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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 288, de 08/06/2021
cve: BOCG-14-D-288 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


8 de junio de 2021


Núm. 288



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión Constitucional


161/002712 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la realización de una auditoría de la gestión e idoneidad del actual Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas al frente de
dicho organismo ... (Página7)


Comisión de Asuntos Exteriores


161/002707 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de los derechos humanos en Bahrein ... (Página9)


Comisión de Defensa


161/002722 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a implementar mecanismos de verificación, seguimiento y colaboración en el ámbito del comercio
exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso ... (Página11)


Comisión de Hacienda


161/002688 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a derogar la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) ... (Página12)


161/002696 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la exención en la tributación por la cesión o traspaso de explotaciones agropecuarias entre familiares hasta el segundo grado ... href='#(Página14)'>(Página14)


Comisión de Interior


161/002700 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del Real Decreto 326/2021 que impide a las mujeres con endometriosis ingresar en la Policía Nacional ... href='#(Página15)'>(Página15)



Página 2





Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/002690 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la implantación del servicio AVANT en la línea de Alta Velocidad Albacete-Madrid ... (Página16)


161/002691 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la unión del Corredor del Mediterráneo y el puerto de Valencia con el Corredor Central por Albacete ... href='#(Página17)'>(Página17)


161/002703 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la mejora de la capacidad y condiciones de explotación del tramo ferroviario entre Algeciras y Bobadilla ... href='#(Página18)'>(Página18)


161/002706 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a incluir a los trabajadores del sector del transporte entre los grupos prioritarios de la Estrategia de vacunación contra la COVID-19 en España... href='#(Página19)'>(Página19)


161/002715 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el ferrocarril Ancho Métrico Ferrol-Gijón... (Página23)


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/002708 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a adelantar a los beneficiarios el pago de la cuantía de las becas y ayudas al estudio ... (Página24)


Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/002698 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover la integración de las mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional
a través de programas deportivos ... (Página25)


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/002697 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar la imagen turística de España ... (Página27)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/002693 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a adoptar medidas en relación con la pesca demersal en el Mediterráneo ... (Página32)


161/002694 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la eliminación de las exenciones fiscales a los combustibles del sector pesquero ... (Página35)


161/002711 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre agua para regadío ... (Página37)


161/002717 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al tope de capturas de bonito del norte en la pesca recreativa de aguas exteriores ... (Página38)


Comisión de Política Territorial y Función Pública


161/002687 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la supresión de cualquier excepción contemplada en la normativa vigente que permita emplear el sistema de libre designación para la provisión de los
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional ... (Página39)



Página 3





Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/002689 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre los parques eólicos Val do Folgoso y Monte dos Porcallos que afectan a los municipios de Lalín, Rodeiro y Dozón ... (Página42)


161/002695 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la aprobación de una moratoria eólica en Galicia ... (Página46)


161/002710 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el proyecto de trazado 20110377 LIE Interconexión Norte con Portugal de la L/400 kV Fontefría-Frontera Portuguesa ... (Página47)


161/002719 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación del camalote o jacinto de agua (Eichhornia crassipes) en España ... href='#(Página50)'>(Página50)


Comisión de Cultura y Deporte


161/002699 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover la integración de las mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional
a través de programas deportivos ... (Página53)


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/002702 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a convertir el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en una verdadera banca pública para el Estado español ... (Página55)


161/002714 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de un grupo de estudios sobre la implantación de un euro digital como moneda pública digital ... (Página57)


Comisión de Sanidad y Consumo


161/002704 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a adoptar las medidas necesarias para bajar y simplificar la factura de la luz y realizar una campaña de información sobre la nueva
tarifa eléctrica ... (Página59)


161/002705 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la revisión y reformulación del sistema de visado de medicamentos ... (Página60)


161/002718 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a reducir el impacto del daño por tabaquismo ... (Página64)


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/002692 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar y mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las universidades españolas ... (Página68)


161/002713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a solicitar la comparecencia de expertos del sector científico, investigador e innovador ante la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ... (Página70)


161/002716 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Colegios Mayores en el marco normativo ... (Página71)



Página 4





Comisión de Igualdad


161/002701 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas efectivas para combatir la pobreza menstrual ... (Página72)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Asuntos Exteriores


181/001085 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre previsiones acerca de llamar a consultas al Embajador del Reino de Marruecos en España, ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales a la Ciudad Autónoma
de Ceuta ... (Página75)


181/001086 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre previsiones acerca de exigir a la Unión Europea que adopte medidas contra el Reino de Marruecos ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales a la Ciudad
Autónoma de Ceuta ... (Página76)


181/001087 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre confirmación de las informaciones publicadas acerca de que la Gendarmería marroquí organizó la entrada de 6.000 inmigrantes ilegales a Ceuta por oleadas
... (Página76)


181/001088 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre previsiones acerca de denunciar la violación de su 'frontera exterior' por parte de Marruecos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ... href='#(Página76)'>(Página76)


181/001097 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre explicación de a qué se refieren las informaciones publicadas acerca de que el Gobierno cree que la propuesta de diálogo de Guaidó va en 'la dirección
adecuada' ... (Página76)


181/001098 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre asuntos abordados en la reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif ... (Página77)


181/001099 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre asuntos tratados en la undécima reunión del Grupo de Trabajo Bilateral sobre la Lucha contra el Terrorismo ... (Página77)


181/001100 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre asuntos abordados en la visita del Secretario de Estado para la Unión Europea a Eslovaquia para retomar el diálogo bilateral con ese país y visitar el
Fondo de Visegrado que promueve la cooperación regional ... (Página77)


181/001101 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre asuntos abordados en la ronda de consultas bilaterales entre España y Kazajistán ... (Página78)


Comisión de Defensa


181/001084 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre previsiones acerca de solicitar apoyo a la OTAN ante la invasión de inmigración ilegal que está padeciendo la Ciudad Autónoma de Ceuta ... href='#(Página78)'>(Página78)


181/001083 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre previsiones acerca de iniciar acciones diplomáticas con la finalidad de incluir a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla bajo el 'paraguas' de la OTAN
... (Página78)



Página 5





181/001102 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), sobre causas del fallecimiento de la sargento de artillería Débora Grau Serra ... (Página79)


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


181/001093 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi (GS), sobre actuaciones previstas en la estación de Cercanías de Alcalá de Henares ... (Página79)


181/001094 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi (GS), sobre impacto que tendrá en la movilidad en el entorno del estadio Wanda Metropolitano el proyecto de construcción de mejora de las conexiones entre la M40, M14 y
M21 ... (Página79)


181/001095 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi (GS), sobre próximas inversiones que llevará a cabo el Gobierno para el desarrollo del Nodo Logístico Ferroviario Vicálvaro-Madrid ... href='#(Página79)'>(Página79)


181/001096 Pregunta formulada por la Diputada doña Maribel García López (GS), sobre actuaciones que el Gobierno tiene previstas acometer en la avenida 'Ricardo Carapeto' de Badajoz y plazos para ello ... (Página80)


181/001103 Pregunta formulada por el Diputado don Eduardo Carazo Hermoso (GP), sobre motivo por el que se ha iniciado la licitación de las obras del túnel de Labradores de Valladolid sin tener aprobado de manera previa el estudio informativo
preceptivo ... (Página80)


Comisión de Política Territorial y Función Pública


181/001081 Pregunta formulada por el Diputado don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), sobre previsiones acerca de suscribir nuevos traspasos de competencias estatales a la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en particular, las
referentes al ingreso mínimo, inmigración y cercanías ... (Página80)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/001080 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), sobre efectos que están provocando sobre el medio ambiente los residuos mal gestionados de las mascarillas y los guantes utilizados para la prevención y
contención del SARS-CoV-2 en España ... (Página80)


181/001090 Pregunta formulada por los Diputados don Joaquín Robles López (GVOX), Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX),
Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco José (GVOX) y Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre actuaciones que está promoviendo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para garantizar el buen
estado de las ramblas y la salubridad de las aguas del entorno natural del Garrochal (Murcia) ... (Página81)


181/001091 Pregunta formulada por los Diputados don Joaquín Robles López (GVOX), Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX),
Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco José (GVOX) y Requejo Novoa y Pedro Jesús (GVOX), sobre actuaciones que está promoviendo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para combatir y prevenir
las riadas e inundaciones en la Región de Murcia ... (Página81)



Página 6





Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


181/001089 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX), sobre previsiones acerca de suspender la ayuda a Marruecos en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo hasta que se resuelva la crisis de
inmigración ilegal auspiciada por este país ... (Página82)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/049935 Autor: Rueda Perelló, Patricia.


De las Heras Fernández, Patricia.


Esteban Calonje, Cristina Alicia.


Figaredo Álvarez-Sala, José María.


Vega Arias, Rubén Darío.


Segura Just, Juan Carlos.


Definición de gran tenedor como persona titular de cinco o más inmuebles. Retirada... (Página82)



Página 7





CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión Constitucional


161/002712


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la realización de una
auditoría de la gestión e idoneidad del actual Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas al frente de dicho organismo, para su debate en la Comisión Constitucional.


Exposición de motivos


Hace apenas tres años, comparecía ante esta Cámara el anterior presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas y todos los grupos parlamentarios, unánimemente, coincidían en reconocer la labor de dicho organismo. Se le calificaba de
faro de la investigación en España, envidia de los investigadores de los países de nuestro entorno y se felicitaba a su entonces dirección por su independencia, neutralidad y competencia profesional.


Al CIS de hace tres años se le conocía por su acreditado prestigio nacional e internacional, por su labor científica para conocer a la sociedad española, por sus bases históricas de datos imprescindibles para los investigadores, por la
seriedad y el acierto de sus encuestas y por la profesionalidad de sus trabajos. No se le conocía por su presidente.


Lamentablemente, esa situación se ha revertido por completo. Desde que en junio de 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez tuviera el enorme desacierto de colocar a José Félix Tezanos, -miembro de la ejecutiva del PSOE, presidente de la Fundación
Sistema del PSOE y presidente del Consejo de Redacción de la revista Temas del PSOE-, al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el organismo ha perdido toda la credibilidad y el prestigio atesorado durante décadas de trabajo impecable
por parte de numerosos profesionales y ha dejado de ser un referente por su independencia, objetividad y base científica de sus estudios y sondeos, para ser conocido entre los españoles por sus estrepitosos fracasos en sus predicciones demoscópicas,
sus obscenas manipulaciones y por las bochornosas e intolerables declaraciones públicas de su presidente, insultando a los ciudadanos que ejercen su derecho al voto por partidos políticos que no coinciden con su propia ideología de izquierda.


El Grupo Popular siempre ha mantenido que determinadas instituciones y organismos públicos, como el CIS, deben mantenerse ajenos a la controversia política para cumplir sus funciones con la independencia, neutralidad y el rigor que les son
propias, ya que su objetivo principal consiste en contribuir al conocimiento científico de la sociedad española, de forma aséptica, sin distorsiones o manipulaciones que perviertan los resultados de sus análisis. Y esos objetivos con los que ha
venido trabajando el organismo durante años y que le ha comportado un altísimo prestigio en todos los órdenes, lo ha dilapidado sin rubor el señor Tezanos, un activista político sectario que ha puesto al Centro al servicio de una ideología y de un
partido político, el suyo propio, el Partido Socialista Obrero Español.



Página 8





El resumen de estos tres años de su gestión es un relato de despropósitos, manipulaciones, cuestionamiento, polémicas, irregularidades y hasta ridículo nacional. Basten algunos ejemplos:


Apenas cinco meses después de su nombramiento, el señor Tezanos protagonizó su primera polémica al decidir, de manera personalísima y sin ninguna base académica o científica, cambiar el método de estimación de resultados de las encuestas
electorales, únicamente para favorecer en las mismas de una manera obscena al Gobierno socialista. Expertos en sociología electoral, medios de comunicación, académicos, todos coincidieron en lo erróneo del cambio, la ruptura de la serie histórica y
el sesgo ideológico hacia la izquierda que tal método comportaba y que invalidaba la eficacia de los resultados por el desacierto en sus predicciones.


Durante la vigencia del estado de alarma como consecuencia de la pandemia, con una sociedad española angustiada e irritada por la nefasta gestión del Gobierno social-comunista de la crisis sanitaria, social y económica, el señor Tezanos,
lejos de ofrecer un estudio científico serio de lo que realmente opinaba la sociedad española, con España confinada, publicó un barómetro en el mes de abril de 2020 con una tendenciosidad hacia la gestión del Gobierno que rayaba con la indecencia.


Un barómetro con un cuestionario de preguntas sesgadas, que buscaban predeterminar respuestas a gusto del Gobierno, pretendiendo identificar verdad con verdad oficial; con respuestas tendenciosas que incorporan críticas a la oposición o el
despropósito de plantear en una pregunta como una disyuntiva incompatible la lucha contra los bulos en la crisis sanitaria y la libertad de información, como si no se pudiera estar a la vez en contra de los bulos y la información falsa y en favor de
la libertad de opinión y de información. Nuevamente un cuestionario a la carta del Gobierno con preguntas dirigidas, con inclinación ideológica de izquierdas en los encuestados y al dictado servil de la estrategia y la propaganda del Gobierno.


Y es que la actuación al frente del CIS del señor Tezanos es un rosario de escándalos, polémicas e ineficacia, que ha llegado al límite con motivo de las elecciones en la Comunidad de Madrid el pasado 4 de mayo, que dieron una victoria
aplastante del Partido Popular y constataron una derrota histórica del partido del señor Tezanos, el PSOE, y de su socio del Gobierno, Unidas Podemos.


El CIS realizó en esta ocasión tres sondeos, nada menos, todos con el sesgo a la izquierda en la muestra y la habitual manipulación. Llegó a dar 10 escaños más para el PSOE y 10 menos para el PP sobre los resultados obtenidos, lo que
evidenció de forma palmaria el más que evidente sectarismo de las encuestas cocinadas por el señor Tezanos.


Frente a los sondeos del resto de empresas demoscópicas, en su 'sondeo flash', algo inédito en el trabajo habitual del CIS, dado a conocer el 22 de abril, en medio de la campaña electoral, el socialista Tezanos mostraba un cierto equilibrio
entre los bloques de izquierda y de centro derecha, e incluso daba más posibilidades a un gobierno madrileño de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, que del Partido Popular, algo que los resultados electorales apenas unos días después, se encargaron
de desmentir. Obviamente, el único fin de este sondeo era intentar movilizar el voto de izquierda ante el previsible y efectivo éxito del centro derecha. Es más, la candidatura de Isabel Díaz Ayuso aseguró 65 escaños, incluso por encima de la suma
de PSOE (24), Unidas Podemos (10) y Más Madrid (24).


Las principales empresas demoscópicas colocaban al PP por encima de la izquierda en intención de voto, con la excepción del CIS. El desajuste se explica por una intencionada sobrerrepresentación de votantes del PSOE en la muestra, en lugar
de buscar unos porcentajes ideológicos que realmente se correspondan con el universo sociológico a estudiar, aun con los necesarios coeficientes correctivos y el evidente objetivo de la encuesta: servir a las estrategias electorales del partido del
señor Tezanos, el PSOE.


Pero es que, además del fracaso en sus predicciones del 4-M, el prestigio del CIS ha quedado aún más dañado porque a pesar de que la Junta Electoral Central le reprochó que incumplía la ley electoral, el Centro de investigaciones
Sociológicas continuó encuestando en los días en que la ley prohíbe publicar sondeos, incluso durante la jornada de reflexión.


Y simultáneamente, el señor Tezanos despotricaba en un artículo en su revista Temas, de la Fundación socialista Sistema, insultando a la candidata del PP y triunfadora a su pesar, Isabel Díaz Ayuso, y a los votantes del PP, a los que llamó
'tabernarios'. El panfleto en cuestión se publicó el 1 de mayo, apenas tres días antes de las elecciones y tras conocer la denuncia del PP ante la Junta Electoral Central por seguir encuestando en una búsqueda desesperada de votantes indecisos para
la izquierda.


'El prestigio del CIS, tocado: críticas generalizadas, más errores y sesgo a la izquierda. Las acusaciones del sector contra su presidente, José Félix Tezanos, son casi unánimes y los datos constatan que sus estimaciones suelen favorecer
un bando político y se desvían más del resultado. Expresidentes



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de la entidad y una decena de expertos alertan del daño a la institución', de esta forma titulaba el 9 de mayo un diario de tirada nacional un extenso artículo en el que tras preguntar a catorce expertos de referencia concluye que es
evidente el daño a la reputación de la institución causado por el señor Tezanos desde su llegada al mismo.


El diario realiza un exhaustivo análisis de los trabajos del CIS constatando dos hechos expuestos ya en este escrito: sus pronósticos se han equivocado más de lo normal y siempre lo han hecho con un sesgo a la izquierda. 'Desde que Tezanos
lo preside, las estimaciones del organismo han sobrevalorado siempre el voto de la izquierda, en cada una de sus primeras 22 elecciones analizadas. De media, sus estimaciones de voto para la suma de PSOE, Podemos y el resto de fuerzas de izquierda
nacional ha sido 4,7 puntos mejor que la realidad'.' La llegada de Tezanos también coincide con mayores errores. La comparación de su acierto con el promedio de sondeos deja pocas dudas: el CIS se ha desviado el doble'.


El artículo referido es uno más de la unánime opinión de los principales medios de comunicación nacionales, crítica que ha traspasado nuestras fronteras, como expresaba enfáticamente, por ejemplo, el 4 de mayo, en su cuenta oficial en la red
social Twitter, Michael Reid, editor y columnista para España del prestigioso The Economist: 'España: el único que debería dimitir esta noche es José Félix Tezanos, jefe del CIS, el encuestador oficial, que ha hecho sondeos partidistas a expensas
de los contribuyentes. Su encuesta de finales de abril fue la única que tuvo a la izquierda ganando. Es un escándalo'.


Esto viene a abundar nuestra exigencia para reclamar la urgente e ineludible necesidad de apartar al sectario e incompetente señor Tezanos de la dirección del prestigioso instituto demoscópico, no sin antes exigirle las responsabilidades
políticas, administrativas, contables y de todo tipo por el irreparable daño causado al Centro de Investigaciones Sociológicas para recuperar el crédito y el prestigio perdido y devolver a sus profesionales el reconocimiento que tras muchos años de
trabajo impecable se les ha querido arrebatar por culpa de un indigno dirigente.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ordenar la realización de una auditoría por parte de expertos internacionales, que analicen y evalúen la gestión al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas de su actual Presidente,
José Félix Tezanos, su capacitación técnica para cumplir la finalidad de llevar a cabo el estudio científico de la sociedad española, así como su idoneidad dada su activa militancia política socialista, para cumplir las funciones del mismo de
acuerdo con los principios de objetividad y neutralidad en su actuación y de respeto a los derechos de los ciudadanos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2021.-Isabel María Borrego Cortés, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro Almaraz, Ana María Beltrán Villaba, Jaime Miguel Mateu Istúriz y Edurne Uriarte Bengoechea,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/002707


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de los derechos
humanos en Bahrein, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


El pasado 11 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución 1 sobre la situación de los derechos humanos en el Reino de Bahrein en la que se pone de manifiesto la reiterada violación de los derechos y libertades de la población por
parte del gobierno de este país del Golfo Pérsico desde el año 2011. El informe


1 2021/2578 (RSP)



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insiste, además, en el agravamiento de la situación de los prisioneros encarcelados con motivo de la pandemia de la COVID-19. Esta resolución fue aprobada con 633 votos a favor, 11 en contra y 45 abstenciones, lo cual indica el grado de
acuerdo del Parlamento de la UE en el rechazo a la actual situación en Bahrein.


En 2011, las protestas que se extendieron por todos los países árabes tomaron en Bahrein la forma de masivas manifestaciones chiitas contra el poder absoluto de la monarquía suní, demandando un estado constitucional y un gobierno elegido
democráticamente. El gobierno respondió prohibiendo cualquier actividad política y de disidencia, arrestando a miles de civiles, juzgándolos en tribunales militares y enviando a prisión a docenas de opositores políticos. Todo esto a pesar de las
críticas internacionales. Igualmente, cientos de funcionarios fueron suspendidos de empleo al ser considerados cómplices de los ciudadanos que exigían un cambio democrático. Se cree, puesto que no existen datos contrastados, que hay en Bahrein
cerca de 4.000 prisioneros políticos.


En la resolución del Parlamento Europeo se pone de manifiesto cómo desde 2011, cuando se produjo el levantamiento de la primavera árabe, la situación no ha variado en Bahrein, la represión política se ha mantenido y el derecho a la libertad
de expresión se ha visto cercenado, con la anulación de los derechos políticos y civiles de la población y la supresión de las libertades de asociación, reunión y expresión. Se ha detenido a políticos en la oposición al régimen y a defensores de
los derechos humanos, varios de ellos han sido condenados a muerte y existen denuncias fundadas de confesiones obtenidas a través de tortura.


Asimismo, en la misma resolución se alerta de que se ha puesto fin a la moratoria que se mantuvo durante siete años en relación con la pena de muerte, con la ejecución de Sami Mushaima, Abbas al-Samea y Ali al-Singace en 2017, siendo
condenados a muerte en ese año quince bahreiníes. Cuatro sentencias fueron posteriormente conmutadas por cadena perpetua, pero otras doce personas fueron condenadas a muerte en 2018. Ahmend al-Arab y Ali al-Malali fueron ejecutados, a pesar de las
protestas internacionales y de las demandas del Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Congreso de los Estados Unidos, entre otros. Al menos 24 personas se encuentran en riesgo de ser
ejecutadas.


El Parlamento Europeo solicita igualmente al gobierno de Bahrein que permita el acceso a la isla de medios de comunicación extranjeros y de organizaciones de derechos humanos, y que restablezca el único medio de comunicación independiente
del país, Al-Wasat, cerrado el 4 de junio de 2017. También demanda que se permita la entrada en Bahrein de funcionarios de la Unión Europea y observadores internacionales independientes que puedan conocer el estado de las cárceles y la situación
general del país.


Mención especial merece la situación de las mujeres, discriminadas al contraer matrimonio, durante el matrimonio, en la disolución de éste y en relación con los niños y la herencia en caso de divorcio, incluso en lo que se refiere a la
transmisión de la nacionalidad bahreiní a sus descendientes. El Parlamento Europeo insta al gobierno de Bahrein a que elimine todas las reservas mantenidas a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
de la que sólo ha ratificado algunos puntos-derogando, concretamente, los artículos 353 y 334 de su Código Penal. El primero exime de juicio al autor de una violación y de su correspondiente pena si se casa con la víctima, y el segundo reduce la
condena a los autores de crímenes contra el honor, permitiendo así la violencia contra las mujeres en muchas de sus formas. Así mismo, se insta al gobierno de Bahrein a eliminar las disposiciones que penalizan las relaciones sexuales fuera del
matrimonio.


Con la llegada de la pandemia de la COVID-19, la situación en las cárceles de Bahrein ha empeorado. Las ONG internacionales denuncian falta de atención médica a los presos que la necesitan más urgentemente. Por ello el Parlamento Europeo
considera que las autoridades de Bahrein están poniendo en peligro la salud de los presos, violando las reglas de Naciones Unidas sobre el trato que deben recibir los reclusos. También denuncian torturas en los interrogatorios, en los que se
consiguen confesiones que después son utilizadas por jueces y fiscales para sus sentencias, incluso algunas de ellas sentencias a muerte. Se hace especial hincapié en la situación de la prisión central de Jau, donde cerca de 1.500 encarcelados
fueron liberados en el mes de marzo de 2020, precisamente a causa de la pandemia, aunque aquellos presos más significados en los movimientos por los derechos políticos y civiles, periodistas y líderes de la oposición continúan en cautividad.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente



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Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Declarar su rechazo, en línea con el Parlamento Europeo, a la situación de falta de libertad, de ausencia de democracia y de respeto a los derechos humanos en la que se encuentra Bahrein, a pesar de los intentos de reformas llevados a
cabo desde 2011.


2. Trasladar ese rechazo a todos los organismos internacionales de los que España forma parte, con la finalidad de tomar las medidas oportunas para que esta situación se modifique.


3. Instar al gobierno de Bahrein a terminar con las ejecuciones, muy especialmente a las motivadas por razones políticas o ideológicas como las realizadas en estos años, consideradas extrajudiciales por el Relator Especial de las Naciones
Unidas.


4. Pedir la liberación de los defensores de derechos humanos encarcelados.


5. Solicitar a las autoridades bahreiníes el permiso de entrada en el país a observadores internacionales, ONG y medios de comunicación internacionales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2021.-Marta González Vázquez, María Teresa Jiménez-Bercerril Barrio, María Valentina Martínez Ferro y Joaquín María García Díez Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Defensa


161/002722


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Defensa, relativa a implementar mecanismos de verificación, seguimiento y colaboración en el ámbito del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.


Exposición de motivos


En abril de 2020 entró en vigor el Real Decreto 494/2020, de 28 de abril, por el cual se introduce en el ordenamiento español un mecanismo para comprobar sobre el terreno que las armas y el material de doble uso exportados se usan para la
finalidad acordada. Este mecanismo se aplica con la aceptación por parte del usuario de un certificado de uso final que contiene una doble cláusula: la primera implica una declaración por parte del país importador de que no utilizará el material
fuera de su territorio. La segunda, y esta es la novedad, supone que el país receptor se compromete a permitir a las autoridades españolas una inspección 'in situ', en el momento que la autoridad exportadora lo solicite. El Real Decreto 494/2020
incluye una plantilla de este certificado, pero no se ha desarrollado todavía la manera en que se realiza la inspección. Es decir, no se ha concretado de manera exacta quién debe llevar a cabo este tipo de inspecciones.


El control 'in situ' es un mecanismo muy innovador, que ha sido adoptado por muy pocos países en Europa y de manera muy reciente (p.ej., Alemania, Suiza y República Checa), aunque en Estados Unidos está vigente desde 1990. De acuerdo con la
exposición de motivos del Real Decreto 494/2020, la introducción de este mecanismo se llevó a cabo a efectos de intensificar los controles en materia de exportación de material de defensa, en casos especialmente sensibles.


De manera general, el mecanismo de control 'in situ' se lleva a cabo por motivos de verificación, prevención y fomento de la confianza mutua. Desde el punto de vista de la verificación, las inspecciones 'in situ' permiten a los Estados
exportadores comprobar que el material militar permanece en posesión de los usuarios finales. Desde el punto de vista de la prevención, el requisito y la posibilidad de llevar a cabo inspecciones 'in situ'debería ser un elemento disuasorio para un
uso ilegítimo del material exportado. Desde el punto de vista del fomento de la confianza mutua, el hecho de que el usuario final no permita las inspecciones 'in situ' y no justifique el porqué de esta negativa, es un factor que los Estados



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exportadores tienen en cuenta a la hora de evaluar futuras solicitudes de exportación por parte de ese mismo destinatario. A sensu contrario, la posibilidad de realizar inspecciones in situ generará una confianza por parte del Estado
exportador en el medio-largo plazo.


Con la aprobación del Real Decreto 494/2020, de 28 de abril, España ha demostrado estar firmemente comprometida con las políticas que tienen por objeto el control efectivo del comercio exterior del material de defensa, otro material y
productos y tecnologías de doble uso. Es imprescindible activar los mecanismos facilitados por esta norma para llevar a cabo un control del comercio de armas más exhaustivo; en particular, a efectos de prevenir y desincentivar un uso ilegítimo del
material exportado. El Gobierno de España podría sentar un objetivo en relación al número de inspecciones 'in situ'que pretende materializar. Suiza, por ejemplo, introdujo los controles 'in situ' en 2006, pero tuvo reticencias para implementarlos
en un primer momento. A día de hoy, y desde 2012, ese país ha realizado 46 inspecciones 'in situ'en 32 países, y pretende realizar entre 5 y 10 inspecciones de este tipo cada año.


Por otro lado, es necesario aclarar quién es el encargado de llevar a cabo estos controles 'in situ'.Siguiendo el criterio de la Coordinación de la acción de las Naciones Unidas respecto de las armas pequeñas (United Nations Coordinating
Action on Small Arms, 'CASA'), resulta conveniente que el mecanismo de control in situ se lleve a cabo por contratistas empleados por el Estado exportador o por una parte independiente elegida de mutuo acuerdo entre los Estados exportador e
importador (como pueden ser personas del mundo académico y ONGs).


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


i. Concretar el procedimiento para el control ex-post en materia de exportación de armas y material de doble uso, valorando la posibilidad de que este control se realice por autoridades independientes.


ii. Activar estos controles en los casos más sensibles de exportación de armas y material de doble uso, a efectos de promover un uso adecuado del material por parte del Estado importador.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2021.-Roberto Uriarte Torrealday, Diputado.-Texma Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Comisión de Hacienda


161/002688


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Inés María Cañizares Pacheco, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, D. Rubén Silvano Manso Olivar y D. Rodrigo Jiménez Revuelta, en
sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a derogar la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. ('ITF'), para su debate en la Comisión de Hacienda.


Exposición de motivos


Primero. El impuesto sobre las transacciones financieras en la historia.


El 15 de octubre de 2020 se publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (mal llamada 'Tasa Tobin').


Efectivamente, este impuesto deriva de la idea promovida en 1971 por el economista americano Keynesiano y Premio Nobel de Economía, James Tobin, relativa al establecimiento de un Impuesto destinado a frenar la volatilidad del mercado de
divisas, grabándose un porcentaje en cada cambio de moneda para así reducir la especulación a muy corto plazo.



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La crisis económica de los 90 fue aprovechada por varios movimientos antiglobalización y ONG,s, que rebautizaron la tasa Tobin como 'Tasa Robin Hood', con el fin de luchar contra la pobreza mundial. Como curiosidad, el propio Tobin no
aceptó esta idea ya que era un defensor del libre comercio. Con posterioridad, se creó la Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC).


El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) elaboró un informe en relación a la tasa Tobin (cambiando la denominación por Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) e identificó nuevos ámbitos de actuación como la compraventa de
acciones y otros instrumentos financieros. Este informe alertaba del riesgo del traslado de este impuesto a los clientes y de que su no implantación a nivel global podría generar deslocalizaciones para evitar pagar el impuesto.


