su implicación la lucha contra el cambio climático y sus efectos nocivos y la construcción de una sociedad respetuosa con el
medio ambiente.


Durante el período de escolarización en la enseñanza obligatoria, en Bachillerato y Formación Profesional, los contenidos curriculares se complementan con salidas de grupo y viajes de estudios organizados por los centros de enseñanza como
recurso educativo.


Un recurso, alineado con la estrategia de las empresas operadoras de promoción del tren como medio de transporte seguro, accesible y sostenible, bien puede abundar en la meta de los ODS de sensibilizar y educar en los hábitos de vida y la
movilidad sostenible entra la población escolar. En este sentido, la existencia de programas dirigidos a facilitar la mejor organización y el acceso en grupo al transporte ferroviario de media y larga distancia, contribuiría de forma significativa
a la promoción de la educación en movilidad sostenible.


Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse, en colaboración con las empresas operadoras de transporte ferroviario de pasajeros de media y larga distancia, programas dirigidos a fomentar y facilitar el uso del tren como
alternativa de movilidad sostenible entre la población infantil y adolescente, en las actividades educativas que llevan a cabo los centros escolares de enseñanza obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2022.-Carmen Andrés Añón y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/003672


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a regular un permiso
retribuido en los casos de pérdida gestacional espontánea, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


El embarazo deseado es una de las mayores alegrías que puede tener una mujer o una pareja, por lo que su pérdida supone un gran shock para la mujer y, en el caso de haberla, para la pareja, independientemente del momento en el que se
produzca.


En el ámbito médico, el aborto espontáneo es la pérdida espontánea de un feto antes de la semana 20 del embarazo. La pérdida del embarazo después de 20 semanas se denomina muerte fetal.


En cualquier caso, sea cuando sea su terminología, la pérdida de un bebé, la interrupción involuntaria de un embarazo deseado, debe abordarse en todas sus vertientes, médicas, físicas, psicológicas, pero sobre todo, debe ser enfocado en pro
de la salud y bienestar de las mujeres que lo sufren.



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Los psicólogos especialistas señalan que es muy importante valorar el aspecto emocional de la mujer durante todo este proceso, acompañarle desde el inicio y, por supuesto, si se observa que la situación le está pasando factura
psicológicamente, aconsejarle parar un tiempo para recuperarse y prepararse psicológica y emocionalmente para todo lo que pueda seguir viniendo.


Con respecto a los permisos, en España, cuando la muerte del feto ocurre después de los 180 días, las madres pueden disfrutar de la baja por maternidad íntegra como si su hijo hubiera nacido vivo (16 semanas). Sin embargo, no existe ningún
permiso para las madres que han perdido a su hijo antes de los 180 días, debiendo estas mujeres -y sus parejas, si las tuvieran- seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido, pasando por alto las posibles secuelas físicas y/o psicológicas de la
pérdida gestacional.


Profesionales de la psicología confirman que en muchas ocasiones se necesita tiempo para superar física y/o psicológicamente este tipo de pérdida, de ahí, que sea importante ampliar la regulación. Es necesario extender el permiso ya
existente a las parejas de las mujeres que hayan perdido a sus hijos después de los seis meses de gestación, así como, ampliar la regulación de este permiso a aquellas mujeres -y sus parejas- que hayan perdido a su hijo antes de los 180 días de
gestación.


Esta medida ya se ha aprobado en distintos países, Nueva Zelanda ha previsto un permiso por duelo perinatal de tres días convirtiéndose en el segundo país del mundo, después de la India, en aprobar una 'baja por duelo' para familias que
pierdan a sus hijos antes del parto o sufran abortos espontáneos durante la gestación. La compañía financiera afincada en Reino Unido Monzo Bank ha seguido los pasos del Ejecutivo neozelandés y ha querido introducir una medida similar dentro del
paquete de avances enfocados a mejorar el bienestar psicológico y emocional de sus trabajadores aprobando un permiso de diez días por esta causa.


Como ya hemos expuesto, para que el apoyo sea completo se debe contemplar no sólo el duelo de la madre, sino también el duelo de los padres o parejas, a quienes deben de extenderse estos permisos. Asimismo, si la pareja, en el caso de que
exista, se ve obligada a volver al trabajo de manera inmediata, además de padecer su sufrimiento personal, la red de apoyo para la madre se reduce significativamente y a día de hoy, se tiene constancia de que la falta de apoyo social es uno de los
factores que más pesan a la hora de superar los problemas de duelo.


En consecuencia, un permiso remunerado -baja por duelo- en casos de pérdida gestacional implica un notable avance de la legislación, independientemente del momento en el que se produzca. Dicha perdida gestacional tendrá que venir acompañada
del certificado médico correspondiente para poder acceder a este nuevo permiso retribuido.


En definitiva, un derecho legal para la madre y su pareja que supone un importante apoyo en un momento de desconsuelo y de especial vulnerabilidad, pero también, por otra parte, contribuye a que la sociedad perciba que perder un bebé deseado
es un momento muy triste y doloroso en la vida de una persona y no debe de ser tratado de forma superficial.


El 15 de octubre, es el Día mundial de la concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, cuyo objetivo es visibilizar el duelo de estas familias, ayudemos a contribuir a que puedan expresarlo libremente y a eliminar el
tabú social existente en este ámbito, con medidas como la planteada en esta Proposición no de Ley.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Regular un permiso remunerado -baja por duelo- en casos de pérdida gestacional espontánea, independientemente del momento en que se produzca, ampliándose a la pareja si la hubiere.


2. Aprobar un Protocolo para la atención y apoyo a las mujeres y familias en el proceso de muerte y duelo gestacional y perinatal, en coordinación con las Comunidades Autónomas, los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes,
que ofrezca recursos de acompañamiento previo, así como atención, y asistencia psicológica, con formación especializada de los profesionales que lo van a desarrollar.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2022.-José Ignacio Echániz Salgado, Diego Movellán Lombilla y Tomás Cabezón Casas, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/003667


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para garantizar la continuidad de la actividad productiva y el empleo en la planta de Alu Ibérica en A Coruña, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


Exposición de motivos


El futuro de la antigua planta de Alcoa en A Coruña, la actual Alu Ibérica, de la que dependen más de 300 empleos directos, está viviendo momentos decisivos.


Tras la intervención judicial de la factoría ante los indicios de descapitalización en las sucesivas operaciones de compraventa y la entrada en concurso de acreedores, el pasado mes de diciembre, el administrador concursal estableció el 10
de mayo como fecha límite para evitar un Expediente de Regulación de Empleo extintivo.


De hecho, los administradores concúrsales de la factoría de Avilés ya comunicaron a la representación de las trabajadoras y trabajadores que planean un despido masivo.


Ante esta situación la plantilla de la fábrica de A Coruña reclama a las administraciones competentes, tanto al Gobierno estatal como a la Xunta de Galiza, la máxima implicación en la búsqueda de soluciones que garanticen el futuro
industrial de la fábrica y el mantenimiento de los puestos de trabajo.


Así, demandan que se agilice la adopción de medidas que favorezcan la venta de la factoría en las mejores condiciones para mantener su capacidad productiva y evitar la destrucción de empleo. En particular, demandan un acuerdo energético
bilateral para que el futuro comprador disponga del suministro eléctrico necesario para reactivar la electrólisis a un precio competitivo.


En cualquier caso, si no prosperan estas opciones de venta, las administraciones competentes deberían considerar todas las alternativas posibles para asegurar la pervivencia de la planta de Alu Ibérica de A Coruña, incluida, si fuere
preciso, su incorporación al sector público, por pertenecer a un sector industrial estratégico.


Hace falta recordar que la venta de las factoría de Alcoa en A Coruña y Avilés a Partner-Capital, quien su vez las revendió al Grupo Industrial Riesgo, fue en su momento tutelada por el Ministerio de Industria quien, con el visto bueno de la
Xunta de Galiza, saludó la operación, destacando que cumplía 'con el compromiso suscrito por el Gobierno, administraciones autonómicas, comités de empresa y la multinacional Alcoa para encontrar una solución integral y viable a los casi 700 puestos
de trabajo que estaban en riesgo'.


Es preciso, pues, que tanto la Xunta de Galiza como el Gobierno del Estado asuman su responsabilidad en la operación y garanticen de forma efectiva la continuidad de la actividad industrial y de los puestos de trabajo, apostado por la
intervención pública de ser necesario para ello.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. A realizar todas las gestiones necesarias, en colaboración y coordinación con la Xunta de Galiza y los representantes de los trabajadores, para lograr una solución urgente que asegure la continuidad de la actividad industrial y el
mantenimiento del empleo en la planta de Alu Ibérica de A Coruña.


2. Agilizar la adopción de medidas que favorezcan que la factoría esté en las mejores condiciones para mantener su capacidad productiva y evitar la destrucción de empleo y, en particular, articular una solución que asegure el suministro
eléctrico necesario para reactivar la electrólisis a un precio competitivo.



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3. Estudiar todas las alternativas posibles para asegurar la pervivencia de la planta de Alu Ibérica de A Coruña, incluida, si fuere preciso, su incorporación al sector público, por pertenecer a un sector industrial estratégico.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Plural.


161/003695


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley de impulso de la iniciativa mundial sobre turismo y plásticos, para su debate en la Comisión
de Industria, Comercio y Turismo.


Exposición de motivos


La contaminación plástica ha sido motivo de debate desde la década de 1950. Sin embargo, en los últimos años, este debate se ha intensificado por el exponencial crecimiento del uso de plásticos y derivados. Esta contaminación tiene grandes
consecuencias sobre los ecosistemas puesto que, aunque su gestión se realiza a través de vertederos, incineración o reciclaje, la evidencia revela que la mayoría de los desechos terminan en tierra filtrando a los sistemas fluviales o en el mar.


Se calcula que cada año los océanos reciben 8 millones de toneladas de residuos, e incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apunta a que estos, de mantener la tendencia actual, contendrían en el año 2050 más plástico que peces.
Y aunque su impacto ambiental ha obligado a todas las economías a buscar alternativas para aumentar el reciclaje y la reducción de residuos, aún falta impulsar iniciativas para reducir su uso. Frenar la contaminación por plástico pasa por centrar
la atención en la producción y en el consumo.


En este sentido, el turismo, como actividad económica principal de nuestro país, ha de desempeñar un papel clave en esta tarea y en la de generar una sociedad y una economía sostenible.


La Organización Mundial del Turismo (OMT) aboga por unir al sector turístico en torno a una visión común con la iniciativa mundial sobre turismo y plásticos en el marco del Programa de Turismo Sostenible de 'One Planet'. Esta iniciativa
tiene como objetivo abordar las causas de la contaminación por plástico, producir cambios en la cadena de valor del turismo y permitir que empresas, administración y otros agentes del sector lideren la transformación de la actividad turística hacia
una economía circular de los plásticos.


De este modo, la OMT insta a la cadena de valor del sector a tomar medidas estructurales para el año 2025 a través de una serie de seis compromisos concretos y asumióles que permitan la reducción del consumo de plásticos:


- Eliminar envoltorios y artículos de plástico problemáticos o innecesarios.


- Tomar medidas para pasar de modelos de un solo uso a modelos de reutilización o alternativas reutilizables.


- (Comprometer a la cadena de valor para que) consiga que el 100 % de los envoltorios de plástico pasen a ser reutilizables, reciclables o compostables.


- Tomar medidas para incrementar la cantidad de contenido reciclado de todos los envoltorios y artículos de plástico utilizados.


- Colaborar e invertir para incrementar los índices de reciclaje y compostaje para los plásticos.


- Informar públicamente todos los años sobre los progresos realizados para alcanzar estos objetivos.


Además, la crisis sanitaria de la COVID-19 ha permitido analizar la vulnerabilidad de las cadenas globales y, en especial, la de un sector turístico sensible a problemas de demanda. Adelantarnos a futuras crisis derivadas de las
consecuencias del cambio climático y establecer modelos de economía circular en cuanto al uso de plásticos permitiría una economía más resiliente y sostenible.



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La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que se encuentra en tramitación parlamentaria, será un instrumento fundamental para impulsar la economía circular y baja en carbono en España, revisando la actual normativa
de residuos y suelos contaminados para cumplir con los nuevos objetivos establecidos en las directivas comunitarias de residuos, así como con los derivados de la directiva de plásticos de un solo uso.


Asimismo, la futura Estrategia de Turismo Sostenible 2030 podrá ser un instrumento fundamental para impulsar la sostenibilidad como valor de marca del turismo español y lograr dar respuesta, durante la próxima década, a un desafío que
requiere abordar, desde el consenso con los agentes implicados, un nuevo modelo de crecimiento sostenido y sostenible en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Fomentar entre los destinos y en toda la cadena de valor del turismo, así como en organizaciones simpatizantes, medidas para la reducción del plástico en sus actividades que permita contribuir significativamente a una recuperación
responsable y sostenible del sector y ayudarles a luchar contra la contaminación y reducir la huella de plástico.


2. Promover la suscripción a la iniciativa mundial sobre turismo y plásticos en el marco del Programa de Turismo Sostenible de 'One Planet'.


3. Desarrollar, en el marco de la Estrategia de Turismo Sostenible 2030, medidas que permitan concienciar al sector y a la sociedad en general la necesidad de conservar los ecosistemas y avanzar hacia un sector turístico que proteja al
medio ambiente, apueste por la economía circular y utilice energías limpias.


4. Promover, entre los servicios turísticos, la aplicación de normativas medioambientales que permitan orientar a las empresas para la adopción de prácticas que garanticen la gestión ambiental de sus procedimientos y la certificación de la
calidad de sus sistemas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Alejandro Soler Mur, Sandra Guaita Esteruelas, Adolfo Pérez Abellás, Cristina López Zamora, María Luisa Faneca López, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Ana María Botella Gómez, María
del Pilar Rodríguez Gómez, Patxi López Álvarez, María Ángeles Marra Domínguez, German Renau Martínez, César Joaquín Ramos Esteban y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.


161/003696


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley para la creación de una reserva estratégica de producción industrial, para su debate en la
Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


La emergencia sanitaria provocada por la aparición de la COVID-19 ha tenido a escala mundial unas consecuencias económicas y sociales sin precedentes. El impacto de esta sobre el desarrollo económico ha permitido observar las
vulnerabilidades de los países y regiones que, tras dos años de crisis sanitaria, han de seguir impulsando medidas para contrarrestar los efectos de esta situación. No obstante, ha facilitado el poder identificar posibles oportunidades para
permitir hacer frente, en un futuro, a nuevas crisis pandémicas o emergencias derivadas del cambio climático.


La COVID-19 ha propiciado un análisis de la dependencia de nuestro país y la UE respecto de terceros países en cuanto al suministro de materias primas esenciales y estratégicas y de bienes intermedios que intervienen en los procesos
productivos. Se trata de un problema que afecta a todas las economías



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desarrolladas, pero que afecta de forma particular a las europeas y, especialmente, a la española por las características de su tejido productivo.


Tras el repunte de la actividad económica y del comercio mundial en la segunda mitad del año 2020 y de forma más acentuada en 2021 por el acceso a la vacunación y la mejora de la situación epidemiológica, se dio lugar un crecimiento de los
pedidos internacionales que provocó cuellos de botella en la oferta. A ello se le suma la insuficiencia de la capacidad existente del transporte marítimo internacional para atender la reactivación de los flujos comerciales y el cambio de los
patrones de consumo como, por ejemplo, la mayor adquisición de bienes informáticos.


Este desabastecimiento ha puesto bajo presión al mercado europeo, que ha afectado de forma desigual a los sectores productivos, impactando significativamente en la producción automovilística por la falta de semiconductores. Debido a ello,
algunas empresas han reducido la producción, retrasando la entrega de bienes o la cancelación de contratos por fuerza mayor en empresas del espacio comunitario.


Este desequilibrio de la oferta y la demanda, además, han originado presiones inflacionistas que, según apunta el propio Banco de España en su Boletín Económico del cuarto trimestre de 2021 se espera que, a lo largo del 2022, el impacto de
los cuellos de botella sobre la tasa de crecimiento del PIB español pudiera alcanzar un punto porcentual.


En este sentido, las administraciones públicas juegan un papel esencial. Muestra de ello han sido las numerosas iniciativas llevadas a cabo por España y la Unión Europea para contrarrestar las consecuencias económicas de la pandemia. La
puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es buen ejemplo de ello.


Del mismo modo, en mayo de 2021 se aprobó la actualización de la nueva Estrategia Industrial Europea adaptándose así a las circunstancias tras la COVID-19, poniendo de manifiesto la necesidad de una mayor autonomía y dependencia estratégica.
Una estrategia que desarrolla el término 'Autonomía estratégica abierta', que hace referencia a la capacidad para conformar un nuevo sistema de gobernanza económica y global protegiendo a la UE de prácticas desleales o abusivas e incluyendo la
diversificación y consolidación de las cadenas de valor para la mejora de su resiliencia a crisis futuras.


La inestabilidad mundial y la creciente competitividad comercial, energética, tecnológica e industrial empuja a trabajar en el medio plazo a reforzar las cadenas de suministro de algunos productos estratégicos. La UE y España han de ser
capaces de buscar una solución a la dependencia y la fragilidad del flujo comercial de los recursos y materias esenciales, a la vez que impulsa el mercado único, la creación de empleo y garantiza el bienestar de los ciudadanos.


Asegurar una eficiente producción nacional de productos esenciales en caso de una nueva paralización del comercio internacional permitiría asumir una futura crisis de desabastecimiento y evitar errores en el futuro. La creación de una
reserva estratégica de producción industrial que estableciera un listado de recursos críticos, así como las capacidades de producción nacionales, permitiría una disposición de recursos esenciales y una movilización rápida de los mismos en el caso de
nuevas disrupciones.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Trabajar en la creación de una reserva estratégica basada en las capacidades de producción industrial que aseguren la producción industrial nacional de aquellos recursos de primera necesidad o considerados estratégicos para España y la
Unión Europea que permita, a las Administraciones Públicas, cumplir con la obligación de asegurar la disponibilidad de los mismos, conforme al artículo 11 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, y favorezca una industria
innovadora y robusta que asegure la producción de recursos de primera necesidad o de carácter estratégico.


2. Impulsar la creación de un órgano interministerial que permita la identificación, asesoramiento, planificación, coordinación y promoción de la industria nacional de productos esenciales y estratégicos con el objetivo de diversificar la
producción y evitar futuros casos de desabastecimiento o paralización del comercio internacional.


3. Mantener el compromiso con la Comisión Europea en trabajar, junto con los Estados Miembros, en la identificación y puesta en marcha iniciativas, entre otras, Proyectos Importantes de Interés Común



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Europeo (ICPEI), que permitan reforzar las cadenas de suministro de productos estratégicos y estén dirigidos a la extracción, procesamiento y reciclaje de materias primas esenciales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Alejandro Soler Mur, Sandra Guaita Esteruelas, Adolfo Pérez Abellás, Cristina López Zamora, María Luisa Faneca López, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Ana María Botella Gómez, María
del Pilar Rodríguez Gómez, Patxi López Álvarez, María Ángeles Marra Domínguez, German Renau Martínez, César Joaquín Ramos Esteban y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.


161/003713


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el liderazgo de España en el desarrollo y
fabricación de semiconductores para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


Exposición de motivos


Los semiconductores se han convertido en uno de los objetos de deseo en todo el mundo a lo largo de la recuperación económica post-COVID-19. Este producto reúne dos condiciones para ser tan buscados: en primer lugar, son esenciales para el
desarrollo de cualquier tipo de producto tecnológico, y con la digitalización más y más bienes de consumo incluyen chips para funcionalidades tecnológicas; en segundo lugar, el mercado mundial de semiconductores sufre de una gran concentración en,
prácticamente, tres empresas situadas en Taiwán, la República de Corea y Estados Unidos, respectivamente.


Durante los meses más duros de la pandemia, cuando la mayor parte de la población mundial se encontraba confinada o con la movilidad muy limitada, las fábricas de todo el mundo se paralizaron. Mientras tanto, los consumidores recurrieron a
los pocos bienes que aún podían disfrutar en sus casas: los de carácter tecnológico. Por ejemplo, las ventas de ordenadores portátiles se dispararon un 50 % interanual. Esto hizo que los semiconductores que había en stock se utilizaran para
responder al crecimiento de la demanda de bienes tecnológicos. Con la reactivación económica, ligada además a una tendencia más acusada de digitalización, el mercado global de semiconductores no ha dado abasto para toda esa demanda.


En 2020 y 2021, la demanda de chips tanto para dispositivos como para centros de datos se disparó. A principios de 2021, la demanda de chips por parte de esos servicios de computación de centros de datos se había incrementado en un 30 %.
Las proyecciones apuntan a que, pese a aliviarse ligeramente, la demanda de semiconductores permanecerá más alta respecto a la tendencia de los últimos años a lo largo de todo 2022. La industria de la automoción, por ejemplo, utiliza cada vez más
estos chips, lo que provocó que fábricas que marcas como Stellantis, Opel, Seat, Ford, Renault o Volkswagen tienen en nuestro país tuvieran que cerrar por incapacidad de llevar a cabo la producción de sus automóviles. De acuerdo a varias
proyecciones, el valor de los microchips que incluye un vehículo casi se multiplicará por dos a lo largo de este año 2022 respecto al valor que tenían en 2010.


Además, la demanda de chips para aplicaciones de inteligencia artificial se prevé que crezca en torno a un 50 % con carácter anual en todas las categorías de programación, requiriendo además chips cada vez más refinados y de última
generación. En este contexto, los fabricantes están encontrando grandes dificultades para cumplir con la demanda global. En 2021, los tres grandes fabricantes mundiales invirtieron más de 60.000 millones de euros, en parte para ampliar las
capacidades de sus instalaciones. Además, la inversión en 'start-ups' de chips se habrá triplicado entre 2021 y 2022 respecto de la media de los últimos 15 años. Todo ello teniendo en cuenta que el 81 % de la producción mundial de microchips se
concentra en Taiwán y la República de Corea.


Como resultado, Estados Unidos, China y la Unión Europea han emprendido una carrera para desarrollar un sector de fabricación de chips propio, que permita a una de las tres grandes potencias liderar en la diversificación del sector. Estados
Unidos lleva la ventaja, puesto que cuenta con uno



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de los principales fabricantes a nivel mundial, Intel, y con un clúster importante como es Silicon Valley. Además, la Administración Biden ha puesto en marcha la ley CHIPS que incluye en torno a 52.000 millones de dólares en inversiones
para localización de instalaciones y fábricas del sector en territorio estadounidense.


Por su parte, China cuenta también con un importante activo en esta carrera, la tecnológica Huawei. Pese a que ha sufrido importantes reveses en el mundo occidental por los problemas de seguridad que presuntamente tienen sus instalaciones
de conexiones 5G y por sus conexiones directas con el gobierno chino, lo cierto es que esta empresa y sus filiales han comenzado a redoblar sus esfuerzos por impulsar el sector de desarrollo y fabricación de chips propios.


Finalmente, la Unión Europea es el actor más rezagado en esta carrera, al no contar con grandes fabricantes ni tampoco con grandes instalaciones o fábricas de chips. El pasado 8 de febrero de 2022, la Comisión Europea presentó su propuesta
de Ley Europea de Chips para poder plantar cara a Estados Unidos y China en esta voluntad de convertirse en el punto de referencia para el sector de los semiconductores. Esta ley es parte, además, de la tan sonada 'autonomía estratégica' que quiere
impulsar la Unión Europea y que tiene como objetivo diversificar cadenas de valor y reducir dependencias comerciales excesivas de determinados socios.


El objetivo de la Ley es incentivar la producción de chips y hacer que la Unión Europea suponga al menos el 20 % del valor del mercado global de semiconductores en 2030, lo que requeriría multiplicar por cuatro las capacidades europeas
actuales. Para ello, la Comisión Europea tiene previsto destinar en torno a 43.000 millones de euros, relajando las medidas de competencia para permitir una inyección de capital público en el desarrollo y potenciación de este sector. Esta
financiación se destinaría a I+D, a la atracción de capital y la financiación de nuevas fábricas, y también a políticas para prevenir y responder ante posibles crisis de suministro de semiconductores como la actual.


Parte del plan de la Comisión Europea, además, tiene que ver con una recomendación a los gobiernos nacionales de los 27 Estados miembros de la Unión para que pongan en marcha medidas que permitan asegurar suministros en caso de emergencia.
España cuenta ya con cuatro empresas que han mostrado su interés en desarrollar este sector en nuestro país, y han creado incluso la primera Asociación Industrial de Semiconductores de España. De hecho, la propia Ministra de Industria, Comercio y
Turismo ha admitido que el Gobierno tiene la ambición de poder contar con fábricas de semiconductores en nuestro país, pero aún no hay planes más allá de un objetivo secundario relacionado con el sector dentro del PERTE dedicado al vehículo
eléctrico.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aprobar, en los próximos seis meses, un Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) específico para el impulso al sector de los semiconductores en España, con el objetivo de situar a nuestro país a la
vanguardia de la Unión Europea en materia de desarrollo y fabricación de chips.


2. Establecer, de forma transparente y garantizando el principio de libre concurrencia competitiva, un Grupo de Expertos en materia de semiconductores formado por representantes de empresas y organizaciones empresariales españolas con
experiencia en el desarrollo y fabricación de chips, que ejercerá como interlocutor ante la Junta Europea de Semiconductores propuesta por la Comisión Europea.


3. Establecer un Plan Estratégico de Respuesta ante Crisis en materia de semiconductores, que incluya acciones para priorizar el desarrollo de chips para sectores esenciales y para establecer nuevos acuerdos internacionales de cooperación
con países que cuenten con una importante industria manufacturera de chips para diversificar cadenas de valor.


4. Impulsar en las instituciones de la Unión Europea la compra centralizada de semiconductores para sectores esenciales en situaciones de crisis de suministro de chips, en línea con la recomendación de la Comisión Europea del pasado 8 de
febrero de 2022.


5. Encomendar al ICEX España Exportación e Inversiones la realización de un seguimiento semestral de las cadenas de valor del sector de los semiconductores, así como de sus posibles riesgos para el



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suministro en nuestro país con el objetivo de anticipar y prevenir posibles crisis de escasez de chips que puedan afectar a la industria española.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2022.-María del Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


161/003674


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento automático de la condición de beneficiario del
Bono Social de electricidad, el Bono Social Térmico y el futuro abono social a los servicios de comunicaciones a los receptores del Ingreso Mínimo Vital, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.


