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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 297, de 22/06/2021
cve: BOCG-14-D-297
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de junio de 2021
Núm. 297
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002776 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la condena de la represión en Colombia ... (Página13)
161/002799 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Euskal Herria Bildu y Plural, sobre el apoyo al Proceso de Paz en Colombia ...
161/002803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al refuerzo de las relaciones transatlánticas con los Estados Unidos de América ... (Página17)
161/002807 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a interrumpir la concesión de ayudas de cooperación al Reino de Marruecos para contribuir a la financiación del despliegue de sus autoridades en actividades
de lucha contra la inmigración irregular ... (Página18)
161/002809 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre condena al régimen de Daniel Ortega y exigencia de liberación de los presos políticos ... (Página20)
Comisión de Defensa
161/002802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la realización de un diagnóstico de capacidades del Centro Militar de Farmacia de la Defensa para
la investigación y producción de vacunas y otros productos necesarios en la lucha contra brotes epidémicos y pandémicos ... (Página22)
Comisión de Hacienda
161/002770 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a la participación de SEPI en la empresa Airbus para asegurar el funcionamiento y el mantenimiento de la actividad de su factoría
en Puerto Real (Cádiz) ... (Página24)
161/002774 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la modificación del régimen sancionador establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por
la
que se establece la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero ... (Página25)
161/002791 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el cumplimiento de los acuerdos y convenios colectivos de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias ... (Página29)
Comisión de Interior
161/002570 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a que cese en el proceso de transferencia de las competencias en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra y a la
Policía Foral, manteniendo las mismas en manos de la Guardia Civil. Retirada ... (Página30)
161/002782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la adopción de medidas contra las fake news ... (Página30)
161/002811 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre utilización en situaciones de emergencia de las unidades policiales de reserva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ...
161/002812 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre desarrollo de ejes de actuación en materia de ciberseguridad recogidos en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019 ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002768 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover el desarrollo del vehículo autónomo en España ... (Página33)
161/002769 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la parada en la estación de Vilagarcía de Arousa en el tren directo Vigo-Madrid ... (Página39)
161/002786 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el traspaso de las competencias y recursos en materia ferroviaria a la Comunitat Valenciana ... (Página40)
161/002792 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a construir la circunvalación conocida como 'Ronda Norte' en Oviedo, para prolongar y completar la insuficiente Ronda Sur existente
actualmente ... (Página42)
161/002800 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la paralización del baipás de Valencia y del impulso a las inversiones ferroviarias ... (Página44)
161/002801 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el Centro de Interpretación del Castro Cociñadoiro (Arteixo) destruido por las obras del puerto exterior de A Coruña ...
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002415 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras del hogar. Retirada ... (Página48)
161/002795 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, contra el racismo y la xenofobia ... (Página48)
161/002796 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inclusión social de los y las menores no acompañados a través del deporte ... (Página50)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002771 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al levantamiento de barreras a la movilidad a España, así como la recuperación de flujos y del negocio turístico en Reino Unido, primer
mercado emisor de cara a evitar la pérdida completa de la temporada de verano ... (Página51)
161/002787 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo urgente al sector de la fabricación y el comercio de recuerdos turísticos o souvenirs y artesanía ...
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002779 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a facilitar el acceso a una vivienda digna de las personas sin hogar que reciben el ingreso mínimo vital ... (Página56)
161/002789 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la investigación, innovación y desarrollo de soluciones para afrontar el envejecimiento y la dependencia ... (Página57)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002788 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a un nuevo reparto de cuotas para el atún rojo ... (Página59)
161/002804 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a mejorar las condiciones generales de producción y comercialización de los productos apícolas ... (Página60)
161/002805 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a seguir apoyando la oferta formativa de los profesionales del medio rural ... (Página62)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002813 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a las garantías del nuevo sistema de acceso al empleo público de acuerdo con el plan de captación de
talento ... (Página63)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002797 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación de la avispilla del almendro (Eurytoma amygdali Enderlein) en España ...
161/002814 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la recuperación de la ensenada de Meira y la Illa de Samertolomeu en Moaña ... (Página67)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/002781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de las competencias digitales para reducir la brecha digital de género ... (Página68)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002777 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la gratuidad de las pruebas COVID-19 necesarias para el uso del 'certificado digital COVID UE' ... (Página69)
161/002780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a incluir al personal de limpieza y de mantenimiento de centros sanitarios y sociosanitarios en la relación de colectivos que
tienen reconocido el contagio por COVID-19 como enfermedad profesional, independientemente de su modalidad de contratación ... (Página70)
161/002783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la relajación del uso de mascarillas en exteriores ... (Página72)
161/002808 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover el uso de las instrucciones previas en relación con la eutanasia ... (Página73)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002765 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la brecha de género en la actividad investigadora ... (Página76)
161/002790 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la investigación, innovación y desarrollo de soluciones para afrontar el envejecimiento y la dependencia ... (Página78)
161/002793 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el adecuado reconocimiento de los investigadores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación ... (Página80)
161/002798 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento de personalidades españolas en los nombres de los Premios Nacionales de Investigación ... (Página81)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002784 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la protección internacional de migrantes y desplazados por el efecto del cambio climático ... (Página82)
161/002806 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la suspensión de la Cooperación al Desarrollo con el Reino de Marruecos ... (Página84)
Comisión de Igualdad
161/002794 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a transferir la gestión de la Línea 016, en cuanto a llamadas provenientes del ámbito territorial de Cataluña, a la Generalitat de
Cataluña ... (Página86)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002767 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de los centros de protección de menores en España ... (Página88)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001119 Pregunta formulada por los Diputados doña Macarena Olona Choclán (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX), Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX)
y Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre participación de España en la prueba general europea para activar el Certificado Digital Verde antes de verano ... (Página89)
181/001120 Pregunta formulada por los Diputados doña Macarena Olona Choclán (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX), Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX)
y Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre asuntos abordados en la conversación telefónica mantenida por el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el presidente chino Xi Jinping ... (Página90)
181/001121 Pregunta formulada por los Diputados doña Macarena Olona Choclán (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX), Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX)
y Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre cuotas migratorias propuestas por parte de España en el ámbito de la Unión Europea ... (Página90)
181/001122 Pregunta formulada por los Diputados doña Macarena Olona Choclán (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX), Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX)
y Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre aclaración de las declaraciones de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación cuando señala que 'África está hoy, más que nunca, en el centro de la política exterior española' ...
(Página90)
Comisión de Defensa
181/001118 Pregunta formulada por los Diputados doña Macarena Olona Choclán (GVOX), Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX), Mestre Barea, Manuel (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX) y Gestoso
de Miguel, Luis (GVOX), sobre veracidad de la noticia sobre un avión medicalizado que previsiblemente venía a recoger a España a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, así como acciones emprendidas para garantizar la seguridad del espacio aéreo
español ... (Página91)
Comisión de Hacienda
181/001147 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre previsiones acerca de intervenir económicamente el Ayuntamiento de Alburquerque que acumula deudas millonarias y cuyo pago a proveedores se sitúa en
casi dos años y debe seis meses de nómina a sus empleados ... (Página91)
Comisión de Interior
181/000670 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre identidad de quien dio la orden de retirada de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Comunidad de Madrid, notificada a través de un correo
electrónico el día 10/01/2021, antes de que se redujese la alerta a nivel 1. Retirada ... (Página91)
181/000700 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre informaciones y recomendaciones sobre el virus y medidas de protección que se dieron por la Dirección General de la Guardia Civil a sus agentes.
Retirada ... (Página91)
181/000713 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre motivos por los que la Directora General de la Guardia Civil no protegió debidamente y a tiempo a los agentes, teniendo en cuenta sus declaraciones de
01/05/2020, en las que afirma que tenía conocimiento del riesgo del coronavirus desde enero de 2020. Retirada ... (Página91)
181/000831 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre fecha prevista por la Guardia Civil para aprobar y aplicar un nuevo Reglamento donde se garantice que tengan un turno de trabajo que les permita
conciliar con una jornada anual en horas equiparable a la de la Policía Nacional. Retirada ... (Página91)
181/000886 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre criterios que se han tenido en cuenta desde la Dirección General de la Guardia Civil para seleccionar a los candidatos de ascenso a general en la Guardia
Civil en la última promoción. Retirada ... (Página91)
181/000890 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre controles de identidad de personas migrantes, así como número de detenciones de ciudadanos extranjeros que se han efectuado en los aeropuertos canarios
y en otros puertos y aeropuertos de España en los últimos doce meses (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/034404). Retirada ... (Página92)
181/000891 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivo por el que se ha impedido el acceso de distintos diputados, europarlamentarios, ONG y un obispo al Centro de Atención Temporal de Extranjeros
(CATE) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/034405). Retirada ... (Página92)
181/000892 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre número de personas hospitalizadas desde el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, número de las que se han escapado bajo
arresto y en cuarentena, y número de las personas ingresadas y que han solicitado asilo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/034407). Retirada ... (Página92)
181/000893 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre falta de productos básicos y desconocimiento de cómo y a quién dirigirse para solicitarlos en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de
Barranco Seco en Gran Canaria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/034410). Retirada ... (Página92)
181/000926 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre orden de monitorizar a los agentes de la Guardia Civil con funciones representativas dentro de la benemérita, con el fin de tener conocimiento de todas
las denuncias y reivindicaciones sobre la falta de medios y situación de precariedad que viven en el Instituto armado. Retirada ... (Página91)
181/000943 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre mantenimiento por el Ministerio del Interior de que el cese del Coronel don Diego Pérez de los Cobos se debió a una 'pérdida de confianza' a pesar de
haber sido declarado ilegal por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional. Retirada ... (Página91)
181/000956 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración de la orden del Mérito de la Guardia Civil Cruz de Plata (1984) a don Manuel Davo Soler (procedente de la pregunta
al Gobierno con respuesta escrita 184/039577). Retirada ... (Página92)
181/000957 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial Blanca (1997) a don José María de las Cuevas Carretero (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita 184/039578). Retirada ... (Página92)
181/000958 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración de la Orden del Mérito de la Guardia Civil Cruz con distintivo rojo (1984) a don Fidel del Hoyo Cepeda (procedente
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039579). Retirada ... (Página92)
181/000959 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración de la Orden del Mérito de la Guardia Civil Cruz con distintivo blanco (1984) a don José Domínguez Tuda (procedente
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039580). Retirada ... (Página92)
181/000960 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Mérito de la Guardia Civil Cruz distintivo rojo a don Enrique Dorado Villalobos (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita 184/039581). Retirada ... (Página92)
181/000961 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Cruz Mérito Policial (1976) y Cruz Mérito Guardia Civil de plata (1984) a don José María Escudero Tejada
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039582). Retirada ... (Página92)
181/000962 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito Policial (1977) a don Juan Antonio Gil Rubiales (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/039583). Retirada ... (Página92)
181/000963 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito Guardia Civil con distintivo rojo a don Pedro Gómez Nieto (procedente de la pregunta al Gobierno
con respuesta escrita 184/039584). Retirada ... (Página92)
181/000964 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito policial Cruz de plata (1977) a don Antonio González Pacheco (Billy el Niño) (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039585). Retirada ... (Página92)
181/000965 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito policial Plata, rojo (1977) a Jesús González Reglero (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/039586). Retirada ... (Página92)
181/000966 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Cruz de Plata al Mérito Policial Distintivo rojo (1983) a don Jesús Alfredo Gutiérrez Arguelles (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039587). Retirada ... (Página92)
181/000967 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Orden del Mérito Guardia Civil Cruz distintivo blanco (1982-1984) a don José Antonio Hernández del Barco
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039588). Retirada ... (Página92)
181/000968 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Cruz al Mérito Militar a don Alejandro Hernández Mosquera (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita 184/039589). Retirada ... (Página92)
181/000969 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito policial a don Félix Criago Sanz (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
184/039590). Retirada ... (Página92)
181/000970 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Cruz al Mérito Guardia Civil distintivo blanco a don Féliez Hernándo Martín (procedente de la pregunta al Gobierno
con respuesta escrita 184/039591). Retirada ... (Página92)
181/000971 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Cruz al Mérito Policial-distintivo rojo (1974) a don Julio Hierro Moset (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/039592). Retirada ... (Página92)
181/000972 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo (1984) a don Alejandro Iglesias Blanco (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039593). Retirada ... (Página92)
181/000973 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Orden del Mérito de la Guardia Civil (1982) a don Juan Macias Marente (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/039594). Retirada ... (Página92)
181/000974 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración Orden del Mérito de la Guardia Civil a don Manuel Macias Ramos (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/039595). Retirada ... (Página92)
181/000975 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la Cruz del Mérito de la Guardia Civil capitán de la Guardia Civil don Ángel Alba Coca (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/039596). Retirada ... (Página92)
181/000976 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Cruz Blanca, al cabo primero de la Guardia Civil don José Miguel Alonso Manzano en 1984
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039597). Retirada ... (Página92)
181/000977 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la Cruz al Mérito con distintivo blanco al subcomisario del Cuerpo Nacional de Policía José Amedo Fouce en 1984 (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039598). Retirada ... (Página92)
181/000978 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y la Cruz del Mérito Policial a don Andrés Cassinello Pérez (procedente
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039599). Retirada ... (Página92)
181/000979 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil al agente de la Guardia Civil don Antonio Aguayo Jiménez en 1984 (procedente de la pregunta
al Gobierno con respuesta escrita 184/039600). Retirada ... (Página92)
181/000980 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil al agente de la Guardia Civil don Antonio Arias Carnero en 1981 (procedente de la pregunta
al Gobierno con respuesta escrita 184/039601). Retirada ... (Página92)
181/000981 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil al Guardia Civil don Antonio Beltrán Alcántara en 1981 (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita 184/039602). Retirada ... (Página92)
181/000982 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a don Arturo Espejo Balero (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/039603). Retirada ... (Página92)
181/000983 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil al Guardia Civil don Felipe Bayo Leal (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita 184/039604). Retirada ... (Página92)
181/000984 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración de Caballero de la Gran Cruz del Mérito Militar a don Manuel Fraga Iribarne (procedente de la pregunta al Gobierno
con respuesta escrita 184/039605). Retirada ... (Página92)
181/000985 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la Cruz al Mérito Policial (1976) al comisario del Cuerpo Nacional de Policía don Francisco Álvarez Sánchez (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039606). Retirada ... (Página92)
181/000986 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración de la Orden del Mérito de la Guardia Civil (1981) y Cruz al Mérito Policial (2014) a don José García Malgonado
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039607). Retirada ... (Página92)
181/000987 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre concesión de la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III (1993) a don José Barrionuevo Peña (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/039608). Retirada ... (Página92)
181/000988 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la condecoración de la Medalla al Mérito Policial a don José Fraila Ayuso (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita 184/039609). Retirada ... (Página92)
181/000989 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la Encomienda del Yugo y las Flechas al Jefe de la Brigada Político Social a don Antonio Juan Creix en 1970 (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039610). Retirada ... (Página92)
181/000990 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Distintivo blanco, al brigada de la Guardia Civil don Manuel Barroso Caballero (procedente
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039611). Retirada ... (Página92)
181/000991 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la Medalla al Mérito Policial a don Roberto Conesa Escudero en 1977 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
184/039612). Retirada ... (Página92)
181/000992 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre motivos para otorgar la Medalla de Plata al Mérito Policial (1977) a don Tomás Agrela Fernández (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita 184/039613). Retirada ... (Página92)
181/000995 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre protección de las familias de los inmigrantes irregulares llegados a España (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039632).
Retirada ... (Página92)
181/001016 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre número de personas llegadas a las Islas Canarias en el último año que se han acogido al 'retorno voluntario' (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/040899). Retirada ... (Página92)
181/001017 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre expulsión a Marruecos de tres ciudadanos rifeños que estaban internados en el CIE de Murcia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
184/040906). Retirada ... (Página92)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001128 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre encargo previsto de los estudios necesarios para analizar la viabilidad de las nuevas conexiones ferroviarias entre Lugo y Santiago de Compostela, por
una parte, y entre la actual línea Lugo-Coruña y la localidad de Barreiros, por otra ... (Página96)
181/001148 Pregunta formulada por los Diputados doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), Azorín Salar, Lázaro (GS), Seva Ruiz, Yolanda (GS) y Soler Mur, Alejandro (GS), sobre previsión del Gobierno para la redacción del proyecto y ejecución de
obras relativas a la construcción de un glorieta en el p.k. 797+250 de la carretera N-340, reordenación y tratamiento de travesía, T.M. Alcoy en la provincia de Alicante, por el cual el Ayuntamiento de Alcoy se ha comprometido a asumir la
titularidad del tramo de la carretera N-340 desde el p.k. 791+500 al p.k. 797+207, excepto el puente de Fernando Reig ... (Página96)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001130 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre consideraciones del Gobierno acerca de si renunciar a la solicitud de un régimen específico de ayudas al sector turístico es la mejor vía de contribuir a
recuperar el peso y la participación del sector turístico en la riqueza nacional ... (Página96)
181/001131 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si le parece razonable haber prescindido de la posibilidad de contar con un programa de ayudas exclusivas para la
industria turística española ... (Página97)
181/001132 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre consideraciones del Gobierno acerca de si es pertinente no solicitar ante la Comisión Europea la aprobación de un esquema de ayudas exclusivas destinadas
al sector turístico español ... (Página97)
181/001133 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre justificación de no haber iniciado la solicitud de un régimen específico de ayudas a la Comisión Europea ante la sangría empresarial que sufre España ...
(Página97)
181/001134 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si el cierre de casi 90.000 establecimientos hosteleros no es suficiente para solicitar un programa de ayudas específicas
ante la Administración europea ... (Página97)
181/001135 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre motivaciones en las que se ha basado el Gobierno para privar a España de la posibilidad de recibir ayudas específicas de la Unión Europea para el sector
del turismo ... (Página98)
181/001136 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si le parece beneficioso y equitativo haber abandonado a su suerte a las agencias de viajes españolas tras no haber
procurado obtener un régimen de ayudas específicas para las mismas por parte de la Comisión Europea ... (Página98)
181/001137 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre previsiones acerca de solicitar a corto plazo la captación de medios y recursos extraordinarios ante la Comisión Europea al objeto de proteger a la
juventud española, generando empleo turístico de calidad para los jóvenes ... (Página98)
181/001138 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre declaraciones del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias desincentivando la reactivación de la actividad turística ...
(Página98)
181/001139 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre estrategia prevista para la reducción temporal del IVA aplicable a todas las actividades, productos y servicios turísticos, al tipo superreducido el 4%
... (Página99)
181/001140 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre descarte definitivo de la reducción del IVA a todo el sector turístico como herramienta de estímulo al consumo ... (Página99)
181/001141 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre consideraciones acerca de si la cifra de 7.000 millones de euros en forma de ayudas directas, es suficiente para auxiliar a la industria turística
española ... (Página99)
181/001142 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre razón del retraso producido en hacer llegar las ayudas directas a las empresas turísticas y cronograma de tramitación de las mismas ...
181/001143 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre estrategia desplegada para lograr una plena normalización de la movilidad y de los flujos con el Reino Unido, teniendo en cuenta la cuota del mercado
británico superior al 20% en 2019 y en el caso de Benidorm en torno a un 40% ... (Página100)
181/001144 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre escenarios alternativos que contempla el Gobierno para compensar y absorber una eventual pérdida de negocio turístico significativa con el cliente
británico durante la temporada de verano ... (Página100)
181/001145 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre consideraciones del Gobierno acerca de si las necesidades del sector turístico español están debidamente cubiertas ...
181/001146 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre imposibilidad de poner en marcha los programas de turismo social IMSERSO el próximo mes de octubre, así como alternativa a la no reactivación de estos
programas este otoño ... (Página100)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001123 Pregunta formulada por los Diputados don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas
adoptadas para combatir los ataques piratas a barcos españoles de pesca en la región del Golfo de Guinea ... (Página101)
181/001124 Pregunta formulada por los Diputados don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre posición que
va a defender el Gobierno, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto de la propuesta del Comité NADEG de la Comisión Europea (CE) de prohibir la caza de determinadas especies aviares cinegéticas como la perdiz roja ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001117 Pregunta formulada por los Diputados don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez,
Francisco José (GVOX) y Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre posición que va a defender el Gobierno, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, respecto de la propuesta del Comité NADEG de la Comisión Europea (CE) de
prohibir la caza de determinadas especies aviares cinegéticas como la perdiz roja ... (Página101)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
181/001125 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Castellón Rubio (GP), sobre incidencia del retraso en la llegada de los Fondos Europeos en las previsiones de crecimiento aprobadas por el Gobierno ...
181/001126 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Castellón Rubio (GP), sobre previsiones acerca de adoptar alguna medida no prevista para paliar el retraso en la llegada de los Fondos para atenuar la quiebra de más empresas y
la pérdida de más empleos ... (Página102)
181/001127 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Castellón Rubio (GP), sobre incidencia en la economía española del retraso en la llegada de los Fondos Europeos prevista para el mes de julio ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página103)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002776
A la mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la condena de la represión en Colombia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde el 28 de abril Colombia vive una situación de protestas diarias en las calles, con miles de personas que cada día exigen al gobierno una modificación de su política, unas movilizaciones que si bien tuvieron su origen en un paro
nacional contra una propuesta gubernamental de reforma tributaria lesiva para la mayoría de su población, en la actualidad son múltiples las reivindicaciones.
Hasta el momento el gobierno colombiano presidido por Iván Duque se ha negado a establecer canales de diálogo con los manifestantes, al contrario, la represión es diaria, con duras imágenes que reflejan los medios de comunicación, una
represión ejercida fundamentalmente por un cuerpo policial, el ESMAD, duramente criticado por su brutalidad por las entidades de defensa de los derechos humanos, las fuerzas de oposición e importantes personalidades colombianas e internacionales; y
esa acción de brutal represión se ha unido el despliegue del ejército con uso de material militar contra civiles, incluidos vehículos blindados.
La represión de las movilizaciones populares ha producido ya más de 50 muertes y más de 2000 personas heridas, denunciándose ademas casos de violación a manos de la policía y la desaparición de varias personas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de una entidad tan poco sospechosa de apoyar movimientos revolucionarios como es la Organización de Estados Americanos (OEA), ha condenado las graves violaciones de los derechos
humanos en el contexto de las protestas.
Colombia esta considerado el pais más desigual de la región, siendo además uno de los estados de América Latina con una gestión de la pandemia más deficiente, lo que provoca numerosos fallecimientos debido a la escasa atención sanitaria.
Ademas, el actual gobierno viene incumpliendo, desde el acceso a la presidencia del pais de Iván Duque, los Acuerdos de Paz firmados en 2016 que supusieron la desmovilización e ingreso de los miembros de la guerrilla de las FARC en la vida
civil y política a cambio de medidas que favorecieran una reforma agraria. Desde 2016, han sido asesinados por bandas paramilitares cerca de 300 guerrilleros desmovilizados y 1300 lideres sociales, sindicales y de las comunidades campesinas e
indígenas, asesinatos que en la mayoría de los casos quedan impunes. Una impunidad que desgraciadamente no es nueva en Colombia, pues en nuestra memoria esta el genocidio de dirigentes y militantes de la Unión Patriótica cometido en entre 1984 y
2002.
Esta dura realidad hace que las movilizaciones sumen muchas más reivindicaciones que las iniciales en un pais que se ha convertido en un verdadero polvorín debido a la actitud de un gobierno que responde a las demandas sociales con la
represión.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Condenar la brutalidad y la violencia ejercida por el Gobierno colombiano de Iván Duque ante las movilizaciones populares y que ha causado ya 50 muertes y más de 2.000 personas heridas.
2. Reclamar que se condenen, se denuncien y se investiguen los casos de violación y la desaparición de personas a manos de la policía bajo el mando del Gobierno.
3. Mediar ante la comunidad internacional y en los organismos internacionales de los que el Estado español es parte para que se adopten las medidas necesarias para que no siga ejerciendo violencia y represión ante los movimientos sociales y
que se cumpla con el contenido de los Acuerdos de Paz firmados por el Gobierno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Miriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002799
A la mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, los Grupos Parlamentarios firmantes presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 24 de noviembre de 2020 se cumplieron 4 años de la firma del Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia; la implementación integral de dicho Acuerdo es crucial para
transitar hacia un pais más igualitario y democrático que supere is situación estructural de violencia y la crisis humanitaria y de derechos humanos, algo que se ha puesto más en evidencia en las recientes movilizaciones y la respuesta que han
recibido.
Sin embargo, ademas de otras instancias nacionales e internacionales, la Misión de Verificación de as NNUU ha elevado un Informe al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que se ha insistido en la relevancia de un compromiso firme
del Gobierno de Colombia con la implementación integral del Acuerdo, así como la preocupación par la desaceleración en la aplicación del mismo, sobre todo en lo relativo a la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos, la protección
a personas defensoras de DDHH y las medidas de género la mayor parte de las cuales no han sido aplicadas.
Ello esta contribuyendo generar un nuevo escenario generalizado de violencia sociopolítica y a una profundización de la crisis de derechos humanos en el pais que toma nuevas dimensiones. Ademas, preocupa la gestión gubernamental de la
situación provocada por la pandemia del COVID19, que ha puesto aun más en evidencia las profundas desigualdades sociales existentes y el riesgo de establecer un marco jurídico regresivo y limitador del respeto a los derechos humanos.
Importa señalar que uno de los pilares básicos del Acuerdo de Paz, el Sistema Integral de Justicia Transicional, ha sufrido injustificables ataques y señalamientos que atentan contra su independencia: efectivamente tanto la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), como la Comisión de la Verdad (CEV), y la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), han sido objeto de un cuestionamiento por parte de algunos funcionarios del actual Gobierno. Así mismo se
constata una manifiesta insuficiencia de financiación para el adecuado desarrollo de sus funciones. Todo ello puede afectar negativamente la legitimidad de dicho sistema de justicia -piedra angular del Acuerdo de Paz- e impedir avances sustanciales
del mismo, lo que ademas de
aumentar los riesgos para las víctimas -y para las organizaciones que las representan- podría defraudar las expectativas de quienes son y deben continuar siendo el centro del Acuerdo.
Las masacres contra la población civil y los asesinatos de personas defensoras, lideres y lideresas sociales, desafortunadamente, han ido en aumento, mientras que, al mismo tiempo, no existen avances significativos en materia de garantías
para la defensa de los derechos humanos. Diferentes fuentes dan cuenta de ello: entre ellas la organización INDEPAZ que en el periodo de 2020 ha contabilizado 310 asesinatos de lideres y lideresas sociales y 91 masacres, que han supuesto un total
de 381 personas asesinadas. Por su parte la Defensoría del Pueblo, de Colombia, cifra en 28.509 las personas desplazadas y confinadas a causa del conflicto armado en el año 2020, mientras que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH), en Colombia, informa sobre el asesinato de 292 personas en 76 masacres. Así mismo la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia registró en el año 2020 el homicidio de 73 personas excombatientes de
las FARC-EP, en proceso de reincorporación, así como un total de 278 excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016.
Por otro lado, hay evidencia de una presencia cada vez más activa y violenta de grupos armados ilegales, algunos de ellos fuertemente vinculados al narcotráfico y a otras economías ilegales, que con su actuar agudizan las múltiples
violencias y vulneraciones de derechos humanos. Ello ocurre especialmente en zonas rurales habitadas por comunidades indígenas, afrodescendientes y/o campesinas, cuyos territorios fueron abandonados, tras las firma del Acuerdo de Paz, por la
ex-guerrilla de las FARC-EP, y en los que actualmente no hay presencia integral del Estado. Se constata un riesgo de militarización creciente de la vida social que podría contribuir a aumentar la espiral de violencia que se vive en muchas regiones
del país.
Así mismo medios de comunicación nacionales e internacionales, Relatores Especiales de la ONU y del Sistema Interamericano y colectivos de abogados y abogadas internacionales, han denunciado operaciones ilegales de vigilancia en contra de
personas defensoras, opositores políticos e incluso magistrados de las altas Cortes, lo que ha llevado a la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos a reiterar que la vigilancia ilegal en Colombia es una práctica sistemática.
Además, la movilización social que se ha producido en el país en respuesta a las políticas aplicadas por el Gobierno se ha visto fuertemente reprimida por la Fuerza Pública. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ordenó a las
autoridades adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Así, en enero se expidió por parte del Gobierno de Colombia, el Decreto 003/2021 que, aunque supone un avance, no subsana todos los problemas evidenciados
en la orden emitida por la Corte Suprema, tal y como se ha evidenciado en las protestas ciudadanas más recientes. Destacamos también la importancia del mantenimiento de los espacios de trabajo para las organizaciones internacionales de la sociedad
civil, cuyo principal objetivo es la observación y monitoreo de la situación de derechos humanos en el país, lo que hacemos extensivo a los diferentes mecanismos del Sistema de Naciones Unidas.
Proposición no de Ley
'Por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Manifiesta su total apoyo al Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto en Colombia y exhorta al Gobierno de Colombia a acelerar y garantizar la implementación integral del Acuerdo de Paz, cumpliendo cabalmente el compromiso del
Estado con el mismo. Insta a que esta implementación se realice con la participación activa de las comunidades y de las organizaciones sociales colombianas de manera concertada, eficaz e integral, cumpliendo con los enfoques de género, étnico y
territorial.
2. Manifiesta su apoyo al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición (SVJRNR), llama a garantizar su funcionamiento e independencia, e insta al Gobierno de España a dar un apoyo político y financiero
decidido a dicho Sistema, confiando en que ello permita avanzar, con la mayor celeridad posible, en el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la Reparación y a las Garantías de no Repetición.
3. Alienta al Gobierno español para que traslade al conjunto de las instituciones públicas de Colombia, y en particular al SVJRNR, la necesidad de avanzar en el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas de violencia sexual
asociada al conflicto armado, específicamente posibilitando a las mismas su acceso a la justicia.
4. Manifiesta su apoyo a la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales en Colombia, e insta al Gobierno español para que traslade al Gobierno de Colombia la importancia de diseñar y aplicar
una política pública integral y eficaz en materia de garantías, prevención y protección en todas las regiones del país, según lo establecido en el Acuerdo de Paz, y a fortalecer las medidas colectivas de prevención y protección teniendo en cuenta
los enfoques diferenciales étnico, territorial, de género, edad, etc.
5. Insta al Gobierno español para que traslade al Gobierno de Colombia la importancia del respeto a la independencia de la Justicia, pilar del Estado de Derecho, y que este aliente a las instituciones judiciales del país a realizar las
investigaciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y excombatientes de las FARC-EP,
incluyendo la identificación de sus estructuras y el esclarecimiento de sus vínculos con élites políticas, económicas y militares. Es fundamental, en este sentido, el trabajo de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para el
Desmantelamiento de Organizaciones Criminales en los términos aprobada en el Acuerdo de Paz, por lo que llama al Gobierno de España a contribuir a fortalecer su capacidad brindando apoyo financiero y técnico a dicha instancia.
6. Insta al Gobierno español para que dé el apoyo necesario al Gobierno de Colombia para garantizar la presencia de las instituciones civiles del Estado en todo el territorio del país, de modo que se asegure una adecuada provisión de bienes
y servicios públicos y un efectivo ejercicio de derechos.
7. Insta al Gobierno español para que solicite y apoye al Gobierno de Colombia en la aplicación integral las medidas acordadas en el punto 3.4 del Acuerdo de Paz, relativas a diseñar una política pública efectiva de desmantelamiento de los
grupos herederos del paramilitarismo a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
8. Exhorta al Gobierno español para que se comprometa y apoye al Gobierno de Colombia en la reanudación de las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional.
9. Insta al Gobierno español para que solicite al Gobierno de Colombia el cumplimiento íntegro de la sentencia 7641 de 22 de septiembre de 2020 dictada por la Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta, y se puedan
adoptar regulaciones del uso de la fuerza acordes con los estándares internacionales, subsanando vacíos legales del Decreto 003/2021, con participación de la sociedad civil y los organismos de derechos humanos expertos en materia.
10. Insta al Gobierno español para que solicite a las autoridades colombianas el esclarecimiento de las actividades de inteligencia ilegal denunciadas en 2020 y años anteriores, y a proceder a la consecuente sanción de los responsables de
las mismas, fortaleciendo un sistema institucional de controles civiles, incluyendo una rendición de cuentas, que evite episodios de abusos.
11. Exhorta al Gobierno español para que contribuya a que el Gobierno de Colombia mantenga un diálogo abierto y constructivo con los diferentes mecanismos del Sistema de las Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales
no-gubernamentales, facilitando su presencia y permanencia en el país en aras de una mejora de la grave situación de derechos humanos, como las visitas oficiales de los Mecanismos especiales de la ONU (Relatores/as y Grupos de Trabajo).
12. Insta al gobierno de España para que su compromiso con la Resolución 1325 y otras de NN.UU relativas al importante papel de las mujeres en los procesos de paz se concrete en términos de apoyo financiero y político a las organizaciones
de mujeres de Colombia y a las diferentes entidades públicas responsables de la implementación del Acuerdo en materia de género.
13. Manifiesta su preocupación por los graves hechos de violencia acontecidos en días recientes derivados por la Reforma Tributaria que impulsó el Gobierno y que han provocado numerosas víctimas, desde el reconocimiento al derecho a la
protesta pacífica y la necesidad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido en la represión de su libre ejercicio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2021.-Gerardo Pisarello Prados, Diputado.-Enrique Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.-Marta Rosique i Saltor,
Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Mariona Illamola Dausà, Joan Baldoví Roda e Íñigo Errejón Galván, Diputados.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.-El Portavoz del Grupo
Parlamentario Euskal Herria Bildu.
161/002803
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los articulos 193 y siguientes del Reglamento° de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en refuerzo de las Relaciones Transatlánticas con los Estados Unidos de América,
para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Los Estados Unidos de América ha sido tradicionalmente un pais amigo, aliado y socio indispensable para España. Ambos países se encuentran unidos por estrechos vinculos de índole política, económica, social y cultural; y as relaciones
bilaterales entre los dos países han ido evolucionando y cambiando a lo largo de los anos, Pero siempre han sido estrechas,
Por un lado, as Estados Unidos es el primer destino no comunitario de las exportaciones españolas, así coma en inversiones. Según datos de ICEX, as exportaciones de bienes a los Estados Unidos han crecido entre 2015 y 2019 casi un 20%.
Muchas empresas españolas tienen ya un sólido arraigo en el mercado estadounidense, sobre todo en los sectores agroalimentario, de productos de consumo, en tecnología industrial, infraestructuras o energía, y en muchos casos a través de inversión
directa a través de filiales y adquisiciones de empresas.
En el ámbito de la seguridad y la defensa, es relevante la presencia de tropas estadounidenses en nuestras bases y la pertenencia común a la OTAN.
También existe una cooperación en diversos organismos multilaterales; y cada ano se llevan a cabo diversos programas de intercambios culturales y educativos - en 10 anos se ha duplicado el número de estudiantes españoles en los EE.UU. El
Instituto Cervantes tiene una importante presencia en el pais y juega un papel fundamental en la difusión de nuestra cultura y nuestro idioma. Asimismo, de acuerdo con las cifras proporcionadas par los Consulados Generales de España en EE.UU., el
número total de españoles registrados en enero de 2020 era de 180.625.
Tras cuatro anos de gobierno de Trump en los que su política exterior, con su mantra de 'América First', se base en la imprevisibilidad, el aislamiento y la resistencia a la cooperación internacional, la nueva administración Biden-Harris se
presenta como una oportunidad para el impulso de las relaciones transatlánticas en diversos ámbitos.
En sus primeras semanas de gobierno, Joe Biden reincorporó a los Estados Unidos al Acuerdo de París, a la Organización Mundial de Salud (OMS) y decidió el egreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dando muestra del regreso de los
Estados Unidos al multilateralismo.
Por ello, España debe aspirar a una agenda más amplia en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y a una mayor cooperación en ámbitos como la economía y el comercio, la cultura y la educación, la tecnología, la lucha contra el
cambio climático, la seguridad, o la defensa y promoción de la democracia.
Por todo ello, los Grupos Parlamentarios firmantes presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reforzar las relaciones transatlánticas tanto a nivel bilateral, diversificando y ampliando las relaciones institucionales en distintos niveles; como en el ámbito de una Unión Europea unida y fuerte mediante, entre otros aspectos, una
estrecha concertación en organismos multilaterales como las Naciones Unidas.