La Comisión Europea propuso en el año 2011 el establecimiento de este impuesto basado en varios puntos:


- El impuesto se aplicaría a todos los mercados, a todos los actores y a todos los instrumentos.


- Se establecían tasas del 0,1 % para la negociación de acciones y bonos y 0,01 % para el resto (swaps de tasas de interés, futuros, etc.).


- La UE pretendía recaudar 57.000 millones de euros destinando una parte a su propio presupuesto.


La propuesta fue rechazada.


No obstante, una serie de países de la UE (Irlanda, Bélgica, Grecia, Reino Unido, Italia, Francia, y España) han implantado este impuesto de manera unilateral.


Segundo. Varios países no han tenido los resultados esperados con la implantación de este impuesto.


Suecia en el año 1983 implantó un impuesto similar del 0,5 % a la compra de activos de capital. El resultado fue una caída de contratación del 98 % y la deslocalización de gran parte del sector a Oslo y Londres. En 1991 Suecia eliminó este
impuesto.


En Reino Unido (que cuenta con un impuesto equivalente desde el siglo XIX 'la Stamp Duty Reserve Tax (SDRT)), el mercado de productos derivados ( exentos del impuesto) se ha multiplicado. Recordemos que se trata de instrumentos financieros
complejos, que pueden suponer la pérdida de la totalidad de lo invertido y que Warren Buffett calificó como 'armas de destrucción masiva'.


En Francia el impuesto se aplica, con diferentes tipos, a lo siguientes títulos y operaciones financieras:


- Títulos de empresas cotizadas de la bolsa francesa con una capitalización bursátil de mil millones de euros (impuesto del 0,3 %).


- Credit Default Swap, sobre bonos de países de la UE (impuesto del 0,01 %).


- Operaciones de alta frecuencia (impuesto del 0,01 %).


En Francia el ITF, según el Tribunal de Cuentas francés, redujo los volúmenes de contratación de la bolsa francesa, recayendo el coste sobre los clientes.


Tercero. El impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) en España.


A pesar de no existir un acuerdo a nivel europeo en relación a este impuesto y que su implantación en otros Estados Miembros no ha recaudado las cantidades esperada, laminando la competitividad del sector, el Gobierno español aprobó el
Impuesto sobre las transacciones financieras.


El ITF es un impuesto indirecto que grava con un 0,2 % las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las mismas, siempre que sean empresas cotizadas y
que el valor de capitalización bursátil de la compañía supere los 1000 millones de euros.


Entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen, nos encontramos las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se
realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.


La liquidación del impuesto será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual. La estimación de ingresos de este gravamen es de 850 millones de euros anuales.



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No son pocas las voces que se han alzado criticando la implantación de este impuesto haciendo especial incidencia en los siguientes aspectos:


- El establecimiento de este impuesto va a suponer un incremento de los costes de las transacciones financieras y, por lo tanto, una bajada de rentabilidad de la inversión y en la adquisición de acciones, en las que depositan sus ahorros
muchas familias españolas (las acciones suponen un 14,9 % en la estructura del ahorro financiero de las familias españolas). Concretamente, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO) estimó en un -7,4 % la
pérdida de rentabilidad adicional a la rentabilidad del mercado en los próximos 25 años para los fondos de inversión.


- El hecho de que solo se graven las operaciones realizadas con acciones de compañías españolas (de más de 1000 MM € de capitalización), las sitúa en clara desventaja competitiva frente a las acciones extranjeras, tanto en la compra de
acciones individuales, como en la inclusión de las mismas en vehículos de inversión colectiva, afectando a la liquidez del mercado y a la financiación empresarial.


- Las diferentes experiencias internacionales en la implantación de un ITF son negativas en relación con las expectativas de recaudación. En Suecia, el ITF solo estuvo presente 7 años, recaudando únicamente un 3 % de lo esperado. En
Francia, la recaudación esperada el primer año no llego al 50 % (200 MM € vs 530 MM € esperados). En Italia, la situación fue incluso más decepcionante al recaudarse 159 MM € frente a los 1000 MM € esperados. Asimismo, la adopción del ITF en estos
países, trajo como resultado descensos en los volúmenes de contratación de grandes sociedades (2,5 % en el caso del CAC 40) y deslocalización en la contratación de acciones ( en Suecia un 50 % de las transacciones se desplazó a Londres).


A día de hoy aun no se ha producido ninguna liquidación de este Impuesto, ya que no se ha aprobado el Reglamento de funcionamiento del mismo. Ya son dos los retrasos en los plazos de liquidación del ITF, lo cual no va a eximir del pago de
este tributo generado desde la puesta en marcha del mismo (16 de enero del 2021).


Por las razones detalladas el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y aprobar en Consejo de Ministros, para su ulterior remisión a las Cortes Generales, de un Proyecto de Ley que tenga por objeto la supresión del sistema tributario español del
Impuesto sobre Transacciones Financieras'.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2021.-Inés María Cañizares Pacheco, Rodrigo Jiménez Revuelta, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán
e Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


161/002696


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la exención en la tributación por la cesión o traspaso de explotaciones agropecuarias entre familiares hasta el segundo grado, para su debate en la Comisión de Hacienda.


Exposición de motivos


El único modo que tiene el rural de Galiza de mantenerse en vivo y en buenas condiciones socioeconómicas es garantizando el relevo generacional. Así, debería ser una prioridad para todos los poderes públicos, también para la Administración
General del Estado, garantizar que se favorezca la fijación de población en el rural y la incorporación de personas jóvenes en las explotaciones agrarias y ganaderas.


Sin embargo, este objetivo se ve, una vez más, dificultado ante la nueva decisión adoptada por el Tribunal Económico-Administrativo gallego que, en una reciente resolución, ha dictaminado que se



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considere como ganancia patrimonial para los padres o madres la cesión de su explotación a sus hijos e hijas, debiendo, en consecuencia, tributar por ella.


Como resulta evidente, lo habitual cuando los titulares de la explotación ceden la explotación a sus hijos e hijas, o nietos y nietas, es que no exista ningún intercambio económico. En la mayor parte de los casos los cesionarios ya venían
trabajando o colaborando en la gestión, pero se decide dar un paso, actualizar la titularidad, y apostar por una renovación y modernización de la explotación.


En ningún caso este tipo de operaciones suponen una venta, ni existe un incremento patrimonial, que sigue siendo, en definitiva, familiar.


Evidentemente, deben declararse los ingresos a la Agencia Tributaria cuando estos se producen, pero entendemos que en el caso referido, el incremento patrimonial se da sólo sobre el papel. Efectivamente existe un nuevo titular, pero no se
da un intercambio de contenido económico.


El mismo Tribunal ya resolvió en el pasado a favor de la no tributación delante de la AET en el caso de traspasos patrimoniales entre cónyuges en régimen de gananciales, decisión que tuvo un efecto positivo y evitó la precarización de las
familias.


Sin embargo, la nueva resolución supone un duro golpe para la economía familiar y la de las explotaciones del medio rural, pues resulta incompatible la exigencia del pago de estos impuestos con la potenciación del relevo generacional y la
incorporación de gente joven en el mundo agrario.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a establecer una exención en la tributación por la cesión o traspaso de explotaciones agropecuarias entre familiares de hasta el segundo grado para facilitar así el relevo
generacional, la incorporación de personas jóvenes al mundo agrario y la fijación de población en el medio rural.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


Comisión de Interior


161/002700


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la modificación del Real Decreto 326/2021 que impide a las mujeres
con endometriosis ingresar en la Policía Nacional, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


El Real Decreto 326/2021, de 11 de mayo, por el que se aprueba el cuadro médico de exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional tiene por objeto aprobar el cuadro médico de patologías que restringen el acceso a la Escala Ejecutiva,
categoría de Inspector, y en la Escala Básica, categoría de Policía, de la Policía Nacional, así como al alumnado de los centros docentes de la Policía Nacional.


En el anexo K. del Cuadro médico de exclusiones, sobre enfermedades en el aparato urogenital, el Gobierno de España ha dispuesto que la endometriosis sea considerada una patología imposibilitante para aquellas mujeres que deseen formar parte
de la Policía Nacional.


En estos momentos, no existe ningún informe público por parte del Ministerio de Interior en el que se desarrollen los motivos por los cuales esta enfermedad impide o menoscaba la capacidad funcional u operativa de las mujeres que la sufren y
deseen incorporarse a la Policía Nacional.


Cabe recordar, que los Mossos d'Esquadra también establecieron este veto a las mujeres que padecían endometriosis durante el proceso selectivo abierto en 2017. En las convocatorias posteriores en los años 2019 y 2021 eliminaron este
impedimento.


En un artículo publicado durante el día de ayer por Cívio, en el que se denunciaba lo previsto en el Real Decreto, los diferentes expertos médicos consultados recordaban que 'la endometriosis es una



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enfermedad que puede llegar a afectar a entre el 1-5 % de las mujeres que se encuentran en edad fértil en nuestro país'.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar el veto previsto en el Real Decreto 326/2021, de 11 de mayo, por el que se aprueba el cuadro médico de exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional, que impide a las mujeres
con endometriosis ingresar en dicho Cuerpo'.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/002690


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de implantación del servicio AVANT en
la línea de alta velocidad Albacete-Madrid, para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


España es uno de los países con las mejores infraestructuras de comunicaciones del mundo en estas infraestructuras destaca la red de alta velocidad ferroviaria que es la más extensa de Europa y la segunda del mundo después de China.


La mejora de las infraestructuras ha permitido que en España todos los días exista una gran migración de personas que se desplazan de una provincia a otra para acudir a su puesto de trabajo los micro datos de la EPA reflejan que en 2019 más
de 630.000 trabajadores de media al año se desplazan a diario por motivos laborales al residir en una provincia y desarrollar su actividad profesional en otra.


Renfe cuenta con servicios de Media Distancia y alta velocidad Avant entre Madrid y otras provincias de Castilla-La Mancha tales como Toledo, Ciudad Real o Cuenca que permite a muchos viajeros de la línea residir en sus ciudades y
desplazarse a Madrid para trabajar o estudiar así a diario, ofreciendo un servicio que podríamos llamar el cercanías del siglo XXI. Sin embargo Albacete que desde la puesta en funcionamiento de la línea de alta velocidad Albacete Madrid es una
parada demandada desde su inauguración hace ya 11 años más de 3 millones y medio de viajeros han frecuentado la línea y solo en el año 2019 se incrementó en la cifra de 35.000 viajeros más, según datos de los sindicatos, el trayecto Albacete -
Madrid en ambos sentidos tiene una demanda diaria de más de 1.000 pasajeros y el tiempo por trayecto facilita el uso de ida y vuelta en el mismo día y permite a muchos de ellos conservar su lugar de residencia en Albacete y que esta demanda
aumentará previsiblemente con los nuevos modelos de teletrabajo y de relaciones económicas que la pandemia nos ha dejado.


La línea Avant Albacete-Madrid puede hacer de elemento cohesionador de la España que sufre la despoblación, el reciente informe de FUNCAS clasifica la provincia de Albacete en el segundo bloque de su clasificación móvil como provincia que se
estanca, consideran que el problema de Albacete no es tanto demográfico como de reactivación de la economía por lo que el establecimiento de un AVANT Albacete-Cuenca y Albacete-Madrid supondría un impulso a Albacete y a su capital donde reside el 45
% de su población; pero el alto precio de la línea de AVE sin bono de servicio AVANT para los viajeros más frecuentes resulta des incentivador del potencial que Albacete tiene como nudo de comunicaciones y lugar estratégico en el centro del mapa de
España.


Las últimas decisiones al restringir en más de una tercera parte la frecuencia de la línea Alicante-Madrid a su paso por Albacete o en la nueva línea que une Orihuela con Madrid y no hace parada en la ciudad de Albacete no contribuyen a
incentivar el uso del transporte ferroviario.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente



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Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Recuperar con carácter inmediato todos los servicios ferroviarios que se venían prestando hasta la declaración del Estado de Alarma por el COVID-19.


2. Que se incrementen las frecuencias de la línea de alta velocidad entre Madrid y Orihuela de forma que estas nuevas circulaciones conlleven un aumento de paradas en Albacete en ambos sentidos entre lunes y viernes, y no solo fines de
semana.


3. Ajustar los horarios y publicitar los servicios que afectan a las capitales de provincia para generar una mayor demanda planteando servicios directos y fomentando que los posibles usuarios tengan conocimientos de los mismos.


4. Implementar para los usuarios recurrentes de esta línea los bonos AVANT en la línea Albacete-Cuenca y Albacete-Madrid, como un servicio de precio reducido para incrementar los viajeros frecuentes.


5. Todo ello sin perjuicio de que, si se comprueba que existe una demanda relevante de este servicio para viajeros recurrentes, se pueda tener en cuenta en futuras modificaciones de la declaración de OSP ferroviaria (Obligación de Servicio
Público).'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2021.-Carmen Navarro Lacoba, Diputada.- Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la unión del Corredor del
Mediterráneo y el puerto de Valencia con el Corredor Central por Albacete, para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


Los Corredores son infraestructuras ferroviarias, plataformas de doble ancho y alta velocidad; más completas y más eficaces, que permiten que el 50 % de la población esté conectada entre sí y con Europa y que servirán de impulso al sector
turístico, al ahorro energético y a un desarrollo sostenible comprometido con el medio ambiente. En materia económica serán un impulso pues se reducirán los costes de transporte, contribuirán al ahorro en exportaciones agrícolas a Europa y más
exportaciones en general; y los puertos españoles estarían conectados con Europa. Estos beneficios se traducirían en empleos más productivos y competitivos de calidad que traerían nuevas oportunidades y empresas.


Albacete tiene una situación geográfica enclavada entre Madrid y Levante que la hace estratégica como el nudo de comunicaciones entre el Corredor Central y el Corredor Mediterráneo, esta ventaja geográfica encierra un potencial logístico de
gran valor que se debe rentabilizar como alternativa viable a otros enclaves más congestionados y convertir a Albacete en el nodo para redistribuir el tránsito de mercancías hacia Europa a través del corredor del Mediterráneo procedentes del
Corredor Atlántico o del Corredor Central. Rentabilizar nuestra situación en el mapa de España exige trabajo, unión y coordinación interinstitucional para que se materialicen las inversiones necesarias que garanticen cuanto antes las conexiones con
estándares europeos de pasajeros y de mercancías. Por ello, es necesario en el desarrollo de una puesta intermodal la unión de los puertos de Algeciras y de Valencia con el Corredor Mediterráneo incluyendo a Albacete, que a su vez es una
alternativa económica, justa y cohesionadora de España, viable por su orografía llana y sostenible ambientalmente al aprovechar gran parte de la línea ferroviaria ya existente a su paso por La Encina. Este eje tendría indudables ventajas para todo
el sureste peninsular por ubicarse en una privilegiada ruta de distribución de mercancías y transporte de pasajeros a nivel europeo.


A todo esto sumamos que Albacete es la ciudad que cuenta con aeropuerto, una referencia que ayuda a la intermodalidad para el transporte de mercancías; pocas ciudades de España cuentan con esta potencialidad para convertirse en nodo
logístico con transporte por carreteras que une Andalucía con esta capital manchega, por línea aérea y por ferrocarril con todos los puertos importantes del sur de España.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir a Albacete en el corredor ferroviario que una los puertos de Algeciras y de Valencia ubicándolo así como parte del eje fundamental de comunicación de transporte de mercancías y
viajeros con Europa que supone el corredor Mediterráneo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2021.-Carmen Navarro Lacoba, Diputada.- Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para impulsar la mejora de la capacidad y condiciones de explotación del tramo ferroviario entre Algeciras y Bobadilla, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


La Red Transeuropea de Transportes (TEN-T), que vertebra Europa a través de nueve corredores, fue aprobada por el Parlamento Europeo en noviembre de 2013 y, recientemente, en enero de 2021, ha sido actualizada. El corredor Mediterráneo y el
corredor Atlántico, incluyen en su recorrido el tramo Algeciras-Bobadilla/Antequera-Córdoba-Madrid, conocido como Ramal Central. Esta parte del recorrido ha arrastrado a lo largo de los años un déficit inversor que ha impedido cumplir los objetivos
establecidos en el Reglamento (UE) N.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 11 de diciembre de 2013 sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte.


Como han manifestado los Coordinadores Europeos de los corredores Mediterráneo y Atlántico: 'El estado actual de la línea crea una situación muy difícil para el Puerto de Algeciras, el cuarto mayor puerto de la UE en términos de tonelaje.
Desde la perspectiva de ambos corredores, el enlace ferroviario Algeciras-Bobadilla debe considerarse en el contexto más amplio de un tramo crucial entre el puerto y Madrid. También es absolutamente fundamental para el desarrollo de una solución de
transporte ecológico entre las líneas marítimas de corta distancia que operan en la cuenca del Mediterráneo occidental y las de larga distancia con parada en Algeciras.' En la sociedad actual, un puerto para ser competitivo debe prestar excelentes
servicios tanto en el lado marítimo como en el terrestre, promoviendo un transporte ferroviario de calidad.


La configuración de esta línea (de vía única, sin ERTMS, sin electrificar, sin apartaderos de 750 metros y por la que circulan tanto mercancías como trenes de pasajeros) limita la posibilidades de impulsar una salida eficiente y sostenible
al creciente tráfico de mercancías del Puerto de Algeciras. El Puerto Bahía de Algeciras ha tenido en 2020 un tráfico total de 107,3 millones de toneladas y 5,1 millones de TEUS. El puerto del Estrecho mueve el 21 % del tráfico de mercancías que
absorbe el sistema portuario español, situándolo como primer puerto español en volumen de mercancías.


A pesar de algunos contratiempos que pueden limitar las posibilidades de inversión en el citado tramo durante el presente ejercicio presupuestario, como el sometimiento a evaluación ambiental ordinaria del proyecto 'Electrificación del tramo
Bobadilla-Ronda (Málaga-Cádiz)' que deberá incorporar en su análisis de alternativas, entre otras, la modificación del trazado actual que permita una ausencia de impacto significativo sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC)/Zona Especial
Protección para las Aves (ZEPA) 'Lagunas de Campillos', el Gobierno ha manifestado reiteradamente su voluntad de modernizar esta infraestructura dotándola de la capacidad suficiente para soportar los futuros tráficos previstos en la línea y la
mejora del acceso ferroviario a las comarcas de la Bahía de Algeciras y Campo de Gibraltar.


Hay que reconocer que, a lo largo de estos últimos años, se ha producido un importante incremento de la inversión, estando actualmente previstas importantes dotaciones presupuestarias plurianuales destinadas a la mejora y renovación integral
de la plataforma y superestructura, así como para la electrificación. No obstante, la importancia de la renovación y modernización de esta infraestructura para



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el conjunto de los intereses del Estado, exige redoblar los esfuerzos para que su conclusión se lleve a cabo con la mayor brevedad posible y promover el impulso político acorde con su importancia estratégica.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con las obras de mejora del tramo ferroviario entre Algeciras y Bobadilla, de forma que se mejore la capacidad y condiciones de explotación de la línea, facilitando la circulación
de trenes de 750 metros.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2021.-Eva Bravo Barco y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Francisco José Alcaraz Martos, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.
Rubén Darío Vega Arias, D. Juan Carlos Segura Just, D. Julio Utrilla Cano, D. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, D. Luis Gestoso de Miguel y D. Víctor Manuel Sánchez del Real, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a incluir a los trabajadores del sector del transporte
entre los grupos prioritarios de la Estrategia de Vacunación contra la COVID-19 en España, para su discusión en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


Primero. Importancia del sector del transporte en España.


1. Durante los estados de alarma decretados por el Gobierno, primero mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
y, posteriormente, con el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, vigente en la actualidad, la importancia del sector del transporte
en España se ha hecho evidente.


2. Por un lado, se ha demostrado que el transporte de mercancías cumple una función esencial para el suministro de alimentos y otros productos básicos para la población. Por otro lado, el transporte de pasajeros cumple una función vital
para la cohesión territorial y para el turismo, otro sector clave para la economía española.


3. Según el último informe anual de 2020 del Observatorio del Transporte y la Logística en España ('OTLE') publicado en marzo de 2021, que analiza los datos referidos al año 2019, en cuanto al transporte interior de viajeros por carretera
hubo 380.500 millones de viajeros-km, lo que supuso un incremento del 0,65 % con respecto a 2018, es decir, más del 85 % sobre el total del transporte interior 2.


4. En cuanto a la movilidad interior de mercancías por carretera, se produjo un crecimiento del 4,66 % con respecto a 2018, con más de 1.461 millones de toneladas desplazadas, lo que equivale a cerca del 95 % de la movilidad interior de
mercancías 3.


5. En relación con la movilidad exterior, el OTLE apunta a que en lo relativo al transporte de viajeros en el año 2017 (los datos más recientes disponibles), el número de viajeros con origen o destino internacional fue de 165,85 millones.
Se observa el papel preponderante del transporte aéreo y por carretera que suman casi el 98 % de la movilidad internacional 4.


6. Asimismo, la importancia del sector aéreo para España por su influencia en el sector turístico es más que evidente. Según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras ('FRONTUR') publicada


2 https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf, pág. 34 [fecha de consulta 17 de mayo de 2021].


3 Ibíd. Pág. 35.


4 Ibíd. Pág. 39.



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por el Instituto Nacional de Estadística ('INE') para el año 2019, visitaron España 83,7 millones de turistas extranjeros 5, de los que 68,7 millones (82,1 %) llegaron por vía aérea 6.


7. En cuanto a la importancia del transporte marítimo para España se plasma especialmente en los datos relativos al transporte internacional de mercancías, donde esta modalidad fue la predominante con un total de 461,25 millones de
toneladas transportadas en 2019, lo que supone más del 79 % del total y un incremento del 0,2 % con respecto a 2018 7.En relación con el impacto en el empleo, según la última Encuesta de Población Activa ('EPA') realizada por el Instituto Nacional
de Estadística ('INE') para el primer trimestre de 2021, el número total de ocupados para el sector del transporte y almacenamiento fue de 1.008.400, lo que supone el 5,3 % del total.


9. Por sectores, el transporte terrestre y por tubería aglutinó el 3 % del total, el transporte aéreo el 0,3 %, el marítimo y por vías navegables interiores el 0,1 %, el almacenamiento y actividades anexas al transporte el 1,2 % y las
actividades postales y de correos el 0,6 % 8.


Ilustración 1. Ocupados (en miles) en el sector del transporte y almacenamiento en el primer trimestre de 2021.


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Fuente: INE.


10. Por último, cabe destacar en este sentido que según el informe 'Evolución de los indicadores económicos y sociales del transporte terrestre', publicado en noviembre de 2020 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en
2018 la participación del sector transporte y almacenamiento en la base de 2015 y en precios corrientes fue del 4,4 % del Valor Añadido Bruto (VABpb), y del 3,9 % del Producto Interior Bruto (PIB). Para el transporte terrestre (carretera y
ferrocarril) y por tubería representó, ese mismo año, a precios corrientes el 2,1 % del VABpb y un 1,9 % del PIB 9.


Segundo. La estrategia de vacunación.


11. Durante mucho tiempo la principal preocupación sanitaria, al margen de contener la expansión del virus, fue impulsar la investigación y encontrar una vacuna frente al virus SARS-CoV-2 (COVID-19).


12. Hasta la fecha, la Unión Europea ha autorizado, basándose en los estudios de la Agencia Europea de Medicamentos ('EMA'), el uso de cuatro vacunas contra la COVID-19. La primera de ellas fue la que desarrollaron BioNTech/Pfizer (21 de
diciembre de 2020), la segunda la de Moderna (6 de enero de 2021) y después la de Vaxzevria/AstraZeneca (29 de enero de 2021) y Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals (11 de marzo de 2021) 10. Además, la Unión Europea ha celebrado dos contratos
(Sanofi-GSK y CureVac) y dos conversaciones exploratorias (Novavax y Valneva) que permitirán la adquisición de sus vacunas cuando se haya demostrado que son seguras y eficaces.


5 https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur1219.pdf, pág. 1.


6 Ibid. Pág. 9.


7 Ibíd. Pág. 40.


8 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4128.


9 https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/indicadores_economicos_2020.pdf, pág. 20 [Fecha de consulta 2 de marzo de 2021].


10 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_es.



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13. El 26 de diciembre de 2020 llegó a España la primera remesa de vacunas contra la COVID-19 aprobadas por la Unión Europea (BioNTech y Pfizer), y al día siguiente se comenzó con la primera de las tres etapas de la Estrategia de vacunación
frente a COVID-19 en España 11.


14. Tal y como recuerda el Ministerio de Sanidad, esta Estrategia es 'un documento vivo', por lo que se han ido realizando actualizaciones como, por ejemplo, ocurrió con la reestructuración de los grupos 5-C (personas vulnerables por su
edad, no residentes de centros de mayores, entre 66 y 69 años), 7 (personas con condiciones de muy alto riesgo) y 8 (personas entre 60 y 65 años) en función de la evolución sanitaria y el número de dosis disponibles.


15. La Etapa 1, dirigida a grupos prioritarios, distribuye las primeras dosis disponibles priorizando ordenadamente los siguientes grupos de población: los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores
y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario; y grandes dependientes no institucionalizados 12.


16. La Etapa 2, orientada a otros grupos prioritarios, prioriza a las personas entre 46 y 79 años (en varias horquillas) y a los mayores de 80 años, además de a otro personal sanitario y sociosanitario, trabajadores con una función social
esencial 13.


17. Finalmente, la Etapa 3, enfocada al segmento resto de grupos prioritarios, está pendiente de ser anunciada por parte del Gobierno de España 14.


Ilustración 2


[**********página con cuadro**********]


Fuente: Ministerio de Sanidad 15.


11 Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad. Actualización 7 [11 de mayo de 2021]
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_EstrategiaVacunacion.pdf).


12 https://www.vacunacovid.gob.es/.


13 https://www.vacunacovid.gob.es/.


14 https://www.vacunacovid.gob.es/.


15 https://www.vacunacovid.gob.es/.



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Tercero. Los transportistas como grupo prioritario en la estrategia de vacunación.


18. Los transportistas fueron trabajadores de primera línea y prioritarios en los días más duros de la pandemia. Sin embargo, ahora no son considerados como un colectivo preferente de vacunación. Por ese motivo, exigen vacunación
prioritaria desde los tres ámbitos: terrestre, marítimo y aéreo.


19. Desde el sector del transporte terrestre, por ejemplo, la Patronal del sector de transporte internacional por Carretera (ASTIC) solicitó por carta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que los conductores profesionales
fueran 'incluidos con urgencia entre los colectivos preferentes de vacunación de España, por la labor vital que realizan para la ciudadanía y para hacer viable el desarrollo económico del país y mantener la cohesión territorial' afirmando que solo
de esa forma puede garantizarse al 100 % la continuidad de la actividad laboral de los conductores profesionales 16.


20. Igualmente, FENADISMER (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España) solicitó que el sector del transporte por carretera, que lo integran en España más de 500.000 trabajadores, tanto de transporte de mercancías como de
pasajeros, debía ser incluido como colectivo prioritario, por su mayor exposición a la enfermedad y transmisión por su alta movilidad, siguiendo las recomendaciones que hizo en su día la Organización Mundial de la Salud sobre los procesos de
vacunación que deben seguir los países frente a la pandemia 17.


21. La Confederación Nacional de Transporte Terrestre también reclamó la vacunación preferente, alegando que los estibadores estaban comenzando a ser vacunados en Andalucía y que al igual que ese colectivo los transportistas son 'un grupo
de riesgo debido a la movilidad que implica su actividad, un hecho que se suma a la exigencia de los cargadores para que realicen las labores de carga y descarga' 18.


22. Por parte del transporte marítimo, la Federación Nacional de Cofradías y la patronal del sector (Cepesca) ha exigido definir con urgencia un plan de vacunación específico y preferente contra la COVID-19 para los trabajadores del sector
de la pesca. Asimismo, la solicitud, extensiva a los trabajadores de la marina mercante, tiene el respaldo de la Asociación de Navieros Españoles (Anave), la Asociación Nacional de Remolcadores y los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de
Trabajadores 19.


23. Desde el sector aéreo, tanto el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial ('COPAC') como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y otras entidades, han pedido la vacunación prioritaria de sus trabajadores en
tanto que 'la continua movilidad entre países y dentro del mismo país, la imposibilidad de implementar mecanismos preventivos en el entorno de trabajo como la distancia social por las condiciones físicas de la cabina de vuelo y de las propias
aeronaves o el hecho de que la profesión de piloto en muchos casos tiene un carácter esencial para los ciudadanos, como los vuelos de carga, de repatriación o los servicios públicos de vía aérea' 20. De hecho, en este sector ha habido que lamentar
el fallecimiento del decano del COPAC, don Carlos Salas Ortiz de Villajos, tras contagiarse del virus en su cepa sudafricana durante sus horas de trabajo 21.


24. En definitiva, se estima necesario que en la campaña de vacunación frente a la COVID-19 se incluya en la Etapa 2 como grupo prioritario a los trabajadores del sector del transporte que deseen vacunarse con base en los siguientes
motivos:


- No se puede permitir que este sector esencial durante la pandemia quede desplazado en la estrategia de vacunación.


- Deben ofrecerse a este sector tan castigado soluciones que les permitan continuar con su trabajo en las condiciones sanitarias adecuadas.


16 https://www.autopista.es/transporte-mundial/por-transportistas-profesionales-no-son-prioritarios-vacunacion_230398_102.html [fecha de consulta: 17 de mayo de 2021],


17 https://www.fenadismer.es/los-transportistas-se-ofrecen-a-vacunarse-con-astrazeneca-como-colectivo-esencial/ [fecha de consulta: 17 de mayo de 2021],


18 https://www.transporte3.com/noticia/16607/vacunacion-covid-19-el-gobierno-ignora-(otra-vez)-a-los-transportistas [fecha de consulta: 17 de mayo de 2021].


19 https://www.lne.es/asturias/2021/04/16/flota-pesquera-pide-plan-vacunacion-48406811.html [fecha de consulta: 17 de mayo de 2021].


20 https://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-pilotos-aviacion-comercial-solicitan-vacunacion-prioritaria-frente-covid-19-20210315143005.html [fecha de consulta: 17 de mayo de 2021].


