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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 279, de 25/05/2021
cve: BOCG-14-D-279
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
25 de mayo de 2021
Núm. 279
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002540 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Vasco (EAJ-PNV) y Plural, sobre solidaridad con el HDP y contra la criminalización de la
resistencia de Kobane. Incorporación de firma ... (Página7)
161/002558 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a interesarse por las libertades civiles y políticas en Nicaragua ... (Página7)
161/002573 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a institucionalizar la rendición de cuentas al Congreso de los Diputados tras la celebración de las Cumbres
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno ... (Página9)
161/002574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a establecer una estrategia de defensa de las empresas españolas en América Latina y promover un plan de
internacionalización que favorezca la inversión extranjera directa y los intercambios comerciales en Iberoamérica ... (Página11)
161/002575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mostrar el apoyo al inicio de un proceso nacional de diálogo y reconciliación para recuperar la institucionalidad democrática en
Bolivia ... (Página12)
161/002578 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo a democracias en entornos y situaciones económicas poco propicias ... (Página14)
161/002581 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano, Plural y Vasco (EAJ-PNV), relativa al acuerdo trilateral de 9 de noviembre de 2020 relativo al cese del conflicto armado en Nagorno-Karabaj (ARTSAJ) ...
(Página15)
Comisión de Justicia
161/002568 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la implantación de un sistema de videoidentificación para víctimas de violencia de género ... (Página16)
Comisión de Defensa
161/002600 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre acoso laboral y revisión del protocolo del acoso sexual en las Fuerzas Armadas ...
Comisión de Hacienda
161/002583 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la mejora del funcionamiento del mercado de Operadores de productos petrolíferos al por mayor de cara a reducir el fraude y permitir la libre competencia
... (Página18)
161/002610 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la devolución del IVA pendiente del año 2017 a las ciudades españolas con tributos cedidos ... (Página23)
161/002611 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a no subir impuestos a las familias de rentas medias y bajas ... (Página24)
161/002612 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la liquidación de las Comunidades Autónomas en 2022 y 2023 respecto a las entregas a cuenta de 2020 y 2021 ...
161/002615 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la adopción de medidas para mejorar el acceso a la información estadística de los tributos que componen
nuestro sistema fiscal ... (Página27)
Comisión de Interior
161/002554 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la presencia y el mantenimiento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad
Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de Galicia ... (Página28)
161/002566 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género en el ámbito del Ministerio del Interior ... (Página33)
161/002570 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a que cese en el proceso de transferencia de las competencias en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra y a la
Policía Foral, manteniendo las mismas en manos de la Guardia Civil ... (Página34)
161/002571 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a mantener en la Guardia Civil las competencias de tráfico, sin proceder a su transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia
en caso de que ésta lo solicitara ... (Página35)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002555 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso de las actuaciones para la remodelación del enlace 429 de la autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) con las carreteras A-391 y A-1051 ...
161/002559 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la implantación de un sistema de pago por uso de las vías de alta capacidad (autovías y autopistas) de la red viaria estatal a partir de 2024 ...
161/002562 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para garantizar el acceso a la vivienda de las personas jóvenes ... (Página42)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/002557 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la flexibilización curricular de los ciclos de Formación Profesional ... (Página43)
161/002561 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la financiación del primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, con criterios de calidad, equidad y libertad ...
161/002598 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la participación en iniciativas internacionales de Educación en cumplimiento del ODS4 ... (Página46)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002560 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la cesión del antiguo ambulatorio de Betanzos para dedicarlo a centro de día para atención a personas mayores y/o dependientes ...
161/002607 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Expediente de Regulación de Empleo anunciado por CaixaBank ... (Página48)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002606 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso a la celebración del Xacobeo hasta final del año 2022 ... (Página49)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para garantizar el acceso a la vivienda de las personas jóvenes ... (Página50)
161/002564 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al estudio del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal ... (Página51)
161/002572 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre promoción y fomento de la familia y la natalidad como solución a la crisis demográfica en España ... (Página56)
161/002613 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar y mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las Universidades españolas ... (Página63)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002580 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la declaración de la Gran Senda del Navia como obra de interés general para su inclusión en el
programa de Caminos Naturales del MAPA ... (Página64)
161/002591 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la actuación conjunta del Ejecutivo con las autoridades locales para la dinamización de la actividad pesquera y manufacturera de la Ciudad Autónoma de
Ceuta ... (Página65)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002576 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a apoyar la candidatura de la Reserva de la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, en La Rioja, al reconocimiento como geoparque
... (Página68)
Comisión de Cultura y Deporte
161/002552 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la adhesión del Gobierno en las acciones dirigidas a declarar el Día de Sant Jordi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el marco de la
UNESCO ... (Página70)
161/002577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre abordaje del papel del deporte en la lucha contra el cambio climático ... (Página70)
161/002590 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la no discriminación por acento ... (Página72)
161/002603 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a rectificar las afirmaciones recogidas en el Real Decreto 229/2021, de 30 de marzo, en relación con el origen de
las bandas de música valencianas ... (Página74)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/002579 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo de acciones destinadas a mejorar la cobertura de banda ancha, de al menos 100 Mbps, en la provincia de Pontevedra ...
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002565 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la puesta en marcha de un sistema de indicadores nacional continuo y validado sobre inseguridad
alimentaria ... (Página77)
161/002604 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la extensión al entorno virtual de las prestaciones de la Atención Primaria ... (Página78)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002587 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre creación de un Código UNESCO de 'Estudios Feministas y de Género' ... (Página80)
161/002588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los Estudios Feministas y de Género como ámbito de conocimiento ... (Página81)
161/002593 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la desmilitarización de la inversión en I+D+i y el retorno de los créditos para la investigación militar ... (Página82)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002594 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de protocolos y códigos de actuación frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en la Cooperación española ...
161/002595 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de una Cooperación española ecologista alineada con el Acuerdo de París ... (Página86)
161/002596 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mecanismo COVAX en relación a la lucha contra el COVID-19... (Página88)
161/002597 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la participación en iniciativas internacionales de Educación en cumplimiento del ODS4 ... (Página90)
Comisión de Igualdad
161/002586 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre creación de un Código UNESCO de 'Estudios Feministas y de Género' ... (Página91)
161/002589 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los Estudios Feministas y de Género como ámbito de conocimiento ... (Página92)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002609 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la construcción de ecoductos o pasos de fauna y el establecimiento de medidas adicionales
encaminadas a reducir las muertes de animales por atropellos en carreteras ... (Página93)
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/002567 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género en el ámbito del Ministerio del Interior ... (Página95)
161/002569 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la implantación de un sistema de videoidentificación para víctimas de violencia de género ... (Página96)
161/002582 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dotar de más medios materiales y humanos a las Unidades de Atención a la Familia y a las Mujeres (UFAM) de la Policía Nacional ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001048 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre asuntos que fueron abordados en la reunión mantenida el 26/04/2021 entre el Secretario de Estado para la Unión Europea y la Ministra para la Unión Europea
y la Constitución de Austria ... (Página99)
181/001049 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre asuntos que fueron abordados en la reunión mantenida el 26/04/2021 entre la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y su homóloga de El
Salvador ... (Página99)
181/001050 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre medidas que han sido promovidas al objeto de asegurar el cumplimiento de los acuerdos de tabaco y medio ambiente por parte de Gibraltar ...
Comisión de Interior
181/001053 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre conocimiento por parte del Ministerio del Interior de la detención de dos miembros
de la seguridad privada del partido político Unidas Podemos por su participación en los graves altercados acaecidos en Vallecas el pasado 07/04/2021 ... (Página100)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001054 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), sobre criterios y motivos concretos que justifican la impartición al personal laboral del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del curso sobre 'El
enfoque de hombres y masculinidades' ... (Página100)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001052 Pregunta formulada por el Diputado don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), sobre política a desarrollar con respecto a la distribución de la pesca del atún rojo, de conformidad con lo promovido por parte de las instituciones europeas
... (Página101)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001058 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), sobre medidas previstas ante la especulación con los derechos de emisión de CO2 que disparan el precio de la luz y lastran la competitividad de las empresas,
particularmente a las instalaciones afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisión ... (Página101)
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001055 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre activación del consumo por la subida de impuestos incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno a la Unión
Europea (UE) ... (Página101)
181/001056 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre consideraciones del Gobierno acerca de si apoya al consumidor de clase media y vulnerable la implantación del cobro de peajes en autopistas del Estado
... (Página102)
Comisión de Igualdad
181/001051 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), sobre opinión acerca de si 'la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta' es una medida que contribuye 'a la igualdad de género' ...
(Página102)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página102)
184/050409 Autor: Olona Choclán, Macarena González Coello de Portugal, Víctor Utrilla Cano, Julio Jiménez Revuelta, Rodrigo
Porcentaje de los ciberataques que son 'falsos positivos' y dependencia jerárquica del Centro de Operaciones de Ciberseguridad, así como previsiones acerca de destinar fondos adicionales al Centro Nacional de Inteligencia, concretamente al
Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) y presupuestos con el que cuenta el ESP-CERT del Ministerio de Defensa ... (Página103)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002540
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Euskal HerriaBildu.
Incorporación de la firma del portavoz de dicho Grupo Parlamentario en la Proposición no de Ley sobre solidaridad con el HDP y contra la criminalización de la resistencia de Kobane.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por incorporada la firma de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Asuntos Exteriores, al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a interesarse
por las libertades civiles y políticas en Nicaragua, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La ONG Reporteros sin Fronteras afirma que 'desde la reelección del presidente Daniel Ortega en noviembre de 2016 para un tercer mandato consecutivo, los medios independientes están viviendo una pesadilla de censura, intimidación y
amenazas'. Según la misma organización, Nicaragua ocupa el puesto 121 (sobre 180) del Índice de Libertad de Prensa en el Mundo, habiendo descendido 46 puestos desde 2016.
Desde la primavera de 2018 la situación se ha agravado notablemente. La represión por parte del Gobierno mediante amenazas y acusaciones infundadas ha provocado la huida y el encarcelamiento de periodistas independientes.
El 15 de octubre de 2020, el gobierno nicaragüense aprobó la Ley 1040 para la 'regulación de agentes extranjeros'. En ella, se impone que cualquier persona o entidad que reciba fondos extranjeros, incluidos los 'empleados de servicios de
información' (art. 4), se registre como 'agente extranjero' en el Ministerio del Interior.
Las presiones del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) para obligar a medios independientes a emitir mítines políticos del partido de Ortega, los ataques continuos de la Policía Nacional o la asfixia a la que la
Dirección General de Ingresos (DGI) está sometiendo a los medios no alineados con el oficialismo fueron puestos de manifiesto el pasado noviembre en un informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro titulado 'Censura'.
En febrero de 2021, dos años después de que la policía tomase las redacciones de Confidencial y 100 % Noticias el gobierno confiscó definitivamente los edificios de ambos periódicos. Según Guillermo Medrano, experto en libertad de prensa
nicaragüense, 'al menos el 90 % de los medios en Nicaragua están ya bajo el control del gobierno'. El pasado 23 de abril la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado condenando al gobierno de Ortega por sacar adelante la ley de
regulación de agentes extranjeros que, según la entidad regional, 'criminaliza las actividades de organizaciones dedicadas a supervisar y promover la libertad de expresión'.
Además de la exclusión sistemática de reporteros, medios independientes y corresponsales extranjeros del acceso a la información pública, numerosos organismos han denunciado el encarcelamiento ilegal de periodistas y el exilio forzado de más
de 90 periodistas después de haber sido amenazados de muerte en Nicaragua.
El pasado 6 de mayo el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua propuso convocar elecciones el próximo 7 de noviembre. El gobierno anunció, además, los 10 miembros que compondrán el CSE.
La opositora Alianza Ciudadana se ha pronunciado al respecto a través de un comunicado en el que denuncian la situación: 'Es grave que el régimen haya perdido la oportunidad de elegir magistrados electorales capaces de devolver la
legitimidad al Poder Electoral'.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) publicó ese mismo día un calendario electoral que impide de facto los acuerdos de los partidos de la oposición, al conceder únicamente 5 días para la configuración de Alianzas Electorales.
En la misma sesión, el Gobierno aprobó la ley 331 de reforma electoral con 85 votos a favor. La ley, que carece de reglamento y que por lo tanto será aplicada con una discreción que no ofrece garantías, ha sido duramente criticada por
eliminar la observación electoral, la transparencia y, en definitiva, las garantías mínimas necesarias para que el proceso pueda gozar de credibilidad.
La Unión Europea se ha pronunciado con claridad través de su portavoz: 'Desafortunadamente, ambas decisiones se quedan cortas de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2011 y de la reciente
resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Consejo de Derechos Humanos'.
En el mismo sentido se pronunció la OEA en un comunicado de la Secretaría General: 'La elección del nuevo CSE y la reforma aprobada por el Poder Legislativo, con el apoyo de diputados del partido oficial y otros diputados, erosiona, en
lugar de fortalecer, un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la población'.
El Departamento de Estado de EE.UU, por su parte, ha declarado en un comunicado que el Gobierno de Nicaragua 'ha rechazado los llamamientos de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional, incluida la Organización de los Estados
Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas, para generar confianza en el proceso electoral'.
Ambas medidas -la formación del CSE y la promulgación de la ley 331-, suponen un paso más en la deriva antidemocrática del Gobierno nicaragüense, y ponen de nuevo en riesgo, como ya sucediera en 2016, la participación de la oposición en los
comicios.
La persecución a la que el Gobierno de Ortega somete desde hace años a los periodistas independientes y a los medios que no se someten sus imposiciones, junto con las recientes medidas electorales, constituyen ataques inadmisibles a los
derechos humanos y las libertades civiles y políticas del pueblo nicaragüense.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Urgir al Gobierno de Nicaragua, de acuerdo con el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a asegurar la libertad de prensa y respetar el trabajo de
los medios de comunicación nacionales e internacionales.
2. Pedir al Gobierno de Nicaragua que, de acuerdo con la carta abierta del 1 de marzo de 2021, firmada por más de 300 periodistas internacionales, 'permita el ingreso al país de los organismos internacionales de derechos humanos, como la
CIDH de la OEA, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los relatores para la Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, para que puedan investigar en terreno las
violaciones a los derechos humanos y la situación de acoso y asfixia que padecen medios y periodistas nicaragüenses'.
3. Exhortar al Gobierno de Nicaragua, en consonancia con el art. 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el punto 3 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los
medios de comunicación en la Unión Europea, a 'defender plenamente el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación frente a la influencia indebida de las autoridades públicas nacionales' y 'garantizar una financiación pública adecuada,
para salvaguardar y promover un paisaje mediático pluralista, independiente y libre al servicio de una sociedad democrática, lo que incluye la independencia y sostenibilidad de los medios de comunicación de servicio público'.
4. Urgir al Gobierno de Nicaragua a atenerse a las recomendaciones de la última Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA desplegada para las elecciones municipales de 2017, donde se resaltaba 'la necesidad de una reforma electoral
integral que brinde mayor confianza y seguridad a las fuerzas políticas y a la ciudadanía'.
5. Instar al Gobierno de Nicaragua, de acuerdo con el art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art. 25 (b) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y la resolución 33/22, relativa a la
participación en condiciones de igualdad en la vida pública y política, tal y como el Consejo pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que asegure un marco jurídico eficaz para el ejercicio
de los derechos electorales, en particular con respecto al sistema electoral y los mecanismos de resolución de controversias electorales, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y mediante un proceso no
discriminatorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2021.- María Valentina Martínez Ferro, Belén Hoyo Juliá y Marta González Vázquez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002573
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a institucionalizar la rendición de cuentas al Congreso de los Diputados tras la celebración de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que las previsiones contenidas en la misma se realizarían, en todo caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a
institucionalizar la rendición de cuentas al Congreso de los Diputados tras la celebración de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 22 de abril de 2021 tuvo lugar en Andorra la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno bajo el lema 'Innovación para el desarrollo sostenible-Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus'.
La celebración de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno constituyen, desde 1991, un paso trascendental en las relaciones entre España y el resto de Iberoamérica.
En este sentido, desde la perspectiva del escenario mundial, las Cumbres Iberoamericanas constituyen un importante acontecimiento internacional tanto política como culturalmente. El hecho de que los máximos responsables políticos
iberoamericanos de ambas orillas del Atlántico se reúnan periódicamente para reflexionar, discutir y adoptar posiciones comunes sobre los principales temas y cuestiones, tanto internos como internacionales es prueba de ello. Pero además, porque a
lo largo de esas Cumbres se ha procedido a poner en pie e institucionalizar un mecanismo multilateral de diálogo y acción y se han puesto en marcha importantes programas multilaterales de cooperación a nivel iberoamericano.
Las Cumbres han coadyuvado a la progresiva consolidación de un escenario Iberoamericano de políticas comunes y a la adopción de posiciones compartidas en la agenda internacional, algo que favorece la integración y facilita el entendimiento
entre las naciones iberoamericanas en un mundo interdependiente que reclama soluciones coordinadas a problemas globales.
Dada la importancia de las cuestiones tratadas en las Cumbres Iberoamericanas y en aras de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno ante el pleno de esta Cámara.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Institucionalizar la rendición de cuentas del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados tras la celebración de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno.
2. Solicitar, a petición propia (artículo 203 del Reglamento del Congreso), la comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar los acuerdos adoptados en la XXVII Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Andorra el pasado mes de abril.
3. Dar cuenta a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, a través de la comparecencia de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de los acuerdos y declaraciones firmadas en la XXVII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Andorra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Belén Hoyo Juliá, María Valentina Martínez Ferro y Marta González Vázquez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a establecer
una estrategia de defensa de las empresas españolas en América Latina y promover un plan de internacionalización que favorezca la inversión extranjera directa y los intercambios comerciales en Iberoamérica, para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
La irrupción de la pandemia de la COVID-19 arrastró a la economía mundial hacia una profunda crisis. De acuerdo con el informe Manejar Recuperaciones Divergentes publicado en abril de 2021 por el Fondo Monetario Internacional, la actividad
económica en el mundo se contrajo un 3,3 % en 2020, la mayor caída desde la Gran Depresión. Aunque tanto la pandemia como la crisis económica que le ha seguido llegaron algo más tarde a América Latina, la región se ha convertido en una de las más
golpeadas. Se estima que en 2020 la economía latinoamericana se contrajo un 7 %, notablemente más que en países desarrollados como Estados Unidos (-3,5 %) y Japón (-4,8 %) o en países emergentes como China (+2,3 %) o Rusia (-3,1 %). Este
diferencial se explica por la mayor vulnerabilidad a shocks externos, por la elevada presencia de sectores económicos intensivos en contacto físico (más afectados por los cierres empresariales) y por la menor capacidad de aplicación de políticas
contracíclicas.
La elevada incertidumbre y las restricciones a la movilidad han conducido a la paralización de muchas operaciones de inversión. La caída de beneficios empresariales ha afectado a la reinversión de las matrices en las filiales, la principal
vía por la que se materializa la inversión extranjera directa.
Invertir es sinónimo de arriesgar con el objetivo de crecer. Y hacerlo en otros países y regiones añade a esa apuesta de una posibilidad de beneficio mayor: la prosperidad compartida. Es eso lo que, a lo largo de nuestra historia de
inversión extranjera, han hecho las empresas españolas en América Latina.
La internacionalización tiene un impacto positivo en las empresas españolas: amplía mercados, puede favorecer el crecimiento en facturación y repercute en beneficio de la imagen de marca de la compañía. Además, tiene un impacto positivo en
la rentabilidad, en la innovación -al exponer a la empresa a mercados con problemas diferentes- y en la productividad. Por último, es importante mencionar que la internacionalización de las empresas españolas favorece también la creación de empleo
en el mercado nacional. Detrás del impulso de la economía española en los últimos años está un tejido empresarial cada vez más activo en sus operaciones internacionales.
Sin embargo, la implementación de medidas ineficaces por parte de muchos gobiernos latinoamericanos ha aumentado la informalidad -según D. Galindo, el 70 % de fuerza de trabajo informal produce el 40 % del PBI de un país promedio de América
Latina y el Caribe (El sector informal en América Latina, 2017)-, el desempleo -según la OIT, 2020 registra un fuerte aumento en la tasa de desocupación pasando de 8,1 % a 10,6 %- y la inseguridad jurídica.
En este contexto, los aspectos regulatorios del país de destino constituyen la principal dificultad en la actividad internacional para las empresas españolas en América Latina. La realidad cambiante que se vive a nivel global, las
restricciones que se implementan en cada país, así como las decisiones tomadas por algunos gobiernos como el mexicano, dejan a las empresas españolas en una situación de inseguridad jurídica y de indefensión.
El ejemplo de México es especialmente revelador, siendo el mexicano un mercado prioritario para nuestro país.
La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y Asociación Económica entre la UE y México el pasado mes de ha contribuido al aumento de las relaciones comerciales entre España y México. Según datos del ICEX, en 2020, la exportación
española a México alcanzó 3.215 M (1,2 % del total) disminuyendo un 23,36 % en relación con 2019 (4.195,9 M). En 2020 México fue el primer destino de la exportación española a América Latina (27,8 % del total, 11.541M); el 5.° mercado más
importante fuera de Europa (detrás de EEUU 12.196M, China 8.168 M, Marruecos 7.381 M, Turquía 4.260 M) y el 14.° a nivel mundial.
Entre España y México prima la inversión directa. Según el último reporte de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, España constituye el 13.7 % de la inversión extranjera directa en 2020,
con un importe 1.936,6M (según datos de la Secretaría de Estado de Comercio de España) sólo por debajo de Canadá (14,5 %) y Estados Unidos (39,1 %). Este es sólo un ejemplo de una situación que afecta a otros países de América Latina en
los que las empresas españolas se sienten completamente desprotegidas.
Esta situación de indefensión, arbitrariedad y falta de garantías puede llevar a frenar la dinámica positiva que venía experimentando la actividad internacional de la empresa española en los últimos años.
Por consiguiente, es necesario seguir apostando por comercializar e invertir cada vez más entre países y, concretamente, por mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales con América Latina, estrechando más y mejor los lazos que ya nos
unen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar una estrategia de defensa de las empresas españolas en América Latina basada en los principios del libre comercio, la igualdad de oportunidades y el respeto a las reglas de mercado.
2. Crear un plan iberoamericano de internacionalización de la empresa cuyo eje principal sea el fomento recíproco de la inversión extranjera directa y los intercambios comerciales entre los países iberoamericanos.
3. Defender el papel de las empresas españolas en América Latina como agentes de progreso económico y social.
4. Realizar todas aquellas acciones diplomáticas conducentes a un fortalecimiento institucional que genere marcos jurídicos estables, previsibles y respetuosos con el libre mercado.
5. Promover acciones directas para facilitar la internacionalización y la inversión española en la región.
6. Impulsar la colaboración y el diálogo entre gobiernos, instituciones y empresas privadas en América Latina para avanzar hacia una economía sostenible y competitiva.
7. Trabajar conjuntamente con los países de América Latina para contribuir a la recuperación de la demanda y el capital productivo perdido como consecuencia de la crisis de la Covid-19 a través de reformas estructurales que permitan
aumentar la productividad.
8. Impulsar la articulación de medidas coordinadas internacionalmente para promover la inversión de impacto en la región, y desarrollar ecosistemas, políticas públicas y marcos jurídicos que faciliten la inversión social.
9. Avanzar decididamente hacia una mayor integración económica y comercial como la mejor vía para apalancar un crecimiento sostenido en el tiempo y para aprovechar y optimizar el peso real de América Latina en la agenda global.
10. Promover la inversión social y la economía de impacto, el emprendimiento social y la responsabilidad social para tratar de mitigar la desigualdad y la pobreza agravadas por la pandemia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Belén Hoyo Juliá, María Valentina Martínez Ferro y Marta González Vázquez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mostrar el apoyo al inicio
de un proceso nacional de diálogo y reconciliación para recuperar la institucionalidad democrática en Bolivia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Tras las elecciones presidenciales en Bolivia, celebradas el 20 de octubre de 2019, se sucedieron numerosas denuncias de fraude electoral y de falta de legitimidad por parte de diversos organismos
internacionales, entre ellos la Comisión Europea. Las graves acusaciones vertidas desde instituciones de reconocido prestigio, junto con una cada vez mayor presión social, condujeron a la renuncia de las principales autoridades del país,
incluido Evo Morales, quien dejó la presidencia y abandonó Bolivia, generando un vacío de poder.
En este contexto, en noviembre de 2019 -un mes después de la celebración de los comicios presidenciales- Jeanine Áñez Chávez, hasta entonces vicepresidenta segunda del Senado, siguiendo el orden constitucional de sucesión, asumió la
presidencia interina del país andino. Dicha interinidad estaba prevista hasta recuperar la institucionalidad democrática y procurar la celebración de unas nuevas elecciones, como reclamaba la comunidad internacional.
Las elecciones presidenciales se celebraron en noviembre de 2020 con todas las garantías democráticas, haciendo de la jornada electoral un paso importante en el cierre de la crisis institucional y social abierta a raíz de los comicios de
2019. La presidenta interina fue una de las primeras personas en felicitar a Luis Arce, candidato del MAS (Movimiento al Socialismo): 'Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia', manifestaba en su cuenta
de Twitter.
Sin embargo, con el nuevo gobierno volvieron las denuncias de persecución a los opositores y la intimidación a los líderes políticos y sociales que habían apoyado al Gobierno interino. Esta persecución llegó a su máximo exponente el pasado
12 de marzo con la emisión por parte de la Fiscalía boliviana de órdenes de aprehensión contra la expresidente Jeanine Añez y los exministros Arturo Murillo, Palmiro Gonzalo Jarjuri, Jorfe Gonzalo Terceros, Jorge Pastro Mendieta, Jorge Elmer
Fernández, Yerko Nuñes Negrette, Luis Fernando López Julio, Álvaro Rodríguez Guzman y Álvaro Coimbra. Se les acusaba de delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
Estos acontecimientos ponen en entredicho la independencia y separación de poderes en Bolivia, pilares indispensables de cualquier estado democrático. Ante estos graves hechos, la Organización de los Estados Americanos, el Alto
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y muchos otros mandatarios han mostrado su preocupación por la delicada situación política en la
que se encuentra Bolivia y la deriva autoritaria que está retomando el gobierno de Arce. La comunidad internacional se ha pronunciado con claridad solicitando el cese de la persecución y la recuperación de las garantías constitucionales en el país
andino.
Especialmente significativa ha sido en este sentido la Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, (2021/2646(RSP)) en la que 'denuncia la presión política ejercida sobre el poder judicial' y subraya la necesidad de
'garantizar que el poder judicial esté libre de toda presión política'.
En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya en 2013 había mostrado su preocupación ante el gobierno de Evo Morales, tildando de 'generalizadas' las 'injerencias políticas y la corrupción en el sistema judicial'
(CCPR/C/BOL/CO/3, 6 de diciembre de 2013, párr. 22).
Las acciones de cooptación de la justicia boliviana fueron señaladas públicamente también por la Organización de Estados Americanos durante su observación de las elecciones del Poder Judicial en el país. En la actualidad, dichas
observaciones han tomado forma con la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial y hostigamiento judicial efectivo a políticos opositores al Gobierno.
Por tanto, es necesario reclamar para Bolivia un poder judicial independiente que, asegurando la imparcialidad de los jueces, asegure los derechos a la justicia, a un proceso regular, a la presunción de inocencia y a las debidas garantías
judiciales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Manifestar su preocupación por la deriva tomada por el gobierno de Bolivia y la aparente falta de independencia de los poderes del país.
2. Mediar ante el gobierno de Bolivia para lograr la liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto y garantizar el respeto a los derechos humanos.
3. Unirse a la Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, (2021/2646(RSP)) e instar 'a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular
con respecto a su composición, con el fin de garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva'.
4. Unirse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su llamamiento al Estado de Bolivia a tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de justicia en el país, mediante una reforma
estructural fundada en el principio de acceso a la justicia de las víctimas y a una reparación oportuna y adecuada.
5. Ofrecer apoyo al Gobierno boliviano en el impulso del necesario proceso nacional de diálogo y reconciliación, así como en la recuperación de la institucionalidad democrática.
6. Instar a que el gobierno de Bolivia acometa las acciones necesarias para que se otorgue justicia y debida reparación a las víctimas y a los familiares de las víctimas de todos los actos de violencia, violaciones de derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bolivia desde octubre de 2019.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-María Valentina Martínez Ferro, Marta González Vázquez y Belén Hoyo Juliá, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo a democracias en entornos y situaciones económicas poco
propicias, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En los últimos años distintos índices que miden la calidad democrática han detectado un deterioro de la situación de un número creciente de países. En diversas áreas del mundo encontramos países que han visto debilitarse instituciones y
estructuras democráticas, como la separación de poderes, la libertad de prensa o el respeto a los derechos humanos. En España, en el marco del proyecto de Índice Elcano de Democracia (dirigido por Ignacio Molina y Ramón Sanz), se evidencia esta
evolución en un Índice de Democracia Global, que año a año sintetiza los resultados que obtienen 166 Estados soberanos y territorios del mundo en tres de los principales índices de desarrollo democrático: el Liberal Democracy Index del V-Dem
Institute, Freedom in the World de Freedom House y Democracy Index de The Economist Intelligence Unit.
La atención pública suele centrase ya sea en países de nuestro entorno europeo, que sirven de contraste a la situación de España en los ránkings, o en países que se encuentran bajo regímenes autoritarios, en los que se producen graves
violaciones de derechos humanos y principios democráticos. democráticos. Generalmente escapan a nuestra atención las 'democracias inesperadas', que brotan en entornos y en situaciones económicas poco propicias. Se trata de países líderes en
desarrollo democrático en áreas donde la democracia como sistema político es la excepción o su calidad es baja, como sucede en buena parte del continente africano o en el sudeste asiático. La inmensa mayoría son países con desarrollo económico bajo
o intermedio, cuya situación en los ránkings democráticos se encuentra bastante por encima de su nivel de prosperidad relativa en el mundo y que, por tanto, se sobreponen a una situación económica adversa y consiguen desarrollar sistemas políticos
que, a pesar de las dificultades que muchas veces atraviesan, les sitúan en niveles relativamente altos de calidad democrática. En algunos casos (como Jamaica o Botsuana) se trata incluso de democracias muy consolidadas en el tiempo (más viejas que
la española) y, por tanto, aún más meritorias.
Esta Proposición no de Ley se propone hacer un reconocimiento de estos países y sus esfuerzos de democratización. Nos estamos refiriendo a países como Jamaica y Trinidad y Tobago, en Centroamérica y el Caribe; Armenia y Moldavia en el Este
de Europa y Cáucaso (en la región que no pertenece a la Unión Europea); Cabo Verde, Ghana o Senegal en África Occidental; Mauricio como Estado excepcional en la región de África Central y Oriental; Sudáfrica, Botswana y Namibia en África Austral;
Túnez en el Norte de África y Oriente Medio; Mongolia en Asia Oriental; o Timor Leste en Sudeste Asiático y Oceanía.
Como sucede en democracias plenamente consolidadas, en todos estos países pueden detectarse también disfunciones que restan calidad a sus democracias, pero que no deben invalidar ni desmerecer
los logros conseguidos. En el índice agregado de Democracia Global de Elcano (y por tanto en los principales índices existentes) todos los países mencionados se encuentran por encima del valor mediano de los 166 casos examinados en el
mundo, y todos ellos se hallan ubicados en una posición superior a la esperada en función de su nivel de prosperidad económica. Se trata de países que pueden beneficiarse del reconocimiento internacional de su desempeño para auparse y consolidarse
definitivamente en el estamento de Estados que acreditan los mejores niveles de calidad democrática, y servir así de modelo de referencia en sus respectivas regiones.
España se ha comprometido a través de la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 al 'impulso de las fuerzas democratizadoras allí donde operen'. En el primero de sus ejes sustantivos se indica que 'se hará hincapié en iniciativas que
incidan en la calidad democrática, particularmente en un contexto de cuestionamiento de esta'. En este sentido hay que entender esa propuesta parlamentaria de reconocimiento del esfuerzo democratizador realizado por países que lideran el desarrollo
democrático en regiones del mundo donde estos sistemas tienen más dificultades para arraigarse.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Estrechar lazos de cooperación con estos países para contribuir a la consolidación definitiva de sus democracias y que puedan servir como punto de referencia en el desarrollo democrático en sus entornos geográficos.
2. Contribuir a dar a conocer las experiencias de desarrollo democrático de estos países en actividades de la Red de Casas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
3. Apoyar preferentemente las candidaturas de estos países a ocupar puestos de responsabilidad en foros y organismos internacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Héctor Gómez Hernández, Olga Alonso Suárez, Arnau Ramírez Carner, Gemma Araujo Morales, Pau Mari Klose y Noemi Villagrasa Quero, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael
Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al Acuerdo Trilateral de 9 de noviembre de 2020 relativo al cese
del conflicto armado en Nagorno-Karabaj (ARTSAJ), para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 9 de noviembre, los gobiernos de Armenia y de Azerbaiyán, con la mediación de Rusia, firmaron un Acuerdo de alto el fuego que supuso el cese del conflicto armado en Nagorno-Karabaj (Artsaj).
En la Sección 8.a del Acuerdo trilateral se prevé, entre otros, el intercambio de prisioneros de guerra, rehenes y otros detenidos. Hasta la presente fecha, el Gobierno de Azerbaiyán no ha cumplido con las obligaciones asumidas en este
sentido.
Actualmente, según se ha alegado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay cerca de 200 civiles y militares de origen armenio retenidos en Bakú, entre ellos familiares de ciudadanos armenios residentes en Catalunya. En este sentido,
varias organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, han constatado que los prisioneros de guerra están siendo objeto de tratos vejatorios y de torturas.
El incumplimiento del Acuerdo trilateral por parte del Gobierno de Azerbaiyán supone una grave infracción del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En especial el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como lo dispuesto en la Convención de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo
de guerra, al trato debido de los prisioneros de guerra y a la liberación y repatriación de estos después de finalizadas las hostilidades.
Ante esta situación, Francia y Canadá son dos países que ya han requerido a las autoridades de Azerbaiyán el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo trilateral de 9 de noviembre de 2020.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Requerir a las autoridades de Azerbaiyán el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Acuerdo trilateral de 9 de noviembre de 2020 relativo al cese del conflicto armado en Nagorno-Karabaj (Artsaj).
2. Requerir a las autoridades de Azerbaiyán la liberación inmediata de todos los civiles y militares de origen armenio retenidos en Azerbaiyán en su condición de prisioneros de guerra.
3. Requerir a las autoridades de Azerbaiyán a proporcionar información de las personas en paradero desconocido cuya última información era que se hallaban bajo su detención.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2021.-Mariona Illamola Dausà, Marta Rosique i Saltor, Joan Baldoví Roda, Jon Iñarritu García y Albert Botran Pahissa, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Republicano.- Míriam Nogueras i Camero Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Gerardo Pisarello Prados.-Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común.
Comisión de Justicia
161/002568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implantación de un sistema de videoidentificación para víctimas de
violencia de género, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La medida número 107 del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017 señala que 'Para evitar la victimización secundaria, (es necesario) priorizar la adecuación de
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor, dotándolos de medios audiovisuales que eviten la repetición de las declaraciones y de intérpretes cualificados. Estas
mismas dependencias podrán ser utilizadas para los casos de agresiones sexuales y trata de personas con fines de explotación sexual.'
De la misma manera y complementariamente, la siguiente medida, la número 108, hace referencia a 'llevar a cabo las medidas oportunas para la habilitación de instalaciones amigables en los Juzgados (incluidas cámaras Gesell) para atender a
los niños y a las niñas víctimas.
Las mujeres víctimas de violencia de género requieren una atención en sede judicial que evite cualquier atisbo de victimización secundaria o revictimización. La 'Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia
de género', redactada en 2018 por un grupo de expertas y expertos del Consejo general del Poder Judicial en materia de Violencia Doméstica y de Género reclama el 'buen trato' a las víctimas en sede judicial, al momento de cumplir estas con su
obligación de declarar ante el órgano judicial en su condición de 'testigo'.
En ningún caso la obligación de declarar, ni ningún otro trámite judicial, debe suponer para las víctimas de violencia de género un episodio o motivo más de temor ante la necesidad de revivir de nuevo hechos muy dolorosos para ellas, los
hechos de los que fue víctima, ni por tener que enfrentarse personalmente con su agresor o incluso con el entorno de este.
Por este motivo, y para evitar la llamada 'victimización secundaria' de las mujeres víctimas de violencia de género, así como ocurre con los y las menores, consideramos conveniente impulsar desde el Ministerio de Justicia y en coordinación
con las Comunidades Autónomas que tienen la competencia transferida, aquellos sistemas que, con el uso de tecnologías punteras y seguras, permitan a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas declarar en lugares que resulten para ellas seguros y
amables a la vez.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas que tienen la competencia transferida, un sistema de videoidentificación segura para que las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas puedan declarar y evitar de
esta manera su victimización secundaria.