2. Colaborar con Estados Unidos en la reforma de la Organización Mundial de Comercio, la búsqueda de una solución negociada a las disputas comerciales, mejorar la cooperación en áreas de interés mutuo y coordinar las respuestas para evitar
distorsiones comerciales que harían más costosa la lucha contra la pandemia y, al mismo tiempo, sentar las bases de un comercio resistente, justo y abierto del futuro.
3. Impulsar la gobernanza internacional y la colaboración para la refundación del sistema multilateral, teniendo en cuenta a las Naciones Unidas y el G20, manteniendo siempre la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) como hoja de ruta.
4. Mantener la cooperación en materia de seguridad y defensa, incluyendo el desarrollo del Convenio Bilateral de Defensa, de 1988.
5. Fortalecer los vinculos culturales y educativos con los Estados Unidos, incluyendo la apertura de más centros del Instituto Cervantes.
6. Colaborar en ámbitos como la lucha contra el cambio climático° o la defensa de la democracia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2021.-Héctor Gómez Hernández, Olga Alonso Suárez, Arnau Ramírez Carner, Gemma Araujo Morales, Pau Mari Klose y Noemi Villagara Quero, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael
Simancas Simancas. Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío de Meer Méndez, don Alberto Asarta Cuevas, don Agustín Rosety Fernández de Castro, doña María Teresa López Álvarez y don Víctor González Coello de Portugal, en sus respectivas condiciones de portavoz
adjunta y diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a interrumpir la
concesión de ayudas de cooperación al Reino de Marruecos para contribuir a la financiación del despliegue de sus autoridades en actividades de lucha contra la inmigración irregular, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. En el mes de abril de 2020, el Reino de Marruecos realizó una ampliación unilateral de su zona económica declarando por ley estar en posesión de los derechos soberanos y exclusivos sobre los recursos naturales del lecho marino
próximo al archipiélago de Canarias 1. Cabe destacar que el trámite para ampliar sus aguas territoriales se inicio justo tras la toma de posesión del presidente Sánchez.
Esta zona, casualmente, dispone de un gran potencial minero rico en cobalto y telurio. Concretamente, el monte submarino 'Tropic' posee las mayores reservas de telurio del mundo, siendo este mineral fundamental en la fabricación de las
baterías de caches eléctricos y los paneles solares.
Por si no fuese suficiente, esta expansión de aguas territoriales no ha sido un hecho aislado, sino una acción más incardinada en un plan estratégico que no pretende otra cosa que obligar a nuestro pats, por la vía de los hechos consumados,
a aceptar todas las pretensiones que provengan desde el Reino de Marruecos.
Por su parte, resulta absolutamente alarmante que estas fronteras hayan sido delimitadas y reconocidas como marroquíes por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 2. En particular,
pescadores canarios señalaron que en el ordenador que registra las capturas diarias figura coma 'aguas de Marruecos' las que se encuentran a 7 minas de Canarias.
Segundo. El Reino de Marruecos está desarrollando, en el marco de sus añejas aspiraciones, una serie de acciones premeditadas con el único objetivo de anexionarse las ciudades españolas en el Norte de África, Ceuta y Melilla. Así, el
pasado día 17 de mayo de 2021, España sufrió una agresión por parte del Reino de Marruecos mediante una invasión migratoria descontrolada desde su territorio a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Se calcula que desde ese día accedieron a la ciudad
española hasta 10.000 inmigrantes ilegales. Muchos de estos inmigrantes ilegales son, presuntamente, menores y presumiblemente no podrán ser devueltos a Marruecos de forma inmediata.
Cabe resaltar que esta entrada masiva sin precedentes se ha producido ante la pasividad y connivencia total por parte de las autoridades marroquíes, que hasta bien adentrado el martes día 18, no realizaron ningún tipo de actuación para
frenar la avalancha humana que se cernió sobre la ciudad. La situación ha sido de tal gravedad que el Gobierno se ha visto obligado a desplegar fuerzas militares, destinadas en Ceuta, a la protección de la frontera y control de los inmigrantes, así
como a trasladar policías y guardias civiles desde la Península.
1 https://elpais.com/politica/2020/01/22/actualidad/1579686325_856013.hhnl
2 http://www.fao.org/fishery/area/Area34/en
Así lo confirman tanto la Guardia Civil como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que califican de 'amenaza latente' la posibilidad de que este hecho se pueda reproducir en cualquier momento. Especialmente en Melilla y las Islas
Canarias 3. Consciente de su inferioridad -aunque cada vez menos evidente- de poder frente a España, el reino alauita realiza estas actuaciones al objeto de erosionar la posición española y facilitar la consecución de sus intereses. Sin embargo,
esta asimetría, hasta ahora favorable a España, tiene dos vertientes principales: la militar y la diplomática.
Así pues, resulta perentorio destacar que la diferencia existente en materia de inversión militar -y, por tanto, de medios, equipos y recursos militares- por parte de ambos países se ha ido reduciendo de forma alarmante. Si Bien España ha
ido reduciendo las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Defensa -sobre todo en terminos relativos al resto de ministerios-, Marruecos las ha incrementado. En la actualidad, el porcentaje de inversión que Marruecos destina a Defensa,
en proporción a su producto interior bruto (FIB), es casi tres veces mayor al de España, el 3,2% frente al 1,01%. De hecho, de acuerdo con los datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Marruecos pase de 2.297 millones de
dólares de inversión militar en 2007, a 3.117 en 2018, y es, solo detrás de Argelia, el pais africano que más armamento importa. Y es este aumento una de las causas que han propiciado el comportamiento más asertivo del régimen de Mohamed VI.
Tercero. Es público y notorio que el Reino de Marruecos ha utilizado históricamente los flujos migratorios como arma geopolítica para debilitar la posición negociadora tanto de España como de la Unión Europea. Sabedor de la debilidad del
Gobierno actual en esta materia, las autoridades marroquíes han relajado sobre manera los controles migratorios acordados entre España y dicho Estado, al objeto de que nuestro pais ceda en cualquier pretensión. Sin embargo, estas actuaciones no han
sido aisladas, sino que se incardinan junto a otras medidas mucho más ambiciosas y, por tanto, más dañinas para los intereses nacionales de España.
Ademas de la invasión migratoria sufrida en la Ciudad Autónoma de Ceuta el paso 17 de mayo, el Reino de Marruecos ya venía bloqueando las ciudades autónomas españolas, ejerciendo una presión sin precedentes. Este acto beligerante, que
obedece a las añejas pretensiones marroquíes de tomar ambas plazas pero que no ha tenido respuesta por parte del Gobierno español, esta generando enormes perjuicios a los habitantes de ambas ciudades. No obstante, los hospitales de Ceuta y Melilla
siguen atendiendo de forma altruista a ciudadanos marroquíes que acuden de forma regular a las mismas al objeto de pacer use de la sanidad publica española 4. Así pues, según datos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el 60% de los partos
atendidos en el Hospital de Melilla son de mujeres marroquíes 5.
Sin embargo, y sin perjuicio de todos los actos beligerantes expuestos anteriormente, resulta poderosamente alarmante que durante (i) el ario 2016,
España aprobara destinar al Reino de Marruecos 10.116.000 euros; (ii) el año 2017, 126.030 euros; (iii) el año 2018, 2.513.185 euros; (iv) el año 2019, 32.369.000 euros; (v) el año 2020, 31.000.000 euros; y (vi) el año 2021, 30.000.000
euros, al objeto de ayudar a este pais en su despliegue policial para luchar contra los flujos de inmigración ilegal hacia nuestro territorio . En total, España ha pagado al Reino de Marruecos 106.124.215 euros desde el ano 2016. No obstante,
resulta obvio que dichos pagos han sido en balde, y que Marruecos más bien utiliza las aportaciones de España como forma de extorsión y presión para la consecución de sus propios intereses.
Al amparo de todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Interrumpir la concesión de ayudas de cooperación al Reino de Marruecos para contribuir a la financiación del despliegue de sus autoridades en actividades de lucha contra la inmigración irregular, en tanto en cuanto no se restablezcan
las relaciones diplomáticas entre ambos países y se cumplan los tratados y acuerdos sobre materia migratoria contraídos entre el Reino de España y el Reino de Marruecos.
3 LÁZARO, Fernando: 'Expertos españoles en seguridad: Es una invasión consentida por Marruecos', El Mundo, 20.05.21. Disponible [en linea]: https://www.elmundo.es/espana/2021/05/20/60a6154221efa07c408b4659.html
4 Memoria 2018, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, p. 6. Disponible [en linea]:haps/ingesa.sanidad.gob.es/actividad/memorias/docsiMemoria INGESA 2018.pdf
5 'El 60% de los partos que se atienden en el Hospital de Melilla son de mujeres venidas desde Marruecos', Europapress, 02/04/2020. Disponible [en línea]:
https//www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-60-partos-atienden-hospital-melilla-son-mujeres-venidas-marruecos-20170401174427.html
2. Llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para proceder a expulsar de forma efectiva a los individuos que, con ocasión de los hechos ocurridos en Ceuta y Melilla, entraron y permanecen ilegalmente en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2021.-Rocío de Meer Méndez, Alberto Asarta Cuevas, Agustín Rosety Fernández de Castro, María Teresa López Álvarez y Víctor González Coello de Portugal, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de condena al régimen de Daniel Ortega
y exigencia de liberación de los presos políticos, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El régimen de Daniel Ortega esta redoblando los ataques a la libertad de prensa, las violaciones de los derechos humanos y la persecución a la oposición democrática.
La comunidad internacional esta siguiendo con atención la dramática situación que atraviesa el pais. Son numerosos los países, instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos que se han venido pronunciando en contra de la
represión que se vive en Nicaragua.
El 18 de abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo hizo respecto a la respuesta violenta del Estado a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018, sosteniendo que, 'a dos años de iniciada la crisis de derechos
humanos, la CIDH observa la persistencia del quebrantamiento del principio de separación de poderes y el debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, a través de la concentración del poder en el Ejecutivo y la falta de
independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como la percepción del funcionamiento de la Asamblea Nacional en plena alineación con el Ejecutivo. Asimismo, la evidencia muestra la existencia de coordinación entre la Policía
Nacional y grupos simpatizantes del Gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar permanentemente a cualquier persona identificada como opositora al Gobierno' 6.
Antes, el 1 de junio de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado 7 afirmando que al menos 16 personas habrían muerto en apenas una semana tras la represión ante las movilizaciones
ciudadanas del Día de la Madre, sucedidas el 30 de mayo de 2018.
El 5 de julio de 2018, Zeid Ra'ad Al Hussein Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció al respecto, señalando: que 'la violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas
[abril de 2018] son el producto de la erosión sistemática de los Derechos Humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho' 8.
El 22 de noviembre de 2018, varios expertos en Derechos Humanos de la ONU instaron al Gobierno de Nicaragua a través de un comunicado, a que pusiera fin de inmediato a la represión y las represalias contra quienes se muestran en contra de
las acciones del Gobierno y cooperan con la ONU, entre ellos, los defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes pacíficos 9. El mismo informe recoge que, un grupo de relatores denunció que varios defensores nicaragüenses habrían
sido víctimas de campañas de intimidación, difamación y represalias por cooperar con las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos en el contexto de la crisis actual.
El 15 de abril de 2019, Amnistía Internacional exigió que 'el gobierno de Nicaragua debe finalizar de inmediato su estrategia de represión y poner en libertad a todos los estudiantes, activistas y periodistas a quienes se ha detenido
exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica' 10
6 https://www.oas.orgies/cidh/prensa/comunicados/2020/080.asp
7 https://news.un.orees/story/2018/06/1434981
8 https ://www.ohchr.org/Documents/Countries/N 1/H u manRightsViolationsN icara guaAp r _Aug2018 _SP. pdf
9 https://news.un.org/es/story/2018/11/1446211
10 https ://www.amnesty.org/es/latestinews/2019/04/nicaragua-estado-debe-poner-fin-bruta1-represion/
En septiembre de 2019, un nuevo informe 11 de la ONU describió un panorama de intensa represión del Gobierno a la oposición, así como una impunidad generalizada por las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el contexto de las
manifestaciones que comenzaron en abril en 2018 12. La oficina de Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que se había negado a las víctimas el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no
repetición tras las graves violaciones reportadas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas.
En noviembre de 2019, de nuevo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, urgió 13 a las autoridades a respetar los Derechos Humanos tras un incidente en el que la policía mantuvo sitiada una iglesia en Macaya y la catedral
de Managua, en las que se encontraban personas que protestaban por el encarcelamiento de manifestantes contra el Gobierno. La policía detuvo e imputó cargos graves a un grupo de opositores que se disponían a proveer de suministros humanitarios a
los protestantes.
A pesar de ello el régimen ha venido redoblando sus ataques a las libertades aprobando leyes que buscan socavar cualquier tipo de oposición. Así, el 27 de octubre de 2020, aprobó la Ley especial de ciberdelitos, que sanciona a cualquier
persona que tenga o comparta información que el Gobierno considere una amenaza. El 11 de noviembre de 2020 la cadena perpetua para los delitos de odio. El 21 de diciembre de 2020, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la
soberanía y autodeterminación para la paz, que impide a todo opositor considerado 'golpista' postularse a una candidatura. La norma también abría la posibilidad a procesar penalmente a los opositores.
En su informe de pais para 2020 Amnistía Internacional se volvió a referir a la crisis de Derechos Humanos en Nicaragua. Según esta institución, 'la respuesta del gobierno a la pandemia de la COVID-19 no tuvo en cuenta as recomendaciones
sanitarias de las organizaciones internacionales. Continuó la detención y reclusión arbitraria de personas que hacían activismo político y se adoptaron nuevas leyes amenazadoras contra la disidencia. De igual manera persistió la impunidad de las
personas sospechosas de ser penalmente responsables de la violencia cometida contra los pueblos indígenas' 14.
El 24 de febrero de 2021 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas volvió a pronunciarse en un nuevo informe sobre la situación en Nicaragua.
El pasado 6 de mayo el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua propuso convocar elecciones para el próximo 7 de noviembre. El gobierno anunció, además, los 10 miembros que compondrían el CSE. El Consejo publicó ese mismo día un
calendario electoral que impedía de facto la unificación de los partidos de la oposición, al conceder únicamente 5 días para la configuración de alianzas electorales.
En la misma sesión, el Gobierno aprobó la Ley 331 de reforma electoral con 85 votos a favor. La ley no ofrece ninguna garantía democrática, elimina la observación electoral, la transparencia y, en definitiva, las salvaguardias mínimas
necesarias para que el proceso electoral pueda gozar de credibilidad.
Unión Europea se pronunció con claridad el pasado 6 de mayo a través de su portavoz: 'Desafortunadamente, ambas decisiones no siguen las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2011 y de la reciente
resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Consejo de Derechos Humanos' 15. En el mismo sentido se pronunció la OEA en un comunicado de la Secretaría General: 'La elección del nuevo CSE y la reforma aprobada por el Poder
Legislativo, con el apoyo de diputados del partido oficial y otros diputados, erosiona, en lugar de fortalecer, un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la población' 16. El
Departamento de Estado de EE.UU., por su parte, declaró que el Gobierno de Nicaragua 'ha rechazado los llamamientos de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea
(UE) y Naciones Unidas, para generar confianza en el proceso electoral'.
También el Parlamento Europeo ha aprobado diversas resoluciones de condena contra el régimen de Daniel Ortega por sus violaciones de derechos humanos y ha solicitado la imposición de sanciones.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA}, solicitó suspender la participación de Nicaragua en la OEA en una carta dirigida al presidente del Consejo Permanente de la
11 http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2019/09/ A_HRC_42_18_SP.pdf
12 https://news.un.org/es/story/2019/09/1461712
13 https://news.un.orees/story/2019/11/1465601
14 https://www.amnesty.ordes/countries/americasinicaragua/
15 https://eeas.europa.eu/delegations/jordan/97951/nicaragua-declaración-del-portavoz-de-la-unióneuropea-sobre-la-nueva-ley-electoral_ko
16 https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp ?sCodigo=C-04 7 /21
OEA, Ronald Sanders. En ella solicitaba la celebración, con carácter de 'urgencia' de una reunión en la que 'debería considerarse la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta
Democrática lnteramericana' 17.
Al mismo tiempo, las detenciones de Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro están impulsando una movilización internacional en contra del régimen.
El propio António Guterres, secretario general de la ONU, ha pedido la 'liberación inmediata de los líderes opositores' 18.
Ante los acontecimientos que se están sucediendo en Nicaragua, es urgente un pronunciamiento claro y rotundo por parte del Gobierno de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar al régimen dictatorial de Daniel Ortega y promover todas las acciones políticos y diplomáticas necesarias en defensa de las libertades y los derechos humanos en Nicaragua.
2. Exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos y defensores de derechos humanos,
3. No reconocer los resultados de las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre mientras no se garanticen todos los derechos de la oposición y la transparencia del proceso con medidas como la independencia del Consejo Electoral y
la presencia de observadores independientes.
4. Promover y liderar en las instituciones europeas la aprobación de sanciones contra los dirigentes del régimen que aumenten la presión internacional y ayuden a restablecer el Estado de Derecho y las libertades en Nicaragua.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2021.-Belén Hoyo Juliá, María Valentina Martínez Ferro y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Defensa
161/002802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Defensa, relativa a la realización de un diagnóstico de capacidades del Centro Militar de Farmacia de la Defensa para la investigación y producción de vacunas y otros productos necesarios en la lucha contra
brotes epidémicos y pandémicos.
Exposición de motivos
La colaboración cívico-militar en respuesta a brotes epidémicos y pandémicos se refiere a la integración de todos los recursos, civiles y militares, en un concepto de mando unificado conjunto. Se trata de sumar las capacidades civiles y
militares para paliar los efectos negativos de una pandemia sobre la salud de la ciudadanía y para mantener la estabilidad social.
En favor de esta colaboración cívico-militar, la Guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de preparación y respuesta ante una pandemia (2017) recomienda que los ministerios de defensa examinen que bienes militares podrían desplegar
y movilizar en caso de pandemia, basándose en las premisas relativas a la planificación y a la gestión de riesgos de los ministerios de salud.
17 https://www.europapress.es/internacional/noticia-aImagro-solicita-suspender-participacion-nicaragua-oea-20210610015128. html
18 https://news.un.orgies/story/2021/06/1493102
En España, la sanidad militar, y muy especialmente la farmacia militar, a través de diversas estructuras, tiene competencias para combatir crisis sanitarias de origen pandémico en múltiples frentes: hospitalario, analítico, producción,
dirección y gestión, atención farmacéutica comunitaria y asistencial.
En particular, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa (CEMILFAR) es el Único laboratorio con capacidad de producción farmacéutica adscrito a la Administración General del Estado y un centro de referencia para la fabricación de
medicamentos por causas excepcionales relacionadas con la salud, y de antídotos frente a amenazas nucleares, biológicas o químicas (NBQ). En virtud de diversos acuerdos y convenios, el CEMILFAR fabrica, almacena y custodia medicamentos de interés
estratégico nacional para la seguridad y defensa de los españoles y españolas; por ejemplo, el centro tiene capacidad operativa para fabricar los comprimidos de oseltamivir, el antiviral para la pandemia de gripe A, y la vacuna ACAM 2000, para la
protección contra la viruela.
Por otro lado, el Instituto de Toxicología de la Defensa (ITOXDEF), Órgano técnico superior en el ámbito toxicológico de las Fuerzas Armadas, tiene como principal misión la analítica e investigadora, y para ello cuenta con personal
especializado en diversos campos y con un amplio equipamiento tecnológico.
Recientemente, y en diversas ocasiones, el Ministerio de Defensa se ha mostrado a favor de reforzar la colaboración cívico-militar en respuesta a brotes epidémicos y pandémicos. Así por ejemplo, en la 'Estrategia de Tecnología e Innovación
para la Defensa 2020' se incide en la necesidad de investigar y desarrollar tecnologías para nuevos tratamientos medicos terapéuticos y profilácticos, como antídotos, vacunas, agentes decorporantes, etc., así como para el diagnóstico rápido y precoz
de intoxicaciones y enfermedades infecciosas, que ayuden a frenar posibles epidemias. Por otro lado, en los Presupuestos Generales de 2021, la dotación en investigación, desarrollo e innovación en Defensa se incremento en casi ocho millones de
euros, con un total de 30,44 millones de euros.
En relación a la Farmacia Militar, su presupuesto apenas aumento un 3% en 2021 con respecto al ejercicio anterior, contando con un total de 175 millones. No obstante, el actual Inspector General de Sanidad de la Defensa, Juan José
Sánchez-Ramos, ha declarado que el CEMILFAR tiene potencial para convertirse en un recurso excepcional frente a las amenazas pandémicas y que su explotación depende de los recursos que se le asignen.
Adema , en el reciente Informe Anual de Seguridad Nacional 2020 elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno se señala que los retos derivados de la experiencia de la COVID-19 para las
Fuerzas Armadas incluyen:
'El desarrollo de la normativa y de procedimientos especificos para el apoyo por parte de las FAS a otros instrumentos a la hora de hacer frente a las crisis sanitarias; el refuerzo de capacidades necesarias, incluidas la Sanidad Militar y
la Sanidad Operativa; el desarrollo de la capacidad para realizar operaciones de apoyo a la población española junto con el resto de instituciones del Estado y administraciones públicas, manteniendo el resto de compromisos operativos tanto en
territorio nacional, como en el exterior; la obtención de inteligencia industrial que permita conocer los recursos materiales y servicios disponibles, tiempos de respuesta, localización y puntos de contacto para conseguir rapidez de respuesta ante
cualquier emergencia y la elaboración de una base de datos nacional que recoja la información.'
A nivel europeo, en la Cumbre de Oporto celebrada el pasado 8 de mayo de 2021, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó que los esfuerzos frente a la pandemia COVID-19 deben centrarse en aumentar la capacidad de producción.
Para fabricar la vacuna contra este virus se necesitan más de 300 ingredientes (que ningún pais es capaz de producir por si solo) y cualquier interrupción en la cadena de suministros puede tener consecuencias dramáticas en la capacidad de
producción. Por ello, la Comisión Europea creó un Grupo de Trabajo (denominado 'Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines') el pasado 4 de febrero de 2021, para resolver los cuellos de botella en la producción y cadena de suministro,
y acelerar la capacidad de producción de las vacunas contra la COVID-19. El Grupo de Trabajo se ha comprometido a fomentar la puesta en marcha de nuevas capacidades de producción, especialmente en relación a productos desechables, para reducir la
dependencia de instalaciones ubicadas en terceros países.
En paralelo, la Comisión Europea tiene previsto proponer una iniciativa legislativa para impulsar el Plan europeo de preparación en materia de biodefensa frente a las variantes de COVID-19, llamado plan 'Hera Incubator'. En el marco de
dicho Plan, la Comisión pretende dotar a la Unión Europea de los mecanismos necesarios para detectar nuevas variantes, proporcionar incentivos para desarrollar vacunas
nuevas y adaptadas, acelerar su proceso de aprobación y garantizar el aumento de la capacidad de fabricación. En definitiva, se trata de impulsar una estrategia europea de preparación y respuesta ante pandemias y brotes epidémicos.
Teniendo en cuenta estos antecedentes y ante la amenaza de una futura pandemia, resulta fundamental reforzar las capacidades de la Sanidad Militar, y en particular, de la Farmacia Militar. Así se esta haciendo en otros países de nuestro
entorno, como por ejemplo, en Francia y en Italia. En Italia, en concreto, la Agencia de la Industria de Defensa (Agenzia Industrie Difesa), que comprende la farmacia militar italiana, firmó en enero de 2021 una importante colaboración con un
instituto para la investigación y el desarrollo de medicamentos, vacunas y anticuerpos. Con esa colaboración se pretende crear el germen de un polo de investigación en materia biomédica y farmacéutica, que englobe a las fuerzas armadas, empresas
publican y privadas, institutos de investigación y universidades, a efectos de desarrollar y producir vacunas frente a los posibles riesgos de pandemia. En ese sentido, el nuevo director general de la Agencia de la Industria de Defensa (bajo la
supervisión del Ministerio de Defensa italiano) ha declarado que el acuerdo representa una oportunidad para desarrollar la autonomía de Italia en el sector sanitario.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Sobre la base de las lecciones aprendidas durante el transcurso de la pandemia de COVID-19, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Proceder a un estudio-diagnóstico del estado de capacidades del Centro Militar de Farmacia de la Defensa (CEMILFARDEF), así como su potencialidad y las mejoras que necesitaría de cara a reforzar su papel en el esquema de colaboración y
respuesta cívico-militar en la respuesta a situaciones como la generada por la pandemia de COVID-19.
- A Estudiar la posibilidad de potenciar ámbitos de colaboración cívico-militar en esta materia, mediante la colaboración del CEMILFARDEF con otros centros de investigación y desarrollo, así como analizar en que supuestos, ámbitos y fases
podría participar el CEMILFARDEF, si así se decidiera, en el refuerzo de la capacidad nacional de investigación, desarrollo, producción y distribución de nuevos medicamentos o de vacunas, coma respuesta a situaciones como la actual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2021.-Roberto Uriarte Torrealday, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Hacienda
161/002770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley Proposición por
la que se insta al Gobierno a la participación de SEPI en la empresa Airbus para asegurar el funcionamiento y el mantenimiento de la actividad de su factoría en Puerto Real (Cádiz), para su debate en la Comisión Hacienda.
Exposición de motivos
La apertura de la factoría de Construcciones Aeronáuticas (CASA) en Puerto Real en 1988 supuso un revulsivo para la economía y la industria de la Bahía de Cádiz. La fábrica de la empresa Airbus en Puerto Real ha sobrevivido a la
desindustrialización paulatina que ha venido produciéndose en la provincia de Cádiz y particularmente en la comarca de la Bahía.
Airbus está participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuyo objeto es rentabilizar las participaciones empresariales y orientar las actuaciones atendiendo al interés público. Es,
además, un instrumento del Gobierno para poner en práctica estrategia de la política del sector público empresarial.
En los últimos meses la compañía Airbus ha anunciado el cierre y desmantelamiento de la factoría alegando que la planta es inviable y quedando pendiente su ejecución. En Puerto Real se fabrican los estabilizadores de los modelos A350, A330
y los ascensores para la serie A320, con el cierre se prevé que la mayoría de las actividades de la planta gaditana sean absorbidas por la fábrica de Getafe (Madrid). El estallido de la pandemia y sus consecuencias económicas ha acelerado la
decisión de los responsables, que ha anunciado un denominado 'plan de contingencia' que supone traslados, despidos y prejubilaciones para reducir su plantilla. Los trabajadores y trabajadoras directamente afectados son en torno a los 400.
El pasado 15 de abril el presidente del Gobierno y el Rey asistieron a la inauguración del campus de Airbus en Getafe, el tercero más grande de Europa según las informaciones aportadas por la propia empresa. En el acto se pusieron de
relieve la importancia de la industria aeronáutica como una industria de futuro y relevante para el desarrollo económico, así como los buenos datos macroeconómicos de la compañía. Mientras tanto, en el exterior, decenas de trabajadores y
trabajadoras se manifestaban en solidaridad con los compañeros y compañeras que están movilizándose en Puerto Real contra el cierre de la planta.
Por todo ello, se presenta a la Comisión de Hacienda, la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Utilizar los mecanismos disponibles a través de la participación en la empresa Airbus de la SEPI para asegurar el funcionamiento y el mantenimiento de la actividad de su factoría en Puerto Real con el consiguiente mantenimiento del
empleo.
2. Promover a través de la participación de la sociedad estatal SEPI el reparto equilibrado de la carga de trabajo de Airbus entre las diferentes factorías situadas en diversos territorios del Estado.
3. Informar a las administraciones públicas interesadas en el mantenimiento de la factoría de Puerto Real (Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Ayuntamientos) así como a los trabajadores y trabajadoras de las diferentes acciones que
han llevado a cabo los representantes de la SEPI en Airbus y las negociaciones que se han llevado a cabo a fin de asegurar la continuidad de la planta.
4. Realizar y poner en conocimiento de la ciudadanía, de acuerdo con la información ya recogida en el Portal de Transparencia, un informe detallado sobre las ayudas públicas y subvenciones recibidas por la empresa Airbus del conjunto de
Administraciones Públicas.
5. Incluir a la representación sindical del territorio y de los trabajadores de la planta en la negociación, manteniendo abiertas todas las opciones disponibles para que la factoría de Puerto Real permanezca en funcionamiento, impulsando su
actividad actual con la introducción de nuevas posibilidades de modernización.
6. Plantear al Gobierno de España la elaboración de un Plan Estratégico a nivel estatal para el sector aeroespacial en el que se integre la Estrategia Andaluza.'
La presente moción no tiene coste económico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2021.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, Dña. Macarena Olona Choclán, Dña. Inés María Cañizares Pacheco, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, D. Rubén Silvano Manso Olivar y D. Rodrigo Jiménez Revuelta,
en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la modificación del régimen sancionador establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la que se establece la Obligación de información sobre bienes
y derechos situados en el extranjero para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Primero. La declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero.
1. La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude introdujo una
modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establecía la 'Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero 19'.
2. Se obliga así a informar en relación con (grupos):
a. Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.
b. Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero.
c. Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.
3. Asimismo, tienen obligación de declarar aquellas personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 (las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición 20).
4. Por otro lado, la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, regula el Modelo 720 para la declaración de los bienes objeto de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
determinando el lugar, la forma, el plazo y el procedimiento para su presentación.
5. Según esta, tendrán obligación de presentar el Modelo 720 (entre el 1 de enero y el 31 de marzo) aquellos contribuyentes, señalados en el punto 3, cuyo saldo a 31 de diciembre supere los 50.000 euros (en cualquiera de los grupos
señalados en el punto 2,) o en caso de depósitos bancarios cuando su saldo medio supere los 50.000 euros.
6. No habrá que presentar el Modelo 720 cuando el valor de cada bien o derecho (grupo) no se haya incrementado en 20.000 euros cada uno, con respecto al último modelo presentado.
7. Se trata de una declaración anual y es un modelo declarativo, lo cual implica que no se liquidan impuestos, sino que únicamente se informa de los activos y rentas que tiene el contribuyente en otros países.
Segundo. El estricto régimen sancionador de la norma.
8. La Ley constituye un régimen sancionador compuesto únicamente por in fracciones muy graves. Los dos tipos de infracciones muy graves son:
a. No presentar en plazo y de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, las declaraciones informativas a que se refiere esta disposición adicional.
b. La presentación de las mismas por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos, en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.
9. Las sanciones previstas son:
c. En el caso de incumplir la obligación de informar de los bienes o derechos en el extranjero, la multa se fija en 5.000 euros por cada uno de los datos que deberían haberse incluido en dicha declaración, con un mínimo de 10.000 euros.
d. En el caso de presentar la declaración fuera de plazo, sin previo requerimiento, la sanción será de 100 euros por cada dato, con un mínimo de 1.500 euros.
e. Adicionalmente, el artículo 3.2 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude modifica el artículo 39 'Ganancias patrimoniales no justificadas' de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
19 Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
20 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, estableciendo que' Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos
cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su
registro en los libros o registros oficiales. Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo respecto del que se descubran, salvo que el contribuyente pruebe suficientemente que ha
sido titular de los bienes o derechos correspondientes desde una fecha anterior a la del periodo de prescripción.' 21
f. Por lo tanto, en caso de que la autoridad fiscal descubra algún activo no declarado en el extranjero, la sanción pecuniaria adicional será del 150% de la cuota que resulte al regularizar la ganancia patrimonial no justificada en el
Modelo.
10. Hasta el año 2020, la Agencia Tributaria ha sancionado a 5.000 contribuyentes en relación con el Modelo 720, de los cuales el 71% de los expedientes finalizados con sanción se deben a la presentación fuera de plazo.
Tercero. La Comisión Europea ha criticado este régimen sancionador.
11. A finales de 2015, la Comisión Europea previno a las autoridades españolas sobre la posible incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea, de las consecuencias tributarias del incumplimiento o del cumplimiento incorrecto de esta
obligación de información.
12. En el año 2017, la Comisión emitió un Dictamen motivado en el que afirmó que el régimen sancionador establecido era desproporcionado y discriminatorio y entraba en conflicto con libertades fundamentales de la Unión Europea,
principalmente la libre circulación de capitales.
13. Dado que España no modificó su marco legislativo, la Comisión inició un procedimiento contra ella ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a la desproporcionalidad de las consecuencias del incumplimiento de la obligación
informativa, respecto de los bienes y derechos en el extranjero o de la presentación extemporánea del 'Modelo 720' (Comisión Europea/Reino de España, Asunto C-788/19, recurso interpuesto el 23 de octubre de 2019).
14. La Comisión en su Recurso pedía que se declarara que el Reino de España:
a. 'ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 21, 45, 56 y 63 del TFUE y los artículos 28, 31, 36 y 40 del Acuerdo sobre el EEE.
- al establecer consecuencias del incumplimiento de la obligación informativa respecto de los bienes y derechos en el extranjero o de la presentación extemporánea del 'Modelo 720', que conllevan la calificación de dichos activos como
ganancias patrimoniales no justificadas que no prescriben;
- al imponer automáticamente una multa pecuniaria fija del 150 % aplicable en caso de incumplimiento con la obligación informativa respecto de los bienes y derechos en el extranjero o de presentación extemporánea del 'Modelo 720';
- al aplicar multas pecuniarias fijas por incumplimiento de la obligación de información respecto de los bienes y derechos en el extranjero o por presentación extemporánea del 'Modelo 720', cuyo nivel es superior a aquello de las sanciones
previstas por el régimen general para infracciones similares;
b. Que se condene en costas al Reino de España. 22
15. La Comisión llegó a la conclusión de que las sanciones que consisten en la calificación de los activos como ganancias patrimoniales, la inaplicación de las reglas normales de prescripción y las multas pecuniarias fijas, constituyen una
restricción a las libertades fundamentales del TFUE y del EEE. Aunque en principio estas medidas puedan ser adecuadas para alcanzar los objetivos perseguidos que son la prevención y la lucha contra la elusión y el fraude fiscal, resultan
desproporcionadas 23.
21 Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
22 Diario Oficial de la Unión Europea. 23.12.2019.
23 Diario Oficial de la Unión Europea. 23.12.2019.
16. Por otro lado, corroborando lo señalado anteriormente, numerosos Tribunales de Justicia de distintas Comunidades Autónoma, han fallado en contra de los dispuesto en el régimen sancionador:
c. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Sentencia de 20 de mayo de 2019 (rec. n.º 158/2017), anuló una sanción impuesta por presentar fuera de plazo y sin requerimiento previo, la declaración informativa sobre bienes y derechos
situados en el extranjero, motivado en el hecho de que la Comisión Europea emplazó a España a modificar su legislación relativa a las sanciones establecidas en relación con la presentación del 'Modelo 720 24'.
d. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su Sentencia de 28 de noviembre de 2018 (rec. n.º 144/2018), considera que las sanciones impuestas a los obligados en caso de incumplimiento deben anularse por su carácter
desproporcionado. 25
17. Incluso el Tribunal Supremo, por medio de Auto dictado con fecha 2 de julio de 2020 (recurso de casación n.º 6410/2019), ha apreciado interés casacional en relación con el régimen sancionador aplicable al Modelo 720. Las cuestiones que
presentan interés casacional son:
a. 'Determinar si un acto sancionador, consistente en una multa pecuniaria fija por cumplimiento tardío -sin requerimiento previo de la Administración-, de la obligación de suministrar información a través del modelo 720 sobre bienes y
derechos situados en el extranjero (Disposición adicional 18.ª de la Ley General Tributaria) puede resultar incompatible con el derecho de la Unión Europea, considerando el principio de proporcionalidad y las libertades fundamentales del Tratado de
Funcionamiento de la UE, en particular y sin perjuicio de otras que pudieran resultar afectadas, la libre circulación de capitales, interpretadas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
b. Determinar, a los efectos del juicio de proporcionalidad sobre la expresada sanción, el parámetro que debe considerarse a efectos comparativos, si el de la cuantía o relevancia económica de los bienes y derechos situados en el extranjero
-como mantiene la sentencia de instancia- o, en su caso, el de la cuantía o relevancia económica de las sanciones -a tenor del régimen general sancionador de la LGT- para infracciones similares cuando afectan a bienes y derechos localizados en el
territorio español.' 26
Cuarto. El régimen sancionador ha dado lugar a situaciones de profunda indefensión en los contribuyentes.