21 https://okdiario.com/espana/piloto-covid-fallece-covid-decano-pilotos-avion-que-pidio-sanchez-vacunacion-sector-7191495 [fecha de consulta: 17 de mayo de 2021],



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- Este sector es esencial tanto para el abastecimiento de nuestro país, incluido el suministro de vacunas y medicamentos, como para la cohesión social y el turismo, uno de los principales motores de nuestra economía.


- La alta movilidad de sus trabajadores convierte a este sector en un grupo con grandes probabilidades de transmisión del virus.


- Este grupo tiene una gran exposición a la enfermedad tanto durante los trayectos como en origen y en destino.


Por tanto, debido a la importancia del sector del transporte como sector estratégico nacional y garante de la cadena de abastecimiento, y su papel esencial en el sector turístico y en la unión de regiones, han de adoptarse las medidas que
sean necesarias para garantizar que este continúe con su esencial labor.


Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas en favor del sector del transporte:


1. Incluir a los trabajadores del sector del transporte que deseen vacunarse como grupo prioritario con preferencia sobre otros subgrupos de la misma etapa en la Estrategia de Vacunación contra la COVID-19 en España.


2. Agilizar en la medida de lo posible las vacunaciones para que estas lleguen al sector del transporte antes del periodo de verano.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Francisco José Alcaraz Martos, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Rubén Darío Vega Arias,
Juan Carlos Segura Just, Víctor Manuel Sánchez del Real, Julio Utrilla Cano, Luis Gestoso de Miguel, Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/002715


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el ferrocarril Ancho Métrico Ferrol-Gijón, para su debate en la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


El ferrocarril de Ancho Métrico Ferrol-Gijón que forma parte del corredor viario que discurre por toda la costa cantábrica, está próximo a cumplir medio siglo desde su inauguración, aunque en algún tramo ya venía funcionando desde comienzos
de los años sesenta.


A través de 320 km conecta directamente cuarenta y siete localidades de Galicia y Asturias y da servicio a otras muchas que se encuentran en un radio de proximidad a aquellas que disponen de estación.


Durante estas décadas ha representado un importante medio para conectar localidades que, en una parte considerable de su trayecto no disponen de alternativa terrestre organizada y permanente de traslado colectivo de viajeros para hacer
posible el desplazamiento entre ellas, excepto que se recurra a la utilización del vehículo privado.


Basta tomar como ejemplo una de las comarcas, A Mariña lucense, para comprobar que un servicio ferroviario adecuadamente organizado estaría en condiciones de garantizar los desplazamientos a través de sus principales localidades para miles
de personas, que están obligadas a hacerlo a diario por razones laborales, de estudios, médicas (a centros hospitalarios), administrativas o de índole turística, teniendo en cuenta que además discurre en paralelo a la costa cantábrica y a sus
playas.


También se debe considerar el potencial que tiene para el traslado de mercancías (que en la actualidad es muy reducido) teniendo en cuenta que por el corredor cantábrico se estima que existe un movimiento del orden de 800.000 toneladas
anuales entre las distintas comunidades.



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Durante la últimas décadas, el Ancho Métrico ha sufrido un abandono progresivo tanto en los equipos, muy antiguos, como en sus instalaciones (estaciones, apeaderos, accesos y vías), así como en lo que se refiere a la ordenación y las
frecuencias (especialmente afectadas por la minoración de movimientos a consecuencia de los confinamientos que al amparo del Estado de Alarma, se produjeron a raíz de la pandemia consecuencia del SARS-CoV-2).


En conclusión, ni la oferta de transporte, ni las condiciones en las que se realiza, están ajustadas a las necesidades de las comarcas que este ferrocarril atraviesa. El deterioro afecta acusadamente a la calidad del servicio, con
frecuentes interrupciones, y constituye un elemento que objetivamente reduce la utilización del tren y como consecuencia el número de viajeros.


No obstante, el número de comarcas y localidades que conecta (Ferrolterra, Ortegal, aAMariña lucense, Avilés...) con cientos de miles de vecinos y vecinas, las necesidades de transporte estas, y su condición de medio de conexión entre dos
Comunidades Autónomas (Galicia y Asturias), justifica la realización durante los próximos años de un esfuerzo inversor razonable que permita recuperar plenamente la calidad del servicio ferroviario.


Un primer e importante paso adelante, se llevó ya a cabo con la adquisición el pasado 29 de diciembre de 2020 por RENFE (en el marco del Plan de Renovación de la Flota y tras años de abandono) de 31 trenes de Ancho Métrico que prestarán
servicios, entre otros a las comunidades de Galicia y Asturias.


Por tanto, acorde a lo expuesto es importante que en el menor plazo posible y de manera sostenida, a esta iniciativa se sumen otras que permitan ofrecer a los viajeros y a las comarcas, y comunidades que atraviesa un servicio moderno y
eficaz.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a continuar con la mejora de la línea de ferrocarril de Ancho Métrico Ferrol-Gijón:


1. En materia de infraestructuras: incidiendo en el mantenimiento y limpieza de la línea. Mantenimiento y mejora de estaciones.


2. Estudiar la posibilidad de apertura de nuevas estaciones.


3. Mejora del material rodante.


4 Estudio e implantación de mejora en las frecuencias actuales conforme se vaya recuperando la demanda.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2021.-Ana Prieto Nieto y Javier Cerqueiro González, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/002708


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a adelantar a los
beneficiarios el pago de la cuantía de las becas y ayudas al estudio, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.


Exposición de motivos


El Gobierno socialista, después de prácticamente 3 años en el Gobierno, no ha dado cumplimiento a la voluntad de avanzar en una política de igualdad de oportunidades y de equidad.


El Gobierno ha condicionado y pospuesto esta decisión a la propuesta de una reforma del modelo de becas y ayudas por parte del Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico.


Las diferentes asociaciones de estudiantes han reclamado reiteradamente que se agilice la tramitación de las ayudas a los estudiantes, ya que actualmente no reciben el importe de las becas a tiempo, en el



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seno de este órgano consultivo en el que participan además el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, Consejo Escolar del Estado, sindicatos,
patronales, y Consejos Sociales de Universidades españolas.


El procedimiento de concesión de becas que realiza el Gobierno es un proceso complejo debido, por un lado, al volumen de solicitudes y a las distintas administraciones que intervienen, que no están relacionadas jerárquicamente entre sí, y,
por otro, porque es necesario verificar los datos de IRPF que den cumplimiento a los requisitos económicos de los solicitantes y, desde el punto de vista académico, que se haya completado el proceso de evaluación de los exámenes extraordinarios y
matriculación.


Con el Gobierno del PP, además de aprobar un modelo sostenible que garantizara el sistema de becas y ayudas, se implementaron medidas para su mejora, con la presentación electrónica de la solicitud y la supresión de la necesidad de presentar
documentación por parte del solicitante. Se reforzaron además las unidades de gestión de becas en las comunidades autónomas y en las universidades, se reformó el sistema de suministro de los datos económicos por parte de la AEAT a través de un
servicio web, que sustituyó al anterior sistema de intercambio de ficheros, y se mejoraron las notificaciones de concesión de las becas a través de la sede electrónica del Ministerio, entre otras medidas.


Por todo ello, se debe continuar en el trabajo para agilizar la gestión del procedimiento de concesión de las becas y ayudas al estudio.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Permitir que se conozca con tiempo suficiente la condición de beneficiario y la cuantía en cada convocatoria anual de becas y ayudas al estudio, y adelantar su pago al inicio del curso, con la finalidad de que los alumnos y familias
puedan decidir sobre el acceso o la continuidad de prolongar su formación educativa en las enseñanzas postobligatorias. A tal efecto, se articularán, entretanto, las medidas que permitan endosar la cantidad de la ayuda concedida al menos en el 75 %
de la misma al inicio del curso académico.


2. Adelantar la convocatoria para la solicitud de beca, incrementar los recursos humanos y materiales del proceso administrativo, y simplificar cuantos trámites deban ser implementados en el ámbito de la gestión, con la finalidad de
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el sistema educativo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2021.-María Sandra Moneo Díez, Óscar Clavell López y María Jesús Moro Alcaraz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/002698


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para promover la integración de las mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas
inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional a través de programas deportivos, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


El 21 de septiembre de 2017 Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, afirmó: 'yo soy migrante, pero nadie espera que me juegue la vida en una barca agujereada o cruzando un desierto en un camión para encontrar trabajo fuera de mi
país. La migración segura no puede limitarse a la élite global'.


Naciones Unidas define a una persona migrante como alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o forzado, o de los



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medios utilizados, legales u otros. Dentro de las personas migradas se engloban también a las personas refugiadas, que son aquellas que abandonan su país de origen huyendo de conflictos bélicos o debido a fundados temores de ser perseguidas
por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual u otras circunstancias que requieran protección internacional.


En la resolución de las Naciones Unidas 70/1, 'Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible' aprobada en 2015, se reconoce el papel del deporte en el fomento del progreso social: 'El deporte es otro importante
facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las
personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social'.


Además, la meta 10.7 de los ODS, referente a la migración y las políticas migratorias, establece 'la necesidad de facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la
aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas'. Esto a través de marcos de políticas integrales para gestionar la migración en beneficio de todas y todos.


España es un país firmemente comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030; entendiendo, además, que dicho cumplimiento se puede desarrollar de forma transversal desde las diferentes esferas de la vida humana,
y una de ellas, es el deporte.


El objetivo 16 del Pacto Mundial para una inmigración segura, ordenada y regular, suscrito por España establece que es necesario empoderar a las mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños migrantes y las sociedades para lograr la plena
inclusión y la cohesión social.


Además, la política palanca 9, componente 26, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España persigue el fomento del sector del deporte, así como el desarrollo de infraestructuras deportivas inclusivas, seguras y
sostenibles o la promoción de la investigación sobre la actividad deportiva como elemento de fomento de los procesos de inclusión sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social.


España es un país receptor de hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas de terceros Estados, y el deporte puede colaborar en el objetivo de lograr una mejor convivencia intercultural, apoyando los procesos de inclusión sociolaboral de
las personas migrantes y solicitantes y beneficiadas de Protección Internacional. Logrando una necesaria cohesión social en los distintos niveles territoriales.


Es a los poderes públicos a quienes corresponde fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte, así como promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social, de acuerdo con los artículos 43 y 9.2 del texto constitucional.
Esto es precisamente lo que se persigue con los programas que se llevan a cabo desde las instituciones y que impulsan los procesos de inclusión social con personas con discapacidad, personas migrantes y refugiadas, mayores, mujeres, niñas, niños y
adolescentes. Dichos programas se basan el deporte como herramienta de integración y resiliencia.


Son diversas las iniciativas que demuestran las bondades que el deporte puede aportar a la integración de mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas migrantes, solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional en nuestro país.
Ejemplos como el que lleva a cabo la Fundación Cepaim y el CAP Ciudad de Murcia así lo acreditan, consistente en la creación de un equipo de fútbol, filial del primer equipo del CAP Ciudad de Murcia, integrando tanto por personas migrantes, como por
personas autóctonas, como una estrategia de motivación para la integración sociolaboral. Esta iniciativa, llevada a cabo con personas procedentes de los centros de acogida de Fundación Cepaim, que residen en una casa escuela en Torre Pacheco
(Región de Murcia), conlleva el establecimiento de itinerarios de inclusión social, impulsando las interacciones sociales de las mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas inmigrantes con la población autóctona, mejorando la convivencia y la
integración.


De esta forma el fútbol y el deporte se convierten en una herramienta que hace posible mejorar el sentido de pertenencia de las personas migrantes al territorio, su motivación y autoestima, creando relaciones sociales positivas con la
población autóctona que hacen posible su inclusión, ampliando, de esta manera, el capital social y dejando atrás, estereotipos y estigmas racistas y xenófobos.



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Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Estudiar, al abrigo de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, la promoción, el impulso y el apoyo a iniciativas sociodeportivas y programas de deporte comunitario que promuevan el desarrollo de infraestructuras
deportivas inclusivas y sostenibles.


2. Estudiar el fomento de la investigación sobre cómo la actividad deportiva puede favorecer los procesos de inclusión sociolaboral con colectivos vulnerables, especialmente, con mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños migrantes,
solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional.


3. Estudiar la implementación de programas deportivos que promuevan la integración de las mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas migrantes, solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional, en coordinación con las Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y organizaciones deportivas, junto con entidades del Tercer Sector, a través de prácticas deportivas igualitarias, que apoyen acciones en contra del racismo y la xenofobia y que tengan en consideración variables como la
nacionalidad, la edad, el género, orientación e identidad sexual, el tiempo de residencia, entre otras.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2021.-Juan Luis Soto Burillo, Luc André Diouf Dioh, Magdalena Valerio Cordero, María Luisa Vilches Ruiz, Carmen Baños Ruiz, María Dolores Narváez Bandera, Esther Peña Camarero, María Mercè
Perea i Conillas y Omar Anguita Pérez, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/002697


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a impulsar la imagen turística
de España, para su discusión en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


Exposición de motivos


Primero. Importancia del turismo para España.


1. Actualmente, la situación que vive España está claramente marcada por la crisis sanitaria, social y económica originada por el virus SARS-CoV-2 y por las restricciones de movilidad y otras medidas impuestas por el Gobierno durante los
estados de alarma. La gran mayoría de los sectores de la economía española han sido golpeados con dureza por esta situación. No obstante, uno de los que más lo ha sufrido es el sector turístico y todas las actividades vinculadas con este.


2. Ahora bien, antes de la pandemia, como es ampliamente conocido, el turismo era uno de los principales motores de la economía española. Así, según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras ('FRONTUR') publicada por el
Instituto Nacional de Estadística ('INE') para el año 2019, en dicho año visitaron España 83,7 millones de turistas extranjeros 22, de los que 68,7 millones (82,1 %) llegaron por vía aérea 23.


22 https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur1219.pdf, pág. 1.


23 Ibíd., pág. 9.



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3. En relación con el gasto realizado por los turistas extranjeros, de acuerdo con la Encuesta de Gasto Turístico ('EGATUR') del INE, este alcanzó los 92.278 millones de euros en el año 2019, con un gasto medio por turista de 1.162 euros y
un gasto medio diario de 147 euros 24.


4. Asimismo, de acuerdo con la Cuenta Satélite del Turismo de España ('CSTE') publicada por el INE, en 2019 el peso del turismo alcanzó los 154.487 millones de euros (12,4 % del Producto Interior Bruto) y las ramas características del
turismo generaron 2,72 millones de puestos de trabajo (12,9 % del empleo total) 25.


[**********página con cuadro**********]


5. Por último, cabe destacar que en el año 2019 España fue el segundo país más visitado del mundo, solo por detrás de Francia, y el segundo en el que más gasto realizaban los turistas, tras Estados Unidos. Asimismo, nuestro país ha sido
considerado como el líder en competitividad turística según el 'Informe sobre Competitividad en Viajes y Turismo 2019', elaborado por el Foro Económico Mundial (World Economic Forum) 26.


Segundo. Situación actual del turismo.


6. La crisis sanitaria, social y económica y las restricciones de movimiento establecidas por el Gobierno han llevado al turismo y a las actividades relacionadas con este a una situación insostenible. A continuación, se exponen los datos
que así lo demuestran.


7. Según la encuesta FRONTUR del INE, en el año 2020 visitaron España un total de 19 millones de turistas extranjeros frente a los 83,7 millones de 2019, es decir, el número de turistas sufrió un descenso de más del 77 % 27.


24 https://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur1219.pdf, pág. 1.


25 https://www.ine.es/prensa/est_2014, pág. 1.


26 http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf, pág. 13. [fecha de consulta: 18 mayo de 2021]


27 https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur1220.pdf, pág. 1.



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8. En relación con el desembolso realizado por los turistas, según la encuesta EGATUR del INE el gasto acumulado de los turistas extranjeros en 2020 fue de 19.740 millones de euros frente a los 91.912 millones de 2019 (-78,5 %) 28.


9. Igualmente, los últimos datos de estas encuestas referidos al mes de marzo de 2021 no indican una mejoría, ya que según los datos de FRONTUR en este mes España presentó un descenso del 91,3 % de turistas extranjeros en relación con marzo
de 2019 29, y los datos de EGATUR ponen de manifiesto que el gasto turístico disminuyó un 91,5 % respecto a marzo de 2019 30.


Ilustración 2. Gasto total de turistas internacionales


[**********página con cuadro**********]


Fuente: INE.


10. En cuanto a los datos del turismo relativos a los ciudadanos que viven en España, según la última Encuesta de Turismo de Residentes elaborada por el INE, en el cuarto trimestre de 2020 el número de viajes de los residentes en España
descendió un 57,6 % y el gasto total disminuyó un 70,6 %. Para el conjunto del año 2020 los viajes de residentes se redujeron un 47,6 % y el gasto descendió un 56,0 % 31.


11. Asimismo, los datos del INE publicados en la encuesta más reciente de Coyuntura Turística Hotelera reflejan que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en el mes de marzo de 2021 registraron un descenso del 83,6 % respecto a
marzo de 2019 32. Por otro lado, según la última Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros ('EOAT') del INE en marzo de 2021, las pernoctaciones en este tipo de alojamientos disminuyeron un 70,0 % respecto al mismo periodo de
2019 33.


12. En relación con el empleo, de acuerdo con los datos del Instituto de Turismo de España ('TURESPAÑA') la caída del número de ocupados en 2020 fue del 12,7 % y el aumento de los parados fue del 36,6 % 34.


13. La consecuencia de todo lo expuesto ha sido, tal y como indican los datos de la Alianza para la Excelencia Turística ('EXCELTUR'), que la aportación del turismo al PIB caiga del 12,4 % al 4,3 % 35.


14. Sobre el futuro próximo del turismo, según un informe sobre turismo en España realizado por Mckinsey & Company, a menos que se estimule el sector turístico, cuando se produzca la recuperación, España puede haber acumulado pérdidas de
300.000 millones de dólares, con una destrucción de 4,4 millones de puestos de trabajo 36. Asimismo, se indica que la recuperación del turismo en España a niveles previos a la pandemia se dará en 2024 en el turismo doméstico y para 2025 en el
turismo extranjero.


28 https://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur1220.pdf, pág. 1.


29 https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur0321.pdf, pág. 1.


30 https://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur0321.pdf, pág. 1.


31 https://www.ine.es/daco/daco42/etr/etr0420.pdf, pág. 1.


32 https://www.ine.es/daco/daco42/prechote/cth0321.pdf, pág. 1.


33 https://www.ine.es/daco/daco42/ocuptr/eoat0321.pdf, pág. 1.


34 https://www.hosteltur.com/142520_la-aportacion-del-turismo-al-pib-cayo-del-124-al-55-en-2020.html [fecha de consulta: 11 de mayo de 2021],


35 Íbidem.


36 Informe 'Spain's travel sector can't afford to wait to recover. Wliat can stakeholders do?', pág. 2.



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Ilustración 3.


[**********página con cuadro**********]


Fuente: McKinsey & Company.


Tercero. Importancia de la imagen turística.


15. En este contexto, la imagen de España de cara al exterior ha quedado fuertemente dañada debido a las altas tasas de incidencia de la COVID-19, las medidas lentas, restrictivas e ineficaces llevadas a cabo por el Gobierno y la constante
cesión de competencias a las comunidades y ciudades autónomas para su propia gestión de la crisis sanitaria.


16. Asimismo, en los últimos días se está produciendo una invasión del territorio nacional por parte de inmigrantes ilegales en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, alentada y promovida por el Gobierno de Marruecos y la que el
Gobierno de España no ha sabido responder, que ha vuelto a dejar la imagen de España de cara al exterior seriamente perjudicada.


17. Es por todo ello que las autoridades de diferentes países han puesto trabas a los viajes hacia España. Los últimos casos han sido la exclusión de España de la lista verde de países seguros a los que los ciudadanos de Reino Unido pueden
viajar a partir del 17 de mayo sin tener que realizar cuarentena a su vuelta y la recomendación de Alemania a sus habitantes de no viajar a España.


18. En consecuencia, se hace más necesario que nunca la adopción de medidas que generen una buena imagen de España de cara a recuperar la confianza de los turistas, no solo con respecto al exterior, sino también para hacer atractivo el país
a los propios ciudadanos residentes en España.


19. Si bien es cierto que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha iniciado una campaña a través de TURESPAÑA denominada 'Te mereces España' para recuperar la confianza de los turistas extranjeros, esta campaña es insuficiente ante
los últimos acontecimientos y dada la importancia del sector turístico para la economía y el empleo en España 37.


20. En orden a establecer pautas sobre las que trabajar, el citado informe de Mckinsey & Company indica los cinco factores que determinarán la rapidez con la que el sector turístico español podría recuperarse:


- El atractivo de los destinos nacionales: 'cuanto más atractivo sea un destino, más probable será que atraiga a viajeros nacionales de otras partes del país a un ritmo que pueda compensar la pérdida de turismo internacional. Regiones como
Cataluña, Baleares y Andalucía son imanes turísticos. Según el Foro Económico Mundial, España está entre los tres primeros países del mundo en recursos naturales y culturales'.


- La disponibilidad del transporte aéreo: 'los destinos que requieren que los viajeros se suban a un avión para llegar a ellos sentirán más el impacto económico de la pandemia como resultado de las preocupaciones sobre la seguridad
sanitaria y las restricciones a los viajes aéreos'.


37 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2021/120521-turismo.aspx.



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- Salud e higiene: 'los estándares de salud e higiene, junto con las políticas de salud personal y de seguro de viaje del individuo, afectan a los lugares que los viajeros eligen visitar. En este sentido, España va por detrás de otros
países. Tomemos como ejemplo las infraestructuras médicas: España tiene 30 camas de hospital por cada 10.000 habitantes, mucho menos que otros países como Francia (65 camas), Alemania (83 camas) o Japón (134 camas)'.


- Importancia de los viajes de negocios: 'debido a que los viajes de negocios tardarán más en recuperarse, las ciudades y destinos españoles con mayor dependencia de los viajes corporativos se verán más gravemente afectados a medio plazo.
En España, los viajeros de negocios representan el 17 % del gasto en viajes nacionales, lo que es mucho más alto que en muchos otros países; en el caso del vecino Portugal, por ejemplo, solo el 7 % del gasto en viajes nacionales proviene de los
viajeros de negocios'.


- Sostenibilidad: 'los viajeros son cada vez más conscientes del tamaño de su huella de carbono cuando viajan y pueden basar sus decisiones de viaje en cuestiones medioambientales. Según el Centro de Derecho y Política Medioambiental de
Yale, el índice de comportamiento medioambiental de España ocupa el puesto 14 a nivel internacional' 38.


21. También se indica en el referido informe que 'a pesar de que el sector turístico español empezó a descongelarse inmediatamente después de que se levantaran los cierres en 2020, su rendimiento relativamente débil en varios de los
factores mencionados está llevando a un período prolongado de recuperación con un coste devastador para la economía' 39.


22. Igualmente, se refleja que no todas las actividades turísticas se van a ver afectadas por igual y que el perfil del turismo español experimenta una transformación estructural. Así, la recuperación no será lineal puesto que sectores
como el turismo MICE o de negocios, los viajes en grupo, los cruceros, los viajes de negocios individuales y los segmentos urbanos se verán más afectados. Por otro lado, recibirán un impacto menor y por tanto tendrán mayores posibilidades de
recuperación el turismo religioso, el de segunda residencia, el ecoturismo, y el turismo deportivo y cultural 40.


23. Igualmente, se indica que, debido a lo anterior, aunque es probable que los empleos en el sector turístico vayan a sufrir serias transformaciones, España tiene muchos recursos para salir adelante minimizando el impacto. En este sentido
se hace esencial la colaboración entre la Administración Pública y las empresas privada del sector.


24. Por último, el referido informe propone una serie de soluciones para tratar de acelerar la recuperación del turismo español:


- Redoblar la apuesta en competitividad. Se manifiesta la importancia de prestar más atención a la competitividad y productividad. Así, la digitalización será clave, tanto en operaciones como en higiene, especialmente con la colaboración
de los gobiernos locales y se propone el impulso de un determinado turismo relacionado con las nuevas tecnologías.


- Innovar de una manera que implique la colaboración de organizaciones y sectores. En este sentido se destaca la importancia de identificar y satisfacer nuevas áreas de demanda y la necesidad de compartir recursos para mejorar la
flexibilidad, siendo imprescindible la colaboración público-privada y entre distintos sectores.


- Crear una 'fuerza especial de reimaginación del turismo' para desempeñar un papel más activo en la gestión del turismo. En este apartado se sugiere que los actores del Gobierno podrían tener un papel más activo en el sector turístico
mediante una colaboración más estrecha con las empresas para aumentar el atractivo de los destinos turísticos.


Esta idea es especialmente importante en los destinos rurales o pequeños debido a que en España están ganando en popularidad, pero carecen del necesario presupuesto y la suficiente capacidad para atraer a un mayor número de turistas.


25. En resumen, es conveniente trabajar sobre los factores indicados en el informe; promover los subtipos turísticos que más se van a ver afectados como el turismo MICE y el urbano y potenciar y explotar los que menos, como el turismo
activo; procurando al mismo tiempo una adecuada formación de los empleados del sector para que estén preparados ante los nuevos cambios.


38 Ibid., págs. 2 y 3.


39 Íbidem.


40 Ibidem, pág. 5.



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26. En definitiva, España es un gran país y tiene mucho que ofrecer, por lo que ahora más que nunca la Marca España debe ser impulsada y realzada a través de actuaciones de promoción. Es necesario llevar a cabo una campaña bien gestionada
y auditada con un fin muy claro de atraer turistas extranjeros y lograr que nuestros compatriotas elijan como destino de sus vacaciones nuestro país. Y ello, resaltando siempre nuestra gastronomía, ocio nocturno, parajes naturales, destinos de sol
y playa, monumentos, comercios, arte románico, espacios culturales, espectáculos de flamenco, fiestas populares, tauromaquia, turismo de relax y de compras, entre otros.


Por los motivos expuestos, para impulsar el turismo y apoyar toda su cadena de valor, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas:


- Promover y fomentar que los ciudadanos residentes en España elijan nuestro país como destino turístico preferente mediante la creación de campañas publicitarias que proporcionen una imagen segura y atractiva de nuestro país y muestren su
gran oferta experiencial.


- Implantar, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, una hoja de ruta homogénea en todo el territorio para la reactivación del turismo en España con el fin de disipar las dudas de los visitantes extranjeros y
recuperar la confianza de los principales mercados emisores, así como diseñar campañas publicitarias con suficiente impacto para tal fin.


- Promover la cooperación con las distintas administraciones y gobiernos locales con el fin de promocionar el turismo interior, especialmente con aquellos municipios o entidades locales que sufren el fenómeno de la España vaciada, para
realizar campañas conjuntas al objeto de captar turistas y favorecer la actividad económica y el empleo.


- Colaborar con las empresas del sector turístico con el fin de promover la digitalización e incentivar el turismo relacionado con ella como, por ejemplo, el turismo vinculado con el trabajo a distancia.


- Fomentar la colaboración entre las empresas del sector y con otros sectores, como el sanitario, con el fin de buscar asociaciones que mejoren la competitividad en el sector turístico y sirvan para aumentar la confianza de los consumidores.


- Impulsar programas de apoyo, formación y recapacitación para los trabajadores del sector turístico con el fin de evitar o minimizar el desempleo en el sector.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/002693


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D. Rubén Darío Vega Arias, D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Manuel Mariscal Zabala, D. Ángel López Maraver, D.ª Magdalena Nevado del Campo y D. Luis Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para adoptar medidas en relación
con la pesca demersal en el Mediterráneo, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


Primero. La pesca de arrastre.


La pesca de arrastre, pese a algunos elementos negativos, tiene efectos beneficiosos para el medio en el que opera, ya que en dosis adecuadas favorece la remoción de los sustratos del fondo marino al



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aportar nutrientes y descubrir larvas, gusanos o pequeños crustáceos que sirven de alimento a otras especies y, por tanto, poniendo la materia orgánica a disposición de los seres vivos que allí habitan.


Por otro lado, es necesario recalcar que la pesca de arrastre no se practica en zonas especiales protegidas como los parajes de la Red Natura 2000, las Zonas Especiales Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) o, en general,
cualquier otro área sujeta a cualquier otra forma de protección. Sin embargo, en los últimos tiempos se está produciendo la muerte anunciada del arrastre, un sector que involucra a casi 600 buques 41 en el Mediterráneo y sus tripulaciones, así como
a múltiples puertos pesqueros con una alta dependencia de la pesca.


La pesca de arrastre no solo es sostenible, sino también es un motor vital para la economía de la costa del Mediterráneo español, por lo que debemos centrar nuestro empeño y nuestros esfuerzos en hacerla sostenible y viable.


Segundo. El plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales del mar Mediterráneo.


El pasado 20 de mayo de 2020, se publicó en el BOE la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo (en adelante la Orden) 42,
con la que se pretende reducir el esfuerzo pesquero del arrastre mediterráneo restando días de pesca a los barcos, en línea con el Reglamento (UE) 2019/1022, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se establece un
plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 508/2014 (en adelante Plan Plurianual) 43.


Como indica la propia Orden, de los recursos pesqueros demersales 'dependen de forma directa el trabajo y la actividad de los pescadores de la modalidad de arrastre de fondo y artes menores, así como un elevado número de personas dedicadas a
actividades complementarias derivadas del ejercicio de esta actividad que se desarrollan en los distintos puertos y lonjas del área pesquera referida. Por consiguiente, las medidas de conservación de los recursos pesqueros, aunque tengan una visión
fundamentalmente biológica con el objeto de mejorar la situación de las poblaciones, deben de tener en cuenta también la situación socioeconómica de los colectivos que las explotan como, por lo demás, exige la legislación pesquera'.


De esta forma, es necesario recuperar los recursos del mar Mediterráneo y acercarse a los Rendimientos Máximos Sostenibles (RMS) dentro del equilibrio económico y social, pero no a costa de la destrucción de un sector fundamental de nuestra
economía, lo que provocaría efectos irreversibles para nuestra flota pesquera.


Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta que el Plan Plurianual, aprobado en 2019 a propuesta de la Comisión Europea y en vigor desde 2020, está reduciendo la actividad de los barcos de arrastre por debajo del mínimo de días
necesario, obligando de forma progresiva al cierre de empresas y a la pérdida de numerosos puestos de trabajo de sus tripulantes.


En el mencionado Plan Plurianual se recoge una reducción progresiva del esfuerzo pesquero (expresado en el número de días de pesca) del 10 % actual hasta un 30 % en 2025, supeditada a la evolución de la situación de las poblaciones, con el
objeto de lograr la mortalidad por pesca adecuada al RMS. Este modelo constituye un cambio sustancial respecto al anterior modelo de gestión integral de los recursos pesqueros.


No obstante, los profesionales consideran que no es preciso reducir aún más los días de pesca porque el ajuste de esfuerzo actual permitirá alcanzar el RMS en un plazo de tiempo cercano, siendo una utopía llegar a él en el año 2025, tal y
como pretende el Plan Plurianual, para todas las especies que se contempla y en todo el Mediterráneo occidental.


Por su parte, según los estudios de la Federación Nacional de Cofradía de Pescadores, las embarcaciones de la modalidad de arrastre precisan de un mínimo de 190 días de actividad anual para obtener rentabilidad. Además, debe suprimirse la
diferenciación artificial entre pesca costera y de profundidad, ya que el arte de arrastre es multiespecie.


También debe mencionarse que la aplicación de este Plan Plurianual en nuestro país está discriminando a la flota española de arrastre pues si nos comparamos con países como Francia o Italia,


41 https://www.diariosur.es/economia/agroalimentacion/malestar-sector-pesquero-20200505121434-nt.html.


42 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5163.


43 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81089.



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este sector (por ley) trabaja menos horas al día (12 horas) y menos días a la semana (5 días), pese a que el artículo 9.4 del Plan Plurianual limita este tipo de pesca 'a un máximo de 15 horas por día de pesca, cinco días de pesca por
semana, o equivalente'.


Esto se produce porque en nuestra legislación nacional, el artículo 9, primer párrafo, del Real Decreto 1440/1999, de 10 de septiembre, por el que se regida el ejercicio de la pesca con artes de arrastre de fondo en el caladero nacional del
Mediterráneo 44, recoge que 'el período autorizado para ejercer la pesca de arrastre de fondo será, para cada buque, de cinco días por semana y doce horas por día en la mar', es decir, se reduce el esfuerzo de pesca en tres horas al día y unas 60
horas al mes, lo que equivale a 4 días mensuales. Llevado a términos anuales, España impacta en el recurso pesquero 48 días al año menos que nuestros vecinos europeos.


Tercero. La excepción del Plan Plurianual.


En el artículo 7 del Plan Plurianual se contempla el régimen de gestión del esfuerzo pesquero, aunque en su apartado tercero, letra a), se recoge una importante excepción para el primer año:


'Durante el primer año de aplicación del plan, el esfuerzo pesquero máximo admisible se reducirá en un 10 % con respecto al valor de referencia, salvo en las subzonas geográficas en que el esfuerzo pesquero se haya reducido ya en más de un
20 % durante el periodo del valor de referencia.'


Por lo tanto, a la vista de la dispensa y habida cuenta de que no se ha realizado aún, urge calcular con la mayor precisión posible y justificar a nuestras flotas el esfuerzo pesquero que estas han reducido hasta la fecha que se redujo más
de un 20 % entre 2015 y 2017.


Además, no se ha tenido tampoco en cuenta otras medidas que ha llevado a cabo este sector y que minoran notablemente el esfuerzo pesquero como la relativa a la adecuación de las redes de malla de este arte. En todo el Mare Nostrum, en
virtud del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º
2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) n° 1626/94 45, por su artículo 9.3, apartado 2, se ha impuesto 'una red de malla cuadrada de 40 mm en el copo o, previa petición debidamente justificada del propio buque, por una red de malla rómbica de 50 mm'.
Esta medida contribuye significativamente al aumento de la selectividad del arte, a la que se le añaden otras que reducen su impacto en los fondos y en el recurso.


Por último, tampoco se puede dejar pasar la contribución a dicho esfuerzo pesquero con la participación de nuestros pescadores en la reducción de la contaminación del mar, con incidencia en el estado de los recursos pesqueros, a través de
numerosos proyectos como el Upcycling the Oceans.


Cuarto. La paralización temporal.


Según se contempla en el artículo 12 de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo, 'las medidas de paralización temporal
adoptadas para lograr los objetivos del plan se considerarán una paralización temporal de las actividades pesqueras' 46.


En cumplimiento del Plan Plurianual, la Orden recoge 'una reducción del esfuerzo pesquero en la modalidad de pesca de arrastre de fondo' 47 que, así pues, constituye una parada temporal 'stricto sensu' que ha de ser remunerada.


Este hecho se deriva del artículo 2 de la Orden APA/380/2019, de 26 de marzo, por la que se regulan las paradas temporales para la modalidad de arrastre de fondo y cerco en determinadas zonas del litoral Mediterráneo 48, ya que recoge que
'previo acuerdo de la Conferencia Sectorial, las paradas temporales de la actividad pesquera que se efectúen en cumplimiento de las vedas establecidas en el artículo 1.º, podrán recibir financiación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, en las
condiciones establecidas en el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo


44 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-20641.


45 https://www.boe.es/doue/2006/409/L00011-00085.pdf.


46 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5163.


47 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5163.


48 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4810.



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y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera, así como las que específicamente se establezcan en el mencionado acuerdo'.


Por tanto, todos aquellos afectados por el esfuerzo pesquero en la modalidad de pesca de arrastre de fondo que recoge la Orden han de tener derecho a las ayudas contenidas en el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre.


Quinto. Apoyo a la innovación en las cofradías de pescadores.


Finalmente, no se puede dejar pasar por alto que algunas Cofradías y Federaciones de Pescadores están innovando y diseñando medidas técnicas añadidas, junto con grupos de investigación y científicos, para mejorar la selectividad de las
artes. Esta innovación pretende la obtención de nuevas técnicas que sean específicas según el área para las que se proyectan, y asumibles por el sector para poder alcanzar el umbral mínimo de rentabilidad.


Por este motivo, y por su reconocimiento como 'guardianes del mar', es fundamental y necesario que el Gobierno adopte medidas encaminadas a ayudar este tipo de estudios mediante el fomento de la innovación en el sector pesquero demersal.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Modificar la normativa actual a fin de permitir un mínimo de 190 días de actividad anual a todas las embarcaciones del sector afectado por la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la
conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo de modalidad de arrastre, independientemente del tamaño del buque.


- Incorporar la reducción de días a la pesca de arrastre demersal por esfuerzo pesquero como parada temporal de forma que se garanticen las ayudas contempladas en el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre.


- Poner en marcha medidas para la elaboración de estudios y de apoyo a la innovación en el campo de la pesca de arrastre que permitan una mayor sostenibilidad de este tipo de pesca.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2021.-Rubén Darío Vega Arias, Ricardo Chamorro Delmo, Manuel Mariscal Zabala, Ángel López Maraver, María Magdalena Nevado del Campo y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/002694


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la eliminación de las exenciones fiscales a los combustibles del sector pesquero, para su debate en la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU es la regulación de las ayudas públicas para el sector pesquero partiendo de las reuniones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como organismo responsable de buscar el
acuerdo entre los 164 países que la componen. Se trata de un debate que no es sencillo y cuyas conclusiones podrían traer un impacto importante en la ilota gallega, que vendría a sumarse a los golpes ya recibidos, poniendo aún más en riesgo el
mantenimiento de la actividad.



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En estos momentos existe un borrador de texto sobre el que se está negociando y su objetivo es el de lograr un acuerdo antes de la próxima conferencia ministerial de la OMC, inicialmente prevista para el 15 de julio.


El documento sobre el que se está a trabajar incluye importantes cambios sobre las reglas que actualmente rigen las ayudas que recibe el sector pesquero. Entre los más importantes figuran los que se producirían sobre las exenciones fiscales
a los combustibles, que quedarían eliminadas, bajo el argumento sin fundamento esgrimido por muchas de las partes que componen la OMC de son subsidios nocivos que fomentan la sobrepesca.


En el Estado español, el precio del combustible pesquero es de 45 céntimos el litro y, de aprobarse las medidas propuestas, podría llegar a doblar su cuantía, lo que supondría otro duro ataque al sector, sin tener en cuenta su importancia
económica ni su implantación social en muchos territorios altamente dependientes del mismo, como es el caso de Galiza.


La postura que está defendiendo la UE, que negocia en la OMC en nombre de los Estados miembros, parece que va en el sentido de poner en valor la importancia de la ordenación pesquera y las mejoras en la gestión introducidas como elemento
principal de la protección de los recursos ya en los últimos años.


El Gobierno español se ha manifestado en la misma línea de las argumentaciones de la Unión Europea. Sin embargo, su posición resulta poco convincente cuando, por otra parte, es el mismo quien incluye en el Plan de Recuperación remitido
recientemente a Bruselas una serie de medidas fiscales que, bajo el paraguas de la mejora de los objetivos para evitar el cambio climático, también tendrían una grave incidencia en distintos sectores económicos, sobre todo en el sector pesquero y en
el conjunto de la actividad que lleva a cabo.


Los llamados 'impuestos verdes' servirían, entre otras cosas, para igualar el precio del diésel al de la gasolina, una medida que el Gobierno del Estado ya tenía prevista para los Presupuestos Generales de 2021 y que finalmente no incluyó.


Estamos pues delante de una serie de acciones que, de llevarse a cabo, supondrían un duro golpe para el sector del mar, sobre todo en el caso de la flota de bajura, otro más que habría que añadir a los que ya se ha visto sometida desde hace
años y que haría definitivamente inviable el mantenimiento de la actividad en muchos casos.


Galiza no puede seguir soportando actuaciones de este tipo que abocan a la desaparición paulatina de una de las principales flotas de la UE. Tanto la Xunta de Galiza como el Gobierno del Estado deberían defender con firmeza al sector
pesquero que proporciona miles de puestos de trabajo directos e indirectos y que es sostenible medioambientalmente. Sin embargo, una vez más las medidas que se pretenden imponer no tienen en cuenta las consecuencias económicas pero, sobre todo,
sociales que traerían aparejadas.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Acordar con la Xunta de Galiza un plan de acción delante de la UE y de la OMC que tenga como objetivo la defensa clara de los intereses de la flota pesquera gallega, en este caso, en lo referido a la posible eliminación de las exenciones
fiscales a los combustibles.


2. Manifestar el compromiso del Gobierno del Estado con el sector pesquero asegurando que no se impondrán medidas fiscales que tengan por objeto incrementar el precio del combustible destinado a la actividad pesquera.


3. Estudiar y poner en marcha mecanismos de contingencia que palien las consecuencias de las previsibles medidas que se pretenden poner en marcha si finalmente se efectivizan.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.



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161/002711


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre agua regadío, para su debate en
la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


Desde hace más de 1000 años, el desarrollo tecnológico y científico nos permitió adoptar y adaptar diversos medios y recursos técnicos para la prospección, captación, elevación, almacenamiento, distribución y usos de aguas, que propiciaron
el desarrollo del regadío esencial para la agricultura y que fue el motor de una importante revolución agrícola.


Desde entonces a la actualidad, el regadío ha estado unido al desarrollo de la agricultura y ha tenido un papel clave en la economía agraria española. La modernización de las infraestructuras de regadío supone un impulso de la
sostenibilidad económica, ambiental y social a las zonas donde se realizan.


La optimización del agua se ha convertido en un reto común para la sociedad, especialmente en el levante español, que ha vivido exigiéndose a sí misma un uso eficiente, responsable y sostenible de agua.


Por ejemplo, en la región de Murcia, en los últimos 40 años, se ha realizado una inversión pública de más de 500 millones de euros, consiguiendo que, en la actualidad, el 85 % de su superficie regable se encuentre modernizada.


Gracias a las actuaciones de modernización de regadíos, el consumo de agua de riego por hectárea se redujo en España un 15 % en los últimos diez años, a pesar de que la superficie de regadío creció algo más de un 10 % en igual periodo.


Los fondos europeos Next Generation EU son una oportunidad histórica para movilizar recursos e impulsar actuaciones relacionadas con el regadío y puede generar, además de un ahorro de recursos hídricos, un impacto muy positivo sobre el
conjunto de la sociedad y la economía de las comarcas o regiones.


Por este motivo, los proyectos destinados a mejorar y modernizar los regadíos y las infraestructuras asociadas deberían beneficiarse de los fondos de recuperación de la Unión Europea, si bien el Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia aprobado por el Gobierno es muy timorato en las referencias agrícolas y de regadío.


Muestra del poco interés del gobierno de España son los escasos recursos procedentes de dichos fondos de recuperación europeos. De los 140.000 millones de euros que llegarían de Europa a través del llamado Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, tan solo un 1,67 % (1050 M€) del total de presupuesto va al sector agroalimentario, a pesar de generar el 12 % del PIB nacional.


Por ejemplo, desde la Región de Murcia, en la primera fase se han presentado proyectos para continuar con la modernización de sus regadíos y la optimización de los existentes, por importes superiores a 250 millones de euros, que permitiría
realizar un uso aún más eficiente del agua, ayudando a la fijación de la población rural, asegurando la cohesión territorial, y disminuyendo la presión sobre los ecosistemas terrestres asociados a las masas de agua.


Este tipo de proyectos, que aseguran la disposición de agua y su ahorro promoviendo con ello la actividad económica en las zonas rurales, contribuyen a asentar población y evitar el problema de despoblación que sufren muchas regiones rurales
de España, por lo que no debería perderse de vista a la hora de diseñar políticas y estrategias encaminadas a frenar este problema. Tal y como reconocen las organizaciones sectoriales, la despoblación rural es mayor en las zonas donde menos
regadíos hay.


En resumen, es necesario destinar una mayor parte de los recursos de los fondos Europeos de Recuperación a iniciar aquellas iniciativas susceptibles de poner en marcha en el ejercicio 2021 previstas por las Comunidades de Regantes y
contempladas en los compromisos y necesidades de los diferentes Planes Hidrológicos de cuenca que suponen un aprovechamiento eficiente y sostenible del agua para regadío.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Priorizar la aprobación y ejecución de los proyectos de aprovechamiento eficiente y sostenible del agua para regadío con los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.


2. Agilizar todas las tramitaciones necesarias de los proyectos de regadíos e infraestructuras asociadas (balsas, etc.) por su aportación a la sostenibilidad ambiental, contribución a la economía rural y como mecanismo de lucha contra la
despoblación.


3. Impulsar, aprobar y agilizar la ejecución de proyectos de modernización de regadíos en la Región de Murcia como beneficiarios del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aumentando los fondos del citado Plan
destinados a dichos proyectos.


4. Promover y regular con carácter inmediato un modelo de tarifación favorable y adaptada a las especiales características del sector, evitando incrementos en la facturación eléctrica, especialmente las derivadas de la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética y del Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional.


5. Potenciar la implantación de energías renovables en el mundo rural como mecanismo de reducción de emisiones, ahorro de costes y, por tanto, complemento de los ingresos de los agricultores.


6. Adoptar medidas para evitar la pérdida de superficie agrícola a costa del desarrollo de las energías renovables.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2021.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002717


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al tope de capturas de bonito del norte en la pesca
recreativa de aguas exteriores, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La pesca marítima de recreo es una actividad de gran implantación en todo el litoral. Son muchas las personas que dedican su tiempo libre o su merecida jubilación a ella.


Este tipo de pesca, además de satisfacer a las personas que la practican, genera toda una actividad económica alrededor: la construcción, venta y reparación de embarcaciones de recreo; la venta de artes, aparejos, cañas, etc.; así como la
referida a hostelería y comercio en puertos y marinas.


En 1999 se estableció una regulación de esta actividad mediante la Orden de 26 de febrero de 1999, por la que se establecieron las normas que regulan la Pesca marítima de recreo. Con posterioridad, y a través del Real Decreto 347/2011, de
11 de marzo, por el que se regula la Pesca marítima de recreo en Aguas exteriores, se modificaron y mejoraron lagunas y deficiencias que se habían detectado.


Como es sabido, la pesca marítima de recreo adquiere especial relevancia, entre otras, en los meses estivales en las aguas exteriores del Cantábrico, con la pesca del atún blanco o bonito del norte (Thunnus Alalunga). Esta especie tan
estimada tiene su propia costera a nivel profesional y viene regulada por sus propias normativas y órdenes.


Así, y para la presente campaña de bonito, el ICCAT ha aprobado la Recomendación 04- 2020 por la que eleva la cuota de atún blanco, pasando de las 33.600 Tns correspondientes al año 2020 a las 37.801 t para el año 2021 y siguientes. Ello
demuestra que la presencia de esta especie en estas aguas goza de buena salud e incluso se ha visto incrementada, como se ha señalado, en un 12 % para la pesca profesional.



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Los pescadores aficionados de embarcaciones recreativas que opten a pescar esta especie necesitan una licencia específica que tiene límites y especificidades reguladas en el citado Real Decreto 347/2011 que establece que: 'En tanto no se
aprueben las normas de desarrollo a que se refiere el artículo 5 del presente Real Decreto sobre los límites máximos de captura para cada zona de pesca y otras consideraciones técnicas, continuarán en vigor las disposiciones relativas a los topes
máximos de capturas y tallas mínimas contenidas en la Orden de 26 de febrero de 1999, por la que se establecen las normas que regulan la pesca marítima de recreo'.


Es decir, que a día de hoy están en vigor los topes de la Orden de 26 de febrero de 1999, que en su artículo 4.3.a) dice; 'Los topes máximos de captura en la pesca marítima de recreo será de cinco piezas por licencia y día, con un máximo de
20 piezas por embarcación y día, para el conjunto Atún Blanco, Patudo y Merluza'.


El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el objetivo de actualizar la regulación global de esta actividad en aguas exteriores, ha trasladado tanto a las CC. AA. como al sector un borrador de Real Decreto que cambia estos
topes actuales de capturas, estableciendo lo siguiente: '...el tope máximo de capturas diarias permitidas por licencia y día será de: a) Tres piezas para las especies de Atún Blanco (ALB) y Patudo (BET) en conjunto, con un máximo de un ejemplar
para este último'.


Y en ese mismo artículo 11.4, se dice: '4. Además, para las embarcaciones autorizadas conforme al artículo 6, el tope de capturas cuando dirijan su captura al Atún Blanco y Patudo no podrá ser superior al resultado de multiplicar el número
de licencias conforme al artículo 4 a bordo por el tope máximo de tres piezas hasta un total de doce ejemplares para ambas especies, de las cuales, cuatro piezas como máximo podrán ser de Patudo'.


Es decir, hay una propuesta de descenso de capturas diarias, tanto en atún blanco como en patudo.


Si bien en el caso del patudo puede estar justificado el descenso en el sentido de las recomendaciones del ICCAT, no es el caso del atún blanco porque, tal y como hemos citado, el stock de esta especie ha aumentado.


Por lo tanto, con el stock de esta especie en alza se nos hace difícilmente justificable un descenso de los topes de captura para los recreativos, ya que las capturas de estos son para consumo propio y ni influyen ni perjudican en absoluto a
la costera o campaña de los profesionales, y no alteran los índices de biomasa de esta especie.


Proposición no de Ley


'Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener los criterios de captura de atún blanco o bonito del norte en los términos establecidos en la Orden de 26 de febrero de 1999, por la que se establecieron las normas
que regulan la pesca marítima de recreo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2021.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comisión de Política Territorial y Función Pública


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. Juan Carlos Segura Just, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la supresión de cualquier excepción contemplada en la
normativa vigente que permita emplear el sistema de libre designación para la provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, para su discusión en la Comisión de Política
Territorial y Función Pública.



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Exposición de motivos


Primero. Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.


La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local ('LBRL') ha consagrado como funciones necesarias en todas las Corporaciones Locales, y reservadas a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, las funciones de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico- financiera y presupuestaria, y contabilidad, tesorería y recaudación.


Esta regulación está contenida, fundamentalmente, en el artículo 92 bis de la LBRL, que prevé el desarrollo reglamentario de las especialidades correspondientes a estos funcionarios en relación con la selección, formación y habilitación,
creación, clasificación, supresión y provisión de puestos reservados, así como las que afecten a su régimen disciplinario y situaciones administrativas.


A tal efecto se aprobó el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, disposición ya derogada y cuya versión
consolidada se encuentra en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional ('RD 128/2018'). De entre los principales objetivos del
Real Decreto 128/2018, según señala su exposición de motivos, cabe destacar los siguientes:


i. Evitar los problemas de solapamientos competenciales entre administraciones hasta ahora existentes.


ii. Reforzar el papel de la Administración General del Estado en relación con los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al asumir la selección, formación y habilitación de estos funcionarios, así como
la asignación de un primer destino.


iii. Asimismo, reforzar y clarificar las funciones reservadas a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al entender que son básicas para el funcionamiento de las Corporaciones Locales, especialmente
la función interventora, para lograr un control económico- presupuestario más riguroso, en el marco del desarrollo del artículo 213 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, lo que contribuirá a mejorar la toma de decisiones por los cargos electos en el ejercicio del mandato representativo que tienen encomendado constitucionalmente.


iv. Garantizar una mayor profesionalidad y eficacia en el ejercicio de las funciones reservadas.


v. Permitir una gestión más eficaz y homogénea de este colectivo en todo el territorio nacional, dada la importancia de las funciones que desempeñan en las Corporaciones Locales, y su repercusión en el interés general.


Segundo. La selección de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.


El artículo 19 del Real Decreto 128/2018, regula los presupuestos para el ingreso y selección para acceder a la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Así, señala los siguientes:


'Artículo 19. Ingreso y selección.


1. Para el ingreso en la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en cualquiera de sus subescalas, se exigirá, en todo caso, la posesión de la nacionalidad española, al implicar los puestos de
trabajo reservados a la misma una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto
en artículo 4 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo sobre acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de
trabajadores.


2. El ingreso en las subescalas en que se estructura la habilitación de carácter nacional se llevará a cabo mediante el correspondiente proceso selectivo, conforme a las bases y programas aprobados por el Ministerio de Hacienda y Función
Pública, que designará los tribunales calificadores, correspondiendo al Instituto Nacional de Administración Pública la gestión y ejecución de los procesos selectivos.



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3. El acceso a la subescala de Secretaría-Intervención, a la subescala de Secretaría y ala subescala de Intervención-Tesorería se llevará a cabo mediante el correspondiente proceso selectivo que constará de dos fases:


a) La primera fase consistirá en la superación de un sistema selectivo de oposición. Quienes superen esta primera fase serán nombrados funcionarios en prácticas.


b) La segunda fase implicará la superación de un curso selectivo en el Instituto Nacional de Administración Pública o en Institutos o Escuelas de funcionarios de las comunidades autónomas, con las que este Instituto haya suscrito convenios
al efecto.


Quienes superen el curso selectivo, ingresarán en la subescala correspondiente, y serán nombrados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, funcionarios de carrera de administración local con habilitación de carácter nacional, de
dicha subescala y/o categoría, publicándose los nombramientos en el 'Boletín Oficial del Estado'.


El ingreso en las subescalas de Secretaría y de Intervención-Tesorería se efectuará en la categoría de entrada.


4. La promoción interna a la subescala de Secretaría y a la subescala de Intervención-Tesorería se llevará a cabo mediante la superación del correspondiente proceso selectivo.'


Por su parte, el artículo 27 del Real Decreto arriba referenciado regula el sistema de provisión de los puestos de trabajo, a saber:


'Artículo 27. Sistemas de provisión.


1. Provisión definitiva.


a) Los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional se proveerán por concurso de méritos, que será el sistema normal de provisión.


b) Excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, podrán cubrirse por el sistema de libre designación entre funcionarios de la subescala y categoría
correspondiente, en los siguientes supuestos, previstos en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:


1.º En los municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.


2.º En las Diputaciones Provinciales, Áreas Metropolitanas, Cabildos y Consejos Insulares.


3.º En las Ciudades de Ceuta y Melilla.


c) También se considerarán nombramientos de carácter definitivo, los siguientes:


1.º Puestos asignados en primer destino.


2.º El puesto asignado cuando se tuviera reserva de puesto y se procediera de la situación de servicios especiales.


3.º La permuta de puestos. Las Comunidades Autónomas, podrán autorizar las permutas de puesto entre dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, cuando ambos puestos se encuentren en su ámbito territorial,
de acuerdo con su normativa específica y, en el caso que excedan de dicho ámbito, podrá autorizarlas la Dirección General de la Función Pública.


[...]'


La excepción contemplada en el artículo 27.1.b) fue introducida en virtud de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.


El artículo al que remite el 27.1.b), el 92 bis LBRL señala en su apartado 6, párrafo 4, que:


'Excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación, en los municipios incluidos en el ámbito subjetivo
definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como las diputaciones provinciales, áreas metropolitanas, cabildos y consejos
insulares y las ciudades con estatuto



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de autonomía de Ceuta y Melilla, entre funcionarios de la subescala y categoría correspondiente. Cuando se trate de puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.b) de este artículo, será precisa la
autorización expresa del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas locales.'


Los municipios comprendidos en los artículos 111 y 135 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ('LRHL') serán aquellos que sean capitales de
provincia, o de comunidad autónoma [artículo 111.a)], aquellos que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes [artículo 111.b)], en las diputaciones provinciales, áreas metropolitanas, cabildos y consejos insulares y en las
Ciudades de Ceuta y Melilla (artículo 135).


Tercero. El concurso de méritos en aras de la cualificación técnica.


La importancia de las funciones que desarrollan estos funcionarios, contempladas en el expositivo primero, requieren de profesionales altamente cualificados. De ahí, precisamente, que la exposición de motivos del real Decreto 128/2018
señalase como uno de sus principales objetivos 'Garantizar una mayor profesionalidad y eficacia en el ejercicio de las funciones reservadas'. Ello choca frontalmente con la excepción prevista en el artículo 27.1.b), que no fue modificada por el
mentado Real Decreto.


Así, la excepción contemplada confiere por vía legal un margen de discrecionalidad demasiado amplio para los gobernantes de aquellos territorios comprendidos en los artículos 111 y 135 LRHL, cuyo ámbito de actuación, tanto por volumen de
población como por los recursos que gestionan, es muy amplio.


Así, la garantía de imparcialidad e independencia, que por motivo de las funciones tan importantes que desempeñan, otorga el sistema de concurso de méritos, decaen cuando la provisión de estos puestos se deja a merced de la voluntad política
y la confianza.


La configuración de estos nombramientos habría de atenerse, en todo caso, a la regla general del concurso de méritos establecida en el artículo 27.1.a) del Real Decreto 128/2018, ampliamente desarrollado en el capítulo IV del citado real
decreto.


Todo ello porque la naturaleza técnica de las funciones que les son encomendadas a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como los principios rectores en el desempeño de sus funciones
-objetividad, independencia e imparcialidad- son motivo suficiente para exigir que el régimen de provisión de estos puestos se ciña, en exclusiva, al concurso de méritos.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la modificación de la legislación relativa a los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, a fin de suprimir cualquier excepción contemplada en
la normativa vigente que permita emplear el sistema de libre designación para la provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, debiéndose proveer siempre tales puestos
exclusivamente por el procedimiento de concurso de méritos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2021.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just y Pablo Juan Calvo Liste, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/002689


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre los parques eólicos Val do Folgoso y Monte dos Porcallos que afectan a los municipios de Lalín, Rodeiro y Dozón, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.



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Exposición de motivos


El 17 de marzo de 2021 se publicó en el BOE (N.º 65, páginas 16884 a 16887), el anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental
y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Val do Folgoso, de 56 MW, que prevé situarse en los municipios de Lalín, Rodeiro y Dozón, del Parque Eólico Monte dos Porcallos, de 56 MW, que quiere instalarse en el municipio
de Lalín, y de su infraestructura de evacuación, que ocupará terrenos en los municipios de Lalín, Vila de Cruces y Silleda. Se asigna a este proyecto el código PEol-353 AC.


Dentro de la tramitación la empresa promotora, la entidad Green Capital Development XXIX, S.L., ha solicitado la Declaración de Impacto Ambiental y Autorización Administrativa Previa para la instalación de ambos parques ante el Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico por superar cada uno de ellos los 50 MW.


Existen múltiples argumentos que avalan la denegación de la autorización solicitada, debiendo impedirse la instalación de los parques en la ubicación propuesta.


En primer lugar, debe tenerse en consideración la total falta de proporcionalidad y de carácter regulado en la tramitación de autorizaciones para la instalación de parques eólicos, que se sitúa al margen de la planificación eólica existente
tal y como estipula la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, recoge en su artículo 53.6.


La tramitación de estos dos parques evidencia la total falta de regulación en el procedimiento y el incumplimiento del principio de proporcionalidad marcado legalmente, pues la Administración General del Estado tiene en estos momentos en
diferentes fases de tramitación administrativa un conjunto de parques que supondrían hasta 2.524 MW. Una capacidad eólica completamente al margen de las previsiones y del 'carácter regulado' de la Planificación Eólica de Galiza, recogida en el
Decreto 302/2001, del 25 de octubre, por el que se regula el aprovechamiento de la energía eólica en Galiza.


En el caso de Lalín, cabe indicar que sobre la misma área de tramitación del Parque Eólico de Porcallos, se encuentra también en tramitación administrativa otro proyecto de idénticas características constructivas y de potencia, denominado
Parque Eólico Céfiro. Además, también están en tramitación otros parques que se situarían en el área contigua a la de estos dos y a lo largo de los puntos más altos denominados Parque Eólico Galerna (Lebozán), el Parque Eólico Suído I (Monte
Navallos-Abeleda con Dozón), el Parque eólico Brisa (Lalín, Rodeiro, Dozón), el de Tenzas do Aire (Rodeiro, Lalín), el de Turubelo (Lalín) y el de Alborín (Rodeiro, Lalín).


La implantación de todos esos parques solicitados es claramente abusiva y demuestra una falta de planificación o regulación del procedimiento, así como una descoordinación y un abuso en las competencias atribuidas al Ministerio, que debe
autorizar los parques superiores a 50 MW, pues, si con su intervención permite esta expansión eólica desmesurada, estará modificando substancialmente la planificación eólica vigente en Galiza, lo que excede sus competencias.