Exposición de motivos


Durante el mes de enero, la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada y Cáritas hicieron público los resultados de un estudio que analizaba las consecuencias sociales de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 en España.
En las conclusiones del estudio se destacaba que un tercio de los hogares tienen a todos sus miembros en el paro, el aumento de la brecha de género, la reducción del gasto en tres de cada diez familias en alimentación, ropa y calzado y la brecha
digital como un nuevo factor de exclusión social.


Aunque la crisis económica y social provocada por la pandemia ha incrementado la desigualdad económica en nuestro país y el número de personas que se encuentran en situación de privación material severa, nuestro sistema impositivo y social
lleva décadas demostrando su ineficacia a la hora de reducir la pobreza. A esta situación se le suma la rapidez con la que se destruye empleo en nuestro país durante las etapas de recesión económica en comparación al tiempo que necesita nuestro
tejido productivo para volver a generar los puestos de trabajo previos al inicio de las crisis.


El Ingreso Mínimo Vital es en estos momentos uno de los instrumentos más importantes de los que disponen los poderes públicos para hacer frente a la pobreza que sufren miles de personas en España. Según los últimos datos de los que
disponemos, 800.000 personas se benefician en la actualidad de esta prestación dirigida a 'prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una
situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.'


Sin embargo, el Ingreso Mínimo Vital no se implementa de forma coordinada con otras políticas públicas destinadas a proteger a las personas y familias con menores recursos. El reconocimiento de la condición de beneficiario de Bono Social de
electricidad y el Bono Social Térmico, destinados a proteger a los consumidores domésticos vulnerables en el uso de energía eléctrica y para la energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria y la cocina, no se encuentra incluido entre los
derechos reconocidos a los receptores del Ingreso Mínimo Vital.


Esta situación supone una barrera para aquellas personas que aun encontrándose en situaciones de pobreza acreditada, necesitan realizar diferentes trámites para acceder a todas las ayudas puestas a su disposición por parte del Estado y las
Comunidades Autónomas


A las barreras burocráticas a las que deben enfrentarse estas personas, se le suma la brecha digital y la reducida capacidad de las Administraciones Públicas de hacer llegar toda la información relativa a ayudas y prestaciones sociales a
estos colectivos, lo que acaba limitando la eficacia de estas políticas públicas.



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Por todo lo anterior, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar los cambios legislativos y reglamentarios necesarios para facilitar el reconocimiento automático de la condición de beneficiario del Bono Social de electricidad, el Bono
Social Térmico y el futuro abono social a los servicios de comunicaciones a los receptores del Ingreso Mínimo Vital.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/003708


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para agilizar, la apertura y puesta en
funcionamiento del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia (CREDEI) 'Ciudad del Mayor' de León, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.


Exposición de motivos


En enero de 2018, el entonces Gobierno central notificó al Ayuntamiento de León que, el originario proyecto 'Ciudad del Mayor', variaba su finalidad para destinarlo a la atención especializada de personas mayores con trastorno del espectro
del autismo. Esta iniciativa implicaba la creación de 42 empleos directos para un proyecto que iba a convertirse en un Centro dinamizador del barrio en el que se ubicaría, centro por otro lado que sería pionero a nivel nacional y europeo.


Meses después, con el PSOE en el Gobierno de España cambia de nuevo el objeto del Centro, retomando el proyecto inicial, como Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia (CREDEI) 'Ciudad del Mayor'.


Según se indica en la página web del IMSERSO, 'el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia (CREDEI) del IMSERSO en León, se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de
conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de intervención en materia de atención sociocomunitaria y de apoyo a la familia y como centro de alta especialización, que presta atención integral y especializada a las necesidades básicas,
terapéuticas y sociales de la persona en situación de dependencia derivada de discapacidad intelectual promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada en su entorno habitual'.


Sin embargo, desde entonces, los leoneses siguen esperando su apertura, máxime cuando ya está nombrado su director desde hace más de dos años y doce trabajadores están contratados desde hace 18 meses.


El Centro sigue cerrado a cal y canto.


Lo que se ratificó tras solicitarse, de modo oficial, el poder visitar las instalaciones en el pasado mes de septiembre a lo que se nos respondió 'Agradecemos el interés mostrado por el CREDEI y damos traslado de su petición a los servicios
centrales para que, tras el trámite que proceda, resuelvan al respecto'.


Hasta el momento actual, no se ha facilitado la visita, el pasado mes de diciembre este Grupo Parlamentario planteó pregunta escrita al Ministerio competente sobre la tardanza en dar respuesta a esta legitima petición, sin que por el momento
se haya recibido contestación al respecto.


Durante los últimos más de dos años y medio, representantes y responsables del Gobierno central y del PSOE han asegurado que la 'Ciudad del Mayor' estaba abierta y cerrada, al mismo tiempo; que los 13 trabajadores contratados desde hace
meses están realizando sus funciones en las instalaciones de Moisés de León, en casa y en el CRE de Dependencia de San Andrés del Rabanedo; que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) iba a definir sus funciones a principios de 2021
(ya hemos



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cambiado de año) con los nuevos planes estratégicos del Ministerio; mientras tanto, se han gastado decenas de miles de euros de los contribuyentes durante 2020 y 2021, sin transparencia ni explicación coherente sobre este importante asunto.


La única realidad es que, hoy en día, la 'Ciudad del Mayor' ha supuesto un gasto cercano al millón de euros en sueldos para el director y los doce trabajadores de unas dependencias cerradas a los usuarios a lo que debe sumarse la inversión
en mantenimiento.


Todo ello después de que el portavoz de Unidas Podemos en León, Pablo Fernández, asegurase el pasado 13 de octubre que las instalaciones abrirían sus puertas antes de final de 2021.


Este Gobierno prometió en varias ocasiones que la 'Ciudad del Mayor' estaría en marcha en el año 2019, aunque en un principio sólo para Centro de día, y desde luego, en ningún caso cumple lo que en la propia web del IMSERSO se dice del
CREDEI.


Las dependencias del Polígono X están a la espera, como anunció el PSOE hace más de un año (diciembre de 2020), de un Plan estratégico del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que debería haber estado finalizado a principios del
pasado año y con la amenaza de que la 'Ciudad del Mayor' se convierta definitivamente en un centro de investigación sin usuarios.


La 'Ciudad del Mayor' ha generado, sin atender a usuarios, los siguientes gastos: 68.133,23 euros en 2019, 311.778,97 euros en 2020 y 314.584,98 euros en 2021 para abonar los salarios. Más de 700.000 euros en salarios para los trabajadores
de un Centro cerrado, más los gastos de mantenimiento que disparan el coste por encima del millón de euros.


Para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la 'Ciudad del Mayor' no existe, al menos desde febrero de 2020 (casi dos años). El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia León (CREDEI), es una
instalación que tiene trabajadores, pero no usuarios. Las personas más vulnerables de León no se no merece la falta de compromiso del Gobierno central, del PSOE y Unidas Podemos, las personas dependientes, con discapacidad, etc., necesitan su
apertura y puesta en funcionamiento a la mayor brevedad posible.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en funcionamiento, a la mayor brevedad posible, el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia (CREDEI) 'Ciudad del Mayor' de León en cumplimiento de
su compromiso adquirido con los leoneses, y con el fin de dar servicio a las personas mayores dependientes y personas más vulnerables.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2022.-Margarita Prohens Rigo, María del Carmen González Guinda y Alicia García Rodríguez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/003676


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, don Ricardo Chamorro Delmo, don Ángel López Maraver, doña Magdalena Nevado del Campo, don Rubén Darío Vega Arias, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la defensa y fomento
de la caza con galgo en España, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.



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Exposición de motivos


Primero. El galgo y su vinculación con el hombre.


El lebrel o galgo Canis lupus familiaris es una raza de perro que ha estado siempre estrechamente relacionada con el ser humano. Desde los sumerios y los egipcios, pasando por los griegos 59, los romanos 60 y los visigodos 61, hasta
nuestros días, los galgos nos han acompañado y han formado parte de nuestro legado histórico y cultural.


Aunque en la actualidad las denominaciones de lebrel y galgo se han unificado, no siempre ha sido así 62. Los vertragii, el nombre que los romanos le pusieron a este perro de la Galia, reciben su nombre actual precisamente por tener origen
en esta región ya que la palabra galgo es una abreviación de Canis gallicus ('perro de la Galia') por el gran desarrollo que alcanzó allí la cría de este perro para la caza durante el período romano 63, como da buena cuenta Flavio Arriano en su obra
Cinegético 64.


A su vez, esta larga vinculación entre galgos y hombres ha dado lugar al desarrollo de distintas variedades de galgos en diferentes partes del planeta cuya evolución se debe a su adaptación a distintos climas y terrenos y a la
especialización por el tipo de presa 65. En la actualidad la Federación Española de Galgos ('FEG') reconoce quince razas de perros galgos 66, aunque en nuestro caso debamos de resaltar el galgo español por ser el perro típico de la península
ibérica 67.


Segundo. Las características del galgo español.


Según la Federación Cinológica Internacional ('FCI') y la Real Sociedad Canina de España ('RSCE'), la denominación oficial de la raza es 'galgo español' y queda encuadrado dentro del Grupo 10; Lebreles, en su Sección 3; la referida
únicamente a los lebreles de pelo corto 68.


Las características físicas del galgo español son únicas 69 ya que ha evolucionado hasta convertirse en un animal único para las carreras y la caza: su estructura craneal, sus patas finas y largas, su enorme corazón y la potencia de bombeo
sanguíneo que tiene, su elevado nivel de sangre corporal y de glóbulos rojos, su tórax amplio con grandes pulmones, incluso sus orejas, dotan al perro de una excelente aerodinámica y atributos físicos que le permite alcanzar y mantener los 72 km/h
durante algunos minutos 70.


Es más, gracias a su habilidad para correr la propia palabra galgo está dotada del concepto de velocidad ya que de él deriva la galga, una técnica de defensa del siglo XIII que consistía en lanzar una piedra grande desde una cuesta y que se
denominaba de esta manera por la gran velocidad que adquiría 71.


Tercero. La caza de la liebre con galgos en España.


El galgo está asociado a la liebre. El propio nombre de este cánido hace referencia a su histórica presa ya que la palabra lebrel procede del francés lévrier 72 que, a su vez, procede de la palabra lièvre ('liebre') 73. El galgo es cazador
de liebres.


59 https://www.fedegalgos.com/federacion-espanola-galgos/historia/


60 https://cspaciodeindrianiblog2.blogspot.com/2Q18/08/el-galgo-en-la-roma-antigua.html


61 https://www.abc.es/xlsemanal/naturaleza/galgos-perro-caza-abandono-hogar-ninos.html


62 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) y la Real Sociedad Canina (RSC); España a través de sus razas caninas.


63 Diccionario Corominas [páginas 356 y 360]: https://desocuparlapieza.files.wordpress.com/2016/02/corominas-ioan-breve-diccionario-etimolc3b3gico-de-la-lengua-castellana.pdf


64 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) y la Real Sociedad Canina (RSC); España a través de sus razas caninas.


65 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) y la Real Sociedad Canina (RSC); España a través de sus razas caninas.


66 https://www.fedegalgos.com/el-mundo-del-galgo/las-razas-de-galgos-en-el-mundo/


67 https://www.fedegalgos.com/cl-mundo-del-galgo/las-razas-de-galgos-en-cl-mundo/


68 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) y la Real Sociedad Canina (RSC); España a través de sus razas caninas.


69 https:// www.abc.es/xlsemanal/naturaleza/galgos-perro-caza-abandono-hogar-ninos.html


70 https:// www.abc.es/xlsemanal/naturaleza/galgos-perro-caza-abandono-hogar-ninos.html


71 Diccionario Corominas [página 288]: https://desocuparlapieza.files.wordpress.com/2016/02/corominas- ioan-breve-diccionario-etimolc3b3gico-de-la-lengua-castellana.pdf


72 https://dle.rae.es/lebrel


73 Diccionario Coraminas [página 288]: https://desocuparlapieza.files.wordpress.com/2016/02/corominas- joan-breve-diccionario-etimolc3b3gico-de-la-lengua-castellana.pdf



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La caza de liebre con galgos es muy popular en España y tiene una larga tradición que se remonta al siglo XI, aunque se tiene constancia de su difusión también en períodos anteriores a la Edad Media. Así aparece recogido en los fueros de
Salamanca (1081), de Ledesma (1111) o de Alba de Torres (1140); incluso en el Libro de la ochava esfera del rey Alfonso X el Sabio 74.


La caza con galgos ha sido históricamente una actividad que gozaba de gran popularidad tanto entre la clase noble como en la gente del campo 75. Durante la posguerra española la posesión de galgos permitió a muchas familias de trabajadores
el consumo de carne gracias a la caza de liebres: 'En la época de la escasez de los años cincuenta y sesenta, los jornaleros no tenían dinero para comprar escopetas y cartuchos porque eran muy caros y con los galgos podían coger una liebre, quizá
la única carne que llegaba a las mesas de estos trabajadores'. 76


Además de su importancia histórica, la presencia de galgos en España está directamente relacionada con la conservación de las liebres hasta tal punto que si no existiera la liebre no existiría el galgo:


- En primer lugar, la estructura física de los galgos responde a la necesidad de adaptarse a las condiciones físicas de las liebres (su velocidad y agilidad), de ahí su evolución física y estado actual. Las singularidades de cada variedad
de liebre determinan las características de cada raza de galgo 77.


- En segundo lugar, la caza con galgos cumple una función de mejora de la especie ya que las liebres que consiguen zafarse de la persecución del perro son las de mayor calidad biológica y las más capacitadas, por tanto, para la reproducción;
lo que se traduce en un incremento de la población sana 78.


- Finalmente, esta modalidad de caza genera un control cinegético de las poblaciones actuales de liebres ya que el galgo sólo caza aquellos ejemplares que están menos sanos. Por ejemplo, según el trabajo de investigación de Vanesa Alzaga
(2010), aquellas liebres que son capturadas por galgos presentan unos niveles de parasitismo mayores a las capturadas mediante otros medios, por lo que sanean las poblaciones silvestres 79.


Cuarto. La mixomatoxis en liebres.


Desde hace unos años la situación descontrolada de mixomatosis está haciendo mella en las poblaciones de liebres de España, lo cual afecta directamente a los galgos por la estrecha vinculación existente entre ambos animales, ya que sin
liebres no habría galgos.


La mixomatosis es una enfermedad importante de los lagomorfos que es causada por el virus mixoma ('MYXV'), cuyo huésped originario (conejo americano, Sylvilagus brasiliensis 80) era oriundo de Sudamérica 81. Aunque desde hace más de treinta
años se tiene constancia de su presencia en nuestro país en conejos europeos (Oryctolagus cuniculus) 82 donde era considerada una enfermedad endémica 83, en los últimos años se ha convertido en un serio problema para la conservación de la liebre
ibérica (Lepus granatensis) ya que causa una grave enfermedad con alta mortalidad 84.


La mixomatosis rara vez se había descrito en liebres y sólo existía constancia de ella en la liebre europea Lepus europaeus detectada en Reino Unido en 2014. No obstante, a mediados de julio de 2018 fue detectada en liebres, dentro del
programa de vigilancia en fauna silvestre de la Junta de Andalucía, en distintos cotos de caza en la provincia de Córdoba 85. Unas semanas más tarde se notificaron los primeros casos en las provincias de Jaén y Cuenca, y meses después en
veinticinco provincias más, repartidas por toda la geografía nacional 86. Durante la temporada de 2019-2020 se confirmó la presencia de mixomatosis en liebres ibéricas en treinta y una provincias españolas; y durante la temporada 2020-2021 se
detectaron nuevos focos 87.


74 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) y la Real Sociedad Canina (RSC); España a través de sus razas caninas.


75 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) y la Real Sociedad Canina (RSC); España a través de sus razas caninas.


76 https://www.abc.es/xlsemanal/naturaleza/galgos-perro-caza-abandono-hogar-ninos.htmlc


77 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) y la Real Sociedad Canina (RSC); España a través de sus razas caninas.


78 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) y la Real Sociedad Canina (RSC); España a través de sus razas caninas.


79 https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=HGXArETBLiA%3D


80 https://www.mapa.gob.es/es/ganadería/temas/sanidad-animal-higiene- ganadera/mixolepus online tcm30-523001.pdf


81 https://www.mapa.gob.es/es/ganadería/temas/sanídad-animal-higiene-ganadera/sanidad- animal/ enfermedades/ mixomatosis/Mixomatosis.aspx


82 https://www.animalshealth.es/profesionales/30-anos-combatiendo-mixomatosis-enfermedad- hemorragica-conejo


83 https://www.mapa.gob.es/es/ganadería/temas/sanidad-animal-higiene- ganadera/ notamixomatosisll022021 tcm30-111787.pdf


84 https://www.mapa.gob.es/es/ganadería/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad- animal/ enfermedades/mixomatosis/Mixomatosis.aspx


85 https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-h igiene- ganadera/notamixomatosisl1022021 tcm30-111787.pdf


86 https://www.mapa.gob.es/es/ganadería/temas/sanidad-animal-higiene- ganadera/ notamixomatosisll022021 tcm30-111787.pdf


87 https://www.mapa.gob.es/es/ganadería/temas/sanidad-animal-higiene- ganadera/ notamixomatosisll022021 tcm30-111787.pdf



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[**********página con cuadro**********]


[MAPA, 2021 88]


Para hacer frente a esta enfermedad, en 2014 el entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente ('MAGRAMA') puso en marcha el Plan Nacional de Vigilancia de la mixomatosis y en 2018, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ('MAPA'), adoptó el proyecto MixoLepus de colaboración público-privada 89.


En el marco de este proyecto se realizó el 'Estudio epidemiológico de los brotes de mixomatosis en liebre ibérica Lepus granatensis en España 90', cuyos resultados mostraron una elevada letalidad de esta enfermedad en liebres con una
mortalidad estimada superior al 50 %, y en algunos casos al 70 %. Además, los cotos de Andalucía perdieron de media el 57 % de las liebres 91.


No obstante, estos mecanismos no están funcionando ya que, por un lado, los estudios sobre la vacunación en liebres no están dando resultados 92 y, por otro, la mixomatosis sigue extendiéndose por todo el territorio nacional, e incluso
aumentando su incidencia en algunas zonas 93. Asimismo, se viene alertando de la importante pérdida de ejemplares en numerosos cotos y de que aquellos que se localizan 'no corren casi y da la sensación de que pudieran estar enfermas' 94. De esta
forma, es necesario actualizar el Plan Nacional de Vigilancia de la mixomatosis para hacer frente a esta problemática.


88 https://www.mapa.gob.es/es/ganadería/temas/sanidad-animal-higiene- ganadera/ notamixomatosisll022021 tcm30-111787.pdf


89 Instituciones públicas: Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria y Centro de Investigación en Sanidad Animal de Cataluña (IRTA-CReSA), Universidades de Córdoba y Oviedo, Instituto Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF), el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, MAPA y CC.AA.; instituciones privadas: Fundación Artemisan y Laboratorios Labiana


90 https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/Estudio epidemiológico de los brotes de mixomatosis en liebre ibérica en España Ministerio de Agricultura Informe de resultados.pdf


91 https://www.mapa.gob.es/es/ganadería/temas/sanidad-animal-higiene- ganadera/mixolepus Online tcm30-523001.pdf


92 https://www.fedegalgos.com/ii-congreso-mixolepus-gestion-sanitaria-y-cinegetica-de-la-liebre


93 https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/incidencia-mixomatosis-leon-eleva-62- anos/202111090333282161832.htm


94 https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZCBD792D7-EA87-12AC-248412551DBD53EC/202112/La-temporada-de-caza-transcurre-con-ausencia-de-liebres



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Quinto. Los ataques al sector.


Por si no fuese poco los brotes de mixomatosis en liebres que afectan al sector del galgo en España, los galgueros también tienen que hacer frente a los ataques que reciben por determinados grupos ecologistas y animalistas 95.


Desde hace años los colectivos cinegéticos reciben acusaciones de maltrato con la publicación de estudios sin rigor con datos sesgados y falsos que sólo buscan atacar la actividad cinegética de nuestro país 96, por ejemplo, con la mezcla de
cifras sobre perros abandonados en general en comparación con la de galgos, con lo que crean confusión en los ciudadanos y se transmite una imagen irreal de la situación. 97


Ello hace necesario la puesta en marcha de campañas de concienciación de los ciudadanos que con información veraz pongan de manifiesto la importancia histórica, cultural y medioambiental que la caza con galgos tiene en España, así como
económica y de impulso de las zonas rurales.


Sexto. Conclusiones.


- El galgo español es un animal único en el mundo cuya evolución responde a la necesidad de adaptarse a las condiciones físicas de la caza de liebre.


- La caza de liebre con galgos es una actividad con larga tradición en España y son numerosas las referencias escritas que hay sobre ello.


- Esta actividad cinegética no solo es importante desde el punto de vista histórico y cultural, sino también medioambiental por la labor de mejora de la especie y de control poblacional sobre los ejemplares de liebres.


- La enfermedad vírica de la mixomatosis en liebres es un grave problema al que se tiene que hacer frente en España por cuanto que está diezmando las poblaciones de este animal y porque su desaparición afecta directamente a los galgos debido
a la estrecha relación de dependencia entre ambos.


- Los ataques al sector cinegético, en general, y al sector de caza con galgo, en particular, son continuos y se basan en datos erróneos y falsos, ya que esta modalidad de caza es una actividad legal y reglada que aporta un equilibrio
natural al medioambiente y tiene un alto valor socio cultural, de bienestar animal y de creación de riqueza en las zonas rurales.


- Finalmente, en los últimos años se ha constatado un uso medicinal de los galgos en pacientes, principalmente con enfermedades mentales, pero también con enfermos de cáncer o leucemia, personas autistas, mayores y niños con problemas de
aprendizaje 98. Basándose en las terapias con animales la galgotempia se ha convertido en una técnica médica que es posible gracias al comportamiento dócil y carácter tranquilo 99 de estos canes.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Promover la defensa y conservación de la caza con galgo en España mediante la puesta en marcha de campañas de promoción que fomenten la importancia de esta ancestral modalidad cinegética.


2. Promover, en coordinación con las distintas administraciones afectadas, un Plan Nacional de Vigilancia de la mixomatosis en liebres para la implementación de medidas eficaces contra esta enfermedad, impulsando la investigación científica
para lograr mecanismos de inmunización de las poblaciones actuales de liebres'.


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Rubén Darío Vega Arias, Luis Gestoso de Miguel, Manuel Mariscal Zabala y Ángel López Maraver, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


95 https://fedecazacvl.es/1os-anticaza-animalistas-manipulan-envenenamiento-tres-ga1gos-atacar-los-cazadores/


96 https://revistaiaraysedal.es/febrero-mes-galgos-animalistas-galgos/


97 https://www.fecaza.com/la-rfec-traslada-su-mdignadon-ai-presidente-del-parlamento-europeo-por-el-?ataque-directo-de-un-intergrupo-a-los-cazadores/


98 https://misanimales.com/la-galgoterapia-exito-rotundo-espan/


99 https://www.abc.es/xlsemanal/naturaleza/galgos-perro-caza-abandono-hogar-ninos.html



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a solicitar a
la Unión Europea la prórroga de la cláusula de salvaguarda para las importaciones de arroz procedentes de Camboya y Myanmar, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


En España existen un total de 5.475 explotaciones agrícolas de arroz. El mayor número de explotaciones se encuentra en la Comunitat Valenciana, con 1.955 explotaciones, el 35,7 % del total, seguido de Cataluña con el 29 %, Andalucía con el
16,2 % y Extremadura con el 15,1 %.


El sector del arroz, con un valor de producción estimado para 2015 (últimos datos disponibles) de 252,83 millones de euros, representa el 0,58 % de la PRA (Producción de la Rama Agraria) y el 0,97 % de la PRV (Producción de la Rama Vegetal).


España es exportadora neta de arroz, con unas exportaciones medias en las últimas campañas de 240.077 toneladas frente a unas importaciones de 79.449 toneladas. Sin embargo, el saldo comercial ha disminuido en las últimas tres campañas,
dado que han crecido las importaciones y se han reducido las exportaciones.


Las importaciones proceden en un 71 % de terceros países, destacando Myanmar, Paquistán, Tailandia, Guyana y Camboya. El 47 % de las importaciones son de arroz elaborado, con una tendencia creciente en los últimos años.


Respecto al mercado exterior, la Unión Europea impulsó la iniciativa conocida como 'Todo Menos Armas' (EBA, en sus siglas en inglés), que se incluye dentro del Sistema de Preferencias Arancelarias (SPG) adoptada en 2001 y que estableció un
período transitorio para las importaciones de arroz, al considerarse éste un producto sensible. Dicho período transitorio finalizó el 1 de septiembre de 2009. Desde entonces, ha habido un crecimiento importante de las importaciones de arroz
procedentes sobre todo de Camboya y Myanmar hacia la UE, al haberse incrementado en ésta el consumo de arroz en estos años, lo que está afectando al sector productor e industrial español.


Una señal de esta sensibilidad es la aprobación de la cláusula de salvaguarda para las importaciones de arroz índica procedentes de Camboya y Myanmar, una cláusula que expiraba el pasado 18 de enero de 2022.El acuerdo comercial EBA (Todo
menos armas') que mantiene la Unión Europea con Myanmar y Camboya, concede ventajas a sus importaciones de arroz, por lo que resultaría necesario extender la cláusula de salvaguarda también al arroz japónica o redondo, debido a las graves
consecuencias que siguen amenazando con acarrear las importaciones asiáticas sobre el sector arrocero europeo.


Según el 'Estudio de apoyo a una evaluación de impacto para prepararla revisión del Reglamento SPG n° 978/2012' elaborado por BKP Economic Advisors, como consultor de la Comisión, el indicador del Estado de Derecho en Myanmar es de 1,5 sobre
10; aproximadamente 1,13 millones de niños trabajan; hay grandes desigualdades entre las zonas urbanas y rurales; la adquisición de tierras mediante desalojos forzosos continúa; la educación no es gratuita y restringe el acceso a los grupos
vulnerables y a las minorías étnicas; los musulmanes 'rohingya', una minoría, se enfrentan a actos violentos y a una discriminación institucional que les empuja a seguir emigrando. Asimismo, en materia medioambiental, Myanmar tiene una de las
tasas de deforestación más altas del mundo debido a la tala ilegal. Todo esto hace que el comercio de arroz de importación de ambos países esté envuelto en un mercado éticamente reprobable.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Solicitar a la Unión Europea la prórroga de la cláusula de salvaguarda para las importaciones de arroz procedentes de Camboya y Myanmar.