2. Habilitar y dotar tecnológicamente una red territorial de oficinas de manera que quede garantizada la posibilidad de declarar por este sistema.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Lidia Guinart Moreno y Francisco Aranda Vargas, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/002600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre acoso laboral y revisión del
protocolo acoso sexual en las FAS, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó en el año 2017 una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a elaborar 'un protocolo de buenas prácticas para la actuación, prevención y protección de las víctimas
que denuncien acoso psicológico, moral, laboral en el marco de la actividad profesional de las Fuerzas Armadas que adapte al ámbito militar el Protocolo de actuación frente al acoso laboral de la Administración General del Estado, y que se remita al
Estatuto de la Víctima del Delito, prestando especial atención a la protección a la víctima denunciante, en su integridad física, moral, psicológica, personal y profesional y que pasará a incorporarse al actual Protocolo de actuación frente al acoso
sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas'.
Han transcurrido varios años y no se ha elaborado ni aprobado el protocolo al que se hacía mención en la citada proposición no de ley, que debería incorporarse al actual Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en
las Fuerzas Armadas. Precisamente, este Protocolo, aprobado por acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2015, del Consejo de Ministros, prevé en su apartado 10, que 'será actualizado con la periodicidad que proceda, con el objetivo de que todos los
miembros del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas se conciencien y se responsabilicen en ayudar a garantizar un entorno de trabajo en el que se respete la dignidad de todas las personas que integran la organización milita' y que 'En su
actualización se tendrán en cuenta las recomendaciones que pudiera realizar el Observatorio de la Vida Militar'.
Lo cierto es que dicha previsión de actualización tampoco ha sido llevada a efecto ni se han tenido en consideración las recomendaciones que haya o pueda realizar el Observatorio de la Vida Militar, órgano que precisamente está adscrito a la
Cortes Generales.
La Proposición no de Ley aprobada en el año 2017 contenía una serie de indicaciones para configurar la regulación de las medidas de prevención frente al acaso laboral, que debían integrarse en el vigente
Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, que suponían su adaptación. Así, se detallaban las siguientes:
- Se establecerán los canales adecuados para facilitar las denuncias de las víctimas, garantizándose su protección profesional y su participación en el proceso, en especial cuando el acoso proceda de sus superiores jerárquicos.
- Se garantizará la independencia de la investigación de las denuncias radicándola fuera de la cadena de mando de la víctima y de la persona que pueda haber perpetrado las conductas denunciadas.
- Se garantizará la existencia de personal especializado y formado en la investigación de estos comportamientos y en la atención a las víctimas de los mismos.
Así mismo se indicaba que se debía presentar junto al protocolo una memoria que refleje los medios económicos, materiales y personales que se destinarán a la implantación de las medidas contenidas en aquel y que 'el protocolo realizado tenga
en cuenta en su formulación y redactado lo recogido en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, en relación con los derechos de las víctimas'.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Cumplir la proposición no de ley aprobada por la Comisión de Defensa, en su sesión del día 25 de abril de 2017, por la que se insta al Gobierno a elaborar con la mayor brevedad posible un protocolo de buenas prácticas para la actuación,
prevención y protección de las víctimas que denuncien acoso psicológico, moral y laboral en el marco de la actividad profesional de las Fuerzas Armadas (161/000300).
- Actualizar el Protocolo, aprobado por acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2015, del Consejo de Ministros, a tenor de lo previsto en su apartado 10, con el objetivo de que todos los miembros del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas
Armadas se conciencien y se responsabilicen en ayudar a garantizar un entorno de trabajo en el que se respete la dignidad de todas las personas que integran la organización militar, teniendo en cuanta las recomendaciones que pudiera realizar el
Observatorio de la Vida Militar.
- Remitir cada seis meses a la Comisión de Defensa, a los efectos de seguimiento y control de la aplicación del protocolo, los informes que debe emitir tanto el Observatorio de la Vida Militar como los emitidos por el observatorio militar
para la igualdad respecto a las denuncias por acoso sexual efectuadas en las Fuerzas Armadas y la defensa de la víctima, informe sobre las denuncias interpuestas, su tramitación disciplinaria o penal, las medidas adoptadas y el resultado de los
procedimientos.
- Potenciar al asociacionismo militar profesional como vehículo de divulgación de la existencia de este protocolo y de los canales de acceso al mismo.
- Incorporar como elemento de formación permanente en los centros docentes militares el conocimiento del protocolo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2021.-Roser Maestro Moliner y Roberto Uriarte Torrealday, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Hacienda
161/002583
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Inés María Cañizares Pacheco, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, D. Rubén Silvano Manso Olivar y D. Rodrigo Jiménez Revuelta, en
sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la mejora del funcionamiento del mercado de Operadores de productos petrolíferos al por mayor de cara a reducir el fraude y permitir la libre competencia, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Primero. Sector de gran importancia para la economía nacional.
1. El refino y la distribución de productos derivados del petróleo es un sector industrial fundamental para España, que proporciona energía para uso directo (combustible, calefacción,) e indirecto (producción de energía eléctrica) y es la
materia prima base para diferentes procesos productivos, teniendo un claro efecto tractor sobre la inversión y el empleo 1.
El sector en cifras
- 2,2% del VAB de la industria manufacturera.
- 535 de la participación en la energía final total española.
- 15.147 millones de euros en exportaciones.
- 39.000 millones de euros de cifra de negocios.
- 19.800 millones de euros pagados en impuestos.
- 200.000 empleos estables y de calidad en España.
Fuente: AOP.Memoria 2019
Segundo. Sector sujeto a numerosas figuras impositivas.
2. La actividad, suministro y distribución de productos petrolíferos, desarrollada por los Operadores al por mayor y Distribuidores de Productos Petrolíferos, está afectada por diferentes legislaciones industriales y fiscales que gravan el
coste del producto desde la salida de los depósitos fiscales. Entre las principales medidas legislativas que afectan a este sector nos encontramos las siguientes:
- Mantenimiento del número de días de Existencias Mínimas de Seguridad: regulados por el Real Decreto 1716/ 2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de
abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Este Real Decreto tiene su origen, como señala su exposición de motivos, en el hecho de que 'el Estado debe velar por la seguridad y continuidad del
abastecimiento de hidrocarburos, sobre la base de las competencias contenidas en la Constitución relativas a la planificación en materia energética, circunstancia que justifica la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de
productos petrolíferos y de gas natural, así como las exigencias de una adecuada diversificación de los suministros de gas'.
- Aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética: regulado por el Real Decreto-ley 8/ 2014, de 4 de julio, y, posteriormente, por la Ley 18/ 2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, que 'estableció un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del cual se asigna a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por
mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor, en adelante sujetos obligados del sistema de obligaciones, una cuota anual de ahorro energético denominada obligación de ahorro 2', fijando en un primer momento el periodo de
duración de este sistema nacional de obligaciones hasta el año 2020 3. Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, los sujetos obligados debían realizar una contribución financiera anual al Fondo Nacional
de Eficiencia Energética ('FNEE'), a ingresar en cuatro pagos iguales a lo largo del año, no más tarde del 31 de marzo, del 30 de junio, del 30 de septiembre y del 31 de diciembre, por el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro
anual por la equivalencia financiera correspondiente 4.
- Posteriormente el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, modifica el cálculo de las obligaciones y extiende las aportaciones al FNEE
hasta 2030. La nueva redacción señala expresamente que 'El periodo de duración del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética comprenderá
1 Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).
2 Artículo 69 Ley 18/2014.
3
4 Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico.
desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, hasta el 31 de diciembre de 2030' (artículo 69.3 de la Ley 18/2014).
- Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IIEE) tipo estatal: la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 procedió a integrar el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo
estatal especial, al objeto de garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y carburantes y cumplir con lo dispuesto en la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. En 2020, la recaudación de este impuesto alcanzó10.326 millones de euros, un 15,8% menos que lo recaudado en el 2019, motivado principalmente por las res-tricciones a la
movilidad decretadas por la pandemia de la Covid-19.
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
- Certificados de biocarburantes.
- Obligaciones de financiación de los costes de las RECORE (generación de electricidad a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos) mediante las aportaciones al Proyecto de Fondo Nacional para la
sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Aunque de momento es solo un proyecto, la obligación asignada a los productos petrolíferos supone el 43,7% de las aportaciones al Fondo que alcanzarían los 2.082M/año en 2025, lo que, si no se regula
adecuadamente, puede convertirse en un nuevo e importante foco de fraude.
Tercero. Diferentes cambios normativos han facilitado las practicas fraudulentas de algunas empresas.
3. La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, culmina el proceso de liberalización del sector iniciado en 1992. Los principales aspectos con-templados por la Ley en cuanto a liberalización del sector petrolero son:
- La creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), como ente regulador del funcionamiento de los sistemas energéticos en España. Entre otras funciones debe velar por la competencia efectiva en el sector energético y por la objetividad
y transparencia de su funcionamiento, en beneficio de todos operadores y consumidores del sector. Esta labor de supervisión del mercado y la competencia efectiva fue asumido por la Comisión nacional de los Mercados y la Competencia de acuerdo con
la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- La simple Autorización Administrativa previa para la mayoría de las actividades por la que se liberalizan definitivamente las actividades de refino, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de productos petrolíferos,
suprimiéndose las preexistentes autorizaciones por la mera autorización administrativa previa de instalaciones afectas a las actividades de operaciones al por mayor.
- Libertad de acceso de terceros a la red logística de productos petrolíferos por la que se establece que los titulares de instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos deben permitir el acceso de terceros a su
red.
- Liberalización de los Precios de productos petrolíferos a excepción del GLP envasado y canalizado.
3 La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, eliminó la necesidad de contar con una autorización administrativa para
el ejercicio de Operador al por mayor de productos petrolíferos y se sustituyó por una declaración responsable, lo que posibilitó la entrada de numerosos operadores y, dada la falta de control del organismo competente -el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico-, se ha incrementado el riesgo de fraude.
4. La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, estableció que los
distribuidores podían suministrar a otros distribuidores al por menor, productos petrolíferos previa inscripción en el registro de impuestos especiales 5, sin que esto fuera una
5 Artículo 43.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos: 'La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al menos una de las actividades siguientes: a) El suministro de combustibles
y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. d) El suministro de combustibles a
embarcaciones. e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán suministrar a otros distribuidores al por menor de
productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse previamente en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 18 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su
normativa de desarrollo'.
práctica habitual hasta 2015. Desde entonces ante la proliferación de oportunidades de fraude (incremento de contenido en biocarburantes, aportaciones al FNEE) se ha incrementado el número de distribuidores (que se constituyen como SL o
SLU, con un capital mínimo de 3.000), dando 'legitimidad' a una práctica donde distribuidores al por menor actúan en realidad como Operadores Mayoristas, vendiendo a distribuidores de venta directa o Estaciones de Servicio. Estas empresas, con
unos requisitos administrativos menores que los de los operadores, son capaces de crearse y desaparecer en cortos plazos de tiempo, y actuando en casi todas las ocasiones como paraguas, un mismo operador petrolífero sobre varios distribuidores.
Siendo, por ejemplo, uno de los focos fundamentales del fraude del IVA (el más cuantioso en la actualidad de los fraudes observados) y otros muy relevantes como la obligación de introducir biocombustibles en los carburantes con destino al
transporte.
5. El esquema del fraude, centrado en el IVA, consiste en adquirir legalmente carburantes en un Depósito Fiscal (mayorista de hidrocarburos), en régimen suspensivo del pago del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) 6 y sin soportar
IVA, para su venta posterior a estaciones de servicio (gasolineras) con repercusión de IVA, y liquidación del IEH. Sin embargo, las empresas implicadas no ingresan en Hacienda el IVA que habían repercutido y cobrado a las gasolineras 7 sin
previamente haber soportado coste alguno por este impuesto, pues la compra la han realizado exenta del mismo. La figura de distribuidor-revendedor, a la que el operador y otros revendedores le venden, encadenando ventas entre revendedores,
dificulta enormemente la trazabilidad del producto e identificar el punto de la cadena en el que se pueda producir fraude de IVA.
Desde 2013, han sido varias las intervenciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destinadas a desarticular organizaciones criminales dedicadas principalmente a defraudar en el pago del IVA. Las 8 organizaciones
desarticuladas desde el año 2013 han supuesto un fraude de 510 millones de euros.
Por último, conviene destacar que en el actual Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, se prevé la extensión del supuesto de responsabilidad
subsidiaria del pago de la deuda tributaria del IVA a los titulares de los depósitos distintos de los aduaneros correspondiente a la salida o abandono de los bienes estos depósitos, a los bienes objeto de Impuestos Especiales, para evitar que los
beneficios del régimen se utilicen de forma fraudulenta para realizar compras exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido al amparo del régimen, con devengo del Impuesto a la salida pero sin ingreso del mismo ante la Hacienda Pública (punto VII de
la Exposición de Motivos).
Cuarto. Este tipo de fraude genera distorsiones en la competencia.
6. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo que vela por 'el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas'. Dentro del mercado objeto de la presente
Proposición no de Ley, dicha Comisión realiza, entre otras, las siguientes actuaciones:
a) Informes periódicos de la evolución de los precios de venta al público de los carburantes en las estaciones de servicio.
b) Supervisa la actividad logística de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) en España.
c) En cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Hidrocarburos, publica y mantiene actualizado el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos que han comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico el
inicio de su actividad 8.
6 Señala la Exposición de Motivos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que 'la existencia de este régimen suspensivo evita la aparición de costes financieros corno consecuencia del desfase temporal entre la
realización del hecho imponible y el momento en que se produce la puesta a consume'.
7 Agencia Tributaria.
8 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
7. Las compañías que cometen este tipo de fraude pueden ofrecer descuentos frente a las compañías que cumplen las diferentes normativas, distorsionándose de este modo la libre competencia.
8. Del mismo modo, la falta de control de los Organismos Competentes ha generado incumplimientos normativos, entre los que cabe destacar los siguientes:
a) Falta de mantenimiento de Existencias Mínimas de Seguridad: ya que muchas compañías no reportan la debida información a la Corporación de reservas estratégicas (CORES) o al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO).
b) Falta de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética: dada que ésta se basa en previsiones de ventas, y son fácilmente manipulables a la baja, las aportaciones al Fondo son menores de lo previsto. Además, teniendo en cuenta
que durante los dos primeros años las compañías no están obligadas a aportar cantidad alguna al Fondo, las defraudadoras, pueden ejercer presión desleal en los precios, al sumarse al fraude del IVA la no aportación al Fondo.
c) Fraude en la incorporación de biocarburantes, no presentando los certificados de biocarburantes correspondientes con sus ventas, lo que ocasiona la obligación de la realización de un pago compensatorio que rara vez se produce.
Por lo tanto, se hace necesario establecer las medidas que permitan eliminar el fraude existente tanto en el pago del IVA (adicionales a las ya previstas en el proyecto de Ley anteriormente citado), como en la incorporación de biocarburantes
y el pago de las aportaciones a diferentes Fondos, y asegurar la libre competencia para que todos los operadores accedan al mercado en igualdad de condiciones.
En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas para mejorar el funcionamiento del mercado de Operadores de pro-ductos petrolíferos al por mayor, de cara a reducir el fraude y permitir la libre competencia:
a) Establecer un Sistema de Avales y Garantías para cubrir el incumplimiento de las obligaciones del operador al por mayor: esta garantía sería un desincentivo al fraude y un elemento que aseguraría el cumplimiento de las diferentes
obligaciones establecidas en la normativa aplicable. El importe de esta garantía se establecería de manera creciente en función del volumen vendido, señalándose un máximo.
b) Para una sociedad de nueva constitución, deberá asegurarse el cumplimento de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas disposiciones relativas al sector de
hidrocarburos dispuesto en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 9. En relación con los recursos propios, deberán estar íntegramente desembolsados, mediante aportaciones dinerarias al tiempo de la comunicación, como
recoge la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
c) Reportar diariamente las Existencias Mínimas de Seguridad: valiéndose para ello de las nuevas tecnologías para el envío de información a CORES relativa a salidas y stock, pudiéndose de esta manera controlar eficazmente nuestras reservas
y sancionando de manera inmediata a aquellos operadores que no remitan dicha información de manera continuada.
d) Reducir los plazos para la acreditación y el pago de las obligaciones de incorporación de biocarburantes y las aportaciones al FNEE, o que, en su defecto o de manera complementaria, sujetos obligados vayan realizando mensualmente entregas
a cuenta que se regularizarán una vez terminado el ejercicio y contrastadas las ventas que generan la obligación.
e) Promover que se incremente la escasa actividad inspectora y de control del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, en relación con la obligación de los operadores petrolíferos de
9 Artículo 10. El cumplimiento de sus instalaciones de las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias. Para acreditar que sus instalaciones cumplen las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, los sujetos que realicen o
vayan a realizar la actividad de operador al por mayor deberán estar en posesión de las autorizaciones de las instalaciones otorgadas por los órganos administrativos competentes por razón de los territorios donde se ubiquen las instalaciones,
indicando la idoneidad de las mismas para el desarrollo de las actividades a realizar y el cumplimiento de las disposiciones y normas técnicas de seguridad vigentes en la materia o, en su caso, actas de puesta en marcha dictadas por los órganos
territoriales competentes.
cumplir con lo establecido en el Real Decreto 1085/ 2015, de 4 de diciembre, de fomento de los Biocarburantes.
f) Reducir los plazos de tramitación de expedientes sancionadores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2021.-Inés María Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Rubén Silvano Manso Olivar y Rodrigo Jiménez Revuelta, Diputados.-Macarena Olona Choclán
e Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/002610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la devolución del IVA pendiente
del año 2017 a las ciudades españolas con tributos cedidos, para su debate en Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El sistema para el Suministro Inmediato de Información (SII), implantado en el año 2017, consiste básicamente en el suministro electrónico de los registros de facturación integrantes en los Libros registros de IVA, de forma que la
comunicación entre la Administración y el contribuyente se produce de forma inmediata y a tiempo real.
Este sistema supuso importantes beneficios tanto para los contribuyentes como para la propia Administración Tributaria. Para los primeros permitió:
- Reducir sus obligaciones formales, suprimiendo la obligación de presentación de los modelos 347, 340 y 390, así como la elaboración de los Libros Registros.
- Recibir directamente la información fiscal, simplificando la declaración y evitando errores que suponían, a la postre, nuevas cargas tributarias.
- Disminuir la burocracia ya que muchos requerimientos, anteriores a la implantación del Sistema, tenían por objeto solicitar facturas o datos de las mismas para comprobar operaciones.
- Ampliar en 10 días el plazo para la presentación de autoliquidaciones periódicas.
- Agilizar las devoluciones de IVA a los contribuyentes acogidos, que no presentan incidencias.
Para la Administración Tributaria permitió una mejor comunicación con el contribuyente, bidireccional, automatizada e instantánea, una mejor asistencia de servicio público al contribuyente, y una definitiva mejora y eficiencia en el control
tributario y en la lucha contra el fraude fiscal.
El balance de la entrada en vigor del SII fue muy positivo: los ingresos por IVA de grandes empresas aumentaron el año siguiente un 4.8%, por encima del crecimiento nominal de la economía, y los ingresos en la lucha contra el fraude fiscal
alcanzaron los 15.000 M.
Pero su implantación tuvo un efecto negativo derivado del cambio en el cómputo del IVA de 2017 que afecta no sólo a las CCAA, sino también a los municipios que son capitales de provincia o de Comunidad Autónoma, o aquellos que tienen más de
75.000 habitantes, puesto que éstos también participan de la cesión -entre un 1% y un 3%- de algunas figuras tributarias entre las que se encuentra el IVA (además de IRPF y de los impuestos especiales sobre alcoholes, hidrocarburos y labores del
tabaco).
En el informe mensual de recaudación de la AEAT, correspondiente al mes de diciembre de 2017, se explica este efecto: 'la entrada en vigor de esta nueva forma de gestión vino acompañada de un retraso en la fecha límite de presentación de
las declaraciones (del 20 al 30 del mes posterior al mes de devengo). La consecuencia fue que las declaraciones de un mes cualquiera que anteriormente se contabilizaban en el mes siguiente pasaron en su mayor parte a contabilizarse dos meses más
tarde y, por lo tanto, en el conjunto del año solo se contabilizaron, para las empresas acogidas al nuevo sistema, once meses de ingresos (el mes de noviembre que antes se recaudaba dentro del año ha pasado a registrarse en enero del año
siguiente)'. En este informe de recaudación mensual se cuantifica el efecto en 4.150 millones de euros; de los cuales, se calcula que 752 millones de euros corresponden a las Entidades Locales.
Una vez comprobado este efecto, el GPP registró en octubre de 2018 una Proposición de Ley para corregir el efecto de la implantación del Sistema de Información Inmediata (SII) en la gestión del IVA. Una Proposición de Ley que fue debatida y
aprobada su toma en consideración por amplia mayoría (Sí: 171 No: 89 Abstenciones: 81) en diciembre de ese año, aunque no llegó a tramitarse por la finalización abrupta de la legislatura.
Ante las continuas peticiones tanto desde el Grupo Parlamentario Popular, como de las CCAA y los municipios con tributos cedidos, incluyendo algunos gobernados por el partido socialista, la sorprendente respuesta de la Ministra de Hacienda
fue declarar que no iba a devolver nada porque 'ese dinero ya no existe', culpando a los partidos que tumbaron los fallidos presupuestos de 2019 de impedir un ajuste que realmente no requería la aprobación de esos presupuestos, tal y como ponía de
relieve la solución jurídica aportada por el Partido Popular en la proposición de ley antes señalada.
Desde entonces, hemos exigido al Gobierno en repetidas ocasiones que adoptase las medidas necesarias para devolver ese importe, que afecta tanto a las CCAA como a los EELL. La última fue en una enmienda a los Presupuestos Generales del
Estado que el Gobierno directamente vetó, por lo que no hubo ni siquiera posibilidad de debatirla y votarla.
El fallo recientemente conocido de la Sala 3a del Tribunal Supremo nos da la razón, al estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del IVA del ejercicio de
2017 y condenar a la Administración General del Estado a abonar a la Administración autonómica demandante la compensación correspondiente, cuyo importe definitivo se fijará en ejecución de sentencia.
Esta sentencia muestra que la reclamación las los municipios que, por ser capitales de provincia o de comunidad autónoma, o tener más de 75.000 habitantes es legítima y justa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a devolver a las Entidades Locales que, por sus características, participan de la cesión de tributos del Estado el importe que quedó pendiente en la liquidación del IVA de 2017, de acuerdo con
la doctrina expuesta en la reciente sentencia de la Sala 3.a del Tribunal Supremo respecto a dichas liquidaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2021.-Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira, Antonio González Terol, Mario Garcés Sanagustín y Eloy Suárez Lamata, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para no subir impuestos a las familias
de rentas medias y bajas, para su debate en Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
A pesar de haber presentado, hasta en 9 ocasiones, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el Presidente del Gobierno se olvidó de contarnos a todos los españoles las subidas de impuestos que tienen previstas para
seguir manteniendo el Gobierno más numeroso, con más asesores y más costoso que hemos tenido nunca en España.
Disperso a lo largo de sus 343 páginas descubrimos por ejemplo que, si eres un autónomo que trabaja como comercial, tendrás que pagar más cotizaciones a la Seguridad Social, tendrás que pagar por circular con tu vehículo por las carreteras
del estado y que te va a costar más dinero llenar el depósito de esos vehículos si utilizan diésel como combustible.
Pero no son las únicas subidas de impuestos que vas a sufrir. El objetivo expresamente recogido en el componente 28 (Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI) es 'acercar los niveles de tributación de España a la media
de los países de nuestro entorno', lo que según la propia Ministra de
Hacienda nos da un margen para subir impuestos entre 7 y 8 puntos de PIB, 80.000 millones de euros, lo que no deja de ser sorprendente teniendo en cuenta que la recaudación tributaria en España en 2020 fue de 194.051 millones de euros.
Dentro de las subidas que se anticipan, posiblemente la más injusta socialmente sea la recogida en la página 341 que dice literalmente: 'Por otro lado, se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante
el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres).'
Recordemos que la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (Ley del
IRPF) establece, en su artículo 82.4, una reducción en la base imponible para los contribuyentes que opten por tributar de manera conjunta por las rentas de la unidad familiar. El objetivo de este beneficio fiscal es adecuar el impuesto a la
composición de rentas dentro del hogar y el fomento de la familia.
Los contribuyentes que elijan este modelo de tributación tienen derecho a reducir su base imponible en una determinada cantidad, que varía según el tipo de unidad familiar, de esta forma:
- En caso de matrimonio, se tiene en cuenta la unidad familiar integrada por los cónyuges no separados legalmente y, en su caso, los hijos menores de edad que convivan con ellos, y los mayores de edad incapacitados sujetos a patria potestad
prorrogada o rehabilitada, pudiendo aplicar una reducción en la base imponible de 3.400 euros anuales.
- En ausencia de matrimonio o en caso de separación legal, se tiene como unidad familiar la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro, ya sean menores o mayores incapacitados, pudiendo aplicar una
reducción en la base imponible de 2.150 euros anuales.
Según las estadísticas de la Agencia Tributaria, el 17,8% de las declaraciones del IRPF presentadas en 2019 fueron declaraciones conjuntas; es decir, hay 3.678.133 familias que se verían afectadas por esta medida. El perfil de estas
familias, según la AlReF, 'corresponde en mayor medida a contribuyentes de mediana y avanzada edad. En particular, los mayores de 55 suponen un 48% del total de beneficiarios y absorben el 51% del coste total'.
La reducción por declaración conjunta en IRPF deja en el bolsillo de las familias integradas en su mayoría por pensionistas, familias cercanas a la edad de jubilación, o familias en las que sólo uno de los cónyuges tiene la opción de
trabajar, así como padres o madres separados que viven con los hijos que tienen a su cargo, un total de 2.393 millones de euros.
Por poner solo un par de ejemplos para ver la injusticia social de la propuesta socialista recogida en el Plan de Recuperación: un matrimonio jubilado que vive con una pensión de 18.000 euros al año, es decir, una pensión de 1.285 euros
brutos al mes tendría que pagar 1.034 euros al año si se elimina la reducción por tributación conjunta. En otras palabras, sería lo mismo que bajarle la pensión un 6,7%, 86 euros al mes.
Lo mismo sucedería con una familia formada por un matrimonio que tiene un hijo con discapacidad y en la que sólo entra un sueldo bruto al año de 22.000 euros, aproximadamente 1.500 euros netos al mes. Si eliminan la reducción por
tributación conjunta esta familia sufrirá una subida de impuestos de 1.498 euros al año, sus ingresos se reducirán un 8,8%, 125 euros menos al mes.
Aunque la casuística es muy grande, el ahorro de estas familias está en torno a 1.100 euros al año de media, lo que no parece justificación para que uno de los cónyuges decida no trabajar, invalidando la excusa de que esta modalidad es un
'desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente a mujeres)'. Teniendo más de 5,5 millones de personas que, queriendo trabajar no puede hacerlo, resulta ofensivo decir que un miembro de una familia no trabaja
porque quiere beneficiarse de un ahorro fiscal de 1.100 euros al año
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Retirar la propuesta de suprimir la reducción por tributación conjunta que, en España, beneficia a 3,6 millones de familias, mayoritariamente de rentas medias y bajas, jubilados y familias monoparentales.
- Enviar a Bruselas una comunicación oficial con la rectificación de esta medida que tendrá que publicarse en un plazo no superior a 30 días desde la aprobación de esta iniciativa.
- Compensar el coste del mantenimiento de esta reducción con la disminución de gasto improductivo, comenzando con la reducción de vicepresidencias, ministerios y asesores del Gobierno más numeroso y caro de la democracia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2021.-Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira, Eloy Suárez Lamata y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la liquidación de las CCAA en
2022 y 2023 respecto a las entregas a cuenta de 2020 y 2021, para su debate en Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La excepcionalidad de la crisis sanitaria y económica ha impactado de forma directa tanto en las comunidades autónomas como en los entes locales, que han visto reducidos sus ingresos al tiempo que han aumentado sus gastos para poder hacer
frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia. No olvidemos que las Comunidades Autónomas (CCAA), entre otras, tienen transferidas las competencias en sanidad, en educación y en la mayoría de los servicios sociales.
Además, ha sido este nivel de administración pública la que ha adoptado diferentes medidas (tanto fiscales como ayudas directas) para apoyar a autónomos y pymes e intentar mantener el empleo.
La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA, regula los recursos financieros de estas administraciones públicas, que son los tributos cedidos, la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales
y el Fondo de Suficiencia Global.
El más importante de ellos, los tributos cedidos, conforman lo que se denomina en la propia Ley como 'capacidad tributaria de las Comunidades Autónomas', y que se nutre de los siguientes recursos tributarios:
- La recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de los Tributos sobre el Juego y Tasas afectas a los servicios transferidos.
- La recaudación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
- La Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que asciende al 50% de los residentes en la Comunidad Autónoma.
- La cesión del 50% de la recaudación líquida por Impuesto sobre el Valor Añadido.
- La cesión del 58% de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre
las Labores del Tabaco.
- Y la cesión del 100% de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Electricidad.
Cada año, y coincidiendo normalmente con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el ejecutivo central hace una estimación de ingresos tributarios y transfiere a las CCAA unas entregas a cuenta de esos ingresos estimados. Dos
años después, cuando se conoce la liquidación definitiva, se realiza una compensación a favor de las CCAA (si las entregas a cuenta que recibieron dos años antes fueron menores que los ingresos tributarios reales) o a favor de la Administración
General del Estado (si las entregas a cuenta que recibieron dos años antes las CCAA fueron mayores que los ingresos tributarios reales).
La solución adoptada por el ejecutivo central en 2020, incrementando las entregas a cuenta un 1,6% a pesar de que se sabía que, como consecuencia de la pandemia, se produciría una fuerte caída de los
ingresos tributarios, va a generar un problema en 2022 cuando deba realizarse la liquidación definitiva y las CCAA tengan que devolver a la Administración Central del Estado una cantidad que, como veremos, supera los 6.000 millones de euros.
Y esto mismo se va a repetir en 2023, cuando se tenga que liquidar la recaudación definitiva de 2021, puesto que tampoco se van a cumplir las sesgadas estimaciones de ingresos que se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado del año en
curso.
Analizando la recaudación real en 2020 de las figuras tributarias que conforman la capacidad tributaria de las CCAA podemos calcular el tamaño del agujero que se les ha creado en 2022:
- La recaudación por IRPF, que ha subido un 1,2%, es la única que no tiene un impacto significativo respecto a lo previsto en las entregas a cuenta;
- La recaudación por IVA ha caído un -11,5% pasando de 71.538 ME en 2019 a 63.337; el impacto en la liquidación de 2022 es de -4.673 M para las CCAA;
- La recaudación por Impuestos Especiales ha caído un -12,1%, pasando de 21.380 ME a 18.790 ME, lo que tiene un impacto en la liquidación de -1.466 M para las CCAA;
Teniendo en cuenta que en 2022 aún no se habrán recuperado los niveles de actividad previos a la pandemia y que el Gobierno ha incumplido su compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica, ninguna Comunidad Autónoma va a poder
hacer frente a esta deuda que el Gobierno le ha generado de forma consciente, probablemente para poder chantajearlas en la tramitación de los próximos Presupuestos Generales del Estado tal y como hizo en 2019 con los 2.500 M que les debía por la
implantación del SII y que, las CCAA han perdido de forma definitiva, por no acceder al chantaje de apoyar los PGE de ese año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar los mecanismos que sean necesarios para impedir que se produzca el desajuste económico-financiero resultante del saldo negativo que se generará en 2022 y 2023, cuando se calcule la liquidación definitiva y se compare con las
entregas a cuenta recibidas en 2020 y 2021.
2. Dar los pasos necesarios para reformar el sistema de financiación autonómica para garantizar una financiación justa, suficiente, equitativa y solidaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2021.-Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira, Mario Garcés Sanagustín y Eloy Suárez Lamata, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Hacienda sobre la adopción de medidas para mejorar el acceso a la información estadística de los tributos que componen nuestro sistema fiscal.
Exposición de motivos
Durante las últimas semanas, y a raíz de las elecciones autonómicas de Madrid, se ha reavivado el debate sobre las distintas políticas impositivas implementadas en las comunidades autónomas. Un debate que suele centrar el foco en las
figuras tributarias del Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ambos cedidos a las Comunidades Autónomas de régimen común y concertados de normativa autonómica en las comunidades forales.
La presente iniciativa no tiene por objeto defender un determinado sistema fiscal y las correspondientes medidas a adoptar para su consecución, sino más bien denunciar una serie de deficiencias informativas que impiden tener una imagen fiel
de la situación y funcionamiento de determinadas figuras tributarias, y
solicitar al Gobierno la adopción de medidas que permitan acceder a una información completa, aumentar la capacidad de análisis y enriquecer los debates sobre la materia.
Los resultados de la última encuesta sobre opinión pública y política fiscal elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, de julio de 2020, que revelan que el 67,9% de la población considera que los temas fiscales son difíciles
de entender debido a su complejidad, ponen de manifiesto el alto grado de desconocimiento que tiene la sociedad española sobre el funcionamiento de nuestro sistema tributario, circunstancia que es aprovechada por grupos de presión para intentar
influir en un determinado sentido, en muchos casos con argumentos falaces.
Un posible factor que influye en la falta de conocimiento es la escasa información estadística publicada sobre los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el portal estadístico de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, el cual dispone de un amplio abanico de indicadores de los impuestos gestionados por la Administración General del Estado (IRPF, IVA, Sociedades...) incluso del Impuesto sobre el Patrimonio que, como se ha
comentado anteriormente, es un impuesto cedido, y que nos permite conocer el número de contribuyentes y la recaudación total desglosados por partidas, tipología de los bienes y derechos, tipos efectivos, tramos y comunidades autónomas, entre otros.
Sin embargo, dicho portal estadístico no ofrece información detallada sobre otras figuras tributarias como, por ejemplo, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. De hecho, la única forma de conseguir información centralizada sobre este impuesto es a
través de la 'central de información' del Ministerio de Hacienda, que ofrece información relativa a la recaudación total de dicho impuesto con un único desglose (por Comunidades Autónomas).
Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En comú Podem-Galicia en Común creemos que la información es un instrumento fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y empoderada.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incorporar y ampliar la información publicada en el portal estadístico de del Ministerio de Hacienda de los distintos tributos por tramos de rentas o riqueza, así como el acceso a distintos indicadores que combine esa información con
datos económicos globales y personales, que permitan ampliar el análisis y conocimiento sobre el funcionamiento y aplicación de las distintas figuras tributarias que componen nuestro sistema fiscal, especialmente de los tributos cedidos, convenidos
o concertados con las comunidades autónomas, desglosada por cada una de ellas.
2. Llevar a cabo las medidas necesarias para que el portal estadístico del Ministerio de Hacienda incluya enlaces directos a los distintos indicadores relacionados con el sistema fiscal incluidos en las bases de datos de la Oficina Europea
de Estadística (Eurostat) y de los distintos organismos multilaterales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2021.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Interior
161/002554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Santiago Abascal Conde, D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ignacio Gil Lázaro y D. José María
Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Presidente, Portavoz, Portavoces Adjuntos y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la presencia y el mantenimiento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra y en la
Comunidad Autónoma de Galicia, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. Guardia Civil y control de los caminos.
1. Es secular la relación existente entre la Guardia Civil y el control del tráfico y carreteras, otrora caminos o caminos reales. Tal es así que, de acuerdo con lo indicado en uno de los precedentes de la creación del Instituto Armado es
una carta dirigida por Manuel de Mazarredo, Ministro de la Guerra a José Justiniani Ramírez de Arellano, Ministro de Gobernación, en diciembre de 1843, en la que afirmaba que 'Siendo continua la diseminación en que se encuentra la mayor parte de las
tropas de Infantería, Caballería y Milicias, a causa de la persecución de ladrones y malhechores de todas especies a que están constantemente destinadas e innumerables partidas y destacamentos [...] se hace preciso tratar de remediarlo, lo cual
pudiera hacerse por medio de una fuerza pública que bajo la dependencia inmediata del Ministerio de la Gobernación del digno cargo de V.E. y con la denominación que fuese más adecuada, se organizase convenientemente, relevase a las tropas de aquel
servicio y se encargase de él en todos los pueblos, caminos y demás puntos de la superficie de la península'.
2. Tras la creación del Instituto Armado, por el Real Decreto de 28 de marzo de 1844, fueron promulgadas normas de desarrollo de la Guardia Civil, entre ellas, la Real Orden de 20 de diciembre de 1845, conocida como 'la cartilla', que
contenía aspectos competervciales básicos de la Guardia Civil, en relación con la protección de los caminos reales. Su artículo primero disponía expresamente que 'El Guardia Civil, cuando se halle destinado al servicio de los caminos reales, los
recorrerá frecuentemente, y con mucha detención, reconociendo á derecha, é izquierda de ellos los parages que ofrezcan facilidad de ocultar alguna gente.'
3. Después de la referida normativa, se sucedieron Leyes y Decretos relativos a la circulación, transporte y control de carreteras, entre los que se pueden destacar el Decreto de 22 de febrero de 1929, que aprobaba la creación del Cuerpo de
Vigilantes de Caminos en el Ministerio de Obras Públicas, con misiones sobre la circulación transporte y Policía de Carreteras. Posteriormente, en 1934 se promulgó el primer Código de Circulación que contenía todo lo referido al tráfico rodado. La
Ley de 8 de marzo de 1941, por la que se reorganizaban los servicios de Policía, que integró la Guardia Civil en los Servicios de Vigilancia y Seguridad del Estado, creando la Policía Armada y de Tráfico, y, que suprimía el Cuerpo de Vigilantes de
Caminos y la Ley 47/1959, de 30 de julio, sobre regulación de la competencia en materia de tráfico en el territorio nacional que creó la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil, a través de la Orden General n.º 32 de 26 de agosto de 1959 10.