18. La cuantía de las sanciones, así como la imputación como ganancias de patrimonio no justificadas a integrar en la base liquidable general del importe de los bienes y derechos respecto de los que no se hubiera cumplido la obligación de
información, ha dado lugar a sanciones desproporciona das como la impuesta a un contribuyente 'por no informar sobre valores en Bélgica que no superaban los 800.000 euros y que procedían de una herencia'. Tuvo una sanción de 350.000 euros por la
declaración no presentada en el año 2015 y 360.000 euros por la del 2017. 27
19. O el caso de un contribuyente que en el año 2013 presentó voluntaria mente el modelo 720 en el que aseguraba poseer 98.168 euros en una cuenta abierta en Italia. La inspección detectó que, a finales de 2012, la cuenta contaba con un
saldo en 52.000 euros y Hacienda le acusó de presentar la declaración fuera de plazo. La multa ascendió a 52.417 euros. El Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Castilla y León anuló la sanción. 28
20. Nos encontramos, por tanto, ante un régimen sancionador de naturaleza confiscatoria ante las obligaciones fiscales derivadas de la declaración de bienes y derechos en el extranjero, que provoca una gran indefensión a los contribuyentes,
lo cual ha sido puesto de manifiesto tanto en los tribunales españoles como en el ámbito de la Unión Europea.
24 Gómez-Acebo&Pombo. https://www.ga-p.com/publicaciones/anulacion-de-la-sancion-por-presentacion-extemporanea-del-modelo-720-por-ausencia-de-culpabilidad/
25 Gómez-Acebo&Pombo. https://www.ga-p.com/publicaciones/anulacion-de-la-sancion-por-presentacion-extemporanea-del-modelo-720-por-ausencia-de-cuIpabiIidad/
26 VLex . Auto del Tribunal Supremo del 2 de julio del 2020.
27 Twitter Alejandro del Campo.
28 El País. https://elpais.com/economia/2019/08/22/actualidad/1566502993_371402.html
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la modificación del régimen sancionador recogido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de tal forma que cumpla con los
criterios de proporcionalidad y no confiscatoriedad que dispone nuestro ordenamiento jurídico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2021.-Inés María Cañizares Pacheco, Rodrigo Jiménez Revuelta, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán
e Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/002791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de los acuerdos y convenios colectivos de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 26 de marzo de 2018, aprobó un incremento retributivo para el personal al servicio del sector
público para los años 2018, 2019 y 2020. Sin embargo, el correspondiente al ejercicio 2020 no se está aplicando a los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a las Autoridades Portuarias de A Coruña, Ferrol, Vilagarcía, Marín y Vigo, al igual
que al resto de las trabajadoras y trabajadores del sector portuario estatal.
Además, con fecha de 15 de junio de 2019 se publicó en el BOE la Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades
portuarias, entró en vigor el 1 de enero de 2019 y que será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2026. A pesar de los acuerdos alcanzados, las trabajadoras y trabajadores de las Autoridades Portuarias de A Coruña, Ferrol, Vilagarcía, Marín y
Vigo y el resto del sistema público portuario estatal, tampoco han percibido a día de hoy, los porcentajes adicionales de productividad y de desarrollo correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021 que se derivan de la aplicación del convenio.
Al no hacer frente a los pagos a los trabajadores y trabajadores se están incumpliendo los acuerdos alcanzados, correspondiéndole su materialización al Comité Ejecutivo de la Comisión lnterministerial de Retribuciones (CECIR), órgano
dependiente del Ministerio de Hacienda. El incumplimiento impide afrontar la negociación de los Acuerdos de Empresa de las Autoridades Portuarias en lo referente a su aspecto económico, tal y como establece el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5
de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en su artículo 48 apartado 3.
Así, el incumplimiento de los acuerdos y convenios colectivos aprobados no solo supone la negación de su carácter vinculante y de su obligatoriedad, sino también una vulneración del derecho fundamental a la negociación colectiva, instrumento
básico para la mejora de las condiciones laborales.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Respetar la negociación colectiva como instrumento básico para la regulación y mejora de las condiciones laborales en el ámbito de los Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias y, en consecuencia, a acatar el carácter vinculante
de los acuerdos y convenios colectivos válidamente adoptados como son el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Mejora del Empleo Público y las
Condiciones de Trabajo (BOE de 26.03 .18 .) y el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (BOE 15.06.19.).
2. Autorizar y proceder sin más demora al abono de las cantidades económicas pendientes derivadas tanto de lo acordado en el III Convenio, como el incremento salarial del 2.3% determinado para 2020 para el conjunto de las trabajadoras y
trabajadores.
3. Instar a Puertos del Estado para asignar los recursos correspondientes a cada Autoridad Portuaria para permitir el desarrollo de la negociación colectiva de las Autoridades Portuarias de A Coruña, Ferrol, Vilagarcía, Marín y Vigo
(conforme al artículo 4 del Convenio Colectivo).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Interior
161/002570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mediante escrito de fecha 19 de mayo de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que cese en el proceso de transferencia de las competencias en materia de tráfico a
la Comunidad Foral de Navarra y a la Policía Foral, manteniendo las mismas en manos de la Guardia Civil, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 279, de 25 de mayo de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2021.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Interior relativa a la adopción de medidas contra las fake news.
Exposición de motivos
La esfera pública digital no debería ser un espacio destinado al fomento de la polarización y la crispación de la opinión pública, sino que debería ser un espacio que articule la deliberación ciudadana.
El surgimiento de algunos fenómenos como la enorme cantidad de bots diseñados para automatizar la desinformación, que han emergido si cabe de una manera más invasiva durante la pandemia, requieren de una respuesta por parte de los poderes
públicos, a fin de preservar el derecho fundamental de acceso a la información veraz en la era del capitalismo digital. Precisamente, el artículo 20 de la Constitución Española reconoce el derecho a 'comunicar o recibir libremente información
veraz'.
En Verdad y Política, Hannah Arendt ya nos advertía de que 'la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos'. Actualmente, los sociólogos que estudian la materia han planteado
una curiosa metáfora: si el calentamiento global sería un bioproducto del capitalismo fósil, las noticias falsas serían un derivado 'natural' del capitalismo digital.
Se han ido tomando diversas medidas políticas orientadas hacia la autorregulación de las plataformas digitales. De hecho, la Comisión Europea impulsó en diciembre de 2020 su propuesta de que las redes sociales y otras plataformas
tecnológicas se enfrenten a multas de hasta el 6% de sus ingresos globales si no cumplen con las órdenes para eliminar la propaganda terrorista, discursos de odio u otras publicaciones ilegales. Estas medidas son un intento de conseguir que las
empresas de tecnología asuman la responsabilidad por el contenido publicado; y proporcionen información sobre cómo abordar
contenidos falsos o discriminatorios. Se considera necesario que desde los poderes públicos se amplíen estas estrategias.
Con el objetivo de impulsar la adopción de las medidas necesarias destinadas a prevenir la propagación de noticias falsas en el espacio digital, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar a los centros de investigación y universitarios a fin de que puedan desarrollar programas de investigación orientados a la innovación social, comunicativa y democrática sobre los enfoques éticos de producción de contenidos y la
veracidad de la información en el espacio digital.
2. Promover la transferencia de la investigación tecnológica aplicada a la innovación de los medios de comunicación digitales y las redes sociales, mediante el desarrollo software de mecanismos rápidos de fact-checking dirigidos a la
detección de bulos e, incluso, herramientas para detectar de manera sencilla información oficial de determinados organismos públicos nacionales e internacionales al objeto de evitar la desinformación, especialmente en cuestiones de seguridad y salud
pública.
3. Impulsar programas liderados por la sociedad civil y orientados a la alfabetización digital ciudadana, con un foco especial en población adolescente, dirigidos a llevar a cabo un uso seguro y responsable de Internet, generando mecanismos
de calidad y reputación distintos al clickbait (like and sharing) o al número de visitas de un contenido determinado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2021.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre utilización en situaciones de emergencia de las unidades policiales de
reserva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Seguridad Humana la podemos situar en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese marco, se encuentra el modelo de seguridad 2030 que el Gobierno plantea para nuestro país. Tal y como afirmó el Ministro del Interior el 17
de febrero 2020 en su comparecencia para presentar la líneas generales. Un concepto de seguridad humana que integre orden público, seguridad ciudadana, protección civil, protección internacional, seguridad vial y política interior; un
planteamiento conceptual que busca responder a las -llamémoslas- amenazas tradicionales, como la delincuencia organizada, el terrorismo, la criminalidad o las amenazas a la seguridad nacional, pero que también aspira a responder en los mismos
términos y con eficiencia, cercanía y preocupación por el bienestar a nuestros retos que se plantean a la seguridad vinculados a fenómenos cambiantes y transversa/es, como los derivados del cambio climático, las nuevas formas de odio y dominación o
de la propia digitalización.
La crisis sanitaria de la COVID-19, así como de las tragedias por catástrofes naturales ocurridas en los últimos años, tales como inundaciones, riadas, incendios, grandes nevadas, se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con todos
los recursos disponibles para garantizar esa seguridad humana a la que hemos hecho referencia.
En línea con el espíritu que llevo a crear en 2005 la Unidad Militar de Emergencias, cuyo objetivo era y es dar una respuesta rápida y eficaz a los ciudadanos ante situaciones de emergencia que pongan en peligro su seguridad y bienestar, es
recomendable que Policía Nacional y Guardia Civil cuenten con unidades polivalentes que, ante este tipo de emergencias climáticas, sanitarias o de cualquier otro tipo, puedan volcar sus capacidades, recursos y esfuerzos en la asistencia, ayuda y
auxilio.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los trabajos para que las grandes unidades policiales de reserva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ordinariamente vinculadas al orden público y a la seguridad
ciudadana, adquieran las capacidades formativas, operativas y logísticas para poder intervenir en situaciones de emergencia y reforzar la resiliencia del Estado ante este tipo de desafíos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2021.-David Serrada Pariente, Francisco Aranda Vargas, Gema Araujo Morales, Ana Botella Gómez, Zaida Cantera de Castro, Santos Cerdán León, Luc André Diouf Dioh, Sonia Ferrer Tesoro,
Rafael José Vélez, Ignacio López Cano, Ana Prieto Nieto y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre desarrollo de ejes de actuación en materia de Ciberseguridad recogidos en la
Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El impacto de las tecnologías digitales en la sociedad es indudable. Cada vez con mayor frecuencia las sociedades occidentales además de compartir y relacionarnos en entornos físicos o territoriales interactuamos y realizamos buena parte de
nuestra vida cotidiana en el ciberespacio.
La progresiva digitalización de nuestro país ha generado espacios donde desaprensivos han desarrollado nuevos espacios de actividad criminal. Hay datos especialmente estremecedores: entre 2017 y 2019 los hechos conocidos por infracciones
vinculados a la cibercriminalidad se han incrementado desde 81.307 en 2017 hasta más de 165.000 durante 2019. 84.000 hechos más en solo dos años. Siendo los más numerosos en 2019 aquellos relacionados con la estafa y el fraude: el 85,6% del
total. Mientras que hechos delictivos como amenazas y coacciones han pasado de 12.036 en 2016 a 12.782 en 2019.
Desde el pasado mes de marzo de 2020 la sociedad española, como consecuencia de la situación sanitaria, ha tenido que experimentar de forma extraordinariamente rápida un proceso de transición digital para poder combinar nuestra salud con el
desarrollo de nuestras actividades cotidianas (compra o relaciones sociales) administrativas, profesionales o educativas.
Es evidente que los delincuentes están utilizando la pandemia para perpetrar diversas estafas y ataques. Aprovechan el incremento de la demanda de información y suministros y atacan los puntos vulnerables de las infraestructuras digitales.
Entre las actividades delictivas cabe mencionar los ciberataques contra organizaciones y particulares, como por ejemplo campañas de phishing que distribuyen software maligno por medio de enlaces y adjuntos maliciosos, estafas relacionadas
con suministros y con la descontaminación, venta de productos sanitarios falsos, así como distribución de equipos fraudulentos de autodiagnóstico del coronavirus.
Europol, la Agencia de la UE para la Cooperación Policial, recopila información de los Estados miembros de la UE y publica informes periódicos sobre cómo los delincuentes están adaptando su actividad delictiva para aprovechar la pandemia del
coronavirus.
Ante el nuevo contexto de digitalización de la sociedad, la ciberdelincuencia emerge como desafío para las políticas públicas de seguridad puesto que sus efectos, generalmente, son nocivos de manera particular para colectivos vulnerables.
Los datos recogidos por el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) y por el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) registrados por todos los cuerpos policiales del territorio nacional (Cuerpo Nacional de Policía,
Guardia Civil, Policía Foral de
Navarra, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y distintos Cuerpos de Policía Local) sobre la ciberdelincuencia muestran un aumento significativo de estos hechos en la realidad de nuestro país.
En este sentido, erradicar este tipo de modalidades delictivas ha pasado de ser un desafío importante a convertirse en un reto que requiere respuestas urgentes, eficaces y contundentes.
Tal y como recoge la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019, el ciberespacio es un espacio común global caracterizado por su apertura funcional y su dinamismo. La ausencia de soberanía, su débil jurisdicción, la facilidad de acceso y
la dificultad de atribución de las acciones que en él se desarrollan definen un escenario que ofrece innumerables oportunidades de futuro, aunque también presenta serios desafíos a la seguridad. Si bien la misma engloba un sistema estratégico y
normativo estableciendo los ilícitos penales con intención de aclarar la actuación coordinada contra los ciberdelincuentes tanto en su forma de comisión como en la prevención de las mismas. Se hace imprescindible complementar su implementación con
medidas específicas de desarrollo de sus contenidos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir, desarrollar y poner en marcha Planes de Acción específicos, que desarrollen, con medidas concretas en los ámbitos estratégico, organizativo, formativo y en materia de
ciberdelincuencia por amenazas y coacción, los ejes de actuación planteados en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2021.-David Serrada Pariente, Francisco Aranda Vargas, Gema Araujo Morales, Ana Botella Gómez, Zaida Cantera de Castro, Santos Cerdán León, Luc André Diouf Dioh, Sonia Ferrer Tesoro,
Rafael José Vélez, Ignacio López Cano, Ana Prieto Nieto y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dña. Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Alcaraz Martos, Dña. Patricia Rueda Perelló, Dña. Patricia de las Heras Fernández, Dña. Cristina Alicia Esteban Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias, D.
Juan Carlos Segura Just, D. Julio Utrilla Cano, D. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, D. Luis Gestoso de Miguel y D. Víctor Manuel Sánchez del Real, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX),
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida promover el desarrollo del vehículo autónomo en España, para su discusión en la
Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. El vehículo autónomo.
1. El vehículo autónomo es aquel vehículo con los sistemas informáticos necesarios que permitan tanto su manejo como su control sin precisar el control o supervisión de un humano de forma activa. Aunque se consideran vehículos autónomos
todos aquellos que no necesitan conductor, el concepto sigue evolucionando y existen varios niveles de conducción autónoma 29.
29 https://www.motor.es/que-es/coches-autonomos [fecha de consulta: 1 de junio de 2021].
2. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (por sus siglas en inglés, la NHTSA) 30, agencia dependiente del Gobierno de los Estados Unidos, y posteriormente entidades y organismos europeos y españoles como la
Dirección General de Tráfico ('DGT') o la Sociedad de Ingenieros de Automoción, han establecido seis niveles de autonomía 31:
- Nivel 0: no hay automatización, el vehículo requiere de un humano para todas las tareas y maniobras asociadas a la conducción.
- Nivel 1: incluye determinados sistemas que controlan la dirección, la velocidad y el frenado, como son los siguientes: el freno autónomo de emergencia, control de crucero o control de estabilidad. Por tanto, el sistema realiza la
conducción dinámica lateral o longitudinal utilizando la información del entorno del vehículo, mientras que el conductor realiza el resto de tareas de conducción.
- Nivel 2: al menos dos de los sistemas referidos en el nivel 1 deben ser controladas por el vehículo al mismo tiempo. Por ejemplo, control de crucero y mantenimiento en el carril. De esta forma, el sistema de ayuda a la conducción
desarrolla la conducción dinámica lateral y longitudinal.
- Nivel 3: el coche se controla por sí solo y es capaz de gestionar de forma autónoma todas las funciones relacionadas con la conducción. Se requiere de un conductor como asistente, al cual se le puedan lanzar consultas en ocasiones
concretas.
- Nivel 4: el vehículo sí se puede conducir por sí solo de forma completa y sin ningún tipo de asistencia humana. El pasajero únicamente cumple con la directriz inicial de indicar la ruta a la que se tiene que dirigir el vehículo.
- Nivel 5: el coche podrá moverse en solitario con total autonomía. El vehículo, por lo tanto, se convierte en una cápsula que transporta a los pasajeros de un punto a otro mientras analiza su entorno y crea una red con el resto de modelos
conectados 32.
3. Conforme informan los expertos, el coche autónomo tiene numerosas ventajas para la economía y para la sociedad en general. Para empezar, partiendo de que la mayoría de los accidentes se producen como consecuencia del fallo humano, se
espera una reducción considerable de los mismos. Incluso se cuenta con que finalmente desaparezcan en tanto que una tecnología muy testada y auditada no incumplirá las normas de conducción 33.
4. En segundo lugar, se facilitaría la movilidad a aquellos colectivos con mayores dificultades para desplazarse, permitiéndoles ir de cualquier punto a cualquier punto, lo que podría suponer incluso un elemento crucial para la lucha contra
la despoblación. De hecho, empresas como Toyota ya publicitan un plan de movilidad para todos gracias al vehículo autónomo 34.
5. También se esperan menos atascos y la agilización del transporte gracias a una conducción más eficiente y lo innecesario de parar para descansar. Por último, teniendo en cuenta que la mayoría de los coches autónomos se moverán con
energías alternativas poco contaminantes se contribuiría al plan de desearbonización.
Segundo. Vehículo autónomo en España.
6. En España no se ha llevado a cabo ninguna actuación legislativa que permita el desarrollo del vehículo autónomo. Solamente existen dos precedentes 'normativos' vinculados a los vehículos autónomos pero que no han establecido el deseado
marco legal que ampare su evolución y funcionamiento en nuestro país.
7. En el año 2015, la DGT publicó la Instrucción 15/V-113 con el asunto Autorización de pruebas o ensayos de investigación realizados con vehículos de conducción automatizada en vías abiertas al tráfico en general 35 (la 'Instrucción').
Tal y como anunció en su página oficial, con esta resolución se pretendía que los vehículos autónomos dispusieran de un marco normativo estable para realizar pruebas y ensayos.
30 https:/www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-safety-topic-road-self-driving [fecha de consulta: 1 de junio de 2021].
31 https://www.rnotor.es/que-es/coches-autonomos y https://www.dgt.es/Galerías/seguridad-vial/ normativa-legislacion/otras-normas/modificaciones/15.V-113-Vehiculos-Conduccion-automatizada.pdf [fecha de consulta: 1 de junio de 2021].
32 4https://www.autobild.es/noticias/coches-autonomos-espana-nivel-5-733101 [fecha de consulta: 28 de mayo de 2021].
33 5https://www.autobild.es/noticias/coches-autonomos-espana-nivel-5-733101 [fecha de consulta: 28 de mayo de 2021].
34 https:www.tovota.es/startvourimpossible/ [fecha de consulta: 28 de mayo de 2021].
35 7https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/otras-normas/modificaciones/15.V-113-Vehiculos-Conduccion-automatizada.pdf [fecha de consulta: 2 de junio de 2021].
Asimismo, se afirmaba que así España se situaba entre los primeros países que apuestan por el desarrollo de este tipo de tecnología, definiendo un marco de pruebas estable que pueda permitir, fomentar y atraer la realización de pruebas de
vehículos de conducción automatizada que mejoren la movilidad, haciéndola más segura y sostenible 36.
8. Por ese motivo, en 2016 el prototipo de PSA Peugeot Citroen pudo recorrer los casi 600 kilómetros que separan Vigo y Madrid. No obstante, no se conocen más casos puesto que la Instrucción realmente es de alcance muy limitado por los
siguientes motivos:
(i) Se establece que las autorizaciones son solo para pruebas y ensayos.
(ii) Solo pueden solicitarlas fabricantes o instaladores de la tecnología que permite al vehículo plena autonomía, las universidades y consorcios que participen en proyectos de investigación en los términos descritos en la instrucción.
(iii) No es una autorización para todo el territorio, sino que se establecerá ad hoc en qué tramos concretos puede circular el vehículo autorizado.
(iv) En línea con la ley vigente, también se subraya que el conductor debe estar en todo momento en disposición de tomar el pleno control del vehículo.
9. En el año 2016 se publicó otra instrucción por la DGT en relación con la conducción autónoma, en concreto, la Instrucción 16/TV-89. No obstante, regulaba simplemente los sistemas de aparcamiento asistido.
10. Por lo expuesto, los expertos entienden que la normativa actual permite únicamente la circulación de vehículos con autonomía hasta nivel 2 y que deja muchas cuestiones esenciales sin responder como, por ejemplo, la atribución de
responsabilidades en caso de accidente. En consecuencia, urgen un marco legislativo adecuado que permita tanto llevar a cabo pruebas de todos los niveles de autonomía como poder empezar a circular.
11. En esta línea, la Fiscalía general, en su Memoria de 2016 realizaba afirmaciones como la siguiente 'El futuro, ya casi presente, del coche conectado y del coche autónomo a que nos referiremos más adelante, aboca a una conducción
automatizada y dependiente de un sistema con lo que se pondrá en primera línea de la reflexión jurídica la diferenciación entre responsabilidades de los individuos y de las organizaciones o sistemas' (pág. 502). Continuaba haciendo referencia a la
normativa europea, a la que se hará mención en el expositivo siguiente, y afirmaba que existen muchas incógnitas jurídicas que deben ser reguladas. Así, aseveraba que 'La implantación de los vehículos autónomos deberá ir precedida de la necesaria
regulación administrativa' como, por ejemplo, a través de la modificación del Reglamento General de Vehículos y de la normativa de responsabilidad civil y su aseguramiento (pág. 516 y ss).
12. Fuera de lo mencionado en este expositivo, en España no constan avances en orden a apoyar el desarrollo del vehículo autónomo y su software, ni tampoco a elaborar los mapas cartográficos (a los que también se hace referencia en la
citada memoria de la fiscalía) tan imprescindibles para que el vehículo autónomo pueda desplazarse.
13. En efecto, el primer paso indicado por los expertos es la obtención de los mapas tridimensionales de todos los viales de España, que permitan la conducción de vehículos nivel 4 y 5. Para ello, es necesario disponer de información tanto
de las características de la red de viales como de los patrones de navegación para su digitalización y tecnificación. Sin este soporte es muy difícil crear una nueva movilidad, por lo que la administración pública debe actuar al menos como
facilitadora de estos datos.
Tercero. Normativa internacional en materia de vehículo autónomo.
14. Internacionalmente, se ha iniciado una carrera por ser los pioneros en la fabricación de vehículos con distintos grados de automatización.
15. En Europa, son varios los textos legales que se han ido dictando en orden a promover la elaboración de un marco normativo conjunto en cada Estado Miembro que regule todas las cuestiones que giran en torno al vehículo autónomo.
16. En el año 2010 se emite la Comunicación de la Comisión Europea de 20 de julio de 2010 denominada 'Hacia un espacio europeo de seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad
36 https://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2015/20151116-trafico-establece-marco-realizacion-pruebas-vehiculos-conduccion-automatizada-vias-abiertas-circulacion.shtml [fecha de consulta: 1 de junio de 2021].
vial 2011-2020', y en su objetivo estratégico nº 4 Vehículos más seguros, vehículos del futuro, establecía lo siguiente:
También se espera aportar una contribución significativa a la seguridad vial mediante la implementación de los denominados 'sistemas de cooperación', en los cuales los vehículos intercambian datos e interactúan con las infraestructuras y con
los demás vehículos de alrededor para proporcionar a los conductores información óptima, reduciendo así el riesgo de accidentes y aumentando la fluidez general del tráfico (pág. 9) [énfasis añadido].
17. Igualmente, en el objetivo estratégico n.º 5 de esta comunicación se recoge la Promoción del uso de las tecnologías modernas subrayando la necesidad de aumentar la seguridad vial, fijando como acción evaluar la viabilidad de
readaptación de los vehículos comerciales y privados con sistemas avanzados de asistencia al conductor.
18. Más adelante, el 14 de abril de 2016, en el marco del Consejo Informal de Ministros de Transporte de la Unión Europea se firmó el primer texto de la Unión sobre esta materia: la Declaración de Ámsterdam sobre cooperación en el campo de
la conducción automatizada (la 'Declaración'). Esta declaración se propone como objetivos, entre otros, promover un marco normativo para el despliegue de la conducción automatizada y conectada y eliminar las barreras legales para las pruebas y el
desarrollo de los vehículos automatizados y conectados, lo que debía materializarse en 2019. Para ello, se establece una agenda que debería incluir, entre otras materias, el marco legal, el uso de datos, privacidad y protección de datos,
ciberseguridad, definiciones comunes de conducción automatizada y conectada y cooperación internacional, particularmente con Estados Unidos y Japón.
19. La Declaración dio lugar a la Estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos, un hito hacia la movilidad cooperativa, conectada y automatizada, publicada el 30 de noviembre de 2016, y cuya conclusión fue
la siguiente:
La implantación coordinada y rápida de los vehículos cooperativos, conectados y automatizados en el transporte por carretera requiere que la UE tome medidas de manera urgente. Si se logra, la implantación de estos vehículos contribuirá
significativamente a mejorar la seguridad vial, aumentando la eficiencia del transporte por carretera y garantizando la competitividad de la industria en la UE.
Con la presente Comunicación, la Comisión alcanza un hito importante en la creación de una estrategia europea para la implantación de los vehículos cooperativos, conectados y automáticos, a instancias de la Declaración de Ámsterdam. La
presente Comunicación debería, junto con otras iniciativas viales que la Comisión prevé adoptar en 2017, contribuir al diseño del sistema de transportes por carretera de la UE para el futuro, así como a la superación de los retos clave a los que se
enfrenta hoy. Se han establecido las acciones necesarias para alcanzar este objetivo y respetar su planificación, que requieren un esfuerzo conjunto por parte de todos los participantes.
La Comisión tratará de garantizar las sinergias y la coherencia entre las iniciativas actuales y futuras, y apoyará el liderazgo de la Unión en el sector de los vehículos cooperativos, conectados y automatizados. Además , insta a todas las
partes interesadas, en especial a los Estados miembros y a la industria, a respaldar el enfoque recogido en la presente Comunicación, y a colaborar en todos los niveles y sectores, para iniciar correctamente la implantación de los sistemas de
transporte inteligentes y cooperativos en 2019.
20. En este contexto, países como Alemania o Reino Unido han modificado sus Códigos de Circulación para permitir la circulación de estos vehículos:
(i) Alemania: El Gobierno alemán aprobó en 2017 una enmienda de modificación a su Ley de Tráfico por Carretera (Strafienverkehrsgesetz, StVG), que permite el funcionamiento de vehículos de motor equipados con niveles de automatización
elevados en las carreteras alemanas, en concreto, con lo que ellos definen como función de conducción alta o totalmente automatizada (lo que podría asignarse a los niveles 3 y 4 de autonomía). El contenido literal de la modificación legislativa es
como sigue:
Sección 1a Vehículos de motor con función de conducción alta o totalmente automatizada.
1. Se permitirá el funcionamiento de un vehículo de motor mediante una función de conducción alta o totalmente automatizada si dicha función se utiliza según lo previsto en esta sección.
2. Los vehículos de motor equipados con una función de conducción alta o totalmente automatizada con arreglo a la presente Ley serán aquellos que dispongan de equipos técnicos a su disposición:
- Que, con el fin de completar la tarea de conducción, incluyendo el desplazamiento longitudinal y transversal, puedan controlar el vehículo de motor después de su activación (control del vehículo);
- Que sean capaces de cumplir con la normativa de tráfico dirigida a la gestión del vehículo durante el control alta o totalmente automatizado;
- Que puedan ser desactivados de forma manual o mediante función de desactivado en cualquier momento por el conductor;
- Que puedan detectar la necesidad de control del vehículo por parte del conductor;
- Que puedan indicar al conductor de forma visual, acústica, táctil, ..., o de otro modo perceptible, el requisito de control manual del vehículo con suficiente tiempo de reserva antes de entregar el control del vehículo al conductor, y
- Que puedan indicar que el uso es contrario a la descripción del sistema.
El fabricante de dicho vehículo de motor deberá indicar en la descripción del sistema que el vehículo cumple las condiciones establecidas en el primer punto.
3. Los apartados anteriores se aplicarán únicamente a los vehículos matriculados de conformidad con la sección 1(1), que cumplan los requisitos establecidos en el segundo punto 2(2) y cuyas funciones de conducción alta o totalmente
automatizadas:
- Se describan en la normativa internacional en el ámbito de aplicación de esta Ley y las cumplen, u
- Homologación de tipo de conformidad con el artículo 20 de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se establece un marco para la homologación de vehículos a motor y remolques, así
como sistemas, componentes y unidades técnicas independientes para estos vehículos (Directiva marco) (DO N.º L 263 de 9.10.2007, p. 1).
4. El conductor también será la persona que active una función de conducción alta o totalmente automatizada en el sentido del apartado 2 y la utilice con fines de control del vehículo, aun cuando no controle el vehículo manualmente en el
contexto del uso previsto por dicha función.
Sección 1b Derechos y obligaciones del conductor al utilizar funciones de conducción alta o totalmente automatizadas
1. El conductor podrá, durante la conducción del vehículo, desviar su atención del tráfico 11 del control del vehículo mediante funciones de conducción alta o totalmente automatizadas de conformidad con la Sección la; al hacerlo, debe
cumplir con la obligación establecida en virtud del apartado 2 en cualquier momento.
2. El conductor está obligado a hacerse cargo del control del vehículo inmediatamente:
- Cuando el sistema alto o totalmente automatizado le pide que lo haga, o
- Si se percata o, sobre la base de circunstancias obvias, debe percatarse que las condiciones para el uso previsto de las funciones de conducción alta o totalmente automatizadas ya no se cumplen.
En definitiva, la ley establece que, para permitir la circulación con funciones de conducción alta o totalmente automatizada, el vehículo debe ser capaz de controlar el desplazamiento longitudinal y transversal del mismo una vez la función
se haya activado. Asimismo, este vehículo deberá permitir la desactivación manual en todo momento.
Asimismo, en Alemania se ha propuesto que a partir de 2022 comiencen a circular los primeros autobuses lanzadera sin conductor y de transporte público en áreas previamente definidas 37.
(ii) Reino Unido: El Gobierno de Reino Unido ha desempeñado un importante papel en el desarrollo de regulaciones internacionales que apoyan la introducción de una automatización cada vez mayor. En 2018, aprueba su Ley de Vehículos
Eléctricos y Automatizados (Automated and Electric Vehicles
37 9https://www.motorpasion.com/industria/alemania-esta-dispuesta-a-tener-vehiculos-autonomos-nivel-l-sus-vias-a-partir-2022 [fecha de consulta: 1 de junio de 2021].
Act 2018) respondiendo a cuestiones tan fundamentales como quién es el responsable en caso de accidente causado por vehículos automatizados (artículo 2) 38.
Asimismo, se ha avanzado sobre el Sistema Automático de Mantenimiento de Carril ('ALKS', por sus siglas en inglés). El ALKS no es un automóvil en sí mismo sino un sistema de conducción automática de nivel 3. La introducción del ALKS es,
por tanto, independiente de la construcción del marco integral nacional para los vehículos autónomos.
No obstante, tanto las Comisiones Legales como su Departamento de Transporte están trabajando en estrecha colaboración para que las consultas sobre este tema permitan proponer los cambios necesarios en el Código de Carretera (Tire Highway
Code) para ambos.
Sobre esta base, la Comisión Legal desarrollará unas recomendaciones generales a finales de 2021 39. De hecho, en abril de 2021, se lanzó una nueva consulta sobre la modificación del Código de Carretera que fue respondida con una propuesta
de regulación cuyo contenido literal es el siguiente 40:
Los vehículos automatizados pueden realizar todas las tareas involucradas en la conducción, al menos en algunas situaciones. Se diferencian de los vehículos equipados con funciones de conducción asistida (como el control de crucero y la
asistencia de mantenimiento de carril), que llevan a cabo algunas tareas, pero donde el conductor sigue siendo responsable de la conducción. Si usted está conduciendo un vehículo con funciones de conducción asistida, usted DEBE mantener el control
del vehículo.
Los vehículos automatizados son vehículos que son listados por el Secretario de Estado de Transporte. Mientras que un vehículo automatizado se está conduciendo a sí mismo, usted no es responsable de cómo conduce, y no es necesario prestar
atención a la carretera. Pero debe seguir las instrucciones del fabricante sobre cuándo es apropiado activar la función de conducción autónoma.
Si el vehículo está diseñado para requerir que reanude la conducción después de que se le solicite, mientras el vehículo se conduce a sí mismo, DEBE permanecer en una posición para poder tomar el control. Por ejemplo, no debe moverse del
asiento del conductor. Usted no debería estar tan distraído que no pueda recuperar el control cuando se lo pida el vehículo.
Usted sigue siendo responsable de que el vehículo esté en condiciones de navegar, de que tenga un certificado de ITV actual si corresponde, y de que esté gravado y asegurado.
21. El último paso dado en esta materia ha sido el Reglamento n.º 157 de las Naciones Unidas - Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos de motor por lo que respecta al sistema automático de mantenimiento del
carril [2021/389]. Este Reglamento ha sido firmado por más de 50 países entre los que se encuentran Japón, Corea del Sur y los Estados Miembros y su objetivo es establecer unos requisitos uniformes en materia de ALKS.
Cuarto. Necesidad de un marco legislativo en España.
22. Como se ha evidenciado, aunque inicialmente España pudo tener la intención de iniciar su camino hacia la regulación marco del vehículo de conducción automatizada, se quedó limitado a dos instrucciones de la DGT claramente insuficientes.
Mientras tanto, son muchos los países que no bajan el ritmo en lo que a esta cuestión se refiere con todos los beneficios que conlleva crear tal ventaja competitiva e iniciar la curva de aprendizaje cuanto antes.
23. Asimismo, no se debe obviar que el sector automovilístico, sector que aportaba un 10% al PIB nacional, vive una de sus mayores crisis. El mes de mayo de 2021 ha cerrado con una caída de matriculaciones de más del 20% que en acumulada
roza casi el 40% 41. Por tanto, impulsar esta nueva tecnología sería un revulsivo para el sector y sus trabajadores.
24. Por ello, dada la crisis ya no solo coyuntural sino estructural del sector, y para que nuevamente nuestro país no se quede retrasado en lo que respecta a l+D+i, deben adoptarse todas las medidas necesarias para crear un ámbito legal
adecuado en el que esta tecnología crezca.
25. En general, en España se deben promover líneas de acción dirigidas a incentivar estrategias de crecimiento empresarial que permitan aumentar el tamaño de las empresas y alcanzar así mayores niveles medios de productividad, salarios y
competitividad. Además, la gran industria española se enfrenta
38 10https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/enacted [fecha de consulta: 2 de junio de 2021].
39 11https://www.motor.es/noticias/reino-unido-conduccion-autonoma-2021-202177657.html [fecha de consulta: 2 de junio de 2021].
40 12https://www.ciht.org.uk/news/ciht-responds-to-consultation-on-rules-on-safe-use-of-automated-vehicles-on-gb-roads/ [fecha de consulta: 2 de junio de 2021].
41 https://www.autotacil.es/ventas-coches/matriculaciones-mayo-2021/2419198.html [fecha de consulta: 2 de junio de 2021].
al reto de seguir aumentando su liderazgo, al mismo tiempo que genera empleo, con vistas a alcanzar al grupo de las economías más desarrolladas de la UE. Incrementos de productividad acompañados de mejoras en la remuneración de los
asalariados permitirán aumentar el nivel de bienestar de los ciudadanos españoles.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas necesarias dirigidas a permitir el desarrollo del vehículo autónomo en España, como son:
1. Promover la elaboración de un marco legislativo adecuado, flexible y abierto que permita tanto las pruebas y testeos de los vehículos de conducción autónoma, hardware y software, como su circulación en las vías del territorio nacional.
2. Promover una mesa de diálogo entre empresas privadas y administraciones autonómicas y locales para colaborar en la obtención de mapas tridimensionales que permitan la conducción de vehículos con los más altos niveles de autonomía.