La segunda cuestión que debe llevar a la denegación de la autorización solicitada es la inadecuada evaluación ambiental realizada con motivo de la instalación de estos proyectos. En este sentido debe atenderse a lo previsto en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que en su artículo 53.7 establece que deberá denegarse la autorización 'cuando no se cumplan los requisitos previstos en la normativa aplicable'.


En este sentido, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que debe ser objeto de una 'evaluación ambiental estratégica' los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una
Administración Pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por Acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma cuando:


'a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte,
gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo.'


Resultaría por lo tanto necesario someter a una Evaluación Ambiental Estratégica de todo el conjunto del desarrollo eólico en Galiza, tanto el recogido en la Planificación Eólica de Galiza dependiente de



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la Administración gallega, como el que desarrolla de forma independiente la Administración General del Estado.


La falta de la debida evaluación ambiental deriva en una incidencia negativa en el funcionamiento del sistema y de clara inseguridad jurídica. Resulta evidente que la producción eólica planificada en un territorio debe evaluarse y valorarse
en su conjunto, como un todo, y no de forma fragmentada en partes sometidas a evaluaciones ambientales independientes.


En tercer lugar el Ministerio debe tener en cuenta que aunque las solicitudes de ambos parques se hayan presentado separadamente, van a compartir la ejecución y medios de instalación, pues utilizarán la misma línea eléctrica interior de alta
tensión de 4 km y otra de evacuación hasta la subestación de Silleda. Sin embargo, se fragmenta en dos para facilitar así la tramitación y conseguir la autorización pertinente, pero en realidad funcionarán como un único parque.


Además, tanto los propios parques como sus instalaciones accesorias originarán un grave impacto económico y ambiental sobre los lugares de Goiás, Porcallos y Maceira (Lalín), Álceme (Rodeiro) y A Lagoa (Dozón), puesto que, a diferencia de
otros parques que suelen ocupar superficie forestal y de matorral en los puntos altos de las sierras, en este caso, los Parques de Val do Folgoso y Monte dos Porcallos, van a instalarse en tierras dedicadas a usos agrícolas y ganaderos, sobre todo
de pasto de vacuno.


Unas 30 granjas instaladas en esta zona, de vacuno, porcino y avícola, con muy pocos años de funcionamiento, quedarán bajo la influencia de la construcción y de la contaminación acústica de los aerogeneradores, situados a tan solo 200 o 400
metros de distancia. Esto no cumple con la legalidad urbanística que exige una distancia mínima de 500 metros, tal y como se recoge en la Planificación Eólica de Galiza.


El Parque Eólico del Monte dos Porcallos, situado íntegramente en el Concello de Lalín, afectará por su proximidad a los lugares de Goiás y Santón, en el monte da Ermida, con granjas de ganado vacuno a menos de 400 metros; Palmaz en el
lugar do Valiño a menos de 500 metros; en el Monte do Costado, afectará a la granja del lugar de Tras da Zarra, a menos de 450 metros; en el Coto Mamoela, se proyecta la subestación, que se situaría en el entorno del complejo megalítico de mámoas
y quedaría a menos de 450 metros del trazado del Camiño de Inverno y dentro de su campo visual; en la zona que se sitúa entre subestación y aerogenerador, se sitúan otras cinco granjas; el aerogenerador situado en la Costa do Saldoiro, tendrá tres
granjas muy próximas a 250 m, 450 m y 1000 m; el situado en Costa da Sabugueira afectará a otras tres granjas que quedarán situadas a tan solo 260 m, 460 m y 600 m respectivamente; y el lugar de Porcallos quedará a 425 metros de otro de los
aerogeneradores.


En el caso del Parque Eólico Val de Folgoso, una continuación del mismo parque anterior que afecta a los concellos de Rodeiro e Dozón, afectará a los lugares de Alvarellos y A Corredoira, en este segundo caso con dos aerogeneradores a menos
de 400 metros. También a los lugares de Paredes (a 600 m), As Tecedeiras (a 300 m) y quedará próximo al lugar de A Lagoa. Este parque afectará a un total de 12 granjas. Las más próximas son las situadas en Agro dos Castros (a 275 m) así como las
próximas al Alto de Nespereira y de la Rocha (entre 200 y 400 m).


Debe valorarse también que la afectación a la actividad económica y agraria no se deriva únicamente de la proximidad a los aerogeneradores o líneas de alta tensión, sino que quedan afectadas también todas las actividades que se pretendan
desarrollar dentro de la poligonal o área de influencia de ambos parques. Esto supondrá que en la zona de afección directa o de vuelo de los aerogeneradores se limite o restrinjan las actividades agropecuarias actuales y su desarrollo posterior y
que impedirá la colocación de elementos que superen determinada altura, como silos, depósitos de agua. Además, implicará la creación de servidumbres de paso para el acceso en superficie y para la conducción subterránea lo que impedirá que en esas
áreas se pueda modificar o alterar el terreno.


Otra de las graves consecuencias derivadas de la instalación de estos parques será la alteración de la red hídrica de aguas subterráneas y superficiales, al construir accesos, canalizaciones y zapatas para el asentamiento de los
aerogeneradores. Preocupa especialmente la afección crítica por la ocupación de zonas altas sobre los nacientes de fuentes y manantiales que abastecen de agua a los lugares próximos. Además, afectará al aporte de agua de riego a una importante
superficie dedicada a pastos de forraje de los que dependen las explotaciones ganaderas.


Otro argumento que avala la denegación de la autorización es el daño que la instalación de los parques supondrá para el patrimonio cultural, arqueológico y arquitectónico. Entre los principales elementos que van a verse afectados puede
citarse un tramo del Camiño de Inverno a Santiago de Compostela, el yacimiento de mámoas de O Couto de Mamoela, las mámoas do Costado o la Iglesia Románica de San Miguel de Goiás del s. XII.



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Además afecta también al patrimonio natural pues pone en grave riesgo la biodiversidad local y zonas declaradas protegidas dentro de la Rede Natura 2000. Así, la poligonal del Parque Eólico de Porcallos invade un área perteneciente a la
Zona de Especial Conservación de Sobreirais do río Arnego, Código ZEC ES1140015 de la Rede Natura 2000.


Cabe destacar que el Estudio de Impacto Ambiental obvia la afección que el desmonte y movimientos de tierra durante la fase constructiva, que puede dar lugar a arrastres de áridos, cementes y líquidos que afectarían a las especies de fauna y
flora protegidas presentes en el Rego das Abellas y en sus afluentes.


Entre las especies en peligro de extinción que pueden ver alterado su ecosistema destaca el Mejillón de río (Margaritifera margaritifera) que no aparece descrito en el estudio de impacto ambiental y que tiene presencia en el Río das Abellas
situado en Rede Natura y cuyo delicado hábitat no puede ponerse en riesgo por el arrastre de sedimentos. Así mismo, supondría un ataque a otra especie vulnerable la auganeira (Galemys Pyrenaicus) presente en también en el Río das Abellas.


El informe tampoco hace una correcta valoración del impacto en la avifauna, pues analiza una zona geográfica situada a más de 50 km del lugar en que se instalarán los Parques Eólicos. En la zona de ejecución del parque y de sus líneas de
evacuación se ubica una de las áreas prioritarias de reproducción, alimentación y dispersión de aves incluidas en el Catálogo Gallego de Especies amenazadas (Resolución de 18 de septiembre de 2018 de la Dirección General de Patrimonio Natural), como
son la Gatafornela (Circus cyaneus) y la Tartaraña cincenta (Circus pygargus). Así, en toda la zona de ocupación del Parque Eólico dos Porcallos se encuentra una de las últimas colonias de cría de estas dos especies catalogadas como vulnerables,
sin que el estudio de impacto ambiental recoja medida alguna en relación a su afección y protección durante la construcción y posterior funcionamiento.


Tampoco se contempla en el estudio de impacto ambiental que el lugar es una zona de reproducción del lobo (Canis lupus signatus), especie sometida a Plan de Gestión mediante Decreto 297/2008, del 30 de diciembre, que de forma específica
prevé que en las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos de implantación eólica se incluyan datos sólidos sobre la presencia de lobos en las áreas de influencia y se realice una evaluación de seguimiento. En este sentido, existen estudios
científicos que concluyen que los parques eólicos pueden provocar una inestabilidad reproductora, que lleve al abandono de los centros de actividad más próximos a los aerogeneradores y a la elección de nuevos lugares de reproducción con índices de
calidad de hábitat más bajos.


En definitiva, la instalación de los parques eólicos solicitados supondrá un grave perjuicio en la zona, tanto de carácter ambiental, como patrimonial y económico, por lo que debe denegarse la autorización.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Denegar la autorización para la construcción del Parque Eólico Val do Folgoso, de 56 MW, que prevé situarse en los municipios de Lalín, Rodeiro y Dozón, del Parque Eólico Monte dos Porcallos, de 56 MW, que proyecta instalarse en el
municipio de Lalín, así como de su infraestructura de evacuación, que ocupará terrenos en los municipios de Lalín, Vila de Cruces y Silleda (Proyecto con código PEol-353).


2. Paralizar todos los proyectos eólicos en tramitación actualmente para, en colaboración con la Xunta de Galiza y respetando sus competencias propias en esta materia, realizar una valoración conjunta del desarrollo eólico para una
planificación adecuada y coordinada del mismo.


3. Elaborar junto con la Xunta de Galiza y respetando sus competencias, una Planificación Eólica conjunta asentada en criterios de proporcionalidad, racionalidad y equilibrio, que proteja el patrimonio natural y cultural respetando el
desarrollo y mantenimiento de actividades de aprovechamiento agrícola y forestal.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.



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161/002695


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la aprobación de una moratoria eólica en Galiza, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


Según los datos hechos públicos por Red Eléctrica Española en el Avance del Informe del Sistema Eléctrico correspondiente al 2020, la generación de energía en Galiza fue, en ese periodo, de 24.553 GWh de los cuales el 75,6 % proceden de
fuentes renovables.


El consumo de energía eléctrica en Galiza se redujo, fue de 17.383 GWh, un 5,8 % menos respecto del consumo registrado en el año anterior, lo que seguramente se debe en parte al cierre de gran parte de la industria, a la menor producción en
Alcoa y Alu-Ibérica, y al parón de buena parte de las actividades económicas durante el confinamiento durante el primer estado de alarma motivado por la pandemia de la COVID-19.


Por lo tanto, Galiza exportó un 29,2 % de la energía que produjo, y ello a pesar de que ya se efectivizaron los cierres de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes. Es más, solo con la energía renovable que Galiza está produciendo en
este momento se ha cubierto el consumo propio y ha permitido exportar el sobrante, pues como hemos mencionado se han consumido 17.383 GWh y se han producido con fuentes renovables 18.562 GWh.


De los datos expuestos se evidencia de forma clara que Galiza ya es una potencia en la producción de energía eléctrica limpia y que es excedentaria, pues produce más energía que la que necesita.


A pesar de todo ello, el Gobierno español está favoreciendo, dentro de la política de lucha contra el cambio climático y vestido de política verde, un abusivo y excesivo desarrollo eólico en Galiza, sin control y sin atender al actual
volumen de producción eléctrica ni a las consecuencias de carácter ambiental o las afecciones al patrimonio natural, cultural y paisajístico.


El Ministerio, que tiene atribuidas las competencias para autorizar la instalación de aquellos parques eólicos que superan los 50 MW, tiene en este momento en diferentes fases de tramitación administrativa un conjunto de parques que suman
hasta 2.524 MW de potencia. A estos hay que sumar los de potencia inferior a los 50 MW cuya autorización corresponden a la Xunta de Galiza. Entre 2009 y 2018 no se habían instalado en Galiza ni 300 MW, pero en 2019, en un solo año, se pusieron en
marcha 19 parques y 400 MW instalados más. Se trata, por lo tanto, de un verdadero boom eólico pero desarrollado sin una adecuada planificación, bajo una arquitectura legal obsoleta y sin garantías para la participación social o la salvaguarda del
patrimonio natural.


La actual regulación no permite una planificación energética racional y consensuada en el marco de la transición energética, y tampoco permite regular la adecuación de la ubicación y tamaño a las características del territorio.


Desde el Estado parece estar reservándose a Galiza el papel de País productor de energía, que debe sacrificar su riqueza paisajística, ambiental y patrimonial en favor de convertirse en exportadora y suministrar energía al resto del Estado.
Sin embargo, está demostrado que esta no es la opción más eficiente y sostenible, ni desde el punto de mista medioambiental ni económico. El transporte desde el lugar de producción hasta el de consumo supone un alto coste y una pérdida de energía
que aumenta cuanto mayor es la distancia. Por este motivo no se entiende, que si el Gobierno pretende una transformación verde del sector eléctrico no se apueste por la producción de proximidad.


Todo lo contrario, en su planificación el Gobierno del Estado abre la puerta a la instalación de macroproyectos eólicos, que más parecen estar al servicio de grandes empresas transnacionales que buscan aumentar su beneficio lucrándose
mientras explotan un bien público, que al objetivo de lograr una energía limpia y a un precio asequible.


El BNG defiende otra opción, defiende apostar por pequeños proyectos colaborativos, por el cooperativismo, por pequeñas y medianas empresas, por fórmulas que aproximen la producción al consumidor final y por la autogeneración y autoconsumo.
Esta opción no solo es más eficiente, sino que favorece además una mayor generación de empleo y de retorno social. Pues la instalación de estos



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grandes macroproyectos destaca precisamente por la ausencia de retorno económico y social para las poblaciones y territorios afectados. En la actualidad, las y los propietarios reciben de media entre el 1,1 y el 2,4 % del total de la
facturación de los parques. Con respeto a los ayuntamientos gallegos, la parte que queda en el territorio de la facturación es de aproximadamente el 5 %. Así, según los datos que facilita la patronal, si el impacto en el PIB es de más de 580 M€,
solo la reducida cantidad de 11 M€ (1,89 %) son percibidos por los propietarios de los terrenos.


Además el empleo generado por la instalación de estos megaparques solo puede calificarse de residual, quedando reducido a puestos de trabajo temporales y de poco valor añadido durante la construcción, al que se sumaría el mínimo necesario
para vigilar el funcionamiento posterior, pero que por la tecnología y la centralización de los servicios en las multinacionales no se nutriría de la mano de obra local.


Pero no solo no se facilita la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que se impide el desarrollo económico presente y futuro de aquellas zonas en las que se implantan. Muchos de los terrenos que se prevén ocupar están en la actualidad
dedicados a la explotación agroganadera, actividades que resultarían incompatibles o se vería gravemente dificultada con la instalación de los parques. Otros se implantan en terrenos de un alto valor forestal lo que también impediría su
aprovechamiento. Así, se instala una industria que sin facilitar alternativas de empleo en el territorio impide otras ya existentes, cuestión especialmente grave en el medio rural.


A todo lo anterior debe sumarse que siguen explorándose las posibilidades de instalar también parques de eólica marina, opción que también generaría un fuerte impacto en las costas gallegas, afectando gravemente a las actividades pesqueras y
a la preservación del ecosistema marino.


En definitiva, la instalación de nuevos parques para la producción de energía eléctrica en Galiza, sea en tierra o en el mar, debe realizarse de forma ordenada. Debe definirse de antemano en que lugares es posible su instalación atendiendo
a su menor impacto ambiental y a la menor afección al patrimonio natural y patrimonial, pero también a las necesidades de producción. El territorio gallego no puede convertirse en suministrador del resto del Estado por decreto e intereses ajenos a
Galiza, sin capacidad de decisión sobre su gestión, soportando los efectos negativos pero sin recibir a cambio beneficio alguno, ni en forma de empleo, remuneración o abaratamiento de la factura eléctrica.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado, junto con la Xunta de Galiza y respetando sus competencias, a:


1. Aprobar una moratoria eólica y proceder a la paralización inmediata de todos los proyectos que están siendo objeto de tramitación ante el Ministerio.


2. Iniciar la elaboración de una nueva planificación eólica asentada en los criterios de proporcionalidad, racionalidad, equilibrio, que respete el patrimonio natural, cultural y paisajístico, así como el mantenimiento de las actividades
agroganaderas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el proyecto de trazado 20110377 LIE Interconexión Norte con Portugal de la L/400 kV Fontefría-Frontera Portuguesa, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.



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Exposición de motivos


De acuerdo con la información hecha pública por Red Eléctrica Española (REE), el nuevo trazado de la línea de alta tensión conductora de 400.000 voltios tiene previsto salir de Fontefría (A Cañiza-Pontevedra) y, cruzando el río Miño, entrar
en Portugal. Sin embargo, debe advertirse que el proyecto planeado causará graves perjuicios para los vecinos y vecinas de los Concellos de As Neves y Arbo, especialmente de los núcleos parroquiales de Vide (As Neves) y Sela (Arbo), afectando
negativamente al patrimonio, turismo, economía, paisaje y medio natural de ambas localidades.


En primer lugar, resulta sorprendente que ahora Red Eléctrica proponga este trazado cuando lo consideraba inviable en 2013. En aquel momento, ante las alegaciones presentadas por el Concello de Arbo, la propia REE consideraba que el paso de
la línea por Arbo se descartaba al tratarse de una conexión eléctrica con Portugal que necesitaba un punto de cruce de la frontera común y viable para ambos países y, puesto que en el lado portugués implica la afección a zonas urbanas, no era ni
técnica ni legalmente posible. Así, daba por descartado el trazado que ahora propone que, si no era posible en aquel momento, tampoco puede serlo en la actualidad.


Uno de los principales problemas que presenta el proyecto es la proximidad a los núcleos de población, que quedarían bajo las influencias negativas de la generación de campos electromagnéticos.


El trazado propuesto discurriría entre las parroquias de Vide (As Neves) y Sela (Arbo), afectando a varios núcleos de población habitados que quedarían muy próximos a esta megalínea de transporte de 400.000 voltios. Debe recordarse que
existen informes que relacionan la exposición a campos electromagnéticos con el desarrollo de procesos carcinogénicos o alteraciones en la respuesta inmunitaria, afectando también a la fertilidad, la reproducción y el desarrollo los seres vivos, así
como al sistema cardiovascular, el comportamiento y siendo causa de estrés. También se ha demostrado que influyen en la concentración de iones de calcio en la membrana celular y que afecta a los niveles de la hormona melatonina de las personas
expuestas.


Así por ejemplo, en el informe de 2007 de la Organización Mundial de la Salud se establece como posible causa de cáncer en las personas la exposición a los campos electromagnéticos, así como el potencial desarrollo de leucemia en niños y
niñas. También se puede mencionar el informe del Comité Científico de la Comisión europea en riesgos nuevos y emergentes identificados para la salud que llega a las mismas conclusiones. Además la Agencia Internacional de Investigación sobre el
Cáncer (IARC) ha incluido los campos electromagnéticos de baja frecuencia -los generados por los tendidos eléctricos e infraestructuras asociadas- como posible agente cancerígeno (categoría 2B). Asimismo se pueden mencionar los estudios del
Instituto Karolinska de Estocolmo, considerada como la mayor institución de medicina del mundo, que advierten de un aumento del riesgo de leucemias en niños y niñas en las proximidades de estos campos electromagnéticos. Este Instituto recomienda
que en una línea de 400 kV existan al menos 400 metros de espacio a ambos lados de la línea de muy alta tensión sin actividad humana, advirtiendo de los diferentes riesgos para la salud humana de no cumplirse estas distancias.


La propia Red Eléctrica española en un documento publicado en el mes de julio de 2010 sobre los campos eléctricos y magnéticos generados por las instalaciones eléctricas de alta tensión, en lo relativo a los aspectos biofísicos, reconoce que
'una elevada densidad de corriente inducida puede producir desde simples molestias, como cosquilleos en la piel o chispazos al tocar un objeto expuesto, hasta contracciones musculares y, en casos muy extremos, arritmias, extrasístoles y fibrilación
ventricular'. Además también se menciona que la Red supondrá un incremento de los niveles de presión sonora (N.P.S.) que, a su vez, puede generar efectos sobre los organismos y perturbaciones en las actividades típicas de los residentes y usuarios
de las zonas afectadas.


Por otro lado, el estudio presentado está incompleto, pues en el mismo no se exponen los datos de los valores de campo eléctrico y magnéticos calculados para los vanos T-37 Y T-43. Tampoco se señala la distancia medida a la proyección del
conductor externo desplazado en su situación más desfavorable, simplemente se menciona que desde los apoyos habría una distancia de 100 metros a las edificaciones. Del mismo modo, no se pronuncia sobre el impacto relativo a la acumulación
electromagnética y a la polución ambiental por la confluencia de las líneas de alta existentes LAT-220KV Montouto-Atios y LAT-132KV (Ferral-Cabeiras), con esta megalínea LAT- 400KV.


También se contiene en el proyecto información desactualizada, pues a lo largo de todo el estudio se contempla el trazado de una línea de LAT 20 KV, sin embargo dicha línea ha sido repotenciada y en la actualidad es de 132 KV. En su
consecuencia, este estudio recoge datos inexactos e incorrectos.



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Otra de las carencias del proyecto presentado es que no se acompaña un plano catastral en el que se identifiquen todos los inmuebles o edificaciones agrícolas. Con esa falta no puede valorarse adecuadamente que la megalínea de transporte de
400.000 voltios pasará muy cerca a los barrios de Rozas y A Granxa en la parroquia de Sela en Arbo y los de Bermuín, Carrasqueña, Souto, A Chanciña y Requeixo de la parroquia de Vide (As Neves), donde existen casas habitadas muy próximas al trazado
que no son contempladas en el estudio. Y en concreto, no se reconoce como núcleo habitable el barrio de Bermuín, en la parroquia nevense de Vide, con la existencia de cuatro viviendas habitadas, muy próximas al trazado de la línea propuesta.


A parte de la salud, la línea proyectada también afectará al patrimonio, tanto histórico como natural. Así, debe recordarse que en la instalación de líneas de estas características debe evitarse el cruce con yacimientos arqueológicos
catalogados y con aquellas zonas que, sin estar inventariadas, exista sospecha de que presente una elevada densidad de elementos condicionantes en lo referente al patrimonio cultural'.


Este proyecto supondrá la afectación directa de la zona de protección de los elementos catalogados GA360034411 'Castro de San Martiño', GA36034059 'Petroglifos', reconociendo REE en su estudio a estos elementos arqueológicos en los planos
que constan en el documento, y situando el trazado de alta tensión y la torre T41 en el borde de la franja de 200 metros de protección, afectando únicamente a este espacio protegido, el acceso a la torreta mencionada. El estudio contempla en la
página 25 que dicho apoyo T41 afecta a 1.600 metros cuadrados y que se deben acondicionar 251,31 metros de acceso, debiendo actuar sobre el firme y ejecutando un nuevo acceso de 131,79 metros. Teniendo en cuenta que los accesos tendrán un mínimo de
3 metros de ancho (mencionado en las páginas 21 y 30 del citado estudio), afectará a una extensión total, entre caminos y apoyos, de 2.749,3 metros cuadrados, por lo que, la mayor parte dentro del área de protección del castro y de los petroglifos
que son BIC tanto según lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico, como en el artículo 94.2 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galiza.


Sin embargo, el castro de San Martiño no es el único bien patrimonial afectado, sino que a su paso también se invadirán los espacios correspondientes a la mámoa de Mámoa de San Martiño, la Mámoa de Teceláns, las Mámoas do Chan da Folga, la
Mámoa do Coto do Inferno, el Dólmen do Chan de Rozadas y a numerosos petroglifos diseminados en rocas de toda la zona de construcción de la línea, así como a la Capela de San Martiño de Piñeiro. También es de destacar la afección, por su
proximidad, a otros elementos del patrimonio cultural, como el palco de la alameda de Vide, la Casa da Auga -antigua casa rectoral-, diversos cruceros y 'petos de ánimas', la capilla de Santa Lucia, la iglesia de Vide, así como el 'Castro de
Requeixo'.


Otra consideración que desaconseja el trazado propuesto es el gran impacto visual y paisajístico al atravesar una zona elevada, lo que supondrá que sea vista desde gran distancia, lo que tendrá efectos negativos sobre el turismo y la calidad
paisajística en la llamada Sierra de San Fins para luego cruzar el río Miño y continuar por Portugal.


Debe además tenerse en cuenta que alguno de los apoyos planeados como es el caso del T43 se sitúa a escasos metros de un espacio perteneciente a la Red Natura 2000 y a la Red de Espacios Naturales de Galiza: ZEC ES 1140007 Baixo Miño,
olvidando mencionar que el acceso que se habilitaría al apoyo T43 estaría ocupando espacio especialmente protegido por ser zona de Red Natura 2000.


El trazado no analiza tampoco con la rigurosidad que debería el impacto sobre las traídas de aguas y manantiales así como sobre las canalizaciones de estas aguas hacia los depósitos de distribución. Las traídas de agua afectadas son las
correspondientes a las Comunidades de Usuarios de Rozas-Granxa, Sela y Vide. Resulta evidente que la línea va a incidir directamente en manantiales, depósitos e incluso en el arroyo 'Navallón' sin que REE determine sus consecuencias.


El proyecto además prevé una posible repotenciación futura de la línea, pero no contempla ni define el impacto que supondría ese eventual aumento de potencia, lo que supone una absoluta falta de rigor e hipotecar el futuro de la zona con un
cheque en blanco.


Por último debe tenerse en consideración que la construcción de la línea de alta tensión imposibilitará y frenará la ejecución de distintos Proyectos medioambientales previstos como es el caso del Parque Forestal da Serra de San Fins, que
cuenta con la colaboración de las Comunidades de Montes en Mano Común de Vide y San Cibrán (As Neves) y Sela y Cabeiras (Arbo), que pretende poner en marcha medidas de disminución del riesgo de incendios, mediante la creación de barreras contra el
fuego con la plantación de frondosas caducifolias así como mejora de las infraestructuras y la protección de los núcleos rurales. También destruirá gran parte de lo plantado dentro del programa 'El monte nace en la escuela' organizado



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entre la Comunidad de Montes en Mano Común de Vide, el Concello de As Neves, y el grupo de Voluntariado que se constituyó a raíz de los incendios sufridos en octubre de 2017, gracias al que se procedió en 2019 a la plantación de 3.500
castaños en terrenos comunales de Vide.


Todas las cuestiones expuestas dejan claro que el trazado planteado en el proyecto no es viable, pues afectaría gravemente a la salud y la calidad de vida de las personas, al patrimonio natural y patrimonial y a la riqueza paisajística de la
zona. Cuestiones que ya han sido puesto de manifiesto durante el trámite de alegaciones públicas ante el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico tanto por las administraciones afectadas, como por distintos colectivos o asociaciones y
por el propio Bloque Nacionalista Galego.


En conclusión, resulta evidente que el informe que debe emitir la Administración a la vista de las alegaciones presentadas es negativo y, por lo tanto, se debe denegar la autorización para la construcción de la LIE Interconexión Norte con
Portugal entre los apoyos T-37 y T-43 de la L/400 kV Fontefría-Frontera Portuguesa.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al gobierno del estado a:


1. Atender las alegaciones presentadas por las distintas Administraciones y colectivos durante la exposición pública del proyecto y que claramente avalan el descarte del trazado propuesto.


2. Solicitar los informes que sean necesarios, principalmente a la Xunta de Galiza y a los Concellos de As Neves y Arbo, para evaluar adecuadamente el alcance real de la afectación del trazado previsto en el proyecto para la LIE
Interconexión Norte con Portugal entre los apoyos T- 37 y T-43 de la L/400 kV Fontefría-Frontera Portuguesa.


3. Denegar la autorización para la construcción de la citada LIE de Interconexión Norte con Portugal por la afectación que la misma tendrá sobre la salud y la calidad de vida de las personas, así como por el gran impacto sobre el patrimonio
natural y patrimonial de la zona.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


161/002719


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, en
sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación del camalote o jacinto de agua (Eichhornia crassipes) en España, para su discusión en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


Exposición de motivos


Primero. El camalote o jacinto de agua (Eichhornia crassipes).


Desde hace años España sufre la invasión de una planta acuática muy dañina para el ecosistema: el camalote (Eichhornia crassipes). Esta especie exótica invasora, también conocida como jacinto de agua, se introdujo en España a finales de
los años 80 en la Comunidad Valenciana como planta ornamental en estanques y acuarios y hoy se encuentra repartida por todo el territorio nacional.


Originaria de la cuenca amazónica 49, esta planta acuática ha sido muy popular en nuestro país para adornar estanques o lagunas, ya que es fácil de cultivar (sobre todo con climas cálidos como el de España) y sus flores púrpuras son muy
decorativas.


49 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510elca/?vgnextoid= 304a9203bcb7b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=298a4e20ee248410VgnVCM2000000624e50aRCRD



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No obstante, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, en inglés), está considerada una de las cien plantas más invasoras del mundo 50, 51 por su rápida reproducción (puede duplicar su población cada diez días
52) y por el perjuicio medioambiental que ocasiona a los ecosistemas. Un ejemplo de ello son los estragos que está generando en zonas tan distantes del mundo como son el lago Victoria en África o los pantanos y manglares de Florida 53.


Su rápida proliferación se debe a sus características biológicas: el denso tapiz que produce sobre la superficie del agua y que dificulta el intercambio de oxígeno y el paso de la luz al fondo; también libera materia orgánica al medio que
provoca un empobrecimiento en oxígeno en las aguas y un empeoramiento de la calidad; su rápido crecimiento desplaza a otras especies vegetales; y libera sustancias alelopáticas a través de sus raíces que inhiben el crecimiento de microalgas. Por
último, dado que es una especie que vive flotando en la superficie del agua, se distribuye con velocidad aprovechando las corrientes acuáticas naturales de ríos, lagos y arroyos.


Todo ello impide el desarrollo de las algas y la expulsión de otras formas de vida acuáticas como peces, anfibios o reptiles e incluso mamíferos. Es más, en aquellos casos en los que se ha procedido a su retirada, se ha comprobado la
recuperación de fauna (salamandras, tritones pigmeos, sapillos moteados...) y flora (menta, zarzaparrilla, adelfa y algunas especies de helechos) autóctonas de la zona.


Segundo. Situación en España.