4. En definitiva, se puede observar cómo, desde momentos muy iniciales, el cuerpo de la Guardia Civil ha estado relacionado con el control de los caminos y vías.
Segundo. Agrupación de tráfico de la guardia civil en la actualidad.
5. De acuerdo con el artículo 4.5, referente a la Dirección General de la Guardia Civil, del Real Decreto 734/ 2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior ('R.D. 734/2020') se
establece que el Mando de Operaciones 'es el responsable de planificar, impulsar y coordinar los servicios operativos de las Unidades de la Guardia Civil, de acuerdo con las directrices emanadas de la persona titular de la Dirección General de la
Guardia Civil, a través de la Dirección Adjunta Operativa, asumiendo para ello cuantos cometidos le atribuye la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo [...]Igualmente dirigirá, impulsará y coordinará la seguridad ciudadana en su demarcación y, por su
carácter transversal, las funciones que se realicen para la custodia de las vías de comunicación terrestre y la vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas'. De este modo, del Mando de Operaciones depende: 'La
Jefatura de la Agrupación de Tráfico, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde, como es la unidad especializada en tráfico, seguridad vial y transporte, organizar y gestionar todo lo
relativo al ejercicio de las funciones encomendadas a la Guardia Civil por la normativa vigente' (artículo 4.5 R.D. 734/2020).
6. Por otro lado, el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial ('R.D.L. 6/2015'), recoge expresamente en su
artículo 6.2 que 'Para el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio
10 Agrupación de tráfico de la Guardia Civil-Seguridad Vial; https://www.guardiaciviles/es/institucional/Conocenos/especialidades/Seguridad Vial/in dex.html#:~:text=Mediante%20Decreto%20de%2022%20de,Transporte%20y%20Polic%C3%AD
a%20de%20Carreteras
del Interior en materia de regulación, ordenación, gestión y vigilancia del tráfico, así como para la denuncia de las infracciones a las normas contenidas en esta ley, y para las labores de protección y auxilio en las vías públicas o de uso
público, actuará, en los términos que reglamentariamente se determine, la Guardia Civil, especialmente su Agrupación de Tráfico, que a estos efectos depende específicamente del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico'.
7. En el artículo 12.1.B.c de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ('LO. 2/1986'), se establece que será ejercida por la Guardia Civil 'La vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías
públicas interurbanas'. Del mismo modo, en el artículo 1 de la Orden Ministerial de 5 de abril de 2001, que modifica la de 16 de abril de 1980, sobre relaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con la Dirección General de Tráfico se
establece que 'La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que ejercerá las funciones de vigilancia, regulación, auxilio y control de tráfico que le atribuye la normativa vigente, contenida en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, constituye, a efectos funcionales, una unidad especial dentro del Cuerpo de la Guardia Civil'.
8. A estos efectos, el artículo primero de la Orden INT/574/ 2003, de 13 de marzo, por la que se regula la especialidad de tráfico en la Guardia Civil 11, dispone que 'La Especialidad de Tráfico capacita profesionalmente a los Guardias
Civiles para ejercer de modo específico en las Unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil las competencias que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, otorga en materia de vigilancia del tráfico,
tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas al Cuerpo de la Guardia Civil'.
9. De este modo, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil tiene la siguientes funciones para el cumplimiento de su misión:
- La vigilancia, regulación, auxilio y control del tráfico y del transporte, así como garantizar la seguridad de la circulación en las vías interurbanas.
- Protección y auxilio a los usuarios de las vías públicas.
- Vigilancia y disciplina del tráfico, tránsito y transporte en vías interurbanas y travesías, así como la denuncia de las infracciones a las normas de circulación.
- Investigación e instrucción de las diligencias por accidentes de tráfico.
- Vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre transportes por carretera 12.
10. En definitiva, el marco normativo señalado expresa hasta qué punto el control del tráfico se atribuye al Instituto Armado.
Tercero. Competencia en materia de tráfico.
11. Sobre la competencia exclusiva del Estado en las materias mencionadas en el artículo 149.1 de la Constitución ('CE'), el número vigesimoprimero incluye el 'tráfico y circulación de vehículos a motor'. Esta competencia exclusiva se
encuentra desarrollada en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Este Real Decreto Legislativo atribuye al
Ministerio del Interior en su artículo 5.i) 'La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesías cuando no exista policía local, así como la denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y de
seguridad en dichas vías.'.
12. Las materias recogidas en el artículo 149.1 CE son, en principio, de competencia exclusiva del Estado, sin que éstas puedan atribuirse a las Comunidades Autónomas, a menos que se utilice la técnica de las Leyes Orgánicas de
transferencia y delegación previstas en el art. 150.2 CE 13, sin perjuicio de lo establecido en el Disposición Adicional Primera de la CE.
11 Orden Ministerial que dejará de tener vigor el 10 de junio de 2021, como así lo establece la Disposición Derogatoria única de la Orden PCM/509/ 2020, de 3 de junio.
12 Seguridad Vial-Guardia Civil; https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/especialidades/Seguridad Vial/in dex.html#:-:text=Mediante%20Decreto%20de%2022%20de,Transporte%20y%20Polic%C3%AD a%20de%20Carreteras
13 RUANO, B. T. D. J. V. (2003). VILA Congreso de los Diputados: Constitución española [Internet]. GARRIDO MAYOL, V. Sinopsis del artículo 149 de la Constitución. Constitución Española comentada, 227.
Cuarto. Comunidades Autónomas con competencia sobre tráfico.
13. En la actualidad existen tres Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia de tráfico:
1. País Vasco; El Real Decreto 3256/1982, de 15 de octubre, sobre traspaso de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación del Estado sobre tráfico y circulación de vehículos, señala
en su Exposición de Motivos que 'como consecuencia de lo dispuesto en el artículo diecisiete del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, cuyo desarrollo se inició a través del Real Decreto 2903/1982, de 22
de diciembre, y del reconocimiento expreso del Estado a unos antecedentes históricos debidamente actualizados, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones que en el acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco se citan, de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico y circulación de vehículos.' 14.
2. Cataluña; conforme al artículo 150.2 CE, se aprobó la Ley Orgánica 6/1997, de 15 de diciembre, de Transferencia de Competencias Ejecutivas en Materia de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña
('L.O. 6/1997'). Esta Ley Orgánica transfirió 'las facultades de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial' (artículo 1 L.O. 6/1997), a excepción de las que en la L.O. mencionada se
indican.
3. Navarra; de acuerdo con la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra ('L.O. 13/1982'), a esta Comunidad Autónoma le corresponde la competencia exclusiva 'en las materias a las
que se refieren los apartados anteriores, así como todo lo relativo al tráfico y circulación, Navarra conservará íntegramente las facultades y competencias que actualmente ostenta.' (Artículo 49.3).
En relación con la Policía Foral de Navarra, en el artículo 51.2 de la L.O. 13/1982 se establece que 'Navarra podrá ampliar los fines y servicios de la Policía Foral, en el marco de lo establecido en la correspondiente Ley Orgánica', que es
la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra ('L.F. 23/2018').
Por la Disposición adicional novena de la L.F. 23/ 2018, 'En caso de que se ejecute lo establecido en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, relativo a la asunción de nuevas competencias en materia
policial por parte de la Comunidad Foral de Navarra, se podrán habilitar, dentro del marco del órgano bilateral competente y en los términos que disponga la administración competente, los mecanismos necesarios para permitir la integración de
funcionarios del Estado que presten ese servicio en la actualidad' .
En este sentido, y hasta día de hoy, la vigilancia en las carreteras se comparte entre la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra, y la autoridad sancionadora es la Jefatura Provincial de Tráfico 15.
Quinto. Transferencias de tráfico durante la XIV legislatura.
14. Es voluntad del Gobierno de coalición la transferencia plena de competencias en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. Esta transferencia tendrá lugar 'en el plazo de seis meses (...), con el mismo contenido y extensión
que las realizadas en su momento a la Comunidad Autónoma Vasca 16' . Este hecho supone asimilar a la Policía Foral de Navarra a la Ertzaintza en el País Vasco o a los Mossos de Escuadra en Cataluña 17.
14 Se indica error material en el tenor literal de la Exposición de Motivos respecto del Real Decreto 2903/1982, de 22 de diciembre; Se refiere al Real Decreto 2903/1980, de 22 de diciembre, regulador de Miñones y Miqueletes de las
Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya (BOE-A-1981-812).
15 FERNANDEZ S. David Régimen jurídico del Tráfico y la Circulación - DGT http:/ /www.dgt.es/la-dgt
16 La Policía navarra y la Guardia Civil compartirán Tráfico al menos hasta 2024; El Independiente; https:/ / www.elindependiente.com/espana/ 2021/ 02/26/1a-policia-navarra-y-la-guardia-civil-compartiran-trafico-al-menos-hasta-2024/
17 Se ha conocido por algunos medios de comunicación que El Gobierno de Navarra ha recibido por parte del Gobierno de España la documentación técnica para materializar la competencia de tráfico y seguridad vial. https:/ / www.navarra.es/
es/noticias/ 2021/ 03/11/el-gobierno-de-navarra-avanza-en-las-transferencias-de-las-competencias-de-trafico-y-seg-uridad-vial-y-en-la-de-sanidad-penitenciaria
15. Sobre este punto, el Gobierno de la Nación junto con el Ejecutivo navarro esperan materializar el traspaso de plenas competencias de tráfico en el segundo semestre del presente año 18. Este acuerdo de transferencia ha provocado
múltiples denuncias por parte de las asociaciones de guardia civiles, así como concentraciones multitudinarias en apoyo a los agentes tráfico de la Guardia Civil destinados en territorio navarro. El secretario general de la asociación Justicia
Guardia Civil ('JUCIL) denunció públicamente el uso con fines meramente políticos y partidistas que el Gobierno de la nación estaba haciendo de la Institución Armada en la Comunidad Foral de Navarra. Concretamente denunció que el pacto entre el
Gobierno y sus socios de investidura por el que se transfiere las competencias de tráfico era una 'medida altamente injusta y que no se hace con ningún argumento ni policial ni de organización. Simplemente un argumento político'.
16. A este respecto, y a mayor abundamiento, cabe apuntar también la transferencia de competencias en materia de sanidad penitenciaria, algo que según el Secretario General de Instituciones Penitenciarias en sesión de la Comisión de
Interior el pasado 22 de abril apuntó que 'se va a conseguir en el mes de mayo la transferencia a la Comunidad Autónoma de Navarra (...) Hemos entablado también conversaciones con intercambio de datos con la Comunidad de Islas Baleares y con la
Comunidad Valenciana. Yo confio en que este primer paso que se va a dar el mes que viene con Navarra pueda servir de estímulo para que el resto de las comunidades autónomas consigan también la transferencia'. Una aseveración que ya hace pensar en
un Estado desposeído de gran parte de sus competencias por pura politización del programa del presente Gobierno.
17. En cuanto a Galicia, tras una tentativa frustrada en febrero del 2019, el pasado martes 27 de abril se aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica del Parlamento de Galicia de transferencias complementarias a
Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial 19, presentada por el grupo parlamentario Bloque Nacionalista Gallego (BNG), con abstención del PP , que será presentada ante el Congreso de los Diputados para su aprobación
con arreglo al artículo 150.2 CE.
18. Esta Proposición de Ley Orgánica citada en su artículo 1 señala expresamente que 'Se trasladan a la Comunidad Autónoma de Galicia las facultades de ejecución de la legislación estatal sobre tráfico, circulación de vehículos y seguridad
vial, excepto los siguientes:
a) La facultad de emitir, revisar e intercambiar permisos y licencias para conducir vehículos de motor y ciclomotores, así como su cancelación, intervención y revocación.
b) El registro y expedición de permisos o licencias de tráfico, así como su nulidad, intervención y revocación y, en consecuencia, una autorización de transferencias, duplicados y cancelaciones de vehículos de motor y ciclomotores y más la
expedición de permisos temporales'; con tenor muy semejante al de la Ley Orgánica de transferencia competencial a Cataluña referida anteriormente.
19. Con la Proposición de Ley Orgánica aprobada del Parlamento de Galicia prosigue la escalada descentralizadora auspiciada por el actual Gobierno nacional y la progresiva reducción de la presencia de la Guardia Civil en el territorio
nacional.
20. Se confirma la voluntad de desaparición de los Agentes de la Benemérita en favor de una policía autonómica 20, que en este caso aún no ha sido dotada de efectivos propios 21.
21. Esta posible transferencia de competencias ha sido igualmente criticada desde diversas asociaciones de la Guardia Civil; en el caso de JUCIL apuntan que preocupan los problemas que se deriven de esta posible cesión de las competencias
de tráfico que supondría un ataque directo a la Constitución Española, en concreto al artículo 149.1, que atribuye como competencia exclusiva del Estado el salvaguardar el interés suprarregional o nacional.', añadiendo que 'la cesión de competencias
de tráfico y de seguridad vial de la Guardia Civil a la policía autonómica seguiría disminuyendo la influencia del Estado en la comunidad, lo que podría llevar a Galicia a tomar el camino que ya tomaron otras regiones con derivas independentistas'.
En el mismo sentido se ha manifestado la Asociación Pro Guardia Civil ('APROG'), afirmando que 'el control del tráfico, además de lo que supone, es una herramienta
18 La Guardia Civil saldrá de las carreteras de Navarra a finales de 2021; El Mundo; https: / / www.elmundo.es/ espana/ 2021 / 04/ 20/ 607efe3efdddffc02e8b45a7.html
19 BOPG n.° 21, do 24.09.2020.
20 V.gr. Ley 8/ 2007, de 13 de junio, de Policía de Galicia.
21 En la Proposición de Ley Orgánica gallega su Disposición Transitoria establece que 'Durante el tiempo necesario para que la Policía de Galicia complete el despliegue de sus efectivos en aquellas zonas donde no esté había entrado en vigor,
la Guardia Civil seguirá ejerciendo sus funciones de vigilancia de carreteras interurbanas bajo los auspicios de los órganos competentes de la Administración del Estado, que también continuará procesando y resolviendo el expedientes de sanción
correspondientes.'.
muy buena de la seguridad nacional. Los delincuentes, narcotráficos, terroristas, se desplazan por carretera' 22.
22. En conclusión, vemos como desde el actual Gobierno la histórica relación entre el control de la circulación y el tráfico y la Guardia Civil busca ser disminuida hasta el punto que el Instituto Armado desaparezca en, cada vez más, parte
de nuestro territorio. Este hecho supone una total desprotección de los Agentes que llevan décadas desarrollando las funciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil tanto en Navarra como en Galicia, algo que no parece preocupar de modo
alguno al presente Ejecutivo.
23. Desde nuestro Grupo Parlamentario siempre estaremos al lado de los Agentes de la Guardia Civil, del mismo modo que ellos han estado y siguen estado protegiendo y asegurando los derechos de todos los ciudadanos de nuestro país.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la presencia y el mantenimiento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad
Autónoma de Galicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro, José María Sánchez García y Santiago Abascal Conde, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón,
Macarena Olona Choclán y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/002566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre desarrrollo del pacto de estado contra la
violencia de género en el ámbito del Ministerio del Interior, para su debate y aprobación en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Violencia de Género es uno de los problemas más graves de nuestra sociedad y para ello se firmó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado sin ningún voto en contra en las Cortes Generales en el año 2017 que contempló un
sistema integral basado en tres áreas de intervención: la prevención; la protección y la recuperación de la víctima; y la persecución del delito.
La persistencia de un problema tan complejo como la Violencia de Género, hace que se requieran continuas mejoras y nuevas medidas en estas áreas de intervención, aprovechando, por un lado, la experiencia adquirida en combatir el problema, y
por otro lado, los desarrollos tecnológicos que puedan ayudar a incorporar nuevos recursos.
Para analizar el cumplimiento de las medidas acordadas y las mejoras de las mismas, se han creado sendas comisiones de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
Este seguimiento del Plan involucra las acciones de varios ministerios, entre ellos, el Ministerio del Interior. Este Ministerio viene desarrollando una importante apuesta por liderar el cumplimiento de las medidas que le afectan, y cada
día potencia más el sistema VioGén, en el que se integran las nuevas tecnologías y los sistemas de gestión para la seguridad en la lucha de forma integral contra la Violencia de Género. En este sentido, existen medidas que se deben seguir
implementando para mantener una mejora continua ante un fenómeno de violencia tan persistente, y que requiere también de persistencia en su erradicación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
22 Sectores de la Guardia Civil se oponen a la transferencia de Tráfico a Galicia; ABC; https://www.abc.es/espana/galicia/abci-sectores-guardia-civil-oponen-transferencia-trafico-galicia-202105021044 noticia.html
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar trabajando en el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que afectan al Ministerio del Interior, buscando una mejora continua y una
coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con todos los actores institucionales y sociales implicados, particularmente respecto a:
- Medida C80 (96 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género -DGVdG-), potenciando la integración del sistema informático VioGén y sistemas de recepción de denuncias de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, SIDENPOL y
SIGO, de Policía Nacional y Guardia Civil respectivamente.
- Medida C81 (97 DGVdG) acelerando el establecimiento de unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día, todos los días de la semana. Para una mejor atención a las víctimas y
una completa implementación de esta Medida en ambos cuerpos, sería recomendable, además:
Reforzar las Plantillas de Unidades especializadas en Policía Nacional y Guardia Civil.
Incrementar, y establecer con carácter obligatorio, programas formativos continuados sobre violencia de género, doméstica y menores para todos aquellos agentes, no pertenecientes a Unidades especializadas, encargados de la recepción de
denuncias y atención/protección de víctimas de esta naturaleza.
- Medida C174 (240 DGVdG): Incluyendo en los informes del Ministerio del Interior las variables sobre las alertas con intervenciones policiales, en relación con la utilización de los dispositivos electrónicos, e integrando la información
sobre alertas de los DCT COMETA en el Sistema VioGén.
- Medida S123 (197 DGVdG): Formando en Violencia de Género a intérpretes de Lengua de Signos que se encarguen de realizar labores de interpretación de casos de Violencia de Género en dependencias policiales.
- Medida S199 (159 DGVdG): Buscando evitar la duplicidad de dispositivos de atención a víctimas, priorizando el uso del Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la Violencia de Género (ATENPRO) del MPRCI, frente a
otros dispositivos similares. Para ello es necesario impulsar la revisión del Protocolo entre autoridad judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de ofrecer a las víctimas el teléfono del Servicio Telefónico de Atención y
Protección a las víctimas de la violencia de género (ATEMPRO).
- Medida S200 (160 DGVdG): Mejorando las herramientas de que disponen los miembros de las Unidades Especializadas en materia de violencia sobre la mujer, entendiendo por herramientas cualquier instrumento o medio material y humano necesario
en el desarrollo de la labor diaria, se vería producido por un incremento en los recursos humanos y materiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-David Serrada Pariente y Lidia Guinart Moreno, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se solicita al Gobierno que cese en
el proceso de transferencia de las competencias en materia de tráfico a la comunidad autónoma de Navarra y a la Policía Foral, manteniendo las mismas en manos de la Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Gobierno de España transferirá la competencia en materia de tráfico a la comunidad autónoma de Navarra antes de que finalice el presente año, lo que supondrá el traspaso de las funciones que hasta ahora desempeñaba la Guardia Civil, a la
Policía Foral Navarra.
Este movimiento, que responde al acuerdo entre el PSOE y el PNV y EHBildu como pago al apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno y de María Chivite como Presidenta de Navarra, no busca una mejora del servicio de
tráfico que se ofrece a los ciudadanos, sino la paulatina desaparición de la Guardia Civil de la Comunidad Foral. Se suma, además, a las últimas acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo central encaminadas a potenciar el autogobierno de Navarra y
País Vasco y obtener apoyos políticos de partidos nacionalistas y separatistas, como el traspaso de la competencia en materia de sanidad penitenciaria a la comunidad foral, el traspaso de la competencia de prisiones en la comunidad autónoma vasca, o
el indigno acercamiento indiscriminado de presos etarras a prisiones próximas al País Vasco.
Los acuerdos llevados a cabo por el Gobierno central con partidos nacionalistas, como los mencionados, no solo atentan contra la igualdad y, muchas veces, la dignidad, de todos los españoles, sino que responden mayoritariamente a maniobras
políticas en beneficio de sus propios intereses partidistas. Además, reciben el rechazo unánime de los principales afectados, como agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil o Funcionarios de Prisiones. Así, a los agentes de la Agrupación de
Tráfico de Navarra, y a sus familias, se les está generando una enorme situación de incertidumbre e indefensión, al no conocer el momento ni las condiciones en que tendrán que abandonar sus trabajos, sus lugares de residencia y sus hogares.
Por otro lado, como acostumbra a hacer este Gobierno, la opacidad de este proceso mantiene al conjunto de la ciudadanía, y a sus principales afectados, en el desconocimiento más absoluto sobre sus principales características y consecuencias.
No conocemos si la cesión competencial será exclusiva o compartida; si la Policía Foral Navarra cuenta con los recursos necesarios para hacerse cargo de estas competencias de manera íntegra en apenas unos meses; cuáles serán las condiciones de la
denominada 'pasarela' para los agentes de la Guardia Civil que pasen a la Policía Foral; cuál será la situación de los agentes trasladados fuera del territorio navarro; qué estadísticas se manejan sobre el número de agentes que querrán cambiar de
Cuerpo y el número de agentes que se mantendrán en la Benemérita y, en este caso, si éstos podrán quedarse ejerciendo sus funciones en la comunidad navarra; qué coste tendrá toda esta operación y por quién será asumida, y un largo etcétera.
Este proceder, en suma, no es sino otra muestra más del poco respeto y, muchas veces, desprecio, con el que el Presidente del Gobierno y su Ministro del Interior, tratan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de lo que pueden darse
incontables ejemplos que han desembocado en la petición reiterada de este grupo parlamentario, y otros, de reprobación, cese y petición de dimisión del Ministro Grande-Marlaska.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cesar en el proceso de transferencia a la comunidad autónoma de Navarra y la Policía Foral, de las competencias en materia de tráfico, manteniendo las mismas en manos de la Guardia Civil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a mantener en la
Guardia Civil las competencias de tráfico, sin proceder a su transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia en caso de que esta lo solicitara, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Recientemente hemos conocido que el Parlamento de Galicia ha tomado en consideración una iniciativa, impulsada por el partido nacionalista gallego, por la que se solicita al Gobierno de España el traspaso de las competencias en materia de
tráfico para dicha comunidad autónoma.
No es descartable que este acuerdo parlamentario, que diez años atrás se topó con la frontal oposición del partido socialista, entre otros, hoy sí termine prosperando, visto el historial de concesiones a partidos separatistas y nacionalistas
hechas por el actual Presidente del Gobierno, en pago de favores parlamentarios en defensa de sus intereses meramente partidistas. Así, por ejemplo, esta misma semana se ha cerrado el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra, o de
prisiones al País Vasco, previo acercamiento indiscriminado de los presos etarras.
Estos movimientos, siempre impulsados por los partidos que pretenden negar la pertenencia de sus territorios a España, rara vez buscan mejorar los servicios prestados a los ciudadanos, sino la paulatina desaparición de todo lo que en sus
comunidades autónomas refleje la presencia del Estado, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros. Los acuerdos llevados a cabo por el Gobierno central con partidos nacionalistas, como los mencionados, no solo atentan contra la
igualdad y, muchas veces, la dignidad, de todos los españoles, sino que responden mayoritariamente a maniobras políticas en beneficio de sus propios intereses. Además, reciben el rechazo unánime de los principales afectados, como ocurre
generalmente con los agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil o los Funcionarios de Prisiones.
En el caso concreto de Galicia sucede, además, que para que el Gobierno central autorizase una potencial transferencia de esta competencia a dicho territorio, primeramente este debería desarrollar un cuerpo policial propio, una 'policía
gallega' que ejerciera tal competencia y de la que hoy no dispone, lo que convierte esta petición no solo en arbitraria y desigual para con el resto de ciudadanos por lo ya apuntado, sino en un completo despropósito.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener en manos de la Guardia Civil las competencias en materia de tráfico, no procediendo a su transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia en caso de que esta lo solicitara.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª Mercedes Jara Moreno, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega
Arias y D. Juan Carlos Segura Just, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de las actuaciones para la remodelación del enlace 429 de la autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) con las carreteras A-391 y A-1051, para su discusión en la Comisión Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Importancia de las conexiones por carretera en la actualidad.
1. Actualmente, la situación que vive España está claramente marcada por la crisis sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2 y por las negligentes medidas adoptadas por el Gobierno, que a su vez han derivado en una crisis social y
económica.
2. En este contexto, es evidente que el transporte por carretera se ha erigido como una herramienta esencial para garantizar la movilidad y el abastecimiento de los productos esenciales para la ciudadanía.
3. A este respecto, los datos del último Informe Anual del Observatorio del Transporte y la Logística en España ('OTLE') de 2020, referidos al año 2019, advierten de que el transporte por carretera supuso
el 85,5 X 23 con respecto a la totalidad de la movilidad nacional de viajeros, y aproximadamente el 95 % del reparto modal del transporte interior de mercancías 24.
4. Por lo anterior, debe ser una prioridad la mejora de las conexiones entre las diferentes carreteras, ya formen parte de la Red de Carreteras del Estado o sean competencia de las comunidades autónomas, diputaciones o cabildos, a fin de
asegurar tanto la correcta movilidad de los pasajeros y mercancías como la seguridad vial. A esto hay que añadir el factor social que supone la eficaz conexión entre diferentes carreteras, contribuyendo así a la vertebración de territorios,
evitando que los municipios se queden aislados y favoreciendo la cohesión social.
Segundo. Problema con el enlace 429 de Roquetas-El Parador en la A-7 con las carreteras autonómicas A-391 y A-1051
5. Para lo que interesa en esta proposición no de ley, en concreto, se va a hacer referencia a dos municipios afectados por problemas de conexión terrestre. Por un lado, el municipio de Roquetas de Mar, situado en la provincia de Almería,
con 98.433 habitantes, según los datos del Padrón Continuo publicados por el Instituto Nacional de Estadística ('INE') a 1 de enero de 2020. Así, Roquetas es el segundo municipio más poblado de la provincia, sólo superado por la ciudad de Almería.
Por otro lado, el municipio de Vícar cuenta con 26.899 habitantes 25.
6. Debido a este número de habitantes afectados y a la relevancia de estos municipios para la provincia, que estas regiones tengan unas infraestructuras adecuadas es esencial tanto para la calidad de vida de sus residentes como para la
provincia de Almería en general.
7. No obstante, en los términos municipales de Roquetas de Mar y de Vícar existe un problema en relación con el enlace 429 de la autovía A-7 del Mediterráneo con las carreteras autonómicas A-391 y A-1051. Así, se producen congestiones de
tráfico en horas punta en las glorietas existentes en el enlace y retenciones en el carril derecho de la A-7, sentido Málaga y Almería.
8. A este respecto, ya se iniciaron actuaciones para solucionar los problemas ocasionados en este tramo. Estas acciones relativas a la remodelación del enlace se programaron en dos fases constructivas.
9. El 24 de junio de 2016, se publicaba en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) el 'Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras' en relación con la 'redacción de los proyectos de trazado y construcción de la remodelación
del enlace de la autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) con las carreteras A-391 y A-1051', con un presupuesto base de licitación que ascendía a 360.000,00 euros de importe total 26.
23 https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf, pág. 116 (fecha de consulta: 26 de abril de 2021).
24 Ibid., pág. 19.
25 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2857.
26 https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/24/pdfs/BOE-B-2016-29412.pdf, pág. 1.
10. Atendiendo al pliego de prescripciones técnicas particulares, el proyecto de construcción, para cuya redacción se estimaba un plazo de quince meses, debería recoger las siguientes actuaciones 27:
- Construcción de una vía colectora distribuidora norte (en la calzada izquierda).
- Construcción de un paso inferior a la altura del p.k. 428+460 de la Autovía del Mediterráneo.
- Conexión de la vía colectora distribuida con la carretea autonómica A-1051, a la altura del p.k. 428+460 de la Autovía del Mediterráneo, mediante:
- Construcción de un ramal semidirecto y un lazo.
- Construcción de un tramo de carretera de dos carriles de unos 400 m de longitud.
- Construcción de una glorieta de capacidad y radio adecuado, a justificar con los estudios de tráfico en los que deberá apoyarse su diseño.
- Otras actuaciones complementarias:
- Rediseño del sistema de drenaje.
- Construcción de desvíos provisionales durante la ejecución de las obras.
- Elementos de balizamiento y defensa, señalización vertical y marcas viales.
- Reposición de los servicios afectados.
- Medidas favorables a la integración paisajística del enlace.
11. Asimismo, en el citado pliego se establecía un presupuesto estimado de licitación de las obras de 8.950.000,00 (IVA incluido del 21 %).
12. Finalmente, el 19 de diciembre de 2017, se produjo la formalización del contrato para la redacción del referido proyecto, siendo adjudicado a la empresa 'V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L. y Vsing Innova 2016, S.L. UTE' por un valor
de 234.180 euros (con impuestos) 28.
13. En relación con la segunda fase constructiva, el 28 de octubre de 2017, se publicaba en el BOE el 'Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras' en relación con la 'redacción del proyecto de construcción de la segunda
fase de remodelación del enlace de la autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) con las carreteras A- 391 y A-1051', con un presupuesto base de licitación que ascendía a 293.000,00 euros de importe total 29.
14. Según el pliego de prescripciones técnicas particulares, el proyecto de construcción, para cuya redacción se estimaba un plazo de doce meses, recogía las siguientes actuaciones 30:
- Ejecución de vía colectora-distribuidora sur.
- Conexión de la vía colectora-distribuidora sur con la autovía A-1051 a la altura del P.K. 428+400, que contempla:
- La ejecución de dos ramales directos
- Duplicar el tramo de carretera de dos carriles de 400 m de longitud previsto en la primera fase.
- Rediseño del sistema de drenaje existente.
- Construcción de desvíos provisionales.
- Iluminación de vías colectoras distribuidoras y ramales.
- Acondicionamiento del tramo objeto de actuación con los elementos de balizamiento y defensas necesarios, así como con la señalización vertical y marcas viales correspondientes.
- Reposición de servicios afectados.
- Integración paisajística del conjunto.
- Dado el emplazamiento de las obras a proyectar, se mantendrán los contactos con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, Ayuntamientos de Roquetas de Mar y Vícar así como con el resto de
Administraciones y Organismos que pudieran verse afectados como consecuencia de la ejecución del proyecto.
27 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/5f8fbcaa-754e-48da-b7e0-daa99bf1b9ed/DOC2016062312595015AL3650+PPTP.pdt?MOD=AjPERES, pág. 6.
28 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/a665668d-6a98-4d35-bbec-b7a6aceffc99/DOC_FORM2017-565304.pdf?MOD=AjPERES, pág. 1.
29 https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/28/pdfs/BOE-B-2017-62993.pdf, pág. 1.
30 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/9967d753-55e3-4c1b-abaa-39f9accd6ca2/DOC2017102010493715-AL-3720+PPTP.pdf?MOD=AjPERES. pág. 6.
15 Igualmente, en el pliego se establecía un presupuesto estimado de licitación de las obras de 8.394.617,00 (IVA incluido del 21 %).
16. Posteriormente, el 9 de septiembre de 2018, se produjo la formalización del contrato para la redacción de este proyecto, siendo adjudicado a la empresa 'Vsing Innova 2016, S.L.' por un valor de 189.131,49 euros (con impuestos) 31.
17. No obstante, la última noticia de la que se tiene constancia es la publicación en el BOE el 4 de junio de 2020 de la 'Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto Remodelación del enlace 429 de la autovía del Mediterráneo (E- 15/A-7) con las carreteras A-391 y A-1051 (Primera y Segunda Fase)''.
18. En la resolución se obtiene un informe favorable en relación con la evaluación de impacto ambiental simplificada. Así, se resuelve lo siguiente:
'De acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho alegados y como resultado de la evaluación de impacto ambiental practicada, que no es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del
proyecto Remodelación del enlace 429 de la autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) con las carreteras A-391 y A-1051 (Primera y Segunda Fase)', ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las
medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución'.
19. Asimismo, el Gobierno comunicó el 19 de agosto de 2020, mediante una contestación con número de registro 50074 a una iniciativa parlamentaria, lo siguiente:
'En relación con el asunto interesado, se señala que la remodelación del enlace de Roquetas-El Parador se ha programado en dos fases. Ambas se encuentran actualmente en fase de redacción del proyecto, que deberá ser sometido a información
pública.
En paralelo, se ha tramitado con el órgano ambiental, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la evaluación de impacto ambiental simplificada conforme a lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental, habiéndose obtenido informe de impacto ambiental favorable de fecha 22 de mayo de 2020 [Boletín Oficial del Estado (BOE) de 4 de junio de 2020]:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5686.pdf.'
31 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/c140ed48-8184-46ee-85e2-9a2faad7086b/DOC_FORM2018-337068.pdf?MOD=AjPERES, pág. 2.
20. Igualmente, cabe destacar que en los Presupuestos Generales del Estado 2021, se incluye la aplicación presupuestaria 17.38.1202 denominada 'Remodelación del enlace 429 (Roquetas de Mar-El Parador) (5,0 Km)' con un coste para 2021 de
100,00 miles de euros y una segunda aplicación presupuestaria 17.38.3636 que se denomina 'Remodelación del enlace de la A-7 de Roquetas de Mar-El Parador (enlace 429, con A-391 y A-1051). Fase 2' con un coste también para 2021 de 100,0 miles de
euros 32.
21. No obstante, no consta avance alguno en la redacción de los referidos proyectos ni parece que las partidas presupuestarias vayan a ser finalmente ejecutadas. Como se ha expuesto, la remodelación de este enlace serviría para
descongestionar el tráfico, mejorar la seguridad vial, así como incrementar el desarrollo turístico y empresarial de Roquetas de Mar y Vícar, en concreto, y de Almería, en general. Por tanto, urge acometer este proyecto a la mayor brevedad posible.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar la siguiente medida para la mejora de las conexiones de la autovía A-7 en los municipios de Roquetas de Mar y Vícar:
Promover la redacción urgente de las dos fases constructivas del proyecto de remodelación del enlace 429 de la autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) con las carreteras A-391 y A-1051, a fin de agilizar la licitación de las obras e impulsar
dicho proyecto constructivo para preservar la seguridad vial y descongestionar el tráfico en el referido tramo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just, Cristina Alicia Esteban Calonje, Rubén Darío Vega Arias, Rocío de
Meer Méndez y Mercedes Jara Moreno, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la implantación de un sistema de pago por uso de las vías de alta capacidad (autovías y autopistas) de la red viaria estatal a partir de 2024 para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El Gobierno español acaba de hacer pública su intención de implantar peajes en todas las autovías, anuncio que está generando una gran inquietud por los efectos sumamente negativos que tendría para las clases populares y para los costes de
las actividades económicas, especialmente en Galiza por su ubicación geográfica periférica en la Península y en Europa.
Esta medida pretende venderse como 'verde', alegando que serviría para 'desincentivar' el uso del vehículo privado, pero representará un verdadero obstáculo en un País que no posee transportes públicos adecuados ni una red ferroviaria a la
altura de las necesidades del siglo XXI, especialmente para el transporte de mercancías.
Así, esta medida anunciada por el Gobierno de implantación de peajes en todas las autovías afectará muy negativamente a los intereses de Galiza y de los sectores sociales más desfavorecidos, especialmente por la ausencia de alternativas al
uso del vehículo particular y al transporte de mercadorías por carretera.
No se puede vender como ecológica una medida que en realidad servirá para gravar a las clases populares, las que tienen más dificultades para afrontar el pago de peajes. Además supondrá un sobrecoste para las empresas gallegas que
continuarían perdiendo competitividad.
32 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2021Ley/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_21_E_V4.PDF, pág. 54
Realmente resulta irrisorio y casi parece una burla a toda Galiza, que el Gobierno hable de incentivar el uso del transporte público o del ferrocarril cuando no disponemos de servicios a la altura de las necesidades, sobre todo para el
transporte de mercancías.
Resulta inaceptable que, cuando el Gobierno español aún no ha cumplido su compromiso de bajar los peajes de la AP-9, anuncie que pretende implantar nuevas obligaciones de pago en las autovías. Esta medida claramente supone agravar la
discriminación que sufre Galiza, pues vería su economía lastrada por sobre costes para las actividades económicas a la hora de transportar sus productos, bien dentro de Galiza, bien al exterior. La posición periférica de Galiza y la falta de
alternativas al transporte por carreteras, agravaría sus efectos negativos en la economía gallega. Cuando en el resto del Estado español la mayor parte de las autopistas pasan a ser gratuitas, en Galiza seguimos pagando dos de las autopistas más
caras del Estado, la AP-9 y la AP-53, dos vías que vertebran la comunicación, y ahora, además, se propone que los gallegos y gallegas paguemos también por el uso de las autovías.