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2. Apoyar las reivindicaciones de los agricultores en defensa del cultivo del arroz en España, especialmente en lo que se refiere a la importación de este producto desde Myanmar y Camboya, la reciprocidad de los tratados, la limitación de
las importaciones y la consideración del arroz como producto sensible.


3. Confirmar la procedencia del arroz exportado por los países beneficiarios del Tratado EBA, para evitar que proceda en parte de otros países cercanos a estos, que introducen su arroz sin arancel en la UE a través de los países
beneficiarios del citado Tratado.


4. Impulsar las medidas necesarias para que el arroz en nuestro país sea un sector competitivo e innovador en el contexto global.'


Palacio del Congreso del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.-Belén Hoyo Juliá, Milagros Marcos Ortega, Macarena Montesinos de Miguel, Vicente Betoret Coll, Luis Santamaría Ruiz, Óscar Gamazo Micó, Óscar Clavell López, César
Sánchez Pérez y Agustín Almodóbar Barceló, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003687


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley Proposición
para la creación de nuevos eco-esquemas en el marco de la nueva PAC, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


Teniendo en cuenta los fondos europeos, la Comunidad Valenciana recibe una media de más de 200 millones de euros anuales, en su mayoría FEAGA, y alrededor de 30 de desarrollo rural DEADER que se confianzan con las aportaciones estatales
autonómicas (AGE-GV).


Debe añadirse que la rentabilidad de buena parte de las exportaciones agrarias en el área mediterránea está gravemente afectada por efectos del cambio climático, pero también por otras sobradamente conocidos como la fuerte competencia de
otros sectores que ejercen una acción feroz contra la continuidad de la actividad agraria (construcción, turismo, comercio internacional, etc.).


Es por esto por lo que, de cara a la nueva PAC, y teniendo en cuenta el documento de la conferencia sectorial del MAPA del 14 de julio, se identifican una serie de debilidades que podemos resumir en:


- Presupuesto suficiente.


- Mercado de los derechos y la reserva nacional: garantizar condiciones que permitan acceder a los derechos de la reserva nacional y, por tanto, a ser beneficiarios de la PAC, a los y las trabajadoras de la ganadería y la agricultura, e
incluir a aquellas personas que necesitan ampliar su superficie de derechos. Es fundamental conseguir oportunidades para equilibrar la superficie media con derechos de pago respecto a otros territorios. Queremos y necesitamos agricultura en
nuestro territorio, y las referencias históricas de la PAC nos están perjudicando muy negativamente.


- Pago redistributivo: necesitamos que se aplique tal como fue concebido por la Comisión Europea 'es un pago para las explotaciones de menos de 28 ha, y a causa de sus pequeñas dimensiones, no pueden aprovechar economías de escala'.


- Ayudas asociadas: reconsiderar los datos pluviométricos de la propuesta para ayudar a los frutos secos, teniendo en cuenta la irregularidad manifiesta y episodios de DANA que afectan hay en día.


Asimismo, la nueva PAC premiará a aquellas prácticas agrícolas y ganaderas que proporcionan beneficios medioambientales y climáticos, por eso aparecen los eco-esquemas que servirán para valorar algunas prácticas agrícolas y ganaderas que
avanzan en los objetivos del Pacto Verde Europeo, estrategias como 'de la Granja a la Mesa' y 'Biodiversidad', pagando una compensación a aquellas personas que emplean estas técnicas. Estas prácticas serán voluntarias y recibirán un mínimo del 25 %
de los pagos directos.


Para la delimitación de estos eco-esquemas son los diferentes estados miembros los encargados de enmarcarlos dentro de sus respectivos Planes Estratégicos Nacionales de la futura PAC.



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Así y todo, el Ministerio ha definido solo siete eco-esquemas que detallamos a continuación:


1. Mejora de la sostenibilidad de las posturas, argumentos de la capacidad de sumideros de carbono y prevención de incendios mediante el impulso del pastoreo extensivo.


2. Manejo apropiado de los pastos para argumentar la biodiversidad: siega de terrenos y márgenes sin segar.


3. Prácticas para la mejora del carbono orgánico, la calidad y la fertilidad del suelo en la tierra cultivable: fomento de la rotación de cultivos con especies mejorantes y la gestión sostenible de los inputs en regadío.


4. Prácticas para mejorar el contenido en carbono y materia orgánica del suelo: agricultura de conservación-siembra directa y la gestión sostenible de los inputs en regadío.


5. Espacio de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes con gestión sostenible de los inputs en regadío.


6. Prácticas para la mejora de la conservación del suelo y el aumento de la capacidad de sumideros de carbono mediante cubiertas vegetales vivas en cultivos leñosos.


7. Prácticas de cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos como alternativas la quema al aire libre de restos de cosecha y poda.


Aún así, esta definición de los eco-esquemas y la modalidad de su pago, que será un pago unitario por hectárea, restará posibilidades a nuestra agricultura con estructuras de pequeña dimensión, y también a la ganadería extensiva. Más
negativo si cabe, será el efecto que provocará en las comarcas de interior, los eco-esquemas de cubiertas para cultivos leñosos. La extrema aridez que caracteriza estas zonas hará difícil mantener las cubiertas vegetales que se pretende, pudiendo
incluso contribuir negativamente a la prevención de incendios.


El agrosistema valenciano de interior se basa en cultivos de baja densidad, con producciones como los aceituneros o almendros, algunas con características que las hacen muy reseñables como la cantidad de aceituneros milenarios que tenemos en
el territorio valenciano y que deben de quedar reflectados en alguna de las definiciones de los eco-esquemas, y que, además, configuran un ecosistema por ellos mismos, muchas veces situadas en zonas de mucha pendiente que se salvan con el
abancalamiento de piedra seca, una infraestructura clave en nuestro patrimonio cultural y agrícola pero también por lo que respecta a la lucha contra la desertificación, y la retención del agua de lluvia, y que viene recogido en uno de los
eco-esquemas propuestos por la Comisión Europea.


Es necesario que los eco-esquemas sean más abiertos y flexibles y que recojan los diferentes tipos de manejo del territorio valenciano y, en general, de la agricultura mediterránea, rica en patrimonio vinculado a esta y que marca en gran
medida la forma de ser de los valencianos y valencianas, desde platos de cocina hasta fiestas.


Es por esto por lo que, atendiendo a las especificidades del sector valenciano, de la estructura actual de la tierra al País Valenciano y de las necesidades de la agricultura mediterránea y todos los servicios derivados que presta,
presentamos la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no limitar los eco-esquemas en el marco de la nueva PAC a un total de siete, e incorpore nuevos como es el caso de:


- Cultivos de secano en zonas de extrema aridez (condiciones edafoclimáticas mediterráneas).


- Gestión sostenible de insumos de toda clase de cultivos.


Y que incorpore condiciones que garanticen:


- Facilitar y flexibilizar el acceso a los derechos de la estructura productiva mediterránea que permita aumentar la media de superficie cubierta por derechos de pago respecto a otros territorios del Estado.


- Un pago redistributivo para las primeras hectáreas reales, que componen las pequeñas dimensiones y economías de escala.


- Descontar los episodios de lluvia torrencial en la configuración de zonas con riesgo de desertificación, especialmente en lo que afecta a la ayuda asociada a frutos secos.


- Incorporar ayudas a los cultivos en pendientes abancaladas.'


Palacio del Congreso del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2022.-Joan Baldoví Roda, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.



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161/003704


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a las conducciones de la
presa de Rules, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La presa de Rules se halla en la provincia de Granada, a las puertas de la bajada hacia la Costa Tropical granadina, uno de los enclaves más significativos de la provincia, donde emerge una potente agricultura que representa un auténtico
motor de empleo y que tiene muchas perspectivas de crecimiento.


Esta presa está situada en el cauce del Río Guadalfeo y recoge las aguas de parte de Sierra Nevada, de la Sierra de Lújar y de la Sierra de la Contraviesa. La presa es de 'arco de gravedad' y dispone de una altura sobre cauce de 94 m y una
altura sobre cimientos de 132 m. El embalse tiene una superficie de 345 ha y una capacidad de 114 hm3.


Su construcción necesitó una gran inversión pública, incluido un modificado de la obra que elevó su presupuesto inicial. Se finalizó en el año 2003, pero desde entonces la presa no ha tenido prácticamente utilidad al no contar con
conducciones, convirtiéndose así en lo que ha sido calificado como 'la mayor piscina de Europa', lo cual constituye un gran fracaso de la Administración Pública; se hace urgente y necesario corregir esta trayectoria de la Administración, con un
gran impulso a la construcción de las canalizaciones de la presa. De este modo, el gasto público que se ha realizado años atrás, y el que se vaya a realizar con la construcción de las canalizaciones, será revertido a los ciudadanos en forma de
creación de empleo y riqueza para la zona y miles de familias.


La puesta en marcha de las conducciones de la presa de Rules es, con claridad, uno de los proyectos públicos más generadores de empleo que se puedan invocar; tanto es así, que los beneficios socioeconómicos y medioambientales derivados de
las canalizaciones de la presa de Rules se pueden resumir en:


- Creación de más de 8.000 puestos de trabajo.


- Ahorro energético de más de 4 millones de euros anuales y por consiguiente, menor coste del agua y mayor rendimiento económico de las explotaciones regadas.


- Reducción de emisiones de CO2, estimadas en 13.873.874 kg de CO2 al año, derivado del ahorro energético al reducir los consumos eléctricos u otros combustibles empleados en bombeos de agua.


En la actualidad el proyecto básico de la obra de las conducciones está finalizado, y ahora están en marcha los trámites de información pública y tramitación ambiental. Sin embargo, estando previsto que estos se fraccionen en 11 proyectos
que corresponden a otras tantas fases, sólo existe constancia de la formalización del contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto del desglosado N.°9.


Por lo expuesto, consideramos que es necesario que se agilice de manera urgente y prioritaria esta importante obra de las conducciones de la Presa de Rules.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los diputados insta al Gobierno a apoyar e impulsar de manera urgente y prioritaria el inicio de las obras de las canalizaciones del sistema Béznar-Rules.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Carlos Rojas García y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/003705


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa y protección del
sector citrícola valenciano, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


España es el primer productor de cítricos de la Unión Europea (60 %) y sexto del mundo (5 %), así como el principal exportador a nivel mundial de cítricos en fresco, con una media por campaña próxima a los 4 millones, lo que supone el 30 %
de las exportaciones mundiales.


La Comunitat Valenciana se erige como la primera región productora y comercializadora de cítricos de nuestro país, representando el 52 % de la producción nacional, siendo el primer productor, en términos medios, de pequeños cítricos (78 %
del total nacional) y naranja (48 % del total). La Comunitat Valenciana es la región citrícola con mayor peso en los 10,5 millones de toneladas que se producen en Europa.


Sin embargo, el campo valenciano se encuentra en estado de coma, en muchas ocasiones, inducido por la falta de medidas de apoyo por parte de los gobiernos de la Generalitat Valenciana y del Gobierno de España. Y así lo certifican algunos
datos que muestran la preocupante situación del sector citrícola valenciano y de la agricultura española en general.


La Comunitat Valenciana es lideren superficie agraria abandonada -más de 161.000 hectáreas dejadas de cultivar-. Durante 2019, más de 2.225 hectáreas de terreno agrícola fueron abandonadas en la Comunitat Valenciana. Los datos de 2021 van
en la misma línea y muestran cómo, en un año, se dejaron de cultivar 2.056 hectáreas solo de mandarina.


La situación económica también se refleja en la disminución de la superficie agrícola de regadío en la región y, a su vez, en la reducción, por parte de los agricultores, de las inversiones para lograr un uso más racional del agua, al no
existir una compensación económica o una reducción de costes que las justifique ni un apoyo institucional que las avale.


Por otra parte, se ha producido un déficit de balance continuado entre primas e indemnizaciones de los seguros agrarios. Una situación, la de los seguros agrarios, que se ha agravado en las últimas fechas con las decisiones impulsadas por
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Durante los 43 años de implantación del Seguro Agrario Español, tanto la Administración Central como las Autonómicas, el pool asegurador, las Organizaciones Agrarias y Cooperativas
Agroalimentarias, han trabajado, codo con codo, para implementar mejoras que han permitido dar respuesta aseguradora a las necesidades reales del campo y a la Administración minimizar las ayudas extraordinarias tras un gran siniestro. Un proceso de
negociaciones que no se ha dado, ya que Agroseguro ha impuesto su criterio de forma unilateral, eliminando la extensión de garantías para el riesgo pedrisco y suprimiendo la cobertura de daños de calidad por viento, algo ante lo que ni ENESA ni el
Ministerio de Agricultura se han opuesto. Ni siquiera se han estudiado otras alternativas, a pesar del rechazo unánime del sector productor y de las Comunidades Autónomas.


Por otra parte, la competencia desleal proveniente de terceros países está agravando, si cabe, la crisis del sector citrícola. Sudáfrica es el mayor exportador de cítricos a la Unión Europea (34 % de las importaciones de la Unión Europea),
seguida de los exportadores del Mediterráneo meridional (alrededor del 37,5 % del total de las importaciones). A este dato hay que añadir que los cítricos procedentes de países como Sudáfrica no comparten ni unas condiciones de producción
similares, ni se someten a mayores controles fitosanitarios, por lo que el principal perjudicado es el mercado español y, en concreto, el sector citrícola valenciano.


Un ejemplo de los efectos de la aparición de la competencia desleal son los daños que está ocasionando el Cotonet de Sudáfrica -las organizaciones agrarias calculan alrededor de 200 millones de pérdidas en la presente campaña citrícola- en
las clementinas, principalmente en el sur de Castellón y norte de Valencia.


Además de ello, las entidades representativas del campo valenciano alertan de una subida sin precedentes de los costes de producción en la agricultura. La energía eléctrica -necesaria fundamentalmente para extraer el agua de riego- se ha
encarecido un 270 % y muchas entidades de



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riego se ven abocadas a renovar sus contratos con las comercializadoras mediante incrementos inasumibles. El gasóleo que usan los tractores y otras máquinas agrarias ha subido un 73 %, así como los abonos (+48 %), el agua (+33 %), los
plásticos de invernadero (+46 %) o las semillas (+20 %).


Finalmente, en la agricultura española existe una falta de relevo generacional y un envejecimiento progresivo de la población agraria -ya casi cerca de los 62 años de media- que se refleja también en el sector citrícola valenciano.


No podemos dejar caer a un sector que se encuentra ante una crisis de rentabilidad en la mayoría de las producciones agropecuarias; ante un incesante aumento de los costes de producción; ante la utilización de la agricultura y la ganadería
valenciana como moneda de cambio en los acuerdos de la Unión Europea con países terceros; ante la discriminación perpetua de la Política Agrícola Común (PAC) hacia los cultivos mediterráneos o ante la injusta criminalización que recibe la
agricultura y la ganadería como sector contaminante, pese a su esencial contribución medioambiental, su papel en la mitigación del cambio climático y el cumplimiento de la legislación más rigurosa del planeta en materia fitosanitaria, ambiental y de
bienestar animal.


Ante la necesidad de cambiar esta tendencia, es necesario estar al lado de los agricultores apoyando sus reivindicaciones.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Implementar medidas de apoyo, a través de ayudas directas que compensen, entre otros conceptos, las pérdidas que ha sufrido el campo valenciano debido al Cotonet de Sudáfrica -200 millones de pérdidas solo en la presente campaña
citrícola-, la subida de costes de producción, la caída de exportaciones a Reino Unido y otros países europeos y las consecuencias que va a tener la ley de la cadena alimentaria en este sector.


2. Trasladar a la Unión Europea la necesidad de poner en marcha los mecanismos para activar la cláusula de salvaguarda prevista en el Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur.


3. Impulsar la revisión de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con países terceros, empezando por la actual revisión del tratado con Sudáfrica, a fin de establecer reciprocidad en las condiciones de producción, mayores controles
fitosanitarios y la declaración de 'producto sensible' a aquellos cultivos cuya rentabilidad se vea perjudicada.


4. Iniciar una ofensiva de supervisión para la correcta aplicación del tratamiento en frío a las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica con destino a la Unión Europea, a fin de exigir reciprocidad y un trato justo para los
cítricos valencianos.


5. Implantar inspecciones en origen para todos los países terceros exportadores de cítricos y exigir la trazabilidad de los productos importados, incrementando la coordinación entre los Estados miembros de la Unión Europea para el control
de las importaciones, así como el flujo de información.


6. Realizar los ajustes técnicos y legales necesarios en el sistema de control de importaciones vegetales, para permitir una correcta aplicación del nuevo régimen europeo de control fitosanitario.


7. Ejecutar las ayudas e inversiones que aún quedan pendientes con el objetivo de otorgar seguridad al sector; compensar la labor que desarrolla para frenar el cambio climático y prorrogar las líneas de ayuda que benefician a la
agricultura ecológica.


8. Garantizar las inversiones en regadíos necesarias para el abastecimiento de agua en la Comunitat Valenciana, previo análisis realista de los recursos hídricos disponibles y el mantenimiento de los recursos externos necesarios, incluirlas
en los Planes hidrológicos de cuenca de tercer ciclo correspondientes e iniciar las actuaciones con carácter urgente.


9. Revisar los seguros de cítricos del sistema nacional para asegurar la renta agraria, sin reducir garantías y coberturas en las pólizas de cítricos del año próximo, incrementando presupuesto para evitar detraer fondos del resto de
sectores productivos, así como evitar imposiciones y alcanzar acuerdos entre las partes para preservar el modelo de seguro y la estabilidad de las rentas de las agrarias de las explotaciones.


10. Poner en marcha un plan de reconversión y reestructuración para los sectores agrarios en crisis, que los haga más competitivos e innovadores, impulsando un plan de Choque para reducirlos costes de



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producción, especialmente la reducción de los costes energéticos para regadío mediante la aplicación de la doble potencia anual o las reducciones fiscales de las facturas de energía a las entidades de riego.


11. Apostar por una Política Agrícola Común (PAC) más mediterránea y activar medidas de gestión de crisis, cuando la situación lo requiera, caso del Fondo de Crisis previsto por la PAC y/o fondos nacionales.


12. Fomentar el relevo generacional en el sector agrícola a través de planes de empleo, modernización y competitividad de la agricultura española, así como la agrupación cooperativista en el sector citrícola.


13. Impulsar una rebaja significativa del módulo del IRPF agrario para este ejercicio, la revisión del Código Penal para mejorar la lucha contra los robos en el sector agrario y el impulso de actuaciones para paliar los daños producidos por
la fauna salvaje.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Belén Hoyo Juliá, Macarena Montesinos de Miguel, Vicente Betoret Coll, Luis Santamaría Ruiz, Óscar Gamazo Micó, Óscar Clavell López, César Sánchez Pérez, Agustín Almodóbar Barceló
y Milagros Marcos Ortega, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/003706


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Estrategia Nacional frente al
Reto Demográfico, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


La Comisión Europea ha publicado recientemente una Comunicación titulada, 'Visión a largo plazo para las zonas rurales: por unas zonas rurales de la UE más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas', en cumplimiento de una de las líneas
programáticas anunciadas por la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para el periodo 2019-2024, pero con un horizonte temporal a 2040.


En las zonas rurales de toda la UE, la población es, por término medio, de mayor edad que en las zonas urbanas, y empezará lentamente a disminuir en la próxima década. Esto, sumado a la falta de conectividad, escasez de infraestructuras, la
falta de oportunidades de empleo y el acceso limitado a los servicios, hace que las zonas rurales resulten menos atractivas para vivir y trabajar. Al mismo tiempo, estas zonas desempeñan también un papel activo en las transiciones ecológica y
digital de la UE, papel no suficientemente reconocido ni valorado desde el punto de vista económico, social y ambiental.


Alcanzar los ambiciosos objetivos de la UE para 2030 puede brindar más oportunidades para el desarrollo sostenible de las zonas rurales, con un foco especial en la agricultura, la ganadería y la silvicultura, pero orientado también a crear
nuevas perspectivas para el crecimiento de la industria manufacturera y, especialmente, de los servicios, al contribuir a un mejor reparto geográfico de los servicios y las industrias.


Esta visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE tiene por objeto abordar esos retos y problemas, basándose en las nuevas oportunidades que pueden ofrecer las transiciones ecológica y digital de la UE y en las enseñanzas extraídas
de la pandemia de COVID-19, y determinando los medios para mejorar la calidad de vida rural, alcanzar un desarrollo territorial equilibrado y estimular el crecimiento económico.


Todo ello en cumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, (TFUE) cuyo artículo 174, dispone que, con el fin de reforzar su cohesión económica, social y territorial, la Unión se propondrá reducir las diferencias entre los
niveles de desarrollo de las diferentes regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas.



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En el contexto de esta nueva visión a largo plazo de la política rural, la Comisión se propone trabajar en un Pacto Rural, fomentando la cohesión económica, social y territorial, contando con la participación de las comunidades rurales y
fomentando el intercambio de ideas y mejores prácticas a todos los niveles.


Por último, el programa de trabajo se completa con un Plan de Acción Rural de la UE, para impulsar un desarrollo rural sostenible e integrado, contando con políticas fundamentales para ello, como son la política agrícola común (PAC) y la
política de cohesión. Como es sabido, el 33 % del presupuesto de la UE se destina a políticas de cohesión económica, social, y territorial, con el objetivo de catalizar la convergencia de las regiones más desfavorecidas, que son básicamente
rurales.


Con carácter general, las regiones rurales tienen más dificultades que las urbanas para acceder a la provisión de servicios, tanto locales como regionales. En el caso de España, como pone de manifiesto el estudio citado arriba, las
provincias rurales españolas presentan una accesibilidad a servicios locales peor que las correspondientes a las regiones rurales de otros países europeos.


Las dificultades de las zonas rurales en España, la brecha en el acceso a los servicios, singularmente digitales, la infrafinanciación de los territorios más afectados por el reto demográfico, y en definitiva, la cohesión social y
territorial de nuestro país son cuestiones que requieren de un tratamiento de política de Estado, tal y como planteó el gobierno del PP en la Cumbre de Presidentes de enero de 2017.


La llegada al gobierno del PSOE supuso un frenazo en las políticas públicas orientadas a luchar contra el reto demográfico, como demuestra el hecho de que tres años más tarde, el gobierno no ha sido capaz de aprobar una Estrategia Nacional,
en colaboración con las Comunidades Autónomas. Las políticas que lleva a cabo la Vicepresidencia Tercera, responsable del reto demográfico, son en muchos casos, además, contrarias a los intereses del medio rural, tanto en política energética como
en política de preservación de las especies protegidas (el lobo, la tórtola), o en política de lucha contra el cambio climático, y en cualquier caso, carecen de impacto sobre el reto demográfico, como hemos venido denunciando sistemáticamente desde
el Grupo Popular.


El Plan de Medidas frente al Reto Demográfico presentado por el gobierno en marzo de este año, que agrupa las diferentes actuaciones y líneas de trabajo que desarrollan los distintos Departamentos de la Administración, y que se inscribe
entre los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, carece de indicadores de evaluación y seguimiento, por lo que es prácticamente imposible conocer si las actuaciones y convocatorias que está llevando a cabo el gobierno, con
cargo a los fondos europeos, responden a las dificultades reales del mundo rural. Son, en cualquier caso, propias de la agenda de gobierno, y no de una agenda pactada con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en el marco de una
Estrategia Nacional, o de la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aprobar en la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico, una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, contando con la participación previa de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y agentes económicos y sociales, y
alineada con la política de la Comisión Europea en esta materia.


2. Presentar al Congreso de los Diputados un informe de seguimiento del Plan de Medidas, elaborado por el Gobierno con indicadores por objetivos y grado de cumplimiento.


3. Presentar un Plan de Mejora de Acceso a los Servicios locales y regionales, para el medio rural, con el objetivo de avanzar en la convergencia con el resto de países de la UE, con participación de la iniciativa privada, y dotado
presupuestariamente con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Carmen Navarro Lacoba, Marta González Vázquez, Guillermo Mariscal Anaya, César Sánchez Pérez, Diego Gago Bugarín, Juan Diego Requena Ruiz, José Ángel Alonso Pérez, Tomás Cabezón
Casas, Paloma Gázquez Collado y José Alberto Herrero Bono, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, sobre el etiquetado de los productos alimentarios de origen animal.


Exposición de motivos


El sector de la ganadería es responsable del 9,1 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Alimentación y Agricultura (FAO), suponen un 15 % de las emisiones de
estos gases. Además, la producción de proteínas animales requiere diez veces más hectáreas de cultivo que las proteínas vegetales, lo que provoca problemas graves de deforestación en terceros países. Es decir: si los cultivos comestibles
empleados para alimentar a los animales se destinaran al consumo humano, se podría alimentar a 4.000 millones de personas más en todo el mundo.


Dentro de la ganadería, el principal problema se encuentra en las instalaciones industriales de productos ganaderos, más conocidas como macrogranjas. Estas instalaciones generan un gran impacto ambiental y social en los lugares en los que
se emplazan.


Además de la emisión de gases de efecto invernadero, como el metano, el tratamiento de los purines acidifica los suelos, genera malos olores y contamina los acuíferos con nitratos, generando serios problemas de salud pública. En Cataluña,
la Comunidad Autónoma con más macrogranjas, los criterios europeos califican como contaminados 7 de cada 10 acuíferos, llegando incluso a comprometer el consumo de agua potable en los municipios afectados.


En España existen, según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, 3.200 grandes granjas de cerdos, aquellas cuentan más de 2.000 cerdos de cebo o 750 cerdas reproductoras; y unas 550 de aves, aquellas con más de 40.000
plazas para gallinas ponedoras. El tamaño de estas instalaciones implica que los animales que allí son criados no cuentan con el espacio suficiente para moverse, viven hacinados y son criados con la máxima del engorde más rápido posible para
producir a bajo precio una gran cantidad de productos ganaderos. Estos animales no se alimentan de pastos, sino de pienso que en muchas ocasiones se importa de países donde los costes de producción son más baratos.