Como se ha mencionado previamente, en la actualidad el camalote se encuentra ampliamente distribuido por muchos de los cursos de agua españoles. En 2001 invadió las lagunas de agua dulce dentro del Parque Natural del Delta del Ebro y desde
2004 se sabe que ha invadido la cuenca del río Guadiana, e incluso la cuenca del Guadalquivir 54 y el Parque Nacional de Doñana 55.


En el caso de la cuenca del Guadiana, la Confederación Hidrográfica lleva años tratando de erradicar la especie, pero hasta la fecha no ha dado sus frutos y los esfuerzos se dirigen a evitar su expansión y un crecimiento descontrolado 56,
aunque ya se han extraído más de 227.000 toneladas de esta planta 57.


Riesgo potencial de infestación por camalote que presenta el río Guadiana y sus principales afluentes


[**********página con cuadro**********]


[MITECO, 2019 58]


Otro conjunto de actuaciones son las llevadas a cabo por el Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras que en 2010 procedió a la eliminación del camalote en una laguna del


50 https://www.hogarmania.com/jardineria/fichas/plantas/jacinto-agua-16691.html


51 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portal web/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid= 304a9203bcb7b210 VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=298a4e20ee248410VgnVCM2000000624e50aRCRD


52 https://succulentavenue.com/plantas-jacinto-de-agua-características-cuidados/


53 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portal web/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510elca/?vgnextoid= 304a9203bcb7b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=298a4e20ee248410VgnVCM2000000624e50aRCRD


54 https://ecotoxsan.blog/2017/01/09/invasion-del-jacinto-de-agua/


55 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510elca/?vgnextoid= 304a9203bcb7b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=298a4e20ee248410VgnVCM2000000624e50aRCRD


56 https://www.ecogestos.com/el-jacinto-de-agua-una-especie-invasora-en-aguas-espanolas/


57 https://www.ecogestos.com/el-jacinto-de-agua-una-especie-invasora-en-aguas-espanolas/


58 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategiadegestioneichhorniacrassipes3deoctubre2019_tcm30-502314.pdf



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Parque Natural de Los Alcornocales, en el término municipal de Cortés de la Frontera (Málaga) 59. En 2020 procedió a lo mismo en el arroyo Botafuegos, en la frontera de los municipios de Algeciras y Los Barrios (Cádiz) 60. No obstante, en
ninguno de los dos casos se ha dado por erradicado el problema y se recomienda su extrema vigilancia. Además, los resultados de estas actuaciones pusieron de manifiesto que existe un riesgo de invasión 'alto' del camalote en Andalucía 61.


Tercero. Conclusiones.


El problema para erradicar esta planta acuática, aparte de su rápida expansión, reside en que el único método que puede utilizarse es su extracción de forma manual con sacaderas para su acopio y posterior deshidratación parcial. No existen
otros métodos más adecuados o eficientes como pesticidas o herbicidas 62. Además, se debe mostrar especial atención para evitar que la operación coadyuve a la dispersión de la planta por el medio acuático porque puede ser arrastrada aguas abajo e
invadir nuevas zonas.


Por estos motivos, se incluyó en 2011 en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto 63, lo que establece un régimen de prohibiciones en cuanto a su tenencia, transporte y
comercio. Y en virtud de dicha inclusión se elaboró y aprobó la Estrategia de gestión, control y posible erradicación del camalote (Eichhornia crassipes) en enero y septiembre de 2019, respectivamente, por la Comisión Estatal para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad y por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.


No obstante, dicha Estrategia no ha dado los resultados esperados, dado que la expansión del camalote continua por nuestro país con fuerte presencia en las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir, además de estar presente en Galicia,
Asturias, Valencia, Cataluña o Baleares 64, y es necesario aprobar un Plan Nacional específico de protección del ecosistema español frente a esta terrible plaga. Además, es conocido que el comercio ilegal de esta planta continúa en España 65, 66.


Se trata de una autentica catástrofe no solo medioambiental, sino también socioeconómica, porque afecta a numerosas actividades económicas: destruye los recursos pesqueros, impide la circulación de las embarcaciones y su colonización,
invade piscinas naturales, lagunas o estanques afectando con ello al sector turístico de cientos de pueblos. Además, conlleva otros problemas, dado que contamina pozos de agua potable, afecta a la agricultura y a la acuicultura o bloquea tuberías,
canales y desagües. Sin olvidar que también sirve como refugio para otras plagas como ratones o ratas, y constituye áreas que contribuyen al desarrollo de mosquitos 67.


Según las proyecciones del estudio de Kriticos y Brunel (2016) 68 y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2019) 69, más de un 50 % del territorio peninsular podría ser adecuado para la distribución del camalote
en los próximos años, por lo que urge adoptar un Plan Nacional frente a ello.


Por tanto, dado que el camalote (Eichhornia crassipes) es una especie con unos efectos muy lesivos para el medio acuático en el que habita, ya que produce graves impactos tanto en el hábitat como en el conjunto de especies acuáticas, además
del perjuicio económico que esto produce a las áreas pesqueras, y dado que se trata de una especie con gran presencia en los ríos y embalses de España para la cual la Estrategia no ha servido, es necesario poner en marcha un Programa Nacional de
erradicación y control de esta especie con medidas concretas y eficaces que impidan su continua expansión y colonización de los espacios fluviales de nuestro país.


59 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510elca/?vgnextoid= 304a9203bcb7b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=298a4e20ee248410VgnVCM2000000624e50aRCRD


60 https://www.europapress.es/esandalucia/cadiz/noticia-controlada-invasion-jacinto-agua-fronteraalgeciras-barrios-cadiz-20200612161137.html


61 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510elca/?vgnextoid= 304a9203bcb7b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=298a4e20ee248410VgnVCM2000000624e50aRCRD


62 https://ecotoxsan.blog/2017/01/09/invasion-del-jacinto-de-agua/


63 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticasinvasoras/ce-eei-catalogo.aspx


64 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategiadegestioneichhorniacrassipes3deoctubre2019_tcm30-502314.pdf


65 https://www.20minutos.es/noticia/1826827/0/


66 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategiadegestioneichhorniacrassipes3deoctubre2019 tcm30-502314.pdf


67 https://ecotoxsan.blog/2017/01/09/invasion-del-jacinto-de-agua/


68 Kriticos, D. J., y Brunel, S. 2016. Assessing and Managing the Current and Future Pest Risk from Water Hyacinth, Eichhornia crassipes, an Invasive Aquatic Plant Threatening the Environment and Water Security. PLoS ONE, 11(8), e0120054.
Enlace en: http://doi.org/10.1371/journal.pone.0120054


69 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategiadegestioneichhorniacrassipes3deoctubre2019_tcm30-502314.pdf



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Por último, el conjunto de actuaciones a emplear no deben dirigirse solo a erradicar esta planta, sino también a la investigación de las propiedades de la misma, ya que existen estudios en marcha con el objetivo de utilizarla para
fitorremediación de aguas contaminadas y bioacumulación de metales pesados por su enorme capacidad colonizadora y de proliferación; y para la producción de biocombustibles por la elevada cantidad de biomasa que genera 70.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Promover un Plan Nacional específico de protección del ecosistema español frente a la invasión del camalote o jacinto de agua (Eichhornia crassipes).


2. Promover un Programa Nacional de Erradicación o Control del camalote (Eichhornia crassipes) con las Comunidades Autónomas, adoptando medidas urgentes tendentes a impedir de manera eficaz su transmisión o propagación al resto del
territorio nacional.


3. Reforzar el sistema de control del comercio de especies ilegales como el camalote (Eichhornia crassipes).


4. Fomentar la investigación científica del camalote (Eichhornia crassipes) para el conocimiento de las propiedades que esta especie vegetal pueda aportar en la fitorremediación de aguas contaminadas y para la producción de biocombustibles,
entre otras.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez y Pedro Jesús Requejo
Novoa, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Cultura y Deporte


161/002699


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover la integración de las mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas
inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional a través de programas deportivos, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


El 21 de septiembre de 2017, António Guterres, Secretario General de la ONU, afirmó: 'yo soy migrante, pero nadie espera que me juegue la vida en una barca agujereada o cruzando un desierto en un camión para encontrar trabajo fuera de mi
país. La migración segura no puede limitarse a la élite global'.


Naciones Unidas define a una persona migrante como alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o forzado, o de los medios utilizados, legales u otros.
Dentro de las personas migradas se engloban también a las personas refugiadas, que son aquellas que abandonan su país de origen huyendo de conflictos bélicos o debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad,
opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual u otras circunstancias que requieran protección internacional.


En la resolución de las Naciones Unidas 70/1, 'Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible' aprobada en 2015, se reconoce el papel del deporte en el fomento del progreso social: 'El deporte es otro importante
facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y


70 https://ecotoxsan.blog/2017/01/09/invasion-del-jacinto-de-agua/



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que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social'.


Además, la meta 10.7 de los ODS, referente a la migración y las políticas migratorias, establece 'la necesidad de facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la
aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas'. Esto a través de marcos de políticas integrales para gestionar la migración en beneficio de todas y todos.


España es un país firmemente comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030; entendiendo, además, que dicho cumplimiento se puede desarrollar de forma transversal desde las diferentes esferas de la vida humana,
y una de ellas, es el deporte.


El objetivo 16 del Pacto Mundial para una inmigración segura, ordenada y regular, suscrito por España, establece que es necesario empoderar a las mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños migrantes y las sociedades para lograr la plena
inclusión y la cohesión social.


Además, la política palanca 9, componente 26, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España persigue el fomento del sector del deporte, así como el desarrollo de infraestructuras deportivas inclusivas, seguras y
sostenibles o la promoción de la investigación sobre la actividad deportiva como elemento de fomento de los procesos de inclusión sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social.


España es un país receptor de hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas de terceros Estados, y el deporte puede colaborar en el objetivo de lograr una mejor convivencia intercultural, apoyando los procesos de inclusión sociolaboral de
las personas migrantes y solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional. Logrando una necesaria cohesión social en los distintos niveles territoriales.


Es a los poderes públicos a quienes corresponde fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte, así como promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social, de acuerdo con los artículos 43 y 9.2 del texto constitucional.
Esto es precisamente lo que se persigue con los programas que se llevan a cabo desde las instituciones y que impulsan los procesos de inclusión social con personas con discapacidad, personas migrantes y refugiadas, mayores, mujeres, niñas, niños y
adolescentes. Dichos programas se basan en el deporte como herramienta de integración y resiliencia.


Son diversas las iniciativas que demuestran las bondades que el deporte puede aportar a la integración de mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas migrantes, solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional en nuestro país.
Ejemplos como el que lleva a cabo la Fundación Cepaim y el CAP Ciudad de Murcia así lo acreditan, consistente en la creación de un equipo de fútbol, filial del primer equipo del CAP Ciudad de Murcia, integrado tanto por personas migrantes como por
personas autóctonas, como una estrategia de motivación para la integración sociolaboral. Esta iniciativa, llevada a cabo con personas procedentes de los centros de acogida de Fundación Cepaim, que residen en una casa escuela en Torre Pacheco
(Región de Murcia), conlleva el establecimiento de itinerarios de inclusión social, impulsando las interacciones sociales de las mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas inmigrantes con la población autóctona, mejorando la convivencia y la
integración.


De esta forma el fútbol y el deporte se convierten en una herramienta que hace posible mejorar el sentido de pertenencia de las personas migrantes al territorio, su motivación y autoestima, creando relaciones sociales positivas con la
población autóctona que hacen posible su inclusión, ampliando, de esta manera, el capital social y dejando atrás estereotipos y estigmas racistas y xenófobos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Estudiar, al abrigo de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, la promoción, el impulso y el apoyo a iniciativas sociodeportivas y programas de deporte comunitario que promuevan el desarrollo de infraestructuras
deportivas inclusivas y sostenibles.


2. Estudiar el fomento de la investigación sobre cómo la actividad deportiva puede favorecer los procesos de inclusión sociolaboral con colectivos vulnerables, especialmente, con mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños migrantes,
solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional.


3. Estudiar la implementación de programas deportivos que promuevan la integración de las mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas migrantes, solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional,



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en coordinación con las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organizaciones deportivas, junto con entidades del Tercer Sector, a través de prácticas deportivas igualitarias, que apoyen acciones en contra del racismo y la xenofobia y
que tengan en consideración variables como la nacionalidad, la edad, el género, orientación e identidad sexual, el tiempo de residencia, entre otras.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2021.-Juan Luis Soto Burillo, Luc André Diouf Dioh, Magdalena Valerio Cordero, María Luisa Vilches Ruiz, Carmen Baños Ruiz, María Dolores Narváez Bandera, Esther Peña Camarero, María Mercè
Perea i Conillas y Omar Anguita Pérez, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/002702


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para convertir el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en una verdadera banca pública para el Estado español, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


Los últimos datos relativos al volumen de créditos y depósitos publicados por el Banco de España evidencian cómo el ahorro en Galiza emigra y sirve para suministrar créditos en otros territorios del Estado. Galiza cuenta con un volumen de
créditos de 44.697 millones de euros, muy por debajo de los 60.588 millones de euros de depósitos bancarios, esto supone una de las peores relaciones entre créditos y depósitos de todo el Estado, pues de cada 100 euros depositados, solo 74 se
destinan a crédito.


La relación entre volumen de créditos y depósitos de Galiza no solo es la peor del Estado, sino también la que peor evolución presenta pues, si comparamos las cifras antes indicadas con las de 2009, donde por cada euro en depósito existían
1,32 euros en crédito, vemos que ha caído un 44,1 % hasta el 0,74 % actual. Una caída además que dobla en intensidad a la registrada en el conjunto del Estado, que descendió en un 24,8 %.


Estos datos demuestran claramente los negativos efectos que tuvo para Galiza la reestructuración bancaria, donde un diseño estatal ajeno a los intereses del pueblo gallego dio como resultado la pérdida de entidades financieras propias. Todo
ello refuerza la idea de que es necesario diseñar medidas que favorezcan que el ahorro en Galiza se traduzca en inversión en nuestro País. Por este motivo, el BNG apuesta por la creación de una banca pública gallega que sirva de referente y que
minimice los efectos de la actividad privada, orientada únicamente en la búsqueda de dividendos y beneficios.


Sin renunciar a ese objetivo, entendemos que en el momento actual también el conjunto del Estado necesita que no se desvíe gran parte de la inversión hacia los mercados financieros abandonando la economía real del pequeño tejido productivo.
Es necesario evitar la exclusión financiera de aquellos colectivos más vulnerables y ayudar a moderar los abusos que sufren las personas usuarias.


Para lograr abordar los retos que la crisis derivada de la pandemia y la acelerada desindustrialización, o atender a la investigación y desarrollo, necesitamos contar con una decida intervención pública. Para hacerlo, sin embargo, el Estado
no cuenta con una banca pública que intervenga en un mercado oligopólico atendiendo las necesidades del ciudadano, y tampoco existe una banca de inversión o de desarrollo adecuado. Este papel de banca pública podría ser asumido por el ICO si se
reconvierte dotándolo de las dimensiones y funciones necesarias para ello.


En la actualidad el ICO es una entidad pública empresarial que opera como un banco privado, que puede pedir préstamos al BCE, lo que no se ha hecho en los últimos años, y que se financia en los mercados de capitales con emisiones de deuda a
largo plazo. Se trata, pues, de un banco público de



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inversión pero de reducido tamaño, pues en 2019 su activo era de 32 mil millones frente a los 503 mil millones del KfW alemán, los 554 mil millones del Banco Europeo de Inversión o los 181 mil millones de la Caisse de Dépôts.


El ICO presta, bien a través de otros bancos colaboradores, o bien directamente de forma principal a grandes proyectos de inversión. En estas operaciones no recibe fondos de los Presupuestos Generales del Estado ni subvenciones, aunque sí
traslada las subvenciones a determinadas actividades al cliente final en forma de menores tipos de interés.


Según recoge entre sus objetivos, el propio organismo se define como un 'instrumento de política económica para promover el crecimiento económico', pero difícilmente puede cumplir esa función cuando su inversión crediticia en 2019 fue de
21.441 millones de euros, lo que supone tan solo el 1 % de los créditos totales concedidos en el Estado español. Es más, si se observa su evolución en los últimos años, vemos claramente desde el 2012 la disminución continua de sus activos y margen
bruto. Justamente en los últimos meses, donde se ha necesitado en mayor medida de su actuación para vehiculizar la oferta de 140 mil millones en avales habilitados para paliar los efectos económicos de las restricciones por la COVID-19, se ha
puesto de manifiesto la precaria estructura que mantiene un ICO sin oficinas, sin personal y supeditado a la banca privada, ofreciendo aval público (entre un 60-80 %) a créditos que, en algunos casos, el banco privado tenía ya considerado como de
riesgo, riesgo que saca de sus balances pasándoselo a las arcas públicas, y muchas veces condicionando esos créditos 'públicos' a la suscripción de otros productos bancarios para su exclusivo beneficio.


El ICO debe dotarse adecuadamente y ser dimensionado en sus recursos y funciones, para que pueda hacer frente a nuevos retos. De esta forma podría cumplir un papel crucial para, por ejemplo, respaldar el desarrollo equitativo de regiones y
zonas despobladas, promover vivienda pública asequible en alquiler, financiar investigación y, en general, atender a las pequeñas empresas.


El ICO debe cumplir una función clave en la dinamización de la economía, atender a la financiación de proyectos que permitan un retorno a medio y largo plazo, pero que se dejan de lado por una supuesta baja o inmediata rentabilidad. Además,
puede ofrecer una financiación contracíclica y así ayudar a la recuperación económica y servir de verdadero instrumento de crédito para las administraciones públicas locales y empresas.


Para que el ICO pueda cumplir esa función es necesario dimensionarlo adecuadamente, debiendo incrementarse tanto la extensión territorial (con sucursales y oficinas) como los recursos humanos (contratando personal capacitado y con
experiencia) y dotarse de un órgano de gobernanza que garantice una supervisión externa cualificada y plural con sistemas de supervisión y control de su propio funcionamiento y una mejora de sus herramientas analíticas para monitorear y evaluar los
impactos de sus proyectos.


Como es lógico, sería también imprescindible aumentar exponencialmente las asignaciones al ICO por parte de los Presupuestos Generales del Estado, que han pasado de 4 millones en los PGE en 2018 a 1,1 millones en los PGE de 2021.


En definitiva, el ICO podría convertirse en banca pública y servir verdaderamente para financiar, proponer y acompañar los proyectos de las entidades públicas locales, colectivos emprendedores y Pymes.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


Realizar las reformas normativas necesarias para convertir el ICO en un instrumento de dinamización de la economía, de financiación de proyectos y de crédito para entidades públicas, personas emprendedoras e investigadores y Pymes.


Para lograr este objetivo se deberá dimensionar adecuadamente su estructura, extendiéndola territorialmente y dotándola de medios humanos, de un órgano de gobernanza plural con sistemas de control adecuados, así como aumentando
exponencialmente las asignaciones al ICO por parte de los Presupuestos Generales del Estado.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Plural.



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161/002714


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no Ley para el impulso de un grupo de estudios sobre la implantación de un euro digital como
moneda pública digital, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


En los últimos tiempos ha cobrado vigencia el debate sobre la posibilidad de creación de nuevas monedas digitales públicas, conocidas también por su acrónimo en inglés, CBDC (Central Bank Digital Currency, o Moneda Digital del Banco
Central). Según un informe del Banco de Pagos Internacionales de Basilea ('Impending arrival. A sequel to the Survey on Central Bank Digital Currency', 2020), más de un 80 % de las instituciones consultadas trabajan ya en proyectos relacionados
con estas CBDC.


Los motivos para este notable interés son varios. En primer lugar, los propios avances en digitalización y gestión masiva de datos, que hacen posible nuevas formas de pago. Al calor de estas innovaciones también ha proliferado la creación
de diversas criptodivisas, como un pretendido intento de creación de dinero privado. Sin embargo, este nuevo activo financiero no cumple los criterios para ser dinero y presenta al menos dos grandes problemas. El primero es la elevada volatilidad
en su cotización en un activo sin valor intrínseco ni respaldo público, que aviva movimientos especulativos. Y el segundo, es su importante impacto ambiental. Al respecto de esto último, según cálculos del Centro de Finanzas Alternativas de la
Universidad de Cambridge, si solo la principal criptodivisa, el Bitcoin, fuese un país consumiría al año tanta electricidad como Finlandia, Suiza o Argentina. A menudo se cita un tercer problema: la posibilidad de anonimato que estas criptodivisas
ofrecen, facilita su utilización en actividades ilícitas y en evasión fiscal.


En segundo lugar, una Moneda digital de banco central se plantea como una alternativa pública frente a los sistemas de pago ajenos al sistema bancario y que escapan por tanto a la regulación sobre el sector. El auge de nuevas formas de pago
digitales, ajenas al circuito bancario formal en lo que se conoce como banca en la sombra (shadow banking), impulsan la búsqueda de una alternativa pública frente a una actividad que escapa a la regulación y supervisión bancarias, pero comparte con
la banca su carácter de riesgo sistémico. Es decir, el peligro de que las dificultades en el sector deriven en una crisis para la economía en su conjunto. Este auge de la banca en la sombra y nuevas formas de pago digitales alternativas es lo que
ha motivado a las autoridades de China a desarrollar lo que sería un yuan digital, de momento en fase de proyecto piloto en algunas ciudades del país.


Un tercer motivo para avanzar en el dinero público digital es la posibilidad que este puede ofrecer para la inclusión financiera de colectivos sociales que tienen un acceso más difícil a los servicios bancarios tradicionales, o directamente
no disponen de ellos. Esto es lo que ha motivado la creación de la primera moneda pública digital, el Sand Dollar ('dólar de arena', en su traducción), creada en Bahamas. Con la nueva moneda pública digital se facilita la inclusión financiera para
quienes no disponen de una oficina bancaria cerca pero sí cuentan con un teléfono móvil, elemento muy extendido en su uso y con el que pueden operar gracias a esta nueva moneda pública digital.


Un último motivo, pero no por ello menos importante, como impulsor para la instauración de las CBDC es el declive en el uso de efectivo, tendencia acelerada por la pandemia de la COVID-19, que ha impulsado más si cabe la utilización de
medios de pago digitales. El que hoy día sea posible el uso de medios de pago digitales, unido a la posibilidad de rastreo de las operaciones y con ello de su control por parte de las autoridades fiscales, ha conllevado a países como Suecia a
desincentivar el uso de dinero en efectivo frente a los pagos digitales con la pretensión de que el uso de monedas y billetes físicos termine por extinguirse. Con ello se verían seriamente dificultados el fraude fiscal y la economía informal.


Sin embargo, la desaparición del dinero en efectivo plantea que todo el dinero en circulación fuese bancario y privado, lo que implicaría una mayor inestabilidad que justamente trató de minimizar la creación de los bancos centrales tal y
como los conocemos hoy. Y así, mientras que ante la inseguridad



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hoy podemos cambiar la cuenta de un depósito bancario de 100 euros por un billete por dicho valor monetario, sin dinero en efectivo esa alternativa se desvanece, teniendo un dinero puramente privado y más inseguro.


Frente a ello surge la posibilidad de crear un dinero público digital, intangible y perfectamente utilizable para realizar pagos electrónicos, pero en este caso respaldado por el Estado, haciendo de él un dinero seguro. En la actualidad, es
perfectamente viable que cada particular pueda tener una cuenta propia con su dinero digital directamente en el banco central. Un privilegio, por el momento, restringido a los bancos.


El hecho de que los particulares pudieran tener cuentas abiertas directamente en el banco central plantea la posibilidad de un control directo de la cantidad de dinero, un dinero digital público, seguro al estar respaldado por el Estado y
anónimo, en la medida en que los datos sobre transacciones estarían legalmente protegidos (como sucede con los datos fiscales o de la Seguridad Social) y ajenos a explotación comercial como sí puede suceder con otros sistemas de pagos privados. Y
en el caso de ser necesaria una expansión monetaria permite un mecanismo más directo, al inyectar liquidez directamente sobre las cuentas corrientes y trasladarse con ello de inmediato y sin intermediarios a la actividad económica.


El dinero digital implicaría la recuperación del dinero como bien público, más estable y bajo control democrático al estar bajo el control de un banco central como autoridad monetaria, independiente, pero igualmente sometida como en la
actualidad en última instancia al control por los representantes de la ciudadanía, que marcan sus objetivos de política monetaria.


Pero este dinero digital no implica ni la nacionalización del sistema bancario ni la estatalización del crédito. En las distintas variantes que se plantean, desde una CBDC directa, con cuentas abiertas directamente en el banco central,
hasta otras modalidades híbridas o intermediadas, la actividad privada de crédito no desaparece, sino que es más segura en la medida en que está completamente separada de los depósitos de los ahorradores, ni tampoco la creación de dinero depende de
la expansión crediticia, con el consiguiente riesgo de crisis bancarias por sobreendeudamiento privado. Tampoco desaparecerían los medios de pago privados. Hoy día, la mayoría de proyectos de CBDC planteados, desde el caso de China al de Suecia en
la eurozona (al respecto, véase el informe del BCE 'Report on a Digital Euro', publicado en octubre de 2020) se muestran reacios a convertirse en proveedores exclusivos de medios de pago y se plantean modelos híbridos en los que el dinero digital
compite con otros medios de pago privados.


En cualquier caso, el dinero público digital es una realidad aún en ciernes que necesita ser investigada y evaluada con detenimiento, estudiando pros y contras de las distintas modalidades que se plantean. Una realidad que ni España ni el
resto de las economías de la eurozona deberían obviar. Una realidad en la que el Banco Central Europeo ha de tener un rol destacado.


En esta apuesta, nuestro país cuenta con elementos destacables, como es en materia de infraestructuras digitales, que mejorará si cabe en estos próximos años. Y sería importante liderar el debate sobre la CBDC para su posible implantación
por el BCE. Un debate que permita avanzar en lo que sería recuperación del dinero como un bien público, más estable y democrático en una nueva realidad económica marcada por los avances en materia de digitalización.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista plantea la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con el Banco de España, la creación de un Grupo de Estudios para evaluar la posible implantación de un euro digital como moneda pública digital (CBDC) que permita
ofrecer una mayor estabilidad financiera tanto a la economía española como al conjunto de la eurozona, y recupere el carácter del dinero como bien público y bajo control democrático.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2021.-Patricia Blanquer Alcaraz, Pedro Casares Hontañón y María Ángeles Marra Domínguez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.



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Comisión de Sanidad y Consumo


161/002704


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de adoptar las medidas necesarias para
bajar y simplificar la factura de la luz y realizar una campaña de información sobre la nueva tarifa eléctrica, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


En el comienzo del año 2021 el precio de la luz se disparó en España un 27 %, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) para los usuarios de la tarifa regulada, frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020, coincidiendo
con el temporal de frío y nieve que dejó la borrasca Filomena. Según los datos de los primeros siete días del año, la factura eléctrica del usuario medio se situó en 80,71 euros frente a los 67,67 euros de las mismas fechas del año anterior. Se
alcanzaron picos de 94,99 euros por megavatio hora (MWh), el segundo registro más alto de la serie estadística.


Esta subida afecta en particular a los 11 millones de usuarios con tarifa regulada PVPC. En estos casos, el precio que se paga por kilovatio/hora (kWh) depende de la evolución del coste eléctrico en el mercado mayorista y cambia cada hora
de cada día en función de la oferta y la demanda. Con este sistema, las horas de la tarde/noche normalmente son más caras. El precio medio en enero fue casi el doble del precio medio anual en 2019 que fue de 47,68 euros/MWh.


En el mes de marzo la factura de la luz subió un 16 % respecto al mes de febrero y costó un 15 % más que en el mes de febrero de 2020, en el mes de abril la factura de un hogar medio en España ascendió a 70,55 euros, un 13,3 % más, que se
suma a la que ya se produjo en el mes de marzo, en los cuatro primeros meses de 2021 acumula una subida del 16,8 % con respecto al mismo periodo de 2020.


En España, además, se aplica uno de los tipos del IVA más altos de Europa, el 21 %. En Italia, en cambio, se aplica un 10 % en la factura de la luz de los consumos domésticos. En Portugal, el IVA general es del 23 %, pero se aplica solo un
13 % para los bajos consumos eléctricos de menos de 100 kW/h al mes. Y, además, existe un descuento general del 10 % en el recibo hasta el final del nuevo confinamiento. En Francia, se aplica el 20 % para el grueso del recibo, pero solo un 5,5 %
para una sexta parte de ese recibo, por lo que el IVA resultante es del 17,5 %.


La factura de la luz, además, es utilizada como una plataforma para recaudar todo tipo de impuestos, peajes y cánones. De hecho, el 37,48 % del recibo de la luz corresponde a la energía consumida. El resto, un 62,52 % corresponde el 21,38
% del IVA del impuesto especial sobre la electricidad, el 17,22 % a las subvenciones a las renovables, 10,10 % a la distribución, 4,14 % a las compensaciones extrapeninsulares, 2,96 % al transporte, 2,84 % a la amortización del déficit de tarifa,
1,31 % el Bono Social y 2,57 a otros costes.


Esta distribución de la factura de la luz supone, en la práctica, que el Gobierno tiene una responsabilidad directa en más de la mitad de su importe. Decisiones suyas son directamente responsables de encarecer o aligerar la factura de la
luz que pagan millones de españoles. Por ello, es absolutamente inaceptable que el Gobierno sea incapaz de reaccionar cuando hay repuntes del precio de la energía que ponen en riesgo el bienestar de millones de españoles vulnerables y, como mucho,
se remita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como hizo en enero de este año.


Todos estos motivos llevaron al Partido Popular a registrar una Proposición de Ley de Medidas Fiscales de Sostenibilidad Energética, para reducir el coste del recibo de la luz, al proponer suprimir el gravamen del impuesto sobre la
producción de electricidad y a traspasar a Presupuestos Generales del Estado los costes regulados de la tarifa eléctrica. Con ello se conseguiría sacar de la factura las anualidades correspondientes a la deuda del sistema eléctrico y los
extracostes derivados de la activación de la energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados en los territorios no peninsulares.


Si estas iniciativas no se tienen en cuenta, miles de familias no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas, lo que repercutirá gravemente en la salud de los que menos tienen en estos tiempos tan gravemente marcados por la pandemia
del COVID-19.