Además, como ya hemos apuntado, la medida no solo sería lesiva para la economía, si no que afectaría de forma especialmente negativa a las personas con menos recursos, las personas trabajadoras, que deberán prescindir de utilizar esas vías
de alta capacidad por la imposibilidad de asumir su coste. Por lo tanto, además de discriminadora con Galiza, se trata de una medida antisocial.
Otro de los efectos de imponer peajes en las autovías será que la mayor parte del tráfico que ahora circula por ellas se derivará a las vías convencionales, ya en muchos casos colapsadas y donde se producen la mayoría de los accidentes con
resultado de muerte.
Resulta sorprendente que el Gobierno que se autocalifica como 'progresista' no tenga en cuenta los costes sociales de decisiones como la que proponen puede implicar. Resulta evidente que reducir el número de accidentes y de fallecidos por
violencia viaria debe ser también un objetivo prioritario. Sin embargo, los peajes en las autovías tendrán, sin duda, el efecto contrario: mayor coste en vidas humanas y también un mayor coste sanitario y social.
Además, tras conocerse que el Gobierno había trasladado a la Comisión Europea esta medida dentro de la propuesta de reformas que exige la Unión Europea para liberar los fondos para el Estado español, tanto el Ministro de Transportes, José
Luís Ábalos, como el Director General de Tráfico, Pere Navarro, argumentaron que la medida supondría que pagaran el coste de las autovías solo las personas usuarias en lugar de hacerlos todos y todas a través de los impuestos. Esta argumentación,
además de neoliberal, es a todas luces falaz, por dos razones. La primera, porque la construcción de las autovías ya fue pagada con cargo a los impuestos y, la segunda, porque aplicando ese argumento a otros servicios públicos, como la sanidad o la
educación, vemos que la política que trasluce es la máxima de dar servicios solo a quien pueda pagarlos.
El BNG defiende unos servicios públicos de calidad, gratuitos y de acceso universal, también en materia de infraestructuras viarias, por lo que el Gobierno debe retirar esta propuesta por tratarse de una medida discriminatoria, antisocial y
de exclusivo carácter recaudatorio. Además, cuando menos en el caso de Galiza, no sirve en absoluto al fin supuestamente perseguido, esto es, desincentivar el uso del vehículo privado, pues no existen alternativas.
El BNG lleva décadas luchando por la mejora de los servicios públicos de transporte, especialmente los ferroviarios incluyendo los de mercancías. Así, en el Acuerdo de Investidura alcanzado entre PSOE y BNG aparecía como prioridad la
modernización de la red interior ferroviaria y avanzar en el Corredor Atlántico de Mercancías. Lamentablemente, en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 el Gobierno de coalición PSOE-Podemos no destinaron recursos suficientes para poder
conseguir ese objetivo.
En definitiva, antes de plantear siquiera imponer nuevos gravámenes como los peajes a las autovías, el Gobierno debe cumplir sus compromisos con todos los gallegos y gallegas, especialmente, bajar los peajes de la AP-9 y modernizar el
ferrocarril.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Retirar la propuesta de establecer un sistema de pago por uso de las vías de alta capacidad (autovías y autopistas) como mecanismo de financiación directa para la conservación y el mantenimiento
de la red viaria estatal a partir de 2024 que ha sido trasladado a Bruselas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. Cumplir de forma inmediata con el compromiso de establecer la bonificación del 100 % del peaje a los usuarios recurrentes de la AP9 tanto particulares como profesionales, la gratuidad del tramo Vigo- Redondela, la eliminación del
incremento extraordinarios acumulativo y aprobar la Ley de transferencia de esta autopista a la Xunta de Galiza.
3. Acelerar la modernización de la red interior ferroviaria gallega, con actuaciones en los tramos A Coruña-Ferrol, A Coruña-Lugo y Vigo-Frontera Portuguesa, en la línea de FEVE que conecta Ferrol con Gijón y la electrificación del tramo
Ourense-Lugo. Así mismo, actuar sobre la red ferroviaria de mercancías (Corredor Atlántico en Galiza) y completar la conexión de los puertos exteriores de Ferrol y A Coruña a la red ferroviaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/002562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas parar garantizar el acceso a la vivienda de las personas
jóvenes, para su debate la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El pasado mes de abril el Banco de España publicó un estudio sobre la Crisis del COVID-19 y su impacto sobre las condiciones económicas de las generaciones jóvenes. Según las conclusiones del informe, las personas jóvenes de nuestro país se
enfrentan a diferentes problemas derivados de la crisis provocada por la COVID-19 en materia educativa, en lo relativo a sus condiciones laborales y al impacto económico que tendrá la transición medioambiental.
En lo que respecta al acceso de los jóvenes a una vivienda, el estudio destaca que la proporción de personas que poseen una vivienda residencial a los 30 años ha disminuido para aquellos ciudadanos que nacieron a partir del año 1980. En
concreto, el 7 % de los nacidos en 1988 poseía su vivienda principal a los 29 años; entre los nacidos en 1976, ese porcentaje era del 26 %.
Entre las causas de esta problemática se encuentra la precariedad laboral que afecta a este colectivo y el endurecimiento en la concesión de créditos hipotecarios tras la crisis financiera que se inició en el año 2008. La conjunción de
ambos fenómenos ha provocado, según los datos del mencionado informe, que entre los años 2014 y 2017, el porcentaje de hogares con un cabeza de familia menor de 35 años que vivían en alquiler subiera en más de 12 puntos, hasta alcanzar el 43 %. A
su vez, los precios de alquiler en los últimos años han absorbido un elevado porcentaje de los ingresos de las personas en este grupo de edad.
La crisis provocada por la COVID-19 tendrá consecuencias económicas que dificultaran aún más el acceso a la vivienda debido a la destrucción de empleo juvenil que hemos experimentado y a la reducción de los salarios de las personas ocupadas
de menor edad. Según los últimos datos de los que disponemos, España es líder de la Unión Europea en desempleo juvenil con un 37,7 %. Asimismo, según el estudio Perdidos en la recesión: el empleo y los ingresos de los jóvenes en España, un
'trabajador que entrase en el mercado laboral al final de la Gran Recesión en 2013 tendría un salario diario un 7,2 % inferior al de uno similar que entrase en 2007'.
El contexto económico y social obliga al Gobierno de la Nación, en colaboración con las comunidades autónomas, a reorientar las políticas públicas de vivienda impulsadas hasta la fecha a través del Plan Estatal de Vivienda. En particular,
se presenta como prioritario impulsar políticas públicas dirigidas a aumentar el número de viviendas públicas de alquiler, priorizando la construcción de este tipo inmuebles frente aquellos destinados a la venta, y desarrollando mecanismos de
colaboración público-privada que doten a los arrendadores de garantías de cobro, entre otros beneficios, a cambio de alquileres asequibles para aquellos ciudadanos que encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda.
En la actualidad, el actual Plan Estatal de Vivienda no presenta medidas ambiciosas en este sentido. La disposición contemplada en el programa de Ayuda a los jóvenes se articula a través de transferencias económica a inquilinos con ingresos
reducidos menores de 35 años. La evidencia publicada hasta la fecha afirma que este tipo de políticas acaba provocando un incremento de los precios, por lo que los arrendatarios no se acaban beneficiando a la práctica de las ayudas directas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar las siguientes medidas en el marco de la elaboración del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025:
a) Instar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a realizar una evaluación de los programas de acceso a la vivienda en régimen de alquiler protegido, como, por ejemplo, el Programa de Vivienda Vacía, Bizigune, que
tiene como objetivo la captación de pisos desocupados para su puesta en el mercado a través del alquiler protegido.
b) Incluir dentro del programa de fomento del parque de vivienda de alquiler del próximo Plan Estatal de Vivienda los recursos presupuestarios necesarios para que las comunidades autónomas impulsen un programa de puesta a disposición de
pisos desocupados en el mercado de alquiler protegido, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior.
c) Impulsar, en el marco del Plan Estatal de Vivienda, un programa para que las comunidades autónomas impulsen servicios de intermediación para facilitar la incorporación de viviendas vacías al mercado del arrendamiento a un precio asequible
para las personas arrendatarias, tomando como referencia el Programa de Intermediación en el mercado de alquiler de vivienda libre ASAP.
d) Acordar, en el seno de la Conferencia Sectorial de Vivienda, que un mínimo del 60 % de los inmuebles que se inscriban en los programas de captación de pisos desocupados y de intermediación para facilitar el acceso a la vivienda se ponga a
disposición de personas menores de 35 años.
e) Crear un Programa para la Ampliación del Parque Público de Vivienda en Régimen de Alquiler, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que tenga como finalidad aumentar el número de viviendas en régimen de protección oficial a través
de la adquisición o concesión del uso de viviendas privadas, principalmente en zonas con precios tensionados o con una elevada incidencia de situaciones de vulnerabilidad en el acceso a la vivienda.
2. Reformular el incentivo previsto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para facilitar el acceso al alquiler a colectivos vulnerables, teniendo en cuenta las características específicas en las áreas metropolitanas.
3. Impulsar una reforma del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación para fijar que el 100 % de las viviendas que se construyan durante los próximos 30 años y estén sujetas
a régimen de protección pública se destinen a alquiler protegido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/002557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la flexibilización
curricular de los ciclos de Formación Profesional, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Con la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se ha perdido la oportunidad de modernizar los contenidos curriculares y sus enfoques metodológicos mediante la formulación de
algunos principios y directrices inspiradores en los centros docentes y con el apoyo decidido de las Administraciones educativas.
En la actualidad la adaptación necesaria de la orientación de las enseñanzas y de los aprendizajes para dar respuesta a los desafíos de los cambios tecnológicos, económicos y sociales se está trasladando a los sistemas de educación y
formación de los países avanzados de este siglo.
En el ámbito de la Formación Profesional y de la modernización de esta etapa se considera indispensable la posibilidad de la adaptación de los currículos a las necesidades de los diferentes sectores productivos y a los requerimientos
específicos de las empresas, con el fin de favorecer una mayor inserción del alumnado en el mundo laboral.
La noción de flexibilidad es una noción sinónima de capacidad de adaptación. La diversidad de situaciones individuales y de circunstancias sociales que se le plantean a los sistemas educativos y la rapidez con la que se producen los cambios
de contexto aportan una doble dimensión -espacial y temporal, respectivamente- a esa complejidad con la que ha de enfrentarse la educación del siglo XXI. (López Rupérez, 2020).
La flexibilidad constituye así un principio que permite adecuar los contenidos curriculares a la dinámica de cada sector. Y con la flexibilidad curricular se podrá aumentar considerablemente el número de alumnos que cuenten con las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo en las mejores condiciones de formación, como respuesta de un sistema educativo de calidad y equidad.
Por todo ello, se considera necesaria la adecuación de la oferta educativa al acelerado ritmo de los cambios tecnológicos y a las nuevas organizaciones de trabajo, así como para facilitar el acceso a nuevas ocupaciones emergentes mediante la
incorporación de una formación complementaria de carácter especializado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el sector productivo, a articular los mecanismos necesarios para la flexibilización curricular de los ciclos de formación profesional que
permitan su adaptación a los cambios tecnológicos, económicos y sociales y garantizar un sistema educativo de calidad y equidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2021.-Beatriz Jiménez Linuesa y María Sandra Moneo Díez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la financiación
del primer ciclo de educación infantil, de cero a tres años, con criterios de calidad, equidad y libertad, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La OCDE ha señalado que está demostrada la función esencial que desempeña la Educación Infantil en el bienestar del niño y en su desarrollo cognitivo y socioemocional, y que cursar la etapa de Educación Infantil puede contribuir a favorecer
la inclusión y a mitigar la desigualdad social.
Por otro lado, el informe PISA muestra que aquellos estudiantes que han participado en esta etapa obtienen unos mejores resultados generales. Como resultado, garantizar la calidad del desarrollo educacional de la primera infancia se ha
convertido en una prioridad política en numerosos países e incluso se ha concretado como una de las metas dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO
para asegurar que todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.
Según el informe Panorama de la Educación 2020 de la OCDE, en España el 40 % de los niños de un año estaban escolarizados en 2018, un porcentaje algo superior al de la OCDE con el 34 %. Y la tasa escolarización de los niños de dos años es
del 60 % en España, 14 puntos porcentuales por encima del 46 % de media de la OCDE.
Si bien la educación obligatoria comienza a la edad de seis años en España, en 2018 el 98 % de los niños de edades entre tres y cinco años se escolarizan en infantil, frente al 88 % de media en los países de la OCDE.
El último informe TIMMS 2019, publicado en diciembre de 2020, destaca también que en España el porcentaje de estudiantes que asistió a primer ciclo de Educación Infantil es del 75 %, muy por encima del promedio del resto de países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 52 %, y del total de la Unión Europea (UE), 43 %. Y esta escolarización temprana permite que el alumnado acceda a la Educación Primaria con destrezas de lectura, escritura y
matemáticas superiores al promedio de la OCDE y del total de la UE y, a largo plazo, influye positivamente en el rendimiento del alumnado.
Así, la diferencia en el rendimiento en matemáticas entre los estudiantes que asistieron a Educación Infantil de primer ciclo y los que no asistieron es de cinco puntos en la UE y de diez en el promedio de la OCDE. En España, esta
diferencia crece hasta los 26 puntos, solo por detrás de Suecia, Turquía y Bulgaria. Ocurre lo mismo en ciencias, con diferencias de rendimiento de entre cuatro (UE) y 11 puntos (OCDE). En el caso de España, los alumnos que fueron escolarizados
antes de los tres años obtuvieron de media 18 puntos más que los que no lo hicieron.
Sin embargo, la reforma educativa del Gobierno a través de la LOMLOE no ha regulado la educación infantil como una etapa voluntaria y gratuita, y su disposición adicional tercera bajo el título 'Extensión de la educación infantil' establece
que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil, sin que exista una
memoria económica al respecto ni garantice una oferta educativa plural.
Por otra parte, la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2021 consigna una dotación de 200 millones de euros con cargo a los fondos de la Unión Europea a la creación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil, prioritariamente
de uno a dos años, marginando a otros centros, lo que constituye una política que se aleja de los principios de libertad y equidad que deben regir el sistema educativo español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover en el primer ciclo de la Educación Infantil, de cero a tres años, la gratuidad en todos los centros educativos como medida de equidad.
A tal efecto, se revisarán los criterios para que la asignación de los créditos con cargo al programa presupuestario Mecanismo de Recuperación y Resiliencia', consignado en la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2021 y destinados a la
creación de plazas de primer ciclo de Educación Infantil sea para garantizar una oferta educativa plural y el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.
2. Promover y coordinar la oferta de plazas suficientes y los diferentes modelos de financiación, para satisfacer la demanda de las familias y facilitar la libre elección de los padres. Asimismo, garantizar que ningún niño por razones
socioeconómicas vea impedido su acceso a esta etapa educativa.
3. Promover en esta etapa medidas de carácter compensatorio para aquellos alumnos en situación de desventaja social, económica y cultural.
4. Garantizar la escolarización y el apoyo educativo de los alumnos con necesidades educativas específicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2021.-María Sandra Moneo Díez y Óscar Clavell López, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Participación en Iniciativas internacionales de Educación en
cumplimiento del ODS4, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Afirmaría Paulo Freire que si bien 'la educación no es la palanca de la transformación social ni global, sin ella esa transformación no alcanza a producirse'. Esta afirmación recoge la doble necesidad, identificada por el Gobierno de
España, de situar, en primer lugar, la educación como un pilar fundamental para el progreso social colectivo y, segundo, la imperiosa necesidad de abordar el conjunto de la acción gubernamental desde una mirada integral, esto es, asumiendo la
coherencia de políticas que rige la Agenda 2030 como hoja de ruta para un desarrollo humano sostenible.
En sintonía con las Naciones Unidas, que mandataron los años que siguen de 2020 a 2030 como la Década de la Acción para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Cortes Generales ratificaban el pasado mes de diciembre la
Ley Orgánica de modificación de la LOE con la mirada puesta en una educación para el siglo XXI. Este horizonte de educación pública, inclusiva, equitativa y de calidad, vertebrado en el cumplimiento del ODS4, es un compromiso del Gobierno de España
dentro y también fuera de nuestras fronteras, donde la cooperación para el desarrollo ha sido un acicate imprescindible para disminuir la estratificación social que deriva en gran medida de las dificultades para la escolarización.
Por su capacidad veladora de la coherencia de políticas y por su voluntad multilateral y transformadora, las y los Socialistas no hemos cesado en nuestro empeño por devolver y resituar a la política de cooperación en el centro de la acción
exterior de nuestro país. Hablamos de una cooperación defensora de los derechos humanos que es garantía de la protección de bienes públicos globales tales como la educación pública. Precisamente, y consciente de que 260 millones de niñas y niños
aún estaban fuera de la escuela en 2018, España retornaba ese mismo año de la mano de un Gobierno Socialista a la Alianza Mundial para la Educación (AME -GPE por sus siglas en ínglés-), principal mecanismo multilateral de ayuda a la educación en los
países empobrecidos.
Hoy día, a medida que la pandemia de la COVID-19 ha venido a propagarse por todo el planeta, más de 1.500 millones de niñas, niños y jóvenes de 188 países han visto afectado su derecho a la educación en detrimento del progreso económico,
social y cultural de sus sociedades. Una situación que se agrava en el caso de las niñas y adolescentes, de quienes sufren algún tipo de discapacidad y de las personas desplazadas y refugiadas que aumentan, en contextos de crisis, de manera
desproporcionada sus brechas de aprendizaje. Frente a ello, el Gobierno de España ha venido potenciando, en cumplimiento de la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis del COVID-19, el apoyo a los sistemas de
educación en países empobrecidos mediante el desarrollo y oferta de infraestructura, equipamiento y contenidos gratuitos, seguros y accesibles.
Asimismo, desde la AME se ha propuesto un programa de recaudación internacional de fondos que busca intervenir en 87 países. Dicha recaudación pretende lograr 5.000 millones de dólares americanos para la financiación de proyectos entre 2021
y 2025, a fin de abordar la mejora de la educación de 175 millones de niñas y niños y lograr un efecto palanca para el siguiente periodo 2025-2030 que multiplique dicha inversión.
En definitiva, y en su compromiso por no dejar a nadie atrás, las y los Socialistas consideramos que el Gobierno de España debe desempeñar a nivel nacional, bilateral y multilateral, un liderazgo clave en la defensa de una educación pública,
universal y de calidad para todas las personas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Contribuir en aquellos países con mayores índices de pobreza, desigualdad e inequidad al fortalecimiento del sistema público de educación y de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de promover el derecho humano a una educación
inclusiva, gratuita y de calidad para todas las personas (ODS4).
2. Apoyar decididamente a la Alianza Mundial por la Educación en su plan de acción para la mejora educativa de hasta 175 millones de niños y niñas en 87 países, la escolarización de 88 millones y el ahorro de 16.000 millones de dólares para
los países empobrecidos.
3. Seguir trabajando por la escolarización completa en nuestro país e impulsando medidas para la erradicación de las desigualdades y discriminaciones educativas del alumnado, poniendo especial énfasis en aquellas que son fruto de la renta,
origen, etnia, discapacidad, género, orientación e identidad sexual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2021.-Noemí Villagrasa Quero, María Guijarro Ceballos y María Luz Martínez Seijo, Diputadas.-Ana Belén Fernández Casero, Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la cesión del antiguo ambulatorio de Betanzos para dedicarlo a centro de día para atención a personas mayores y/o dependientes, para su debate en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
En el mes de mayo de 2005, hace ahora dieciséis años, se inauguraban las instalaciones del nuevo ambulatorio de Betanzos. Con la creación de esta infraestructura, quedaba libre para ser destinado a un nuevo uso público el edificio del
antiguo centro de salud. Este inmueble cuenta con una localización privilegiada y con unas instalaciones que, con una mínima inversión, podrían adecuarse fácilmente para un uso social.
Así, en esa línea de trabajo, en el año 2003, el Gobierno local y la Xunta de Galiza a través del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, hicieron público su compromiso de dedicar ese edificio a la apertura de un centro de día en el
Concello de Betanzos.
Sin embargo, a pesar del compromiso de la Xunta de Galiza de dotar de un centro de día público a todos los concellos gallegos de más de 5.000 habitantes, Betanzos sigue sin poder contar con este servicio tan necesario para una adecuada
atención de las personas de más edad o dependientes y que facilite la conciliación de la vida familiar y laboral de sus cuidadores y cuidadoras.
Resulta absolutamente incomprensible que no se hagan las gestiones necesarias para poner en funcionamiento este servicio tan necesario, sobre todo cuando el Concello de Betanzos dispone de un edificio público vacío y sin uso en plena zona
urbana. Este inmueble propiedad del Estado, tras dejar de ser utilizado como centro de salud, ha dedicado una pequeña parte del mismo para ubicar el Centro Atención e Información de la Seguridad Social en Betanzos, pero la mayor parte del edificio
sigue sin utilizarse y esa falta de uso está afectando cada vez más a su estado de conservación.
Así, es urgente que el Gobierno, concretamente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, realice los trámites y negocie con la Xunta de Galiza y el Concello de Betanzos la cesión gratuita de este inmueble para reabrirlo con
un uso público dedicándolo a centro de día.
La cesión del edificio del antiguo ambulatorio de Betanzos para este fin es la solución perfecta para dotar a los vecinos y vecinas de Betanzos de un centro de día. Además su rehabilitación sería sencilla pues su anterior función como
centro de salud facilita la adaptación de sus espacios y el acceso de personas con movilidad reducida.
Debe recordarse que en toda la comarca, en la actualidad solo existen 15 plazas públicas en centros de día en el vecino Concello de Miño, una oferta absolutamente insuficiente y que demuestra la necesidad de implantar este servicio de forma
urgente. Además, la rehabilitación del antiguo centro de salud contribuiría a dinamizar la Rúa Pintor Seijo Rubio donde se ubica la construcción y evitaría que continúe el deterioro y la infrautilización del edificio.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a ceder de forma gratuita el edificio del antiguo ambulatorio situado en la Rúa Pintor Seijo Rubio de Betanzos para, en colaboración con la Xunta de Galiza y el Concello de Betanzos,
instalar en el mismo un centro de día para la atención a personas mayores y/o dependientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 mayo de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/002607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Expediente de Regulación de Empleo anunciado por Caixabank, para su debate
en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El pasado 20 de abril, la entidad Caixabank anunciaba el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la banca española por el número de personas empleadas a las que afectaría, cerca de 8.300 personas trabajadoras, casi un 19 % del
número total de personas empleadas en dicha entidad, y por el número de oficinas que se cerrarían, más de 1.500, lo que reduciría su red comercial en más de un 27 %.
Arguye necesidades organizativas y productivas generadas a raíz de su fusión con Bankia, para 'evitar duplicidades y solapamientos'. Sin embargo, la representación de las personas trabajadoras considera que se pretende ir 'mucho más allá de
la simple eliminación de duplicidades', siendo el objetivo último enjugar unas pérdidas motivadas también por la grave crisis ocasionadas por la pandemia del COVID-19 a costa de la reducción de la plantilla y renegociar unas condiciones laborales a
la baja, incluidos recortes en los salarios y en las prestaciones sociales.
Continúan argumentando que a pesar de tratarse de un ERE del que se dice que será prioritariamente voluntario, si no se alcanzaran los objetivos de excedentes a cubrir, se procedería a 'despidos forzosos'. Los trabajadores incluidos en el
ERE recibirían unas indemnizaciones diferentes en función de la edad y la proximidad a la edad de jubilación, no pudiendo acogerse al mismo más del 50 % de personas trabajadoras mayores de 50 años, lo que obliga a que el otro 50 % tenga edades
inferiores a 50 años.
Es cierto que a raíz de la intervención del Gobierno que 'invitó' al banco a 'repensar su plan de reducción', este ha 'suavizado' los recortes en 500 personas, un 6 % menos de lo previsto inicialmente, y sobre todo ha anunciado la
elaboración de un plan de recolocación y de acompañamiento para los afectados, fundamentalmente a las menores de 58 años que quedarían fuera de la prejubilación, con medidas formativas para facilitar la reinserción de las personas despedidas.
No obstante, la magnitud del ERE aconseja una mayor acción por parte del Gobierno. A mayor abundamiento, esto viene a sumarse al reciente anuncio del BBVA y otras entidades financieras de acometer reducciones de plantilla mediante EREs.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a que impulse la asunción por el sector financiero de una serie de compromisos que limiten el impacto negativo en la sociedad de sus decisiones de reestructuración. En concreto, los compromisos deberán cubrir
cuestiones como la minimización del impacto negativo sobre el empleo, el fomento de la flexibilidad interna como mecanismo de ajuste alternativo al despido, la formación de sus empleados, la recolocación de aquellos cuyo puesto de trabajo vaya a
desaparecer, el compromiso de incorporar variables relativas a las condiciones de los trabajadores de la entidad y a la calidad del servicio a los clientes en las propuestas de retribución variable de los directivos así como la adopción de medidas
para evitar la exclusión financiera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2021.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso a la celebración del Xacobeo hasta final del año 2022, para su
debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El Xacobeo 2021 ya comenzó, pero esta vez condicionado por la situación creada por la pandemia de COVID-19. Las limitaciones a la movilidad, derivadas de las medidas para frenar la propagación del nuevo coronavirus, hace que la afluencia de
peregrinos, turistas o visitantes hacia Santiago de Compostela sea muy inferior esta vez, mientras que la programación prevista va a tener grandes dificultades para poder realizarse mientras no cambien de manera sustancial las condiciones
sanitarias.
El Gobierno de España ha colaborado con otras administraciones para tener en las mejores condiciones el patrimonio de los Caminos y de la propia ciudad de Santiago, para impulsar la promoción turística de las rutas y el evento, para
establecer garantías sanitarias en el tránsito hacia Compostela o para apoyar eventos y actos; además de favorecer por medio de desgravaciones fiscales la celebración de este acontecimiento.
Un decreto de la penitenciaría apostólica, fechado a inicios del mes de diciembre, recoge que, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias que se viven en todo el mundo por la pandemia de la COVID-19, el papa Francisco I acuerda
prorrogar el Año Santo durante todo el año 2022. Ello constituye tanto un reto como una oportunidad. Un reto, pues obliga a mantener el impulso previsto doce meses más. Y una oportunidad, porque hará posible celebrar este acontecimiento una vez
que superemos lo peor de la situación sanitaria, contribuyendo a impulsar la recuperación económica en las zonas por las que los Caminos a Compostela, ya considerados Patrimonio de la Humanidad, transcurren y, singularmente, por Galicia, en la que
todos confluyen como paso previo para su llegada a Santiago.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al mantenimiento del impulso a la celebración del Año Xacobeo hasta el final del año 2022, garantizando la permanencia de las acciones y programas que lo hacen posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2021.-Adolfo Pérez Abellás, Uxía Tizón Vázquez, Olga Alonso Suárez, Ángeles Marra Domínguez, Pilar Cancela Rodríguez, Montserrat García Chavarría, Diego Taibo Monelos, Javier Cerqueiro
González, Ana Prieto Nieto, Alejandro Soler Mur y Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas parar garantizar el acceso a la vivienda de las personas
jóvenes, para su debate ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El pasado mes de abril el Banco de España publicó un estudio sobre la crisis del COVID-19 y su impacto sobre las condiciones económicas de las generaciones jóvenes. Según las conclusiones del informe, las personas jóvenes de nuestro país se
enfrentan a diferentes problemas derivados de la crisis provocada por la COVID-19 en materia educativa, en lo relativo a sus condiciones laborales y al impacto económico que tendrá la transición medioambiental
En lo que respecta al acceso de los jóvenes a una vivienda, el estudio destaca que la proporción de personas que poseen una vivienda residencial a los 30 años ha disminuido para aquellos ciudadanos que nacieron a partir del año 1980. En
concreto, el 7 % de los nacidos en 1988 poseía su vivienda principal a los 29 años; entre los nacidos en 1976, ese porcentaje era del 26 %.
Entre las causas de esta problemática se encuentra la precariedad laboral que afecta a este colectivo y el endurecimiento en la concesión de créditos hipotecarios tras la crisis financiera que se inició en el año 2008. La conjunción de
ambos fenómenos ha provocado, según los datos del mencionado informe, que entre los años 2014 y 2017, el porcentaje de hogares con un cabeza de familia menor de 35 años que vivían en alquiler subiera en más de 12 puntos, hasta alcanzar el 43 %. A
su vez, los precios de alquiler en los últimos años han absorbido un elevado porcentaje de los ingresos de las personas en este grupo de edad.
La crisis provocada por la COVID-19 tendrá consecuencias económicas que dificultaran aún más el acceso a la vivienda debido a la destrucción de empleo juvenil que hemos experimentado y a la reducción de los salarios de las personas ocupadas
de menor edad. Según los últimos datos de los que disponemos, España es líder de la Unión Europea en desempleo juvenil con un 37,7 %. Asimismo, según el estudio Perdidos en la recesión: el empleo y los ingresos de los jóvenes en España, un
'trabajador que entrase en el mercado laboral al final de la Gran Recesión en 2013 tendría un salario diario un 7,2 % inferior al de uno similar que entrase en 2007'.
El contexto económico y social obliga al Gobierno de la Nación, en colaboración con las comunidades autónomas, a reorientar las políticas públicas de vivienda impulsadas hasta la fecha a través del Plan Estatal de Vivienda. En particular,
se presenta como prioritario impulsar políticas públicas dirigidas a aumentar el número de viviendas públicas de alquiler, priorizando la construcción de este tipo inmuebles frente aquellos destinados a la venta, y desarrollando mecanismos de
colaboración público-privada que doten a los arrendadores de garantías de cobro, entre otros beneficios, a cambio de alquileres asequibles para aquellos ciudadanos que encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda.
En la actualidad, el actual Plan Estatal de Vivienda no presenta medidas ambiciosas en este sentido. La disposición contemplada en el programa de Ayuda a los jóvenes se articula a través de transferencias económica a inquilinos con ingresos
reducidos menores de 35 años. La evidencia publicada hasta la fecha afirma que este tipo de políticas acaba provocando un incremento de los precios, por lo que los arrendatarios no se acaban beneficiando a la práctica de las ayudas directas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar las siguientes medidas en el marco de la elaboración del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025:
a) Instar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a realizar una evaluación de los programas de acceso a la vivienda en régimen de alquiler protegido, como, por ejemplo, el Programa de Vivienda Vacía, Bizigune, que
tiene como objetivo la captación de pisos desocupados para su puesta en el mercado a través del alquiler protegido.
b) Incluir dentro del programa de fomento del parque de vivienda de alquiler del próximo Plan Estatal de Vivienda los recursos presupuestarios necesarios para que las Comunidades Autónomas impulsen un programa de puesta a disposición de
pisos desocupados en el mercado de alquiler protegido, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior.
c) Impulsar, en el marco del Plan Estatal de Vivienda, un programa para que las comunidades autónomas impulsen servicios de intermediación para facilitar la incorporación de viviendas vacías al mercado del arrendamiento a un precio asequible
para las personas arrendatarias, tomando como referencia el Programa de Intermediación en el mercado de alquiler de vivienda libre ASAP.
d) Acordar, en el seno de la Conferencia Sectorial de Vivienda, que un mínimo del 60 % de los inmuebles que se inscriban en los programas de captación de pisos desocupados y de intermediación para facilitar el acceso a la vivienda se ponga a
disposición de personas menores de 35 años.
e) Crear un Programa para la Ampliación del Parque Público de Vivienda en Régimen de Alquiler, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que tenga como finalidad aumentar el número de viviendas en régimen de protección oficial a través
de la adquisición o concesión del uso de viviendas privadas, principalmente en zonas con precios tensionados o con una elevada incidencia de situaciones de vulnerabilidad en el acceso a la vivienda.
2. Reformular el incentivo previsto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para facilitar el acceso al alquiler a colectivos vulnerables, teniendo en cuenta las características específicas en las áreas metropolitanas.
3. Impulsar una reforma del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación para fijar que el 100 % de las viviendas que se construyan durante los próximos 30 años y estén sujetas
a régimen de protección pública se destinen a alquiler protegido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de los Reyes Romero Vilches, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Lourdes Méndez Monasterio y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al estudio del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal, para
su discusión en la Comisión de Derechos sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. Descripción del trastorno del espectro alcohólico fetal.
Se denomina trastorno del espectro alcohólico fetal ('TEAF') al conjunto de 'efectos directos producidos sobre el embrión o el feto en desarrollo por el consumo materno de alcohol durante la gestación' 33 (no en vano se afirma que 'el
alcohol es el principal teratógeno conocido' 34).
Dentro del TEAF se engloban, según expuso el Institute of Medicine en 1996, cuatro categorías diagnósticas diferentes, enunciadas de mayor a menor gravedad: síndrome de alcoholismo fetal completo ('SAF'); 'síndrome de alcoholismo fetal
parcial; trastornos del neurodesarrollo relacionados con el alcohol; y malformaciones congénitas relacionadas con el alcohol' 35. Cada una de ellas tiene, a su vez, diversas manifestaciones clínicas, que varían en función de la etapa vital del
paciente: microcefalia, parálisis cerebral, discapacidad intelectual, alteración de la motricidad, alteración de la conducta, etc. 36.
Segundo. Etiología imprecisa del TEAF.
Aunque el TEAF tiene su principal causa en el consumo de alcohol de las madres gestantes, estudios especializados señalan que, 'al parecer, los efectos del alcohol sobre el feto no solo dependen de la cantidad total consumida o del patrón de
consumo -cantidad y frecuencia- durante la gestación, sino que estarían además mediados por otros factores, entre los que se pueden contar el periodo de gestación en el que se consume alcohol, la edad, las características metabólicas, el estado
nutricional y la dieta de la madre; y las características genéticas del feto y de la madre' 37. Adicionalmente, 'el volumen crítico de ingesta etílica que da lugar al síndrome es desconocido' 38.
Se trata, por tanto, de un trastorno cuya etiología es aún poco precisa.
Tercero. Creciente prevalencia del TEAF.
El TEAF se describe en la actualidad como 'la principal causa evitable -no genética- de discapacidad intelectual' 39 y 'de defectos congénitos' 40.
En países occidentales, la prevalencia del SAF -manifestación completa del TEAF y de mayor facilidad diagnóstica- oscila entre el 0,5 y el 2 por mil de los nacidos vivos 41. Sin embargo, 'la prevalencia del conjunto de TEAF se estima entre
3 y 5 veces superior al SAF' 42. Estamos hablando de cifras en absoluto desdeñables, cuya 'incidencia supera la del síndrome de Down y la parálisis cerebral' 43.
Además, se trata de cifras crecientes, ya que 'en España, las adopciones internacionales, en muchos casos procedentes de países con un elevado consumo de alcohol entre las mujeres gestantes, han hecho que la población de niños con TEAF haya
aumentado considerablemente en los últimos 10-15 años' 44.
33 Consejería de Salud y Familias. Servicio Andaluz de Salud, Guía de Ayuda a la asistencia en el SAS, p. 6. Acceso en línea:
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-pdf_publicacion/2021/721_teaf_guia_ayuda_asistencia_sas.pdf.
34 VV. AA., El Manual Merck de diagnóstico y tratamiento, 10.a edición, Harckout, Madrid, 1999, p. 2041.
35 LÓPEZ, M., y ARÁN FILIPPETTI, V., 'Consecuencias de la exposición prenatal al alcohol: desarrollo histórico de la investigación y evolución de las recomendaciones', Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, vol. 65, n.º 2,
abril-junio 2014, p. 165. Ver también Consejería de Salud y Familias. Servicio Andaluz de Salud, Guía de Ayuda a la asistencia en el SAS, p. 6.
36 Cfr. VV. AA., 'Trastorno del espectro alcohólico fetal. Un trastorno del neurodesarrollo infradiagnosticado y de pronóstico incierto', Medicina (Buenos Aires), 2019, Vol. 79 (Supl. I), p. 63. Acceso en línea:
https://www.escueladefamiliasadoptivas.es/wp-content/uploads/2019/09/Pags.62-67Sans-Fito.pdf.
37 LÓPEZ, M., y ARÁN FILIPPETTI, V., 'Consecuencias de la exposición prenatal al alcohol: desarrollo histórico de la investigación y evolución de las recomendaciones', Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, vol. 65, n.º 2,
abril-junio 2014, p. 168.
38 VV. AA., El Manual Merck de diagnóstico y tratamiento, 10.a edición, Harckout, Madrid, 1999, p. 2041.
39 Ibid., p. 163.
40 FERNÁNDEZ-MAYORALAS, M. y FERNÁNDEZ-JAÉN, A., 'Fetopatía alcohólica: puesta al día', Revista de Neurología, 2011, n. 52 (Supl 1), p. 53.
41 Cfr. Ibid., p. 54. Ver también ALONSO ESTEBAN, Y., Síndrome alcohólico fetal y Trastornos del Espectro alcohólico fetal. Nivel de conocimiento y actitudes de los profesionales socio-sanitarios, Universidad de Valencia, 2011, p. 13.