3. Fomentar y apoyar los proyectos de desarrollo tanto del hardware como del software de los vehículos automatizados.
4. Promover en el seno de la Unión Europea un marco legislativo homogéneo entre los Estados Miembros para el despliegue de la conducción automatizada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Francisco José Alcaraz Martos, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Rubén Darío Vega Arias,
Juan Carlos Segura Just, Víctor Manuel Sánchez del Real, Julio Utrilla Cano, Luis Gestoso de Miguel y Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la parada en la estación de Vilagarcía de Arousa en el tren directo Vigo-Madrid, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Renfe acaba de hacer público que dejará a Vilagarcía de Arousa fuera del nuevo tren directo que unirá Vigo y Madrid sin parar en Santiago, decisión que afectará gravemente a la movilidad y al desarrollo económico de toda la comarca de O
Salnés. Esta conexión se recuperó hace tan solo ocho meses, el 27 de octubre, pero ahora, para lograr una rebaja de tan sólo cinco minutos en el conjunto del trayecto, se pretende eliminar la parada en Vilagarcía. También se acorta el tiempo al
utilizar el baipás de Conxo sin entrar en la estación de Santiago de Compostela.
Es necesario que Renfe y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana rectifiquen y que no se excluya la parada en la capital arousana dentro de ese nuevo trayecto que unirá Vigo y Madrid a partir del 14 de junio. Debe mantenerse
un servicio que beneficia tanto a la población de Vilagarcía, de casi 38.000 habitantes, como a toda su área de influencia que incluye a la comarca de O Salnés, pero también a Caldas-Baixo Umia y al Barbanza. Si Renfe incorpora la parada de
Vilagarcía también en este nuevo tren, se lograría que contara con dos frecuencias, una a las seis de la mañana y otra alrededor de las nueve y media, lo que supondría un avance en las conexiones ferroviarias para las 150.000 personas que residen en
su área de influencia.
La eliminación de la parada supone un verdadero paso atrás que no puede tolerarse. Desde el Ministerio de Transportes debería actuarse para mejorar las conexiones de todas las vilas y ciudades gallegas, y no sólo para su conexión con
Madrid, sino también la interconexión entre ellas, para crear una
verdadera red de cercanías ahora inexistente. Debe incorporarse la parada en Vilagarcía en el nuevo trayecto y recuperar además todas las frecuencias que han sido suspendidas por la reducción de movilidad debido al estado de alarma, pero
que a día de hoy aún no han sido repuestas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Modificar su decisión y dar las instrucciones precisas para que Renfe rectifique y mantenga la parada en Vilagarcía de Arousa en este segundo tren directo a Madrid desde Vigo.
2. Mejorar las conexiones y recuperar todas las frecuencias suspendidas durante el estado de alarma debido a la reducción de la movilidad que aún no han sido repuestas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Marta Rosique i Saltor, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el traspaso de
las competencias y recursos en materia ferroviaria al País Valenciano, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La degradación del servicio de cercanías en el País Valenciano es un problema que sufren casi 5 millones de personas desde hace décadas.
Pretender, con la información de la que se dispone, que se debe al deterioro por el mero paso del tiempo es un engaño. La raíz del problema hay que buscarla en la estructural falta de inversión y, en particular, en la priorización de la
inversión en un sistema radial de conexión externa de los territorios con Madrid y en detrimento de la propia cohesión interna de estos territorios.
En este sentido, cabe señalar el caso de la línea Alcoi-Alacant que tenía que enlazar València con Alacant por Xàtiva y Alcoi. Esta línea empezó a reclamarse en 1870, se construyó en el primer tercio del siglo XX y jamás entró en
funcionamiento. El proyecto se archivó definitivamente en 1984 por considerarse de 'nula rentabilidad'.
La desconexión por el interior industrial del País Valenciano no se ha visto compensada, a lo largo del tiempo, con una buena conexión por la costa y, a día de hoy, no existe una línea costera que conecte València con Alicante.
Si nos referimos a las comarcas del norte del País, nos encontramos con localidades como Cabanes, Alcossebre o Santa Magdalena de Polpís, que no cuentan con parada en la línea que une Castelló con Vinaròs.
El hecho de que se incluyan dotaciones económicas para infraestructuras ferroviarias en los Presupuestos Generales del Estado tampoco ha sido una solución. Basta con recordar que en el Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE) 2004-2010
se incluían obras que, a día de hoy, no se han llevado a cabo. Además, el PIE 2010-2020 rebajó las inversiones directas y dejó buena parte de ellas a expensas de la inversión privada. En esta situación están los tramos Xàtiva-Alcoi, Gandia-Dénia o
Sagunt-Caudiel.
Llama la atención el diagnóstico que se hace en el PITVI (Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda) 2012-2024 en el que se afirma que 'los flujos de mayor intensidad son los flujos radiales con Madrid -con volúmenes máximos en las
relaciones de Madrid con Cataluña y Levante...' y que 'los flujos del corredor Mediterráneo -con predominio en las relaciones entre Alicante y València con Barcelona (y Baleares-Barcelona)...'. Nos atrevemos a afirmar que las líneas que conectan el
País Valenciano de norte a sur, y entre las diferentes comarcas tienen poco tráfico porque, directamente, no existen o están en un estado lamentable.
Según un informe de la Cámara de Contratistas del País Valenciano, a fecha de febrero de 2020 se había invertido un total de 100,4 millones de euros, es decir un 8.9% del total del Plan de Cercanías para el País Valenciano; un dato que
corrobora, una vez más, que las inversiones programadas nunca se llevan a cabo en su totalidad. Es decir, en tres años (de 8 que contempla el plan 2017-2025) se han invertido 100,4 M de un total de 1.081,82 M, de los cuales 958,96 M van
destinados al núcleo de cercanías València-Castelló y 122,86 M a Alacant.
La realidad de la red de cercanías del País Valenciano dista mucho de lo que se puede leer en el PITVI 2012-2024: 'En cuanto a la calidad de los servicios, se puede afirmar que las redes de cercanías de España son ejemplo de tecnología,
confort y oferta de servicios en Europa alcanzando además, en núcleos como Madrid, tasas de puntualidad que superan el 98%.'
Las instalaciones y los trenes son obsoletos. La mayoría de los pueblos y comarcas no están comunicados por ferrocarril. Los usuarios ven, a diario, cómo se suspenden trayectos o se llevan a cabo con grandes retrasos.
Baste como prueba de lo dicho algunos ejemplos de la realidad a la que se enfrenta la población valenciana:
- La línea C3 entre València y Utiel tenía prevista en el Plan de Cercanías 2017-2020 la renovación, duplicación de la vía y electrificación de València a Bunyol, y la renovación y electrificación de Bunyol a Utiel. Esta línea, con más de
40 años de uso, no está electrificada y cuenta con un recorrido entre Utiel y València que dura más de dos horas. La antigüedad de los trenes hace que, por ejemplo, se inunden cuando llegan fuertes tormentas, como la de noviembre de 2020.
- El pasado 29 de marzo hubo 23 convoyes suprimidos de la red de cercanías de València y más de 30 el día siguiente, día 30. Estas suspensiones se dieron en la línea C3 València-Utiel, en la C2 Xàtiva- València, en la C1 Gandia-València y
en la C6 Castelló-València.
- El nivel de cancelaciones se acerca al 3% del número de servicios y, de todas ellas, el 83% se dan en horas punta. A pesar de que el Ministerio de Transportes creó la figura del Coordinador de Cercanías, en nada se ha notado la mejora del
servicio. Su mayor logro ha sido implantar la 'devolución exprés' cuando lo que se reclama -y es de justicia- es un servicio digno.
- La línea Alacant-Elx funciona con trenes de 1982 y está sin electrificar. Se ha intentado justificar la falta de inversión en la pérdida, en un 45%, de viajeros. Pero hay que remarcar que es el deficiente servicio el que ha provocado el
descenso en el uso.
- El caso más flagrante es el del llamado Tren de la Costa. En 1974 se suprimió el tramo Gandia-Dénia (ciudades a 30 kilómetros de distancia) para reconvertirlo en vía ancha y a día de hoy, 47 años después, sigue sin existir. Estamos peor
que en 1884, cuando se podía viajar en tren entre las comarcas de la Safor y la Marina. Según el estudio informativo del Tren de la Costa del Ministerio de Fomento, este tramo -que permitiría unir València con Alacant por la costa- iba a estar
finalizado en 2020.
Este estudio que acabamos de citar explica que el tramo Gandia-Dénia arroja resultados negativos en su rentabilidad. Y este es el problema matriz en el asunto del ferrocarril de cercanías. Para el Gobierno español la rentabilidad de un
servicio público para los valencianos se mide en euros y no en el bienestar que proporciona dar un servicio de calidad. Mientras tanto, la población valenciana ve como se derivan partidas del corredor mediterráneo para ampliar la red de autopistas
radiales de Madrid.
En definitiva, constatamos como para el Estado español lo más importante es la conexión radial de las capitales valencianas con Madrid, todas ellas bien comunicadas. En cambio, para las personas que viven en el País Valenciano lo más
importante sigue siendo poder llegar al trabajo o a la universidad así como tener comunicación con los pueblos vecinos y que esta comunicación sea de calidad.
Además, no podemos seguir hablando de políticas ambientales ni de iniciativas para combatir la emergencia climática sin tener una red ferroviaria de cercanías adaptada y de calidad.
Por todo ello, y con el fin de subsanar las deficiencias ferroviarias que el País Valenciano arrastra desde hace más de un siglo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Convocar, en el período máximo de tres meses, la Comisión Mixta de Transferencias a fin de acordar el traspaso a la Generalitat Valenciana de las funciones -así como los medios adscritos a ellas- en materia de transporte de viajeros por
ferrocarril que viene desempeñando la Administración del Estado. En especial, las de establecimiento, organización, explotación, inspección y sanción de ferrocarriles en la totalidad de los tramos cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en el
territorio de la Comunidad Autónoma.
2. Transferir a la Generalitat Valenciana, en el período máximo de tres meses, las partidas presupuestarias correspondientes a inversiones en cercanías, tanto las previstas en los programas en vigor como en los programas que puedan
aprobarse en el futuro, así como las pendientes de ejercicios presupuestarios anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2021.-Marta Rosique i Saltor e Inés Granollers Cunillera, Diputadas.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/002792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isidro Martínez Oblanca, diputado por Asturias de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate y votación en
la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Con la súbita paralización de las obras que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está realizando en la calle Nicolás Soria (Oviedo, Asturias) al objeto de modificar el proyecto de ampliación del puente y aliviar los
atascos en la zona de Ciudad Naranco, que ha generado la indignación vecinal, se ha puesto nuevamente en evidencia la necesidad de que en Oviedo se recupere el proyecto planteado en el año 2000 conocido como 'Ronda Norte' para prolongar y completar
la insuficiente Ronda Sur existente actualmente. Hablamos de una infraestructura imprescindible para que la capital de Asturias.
La Ronda Norte se ideó hace más de dos décadas con visión de futuro para conectar la autopista 'Y' con los barrios del norte y el oeste de Oviedo. Con la autovía autonómica AS II sin accesos debidamente programados y tras la entrada en
servicio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el tráfico se ha vuelto un infierno cotidiano para los vecinos de La Corredoria, Teatinos, Pumarín, La Monxina, Prados de La Fuente, Prados de La Vega, Ciudad Naranco, La Argañosa,
Vallobín, La Florida, Las Campas, San Claudio, así como para los pueblos de la falda del Naranco y los barrios del centro norte de la capital asturiana, que viven un colapso permanente y un tráfico peligroso.
La Ronda Norte es una arteria fundamental para completar la trama urbana de Oviedo y urge tramitarla y ponerla en servicio para descongestionar todo el área noroeste y completar la circunvalación de la capital del Principado entre la A-66 (Y
Oviedo-Gijón) y la A-63 (Oviedo-La Espina), prolongando y completando la insuficiente 'Ronda Sur' existente actualmente, que posibilitaría la conexión de barrios residenciales y todo el entorno del Hospital Universitario Central de Asturias, con las
vías de alta capacidad como la A-63, AS-2 y los accesos que llevan directamente al HUCA.
Los parches que en la calle Nicolás Soria está realizando actualmente el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y que han sido paralizados hasta fecha indeterminada (se habla de dos o tres meses), no pueden ser el pretexto
para seguir negando la necesidad de la Ronda Norte y prolongar una situación inédita en España puesto que Oviedo es la única capital española que no tiene ronda de circunvalación.
En este sentido, el diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y, en su caso, aprobación por la Comisión de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Proposición no de Ley
'La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana insta al Gobierno a:
1. Construir la circunvalación conocida como 'Ronda Norte' en Oviedo, para prolongar y completar la insuficiente Ronda Sur existente actualmente.
2. Aprovechar los trámites realizados desde la inclusión de La Ronda Norte en los Presupuestos Generales del Estado del año 2000 que permitieron:
- Redactar el Estudio Informativo del trazado.
- Respetar la inclusión de la Ronda Norte en el catálogo de carreteras del Estado.
- Completar, en su caso, el Estudio Informativo de la Ronda Norte, para solicitar la correspondiente DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de la Ronda Norte de Oviedo, con una longitud de 6,58 kilómetros y un presupuesto de ejecución de
74,63 millones de euros.
- Incorporar la partida correspondiente en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, recuperándola tras haber sido suprimida hace quince años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2021.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Tomás Guitarte Gimeno, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia de Joan Baldoví Roda, diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley Proposición
sobre la paralización del baipás de Valencia y del impulso a las inversiones ferroviarias, para su debate en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El proyecto de desdoblamiento de la circunvalación de Valencia (A-7) presentada por el Ministerio de Fomento en marzo de 2014, 'Mejoras funcionales de seguridad y medidas de integración ambiental de la Autovía A-7. Tramo: enlace con la
CV32 (Carretera de la Gamba/da) enlace con la A-3. P.p.k.k 486 al 509' constituye, de hecho, una duplicación de la circunvalación de Valencia, entre los puntos kilométricos 486 y 509, esto es, a lo largo de 23 Kms de dicha circunvalación, entre los
accesos con la CV-32, a la altura de Puçol, y la A-3, en término de Riba-Roja.
El proyecto contempla la construcción de dos calzadas laterales unidireccionales, cada una con dos o tres carriles, según tramos, separado cada uno de los sentidos por la calzada central, lo cual multiplica por dos el número de carriles
totales del By-pass, en la buena parte del trazado. El proyecto dividido en tres tramos, cuenta con un presupuesto total de 319.160.000 .
Este proyecto significa la renuncia a proyectos anteriormente planteados, de creación de un nuevo by-pass, pero su filosofía continúa siendo la misma: incremento de capacidad de acogida del tráfico, y priorización del tráfico de paso, con
la posibilidad de implementar un peaje en el tramo A-7 actualmente libre del mismo.
A principios del mes de junio 2021, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha convocado a los 862 titulares de los terrenos afectados por las expropiaciones del primer tramo del baipás o circunvalación de Valencia, para que
asistan al levantamiento de las actas previas a la ocupación. Los días señalados oscilan entre el 21 de junio y el 15 de julio y la notificación afecta a más de 800 propietarios de fincas (de naturaleza rural y urbana) de Bétera, Monteada, Godella,
Paterna, Valencia, Museros, Rafelbunyol, Massamagrell y El Puig.
La localidad que tiene más propietarios afectados es Bétera, con 343 personas con propiedades en suelo rural la gran mayoría (326). Luego le sigue Godella, con 167 personas afectadas por las expropiaciones (159 en suelo rural y 8 en urbano)
y Museros, con 139 propietarios, de los que 135 tienen
fincas en suelo rural. Moneada cuenta con 95 afectados, Paterna con 37 (todos ellos en suelo rural), Valencia con 32, Rafelbunyol con 43, Masamagrell con 3 y El Puig con otros 3.
El origen del proyecto de duplicación del tramo de la A7 viene ya de antiguo, y obedece a criterios dominantes en la época de la burbuja de las infraestructuras, donde se contemplaba un crecimiento continuado y eterno, una disponibilidad
ilimitada de fondos para infraestructuras, y donde la adecuación entre el coste y el beneficio de las obras públicas se decidía por principio que siempre era favorable, eligiéndose siempre las soluciones de mayor volumen de obra y mayor coste, y sin
tener en cuenta la oportunidad de introducir soluciones de menor coste, del tipo de la gestión de la demanda, o el cambio hacia un modelo de transporte más sostenible.
Debemos tener en cuenta que el transporte por carretera es el responsable del 83% de las emisiones de efecto invernadero del transporte, y por ello las previsiones que incorpora el Proyecto de desdoblamiento del baipás, supondrían un
incremento del tráfico en un 30% para el 2030. Unas cifras inaceptables, teniendo en cuenta que estamos inmersos en plena emergencia climática.
Además, el estudio de tráfico en que se basa la necesidad el proyecto data del año 2008 y preveía un volumen de 125.000 vehículos para el año 2018. Lejos de ello, en ese año se contabilizaron 40.000 vehículos menos respecto a esa
estimación. Para realizar la estimación con proyección al año 2043, se toma como referencia el dato irreal de los 125.000 vehículos y no el real de los 85.000.
Una política de infraestructuras que pretende incrementar las inversiones en carretera, obviando los compromisos adquiridos tanto a nivel estatal como europeo en cuanto a la reducción de emisiones de efecto invernadero, y que van en
dirección contraria a las líneas estratégicas acordadas en Europa del Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030 ('Marco 2030'), cuyo objetivo pasa por alcanzar a nivel de la UE, al menos, un 55% menos de emisiones de gases de efecto
invernadero en comparación con 1990 para el año 2030.
Por contra, el ferrocarril es considerado como un medio sostenible, inteligente y seguro dado que aporta el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero; un dato interesante a tener en cuenta para alcanzar los objetivos acordados en
el Pacto Verde Europeo.
Aparte del beneficio de cuidar el medioambiente, el tren permite establecer conexiones entre los europeos o zonas de un mismo país para transportar tanto pasajeros como mercancías. Tan sólo el 7% de pasajeros y el 11% de las mercancías
viajan en tren en toda Europa debido también a la alta competencia de otras vías de transporte como el avión o el barco. En el Año Europeo del Ferrocarril, la gran apuesta europea para el transporte, se trataría de incentivar la transferencia de
cargas de la carretera al ferrocarril, reduciendo al máximo el 'tren de camiones' que satura nuestras autovías y descartando por tanto cualquier necesidad de ampliación de las mismas.
No se puede plantear un horizonte de aumento continuado del transporte por carretera, como hace el proyecto de duplicación del Bypass, cuando el Estado Español tiene el compromiso con Europa de poner en marcha las TEN (redes transeuropeas)
en el Corredor Mediterráneo. La prioridad de inversiones en infraestructuras debería ir encaminada a cumplir ese compromiso, y por tanto, en lugar de plantearse la ampliación del bypass para automóviles y camiones, se debería acometer lo antes
posible el bypass ferroviario, la 'variante de mercancías de Valencia' que contempla el proyecto del Corredor, para permitir sacar el tráfico de trenes de mercancías del interior de la ciudad (túnel de Serrería), mejorar la circulación del resto de
trenes, y prevenir el riesgo de depender de un único corredor ferroviario para todos los tráficos.
En cuanto a la contaminación del aire causada por el tráfico, en la zona afectada no se ha realizado hasta ahora una medición adecuada de la misma, pero tanto desde la Organización Mundial de la Salud, como por la Agencia Europea del Medio
Ambiente, se advierte de la gravedad creciente del impacto del tráfico sobre la salud, sobre todo en relación con enfermedades respiratorias, alergias y daños por el ozono troposférico. De nuevo hay que señalar que a más tráfico corresponden más
emisiones, pero que la concentración o difusión de esta contaminación dependerá de factores meteorológicos.
Desde el punto de vista hidrológico, no hay espacio físico para que se puedan realizar obras de drenaje que garanticen la evacuación de aguas en algún gran episodio de lluvias, posible a largo plazo (período de retorno de 500 años), tanto
para la infraestructura ya existente, como para la que se quiere construir, así que se admite como válida una cobertura sólo para un período menor (retorno de 100 años). Esto supone ignorar la tendencia creciente a que se alternen largos períodos
de sequía con episodios de lluvias violentas, como las que se están produciendo con cada vez más frecuencia.
En este sentido, resulta una actuación de riesgo en tanto en cuanto ocupa los cauces de barrancos, como es caso de Travessat y de la Font, al norte y al sur de la Fuente del Jarro, respectivamente, además de una pérdida en biodiversidad dada
la eliminación de estos corredores biológicos, que por más degradados que estuvieran, suponían un potencial importante de regeneración.
En definitiva estamos ante un proyecto cuyos perjuicios e impacto globales superan a los beneficios, en la medida en que apuesta por el incremento del tráfico por carretera, y por lo tanto por continuar aumentando las emisiones contaminantes
y de efecto invernadero, en detrimento de la sostenibilidad y la apuesta por priorizar las inversiones en el transporte ferroviario.
Por todo ello, presento la siguiente
Proposición no Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Paralizar la ampliación del baipás o la circunvalación a València de la autovía A7 del proyecto Mejoras funcionales de seguridad y medidas de integración ambiental de la Autovía A-7. Tramo: enlace con la CV32 (Carretera de la Gambalda)
enlace con la A-3. P.p.k.k 486 al 509; así como de las expropiaciones 'BOE' núm. 42, de 18 de febrero de 2020, páginas 9343 a 9358 (16 págs.).
2. Priorizar las inversiones en infraestructuras ferroviarias en el marco del Año Europeo del Ferrocarril y en el desarrollo del Corredor Mediterráneo, para incentivar la transferencia de cargas de la carretera al ferrocarril, reduciendo al
máximo el 'tren de camiones' que satura nuestras autovías y descartando por tanto cualquier necesidad de ampliación de las mismas.
3. No permitir en ningún caso que actuaciones en la Autovía A-7 supongan un aumento de las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes que puedan afectar negativamente en la calidad del aire causada por el tráfico, el empeoramiento del
efecto barrera y la dificultad de una permeabilidad adecuada ni una merma hidráulica y que se puedan realizar obras de drenaje que garanticen la evacuación de aguas en algún gran episodio de lluvias y promover soluciones que incidan en el cambio en
las pautas de movilidad.'
Palacio del Congreso, 10 de junio de 2021.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el Centro de Interpretación del Castro Cociñadoiro (Arteixo) destruido por las obras del puerto exterior de A Coruña, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El castro de Cociñadoiro, también conocido como Punta de Muros, fue un asentamiento atlántico de la primera Edad del Hierro, que destacaba por la peculiaridad de su urbanismo y por los objetos que fueron encontrados en su localización. Se
situaba en un punto estratégico, justo antes de la llegada al golfo Ártabro desde el sur, sin embargo, ha sido arrasado por completo en 2005 como consecuencia de la construcción del complejo portuario de Punta Langosteira, puerto exterior de A
Coruña. Antes de iniciar las obras el castro se realizó una excavación arqueológica del complejo en profundidad con la intención de documentar todo lo relacionado con el poblado antes de que fuera destruido.
En aquel momento, desde el Gobierno del Estado se prometió que se crearía un centro de interpretación en el que se diera toda la información del asentamiento y se musealizaran los hallazgos de la excavación del castro, sin embargo,
transcurridos ya dieciséis años desde que se arrasara el castro aún no se ha materializado.
El castro de Cociñadoiro destaca tanto por su función como por su cronología, al contar con una datación que nos permite situarlo como uno de los castros más antiguos del noroeste peninsular. Su fase
de construcción se estima en la transición del s. X al IX a.c., aunque su momento de máxima ocupación y actividad no se desarrollaría hasta los siglos VII y VII a.c., permaneciendo activo de forma ininterrumpida hasta su primer abandono en
el paso de la Primera a la Segunda Edad de Hierro.
En su construcción destaca también el sistema defensivo que aprovechó la orografia, al situarse en la costa, rodeado por acantilados y con un complejo sistema defensivo con una gran muralla de 3 metros de altura y 8 metros de ancho en el
itsmo que une el asentamiento a tierra.
Las edificaciones son otra de sus peculiaridades, pues cuenta con espacios que alcanzan los 150m2 de superficie y con plantas cuadrangulares. Entre las estructuras se distinguen algunas dedicadas a la metalurgia y al almacenaje. Los restos
hallados de carbones y escorias han llevado a considerar que el poblado se dedicaba fundamentalmente a la producción de metales que serían intercambiados para la obtención de otros recursos.
En el año 2004, la Autoridad Portuaria de A Coruña convocó el concurso para la adjudicación de las obras de construcción de las Nuevas Instalaciones Portuarias en Punta Langosteira y en 2005 se inició la excavación del castro. En aquel
momento, la Autoridad Portuaria organizaba visitas guiadas a las obras del Puerto Exterior de A Coruña para compartir y hacer público el proyecto portuario, pero nunca se puso en valor la excavación del castro. Todo lo contrario, las labores se
llevaron a cabo con sumo secretismo, pues, durante todo el proceso, no se comunicó nada a la comunidad local, ni tampoco a la científica ni a los medios, sobre los hallazgos realizados. Todo se mantuvo en silencio, pese a conocerse perfectamente la
relevancia del espacio.
Los responsables de la Autoridad Portuaria, junto a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, tomaron la decisión de hacer desaparecer el yacimiento de espaldas a los ciudadanos, legítimos propietarios y financiadores
de la excavación del sitio arqueológico, tanto de la comunidad local de Arteixo como del resto de Galiza.
Unos años más tarde, en 2009, en los límites expropiados por el Puerto Exterior a 200 metros del Castro de Rañobre, sacaron a la luz una zona de 30 metros lineales que parecía corresponderse con unas construcciones funerarias de época
tardorromana. Tras este hallazgo la asociación de vecinos de Rañobre, arrancó el compromiso a la Autoridad Portuaria de analizar exhaustivamente los restos encontrados y estudiar las líneas a seguir para su conservación, recuperando sus hallazgos,
valorando su exposición igual que se haría con el Castro Cociñadoiro, promesas incumplidas hasta hoy por la Autoridad Portuaria y por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con el pueblo de Arteixo y de Galiza.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Cumplir el compromiso de construcción del Centro de Interpretación del Castro Cociñadoiro de Arteixo {A Coruña) para dar alojamiento a los materiales arqueológicos aparecidos en el yacimiento durante la excavación realizada en el
yacimiento antes de que fuera destruido durante las obras del puerto exterior de Punta Langosteira y que ya deberla estar construido en 2012.
2. Cumplir asimismo con el compromiso adquirido con los vecinos y vecinas de Rañobre tras la aparición durante las obras del puerto exterior de unas construcciones funerarias de época tardorromana de analizar exhaustivamente los restos
encontrados y estudiar las líneas a seguir para su conservación, recuperando sus hallazgos, valorando su exposición al igual que en el castro de Punta de Muros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002415
Mediante escrito de fecha 4 de junio de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu la Proposición no de Ley sobre la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras del hogar, publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 270, de 12 de mayo de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2021.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista de conformidad con los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley contra el racismo y la xenofobia, para su debate en la
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La xenofobia y el racismo siguen siendo la gran pandemia de la Humanidad, esta grave enfermedad ataca directamente a los cimientos sobre los que se construyen los Estados democráticos, afecta a la dignidad de las personas y perjudica
gravemente la convivencia, la paz social, el respeto y la tolerancia entre ciudadanos y ciudadanas.
La España del siglo XXI necesita seguir evolucionando y avanzando dentro del marco democrático porque el progreso de una sociedad depende del talento de los hombres y de las mujeres sin importar su lugar de nacimiento, el color de su piel,
sus creencias o la persona a la que amen, por lo que, la protección de los Derechos Humanos y la dignidad de las personas se constituyen como los elementos clave sobre los que seguir fortaleciendo nuestro sistema jurídico.
El propio texto constitucional, la Constitución Española de 1978 así lo demuestra cuando configura el derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 14 CE) como las bases para el disfrute y el ejercicio del resto de nuestros Derechos
Fundamentales recogidos en el Título I de la Constitución bajo la rúbrica 'Derechos y deberes fundamentales' y en el artículo 10 especifica en su apartado 1.º que 'La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social' y en el apartado 2.º del mismo artículo, establece que 'Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España'.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, se articula que 'todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos ()', y se establece que: 'toda persona tiene los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición' ( artículos 1 y 2) y en
el Protocolo n.º 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 establece en su artículo 1.1 que 'el goce de todos los derechos reconocidos por la Ley han de ser
asegurados sin discriminación alguna, en particular por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra
situación'.
En relación con el acervo comunitario, cabe mencionar La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2007 que dedica su primer artículo a proclamar que: 'La dignidad humana es inviolable. Será respetada y
protegida', mientras que el principio de igualdad ante la Ley es reconocido en el artículo 20, para continuar declarando en el artículo 21.1 que 'se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes
étnicos o sociales,
características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual' así como, varias Directivas: la
Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000,
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación y la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de
racismo y xenofobia mediante el Derecho penal.
Avances en materia de derecho penal tras la reforma del Código Penal por la LO 1/2015, que en la nueva redacción del artículo 510 da una mayor protección penal a conductas racistas, xenófobas, homófobas, discriminación por razón de
ideología, religión, creencias, situación familiar, pertenencia a una etnia o raza, o nación, por razón de sexo, orientación sexual, enfermedad o discapacidad, transformando los comportamientos de discurso de odio en figuras punibles y por lo tanto,
constituyentes de delito.
La constitución de diversos organismos públicos dentro de la Administración General del Estado como:
- el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (Real Decreto 490/1995, de 7 de abril) cuya finalidad es promover la participación e integración social de estos en la sociedad española.
- el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico (artículo 33 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y del Orden de lo Social) que
impulsa el cumplimiento de la Directiva 2000/43/CE, anteriormente mencionada.
- el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (artículo 71 de la LO 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) que, entre sus funciones se encuentra la recopilación y
análisis de información sobre racismo y xenofobia (Real Decreto 903/2018, de 20 de julio).
- el Consejo Estatal del Pueblo Gitano (Real Decreto 891/2005, de 22 de julio) órgano colegiado y consultivo, que formaliza la participación y colaboración de las organizaciones relacionadas con la población gitana en el área de bienestar
social.
- la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio (Instrucción núm. 1 /2018, de la Secretaría de Estado de seguridad, por la que se crea la Oficina nacional de lucha contra los delitos de odio, Real Decreto 770/2017, de 28 de
julio).
Nos muestran un espacio institucional sobre el que se trabaja constantemente para el fomento, la garantía de los Derechos Humanos a través de proyectos, estudios, canalización de denuncias relacionadas con la discriminación, el racismo y la
xenofobia y, que nos revelan desde la existencia de obstáculos y de desigualdades en nuestro sistema de enseñanza, en el mercado laboral y en el acceso a la vivienda hasta la existencia de mensajes de odio, como los que hemos vivido en este primer
semestre del 2020, debido a la pandemia por la COVID-19, y que nos arroja desgraciadamente apelativos racistas como el 'Kung Flu', 'virus de Wu Han' o 'gripe china', actitudes racistas hacia ciudadanos chinos, hacia la comunidad gitana en nuestro
país, y en el resto de los países del mundo.
La pobreza y la exclusión social son riesgos y retos que se deben abordar dentro de las instituciones y resulta imprescindible seguir trabajando en un enfoque más sólido y coherente que garantice:
- el éxito de la cohesión social, clave para el bienestar futuro y prosperidad;
- el fomento de la cultura de paz y
- el impulso de la diversidad cultural
Siendo estos tres factores determinantes los que deben guiar nuestras políticas con la finalidad de integrarlos en nuestra sociedad, ya que la actualidad y realidad de España, demuestra que vivimos en un Estado multicultural y diverso como
siempre lo fue y lo será.
Por lo tanto, la lucha contra el racismo y la xenofobia debe de seguir avanzando mediante un gran consenso por parte de todos los actores implicados porque el único propósito de esta lucha es la consecución de una sociedad más justa,
igualitaria e inclusiva.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar impulsando medidas para luchar contra el racismo y la xenofobia, así como actuaciones que promuevan la cohesión social y la igualdad de trato mediante
1. el refuerzo de las funciones y capacidades del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).
2. la mayor visibilización de la diversidad étnica, racial y cultural, existente en España, con especial atención al ámbito laboral, educativo y cultural, poniendo en valor que la aportación de la convivencia de identidades y culturas
diversas supone un enriquecimiento social, y potenciando que sirva como nexo de unión, en lugar de excusa para la confrontación entre miembros de la misma sociedad.
3. la promoción de campañas de sensibilización y formación dirigidas al fomento de la solidaridad, cohesión social y en contra de la proliferación de los discursos xenófobos y racistas.
4. Acciones e iniciativas que vayan dirigidas especialmente a colectivos que sufran discriminaciones múltiples.
5. Acciones e iniciativas que vayan dirigidas a colectivos con mayor riesgo de exclusión social y con especial atención, a mujeres refugiadas y migrantes y a menores no acompañados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Luc André Diouf Dioh, María Luisa Vilches Ruiz, Rafaela Crespín Rubio, Esther Peña Camarero, Carmen Baños Ruiz, María Dolores Narváez Bandera, Raquel Pedraja Sainz, María Mercè Perea
i Conillas, Pilar Cancela Rodríguez, María Inmaculada Oria López, Elvira Ramón Utrabo, María Tamara Raya Rodríguez y Mariano Sánchez Escobar, Diputados.-Guillermo Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista de conformidad con los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la inclusión social de los y las menores no
acompañados a través del deporte para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
'Mens sana in corpore sano' a pesar de que, en tiempos de Roma, esta cita tenía una apreciación bien distinta de la actual, por todos es sabido que, hoy su significado no es otro, que el mantenimiento de unos hábitos saludables mediante la
práctica de ejercicio físico es primordial para gozar de una buena salud.
La práctica del deporte es recomendada en todas las etapas de nuestra vida por ser una herramienta que permite nuestro desarrollo personal y como no podría ser de otra manera, los poderes públicos se esfuerzan año tras año, en 'fomentar la
educación sanitaria, la educación física y el deporte' como así queda recogido en el artículo 43 de la Constitución Española.
La ley del deporte, Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su Preámbulo define al deporte como un elemento fundamental del sistema educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor
corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica en equipo fomenta la solidaridad.
Destacar que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Agenda 2030, el párrafo número 37 hace referencia al deporte reconociendo que 'el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz
promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social'.
Por lo tanto, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se entiende que el deporte es una herramienta más para la inclusión social.
Uno de los sectores de la población que se encuentran en una situación de máxima vulnerabilidad son los niños y niñas, adolescentes no acompañados por lo que corresponde a las instituciones públicas dotarles de todas las herramientas para
que puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades que el resto de los niños, niñas y adolescentes.
En el caso de los menores no acompañados en los que no cabe la posibilidad de repatriación, y al encontrarse tutelados cuentan con todos los derechos que tienen el resto de los menores en España desde los derechos que reconoce la Convención
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ratificada en España en 1990, además de las diferentes normas que vinculan y protegen a los menores como la Ley de Protección Jurídica del Menor (LO 1/1986, 15 de enero), la Ley sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social (LO 4/2000, de 11 de enero) y las correspondientes leyes autonómicas vinculadas, teniendo en cuenta, además que el Consejo Superior de Deportes, órgano administrativo superior del
Estado en materia del Deporte, se ha pronunciado en varias ocasiones mediante Resoluciones dictadas tras recursos presentados en nombre de menores a los que se les había denegado licencia deportiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, en el marco de una Gobernanza multinivel de la que participen las Comunidades y Ciudades Autónomas acorde al marco competencial vigente, adopte las medidas y acciones
necesarias para que:
1. El derecho del menor sea prioritario en relación con la práctica del deporte y que no existan diferencias entre menores españoles y menores extranjeros, promoviendo así la inclusión social.
2. Que las competencias deportivas se ajusten a nuestro ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el derecho a la práctica deportiva de los menores extranjeros, de acuerdo con los derechos de igualdad y de no discriminación.
3. Que en el caso de que la Administración haya asumido la tutela del menor se haga una mención especial en cuanto al establecimiento de acreditar determinados requisitos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2021.-Luc André Diouf Dioh, José Luis Soto Burillo, Omar Anguita Pérez, María Luisa Vilches Ruiz, Esther Peña Camarero, María Mercè Perea i Conillas, Magdalena Valerio Cordero, María
Dolores Narváez Bandera y Carmen Baños Ruiz, Diputados.-Guillermo Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al levantamiento de barreras
a la movilidad a España, así como la recuperación de flujos y del negocio turístico con Reino Unido, primer mercado emisor de cara a evitar la pérdida completa de la temporada de verano, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo.
Exposición de motivos
España es en el Reino Unido el principal destino en vacaciones de sol y playa, y el destino vacacional por defecto, siendo líder indiscutible tanto en verano como en invierno. En los años 2017, 2018 y 2019, la cuota de mercado de España en
el turismo emisor de este país fue del 21,8 %, 21,8 % y 19,5 % respectivamente.