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El ministro de Consumo y el propio presidente del Gobierno, el Sr. Sánchez, criticaban duramente al anterior presidente del Gobierno cuando el incremento en la factura eléctrica fue de un 4 % u 8 %, muy lejos del 27 % de este principio de
2021. Es urgente que el Gobierno tome medidas ante la subida de la luz a 15 millones de familias y que apliquen ahora medidas que permitan abaratar el recibo de la luz, como prometieron. No debemos olvidar tampoco que el Ejecutivo anunció en
diciembre la congelación de 14.000 millones de euros de costes del sistema eléctrico, hasta el 1 de abril de 2021. Debe cumplir este compromiso sin dilación.


En este contexto, a partir del 1 de junio, va a ser efectiva la nueva tarifa eléctrica 2.OTD, lo que supone bajar el coste del término potencia y subir los costes de energía, esto afectara a 26 millones de usuarios tanto en mercado regulado
como en el mercado libre. La nueva tarifa contempla tres tipos de discriminación horaria con periodo Punta (10:00-14:00 h y 18:00-22:00 h), horas más caras; Llano (08:00-10:00 h, 14:00-18:00 h y 22:00-00:00 h), horas con precio medio, y Valle
(00:00-08:00 h y fin de semana), horas con precio reducido.


Tanto en los costes de peajes de acceso a potencia como en el precio de la energía y los periodos de discriminación horaria de la nueva tarifa eléctrica van a tener un impacto negativo por la subida de precios a los consumidores y usuarios
que se acogieron a la discriminación horaria en el modelo anterior y a la mayoría de los ayuntamientos por el alumbrado público. Además, la nueva tarifa eléctrica complicará la factura de la luz y tendrá un fuerte impacto sobre los usos y
costumbres tradicionales en los horarios de las tareas domésticas que suponen consumo energético.


A tenor de todo lo expuesto, estimamos que la implantación de la nueva tarifa eléctrica se traducirá en que la factura de la luz, que ya es cara, se encarecerá para muchos consumidores, además, la nueva tarifa complicará más la comprensión
de la factura de la luz y a esos daños se suma que los consumidores y usuarios no disponen de la información necesaria para elegir el tipo de contrato más ventajoso y adaptar sus hábitos domésticos a la nueva tarifa.


Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reducir el impacto negativo de la nueva tarifa eléctrica en los consumidores y usuarios mediante:


1. Bajada del coste del recibo de la luz al suprimir el gravamen del impuesto sobre la producción de electricidad y traspasar a Presupuestos Generales del Estado los costes regulados de la tarifa eléctrica, la deuda del sistema eléctrico y
los costes extrapeninsulares.


2. Simplificar el recibo de la luz para facilitar su comprensión.


3. Poner en marcha de inmediato una 'campaña de información' a los consumidores que explique de forma sencilla y comprensible la nueva tarifa de la luz.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2021.-Guillermo Mariscal Anaya, Ana María Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado, Mario Garcés Sanagustín, Carmen Riolobos Regadera, Juan Diego Requena Ruiz y Elena Castillo López,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002705


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, doña Mercedes Jara Moreno, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Antonio Salvá Verd y don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la revisión y reformulación del sistema de visado de medicamentos, para
su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.



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Exposición de motivos


Primero. El sistema de visado de medicamentos en España.


Las reservas singulares a las condiciones específicas de prescripción y dispensación de los medicamentos, previstas en la legislación sanitaria, tienen como objetivo la verificación de su adecuada utilización, en especial de aquellos sujetos
a prescripción restringida y de utilización reservada a determinados medios especializados, así como a aquellos que planteen especiales problemas de seguridad o se circunscriban al tratamiento farmacológico de determinados grupos poblacionales
considerados de riesgo.


En el ámbito del Sistema Nacional de Salud ('SNS'), la finalidad del sistema de visado es asegurar la adecuación de lo prescrito a lo autorizado, concretamente en lo que se refiere al visado aplicable a los medicamentos que solo tienen
financiadas con fondos públicos algunas indicaciones terapéuticas, o a aquellos a los que se aplica una aportación reducida en función del tipo de paciente 71.


En este marco, el visado es el acto mediante el cual la inspección de un determinado Sistema de Salud autoriza, conforme a la ficha técnica de la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios, la obtención de una determinada
medicación para un paciente concreto a través de la prestación farmacéutica de ese sistema de salud. En otros términos, el visado consiste en que la inspección debe revisar la indicación de dicho medicamento por parte del especialista o del médico
de cabecera para ver si se ajusta a lo autorizado. La mayor parte de los medicamentos no precisan dicha supervisión, los manda el médico de cabecera y el paciente solo tiene que acudir a una oficina de farmacia a comprarlos; sin embargo, los que
precisan visado deben ser autorizados por un inspector para que sean dispensados por la Seguridad Social.


Desde un punto de vista jurídico, el estudio del visado resulta ilustrativo del problemático encaje de las competencias del Estado y de las distintas comunidades autónomas en materia sanitaria, así como del alcance de la intervención pública
sobre la actividad de los profesionales sanitarios.


En este último sentido, el sistema de visado es una medida de intervención absolutamente determinante para la realización efectiva del derecho a la protección de la salud, en la medida en que contribuye a garantizar la calidad y seguridad de
los medicamentos, y en cuanto se interviene en la fijación del contenido de la prestación farmacéutica, limitando o excluyendo de la cobertura pública determinadas indicaciones de los medicamentos.


El sistema de visado ha sufrido una progresiva distorsión en su finalidad desde su establecimiento en la década de los 70, y ha perdido paulatinamente su cometido sanitario, pasando a conformar un instrumento indirecto de configuración del
contenido de la prestación farmacéutica.


Esta última circunstancia, y su enorme trascendencia en el SNS, deben tenerse en cuenta adecuadamente, con el fin de situar a los visados en su verdadera dimensión y evitar que sean un comodín para los fines perseguidos por la
Administración. Así, esta podría utilizar los visados indiscriminadamente y dar lugar a una intervención poco coherente y menos transparente que la que se puede alcanzar con otros mecanismos de intervención alternativos.


Segundo. Régimen legal.


La regulación vigente en la materia se encuentra, principalmente, en el artículo 92.1 ('Procedimiento para la financiación pública') del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Este recoge en sus últimos incisos lo siguiente:


'(...) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24, y con objeto de garantizar el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podrá someter a reservas singulares las
condiciones específicas de prescripción, dispensación y financiación de los mismos en el Sistema Nacional de Salud, de oficio o a propuesta de las comunidades autónomas en la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.


Con el fin de garantizar el derecho de todas las personas que gocen de la condición de asegurado y beneficiario en el Sistema de un acceso a la prestación farmacéutica en condiciones de igualdad en todo


71 Según lo dispuesto en el Real Decreto 1348/2003, de 31 de octubre, por el que se adapta la clasificación anatómica de medicamentos al sistema de clasificación ATC y se actualiza la relación de medicamentos excluidos de la financiación
pública, así como los grupos y subgrupos terapéuticos que tienen la consideración de aportación reducida.



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el Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas no podrán establecer, de forma unilateral, reservas singulares específicas de prescripción, dispensación y financiación de fármacos o productos sanitarios.


No obstante lo anterior, en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud podrá decidirse la excepción motivada por una o varias comunidades autónomas en razón de sus propias
particularidades.'


El desarrollo reglamentario de esta disposición se encuentra en el Real Decreto 618/2007, de 11 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el establecimiento, mediante visado, de reservas singulares a las condiciones de prescripción
y dispensación de los medicamentos. Su artículo 2 establece lo siguiente:


'1. El Ministerio de Sanidad y Consumo podrá proceder a la imposición de visado en los siguientes casos:


a) Medicamentos sujetos a la calificación de prescripción médica restringida, entendiendo por tales:


1.º Los medicamentos que, a causa de sus características farmacológicas o por su novedad, o por motivos de salud pública, estén indicados para tratamientos que solo puedan seguirse en medio hospitalario.


2.º Los medicamentos que se utilicen en el tratamiento de enfermedades que deban ser diagnosticadas en medio hospitalario, o en establecimientos que dispongan de medios de diagnóstico adecuados, aunque la administración y seguimiento pueda
realizarse fuera del hospital.


b) Medicamentos que, en virtud de decisión motivada y debidamente publicada de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, queden sujetos a reservas singulares, por cuestiones de seguridad o de limitación para determinados
grupos de población de riesgo.


c) Medicamentos para los que se financien únicamente algunas de sus indicaciones terapéuticas o que se aplique una aportación reducida en función del tipo de paciente, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1348/2003, de 31 de
octubre, por el que se adapta la clasificación anatómica de medicamentos al sistema de clasificación ATC.


2. Las resoluciones administrativas en las que se establece la medida del visado serán motivadas y estarán sujetas al cumplimiento de las garantías jurídicas exigidas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


3. Mediante visado, las Administraciones sanitarias verificarán la conformidad del tratamiento prescrito en el Sistema Nacional de Salud con las condiciones de utilización autorizadas en la ficha técnica y las indicaciones terapéuticas
financiadas de acuerdo con el procedimiento que determinen en el ejercicio de sus competencias.


Las autoridades sanitarias solo podrán denegar este visado en los casos en los que no se cumplan las condiciones mencionadas en el párrafo anterior.


4. En los medicamentos contemplados en los apartados a), b) y c) del apartado 1 de este artículo, y mediante el procedimiento establecido en el apartado 2 del mismo, el Ministerio de Sanidad y Política Social podrá acordar el
establecimiento de reservas singulares en el ámbito del Sistema Nacional de la Salud, consistente en limitar su dispensación, sin necesidad de visado, a los pacientes no hospitalizados, en los Servicios de Farmacia de los Hospitales.'


De conformidad con lo previsto en el artículo 31.2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud ('LCCSNS'), dentro del Ministerio de Sanidad 'corresponde a la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios la dirección, desarrollo y ejecución de la política farmacéutica del departamento, el ejercicio de las funciones que competen al Estado en materia de financiación pública y fijación de precios, así como las condiciones especiales de
prescripción y dispensación de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud'.


Puesto que la mayoría de las competencias sanitarias están transferidas, el visado de inspección farmacéutica de las prescripciones también depende de la comunidad autónoma en la que radique el paciente. Es indudable que el sistema de
visado debe ser igual para todas las comunidades autónomas y



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también para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya prestación sanitaria pública es gestionada por el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA, antiguo INSALUD).


Existen dos razones fundamentales al respecto. En primer lugar, que se trata de una competencia del Estado y, en consecuencia, corresponde al Ministerio de Sanidad su ordenación, como se ha expuesto. En segundo lugar, porque debe
garantizarse el acceso en condiciones de igualdad y equidad en toda España a los mismos fármacos, en el sistema de financiación del Sistema Nacional de Salud con independencia de su lugar de residencia.


Tercero. Problemas prácticos del sistema de visado.


En la práctica diaria, los profesionales sanitarios y los ciudadanos-pacientes y usuarios de la sanidad pública se enfrentan a una serie de problemas con este instrumento, que en principio debería ser meramente administrativo, pero que, en
su funcionamiento, dificulta el acceso rápido y eficiente al medicamento prescrito.


Veamos el problema a través de un ejemplo: existen determinados medicamentos que solo pueden ser prescritos por un especialista, como los nuevos anticoagulantes orales o la triple terapia en el caso de los pacientes con EPOC, que precisan
visado de inspección. En ambos casos, estando indicada su prescripción, el estado clínico de los pacientes no admite que su administración se demore durante semanas, hasta que estos sean vistos por su especialista correspondiente. Así:


- En el primer caso, no es lógico que tales fármacos no puedan ser prescritos por el médico de familia, habida cuenta de que este sí que puede prescribir otros anticoagulantes como el acenocumarol o las heparinas de bajo peso molecular.
Estos últimos tienen precios iguales o superiores a los NACOS (nuevos anticoagulantes orales) y efectos secundarios similares, pero carecen de las ventajas de fármacos más modernos y que facilitan la vida y la adherencia de los tratamientos de los
pacientes.


- En el segundo supuesto (triple terapia cerrada en pacientes EPOC), el médico de Atención Primaria puede prescribir los tres fármacos que contienen estos dispositivos por separado (esto es, tres inhaladores). Sin embargo, no puede
prescribir un solo inhalador que contiene agrupados los tres fármacos, que resulta aún más sencillo y barato que su dispensación individual.


- Otro grupo farmacológico que presenta este problema es el de los medicamentos para la diabetes, en los cuales no tiene sentido que un tratamiento se demore innecesariamente, pues con la indicación ajustada a la evidencia científica y a las
recomendaciones de guías clínicas nacionales e internacionales resultaría suficiente hacerlo desde la atención primaria. En este supuesto, las trabas burocráticas en los tratamientos contribuyen a que la diabetes esté peor controlada y derive en
múltiples complicaciones.


En última instancia, debe resaltarse que existen patentes diferencias entre las comunidades autónomas, donde aun realizada la prescripción facultativa de los mismos por un especialista, el ciudadano-paciente no tiene acceso al medicamento,
pues se deniega el visado por razones económicas, sin mayor explicación.


Como último ejemplo de este problema, tenemos el de las vacunas individualizadas contra la alergia que, tras ser indicadas por el especialista en alergología, requieren de administración mensual. Para cada nueva tanda de dosis vacunales se
requiere de un visado nuevo, tramitado en Atención Primaria con Inspección, con la evidente pérdida de tiempo y recursos de todos los profesionales implicados y de los propios pacientes. Este proceso se repite cada pocos meses durante toda la vida
de la indicación de su administración.


Cuarto. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como órgano competente para adoptar decisiones.


En adición a lo anterior, debe señalarse que el Estado tiene, de acuerdo con el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, competencia en materia de 'coordinación general de la sanidad', que es asumida por el Consejo Interterritorial de Salud
('CISNS'), creado por la Ley General de Sanidad (de 1986).


En la actualidad, este órgano viene más ampliamente configurado en la referida LCCSNS como 'el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud entre ellos y con la Administración del
Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva y equitativa de derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado' (art. 69.1 LCCSNS). Según la vigente Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen



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Jurídico del Sector Público, encajaría en la figura organizativa de las 'conferencias sectoriales' de su artículo 147. Está integrado por el titular del Ministerio, que lo preside, y por cada uno de los consejeros autonómicos, de entre los
que se elige la vicepresidencia.


Las funciones de este Consejo Interterritorial de Salud se contienen en el artículo 71 LCCSNS, distinguiéndose según se trate de 'funciones esenciales en la configuración del Sistema Nacional de Salud' (apartado 1), 'funciones de
asesoramiento, planificación y evaluación en el sistema Nacional de Salud' (apartado 2), 'funciones de coordinación del Sistema Nacional de Salud' (apartado 3) y 'funciones de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas' (apartado 4).


Quinto. Conclusión.


En conclusión, el sistema de visado no debe suponer una traba burocrática al acceso ético y equitativo de la medicación por parte del paciente. Asimismo, en ningún caso pueden existir diferencias en este acceso a las terapias condicionado a
la comunidad autónoma y sistema sanitario en el que el paciente resida.


En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para dotar de verdadera igualdad y equidad a los españoles en materia de accesos a medicamentos y sistema de visados, con independencia de la comunidad o ciudad
autónoma de residencia y del sistema sanitario que opere.


A tal efecto, se insta al Gobierno a promover, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la revisión y actualización de la efectiva y necesaria fase de visado en las terapias y medicamentos para fase aguda de la
patología, para que desde atención primaria puedan dar continuidad al tratamiento y fomentar la adherencia al tratamiento por el paciente, en tanto se produzca la necesaria atención en consulta de especialista.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2021.-Mercedes Jara Moreno, Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña Mercedes Jara Moreno, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Antonio Salvá Verd y don Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a reducir el impacto del daño por tabaquismo, para su
discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


Primero. El tabaquismo en España y su marco regulatorio.


El consumo de tabaco es uno de los mayores problemas de salud pública que afronta actualmente nuestro país. En la última Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES) 72 del Ministerio de Sanidad, la cifra de fumadores se sitúa
en el 32,3 % de la población de entre 15 y 64 años, lo que supone 10,5 millones de personas con una adicción que provoca anualmente 60.000 muertes. Una cifra muy similar a la del año 2005, donde un 32,8 % de los ciudadanos se declaraban fumadores.


Durante los últimos años, las políticas de control del tabaquismo han tenido un gran desarrollo en España. Sin embargo, resulta necesario avanzar en determinados aspectos que conduzcan a reducir las graves consecuencias de esta adicción.


72 https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_EDADES.htm



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En este sentido, la Constitución Española reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos la tutela de la salud pública y la adopción de las medidas preventivas necesarias.


Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece que las Administraciones públicas orientarán sus actuaciones prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, evitando las actividades
y productos que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud.


En el ámbito de la Unión Europea, a través de la aprobación de la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y de los productos relacionados, y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE, se ha pretendido facilitar el buen funcionamiento del mercado interior
de los productos del tabaco y de los productos relacionados, sobre la base de un nivel elevado de protección de la salud humana, así como dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.


La citada Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, ha sido incorporada en su mayor parte al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan
determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados. No obstante, la completa transposición de esta Directiva se llevó a cabo por medio del Real Decreto-ley
17/2017, de 17 de noviembre, por el que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, para transponer la
Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014.


En España han transcurrido quince años desde que se publicó la primera ley antitabaco, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y que regula la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco 73.


Actualmente, se encuentra en fase de consulta pública el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 2/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y que regula la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del tabaco. Este, en línea con la Directiva 2014/40/UE, pretende equiparar la regulación (venta, consumo, publicidad, promoción y patrocinio) de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de
recarga a la del tabaco.


Las políticas de tabaquismo se centran en dos ámbitos: la prevención y la cesación. En el ámbito de la prevención, se han llevado a cabo campañas de sensibilización dirigidas hacia el colectivo de no fumadores y en particular hacia los
jóvenes y menores. En lo que respecta a la cesación, el foco se ha puesto en la financiación de tratamientos para dejar de fumar y en campañas de concienciación sobre los efectos dañinos. Sin embargo, y pese a estos esfuerzos, 4,5 millones de
españoles no consiguen dejar de fumar, según una estimación realizada por la Plataforma para la reducción del daño por tabaquismo 74.


En este sentido, la línea de medidas restrictivas que plantea el Anteproyecto de Ley se muestra insuficiente respecto del elevado porcentaje de fumadores que existen en España, ya que tan solo plantea medidas restrictivas sin aportar
herramientas alternativas para aquellos que quieren dejar de fumar.


Segundo. Cómo afecta el tabaquismo en la aparición o empeoramiento de otras enfermedades.


Basándonos en las declaraciones del Dr. Peces-Barba Romero, Jefe Asociado del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz, '(...) los organismos de la Administración transmiten poca información a la población con respecto a una
buena deshabituación del tabaco'. Esta idea también la comparte el Dr. Antonio Sierra, catedrático de Salud Pública de la Universidad de La Laguna, y miembro del grupo COVID del Gobierno de Canarias, quien pone de manifiesto '(...) una falta de
diálogo y desconocimiento sobre las nuevas alternativas de nicotina'. Además, insiste en que 'se ha producido una insuficiente concienciación por parte de los medios de comunicación y de los responsables sanitarios' 75.


Como publica el diario digital isanidad, para el Dr. Peces-Barba 'el apoyo y la información es la clave para que el fumador tenga una motivación y quiera dejar de fumar' 76. Posteriormente a ese apoyo e


73 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=130E-A-2005-21261


74 https://www.porlareducciondedanoportabaquismo.org/libro-blanco/


75 https://isanidad.com/181925/1a-deshabituacion-tabaquica-un-reto-para-el-sistema-sanitario/


76 https://isanidad.com/181925/1a-deshabituacion-tabaquica-un-reto-para-el-sistema-sanitario/



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información, se emplean métodos farmacológicos que han evidenciado una reducción en la tasa de fumadores. Son los llamados soportes de terapia sustitutiva de nicotina o fármacos como la vareniclina y el bupropión de acreditada eficacia.
Sin embargo, el tratamiento farmacológico, por sí solo, no es suficiente, puesto que ha de ir combinado con una atención global del paciente, realizada en los equipos multidisciplinares de las respectivas unidades de tabaquismo.


Así el Dr. Sierra, por su parte, subraya que, a día de hoy, '(...) existen alternativas al cigarrillo de combustión como el cigarrillo electrónico o vapeador y los dispositivos para calentar tabaco. También tabacos alternativos como el
snits, muy utilizado en Suecia (varones) y Noruega (mujeres), con el que se ha conseguido una caída fuerte en el porcentaje de fumadores y enfermedades cardiovasculares y oncológicas' 77.


En determinadas enfermedades como la cardiopatía isquémica, una disminución de 10 cigarrillos en un fumador de 20 cigarrillos diarios supone una reducción del 10 % del riesgo; es decir, 5 veces menos de lo esperado debido a este efecto
compensatorio en la manera de fumar 78.


A nivel mundial el consumo de tabaco va aparejado a la incidencia en más de 25 enfermedades, '(...) siendo el responsable del 90 % de la patología tumoral, del 75 % de los procesos clasificados como bronquitis crónica o enfisema y del 25 %
de los síndromes coronarios agudos. De todas las enfermedades crónicas (hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, etc.) el tabaquismo es la que produce mayor morbi-mortalidad' 79.


El consumo del tabaco también lleva aparejado alrededor del 33 % de las enfermedades cardiovasculares como pueden ser la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica o la aneurisma de aorta.
Aunque, realmente, el verdadero responsable de estos procesos es el CO del humo que desprende el tabaco, ya que esta sustancia es capaz de unirse a la hemoglobina sanguínea y generar carboxihemoglobina (HbCO).


'La HbCO altera las células endoteliales de la capa íntima de la pared vascular produciendo necrosis de las mismas. Dicha necrosis lleva a que aparezcan calcificaciones y depósito de colesterol' 80 y, como resultado de estas
calcificaciones, se crean placas de ateroma. Las arterias de las personas fumadoras tienen un número de placas de ateroma bastante más elevado que el resto de los sujetos no fumadores, lo que ocasiona en ellos las enfermedades cardiovasculares
citadas anteriormente, y con una mayor frecuencia. Las sustancias causantes de la mayor prevalencia de una patología tumoral entre los consumidores de tabaco son el alquitrán y las nitrosaminas.


Las sustancias oxidantes entre las que destacan los radicales tóxicos del oxígeno son las principales causantes de los procesos de afectación bronquial. Todas las enfermedades respiratorias sufren empeoramiento de su pronóstico como
consecuencia del consumo de tabaco, pero algunas de ellas están directamente causadas por el tabaco. Entre estas merece especial mención la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Conviene recordar que la EPOC está causada en el 80-85 % de
los casos como consecuencia del consumo del tabaco.


La OMS estima que el 80 % de todos los casos de enfermedad cardiovascular y de diabetes tipo 2, así como el 40 % de todos los cánceres, pueden prevenirse a través del consumo de dietas más saludables, incremento de la actividad física y
evitando el consumo de tabaco.


Pero evitar el consumo de tabaco puede ser la modificación conductual más importante y más difícil. En el siglo XX fallecieron más de 100 millones de personas en todo el mundo por enfermedades relacionadas con el tabaco y se calcula que en
el siglo XXI fallecerán más de 1.000 millones de personas por estas enfermedades y la mayor parte ocurrirá en países en vías de desarrollo.


Tercero. Tratamientos frente al tabaquismo.


Con base en lo expuesto y teniendo en cuenta la gravedad de las cifras expuestas, es necesaria la adopción de medidas que garanticen la intervención terapéutica para todas aquellas personas que deseen dejar de fumar. Para determinar la
forma y/o la intensidad del tratamiento que se brinde a cualquier


77 Ídem.


78 Law, M. R., & Wald, N. J. (2003). Environmental tobacco smoke and ischemic heart disease. Progress in cardiovascular diseases, 46(1), 31-38. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12920699/


79 https://www.infosalus.com/enfermedades/aparato-respiratorio/tabaquismo/que-es-tabaquismo-3.html#:~text=Enfermedades?%20que?%20ocasiona?%20e1?%20tabaquismo, de?%20los?%20s?%C3?%ADndro mes?%20coronarios?%20agudos.


80 Ídem.



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fumador hay que estudiar las características de cada uno. El grado de motivación que el sujeto tenga para dejar de fumar, así como su grado de dependencia física y psíquica deben ser adecuadamente valorados para proporcionarle el mejor
tratamiento.


Este proceso debería incluir una combinación de tratamiento farmacológico con el fin de aliviar la dependencia que se tiene a la nicotina, además de asesoramiento psicológico para combatir la adicción que el fumador tiene por el consumo
inhalado de tabaco.


Entre los tres tratamientos farmacológicos de primera línea que han demostrado evidencia científica suficiente, se encuentran los siguientes:


- la Terapia Sustitutiva con Nicotina (TSN), en forma de parches, chicles y comprimidos,


- Bupropión, y


- Vareniclina.


Además, la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo evidencia los buenos resultados que nuevas formas de consumo de tabaco suponen para los que no consiguen dejar de fumar. Así, el cirujano oncológico del Hospital Gómez Ulla de
Madrid y portavoz de la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo, el Dr. Fernández Bueno, propone 'el uso de estas alternativas al cigarrillo, como son el cigarro electrónico, snus o tabaco calentado, en el ámbito sanitario [ya que]
como herramientas válidas para que los fumadores dejen de fumar, es un paso previo a conseguir desengancharse totalmente'.


Según afirma, deberíamos seguir el ejemplo de países como 'Reino Unido y Francia donde la consideración de productos menos dañinos que el cigarrillo ayuda a reducir el daño causado por el tóxico hábito de fumar'. Esta iniciativa, avalada
por sanitarios y catedráticos, defiende el uso de alternativas sin combustión para los pacientes que quieren abandonar el hábito del tabaco y evitar así dañar su salud. Así, la Agencia de Salud Pública de Reino Unido (Public Health England)
concluye en su primer informe que 'vapear es un 95 % menos dañino que fumar. Esta opinión fue replicada por otro informe del Royal College of Physicians, el principal organismo profesional británico independiente que elabora recomendaciones sobre
políticas sanitarias basadas en evidencias'.


Asimismo, señala que, en Suecia, el país con menos fumadores de la región europea, está arraigado el uso del snus, un tabaco sin humo, de mascar, mucho menos dañino. En este contexto, las tasas de tabaquismo han descendido en Suecia de
manera inversamente proporcional al uso de snus, el cual no produce cáncer.


Por todo ello, este Grupo parlamentario considera necesaria la implementación de una serie de medidas que vayan más allá de la prevención y garanticen que todas aquellas personas que quieran dejar de fumar consigan su objetivo.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Promover la difusión de campañas de prevención y cesación del consumo de tabaco, haciendo especial énfasis entre los más jóvenes mediante la elaboración y promoción de contenidos apropiados para el ámbito escolar.


2. Promover la formación específica de los profesionales sanitarios en materia de reducción de daños por tabaquismo.


3. Fomentar el intercambio de expertos en reducción de daños por tabaquismo.


4. Promover la elaboración de un estudio epidemiológico que permita comparar el poder adictivo y los riesgos para la salud física, entre el grupo de fumadores de tabaco tradicional y otras formas de cigarrillos electrónicos, dispositivos de
liberación de nicotina, o vapeo.


5. Promover el desarrollo de programas piloto de reducción de daños dentro de los hospitales.


6. Promover la financiación de tratamientos sustitutivos de nicotina.


7. Realizar investigaciones y estudios científicos sobre el daño causado por tabaquismo y crear un observatorio para el seguimiento del consumo de nicotina.


8. Promover los sistemas de monitorización públicos de estos productos.



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9. Promover controles y estándares de seguridad y calidad de los productos sin combustión, la constitución de un comité científico sobre estos productos y la elaboración de informes anuales sobre el estado de las publicaciones científicas,
fomentando las investigaciones público-privadas, e impulsando la transformación de la industria del tabaco hacia productos menos dañinos.


10. Promover la inversión en estructuras necesarias para hacer un plan intensivo de deshabituación tabáquica.


11. Garantizar la tutela por un profesional sanitario de los tratamientos de reducción del riesgo y/o cesación basados en el uso de alternativas al cigarrillo como el cigarro electrónico, snus o tabaco calentado, mediante la incorporación a
la Cartera de Servicios comunes de Salud Pública, al cumplir lo establecido en los artículos 5.3 y 7.3.a) del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el
procedimiento para su actualización.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2021.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Mercedes Jara Moreno, Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/002692


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a fomentar y mejorar el
acceso de las personas con discapacidad a las Universidades españolas, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.


Exposición de motivos


El pasado 20 de abril se presentó el V Estudio 'Universidad y Discapacidad', que aborda el grado de inclusión actual de las personas con discapacidad en la educación superior española, y que se elabora por la Fundación Universia, con el
apoyo del Banco Santander y con la colaboración de Fundación ONCE, CRUE Universidades Españolas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Real Patronato sobre Discapacidad.


El objetivo de este Estudio, elaborado por quinto año con carácter bienal, es medir el grado de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español relativo al curso 2019-2020 y mostrar la evolución que se ha
producido durante los diez cursos académicos transcurridos desde el arranque de este proyecto en 2011.


Este Estudio ha contado con la participación de 1.860 universitarios con discapacidad que están cursando estudios universitarios en la actualidad o que lo han hecho recientemente. Por otra parte, las 61 Universidades (públicas y privadas)
que han colaborado, representan el 76 % de Universidades y engloban al 87 % de los universitarios con discapacidad del sistema universitario español.


Así pues, tal y como se recoge en el informe, la llegada de la pandemia provocada por la COVID-19 ha impactado fuertemente en las Universidades provocando cambios que afectan a la vida de toda la comunidad universitaria y, especialmente, a
la de las personas con discapacidad.


Muchos estudiantes con discapacidad han encontrado nuevas dificultades para continuar sus estudios desde su hogar, el 21 % de estos alumnos afirma tener mayores dificultades para seguir las clases en tiempos de coronavirus.