Acceso en línea: https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/21824/TRABAJO_INVESTIGACION.pdf?sequence=18cisAllowed=y.
42 Consejería de Salud y Familias. Servicio Andaluz de Salud, Guía de Ayuda a la asistencia en el SAS, p. 6.
43 VV. AA., El Manual Merck de diagnóstico y tratamiento, 10.a edición, Harckout, Madrid, 1999, p. 2041.
44 VV. AA., 'Trastorno del espectro alcohólico fetal. Un trastorno del neurodesarrollo infradiagnosticado y de pronóstico incierto', Medicina (Buenos Aíres), 2019, vol. 79 (Supl. I), p. 63.
A este respecto el Senado emitió, el 11 de septiembre de 2019, una declaración institucional con ocasión del Día Internacional para la Prevención de los Trastornos del Espectro del Alcoholismo Fetal. En ella afirmaba que 'la prevalencia de
nacidos con alto riesgo de sufrir TEAF está aumentando, hasta un 50 % en niños procedentes de países de origen donde existen altas tasas de consumo de alcohol y escasa cobertura de seguimiento del embarazo'. La Cámara Alta añadió que, 'actualmente,
un 1 % de la población de la Unión Europea sufre este tipo de déficit, y según las encuestas consultadas entre un 20 y un 45 % de embarazadas consumen alcohol durante el periodo de gestación deforma inadvertida sobre los daños que se puede causar
sobre el feto en pleno proceso de formación' 45.
Cuarto. Dificultad para diagnosticar el TEAF.
El TEAF es un trastorno que se caracteriza, entre otras notas, por su dificultad diagnóstica, derivada principalmente del amplio abanico de posibles manifestaciones clínicas. Adicionalmente, tanto la falta de un conocimiento más completo de
este tipo de trastornos, como la inexistencia de un protocolo diagnóstico generalizado en España, redundan en que el diagnóstico del TEAF sea para muchas familias un verdadero calvario.
Una entidad dedicada a la prevención y difusión de la existencia del TEAF señala, a estos efectos, que 'la falta de diagnóstico y atención provoca también un gran sufrimiento en los afectados y sus familias'. Unida al 'desconocimiento del
trastorno por parte de las distintas figuras de autoridad de los distintos ámbitos, hace del TEAF una discapacidad invisible, por lo que toda la responsabilidad recae sobre los afectados y sus cuidadores. Esto supone una presión tan grande que
provoca lo que se conoce como discapacidades secundarias, enfermedades mentales que probablemente no se hubieran desarrollado de haber tenido el apoyo y tratamiento adecuado' 46.
Para facilitar el proceso de diagnóstico, la Consejería andaluza de Salud ha publicado una Guía en la que ofrece a los médicos una serie de pautas 47. Entre ellas se cuentan las siguientes: 'patrón característico de anomalías faciales
menores', 'deficiencia de crecinnento prenatal y/o postnatal', 'crecimiento cerebral deficiente', 'morfogénesis anormal o neurofisiología anormal', y 'deterioro neuroconductual', que puede ir o no acompañado de 'deterioro cognitivo'. Sin embargo,
cuanto menor sea la expresión del trastorno 48 y cuanto más se desconozca el historial clínico de la madre 49, mayores dificultades entraña el diagnóstico de los hijos. Cuando estos datos escasean, afirma la referida Guía que 'es frecuente [...]
que en muchos de estos niños se aprecien dificultades de desarrollo y de conducta que son muy sugestivas de ser debidas a trastornos del neurodesarrollo relacionados con el alcohol, pero dicho diagnóstico con los criterios actuales no puede ser
confirmado' 50.
El TEAF, en cualquiera de sus formas, es un trastorno crónico y que no tiene cura. Lo único que se puede aliviar son sus síntomas, que 'permanecerán y evolucionarán hasta la vida adulta, traduciéndose en una serie de discapacidades
secundarias como pueden ser problemas de salud mental, fracaso escolar, problemas legales, internamiento en instituciones, conductas sexuales inapropiadas, consumo de sustancias de abuso, dependencia y dificultad para incorporarse al mundo laboral y
para mantener el trabajo' 51. A tal fin, resulta indispensable que el TEAF se diagnostique bien y lo antes posible, ya que 'el diagnóstico precoz, los programas de intervención temprana y el tratamiento psicopedagógico parecen demostrar una mejoría
en el desarrollo de estos pacientes' 52.
Quinto. Consecuencias del teaf para los afectados y sus familias.
El TEAF provoca, tanto en quienes lo padecen como en sus familias, una serie de consecuencias de importante entidad:
i. En el plano académico, se produce una mayor tasa de fracaso, abandono y absentismo escolar, derivada tanto de la posible discapacidad intelectual como de los problemas de conducta 53.
45 https://visualteaf.com/wp-content/uploads/2019/09/Declaraci%C3%B3n-institucional-SENADO.pdf.
46 http://visualteaf.com/wp-content/uploads/2019/07/DOSIER-Visual-TEAF-junl9.pdf.
47 Consejería de Salud y Familias. Servicio Andaluz de Salud, Guía de Ayuda a la asistencia en el SAS, p. 7.
48 Consejería de Salud y Familias. Servicio Andaluz de Salud, Guía de Ayuda a la asistencia en el SAS, pp. 9-10.
49 Cfr. VV. AA., El Manual Merck de diagnóstico y tratamiento, 10.a edición, Harckout, Madrid, 1999, p. 2164.
50 Consejería de Salud y Familias. Servicio Andaluz de Salud, Guía de Ayuda a la asistencia en el SAS, p. 9.
51 https://visualteaf.com / vp-a.mtent/u ploads72019/0,- / DOSlER-VisuaI-TEAF-iunl9.pdf
52 FERNÁNDEZ-MAYORALAS, M., Y FERNÁNDEZ-JAÉN, A., 'Fetopatía alcohólica: puesta al día', Revista de Neurología, 2011, N° 52 (Supl 1), p. 56.
53 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, Guía de Ayuda a la asistencia en el SAS, p. 25.
ii. En el plano jurídico, 'los adolescentes y los adultos con TEAF tienen un riesgo más elevado de tener problemas con la policía, las autoridades o el sistema judicial debido a la dificultad para controlar su enfado y frustración y, los
problemas para comprender las razones de los demás. Las personas con TEAF pueden ser fácilmente persuadidas y manipuladas, lo que puede hacer que participen en acciones ilegales o perjudiciales para ellas' 54. A título de ejemplo, véase la
siguiente gráfica 55, en la que se observa el elevado porcentaje de delitos cometidos por personas con TEAF, que se acrecienta conforme lo hace la edad de diagnóstico.
iii. Además, 'las personas con TEAF tienen un mayor riesgo de mostrar comportamientos sexuales inadecuados, como insinuaciones y tocamientos indebidos. Si la persona con un TEAF también es víctima de violencia, aumenta el riesgo de que
tenga una conducta sexual inadecuada' 56.
iv. El TEAF está asociado a un mayor índice de trastornos cognitivos y problemas psicológicos, como puede verse en las tablas que se muestran a continuación:
Tabla 1. Frecuencia de trastornos cognitivos y enfermedades mentales o problemas psicológicos en las personas con TEAF
Fuente: Guía de Ayuda a la asistencia en el SAS
54 Ídem.
55 https://visualteal-.com/ vvp-content/uploads/201 9/07/DOSlER-Visual-TEAF-iunl9.pdf
56 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, Guía de Ayuda a la asistencia en el SAS, p. 25.
Tabla 2. Prevalencia de trastornos cognitivos y enfermedades en personas con TEAF y población general
Fuente: Guía de Ayuda a la asistencia en el SAS
Tabla 2. Prevalencia de pronóstico desfavorable en el trastorno del espectro alcohólico fetal (Adaptada de Streissguth, et al')
Fuente: VV. AA., 'Trastorno del espectro alcohólico fetal. Un trastorno del neurodesarrollo infradiagnosticado y de pronóstico incierto'
Sexto. Conclusión.
El desconocimiento que aún hoy hay en España acerca del TEAF, unido a sus importantes 'repercusiones a nivel personal, familiar y social' 57, nos lleva a concluir -en línea con las conclusiones de la declaración institucional del Senado a la
que nos hemos referido supra 58- que es necesario realizar un estudio más exhaustivo del trastorno encaminado a dos fines:
i. Facilitar su diagnóstico precoz, para un abordaje del TEAF desde el plano psicopedagógico y de la atención temprana.
ii. Prevenir los nuevos casos de TEAF a través de una mayor concienciación social de su existencia y gravedad.
57 VVAA., 'Trastorno del espectro alcohólico fetal. Un trastorno del neurodesarrollo infradiagnosticado y de pronóstico incierto', Medicina (Buenos Aires), 2019, Vol. 79 (Supl. I), p. 63.
58 https://visualteaf.cpm Avp-content/uploads/2019/09/Declaraci%C3?%B3n-institucional-SEADO.pdf
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Elaborar, en el marco de las competencias del Estado en materia de igualdad en el acceso al derecho a la salud (149.1.1a y 43.1 de la Constitución Española), así como en materia de fomento de la investigación científica (artículo
149.1.15a), un estudio exhaustivo que recoja, como mínimo, los siguientes datos de carácter sociosanitario:
1. Etiología del TEAF.
2. Prevalencia actual del TEAF en España.
3. Enumeración de todos y cada uno de los síntomas o manifestaciones externas del TEAF, para hacer posible la creación de un protocolo diagnóstico para la detección precoz.
4. Descripción de las necesidades (académica, psicológica, y de cualquier otro cariz) que pueden presentar los menores y jóvenes con TEAF para su desarrollo integral
b) Dar traslado con carácter inmediato de dicho Informe a la Comisión Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.'
Palacio del Congrego de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
161/002572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Rocío De Meer Méndez, D.ª María de los Reyes Romero Vilches, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Lourdes Méndez Monasterio, D.ª Georgina Trías Gil y D. Francisco José Contreras Peláez, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley de
promoción y fomento de la familia y la natalidad como solución a la crisis demográfica en España, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. El problema demográfico de España.
'En España, la termita demográfica viene trabajando sin descanso desde hace ya años (desde mediados de los sesenta del siglo pasado)' 59. Son palabras del Defensor del Pueblo en un estudio monográfico dedicado a esta cuestión, que concluye
que el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida convierten indefectiblemente al sistema poblacional español en una 'demografía insostenible' 60.
Efectivamente, España se enfrenta a una grave crisis demográfica de funestas consecuencias socioeconómicas -a corto y medio plazo- y de supervivencia biológica -a largo plazo-. Y es que, como afirmó don Juan Velarde Fuertes, premio Príncipe
de Asturias de Ciencias Sociales, '¿qué futuro tiene un país de viejos?'.
A fin de ilustrar la referida premisa, traemos a colación una serie de datos relativos al aumento de la población envejecida y a la disminución de la tasa de natalidad:
a) En 1976, el porcentaje de población menor de 20 años era el 35,60%. En 2018, dicho porcentaje se redujo casi a la mitad (19,80 %).
59 .'La situación demográfica en España. Efectos y consecuencias', Separata del volumen II del Informe anual del Defensor del Pueblo, Madrid, 2019, p. 13. Acceso en línea:
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/06/Separata situación demografica.pdf
60 .Op. Cit., p. 14.
b) A la inversa ocurre con la población de la tercera edad. Así, según las proyecciones del INE elaboradas en 2018, si en ese año la población mayor de 80 años era el 6,2 % del total, en 2030 el porcentaje crecerá hasta el 7,2 %.
c) Además, en España contamos con una elevada esperanza de vida que el INE concretaba, en estudios de 2019, en 80,9 años para los hombres y 86,2 para las mujeres 61.
d) Por el contrario, el número de hijos por mujer en España se ha reducido, entre 1976 y 2018, de 2,77 a 1,31. Esta última cifra no solo se sitúa por debajo del índice de b) A la inversa ocurre con la población de la tercera edad. Así,
según las proyecciones del INE elaboradas en 2018, si en ese año la población mayor de 80 años era el 6,2 % del total, en 2030 el porcentaje crecerá hasta el 7,2 %.reemplazo (2,05 hijos por mujer), sino que incluso es muy inferior a la media europea
(1,59 hijos por mujer en 2017).
61 https:// www.ine.es/iaxi/Datos.htm?path=/tOO/muieres hombres/tablas 2/10/&file=dlgl.px#!tabs-tabla
e) Con arreglo a las estadísticas oficiales de los últimos años, la tendencia de la pirámide de población española es hacia una creciente inversión. Hay comunidades como Galicia 62, Asturias o Castilla y León, donde a final de año el número
de fallecidos duplica al de nacidos. El futuro que aguarda a los países con pirámides demográficas inviables es un declive socioeconómico insubsanable. Por el contrario, los países con una demografía saneada gozan de una ventaja económica
innegable frente al resto. Como escribió Auguste Comte, filósofo y sociólogo del s. XIX, 'la demografía es el destino'.
Segundo. Consecuencias del problema demográfico.
De acuerdo con lo señalado, las consecuencias que a corto y medio plazo acarrea para nuestro país el problema descrito son de dos tipos: sociales y económicas.
El principal perjuicio social que se derivará del llamado 'invierno demográfico' es el exponencial aumento de la población anciana, cada vez más dependiente y sola, cuyas necesidades no podrán ser suficientemente atendidas por las
generaciones más jóvenes, mucho menos numerosas.
Por cuanto respecta a las consecuencias económicas, la más acuciante de ellas es la imposibilidad de mantener el funcionamiento del actual sistema de pensiones. En el citado informe del Defensor del Pueblo se afirma que, 'si se capitalizara
todo lo aportado a la Seguridad Social para pensiones (por un trabajador y
62 Galicia: https://www.ine.es/iaxiT3/Datos.htm?t=6546#!tabs-tabla y https:/ / w ww.i ne.es/jaxiT3/Datos.htm?t=6519#!tabs-tabla?Principado de Asturias: https://www.ine.es/iaxiT3/ Datos. htm?t=6546#! tabs-tabla y
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm? t=6519#!tabs-tabla?Castilla y León: https://wvw.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=6546#!tabs-tabla y https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=6519#!tabs-tabla
su empresa) y ese trabajador se jubilase a los 65 años, este capital serviría para pagar, aproximadamente, 16 años de su pensión. Pero la esperanza media de vida de ese trabajador en el momento de jubilarse es, aproximadamente, de veinte
años. A medida que aumente la esperanza de vida por encima de la edad de jubilación, mayor será el desequilibrio' 63. La conclusión es obvia: a mayor esperanza de vida y menor natalidad, más dificultad para hacer frente al sistema de pensiones
tal y como está diseñado en España. El brutal déficit del sistema de pensiones ha obligado a consumir en pocos años el Fondo de Reserva.
Tercero. Posibles soluciones.
1. Medidas públicas para revertir la tendencia demográfica.
Es responsabilidad de los poderes públicos tratar de revertir la situación demográfica expuesta y las consecuencias que de la misma se derivan. Y ello porque recaen sobre ellos, entre otras, las siguientes obligaciones de orden
constitucional:
a) 'Promover (...) las condiciones favorables para el progreso social y económico' (artículo 40.1 de la Constitución Española, 'CE').
b) 'Manten[er] un régimen público de seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad' (artículo 41 CE).
c) 'Garantizar (...) la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad' (artículo 50 CE).
Las acciones que los poderes públicos pueden y deben acometer para vencer el invierno demográfico han de centrarse, en esencia, en el apoyo al matrimonio y a la familia y, más específicamente, en el fomento de la natalidad. Tal línea de
actuación se reconoce asimismo como deber en el artículo 39.1 CE, que afirma que 'los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia'. La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias numerosas,
concreta la referida obligación en su Disposición Adicional Segunda, al puntualizar que 'el Estado, las comunidades autónomas y las Administraciones locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán ampliar la acción protectora de esta
ley para contribuir a la mayor efectividad del principio establecido en el artícido 39 de la Constitución'. A tal fin:
a) En primer lugar, los poderes públicos han de respetar el principio de protección a la familia consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 16.3), que afirma que 'la familia es el elemento natural y fundamental
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado'. Es en la familia donde se desarrolla la enseñanza básica afectiva, educativa, social y económica de todas las personas. Como medida de protección de dicha institución, no
solo ha de promoverse la creación de nuevas familias, sino que también ha de prestarse el oportuno apoyo a las ya existentes.
b) En segundo lugar, los poderes públicos han de reconocer y declarar que el matrimonio es una institución social esencial, en tanto que es el fundamento de la familia. Las estadísticas demuestran que las parejas casadas tienen más hijos
(1.8 en España) que las parejas de hecho, y que los niños que se crían con su padre y su madre gozan de un mayor bienestar económico y mejores índices de aprovechamiento escolar, estabilidad emocional y adaptación social que los criados por padres
separados o sobrevenidos. Y, como aplicación de lo anterior, han de implementar las políticas necesarias para revertir la curva descendente de número de matrimonios contraídos 64.
2. La lucha contra la natalidad en el Derecho comparado.
i. Hungría.
Europa debiera fijarse en el ejemplo de Hungría, un país que ha logrado en poco más de diez años paliar el problema demográfico en que se encontraba inmerso. Lo ha conseguido, además, sin tener que recurrir a soluciones parciales y de corto
alcance como la inmigración 65, sino simplemente fomentando el potencial de su propio país.
63 'La situación demográfica en España. Efectos y consecuencias', Separata del volumen II del Informe anual del Defensor del Pueblo, Madrid, 2019, pp. 77-78.
64 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176999&menu =ultiDatos&idp=1254735573002
65 D. Alejandro Macarrón Larumbe, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, en una entrevista concedida a la COPE (http://www.carlosherrera.com/web/noticiasl.asp?Id=9613') afirmó a este respecto lo siguiente: 'Ya no
podemos apoyarnos en pensar que con la inmigración se puede solucionar, porque si hay un declive demográfico fuerte tampoco van a venir extranjeros. Que haya inmigración es solo una solución parcial'.
Para lograr tal objetivo, los poderes públicos húngaros adoptaron una serie de medidas tendentes a revertir la tendencia antinatalista (o anti-familia, si nos fijamos en la causa remota), que impera en las modernas sociedades occidentales.
Concretamente, articularon un sólido sistema de apoyo a la familia que agrupaba medidas institucionales (creación de un Ministerio de Familia), tributarias (reconocimiento de ventajas fiscales asociadas al número de hijos), sociales
(otorgamiento de ayudas económicas como préstamos para parejas jóvenes), laborales (aumento de la baja por maternidad), bioéticas (campaña de disuasión del aborto) y de concienciación social (información sobre las consecuencias del invierno
demográfico).
Los resultados hablan por sí solos. Según los datos de la Oficina de Estadística Central de Hungría, sus políticas para vencer el invierno demográfico han alcanzado los siguientes logros, comparando las cifras de 2008 y 2018:
- Que el número de matrimonios aumente de 35.520 a 50.828.
- Que los divorcios se reduzcan de 23.873 a 16.952.
- Que la tasa de fecundidad aumente de 1,25 a 1,49 hijos por mujer.
- Que el número de abortos disminuya de 40.449 a 26.941.
ii. Polonia.
En abril de 2016, el Parlamento polaco aprobó un aumento de las ayudas económicas a todas las familias que tuviesen dos o más hijos y que no alcanzan ciertos niveles adquisitivos 66. Puede observarse que la natalidad en Polonia comenzó a
aumentar a partir de ese año:
66 https://www.lavanguardia.com/vida 720190426/461869634060/polonia-amplia-sus-ayudas-a4a-natalidad-y-las-hace-universales.html y https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190426/polonia-amplia-ayudas-natalidad-universales-7425457
Las ayudas del Gobierno polaco a las familias para el fomento de la natalidad se han ampliado en 2019; ahora ya no dependen del nivel económico de los perceptores, sino que la ayuda se recibe por el mero hecho de tener uno o más hijos, en
las siguientes cuantías:
iii. Estados Unidos.
Durante el gobierno de George H. W. Bush (1989-1993), se implantaron una serie de medidas encaminadas a la 'revalorización sociopolítica de la familia basada en el matrimonio' 67, tales como la 'obligación de que las parejas que solicitan
casarse asistan a cursillos previos sobre el significado del matrimonio' 68, 'la obligación, para las parejas que solicitan un divorcio, de pasar antes por consejeros y mediadores' 69, la 'educación para el matrimonio' 70, o la 'reintroducción de la
necesidad de motivar el divorcio' 71.
Tales políticas públicas de apoyo a la familia fueron puestas en marcha, en primer término, únicamente en una serie de municipios, bajo el nombre de 'community marriage policios'. Propiciaron, entre otros efectos, un notable 'descenso del
57% del índice de divorcios en Modesto (California) y de un 79% en El Paso (Texas)' 72.
67 CONTRERAS PELÁEZ, F. J., La fragilidad de la libertad, Homo Legens, Madrid, 2018, p. 76.
68 Op. Cit, p. 77.
69 Idem.
70 Idem.
71 Idem.
72 Idem.
George W. Bush continuó durante sus años de mandato (2001-2009) la línea iniciada por su padre y predecesor en relación con las políticas pro-familia 73. Así, en 2006 aprobó y dotó con 100 millones de dólares anuales una serie de programas
('Marriage and Fatherhood Programs') coordinados por el Gobierno a través del Departamento de Salud y Servicios sociales ('Department of Health and Human Services').
Estos programas destinados a fortalecer la institución del matrimonio y de la familia 74, especialmente mediante el apoyo económico a los estratos sociales económicamente menos favorecidos. El efecto positivo de algunos de ellos (v. gr., el
denominado 'Supporting Healthy Marriage') fue estudiado en un informe publicado en 2014 por varios investigadores a petición del Gobierno 75.
Cuarto. Conclusión.
Sobre la base de los datos expuestos en los ordinales precedentes, es claro que España afronta un grave problema demográfico cuya solución estriba -y así se ha visto en otros países similares al nuestro- en el aumento de los índices de
natalidad. Por ello, en aras de un mayor bien para la sociedad y economía españolas del presente y del futuro, el Grupo Parlamentario VOX propone que España apueste por el fomento de la familia y la natalidad como medio para revertir la actual
'demografía insostenible'.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Diseñar, impulsar y coordinar políticas familiares encaminadas a la reversión de la tendencia descendente de la natalidad.
2. Elaborar un Pacto Social, Político e Institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.
3. Crear una Conferencia Sectorial de la Familia que establezca planes específicos de cooperación entre las diferentes Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, procurando la supresión de duplicidades y la consecución de
una mejor eficiencia de los servicios públicos destinados a esta materia.
4. Poner en marcha una campaña de comunicación institucional que, desde un tratamiento positivo del matrimonio, la familia y la paternidad, promueva la concienciación de la opinión pública acerca de la gravedad del invierno demográfico en
España.
5. Elaborar informes independientes que versen sobre la situación demográfica de España, las causas que han llevado al grave decrecimiento de la natalidad y las posibles soluciones para revertiría.
6. Otorgar ayudas públicas directas a los progenitores que tienen hijos a su cargo, que serán independientes de las que aquellos puedan percibir por otros conceptos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2021.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio, Georgina Trías Gil y Francisco José Contreras Peláez,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
73 https://www.nytimes.com / 2004/ 01/14/ us/ bush-plans-1,5-billion-drive-for-promotion-of-marriage.html
74 https://www.acf.hhs.gov/ ofa/programs/healthy- marriage#: ~: text=The % 20Healthy % 20Marriage % 20and % 20Responsible/and % 20improve % 20f amily % 2 0economic%20stability. https: / / www.nationalaff airs. com / publica tions /
detail / the-evolu tion-of-divorce
75 'A Family-Strengtheníng Program for Loio-Income Families: Final Impacts from the Supporting Healthy Marriage Evaluation, Technical Supplement'. Acceso en línea: https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/shm 30 month technical
supplement.pdf En la página 30, afirma: 'The mam impact analysis toas limited to 30 prespecified core outcomes. The se mere outcomes that mere deemed most likely to be affected by a successful marriage education program and that have substantial
policy significance. When conducting a múltiple comparisons adjustment, limiting the set of outcomes considered reduces the evidence required to conclude that impacts on each outcome are significant'.
161/002613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a fomentar y mejorar el
acceso de las personas con discapacidad a las Universidades españolas, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El pasado 20 de abril se presentó el V Estudio 'Universidad y Discapacidad', que aborda el grado de inclusión actual de las personas con discapacidad en la educación superior española, y que se elabora por la Fundación Universia, con el
apoyo del Banco Santander y con la colaboración de Fundación ONCE, CRUE Universidades Españolas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Real Patronato sobre Discapacidad.
El objetivo de este Estudio, elaborado por quinto año con carácter bienal, es medir el grado de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español relativo al curso 2019-2020 y mostrar la evolución que se ha
producido durante los diez cursos académicos transcurridos desde el arranque de este proyecto en 2011.
Este Estudio ha contado con la participación de 1.860 universitarios con discapacidad que están cursando estudios universitarios en la actualidad o que lo han hecho recientemente. Por otra parte, las 61 Universidades (públicas y privadas)
que han colaborado, representan el 76 % de Universidades y engloban al 87 % de los universitarios con discapacidad del sistema universitario español.
Así pues, tal y como se recoge en el informe, la llegada de la pandemia provocada por la COVID-19 ha impactado fuertemente en las Universidades provocando cambios que afectan a la vida de toda la comunidad universitaria y, especialmente, a
la de las personas con discapacidad.
Muchos estudiantes con discapacidad han encontrado nuevas dificultades para continuar sus estudios desde su hogar, el 21 % de estos alumnos afirma tener mayores dificultades para seguir las clases en tiempos de coronavirus.
Casi una cuarta parte de los encuestados se queja de la falta de recursos tecnológicos y dispositivos digitales para poder estudiar desde su hogar (24 %), pero también manifiestan otras necesidades derivadas de la COVID-19, dificultades para
realizar exámenes y seguir las clases (17 %) y algunos problemas a nivel psicológico (aislamiento, soledad, ansiedad), entre otros.
Todo ello en un marco en el que se mantiene la tendencia de ediciones anteriores del estudio que refleja que la proporción de estudiantes con discapacidad presentes en la Universidad es menor a medida que avanza el nivel formativo. De los
19.910 universitarios de grado, de primer y segundo ciclo, con discapacidad representados en el Estudio, la proporción de estudiantes que permanecen en la Universidad va disminuyendo, contando con un 1,5 % de estudiantes de Grado en primer y segundo
ciclo; 1 % de posgrado y máster y 0,8 % de doctorado.
Por tipo de discapacidad se mantiene también la tónica de que la discapacidad predominante entre los estudiantes de Grado, primer y segundo ciclo con discapacidad es la discapacidad física (30,4 %), seguida de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo (11,8 %), las personas con discapacidad sensorial (10 %) y, por último, las personas con discapacidad psicosocial o relacionada con salud mental (3,9 %).
Por otro lado, referido a las mujeres con discapacidad, según los datos recopilados en la encuesta realizada a los universitarios con discapacidad, un 11 % de mujeres con discapacidad han afirmado que el hecho de ser mujer ha supuesto
mayores dificultades en el acceso a sus estudios universitarios, que la experimentada por sus compañeros hombres. Este porcentaje aumenta hasta casi el 16 % cuando se les pregunta acerca de las dificultades que han tenido a lo largo de toda la
carrera universitaria por el hecho de ser mujer.
El número de mujeres que se ha matriculado en el curso 2019-2020 en las universidades españolas es superior al de los hombres (un 55 % de mujeres frente a un 45 % de varones). Sin embargo, la tendencia se invierte si se tiene en cuenta la
variable de la discapacidad, donde el número de mujeres con discapacidad respecto al total de estudiantes matriculados en las universidades es del 1,2 %, frente al 1,6 % de hombres que lo hicieron durante ese mismo curso.
En consecuencia, de este V Estudio 'Universidad y Discapacidad' se desprende que, si bien las personas con discapacidad están alcanzando metas impensables hace unos años, todavía queda mucho camino por recorrer, por lo que las
Administraciones Públicas tienen que instar medidas e iniciativas destinadas a potenciar la presencia de las mismas en nuestras Universidades.
Máxime si queremos dar cumplimiento efectivo al artículo 24, especialmente su apartado 5, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Universidades, a:
- Establecer un estudio y diagnóstico de las Universidades, en lo relativo a las barreras físicas, cognitivas, de comunicación o de otras características actualmente existentes y que impiden o dificultan el acceso a las personas con
discapacidad a los programas educativos y centros universitarios.
- Implementar un Plan de actuación, con dotación económica suficiente, para su eliminación, promoviendo la accesibilidad universal en nuestras Universidades.
- Fomentar la elaboración de Planes de accesibilidad en todas las Universidades españolas.
- Promover, en colaboración con las propias Universidades, que la organización educativa en todos sus aspectos, (normativa, programas formativos, metodología y recursos didácticos, etc.), manteniendo los objetivos educativos y calidad
generales para el nivel y centro universitario, contemplen las necesidades especiales de los estudiantes con discapacidad.
- Establecer los apoyos y servicios complementarios precisos para responder adecuadamente a las necesidades de los alumnos con discapacidad.
- Garantizar que todos los alumnos con discapacidad podrán realizar sus exámenes y pruebas de calificación en igualdad de condiciones que el resto del alumnado, para ello podrán utilizar sus prótesis auditivas, etc.
- Impulsar iniciativas que fomenten la matriculación de las personas con discapacidad en nuestras Universidades (Públicas o Privadas).
- Desarrollar programas específicos destinados a las alumnas con discapacidad que mitiguen la doble discriminación que, en muchas ocasiones, sufren por el hecho de ser mujer, y tener discapacidad.
- Dotar económicamente de medios materiales y tecnológicos a aquellos alumnos con discapacidad más vulnerables para que puedan estudiar en igual de condiciones que el resto de sus compañeros'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2021.-Carmen González Guinda, Alicia García Rodríguez, María Jesús Moro Almaraz y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, relativa a la declaración de la Gran Senda del Navia como obra de interés general para su inclusión en el programa de Caminos Naturales del MAPA.
Exposición de motivos
Las presiones del modelo económico actual sobre los recursos naturales, en el ámbito de lo rural, impiden el buen desarrollo de políticas medioambientales dificultando la efectividad e incluso aprobación de planes de conservación y gestión,
imprescindibles para el equilibrio entre el uso y disfrute de los espacios protegidos.
Los caminos naturales son más de 10.300 kilómetros de antiguas infraestructuras de transporte que actualmente se dedican a usos senderistas y ciclistas, los cuales están repartidos en unos 130 itinerarios. Antiguas vías de ferrocarril,
canales, caminos de sirga, vías pecuarias, sendas e Incluso antiguos caminos públicos vuelven a ser utilizados por una población que demanda, cada día más, el contacto con la naturaleza y espacios tranquilos en los que poder ejercer actividades
recreativas, turísticas y deportivas alejadas del tráfico motorizado.
Los Caminos Naturales son recuperados por el MAPA en colaboración con otras administraciones territoriales que se encargan de su posterior mantenimiento y gestión. Dicha gestión forma parte del Programa de Caminos Naturales, vigente desde
1993, y con más de 250 millones de euros invertidos hasta ahora.
Por ello, los caminos naturales se están consolidando además como una fuente de conocimiento de la biodiversidad, al tiempo que están dando respuesta a una creciente demanda social de servicios turísticos alternativos.
La Diputación de Lugo y el gobierno de Asturies, con el apoyo de dos federaciones de senderismo y montaña, once asociaciones culturales y deportivas y una fundación cultural, presentaron en enero de 2018 en Ministerio de Medio Ambiente, el
anteproyecto para la Gran Senda del Navia, y en el que exponían de manera concisa y clara por qué sería necesario apoyar esta ruta.
Crear la Gran Senda del Navia es una apuesta contra la despoblación y un proyecto para divulgar la riqueza paisajística, patrimonial y cultural de las comarcas fonsagradina y ancarina, en Galicia, y las del Navia y Suroccidente de Asturias.
La senda que se propone tendría alrededor de unos 428 kilómetros de recorrido cerca del río Navia, que son 143 kilómetros, desde el nacimiento del río cerca de O Cebreiro hasta la desembocadura en el Mar Cantábrico. Son cuatro comarcas, 16
municipios y unos 33.000 habitantes.
Impulsado por la Sociedad de Amigos de Boal, este proyecto fue sumando fuerzas y en 2016 contaba ya con el apoyo de diversas asociaciones y federaciones de montañismo, de los 16 concellos por los que transcurre la senda -siete lucenses y
nueve asturianos- y del amparo de la Diputación de Lugo y del Gobierno de Asturies.
Sin embargo, y a pesar de tratarse de uno de los proyectos más ambiciosos para la dinamización turística y medioambiental de la zona en los últimos años, se encuentra paralizado desde comienzos del 2018.
Este proyecto, como primer paso, precisa de su declaración de obra de interés general por parte del Gobierno de España y la aprobación de las Cortes Generales para su posterior inclusión en el 'Programa de Caminos Naturales' del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar el proyecto de la Gran Senda del Navia como obra de interés general.
2. Incluir la Gran Senda del Navia en el Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2021.-Sofía Fernández Castañón y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común.
161/002591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª María Teresa López Álvarez y D.ª Inés María Cañizares Pachecho, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actuación conjunta del Ejecutivo con las autoridades locales para la dinamización de la actividad pesquera y manufacturera de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Introducción.
La economía ceutí, otrora basada principalmente en el comercio fronterizo con Marruecos, se ha visto gravemente perjudicada en los últimos años. Como consecuencia de la dependencia comercial del país vecino, se han abandonado actividades
económicas significativas como la pesca y las manufacturas, lo que ha supuesto el aumento del desempleo y el cierre de empresas en ambos sectores.
En este contexto, el Gobierno de Rabat ha optado por la prohibición de importación de insumos y el cierre unilateral de fronteras, creando una situación insostenible, provocando incluso el desabastecimiento de alimentos en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
Primero. Excesiva dependencia del comercio transfronterizo.
1. La exclusión explícita de Ceuta de la Unión Aduanera a través del Protocolo II del Pacto de Adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas 76 ha propiciado un mayor flujo comercial de la Ciudad Autónoma con los territorios
colindantes que con el resto de la Unión Europea, lo que carece de sentido en nuestros días. Resulta, además, destacable la utilización de la política fronteriza como arma arrojadiza por parte del Gobierno de Marruecos que, de forma arbitraria,
comenzó a tomar medidas disuasorias del intercambio comercial a partir del pasado 16 de octubre de 2019.
2. Desde esta fecha, se ha sucedido de forma sistemática la implantación de medidas de cierre de frontera y limitación de importaciones a territorio ceutí por parte de las autoridades de Rabat, lo que ha provocado un grave perjuicio que
causa problemas de abastecimiento, especialmente en el ámbito de los productos frescos distribuidos en los mercados y negocios de restauración de la Ciudad Autónoma. Destacan episodios como el ocurrido el pasado 10 de febrero de 2020, como
consecuencia de la prohibición de importación de pescado fresco 77. La inexistencia de fuentes alternativas de suministros a las importaciones de productos marroquíes, supone un riesgo manifiesto para la sociedad ceutí.
Segundo. Consecuencias derivadas de la dependencia comercial en el sector pesquero.
3. Como consecuencia del tradicional incentivo de la actividad comercial fronteriza por las autoridades locales, además de la ya constatada dependencia de la producción marroquí, se observan
76 En desarrollo de lo estipulado en el artículo 25.2 del Tratado de Adhesión del Reino de España y la República de Portugal a las Comunidades Europeas.
77 'CEUTA Y MELILLA O CÓMO CONVERTIR UNA GRAVE CRISIS EN LA MEJOR DE LAS OPORTUNIDADES'. Instituto de Seguridad y Cultura.
otras circunstancias derivadas, pero no menos significativas, como la reducción del tejido productivo ceutí y el aumento en el desempleo de sectores económicos que, tradicionalmente, sostenían la economía de la Ciudad Autónoma.
4. Así, el número de empresas relacionadas con el sector pesquero ha descendido notablemente. Este descenso no afecta de forma exclusiva a las compañías dedicadas a la captura en la mar, pues también se han visto afectadas las empresas
conserveras, pilar tradicional de la industria manufacturera ceutí. La entrada de productos marroquíes, el aumento de costes de producción y las trabas administrativas y arancelarias para la exportación al resto de territorio comunitario han
supuesto el cierre de las fábricas dedicadas a la conservación de alimentos, que llegaron a ser 7 en territorio de la Ciudad Autónoma. Si bien en la actualidad no existen actividades de transformación del pescado en Ceuta, esta industria empleó a
más de 200 trabajadores.
5. La paulatina reducción del tejido productivo se refleja, lógicamente, en el dato de desempleo, observándose una menor ocupación en el sector señalado. Así, en los distintos Informes del Mercado de Trabajo en Ceuta elaborados por el
SEPE, se observa un descenso en el ritmo de contratación en el ámbito de las actividades del sector primario, habiéndose reducido la flota local a un total de seis barcos en activo de los doscientos que se contaban décadas atrás 78. Además, la
desaparición de las almadrabas existentes ha supuesto un importante revés para el sector, acumulando pérdidas del 80 % en los últimos 5 años 79. El citado informe del SEPE señala , además, una 'tercialización de la economía' 80.