Del otro lado, en el periodo que abarca desde 2017 a 2019 inclusive, nos visitaron 18,8, 18,5 y 18,1 millones de turistas británicos, lo que representó el 23 %, 22,4 % y 21,6 % del total de turistas recibidos respectivamente, siendo Reino
Unido nuestro principal país emisor, posición que también ocupa en el ranking de gasto total (18.000 millones de euros en 2019) y de pernoctaciones hoteleras. Sin embargo, en el año 2020 como consecuencia de la crisis de salud pública nos visitaron
tan solo 3,2 millones que representaron un 16,7 % del total de turistas recibidos, pasando a ser el segundo mercado emisor por detrás de Francia (20,5 %), si bien Reino Unido sí mantuvo la primera posición en cambio en gasto, de ahí la enorme
importancia del cliente británico para la potencia turística española, que antes de la pandemia contribuía con una cifra del 20 % del total del gasto generado en nuestro país. De manera ilustrativa, señalar que a lo largo del primer trimestre del
año 2021, tan solo 55.000 turistas británicos visitaron nuestro país frente a una cifra media de 2,5 millones de visitantes en la era precovid.
A pesar de que el mismo Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez anunció el pasado 21 de mayo en el transcurso de la celebración de FITUR que 'España estará encantada de acoger a los turistas británicos. Son bienvenidos, sin
restricciones ni requisitos sanitarios' a partir del día 24 de ese mismo mes, pero de quien no consta hasta el momento encuentro o contacto con su homólogo el premier británico para abordar este asunto, sin embargo en el día de ayer a propósito de
la actualización de su sistema de semáforos que incluye a aquellos países y territorios considerados como recomendables para viajar seguros y no revisable en principio hasta el próximo 24 de junio, se pudo confirmar que España pese a la favorable
evolución epidemiológica de las últimas semanas, permanecerá clasificada como lo viene haciendo desde el pasado 17 de mayo dentro de la llamada zona intermedia, ámbar o amarilla, que establece la obligación a quien viaje a Inglaterra procedente de
territorio español, de permanecer confinado o en cuarentena durante un plazo de 10 días en el domicilio junto con la obligación de realizarse una prueba PCR antes de volver y dos pruebas adicionales ya a su regreso al Reino Unido, -durante los días
2 y 8-, con la opción de una tercera extra al quinto día si se quiere acortar el aislamiento a la mitad del plazo establecido.
Con respecto a la repercusión del costo de las pruebas de detección del virus como factor de desincentivo a la decisión y la libertad de viajar y con ello a la reanudación del tráfico aéreo turístico a España, conviene apuntar que aun la
inclusión en la lista verde supondría que el turista tendría que realizarse dos test, uno antes de regresar a Reino Unido y otro allí a los dos días después de haber regresado. Según una encuesta realizada recientemente por la aerolínea Easyjet a
2.000 clientes británicos, el 55 % de los mismos declararon que no podrían irse de vacaciones este verano si tuviesen que asumir el coste de las pruebas PCR con un importe medio hasta ahora de 150 libras, lo cual supondría multiplicar varias veces
el precio medio de un billete de avión y penaliza en mayor medida al segmento del turismo familiar.
Y todo en ello en el contexto del Brexit, huelga decir que la decisión del Gobierno de Reino Unido de continuar dejando a España en el segundo escalón de su lista de países seguros para viajar por motivos no esenciales, genera un fuerte
impacto en las previsiones de niveles de recuperación de flujos para esta temporada de verano, por cuanto después de más de 15 meses de pandemia y la pérdida muy significativa de la temporada estival del pasado ejercicio, -donde habitualmente se
concentra casi el 50 % de los ingresos de todo el año-, las últimas estimaciones más optimistas del sector para esta campaña no vienen pronosticando superar algo más de un 60 % de la cifra de negocio alcanzada en el verano de 2019. A partir de los
datos facilitados por representantes de las organizaciones sectoriales y tomando como referencia el mes de junio de 2019, ahora mismo se estarían generando unas pérdidas de ingresos cercanas a los 400 millones de euros semanales, dato muy
representativo si se tiene en cuenta que durante ese mismo año llegaron 2 millones de veraneantes británicos cada mes en el trimestre que abarcó desde junio a septiembre. En este punto, convendría poner especialmente de relieve la delicada afección
y el fuerte impacto negativo de la ausencia de viajeros británicos dada su fuerte hegemonía en algunos destinos del mapa turístico nacional, como ocurre con el caso de las Islas Canarias, Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, la Costa del Sol
malagueña o Región de Murcia, en alguno de estos casos concretos con una cuota cercana al 40 % del total de turistas recibidos.
Así las cosas, descontada ya la pérdida del negocio turístico como mínimo del mes de junio, justamente en el arranque de la campaña y con un escenario a día de hoy acompañado de una enorme volatilidad y huérfano de certezas o una mínima
predictibilidad, junto con la ausencia del diseño de una hoja de ruta alternativa por parte del Gobierno de la segunda potencia turística mundial, el Ejecutivo socialista continúa impulsando medidas, -como las últimas restricciones a la hostelería y
al ocio nocturno impuestas sin
criterio científico y de manera arbitraria en el seno del último Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud-, en detrimento y perjuicio de la posibilidad de una recuperación inmediata y robusta de la principal fuente de riqueza y
de generación intensiva de puestos de trabajo en España.
Por último, cabe recordar que ya desde mayo de 2020 el GPP en el Congreso venía planteando de manera reiterada al Gobierno a través de la presentación de diversas iniciativas, la necesidad y oportunidad de alcanzar acuerdos a nivel bilateral
con las autoridades de nuestros principales países emisores de turistas con el objeto de desarrollar corredores turísticos seguros respecto de aquellos territorios o regiones que presentasen una condiciones epidemiológicas similares o análogas. Por
última vez, el pasado 20 de mayo este mismo Grupo presentaba una Proposición No de Ley apremiando al Gobierno a singularizar esfuerzos diplomáticos con el Reino Unido, comenzando por poner término a la situación de interinidad en la Misión
Diplomática española sin el nombramiento de la figura de su Embajador al frente, en medio de una coyuntura especialmente crítica, e imprescindible a nuestro juicio para la firme defensa de los intereses turísticos españoles.
Por todo lo anterior, a fin de asegurar en todo caso y cuanto antes la protección del negocio de toda la cadena de valor turística en los destinos españoles tradicionalmente receptores de clientes británicos, contribuyendo con ello a la
normalización de la actividad turística durante la temporada más importante del año y garantizando en definitiva que España continúe siendo el destino vacacional líder favorito, seguro y de confianza para los viajeros procedentes del Reino Unido, el
Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción urgente de las siguientes medidas:
- Proceder urgentemente a la designación del Embajador de España en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, puesto vacante desde el pasado mes de febrero.
- Intensificar negociaciones diplomáticas bilaterales al más alto nivel para procurar flexibilizar y garantizar por parte de las autoridades británicas el levantamiento de restricciones y la inclusión de los destinos turísticos españoles
dentro de la lista verde de países y territorios recomendables para viajar seguros por motivos de ocio en la próxima revisión y actualización de su sistema de semáforos prevista para el 24 de junio, anticipándolo si resultase posible, a los efectos
de facilitar la planificación y programación de los operadores y las decisiones de viaje de los consumidores.
- Paralelamente, reforzar urgentemente utilizando todos los recursos y herramientas oportunas, la diversificación de la promoción del turismo vacacional en otros mercados consolidados para España, que presenten niveles de vacunación más
avanzados, así como mayor renta disponible y confianza de los potenciales viajeros.
- Mejorar el ritmo del proceso de vacunación como instrumento más útil para acelerar al máximo la reactivación de la actividad turística y la vuelta a la normalidad, dando cumplimiento para ello al hito comprometido de alcanzar la inmunidad
colectiva con el porcentaje del 70 % de la población adulta vacunada en el verano y al mismo tiempo, adoptando precauciones suficientes para no revertir los datos de prevalencia de la enfermedad y seguir combatiendo la proliferación y propagación de
variantes preocupantes del virus.
- Activar estratégicamente para marcar la diferencia y competir con otros destinos todas las acciones necesarias para facilitar el acceso a los viajes, sufragándose íntegramente por parte del Estado la carga económica derivada de los costes
de las pruebas sanitarias PCR exigibles a los viajeros británicos a su vuelta de manera gratuita, desplegando inmediatamente por parte de Turespaña una campaña extraordinaria y singularizada de promoción y fidelización de la Marca Turística España
en ese mercado.
- Activar la contratación inmediata de una póliza de seguros de asistencia en viaje COVID-19 (con coberturas en casos de repatriación sanitaria, gastos médicos y prolongación de estancia por cuarentena), gratuita para los visitantes
extranjeros durante todo el tiempo de disfrute de sus vacaciones estivales en forma de incentivo extraordinario de fidelización hacia el Destino España.
- Garantizar de manera irreversible la fecha de 1 de julio como la definitiva para la aplicación operativa del Certificado Digital UE COVID, -y siempre en absoluta coordinación con las Comunidades Autónomas-, ampliando el reconocimiento y
validez de este documento interoperable a terceros países como es el caso del Reino Unido.
- Diseño y establecimiento de alguna fórmula compensatoria extraordinaria, habilitando y movilizando los recursos necesarios exclusivamente por parte del Estado, de la que se puedan beneficiar preferentemente pymes, micropymes y autónomos
del sector turístico de aquellas regiones con mayor penetración de cuota de mercado británico y en consecuencia, más impactados por la pérdida de actividad y de facturación, en tanto no se normalice los flujos con el Reino Unido.
- Trabajar el reposicionamiento competitivo pospandemia y pos-Brexit de la Marca Turística España en un mercado maduro como Reino Unido, procurando dar el salto de calidad aprovechando nuestra multitud de atributos y nuestro máximo nivel de
seguridad sanitaria, aumentando la diversificación (experiencias gastronómicas, patrimonio cultural, producto enogastronómico, etc.), sin descuidar tampoco introducir mejoras en nuestro producto tan popular y consolidado de sol y playa,
posibilitando en definitiva incrementar la satisfacción de la estancia del cliente británico dada su mayor propensión al gasto y su muy buena valoración de la percepción de la marca española y por extensión, la traducción en una mayor rentabilidad y
competitividad de los destinos españoles.
- Apoyar decididamente desde el punto de vista financiero la reconversión y actualización de los destinos maduros, optimizando la recepción de los fondos europeos poscovid.'
- Impulsar el apoyo a la solvencia a las empresas del sector turístico con el Fondo de apoyo a las empresas estratégicas que gestiona SEPI, cumpliendo todos los principios de transparencia y objetividad que se requiere la actuación pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo urgente al sector de
la fabricación y el comercio de recuerdos turísticos o souvenirs y artesanía, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Uno de los sectores más tradicionales del engranaje turístico español que se ha visto enormemente afectado por las restricciones y la pérdida de consumo derivadas de la pandemia, así como por la absoluta falta de atención y sensibilidad por
parte del Gobierno de España en materia de ayudas y acciones concretas dirigidas a salir a su auxilio, lo constituye indiscutiblemente el gremio de la fabricación y el comercio de los souvenirs y la artesanía asociados a la imagen de los destinos
turísticos españoles, presente a lo largo de muchas décadas en las principales zonas de flujo de visitantes y turistas, tales como nuestros centros históricos, zonas comerciales abiertas de pueblos y ciudades, aeropuertos, establecimientos
alojativos, oficinas de información turística, etc.
En primer lugar, a efectos de ser capaces de dimensionar la importancia de este sector en el concierto turístico, resulta obligado recordar que el mismo se encontraba formado antes del inicio de la crisis COVID-19 por hasta 7.000
establecimientos en toda España, con una generación de empleo directo e indirecto aproximada de entre 35.000/50.000 puestos de trabajo y predominio de la figura de trabajador autónomo con uno o dos empleados, debiéndose destacar en cualquier caso
que se trata de un sector muy amplio que abarca fabricantes, mayoristas, distribuidores, agentes comerciales, comerciantes, pequeños artesanos, etc., que a lo largo y ancho de toda la geografía española, forman parte del negocio de estas tiendas
especializadas que cuentan con una amplia variedad y surtido de productos turísticos, regalos y recuerdos típicos.
No obstante, de acuerdo con los últimos datos facilitados por la Asociación Nacional de Negocios Turísticos y Souvenirs (ANNTURS), este sector olvidado por el Gobierno y que forma parte integral del negocio turístico español viene
denunciando unas pérdidas de facturación media del 90% a lo largo del último ejercicio como resultado del desplome turístico sin precedentes que viene registrando España desde la primera declaración del Estado de Alarma y que podría comprometer la
continuidad y subsistencia
de hasta un 80 % de estos negocios en el supuesto de no normalizarse la actividad turística a corto plazo, según alertan los últimos análisis de este colectivo.
En este punto, conviene resaltar que durante el curso de la crisis de salud pública, una problemática que ha afectado de manera específica a este sector ha radicado en una incorrecta clasificación de las tiendas de recuerdos turísticos
dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (se calcula que el 90 % de las tiendas de souvenirs están englobadas bajo el CNAE de la ferretería o el textil) y la consiguiente dificultad o imposibilidad de acceder a la condición de
beneficiarias de las convocatorias de ayudas financieras u otro tipo de prestaciones emitidas hasta ahora por parte de las Administraciones Públicas, de ahí la urgente reivindicación de proceder a la generación de un código fiscal específico para
este tipo de establecimientos y que eviten en lo sucesivo la discriminación de la que vienen siendo objeto (ahora mismo ANNTURS estima que entre un 80 % y un 90 % de sus asociados quedarían en principio excluidos de las ayudas públicas en fase de
tramitación).
Por todo lo expuesto, con el objetivo de apoyar y propiciar una fuerte y rápida recuperación de la actividad productiva de la industria del souvenir, como ingrediente y parte esencial de la cadena de valor turística española y asegurando en
todo caso el mantenimiento del empleo vinculado a este sector, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas urgentes:
- Aprobación urgente de un nuevo marco de concesión de ayudas directas lo más ágil y sencillo posible en su tramitación, en concepto de compensaciones a los establecimientos del sector de los negocios turísticos y comercio de recuerdos
turísticos o souvenirs y artesanía, dentro de un fondo dotado de 12.500 millones de euros para salir al rescate del tejido productivo hostelero y turístico español y del que se puedan beneficiar en cuantía suficiente dichos establecimientos de
recuerdos y productos turísticos.
- Articular la creación de un nuevo epígrafe específico en el sistema tributario español al objeto de definir e incluir la actividad de los comercios de recuerdos turísticos o souvenirs y artesanía y que en consecuencia, los mismos puedan
resultar adjudicatarios de ayudas públicas, mediante la siguiente modificación normativa: Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas; y el
Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).
- Inclusión del sector de la fabricación y del comercio minorista de recuerdos turísticos o souvenirs y artesanía en el listado de Actividades Económicas de la CNAE, contempladas en el Anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
- Financiar un plan RENOVE de ayudas de mejora y modernización de instalaciones y equipamientos y adaptación a las nuevas normativas sanitarias para los establecimientos del comercio de los recuerdos turísticos o souvenirs y artesanía.
- Seguir flexibilizando las condiciones de las líneas de liquidez ICO concedidas a pymes, micropymes y autónomos del sector turístico español, reestructurándolas y acompasándolas a la evolución de la recuperación económica y al retorno a la
situación prepandemia de la actividad empresarial de la fabricación y el comercio de recuerdos turísticos o souvenirs y artesanía.
- Reducción del IVA aplicable al sector de la fabricación y el comercio de los recuerdos turísticos o souvenirs y artesanía; establecimiento de tributación a las actividades de dicho sector al tipo superreducido del 4 % como mínimo durante
el año 2021.
- Prórroga como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2021 de los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor o por impedimento o limitaciones de actividad para aquellos negocios vinculados a la fabricación y el
comercio de los recuerdos turísticos o souvenirs y artesanía.
- Extensión en paralelo de las prestaciones económicas extraordinarias de cese de actividad para autónomos hasta finales de 2021.
- Impulsar la creación, organización y ejecución de un programa extraordinario dedicado a incentivar el consumo directo y disfrute en productos y servicios turísticos en toda la geografía española, como mecanismo para estimular la
reanimación de la demanda interna y el consumo local y de cuya sinergia se pueda beneficiar el sector del pequeño comercio de los recuerdos turísticos o souvenirs y artesanía.
- Diseño y desarrollo de acciones extraordinarias en colaboración con las Comunidades Autónomas, encaminadas a fomentar y promocionar la actividad económica de artesanía tradicional de calidad de los destinos españoles, incentivando
económicamente la emprendeduría local relacionada con la producción y comercialización de objetos de souvenir, otros artículos de regalo, complementos de decoración, apostando por su diferenciación, etc.
- Impulsar en coordinación con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos la tramitación de un paquete de exenciones y bonificaciones de cuotas significativas de impuestos y tasas municipales (IBI, IAE, tasas de residuos, etc.), para así
aliviar la carga fiscal de los establecimientos que tengan por objeto el comercio minorista de los recuerdos turísticos o souvenirs y artesanía durante el periodo que resulte necesario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para facilitar el acceso a una vivienda digna de las personas sin hogar
que reciben el Ingreso Mínimo Vital, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital tiene por objeto 'la creación y regulación del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de
las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas'.
Entre los colectivos que se verán beneficiados de esta prestación se encuentran las personas sin hogar. Según los últimos datos de los que disponemos, en España 30.000 personas no tienen hogar en estos momentos, cifra que posiblemente vaya
en aumento como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia.
Para facilitar el acceso a esta prestación a las personas que no tienen hogar, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones impulsó una serie de modificaciones 'para incluir entre los beneficiarios a temporeros, a aquellas
personas sin hogar que duermen en centros temporales, así como a las que por distintos motivos se ven obligadas a compartir vivienda con otras personas que también sufren situaciones de vulnerabilidad'.
A pesar de que este cambio es una paso muy importante para reducir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este colectivo, es necesario adoptar medidas coordinadas entre las diferentes Administraciones públicas y de carácter
integral para acabar con la situación de pobreza extrema en la que viven estas personas.
El año pasado se publicaron los resultados de un experimento realizado en Estados Unidos, el nombre de la iniciativa era New Leaf, que consistía en dar 7.500 euros a personas que no tenían hogar. Según los resultados publicados, 'las
personas que recibieron transferencias de efectivo se mudaron a viviendas estables más rápido y ahorraron suficiente dinero para mantener la seguridad financiera durante el año de seguimiento. A su vez, disminuyeron el gasto en drogas, tabaco y
alcohol en un 39 % y aumentaron el gasto en comida, ropa y alquiler'. Según Foundations for Social Change, las transferencias realizadas a las personas que realizaron el experimento ahorraron al erario público un total de 340.000 euros, al
reducirse la carga sobre el sistema público de refugio. Seguramente esta cifra sea mayor en la medida en que experimentaron mejoras en sus condiciones de salud que redujeron la carga sobre el sistema sanitario.
Los resultados de este experimento ponen de manifiesto los beneficios de adoptar dirigidas a acabar con la pobreza y facilitar el acceso a la vivienda de las personas sin hogar en términos sociales y en lo relativo a la mejorar la eficacia
del gasto público.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a acordar los mecanismos necesarios de información, comunicación y de apoyo efectivo con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para establecer un procedimiento que
facilite la inscripción de las personas sin hogar que sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital y que deseen acogerse a los programas de acceso a viviendas de protección oficial con alquiler protegido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la Investigación, Innovación y Desarrollo de Soluciones para Afrontar el Envejecimiento y la Dependencia, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
En el mundo actual, la verdadera palanca de desarrollo está en el conocimiento; se necesita la ciencia para aumentar la capacidad para resolver los problemas y mejorar la calidad de vida. Esto solo puede lograrse en un país que disponga de
recursos humanos altamente adiestrados, formados en centros capaces de crear conocimientos y de formar profesionales imaginativos que puedan innovar y crear.
Una de las funciones fundamentales de la Universidad es propiciar la generación de nuevos conocimientos mediante la investigación científica, tecnológica, humanística y social.
Sin embargo, una de las principales carencias que tiene nuestro sistema de servicios sociales tiene que ver con la falta de herramientas de gestión del conocimiento y de l+D+i específicamente orientados al ámbito de los Servicios Sociales.
En el ámbito específico del envejecimiento y la dependencia, los países de nuestro entorno han desarrollado una serie de estructuras o centros tractores que permiten no solo generar conocimiento en el ámbito de la atención a la dependencia,
sino llevar a la práctica modelos de evaluación ex post de los servicios que se prestan.
El Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia contempla entre sus objetivos la posibilidad de crear proyectos piloto de innovación en servicios sociales. Es preciso desarrollar el cuarto pilar del estado de bienestar: el de la
economía de los cuidados. Para ello es necesario fortalecer la infraestructura del sistema de dependencia, los cuidados de larga duración, así como la atención domiciliaria. Estas actuaciones, que sean necesarias en una sociedad cada vez más
longeva, contribuirán a facilitar la autonomía funcional de las personas mayores y dependientes impulsarán la conciliación de la vida laboral y personal de las familias, dinamizando el mercado de trabajo entre aquellas con dependientes, y alargando
de manera voluntaria la edad de jubilación, contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Asimismo, la pandemia ha puesto de manifiesto también la necesidad de reforzar y modernizar los servicios sociales, promoviendo la innovación y el uso de nuevas tecnologías. Esta realidad está vinculada a una estrategia global que pretende
la mejora del funcionamiento de todos los actores. La mejora debe ir acompañada de la investigación, un área que no ha sido explorada en las políticas sociales, en el cuidado de las personas y la atención a la dependencia. Sin embargo es
absolutamente necesario desarrollar líneas de investigación relacionadas con este sector, con el objetivo de mejorar y transferir el conocimiento para optimizar el cuidado a nuestras personas mayores, de manera que la investigación y la innovación
repercutan en una mejora de su atención, una atención que debe ser sinónimo de calidad.
Por tanto, se trata de cumplir con el objetivo de mejorar la atención a la población envejecida y la población dependiente, creando conocimiento y aportando nuevas soluciones en las materias de envejecimiento y dependencia que los Servicios
Sociales se deben encargar de poner en marcha.
Para cumplir con este objetivo se requiere la colaboración y acuerdo con otras administraciones, así como con entidades públicas, privadas y sin ánimo de lucro, y con agentes sociales y económicos.
El sector de los servicios de atención a los cuidados ha constituido además un ámbito de creación de empleo que alcanza ya a un 8 % de la fuerza laboral. Este empleo de servicios a las personas se caracteriza por ser un empleo verde, no
deslocalizable y con un fuerte peso de empleo femenino.
En definitiva, es necesario impulsar avances significativos en la aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de la intervención social y sanitaria y en última instancia de la calidad de vida de las personas. La innovación e
investigación vinculada al sector de servicios sociales pretenden incorporar la transformación digital del sector, agilizando los procesos de gestión de acceso a recursos y prestaciones y liberando tiempo profesional para la intervención.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar una línea de investigación financiada a través del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia para generar un marco adecuado para la gestión del conocimiento en el ámbito
del envejecimiento, la dependencia y los servicios sociales, mediante la elaboración de investigaciones monográficas, análisis de tendencias, elaboración de estadísticas, etc. Dicho marco deberá:
1. Facilitar la coordinación, la cooperación técnica, el trabajo conjunto y el aprendizaje mutuo entre las diferentes CC. AA., con sus respectivas Universidades, con la FEMP, asociaciones del tercer sector y empresariales, de cara a
establecer un marco de desarrollo de la economía de los cuidados.
2. Impulsar la evaluación, la experimentación y la innovación en materia de envejecimiento en todas las políticas públicas que tienen repercusión en el mismo, como son los servicios sociales o el ámbito sanitario.
3. Detectar y difundir la evidencia disponible sobre las intervenciones en materia de envejecimiento y servicios sociales, desde el enfoque de la práctica basada en la evidencia.
4. Generar guías, estándares y recomendaciones de buenas prácticas que puedan contribuir a mejorar la calidad de la atención en los centros y servicios para personas mayores o desarrollar indicadores de calidad para la evaluación, la mejora
continua y el análisis comparado de los centros y servicios del SAAD, de acuerdo a lo que establece la Ley de Dependencia.
5. Establecer redes de colaboración con otros centros de estudio sobre envejecimiento para plantear medidas de avance a nivel estatal.
6. Situar las necesidades sociales de la población dependiente como objeto de estudio prioritario para diversas disciplinas en las Universidades y centros de investigación públicos.
7. Favorecer proyectos de investigación multidisciplinar orientados al diseño y evaluación de procesos de integración de servicios sanitarios y sociales en el territorio, capaces de hacer frente a las nuevas situaciones que requieren
cuidados de larga duración, que tengan en cuenta la perspectiva de género.
8. Favorecer proyectos de investigación orientados a la discapacidad y a situaciones previas a la misma, para limitar y/o retrasar la aparición de dependencia, con el objetivo de alcanzar un envejecimiento activo y saludable, orientado a
fomentar y mantener la capacidad funcional, la prevención de la fragilidad, la dependencia y la soledad no deseada, con perspectiva de curso de vida y de equidad.
9. Favorecer proyectos de investigación, que estén orientados a la inclusión y participación de las personas mayores en los propios estudios de su salud y en el desarrollo de indicadores, como parte activa de la sociedad.
10. Favorecer proyectos de investigación que posibiliten conocimiento en relación al edadismo o discriminación por razones de edad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2021.-María Luz Martínez Seijo y Sonia Guerra López, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta esta Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, relativa a un nuevo reparto de cuotas para el atún rojo.
Exposición de motivos
En el sector de la pesca se cruzan vectores culturales, históricos, económicos, biológicos, medioambientales, sociales, políticos y territoriales, lo que genera una enorme complejidad tanto en su análisis como en la intervención pública
proyectada sobre la actividad. Esto hace que sea uno de los sectores más regulados a nivel mundial. Solo en el ámbito comunitario son alrededor de mil textos legislativos los que afectan a la actividad pesquera, incluyendo la competencia
internacional (FAO-ONU ORPs); la competencia de la UE; la estatal y la de las comunidades autónomas en el caso de España.
Dentro de este marco regulatorio y en el caso de la Unión Europea, destaca el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común, entre cuyos objetivos se estipula
el siguiente: '1. La PPC deberá garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y
de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios'. Asimismo, este Reglamento establece los siguientes considerandos que profundizan en este objetivo:
'(4) La PPC debe garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura contribuyen a la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo. Debe incluir normas cuya finalidad es la trazabilidad, seguridad y calidad de los
productos comercializados en la Unión. Además la PPC debe contribuir al aumento de la productividad, a un nivel de vida adecuado para el sector pesquero, incluido el sector de la pesca a pequeña escala, y a la estabilidad de los mercados, y debe
asegurar la disponibilidad de productos alimenticios y que estos lleguen a los consumidores a precios razonables. La PPC debe contribuir a la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y promover la consecución
de los objetivos establecidos en dicha Estrategia. (...)
(14) Conviene que la gestión de la PPC se guíe por los principios de buena gobernanza. De acuerdo con estos principios, la toma de decisiones debe basarse en los mejores dictámenes científicos disponibles, las partes interesadas deben
participar activamente y debe adoptarse una perspectiva a largo plazo. El éxito de la gestión de la PPC también depende de una definición clara de las responsabilidades a nivel de la Unión y a los niveles regional, nacional y local, así como de la
compatibilidad entre las medidas adoptadas y su coherencia con otras políticas de la Unión. (...)
(18) Los buques pesqueros de la Unión deben tener igualdad de acceso a las aguas y los recursos de la Unión, en el respeto de las normas de la PPC. (...)
(33) El acceso a las pesquerías debe basarse en criterios transparentes y objetivos, entre otros, de carácter medioambiental, social y económico. Los Estados miembros deben promover la pesca responsable ofreciendo incentivos a aquellos
operadores que faenen con las técnicas menos perjudiciales para el medio ambiente y que aporten los máximos beneficios para la sociedad.'
En el caso específico del atún rojo, el Parlamento Europeo ha aprobado recientemente el Reglamento por el que se establece un plan de ordenación plurianual de su pesca en el Atlántico oriental y el Mediterráneo. El artículo 11 de este nuevo
Reglamento dispone lo siguiente: 'Asignación de posibilidades de pesca. De conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, al asignar las posibilidades de pesca que tengan a su disposición, los Estados miembros aplicarán
criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico, y se esforzarán por distribuir equitativamente las cuotas nacionales entre los distintos segmentos de flota teniendo en cuenta la pesca
tradicional y artesanal y ofrecer incentivos a los buques pesqueros de la Unión que utilicen artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental'.
El sector de la pesca artesanal, de bajo impacto y de artes menores o llamada de 'pequeña escala' en la UE, ha venido denunciando un trato injusto por las sucesivas administraciones estatales, que han permitido un esfuerzo pesquero superior
al recomendado por los estamentos científicos y un sistema de reparto que en muchos casos no ha tenido en cuenta criterios socioeconómicos, dejando a los pescadores artesanales sin acceso real ni equitativo a los recursos pesqueros y con ello
provocando la precariedad de esta actividad. Ante esta situación, los agentes del sector reclaman la implementación de un sistema de reparto justo que pueda garantizar la subsistencia de esta actividad por medio de un acceso equitativo a los
recursos pesqueros, lo que redundaría en una mayor sostenibilidad de las pesquerías y en una mayor aportación de valor y diversificación a las economías locales del conjunto de las costas de nuestro país, desarrollando una economía redistributiva,
con gran impacto social y territorial, que sirva de apoyo a la fijación de la población y a la dinamización económica de estas comarcas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a plantear, de manera inmediata, una nueva distribución del esfuerzo pesquero sobre el atún rojo asignado a España mediante la aplicación de criterios medioambientales, socioeconómicos y
sociales que determinen un reparto justo y equitativo de las cuotas disponibles al conjunto de las flotas, con especial atención a la promoción de la denominada pesca artesanal o de bajo impacto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2021.-Marisa Saavedra Muñoz y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para mejorar las condiciones generales de producción y comercialización de los
productos apícolas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En la Unión Europea las medidas de mercado para los sectores agrarios quedan reguladas a través del Reglamento 1308/2013 (OCM única) y disposiciones delegadas, contemplando para el sector apícola una serie de actuaciones de intervención que
se vehiculan a través de Programas Nacionales Apícolas (PNA).
Estos programas tienen carácter trianual y son cofinanciados en un 50 % por la Comisión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). El otro 50 % es financiado por el Estado Miembro. Este régimen de cofinanciación
justifica el asentamiento de unas directrices generales de intervención, que responden a retos comunes a todo el sector apícola comunitario en su conjunto, y que los Estados Miembros desarrollan en base a la estructura de producción y
comercialización del sector en sus respectivos territorios.
En la Unión Europea las medidas de mercado para los sectores agrarios quedan reguladas a través del Reglamento 1308/2013 (OCM única) y disposiciones delegadas, contemplando para el sector apícola una serie de actuaciones de intervención que
se vehiculan a través de Programas Nacionales Apícolas (PNA).
Estos programas tienen carácter trianual y son cofinanciados en un 50 % por la Comisión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). El otro 50 % es financiado por el Estado Miembro. Este régimen de cofinanciación
justifica el asentamiento de unas directrices generales de intervención, que responden a retos comunes a todo el sector apícola comunitario en su conjunto, y que los Estados Miembros desarrollan en base a la estructura de producción y
comercialización del sector en sus respectivos territorios.
En España, el marco legal de los programas apícolas queda definido por el Real Decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales y se modifica el
Real Decreto 209/2002 de ordenación de las explotaciones apícolas.
Esta disposición recoge el régimen de actuaciones, financiación, comunicación y aplicación del PNA, siguiendo las directrices propuestas desde la Comisión Europea. El carácter descentralizado de España exige que la aplicación del plan
apícola en las diferentes regiones recaiga sobre las autoridades competentes de las CC. AA., las cuales ejecutan y supervisan su aplicación según lo expuesto en sus respectivas disposiciones de aplicación.
Esta descentralización justifica el modelo de financiación instaurado para el PNA en España, en el que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) contribuye hasta un máximo del 25 % del coste total de las medidas a realizar,
dentro de las disponibilidades presupuestarías y para todas las líneas del programa, a excepción de la Línea F, en las que podrá contribuir hasta el 50 %. Las CC. AA. financiarán el 25 % restante, contando País Vasco y Navarra con un régimen
específico de financiación. La distribución territorial se hace en base a criterios objetivos, principalmente en base al censo de colmenas.
El Programa Nacional Apícola en España contempla ocho posibles líneas de ayuda que reflejan el perfil de nuestro sector apícola, a saber, asistencia técnica, lucha contra agresiones de la colmena, racionalización de la trashumancia, análisis
de productos apícolas, repoblación de la cabaña, investigación aplicada en apicultura, estudios de seguimiento del mercado y mejora de la calidad. Estas medidas responden las necesidades principales del sector, como son el consolidar su
profesionalización, vertebración, modernización, y mejora de los sistemas de producción y comercialización.
Desde el establecimiento de estos programas en 1998, la apicultura española ha percibido más de 140 millones de euros (126.162.119 euros período 1998-2013), siendo el principal perceptor comunitario, y con un alto grado de ejecución
(superior al 90%). España acapara un 16,6 % del presupuesto disponible para programas apícolas, con el 16% de las colmenas de la UE.
Los programas apícolas del trienio 2020-2022 fueron aprobados por la Decisión de Ejecución (UE) 2019/974 de la Comisión, a través de la cual la Unión compromete una contribución comunitaria de 40 millones de euros anuales, un 11 % más que en
2017- 2019. De este total, a España le corresponden 16.904.999 euros, lo que le convierte en el principal Estado Miembro perceptor comunitario con un 14 % del total de los fondos de la UE destinados a los programas apícolas.
El sector apícola español supone alrededor del 0,44 % de la Producción Final Ganadera y el 0,17 % de la Producción de la Rama Agraria, con un valor anual de su producción (miel, cera y polen) estimado en unos 62 millones de euros. No
obstante, el valor este sector va más allá de lo puramente económico, ya que la apicultura juega un papel fundamental en la conservación del medio natural, la polinización de los cultivos y el mantenimiento de la biodiversidad.
En los últimos años el sector viene manteniendo un crecimiento constante, tanto en número de colmenas, de explotaciones y de apicultores. En el ámbito comunitario, España destaca por su censo de colmenas (alrededor del 16 % de las colmenas
en la UE), así como por el hecho de que el 80 % se encuentra en manos de apicultores profesionales (aquellos que gestionan más de 150 colmenas). El grado de profesionalización de la apicultura en España supera la media de la UE, con alrededor de un
22 % de apicultores profesionales. Este perfil, unido a datos productivos y de comercio exterior de gran relevancia, refleja la importancia del sector apícola español.
En el ámbito nacional, la mayor parte del censo de colmenas y de la producción de miel y cera se concentra en las Comunidades Autónomas de Extremadura, Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. En cuanto al número de
explotaciones la relación varía, concentrándose en Castilla y León, Andalucía y Galicia.
Sin embargo, conviven en nuestro país una gran diversidad de modelos productivos que refleja la actividad apícola en cada región. A grandes rasgos podemos hablar de dos apiculturas diferentes: la existente en la zona norte, noroeste y las
regiones insulares (caracterizada por el alto grado de 'hobbistas' y de apicultores pequeños que, en su mayoría, no practican la trashumancia) y la predominante en el centro y sur/sureste (con un mayor grado de profesionalización y mayoritariamente
trashumante.)
La apicultura, en línea con la mayor parte del sector primario español, ha hecho de la internacionalización una estrategia clave para el crecimiento y revalorización del mismo. Esto se ve reflejado en la evolución creciente del balance de
comercio exterior de la miel, tanto en términos de volumen como en valor económico.
El sector apícola en España refleja una pérdida de productividad global, con menores rendimientos por colmena a pesar de una mayor inversión realizada, lo que desemboca en una perdida de competitividad. Esta situación estaría motivada por
varios factores principales:
- Factores climáticos: la evolución de la temperatura y pluviometría en nuestro país es uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora de analizar la evolución de parámetros productivos del sector apícola.
- Factores económicos-empresariales: En España alrededor del 80 % de las colmenas están en manos de apicultores profesionales. Habría que fomentar la comercialización de nuestro producto y apostar por la valorización de la misma basada en
la calidad, aspectos de lo que aún adolece el sector apícola nacional. Es importante apostar por medidas que potencien la presencia de los productores en todos los eslabones de la cadena de valor de la miel. La profesionalización del sector debe
constituir la base, también, para promover nuevas estructuras de comercialización y abrir nuevos canales de mercado más allá de nuestras fronteras con la exportación de producto de valor añadido.
