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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 259, de 20/04/2021
cve: BOCG-14-D-259
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de abril de 2021
Núm. 259
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la improcedencia de declarar oficial la lengua asturiana o bable ... (Página6)
Comisión de Defensa
161/002376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros ... (Página7)
Comisión de Interior
161/002368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la creación de una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el municipio de Torrevieja ... (Página9)
161/002373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la coordinación nacional de los Cuerpos de Policía Local ... (Página11)
161/002375 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la vacunación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en Cataluña ... (Página15)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002357 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno al cumplimiento en todos sus términos del Convenio entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif-Alta Velocidad,
Renfe-Operadora, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Sociedad Gijón al Norte, para la integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón (Asturias), publicado en el BOE del 24 de mayo de 2019 ...
161/002366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a establecer un plan de ayudas al sector del transporte por carretera ... (Página20)
161/002372 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la continuidad de la actividad de construcción y reparación naval en la concesión portuaria de los astilleros 'San Enrique' de Vigo (antiguo Vulcano)
... (Página25)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/002378 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a reanudar el programa nacional 'Aulas de la Naturaleza' del Ministerio de Educación y Formación
Profesional ... (Página26)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002364 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que los trabajadores afectados por un ERTE con ingresos que no superen los 22.000 euros anuales queden exentos de realizar la
declaración de la renta ... (Página27)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el apoyo a la factoría de Ford ... (Página28)
161/002380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo a la declaración de 'La Noche de los Tambores' de Mula (Región de Murcia), como 'Fiesta de Interés Turístico Internacional' ...
(Página30)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000484 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la concienciación sobre el invierno demográfico y la promoción de la natalidad. Retirada ... (Página32)
161/002374 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el Día del Pueblo Gitano ... (Página32)
161/002381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la necesidad de ofrecer soluciones a los jóvenes ... (Página33)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001719 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la determinación de valores catastrales de las construcciones situadas en terrenos de naturaleza rústica. Retirada ...
161/002356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la paralización inmediata de cualquier modificación de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura hasta que no se apruebe el plan hidrológico y
se acuerde con los regantes del campo alicantino e instituciones afectadas ... (Página35)
161/002371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso y promoción de la Ley 32/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias ...
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre regulación del voto delegado y asistencia telemática ... (Página38)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002363 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover el uso de productos valorizados por procesos de reciclado químico de los plásticos ... (Página40)
161/002379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre información de emisiones de CO2 en productos de alimentación y textil ... (Página41)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión y actualización urgentes del artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sobre el uso obligatorio de las mascarillas ... (Página42)
161/002362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la enfermedad neurológica de la epilepsia ... (Página44)
161/002369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a promover la creación de la 'Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias' (AIEPPS), con sede en Barcelona ...
Comisión de Igualdad
161/002370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la garantía de la lactancia y el amamantamiento libre para las madres y sus hijos e hijas ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Defensa
181/000929 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), sobre garantía de la seguridad del contingente español de la misión EUTM-Mali ... (Página48)
181/000930 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), sobre confirmación de la noticia de que el Ministerio de Defensa ruso comunicó que las fuerzas de la Flota del Mar Negro comenzaron a monitorear al
entrar en el mar Negro los desplazamientos de la fragata Cristóbal Colón ... (Página48)
Comisión de Interior
181/000943 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre mantenimiento por el Ministerio del Interior de que el cese del Coronel don Diego Pérez de los Cobos se debió a una 'pérdida de confianza' a pesar de
haber sido declarado ilegal por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional ... (Página49)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000927 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre certeza de que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) emitió un informe decisivo para la adopción por parte del Gobierno del 'Acuerdo por
el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A.' ... (Página49)
181/000941 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre informes y datos que avalan los traspasos de gestión a la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación a los servicios de Cercanías y otras
Obligaciones de Servicio Público en materia ferroviaria ... (Página49)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000942 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), sobre medidas previstas para repatriar a los turistas españoles atrapados en Marruecos tras el cierre de las fronteras aéreas por parte del país africano ...
(Página50)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000931 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), sobre medidas puestas en marcha por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para combatir el terrible descenso demográfico que se ha
producido en España en las últimas décadas ... (Página50)
Comisión de Cultura y Deporte
181/000946 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre estrategia del Gobierno de cara a la participación de nuestros deportistas olímpicos en los próximos JJ. OO. de Tokio 2020 ...
181/000947 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre previsiones acerca de defender que la ciudad de Bilbao sea una de las sedes de la Eurocopa 2021 ... (Página51)
181/000948 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre asistencia de público al estadio, como exige la UEFA, en el supuesto de que la ciudad de Bilbao sea una de las sedes de la Eurocopa 2021 ...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/000944 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Callejas Cano (GP), sobre previsiones acerca de renovar el contrato y las aportaciones económicas con el Centro Nacional del Hidrógeno en el año 2021 ...
181/000945 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Callejas Cano (GP), sobre nuevas líneas de investigación y desarrollo que tiene previsto impulsar el Gobierno en el Centro Nacional del Hidrógeno ...
Comisión sobre Seguridad Vial
181/000932 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), sobre previsiones acerca de aumentar el complemento en Seguridad Vial como medida para atraer a agentes demandantes de cursos de tráfico ...
181/000933 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), sobre previsiones acerca de aumentar el número de efectivos del grupo de atestados debido a los problemas causados por la falta de personal ...
181/000934 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), sobre previsiones acerca de aumentar el número de efectivos de la plantilla de tráfico de la Guardia Civil que desde el año 2010 ha disminuido en 1.400
agentes ... (Página52)
181/000935 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), sobre motivo por el que siguen sin suministrarse a todos los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que van en motocicleta chalecos con airbag ...