6. El fenómeno anterior es resultado de una presencia testimonial de actividades del sector primario y una escasa actividad industrial desarrollada en la ciudad, como consecuencia del abandono institucional sufrido por la ciudad autónoma.
Este abandono queda evidenciado por la falta de presencia de oficinas estatales con competencias sobre la actividad pesquera, lo que implica que las empresas del sector deban acudir a sucursales sitas en la península para realizar los trámites
pertinentes.
78 https://www,ceutaactualidad.com/articulo/political/vox-pregunta-senado-gobierno-ha-evitado-declivesector-pesquero-ceuta/20200207135017098252.html
79 https://www,abc.es/economia/abci-sector-pesquero-estima-perdidas-superiores-54-millones-hasta-2026-acuerdo-post-brexit-202101051851_noticia.htm
80 Informe del Mercado de Trabajo en Ceuta 2018. Observatorio de las Ocupaciones, Servicio Público de Empleo Estatal
Tercero. Hacia la autonomía estratégica.
7. A la asfixia económica a la que se ve sometida la Ciudad Autónoma por las políticas fronterizas marroquíes, se suma la crisis de abastecimiento alimentario. Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma se plantea como solución única la
reducción del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación 81, para la adquisición de pescado procedente de lonjas andaluzas, pretendiendo a través de esta medida garantizar el suministro.
8. La Asamblea de Ceuta aprobaba en septiembre de 2009 de forma unánime y a proposición del Grupo VOX, la creación de un Plan Integral para la Recuperación de la Actividad Pesquera en Ceuta. A través de dicho plan se pretende dinamizar el
sector primario y convertirlo en un motor de la economía local, alcanzando así la autonomía productiva estratégica que permita el autoabastecimiento.
9. La línea de actuación marcada por el Ejecutivo, sin embargo, no tiene en cuenta los beneficios del desarrollo de la actividad pesquera local, a saber; crecimiento de la tasa de empleo, creación de riqueza y estabilidad social y
económica del territorio autónomo. Además la medida señalada por el Ejecutivo, ha de ser acompañada de iniciativas complementarias, pues de lo contrario, se volverá a exponer a la Ciudad Autónoma a una situación de dependencia de otros territorios,
alejándose así de la idea originaria de capacidad de autoabastecimiento.
Cuarto. Obstáculos actuales.
10. Si bien los recursos marinos a explotar no requieren de actuación alguna por parte del Gobierno ceutí, la adecuación de las infraestructuras para el desarrollo de la actividad pesquera es una medida que las autoridades públicas locales
y nacionales deben acordar, estableciéndose un mecanismo que permita facilitar la concesión de licencias necesarias para ejercer la labor de captura.
11. En primer lugar, es esencial para la flota pesquera disponer de amarres suficientes en las instalaciones portuarias de la ciudad, pues de lo contrario, el desarrollo de la actividad de captura se torna imposible.
12. Además, la falta de recintos que acojan la lonja de la ciudad dificulta sobremanera la actividad comercial, destinándose el lugar en que tradicionalmente se venía desarrollando la venta de mercancías, a usos de diversa índole en la
actualidad, alejados a todas luces de la función para la que fue concebido.
13. Por último, la desaparición de la industria de transformación de materias primas impide el desarrollo del sector manufacturero en el territorio de la Ciudad Autónoma, que se vería manifiestamente beneficiada por la revitalización del
sector secundario.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover actuaciones conjuntas con las autoridades locales ceutíes para la dinamización de la actividad pesquera y manufacturera en la Ciudad Autónoma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Inés María Cañizares Pacheco y María Teresa López Álvarez, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para apoyar la candidatura de la Reserva de la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, en la Rioja, al reconocimiento como geoparque, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
81 Informe del Mercado de Trabajo en Ceuta 2018. Observatorio del Servicio Público de Empleo Estatal.
Exposición de motivos
Recurso natural de gran importancia, la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, localizado en La Rioja, es candidata al reconocimiento como geoparque, según las directrices que la Unesco marca para optar y
alcanzar tal identidad y verificación.
Un geoparque es un territorio reconocido por la Unesco como poseedor de un patrimonio geológico de relevancia internacional y con un valor relevante y de gran trascendencia para el conocimiento real de la historia de la Tierra. Así mismo
debe ser modelo de excelencia en materia de desarrollo sostenible en materia de patrimonio geológico, puesto que se busca preservar, desarrollando, el territorio en el que se localiza.
El Gobierno de España ha asumido un compromiso firme con el Programa Mundial de Geoparques de la Unesco, marcado a través de los principios de la Agenda 2030. Además, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y con el hilo conductor de la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco, se establece también un importante vínculo colaborador con el mencionado Programa
Mundial.
La Rioja reúne ciento setenta yacimientos de icnitas con más de once mil huellas, realidad de gran relevancia avalada por un trabajo arqueológico y geológico de sesenta años de investigación acreditados, vinculando al mismo a veintidós
municipios que pueden enorgullecerse de contar con este tesoro.
Las huellas de dinosaurio fosilizadas y su indudable valor científico simbolizan y representan un magnífico referente de patrimonio paleontológico con relevancia cultural, económica y social. Las presentes en La Rioja son las de mayor valor
a nivel internacional, por su cantidad y estado de conservación, siendo también actrices de primer rango en los estudios científicos y educativos escolares y universitarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Amparar y fomentar el apoyo a la candidatura de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, en La Rioja, al reconocimiento como geoparque, según los criterios calificadores de la Unesco, contribuyendo de
este modo a:
- Impulsar el desarrollo económico y social de este territorio de La Rioja. Mejorar la conservación del patrimonio paleontológico nacional, tesoro real de la humanidad.
- Fomentar las investigaciones y divulgación entre la ciudadanía de la riqueza geológica de los yacimientos.
- Aportar un nuevo instrumento para afrontar la asignatura del reto demográfico, el desarrollo sostenible de La Rioja y los objetivos de la Agenda 2030.
- Lograr una justa proyección internacional, posicionando a esta Reserva de la Biosfera como ineludible referente en icnitas, huellas fosilizadas de dinosaurio.
2. Apoyar la puesta en valor justa y necesaria de un recurso único a nivel mundial, con un valor relevante para el conocimiento real de la historia de la Tierra, mediante un compromiso efectivo con la conservación del patrimonio.
Garantizar que los usos que se prevean para el futuro geoparque sean compatibles con ser parte de una reserva de la Biosfera.
3. Contribuir a la ampliación de los canales de divulgación de los valores patrimoniales paleontológicos y geológicos y de educación, respeto y protección medioambiental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Juan Cuatrecasas Asúa y Raquel Pedraja Sáinz, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura y Deporte
161/002552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la adhesión del Gobierno en las acciones dirigidas a declarar el Día
de Sant Jordi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el marco de la UNESCO, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Nacida en Cataluña, la festividad de Sant Jordi es cada vez más valorada por los ciudadanos del resto de España. Se ha conseguido extender una celebración cultural vinculada no sólo a los libros, sino también al acto de regalarlos.
El 1995, la UNESCO proclamó día mundial del libro y del derecho de autor el 23 de abril. La fecha coincide con los decesos de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, en la página de la UNESCO
sobre la conmemoración de este día se explica que su origen se encuentra en Cataluña, donde es tradición regalar una rosa y un libro el 23 de abril, día de Sant Jordi.
Desde Ciudadanos consideramos que la festividad de Sant Jordi posee un valor en sí misma. El ritual del regalo de la rosa y el libro se transmite de generación en generación y lo viven tanto los más pequeños como los mayores. Es un día en
el que las escuelas, casales y centros cívicos celebran juegos florales y concursos literarios. Los centros educativos explican cada año la leyenda del dragón de Sant Jordi, y se anima a los más pequeños a leer y a escribir. Es, pues, una fiesta
que involucra a toda una sociedad alrededor de los libros y las rosas, que uno regala a las personas que quiere. Las calles se llenan de libros y de flores. Es difícil imaginar un acto festivo más civilizado y más hermoso.
Por estas razones consideramos que la festividad de Sant Jordi debería ser reconocida por los valores universales que representa en un contexto internacional.
El pasado 13 de enero de 2017, la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos instando al Gobierno de España a dar apoyo a las iniciativas que la festividad de Sant
Jordi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el marco de la UNESCO. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha producido ningún avance en esta materia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a realizar con carácter inmediato las gestiones necesarias para que la festividad de Sant Jordi sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el marco de la UNESCO.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre abordaje del papel del deporte en la lucha contra el cambio climático, para
su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 establece 'la acción por el clima', que se traduce en la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Además, dentro del objetivo, estable como metas 'la
incorporación medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales (13.1)', la 'mejora de la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana (13.3)'.
Además, en la resolución 70/1 de la Asamblea General de la ONU, titulada 'Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible' y aprobada en 2015, también se reconoce el papel del deporte en el fomento del progreso
social: 'El deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también el
empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social'.
Además, el cambio climático y sus principales consecuencias (sequías, inundaciones, aumento de las temperaturas, incremento del nivel del mar ... ) están afectando de manera directa al deporte.
Hemos comprobado como las altas temperaturas han obligado a modificar las fechas y horarios de campeonatos, la falta de nieve ha provocado la suspensión de competiciones de esquí, o como instalaciones deportivas han sido destruidas por
episodios climáticos extraordinariamente adversos, como recientemente hemos podido ver tras el paso del temporal 'Filomena'.
En definitiva, el deporte no está al margen de esta lamentable realidad que supone el Cambio Climático.
Ante esta situación, hay que reconocer y valorar positivamente varias iniciativas del ecosistema deportivo que han puesto el acento en esta circunstancia y están implementado proyectos específicos para hacer frente a las consecuencias del
cambio climático.
Sin duda el deporte, debido al gran número de personas que lo practican en los distintos niveles, se puede convertir en una plataforma para conseguir reducir la huella de carbono. No solo a nivel de la práctica deportiva en sí, sino en la
vida diaria de las y los deportistas. Para lograrlo, el mundo del deporte debe ser ejemplar. Por eso es imprescindible que las administraciones públicas y las instituciones deportivas pongan en marcha programas específicos para la adaptación y
resiliencia al cambio climático, como se establece en la meta 13.1 de los ODS, y reducir progresivamente la huella de carbono de la práctica deportiva.
Tanto los efectos del cambio climático como las iniciativas para combatir sus consecuencias en el mundo del deporte no pueden abordarse exclusivamente desde la Administración General del Estado. Es imprescindible la colaboración y la
cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales, que son las que ostentan la mayor parte de la competencias en materia deportiva, sobre todo en el deporte de base, que es el que mayor número de personas mueve en nuestro país.
En este sentido, el 23 de julio de 2018 se constituyó la primera Conferencia Sectorial de Deporte de la historia. La reunión, celebrada en el Consejo Superior de Deportes, contó con la presencia de los consejeros autonómicos con competencia
en materia deportiva. Además, sería muy positivo que participaran la Federación Española de Municipios y Provincias o representantes de otros ministerios cuando se traten asuntos que les afecten.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar la creación, en el seno de la Conferencia Sectorial de Deporte, de un grupo de trabajo específico, tal y como recogen el reglamento de organización y funcionamiento de la Conferencia Sectorial del Deporte, para abordar el papel
del deporte en la lucha contra el cambio climático con la participación de las comunidades autónomas, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Federación Española de Municipios y Provincias, junto con la Asociación del Deporte
Español (ADESP).
2. Estudiar la posibilidad de recoger en las bases de las diferentes convocatorias de subvención o ayudas, promovidas por el Consejo Superior de Deportes, criterios evaluables de sostenibilidad de los eventos o infraestructuras
subvencionadas.
3. Estudiar la paulatina incorporación en la futura revisión del Censo Nacional de Instalaciones deportivas de una auditoría para el cálculo de la 'huella de carbono' con el objetivo de incentivar futuras inversiones en estas instalaciones
y hacerlas más sostenibles.
4. Dedicar parte de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que le corresponden al Ministerio de Cultura y Deporte a incentivar las inversiones y rehabilitaciones energéticas en las instalaciones de los Centros de Alto
Rendimiento y Centros de Tecnificación Deportiva para convertirlas en eficientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Javier Antón Cacho y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Cultura y Deporte, relativa a la no discriminación por acento.
Exposición de motivos
La igualdad es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico español que los poderes públicos tienen la obligación de proteger, de modo que se garantice su existencia real y efectiva (arts. 1 y 9.2 de la Constitución Española).
En el artículo 14, la Constitución prevé que los españoles son iguales ante la ley 'sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'.
La protección de la diversidad lingüística se concreta en el artículo 3, donde se contempla que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas CCAA de acuerdo con sus Estatutos (art. 3.2); en cuanto a las diferentes
modalidades lingüísticas de España, se las considera un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección (art. 3.3).
Asimismo, el artículo 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, prevé lo siguiente: 'Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales,
características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual'.
Si las lenguas han sido consideradas siempre como expresión de la identidad cultural de los pueblos, los acentos son el reflejo de nuestras historias, nuestras raíces y vínculos territoriales. Nuestros acentos y, en general, las formas en
que utilizamos el lenguaje proporcionan información sobre nosotros a los demás: son valiosos indicios sobre nuestro lugar de origen, clase social, nivel sociocultural, sexo, etc. Quiere esto decir que el modo en que una persona habla es un rasgo
constitutivo de su existencia individual y social, por lo que es importante protegerla y no castigarla, ya que atacarla constituiría una discriminación ligada al propio concepto de la identidad personal y social.
Con frecuencia, estas modalidades lingüísticas son objeto de burla, de estigmatización e incluso de discriminación. El sociolingüista Philippe Blanchet, profesor de la Universidad de Rennes-2 en Bretaña (Francia), acuñó el neologismo
glotofobia para hacer referencia a la discriminación que sufren los hablantes de variedades alejadas del estándar y que afecta al cumplimiento de derechos básicos, como el derecho al trabajo o a la vivienda. El acento del Mediodía francés, por
ejemplo, se percibe como poco serio, divertido y ligero, y esta percepción social se convierte en un factor discriminador que impide el acceso a ciertos empleos, a funciones de prestigio, como dirigentes empresariales o asesores financieros.
En España, los acentos más discriminados son los del sur. Extremadura, Andalucía, Murcia o Canarias son algunas de las regiones que sufren más glotofobia o hablismo (accentism).
El rechazo hacia los modos de hablar que no se ajustan al estándar está teñido de prejuicios ligados a la región o a la clase social, de estereotipos que nublan la percepción del otro y lo estigmatizan. Es frecuente que el hablante
estigmatizado desarrolle toda una estrategia de encubrimiento de un rasgo que siente como 'vergonzoso', causa de un doloroso sentimiento de inferioridad, y que tienda a adoptar, especialmente en situaciones de formalidad o distancia comunicativa, un
español más estándar. Este sentimiento de inferioridad explica también la exaltación orgullosa del 'acento andaluz' en campañas
publicitarias, como la reciente de la cerveza Cruzcampo -con la recreación de Lola Flores como protagonista- como si hubiera un único acento dentro de las hablas andaluzas, al mismo tiempo que se reivindican rasgos no lingüísticos del
'acento', como el brío, la pasión o la alegría de vivir, elementos que paradójicamente profundizan aún más los tópicos.
Es frecuente asociar las hablas meridionales (Extremadura, Andalucía, Murcia, el español de las islas) con una falta de nivel educativo y cultural (un modo de hablar rústico, paleto, vulgar, grosero). Así, en el año 2011, la señora Ana Mato
calificaba a los niños andaluces como 'prácticamente analfabetos' (El País, 25-10-2011).
O con una clase social baja, como ocurrió en el mismo Congreso, donde una diputada afeó a la ministra sevillana María Jesús Montero su habla andaluza asociándola a los barrios pobres (las 3000 viviendas) y a las situaciones informales
(mitin). En estos casos, la discriminación por el acento sirve de cauce de expresión a un profundo sentimiento clasista.
También es frecuente que se la tenga por una forma de hablar 'graciosa' (hablar con desparpajo, exageración, comparaciones ... ), tópico que provoca que cuando estemos en un registro formal el hablante no sea tomado en serio o se le perciba
como poco experto. O una forma de hablar ininteligible (nos comemos las letras), prejuicio que llevó, por ejemplo, a Artur Mas a decir de los niños de Sevilla, Málaga y La Coruña que 'allí hablan el castellano, efectivamente, pero a veces a algunos
no se les entiende. A veces no se les acaba de entender del todo pero hablan castellano, efectivamente, ¿dónde está el problema?' ('Mas se mofa de los acentos andaluz y gallego para defender la inmersión', La Voz de Barcelona, 29-9-2011).
Para ver que las variedades del español siguen estigmatizadas solo hace falta constatar que en los propios medios de comunicación autonómicos los presentadores nivelan su habla hacia un español más estándar. El presentador de El Hormiguero,
Pablo Motos, es ya famoso por sus afirmaciones o insinuaciones despectivas hacia el andaluz; así se dirigió al presentador Roberto Leal cuando fue contratado para presentar Pasapalabra: 'Lo del acento andaluz, ¿qué vas a hacer? ¿lo vas a suavizar
o lo vas a dejar?'.
La estigmatización, que genera considerable sufrimiento, pasa a ser discriminación cuando interfiere en el cumplimiento de derechos básicos. Estudios alemanes han identificado que la brecha salarial por acento puede llevar a una
penalización de hasta el 20 % del sueldo, en detrimento siempre de los habitantes de regiones frente a los metropolitanos y de la gente del sur frente a los del norte. En Francia, los estudios identifican a un 16 % de la población que confiesan
haber sido discriminados por su forma de hablar cuando iban a buscar empleo.
Aún no hay suficiente literatura científica sobre la discriminación por acento en España, aunque no cabe duda de que alejarse del estándar en situaciones formales se percibe no solo como rasgo de modalidad (variedad diatópica), sino como
marca diastrática (clase social y nivel de instrucción bajos) y diafásica (informalidad), lo cual viene a significar un deterioro en la percepción de la identidad del hablante, de sus cualidades personales y de sus habilidades y experticia
profesional.
Estos juicios son básicamente sociales, pues desde el punto de vista lingüístico todas estas distinciones son arbitrarias. Propiamente hablando, todos tenemos acento: no existe nada parecido a un español neutro o perfecto. La
estigmatización procede de la confusión de la lengua estándar (un ideal lingüístico, lengua artificial que no se corresponde con ninguna variedad real) con las variedades o lenguas naturales. Y procede muy particularmente de una ideología
lingüística centralista, purista e inmovilista, que se empezó a desarrollar con el nacimiento de los estados nacionales modernos, concretamente con la pretensión de convertir la lengua en símbolo de la nación. Esta ideología de la estandarización
lingüística (J. Milroy; J. C. Moreno Cabrera) ha fomentado la idea errónea de que solo existe una única forma correcta de hablar, cuando lo cierto es que, incluso en el plano ideal del estándar, hoy día avanzamos hacia una concepción pluricéntrica
de la norma. No hay una, sino varias normas cultas que sirven como modelos de corrección para los hablantes de las diferentes zonas del dominio hispánico. El centralismo lingüístico, que castiga a la inmensa mayoría de los ciudadanos de las zonas
periféricas, no es más que una ideología que se utiliza para legitimar y reproducir la división desigual del poder y de los recursos sobre la base de la lengua (Tove Skutnabb-Kangas).
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una campaña institucional para reivindicar la dignidad de todas las variedades y modalidades lingüísticas.
2. Tomar las medidas necesarias para garantizar la igualdad real y efectiva, y la no discriminación por acento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2021.-María Márquez Guerrero, Diputada.-Sofía Fernández Castañón, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a rectificar
las afirmaciones recogidas en el Real Decreto 229/2021, de 30 de marzo, en relación con el origen de las bandas de música valencianas, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Las bandas de música, dentro de la Comunitat Valenciana, tienen su origen a principios del S. XIX. La Banda Primitiva de Llíria, conocida también como 'El Clarín', es la Banda de Música civil más antigua de España. Su fundación se remonta
al año 1819, siendo su principal impulsor el fraile franciscano Antonio Albarracín, pare Antoni, perteneciente al clero regular, en concreto al Convento de San Francisco de Llíria.
Debido a la falta de Capillas Musicales en los conventos y en muchas pequeñas parroquias, se produjo una traslación del conocimiento desde los círculos de la alta cultura al ámbito de lo popular, bien para actos religiosos que se celebraran
fuera de los templos, para procesiones etc. que contaran con música o bien para el disfrute de las gentes en sus celebraciones populares.
Con el tiempo, esos grupúsculos de gente que, en algunos casos eran miembros procedentes de las propias Capillas Musicales que compatibilizaban con sus oficios de ministriles, junto a otros que aprendieron a tocar instrumentos de manera
autodidacta o bajo la tutela de una persona conocedora de la materia, van adquiriendo personalidad propia y por lo tanto estabilidad. Esto conlleva la creación de un nombre identificativo de cada grupo musical y en muchos casos, quizás por
influencia de las bandas militares napoleónicas que habían desfilado por tierras peninsulares durante la ocupación y guerra de la independencia contra Francia, de un uniforme y estandarte propio.
Las bandas de música son pues un fenómeno complejo, dependiente de relaciones sociales, incluso políticas o en muchos casos una combinación de ellos. Así pues, podemos afirmar que éstas se imbrican dentro de la sociedad valenciana, y que, a
través de gente corriente, con un alto grado de sociabilidad, llegan a interpretar, en ocasiones, un repertorio reservado a la música culta. Esto les permite también, competir entre ellas gracias a la creación de sus propias escuelas de música para
formar nuevos músicos para su banda. Recordemos que el Primer Certamen de Bandas ciudad de Valencia, enmarcado en la Feria de Julio de la ciudad, 1886, y que todavía se sigue celebrando, no es ni más ni menos el resultado de una demanda de medir
sus fuerzas con un repertorio que ya no es solo popular sino culto favorecido por el crecimiento en número y calidad del mismo.
Es decir, la música se convierte en un elemento de cambio sociocultural; la música se democratiza y supera las barreras de la alta cultura, y deja de tener su papel único en las celebraciones populares. Comienza todo un proceso de
asociacionismo y filiaciones alrededor de las agrupaciones musicales que se van constituyendo en la primera mitad del siglo XIX, para convertirse en la verdadera sociedad civil organizada puesto que existen más sociedades que municipios en la
Comunitat Valenciana.
Las cifras son abrumadoras: 547 sociedades musicales alrededor de 140.000 socios y más de 41.000 músicos en 2016, con un impacto en la economía valenciana de más de 40 millones de euros, según se desprende del estudio realizado por Econcult
-Área de Investigación para la Cultura y el Turismo de la Universidad de Valencia- para la FSMCV.
Nada, por lo tanto, que ver con la Federación de Coros Clavé, cuya primera fraternidad data de 1850 y que sigue un proceso de asociacionismo que, si bien puede compartir ciertos elementos como común denominador en aspectos básicos, se
desarrolla de manera paralela, no siendo en ningún caso este fenómeno precursor ni catalizador de las Sociedades Musicales Valencianas. Por tanto, la afirmación del BOE carece de toda veracidad, ya que las sociedades musicales valencianas no surgen
como consecuencia de la penetración de esas agrupaciones en la Comunitat Valenciana.
Posteriormente las bandas de música en el territorio valenciano, dispuestas de manera independiente ven la necesidad de unirse a través de una federación que se constituya en un verdadero órgano que pueda ser interlocutor frente a la
administración ya que las que contaban con más efectivos ven la necesidad de obtener recursos para su nueva meta, la internacionalización.
En este contexto, 22 sociedades musicales se unen en 1968 para formar la actual 'Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana' (FSMCV), entidad que en la actualidad agrupa a 547 Sociedades Musicales de todo el territorio
valenciano, con el objetivo de aunar esfuerzos en favor del desarrollo del colectivo de bandas de música y el asociacionismo civil.
Las bandas de música fueron declaradas 'Bien de Relevancia Local Inmaterial', por Orden 1/2011, de 12 de julio, de la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte. La protección incluye las actividades que desarrollan en el ámbito de la
cultura musical valenciana las Sociedades Musicales a través de las bandas, que además de participar en las actividades culturales de sus localidades, también lo hacen en los certámenes organizados por la Generalitat, Diputaciones Provinciales, por
la propia Federación u otras entidades, así como por los tradicionales intercambios entre bandas de dos municipios diferentes.
El BOE del 6 mayo de 2021 otorga a las bandas de música el reconocimiento de 'Manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial', ahora bien, lo hace con afirmaciones como 'El origen de las bandas de música valencianas se debe
a un movimiento mimético al de las agrupaciones corales catalanas (Clavé), movimiento que entró en Valencia vía Real Sociedad de Amigos del País', faltando con ello a la realidad y tergiversando la historia.
Las Sociedades Musicales valencianas son producto del devenir y del cambio social no asimilable al proceso de creación de los Coros Clavé cuya primera fraternidad data de 1850, fecha en la cual el fenómeno de las Bandas de Música en la
Comunidad ya es un hecho totalmente integrado en la sociedad civil valenciana con más de 60 agrupaciones musicales. Nada que ver con los Coros Clavé y mucho menos que este movimiento cultural catalán fuera determinante ni en su formación ni en
catalizador de las Sociedades Musicales Valencianas. Faltan por lo tanto a la verdad al realizar esta afirmación en el BOE del pasado 6 de mayo.
Para mayor abundancia, en el Archivo histórico de la Diputación de Valencia, se documenta la contestación de los ayuntamientos de la provincia a la petición del Ministerio de Fomento, curiosamente a solicitud del gobierno de Inglaterra -así
figura en el Boletín- contestando a la pregunta de si tenían escuelas de música. Solían contestar siempre indicando si había escuelas o no y también indicando que tenían banda o bandas, pues en más de un municipio se contaba ya entonces con dos
bandas de música diferentes.
En otras publicaciones, se evidencia a que a finales del siglo XIX las sociedades de amigos tomaron elementos de las asociaciones corales pero las bandas de música iban funcionando 80 antes y su modelo de asociación tuvo mucho que ver con
las escuelas de música que se crearon por la influencia de las Academias, un movimiento bastante anterior al catalán. Se puede citar el modelo catalán de manera paralela pero no supeditar el de las bandas de música, pues hacerlo así es no conocer
la historia de las bandas de música valencianas.
Es inaceptable que se utilice el BOE para manipular la historia, y más todavía, que ello se haga desde el Ministerio de Cultura, que dirige un valenciano, José Manuel Rodríguez Uribes, poniendo de manifiesto su desconocimiento de la
verdadera historia de las bandas de música valencianas, y su servilismo al independentismo catalán, en un claro desprecio al patrimonio cultural valenciano que representan las bandas de música, algo que no puede quedar así.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno rectificar el artículo 2 del Real Decreto 229/2021, de 30 de marzo, por el que se declaran a las Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana como
Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, publicado en el BOE n.º 108, Sec. III, pág. 54460, del 6 de mayo de 2021, eliminando la afirmación que se hace del origen de las bandas de música valencianas por no
corresponderse con la realidad histórica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2021.-Belén Hoyo Juliá, Oscar Clavell López y Óscar Gamazo Micó, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/002579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de acciones destinadas a mejorar la cobertura de banda ancha,
de al menos 100 Mbps, en la provincia de Pontevedra, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La conectividad digital constituye un factor esencial para el desarrollo económico, el aumento de la productividad, el impulso a la innovación y para la vertebración social y territorial. En este sentido, la banda ancha es una
infraestructura fundamental para el desarrollo económico en la sociedad de la información y el conocimiento.
La cobertura de banda ancha en la provincia de Pontevedra ha aumentado considerablemente gracias a los trabajos realizados por este Gobierno tal y como se recoge en el último Informe de cobertura de banda ancha en España elaborado por el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (publicado en mayo de 2020 con datos de junio de 2019).
En la velocidad de al menos 30 Megas la provincia de Pontevedra se encuentra en el 96,56% frente a la media nacional que se halla en el 94,28 %, es decir, más dos puntos por encima de la media nacional. Sin embargo, en las velocidades más
altas, redes de banda ancha ultra rápida a partir de 100 Mbps la cobertura es de 67,62 % y la diferencia respecto a España (83,57 %) es de casi 16 puntos.
Estos datos indican que aún queda trabajo por hacer para que la provincia de Pontevedra alcance a las medias nacionales en la cobertura a partir de 100 Mbps.
La arquitectura de las redes FTTH (Fibre To The Home) se basa en la utilización de la fibra óptica desde la central hasta el domicilio del abonado. La fibra óptica es un medio de transmisión con muy buenas características de propagación,
idóneo para ser utilizado en las redes de telecomunicaciones, que permite prestar servicios de transmisión de datos a velocidades de 100 Mbps o superiores. En la provincia de Pontevedra muestra unos datos del 57,39 %, y mantiene una diferencia de
23 puntos respecto a la media nacional, 80,36 %.
Asimismo, LTE (Long Term Evolution), también conocido como 4G, es la evolución de las redes 3,5G de comunicaciones móviles. Las características de estas redes las hacen idóneas para soportar los servicios móviles del futuro al poder
proporcionar, en determinadas condiciones, servicios de transmisión de datos con velocidades de pico superiores a los 100 Mbps. Si bien es cierto que los datos han mejorado en los últimos años, todavía sigue habiendo una diferencia de más de 1
puntos en relación a la media nacional que ya alcanza el 99, 77 %, frente 98,57 % en Pontevedra una diferencia que se sufre más en las zonas más aisladas de la provincia.
Cabe señalar que el impacto de los proyectos PEBA-NGA actualmente en curso, la cobertura FTTH y de 100 Mbps de la provincia de Pontevedra llegaría al 73,75 % y 83,18 % respectivamente, frente la media a nivel nacional de 88,27 % y 91,24 %
respectivamente, una vez concluya su ejecución.
En este sentido, la Unión Europea ha establecido como prioridad avanzar hacia la Sociedad del Gigabit con objetivo de extender la conectividad de muy alta capacidad a toda la población. Esta meta requiere que todos los hogares europeos,
rurales o urbanos, tengan acceso a una conexión de Internet que ofrezca velocidades de al menos 100 Mbps, actualizadas a velocidad de Gigabit a más tardar 2025. Por todo ello, hace escasamente unos meses, el Gobierno de España ha elaborado el Plan
para
la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, que avanza en la misma dirección, con el objetivo central de garantizar una conectividad digital adecuada para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas
rurales y urbanas. Además, en un momento excepcional de emergencia de salud pública y de pandemia, se ha observado que es una prioridad abordar el problema de la brecha digital en las zonas rurales para garantizar en condiciones competitivas el
desarrollo de las zonas menos pobladas del mundo rural y hacer frente así al problema de despoblación en nuestro país. Sin duda, en la actualidad los déficits de acceso en banda ancha a las TIC están relacionados principalmente con la densidad de
población, en términos de rentabilidad para los operadores, de modo que los territorios más despoblados se ven inmersos en el círculo vicioso de falta de acceso por falta de población y falta de población por falta de acceso. Un ejemplo claro es la
provincia de Pontevedra, en especial en los núcleos menos poblados, en el que la cobertura de banda ancha en condiciones competitivas de acceso es clave para el desarrollo de su territorio.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar las acciones contempladas en el nuevo Plan para la Conectividad y las Infraestructuras aprobado por el Gobierno de España, en especial las destinadas a la extensión de la banda
ancha ultrarrápida de al menos 100 Mbps para promover la desaparición de la brecha digital en la población entre zonas con mayor y menor densidad de población, y dé respuestas al reto demográfico, con el objetivo de frenar el proceso de
despoblación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-María Ángeles Marra Domínguez y María Olga Alonso Suárez, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Consumo, relativa a la puesta en marcha de un sistema de indicadores nacional continuo y validado sobre inseguridad alimentaria.
Exposición de motivos
La inseguridad alimentaria se define por la FAO como 'la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados o inocuos o la capacidad limitada o incierta de adquirir alimentos adecuados por medios socialmente
aceptables' y constituye uno de los problemas básicos a afrontar en el segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esta inseguridad, traducida en términos de desnutrición y malnutrición, afecta de manera fundamental a los
grupos más vulnerables de la sociedad con importantes consecuencias sobre la salud y el bienestar de las personas afectadas. Se trata de un problema estructural que está presente incluso en las economías de mayor nivel de renta y en contextos de
crecimiento y/o recuperación económica, como señalan diversos estudios. En este sentido, un informe reciente de la FAO situaba en un 5,5 % de la población europea occidental la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada y grave, una cifra
que en España alcanzaba el 7,5 % en el periodo 2016-2018, y hoy previsiblemente mayor en el contexto de la COVID-19.
Sin embargo, más allá de este u otros estudios puntuales, los datos disponibles sobre Inseguridad Alimentaria en España son escasos, fragmentados y poco sistemáticos, impidiendo así la correcta monitorización y adecuación de respuestas a
esta problemática que pone en peligro un derecho tan esencial como es el Derecho a la Alimentación. Por otra parte, las medidas indirectas existentes, basadas en mediciones de la pobreza, son demasiado generalistas para aproximarse con precisión a
esta problemática.
Para la monitorización de la Inseguridad Alimentaria existen diferentes escalas validadas internacionalmente. En este sentido, la Escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES, según sus siglas en inglés), desarrollada por la FAO
en 2014, es actualmente la escala de referencia internacional que sirve de base para la realización de los informes anuales sobre Inseguridad Alimentaria que elaboran organismos como la FAO, la OMS, el Programa Mundial de Alimentos o UNICEF. Se
trata de una escala muy sencilla, breve y fácil de aplicar por profesionales de diversos sectores, recomendada por todos los organismos relevantes relacionados con el tema, además de haber sido propuesta y aceptada como indicador 2.1.2 en el marco
global de indicadores para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se coordine desde el Ministerio de Consumo, junto con el resto de Administraciones que pudieran estar implicadas, la implantación de una forma validada, sistemática y desglosada por territorios y grupos socioeconómicos, de
monitorizar la Inseguridad Alimentaria en España, en línea con la Escala FIES sugerida por la FAO.
2. Adoptar las medidas necesarias para la realización de una Encuesta FIES que permita desarrollar la Escala FIES para medir la Inseguridad Alimentaria en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Laura López Domínguez, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la extensión al entorno virtual de las prestaciones de la Atención Primaria,
para su debate en Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud define la atención primaria de salud como 'la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad, a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación
y a un costo asequible para la comunidad y el país'.
Así fue concebido y desarrollado el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) en España.
Entendido como la base para prestar una atención sanitaria integral, continua, accesible y de alta calidad, ideada como eje vertebrador y puerta de entrada de los y las pacientes al sistema sanitario público, constituido como una herramienta
muy útil para ganar en equidad y cohesión en nuestro país, tanto social como territorialmente.
La crisis sanitaria derivada de la COVID19, ha venido a reforzar la necesidad de actualización e impulso de la APS, que había sufrido especialmente, no en todos los territorios por igual, el impacto de las políticas de austeridad
desarrolladas por gobiernos anteriores en el marco de la crisis económico-financiera.
Según la Estadística de Gasto Sanitario Público, en el año 2019 el gasto en atención primaria de salud en el sector de las Comunidades Autónomas, fue de media sólo el 14,2 % del gasto consolidado del sector.
En esta marco, junto a las reclamaciones y demandas legítimas de la ciudadanía y de los profesionales al respecto, se aprobó en abril de 2019, en el Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Marco Estratégico para la
Atención Primaria y Comunitaria, como resultado de un proceso de reflexión
entre las Comunidades Autónomas, las sociedades profesionales y las asociaciones de pacientes y usuarios, bajo el liderazgo del Ministerio de Sanidad.
Su objetivo era acordar las principales medidas estructurales necesarias para dar impulso a la modernización de la APS, que permita una respuesta adecuada a los nuevos retos asistenciales, derivados del actual contexto sociodemográfico,
epidemiológico y de evolución tecnológica.
Una de las líneas estratégicas recogidas en este documento, consiste en potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), para desarrollar la innovación y visibilizar la inteligencia sanitaria en la atención
primaria.
De manera que:
1. Se mejore la Historia Digital.
2. Se garantice el acceso seguro de todos y todas las profesionales sanitarias/os a la Historia Digital del SNS.
3. Se garantice la interoperabilidad de los sistemas y de los registros sanitarios para facilitar el acceso seguro a la información por las y los profesionales de todos los ámbitos de atención.
4 Se dé impulso al uso de tecnologías que permitan el registro de datos en el domicilio del paciente y su volcado a la Historia Digital.
5 Se dé impulso a las consultas telemáticas de ágil resolución, con identificación segura de la/el usuaria/o, que permitan la integración de la solicitud de consulta y respuesta en la Historia Digital.
6 Se extiendan las modalidades de interconsulta no presencial con imagen asociada y acceso a pruebas complementarias adecuadas e indicadas.
7. Se incorpore la teleatención en la APS.
La importancia de contar con un sistema sanitario digitalizado y accesible telemática mente, se ha hecho más evidente durante la crisis sanitaria de la COVID19, especialmente en la atención primaria.
El 85 % de la actividad asistencial, controles médicos, de enfermería y asistencia administrativa, se han resuelto por teléfono y telemáticamente durante los meses más duros de la pandemia, lo que ha posibilitado el seguimiento de los y las
pacientes, evitando contagios.