- Factores sanitarios: Desde el punto de vista sanitario, el principal reto al que se enfrenta la apicultura española es el ácaro Varroa destructor, el parásito responsable de la varroosis, una enfermedad endémica en España, introducida en
1985 y hoy extendida por todo el territorio.
- Factores ecológicos: La avispa asiática, Vespa velutina, es un nuevo enemigo a combatir.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir tomando medidas de apoyo a la apicultura, teniendo en cuenta el perfil de nuestro sector apícola, con el fin de influir en los diferentes factores ambientales, climáticos y de la
actividad humana, para mejorar las condiciones generales de producción y comercialización de los productos apícolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2021.-Manuel Gabriel González Ramos, Diputado.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley, para seguir apoyando la oferta formativa de los profesionales del medio rural,
para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Hay que resaltar que el medio rural en España representa en torno al 84 % del territorio, e integra al 16 % de la población, incluyendo la totalidad de los recursos naturales y gran parte del patrimonio cultural. No obstante, presenta un
desequilibrio importante tanto económico como social respecto al territorio urbano, por lo que son necesarios para su desarrollo y sostenibilidad medidas y políticas multisectoriales en las que participen y se involucren los distintos agentes
sociales.
El objetivo de las políticas de desarrollo rural es optimizar la aplicación de los instrumentos de las políticas nacionales y europeas para mejorar las condiciones económicas, sociales y medioambientales de los territorios rurales.
La cohesión económica y social favorece un desarrollo rural equilibrado con la existencia de explotaciones agropecuarias modernas y rentables, de PYMES agroalimentarias competitivas y, en particular, de una economía diversificada que
posibilite la generación de empleo, que contribuya a la mejora del medio ambiente, a la eliminación de las desigualdades y a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
Las ayudas a la formación en el medio rural tienen por objetivo ampliar los conocimientos y las capacidades en tal medio, permitiendo una nueva orientación al desarrollo de este ámbito.
En este marco, la formación se constituye como la herramienta clave para el crecimiento, el empleo, el desarrollo y la actividad económica en los territorios rurales, propiciando el fomento del empleo y de la movilidad laboral, la inversión
en capital humano, el aprendizaje permanente, la potenciación de la l+D+i en el medio rural, la contribución a una economía verde, la lucha contra el desempleo juvenil y la oportunidad para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.
Todo esto requiere dotar y acercar la formación y la educación al territorio, llegando al mismo tan cerca como sea posible. La cualificación de su población, permitirá, en parte, alcanzar los objetivos buscados, así como la incorporación de
jóvenes y mujeres al mundo rural, lo que traerá consigo la permanencia y el incremento de la población en el territorio, que se caracteriza actualmente por su envejecimiento y masculinización.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impulsa el 'Plan de formación continua para técnicos que desarrollan sus actividades en el Medio Rural'. Su objetivo es que dicha formación sea uno de los instrumentos de modernización y
cambio del medio rural.
El Plan está dirigido a los colectivos con mayor incidencia en el medio rural, y que se encuentran implicadas en los procesos de cambio favorecedores del desarrollo rural, las nuevas tecnologías, innovación, asesoramiento, sostenibilidad y
conservación de recursos y de acción por el clima, entre otros.
Estos planes, pretenden formar a los técnicos que trabajan en los distintos ámbitos del medio rural, como técnicos de las diferentes administraciones, Redes y Grupos de Acción Local, Organizaciones Profesionales Agrarias, Cooperativas y
Asociaciones del medio rural, Agentes de Empleo y Desarrollo Local y titulados universitarios que trabajan en el sistema de asesoramiento que se destina a los posibles beneficiarios de las ayudas de la PAC sobre la gestión de tierras y
explotaciones.
La actual situación determinada por la pandemia ha llevado a que se haya pasado, de ofrecer la inmensa mayoría de los cursos en formato presencial y en menor medida en formato online, a que en el año 2021 se ofrezcan aproximadamente un 60 %
de los cursos online y un 40 % de manera presencial.
Todo esto requiere dotar y acercar la formación y la educación al territorio, llegando al mismo tan cerca como sea posible. La cualificación de su población, permitirá, en parte, alcanzar los objetivos buscados, así como la incorporación de
jóvenes y mujeres al mundo rural, lo que traerá consigo la permanencia y el incremento de la población en el territorio, que se caracteriza actualmente por su envejecimiento y masculinización.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir apoyando la oferta formativa de los profesionales del medio rural, con el fin de actualizar y fortalecer el desarrollo rural, para aumentar su competitividad y mejorar las
oportunidades de empleo y trabajo. Al mismo tiempo, todo esto favorecerá las nuevas tecnologías, la innovación, sostenibilidad y conservación de los recursos, así como la incorporación de jóvenes y mujeres, entre otros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2021.-Manuel Gabriel González Ramos, Diputado.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a las garantías del nuevo
sistema de acceso al empleo público de acuerdo con el plan de captación de talento, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha anunciado un Plan de Captación del Talento, cuya finalidad es promover la orientación laboral de la ciudadanía hacia la Administración. Para justificar la necesidad de este Plan el
ministro ha recordado que en 10 años, el 51 % del personal de la AGE se habrá jubilado, y apenas el 12 % del personal tiene hoy menos de 40 años.
Asimismo, desde el Ministerio se ha propuesto repensar los mecanismos de selección, de modo que 'se tenga más en cuenta la capacidad y la aptitud y menos la habilidad memorística', en palabras del Ministro. Para ello, se ha anunciado una
Estrategia para reformar el modelo de acceso al empleo público, con el objeto lograr una entrada al sector público más ágil y equitativa garantizando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Del mismo modo, se prevé estudiar la viabilidad de un sistema de ayudas dirigidas a aspirantes que tienen grandes dificultades para dedicar varios años a preparar una prueba de acceso.
Frente a este anuncio, se ha recogido en prensa que 'asociaciones y representantes de los cuerpos superiores, pese a reconocer que hay que reformar algunos aspectos del acceso al empleo público, han expresado su temor a que se abra la puerta
a métodos de selección más subjetivos, como la entrevista personal, que traigan consigo funcionarios y empleados públicos de menor calidad técnica, y lo que es peor, seleccionados por criterios de amistad o afinidad política, y más permeables a las
presiones de sus jefes.'
Toda esta situación ha provocado cierto desasosiego en los foros de opositores, que ven con preocupación que un cambio en el sistema de acceso pueda condicionar su preparación, dado que no se ha concretado aún cómo será nuevo modelo
anunciado.
Dada la trascendencia que tiene la propuesta de reforma del acceso al empleo público para el futuro de nuestra Administración (o Administraciones, si es que se pretende también vincular a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en
estos cambios), consideramos que el proceso debe ser abordado con la máxima transparencia y con la participación de todos los sectores afectados, con el establecimiento de objetivos claros y evaluando la oportunidad y repercusión de las propuestas
en los distintos colectivos implicados.
Además, se ha de tener en cuenta que, junto a la captación de talento, de modo que la Administración cuente con personal altamente capacitado, es necesario garantizar la meritocracia en el acceso al empleo público.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abordar los procesos de cambio necesarios a partir del diálogo con los distintos sectores afectados, de acuerdo con los principios constitucionales e igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, respetando y conjugando la
adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, las necesidades de la organización y los intereses de aquella parte de la población que se encuentra en un proceso de preparación para el acceso a la función pública.
2. Establecer un cronograma para su implantación.
3. Presentar un Plan ejecutivo que nacerá del diálogo, acuerdo y trabajo conjunto y que será elevado a la Comisión Superior de Personal antes del 31 de diciembre de 2021, de manera que se garantice su plena efectividad en la ejecución de la
Oferta de Empleo Público de 2025.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2021.-Pedro Antonio Honrubia Hurtado y Txema Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Ángel López Maraver, D. Luis Gestoso de Miguel, D.ª Magdalena Nevado del Campo, D. Francisco José Contreras Peláez y D. Pedro Jesús Requejo Novoa, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación de la avispilla del almendro (Eurytoma amygdali Enderlein) en España, para su discusión en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. La avispilla del almendro (Eurytoma amygdali).
La avispilla del almendro (Eurytoma amygdali) es un himenóptero de la familia de los Eurytomidae que desde hace unos años se ha convertido en una auténtica plaga para las explotaciones agrarias de España, en especial para el cultivo de
almendros ya que emplea las almendras todavía verdes como nido para sus huevos en primavera 42.
Se trata de una especie exótica invasora, dado que es endémica del sudeste de Europa y de Oriente Medio, aunque ya se ha detectado en algunos países de Europa occidental como Francia o España 43 donde está ampliamente distribuida 44. En
nuestro país, en concreto, se detectó por primera vez en Castilla-La Mancha en 2010. No obstante, ya se encuentra repartida por los territorios de Aragón (2015), Comunidad Valenciana (2016), Murcia (2018) y Cataluña (2019) 45, expandiéndose cada
vez más por sus comarcas 46.
Segundo. Daños de la avispilla del almendro
De estas regiones, Castilla-La Mancha es la que se encuentra en la peor situación, ya que posee el 40 % de los almendros afectados, seguida de la Comunidad Valenciana (26 %), Aragón (18 %), Murcia (14 %) y Cataluña (2 %) 47.
Aparte del daño medioambiental que ocasiona y las pérdidas de biodiversidad, la avispilla del almendro genera cuantiosos perjuicios económicos a las explotaciones de almendros debido a que se trata de una plaga muy peligrosa y con un
potencial invasor enorme, en especial porque puede llegar a causar pérdidas de hasta el 90 % de la producción 48.
En datos, según el estudio de la organización agraria Unión de Uniones, esta plaga afecta a unas 200.000 hectáreas de cultivo de almendros (el 28 % del total), causando en tomo a 14 millones de euros en pérdidas hasta la fecha, de los cuales
el 75 % corresponden a pérdidas directas de producción y el 25 % restante al incremento de los gastos fitosanitarios necesarios para minimizar los daños 49.
En 2018 se cifraba en 5 millones de euros al año lo que costaba a los agricultores combatir la avispilla del almendro, teniendo en cuenta que la superficie afectada por esta plaga era menor que en la actualidad 50.
No obstante, se debe poner de manifiesto que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en su contestación de 27 de abril de 2021 a varias preguntas escritas del Grupo Parlamentario VOX, reconoce que desconoce el total de
superficie dañada en España por dicha plaga, ya que no ha
42 https://www.teyme.es/es-ES/actualidad/tratamientos-para-luchar-contra-la-plaga-de-la-avispilla/
43 https://www.aragon.es/documents/20127/674325/agma_cscv_it2_2018.pdf/6e9f1372-3dad-44bd-683c-82c5e75d3772
44 https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/guiadealmendroweb_tcrn30-57951.pdf
45 http://uniondeuniones.org/profiles/blogs/union-de-uniones-destaca-que-el-28-de-los-almendros-espanoles-est
46 https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/sites/default/files/2020-05/2020_3181.pdf
47 http://uniondeuniones.org/profiles/blogs/union-de-uniones-destaca-que-el-28-de-los-almendros-espanoles-est
48 https://www.aragon.es/documents/20127/674325/agma_cscv_it2_2018.pdf/6e9f1372-3dad-44bd-683c-82c5e75d3772
49 http://uniondeuniones.org/profiles/blogs/union-de-uniones-destaca-que-el-28-de-los-almendros-espanoles-est
50 https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/la-batalla-contra-la-avispilla-del-almendro-una-lucha-que-cuesta-5-millones-al-ano-a-los-agricultores_201805075af07fcc0cf227264104f762.html
recibido información alguna de las Comunidades Autónomas 51, lo que sin duda es un obstáculo para combatir la presencia y expansión de la avispilla del almendro.
Tercero. Soluciones.
A pesar de que está muy distribuida en la actualidad por todo el territorio nacional, causando bastantes estragos y serios perjuicios económicos, dado que no se trata de una plaga de cuarentena ni una plaga regulada en virtud de la Ley
43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal 52, el control y la gestión de su población y efectos son responsabilidad exclusiva de los agricultores 53.
Por ello mismo, resulta fundamental que se adopte un Plan Nacional específico contra la avispilla del almendro (Eurytoma amygdali) que supere la actual Guía de Gestión Integrada de Plagas para el almendro 54 que puso en marcha el anterior
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA); y que contemple medidas eficaces de forma coordinada entre todas las Comunidades Autónomas y en todo el territorio nacional, ya que las actuaciones individuales no surten efecto.
Tal y como afirma Ricardo Beltrán, responsable del sector de la almendra de Unión de Uniones, 'si mi vecino de parcela tiene los almendros abandonados o no actúa ante la avispilla, de nada sirve mi esfuerzo y las inversiones que haga en
tratamientos' 55.
Además, se debe incluir dicha especie en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras (CEEI) 56 por la amenaza grave que supone tanto para las especies autóctonas, los hábitats y el ecosistema español como para la agronomía y los recursos
económicos 57, de tal manera que se pueda garantizar la puesta en marcha de medidas más estrictas de prevención y lucha contra su expansión.
También se debe contemplar calificar de utilidad pública la lucha contra la avispilla del almendro (Eurytoma amygdali), de acuerdo con los artículos 14 y 15 de la Ley de Sanidad Vegetal, respectivamente, con objeto de acceder a financiación
de la Unión Europea y del Estado para combatirla y poder indemnizar por los daños causados, en especial porque se trata de una plaga que cada año es más virulenta 58.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un Plan Nacional específico de protección del ecosistema español frente a la invasión de la avispilla del almendro (Eurytoma amygdali Enderlein) que contemple, entre otros, los
siguientes elementos:
- Incluir a la avispilla del almendro (Eurytoma amygdali Enderlein) en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras.
- Promover un Programa Nacional de Erradicación o Control de la avispilla del almendro (Eurytoma amygdali Enderlein),adoptando medidas urgentes tendentes a impedir de manera eficaz su transmisión o propagación al resto del territorio
nacional.
- Promover la declaración de la avispilla del almendro (Eurytoma amygdali) como plaga, reconociéndose la lucha contra la misma de utilidad pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez y Pedro Jesús Requejo Novoa,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
51 Contestación del Gobierno de 27 de abril de 2021. Número de entrada 116452. Congreso de los Diputados.
52 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22649
53 Contestación del Gobierno de 27 de abril de 2021. Número de entrada 116452. Congreso de los Diputados.
54 https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/ productos-fitosanitarios/guias-gestion-plagas/default.aspx
55 https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/agroalimentaria/castilla-mancha-comunidad-afectada-avispilla-almendro-dana-40-arboles_1_7294795.html
56 https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-8565-consolidado.pdf
57 https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-8565-consolidado.pdf
58 https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/la-batalla-contra-la-avispilla-del-almendro-una-lucha-que-cuesta-5-millones-al-ano-a-los-agricultores_201805075af07fcc0cf227264104f762.html
161/002814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la recuperación de la ensenada de Meira y la Illa de Samertolomeu en Moaña para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Antiguamente la ensenada de Meira era un inmenso arenal que se unía al de A Xunqueira. Separando uno y otro emergía la isla de Samertolameu, frente a la cual se fue construyendo el barrio de casas de marineros de A Ribeira. La isla era un
puerto de abrigo natural y en la misma se desarrolló una pequeña industria de 'cordelerías' lo que provocó que, para tener un mejor acceso, se construyera un camino en piedra por encima del arenal, el cual se fue ampliando y mejorando a medida que
crecía el puerto.
Con la construcción de la AP-9 en los años 70 y la falta de lugares donde verter los escombros de las excavaciones del puente de Rande, se rellenó una gran parte de la ensenada, frente al barrio de A Ribeira, para que las viviendas
construidas prácticamente encima del arenal se alejaran del mar y contaran con un espacio de esparcimiento que se denominó 'alameda', quedando así todo el frontal marítimo de este barrio rellenado y degradado durante muchos años.
El puerto creció, aumentaron las embarcaciones dedicadas al cultivo del mejillón y en los años 80 el puerto de Meira llegó a contar con la mayor flota artesanal para la pesca del pulpo. Todo ello hizo necesario ampliar el puerto, y con ello
aumentaron también los accesos y las instalaciones portuarias con lo que la de Samertolameu se convirtió en una península y la zona litoral quedó completamente rellenada y urbanizada.
La parte aterrada del frontal marítimo del barrio de A Ribeira se convirtió con el paso del tiempo en un lugar en el que se acumulaban residuos pero, poco a poco, el Concello ha logrado ordenar ese espacio degradado hasta convertirlo en un
lugar inmejorable para el ocio y gozar de actividades al aire libre. Cuenta hoy con una zona de arbolado, una pista de tenis y un parque infantil que hacen que sea un lugar muy concurrido y familiar al que acuden personas de toda la península de O
Morrazo y de la zona de Vigo.
Los Diputados del BNG en el Congreso Olaia Fernández Davila y Francisco Rodríguez Sánchez lograron el compromiso del Gobierno para iniciar el proyecto de recuperación del litoral de Moaña, en aquel momento totalmente soterrado por los
escombros procedentes de las obras de construcción de la AP-9. Así, se inició la regeneración de la playa de A Xunqueira, retirando el campo de futbol instalado encima del sistema dunar y ordenando la fachada marítima. Esta fue una de las obras
más importantes para el Concello de Moaña, pues permitió convertir una zona totalmente degradada en un lugar que integra a la perfección la protección del medio natural y su uso como lugar de ocio por los vecinos y vecinas.
Tras acometer esa primera fase del proyecto, quedó pendiente realizar la segunda para la que llegó incluso a consignarse una partida presupuestaria pero que nunca llegó a ejecutarse. Ahora resulta urgente completar las obras de regeneración
de la ensenada y acometer la recuperación de la Illa de Samertolameu, instalando además un nuevo acceso en forma de puente que permita pasar el agua, la ordenación de toda la zona rellenada y la consolidación del espacio de ocio y parque de juegos
de Samertolameu, y la creación de una senda peatonal que una la isla con el arenal do Cocho.
Esta propuesta de ordenación de toda la ensenada a lo largo de los seis metros de servidumbre de la zona de dominio público marítimo permitiría prolongar la recuperación medioambiental del frente litoral de Moaña, conectando dos de sus
núcleos de población con una senda peatonal y rodada de fácil acceso. Se sumaría además un nuevo tramo al plan de movilidad sostenible puesto en marcha por el Concello de Moaña, que ha convertido a esta localidad en referente en la ría de Vigo por
primar en su diseño a los peatones y bicicletas sobre los coches. Se sumaría así a otros proyectos ya desarrollados como la citada ensenada de A Xunqueira, el Camino Real de Tirán o los llamados caminos seguros en las proximidades de los centros
educativos.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a completar el proyecto iniciado en el Concello de Moaña de regeneración de la línea de costa con la recuperación del arenal de A Xunqueira y acometer la comprometida recuperación de
la Illa de Samertolameu -que debe incluir la ordenación de toda la zona aterrada, la construcción de un nuevo acceso en forma de puente que permita el paso del
agua, la consolidación del espacio de ocio y esparcimiento y la instalación de un parque de juegos- y el acondicionamiento de una senda peatonal que conecte el puerto con el arenal do Cocho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/002781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de las competencias digitales para reducir la brecha digital de
género, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La digitalización de la economía y la sociedad es un proceso imparable e irreversible. Para poder aprovechar todo el potencial que va a suponer esta transición digital es necesario contar con unas adecuadas competencias digitales de la
población. Estas son fundamentales para que las personas puedan desenvolverse con confianza, seguridad y eficacia en un mundo cada vez más digital. A nivel europeo, los indicadores que mejor reflejan la capacitación digital de los ciudadanos de
cada país son los recogido en el Índice de Economía y Sociedad Digital DESI (Digital Economy and Society Index) bajo el agregado dimensión de capital humano que hacen referencia a la distribución de la población por niveles de capacitación digital y
a la existencia de especialistas TIC. De acuerdo con este Índice, en 2020 España mejora de forma destacable su posición al pasar de la 17 al 16 del ranking en la dimensión de capital humano tras elevar su nota de 44,5 puntos hasta 47,6 puntos, si
bien es la dimensión en la que España obtiene peores resultados de todos los analizados.
Respecto a las habilidades digitales, España se encuentra mejor posicionada en competencias digitales por encima del nivel básico, el 36 % de la población tiene este tipo de competencias frente al 33 % de la UE. Sin embargo, en las
competencias digitales de al menos nivel básico, la proporción de españoles (57 %) es ligeramente inferior a la media de la Unión Europea (58 %). También es inferior el porcentaje de españoles con conocimientos de software de al menos nivel básico,
el 59 % frente al 61 % de la Unión Europea. En cuanto a la formación, se incrementa el número de titulados en TIC hasta el 4 %, superando la media europea del 3,6 %. Además, en la proporción de especialistas en TIC en el empleo total, España ha
aumentado hasta situarse en el 3,2 % frente al promedio de 3,9 % de la UE. Sin embargo, la participación de las mujeres especialistas en TIC permanece estancada en un 1,1 % del empleo femenino total. De hecho, en España solo el 16,2 % de los
especialistas TIC son mujeres (aproximadamente 500.000), por debajo del 16,5 % de la media de la UE-28.
Para dar a conocer la realidad de las mujeres en el ámbito de las tecnologías, el Instituto de la Mujer, en colaboración con el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI) de Red.es, ha publicado dos
estudios 'Mujeres y digitalización: de las brechas a los algoritmos' y 'Las mujeres en la economía digital española: Trayectorias inspiradoras'. En general, los datos son concluyentes respecto a que la brecha digital de género es mayor cuando se
consideran competencias informáticas, que implican un conocimiento a fondo del uso de ordenadores y particularmente software y programación, y menor en competencias de navegación en Internet. También se observan brechas de género en el uso que
hombres y mujeres hacen de Internet.
Según el dossier de indicadores del Índice de Desarrollo Digital de las Mujeres en España y Europa (ONTSI, 2019a), España se sitúa en una posición media alta (lo que se traduce en el puesto 12) en cuanto a porcentaje de graduados en
disciplinas STEM. Sin embargo, llaman la atención los 17 puntos porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres, siendo los hombres los que mayor grado de participación tienen entre los graduados de carreras STEM.
Todos los datos y consideraciones expresados sugieren la necesidad de tomar medidas urgentes. Estas medidas deben estar orientadas específicamente a apoyar a las mujeres en las distintas etapas y momentos críticos a lo largo de la vida para
motivarlas y hacer posible que sus elecciones de estudios y decisiones de carrera les permitan, si así lo desean, acceder, mantenerse y progresar en los ámbitos de los estudios, la investigación y los empleos TIC y STEM.
Así, la carencia de habilidades digitales en estos ámbitos perjudica su capacidad de entrada en el mercado de trabajo, y por supuesto su adaptación a los cambios asociados al teletrabajo, en especial en la situación derivada de la pandemia
del COVID-19 que se está evidenciado aún más. En suma, la brecha digital forma parte de una brecha de capacidades con sus consecuencias negativas, en especial en el ámbito laboral y en la presencia de las mujeres en las profesiones tecnológicas.
Además, la brecha digital de género se une a la brecha generacional y social, sobre la que se hace necesario actuar de forma conjunta para mejorar la inclusión social y las oportunidades de emprendimiento de las mujeres en mercado laboral.
Ante esta situación, tanto las Administraciones Públicas como las empresas y organizaciones privadas tienen un papel fundamental para fomentar las habilidades digitales en las mujeres y reducir la brecha digital de género.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar las acciones contempladas en el Plan Nacional de Competencias Digitales destinadas a reducir la brecha digital de género en materia de competencias digitales, priorizando cerrar la brecha en competencias digitales básicas.
2. Impulsar una mayor participación de las mujeres en estudios científicos y sociales (STEM), con la puesta en marcha de actuaciones para promover vocaciones científico-técnicas en el sistema educativo.
3. Poner en marcha un Programa de fomento de la capacitación digital de las mujeres y de su participación en itinerarios formativos tecnológicos, que priorice cerrar la brecha de género en capacitación digital en las mujeres especialistas
digitales y TIC.
4. Implementar las medidas necesarias para que exista una adecuada correspondencia entre el número de mujeres investigadoras y su reflejo en términos de empleo y liderazgo en ámbitos STEM y actividades tecnológicas, tanto en el sector
público como el privado.
5. Promover la colaboración con las administraciones, empresas y organizaciones del tercer sector orientadas a combatir la brecha digital de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2021.-María Ángeles Marra Domínguez y Laura Berja Vega, Diputadas.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don lñaki Ruiz de Pinedo, Diputado del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la gratuidad de las
pruebas COVID-19 necesarias para el uso del 'Certificado Digital Covid UE' para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
El pasado 20 de mayo, la UE, tras el acuerdo alcanzado entre los estados miembros, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo aprobaban el 'Certificado Digital COVID UE', un certificado de viaje que recogerá información sobre si su portador
ha recibido la vacuna, tiene una prueba negativa reciente
o anticuerpos de una infección por coronavirus que permitan, a partir del 1 de julio, su movilidad en la UE. En el Estado español, al participar en la prueba piloto, entrará en vigor el día 7 de junio.
Resulta previsible, como ya han afirmado varios Estados de la UE, que este certificado no solo regulará la libre movilidad, sino que su uso se extenderá también a algunos ámbitos de la vida social, en los que el uso del certificado sea
exigible para el acceso a ciertos eventos culturales o deportivos, así como a ciertos equipamientos unidos al turismo y al ocio.
Este pasaporte Covid para la movilidad ha suscitado numerosas dudas y debates, tanto entre las instituciones europeas como en la sociedad y numerosos organismos sociales y ONG. Las principales dudas se han centrado en la privacidad de los
datos y cómo se utilizarán los mismos, así como en cómo se evitará la discriminación que puede suponer para gran parte de la ciudadanía no vacunada.
En cuanto a la discriminación que supondría entre quienes ya han sido vacunados y no tienen que hacerse una PCR y quienes aún no han podido acceder a la inmunización y, por tanto, deben presentar un test negativo para viajar acarreando un
coste económico, y pese a que el Parlamento Europeo aprobó que las pruebas Covid necesarias para el uso del pasaporte fuesen gratuitas y sufragadas mediante fondos comunitarios, durante las negociaciones con el Consejo y la Comisión, la gratuidad no
fue finalmente aprobada.
La gratuidad se sustituyó por unos 100 millones de euros de ayudas comunitarias provenientes del Instrumento de apoyo de emergencia para rebajar el coste de las pruebas. Estos fondos resultan, a día de hoy, totalmente insuficientes tomando
en cuenta la evolución de la vacunación actual tanto a nivel Europeo como a nivel del Estado español, por las millones de personas que aún no han podido acceder a la vacunación, la cual aún sigue lejos del objetivo de alcanzar el 70 % de la
población inmunizada y que se alcanzará, en caso de mantenerse el ritmo fijado, a mediados del mes de agosto.
Por tanto, nos encontramos ante una situación que resulta claramente discriminatoria para todas las personas que no han podido acceder aún a la vacuna y que verán cómo para poder hacer uso del Certificado Digital deberán asumir cargas
económicas que no deberán asumir las personas vacunadas o con inmunidad natural.
Creemos urgente revertir esta discriminación y que, además de los fondos comunitarios para sufragar parte de los test necesarios para el uso del certificado, el Gobierno asigne fondos propios para asegurar la gratuidad de las pruebas a todas
las personas residentes en el Estado español que deseen hacer uso del Certificado Digital.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a asegurar la gratuidad de las pruebas COVID-19 exigidas en el 'Certificado Digital COVID UE' para todos los ciudadanos del Estado español no vacunados o que no cuenten con inmunidad
natural y deseen hacer uso del certificado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-lñaki Ruiz de Pinedo Undiano, Diputado.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
161/002780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del Diputado del PDeCAT, don Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Sanidad y
Consumo, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a incluir al personal de limpieza y de mantenimiento de centros sanitarios y sociosanitarios en la relación de colectivos que tienen reconocidos el contagio por COVID-19 como
enfermedad profesional, independientemente de su modalidad de contratación.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros del pasado 2 de febrero de 2021 aprobó el Real Decreto-Ley 3/2021, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la
Seguridad Social y económico, en el que, entre otras medidas, reconoce como enfermedad profesional la baja laboral del personal sanitario y sociosanitario contagiado por COVID-19 en el ejercicio de su profesión.
Así se precisa en el punto 1 del artículo 6 de dicho Real Decreto-ley; 'El personal que preste servicios en centros sanitarios y sociosanitarios inscritos en los registros correspondientes que, en el ejercicio de su profesión, durante la
prestación de servicios sanitarios o sociosanitarios, haya contraído el virus SARS-CoV-2, dentro del periodo comprendido desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud hasta el levantamiento por las
autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el mencionado virus SARS-CoV-2, tendrá las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que
se ven afectadas por una enfermedad profesional'.
El Real Decreto-ley 3/2021 se publicó después de que el pasado 22 de diciembre de 2020 la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobara por unanimidad una Proposición no de Ley (PNL) del PDeCAT requiriendo al Gobierno a
considerar enfermedad profesional, en vez de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, la baja laboral del personal que presta servicios en centros sanitarios y sociosanitarios, centros residenciales de gente mayor y centros de
personas discapacitadas, contagiado por COVID-19.
Sin embargo, dicho real decreto-ley excluyó incomprensiblemente al personal de limpieza y de mantenimiento cuya contratación se hace a través de contratas, pese a que trabajen en un centro sanitario o sociosanitario. Cabe destacar que esta
modalidad de contratación es la que llevan a cabo la mayoría de centros sanitarios o sociosanitarios, por lo que a día de hoy la gran mayoría de estos trabajadores no disfrutan de esta cobertura. Unos trabajadores que por otro lado desempeñan unas
tareas que son absolutamente fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de todos los espacios de cualquier centro sanitario y sociosanitario. A este colectivo la baja laboral por contagio de COVID-19 en el ejercicio de su
profesión se les considera accidente de trabajo, por lo que perciben una prestación solamente del 75 % de su base reguladora, mientras que los sanitarios perciben el 100 % de la nómina cuando causan baja laboral por contagio de COVID-19.
En el accidente laboral, los beneficios empiezan con la baja y se da por concluido el proceso con el alta. Dado que las infecciones por COVID-19 desconocemos a día de hoy si pueden ocasionar secuelas físicas o psicológicas o enfermedades
secundarias a largo plazo y, en su caso, su alcance, con la consideración de accidente de trabajo, en cuanto los profesionales reciben el alta quedan absolutamente desamparados.
Por el contrario, la enfermedad profesional proporciona cobertura durante toda la vida del trabajador y el proceso no termina con el alta, sino que se habilita un posterior seguimiento periódico del paciente, esto es, si mañana o dentro de
diez años un sanitario contrae una enfermedad derivada de este contagio que se produjo desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de
prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tendrá una cobertura para la Seguridad Social.
Como sociedad tenemos el deber moral de proteger y cuidar a limpiadoras y técnicos de hospital, en primera línea de exposición al virus desde el primer día, limpiando UCI, pasillos, almacenes e incluso en ocasiones brindando apoyo a
pacientes y familiares de víctimas del coronavirus, otorgándoles cualesquiera prestaciones sociales y sanitarias necesarias para garantizar su salud y bienestar, máxime si se exponen de forma abnegada al contagio al carecer de medios materiales y
medidas de protección adecuadas y suficientes. En demasiados hospitales, al principio de la pandemia, estos profesionales no disponían ni de las mínimas medidas de seguridad, como EPIS y mascarillas protectoras adecuadas.
Por todo ello, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las modificaciones normativas necesarias para que el contagio de COVID-19, en el ejercicio de sus funciones, del personal de limpieza y de mantenimiento de centros sanitarios y
sociosanitarios sea reconocido como enfermedad profesional, con todos los beneficios sociales que ello conlleva, independientemente de su modalidad de contratación, asemejando su situación, de forma retroactiva, a la de los demás profesionales
sociosanitarios según lo dispuesto en el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Ferran Bel i Accensi, Diputado.-Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la relajación del uso de mascarillas en exteriores para su
debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Hace unas semanas entraba en vigor la ley derivada del Real Decreto-ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, también llamada
'de nueva normalidad'. En ella se regulan medidas como el uso de las mascarillas o el intercambio de información de datos epidemiológicos para mejorar la comunicación de positivos y poder reforzar así la capacidad de control frente a la expansión
de la pandemia.
Sin embargo, muchas de las provisiones recogidas en la ley no se corresponden con la situación epidemiológica actual. La campaña de vacunación va avanzando de forma decidida, habiendo superado ya el número de 10 millones de personas con la
pauta vacunal completa en nuestro país, y con algunas Comunidades Autónomas abriendo ya la posibilidad de vacunación a los menores de 40 años. A medida que las personas de mayor riesgo, asociado en mayor medida a la edad y las comorbilidades
(asociadas también en gran parte a la edad), están vacunadas, las medidas más restrictivas pueden revisarse puesto que la tasa de incidencia acumulada ya no es el indicador más adecuado para hacer seguimiento de la pandemia. La tasa de
hospitalización y, en especial la de ocupación de camas UCI, así como la tasa diaria de fallecimientos son mucho mejor indicador de la gravedad de la situación en esta etapa de la emergencia sanitaria. Precisamente, ya hemos tenido algunas
Comunidades Autónomas que han reportado cero fallecimientos por COVID-19 en un día por primera vez desde hace meses.
Asimismo, el uso de mascarillas está especialmente recomendado para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas por aerosoles en lugares cerrados, con mala ventilación o donde no se puede mantener la distancia de seguridad recomendada
de 1,5 metros. Esto es especialmente relevante para los meses de invierno, en los que la vida social se hace mayoritariamente en interiores y las condiciones meteorológicas hacen más difícil asegurar una buena ventilación de estos interiores cuando
no se cuenta con sistemas de ventilación incorporados a la estructura del edificio o la estancia. Sin embargo, el avance en la campaña de vacunación coincide, además, con los meses de primavera y verano, en los que las condiciones climáticas de
España posibilitan que la vida social se realice de forma mayoritaria en exteriores, donde el riesgo de transmisión es prácticamente nulo cuando se respeta la distancia de seguridad.
Pese a ello, la ley de 'nueva normalidad' endureció las restricciones a la hora de utilizar mascarillas, pasando de la obligatoriedad de su uso en exteriores solo cuando no se pudiera garantizar la distancia de seguridad a la obligatoriedad
sin condiciones, siguiendo la estela de lo que habían dictaminado la mayoría de Comunidades Autónomas en una etapa anterior de la pandemia.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reformar la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, también llamada ''de nueva normalidad'', para eliminar la
obligatoriedad del uso de mascarillas en la vía pública y en espacios al aire libre siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros.
2. Revisar el resto de restricciones en vigor y establecer un calendario de relajación de las mismas de acuerdo al avance de la campaña de vacunación y de los indicadores de la pandemia, con el objetivo de eliminar definitivamente dichas
restricciones lo antes posible y sin comprometer la lucha contra la COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Lourdes Méndez Monasterio, doña Rocío de Meer Méndez y don Juan Luis Steegmann Olmedillas, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover el uso de las Instrucciones Previas en relación con la Eutanasia, para su discusión en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Primero. La esencia del acto médico como fundamento de la confianza médico-paciente.
El Código de Deontología médica ('CDM') 59, que recoge los deberes que obligan a todos los médicos en el ejercicio de su profesión (artículo 2.1), menciona en diversas ocasiones la mutua confianza como requisito indispensable de la relación
entre médico y paciente 60. Así, el artículo 8.2 CDM afirma que 'la asistencia médica exige una relación plena de entendimiento y confianza entre el médico y el paciente'; el artículo 27.1 abunda en la misma idea de una 'relación médico-paciente,
basada en la mutua confianza'; y el Preámbulo se refiere a una 'relación asistencial de confianza plena'.
El CDM deposita en el médico la tarea y responsabilidad de 'favorecer la plena confianza del paciente' (artículo 8.1), al tiempo que excepcionalmente le permite cesar en su obligación de asistencia sanitaria en el supuesto de que dicha
confianza no concurra (artículo 11).
La confianza que alberga cualquier paciente no recae -al menos, no principalmente- sobre la persona del médico en cuanto tal, sino en la propia esencia del acto médico, que se define en el artículo 7.1 CDM como 'toda actividad lícita,
desarrollada por un profesional médico (...) orientad(a) a la curación de una enfermedad, al alivio de un padecimiento o a la promoción integral de la salud'. Esta definición es una concreción -adaptada al lenguaje jurídico moderno- del juramento
hipocrático del s. IV a. C., que cada médico presta al inicio de su desempeño profesional:
'Me serviré, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar. Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré
un tal uso.'