Por otra parte, recientes estudios han demostrado que la instalación de macrogranjas no supone una ayuda para frenar la despoblación de la España Vaciada, más bien al contrario. Según recientes informes, tres de cada cuatro municipios con
ganadería industrial y de menos de 5.000 habitantes pierden más población que los que no tienen estas instalaciones. Esto se debe a que, frente a un modelo de ganadería extensiva centrada en los negocios familiares, con buenas condiciones laborales
y asentados en el territorio, la producción ganadera se concentra en pocas instalaciones de muchas cabezas de ganado, rebajando además los costes de su producción gracias a la reducción del coste laboral.


A todo esto, hay que sumar la falta de información accesible para el consumidor a la hora de elegir qué productos cárnicos comprar. A diferencia de lo que sucede con la producción de huevos, no es obligatorio que la carne incluya en la
etiqueta información sobre la forma de cría del animal, por lo que resulta difícil saber si los productos que estamos consumiendo provienen de instalaciones de ganadería intensiva o extensiva. La identificación mediante un correcto etiquetado que
identifique la carne es esencial para que los y las consumidoras conozcan su origen y puedan elegir lo más saludable.


Por todo ello, Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Implantar un etiquetado claro y homogéneo que permita a quienes consumen identificar la procedencia y modelo de ganadería de todos los productos alimentarios de origen animal que consumen, como ya ocurre con los huevos.



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- Establecer una moratoria para las macrogranjas industriales, que no permita ni explotaciones nuevas ni ampliaciones de las existentes, hasta que exista una normativa clara que evite los graves impactos ambientales y sociales de estas
instalaciones.


- Realizar una evaluación estratégica del sector ganadero teniendo en cuenta el impacto acumulado de los diferentes modelos productivos, que permita realizar una diferenciación a nivel normativo y comercial de la ganadería extensiva a la
industrial, en términos de impacto social y medioambiental.


- Poner en marcha una Mesa sectorial de los Ministerios implicados (Agricultura, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sanidad y Consumo) para poner impulsar e implementar políticas que incentiven la dieta mediterránea y la reducción del
consumo de carne en España a niveles recomendables.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2022.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


161/003720


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, sobre la prohibición de la publicidad de vehículos contaminantes.


Exposición de motivos


Nos encontramos en un momento transicional y de grandes compromisos que nos debe llevar a reducir nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a descarbonizar la economía en los próximos años. Luchar contra el cambio climático
es el pilar fundamental que debe guiar las actuaciones emanadas de este proceso transformador. El acuerdo, pero también el gran reto, es conseguir compromisos firmes -públicos y privados- antes de 2030, porque sólo así España podrá lograr la
neutralidad climática en 2050, fortaleciendo su papel en el ámbito europeo e internación como un país próspero, tanto económica como ambiental, climática y socialmente. Para entonces, en lo que respecta al sector del transporte y la movilidad,
directa e indirectamente, no debe haber lugar para la utilización de combustibles fósiles.


Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio para la Transición Ecología y el Reto Demográfico, este sector fue el responsable del 27,7 % de las emisiones totales de GEI de nuestro país en 2020. A
la carretera le correspondió cerca del 26 % y, de él, el asociado a la contaminación por tráfico urbano, es de más del 13 %. Este sector es uno de los mayores consumidores de combustibles fósiles, generador de emisiones y causante de graves
problemas de calidad del aire que provocan daños en la salud de los ciudadanos.


Y es que, además del CO2, los óxidos de nitrógeno, otros compuestos y diferentes tamaños de partículas que provoca, impactan y contribuyen no sólo al cambio climático sino también a la calidad del aire, directamente relacionada con el número
de muertes prematuras que cada año suma Europa y España. Sólo en nuestro país fallecieron más de 40.000 personas por enfermedades asociadas a la contaminación, y más de 300.000 en EU-27.


Antes de 2030, las emisiones del sector de la movilidad deben reducirse un 33 % y, en términos globales, el país debe reducirlas un 23 % respecto a 1990. Para descarbonizarlo, se llevará a cabo un cambio modal que afectará, según el Plan
Nacional de Energía y Clima (PNEC), al 35 % de los viajeros-kilómetro que hoy se realizan en vehículos de combustión convencional.


El Plan Nacional también incluye el objetivo de alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos para 2030 -incluyendo coches y furgonetas-. Por ello, es fundamental la promoción y el fomento de políticas y medidas que impulsen la movilidad
eléctrica urbana, la infraestructura de puntos de recarga y la concienciación, al tiempo que eliminan progresivamente del imaginario empresarial y social el uso de tecnologías que requieran de la combustión de combustibles fósiles.


Por su parte La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, establece la obligatoriedad de implantar Zonas de Bajas Emisiones antes de 2023 en todas las ciudades de más



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de 50.000 habitantes y en aquellas de más de 20.000 habitantes que tengan problemas de calidad del aire. Esta ley incluye también objetivos específicos de descarbonización y una lista de políticas y medidas para promover la movilidad de
cero emisiones como que en 2030 se alcance un 28 % de electrificación del transporte.


Además, el Plan Nacional de Recuperación y Transformación (denominado 'España Puede'), que se ejecutará con Fondos Europeos, impulsa decididamente la transformación del sector hacia la movilidad eléctrica en todos sus aspectos. Las medidas
y políticas incluidas en este marco estratégico están destinados a reducir el consumo de energía final, las emisiones de dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y otras micropartículas, pero también pretenden promover cambios en la movilidad
urbana y metropolitana, con una mayor participación de la forma más eficiente, en detrimento del uso de vehículos privados de baja ocupación, fomentando el uso compartido.


El contexto europeo nos urge también a emprender cambios de calado en la industria del automóvil. Por ejemplo, la Comisión Europea ha incluido dentro del paquete Fit for 55 %, la prohibición de venta de vehículos de combustión interna en
toda la Unión para 2035. Siguiendo así el ejemplo de algunas de las economías más avanzadas del continente europeo que ya se han comprometido con este plazo o incluso mucho antes.


Estos compromisos voluntarios de determinados gobiernos están respaldados por la Agencia Internacional de la Energía. Y es que poner fecha de caducidad a la tecnología de combustión interna además está económicamente justificado dado que,
en 2027 a más tardar, resultará más barato fabricar furgonetas y automóviles eléctricos en Europa que vehículos propulsados por combustibles fósiles en todos los segmentos, según un estudio realizado por BloombergNEF (BNEF).


Por su parte el sector también está esperando señales que confirme el rumbo de las nuevas normativas. En abril de 2021, 27 empresas europeas, ya hicieron un llamamiento para que los legisladores comunitarios fijen en 2035 el final de la
venta de nuevas furgonetas y automóviles de combustión.


La ciudadanía está igualmente concienciada sobre la urgencia e importancia de acometer la transición ecológica lo antes posible. Así lo demuestran varias encuestas recientes. Una de ellas, realizada por YouGov en 15 urbes de Europa
encontró que el 63 % de los residentes en ciudades en Europa apoyan la prohibición, incluso con cinco años de antelación, en 2030. Tres de cada cuatro habitantes de Madrid y Barcelona lo sustentan. Otra, realizada por 40dB y difundida en el marco
de la COP26, encontró que una amplia mayoría de españoles están a favor del abandono del vehículo de combustión: el 89 % considera urgente actuar contra el cambio climático y el 63 % apoya que se adelante a 2035 la prohibición a los nuevos
automóviles de gasolina y diésel. Sin olvidar que Nacionales Unidas instó a todos los países desarrollados a dejar de fabricar coches de gasolina, diésel u otros combustibles fósiles en 2035.


En este contexto, la publicidad es utilizada para distraer, retrasar y desviar la responsabilidad de la influencia sistémica y dañina de los vehículos propulsados por motores de combustión fósil en la causa climática, que algunas veces
incluye el impulso de tecnologías similares que sólo son un lavado de cara y una solución falsa, justificada por intereses empresariales específicos. El lavado verde y la desinformación están retrasando la acción climática y ponen en peligro la
consecución de los objetivos y compromisos agrupados en torno al contexto anteriormente descrito. Avanzar en la progresiva eliminación de la publicidad de este tipo de vehículos aumentaría la sensibilización de la opinión pública sobre los
productos y tecnologías responsables del cambio climático y de otros daños para el medio ambiente y la salud de las personas.


No hay que olvidar que la industria del automóvil es la que más invierte en publicidad en nuestro país. Por tanto, su impacto es más que relevante. Según datos de 2019 y la información publicada, las marcas dedicaron a la compra de medios
564 millones de euros. Es el 13 % de la inversión publicitaria total ejecutada en ese año en España, que fue de más de 4.200 millones de euros; según los datos de Infoadex. De hecho, el mayor anunciante de España es Volkswagen, con 84 millones de
euros invertidos el año pasado; y el cuarto es el grupo PSA, con 67 millones. También destinan fuertes sumas SEAT (45 millones), Renault (40 millones), Ford (38 millones), Opel o Toyota (ambos con 34 millones). En total, hay siete marcas de
coches entre los 20 primeros anunciantes de España. La mayoría ya han puesto en marcha su transición al vehículo eléctrico a batería, con el horizonte puesto esta década.



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Por todo ello, Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Fijar el 1 de enero de 2025 como fecha a partir de la cual quedará prohibida la publicidad de vehículos ligeros, comerciales y furgonetas de combustión interna (gasolina, diésel y otras tecnologías emisoras), eliminando los estímulos a
su compra que esto conlleva.


2. Fijar el 1 de enero de 2027 como fecha a partir de la cual quedará prohibida en España el patrocinio cultural, educativo o científico de marcas o modelos de vehículos ligeros, comerciales y furgonetas de combustión interna (gasolina,
diésel y otras tecnológicas). A partir de dicha fecha sólo podrán establecer patrocinios aquellas marcas o modelos que sean cero emisiones.


3. Para implementar los anteriores objetivos y establecer un compromiso gubernamental a nivel nacional, se tendrá en cuenta que la referencia a publicidad y patrocinio incluye las siguientes áreas:


- Publicidad física: cualquier anuncio en medios impresos, televisión, vallas publicitarias, radio, SRI o publicaciones académicas.


- Publicidad 'online': cualquier anuncio de redes sociales o contenido de marca en todas las plataformas de redes sociales o tradicionales.


- Patrocinio deportivo: cualquier patrocinio de clubes deportivos o eventos.


- Patrocinio cultural: cualquier patrocinio de museos, instituciones artísticas, teatros, locales de música, festivales, eventos o artistas.


- Patrocinio de instituciones educativas: universidades públicas, escuelas o cualquier institución educativa pública.


- Patrocinio de ciencia: cualquier festival de ciencia pública o financiación para institutos científicos públicos y publicaciones educativas.


- Patrocinio de eventos públicos, en particular relacionados con el clima, la salud, la biodiversidad, el medio ambiente y la sostenibilidad ecológica.


- Patrocinio de medios de comunicación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2022.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


Comisión de Cultura y Deporte


161/003679


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al apoyo a una candidatura
conjunta Aragón y Cataluña, que aspire a celebrar unos Juegos Olímpicos de Invierno, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


Aragón es tierra de montañas y cuenta con uno de los dominios esquiables más importantes de España. La práctica del esquí y de los deportes de invierno genera dinamismo en las economías de los valles y del conjunto de la comunidad y, según
varios estudios, suponen un 7 % del producto interior bruto aragonés.


La Comunidad Autónoma de Aragón, con el respaldo del Gobierno de España y del Comité Olímpico Español, ha aspirado a organizar, en varias ocasiones, los Juegos Olímpicos de Invierno, armando sus candidaturas en torno a las estaciones del
Pirineo aragonés. Ninguna de ellas logró su objetivo.


En la actualidad, la posibilidad de presentar una candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña abriría las puertas a un proyecto de país que contaría nuevamente con posibilidades reales de organizar esta cita



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olímpica en el año 2030. Para ello, resulta necesario concitar el mayor consenso social e institucional en ambas comunidades autónomas, así como contar con el respaldo absoluto del Gobierno de España.


Este proyecto trabajado desde hace más de dos años es una apuesta liderada por el Gobierno de España y el Comité Olímpico Español donde los territorios del Pirineo deben aunar esfuerzos en todos los aspectos, incluida la nominación del
mismo. Supondría, además, para el conjunto de Aragón, un importante impulso a nivel deportivo, económico, turístico y de mejora de infraestructuras y equipamientos.


Sin embargo, el hecho constatado es que de manera reiterada, la última el 22 de enero de 2022, desde el Gobierno de Cataluña se insiste en que es una iniciativa 'impulsada y liderada desde Cataluña', que Cataluña es la que tiene 'el peso y
la marca de país deportivo', y que tiene el propósito de 'colaborar' con otros territorios'. Por otro lado, en junio de 2021, después de una entrevista entre el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el Presidente de la Generalitat de
Cataluña, Pere Aragonés, la portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno de España apoyaba el proyecto olímpico 'Pirineus-Barcelona'.


La decisión unilateral del nombre de la candidatura 'Pirineus-Barcelona' por parte del Gobierno de España, sin contar en absoluto con la opinión de Aragón, sería una falta de respeto institucional al conjunto de los aragoneses. Dejar fuera,
por parte del Gobierno de España, a la Comunidad Autónoma de Aragón es, además de una torpeza, una deslealtad y una injusticia, no pudiendo aparecer nunca como subordinada o en un segundo plano frente a la parte catalana, en un ámbito, el del
mercado del turismo de invierno, por el que ambas comunidades autónomas compiten. Este debe ser un proyecto de cogobernanza entre instituciones y de cooperación y coordinación del Gobierno de España junto con Aragón y Cataluña, en igualdad de
condiciones.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para:


1. Mostrar su apoyo a un proyecto olímpico que se desarrolle de la mano del Gobierno de Aragón, la Generalitat de Cataluña, los Ayuntamientos y Diputaciones interesadas, el Comité Olímpico Español y el Gobierno de España.


2. Impulsar una candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña que aspire a organizar con éxito unos Juegos Olímpicos de Invierno, preservando el respeto medioambiental al territorio.


3. Rectificar el nombre del proyecto 'Pirineus-Barcelona' y pactar la denominación del mismo con todas las partes, defendiendo la titularidad conjunta de los juegos y que el nombre de Aragón aparezca también en la denominación de la
candidatura.


4. Promover la colaboración entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de Aragón en un plano de lealtad institucional e igualdad política.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.-Javier Merino Martínez, Pedro Navarro López, José Alberto Herrero Bono, Eloy Suárez Lamata, Mario Garcés Sanagustín, Óscar Gamazo Micó y Marta González Vázquez,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003689


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, don José Ramírez del Río, don Francisco José Contreras Peláez, don Pedro Requejo Novoa, doña Mireia Borrás Pabón y don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción y defensa de la
conmemoración anual de la Toma de Granada, para su discusión en la Comisión de Cultura y Deporte.



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Exposición de motivos


Primero. La toma de Granada: Antecedentes históricos y conmemoración actual.


La conmemoración de la toma de la ciudad de Granada por los Reyes Católicos en 1492 recuerda este acontecimiento que cerró el proceso histórico de la Reconquista y que, por tanto, puede ser considerado desde muchos puntos de vista como el
suceso final de nuestra Edad Media, y como un hito fundamental en la configuración de la unidad territorial de la monarquía hispánica. Es un hecho histórico de primera categoría en la forja de la Nación española y que, como todo lo verdaderamente
grande, ha dado vida a apasionadas polémicas. Por ello, debemos comenzar situando este acontecimiento en su contexto histórico.


Se ha dicho que España es un país marcado indeleblemente por casi ochocientos años de dominación islámica, pero esto no es del todo exacto. Aparte del hecho de que los musulmanes nunca controlaron todo nuestro actual territorio nacional, lo
cierto es que su gobierno, según las zonas, apenas superó los quinientos años de duración, y en muchos lugares ni siquiera eso. Se puede afirmar que la presencia mahometana en España tuvo una intensidad especial en los valles del Ebro y del
Guadalquivir y en la costa levantina, pero en las zonas atlántica, cantábrica y pirenaica, y en la Meseta (sobre todo en la Submeseta Norte), la huella española del Islam es mínima.


La Reconquista, ese fenómeno épico por el cual las tierras de la Península fueron lentamente arrancadas a la dominación musulmana y devueltas a la Cristiandad occidental, tuvo su momento de apoteosis en la primera mitad del siglo XIII. Como
momentos estelares pueden apuntarse la gran victoria campal de las Navas de Tolosa en 1212, con la intervención personal de los reyes de Aragón, Castilla y Navarra; la conquista de Cáceres, Mérida y Badajoz por Alfonso IX de León; la expansión por
el valle del Guadalquivir, y en especial la recuperación de las ciudades de Córdoba y Sevilla, por San Fernando, rey de Castilla y de León, y verdadero padre de Andalucía; y la ocupación de las Islas Baleares y del reino de Valencia a cargo de
Jaime el Conquistador, el gran monarca de la Corona de Aragón.


Aparentemente como una inofensiva reliquia de ese dominio islámico quedó, durante dos siglos y medio más, el reino nazarita de Granada, y de ahí que se haya podido extender la duración de la presencia del Islam en nuestro país a casi ocho
siglos. Pero era una inofensiva reliquia solamente en apariencia, al ser un recordatorio permanente de tantas centurias de preponderancia musulmana y de que la Reconquista había sido una gran empresa inacabada; pero, sobre todo, el reino de
Granada era una potencial cabeza de puente en el continente europeo para un eventual poder imperial islámico que pudiera surgir en África del Norte u Oriente Próximo.


Lo cierto es que, a finales de 1481, con el ataque musulmán a Zahara, comienza una guerra de diez años en la que los Reyes Católicos se aplicarán a la conquista de este último enclave islámico en la península, postergando todas sus demás
empresas. En sí, en conflicto militar se puede resumir en una primera fase fronteriza, un segundo período en que se ocupa el territorio costero que viene a equivaler a la actual provincia de Málaga, una tercera etapa caracterizada por el giro a la
parte oriental del reino, con la ocupación de lo que correspondería grosso modo a la provincia de Almería y zona este de la de Granada, y una cuarta y última fase de asedio a la propia ciudad de Granada. Esta evolución de los acontecimientos
bélicos se complica por las intrigas dinásticas en el campo musulmán, con las rivalidades por el trono entre el sultán Muley Hacén, su hijo Boabdil y su hermano Mohamed 'el Zagal', que en varias ocasiones les llevan a negociaciones e incluso
sometimientos a los monarcas cristianos.


La campaña culmina, como se ha señalado, con el sitio de la ciudad de Granada en los años 1490-91, jalonado por hechos memorables como la hazaña de Hernán Pérez del Pulgar en la puerta de la mezquita mayor de Granada o, tras el incendio del
campamento cristiano, la construcción de la ciudad-campamento de Santa Fe. Finalmente, sin esperanzas nazaritas de levantar el cerco, el 25 de noviembre de 1491 se acuerda la capitulación aplazada de la localidad, que se concretará en la entrada en
la misma de las fuerzas castellanas el día 2 de enero de 1492, y en la entrega de las llaves de la ciudad por Boabdil a Fernando el Católico, que había ostentado el mando supremo del ejército cristiano durante la campaña.


Por tanto, el 2 de enero se conmemora la incorporación del reino de Granada a la corona de Castilla y, con ella, a la Europa cristiana. Esta conmemoración ha llegado hasta nuestros días con la celebración del 'Día de la Toma' en la propia
Granada, que se realiza ese día con gran solemnidad e incluye actos de carácter religioso, cívico y castrense, con la correspondiente presencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas.



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El protagonismo corresponde, de una parte, a la Corporación Municipal, a uno de cuyos miembros le corresponde portar el Estandarte Real, el cual desempeña una función central en toda la celebración. De otra parte, se celebra la Santa Misa
en la Catedral y se accede a la Capilla Real, en la que reposan los restos de los Reyes Católicos. La comitiva se dirige después al Ayuntamiento y allí, desde el balcón principal, se procede a la tremolación del citado Estandarte Real, al que
previamente se han rendido honores militares. Es entonces cuando tiene lugar uno de los momentos más emblemáticos, con el grito de 'Granada, qué' y los vivas a España y a Granada, entre otros. En los últimos dos años, como consecuencia de la
pandemia, la Fiesta se ha celebrado sin alguno de estos actos, como la comitiva de las autoridades civiles desde la Catedral, los desfiles militares, o la mencionada tremolación del Estandarte Real.


Segundo. Críticas a la celebración de la toma.


La entidad que de forma más persistente ha criticado la celebración de la Toma de Granada es la plataforma autodenominada 'Granada Abierta'. Esta agrupación se ha dedicado durante años a descalificar esta Fiesta en términos muy categóricos
100 Se postula la absoluta y definitiva abolición de la celebración, alegándose que se basa en una falsificación histórica, ya que no habría existido ninguna toma de Granada, sino un acuerdo de capitulación que habría sido incumplido por la parte
vencedora.


La conmemoración es tachada de racista, de 'anacrónica, sectaria y excluyente', de celebrar la expulsión ilegal de miles de granadinos, y de estar basada en el 'odio a la diversidad', concentrada en el 'odio al otro, en el caso que nos
ocupa, al moro'. Como alternativa, la indicada plataforma propone declarar fiesta local el día 26 de mayo, en recuerdo de Mariana Pineda, personaje emblemático para el liberalismo 'exaltado' del siglo XIX. El activista Antonio Manuel Rodríguez
afirmaba en Twitter en enero de 2021 lo siguiente: 'Quienes celebran la toma de Granada no quieren más religión que la suya, más lengua que la suya, ni más historia que la de los vencedores. Es inconcebible que una sociedad democrática celebre la
exclusión, el exterminio del distinto, el odio'. Y Teresa Rodríguez, dirigente de la coalición Adelante Andalucía, retuiteaba este mensaje añadiendo por su parte: 'Ole tú! (Olé: del árabe Allah)'.


Otra destacada figura política y sindical andaluza, Diego Cañamero Valle, declaraba en 2015 que la fiesta de la Toma 'enfrenta a las culturas y provoca un efecto llamada hacia la ultraderecha', además de reiterar el calificativo de
'anacrónica' 101. Por su parte, el antiguo líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias Turrión retuiteaba en 2017 un mensaje favorable a la celebración de la Toma, aludiendo a esta como 'Patrioterismo rancio, inculto y reaccionario' 102.


Este mismo año 2022, la organización Defender Andalucía declaraba en la citada red social: 'Ningún pueblo celebra su derrota. Salvo en Andalucía, donde se sigue celebrando la Toma, una fecha que rompe con los valores de la diversidad, la
multiculturalidad y la realidad heterogénea granaína. Frente a la Toma, Mariana Pineda. ¡No a la Toma! ¡Sí a Mariana!'. En el mismo medio, la mencionada formación Adelante Andalucía afirmaba: 'Estamos, junto a Granada Abierta, recordando la
figura de Mariana Pineda en su Plaza. Queremos que el 26 de mayo pase a ser fiesta local para siempre. Frente a la Toma, que rompe con la diversidad, Mariana Pineda, mujer revolucionaria que murió por sus ideales'. Finalmente, el diputado de
Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, D. Pedro Antonio Honrubia Hurtado, escribía también en Twitter: '2 de enero, nada que celebrar. Fíoy, como cada año: #NoAlaToma. Celebremos luchas por las libertades, los DDHH y la justicia social,
no exaltaciones del racismo, la xenofobia y la crueldad. Tengamos memoria de paz, no de odas a la crueldad, la persecución y el genocidio'.


Tercero. La celebración de la toma vista desde hoy.


Para considerar la cuestión de cómo recordar la incorporación del reino musulmán de Granada a la monarquía de los Reyes Católicos, es necesario que situemos este acontecimiento en su contexto, y que apreciemos sus consecuencias que llegan
hasta el día de hoy. Asimismo, es preciso valorar las objeciones que se han recogido en el segundo punto de esta exposición de motivos, y contrastarlas con los hechos


100 https://www.granadahoy.com/ granada/ pía taf orma-pide-eliminar-racista-Toma-GranadaJL1642337225.html


101 https://www.granadahoy.com/ granada/Plaza-Carmen-asunto-riesgo- opinan_0_877112753.html


102 https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-pablo-iglesias-tilda-patrioterismo-rancio-inculto-toma-granada-reyes-catolicos-201701022306_noticia.html



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históricos. No obstante, estas objeciones deberán ser contrastadas también con la finalidad de la celebración de la Toma, y con los propósitos que animan a los mismos que formulan dichas objeciones.


Comencemos por el acontecimiento mismo de la toma de posesión de la ciudad de Granada por las fuerzas del reino de Castilla el 2 de enero de 1492. Hay que convenir en que, si por 'toma' de la localidad entendemos conquista violenta de la
misma, por asalto, tal hecho no se produjo 103. En Granada hubo unos acuerdos entre los bandos en conflicto y, no sin cierta precipitación, se entregó la ciudad de modo pacífico en cumplimiento de dichos acuerdos.


Sin embargo, que la caída de la ciudad de Granada fuese resultado de una negociación no obsta al hecho cierto de que fuera el eslabón final de una genuina campaña militar, en la cual los Reyes Católicos derrotaron al último poder islámico de
la península, e incorporaron su territorio al reino de Castilla. En este sentido, es perfectamente legítimo celebrar la Toma de Granada como el hecho culminante de lo que fue una gran victoria de las armas españolas.


Es más, la Guerra de Granada es un episodio fundamental de la historia militar española. El ejército cristiano en la contienda ha sido definido como el último gran ejército medieval hispánico, con aportaciones esenciales de la caballería y
las mesnadas de la nobleza, de las milicias concejiles y de las órdenes militares. Pero es además un conflicto prolongado a lo largo del cual se van consolidando los elementos más propiamente modernos de las fuerzas hispanas, como las tropas
profesionalizadas directamente dependientes de la Corona (las Guardas de Castilla entre ellas), o las pertenecientes a la Santa Hermandad 104. Destaca además la importante contribución de la naciente arma de la artillería, con la actuación
especialmente reseñable de Francisco Ramírez de Madrid 'el Artillero'.


Pero, sobre todo, la campaña de Granada es, de una parte, la culminación de la gran empresa de la Cristiandad hispánica medieval, que es la Reconquista, entendida como la recuperación de todo el territorio peninsular que había sido sometido
por el Islam; y, de modo simultáneo, es un hito fundamental en la configuración de la unidad nacional de España, completada con la conquista de Navarra por el propio Fernando el Católico en 1512. El emblema de Granada figura desde hace siglos en
el escudo de la monarquía española. De la importancia que los Reyes Católicos daban a la recuperación de Granada es prueba que durante los diez años de duración de la contienda pasaran el resto de sus múltiples proyectos a un segundo plano. Es
más, los contactos con Colón con vistas al viaje que llevaría al descubrimiento del Nuevo Mundo se mantuvieron en los últimos años de la campaña, pero sería solamente después de concluida esta cuando se llegaría a los acuerdos definitivos,
precisamente con las capitulaciones de la ya citada localidad de Santa Fe en abril de 1492.