Pero no solo han sido casos de COVID19 los atendidos, la APS ha seguido haciendo frente a las enfermedades prevalentes en nuestro medio, a los cuidados de los crónicos y a la patología que aparece nueva, también mediante el uso de la
telemedicina y la consulta no presencial.
Además, el impulso del uso de la telemedicina ofrece importantes ventajas, tanto para mejorar la atención de los y las pacientes en sus domicilios, especialmente con enfermedades crónicas o de avanzada edad, así como para facilitar que las
personas que viven en zonas rurales y en la España con menor densidad de población, puedan acceder a los servicios sanitarios y evitar desplazamientos innecesarios.
Por todo ello, y ante el necesario desarrollo e implementación urgente por parte de las Comunidades Autónomas del Marco Estratégico de la Atención Primaria y Comunitaria, los presupuestos generales del Estado cuentan con una dotación de
1.088,86 millones de euros, en el marco del instrumento REACT-EU.
La transformación tecnológica del Sistema Nacional de Salud, es una prioridad del Gobierno de España, como recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, con el objetivo de renovar y ampliar las
capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), para rediseñar el SNS y hacerlo más fuerte frente a futuros retos sanitarios.
El Ministerio de Sanidad tiene entre sus competencias promover la calidad y la cohesión dentro de todo el Sistema Nacional de Salud, así como garantizar una cartera común de servicios básicos dentro del mismo, incluida la atención primaria.
Concretamente, el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, regula en su Anexo II la cartera de servicios comunes de atención primaria. Esta comprende
'las actividades de promoción de la salud, la educación sanitaria, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria, el mantenimiento y la recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo social'.
El Grupo Socialista considera necesario elaborar un plan que armonice el desarrollo de las líneas recogidas en el Marco Estratégico de la Atención Primaria y Comunitaria en lo que a las tecnologías de la información se refiere, que permita
consolidar y formalizar las experiencias en torno al uso de la telemedicina durante la pandemia, y que permita la ampliación al ámbito virtual de la prestaciones de
la atención primaria, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de los y las pacientes a los profesionales sanitarios de atención primaria, así como facilitar a éstos su trabajo, siempre desde el respeto a la humanización en la atención a
los y las pacientes.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a elaborar un Plan de extensión al entorno virtual de las prestaciones de Atención Primaria, que recoja y armonice lo acordado en el Marco Estratégico de la Atención Primaria y Comunitaria,
prestando especial atención a las necesidades de la zonas rurales y de la España con menor densidad de población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2021.-Ana Prieto Nieto, Julio Navalpotro Gómez, Marisol Sánchez Jodar, Carmen Andrés Añon, José Ramón Ortega Domínguez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces,
Sandra Guaita Esteruelas, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicente Viondi y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002587
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre creación de un Código UNESCO de 'Estudios Feministas y de Género', para su
debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El gobierno de progreso está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y en concreto el Objetivo 5 pretende Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Además, el objetivo 4, Educación de
Calidad, pretende Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
En la misma línea y tal como se recoge el artículo 25 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las administraciones públicas deben fomentar la enseñanza y la investigación en Igualdad, la creación de
postgrados específicos y de estudios e investigaciones especializadas en género. Siendo pues un mandato legal dar conocimiento específico a los estudios feministas y de género.
Si bien, es cierto, que las políticas de igualdad están empezando a dar sus frutos, no podemos olvidar que aún siguen existiendo sesgos de género en diversos ámbitos, lo que conlleva, a que por ejemplo, haya diferencias claras en el acceso a
las diferentes titulaciones por parte del alumnado, con especial incidencia en las titulaciones STEM, o el papel de representación de las mujeres en los órganos de gestión.
En esta línea, el pasado año el Ministerio de Universidades constituyó una mesa de trabajo con el principal objetivo de establecer un espacio de debate sobre igualdad de género en las universidades que pueda condicionar positivamente las
medidas que se tomen desde el ministerio. Esta mesa de trabajo tiene un carácter transversal y está formada por representantes del Ministerio de Igualdad y del de Ciencia e Innovación, de la CRUE Igualdad, de la ANEGA y de la Asociación Estatal de
Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), por lo que resulta el marco idóneo para proponer medidas para hacer efectiva la igualdad de género en el ámbito universitario.
Entre las medidas a impulsar para el reconocimiento de los estudios feministas y de género, resulta de suma importancia la creación de un Código Unesco, que permita dar visibilidad internacional a este campo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, junto a la CRUE, ante las sedes internacionales correspondientes, la solicitud para la creación de un Código UNESCO de 'Estudios Feministas y de Género' que reconozca la ya larga
trayectoria y profesionalización de estos estudios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Roberto García Moris, Laura Berja Vega, Sandra Guaita Esteruelas, Javier Alfonso Cendón, Helena Caballero Gutiérrez, María Luz Martínez Seijo, Juan Francisco Serrano Martínez y
Miguel Ángel González Caballero, Diputados.-Susana Ros Martínez, José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los Estudios Feministas y de Género como ámbito de conocimiento, para su
debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El gobierno de progreso está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y en concreto el objetivo 5 pretende Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Además, el objetivo 4, Educación de
Calidad, pretende Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
En la misma línea y tal como se recoge el artículo 25 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las administraciones públicas deben fomentar la enseñanza y la investigación en Igualdad, la creación de
postgrados específicos y de estudios e investigaciones especializadas en género. Siendo pues un mandato legal dar conocimiento específico a los estudios feministas y de género.
Si bien, es cierto, que las políticas de igualdad están empezando a dar sus frutos, no podemos olvidar que aún siguen existiendo sesgos de género en diversos ámbitos, lo que conlleva, a que por ejemplo, haya diferencias claras en el acceso a
las diferentes titulaciones por parte del alumnado, con especial incidencia en las titulaciones STEM, o el papel de representación de las mujeres en los órganos de gestión, tal y como recoge el Análisis de la incorporación de la perspectiva de
género en los Planes de Estudio de Grado de la Universidad de Cádiz (2018).
En esta línea, el pasado año el Ministerio de Universidades constituyó una mesa de trabajo con el principal objetivo de establecer un espacio de debate sobre igualdad de género en las universidades, que pueda condicionar positivamente las
medidas que se tomen desde el ministerio. Esta mesa de trabajo tiene un carácter transversal y está formada por representantes del Ministerio de Igualdad y del de Ciencia e Innovación, de la CRUE Igualdad, de la ANEGA y de la Asociación Estatal de
Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), por lo que resulta el marco idóneo para proponer medidas para hacer efectiva la igualdad de género en el ámbito universitario.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trasladar a la Mesa de Trabajo del Ministerio de Universidades el estudio y propuesta para impulsar el reconocimiento de los Estudios Feministas y de Género como ámbito de conocimiento.
2. Trasladar a la Mesa de Trabajo en materia de Género del Ministerio el estudio y propuesta de inclusión de los estudios feministas y de género de forma transversal en los diferentes ámbitos de conocimiento en los diferentes procesos de
evaluación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Roberto García Moris, Laura Berja Vega, Sandra Guaita Esteruelas, Javier Alfonso Cendón, Helena Caballero Gutiérrez, María Luz Martínez Seijo, Juan Francisco Serrano Martínez y
Miguel Ángel González Caballero, Diputados.-Susana Ros Martínez, José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados doña Marta Rosique i Saltor y don Joan Margall i Sastre al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la desmilitarización de la inversión en I+D+i y el retorno de los créditos para la investigación militar para su debate en instancia en la Comisión de Ciencia, innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El Gobierno de José María Aznar, en el año 1998, impulsó una estrategia que tenía por objetivo potenciar la industria de defensa y, por ende, el aumento del gasto militar, que se concretó con el inicio de la estrecha cooperación entre los
Ministerios de Industria y Energía y el de Defensa: nacían así los Programas Especiales de Armamento (PEA). Los Programas Especiales de Armamento se apoyaban en un complejo esquema de financiación: mediante un convenio a tres bandas entre ambos
ministerios y las empresas militares, Industria y Energía era quien adelantaba, a través de créditos a interés cero, dinero para la potenciación de la industria de defensa, a devolver en 20 años en concepto de I+D durante la fase de producción; una
vez terminada dicha fase, la empresa debería retornar el importe del crédito, momento en el cual, en efectuar la compra, sería el Ministerio de Defensa quien desembolsase el importe.
Así pues, el objetivo era mantener aparentemente austero el presupuesto de Defensa, mientras otros ministerios ocultaban el gasto militar y se engrosaban los datos de inversión pública española en I+D, que por entonces relegaba al Estado a
la cola de los países de la OCDE. Entre 1998 y 2016, Industria facilitó créditos a interés cero en concepto de I+D a empresas armamentísticas por valor de 17.487 millones de euros, atribuibles a 24 proyectos. El principal problema de los PEA,
especialmente agudizado a raíz de la crisis económica del 2008, ha sido el hecho de hipotecar el gasto futuro del Gobierno español, debido al alto precio de compra y agravado por los sobrecostes asociados a la obsolescencia provocada por el largo
tiempo contemplado en los proyectos: periodo 1998-2016, el gasto llegó a los 36.539 millones de euros, lo que generó una importante deuda estatal para con las industrias militares.
Frente a las dificultades de Defensa para asumir dichos costes, como decíamos especialmente a raíz de la crisis de 2008, se impulsó un cambio de estrategia de los PEA en 2013: reprogramación de entregas y pagos con cargo a ejercicios
futuros con horizonte en el año 2030, reducción de programas y compromiso con las empresas armamentísticas de ayuda a la exportación de las armas reducidas.
Según las informaciones, el coste final se situó en los 35.576 millones, de los cuáles hablan sido abonados 7.931 millones euros, sin contar los 15.000 millones de euros que se condonaron asociados a los créditos de I+D a interés 0
proporcionados por Industria.
Es muy importante remarcar la importancia que los PEA han tenido dentro de la inversión pública del I+D en el Estado, y es que, en '1999, por ejemplo, un 54 % de los recursos que el Estado aportaba al total de I+D iban orientados a los PEA,
tal y como se recoge en un estudio realizado por el Centre Delàs d'Estudis per la Pau en 2017, superando así la inversión en I+D en el ámbito civil. Según recoge el mismo informe, entre 1999 y 2009 se mantuvo una media anual de hasta 1.150 millones
de euros, siendo especialmente importante la inversión durante el gobierno del PP entre 1999 y 2003: en dicho periodo, los créditos para I+D de Industria a los PEA aumentaron su valor en un 216 %, llegando a la cifra de 6.452 millones de euros,
cifras que disminuyeron con la llegada al gobierno del PSOE Esta inversión en I+D es más que cuestionada por la comunidad científica, apoyándose en dos hechos principales: la transferencia
de recursos públicos para la investigación en centros civiles y militares privados, y el hecho de que no está demostrado que el apoyo en el I+D de empresas militares pueda tener aplicaciones en el ámbito civil, algo fácilmente demostrable si
se atiende a las patentes registradas por dichas empresas. Los PEA llevan años en el punto de mira, dándose el caso de que diversos grupos parlamentarios en el año 2014 aprovecharon el obscurantismo en relación con la forma de financiación de
dichos planes, así como su utilidad para la 'seguridad nacional' en relación al volumen de gasto que implicaban (siendo dicha utilidad cuestionada por políticos y militares) para denunciar ante el Tribunal Constitucional la forma de llevar a cabo
dichos pagos, dándoles la razón dicho tribunal en 2016. Unos años antes, en 2008, se presentó una pregunta para averiguar las cuantías devueltas de dichos créditos, a lo cual el Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios
respondió que, 13 años después, habían sido devueltos 81,45 millones de euros.
En este futuro escenario post-pandemia, el objetivo principal de toda acción gubernamental debe de ir en la línea de fortalecer el sistema público, contando con el máximo de recursos posible para hacer frente a los verdaderos retos globales
que tenemos ante nosotros.
Los presupuestos generales del Estado para 2021 -del Gobierno de coalición progresista- contemplaban un aumento del 4,64 % -en relación con los del último Gobierno del PP- en las partidas de la sección de Defensa Del montante total de 9411
millones de euros, una tercera parte iban destinados a los PEAS. Otros 3.000 millones, por lo visto, eran destinados a 'modernización, investigación y desarrollo' con un incremento de 177 millones respecto las cuentas anteriores. Algo que
demuestra la voluntad transversal de cualquier partido de gobierno, independientemente del color político, en perpetuar la inversión y gasto público en industria militar. A menudo, estas partidas son poco transparentes y se intentan camuflar bajo
la premisa de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico. Hay programas en l+D+i cruzados y concomitantes entre los ministerios de defensa, ciencia y universidades con fines dudosos y difícilmente explicables en relación con la
aportación a mejoras y desarrollo al servicio a la ciudadanía. Asimismo, los nuevos programas de recuperación y resiliencia que contarán con los fondos provenientes de la UE pueden ser una nueva oportunidad para las empresas de la industria militar
para aprovecharse del erario público, camuflando sus fines armamentísticos en proyectos de investigación y desarrollo científico.
Recientemente, el Ministerio de Ciencia ha anunciado una reforma de la Ley 14/2011 de 1 de junio de la ciencia, tecnología e innovación en teoría y en palabras del propio ministro para 'crear una carrera investigadora atractiva y estable,
impulsar la transferencia de conocimiento y mejorar la gobernanta del Sistema Español de Ciencia, Tecnologia e Innovación'. Abrir este debate: más allá de una mejora en las condiciones laborales del personal investigador, puede ser una oportunidad
muy interesante en aras de blindar y proteger el sistema público de investigación y desarrollo científico de las injerencias de la industria armamentística y militar.
Por todo lo expuesto, el Grupo Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Blindar, en el marco de la reforma de la Ley 14/2011 de 1 de junio de la ciencia, tecnología e innovación, la obligatoriedad de destinar a fines civiles las partidas presupuestarias en investigación, tecnológica e innovación, así como
dotarlos de mecanismos de transparencia para, asegurar la trazabilidad de los fondos destinados a tales fines.
2. Prohibir explícitamente, en el marco de la nueva Ley, la financiación del Ministerio de Ciencia en cualquiera de los Programas Especiales de Armamento, así como los programas de investigación cruzados con el Ministerio de Defensa.
3. Enviar al Congreso de los Diputados, en el plazo máximo de tres meses, un informe detallado sobre los créditos realizados en I+D+i en el ámbito de la seguridad y la defensa.
4. Reclamar la devolución de todos los créditos realizados en el ámbito del I+D+i militar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2021.-Marta Rosique i Saltor y Joan Margall Sastre, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de Protocolos y Códigos de actuación frente a todas las formas
de violencia contra las mujeres y niñas en la Cooperación española, para su debate en la Comisión de Cooperación internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El principio de igualdad se encuentra en el origen de la política exterior de nuestro país. Con carácter normativo y, en particular, con la ratificación de ocho tratados internacionales y diez protocolos facultativos, entre los que se
encuentran la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación (1979) y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1999), la erradicación de todas las
formas de violencia contra las mujeres y niñas por el hecho de serlo, la defensa de sus derechos y la promoción de su empoderamiento y capacidad de agencia, ocupa hoy el centro de la acción exterior del Gobierno de España.
En este sentido, la Ley de Acción y Servicio Exterior de 2014 se refiere a la igualdad como uno de los principales ámbitos de la Acción Exterior del Estado, dando especial énfasis a 'la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y a la
erradicación de la violencia de género destacando la protección de las mujeres españolas víctimas y de sus hijas e hijos en el exterior', De igual modo, la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados y el Senado en 2018, contienen medidas específicas en el marco de la lucha contra La trata y la asistencia a víctimas españolas de violencia de género en el extranjero.
No cabe duda, por tanto, de que la promoción de la igualdad de género es una de las señas de identidad de la Cooperación Española, cuya relevancia ha sido reconocida en los exámenes del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCRE como una socia
fiable, comprometida y que ha consolidado avances muy significativos en las políticas públicas para la igualdad, en el apoyo a los movimiento feministas de base en los países socios y en el cumplimiento de la Declaración y de la Plataforma de Acción
de Beijing (1995) y de la Agenda 2030, especialmente en la Meta 5.5. Además, y en línea con la Cumbre Mundial humanitaria de 2016, el Gran Pacto (Gran Bargain) y con iniciativas como Call to Action, la Cooperación Española ha asumido profundos
compromisos en esta materia en las crisis humanitarias. Estos avances se han visto respaldados, por un lado, por una Estrategia de Género en Desarrollo, pionera en el ámbito internacional, que incorpora el enfoque de género en la planificación,
gestión y evaluación, y, por otro, por acciones específicas dirigidas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas con acciones que sean transversales al enfoque de género en las distintas políticas sectoriales.
Concretamente, la Guía de la AECID para la transversalización del enfoque de género ofrece al personal en sede y terreno pautas orientativas aplicables tanto a los procesos de planificación estratégica como a las intervenciones para dar respuesta a
la pregunta: '¿Cómo aplicar la transversalización del enfoque de género en mi trabajo diario?'.
En el ámbito de la Acción humanitaria, la Estrategia (2019-2026) incorpora transversalmente el enfoque de derechos y el enfoque de género, edad y diversidad, al tiempo que formula un resultado especifico destinado a consolidar la
incorporación efectiva del enfoque de género, edad y diversidad y de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en la acción humanitaria española.
Esta transversalización exige, asimismo, la puesta en marcha de mecanismos e instrumentos de prevención y respuesta a la explotación sexual, el abuso y el acoso que pueda tener lugar tanto hacia el personal, como hacia la población
beneficiaria, como lo es la 'Resolución de la Dirección de la AECID por la que se declara el rechazo al acoso sexual y por razón de sexo y se dispone a la adaptación del protocolo de actuación en relación con estas situaciones.
Con todo, en 2018 los medios de comunicación se hicieron nuevamente eco de casos de abusos sexuales perpetrados por personal de ONGD en Haití y en otras crisis humanitarias. Motivada en gran medida por estos acontecimientos, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) elaboró en 2019 el primer catálogo internacional de recomendaciones contra la explotación sexual, el acoso y el abuso en la cooperación para el desarrollo y en la acción humanitaria dirigido tanto a gobiernos como a agencias
humanitarias, gubernamentales e independientes que trabajan en el sector. En boca del Director de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE, Jorge Moreira da Silva, la presentación del catálogo implica un 'reconocimiento claro de que toda la
comunidad de cooperación es responsable de los deplorables abusos cometidos por algunos cooperantes contra mujeres y niñas en los contextos más vulnerables' y que 'hace tiempo que se necesitaban realizar correcciones en cada punto de la cadena de
responsabilidad, desde las políticas de ayuda a la entrega de dicha ayuda o al apoyo a las víctimas y supervivientes'.
En España, el Gobierno ha venido respondiendo a estos execrables comportamientos mediante la elaboración de un nuevo Código Ético de la AECID (apartado 3.1.) y, a su vez, a través de la Guía para la prevención y actuación contra el acoso en
el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Del mismo modo, la sociedad civil vinculada a la solidaridad internacional no ha dejado de actualizar sus Códigos de conducta ni de exigir nuevos indicadores de género para la
obtención del sello de Transparencia y Buen Gobierno, a fin de superar lo que, en palabras del Presidente de la Coordinadora de ONGD de España, Andrés Rodríguez Amayuelas, supone 'el peor golpe que ha sufrido la credibilidad de las ONGD', y
reconocer, en los términos de la motivación del Protocolo de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, que si bien 'el enfoque de género ha supuesto una de las señas de identidad de la cooperación internacional, debemos recordar que las personas que
trabajamos en este sector somos parte de una sociedad patriarcal, por lo que no estamos exentas de reproducir comportamientos machistas tanto al interior de nuestras organizaciones como en el trabajo que realizamos junto a nuestras socias en
terreno'.
Todo ello ha venido sucediendo ante la inminente actualización del sistema de la cooperación de nuestro pais, con la reciente publicación del borrador de la Estrategia de Acción Exterior del Gobierno de España, y tras quince años de la
aprobación del Estatuto del Cooperante, marco normativo en el que deben contemplarse una serie de aspectos esenciales de la labor de las y los cooperantes. Ante esta tesitura, las y los Socialistas consideramos imprescindible consolidar la
diplomacia feminista mediante una Estrategia de Política Exterior Feminista que siga situando la igualdad de género como eje central de la acción exterior de nuestro país, y que incorpore, en el marco de reforma del futuro Estatuto de las y los
Cooperantes, normas claras con perspectiva de género destinadas a erradicar el acoso que puedan sufrir las mujeres cooperantes y, por otro lado, medidas de prevención, mitigación, protección y respuesta contra la violencia de género hacia las
poblaciones en terreno, con un enfoque basado en las víctimas/supervivientes, y que garanticen, prevean y reparen las agresiones sexuales contra la población beneficiaria, incluyendo el acompañamiento judicial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Desarrollar, en el marco de la actualización del Estatuto del y de la Cooperante y en la revisión bianual del Código ético de la AECID, protocolos de información y respuesta con guías claras y códigos de conducta anexos que proporcionen
estándares éticos explícitos y normas para prevenir, proteger y responder a la explotación sexual, el abuso y el acoso en sede y en terreno, en coherencia con las recomendaciones de la OCDE, del Secretario General de NN. UU., y demás directrices e
instrumentos internacionales.
2. Impulsar en la futura Estrategia de Política Exterior Feminista medidas específicas que posibiliten erradicar las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres, y la discriminación y el acoso sexual del que pueda ser víctima el
personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-María Guijarro Ceballos, Javier Cerqueiro González, José Losada Fernández, Esther Padilla Ruíz, Laura Berja Vega y Lídia Guinart Moreno, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero, Susana
Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de una Cooperación española ecologista alineada con el Acuerdo
de París, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
En septiembre de 2020 el Secretario General de las Naciones Unidas declararía que 'la humanidad está librando una guerra contra la naturaleza'. la emergencia ambiental y climática que vivimos hoy es resultado de la superación de los límites
biofísicos del planeta y encuentra su principal causa en un modelo de producción y consumo extractivo concentrado en la población más pudiente de una aldea global profundamente desigual. Según Social Watch 'entre 1850 y 2002, los países del Norte
emitieron tres veces más gases de efecto invernadero (GED que los países empobrecidos del Sur global, donde reside aproximadamente el 85 % de la población mundial'. Del mismo modo, Oxfam Intermón ha venido denunciado que entre 1990 y 2015 tan solo
el 1 % de la población mundial (aproximadamente 63 millones de personas) generó el 15 % de las emisiones acumuladas y consumió el 9 % del presupuesto de carbono, esto es. el doble que la mitad más pobre que habita el mundo.
En efecto, la emergencia climática responde a una injusticia ecológica global que es capaz de arruinar todos los esfuerzos de recuperación post-pandemia y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. De acuerdo con el Panel
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), los efectos están siendo devastadores en los sistemas terrestres y oceánicos e impartan con mayor virulencia en las poblaciones más vulnerables de los países empobrecidos que,
fruto de la inseguridad alimentaria, la falta de acceso al agua, los desastres ambientales y la degradación de sus ecosistemas, sitúan sus posibilidades de vida y esperanza de desarrollo al borde del colapso. Así lo confirma el informe sobre clima
y pobreza del Relator de Naciones Unidas de pobreza y derechos humanos: 'el cambio climático podría empujar a más de 120 millones de personas más a la pobreza para 2030 y tendrá el impacto más severo en los países, regiones y territorios pobres
donde viven y trabajan las y los pobres'. Ello es especialmente relevante en las zonas rurales en las que miles de personas indígenas, que constituyen algo menos del 5 % de la población mundial y salvaguardan el 80 % de la biodiversidad del mundo,
han sido asesinadas y sufrido ataques por reivindicar su derecho a la tierra y defender los recursos naturales que posibilitan sus medios de vida.
Tal y como se reconoce en el Informe de la Evaluación Mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas del Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés),
la naturaleza es esencial para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las actuales tendencias negativas de la diversidad biológica y los ecosistemas están socavando el 80 % (35 de 44) de los avances de las metas de los Objetivos
relacionados con la pobreza, el hambre, la salud, el agua, las ciudades, el clima, los océanos y las tierras (ODS 1, 2, 3, 6, 11, 13, 14 y 15).
Asimismo, los países empobrecidos, a menudo ricos en recursos naturales y más dependientes de ellos, han experimentado más conflictos y un menor crecimiento económico, lo que ha contribuido a la migración de millones de personas por causas
ambientales, tal como concluye el informe de evaluación global de IPBES. De acuerdo con el Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno, de los 33,4 millones de personas recientemente desplazadas en 2019, 24:9 millones se debieren a
desastres relacionados con el clima. Es más, según el Banco Mundial, para 2050 más de 143 millones de personas de África Subsahariana, América Latina y Asia Meridional se verán obligadas a desplazarse para escapar de los efectos de la emergencia
climática, de no aplicar medidas efectivas para reducir la emisión de gases, los riesgos de desastres y/o de adaptación a la crisis climática.
Este sentido de urgencia quedó reflejado en nuestro país en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) celebrada en Madrid y acompañada de movilizaciones protagonizadas por la juventud, activistas,
organizaciones y pueblos indígenas. En boca de la actual Vicepresidenta Cuarta del Gobierno de España y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera' 'la COP25 ha dejado un sabor agridulce. Todas las medidas para
luchar
contra el cambio climático se tornarán guiadas por la ciencia y por los informes del IPCC [...] pero esperaba escuchar propuestas más contundentes y serias por parte de las grandes economías'. Ese mismo compromiso firme e inequívoco del
Ejecutivo español con una acción multilateral inclusiva y progresista en materia ambiental y climática, se ha materializado en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética ambiciosa que recoge y responde al mandato del Acuerdo de París.
Hablarnos, de este modo: de un acuerdo que realiza un llamamiento a los países para el compromiso, la cooperación y la solidaridad, y cuya puesta en marcha exige una revisión profunda de toda acción gubernamental, incluida la política de
cooperación.
En efecto, los datos en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a medio ambiente, de acuerdo con los cuatro marcadores de Río (biodiversidad, mitigación, desertificación y adaptación), muestran que España goza de un posicionamiento
relevante en comparación a países de nuestro entorno con sistemas de cooperación semejantes. Sin embargo, y si bien son constatables las capacidades del sistema de la Cooperación española en su estrategia sectorial, la emergencia climática que
atravesamos globalmente y los nuevos retos y desafios derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Acuerdo de París o el Marco de Sendai, nos exigen profundizar ahora en una actualización profunda que vertebre nuevos
mecanismos e instrumentos de ejecución, coordinación y articulación del conjunto del entramado del sistema de cooperación.
En definitiva. y con la mirada puesta en la defensa de los bienes públicos globales de carácter ambiental, urge impulsar una cooperación verde que permita promocionar una transición ecológica justa que viabilice en su acción el ideal del
espacio seguro del Dónut de Raworth, donde se conjuga un suelo de derechos y equidad con los límites del planeta (justicia ecológica global): reducción de la pobreza y la desigualdad, incluida la de género, ante el aumento de las desigualdades que
sufren las personas en situación de mayor vulnerabilidad climática (ODS1, ODS 5 y ODS 10); seguridad y soberanía alimentaria (ODS2); garantía de acceso al agua (ODS6) plena diversificación energética (ODS7); empleo sostenible y digno (ODS8);
industrialización inclusiva (ODS9), sostenibilidad urbanística (ODS11), producción y consumo responsable (ODS12), acción por el clima (ODS13) y asistencia a migraciones climáticas y a catástrofes ambientales (ODS14 y ODS15).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Garantizar, en el marco de la reforma de la arquitectura legislativa e institucional de la Cooperación española, la transversalización del Acuerdo de París, la Convención de Naciones Unidas para Luchar contra la Desertificación y el
Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica en el conjunto de sus niveles e instrumentos, e impulsar decididamente proyectos dirigidos a apoyar los esfuerzos locales e internacionales para abordar intervenciones de mitigación,
adaptación y reversión de la pérdida de biodiversidad y de gestión eficiente y sostenible de los recursos naturales.
2. Definir una nueva estrategia de desarrollo sostenible multilateral que, desde la coordinación interministerial y la coherencia de políticas alineadas con la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Convenio de Naciones Unidas sobre
Diversidad Biológica, incremente la transparencia de la rendición de cuentas en la contabilización de los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo y medio ambiente. Además, dicha Estrategia deberá tener en cuenta la consideración del cambio climático,
la biodiversidad y la cooperación en materia de migración con terceros países y organizaciones internacionales, y garantizar una política de internacionalización empresarial promotora y respetuosa con el desarrollo humano sostenible, la reducción de
la pobreza y la integridad ambiental.
3. Impulsar, desde un enfoque transparente y participativo basado en derechos humanos y que responda a cuestiones de género, interculturalidad y soberanía alimentaria y energética, alianzas y proyectos con organizaciones sociales,
ecologistas e indígenas, tomando en consideración a los grupos, comunidades y ecosistemas más vulnerables.
4. Incorporar en el sistema humanitario el cambio climático y la degradación de la biodiversidad como factor que subyace a determinadas crisis humanitarias.
5. Continuar impulsando en los foros internacionales un mayor compromiso en mitigación, adaptación y finanzas para afrontar la emergencia climática con integridad ambiental y resiliencia al clima, y generando recursos para transitar hacia
un desarrollo sostenible y basado en bajas emisiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-María Guijarro Ceballos, Javier Cerqueiro González, José Losada Fernández y Esther Padilla Ruíz, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/002596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el mecanismo COVAX en relación a la lucha contra el COVID-19, para su debate
en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La pandemia por COVID-19 ha provocado hasta la fecha, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 150 millones de contagios, a causa de los cuales se han producido más de 3 millones de fallecimientos en todo el mundo. El
confinamiento y el parón en la economía global se ha saldado con un retroceso del 3 % del PIB mundial, según el FMI, y como consecuencia de todo ello se han perdido millones de empleos en todas las economías, provocando que, en menos de un año,
desaparecieran buena parte de los avances logrados en las últimas décadas en la reducción de la pobreza y que al mismo tiempo se produzcan pérdidas por valor de 500.000 millones de dólares por cada mes que se alarga la pandemia.
Ha sido en el ámbito de los sistemas sanitarios donde se han producido mayores dificultades. Así, a fecha de hoy el 90 % de los países siguen experimentando graves problemas para recuperar la normalidad en los servicios de salud; un tercio
de ellos reconoce dificultades en la cadena de suministros sanitarios básicos; mientras que un 20 % continúa con interrupciones en los servicios de atención primaria o en la provisión de atención en salud mental, cirugías, o enfermedades como la
tuberculosis, la hepatitis o el cáncer. Esta situación se ve agravada en el caso de los países de ingresos bajos, con un tercio de ellos manifestando grandes dificultades para proporcionar acceso a tratamientos de prevención de enfermedades como la
malaria o el VIH. Como ha explicado recientemente Henrietta Fore, Directora ejecutiva de UNICEF, 'la interrupción de los protocolos habituales de vacunación en enfermedades como el sarampión, la polio u otras enfermedades prevenibles puede producir
graves consecuencias a largo plazo en la salud de los niños y las niñas, por lo que es necesario actuar sin demora'.
A lo anterior hay añadir el impacto en otros ámbitos y sectores de la población más concretos, y sobre todo en la infancia, que ha visto cómo se ha paralizado el acceso a la educación en buena parte del mundo. Aunque en muchos países ya se
ha vuelto a las aulas, las pérdidas generadas por las desigualdades educativas, amplificadas por la pandemia, persisten en gran parte de ellos. De hecho, tal y como recuerda también UNICEF, todavía hay 188 millones de niños y niñas que no han
regresado a la escuela desde el comienzo de la enfermedad.
Pese a que los esfuerzos de la comunidad científica han permitido sintetizar diversas vacunas eficaces contra el coronavirus, la realidad es que todavía es pronto para afirmar que la amenaza está controlada. A las dificultades para
inmunizar a toda la población se le une el desigual reparto de las vacunas, estableciendo una brecha intolerable entre aquellos estados que tienen mayor capacidad económica para su compra y distribución, y aquellos otros que carecen de los recursos
suficientes para adquirirlas, así como de sistemas sanitarios capaces de proporcionarlas a su población.
La introducción de las diferentes vacunas ha permitido que, a fecha de hoy, casi 1.000 millones de dosis hayan sido suministradas, lo que ha permitido que buena parte de las economías más desarrolladas hayan avanzado mucho en su estrategia
de vacunación, con porcentajes superiores al 25 % de la población en la mayoría de ellos, y con firmes perspectivas de alcanzar la inmunidad comunitaria durante los próximos meses. Sin embargo, en el caso de los países con menos ingresos estas
cifras son muy inferiores, con muchos de ellos por debajo del 3 % o, directamente, sin datos disponibles porque apenas se ha comenzado a suministrar a la población. En muchos de estos casos existe el riesgo de que las vacunas no lleguen hasta 2022
o incluso más tarde.
Enfermedades globales como la provocada por el COVID-19 nos muestran que nadie está a salvo hasta que toda la población está a salvo, ya que cada vez que el coronavirus se transmite, se corre el riesgo de que se transforme en una nueva
variante que puede prolongar la amenaza en todo el mundo. Poner las vacunas a disposición de quienes más las necesitan es la forma más rápida, así como la más justa, de poner fin a la pandemia. Es necesario garantizar que todos los países del
planeta tengan acceso a fas vacunas al mismo tiempo, por lo que resulta primordial permitir un acceso equitativo a estas y asegurarse de que ningún país se quede atrás en estos tiempos de crisis mundial.
Con esta finalidad, el mecanismo COVAX, puesto en marcha por la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPO, la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi) y la OMS, se ha convertido en el instrumento
más adecuado para lograr que los ciudadanos de los paises de menos ingresos puedan acceder a las vacunas contra el COVID-19.
Además de las aportaciones económicas, la mejor forma de que los países en los que la vacunación está más adelantada contribuyan a COVAX es mediante la donación directa de las dosis sobrantes, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos ha
comprometido con las empresas farmacéuticas un número mayor de vacunas del que finalmente será necesario suministrar. La Unión Europea, por ejemplo, va a contar con un excedente potencial de más de 450 millones de vacunas, suficiente para inmunizar
a un tercio de la población de África, continente en el que los porcentajes de inmunización son los más bajos del planeta en estos momentos.
La donación de dosis sobrantes al mecanismo COVAX no es solo una cuestión de justicia o de solidaridad con los países con más dificultades. Es también una forma de atajar anticipadamente la extensión de una enfermedad que ha demostrado una
gran capacidad para producir variantes que aumentan el riesgo de nuevos y más letales contagios. Como ha explicado recientemente António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, 'Necesitamos que los países se comprometan ya a compartir el
excedente de dosis de vacunas, lo que ayudaría a vacunar a todos los profesionales sanitarios del mundo de manera urgente y a evitar que los sistemas de salud se colapsen'.
La donación es también una forma de combatir una crisis global agudizada por el parón en la actividad económica. En este sentido, diversos análisis han demostrado que, por cada dólar invertido en el suministro de vacunas a los países de
ingresos medios y bajos, se producirá un retorno de 4,8 dólares en forma de impulso a las economías de estos países y, por tanto, a la economía global.
Aunque ya se han dado algunos casos de acuerdos bilaterales para la donación de vacunas sobrantes, resulta primordial que todas las donaciones se articulen por medio de COVAX, por cuanto este mecanismo ha sido diseñado con la finalidad de
facilitar el acceso a las vacunas de manera equitativa, evitando cualquier otro tipo de motivación -económica, diplomática- que puede producirse en el caso de los acuerdos entre dos países. COVAX actúa en coordinación con la Organización Mundial de
la Salud y, por tanto, las vacunas gestionadas por este mecanismo serán destinadas a aquellos lugares en los que más sean necesarias.
Del mismo modo, y de forma paralela a la donación: es primordial que todos los países tengan la posibilidad de fabricar sus propias vacunas de manera autónoma, sin necesidad de depender de manera exclusiva de las empresas que actualmente
están desarrollando la producción para todo el mundo. En este sentido, la eliminación de las patentes de la vacuna contra el COVID-19 sería una medida excepcional que permitiría atender adecuadamente una situación de emergencia global también
excepcional, para la que es necesario poner en marcha medidas que contribuyan a lograr la inmunización global en el menor tiempo posible.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en coordinación con sus países socios, aquellas medidas que conlleven un aumento de la producción global de vacunas y que permitan acelerar su distribución por todo el planeta, incluyendo el estudio de aquellas encaminadas a
reforzar las flexibilidades de las obligaciones incluidas en el Acuerdo sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) para lograr tal aumento.
2. En coordinación con sus países socios, continuar e incrementar sus contribuciones económicas al mecanismo COVAX e igualmente, donar el excedente de vacunas de cada Estado a los países que en
estos momentos tengan mayores dificultades para inmunizar a su población por carecer de los suministros necesarios para ello.
3. Realizar un llamamiento al resto de administraciones públicas y al sector privado, a fin de redoblar el esfuerzo, en forma de contribuciones económicas, a todas aquellas iniciativas encaminadas a favorecer la adquisición de vacunas y
suministros sanitarios básicos para la inmunización, especialmente a través del mecanismo COVAX.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2021.-María Guijarro Ceballos, Javier Cerqueiro González, Julio del Valle de Iscar, José Losada Fernández, Esther Padilla Ruíz y Josefa Andrés Barea, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero
y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los articulas 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Participación en Iniciativas internacionales de Educación en
cumplimiento del ODS4, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Afirmaría Paulo Freire que si bien 'la educación no es la palanca de la transformación social ni global, sin ella esa transformación no alcanza a producirse'. Esta afirmación recoge la doble necesidad, identificada por el Gobierno de
España, de situar, en primer lugar, la educación como un pilar fundamental para el progreso social colectivo y, segundo, la imperiosa necesidad de abordar el conjunto de la acción gubernamental desde una mirada integral, esto es, asumiendo la
coherencia de políticas que rige la Agenda 2030 como hoja de ruta para un desarrollo humano sostenible.