Casi una cuarta parte de los encuestados se queja de la falta de recursos tecnológicos y dispositivos digitales para poder estudiar desde su hogar (24 %), pero también manifiestan otras necesidades derivadas de la COVID-19, dificultades para
realizar exámenes y seguir las clases (17 %) y algunos problemas a nivel psicológico (aislamiento, soledad, ansiedad), entre otros.


Todo ello en un marco en el que se mantiene la tendencia de ediciones anteriores del estudio que refleja que la proporción de estudiantes con discapacidad presentes en la Universidad es menor a medida



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que avanza el nivel formativo. De los 19.910 universitarios de grado, de primer y segundo ciclo, con discapacidad representados en el Estudio, la proporción de estudiantes que permanecen en la Universidad va disminuyendo, contando con un
1,5 % de estudiantes de Grado en primer y segundo ciclo; 1 % de posgrado y máster y 0,8 % de doctorado.


Por tipo de discapacidad se mantiene también la tónica de que la discapacidad predominante entre los estudiantes de Grado, primer y segundo ciclo con discapacidad es la discapacidad física (30,4 %), seguida de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo (11,8 %), las personas con discapacidad sensorial (10 %) y, por último, las personas con discapacidad psicosocial o relacionada con salud mental (3,9 %).


Por otro lado, referido a las mujeres con discapacidad, según los datos recopilados en la encuesta realizada a los universitarios con discapacidad, un 11 % de mujeres con discapacidad han afirmado que el hecho de ser mujer ha supuesto
mayores dificultades en el acceso a sus estudios universitarios, que la experimentada por sus compañeros hombres. Este porcentaje aumenta hasta casi el 16 % cuando se les pregunta acerca de las dificultades que han tenido a lo largo de toda la
carrera universitaria por el hecho de ser mujer.


El número de mujeres que se ha matriculado en el curso 2019-2020 en las universidades españolas es superior al de los hombres (un 55 % de mujeres frente a un 45 % de varones). Sin embargo, la tendencia se invierte si se tiene en cuenta la
variable de la discapacidad, donde el número de mujeres con discapacidad respecto al total de estudiantes matriculados en las universidades es del 1,2 %, frente al 1,6 % de hombres que lo hicieron durante ese mismo curso.


En consecuencia, de este V Estudio 'Universidad y Discapacidad' se desprende que, si bien las personas con discapacidad están alcanzando metas impensables hace unos años, todavía queda mucho camino por recorrer, por lo que las
Administraciones Públicas tienen que instar medidas e iniciativas destinadas a potenciar la presencia de las mismas en nuestras Universidades.


Máxime si queremos dar cumplimiento efectivo al artículo 24, especialmente su apartado 5, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Universidades, a:


- Realizar un estudio que permita disponer de un diagnóstico de las Universidades en lo relativo a las barreras físicas, cognitivas, de comunicación o de otras características actualmente existentes y que impiden o dificultan el acceso a las
personas con discapacidad a los programas educativos y centros universitarios.


- Implementar un Plan de actuación, con dotación económica suficiente, para la eliminación de todo tipo de barreras, promoviendo la accesibilidad universal en nuestras Universidades.


- Fomentar la elaboración de Planes de accesibilidad en todas las Universidades españolas.


- Promover, en colaboración con las propias Universidades, que la organización educativa en todos sus aspectos (normativa, programas formativos, metodología y recursos didácticos, etc.), manteniendo los objetivos educativos y de calidad
generales para el nivel y centro universitario, contemplen las necesidades especiales de los estudiantes con discapacidad.


- Establecer los apoyos y servicios complementarios precisos para responder adecuadamente a las necesidades de los alumnos con discapacidad.


- Garantizar que todos los alumnos con discapacidad podrán realizar sus exámenes y pruebas de calificación en igualdad de condiciones que el resto del alumnado, para ello podrán utilizar, entre otras, sus prótesis auditivas, etc.


- Impulsar iniciativas que fomenten la matriculación de las personas con discapacidad en nuestras Universidades, sean estas públicas o privadas.


- Desarrollar programas específicos destinados a las alumnas con discapacidad que mitiguen la doble discriminación que, en muchas ocasiones, sufren por el hecho de ser mujer, y tener discapacidad.



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- Dotar económicamente de medios materiales y tecnológicos a aquellos alumnos con discapacidad más vulnerables para que puedan estudiar en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2021.-María del Carmen González Guinda, Alicia García Rodríguez, María Jesús Moro Almaraz, Margarita Prohens Rigo y Sandra Moneo Díez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002713


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para solicitar la comparecencia de
expertos del sector científico, investigador e innovador ante la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.


Exposición de motivos


La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tiene por objeto 'establecer el marco para el fomento de la investigación científica y técnica y sus instrumentos de coordinación general, con el fin de contribuir
a la generación, difusión y transferencia del conocimiento para resolver los problemas esenciales de la sociedad. El objeto fundamental es la promoción de la investigación, el desarrollo experimental y la innovación como elementos sobre los que ha
de asentarse el desarrollo económico sostenible y el bienestar social'.


La modificación de la Ley que ha anunciado el Gobierno propone elaborar un itinerario profesional de acceso y transferencia de científicos e investigadores al Sistema Español de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como promover su
agilización y eficacia.


Con el objetivo de mejorar el procedimiento legislativo y de escuchar a la comunidad científica, investigadora y del ámbito de la innovación, el Grupo Popular cree imprescindible facilitar la comparecencia de autoridades responsables y
expertos en la materia para que, de las conclusiones que se extraigan, se puedan establecer propuestas para elaborar un itinerario profesional de acceso y transferencia de científicos e investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, así como recomendaciones para desarrollar las reformas legislativas necesarias para garantizar la efectividad de los compromisos asumidos.


En España, la probabilidad de que un doctorando se estabilice como científico o profesor universitario es mucho menor que en los países europeos del entorno. La crisis económica ha dejado a miles de científicos españoles en el paro,
cambiando de residencia tras contratos temporales o emigrando fuera de España en busca de contratos dignos y estables.


Mientras que el número de nuevos doctores no ha parado de crecer en España en los últimos años -con bastante más de 10.000 nuevas tesis doctorales al año-, la oferta de contratos posdoctorales (Juan de la Cierva y Ramón y Cajal) del antiguo
Ministerio de Economía y Competitividad (ahora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) se mantiene en cifras totalmente insuficientes, al menos desde 2012.


En el programa Ramón y Cajal (contratos de cinco años para doctores con amplia experiencia investigadora) solo se ofertan anualmente 175 plazas para todas las áreas de ciencias y humanidades, casi la mitad que en los muy prestigiosos
contratos Marie Sklodowska-Curie o Starting Grants de la Unión Europea.


En conclusión, más del 95 % de los nuevos doctores deberá buscar rutas alternativas a la ruta del doctorado (Juan de la Cierva-Ramón y Cajal) ofertada por el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades, aunque el panorama científico
español no ofrece muchas más alternativas. Incluso el CSIC tiene verdaderos problemas para estabilizar a sus propios Ramón y Cajal.



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Por otra parte, la investigación en entidades privadas, o fuera del ámbito universitario, sigue estando muy por detrás de otros países. Los contratos Torres Quevedo, la apuesta del Gobierno para incentivar la incorporación de doctores fuera
de la universidad, siguen en números muy bajos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para iniciar el trámite de comparecencias de miembros de las administraciones públicas competentes, así como la de autoridades, funcionarios públicos, agentes
sociales, universidades, OPIs y cuantas personas y organizaciones resulten competentes en la materia con el objetivo de abrir a la sociedad el proceso en sede parlamentaria de la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, para la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2021.-Pedro Navarro López y María Sandra Moneo Díez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002716


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Colegios Mayores en el Marco Normativo, para su debate en la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades.


Exposición de motivos


En la disposición adicional quinta de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), se regulan los colegios mayores, concretamente la norma establece.


'1. Los colegios mayores son centros universitarios que, integrados en la Universidad, proporcionan residencia a los estudiantes y promueven la formación cultural y científica de los residentes, proyectando su actividad al servicio de la
comunidad universitaria.


2. El funcionamiento de los colegios mayores o residencias se regulará por los estatutos de cada universidad y los propios de cada colegio mayor o residencia y gozarán de los beneficios o exenciones fiscales de la universidad a la que estén
adscritos.


3. Las Universidades podrán crear o adscribir residencias universitarias de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos.'


El Colegio Mayor Universitario no solo es una institución que ofrece alojamiento a los y las estudiantes, sino que históricamente ha contribuido a su formación y a la generación de actividades en las universidades.


En esa línea, recientemente, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España han firmado un convenio de colaboración para mejorar la formación del estudiantado y su
experiencia universitaria, potenciando la formación integral, el desarrollo personal, la empleabilidad y el emprendimiento.


A pesar de esa regulación, en los últimos años, una institución como los colegios mayores, denominación que implica mucho más que el alojamiento del estudiantado, ha sido utilizada por fondos de inversión para especular con la residencia del
estudiantado, utilizando el nombre de Colegios Mayores.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tener en cuenta y estudiar la viabilidad de incluir en la LOSU (futuro Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario), además del articulado



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establecido en la LOU, una redacción que permitiera que los colegios mayores universitarios solo pudieran ser gestionados y promovidos por entidades sin ánimo de lucro.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2021.-Roberto García Moris, Javier Alfonso Cendón, Sandra Guaita Esteruelas, María Luz Martínez Seijo, Miguel Ángel González Caballero, Helena Caballero Gutiérrez y Juan Francisco Serrano
Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Igualdad


161/002701


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada doña Pilar Vallugera i Balañà, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas
efectivas para combatir la pobreza menstrual para su debate en instancia en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


La pobreza menstrual refiere a la falta de acceso a los productos de higiene femenina y la imposibilidad de la práctica de una correcta higiene menstrual. Esto es, por un lado, la dificultad de adquisición de compresas, tampones, copas
menstruales -u otros productos de higiene menstrual- a causa de los elevados precios de los mismos y, por otro lado, la carencia de material limpio para absorber o recolectar material menstrual y que pueda ser cambiado en tiempo y forma, de manera
privada con acceso a jabón y agua para higienizar el cuerpo y lugares propicios para el desecho de los materiales utilizados. Es decir, que la pobreza menstrual es el término que engloba no solo la falta de acceso a productos de higiene femenina,
sino, también, la dificultad de acceso a las instalaciones necesarias para higienizarse correctamente durante el periodo que dure la menstruación.


La pobreza menstrual es la pobreza derivada de una pobreza económica. Es una realidad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Únicamente en la Unión Europea, una de cada cuatro mujeres se ve obligada a elegir entre adquirir
productos de alimentación o de higiene menstrual. El cuidado del ciclo menstrual es un indicador de salud, y así lo declaró el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos en 2015: un ciclo menstrual sano contribuye al necesario equilibrio
hormonal y emocional. Por lo tanto, la regulación de políticas públicas efectivas dirigidas a asegurar el correcto ciclo menstrual de la población implica apostar por el bienestar y los derechos humanos de la misma.


Es imprescindible que los poderes públicos impulsen la superación de estigmas y tabúes que todavía envuelven la menstruación y trabajar por su normalización. Asimismo, desde las diversas administraciones públicas deben impulsarse respuestas
a las carencias y necesidades relacionadas con el ciclo menstrual, y en particular respecto al acceso a los productos higiénicos.


De media las mujeres en edad fértil tienen la regla cada 26,8 días. En cada ciclo menstrual, cada uno de los cuales dura una media de cinco días, las mujeres gastan una media de 4,5 productos convencionales usados por día y persona. Al
final de cada periodo, cada mujer habrá usado una media de 22,5 productos por menstruación. Al final de cada regla, una mujer habrá gastado 3,37 euros. De media, englobando todos los tipos de productos menstruales, la factura anual alcanza los
45,9 euros. Al desglosar el coste anual por productos, existe una clara diferencia entre los productos reutilizables y los de un solo uso. Esto es, la copa menstrual y las compresas de tela suponen un coste anual de 3,75 euros y 1,57 euros,
respectivamente. En cuanto a compresas y tampones, suponen un coste de 33,66 euros y 58,14 euros, respectivamente. Teniendo en cuenta que la edad mediana de la primera menstruación son los 12,6 años y la edad mediana de la última son los 51 años,
esto significa que a lo largo de su vida fértil una mujer habrá invertido aproximadamente 1.744 euros. Hablamos, por lo tanto, de un hecho económico de primera magnitud que, aun así, pasa desapercibido.



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Existen otros Estados que ya han tomado cartas en el asunto y han ejecutado políticas públicas con el objetivo de afrontar y combatir la pobreza menstrual. El ejemplo más revelador es Escocia. El pasado noviembre el parlamento escocés
aprobó por unanimidad un Proyecto de Ley que asegura el proveimiento gratuito, por parte de las autoridades locales, de productos menstruales de un solo uso -tampones y compresas-. El Gobierno presidido por Nicola Sturgeon destinará un total de 11
millones de euros anuales, 4,5 millones de euros más que se sumarán a los 5,8 millones que ya destinaba a la ONG 'FareShare', que hasta la fecha era responsable de la gestión y distribución. Importante señalar que los clubes deportivos recibirán
56.000 euros para el proveimiento de los productos menstruales a sus jugadoras.


También el año pasado Nueva Zelanda introdujo un programa piloto para garantizar el acceso gratuito de las jóvenes de secundaria a los productos menstruales. La intención del Gobierno de Jacinda Ardern es generalizar este programa a partir
de junio, una partida a la cual se destinarán 15 millones hasta 2024. En esta misma línea, el Gobierno de Emmanuel Macron instalará, el próximo curso lectivo, 1500 dispensadores gratuitos de compresas y tampones en todos los campus universitarios.


Además, desde el año 2007, la Unión Europea permite reducir este gravamen hasta el 4 %. Países como Chipre, Reino Unido o Francia aplican el tipo del 5 %. En Alemania se han reducido los impuestos de tampones y compresas del 19 % al 7 %.
En el caso de Irlanda, es el único país donde los productos de higiene íntima no están gravados con ningún tipo de impuesto. Desde una visión más global, todavía cabe señalar el caso de Kenia, que además de reducir impuestos, desde el 2011 se
reservan fondos para distribuir gratuitamente compresas en las escuelas.


El consumo de productos de higiene íntima representa para las mujeres una necesidad primordial y regular. Sin embargo, en el Estado español, la llamada 'tasa rosa' sigue imponiendo un 10 % del IVA a los productos de higiene femenina -con la
excepción de las islas Canarias, donde no se aplica ningún tipo de gravamen desde el 2018- al no ser considerados productos de primera necesidad. Estos artículos están gravados como productos de consumo, lo cual comporta que un artículo sanitario
indispensable para las mujeres se convierta en un producto dispensable, en función de sus posibilidades económicas. De manera que el actual gravamen de compresas y tampones -que no están considerados como material sanitario ni como medicinas- va en
detrimento del poder adquisitivo de las consumidoras y representa una discriminación económica y social.


Las copas menstruales, compresas, tampones y protege-slips son y deben de ser considerados fiscalmente y políticamente como productos de primera necesidad. En julio de 2012, dejaron de ser considerados como objetos de lujo, pasando del IVA
del tipo general (que subía del 18 % al 21 %) al IVA del tipo reducido (que subía del 8 % al 10 %). Un hecho que también fue aprovechado por los fabricantes de dichos productos, así como por las distribuidoras y comercializadoras, para subir los
precios de venta al público de los productos menstruales de primera necesidad.


De esta forma, pese a la escasez de estadísticas concretas respecto a la pobreza menstrual, el Instituto Nacional de Estadística señala que el 26 % de las mujeres se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, de lo cual podemos
inferir que un porcentaje similar podría sufrir carencias materiales y estructurales para afrontar sus ciclos menstruales.


Importante destacar que en el año 2018 el Gobierno del Estado español calculó que la reducción del IVA hasta el umbral mínimo europeo tendría un perjuicio para las arcas públicas de 18 millones de euros, esto es el 0,03 % del total
ingresado. Así mismo, el actual Gobierno de coalición anunciaba la preparación de un acuerdo sobre los Presupuestos Generales para 2019, el cual supuestamente contemplaría la rebaja del IVA para los productos de higiene menstrual. Es más, ya en
2016, el actual presidente del Estado español, Pedro Sánchez, cuando todavía era líder de la oposición, aseguró que se debían revisar los impuestos y aplicar el IVA superreducido del 4 % a los productos de higiene menstrual. También, la actual
Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llego a afirmar, en el pleno del Congreso de los Diputados, que la intención del actual ejecutivo es llevar a cabo una política fiscal que incluya una rebaja de la 'tasa rosa'. Cuatro años más tarde,
todavía no se ha aplicado una reducción de dicha tasa.


El pasado febrero se presentó en les Corts Valencianes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la gratuidad de los productos menstruales. Dicha iniciativa ha sido aceptada por la Mesa de les Corts. Ahora empieza el periodo de
recogida de 10.000 firmas que son necesarias para que la ILP pueda volver a les Corts y, en última instancia, y previo debate en plenario, se convierta en ley. Lo cual situaría al País Valencià en la vanguardia de Europa.



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Por otro lado, no se puede hablar de pobreza menstrual sin contemplar otros factores clave que rodean la problemática. El tabú, la sostenibilidad y el abordaje de la exclusión social son componentes esenciales en lo que se refiere a hacer
frente a la pobreza menstrual.


En las sociedades contemporáneas todavía existe un tabú alrededor de la menstruación. La falta de pedagogía origina una serie de creencias falsas que vulneran en muchas ocasiones los derechos de las personas que menstrúan, infantilizan la
regla y normalizan el dolor. Legislar sobre el periodo implica un avance hacia la normalización de la misma. Esto es, se consigue focalizar un tema sobre el cual pesa una herencia de silencio y disimulo. Percibida como algo sucio, rechazada en
muchas creencias religiosas, rodeada de falsos mitos, a veces presentados bajo una base aparentemente científica. La menstruación, como proceso natural necesario y básico para la especie humana, ha sido una cuestión incómoda que, en ningún caso, no
ha merecido una atención especial por parte de la clase política.


Explica María Pérez Company, una de les promotoras de la ILP presentada en les Corts Valencianes, que en la desigualdad 'subyace la resistencia a incluir este hecho fisiológico entre todo el que es universal, natural y común. Predomina la
concepción reduccionista según la cual se trata de un gasto particular o personal'. Lo personal es político, y cada vez son más las voces que, en relación a la cuestión del periodo menstrual, reivindican que la mujer supone la mitad de la población
y que la accesibilidad a los productos y a la higiene personal es un derecho que deben abordar los poderes públicos.


Retomando el ejemplo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en les Corts Valencianes, y al contrario que el Proyecto de Ley escocés, esta ILP no propugna la gratuidad de compresas y tampones, sino que apuesta para transformar
los hábitos de consumo y promueve el uso de productos respetuosos con el medio ambiente, como ahora la copa menstrual o las compresas de tela reutilizables.


Tomando de referencia als Països Catalans, los datos sobre residuos generados por los ciclos menstruales de las mujeres a lo largo de una vida son, cuanto menos, alarmantes. En Catalunya, el impacto ambiental por persona por vida
menstruante -una media de 40 años- supone un total de 120,00 Kg en cuanto a productos no reutilizables y 0,324 Kg en productos reutilizables. Únicamente en un año, se desechan 9.043,004 toneladas de productos no reutilizables, en contraste con las
41,44 toneladas que suponen los productos reutilizables. En el País Valencià, el impacto ambiental por persona por vida menstruante -una media de 30 años en los datos disponibles- supone un total de 120,06 Kg en cuanto a productos no reutilizables
y 0,324 Kg en productos reutilizables. En cuanto a las toneladas anuales, estás son un total de 26,06 toneladas de productos reciclables y 5.699,58 toneladas en productos no reciclables. Por último, en cuanto a les Illes Balears, con una media
anual de consumo de 135 millones de productos menstruales desechables, se generan 1,7 Toneladas de CO2. Una sola persona menstruante a lo largo de su vida fértil genera aproximadamente 180 kg de residuos. A su vez, el 3 % del total de residuos
sólidos urbanos y el 4 % de la fracción restante corresponden a productos menstruales desechables, pañales y toallitas húmedas. Estos representan unas 28.000 toneladas de residuos (equivalentes a 23,8 kg por habitante y año).


En conclusión, la promoción y el impulso de los productos menstruales reutilizables, a corto y largo plazo, es la opción más ecológica y sostenible. Llegados a este punto se considera necesario recordar que el consumo responsable es uno de
los diecisiete objetivos globales de la agenda para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que busca reducir la huella ecológica, con la eliminación, entre otras, de los productos desechables. Por lo tanto, implicar a las administraciones
públicas en la gestión de los productos menstruales resultaría un gran avance en la consecución de los ambiciosos objetivos sostenibles de la agenda política de esta década.


La falta de productos menstruales adecuados y las dificultades de acceso a baños o instalaciones donde realizar una higiene menstrual correcta hace más susceptibles a las personas menstruantes de sufrir infecciones. Por lo tanto, las capas
más desfavorecidas de las sociedades son las que están más expuestas a la pobreza menstrual y a las complicaciones de salud derivadas. Esta situación afecta especialmente a las personas sin hogar o con un alto grado de exclusión social. Para estos
colectivos, los métodos reutilizables no siempre son una opción válida. Es por esto que debe asegurarse un proveimiento gratuito y suficiente de los productos menstruales no reutilizables -compresas y tampones-. Así mismo, los productos
menstruales reutilizables son una opción efectiva, y a la larga más económica y sostenible, siempre que se garantice el acceso a lavabos seguros e inclusivos, para que las personas que usan estos métodos alternativos, como, por ejemplo, la copa
menstrual, se sientan cómodas para utilizarlos en todas partes.



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Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:


1. Realizar las modificaciones oportunas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para aplicar el tipo súper reducido de gravamen a los productos de higiene menstrual -entendidos como compresas, tampones,
protege slips, copas menstruales y compresas de tela-.


2. Dotar a las Comunidades Autónomas de los recursos necesarios para poner a disposición de la ciudadanía, en riesgo de exclusión social o en situación de sinhogarismo, productos gratuitos de higiene menstrual y garantizar el acceso a los
lavabos de todos los edificios públicos del Estado para su higiene menstrual.


3. Dotar a las Comunidades Autónomas de los recursos necesarios para hacer campañas de información y sensibilización permanentes, desde los diferentes servicios públicos en los tres niveles de administración, sobre las diversas
posibilidades de productos sostenibles para la menstruación como de conocimiento de la menstruación desde una perspectiva interseccional con el objetivo de superar tabús y mitos, y dotar así de herramientas, especialmente a la población más joven.


4. Realizar un informe, en coordinación con las Comunidades Autónomas, con datos reales y actualizados sobre la pobreza menstrual.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2021.-Pilar Vallugera Balañà, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Asuntos Exteriores


181/001085


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputado don Alberto Asarta Cuevas, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


Texto:


Ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales a la Ciudad Autónoma de Ceuta, ¿va a llamar a consultas al embajador del Reino de Marruecos en España?


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.



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181/001086


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputado don Alberto Asarta Cuevas, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


Texto:


Ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales a la Ciudad Autónoma de Ceuta, ¿va a exigir el Gobierno de España a la Unión Europea que adopte medidas contra el Reino de Marruecos?


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.


181/001087


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputado don Alberto Asarta Cuevas, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


Texto:


Según informaciones publicadas, la Gendarmería marroquí organizó la entrada de 6.000 inmigrantes ilegales a Ceuta por oleadas. ¿Podría confirmar esta información?


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.


181/001088


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputado don Alberto Asarta Cuevas, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


Texto:


¿Va a denunciar el Gobierno de España la violación de su 'frontera exterior' por parte de Marruecos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.


181/001097


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputado don Alberto Asarta Cuevas, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


Texto:


Según informaciones publicadas, el Gobierno español cree que la propuesta de diálogo de Guaidó va en 'la dirección adecuada'. Atendiendo a estas informaciones, ¿podría indicar el Gobierno a qué se refiere esta fuente al indicar que la
propuesta de diálogo de Guaidó va en 'la dirección adecuada'?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.



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181/001098


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputado don Alberto Asarta Cuevas, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


Texto:


El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, llegó el pasado día 13 de mayo a Madrid donde se reunió con su homóloga, Arancha González Laya, dentro de una gira por varias capitales europeas. Ante estas informaciones,
¿podría indicar los asuntos que fueron abordados en esa reunión?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.


181/001099


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputado don Alberto Asarta Cuevas, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


Texto:


Según informaciones publicadas, el Director General de Política Exterior y Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fidel Sendagorta, y el Viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Oleg Syromolotov, presidieron el pasado día 14 de
mayo la undécima reunión del Grupo de Trabajo Bilateral sobre la Lucha contra el Terrorismo. Atendiendo a estas informaciones, ¿podría indicar qué asuntos han sido tratados en la undécima reunión del Grupo de Trabajo Bilateral sobre la Lucha contra
el Terrorismo?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.


181/001100


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputado don Alberto Asarta Cuevas, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


Texto:


El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, realizó el pasado 13 de mayo un viaje de trabajo a Eslovaquia para retomar el diálogo bilateral con ese país y visitar el Fondo de Visegrado que promueve la cooperación
regional. Ante estas informaciones, ¿podría indicar los asuntos que fueron abordados en esa visita?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.



Página 78





181/001101


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputado don Alberto Asarta Cuevas, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


Texto:


Según informaciones publicadas, el pasado día 14 de mayo la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe de España, Cristina Gallach, inició una visita de dos días a Kazajstán, donde se ha reunido con su
homólogo kazajo, el Viceministro de Asuntos Exteriores, Yerlán Alimbayev, para celebrar en Nur-Sultán la correspondiente ronda de consultas bilaterales entre España y Kazajstán, en el año en que este país celebra el trigésimo aniversario de su
independencia. Atendiendo a estas informaciones, ¿podría indicar los asuntos que fueron abordados en la correspondiente ronda de consultas bilaterales?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.


Comisión de Defensa


181/001084


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Defensa.


Texto:


A pesar de que las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla no se encuentran bajo el 'paraguas' de la OTAN, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Tratado de Washington, ¿va a solicitar España apoyo a la OTAN ante la invasión de
inmigración ilegal que está padeciendo en la Ciudad Autónoma de Ceuta?


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.


181/001083


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Director de Seguridad Nacional.


Texto:


En virtud de los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, ¿va a declarar el Gobierno la situación de interés para la Seguridad Nacional en la Ciudad Autónoma de Ceuta?


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.



Página 79





181/001102


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputado don Agustín Rosety Fernández de Castro, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Defensa.


Texto:


¿Podría indicar las causas del fallecimiento de la sargento de artillería Débora Grau Serra?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2021.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Diputado.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


181/001093


Grupo Parlamentario Socialista.


Diputado don Daniel Vicente Viondi.


Texto


¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno de España en la estación de cercanías de Alcalá de Henares?


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2021.-Daniel Vicente Viondi, Diputado.


181/001094


Grupo Parlamentario Socialista.


Diputado don Daniel Vicente Viondi.


Texto:


¿Qué impacto tendrá en la movilidad en el entorno del estadio Wanda Metropolitano el proyecto de construcción de mejora de las conexiones entre la M-40, M-14 y M-21?


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2021.-Daniel Vicente Viondi, Diputado.


181/001095


Grupo Parlamentario Socialista.


Diputado don Daniel Vicente Viondi.


Texto:


¿Cuáles son las próximas inversiones que llevará a cabo el Gobierno de España para el desarrollo del Nodo Logístico Ferroviario Vicálvaro-Madrid?


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2021.-Daniel Vicente Viondi, Diputado.



Página 80





181/001096


Grupo Parlamentario Socialista.


Diputada doña María Isabel García López.


Texto:


¿Qué actuaciones tiene el Gobierno previstas acometer en la avenida 'Ricardo Carapeto' de Badajoz y con qué plazos?


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2021.-María Isabel García López, Diputada.


181/001103


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Diputado don Eduardo Carazo Hermoso.


Texto:


¿Por qué motivo se ha iniciado la licitación de las obras del túnel de Labradores de Valladolid, en el marco de la denominada 'integración ferroviaria', sin tener aprobado de manera previa el estudio informativo preceptivo?


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2021.-Eduardo Carazo Hermoso, Diputado.


Comisión de Política Territorial y Función Pública


181/001081


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputado don José María Figaredo Álvarez-Sala, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de Política Territorial y Función Pública.


Texto:


¿Cómo y cuándo se propone el Gobierno suscribir nuevos traspasos de competencias estatales a la Comunidad Autónoma de País Vasco y, en particular, aquellas referentes al ingreso mínimo, inmigración y cercanías?


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2021.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputado.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/001080


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigidas a la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.



Página 81





Texto:


¿Qué efectos están provocando sobre el medio ambiente los residuos mal gestionados de las mascarillas y los guantes utilizados para la prevención y contención del SARS-Covid-2 en España?


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.


181/001090


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Joaquín Robles López, doña Lourdes Méndez Monasterio, don Luis Gestoso de Miguel, don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José
Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


Texto:


¿Qué actuaciones está promoviendo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para garantizar el buen estado de las ramblas y la salubridad de las aguas del entorno natural del Garrochal (Murcia)?


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2021.-Joaquín Robles López, Lourdes Méndez Monasterio, Luis Gestoso de Miguel, Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco
José Contreras Peláez y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.


181/001091


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Joaquín Robles López, doña Lourdes Méndez Monasterio, don Luis Gestoso de Miguel, don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José
Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


Texto:


¿Qué actuaciones está promoviendo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para combatir y prevenir las riadas e inundaciones en la región de Murcia?


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2021.-Joaquín Robles López, Lourdes Méndez Monasterio, Luis Gestoso de Miguel, Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco
José Conteras Peláez y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.



Página 82





Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


181/001089


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputado don Víctor Manuel Sánchez del Real, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


Texto:


¿Va a suspender su Ministerio la ayuda a Marruecos en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo hasta que se resuelva la crisis de inmigración ilegal auspiciada por este país?


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2021.-Víctor Manuel Sánchez del Real, Diputado.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/049935


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Rueda Perelló, Patricia (GVOX). De las Heras Fernández, Patricia (GVOX). Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX). Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX). Vega Arias, Rubén Darío (GVOX). Segura Just, Juan Carlos (GVOX).


Retirada de su pregunta sobre definición de gran tenedor como persona titular de cinco o más inmuebles.


Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 278, de 24 de mayo de 2021.