La obligación de curar y de cuidar en que se traduce la profesión médica, y que constituye el fundamento de la confianza del paciente, ha sido recogida en el artículo 5.1 CDM:
'Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico.'
En suma, la confianza del paciente en que el médico velará por su cuidado es el basamento de una correcta relación mutua, entendida en el marco del CDM, sin la cual difícilmente podrá garantizarse el derecho a la protección de la salud del
paciente que protege el artículo 43 de la Constitución Española ('CE').
Segundo. La legalización de la eutanasia mina la confianza médico-paciente.
La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia ('LO 3/2021'), al margen de otras muchas consideraciones morales y jurídicas que pudieran formularse, ha socavado lo expuesto supra y, con ello, ha subvertido la razón de
ser de la medicina. La Ley Orgánica 3/2021 ha redefinido el acto médico para dar cabida en él a prácticas que no buscan 'respetar la vida' ni 'la salud del individuo', y que no se encaminan a la 'curación de una enfermedad, al alivio de un
padecimiento o a la promoción integral de la salud'.
Si, por lo tanto, el acto médico pierde su esencia, se pierde también la confianza de los pacientes en los médicos y, lato sensu, en el sistema sanitario en general. Como señala el profesor León Correa, 'La
59 https:/ / www.cgcom.es/ sites/ default/ files/ codigo deontologia medica.pdf
60 Los propios pacientes valoran, por encima de otros rasgos de su médico -como la empatía, o la paciencia- la confianza que este les transmite. Así consta en un estudio titulado 'La comunicación médico-paciente' realizado en mayo de 2014 a
iniciativa de la Organización Médica Colegial (http:/ /www.medicosypacientes.com/ sites/ default/ files/ ESTUDIO% 2000MUNICACION% 20ME DICO PACIENTE.pdf, ver específicamente la página 10).
eutanasia socaba la confianza que debe presidir la relación médico-paciente, de la cual forma una parte esencial el convencimiento de que el médico no abandonará nunca a su enfermo ni nunca le infligirá ningún daño deliberado. Poner en
manos del médico la decisión de decidir sobre la vida de ciertas personas, muchas de ellas indefensas, significa la quiebra de aquella confianza fundamental' 61. Dicho de otro modo, y en palabras del profesor Germán Zurriaraín, '¿qué lugar ocuparía
el diálogo y la confianza entre el médico y el paciente, si se supedita la opinión particular del médico y la lex artis de su profesión (ética médica) a los deseos del enfermo? (...) Se va al médico, con la convicción de que él nos va a curar y/o
aliviar. Pero en el caso de que se legalice la eutanasia, al médico se le otorgaría una nueva función social: la capacidad de disponer de nuestra vida. Esta nueva función destruiría la relación de médico y paciente basada en la confianza' 62.
En la misma línea se ha pronunciado con rotundidad el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid ('ICOM') y catedrático de Medicina, Dr. Manuel Martínez-Sellés, señalando lo siguiente:
'se quiebra la relación de confianza que existe no solamente con el médico, sino con todo el sistema sanitario e incluso con la familia.'
El Comité de Bioética de España, por su parte, ha afirmado en su 'Informe sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia' 63:
'No admitir la asistencia al suicidio permite a los médicos preservar el significado ético deontológico de su profesión y les permite a los pacientes mantener una confianza más sólida en sus médicos.
La regulación de la eutanasia y/o auxilio al suicidio acabaría por generar desconfianza hacia los profesionales de la Medicina y, en general, de la salud al entenderse que su aplicación no sería indiferente para la economía de una
institución sanitaria.'
El fenómeno expuesto no es una mera disquisición teórica. Al contrario, desgraciadamente se conocen ya ejemplos (en países donde la eutanasia se ha legalizado con anterioridad a España) de la pérdida de la confianza de los pacientes en el
sistema sanitario, y de las graves consecuencias que ello acarrea 64.
Tercero. Propuesta del Grupo Parlamentario VOX.
La Ley Orgánica 3/2021 regula la posibilidad de la objeción de conciencia de los sanitarios en materia de eutanasia. No podía ser de otra manera, dado que la objeción de conciencia es considerada por la mayor parte de la doctrina y la
jurisprudencia como una de las dimensiones de la libertad de pensamiento 65, protegida por el artículo 16 de la Constitución Española ('CE'):
i. En el artículo 16.1 de la Ley Orgánica 3/2021 se establece que 'los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia'.
ii. El artículo 16.2 de la Ley Orgánica 3/2021 dispone que 'las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones
de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una
61 LEÓN CORREA, F. J., 'El debate sobre la eutanasia y la medicina actual', en VV.AA., Lecciones de Derecho Sanitario, Servicio de Publicaciones de la Universidad de la Coruña, 1999, p. 600.
62 GERMÁN ZURRIARAÍN, R., 'Aspectos sociales de la eutanasia', Cuadernos de Bioética, Vol. XXX, núm. 98, 2019.
63 http:/ /assets.comitedebioetica.es/ files/ documentacion/ Informe% 20CBE % 20final% 20vida% 20y% 201 a% 20atencion% 20en% 20e1% 20proceso % 20de% 20morir.pdf
64 https: / / www.abc.es/ sociedad/ abci-medicos-advierten-riesgo-despenalizar-eutanasia-espana-201906182223 noticia.html https: / / www.dw.com/es/ huyendo-de-la-muerte/ a-1043887 https:/ / www.elmundo.es/ sociedad/ 2017/01/ 26/
588a1aad468aebc05d8b46ab.html
65 RUIZ MIGUEL, A., 'Artículo 16.1 y 16.2. La libertad de pensamiento', en VV.AA., Comentarios a la Constitución Española, Boletín Oficial del Estado, Ministerio de Justicia y Wolters Kluwer, Madrid, 2018, p. 428, afirma:'La interpretación
más extensiva sostiene que la objeción de conciencia es un derecho constitucional y finidamental directamente anclado en la libertad ideológica y religiosa del artículo 16.1 y que, aun teniendo límites en el orden público y en otros derechos y
bienes constitucionales, puede ser ejercido sin necesidad de específica interpositio legislatoris mediante el reconocimiento por los tribunales.'En el mismo sentido, en el F. J. 14 de la STC 53/1985 se recoge lo siguiente:'La objeción de conciencia
forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución.'
adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal'.
iii. En la disposición adicional séptima de la misma ley orgánica se afirma que se debe 'facilitar en su caso el ejercicio por los profesionales del derecho a la objeción de conciencia'.
Si bien es cierto que este Grupo Parlamentario encuentra serios indicios de inconstitucionalidad 66 en la Ley Orgánica 3/2021 en general y -por cuanto se refiere al objeto de esta iniciativa- en el registro de objetores en particular, lo
cierto es que, en tanto que no se derogue la ley, han de garantizarse lo máximo posible 67 -en el estrecho marco que esta permita- los derechos y bienes jurídicos que se hallan en juego: el derecho a la vida y a la salud de los pacientes (artículos
15 y 43.1 CE), la libertad de conciencia de los médicos (artículo 16 CE), y la confianza, que es el fundamento de la relación médico-paciente.
A tal fin, entendemos que una solución acertada consiste en establecer una conexión entre el registro de profesionales sanitarios objetores en materia de eutanasia y los documentos de instrucciones previas, en los términos que a continuación
se expondrán:
i. Todos los pacientes tienen derecho, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica ('Ley 41/2002'), a manifestar anticipadamente su voluntad acerca de sus cuidados y el tratamiento de su salud. Dicha voluntad, que ha de constar siempre por escrito, se plasma en un documento que recibe el nombre de 'instrucciones previas'
68.
ii. En desarrollo de ese derecho, y habida cuenta de que la legislación en la materia se encuentra transferida a las comunidades autónomas, se han creado:
a) un Registro nacional de instrucciones previas -en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.5 Ley 41/2002-, adscrito al Ministerio de Sanidad, en el que 'se recogerán las inscripciones practicadas en los registros autonómicos', con el fin
de 'asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas comunidades autónomas'. Se rige por el Real Decreto
124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal ('RD 124/2007').
b) Diecisiete registros autonómicos, que se regulan por sus respectivas normativas 69.
iii. El Estado facilitará modelos de documento de instrucciones previas (y promoverá que las comunidades autónomas lo hagan también) que contengan la opción (visible, v. gr., con una casilla que se pueda marcar) de que el paciente sea
tratado, en caso de ingresar en un centro sanitario estando
66 El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado reiteradamente que no existe un derecho fundamental a la propia muerte: 'Tiene, por consiguiente, el derecho a la vida un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un
derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. Ello no impide, sin embargo, reconocer que, siendo la vida un bien de la persona que se integra en el círculo de su libertad, pueda aquella fácticamente disponer sobre su propia muerte,
pero esa disposición constituye una manifestación del agere licere, en cuanto que la privación de la vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe y no, en ningún modo, un derecho subjetivo que implique la
posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni, mucho menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental en el que esa posibilidad se extienda incluso frente a la resistencia
del legislador, que no puede reducir el contenido esencial del derecho. En virtud de ello, no es posible admitir que la Constitución garantice en su artículo 15 el derecho a la propia muerte y, por consiguiente, carece de apoyo constitucional la
pretensión de que la asistencia médica coactiva es contraria a ese derecho constitucionalmente inexistente' (FJ 7 de la STC 53/1985).
67 Asimismo, el TC ha señalado que el Estado debe ser proactivo en la tutela de la vida, incluso contra la voluntad de quien aparece como su titular: 'El derecho fundamental a la vida, en cuanto derecho subjetivo, da a sus titulares la
posibilidad de recabar el amparo judicial y, en último término, el de este Tribunal frente a toda actuación de los poderes públicos que amenace su vida o su integridad. De otra parte y como fundamento objetivo del ordenamiento impone a esos mismos
poderes públicos y en especial al legislador, el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes, vida e integridad física, frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de sus titulares e incluso cuando ni
siquiera quepa hablar, en rigor, de titulares de ese derecho' (FJ 7. STC 53/1985).
68 Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que esta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz
de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para
que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas' (artículo 11.1 de la Ley 41/2002).
69 https: / / www.mscbs.gob.es/ ciudadanos/rnip/ doc/ Documentos-2019/ Marzo-2019/ Registros Autonómicos de Instrucciones Previas.pdf
gravemente mermadas sus facultades intelectivas y/o volitivas, por un médico que conste inscrito en el registro de profesionales sanitarios objetores.
iv. La voluntad de los pacientes en este sentido, con independencia del registro autonómico en que se haya depositado, será accesible, en los términos señalados por el Real Decreto 124/2007 y en todo el territorio nacional, por los
profesionales médicos que deban atender a las personas que accedan a los centros sanitarios en las condiciones antedichas.
Este Grupo Parlamentario defiende el derecho a la vida sin excepciones, desde la concepción hasta la muerte natural y, por consiguiente, no quiere dejar por concluido este debate en la sede de la soberanía nacional, a cuyo efecto viene
desgranando -y seguirá haciéndolo- distintas iniciativas que pretenden recuperar el respeto a este derecho en nuestra legislación. Al no existir, actualmente, un instrumento de identificación que permita a los pacientes visualizar, sin género de
dudas, qué médicos son favorables a la aplicación de la eutanasia y cuáles no, el mecanismo de las Instrucciones previas, que pretendemos fomentar a través de la presente iniciativa, permitirán no solo al paciente influir en las futuras decisiones
asistenciales, sino que facilitarán igualmente a los profesionales de la salud la toma de decisiones respetuosas con la voluntad del enfermo cuando carezca de capacidad para decidir por sí mismo 70.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las acciones que sean necesarias para proteger y garantizar una relación plena de entendimiento y confianza entre el médico y el paciente en nuestro sistema sanitario, de conformidad
con el Código deontológico médico. A tal fin, deberá promoverse la adopción de las siguientes medidas:
1. Promover, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el desarrollo de un modelo de instrucciones previas aplicable a los distintos servicios de salud, en el que se recoja la opción (visibilizada con una
casilla o de algún otro modo fácilmente reconocible) de que el paciente, en caso de encontrarse imposibilitado para expresar su decisión de forma personal sobre su atención médica, declara su voluntad de ser tratado por un médico que esté inscrito
en el registro de profesionales sanitarios objetores a que hace referencia el artículo 16.2 de la Ley Orgánica, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
2. Promover y garantizar una interoperabilidad plena, inmediata y eficaz entre los diferentes servicios de salud en lo relacionado con el Registro Nacional de Instrucciones Previas, con el fin de asegurar el conocimiento en todo el
territorio nacional de las instrucciones previas otorgadas por los ciudadanos que hayan sido formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las comunidades autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2021.-Lourdes Méndez Monasterio, Rocío de Meer Méndez y Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades, relativa a la brecha de género en la actividad investigadora.
Exposición de motivos
La desigualdad de género se halla presente en todos los ámbitos de la sociedad, también en el campo de la investigación científica y técnica. Con carácter general, diversas iniciativas normativas tratan de garantizar los derechos derivados
del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
70 Párrafo II de la exposición de motivos de la Ley 41/2002.
En el caso de la Unión Europea, cabe citar la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres
en asuntos de empleo y ocupación. A nivel interno, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, entre otros avances, contempla la transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
En la actividad científica, a pesar de algunos avances producidos en los últimos lustros, persiste una brecha de género multidimensional. Según el Informe CERU de Igualdad de Género en Investigación, realizado por la Sociedad de Científicos
Españoles en el Reino Unido (2019), el 46 % de las investigadoras que trabajan en España considera que ser mujer dificulta su carrera, mientras que solo el 10 % de los investigadores percibe que ser mujer implica una desventaja. Esta encuesta
proporciona 'evidencia significativa de que hombres y mujeres tienen una comprensión diferente de la brecha de género en el ambiente académico'.
El Informe Mujeres Investigadoras 2019, elaborado por la Comisión Asesora de Presidencia 'Mujeres y Ciencia' del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), constituye un valioso estudio del caso, ya que analiza la situación de
las mujeres científicas en el seno del principal organismo de investigación en España. Este informe constata que no se alcanza el equilibro de género en numerosas cuestiones relacionadas con la actividad científica y, en concreto, que 'la conocida
gráfica de ''tijera'' de la evolución de la carrera científica de mujeres y hombres en el CSIC se ha modificado de modo preocupante'.
La brecha de género en la actividad investigadora se constata, con carácter general, en el informe Científicas en Cifras 2017, elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Este informe revela la existencia de segregación vertical de
género (techo de cristal) en la carrera investigadora, así como el mantenimiento de la segregación horizontal de género en relación con las áreas científico-tecnológicas.
Más recientemente, el Estudio sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España, también elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marco del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación y en colaboración con la Unidad
de Mujeres y Ciencia, contiene un riguroso diagnóstico y propuestas concretas para revertir las desigualdades de género en el personal de investigación joven. Este informe concluye, entre otras cuestiones, que los estereotipos en ciencia inciden en
la elección de carrera de niñas y jóvenes, que las mujeres abandonan la carrera científica en proporciones mayores que los varones, que los roles establecidos en los equipos de trabajo inciden en la percepción de las investigadoras sobre su
pertenencia a los mismos o cómo los sesgos de género operan en la valoración, la financiación y la contratación.
La situación de las mujeres también es discriminatoria en el ámbito de la innovación y el emprendimiento. En este sentido, el informe Mujeres e Innovación 2020, del Ministerio de Ciencia e Innovación, concluye la existencia de 'brechas de
género en la asignación de recursos públicos destinados a apoyar la innovación'.
En el ámbito universitario, donde se desarrolla buena parte de la investigación en nuestro país, la desigualdad de género también es un problema estructural. De acuerdo con el informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español
(Publicación 2019-2020), la brecha de género todavía se encuentra presente en los estudios universitarios: 'La distribución por sexo en las distintas ramas de enseñanza sigue siendo poco homogénea. Las mayores diferencias, tanto en los
matriculados del curso 2018-2019 como en los egresados del curso 2017-2018 en estudios de Grado, se dieron, por un lado, en la rama de Ingeniería y Arquitectura, donde un 75,2 % de los matriculados y un 71,5 % de los egresados fueron hombres, y, por
otro, en la rama de Ciencias de la Salud, donde había únicamente un 29,7 % de hombres matriculados y un 29,2 % entre los egresados'. Unas cifras que se reproducen en los estudios de posgrado.
Según este mismo informe, también se aprecia una brecha de género en la configuración del profesorado: 'En centros propios de universidades públicas se alcanzaron los 98.173 profesores, con un 41 % de mujeres. En cuanto al cuerpo de
funcionarios la cifra de profesorado se situó en 42.819, siendo el 35,9 % mujeres'. Asimismo, tal y como refleja el informe, la Universidad Española en Cifras 2018-2019, elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE), la mujer está infrarrepresentada en la categoría de catedrática de universidad, con un 22,5 % del total. De manera similar, es conocida la segregación en el ámbito de los órganos unipersonal es de gobierno de las universidades.
La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, incorpora la perspectiva de género como una categoría transversal en la investigación científica, si bien resulta necesaria la adopción
de medidas específicas que hagan frente a los riesgos de retroceso y aceleren los avances para alcanzar la igualdad de las mujeres en la actividad científica e investigadora.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a intensificar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las acciones preventivas y correctivas necesarias para eliminar las brechas de género en la actividad científica e investigadora,
desarrollando, entre otras, las siguientes actuaciones:
1. Reforzar y coordinar las actividades educativas para fomentar las vocaciones científicas entre las niñas, así como incorporar la perspectiva de género en los servicios de orientación educativa y profesional.
2. Promover la inclusión de las contribuciones de mujeres referentes en ciencia y humanidades en los currículos escolares.
3. Implementar servicios de apoyo y mentorazgo con perspectiva de género en las universidades y en los Organismos Públicos de Investigación al objeto de corregir los problemas de acceso a la información que dificultan el desarrollo de la
carrera investigadora de las mujeres.
4. Ampliar los datos e indicadores disponibles para conocer el papel de las mujeres en los procesos de emprendimiento e innovación.
5. Implementar la perspectiva de género en la configuración de los criterios de evaluación de convocatorias y plazas, el sexenio de transferencia del conocimiento y los procesos de acreditación del personal docente e investigador.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-María Márquez Guerrero y Javier Sánchez Serna, Diputados.-Sofía Fernández Castañón y Txema Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia.en Común.
161/002790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la Investigación, Innovación y Desarrollo de Soluciones para Afrontar el Envejecimiento y la Dependencia, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
En el mundo actual, la verdadera palanca de desarrollo está en el conocimiento; se necesita la ciencia para aumentar la capacidad para resolver los problemas y mejorar la calidad de vida. Esto solo puede lograrse en un país que disponga de
recursos humanos altamente adiestrados, formados en centros capaces de crear conocimientos y de formar profesionales imaginativos que puedan innovar y crear.
Una de las funciones fundamentales de la Universidad es propiciar la generación de nuevos conocimientos mediante la investigación científica, tecnológica, humanística y social.
Sin embargo, una de las principales carencias que tiene nuestro sistema de servicios sociales tiene que ver con la falta de herramientas de gestión del conocimiento y de l+D+i específicamente orientados al ámbito de los Servicios Sociales.
En el ámbito específico del envejecimiento y la dependencia, los países de nuestro entorno han desarrollado una serie de estructuras o centros tractores que permiten no solo generar conocimiento en el ámbito de la atención a la dependencia,
sino llevar a la práctica modelos de evaluación ex post de los servicios que se prestan.
El Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia contempla entre sus objetivos la posibilidad de crear proyectos piloto de innovación en servicios sociales. Es preciso desarrollar el cuarto pilar del estado de bienestar: el de la
economía de los cuidados. Para ello es necesario fortalecer la infraestructura del sistema de dependencia, los cuidados de larga duración, así como la atención domiciliaria. Estas
actuaciones, que sean necesarias en una sociedad cada vez más longeva, contribuirán a facilitar la autonomía funcional de las personas mayores y dependientes, impulsarán la conciliación de la vida laboral y personal de las familias,
dinamizando el mercado de trabajo entre aquellas con dependientes, y alargando de manera voluntaria la edad de jubilación, contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Asimismo, la pandemia ha puesto de manifiesto también la necesidad de reforzar y modernizar los servicios sociales, promoviendo la innovación y el uso de nuevas tecnologías. Esta realidad está vinculada a una estrategia global que pretende
la mejora del funcionamiento de todos los actores. La mejora debe ir acompañada de la investigación, un área que no ha sido explorada en las políticas sociales, en el cuidado de las personas y la atención a la dependencia. Sin embargo, es
absolutamente necesario desarrollar líneas de investigación relacionadas con este sector, con el objetivo de mejorar y transferir el conocimiento para optimizar el cuidado a nuestras personas mayores, de manera que la investigación y la innovación
repercutan en una mejora de su atención, una atención que debe ser sinónimo de calidad.
Por tanto, se trata de cumplir con el objetivo de mejorar la atención a la población envejecida y la población dependiente, creando conocimiento y aportando nuevas soluciones en las materias de envejecimiento y dependencia que los Servicios
Sociales se deben encargar de poner en marcha.
Para cumplir con este objetivo se requiere la colaboración y acuerdo con otras administraciones, así como con entidades públicas, privadas y sin ánimo de lucro, y con agentes sociales y económicos.
El sector de los servicios de atención a los cuidados ha constituido además un ámbito de creación de empleo que alcanza ya a un 8 % de la fuerza laboral. Este empleo de servicios a las personas se caracteriza por ser un empleo verde, no
deslocalizable y con un fuerte peso de empleo femenino.
En definitiva, es necesario impulsar avances significativos en la aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de la intervención social y sanitaria y en última instancia de la calidad de vida de las personas. La innovación e
investigación vinculada al sector de servicios sociales pretenden incorporar la transformación digital del sector, agilizando los procesos de gestión de acceso a recursos y prestaciones y liberando tiempo profesional para la intervención.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar una línea de investigación financiada a través del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia para generar un marco adecuado para la gestión del conocimiento en el ámbito
del envejecimiento, la dependencia y los servicios sociales, mediante la elaboración de investigaciones monográficas, análisis de tendencias, elaboración de estadísticas, etc. Dicho marco deberá:
1. Facilitar la coordinación, la cooperación técnica, el trabajo conjunto y el aprendizaje mutuo entre las diferentes CC. AA., con sus respectivas Universidades, con la FEMP, asociaciones del tercer sector y empresariales, de cara a
establecer un marco de desarrollo de la economía de los cuidados.
2. Impulsar la evaluación, la experimentación y la innovación en materia de envejecimiento en todas las políticas públicas que tienen repercusión en el mismo, como son los servicios sociales o el ámbito sanitario.
3. Detectar y difundir la evidencia disponible sobre las intervenciones en materia de envejecimiento y servicios sociales, desde el enfoque de la práctica basada en la evidencia.
4. Generar guías, estándares y recomendaciones de buenas prácticas que puedan contribuir a mejorar la calidad de la atención en los centros y servicios para personas mayores o desarrollar indicadores de calidad para la evaluación, la mejora
continua y el análisis comparado de los centros y servicios del SAAD, de acuerdo a lo que establece la Ley de Dependencia.
5. Establecer redes de colaboración con otros centros de estudio sobre envejecimiento para plantear medidas de avance a nivel estatal.
6. Situar las necesidades sociales de la población dependiente como objeto de estudio prioritario para diversas disciplinas en las Universidades y centros de investigación públicos.
7. Favorecer proyectos de investigación multidisciplinar orientados al diseño y evaluación de procesos de integración de servicios sanitarios y sociales en el territorio, capaces de hacer frente a las nuevas situaciones que requieren
cuidados de larga duración, que tengan en cuenta la perspectiva de género.
8. Favorecer proyectos de investigación orientados a la discapacidad y a situaciones previas a la misma, para limitar y/o retrasar la aparición de dependencia, con el objetivo de alcanzar un envejecimiento activo y saludable, orientado a
fomentar y mantener la capacidad funcional, la prevención de la fragilidad, la dependencia y la soledad no deseada, con perspectiva de curso de vida y de equidad.
9. Favorecer proyectos de investigación, que estén orientados a la inclusión y participación de las personas mayores en los propios estudios de su salud y en el desarrollo de indicadores, como parte activa de la sociedad.
10. Favorecer proyectos de investigación que posibiliten conocimiento en relación al edadismo o discriminación por razones de edad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2021.-María Luz Martínez Seijo y Javier Alfonso Cendón, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el adecuado reconocimiento de los investigadores del Sistema
de Ciencia, Tecnología e Innovación para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha demostrado el papel fundamental que juegan la ciencia y la innovación a la hora de preparar nuestras economías y sociedades para resistir shocks externos, especialmente aquellos que son imprevisibles o, como suelen
denominarse, cisnes negros. No en vano, los Estados que cuentan con sistemas más robustos para fomentar el avance científico y la innovación empresarial han sido o bien los países que mejor han contenido el avance de la pandemia, como es el caso de
Corea del Sur; o bien han conseguido desarrollar y comercializar vacunas contra el COVID-19 en tiempo récord, como Estados Unidos o Alemania; o bien han puesto en marcha una campaña de vacunación efectiva de forma ágil, como es el caso de Israel.
En España, sin embargo, no contamos con un sistema de ciencia, tecnología e innovación lo suficientemente robusto, lo que perjudica nuestra capacidad de adaptación a esas emergencias y crisis globales y deja a nuestras empresas en una
situación de desventaja comparativa con nuestros competidores directos. Desde el GP Ciudadanos llevamos años proponiendo que se llegue a un Pacto de Estado por la Ciencia y la Innovación que permita sentar las bases para los próximos 30 años en lo
relativo a fomentar y retener el talento investigador, a favorecer las inversiones en actividad innovadora por parte de las empresas, y a reducir la brecha entre el laboratorio y el mercado. Sin embargo, ese pacto no se ha alcanzado y el Gobierno
de España ha propuesto su propia iniciativa para un pacto sin contar con la oposición ni con la pluralidad de voces que componen el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El primero de los asuntos a abordar en nuestro país es, precisamente, la situación que viven los investigadores, científicos, tecnólogos y el resto de profesionales que diseñan e implementan la ciencia y la innovación en España. Bien
conocido es el caso de los jóvenes investigadores que se ven obligados a marcharse al extranjero porque nuestro sistema no está preparado para absorber ese talento científico, ofreciendo retribuciones muy pobres y condiciones laborales precarias que
impiden que los investigadores puedan dedicarse precisamente a su labor. No ayudan tampoco, por ejemplo, los problemas burocráticos generados por el diseño y plazos de las convocatorias de ayudas económicas para proyectos, que dificultan el acceso
a financiación por parte de grupos de investigación y que obligan a los investigadores a llevar a cabo tareas administrativas que consumen una gran cantidad de su tiempo y para las que no están necesariamente preparados.
Otro de los aspectos que afecta al desprestigio de la labor investigadora es la falta de reconocimiento adecuado de los profesionales científicos que sí desarrollan su trabajo en España, incluso aquellos que lo
hacen en organismos públicos de investigación (OPI). En esta situación se encuentran, por ejemplo, algunos cuerpos de la Administración General del Estado que están sujetos a determinados plazos y procedimientos de evaluación de la
actividad investigadora, que tiene como objetivo determinar la calidad de esa actividad y proceder a su correcto reconocimiento. Sin embargo, el redactado de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, no permite
ese correcto reconocimiento para los funcionarios de carrera que no pertenecen a cuerpos docentes universitarios o a los OPI, sino que ejercen funciones equivalentes en los llamados agentes de ejecución de ciencia. Pese a que algunos preceptos del
texto legislativo permitirían la evaluación de esta actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y su posterior reconocimiento, los artículos que detallan los cuerpos funcionariales susceptibles de
dicha evaluación no incluyen a este personal y, por tanto, tampoco ven reconocida de forma adecuada su labor investigadora.
La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 sí incluye una referencia expresa, aludiendo a que una de las bases sobre las que se asienta el documento es, precisamente, 'servir de guía a los agentes ejecutores
públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para que, en el marco de sus competencias, puedan elaborar sus propias estrategias institucionales que ayuden a acrecentar su competitividad en un contexto globalizado. Las
estrategias institucionales servirán para establecer sinergias entre diversos actores (p. ej., públicos y privados, nacionales, autonómicos e internacionales) sobre los que la Administración General del Estado y, en su caso, las Comunidades
Autónomas, no pueden ejercer el mismo tipo de influencia'. Pese a ello, en el anteproyecto de reforma de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, no se incluye ninguna corrección que pueda evitar esta ambigüedad
que, actualmente, mantiene al personal funcionario de carrera de los agentes de ejecución públicos fuera de las evaluaciones y reconocimiento de la actividad investigadora que realiza la ANECA.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar, en el seno de la reforma de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la necesaria inclusión del personal de los agentes de ejecución públicos del
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en los supuestos para permitir la evaluación y reconocimiento de su actividad investigadora en condiciones de igualdad a las del personal de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) y
equiparar en lo posible las respectivas carreras profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2021.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de personalidades españolas en los
nombres de los Premios Nacionales de Investigación para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Los Premios Nacionales de Investigación son los principales galardones que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación a los científicos más prometedores de nuestro país. Por ello, precisamente, estos diferentes premios -en sus diversas
disciplinas- llevan los nombres de figuras relevantes de la ciencia y la tecnología españolas. Por ejemplo, el Premio Nacional de Biología llevaba el nombre de Santiago Ramón y Cajal, el de Humanidades se denominaba en honor a Ramón Menéndez Pidal,
el de Medicina llevaba el nombre del doctor Gregorio Marañón y el de Transferencia de Tecnología se denominaba en honor al ingeniero e inventor Juan de la Cierva.
Esta decisión se toma, según el Ministerio de Ciencia e Innovación, por considerar que los nombres otorgados no representan de forma adecuada la contribución del talento español en ciencia y tecnología, ya que solo hay nombres masculinos.
Desde el GP Ciudadanos hemos llevado a cabo varias iniciativas para mejorar la visibilidad de las mujeres científicas españolas, y nuestro compromiso con asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a la hora de acceder a la ciencia
y la tecnología es claro. Por ello, consideramos que si esa fuera la razón principal para este cambio, mejor sería diversificar los nombres de los Premios para reconocer mejor la labor de españolas como Margarita Salas, Jimena Fernández de la Vega,
Ángeles Alvariño o Pilar Careaga.
Lo cierto es que la decisión se toma justo después de la polémica por los informes emitidos por la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática sobre otorgar el nombre Juan de la Cierva al aeropuerto de Murcia. En estos informes, el
Gobierno afirma que este inventor tuvo unos lazos estrechos con el franquismo, algo de dudosa rigurosidad histórica, y por tanto recomendaba al Ministerio de Fomento que no se le diera tal nombre. Por ello, según el Ministerio de Ciencia e
Innovación, esta decisión impulsaba también la retirada de los nombres de los diferentes Premios Nacionales de Investigación.
Sin embargo, y más allá de las inexactitudes históricas sobre la figura de Juan de la Cierva y su contribución al avance científico en España y en el resto del mundo, eliminar los nombres de los Premios Nacionales de Investigación supone un
duro golpe a la memoria de los científicos e investigadores españoles. No tiene sentido que los premios más importantes que se otorgan a los científicos e investigadores de hoy no honren la memoria de aquellos que consiguieron importantes avances y
logros en sus respectivos campos, suponiendo además una de las mejores y más valiosas imágenes de lo que España representa. Santiago Ramón y Cajal, de hecho, fue galardonado con el Premio Nobel en 1906 como reconocimiento precisamente a esa
contribución tan valiosa para el conocimiento de la estructura del sistema nervioso. Las contribuciones de estas personalidades no deben ser escondidas, sino reivindicadas, dándoles la mayor visibilidad posible tanto a nivel nacional como a nivel
internacional.
Además, desde el GP Ciudadanos teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener los nombres de científicos e inventores españoles en los Premios Nacionales de Investigación que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación, velando así por honrar y dar visibilidad a la contribución de estas personalidades a
la ciencia y la tecnología en nuestro país y en todo el mundo.
2. Asegurar una mejor representación de la aportación científica que han realizado las mujeres españolas a la ciencia y la innovación mediante el nombramiento de más Premios Nacionales de Investigación en honor a mujeres científicas e
investigadoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2021.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección internacional de migrantes y desplazados por
el efecto del cambio climático para su debate en la Comisión de Cooperación para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La migración o el desplazamiento forzoso de personas por motivos climáticos se da cuando el deterioro causado por el cambio climático en los hábitats es tan irreversible que se convierte en un elemento central de la motivación para migrar,
aunque no sea esta la única causa. Lejos de tratarse de un asunto del futuro próximo, ya se están dando casos de migración por motivos climáticos en algunas islas del Pacífico, que han visto cómo la subida del nivel del mar hacía imposible mantener
algunos asentamientos. En algunas zonas de los trópicos, ya hay áreas en las que los cultivos agrícolas y los pastos están perdiendo productividad debido al aumento de las temperaturas y, en otros casos, a la escasez de agua. Otros hábitats se
deterioran por el aumento de la frecuencia y la gravedad de fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático.
Gran parte de los desplazamientos provocados por estos impactos se producen dentro del propio país, convertidas así en personas desplazadas internamente, aunque una minoría decide migrar a otros Estados. La principal diferencia con otros
tipos de migración es que se produce de forma forzosa, y no por motivaciones económicas. En este sentido, se asemeja más a la situación de las personas que buscan asilo, por verse obligadas contra su voluntad a emigrar del Estado en el que tienen
su residencia. Sin embargo, el derecho internacional no reconoce esta situación, puesto que la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951 no incluye la causa climática como motivación para la concesión del estatus de refugiado. No existe
ningún otro tratado internacional que obligue a dar entrada y acogida a estas personas más allá de posibles acuerdos bilaterales entre Estados.
La Iniciativa Nansen, por ejemplo, aspira a emitir recomendaciones para los diferentes Estados a la hora de dar respuesta a este fenómeno de forma adecuada e inclusiva. En la dirección de esta iniciativa se encuentran Suiza y Noruega como
copresidentes, y Australia, Bangladesh, Costa Rica, Alemania, Kenia, México y Filipinas como miembros. Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) forman
parte de la dirección como miembros invitados. La dirección tiene a su disposición un comité consultivo en el que tienen representación miembros de organizaciones internacionales relacionadas con las migraciones, el cambio climático y el
desarrollo, con expertos, académicos, y con organizaciones no gubernamentales que proporcionan información y experiencia a los trabajos de la Iniciativa.
El objetivo es alcanzar un consenso entre Estados sobre los principios y elementos básicos para proteger a las personas migrantes en el contexto de desastres naturales causados por motivos climáticos, con actuaciones en tres áreas
principales: (1) cooperación internacional; (2) estándares y estatus para la admisión y permanencia de estas personas; y (3) mecanismos de financiación y respuesta de la comunidad internacional. A su vez, estas áreas principales deberán cubrir
todas las fases del proceso migratorio, desde la preparación antes de que ocurra el desplazamiento a las soluciones de inclusión, pasando por la protección y asistencia durante el proceso de desplazamiento por motivos climáticos.
Pese a ello, este tipo de recomendaciones no son vinculantes legalmente, y en ningún caso suponen un tratamiento similar de los migrantes por motivos climáticos al de los refugiados, pese a que estas personas se ven igualmente obligadas a
abandonar su país forzosamente. Por este motivo, es necesario desarrollar un marco normativo para reconocer este tipo de situaciones, más si cabe cuando de acuerdo a las proyecciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en 2050
habría un estimado de 200 millones de personas desplazadas por estas razones.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el seno de las Naciones Unidas, la necesidad de reformar el marco normativo internacional de protección de refugiados para recoger los desplazamientos forzados por el impacto del cambio climático como causa para conceder
protección internacional.
2. Solicitar el ingreso de España en la Iniciativa Nansen, para jugar un papel activo en la definición de medidas a aplicar para prevenir la migración forzosa por razones derivadas del cambio climático y para dar la asistencia adecuada a
las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia por este motivo.