En sintonía con las Naciones Unidas, que mandataron los años que siguen de 2020 a 2030 como la Década de la Acción para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Cortes Generales ratificaban el pasado mes de diciembre la
Ley Orgánica de modificación de la LOE con la mirada puesta en una educación para el siglo XXI, Este horizonte de educación pública, inclusiva, equitativa y de calidad, vertebrado en el cumplimiento del ODS4, es un compromiso del Gobierno de España
dentro y también fuera de nuestras fronteras, donde la cooperación para el desarrollo ha sido un acicate imprescindible para disminuir la estratificación social que deriva en gran medida de las dificultades para la escolarización.
Por su capacidad veladora de la coherencia de políticas y por su voluntad multilateral y transformadora, las y los Socialistas no hemos cesado en nuestro empeño por devolver y resituar a la política de cooperación en el centro de la acción
exterior de nuestro país. Hablamos de una cooperación defensora de los derechos humanos que es garantía de la protección de bienes públicos globales tales como la educación pública. Precisamente, y consciente de que 260 millones de niñas y niños
aun estaban fuera de la escuela en 2018, España retornaba ese mismo año de la mano de un Gobierno Socialista a la Alianza Mundial para la Educación (AME -GPE por sus siglas en inglés-), principal mecanismo multilateral de ayuda a la educación en los
países empobrecidos.
Hoy día, a medida que la pandemia de la COVID-19 ha venido a propagarse por todo el planeta, más de 1.500 millones de niñas, niños y jóvenes de 188 países han visto afectado su derecho a la educación en detrimento del progreso económico,
social y cultural de sus sociedades, Una situación que se agrava en el caso de las niñas y adolescentes, de quienes sufren algún tipo de discapacidad y de las personas desplazadas y refugiadas que aumentan, en contextos de crisis, de manera
desproporcionada sus brechas de aprendizaje. Frente a ello, el Gobierno de España ha venido potenciando, en cumplimiento de la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis del COVID-19, el apoyo a los sistemas de
educación en países empobrecidos mediante el desarrollo y oferta de infraestructura, equipamiento y contenidos gratuitos, seguros y accesibles.
Asimismo, desde la AME se ha propuesto un programa de recaudación internacional de fondos que busca intervenir en 87 países. Dicha recaudación pretende lograr 5.000 millones de dólares americanos
para la financiación de proyectos entre 2021 y 2025. a fin de abordar la mejora de la educación de 175 millones de niñas y niños y lograr un efecto palanca para el siguiente periodo 2025-2030 que multiplique dicha inversión.
En definitiva, y en su compromiso por no dejar a nadie atrás, las y los Socialistas consideramos que el Gobierno de España debe desempeñar a nivel nacional, bilateral y multilateral, un liderazgo clave en la defensa de una educación pública,
universal y de calidad para todas las personas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Contribuir en aquellos países con mayores índices de pobreza, desigualdad e inequidad al fortalecimiento del sistema público de educación y de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de promover el derecho humano a una educación
inclusiva, gratuita y de calidad para todas las personas (ODS4).
2. Apoyar decididamente a la Alianza Mundial por la Educación en su plan de acción para la mejora educativa de hasta 175 millones de niños y niñas en 87 países, la escolarización de 88 millones y el ahorro de 16,000 millones de dólares para
los países empobrecidos.
3. Seguir trabajando por la escolarización completa en nuestro país e impulsando medidas para la erradicación de las desigualdades y discriminaciones educativas del alumnado, poniendo especial énfasis en aquellas que son fruto de la renta,
origen, etnia, discapacidad, género, orientación e identidad sexual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2021.-Noemí Villagrasa Guero, María Guijarro Ceballos y María Luz Martínez Seijo, Diputadas.-Ana Belén Fernández Casero, Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/002586
A la Mesa del Congreso De Los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los articulos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre creación de un Código UNESCO de 'Estudios Feministas y de Género', para su
debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El gobierno de progreso está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y en concreto el Objetivo 5 pretende Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Además, el objetivo 4, Educación de
Calidad, pretende Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
En la misma línea y tal como se recoge el artículo 25 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las administraciones públicas deben fomentar la enseñanza y la investigación en Igualdad, la creación de
postgrados específicos y de estudios e investigaciones especializadas en género. Siendo pues un mandato legal dar conocimiento específico a los estudios feministas y de género.
Si bien, es cierto, que las políticas de igualdad están empezando a dar sus frutos, no podemos olvidar que aún siguen existiendo sesgos de género en diversos ámbitos, lo que conlleva, a que por ejemplo, haya diferencias claras en el acceso a
las diferentes titulaciones por parte del alumnado, con especial incidencia en las titulaciones STEM, o el papel de representación de las mujeres en los órganos de gestión.
En esta línea, el pasado año el Ministerio de Universidades constituyó una mesa de trabajo con el principal objetivo de establecer un espacio de debate sobre igualdad de género en las universidades que pueda condicionar positivamente las
medidas que se tornen desde el ministerio. Esta mesa de trabajo tiene un carácter transversal y está formada por representantes del Ministerio de Igualdad y del de Ciencia e Innovación, de la CRUE Igualdad, de la ANECA y de la Asociación Estatal de
Mujeres Investigadoras
y Tecnólogas (AMIT), por lo que resulta el marco idóneo para proponer medidas para hacer efectiva la igualdad de género en el ámbito universitario.
Entre las medidas a impulsar para el reconocimiento de los estudios feministas y de género, resulta de suma importancia la creación de un Código UNESCO, que permita dar visibilidad internacional a este campo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, junto a la CRUE, ante las sedes internacionales correspondientes, la solicitud para la creación de un Código UNESCO de Estudios Feministas y de Género' que reconozca la ya larga
trayectoria y profesionalización de estos estudios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Roberto García Moris, Laura Berja Vega, Sandra Guaita Esteruelas, Javier Alfonso Cendón, Helena Caballero Gutiérrez, María Luz Martínez Seijo Juan Francisco Serrano Martínez y Miguel
Ángel González Caballero, Diputados.-Susana Ros Martínez, José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002589
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre los Estudios Feministas y de Género como ámbito de conocimiento.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 123615, y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los Estudios Feministas y de Género como ámbito de conocimiento, para su
debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El gobierno de progreso está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y en concreto el Objetivo 5 pretende Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Además, el objetivo 4, Educación de
Calidad, pretende Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
En la misma línea y tal como se recoge el artículo 25 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las administraciones públicas deben fomentar la enseñanza y la investigación en Igualdad, la creación de
postgrados específicos y de estudios e investigaciones
especializadas en género. Siendo pues un mandato legal dar conocimiento específico a los estudios feministas y de género.
Si bien, es cierto, que las políticas de igualdad están empezando a dar sus frutos, no podemos olvidar que aún siguen existiendo sesgos de género en diversos ámbitos. lo que conlleva, a que por ejemplo, haya diferencias claras en el acceso
a las diferentes titulaciones por parte del alumnado, con especial incidencia en las titulaciones STEM, o el papel de representación de las mujeres en los órganos de gestión, tal y como recoge el Análisis de la incorporación de la perspectiva de
género en los Planes de Estudio de Grado de la Universidad de Cádiz (2018).
En esta línea, el pasado año el Ministerio de Universidades constituyó una mesa de trabajo con el principal objetivo de establecer un espacio de debate sobre igualdad de género en las universidades, que pueda condicionar positivamente las
medidas que se tomen desde el ministerio. Esta mesa de trabajo tiene un carácter transversal y está formada por representantes del Ministerio de Igualdad y del de Ciencia e Innovación, de la CRUE Igualdad, de la ANECA y de la Asociación Estatal de
Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), por lo que resulta el marco idóneo para proponer medidas para hacer efectiva la igualdad de género en el ámbito universitario.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trasladar a la Mesa de Trabajo del Ministerio de Universidades el estudio y propuesta para impulsar el reconocimiento de los Estudios Feministas y de Género como ámbito de conocimiento.
2. Trasladar a la Mesa de Trabajo en materia de Género del Ministerio el estudio y propuesta de inclusión de los estudios feministas y de género de forma transversal en los diferentes ámbitos de conocimiento en los diferentes procesos de
evaluación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Roberto García Moris, Laura Berja Vega, Sandra Guaita Esteruelas, Javier Alfonso Cendón, Helena Caballero Gutiérrez, María Luz Martínez Seijo Juan Francisco Serrano Martínez y Miguel
Ángel González Caballero, Diputados.-Susana Ros Martínez, José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Seguridad Vial
161/002609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Seguridad Vial, relativa a la construcción de ecoductos o pasos de fauna y el establecimiento de medidas adicionales encaminadas a reducir las muertes de animales por atropellos en carreteras.
Exposición de motivos
Las carreteras son una enorme amenaza para la biodiversidad en todo el mundo. La mortalidad de animales por atropellamiento en las carreteras es un problema global ya que supone la pérdida de un gran número de fauna silvestre, incluidas
especies nativas y especies exóticas. En los últimos treinta años los atropellos han superado a la cacería como la causa directa de mortalidad de vertebrados en tierra por parte del ser humano.
Entre 2006 y 2012, se produjeron en España 74.600 colisiones de vehículos contra animales salvajes, lo que representa un 8,9 % del total de accidentes de tráfico registrados en ese periodo. Esto supuso un coste de 105 millones de euros al
año, según un estudio realizado en 2015 por el departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense. La cifra engloba los costes relativos a víctimas, como el gasto de ambulancias, hospitalización, pérdida productiva o
adaptaciones de viviendas.
También los costes materiales, con daños de vehículos, pavimentos, gastos de policía y bomberos, y los costes de valor social calculados para animal muerto.
A partir de datos facilitados por las comunidades autónomas, proporcionados por la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, el citado estudio revela que los ungulados protagonizaron, para ese periodo, el 85 % de los accidentes,
entre los que destacan los jabalíes y los corzos, en un 79 % de estos casos. Les siguen, con un 5 %, otros carnívoros grandes como 91 zorro, el tejón y el lobo, y, de forma más excepcional, 91 oso y 91 lince.
Aunque animales de pequeño tamaño como liebres, conejos y pájaros solo representan en torno al 10 % de los accidentes notificados, la envergadura de los daños causados es tan importante como la ocasionada por grandes especies.
Durante los meses de mayo y junio, coincidiendo con la progresiva vuelta a la normalidad tras el confinamiento por la pandemia del coronavirus, se ha producido un aumento considerable de los atropellos de animales, con cifras muy superiores
a las de otros años, según ha alertado la organización conservacionista WWF.
Según un reciente estudio, cuyos resultados se publican en la revista científica Frontiers in Ecology and Environment, se estima que alrededor de 194 millones de aves y 29 millones de mamíferos mueren cada año en las carreteras europeas. De
media, según los datos de esta publicación, en España mueren atropellados cada año 9 millones de aves y 1,5 millones de mamíferos.
El Real Automóvil Club de España (en adelante, RACE) ha publicado un reciente informe, en mayo de 2020, sobre los 'Accidentes por atropello de animales', en el que, con datos facilitados por la propia Dirección General de Tráfico (en
adelante, DGT), 2018 en total se produjeron 701 accidentes por atropellos de animales, siendo 599 de ellos en vías interurbanas y 102 en vías urbanas. Los accidentes por atropello de animales en carretera se incrementaron en un 21 % desde el año
2015, primeras cifras disponibles con las que cuenta la DGT.
En el caso del lince ibérico, el felino más amenazado del planeta, según los datos de la organización ecologista WWF, los atropellos se convirtieron en el año 2017 en la primera causa de muerte no natural de esta especie, por delante de la
persecución directa por furtivismo y por la colocación de trampas ilegales como lazos. Así, de un total de 34 linces que murieron en España en 2017, 21 fueron atropellados. Esta cifra no ha parado de crecer: En el año 2019 perdieron la vida 35
linces por atropello, y solo hasta agosto de este año 2020 se habían contabilizado 32 muertes por atropello de esta especie.
Persisten, para esta especie, los puntos negros en las carreteras, como la A-4, la N-420 y la A-301 en Andalucía y Castilla-La Mancha, y que son competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, responsable de habilitar
pasos de fauna en estas carreteras para solucionarlo.
En cuanto al lobo, el número de fallecimientos registrado y documentado en las carreteras españolas fue de 81 entre el año 2011 y el 2020, según la asociación Lobo Marley. En su informe, realizado junto al Observatorio de la Sostenibilidad,
recoge un primer mapa en el que aparecen los 50 tramos más peligrosos, la mitad en la provincia de Zamora y otros repartidos por Lugo (7), Orense (5), Madrid (5) o Segovia (3). Así, una veintena de ejemplares de lobo ibérico han sido atropellados
en la provincia de Zamora, sobre todo en la N-630, en el corredor Benavente-Zamora. Otras zonas de alto riesgo para los lobos son la N-110 y la A-1 en Segovia, donde se han encontrado 16 y 10 ejemplares muertos, respectivamente. Estos son algunos
de los tramos más peligrosos para estos animales, pero se han detectado otros atropellos en la N-642 en Corvo (Lugo) o en la M-600 en la zona de El Escorial y Guadarrama.
Los ecoductos son pasos elevados para la fauna por autovías, autopistas o líneas ferroviarias con vegetación para conectar dos zonas separadas por estas infraestructuras. De este modo, se garantiza la seguridad de la fauna sin que se
aproximen a las carreteras y continúen su camino de forma natural.
Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Identificar y señalizar adecuadamente los puntos negros de atropellos de fauna salvaje en las carreteras españolas, especialmente aquellos en los que persisten y aumentan los atropellos a linces ibéricos y lobos.
2. Realizar un proyecto para cada uno de los puntos negros identificados en los tramos de carretera, tanto estatales como regionales, encaminado al establecimiento de los ecoductos o pasos de fauna necesarios (inferiores y superiores), con
las características y dimensiones adecuadas, a la vez que se
impermeabiliza el vial para los animales, de tal manera que se redirija a la fauna hacia esos pasos, y que sean practicables para los vertebrados de mayor tamaño de la fauna como linces ibéricos y lobos, para garantizar el paso y la
dispersión de estas especies clave para su hábitat.
3. Establecer planes de seguimiento anual para determinar si las medidas adoptadas están proporcionando los resultados deseados, esto es, la reducción del número de atropellos de atropellos de mamíferos en los tramos que se hayan
identificado como puntos negros, y, en su caso, introducir en las mismas las modificaciones que se estimen oportunas o llevar a cabo medidas adicionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2021.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/002567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre desarrollo del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género en el ámbito del Ministerio del Interior, para su debate y aprobación en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Exposición de motivos
La Violencia de Género es uno de los problemas más graves de nuestra sociedad y para ello se firmó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado sin ningún voto en contra en las Cortes Generales en el año 2017 que contempló un
sistema integral basado en tres áreas de intervención: la prevención; la protección y la recuperación de la víctima; y la persecución del delito.
La persistencia de un problema tan complejo como la Violencia de Género, hace que se requieran continuas mejoras y nuevas medidas en estas áreas de intervención, aprovechando, por un lado, la experiencia adquirida en combatir el problema, y
por otro lado, los desarrollos tecnológicos que puedan ayudar a incorporar nuevos recursos.
Para analizar el cumplimiento de las medidas acordadas y las mejoras de las mismas, se han creado sendas comisiones de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
Este seguimiento del Plan involucra las acciones de varios ministerios, entre ellos, el Ministerio del Interior. Este Ministerio viene desarrollando una importante apuesta por liderar el cumplimiento de las medidas que le afectan, y cada
día potencia más el sistema VioGén, en el que se integran las nuevas tecnologías y los sistemas de gestión para la seguridad en la lucha de forma integral contra la Violencia de Género. En este sentido, existen medidas que se deben seguir
implementando para mantener una mejora continua ante un fenómeno de violencia tan persistente, y que requiere también de persistencia en su erradicación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar trabajando en el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que afectan al Ministerio del Interior, buscando una mejora continua y una
coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con todos los actores institucionales y sociales implicados, particularmente respecto a:
- Medida C80 (96 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género -DGVdG-), potenciando la integración del sistema informático VioGén y sistemas de recepción de denuncias de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, SIDENPOL y
SIGO, de Policía Nacional y Guardia Civil respectivamente.
- Medida C81 (97 DGVdG) acelerando el establecimiento de unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día, todos los días de la semana. Para una mejor atención a las víctimas y
una completa implementación de esta Medida en ambos cuerpos, sería recomendable, además:
Reforzar las Plantillas de Unidades especializadas en Policía Nacional y Guardia Civil.
Incrementar, y establecer con carácter obligatorio, programas formativos continuados sobre violencia de género, doméstica y menores para todos aquellos agentes, no pertenecientes a Unidades especializadas, encargados de la recepción de
denuncias y atención/protección de víctimas de esta naturaleza.
- Medida C174 (240 DGVdG): Incluyendo en los informes del Ministerio del Interior las variables sobre las alertas con intervenciones policiales, en relación con la utilización de los dispositivos electrónicos, e integrando la información
sobre alertas de los DCT COMETA en el Sistema VioGén.
- Medida S123 (197 DGVdG): Formando en Violencia de Género a intérpretes de Lengua de Signos que se encarguen de realizar labores de interpretación de casos de Violencia de Género en dependencias policiales.
- Medida S199 (159 DGVdG): Buscando evitar la duplicidad de dispositivos de atención a víctimas, priorizando el uso del Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la Violencia de Género (ATENPRO) del MPRCI, frente a
otros dispositivos similares. Para ello es necesario impulsar la revisión del Protocolo entre autoridad judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de ofrecer a las víctimas el teléfono del Servicio Telefónico de Atención y
Protección a las víctimas de la violencia de género (ATEMPRO).
- Medida S200 (160 DGVdG): Mejorando las herramientas de que disponen los miembros de las Unidades Especializadas en materia de violencia sobre la mujer, entendiendo por herramientas cualquier instrumento o medio material y humano necesario
en el desarrollo de la labor diaria, se vería producido por un incremento en los recursos humanos y materiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-David Serrada Pariente y Lídia Guinart Moreno, Diputados.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentado Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implantación de un sistema de videoidentificación para víctimas de
violencia de género, para su debate en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Exposición de motivos
La medida número 107 del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017 señala que 'Para evitar la victimización secundaria, (es necesario) priorizar la adecuación de
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor, dotándolos de medios audiovisuales que eviten la repetición de las declaraciones y de intérpretes cualificados. Estas
mismas dependencias podrán ser utilizadas para los casos de agresiones sexuales y trata de personas con fines de explotación sexual'.
De la misma manera y complementariamente, la siguiente medida, la número 108, hace referencia a 'llevar a cabo las medidas oportunas para la habilitación de instalaciones amigables en los Juzgados (incluidas cámaras Gesell) para atender a
los niños y a las niñas víctimas.
Las mujeres víctimas de violencia de género requieren una atención en sede judicial que evite cualquier atisbo de victimización secundaria o revictimización. La 'Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia
de género', redactada en 2018 por un grupo de expertas y expertos del Consejo general del Poder Judicial en materia de Violencia Doméstica y de Género reclama
el 'buen trato' a las víctimas en sede judicial, al momento de cumplir estas con su obligación de declarar ante el órgano judicial en su condición de 'testigo'.
En ningún caso la obligación de declarar, ni ningún otro trámite judicial, debe suponer para las víctimas de violencia de género un episodio o motivo más de temor ante la necesidad de revivir de nuevo hechos muy dolorosos para ellas, los
hechos de los que fue víctima, ni por tener que enfrentarse personalmente con su agresor o incluso con el entorno de este.
Por este motivo, y para evitar la llamada 'victimización secundaria' de las mujeres víctimas de violencia de género, así como ocurre con los y las menores, consideramos conveniente impulsar desde el Ministerio de Justicia y en coordinación
con las comunidades autónomas que tienen la competencia transferida, aquellos sistemas que, con el uso de tecnologías punteras y seguras, permitan a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas declarar en lugares que resulten para ellas seguros y
amables a la vez.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas que tienen la competencia transferida, un sistema de videoidentificación segura para que las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas puedan declarar y evitar de
esta manera su victimización secundaria.
2. Habilitar y dotar tecnológicamente una red territorial de oficinas de manera que quede garantizada la posibilidad de declarar por este sistema.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Lídia Guinart Moreno, Diputada.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de las Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dotar de más medios materiales y
humanos a las Unidades de Atención a la Familia y a la Mujeres (UFAM) de la Policía Nacional, para su debate en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Exposición de motivos
Con motivo del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) manifestó la necesidad de una mayor dotación a las Unidades de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM), dadas
su creciente cantidad de trabajo y su falta de material humano y logístico para afrontarlo.
Las Unidades de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) son unidades especializadas, dentro de la Policía Nacional, en la lucha contra la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia sexual. Dichas unidades cuentan con
personal especializado, y entre cuyas funciones se encuentran: recoger la denuncia, investigar y prestar protección a las víctimas; facilitar información a la víctima de todos los recursos a su disposición, aunque la víctima no vaya a interponer
denuncia alguna, coordinación con el resto de las Instituciones que trabajan en el ámbito de la violencia de género (Institutos de la mujer, servicios sociales, sanitarios, asociaciones, otros cuerpos de seguridad...). Cabe destacar además que, sus
servicios están adaptados a las víctimas con alguna discapacidad.
En relación con la necesidad destinar a de estas unidades mayor dotación de medios personales y materiales, es necesario exponer dos planos diferentes donde existe dicha necesidad.
En primer lugar, es necesaria una mayor dotación humana de las 173 unidades que hay en toda España. En concreto, resulta imprescindible una cobertura completa de las 1.736 plazas que existen en el catálogo de estas unidades, pues su índice
de ocupación está por debajo de la media general del resto de unidades especializadas de la Policía Nacional. En julio de 2019, las UFAM comprendían a 1.269 funcionarios en toda España, entre los que se repartían las tareas de investigación y de
protección de las víctimas.
No obstante, la insuficiente dotación de personal humano en las UFAM se percibe de forma más clara cuando se atiende a la ratio del número de víctimas atendidas por agente. En concreto, según los datos del Sindicato Unificado de Policía
(SUP), la media de víctimas atendidas por cada funcionario asciende a 50. En otras palabras, cada funcionario de las UFAM gestiona simultáneamente una media de 50 casos.
Dicho incremento impide una dedicación integral y más intensa al servicio de quienes requieren la presencia policial que impiden reiterados ataques o agresiones a las víctimas, o que se asesore y asista a las mujeres de una forma más eficaz
en los trámites necesarios y que les competen a los funcionarios, así como una adecuada vigilancia para que no se quebranten las órdenes de alejamiento.
Por tanto, la lucha contra la Violencia de Género desde todas las variables, como así se comprometió el Partido Popular con la firma del Pacto de Estado, pasa también por apoyar de manera decidida el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y cubrir completamente la cobertura de plazas que existen en el catálogo de las UFAM y, a su vez, aumentar las plazas de trabajadores, pues la plantilla actual resulta insuficiente.
En segundo lugar, es necesaria, además, una mayor dotación material de las UFAM. Dicha insuficiencia se puede apreciar mejor si se ponen en relación los datos recabados durante el primer estado de alarma. Si bien, en general, la comisión
de delitos e infracciones se vio reducida, en el caso de la violencia de género y la violencia doméstica fue especial, ya que las víctimas tuvieron que convivir de manera permanente con sus agresores. Por lo tanto, las UFAM vieron incluso
incrementado su trabajo durante la pandemia. En total, la Policía Nacional tuvo asignada la protección de más de 25.500 mujeres, según los datos del SUP.
Así, el SUP señaló que, pese a la reducción en la comisión de delitos a causa de las restricciones de movilidad durante los nueve primeros meses del año, se realizaron casi 9.200 detenciones durante ese periodo en lo que supuso incrementar
las cifras del mismo periodo del año 2019 en más de un 3,7 %. Los profesionales de la Policía Nacional en esta materia, por tanto, mostraron una implicación incuestionable y asumieron que, pese a los riesgos de contagio que corrían, no habla lugar
para pausa alguna en el combate contra los maltratadores.
Precisamente, a raíz de esos trabajos realizados, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha planteado la necesidad de invertir en vehículos adaptados para el traslado de las víctimas, en el diseño y construcción de todas las
comisarías de una zona especialmente concebida para la atención a las mujeres y la asignación de recursos materiales y de telefonía para todo el personal dedicado a la protección que, a su vez, necesita una dedicación plena y exclusiva a esta
función sin que se les pueda asignar por precariedad de efectivos a tareas diferentes de las propias de la UFAM.
Máxime en este momento que estamos viviendo de pandemia, el Informe del Defensor del Pueblo relativa a las actuaciones ante la pandemia de COVID-19 que contiene las conclusiones y trabajos previos realizados para su comparecencia ante la
Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales celebrada el pasado 26 de noviembre de 2020, con el objetiva de explicar las quejas de los ciudadanos y las actuaciones de la Institución durante la pandemia de la
COVID-19 ha recogido un apartada especifico dedicado a la violencia de género.
El Informe coincide con lo afirmado por otros organismos como Organización Mundial de la Salud (OMS) en un documento publicado el pasado mes de abril de 2020, y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo e indica que 'La situación de las mujeres
maltratadas es aún mucho más angustiosa desde que el mundo está en suspenso debido a la COVID. Es en estas crisis cuando hay que reforzar la vigilancia sobre la violencia de género para poder paliar el daño causada en las vidas de las mujeres.
Muchas veces, la amenaza es mayor precisamente allí donde debieran estar más seguras: en sus propios hogares.
Durante los trimestres que duró en el confinamiento, los indicadores relativos a denuncias, órdenes de protección, etc., bajaron a excepción de las llamadas al 016, esta línea de auxilio batió el segundo mayor récord de actividad de su
historia el pasado mes de abril, con 8.692 alertas.
Una vez finalizado el mismo, los datos del tercer trimestre del Observatorio del CGPJ indican que el número de denuncias por violencia de género ha aumentado y se ha situado en niveles similares a los de antes del confinamiento.
Por esta especial circunstancia que están sufriendo las víctimas de violencia de género, pero también por las necesidades, anteriormente referenciadas, la de dotación humana y la de material, son las que llevan a requerir la actuación del
Gobierno en esta materia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados reconoce la labor de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra la Violencia de Género, especialmente de las unidades especializadas dentro de los distintos cuerpos.
El Congreso de los Diputados rechaza las manifestaciones que pongan en duda la labor de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y cuestionen su profesionalidad, especialmente si dichas manifestaciones las realizan cargos públicos, por
la incertidumbre que pueden generar entre las víctimas, reacias en muchas ocasiones, como demuestran los datos, a acudir a ellos e interponer una denuncia contra su agresor.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dotar con personal humano suficiente, así como de los recursos materiales pertinentes a las Unidades de Atención de la Familia y de la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en toda España, para
garantizar una mayor agilidad, eficiencia y una dedicación integral a las víctimas, así como espacios adecuados para su atención en las diferentes Comisarías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Beatriz Álvarez Fanjul, Rosa Romero Sánchez, Carlos Rojas García y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Alberto Asarta Cuevas, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
¿Podría indicar los asuntos que fueron abordados en la reunión mantenida el pasado 26 de abril de 2021 entre el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan Gónzalez-Barba, y la Ministra para la Unión Europea y la Constitución de
Austria, Karoline Edtstadler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.
181/001049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Alberto Asarta Cuevas, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
¿Podría indicar los asuntos que fueron abordados en la reunión mantenida el pasado 26 de abril de 2021 entre la Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y su homóloga de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.
181/001050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Alberto Asarta Cuevas, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
Según informaciones publicadas, 'España confirma que Gibraltar no cumple los acuerdos de tabaco y medio ambiente'. Atendiendo a estas informaciones, ¿podría explicar qué medidas han sido promovidas al objeto de asegurar el cumplimiento de
los acuerdos por parte de Gibraltar?
Palacio de! Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.
Comisión de Interior
181/001053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior, don Fernando Grande-Marlaska Gómez.
Texto:
¿Desde cuándo tenía conocimiento el Ministro del Interior de la detención de dos miembros de la seguridad privada del partido político Unidas Podernos por su participación en los graves altercados acaecidos en Vallecas el pasado 7 de abril
en un acto de precampaña de VOX y por qué motivo ocultó tal circunstancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Patricia Rueda Perelló, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Qué criterios y motivos concretos justifican la impartición al personal laboral del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del curso sobre 'El enfoque de hombres y masculinidades'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Diputada.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Rubén Darío Vega Arias, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Qué política va a desarrollar el Gobierno con respecto a la distribución de la pesca del atún rojo de conformidad con lo promovido por parte de las instituciones europeas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-Rubén Darío Vega Arias, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo Grupo Parlamentario VOX.
Dirigidas a la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Texto:
¿Qué medidas pretende adoptar el Ejecutivo ante la especulación con los derechos de emisión de CO2 que disparan el precio de la luz y lastran la competitividad de las empresas, particularmente a las instalaciones afectadas por el régimen de
comercio de derechos de emisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001055
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Considera el Gobierno que activará el consumo la subida de impuestos incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno a la UE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/001056
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Considera el Gobierno que apoya al consumidor de clase media y vulnerable la implantación del cobro a los consumidores y usuarios de peajes en autopistas del Estado, media incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
presentado por el Gobierno a la UE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/001051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Considera que la 'paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta' es una medida que contribuye a la 'igualdad de género'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Interior, la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/044311.
Núm. registro: 106323.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Entradas en domicilios, sin autorización judicial, por parte de la Policía Nacional bajo el argumento de 'desobediencia grave'.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 256, de 13 de abril de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001060.
184/050409
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Olona Choclán, Macarena (GVOX). González Coello de Portugal, Víctor (GVOX). Utrilla Cano, Julio (GVOX). Jiménez Revuelta, Rodrigo (GVOX).
Porcentaje de los ciberataques que son 'falsos positivos' y dependencia jerárquica del Centro de Operaciones de Ciberseguridad, así como previsiones acerca de destinar fondos adicionales al Centro Nacional de Inteligencia, concretamente al
Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) y presupuestos con el que cuenta el ESP-CERT del Ministerio de Defensa.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta 3, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 del
Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Centro Criptológico Nacional, así como que de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la
información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del Centro Nacional de Inteligencia se somete al conocimiento del Congreso de los Diputados a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, comunicando
este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Julio Utrilla Cano y D. Rodrigo Jiménez Revuelta en sus respectivas condiciones de Portavoz adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para la que solicitan respuesta por escrito.
Exposición de motivos
El pasado 8 de marzo, el Grupo Parlamentario VOX registró una iniciativa -con número de registro 97390-, inquiriendo al Gobierno una serie de cuestiones sobre la Seguridad Nacional del país. Concretamente, sobre el nivel de protección de
las Administraciones Públicas en materia de ciberseguridad.
Por su parte, el Gobierno respondió el pasado 14 de abril -con número de registro de entrada 111467-, en los siguientes términos:
'En relación con la pregunta formulada, se informa que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, conforme el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes, siguiendo la estela de años anteriores, las
entidades públicas o privadas que prestan servicios esenciales soportados sobre redes y sistemas de información (Operadores de Servicios Esenciales -OSE-) están realizando una progresiva migración de sus sistemas analógicos a otros digitales, que en
muchos casos necesitan interconexiones para su adecuado funcionamiento. Esta circunstancia provoca el incremento constante de ciberincidentes al ser la superficie de exposición superior año tras año en estas organizaciones.
Por otro lado, el incremento de sondas desplegadas por parte del CSIRT (Computer Security Incident Response Team) de Administraciones Públicas [(Centro Criptológico Nacional (CCN)-Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT)] ha
generado un sustancial incremento de las cifras en ese ámbito en los últimos años, si bien, estos incidentes por norma general no son relevantes -en muchos casos se trata de falsos positivos- acaban engrosando las estadísticas.
Paralelamente cabe reseñar que, junto con el incremento en número de incidentes y desde un punto de vista cuantitativo, la sofisticación de las Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTPs) empleados por los cibercriminales está incrementándose
exponencialmente, con una repercusión muy elevada al tratarse en ciertos casos de ataques dirigidos y muy complejos de detectar.
Por otro lado, cabe señalar que el incremento anual registrado de las cifras de ciberincidentes es parejo al resto de países con condiciones económico-sociales semejantes a España y, en especial, en países miembros de la Unión Europea.
Los CSIRT nacionales de referencia deberán reunir los requisitos tipificados en el artículo 12 del Real Decreto-ley 12/2018 citado, para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y relativas a la primera pregunta planteada,
siendo competencia de la Secretaría de Estado de Seguridad las funciones recogidas en el artículo 10 de ese mismo texto legal así como en el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior.
Además, y dentro del ámbito competencial de la Secretaría de Estado de Seguridad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se está trabajando en la implementación del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, que permitirá
incrementar capacidades para hacer frente a todo tipo de cibercrimen, incluyendo la prevención, detección y persecución de ataques frente a infraestructuras críticas y servicios esenciales en España.
Por otro lado el Ministerio de Defensa indica que la variación de registros del 2019 a 2020 debe ser considerada en el marco de las mejoras realizadas por la Capacidad de Respuesta a Incidentes de Seguridad del Centro Criptológico Nacional
(CCN-CERT) del Centro Nacional de Inteligencia, que ha incrementado notablemente su capacidad de detección de los ciberataques y de automatización e inteligencia artificial aplicada a los sistemas de detección. Además, se han ajustado los
algoritmos para reducir el número de falsos positivos.
A juicio del Ministerio de Defensa, las capacidades nacionales de defensa ante los incidentes de seguridad están ajustadas a las necesidades, aunque por supuesto siempre es deseable un incremento en el nivel de seguridad de empresas y
organismos públicos para que la detección se realice en estos organismos.
Por lo que respecta a medidas de ciberprotección, se informa que se están implementando en las webs de las instituciones públicas españolas. Las métricas para medir la seguridad de una página web son muy variables y no existe un estándar
consolidado. El CCN-CERT realiza campañas que miden la superficie de exposición de estas páginas web de manera automatizada.
Además el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital informa de que en 2019 el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) gestionó 107.000 incidentes de Ciberseguridad en el ámbito de sus competencias, y durante
2020 se gestionaron 133.000 incidentes. La tipología ha variado muy ligeramente entre 2019 y 2020, siendo las principales categorías: uso de malware, fraudes y estafas, y ataques a sistemas vulnerables.
En España existen actualmente tres centros de Ciberseguridad con capacidad de respuesta a incidentes:
- CCN-CERT del Ministerio de Defensa que atiende a la Administración Pública.
- ESP-DEFCERT también del Ministerio de Defensa y que atiende a las redes de propósito general del propio Ministerio y a las redes y sistemas de los diferentes ejércitos.
- NCIBE-CERT, que atiende al sector privado en su totalidad y ciudadanía.
Estos centros están dotados de personal y recursos para atender más de 170.000 incidentes al año aproximadamente, pero dichos incidentes van aumentando en número y sofisticación, lo que requiere un esfuerzo de adaptación constante.
Por último, se indica que en España el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, establece los principios básicos, requisitos mínimos, medidas de protección y mecanismos de conformidad y
monitorización, adaptados al cometido de todo Sector Público para la gestión continuada de la seguridad para la Administración digital. El ENS también es de aplicación a las a
las entidades del sector privado que colaboren con aquellas en la prestación de servicios públicos que involucren el tratamiento de datos personales.
El ENS viene acompañado de una extensa colección de guías con indicaciones precisas para la securización de múltiples aspectos; así como de una amplia panoplia de herramientas de CCN-CERT para auditoría, gestión de ciberincidentes, búsqueda
de indicios (threat hunting), alerta temprana, vigilancia de red, protección y trazabilidad del dato, análisis, inteligencia, antimalware, formación, cumplimiento normativo y análisis de riesgos.
Se trabaja en constituir el Centro de Operaciones de Ciberseguridad para toda la Administración General del Estado (AGE) con el objetivo de reforzar las capacidades de vigilancia, prevención, detección y respuesta ante incidentes de
ciberseguridad. Este Centro contribuirá a mejorar la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
Además, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, presentado por el Presidente del Gobierno el 27 de enero pasado, incluye en el Eje 1, 'Transformación digital de la Administración General del Estado', apartado
3.5 'Ciberseguridad', la Medida 9 'Centro de Operaciones de Cibserseguridad'.
A tenor de lo expuesto anteriormente, resulta procedente plantear las siguientes
Preguntas
1. ¿Qué porcentaje de los ciberataques son 'falsos positivos'?
2. ¿De quién dependerá jerárquicamente el Centro de Operaciones de Ciberseguridad que dará cobertura a toda la Administración General del Estado?
3. [...]
4. ¿Con qué presupuesto cuenta el ESP-CERT del Ministerio de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-Julio Utrilla Cano, Víctor González Coello de Portugal y Rodrigo Jiménez Revuelta, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.