La prueba definitiva de la trascendencia absolutamente excepcional que los Reyes Católicos dieron a su empresa de Granada es que ellos, que sellaron la unidad dinástica de la monarquía española, que pusieron los cimientos de la hegemonía
hispana en Europa por casi dos siglos, y que patrocinaron el descubrimiento de un continente, eligieran como lugar para su sepulcro, precisamente a la ciudad de Granada.


Uno de los más caracterizados expertos en este conflicto, el profesor Miguel Angel Ladero Quesada, ha dejado claro que la subsistencia del reino nazarita de Granada, por mucho que se prolongara durante más de dos siglos, lo fue en situación
de vasallaje con respecto a Castilla, y con un fondo de hostilidad latente que se concretaba en guerras ocasionales, todo lo cual se debía a que la monarquía castellana siempre consideró esa pervivencia política del Islam en Granada como provisional
105. Del mismo modo, la propia campaña de incorporación del reino nazarita se consideró una respuesta del Occidente cristiano a la caída de Constantinopla en 1453, que había conmovido a Europa. Esa pervivencia musulmana en el sur de España era una
amenaza potencial a la seguridad en la parte occidental del Mediterráneo que la campaña granadina dejó cerrada para siempre.


Por tanto, si los críticos de la celebración de la Toma alegan que el 2 de enero no hay 'nada que celebrar', y que se festeja una falsificación histórica, la respuesta a estas afirmaciones es inequívoca: la Guerra de Granada fue una
auténtica victoria de las fuerzas armadas de los reinos que han configurado España como comunidad política; una victoria, además, que figura con gloria en nuestros anales militares. La incorporación de Granada culminó la recuperación de la
totalidad del territorio de la península para la Europa cristiana. Y fue un hito fundamental e imprescindible en la formación de la unidad política de


103 Fundación Disenso (2022). 2 de enero de 1492. Aniversario de la Toma de Granada. Efemérides, 14, p. 1.


104 Martínez Peñas, L. (2016). El ejército cristiano. Una perspectiva institucional. Despertó. Ferro Antigua y Medieval, 34, pp. 38-44.


105 Ladero Quesada, M.A. (2016). Los precedentes de la Guerra de Granada. Desperta Ferro Antigua y Medieval, 34, pp. 6-13.



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España. Con la Toma de Granada celebramos la Unidad de España y nuestra rotunda adhesión a la civilización occidental. Nada menos.


El incumplimiento de las condiciones en que se basó la entrega de la ciudad es otra de las razones que alegan quienes atacan la celebración de la Toma. La verdad es que los términos de los acuerdos de capitulación sí fueron respetados en
los años siguientes a la incorporación del reino. Pero también es cierto que, pasado un tiempo, la fuerza misma de las circunstancias hizo que las autoridades del momento se sintieran concernidas a exigir la conversión de las poblaciones musulmanas
al Cristianismo. Y no entender cuáles eran esas circunstancias sería incurrir en un flagrante anacronismo. En efecto, imperativos de orden político llevaban a casi todas las nacientes monarquías modernas del período a procurar la unidad religiosa
en sus territorios, necesidad que en el caso español y específicamente granadino se veía acentuada por obvias razones de seguridad (la vecindad mediterránea con amenazadores poderes islámicos). Y, sin poder detenernos en ello, hay que recordar que
la invasión musulmana del siglo VIII había basado parte de su éxito en pactos con poderes locales impuestos por la fuerza, y que se habían incumplido pasado un tiempo.


Ya hemos visto que la celebración de la Toma ha sido atacada con calificativos tan recurrentes como 'racista', 'excluyente', 'xenófoba', contraria a 'la diversidad' o que, directamente, festeja 'el odio'. No hay más que considerar la propia
terminología, y las personas y entidades de las que proceden dichas declaraciones, para advertir de inmediato que tales improperios obedecen a unaclara tendencia de extrema izquierda, hostil al Cristianismo, a Occidente, a España, y a cualquier idea
de identidad hispánica y cristiana.


Lo cierto es que ni la incorporación del reino de Granada ni la Reconquista tuvieron motivación racial alguna, ni la celebración de la Toma tiene la más mínima connotación de tal signo. Y, aunque ciertamente la fiesta conmemora una victoria
sobre el Islam, su propósito no es negativo, no es destruir el legado cultural de los siglos de presencia musulmana, sino que la finalidad es absolutamente positiva: la exaltación de España y de su identidad occidental y cristiana. No es la
diversidad lo que se rechaza, es la propia identidad la que se preserva. No es que se odie lo ajeno, es que se ama lo propio.


Los enemigos de la Toma son absolutamente conscientes de esto. Para ellos, la eliminación de esta fiesta es simplemente un paso más en su fanático programa de disolución de España y de la civilización occidental. La diversidad, el respeto
a los demás, la no exclusión, solamente son coartadas para su objetivo de destruir lo propio, lo que es nuestro. Debería sorprender en sectores que tanto respeto dicen sentir por el mundo árabe e islámico, su simultáneo fundamentalismo feminista,
dada la función marginal que las sociedades islámicas han reservado a las mujeres. Pero no sorprende, porque esa proclividad hacia lo árabe e islámico es en ellos una forma de rechazar lo propio, la tradición hispana y cristiana. De igual modo, el
agresivo nacionalismo andaluz profesado por estos grupos es su forma de expresar su violento odio a España.


Las críticas a la celebración de la Toma de Granada, dados espurios propósitos que las animan, como son debilitar la Unidad de España, destruir la identidad cristiana de nuestro país y frustrar la vocación occidental que lo inspira, deben
ser objeto de la más enérgica repulsa. Procede una rotunda reafirmación de la conmemoración de la Toma de Granada como una de las grandes manifestaciones de amor a la Patria, a su Unidad y a su Historia.


Por todo lo expuesto anteriormente, este Grupo Parlamentario considera que existen suficientes motivos para que el 2 de enero sea fiesta de ámbito nacional en nuestro país, pues la Toma de Granada, no solo representa las raíces de nuestra
historia y de nuestra tradición, sino que además es, como hemos señalado anteriormente, un hito fundamental e imprescindible en la formación de la unidad política de España.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:


1. Promover un estudio sobre la posible modificación del artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con el fin de instaurar el día 2 de
enero, día de la Toma de Granada, como festivo laboral en toda España.


2. Promover, una vez instaurada por la Comunidad Autónoma de Andalucía como día de interés turístico regional, la declaración del Día de la Toma de Granada como fiesta de interés turístico nacional,



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de conformidad con la Orden ICT/ 851/ 2019, de 25 de julio, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional.


3. Impulsar la promoción cultural y la difusión de este acontecimiento conmemorativo, poniendo en valor su relevancia histórica y cultural.


4. Promover a todos los niveles la celebración en Granada del Día de la Toma, prestando toda su colaboración a las autoridades regionales y locales, y asegurando la participación en los actos de las Fuerzas Armadas con el protagonismo que
merecen.


5. Garantizar que los planes de estudio incluyan los contenidos necesarios para que todos los niños y jóvenes españoles tengan los adecuados conocimientos sobre la Reconquista en general, y la Guerra de Granada en particular, y sobre su
importancia para la formación de la comunidad política en la que están llamados a participar como ciudadanos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2022.-José Ramírez del Río, Rafael Frenández-Lomana Gutiérrez, Mireia Borrás Pabón, Pedro Jesús Requejo Novoa y Francisco José Contreras Peláez, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/003718


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
declaración del año 2022 como Año Joan Fuster, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


Joan Fuster y Ortells (Sueca,1922-1992) es una de las personas de la intelectualidad valenciana más destacadas del siglo XX. Aunque se licenció en Derecho por la Universitat de València y ejerció durante algunos años como abogado en su
ciudad natal, la mayor parte de su vida trabajó como escritor. Durante más de cuarenta años, llevo a cabo un gran esfuerzo intelectual, literario y civil, en condiciones materiales precarias y en unas circunstancias políticas que le supusieron
grandes dificultades en la primera parte de su trayectoria literaria.


Inicialmente destacó como poeta, con las compilaciones Sobre Narciso, Alas o manos, Murió tan bella, Tierra en la boca y Escrito para el silencio. Enseguida emprendió una extensa tarea como crítico literario y ensayista, especialmente
dedicado a cuestiones culturales, y como colaborador en periódicos: Almanaque de Las Provincias, Levante, La Nostra Revista, Pont Blau, El Correo Catalán, Tele/eXprés, La Vanguardia, Serra d'Or, Por Favor y otros medios. Propuso una visión
innovadora sobre varios escritores antiguos o contemporáneos -Ausiàs March, Vicent Ferrer, Isabel de Villena, Joan de Timoneda, Joan Salvat- Papasseit, Salvador Espriu, Vicent Andrés Estellés o Josep Pla. Interpretó sagazmente nuestra historia
cultural y política entre el siglo XV y la época contemporánea en Poetes, moriscos i capellans, Heretgies, revoltes i sermons, La Decadéncia al País Valencia y Nosaltres, els valencians.


Dentro de una tradición humanista adaptada a la modernidad, cultivó el aforismo y el ensayo en El descrédit de la realitat, Les originalitats, Figures de temps, Judicis finals, Diccionari per a ociosos, Causar-se d'esperar, L'home, mesura de
totes les coses, Consells, proverbis i insoléncies, Examen de consciéncia, Babels y babilónies, Contra Unamuno y los demás o Sagitari. Mantuvo una decidida actitud pública por las libertades democráticas, especialmente desde el ámbito valenciano,
en Un país sense política, El blau de la Senyera, Destinat (sobretot) a valencians, Ara o mai, País Valencia, per qué? y otros escritos. Tradujo literatura extranjera, sobre todo a Albert Camus. Dirigió la revista cultural L'Espill y las
colecciones Lletra Menuda, Clássics Albatros i Biblioteca d'Autors Valencians.


La permanente relación de Fuster con el mundo académico se intensificó los últimos años de su vida, cuando se doctoró con la tesis Les constitucions del Convent de Sant Josep de Valéncia (siglo XVI). Fue profesor y catedrático de la
Universitat de Valencia, que en 1993 creó la 'Cátedra Joan Fuster' en su honor. El escritor recibió los doctorados honoris causa en la Universitat de Barcelona y en la Autónoma de



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Barcelona. Fue miembro de l'Institut d'Estudis Catalans, del Consell Valenciá de Cultura y de la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, además de director del Institut de Filologia Valenciana.


Formó parte del Consistori dels Jocs Florals de Lo Rat Penat y recibió numerosos galardones literarios y cívicos: Joaquim Folguera, Josep Ixart, Concepció Rabell, Per Comprendre, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Premi de les Lletres
del País Valenciá, Medalla d'Oro de la Generalitat de Cataluña, título de hijo predilecto de Sueca y, póstumamente, la Alta Distinción de la Generalitat y las medallas de la Universitat Jaume I y la Universitat de València.


La obra y la personalidad de Fuster han sido objeto de tesis doctorales, análisis monográficos y jornadas de estudio, además de exposiciones y audiovisuales. Hay dos colecciones de libros dedicadas a él: 'Biblioteca Joan Fuster' y 'Cátedra
Joan Fuster'. Asimismo, están en curso de edición sus Obras Completas y una selección de su correspondencia con numerosas personalidades.


La gran relevancia que la figura de Joan Fuster ha tenido en el contexto de la cultura valenciana contemporánea comporta el interés de diversas instituciones y personas relacionadas con la vida, la actividad y el legado del escritor para
expresar su adhesión a la celebració del Año Joan Fuster.


Por ello, propongo la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso insta al Gobierno a:


1. Declarar el año 2022 como Año Joan Fuster en conmemoración del nacimiento del escritor y pensador valenciano Joan Fuster i Ortells.


2. Establecer los medios de cooperación oportunos entre Gobierno y Generalitat Valenciana para dar a la conmemoración la relevancia pública que merece.


3. Destinar presupuesto suficiente para la programación de actividades relacionadas con el centenario.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2022.-Joan Baldoví Roda, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora
de los servicios para la ciudadanía general y para la gente mayor y con diversidad funcional en particular por parte de las entidades bancarias, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


En los últimos tiempos la prestación y la calidad de los servicios bancarios presenciales en la población se han reducido de forma extraordinaria. Un proceso que se ha visto agraviado por la digitalización, las fusiones y también por la
pandemia, con la implantación de la cita previa, las limitaciones de acceso a las oficinas y las restricciones de horarios de atención.


Esta es una situación que afecta a la población en general, pero, sobre todo, a los colectivos de personas mayores y con diversidad funcional, que ven sus derechos vulnerados por la carencia de una atención específica que les ayude a
ejercerlos de forma adecuada y segura. Con este fenómeno se pone de manifiesto una notable carencia de ética por parte de estas entidades con el abandono de servicios y la aplicación de cuotas abusivas. Sin duda, estamos ante una situación de
maltrato a los colectivos más vulnerables y, en definitiva, a la población en general.


Es evidente, y el debate respecto a cómo se tiene que actuar está abierto en la calle, que el servicio que ofrecen los bancos en sus clientes ha empeorado a lo largo de los últimos años. Con la fusión de las



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entidades bancarias se ha ido reduciendo la oferta, creando un escenario en que hay menos competencia, el cual ha propiciado que los bancos tengan mucha más capacidad de imponer sus condiciones a los usuarios, despersonalizando el servicio
de atención al cliente.


La digitalización y las fusiones han provocado el cierre de sucursales, obligando a la ciudadanía a hacer desplazamientos más largos. Las consecuencias de la pandemia han provocado una limitación de horarios de la atención al público y la
derivación hacia la cita previa y los gestores. La banca en línea y la reducción de personal obliga a los usuarios a operar a través de los cajeros automáticos, del teléfono móvil y del ordenador. Este hecho, que afecta a todos la ciudadanía,
afecta en mayor medida a las personas de edad avanzada (que no están acostumbradas a utilizar las nuevas tecnologías) o a las personas con diversidad funcional.


Y, detrás de esta situación nos encontramos con el abuso de las entidades que, lejos de facilitar el acceso a sus servicios por parte de estos usuarios, les requieren condiciones para atender sus necesidades que van ligadas al cobro de
comisiones por el mantenimiento de las cuentas corrientes o para sacar dinero en efectivo, además del hecho que las libretas, que normalmente representan la única manera en que estas personas pueden visualizar la situación de sus ahorros, van
desapareciendo de la oferta de productos disponibles a las entidades, a veces obligándolos a sustituirlas por tarjetas de crédito y estela sin cubrir el derecho básico a la información por parte del cliente.


La atención individualizada y de calidad, la formación en derechos bancarios, la detección de problemas específicos en el caso de cada cliente, tienen que ser las premisas a partir de las cuales el sector atienda las necesidades de sus
clientes, especialmente, en los casos en que estos sufran el riesgo de no poder ejercer sus derechos como consumidores por situaciones concretas de vulnerabilidad.


Si las entidades bancarias, por sí mismas, no son capaces de encontrar e implementar iniciativas que se puedan alinear con los criterios y valores de la Responsabilidad Social, tendrán que ser las administraciones públicas, como garantes de
los derechos de la ciudadanía y en su representación, quien asegure la asunción de estos compromisos de manera reguladora.


Por todo esto, se propone la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Instar a estas entidades a que ofrezcan atención personalizada en ventanilla durante el horario que las oficinas estén abiertas al público, para facilitar una atención más comprensible a la ciudadanía y, en particular, a la gente mayor y
a personas con diversidad funcional.


2. Que estas entidades no cobren comisiones por conceptos derivados del servicio de atención a las personas que no tienen las habilidades para poder hacer, de forma autónoma, las diferentes gestiones en los cajeros automáticos y que se
aplique una tarificación social en la aplicación de comisiones, en función de las características de cada cliente.


3. Que los productos financieros que se ofrezcan por parte de estas entidades a los clientes sean transparentes y comprensibles. La claridad en la redacción tiene que ser una norma para no confundir a las personas y hacerlas contratar
productos que desconocen o incurrir en gastos innecesarios y abusivos.


4. Promover la instalación de cajeros automáticos en las zonas o barrios de la ciudad que quedan más lejos del alcance de las oficinas de estas entidades, para que las personas que vivan puedan hacer los trámites más básicos. Muy
especialmente después del progresivo cierre de sucursales.


5. Promover una legislación y regulación normativa bancaria más justa y solidaria, especialmente para las personas más vulnerables.


6. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los Entes Locales, la puesta en marcha de un plan de servicio rural financiero en aquellas entidades locales que no dispongan de una oficina bancaria ni atención presencial que
incluya:


a) La reactivación del servicio bancario en las poblaciones que no tengan ningún tipo de servicio financiero, basado en parámetros de responsabilidad social, ética bancaria y compromiso con el territorio.


b) Talleres y formación de alfabetización digital dirigidos a la disminución y erradicación de la brecha digital rural en la Comunidad Valenciana.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.-Joan Baldoví Roda, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el liderazgo de España en el desarrollo y
fabricación de semiconductores para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


Los semiconductores se han convertido en uno de los objetos de deseo en todo el mundo a lo largo de la recuperación económica post-COVID-19. Este producto reúne dos condiciones para ser tan buscados: en primer lugar, son esenciales para el
desarrollo de cualquier tipo de producto tecnológico, y con la digitalización más y más bienes de consumo incluyen chips para funcionalidades tecnológicas; en segundo lugar, el mercado mundial de semiconductores sufre de una gran concentración en,
prácticamente, tres empresas situadas en Taiwán, la República de Corea y Estados Unidos, respectivamente.


Durante los meses más duros de la pandemia, cuando la mayor parte de la población mundial se encontraba confinada o con la movilidad muy limitada, las fábricas de todo el mundo se paralizaron. Mientras tanto, los consumidores recurrieron a
los pocos bienes que aún podían disfrutar en sus casas: los de carácter tecnológico. Por ejemplo, las ventas de ordenadores portátiles se dispararon un 50 % interanual. Esto hizo que los semiconductores que había en stock se utilizaran para
responder al crecimiento de la demanda de bienes tecnológicos. Con la reactivación económica, ligada además a una tendencia más acusada de digitalización, el mercado global de semiconductores no ha dado abasto para toda esa demanda.


En 2020 y 2021, la demanda de chips tanto para dispositivos como para centros de datos se disparó. A principios de 2021, la demanda de chips por parte de esos servicios de computación de centros de datos se había incrementado en un 30 %.
Las proyecciones apuntan a que, pese a aliviarse ligeramente, la demanda de semiconductores permanecerá más alta respecto a la tendencia de los últimos años a lo largo de todo 2022. La industria de la automoción, por ejemplo, utiliza cada vez más
estos chips, lo que provocó que fábricas que marcas como Stellantis, Opel, Seat, Ford, Renault o Volkswagen tienen en nuestro país tuvieran que cerrar por incapacidad de llevar a cabo la producción de sus automóviles. De acuerdo a varias
proyecciones, el valor de los microchips que incluye un vehículo casi se multiplicará por dos a lo largo de este año 2022 respecto al valor que tenían en 2010.


Además, la demanda de chips para aplicaciones de inteligencia artificial se prevé que crezca en torno a un 50 % con carácter anual en todas las categorías de programación, requiriendo además chips cada vez más refinados y de última
generación. En este contexto, los fabricantes están encontrando grandes dificultades para cumplir con la demanda global. En 2021, los tres grandes fabricantes mundiales invirtieron más de 60.000 millones de euros, en parte para ampliar las
capacidades de sus instalaciones. Además, la inversión en start-ups de chips se habrá triplicado entre 2021 y 2022 respecto de la media de los últimos 15 años. Todo ello teniendo en cuenta que el 81 % de la producción mundial de microchips se
concentra en Taiwán y la República de Corea.


Como resultado, Estados Unidos, China y la Unión Europea han emprendido una carrera para desarrollar un sector de fabricación de chips propio, que permita a una de las tres grandes potencias liderar en la diversificación del sector. Estados
Unidos lleva la ventaja, puesto que cuenta con uno de los principales fabricantes a nivel mundial, Intel, y con un clúster importante como es Silicon Valley. Además, la Administración Biden ha puesto en marcha la ley CHIPS que incluye en torno a
52.000 millones de dólares en inversiones para localización de instalaciones y fábricas del sector en territorio estadounidense.


Por su parte, China cuenta también con un importante activo en esta carrera, la tecnológica Huawei. Pese a que ha sufrido importantes reveses en el mundo occidental por los problemas de seguridad que presuntamente tienen sus instalaciones
de conexiones 5G y por sus conexiones directas con el gobierno chino, lo cierto es que esta empresa y sus filiales han comenzado a redoblar sus esfuerzos por impulsar el sector de desarrollo y fabricación de chips propios.


Finalmente, la Unión Europea es el actor más rezagado en esta carrera, al no contar con grandes fabricantes ni tampoco con grandes instalaciones o fábricas de chips. El pasado 8 de febrero de 2022, la Comisión Europea presentó su propuesta
de Ley Europea de Chips para poder plantar cara a Estados



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Unidos y China en esta voluntad de convertirse en el punto de referencia para el sector de los semiconductores. Esta ley es parte, además, de la tan sonada 'autonomía estratégica' que quiere impulsar la Unión Europea y que tiene como
objetivo diversificar cadenas de valor y reducir dependencias comerciales excesivas de determinados socios.


El objetivo de la Ley es incentivar la producción de chips y hacer que la Unión Europea suponga al menos el 20 % del valor del mercado global de semiconductores en 2030, lo que requeriría multiplicar por cuatro las capacidades europeas
actuales. Para ello, la Comisión Europea tiene previsto destinar en torno a 43.000 millones de euros, relajando las medidas de competencia para permitir una inyección de capital público en el desarrollo y potenciación de este sector. Esta
financiación se destinaría a I+D, a la atracción de capital y la financiación de nuevas fábricas, y también a políticas para prevenir y responder ante posibles crisis de suministro de semiconductores como la actual.


Parte del plan de la Comisión Europea, además, tiene que ver con una recomendación a los gobiernos nacionales de los 27 Estados miembros de la Unión para que pongan en marcha medidas que permitan asegurar suministros en caso de emergencia.
España cuenta ya con cuatro empresas que han mostrado su interés en desarrollar este sector en nuestro país, y han creado incluso la primera Asociación Industrial de Semiconductores de España. De hecho, la propia Ministra de Industria, Comercio y
Turismo ha admitido que el Gobierno tiene la ambición de poder contar con fábricas de semiconductores en nuestro país, pero aún no hay planes más allá de un objetivo secundario relacionado con el sector dentro del PERTE dedicado al vehículo
eléctrico.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aprobar, en los próximos seis meses, un Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) específico para el impulso al sector de los semiconductores en España, con el objetivo de situar a nuestro país a la
vanguardia de la Unión Europea en materia de desarrollo y fabricación de chips.


2. Establecer, de forma transparente y garantizando el principio de libre concurrencia competitiva, un Grupo de Expertos en materia de semiconductores formado por representantes de empresas y organizaciones empresariales españolas con
experiencia en el desarrollo y fabricación de chips, que ejercerá como interlocutor ante la Junta Europea de Semiconductores propuesta por la Comisión Europea.


3. Establecer un Plan Estratégico de Respuesta ante Crisis en materia de semiconductores, que incluya acciones para priorizar el desarrollo de chips para sectores esenciales y para establecer nuevos acuerdos internacionales de cooperación
con países que cuenten con una importante industria manufacturera de chips para diversificar cadenas de valor.


4. Impulsar en las instituciones de la Unión Europea la compra centralizada de semiconductores para sectores esenciales en situaciones de crisis de suministro de chips, en línea con la recomendación de la Comisión Europea del pasado 8 de
febrero de 2022.


5. Encomendar al ICEX España Exportación e Inversiones la realización de un seguimiento semestral de las cadenas de valor del sector de los semiconductores, así como de sus posibles riesgos para el suministro en nuestro país con el objetivo
de anticipar y prevenir posibles crisis de escasez de chips que puedan afectar a la industria española.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2022.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley frente a la exclusión financiera de las personas mayores, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


Uno de los impactos sociales más preocupante de la digitalización es el que tiene lugar en la vida de las personas mayores, que se sienten especialmente vulnerables, dada la falta de competencias digitales adecuadas para afrontar su día a
día en el ámbito digital. Y este impacto es especialmente preocupante en sus gestiones financieras, d que no reciben de las entidades bancadas a (as que acuden el necesario apoyo y acompañamiento que necesitan al no disponer de habilidades
digitales, dado que no han tenido acceso a la educación digital.


Desde el año 2008, y con el objetivo de mejorar la rentabilidad del sistema bancario, la reestructuración bancaria ha tenido como consecuencia el cierre de numerosas sucursales, así como la reducción del número de cajeros automáticos a
disposición de los clientes. A los procesos de cierre de las sucursales bancadas, que es la primera fuente de exclusión financiera, se une el hecho de que la digitalización de las entidades ha provocado una reducción de los empleados en las
oficinas y que se fomente que muchos de los servicios que se prestaban en esas sucursales atendidas con personas físicas se realicen a prestarse a través de internet o de aplicaciones de banca online, lo que produce una segunda fuente de exclusión.
Esta situación no facilita ni garantiza el derecho de las personas a los servicios bancarios, menos aun si son personas mayores.


La falta de alfabetización digital de muchas de las personas mayores no puede ser motivo de exclusión financiera y, por tanto, de exclusión social.


La carencia de competencias digitales no es un asunto que afecte solo a la población de más edad, los niveles de competencias digitales en Europa permanecen insatisfactoriamente bajos, con un 44 % de la ciudadanía europea con un nivel
insuficiente de competencias digitales, aunque, como señala el INE en su informe 'Competencias digitales de los internautas' para España en el año 2020, el colectivo con menores competencias digitales se concentra a partir de los 55 años.


Es importante recordar que la Comisión Europea ha insistido en que ser competente digitalmente es tanto una necesidad como un derecho. De ahí la importancia del Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España,
relativo a las competencias digitales, dotado con 3.950 millones de euros, que junto con otros cinco componentes promueve la adquisición de competencias digitales.