3. Actualizar la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria para recoger la migración forzosa por causas relacionadas con el cambio climático como condición habilitante para el
reconocimiento de la condición de refugiado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Víctor Manuel Sánchez del Real, doña María de los Reyes Romero Vilches, don Alberto Asarta Cuevas y doña Cristina Esteban Calonje, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la suspensión de la Cooperación al Desarrollo con el
Reino de Marruecos, para su discusión en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Primero. Durante los días 17 y 18 de mayo de 2021, la Ciudad Autónoma de Ceuta se encontró viviendo una situación insostenible de invasión migratoria proveniente del Reino de Marruecos. Se calcula que desde el lunes 17 de mayo pudieron
entrar en la ciudad española en África hasta 10.000 inmigrantes ilegales, los cuales atravesaron la valla fronteriza principalmente por los puntos en que esta colinda con el mar. De hecho, muchos de estos inmigrantes ilegales son presuntamente
menores y no han podido ser devueltos a Marruecos de forma inmediata.
Por su parte, esta entrada masiva de inmigración ilegal sin precedentes se produjo ante la impasividad total de las autoridades policiales marroquíes, que hasta un par de días después no realizaron ningún tipo de actuación para frenar la
avalancha humana que se cernió sobre la ciudad. La gestión de esta crisis necesitó de la intervención de las Fuerzas Armadas para retomar el control y garantizar la seguridad de los ciudadanos españoles en Ceuta.
La gravedad de este suceso es aún mayor cuando conocimos que el asalto masivo estuvo alentado y organizado por el propio Reino de Marruecos, cuyas autoridades engañaron y animaron a sus ciudadanos para lanzarse sobre la ciudad. Más grave
aún, se ha conocido que la mayor parte de menores que entraron en Ceuta fueron sacados de sus colegios sin autorización de sus padres y movilizados hacía la frontera en autobuses 71. Sin embargo, mientras la acción hostil marroquí se hacía cada vez
más evidente, el Gobierno de España anunció el pago de 30 millones de euros al Reino de Marruecos a cambio de contener la invasión migratoria 72.
Si bien es cierto que la situación no tenía precedentes en su gravedad, no podemos afirmar que haya sido del todo inesperada. A estas alturas a nadie se le escapa que las relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos no pasaban por su
mejor momento, dadas las perennes y añejas aspiraciones por parte del reino alauita de ocupar las plazas españolas en el Norte de África.
Sin embargo, a raíz de esta crisis migratoria, la embajadora del Reino de Marruecos fue llamada a consultas por parte del Gobierno de España y, según conocimos a través de informaciones publicadas en prensa, la ministra Laya trasladó a la
embajadora de Marruecos el 'disgusto' y 'rechazo' del Gobierno por la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, y le recordó que el control de la frontera es una responsabilidad compartida entre ambos países. A su vez, le expresó el deseo del Gobierno
de 'mirar al futuro y evitar que actos como estos puedan volver a repetirse'. Igualmente, pidió el 'compromiso' de Marruecos para que quienes entraron en Ceuta puedan ser devueltos conforme a los acuerdos existentes. Ante estas declaraciones, la
embajadora marroquí fue llamada a consultas desde Rabat por parte de su Gobierno y, desde entonces, la embajadora no ha regresado a España.
71 1https://www.lainforrnacion.corn/espana/marruecos-saco-chicos-colegio-rnandarlos-ceuta-sin-perrniso-padres/2838902/
72 2https://elpais.com/espana/2021-05-18/espana-entregara-30-rnillones-de-euros-para-ayudar-a-rnarruecos-para-frenar-la-inrnigracion-irregular.html
En este sentido, cabe resaltar que el asalto organizado sobre Ceuta y la retirada de la embajadora marroquí suponen una escalada sin precedentes desde el incidente de Perejil. Por tanto, ambos hechos, de una gravedad extrema, deben recibir
una respuesta firme por parte del Reino de España. La actual forma de conducir esta crisis -cediendo al chantaje y desembolsando 30 millones de euros- no producirá los resultados esperados y es probable que la tibia respuesta aliente a Marruecos a
ir más allá en el futuro. De esta forma, se hace imperativo una fuerte resolución y acciones concretas para responder a esta acción hostil.
Segundo. La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, en el punto II de su preámbulo, establece cinco exigencias fundamentales a las que debe prestar atención preferente la Política Exterior española,
entre ellas, las siguientes:
'En primer lugar, resulta preciso afirmar y promover los valores e intereses de España con el objetivo de fortalecer su presencia internacional y reforzar su imagen en el mundo.
En segundo lugar, cobra una importancia capital consolidar y reforzar la credibilidad de España en el exterior [...].
Sobre estos principios, la ley reafirma la competencia del Gobierno en su papel de dirección de la política exterior, y sus facultades de coordinación de la Acción Exterior 73.'
Asimismo, esta misma ley, en su artículo 2, define los principios y objetivos de la Política Exterior, entre los que encontramos y destacamos:
'a) El mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad internacionales;
[...]
c) La promoción y consolidación de sistemas políticos basados en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas;
d) La lucha contra la pobreza, la solidaridad con los países en vías de desarrollo y el desarrollo económico y social de todos los Estados;
[...]
i) La seguridad y bienestar de España y sus ciudadanos;
j) La asistencia y protección a sus ciudadanos, así como la protección de los intereses económicos de España en el exterior;'
A su vez, en el artículo 23.2, la ley establece que:
'La Acción Exterior en materia de inmigración se orientará a la ordenación de los flujos migratorios hacia España y a reforzar la lucha contra la inmigración irregular.'
Por otro lado, la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su artículo 3, fija una serie de objetivos y establece lo siguiente:
'La política de cooperación internacional para el desarrollo es parte de la acción exterior del Estado y se basa en el principio de unidad de acción del Estado en el exterior.
[...]
b) Contribuir a un mayor equilibrio en las relaciones políticas, estratégicas, económicas y comerciales, promoviendo así un marco de estabilidad y seguridad que garantice la paz internacional 74.'
Tercero. Dado que la cuestión -y crisis- migratoria versa sobre un asunto de carácter fundamentalmente bilateral entre España y Marruecos, se hace necesario ser realistas y articular una respuesta adecuada a las actividades hostiles hacia
nuestro país. En este caso, no podemos olvidar ni minusvalorar los poderosos y fuertes vínculos de Marruecos con algunos de nuestros socios y aliados, como Estados Unidos y Francia.
Por tanto, la política española de Cooperación Internacional al Desarrollo, como parte de la Acción Exterior del Estado, debe contribuir como una herramienta de presión más en las manos del Gobierno de la Nación. Por consiguiente, esta
Acción Exterior deberá encaminarse a afirmar y promover los intereses de España en el panorama global, así como su credibilidad internacional y la seguridad de sus ciudadanos,
73 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-3248
74 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16303
haciendo respetar la soberanía española sobre su propio territorio y, por ende, contribuyendo a ordenar los flujos de inmigración ilegal.
En atención a lo anterior, resulta, cuando menos, coherente, que la Cooperación para el Desarrollo con el Reino de Marruecos quede en suspenso. No es lógico que mantengamos una transferencia de recursos y ayuda técnica a un país, mientras
dicho país está precisamente realizando acciones hostiles contra nuestra soberanía, ciudadanos y territorio, a la vez que abandona las negociaciones diplomáticas. Por consiguiente, esta respuesta, sumada y en coordinación con las demás medidas de
firmeza desde la Acción Exterior, contribuiría a aportar fortaleza a la posición española a la hora de defender su soberanía y su integridad territorial.
Al amparo de todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
Único. Suspender la Cooperación Internacional para el Desarrollo con el Reino de Marruecos, incluyendo toda cooperación técnica, económica, financiera y de educación, en tanto en cuanto no se restablezcan las relaciones diplomáticas entre
ambos países y se cumplan los tratados y acuerdos sobre materia migratoria, especialmente en lo relativo al refuerzo del control y la lucha contra la inmigración ilegal, contraídos entre el Reino de España y el Reino de Marruecos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2021.-Víctor Manuel Sánchez del Real, María de los Reyes Romero Vilches, Alberto Asarta Cuevas y Cristina Esteban Calonje, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Igualdad
161/002794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, doña Pilar Calvo i Gómez, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de
Igualdad, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a transferir la gestión de la línea 016, en cuanto a llamadas provenientes del ámbito territorial de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya.
Exposición de motivos
La Generalitat de Catalunya incluyó en los servicios de la Red de Atención y Recuperación Integral la línea telefónica con el número 900 900 120, creada en 1989 con el objetivo de atender aquellas llamadas de cualquier persona necesitada en
materia de violencia de género.
No fue hasta 2007 que el Gobierno del Estado puso en funcionamiento la línea 016, pasando a convivir en Catalunya con el número que históricamente había atendido a las víctimas de violencia género. Actualmente, el número 900 900 120 es
profusamente conocido. De hecho, en el periodo de confinamiento por la pandemia de Covid, registró un incremento del 60 % en las llamadas, llegando a un total de 1.300.
Se da la circunstancia que, en los últimos años, el 016 se ha convertido en un número también utilizado en Catalunya, sin que desde la Generalitat se tengan los medios para que estas llamadas puedan ser atendidas desde la proximidad. Este
punto tiene especial relieve si tenemos en cuenta que nos encontramos en un periodo de repunte de casos de violencia machista, que ha coincidido con la finalización del estado de alarma. Las restricciones a la movilidad, extremas durante el
confinamiento, otorgaron a los maltratadores mayor control sobre sus potenciales víctimas. Ahora, recuperada la movilidad y ante la pérdida consiguiente del control, entendemos que debemos ofrecer a las mujeres que se encuentren en situación de
vulnerabilidad la ayuda más cercana y eficiente posible.
Debemos tener en cuenta que, de acuerdo con las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Catalunya en sus artículos 41 y 153 y, sobre todo, con la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia
machista, el ámbito de protección de la ley catalana es mucho mayor que el que establece la Ley Orgánica 1/2004, que limita el amparo a aquella violencia ejercida contra la mujer por aquella persona que sea en ese momento o haya sido su pareja
sentimental. En consecuencia, podríamos encontrarnos con que una mujer llamara desde Catalunya al 016 describiendo su situación y fuera informada de manera incompleta o errónea sobre sus derechos, con el riesgo, no deseado por nadie, de que quedara
excluida de todo el apoyo al que tiene derecho según la legislación catalana. Un apoyo que sí se aplica de manera protocolizada y automática si la llamada es al 900 900 120. Por otro lado, no deja de ser un contrasentido que una competencia que
está transferida a un territorio tenga la atención telefónica deslocalizada.
Tendría toda la lógica que el Ministerio de Igualdad gestionase el número 016, en atribución de sus competencias en materia de derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia machista, en condiciones similares a las ya asumidas con
los números 112 y 061, que actualmente ya son gestionados por la Generalitat de Catalunya. Estos dos números son territorializados, por lo que las llamadas se dirigen, en función del origen, a la región que corresponde de forma automática y
transparente para el usuario.
Si bien la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales es el órgano que gestiona el Plan Nacional de Numeración, no es quien determina la asignación de la gestión de los números y, por tanto, entendemos que esta
transferencia se debería determinar por el Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Igualdad.
La transferencia de la gestión del teléfono 112 del Servicio de Emergencias se articuló a partir del Real Decreto 903/1997, el 16 de junio de 1997, facultando a las Comunidades Autónomas para prestar el servicio.
La crisis social y económica provocada por la emergencia sanitaria ha impactado en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad, pero, especialmente, en las personas más vulnerables, como son las mujeres víctimas de violencia
machista, sus hijos e hijas. La erradicación de la violencia machista es una prioridad para el Govern de Catalunya que intensificó esfuerzos y dotó de mayores recursos la atención a las víctimas durante el confinamiento y en la posterior fase de
desescalada. En esta misma línea de búsqueda de eficiencia, debemos dotarnos de los máximos recursos posibles para actuar con decisión y contundencia a la hora de solucionar este grave problema. La gestión por parte de la Generalitat de Catalunya
de la línea telefónica 016 es un claro ejemplo de optimización de los recursos y de los instrumentos existentes.
Existen principios generales sobre la buena administración de los servicios que deben aplicarse en este ámbito como son: la simplificación de los trámites en la Administración pública, la fluidez en la comunicación de las administraciones
con la ciudadanía y la cercanía entre administración y administrado.
En este sentido, el Estado español se obligó, con la suscripción del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, redactado en Estambul el 11 de mayo de 2011 y que
entró en vigor el 1 de agosto de 2014, a tomar 'las medidas (...) necesarias, conforme a su derecho interno, para velar por que existan mecanismos adecuados para poner en práctica una cooperación eficaz entre (...) las autoridades locales y
regionales (...) para la protección y el apoyo a las víctimas y testigos de todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio, (...)'.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya, presentan la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar, en un plazo máximo de tres meses, las medidas necesarias para proceder a territorializar la gestión del número de teléfono 016 por el que se atiende a personas víctimas de
violencia de género, atribuyendo la gestión de las llamadas realizadas desde el territorio catalán al Govern de la Generalitat de Catalunya.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2021.-Pilar Calvo Gómez, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña María Teresa López Álvarez, don Pablo Juan Calvo Liste, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de la Cabeza Ruiz Solás y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de los
centros de protección de menores en España, para su discusión en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Primero. Las Comisiones de Investigación.
El artículo 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados regula las Comisiones de Investigación, cuya creación, sobre cualquier asunto de interés público puede ser acordada por el Pleno del Congreso a propuesta del Gobierno.
Asimismo, la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras establece en el Prólogo que la 'facultad de formar Comisiones de Investigación atribuida por
la Constitución a las dos Cámaras de las Cortes Generales configura un deber constitucional'.
Segundo. Escándalos en Centros de Protección de Menores de Baleares.
Tras la denuncia, a finales de 2019, de una menor tutelada de trece años, víctima de una agresión sexual grupal, se destapaba el escándalo de abusos y explotación sexual a menores tutelados en Baleares, en el que estuvieron involucrados
tanto menores como trabajadores de los mismos centros. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que ostenta la gestión de la treintena de centros de protección de menores en el Consell de Mallorca, ha reconocido dieciséis casos de
menores sometidos a explotación sexual 75.
Ante este escándalo, incluso la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pidió explicaciones al entonces Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, don Pablo Iglesias, al Ministro de Interior, don Femando
Grande-Marlaska, así como a doña Fina Santiago, Consejera de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno de Baleares.
Cabe señalar que el pasado mes de octubre de 2020, la Fiscalía de Menores de Baleares archivó las diligencias de la investigación que inició de oficio, tras concluir que, a pesar de la gravedad de los hechos, no existen indicios para
sostener que existía como tal una red organizada de prostitución.
Tercero. Comisión de Investigación sobre los Centros de Protección de Menores en España.
Tal y como recoge el Boletín n.º 21 de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia 76, publicado por el Observatorio de la Infancia del entonces denominado Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, España cuenta con
1.104 centros de protección de menores, de los cuales, el 92 % son centros ordinarios, y un 8 %, centros para menores con problemas de conducta.
Mediante esta Proposición no de Ley instamos al Gobierno a proponer al Pleno del Congreso de los Diputados la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de los centros de protección de menores en España y, en particular,
acerca de las labores de prevención contra los delitos relacionados con el abuso y la explotación sexual, tomando como punto de partida los dramáticos hechos que han tenido lugar en los referidos centros de Baleares.
75 https:/ / www.imasmallorca.net/es/ unprograma/39
76 https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/ pdf / Boletin_provisional_Proteccion_21-Borrador.pdf
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proponer al Pleno del Congreso de los Diputados la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de los centros de protección de menores en España como respuesta a los hechos acontecidos en Baleares, de indudable interés
público.
2. Que el objeto de dicha Comisión de Investigación integre, como mínimo, los siguientes ejes:
- Determinar las causas y responsabilidades de los casos de abuso y explotación sexual en Centros de Menores.
- La investigación sobre la gestión de los centros de protección de menores en España en relación con la prevención de delitos relacionados con el abuso y la explotación sexual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2021.- Macarena Olona Choclán, María Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás y Georgina Trías Gil, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
Según informaciones publicadas, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado día 28 de mayo que España participará a partir del 7 de junio en la prueba general europea para activar el Certificado Digital Verde antes de
verano. Atendiendo a estas informaciones, ¿podría indicar en qué consistirá dicha prueba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Macarena Olona Choclán, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Sánchez del Real y Emilio Jesús del Valle Rodríguez,
Diputados.
181/001120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
¿Podría indicar qué asuntos han sido abordados en la conversación telefónica mantenida por el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el presidente chino Xi Jinping?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Macarena Olona Choclán, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Víctor Sánchez del Real,
Diputados.
181/001121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
Según informaciones publicadas, Hungría rechaza las cuotas migratorias propuestas por España porque crean un 'efecto llamada'. Atendiendo a estas informaciones, ¿podría indicar qué cuotas migratorias han sido propuestas por parte de España
en el ámbito de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Macarena Olona Choclán, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Sánchez del Real y Emilio Jesús del Valle Rodríguez,
Diputados.
181/001122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
¿Podría indicar a qué se refiere cuando señala que 'África está hoy, más que nunca, en el centro de la política exterior española' , así como qué actuaciones concretas está llevando a cabo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación a este respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.- Macarena Olona Choclán, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Víctor Sánchez del Real,
Diputados.
Comisión de Defensa
181/001118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Manuel Mestre Barea, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal y don Luis Gestoso de Miguel, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Defensa.
Texto:
Según informaciones publicadas, un avión Gulfstream 4SP con matrícula 7T-VPM y medicalizado, el cual previsiblemente venía a recoger a España a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, 'ha sido detectado esta mañana haciendo la ruta entre
Argelia y España, pero al llegar a la altura de Ibiza el vuelo ha dado media vuelta y ha regresado a Argelia'. Atendiendo a estas informaciones, ¿podría confirmar esta noticia, así como, en su caso, las acciones emprendidas por el Gobierno para
garantizar la seguridad del espacio aéreo español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2021.- Macarena Olona Choclán, Agustín Rosety Fernández de Castro, Manuel Mestre Barea, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.
Comisión de Hacienda
181/001147
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿Va el Gobierno a intervenir económicamente el Ayuntamiento de Alburquerque que acumula deudas millonarias y cuyo pago a proveedores se sitúa en casi dos años y debe seis meses de nómina a sus empleados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2021.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
Comisión de Interior
181/000670, 181/000700, 181/000713, 181/000831, 181/000886, 181/000926 y 181/000943
En la sesión de la Comisión de Interior, del día 26 de mayo de 2021, han quedado retiradas por manifestación de voluntad de la Diputada doña Macarena Olona Choclán (Grupo Parlamentario VOX) las preguntas sobre:
- Identidad de quien dio la orden de retirada de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Comunidad de Madrid, notificada a través de un correo electrónico el día 10 de enero de 2021, antes de que se redujese la alerta a nivel 1 (núm.
expte. 181/000670) 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 212, de 2 de febrero de 2021.
- Informaciones y recomendaciones sobre el virus y medidas de protección que se dieron por la Dirección General de la Guardia Civil a sus agentes. [Autor: Olona Choclán, Macarena (GVOX)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm.
226, de 23 de febrero de 2021) (núm. expte.: 181/000700).
- Motivos por los que la Directora General de la Guardia Civil no protegió debidamente y a tiempo a los agentes, teniendo en cuenta sus declaraciones de 1 de mayo de 2020, en las que afirma que tenía conocimiento del riesgo del coronavirus
desde enero de 2020. [Autor: Olona Choclán, Macarena (GVOX)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 226, de 23 de febrero de 2021) (núm. expte.: 181/000713).
- Fecha prevista por la Guardia Civil para aprobar y aplicar un nuevo Reglamento donde se garantice que tengan un turno de trabajo que les permita conciliar con una jornada anual en horas equiparable a la de la Policía Nacional. [Autor:
Olona Choclán, Macarena (GVOX)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 240, de 16 de marzo de 2021) (núm. expte.: 181/000831).
- Criterios que se han tenido en cuenta desde la Dirección General de la Guardia Civil para seleccionar a los candidatos de ascenso a general en la Guardia Civil en la última promoción. [Autor: Olona Choclán, Macarena (GVOX)] ('BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 245, de 24 de marzo de 2021) (núm. expte.: 181/000886).
- Orden de monitorizar a los agentes de la Guardia Civil con funciones representativas dentro de la benemérita, con el fin de tener conocimiento de todas las denuncias y reivindicaciones sobre la falta de medios y situación de precariedad
que viven en el Instituto armado. [Autor: Olona Choclán, Macarena (GVOX)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 256, de 13 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000926).
- Mantenimiento por el Ministerio del Interior de que el cese del Coronel don Diego Pérez de los Cobos se debió a una 'pérdida de confianza' a pesar de haber sido declarado ilegal por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
número 8 de la Audiencia Nacional. [Autor: Olona Choclán, Macarena (GVOX)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000943).
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
181/000890 a 181/000893, 181/000956 a 181/00992, 181/000995, 181/001016 y 181/001017
Por escrito de fecha 25 de mayo de 2021, se han retirado las preguntas formuladas por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre:
- Controles de identidad de personas migrantes, así como número de detenciones de ciudadanos extranjeros que se han efectuado en los aeropuertos canarios y en otros puertos y aeropuertos de España en los últimos doce meses (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/034404). (núm. expte. 181/000890), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 245, de 24 de marzo de 2021.
- Motivo por el que se ha impedido el acceso de distintos diputados, europarlamentarios, ONG y un obispo al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/034405). [Autor:
Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 245, de 24 de marzo de 2021) (núm. expte.: 181/000891).
- Número de personas hospitalizadas desde el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, número de las que se han escapado bajo arresto y en cuarentena, y número de las personas ingresadas y que han solicitado asilo
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/034407) [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 245, de 24 de marzo de 2021) (núm. expte.: 181/000892).
- Falta de productos básicos y desconocimiento de cómo y a quién dirigirse para solicitarlos en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco en Gran Canaria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita 184/034410). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 245, de 24 de marzo de 2021) (núm. expte.: 181/000893).
- Motivos para otorgar la condecoración de la orden del Mérito de la Guardia Civil Cruz de Plata (1984) a don Manuel Davo Soler (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039577). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH
Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000956).
- Motivos para otorgar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial Blanca (1997) a don José María de las Cuevas Carretero (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039578). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH
Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000957).
- Motivos para otorgar la condecoración de la Orden del Mérito de la Guardia Civil Cruz con distintivo rojo (1984) a don Fidel del Hoyo Cepeda (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039579). [Autor: Iñarritu
García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000958).
- Motivos para otorgar la condecoración de la Orden del Mérito de la Guardia Civil Cruz con distintivo blanco (1984) a don José Domínguez Tuda (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039580). [Autor: Iñarritu
García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000959).
- Motivos para otorgar la condecoración Mérito de la Guardia Civil Cruz distintivo rojo a don Enrique Dorado Villalobos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039581). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)]
('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000960).
- Motivos para otorgar la condecoración Cruz Mérito Policial (1976) y Cruz Mérito Guardia Civil de plata (1984) a don José María Escudero Tejada (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039582). [Autor: Iñarritu
García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000961).
- Motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito Policial (1977) a don Juan Antonio Gil Rubiales (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039583). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000962).
- Motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito Guardia Civil con distintivo rojo a don Pedro Gómez Nieto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039584). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000963).
- Motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito policial Cruz de plata (1977) a don Antonio González Pacheco (Billy el Niño) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039585). [Autor: Iñarritu García, Jon
(GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000964).
- Motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito policial Plata, rojo (1977) a Jesús González Reglero (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039586). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000965).
- Motivos para otorgar la condecoración Cruz de Plata al Mérito Policial Distintivo rojo (1983) a don Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039587). [Autor: Iñarritu García, Jon
(GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000966).
- Motivos para otorgar la condecoración Orden del Mérito Guardia Civil Cruz distintivo blanco (1982-1984) a don José Antonio Hernández del Barco (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039588). [Autor: Iñarritu
García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000967).
- Motivos para otorgar la condecoración Cruz al Mérito Militar a don Alejandro Hernández Mosquera (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039589). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000968).
- Motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito policial a don Félix Criago Sanz (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039590). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000969).
- Motivos para otorgar la condecoración Cruz al Mérito Guardia Civil distintivo blanco a don Féliez Hernándo Martín (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039591). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000970).
- Motivos para otorgar la condecoración Cruz al Mérito Policial-distintivo rojo (1974) a don Julio Hierro Moset (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039592). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000971).
- Motivos para otorgar la condecoración Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo (1984) a don Alejandro Iglesias Blanco (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039593). [Autor: Iñarritu García, Jon
(GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000972).
- Motivos para otorgar la condecoración Orden del Mérito de la Guardia Civil (1982) a don Juan Macías Marente (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039594). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000973).
- Motivos para otorgar la condecoración Orden del Mérito de la Guardia Civil a don Manuel Macías Ramos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039595). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000974).
- Motivos para otorgar la Cruz del Mérito de la Guardia Civil capitán de la Guardia Civil don Ángel Alba Coca (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039596). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000975).
- Motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Cruz Blanca, al cabo primero de la Guardia Civil don José Miguel Alonso Manzano en 1984 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039597). [Autor:
Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000976).
- Motivos para otorgar la Cruz al Mérito con distintivo blanco al subcomisario del Cuerpo Nacional de Policía José Amedo Fouce en 1984 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039598). [Autor: Iñarritu García, Jon
(GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000977).
- Motivos para otorgar la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y la Cruz del Mérito Policial a don Andrés Cassinello Pérez (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039599). [Autor: Iñarritu
García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000978).
- Motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil al agente de la Guardia Civil don Antonio Aguayo Jiménez en 1984 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039600). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH
Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000979).
- Motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil al agente de la Guardia Civil don Antonio Arias Carnero en 1981 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039601). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH
Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000980).
- Motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil al Guardia Civil don Antonio Beltrán Alcántara en 1981 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039602). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)]
('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000981).
- Motivos para otorgar la condecoración de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a don Arturo Espejo Balero (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039603). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000982).
- Motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil al Guardia Civil don Felipe Bayo Leal (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039604). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000983).
- Motivos para otorgar la condecoración de Caballero de la Gran Cruz del Mérito Militar a don Manuel Fraga Iribarne (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039605). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000984).
- Motivos para otorgar la Cruz al Mérito Policial (1976) al comisario del Cuerpo Nacional de Policía don Francisco Álvarez Sánchez (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039606). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH
Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000985).
- Motivos para otorgar la condecoración de la Orden del Mérito de la Guardia Civil (1981) y Cruz al Mérito Policial (2014) a don José García Malgonado (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039607). [Autor:
Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000986).
- Concesión de la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III (1993) a don José Barrionuevo Peña (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039608). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000987).
- Motivos para otorgar la condecoración de la Medalla al Mérito Policial a don José Fraila Ayuso (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039609). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000988).
- Motivos para otorgar la Encomienda del Yugo y las Flechas al Jefe de la Brigada Político Social a don Antonio Juan Creix en 1970 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039610). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH
Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000989).
- Motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Distintivo blanco, al brigada de la Guardia Civil don Manuel Barroso Caballero (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039611). [Autor: Iñarritu
García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000990).
- Motivos para otorgar la Medalla al Mérito Policial a don Roberto Conesa Escudero en 1977 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039612). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000991).
- Motivos para otorgar la Medalla de Plata al Mérito Policial (1977) a don Tomás Agrela Fernández (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039613). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000992).
- Protección de las familias de los inmigrantes irregulares llegados a España (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039632). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
núm. 259, de 20 de abril de 2021) (núm. expte.: 181/000995).
- Número de personas llegadas a las Islas Canarias en el último año que se han acogido al 'retorno voluntario' (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/040899). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 267, de 5 de mayo de 2021) (núm. expte.: 181/001016).
- Expulsión a Marruecos de tres ciudadanos rifeños que estaban internados en el CIE de Murcia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/040906). [Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)] ('BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 267, de 5 de mayo de 2021) (núm. expte.: 181/001017).
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001128
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Joaquín María García Díez.
Texto:
¿Contempla el Gobierno el encargo de los estudios necesarios para analizar la viabilidad de las nuevas conexiones ferroviarias entre Lugo y Santiago de Compostela, por una parte, y entre la actual línea Lugo-Coruña y la localidad de
Barreiros, por otra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Joaquín María García Díez, Diputado.
181/001148
Grupo Parlamentario Socialista.
Patricia Blanquer Alcaraz, Lázaro Azorín Salar, Yolanda Seva Ruiz y Alejandro Soler Mur, Diputados.
Texto:
¿Cuál es la previsión del Gobierno para la redacción del proyecto y ejecución de obras relativas a la construcción de una glorieta en el P.K. 797+250 de la carretera N-340 reordenación y tratamiento de travesía, T.M. Alcoy en la provincia
de Alicante, por el cual el Ayuntamiento de Alcoy se ha comprometido a asumir la titularidad del tramo de la carretera N-340 desde el P.K. 791+500 al P.K. 797+207, excepto el puente de Fernando Reig?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2021.-Patricia Blanquer Alcaraz, Lázaro Azorín Salar, Yolanda Seva Ruiz y Alejandro Soler Mur, Diputados.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001130
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Considera el Gobierno que renunciar a la solicitud de un régimen específico de ayudas al sector turístico como ha confirmado recientemente la Comisión Europea es la mejor vía de contribuir a recuperar el peso y la participación del sector
turístico en la riqueza nacional en medio de una coyuntura pandémica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001131
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Le parece razonable al Gobierno haber prescindido de la posibilidad de contar con un programa de ayudas exclusivas para la industria turística española como ha revelado en fecha reciente la Comisión Europea, de manera diametralmente opuesta
a lo que han hecho competidores turísticos directos de España como Portugal, Grecia, Croacia o Chipre, entre otros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001132
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Considera pertinente el Ejecutivo, que con el catastrófico impacto de la pandemia sobre el empleo turístico España se pueda permitir el lujo de no solicitar ante la Comisión Europea la aprobación de un esquema de ayudas exclusivas
destinadas al sector turístico español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001133
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Le resulta justificable y sensato al Gobierno después de quince meses de pandemia no haber iniciado aún la solicitud de un régimen específico de ayudas a la Comisión Europea ante la sangría empresarial que sufre España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001134
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Le parece insuficiente al Gobierno el cierre de casi 90.000 establecimientos hosteleros en nuestro país desde el inicio de la pandemia como para no plantearse hasta el momento la solicitud de un programa de ayudas específicas ante la
Administración europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001135
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿En qué motivaciones se ha basado el Gobierno para privar a España de la posibilidad de recibir ayudas específicas hasta el momento por parte de las instituciones de la Unión Europea para uno de los sectores turísticos más golpeados del
mundo por los efectos de la pandemia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001136
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Le parece beneficioso y equitativo al Gobierno haber abandonado a su suerte a las agencias de viajes españolas tras no haber procurado obtener un régimen de ayudas específicas para las mismas por parte de la Comisión Europea después de más
de un año de pandemia o piensa el Gobierno reconsiderar su postura a corto plazo para recabar ayudas comunitarias y salvar la destrucción de mayor tejido productivo de los agentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001137
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Se está planteando el Gobierno solicitar a corto plazo la captación de medios y recursos extraordinarios ante la Comisión Europea al objeto de proteger a la juventud española con la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, generando
empleo turístico de calidad para los jóvenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001138
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Comparte el Gobierno las ya recurrentes declaraciones del Director del Ccaes, don Fernando Simón desincentivando la reactivación de la actividad turística, como una de sus últimas manifestaciones efectuadas el pasado 24 de mayo en las que
solicitó 'rebajar el tono de euforia' de la apertura de España al turismo justamente en vísperas del inicio de la temporada alta, en la que se concentran casi el 50 % de los ingresos turísticos de todo el año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001139
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Cuál es la estrategia en su caso que estaría ejecutando desde su Departamento la Ministra Reyes Maroto para lograr el compromiso del Gobierno de una reducción temporal del IVA aplicable a todas las actividades, productos y servicios
turísticos, al tipo superreducido del 4 %, tal como vienen solicitando los operadores de la industria desde hace más de un año y han llevado a la práctica con éxito más de una docena de países de nuestro entorno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001140
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Ha descartado definitivamente la Ministra Maroto apoyar la reducción del IVA a todo el sector turístico como herramienta de estímulo al consumo, teniendo en cuenta la reducción de renta disponible de los hogares españoles y extranjeros de
nuestros mercados emisores más importantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001141
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Sigue considerando la Ministra de Turismo, Reyes Maroto, tal como viene manifestando públicamente de manera reiterada, que la cifra de 7.000 millones de euros en forma de ayudas directas es suficiente para auxiliar a la industria turística
española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001142
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Cuál es la razón para justificar el enorme retraso producido en hacer llegar las ayudas directas a nuestras empresas turísticas y cuál es el cronograma de tramitación real de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001143
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Cuál ha sido la estrategia integral desplegada por parte del Gobierno de España a lo largo de los últimos meses para lograr una plena normalización de la movilidad y de los flujos con el Reino Unido, teniendo en cuenta la cuota del mercado
británico superior al 20 % en nuestro país en 2019 y en el caso del destino Benidorm en torno a un 40 %?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001144
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Cuáles serían los escenarios alternativos que contempla el Gobierno para compensar y absorber una eventual pérdida de negocio turístico significativa con el cliente británico durante la temporada de verano, como ya ha reconocido incluso
públicamente el propio Secretario de Estado de Turismo, don Fernando Valdés, tras la segunda ocasión en que España resulta excluida de la lista verde del sistema de semáforos británico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001145
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Considera el Gobierno que las necesidades del sector turístico español, incluidos todos sus subsectores y destinos, están debidamente cubiertas a día de hoy por parte del Gobierno después de estar afrontando la más grave crisis de su
historia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
181/001146
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Qué explicaciones convincentes puede ofrecer la Ministra de Turismo ante la imposibilidad evidente y manifiesta de poner en marcha los programas de turismo social IMSERSO el próximo mes de octubre, tras haber asegurado por activa y por
pasiva su reanudación efectiva incluso antes de septiembre de 2021 y cuál es la alternativa a la no reactivación de estos programas este otoño y las consecuencias derivadas del no mantenimiento de empleo en las zonas receptoras de estos circuitos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para combatir los ataques piratas a barcos españoles de pesca en la región del Golfo de Guinea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
181/001124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Cuál es la posición que va a defender el Gobierno de España, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto de la propuesta del Comité NADEG de la Comisión Europea (CE) de prohibir la caza de determinadas especies
aviares cinegéticas como la perdiz roja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, Grupo Parlamentario
VOX.
Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Cuál es la posición que va a defender el Gobierno de España, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, respecto de la propuesta del Comité NADEG de la Comisión Europea (CE) de prohibir la caza de determinadas
especies aviares cinegéticas como la perdiz roja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez y Pedro Jesús Requejo Novoa,
Diputados.
Comisión de Asuntos Económicos y Transición Digital
181/001125
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Miguel Ángel Castellón Rubio.
Texto:
¿Cómo afectará el retraso en la llegada de los Fondos Europeos a las previsiones de crecimiento aprobadas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputado.
181/001126
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Miguel Ángel Castellón Rubio.
Texto:
¿Prevé el Gobierno adoptar alguna medida no prevista para paliar el retraso en la llegada de los Fondos para paliar la quiebra de más empresas y la pérdida de más empleos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputado.
181/001127
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Miguel Ángel Castellón Rubio.
Texto:
¿Cómo incidirá en la economía española el retraso en la llegada de los Fondos Europeos prevista para el mes de julio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2021.-Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las
preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y a los señores Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Núm. expte.: 184/041291.
Núm. registro: 101172.
Autor iniciativa: Jiménez Revuelta, Rodrigo (GVOX); Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX); Manso Olivar, Rubén Silvano (GVOX); González Coello de Portugal, Víctor (GVOX); Cañizares Pacheco, Inés María (GVOX).
Objeto iniciativa: Volumen de operaciones registradas por la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas sobre el total de vuelos internacionales realizados desde aeropuertos españoles.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 248, de 29 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001149.
Núm. expte.: 184/041306.
Núm. registro: 101187.
Autor iniciativa: Jiménez Revuelta, Rodrigo (GVOX); Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX); Manso Olivar, Rubén Silvano (GVOX); González Coello de Portugal, Víctor (GVOX); Cañizares Pacheco, Inés María (GVOX).
Objeto iniciativa: Existencia de otras líneas aéreas españolas que operen vuelos con las mismas rutas que lo hace la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 248, de 29 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001150.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Núm. expte.: 184/046695.
Núm. registro: 115153.
Autor iniciativa: Cañizares Pacheco, Inés María (GVOX); Jiménez Revuelta, Rodrigo (GVOX); Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX); Manso Olivar, Rubén Silvano (GVOX); González Coello de Portugal, Víctor (GVOX).
Objeto iniciativa: Establecimiento de estándares más existentes a nivel nacional en relación con el ahorro energético mínimo marcado por la Comisión Europea para la asignación de fondos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 269, de 11 de mayo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001151.