Urge garantizar la inclusión financiera de toda la sociedad, incluyendo a la población de más edad, así como garantizar su acceso a los servicios bancarios en condiciones de equidad, confianza y seguridad para evitar mayores desigualdades y
mayor exclusión financiera, que en la era digital tiene un factor determinante clave, que es la edad. Son muchos los riesgos para un país de que parte de su población quede excluida del sistema financiero, pero, sobre todo, es éticamente
inaceptable que esto suceda, más por razón de edad, en un país que pretende ser mejor como sociedad.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover medidas para que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios financieros de toda la población, adaptando la normativa a las nuevas realidades sociales, en su caso.


2. Reclamar a las entidades bancadas a que modifiquen sus políticas de atención al cliente de forma que garanticen la atención a la población mayor a través de procedimientos sencillos, asequibles y de acompañamiento en la atención
personal, y facilitando medios y recursos accesibles a las personas de más edad.



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3. Solicitar a las entidades bancadas la revisión de sus códigos de conducta y así como de 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', con el objetivo de lograr la plena inclusión financiera de las
personas mayores.


4. Requerir al Banco de España, como supervisor del sistema bancario, el seguimiento, evaluación y en su caso, revisión, de las medidas adoptadas en aras de garantizar en el futuro los derechos de los clientes de las entidades bancadas y
evitar nuevas situaciones de exclusión financiera.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2022.-Pedro Casares Hontañón, Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer Alcaraz, Valentín García Gómez, Manuel Gabriel González Ramos, Antonio Hurtado Zurera, José Luis Ramos Rodríguez,
María Tamara Raya Rodríguez, Diego Taibo Monelos, Begoña Nasarre Oliva, José Antonio Rodríguez Salas, María Ángeles Marra Domínguez y Marisol Sánchez Jódar, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comisión de Sanidad y Consumo


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Sanidad y Consumo, relativa a la Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud.


Exposición de motivos


El Sistema Nacional de Salud, concebido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 'como el conjunto de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas convenientemente coordinados', se articuló en torno a un modelo
organizativo basado en la gestión directa.


La Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, sin duda, supuso un punto de inflexión en cuanto a las fórmulas organizativas del modelo sanitario español. En los últimos
lustros, junto a las políticas de recortes, han proliferado tendencias privatizadoras a partir de diversas fórmulas de gestión indirecta o concertada de los servicios de salud y la creciente prestación de actividades sanitarias con carácter
lucrativo. Las fórmulas de gestión indirecta y las actividades sanitarias en las que se aplican son muy diversas: conciertos, concesiones, externalización de servicios no clínicos, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, etc.


Las modalidades de gestión que introducen el lucro privado resultan especialmente perniciosas para la eficacia y la equidad del sistema de salud. Más recientemente, la crisis sanitaria provocada por el Covid19 ha puesto de manifiesto que
las privatizaciones indefectiblemente impiden alcanzar un sistema sanitario coherente y solidario. Mientras que el sector de la sanidad privada ha acumulado beneficios multimillonarios en los últimos años, en buena medida obtenidos a raíz de su
colaboración con el sector público, durante la emergencia se ha constatado la infrautilización de sus centros y recursos, a la par que el sector privado solicita ayudas públicas al Estado.


La descentralización política de la sanidad ha permitido acercar la gestión sanitaria a la ciudadanía. Ahora bien, en el marco de sus competencias, las Comunidades Autónomas pueden implementar diversas fórmulas organizativas para la
prestación de los servicios sanitarios. Conforme a la necesaria coordinación de las Administraciones públicas sanitarias, corresponde al Estado el ejercicio de la Alta Inspección, definida en el artículo 76 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, como la 'función de garantía y verificación del cumplimiento de las competencias estatales y de las comunidades autónomas en materia de sanidad y de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud'.


De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 454/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales,



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corresponde el desarrollo de las funciones de la alta inspección a la Dirección General de Ordenación Profesional, siendo ejercidas en concreto por la Subdirección General Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud.


Entre las funciones descritas en el artículo 76.2 de la citada Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud se encuentran, en sus letras b), d) y f), las de 'evaluar el cumplimiento de fines y objetivos comunes y determinar las
dificultades o deficiencias genéricas o estructurales que impidan alcanzar o distorsionen el funcionamiento de un sistema sanitario coherente, armónico y solidario', 'comprobar que los fondos correspondientes a los servicios de salud de las
comunidades autónomas son utilizados de acuerdo con los principios generales de esta ley' y 'verificar la inexistencia de cualquier tipo de discriminación en los sistemas de administración y regímenes de prestación de los servicios sanitarios'.


El creciente peso de las fórmulas de gestión indirecta plantea nuevos desafíos a la hora de evaluar el destino de los fondos públicos y sus efectos en relación con la coherencia, la equidad y la solidaridad del Sistema Nacional de Salud. La
sociedad española interpela a sus representantes políticos a avanzar hacia un sistema sanitario público, de gestión directa, de cobertura universal, dotado con los recursos financieros necesarios para garantizar el derecho a la salud de todas las
personas y que revierta los procesos de privatización y la precarización del personal sanitario. Como punto de partida para activar el compromiso colectivo de reconstrucción y extensión de la sanidad pública, la Alta Inspección del Sistema Nacional
de Salud, en el marco de sus funciones legalmente establecidas, debe fiscalizar con planes específicos el complejo entramado de las fórmulas de gestión indirecta.


Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en el plan anual de actividades de la Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, así como desarrollar en colaboración con las Comunidades Autónomas, programas específicos de
inspección orientados a verificar y fiscalizar las fórmulas organizativas de gestión indirecta implementadas en el Sistema Nacional de Salud, tales como los conciertos, las concesiones o la externalización de actividades clínicas, asistenciales y
cualesquiera otras relacionadas con los servicios sanitarios, para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:


a) Comprobar si las Administraciones Públicas Sanitarias que establecen conciertos para prestar servicios sanitarios con medios ajenos a ellas analizan, con carácter previo, la utilización óptima de sus propios recursos, y que dichos
conciertos no contradicen los objetivos sanitarios, sociales y económicos previstos en los correspondientes planes de salud, en los términos dispuestos en el artículo 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.


b) Evaluar, en colaboración con la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y otros órganos competentes, el cumplimiento de las exigencias de necesidad, idoneidad y eficiencia en la contratación pública relativa a
las fórmulas de gestión sanitaria.


c) Verificar la inexistencia de discriminación por razones socioeconómicas o de otro tipo, de carácter directo o indirecto, en los regímenes de gestión privada de los servicios sanitarios.


d) Impedir y perseguir todas las modalidades específicas de fraude, corrupción o distorsión de las prestaciones o servicios sanitarios asociadas a todas las fórmulas organizativas distintas de la gestión directa.


e) Advertir a las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas de los incumplimientos que se detecten y las conclusiones que se alcancen en relación con la equidad y la solidaridad del Sistema Nacional de Salud.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.-Rosa María Medel Pérez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre consumo responsable y sostenible, para su debate en la en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


La producción y el consumo responsable son uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas (ONU) para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el
mundo. Cumplir con este reto supone evitar el deterioro del medioambiente, aprovechar más los recursos y promover estilos de vida sostenibles. En concreto, la meta 12.5 es: De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Como señala Naciones Unidas en el desarrollo de este objetivo, reducir los desechos y actuar de forma reflexiva a la hora de comprar y optar por una opción sostenible siempre
que sea posible, son las dos fórmulas a través de las cuales podemos contribuir como consumidores a la consecución de este objetivo. En el ámbito de la Unión Europea, el Pacto Verde Europeo es parte integrante de esta estrategia para aplicar la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.


Como se señala en la Nueva Agenda del Consumidor, existe un interés creciente entre los consumidores en contribuir personalmente a la consecución de la neutralidad climática, a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad y a
la reducción de la contaminación del agua, el aire y el suelo.


El Eurobarómetro especial n.° 501 (marzo de 2020) Actitudes de los ciudadanos europeos hacia el medio ambiente ha puesto de manifiesto este interés del conjunto de los consumidores europeos y ha mostrado una especial actitud y preocupación
de los consumidores españoles hacia la protección del medio ambiente: el 98 % de los consumidores españoles consideran que la protección del medio ambiente es muy o bastante importante (94 % UE28); el 36 % considera que cambiar nuestra forma de
consumir es una manera efectiva para combatir los problemas medioambientales (33 % UE28) Y una amplia mayoría considera que no se está haciendo lo suficiente ni desde el sector de la industria, ni desde el ámbito gubernamental, ya sea este local,
estatal o europeo, ni por los propios consumidores, para proteger el medio ambiente.


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Esta actitud de una amplia mayoría de consumidores constituye un enorme capital que se debe de aprovechar mediante la adopción de medidas que faculten, apoyen y permitan a cada consumidor, independientemente de su situación económica,
desempeñar un papel activo en la transición ecológica sin imponer un estilo de vida específico y sin ninguna discriminación social. El acceso a productos sostenibles no debe depender del nivel de ingresos o del lugar de residencia, sino que debe
estar disponible para todos. Así lo señala la Nueva Agenda del Consumidor, Reforzar la resiliencia del consumidor para una recuperación sostenible, puesta en marcha por la Comisión Europea con el fin de capacitar a los consumidores europeos para
que desempeñen un papel activo en las transiciones ecológica y digital. La hoja de ruta recientemente publicada para el Plan de Acción de Contaminación Cero de 2021, identifica los productos de consumo como un ámbito de actuación importante y
estudia maneras de incentivar a los consumidores para que elijan opciones más limpias;


El Plan de acción de la UE para la economía circular, considera que los consumidores, junto con las empresas, son agentes económicos fundamentales en la transición a una economía en la que el valor de los productos, los materiales y los
recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Empoderar a los consumidores y brindarles oportunidades de ahorro es una pieza clave del marco de la política de
productos sostenibles. Para aumentar la participación de los consumidores en la economía circular, la Comisión propondrá una revisión de la legislación de protección de los consumidores de la UE que garantice que estos reciban, en el punto de
venta, información fiable y pertinente sobre los productos que incluya datos sobre su vida útil y sobre la disponibilidad de servicios de reparación, piezas de recambio y manuales de reparación. La Comisión estudiará también la posibilidad de
seguir reforzando la protección de los consumidores contra el 'blanqueo ecológico' y la obsolescencia prematura y establecerá requisitos mínimos para las etiquetas o logotipos de sostenibilidad y las herramientas de información. Además, trabajará
para establecer un nuevo 'derecho a la reparación' y estudiará nuevos derechos sustantivos de carácter horizontal para los consumidores, como la disponibilidad de piezas de recambio, el acceso a servicios de reparación y, en el caso de las TIC y la
electrónica, los servicios de actualización [ ...]


Como señala la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2020, sobre el tema 'Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores', el consumo sostenible va de la mano de una producción sostenible y,
entre otras cuestiones, anima a los agentes económicos a que consideren la durabilidad de los productos y servicios desde la fase de diseño y cuando se introduzcan o presten en el mercado interior, a fin de garantizar a los consumidores una oferta
segura sostenible, rentable y atractiva.


Por lo que respecta a España, la Estrategia Española de Economía Circular, entronca con las principales iniciativas internacionales y europeas para contribuir a lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los
recursos y competitiva. Tal y como se señala en esta estrategia, la implicación de los consumidores es fundamental en la consecución de dicho objetivo. Sus decisiones en la compra de productos, así como su comportamiento en la separación de
residuos son determinantes en la transición hacia la economía circular.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de medidas que faculten, apoyen y permitan a cada consumidor, independientemente de su situación económica, desempeñar un papel activo en la transición ecológica sin imponer un
estilo de vida específico y sin ninguna discriminación social. Entre otras, estudiará la adopción de las siguientes:


1. Promover, a través de campañas de comunicación, en colaboración con el Consejo de Consumidores y Usuarios de España, la elección, por parte de los consumidores de productos y servicios menos contaminantes, la compra de productos
duraderos y la cultura de la reparación, el reciclado y la reutilización.


2. Impulsar, en el ámbito de la Unión Europea, un etiquetado obligatorio que informe a los consumidores, de manera comprensible, sobre la vida útil estimada y la reparabilidad de un producto.


3. Mejorar la información de los consumidores respecto a sus derechos en relación con la garantía legal de los productos.



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4. Hacer frente a la obsolescencia prematura de los productos de consumo. Valorar la incorporación como prácticas comerciales desleales con los consumidores aquellas tendentes a reducir la vida útil de un producto para aumentar su tasa de
sustitución o a limitar indebidamente su reparabilidad.


5. Favorecer la compra de productos alimenticios de proximidad por su contribución al ahorro energético, el asentamiento de la población en zonas rurales o desfavorecidas y la disminución del desperdicio alimentario.


6. Favorecer la reutilización de envases por los minoristas y los consumidores, preservando las máximas garantías de higiene y seguridad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.-Marisol Sánchez Jódar, Julio Navalpotro Gómez, Ana Prieto Nieto, Carmen Andrés Añón, José Ramón Ortega Domínguez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces,
Andrea Fernández Benéitez, Sandra Guaita Esteruelas, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicente Viondi y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de atención personalizada a los
usuarios de la banca, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


Los poderes públicos, de conformidad con el artículo 51 de la Constitución Española, deben garantizar la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos
intereses económicos de las mismas.


En cumplimiento de este mandato constitucional, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
incorpora, en el ámbito de las competencias estatales, el régimen general de la protección de las personas consumidoras y usuarias.


El artículo 8 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias ha calificado la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias mediante procedimientos
eficaces como un derecho básico, y, en su artículo 21, exige que el régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de renuncia o devolución que se establezca en los contratos con personas consumidoras permita asegurarse de la
naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad del bien o servicio, así como reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro, hacer efectivas las garantías de calidad o nivel de prestación ofrecidos y obtener la
devolución equitativa del precio de mercado del bien o servicio, total o parcialmente, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso.


Los servicios bancarios han experimentado una gran transformación en poco tiempo, el envejecimiento de la población, el avance veloz de la digitalización y el cierre de sucursales bancarias en el medio rural ha provocado lo que conocemos
como 'exclusión bancaria', un fenómeno que afecta especialmente a los usuarios mayores. Es un hecho que los nuevos formatos de atención bancaria tienen un impacto significativo sobre todos los consumidores por los que es necesario poner en marcha
medidas para atajar el problema.


El cierre de oficinas físicas, la reducción de horarios de ventanilla, la necesidad de cita previa, dificultades en la atención telefónica, por correo postal o correo electrónico, la carencia de dispositivos informáticos, la ausencia de
habilidades digitales, la complejidad de las cajeros y aplicaciones informáticas, las contraseñas y autentificaciones, hacen que para muchos usuarios ir al banco, sacar dinero o actualizar la libreta de ahorro se haya convertido en una auténtica
odisea que genera frustración y desasosiego. Y el problema es aún más acusado en los usuarios de más edad y en los que viven en zonas rurales.



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La 'brecha digital bancaria' es un hecho para cerca de 10 millones de usuarios ya que las entidades bancadas han apostado decididamente por la banca online en detrimento de la atención presencial. Estos profundos cambios estructurales en el
sector bancario han limitado los servicios presenciales de forma significativa, y el resultado es que muchos usuarios, especialmente las personas de mayor edad tienen dificultades para la gestión cotidiana de sus finanzas personales.


Entre las quejas y reclamaciones más frecuentes según las asociaciones de consumidores y usuarios y la Oficina del Defensor del Pueblo están que: no han podido hacer una gestión presencial porque no estaba disponible la atención en
ventanilla, pagar por realizar una gestión bancaria que antes era gratuita, tener que desplazarse a más distancia de la que solía para hacer algunas gestiones bancadas básicas como sacar dinero o pagar recibos. Esta situación es más común entre
quienes viven en pueblos o zonas más rurales.


La atención a los usuarios de la banca ha evolucionado de presencial, telefónica, correo postal, correo electrónico a atención preferentemente digital para la mayoría de las gestiones, lo que ha producido una brecha digital insalvable a los
usuarios analógicos y sin habilidades digitales.


Los servidos bancarios son servicios esenciales para todos los ciudadanos españoles mayores de edad, imprescindibles para cobrar, pagar, comprar, vender, invertir y al menos mientras dure la transición a la digitalización accesible y
comprensiva para toda la población, el 'servicios bancario físico' debe ser considerado como un 'servicio básico y universal' y el Gobierno debe garantizar que llega a toda la población, igual que las telecomunicaciones o Correos.


Así mismo consideramos fundamental que el Gobierno vele porque la tecnología de acceso a las gestiones bancadas básicas sea sencilla, comprensible, inclusiva y segura, para facilitar las operaciones básicas a las personas mayores y con
limitaciones digitales.


En las circunstancias actuales es imprescindible que el Gobierno vele porque se garantice la seguridad y que se proteja a los usuarios de robos en cajeros, engaños y estafas online.


Según todo lo expuesto anteriormente entre los problemas que afectan a los usuarios de la banca y que hay que corregir están:


1. La desaparición de entidades financieras de la España rural y de la España vaciada.


2. La frontera o muralla tecnológica, y su efecto en la tercera y cuarta edad, derivada de la digitalización


3. Las trabas que las entidades financieras han impuesto para las gestiones presenciales.


A la vista de todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar la firma de convenios entre Correos y las entidades financieras para que éstas puedan prestar sus servicios financieros a través de las oficinas de Correos, garantizando el acceso a aquellas personas mayores que viven en los
municipios de menos de 5.000 habitantes y que se encuentran en claro riesgo de exclusión financiera y social.


2. Que el Gobierno garantice que el servicio bancario físico se considere como 'servicio básico y universal'. Estableciéndose un periodo transitorio donde convivan las gestiones presenciales y las operaciones digitales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2022.-Carmen Riolobos Regadera, Ana María Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado, Mario Garcés Sanagustín, Miguel Ángel Castellón Rubio, Vicente Tirado Ochoa, Andrés Lorite Lorite,
Elena Castillo López y Rosa María Romero Sánchez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre despilfarro alimentario, para su debate en la en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


En septiembre del 2015 todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. España está comprometida a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que incluyen, en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 12.3, la reducción del desperdicio de alimentos a la mitad entre minoristas y consumidores y la disminución de las pérdidas de alimentos en el resto de los eslabones de la cadena alimentaria.


Según la organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) más de una tercera parte de los alimentos producidos en la actualidad se pierde o desperdicia. Los costes totales a escala mundial del despilfarro de
alimentos ascienden a unos 2,6 billones de dólares de los Estados Unidos (USD) al año, incluidos 700.000 millones de USD en concepto de costes ambientales y 900.000 millones de USD en concepto de costes sociales.


Reducir el volumen de desperdicios alimentarios es además una obligación moral. Según el Programa Mundial de Alimentos, 795 millones de personas en el mundo no disponen de alimentos suficientes para llevar una vida sana y activa. La
malnutrición es responsable de cerca de la mitad de todas las muertes de niños menores de cinco años. El desperdicio de alimentos no es sólo una de las mayores muestras de ineficiencia en el sector agroalimentario, que encadena y agota los recursos
naturales limitados, como la tierra, el agua y la biodiversidad, es también un símbolo de la destrucción medioambiental provocada por la sociedad opulenta y sobre todo, un símbolo de injusticia: mientras en los países industrializados se tiran
toneladas de comida, muchos seres humanos no pueden permitirse comer. Los consumidores de los países industrializados desperdician casi la misma cantidad de alimentos (222 millones de toneladas) que la producción de alimentos neta total del África
subsahariana (230 millones de toneladas).


Dentro de los objetivos esenciales del Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea publicó en mayo de 2020 la 'Estrategia de la granja a la mesa. Para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente' En esta
comunicación, la Comisión se ha comprometido, en coherencia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3, a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el comercio minorista y por los consumidores en el año 2030, así como a revisar
las normas de la UE para tener en cuenta los estudios de consumo sobre la mala comprensión y el mal uso de la indicación de fechas ('fecha de caducidad' y 'fecha de consumo preferente') que hacen que se desperdicien alimentos. Según datos de la
Comisión Europea, hasta 1/3 de la comida que se desperdicia en los hogares está vinculada al etiquetado de los productos alimenticios. Las políticas e instrumentos contemplados en el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular y la Estrategia
sobre Biodiversidad contribuirán también a cumplir el objetivo de reducción del desperdicio de alimentos.


En la Unión Europea (UE) el 30 % de todos los alimentos producidos no se consumen. Se desperdician unos 89 millones de toneladas al año (el equivalente a 173 Kg por persona) y se emiten 170 millones de toneladas de CO2 en la producción y
eliminación de residuos alimentarios. Los costes asociados con los residuos alimentarios para la UE se calculan en unos 143.000 millones de euros. Dos tercios de los costes están asociados con los residuos de alimentos de los hogares. Mientras el
30 % de los alimentos producidos en la UE se pierde, 55 millones de personas no pueden pagar alimentos de calidad cada dos días.


Por lo que respecta a España, actualmente está en marcha la Estrategia 'Más alimento, menos desperdicio', organizada en torno a ocho áreas de actuación: Formación y sensibilización, fomento de buenas prácticas, colaboración con otros
agentes, acuerdos sectoriales, aspectos normativos, investigación e innovación y desperdicio alimentario, medio ambiente y cambio climático. Con esta estrategia, el Gobierno contribuye decididamente a la consecución de los objetivos asumidos en
Naciones



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Unidas, incluyendo actuaciones que permitan cambiar las actitudes y hábitos de los consumidores. Además el Gobierno está tramitando actualmente el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario cuyo principal
objetivo radica en conseguir una drástica reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos.


Según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, en el año 2020 se desperdiciaron en España 1.364 millones de kilos de alimentos en los hogares, de los cuales 1.039 millones de kilos se corresponden a alimentos sin utilizar y 324
millones a platos cocinados o recetas. A la semana, 26,2 millones de kilos de alimentos son desperdiciados por los hogares españoles.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Continuar desarrollando la estrategia para la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos 'Más alimento, menos desperdicio', reforzando las acciones de sensibilización y divulgación dirigidas a los consumidores.


2. Con la colaboración de las asociaciones nacionales de consumidores, impulsar campañas informativas que fomenten comportamientos responsables que contribuyan a la reducción del despilfarro alimentario en los hogares y eviten confusiones
en el consumidor con respecto a la aptitud para el consumo de determinados alimentos.


3. Salvaguardando los máximos niveles de seguridad alimentaria, adoptar medidas que favorezcan que todos los agentes implicados en la producción, generación, distribución y comercialización de alimentos puedan donar la comida que desechan,
apta para el consumo humano.


4. Promover la comercialización de alimentos con defectos de forma, tamaño u otros que no afecten a la seguridad de los mismos.


5. Adoptar aquellas medidas que favorezcan que, en los negocios de hostelería y otros servicios alimentarios, los consumidores puedan llevarse, sin coste adicional, los alimentos que no hayan consumido.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Marisol Sánchez Jódar, Julio Navalpotro Gómez, Ana Prieto Nieto, Carmen Andrés Añón, José Ramón Ortega Domínguez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces,
Andrea Fernández Benéitez, Sandra Guaita Esteruelas, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicente Viondi y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Consuelo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003715


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del Diputado del PDeCAT Ferran Bel Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo,
una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a financiar a las comunidades autónomas la compra de la vacuna contra la meningitis B.


Exposición de motivos


El pasado 28 de septiembre de 2021 la Organización Mundial de la Salud presentaba el plan global 'Defeat Meningitis by 2030' en el que se insta a todas las instituciones competentes a tomar las medidas necesarias para vencer a la meningitis,
poniendo el foco en la prevención, la sensibilización y la visibilización de la enfermedad.


Como consecuencia a este plan mundial, desde la Asociación Española contra la Meningitis, la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Enfermería Pediátrica y la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, con el respaldo
de la OMS, se lanzó el pasado 29 de septiembre de 2021 un manifiesto bajo el título 'Respuesta española contra la meningitis: Objetivo derrotar a la



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meningitis 2030'. En este manifiesto se hace hincapié en la necesidad de romper con la desigualdad existente en España respecto a la protección de la meningitis, en concreto respecto a la protección contra la meningitis B, un serogrupo
especialmente virulento que afecta a recién nacidos y que provoca una alta tasa de secuelas graves y de mortalidad. En España, la vacuna contra la meningitis B está incluida en el calendario vacunal de algunas CCAA, y en las que no lo está sólo se
puede acceder a ella adquiriéndola en una farmacia a un elevado coste: 318,40 €.


Además, el pasado 3 de septiembre de 2021 se presentó en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo un estudio de efectividad de la vacuna contra la meningitis B, realizado en España a través del Ministerio de Sanidad y las Consejerías
de Sanidad de todas las comunidades autónomas.


Este estudio arroja conclusiones enormemente interesantes y profundamente esperanzadoras para derrotar definitivamente la meningitis. En primer lugar, demuestra la vital importancia que las madres y padres dan a la EMI (Enfermedad
Meningocócica Invasiva), ya que la extensión de la vacuna pasó de un 4,5 % en 2015-2016 a un 44,4 % en 2018-2019, con el coste económico que eso supone para las familias.


También ha demostrado que la vacuna es efectiva en la prevención de la EMI por serogrupo B, por serogrupo No B, por cualquier serogrupo y en los casos graves. Asimismo, el estudio señala que su efectividad para las cepas de Meningococo B
gMATS alcanza el 100 %.


Por último, el estudio ha mostrado también que no ha habido ningún fallecimiento por EMI entre los vacunados de serogrupo B.


Respecto a la viabilidad económica de esta medida, la Asociación Española contra la Meningitis realizó un estudio con el Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla, dependiente de la Universidad de Cantabria en el que se arrojaban datos
demoledores sobre el coste de la enfermedad, tanto para las familias como para la Administración Pública. El estudio certifica que un superviviente de meningitis puede necesitar unos cuidados que llegarían al millón de euros durante toda su vida.
A esta cuestión, se añade la brecha de género existente en el cuidado de los supervivientes de meningitis, ya que el perfil de cuidador que tiene que abandonar su ocupación laboral es el de la progenitora del superviviente.


En definitiva, se constata la necesidad de visibilizar la meningitis, cuyos síntomas pueden conducir a los profesionales médicos a confundirla con otras enfermedades comunes, y de sensibilizar a nuestro personal sanitario para su diagnóstico
precoz, más aun actualmente, con una crisis pandémica que complica su diagnóstico. Además, las secuelas de la meningitis suponen un elevado coste emocional, físico, social y económico para las familias y pueden generar un elevado gasto para el SNS,
por lo que la prevención es la única manera de avanzar en la lucha contra esta enfermedad.


Por todo ello, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Dentro de sus competencias, seguir la hoja de ruta de la OMS 'Derrotar a la meningitis antes de 2030' y llevar a cabo las medidas necesarias para acometer los objetivos que marca esta organización en el Estado español.


2. Dotar una partida presupuestaria específica para financiar a las comunidades autónomas la compra de la vacuna contra la meningitis.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2022.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


161/003723


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley para garantizar la inclusión financiera de las personas más vulnerables y especialmente a las
personas de mayor edad, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.



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Exposición de motivos


La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha denunciado públicamente el grave problema de exclusión financiera que sufren las personas mayores motivado por el cierre de sucursales bancadas, la apuesta de las entidades financieras por la
banca 'online' y las dificultades de este colectivo en el manejo de las nuevas tecnologías. A todo ello debe añadirse, la disminución paralela del personal bancario, lo que ha supuesto un deterioro en la percepción de la calidad del servicio,
especialmente entre las personas mayores, debido a la importancia para este colectivo de la dimensión relacional.


El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en una reciente reunión con representantes del sector de la Banca y del Banco de España, trasladó la inquietud del Gobierno por que esté suficientemente garantizado el acceso de
los mayores a los servicios financieros. En la citada reunión se acordó que las patronales bancadas revisaran su 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', planteando así nuevas soluciones para garantizar
la inclusión financiera de nuestros mayores. El simple cumplimiento del citado protocolo exigiría, por parte de la Banca, promover el acercamiento a los servicios financieros a todas las personas, hacerlos más accesibles, considerando especialmente
las necesidades de las personas con discapacidad y de las personas mayores, para ofrecerles un servicio de calidad más adaptado a sus circunstancias, así como para otros colectivos en riesgo de exclusión [ ...]


La introducción de las nuevas tecnologías en los servicios bancarios exacerba la definición del consumidor vulnerable, incluyendo a quienes carecen de acceso o capacidad de uso de dicha tecnología. Determinados colectivos, como las personas
mayores, menos habituados al uso de las nuevas tecnologías, requieren mayor atención del personal bancario para mejorar la calidad del servicio y, en muchos casos, evitar su exclusión financiera. Esa dependencia de la atención en la prestación de
servicios financieros en las personas de mayor edad era reconocida por el G20 en su informe y ecomendaciones sobre longevidad e inclusión financiera (G20 Fukuoka Priority Policies on Aging and Financial Inclusión), debido a su menor conocimiento
financiero, y de acceso a internet en dicho segmento de población.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover la atención presencial a las personas de mayor edad y a todos aquellos colectivos para los que el acceso a los servicios financieros a través de las nuevas tecnologías constituya un motivo de exclusión financiera. Para ello, se
tendrán en cuenta los compromisos asumidos por las entidades financieras en el 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca'.


2. Promover la alfabetización digital de la población más afectada en línea con la estrategia España Digital 2025.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2022.-Marisol Sánchez Jódar, Julio Navalpotro Gómez, Ana Prieto Nieto, Carmen Andrés Añón, José Ramón Ortega Domínguez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces,
Andrea Fernández Benéitez, Sandra Guaita Esteruelas, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicente Viondi, Agustín Zamarrón Moreno y Pedro Casares Hontañón, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Consuelo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario del Socialista.



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Comisión de Ciencia Innovación y Universidades


161/003680


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para eliminar trabas burocráticas a la I+D mediante la figura de
los gestores de la investigación, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.


Exposición de motivos


El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con investigadores de primer nivel, pero no es capaz de aprovechar todo el talento de nuestros científicos. Varias razones, principalmente atribuibles a nuestro marco jurídico y
a las dinámicas de nuestras administraciones, lastran el potencial de nuestros científicos. Por ejemplo, la precariedad de los contratos expulsa talento, al considerar estos investigadores que es mejor para su carrera profesional desarrollar sus
tareas en el exterior, con un mayor reconocimiento, más apoyo económico y mejores condiciones laborales.


Otro de los grandes obstáculos que encuentran nuestros grupos de investigación es la burocracia. La Administración General del Estado en España tiene una lógica organizativa en la cual la carga de la prueba se deposita sobre la persona
física o jurídica que se relaciona con ella. Esto supone que no es la propia Administración, pese a los recursos económicos y humanos de los que dispone para ello, sino el individuo el que debe aportar documentación relativa a asuntos como la
fiscalización de fondos públicos. En lugar de ser la Administración, a través de su personal y sus recursos, quien se encarga de la fiscalización de esos fondos que entrega, la lógica organizativa consiste en poner barreras y requisitos previos que
cumplir, cual lista de tareas pendientes, antes de que la Administración dé luz verde a esa financiación.


En ocasiones, esto supone que haya elementos puramente administrativos que impiden el acceso de grupos de investigación a líneas de financiación, o requisitos que establecen que si no se gastan los recursos en un determinado plazo habrá que
devolverlos, en lugar de poder utilizarlos para otros fines en el futuro. Los investigadores, por tanto, se ven obligados a hacer frente a unas tareas administrativas para las que no están necesariamente preparados ni tendrían por qué estarlo,
especialmente teniendo en cuenta que el valor añadido de nuestros científicos está, precisamente, en las tareas de investigación y es a eso a lo que deberían dedicar el 100 % de su jornada laboral.


De acuerdo a un estudio publicado en la revista especializada Nature, los líderes de los grupos de investigación admiten que una de las principales necesidades que tienen es la de recibir un mejor apoyo para las tareas administrativas, tanto
las suyas como las de los miembros del grupo de investigación. Otro estudio, publicado en la revista especializada PLOS Computational Biology, afirmaba que un apoyo administrativo adecuado puede tener un gran impacto positivo sobre la productividad
de los grupos de investigación, al contribuir a generar un ambiente de trabajo más eficiente y más efectivo, permitiendo a los investigadores a centrarse principalmente en el avance científico.


En este contexto se pone en valor la figura de los gestores de la investigación, personal con experiencia y competencias en gestión administrativa que se dedica principalmente a labores de asistencia técnica a los grupos de investigación en
sus tareas burocráticas. Por ejemplo, estos profesionales ayudan a los científicos a solicitar fondos de investigación o gestionan los presupuestos de las convocatorias ya concedidas. De este modo, los gestores de la investigación son quienes
realizan un seguimiento de las líneas de investigación disponibles para el grupo, prepara la documentación necesaria para solicitar financiación, se encarga de realizar los informes de seguimiento del gasto presupuestario y ultima los informes de
rendición de cuentas que exige la Administración. Los gestores de la investigación se convierten en el punto de contacto de los responsables y de los miembros de esos grupos de investigación para resolver dudas de carácter administrativo sobre los
fondos que tienen a su disposición.


Es más, en Estados Unidos o Japón, líderes mundiales en I+D, ya existen itinerarios formativos específicos para estos profesionales, aunque provienen de diferentes campos del saber. Según una encuesta no publicada de 2019, en torno al 28 %
tiene un doctorado, mientras que el 24 % tiene un nivel de máster o posgrado, mientras que en torno a dos tercios de los gestores de la investigación no



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contaban con formación en ciencias puras, sino que provenían de itinerarios formativos de gestión de empresas o de administración pública. Sin embargo, muchos de ellos consideran recomendable que el profesional en cuestión esté
familiarizado con los procesos de la investigación, para facilitar su trabajo en un ambiente mayoritariamente formado por científicos, o que al menos sienta curiosidad sobre la actividad científica.


En España, sin embargo, no se ha aprovechado al máximo el potencial de los gestores de la investigación a la hora de facilitar el trabajo de los grupos de investigación en nuestro país. Además, las restricciones presupuestarias a las que a
menudo se enfrentan los Organismos Públicos de Investigación (OPI) y las universidades han impedido la creación de una red de profesionales suficientemente potente y bien preparada para aliviar las cargas burocráticas que actualmente recaen sobre
los hombros de los propios científicos. Esto hace que nuestros investigadores sigan teniendo que enfrentarse a una situación de trabas administrativas excesivas que les impide centrarse de forma adecuada en sus investigaciones.


El Gobierno de España acaba de publicar su anteproyecto de reforma de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el que incluye una disposición adicional sobre trabas burocráticas. Sin embargo, esta
disposición simplemente establece un objetivo de que por parte de los agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 'se promoverá la adopción de medidas para la reducción de cargas administrativas y duplicidades en los procedimientos de
acreditación y evaluación'. Ese objetivo, según el propio texto, es que 'los interesados en los correspondientes procedimientos administrativos no aporten documentos que ya se encuentren en poder de los citados agentes o hayan sido elaborados por
los mismos, ni se les exija a tales interesados datos o documentos que no resulten preceptivos de acuerdo con la normativa legal o reglamentaria aplicable a los procesos de acreditación y evaluación de la actividad investigadora, o que ya hayan sido
aportados por estos en cualquier momento anterior'. Sin embargo, no se alivia la carga administrativa sobre los científicos ni se hace tampoco mención a la necesaria figura de los gestores de la investigación, por lo que la intención queda vacía de
recursos y de contenido.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reconocer, en la reforma de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la figura de los gestores de la investigación como pieza fundamental para reducir las trabas burocráticas a las que se enfrentan los
grupos de investigación que realizan actividades en España.


2. Facilitar el acceso de los grupos de investigación a gestores de la investigación, de forma que todo grupo de investigación que realice actividades en España pueda contar con un gestor de la investigación entre sus filas, mediante
contratación de estos profesionales por parte de la Administración General del Estado o mediante líneas específicas de ayudas a la contratación.


3. Emprender la reducción de trámites y procedimientos burocráticos que se exige a los grupos de investigación para acceder a líneas de financiación de la investigación y para llevar a cabo las obligaciones relativas a rendición de cuentas
y contabilidad de esa financiación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


161/003675


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, doña María Teresa López Álvarez, don Pablo Juan Calvo Liste, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de la Cabeza Ruiz Solás y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo



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dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la garantía de la protección y el cuidado de los menores tutelados en los centros de protección de menores de
todo el territorio español, para su discusión en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.


Exposición de motivos


Primero. Centros de menores tutelados.


El artículo 39 de la Constitución Española ('CE') establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos
internacionales que velan por sus derechos. Así, como medida de protección de menores se crearon los denominados centros de menores tutelados.


Asimismo, se han venido promulgando diversas normas en materia de protección de la infancia y la adolescencia y, en concreto, en materia de acogimiento residencial, a saber:


- Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.


- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y ala adolescencia.


- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y ala adolescencia.


- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.


No obstante, en virtud del artículo 148.1. 20.ª CE, las Comunidades Autónomas han asumido sus respectivas competencias en materia de Asistencia Social, por lo que cada territorio ha desarrollado su propia legislación de protección de
menores, de tal modo que las referidas normas coexisten con las leyes y normas con fuerza de ley desarrolladas en cada autonomía de conformidad con los distintos Estatutos de Autonomía. En definitiva, la protección pública del menor mediante el
acogimiento residencial depende de las Comunidades Autónomas. La doctora Martínez García se hace eco de la patente 'necesidad de evitar una disparidad injustificada de regulaciones' y reconoce que 'sigue sin existir una coordinación efectiva entre'
el Observatorio de Infancia y las administraciones 106.


La gestión de los centros pueden asumirla tanto la Administración Pública directamente como las Entidades Privadas por vía de contrato o convenio 107. En este segundo caso, los centros pueden ser tanto privados como de titularidad pública
cuya gestión cede la Administración. En 2020, el 18 % de los centros de protección de menores fueron gestionados por entidades de titularidad pública y el 82 % por entidades colaboradoras 108.


El Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia (Boletín número 23, 2020) define el acogimiento residencial en los siguientes términos:


'Medida protectora consistente en el cuidado y custodia del menor de edad, bien como contenido propio de la Tutela o con independencia de que ésta se haya asumido, cuando se lleva a efecto mediante el ingreso del menor de edad en un centro o
establecimiento, sea propio o colaborador. Se consideran asimilados a los centros, a estos efectos, los pisos tutelados, hogares funcionales, mini residencias, etc., tanto de titularidad de la entidad pública como de centros colaboradores' 109.


106 https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/pgp/98.pdf


107 No obstante, el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece como obligación básica del acogimiento
residencial que, 'a los efectos de asegurar la protección de los derechos de los menores, la Entidad Pública deberá realizar la inspección y supervisión de los centros y servicios semestralmente y siempre que así lo exijan las circunstancias'.


108 https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/infancia-y-adolescencia/PDF/Estadisticaboletineslegislacion/Boletin_Proteccion_23_Provisional.pdf


109 Ibidem.



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El acogimiento residencial 'es aquel que lleva a cabo la Entidad Pública competente como medida de protección' 110, y 'la pretensión principal de la Administración Pública es que la duración de la estancia del menor en un centro sea lo más
corta posible. En cuanto su entorno haya reunido las condiciones básicas de idoneidad o se derive a otro recurso de carácter estable, mostrando preferencia por el Acogimiento Familiar' 111. Existen distintos tipos, como los centros de recepción,
centros de acogida, hogares funcionales o los centros de emancipación 112.


El total de acogimiento residenciales ascendía a 23.209 menores en 2019, de los cuales algo más de la mitad 'tuvo como causa la asunción de tutela 'ex lege' por las entidades públicas de protección de infancia' 113. No obstante, en 2020 la
cifra total de acogimientos residenciales se redujo un 26,79 %, descendiendo hasta los a 16.991 menores, según datos estadísticos provisionales 114.


Segundo. Casos de abusos y explotación sexual de menores tutelados.


En los últimos tiempos han salido a la luz distintos casos de abusos sexuales y explotación de menores tutelados en centros de protección. Destaca el caso de las menores tuteladas de Baleares, en el que estuvieron involucrados tanto menores
como trabajadores de los mismos centros. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que ostenta la gestión de la treintena de centros de protección de menores en el Consell de Mallorca, ha reconocido dieciséis casos de menores sometidos a
explotación sexual.


Asimismo, diversos medios se han hecho eco de casos semejantes tanto en la Comunidad de Madrid 115 como en la Comunidad Valenciana 116 o Canarias 117.


Tercero. Las actuaciones en los centros de protección.


El artículo 53 de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia recoge los protocolos de actuación en los centros de protección de personas menores de edad.


El referido precepto señala lo siguiente: 'Todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos seguros e, independientemente de su titularidad, están obligados a aplicar los protocolos de actuación que establezca la
Entidad Pública de Protección a la infancia, y que contendrán las actuaciones que deben seguirse para la prevención, detección precoz e intervención frente a las posibles situaciones de violencia comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley.'


Tal y como sigue señalando el artículo, los protocolos, en otros aspectos:


a) 'Determinarán la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de comunicación y la coordinación de los y las profesionales responsables de cada actuación.


b) Establecerán mecanismos de queja y denuncia sencillos, accesibles, seguros y confidenciales para informar, de forma que los niños, niñas y adolescentes sean tratados sin riesgo de sufrir represalias. Las respuestas a estas quejas serán
susceptibles de ser recurridas. En todo caso las personas menores de edad tendrán derecho a remitir quejas de forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonómicas
homologas.


c) Garantizar que, en el momento del ingreso, el centro de protección facilite a la persona menor de edad, por escrito y en idioma y formato que le resulte comprensible y accesible, las normas de convivencia y el régimen disciplinario que
rige en el centro, así como información sobre los mecanismos de queja y de comunicación existentes.


d) Deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como motivación la discapacidad, el racismo o el lugar de origen, la orientación sexual, la identidad o expresión de género. De


110 Real Fernández, M., Navarro Soria, I., Martín-Aragón Gelabert, M., Terol Cantero, M.a C. (2020). 'Acogimiento familiar en España: un estudio de revisión'. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 84, 8-24,
http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/inavarro2.pdf


111 Ibidem.


112 Ibidem.


113 https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/BOLETINJ22Jinal.pdf


114 https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/infancia-y-adolescencia/PDF/Estadisticaboletineslegislacion/Boletin_Proteccion_23_.Provisional.pdf


115 https://www.elmundo.es/madrid/2022/01/19/61e740eee4d4d852568b45cl.html


116 https://okdiario.com/espana/hasta-127-menores-bajo-tutela-denuncian-abusos-estando-residencias-bajo-control-puig-oltra-8386700


117 https://www.canarias7.es/sociedad/detenidas-personas-mallorca-20210916201430-ntrc.html



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igual modo, dichos protocolos deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías de las personas menores de edad o dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad y
reputación.


e) Deberán tener en cuenta las situaciones en las que es aconsejable el traslado de la persona menor de edad a otro centro para garantizar su interés superior y su bienestar'.


De igual modo, la ley prevé en su artículo 54 una atención reforzada y específica ante casos de explotación sexual y trata de personas menores de edad sujetas a medidas de protección, señalando, respecto a los protocolos anteriormente
citados, que 'deberán contener actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas menores de edad sujetas a medida
protectora y que residan en centros residenciales bajo su responsabilidad. Se tendrá muy especialmente en cuenta para la elaboración de estas actuaciones la perspectiva de género [sic], así como las medidas necesarias de coordinación con el
Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de los agentes sociales implicados'.


Por último, dentro de las actuaciones que la norma prevé en centros de protección se encuentra la supervisión por parte del Ministerio Fiscal, que 'visitará periódicamente de acuerdo con lo previsto en la normativa interna de los centros de
protección de personas menores de edad para supervisar el cumplimiento de los protocolos de actuación y dar seguimiento a los mecanismos de comunicación de situaciones de violencia, así como escuchar a los niños, niñas y adolescentes que así lo
soliciten' (artículo 55.1).


Respecto a las entidades públicas de protección a la infancia, estas 'mantendrán comunicación de carácter permanente con el Ministerio Fiscal y, en su caso, con la autoridad judicial que acordó el ingreso, sobre las circunstancias relevantes
que puedan producirse durante la estancia en un centro que afecte a la persona menor de edad, así como la necesidad de mantener el mismo' (artículo 55.2).


Cuarto. Menores extranjeros no acompañados.


Según consta en la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2021, en 2020 se localizaron '3.307 menores extranjeros no acompañados llegados a España por vía marítima en pateras u otras embarcaciones frágiles (un 15,10 % más que
durante el año 2019)' 118, de los cuales 'el mayor número procede de Marruecos (1.393 = 42,22 %), seguido por naturales de Malí (577 = 27,44 %), Argelia (549 = 16,60 %), Senegal (438 = 13,24 %), República de Guinea (118 = 3,56), y Gambia (109 = 3,29
%) y a mucha distancia Costa de Marfil (65 = 1,96 %) o Camerún (16 = 0,48 %)' 119.


El 2 de octubre de 2012 entró en vigor el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado,
hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007 (en adelante, 'Acuerdo').


En el artículo 2 se fijaba, como uno de los tres objetivos específicos del Acuerdo, lo siguiente:


'favorecer el retomo asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social.'


En desarrollo de dicho propósito, el artículo 5 consigna tres 'acciones en materia de retorno'. Estas acciones son las siguientes:


1. Las autoridades competentes españolas deben resolver acerca del retorno de los menores de edad no acompañados a su país de origen. Tal decisión ha de adoptarse 'con observancia estricta de la legislación española, las normas y
principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño'.


2. Las Partes Contratantes del Acuerdo han de garantizar, en el caso de que los menores de edad no acompañados sean repatriados a su país de origen, las condiciones para su reunificación familiar o su entrega a una institución de tutela.


3. Las autoridades competentes españolas y marroquíes deben cooperar en el establecimiento de un dispositivo de acogida.


118 https://www.fiscal.es/memorias/memoria2021/FISCALIA_SITE/capitulo III/cap_III_4_6.html


119 Ibidem.



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No obstante lo anterior, la legislación internacional y nacional, la doctrina y la jurisprudencia concuerdan en que el mejor entorno para un menor es, por regla general, su propia familia. Así lo expone Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor en el parágrafo c) de su artículo 2.2., cuando afirma que uno de los criterios para determinar el interés superior del menor es 'priorizar la permanencia en su familia de origen y [ ...] preservar el mantenimiento de
sus relaciones familiares [ ...] Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, [ ...] primando siempre el interés y las necesidades del menor sobre las de la familia' 120.


De hecho, las propias normas de nuestro ordenamiento en materia de tutela administrativa tienen como criterio primordial, aparte de garantizar el interés del menor, procurar su reincorporación a su familia de origen.


Por consiguiente, el Grupo Parlamentario VOX aboga por priorizar y garantizar el retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, así como las condiciones para su reunificación familiar o su entrega a una institución
de tutela, siempre respetando el principio del interés superior del menor.


Quinto. Conclusiones.


El objeto de la presente Proposición no de Ley no es otro que instar al Gobierno a que, dentro de sus competencias y en necesaria coordinación con las Comunidades Autónomas, promueva las medidas necesarias para garantizar la protección y el
cuidado de los menores tutelados en los centros de protección de menores de todo el territorio español.


El Grupo Parlamentario VOX ya instó al Gobierno el pasado mes de junio a crear una Comisión de Investigación sobre la gestión de los centros de protección de menores en España a raíz de los hechos conocidos en Baleares, de indudable interés
público (Boletines del Congreso de los Diputados Núm. D-297 de 22/06/2021 Pág.: 88, y Núm. D-376 de 15/12/2021 Pág.: 59). La propuesta fue rechazada, como consta en el diario de sesiones Núm. 545 de 17/11/2021 Pág.: 10 de la Comisión de
Derechos de la Infancia y Adolescencia.


No obstante, las nuevas muestras de atentados contra la dignidad de los menores tutelados en distintas regiones del territorio nacional exigen poner todos los medios necesarios para esclarecer los hechos y reforzar las medidas de protección
de los menores, habida cuenta de la responsabilidad de las Administraciones Públicas como garantes del derecho a la protección pública del menor, en tanto en cuanto pueden asumir la tutela y guarda de estos ante la existencia de situaciones de
riesgo y desamparo, tal y como establecen los artículos 172 y 222 del Código Civil.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


Dentro de sus competencias y en necesaria coordinación con las autoridades competentes, promover las medidas necesarias para garantizar la protección y el cuidado de los menores tutelados en los centros de protección de menores de todo el
territorio español y, en particular, las siguientes:


- Instar la actuación del Ministerio Fiscal en relación con cualesquiera hechos relativos a abusos y explotación sexual que puedan haber ocurrido en centros de protección de menores en España.


- Promover la evaluación y fortalecimiento de los protocolos de actuación en los centros de protección de menores en España en aras de prevenir la comisión de delitos y favorecer el buen ambiente de los centros.


- Promover el acogimiento familiar frente al acogimiento residencial.


- Garantizar el retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, así como las condiciones para su reunificación familiar o su entrega a una institución de tutela en su país de origen, siempre respetando el principio
del interés superior del menor.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.-María Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás y Georgina Trías Gil, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.


120 Sobre el particular, véanse los arts. 172.4,172.5,172.2 ter y 173.3 del Código Civil, 2, 9,10,11,14, 21, 24, D. A.3a y D. F. 20a de la LOPJM, 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño y 8.14 de la Carta Europea de los Derechos del
Niño.



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161/003685


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la inclusión de políticas activas de gestión en todos los ámbitos de infancia
y adolescencia de cara a aumentar la pedagogía en positivo en relación al tratamiento práctico que frene y erradique los delitos de odio, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.


Exposición de motivos


El miedo es el mayor aliado de los delitos de odio. Miedo a denunciar, miedo a que a la víctima no se la tome en serio. El Ministerio del Interior ha publicado en fechas recientes un informe encabezado en una de sus bases de la
introducción por el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que establece que 'Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados de razón y conciencia, tienen el deber de comportarse
fraternalmente los unos con los otros'. Como bien nos mostraba en sus versos el poeta chileno Pablo Neruda, 'Nos acercamos al cielo en veloces cohetes y no acercamos nuestras manos en la fraternidad humana'.


Los delitos de odio son, lo establece el mismo informe, actos delictivos cometidos por razón de los prejuicios y la intolerancia, llevados a su máxima expresión, por lo que suponen una grave amenaza para las víctimas pero también para
nuestra sociedad. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) define los delitos de odio como toda infracción penal, incluidas las cometidas contra las personas o la propiedad, donde el bien jurídico protegido, se elige por
su real o percibido, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo. Conductas desaforadas, radicales que entre todas y todos debemos frenar y eliminar. Se hace necesaria una gestión clara y eficiente en pedagogía, en educación,
para lograr objetivos que pongan freno a la escalada de delitos conjugados en esta declinación.


Es evidente que ya se viene trabajando en esta materia y que la Oficina Nacional de la Lucha contra los Delitos de Odio tiene como principal objetivo reducir la nefasta estadística y el triste porcentaje de delitos no denunciados. Desde el
Grupo Socialista creemos que debe ser un objetivo prioritario de todas y cada una de las Instituciones de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Creemos necesaria sin más demora la inclusión de políticas de pedagogía social positiva y más
concretamente de medidas que aporten en la formación de nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes los puntos más eficaces posibles para revertir los datos actuales que resultan del todo preocupantes en relación al efecto del mensaje de la
ultraderecha en nuestros y nuestras jóvenes.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a:


1. Desplegar integralmente, en el menor plazo posible y en colaboración con los distintos niveles administrativos, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.


2. Incidir en la necesidad de coordinación de medios y estrategias tendentes a erradicar los prejuicios sobre los que se sustentan dichos delitos, destinando todos los recursos técnicos, materiales y humanos que sean necesarios, a través de
la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio.


3. Promover acuerdos intergubernamentales y relaciones con entidades del tercer sector, promoviendo acciones y estrategias para la detección, prevención, formación y reacción frente a los delitos de odio en todas sus modalidades.


4. Realizar labores de concienciación y sensibilización a la sociedad en su conjunto, para animar a la identificación y denuncia de todos los delitos de odio (incluido el discurso del odio). Estas campañas de concienciación y
sensibilización deben confeccionarse, en todos los formatos (lectura fácil, papel, digital, etc.) con el objetivo de asegurar que las mismas sean conocidas por toda la ciudadanía.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Juan Cuatrecasas Asua, Diputado.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.



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161/003701


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de los diputados del PDeCAT Sergi Miquel i Valentí y Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a revocar y dejar sin efectos la instrucción de 18/02/2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE 45, 21.2), por
vulnerar los derechos humanos de muchos niños, discriminándolos por razón de nacimiento.


Exposición de motivos


El primer principio que debe regir la política social, según la Constitución Española, es la protección de la familia y, en particular, la protección de los menores. Nuestro ordenamiento jurídico ha ido introduciendo desde entonces reformas
de gran envergadura; en 1981 se eliminó la distinción entre la filiación legítima y la filiación ilegítima y en 1987 se generalizó el interés superior del menor como principio que debe inspirar todas las actuaciones que le afecten (C.E. 39;
L11/1981; L21/1987).


En 2016, la jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoció protección social a los nacidos gracias a la gestación subrogada. Y del 2014 al 2017, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció su inscripción como un
derecho humano, a no obstaculizar ni por motivos de orden público, ni por haberse acudido a legislaciones extranjeras, en defecto de una legislación española alternativa.


Nuestro Derecho por consiguiente evoluciona como la sociedad misma, y los tratados y sentencias internacionales en materia de derechos humanos también se van adecuando a la realidad globalizada que vivimos. Una realidad que en España cuenta
ya con multitud de hijos de infértiles, concebidos y nacidos con la técnica reproductiva de la gestación subrogada.


Desde finales del siglo XX, en los países desarrollados, el derecho del menor a la protección se ha basado en que él mismo tiene derechos. Y su filiación, es decir la procedencia de unos padres, es parte de su derecho a la identidad (todo
niño tiene derecho a su identidad: derecho a ser quien es, y a no ser otro diferente). Y esa identidad de los nacidos por gestación subrogada, como parte de su derecho humano a la vida privada, está protegida por 4 Sentencias del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, de obligado cumplimiento por España:


- Mennesson y Labassée, de 26.6.14


- Foulon y Bouvet, de 21.7.16


- Laborie, de 19.1.17


Además, en la sentencia vinculante de este TEDH de fecha 16 de julio de 2020, se ratifica el dictamen P16-2018-001 de 10 de abril de 2019, ordenándose reconocer la maternidad efectiva y rápida de los nacidos gracias a la gestación subrogada.
En este sentido, la adopción española como vía de reconocimiento de la identidad materna, ni es efectiva, ni es rápida; no permitiendo este procedimiento completar la protección del nacido en un periodo de sólo 4 meses, como alega Estrasburgo.


El interés superior del menor es, ante todo, su seguridad jurídica, y condicionar su maternidad a la ulterior adopción, le ocasiona lo contrario, porque dicha adopción requiere el consentimiento repetido de la gestante, exponiendo los
derechos del menor al chantaje, a diferencia de la vía de la transcripción.


El marco jurídico de protección de los menores vincula a todos los Poderes Públicos, a todas las instituciones relacionadas con menores, a los padres, madres y familiares, y a los ciudadanos en general (LO 1/1996, E.M.). En concreto su
filiación, según ha sentenciado el Tribunal Constitucional, es derecho de interés público (STC 7/1994).


El niño tiene un status social especial, que describe nuestro legislador orgánico como todo un Edificio, construido de derechos humanos. A pesar de ello, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, la Dirección General de los Registros
y del Notariado, en uso de una simple potestad administrativa de dirección -porque no tiene la potestad de dictar normas-, ordenó derrumbar el edificio de derechos humanos de muchos niños, discriminando por razón de nacimiento, y con la pasividad
del Defensor del Pueblo. En este sentido, los niños nacidos por gestación subrogada han visto 'actualizado' el régimen registral de su filiación mediante la Instrucción de 18/02/2019de la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE 45,
21.2). Hasta la fecha, se les venía aplicando el régimen de la Instrucción



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de 05/10/2010 (BOE 243, 7.10), de forma analógica y añadiendo una prueba de ADN. Dicha actualización deja a los bebés recién nacidos sin acceso a sus derechos, tales como el de salir del país, entre muchos otros. La 'actualización' ha
consistido en exigirles, como requisito para su inscripción consular, la previa obtención de una Sentencia judicial de filiación en el país de nacimiento. En defecto de ella -por no preverse en la ley extranjera de gestación subrogada; la
exigencia de aportar una sentencia judicial de filiación, para la inscripción como españoles, es imposible de cumplir por ejemplo en Ucrania y Georgia, toda vez que no se conoce ningún antecedente al respecto, y que los ordenamientos jurídicos de
dichos países no contemplan el procedimiento judicial solicitado, equivalente al español, de la jurisdicción voluntaria-, se ordena suspender su inscripción, con la subsiguiente privación al menor de multitud de derechos derivados de la filiación,
alegando 'ausencia de medios de prueba' 'susceptibles de apreciación'. De este modo, se viola el derecho a la inscripción de los nacidos por gestación subrogada internacional, en países como Ucrania o Georgia, en los que la filiación se decide en
una certificación registral de nacimiento de la autoridad pública extranjera, que equivaldría al Libro de Familia español.


Alternativamente, los Consulados instan a las familias que prueben a nacionalizar a sus hijos como ucranianos o georgianos y, una vez en España con pasaportes de extranjeros 'sin papeles', se inicien dos procesos judiciales: uno, para que
se les reconozca su filiación paterna, con prueba de ADN en España entre otras; y terminado el anterior, otro de reconocimiento de la filiación materna, vía adopción (vía adopción, por no querer transcribirse de inicio la maternidad, a pesar del
carácter impugnable de dicha transcripción por la gestante). En consecuencia, la desprotección de los hijos rebasaría los 2 años (1 mínimo, por cada proceso judicial).


La DGRN se ha extralimitado en sus competencias, porque, aunque ostenta potestad de dirección para unificar la actuación de sus inferiores, no tiene por ley la potestad para dictar normas, y su Instrucción de 18/02/2019 pretende hacerse
pasar por tal.


La Instrucción de 18/02/2019 vulnera el principio de reserva de ley, según el cual determinadas materias solo pueden ser reguladas por ley (art. 9.3 de la Constitución). Y es que exigir en todo caso una Sentencia extranjera, aun aportando
la alternativa de la certificación registral extranjera, supone crear e innovar en Derecho, afectando a los derechos fundamentales de los menores a la igualdad y a la intimidad (arts. 14 y 18 de la Constitución), cuyo desarrollo está reservado a
ley orgánica (art. 81.1 de la Constitución).


Dicha Instrucción también vulnera el derecho fundamental a la no discriminación y el principio de protección de la familia, por el hecho de haber nacido por gestación subrogada, y tener Libros de Familia extranjeros que se presumen válidos,
estando certificados por las autoridades regístrales del país de nacimiento -con subsiguientes efectos desproporcionados (téngase en cuenta que ya el reconocimiento de la maternidad de intención se les retrasa a ulteriores procesos judiciales de
adopción: lentos y azarosos, y por tanto perjudiciales para el menor).


Condicionar la inscripción consular de un niño nacido fuera de España, a la previa aportación de una Sentencia en origen, sin que la legislación extranjera la contemple, es demandar un imposible, por inexistencia de sus hechos determinantes.


La suspensión de los procedimientos de inscripción, con motivo de la exigencia de una Sentencia extranjera, no es ni conforme a la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional (dicha ley no exige que las filiaciones extranjeras vengan
reflejadas en Sentencias extranjeras, sino que pueden venir también en documentos públicos extranjeros), ni conforme con el artículo 22.g de la L39/2015 -porque para exigirse un pronunciamiento judicial extranjero, tal requisito debe antes estar
aquí legal o reglamentariamente previsto, conforme a los principios de legalidad y seguridad jurídica.


Asimismo, se produce una discriminación desproporcionada al quedar las madres infértiles discriminadas en el reconocimiento de su condición de progenitor, hasta ulteriores procesos judiciales de adopción: lentos, azarosos para el menor, y
caros.


Denunciamos la violación de múltiples derechos humanos de los hijos fruto de gestación subrogada; derecho a la no discriminación, derecho a la consideración primordial de sus intereses, derecho a la inscripción inmediata, derecho a la
nacionalidad, derecho a la identidad, derecho a la crianza por sus padres y madres (tras nacer, el concebido no tiene derecho a recibir los cuidados maternos porque su madre intencional no es reconocida por España sino hasta un momento diferido, así
que no son primeros cuidados igualitarios), derecho a la protección contra toda forma de violencia infantil -como la no inscripción-, derecho al más alto nivel posible de salud, derecho a beneficiarse de la Seguridad Social. La no inscripción
supone además el expolio de los hijos de multitud de derechos civiles concretos: afecta



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a su nacionalidad, patria potestad, custodia, asistencia obligatoria por progenitor, prestaciones sociales, representación, administración de bienes; en caso de separación, afecta a la satisfacción obligatoria de sus necesidades, a sus
relaciones personales y visitas, a la no separación entre hermanos, a la posibilidad de aceptar adopción; en caso de fallecimiento, el reconocimiento de tutor depende de un juez, queda afectada la legítima hereditaria, así como la tributación por
herencia, y no opera la mayor punibilidad de ciertos delitos.


La inscripción del menor es un derecho suyo y, como tal, no puede obstaculizarse, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre derecho a la identidad (vida privada) de los niños nacidos por gestación subrogada,
consagrado por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4-11-50 (BOE 243, de 10-10-79).


La obligatoriedad de que España cumpla las Sentencias del TEDH, aun condenatorias de otros Estados, viene reconocida por la DGRN en la azarosa Instrucción de 14.02.19, notificada a Embajadas, pero retirada antes de su publicación. Y tanto
el Tribunal Supremo (ATS 2.2.15, civil) como el Tribunal Constitucional (STC 303/1993, 25-10), reconocen su obligatoriedad.


La ilegalidad de la actuación que se denuncia se extiende al incumplimiento de los artículos 14 de la Constitución sobre no discriminación, 18 sobre intimidad, y 39 sobre protección de la familia; junto al de 3 tratados adicionales, de
aplicación prevalente sobre la ley conforme al principio de jerarquía normativa, integrantes del marco de protección del menor:


- El Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, 25.1.96, que ordena la celeridad en 'procesos de filiación, paternidad y maternidad'.


- La Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, 20.11.89, el cual consagra el principio del interés superior del menor, y prohíbe la violencia infantil en los términos de la Observación 13 del Comité (4; 20; 60; 72.g).


- La Convención para reducir los casos de apatridia, 30-8-61.


Por todo ello, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Cumplir los tratados internacionales ratificados por España, sobre Derechos Humanos, Derechos del Niño, Ejercicio de los Derechos de los Niños, y reducción de la apatridia, así como los artículos 14 y 39 de la Constitución, sobre no
discriminación por razón de nacimiento y protección de la familia, con orientación a la protección igualitaria de las niñas y niños concebidos gracias a la gestación por sustitución, traducida en una identidad/filiación inmediata y basada en la
voluntad procreacional, sin ninguna sanción velada a esta infancia que no puede hacerse responsable de su modo de concepción.


2. Revocar y dejar sin efectos la Instrucción de 18/02/2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE 45, 21.2) actualmente Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia,
obstaculizadora de los derechoshumanos del menor, en aras de que los bebés Inmovilizados en países como Ucrania y Georgia puedan ser inscritos como españoles, sin recuperar la retirada Instrucción de 14/02/2019, de carácter azaroso y contraria al
interés superior del bebé.


3. Que sin más dilación aplique de forma analógica la Instrucción alternativa de 05/10/2010 (BOE 243, 7.10), adaptada a la situación de países como Ucrania y Georgia, con pruebas de ADN de resultar procedentes, tal y como venía haciéndose,
en la medida en que el plazo para conseguir la inscripción y nacionalidad españolas de los bebés se reducía a tan solo una semana.


4. Traducir y asumir toda la jurisprudencia y criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, garantizador de la filiación paterna del menor, sobre identidad y vida privada -incluyendo casos- Mennesson y Labassée, de 26/6/2014, Foulon y
Bouvet, de 21/07/2016, y Laborie, de 19/01/2017, y la Sentencia pionera de 16/7/2020, que ordena reconocer la maternidad efectiva y rápida, sobre derecho a la identidad, vida privada y familiar, de obligado cumplimiento y prevalente sobre las leyes
españolas.


5. Que ante causas de fuerza mayor, como lo son una pandemia mundial, un cierre de fronteras o un conflicto pre-bélico (entre otras), se garantice el amparo y auxilio por parte de las autoridades consulares a familias españolas con hijos
nacidos o por nacer a través de la gestación subrogada, para llegar hasta



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ellos a otorgar los cuidados parentales obligatorios al nacimiento, o poder regresar a su hogar en España con documentos de viaje de emergencia o salvoconducto de ser necesario.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2022.-Ferran Bel Accensi y Sergi Miquel i Valentí, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


Comisión sobre Seguridad Vial


161/003683


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la obligatoriedad de la utilización del chaleco airbag en el examen para
obtener el permiso de conducción de motos, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.


Exposición de motivos


Según un informe realizado por el Observatorio Nacional de la Seguridad Vial para la Dirección General de Tráfico, en el año 2019, fallecieron 417 motoristas, el 24 % del total de fallecidos en accidente de tráfico. La mayoría de ellos (70
%) en vías convencionales. Estas cifras parece que se van a mantener en este año 2021 donde, sólo en vías interurbanas a fecha 30 de noviembre ya han fallecido 220 motoristas.


La estrategia emprendida por al Gobierno para acabar con esta lacra debe abordarse desde todas las perspectivas: la formación y concienciación de los motoristas, la mejora constante de las vías, y el impulso del uso de los sistemas de
seguridad pasiva disponibles en cada momento.


El airbag para motoristas, ya homologado en su versión mecánica, protege las zonas críticas del tórax, una zona en la que el 35 % de los motoristas fallecidos y más del 25 % de los hospitalizados sufren lesiones. Al igual que en su momento
se hizo con el casco, hoy totalmente consolidado como elemento fundamental en la seguridad de los motoristas, es necesario que desde todos los estamentos se promueva el uso de este nuevo elemento que protege de algunas de las lesiones más letales
para este colectivo.


El examen es el primer contacto de los motoristas con la conducción y parece justificada la utilización del chaleco airbag en las pruebas de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado y en circulación en vías abiertas al
tráfico en general para quienes optan a permisos que habilitan a conducir motocicletas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las acciones oportunas para establecer la obligatoriedad de la utilización del chaleco airbag en el examen para obtener el permiso de conducción de motos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.-José Carlos Durán Peralta, Adolfo Pérez Abellás, Maribel García López, Manuel Arribas Maroto, Natividad González Laso, Alfredo Sancho Guardia, Rafael José Vélez, Ignacio López
Cano, Juan Francisco Serrano Martínez, José Ramón Ortega Domínguez, Joan Ruiz i Carbonell, David Serrada Pariente y Daniel Senderos Oraá, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.



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Comisión de Política Territorial


161/003700


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de Ferran Bel i Accensi, diputado del PDeCAT, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Política
Territorial una Proposición no de Ley para garantizar la atención presencial sin cita previa en los centros de trabajo territoriales dependientes de la Administración General del Estado.


Exposición de motivos


Antes de que se declarara el primer estado de alarma y a raíz del aumento de casos detectados de covid-19, la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública adoptó, con fecha 10 de marzo, una resolución de medidas a
implementar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado (AGE). Entre estas medidas, se incluía una relativa a la atención al público. En concreto se establecía que:


'En los servidos de atención al público se priorizará la atención telefónica y telemática. Para el caso de atención presencial, se establecerán, si fuese necesario, los turnos imprescindibles para garantizar la prestación del servido.'


Una vez doblegada la curva de contagios, el 28 de abril de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Este plan se basaba en cuatro fases de desescalada, en función de la evolución
epidemiológica, hasta llegar a la denominada 'nueva normalidad'. Seis días después, el 4 de mayo, la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública adoptó una nueva resolución para ajustar la prestación de los servicios que realizan
los centros de trabajo de la AGE a este plan. Sin embargo, respecto a la atención al público, se continuaba dando prioridad a la atención telefónica y telemática y se introducía la obligatoriedad de obtener una cita previa para poder ser atendido
presencialmente en cualquier centro de trabajo dependiente de la AGE.


Es más, esta resolución, a diferencia del plan, establecía unas medidas fijas con independencia de la fase de la desescalada en que se estuviera. En cambio, aquellas actividades del sector privado que podían presentar un riesgo similar para
los trabajadores, como es el del pequeño comercio, en la fase inicial del plan se requería disponer de una cita previa, requerimiento que no era necesario en las siguientes fases, y menos aún, cuando se entró en la denominada 'nueva normalidad', a
finales de junio de 2020, en donde se terminaron las restricciones sociales y económicas.


La siguiente resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública se adoptó el 17 de junio de 2020, cuando casi todas las comunidades ya habían entrado en la nueva normalidad, y las pocas que no habían entrado, por
encontrarse en la última fase, estaban a punto de hacerlo. A pesar de la que más que notable mejora epidemiológica y del fin de las restricciones económicas en la mayoría del territorio del estado, se seguía manteniendo la misma disparidad de
criterios en relación al sector privado, al mantener las mismas restricciones en lo que se refiere a la atención al público.


Desde julio de 2020, a pesar de que ha habido nuevas olas, si bien con mucha menos afectación hospitalaria y con menos muertes provocadas por la COVID-19, el Gobierno no ha tomado ninguna medida para priorizar la atención telefónica y
telemática o la obligación de tener una cita previa para poder ser atendido en ningún tipo de establecimiento privado que presta servicios in situ como pueden ser: comercios, bares, restaurantes, hoteles, oficinas bancarias, teatros, museos, cines
o recintos polideportivos.


Esta falta de restricciones en la atención presencial de los establecimientos privados que prestan servicios en el lugar contrasta, específicamente, con las que ha habido por parte de las delegaciones territoriales de los ministerios, de los
organismos autónomos y del resto de entidades que dependen del estado. Estas restricciones han supuesto un importante perjuicio para los ciudadanos que han visto dificultado enormemente poder realizar distintos trámites importantes para su vida
diaria o para las empresas en la buena marcha de sus negocios. Entre estas gestiones se encuentran, entre otras: el pago de impuestos, los trámites con la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena, la obtención del permiso de
residencia para las personas migradas, la renovación del pasaporte, el cobro del subsidio del



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paro, especialmente relevante con los expedientes de regulación temporal de empleo, o la renovación del carnet de conducir.


El 15 de setiembre de 2020, ante la mejora de la situación sanitaria y el avance de la vacunación, la Secretaría de Estado de Función Pública se decidió a adoptar la siguiente, y de momento, última resolución. Sin embargó, esta resolución
se queda corta, una vez más, en lo que atañe a la atención presencial. Si bien no se menciona la priorización de la atención telefónica y telemática, se mantiene la obligación de tener una cita previa al menos hasta el 31 de diciembre de 2021.


Es necesario que, de una vez, el Gobierno tome las medidas para garantizar la atención presencial en las delegaciones territoriales de los ministerios, de los organismos autónomos y del resto de entidades que dependen del estado sin tener
que pedir cita previa.


Por todo ello, los diputados del PDeCAT, presentan la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de forma inmediata una resolución con el fin de garantizar la atención presencial sin cita previa en los centros de trabajo territoriales dependientes de la Administración General del
Estado.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2022.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Interior


181/001674


A la Mesa de la Comisión de Interior


Diputados doña Macarena Olona Choclán y don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces adjuntos y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados
del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro del Interior.


Texto:


¿Qué información se ha facilitado desde su Ministerio a representantes de ETA sobre el régimen penitenciario y peticiones de presos etarras a través del canal de comunicación existente del que se ha anunciado su existencia recientemente?


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2022.-Macarena Olona Choclán, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.



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181/001675


A la Mesa de la Comisión de Interior


Diputados doña Macarena Olona Choclán y don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces adjuntos y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados
del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro del Interior.


Texto:


¿Desde cuándo se hace uso desde el Departamento que dirige del canal de comunicación con representantes de ETA por el que se facilita información sobre el régimen disciplinario y se atienden peticiones de presos etarras?


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2022.-Macarena Olona Choclán, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.


181/001676


A la Mesa de la Comisión de Interior


Diputados doña Macarena Olona Choclán y don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces adjuntos y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados
del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro del Interior.


Texto:


¿Qué medidas concretas ha adoptado o va a adoptar desde el Ministerio que dirige para frenar la oleada de violencia callejera que se vive en ciudades españolas como Madrid provocada por grupos organizados y violentos de carácter juvenil?


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2022.-Macarena Olona Choclán, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.


181/001677


A la Mesa de la Comisión de Interior


Diputados doña Macarena Olona Choclán y don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces adjuntos y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados
del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Secretario de Estado de Seguridad e Interior.


Texto:


¿Cuándo va a abordar el Ministerio del Interior la actualización de la obsoleta Instrucción 7/2014 por la que se reactivó la vigencia del Plan de Actuación y Coordinación Policial frente a los grupos organizados violentos de carácter
juvenil?


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2022.-Macarena Olona Choclán, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.



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Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


181/001663


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Texto:


Teniendo en cuenta que en regiones como la valenciana se ha diagnosticado un descenso de la calidad de los servicios de Cercanías, ¿en qué otras zonas se ha producido una situación igual y qué planes concretos tiene el Gobierno para
solucionarlo?


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.


181/001664


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputado don Celso Luis Delgado Arce.


Texto:


¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para paliar los problemas derivados del alza desproporcionada de los costes de los materiales necesarios para la edificación y las obras públicas, que está provocando paralizaciones de obras
contratadas, licitaciones públicas desiertas y en definitiva imposibilidad de ejecutar inversiones que son muy necesarias para la recuperación económica de nuestro país?


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.


181/001668


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Texto:


¿De qué forma afecta el incremento de los precios de la construcción en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cómo piensa solucionarlo el Gobierno?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.



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181/001669


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Pablo Juan Calvo Liste, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just,
Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Texto:


¿Qué razones justifican el retraso del inicio de la obra de soterramiento del ferrocarril a su paso por San Andrés del Rabanedo y cuándo se va a comenzar el estudio del proyecto?


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.-Pablo Juan Calvo Liste, Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén
Darío Vega Arias, Diputados.


181/001672


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Texto:


¿Cuántas obras impulsadas por su Ministerio se han paralizado o retrasado por el incremento de los precios de la construcción y qué actuaciones se van a llevar a cabo para solucionar esta situación?


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.


181/001678


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Texto:


¿Tiene intención el Gobierno de hacer una transferencia integral de los servicios ferroviarios a la Generalidad de Cataluña?


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.



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Comisión de Educación y Formación Profesional


181/001679


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputada doña Georgina Trías Gil, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Educación y Formación Profesional.


Texto:


Teniendo en cuenta el reciente convenio firmado entre la Dirección Provincial de Educación en Melilla y el Ministerio de Educación y Formación Profesional para la contratación de 25 nuevos cuidadores para el próximo curso 2022-2023 con un
valor estimado de 500.000 euros 121, ¿cuál es el motivo para que, dada la urgencia en la contratación de estos docentes, la misma no se realice durante el presente curso escolar 2021-2022?


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2022.-Georgina Trías Gil, Diputada.


Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


181/001660


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Trabajo y Economía Social.


Texto:


¿Qué cuestiones se han tratado durante la reunión celebrada el pasado 27 de enero con la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y qué conclusiones ha extraído de la misma?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2022.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


181/001670


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Sra. Maroto Illera.


121 https://www.melillamedia.es/2022/02/08/la-consejeria-de-educacion-firma-un-convenio-con-la-direccion-provincial-de-educacion-de-medio-millon-de-euros-para-la-contratacion-de-25-nuevos­ cuidadores/



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Texto:


¿Qué consideración le merece el desarrollo y ejecución del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por el COVID-19?


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


181/001661


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Texto:


¿Por qué el Gobierno no ha solicitado ante las instituciones europeas la prórroga de la cláusula de salvaguardia para proteger a los agricultores españoles de arroz frente a las importaciones de terceros países extracomunitarios como Camboya
o Birmania?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.


181/001662


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Texto:


¿Por qué el Gobierno no solicita ante las instituciones europeas la revisión del acuerdo 'Todo menos armas' entre la Unión Europea y Birmania?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.



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181/001671


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Texto:


¿Cuáles son las medidas que tiene previsto el Gobierno adoptar ante las instituciones europeas contra la propuesta de la Comisión Europea de calificar el aceite de las plantaciones aromáticas como 'tóxico' en la nueva regulación europea del
Pacto Verde Europeo?


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.


Comisión de Sanidad y Consumo


181/001656


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputado don Juan Antonio Callejas Cano.


Texto:


¿Va el Gobierno de España a regular la publicidad de los servicios sanitarios con una legislación específica para garantizar que las comunicaciones comerciales en materia sanitaria sean 'exactas y verídicas', sin incitar al consumo y
evitando todo tipo de publicidad engañosa?


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2022.-Juan Antonio Callejas Cano, Diputado.


181/001657


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputado don Juan Antonio Callejas Cano.


Texto:


¿Qué medidas va a implantar el Gobierno de España para evitar que escándalos, propiciados por franquicias dentales, como los de Idental, Funnydent, VITALDENT, DENTIX, etc. vuelvan a ocurrir, dejando a miles de pacientes sin sus tratamientos
terminados y sin ahorros y generando un enorme descrédito para el sector odontológico en particular y en el sanitario en general?


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2022.-Juan Antonio Callejas Cano, Diputado.



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181/001658


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputado don Juan Antonio Callejas Cano.


Texto:


¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno de España para ayudar a aquellas personas afectadas por los escándalos con franquicias dentales como los de Idental, Funnydent, VITALDENT o DENTIX, que han dejando a miles de pacientes sin sus
tratamientos terminados y sin ahorros?


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2022.-Juan Antonio Callejas Cano, Diputado.


181/001659


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputado don Juan Antonio Callejas Cano.


Texto:


¿Va el Gobierno de España a proponer una reforma de la Ley de Sociedades Profesionales para evitar los recientes escándalos sanitarios, como el de iDental, Funnydent, Vitaldent, o Dentix que han puesto de manifiesto las graves consecuencias
que tiene permitir que sociedades mercantiles dedicadas a la prestación de servicios profesionales puedan operar libremente en el mercado como sociedades de intermediación 'burlando' las exigencias de la Ley de Sociedades Profesionales, y por tanto,
evitando que el control de estas empresas esté en manos de profesionales sanitarios y sin estar sujetas a los controles deontológicos que se les exigen a los profesionales individuales que prestan dichos servicios?


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2022.-Juan Antonio Callejas Cano, Diputado.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/078012


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Matute García de Jalón, Oskar (GEH Bildu). Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).


Personas que han perdido su patrimonio o gran parte de él tras la modificación del Real Decreto 661/2007 realizado en el año 2010, así como posturas defendidas por la Abogacía del Estado en relación a las primas a las renovables cuando se
puso en marcha el Plan energético del citado Real Decreto.


Acuerdo:


1. En cuanto a la solicitud de remisión de los informes de la Abogacía del Estado a que se refiere el punto 5, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la
Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo número de expediente 186/004746).



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2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



parte 1 parte 2