181/000936 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), sobre motivo por el que siguen sin suministrarse suficientes chalecos antibalas para todos los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que van en
vehículos ... (Página53)
181/000937 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), sobre fecha prevista para equiparar salarialmente a los agentes de la Guardia Civil con otras policías autonómicas como los Mozos de Escuadra ...
181/000938 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), sobre previsiones acerca de dotar de material y medios suficientes a la Guardia Civil para que puedan desempeñar su trabajo de manera digna ...
181/000939 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), sobre previsiones acerca de implantar 11 horas obligatorias de descanso para los agentes de tráfico ... (Página54)
181/000940 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), sobre previsiones acerca de proveer de pistolas táser a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, especialmente a aquellos que se ven expuestos a
situaciones de riesgo en controles de alcoholemia y drogas ... (Página54)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página55)
184/044262 Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Tala de 2,5 hectáreas de bosque en la Ribeira Sacra ... (Página61)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/002377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la improcedencia de declarar
oficial la lengua asturiana o bable, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El Presidente del Principado de Asturias, así como la Portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y Diputada por Asturias, han manifestado su opinión e incluso su intención de comenzar el procedimiento para declarar
oficial la lengua asturiana o bable.
Declarar oficial la lengua asturiana o bable no está entre las prioridades de la gran mayoría de la sociedad asturiana y supondría un desvío de recursos imprescindibles en este momento para otros fines e incluso podría significar la creación
de una red clientelar a su alrededor, el peor de los escenarios en el que se puede situar la cultura o la educación. Sin entrar en aspectos gramaticales o lingüísticos, -de qué bable se declararía oficial-, cuando sigue sin haber acuerdo entre
expertos y mucho menos entre los asturianos de diferentes zonas.
Esa diversidad y voluntariedad ya viene recogida en el Estatuto de Autonomía para Asturias, que establece en su artículo 4: 'El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza,
respetando, en todo caso, las variantes locales y voluntariedad en su aprendizaje'.
Además existe una Ley de uso y promoción del bable/asturiano, de 23 de marzo de 1998, promovida y aprobada por el Partido Popular en la legislatura que gobernó en el Principado. El único partido que se ocupó y preocupó del bable, alejándose
del populismo y titulares fáciles; promoviendo su regulación y mostrando una implicación real.
Pero una implicación real y consecuente con la prácticamente demanda nula de oficialidad por parte de la sociedad asturiana, consciente de los problemas que vienen aparejados a un nacionalismo exacerbado e irracional.
En la actualidad los anuncios de oficialidad del bable solo provocan preocupación en los asturianos, viendo en lo que han desembocado y están desembocando determinadas políticas lingüísticas que incluso llegan a 'espiar' a niños de corta
edad saltándose cualquier seguridad jurídica que les ampara.
Desafortunadamente, Asturias sigue a la cola en tantos parámetros económicos, que antes de cualquier actuación se debería ofrecer la cifra que supone oficializar el bable cuando no hay demanda para ello. Cualquier ciudadano puede hacer una
estimación de lo que puede suponer que todas las Administraciones tengan que disponer de traductores, la implantación en el ámbito educativo, los
organismos de nueva creación asociados a la nueva situación... pero sería bueno que esa cifra la ofrecieran los dirigentes políticos socialistas en el poder.
Hay mucho que potenciar en el ámbito educativo en Asturias, como hacer bilingüe la educación con el inglés en todas las etapas o fomentar una segunda lengua extranjera. Porque aunque aspiramos a que los jóvenes no tengan que abandonar
Asturias en busca del mercado laboral, si ellos no quieren dar ese paso, por supuesto; los mercados son globales y desde cualquier punto del Principado las relaciones labores son en muchas circunstancias al menos en inglés.
La citada Ley de uso y promoción del bable/asturiano, de 23 de marzo de 1998, promovida y aprobada por el Partido Popular en la legislatura que gobernó, fue aprobada por todos los grupos políticos de la Junta General del Principado, incluido
el Partido Socialista y cumple las aspiraciones que la Sociedad tiene sobre la protección del bable. Y así ha sido durante años.
Pero cabe añadir en esta Proposición no de Ley, la Resolución de 17 de mayo de 2018 de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Partido Socialista del Principado de Asturias, por la que se establecen las instrucciones para el
desarrollo de un Plan Piloto Experimental de Promoción del Uso del Asturiano para el año académico 2018-2019.
En los fundamentos de derecho, establece en segundo lugar que 'el empleo voluntario de la lengua asturiana que se promueve mediante el plan se limita a una sesión semanal en un área de conocimiento en cuarto y/o quinto cursos de Educación
Primaria en seis centros docentes, como máximo. Es decir, el empleo de esta lengua, fuera de la asignatura dedicada específicamente a la misma, es sumamente limitado y restringido, de forma que la lengua vehicular que se utilizará, con carácter
general, será, de forma absolutamente predominante, la lengua castellana. De este modo, la competencia lingüística en castellano del alumnado que se incorpore a este plan no se verá afectada por su participación en el mismo'. Resolución del
Gobierno socialista de Asturias hace solo un año y medio, de forma que la lengua vehicular que se utilizará, con carácter general, será, de forma absolutamente predominante, la lengua castellana. Incluso es mucho más restrictivo que la Ley aprobada
por el Partido Popular en 1998.
En todo caso, la suerte de Asturias es que ya tiene una identidad suficiente fuerte y profunda; y no necesita artificios ni titulares para arraigarla.
No es un tema ajeno al Congreso de los Diputados, ya que supondría un cambio en el Estatuto de Autonomía que debería ser refrendado en esta Cámara.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a dirigirse al Gobierno del Principado de Asturias para que:
1.º Respete y respalde el uso y promoción del bable/asturiano según la Ley de 23 de marzo de 1998 que fue aprobada por el Partido Popular.
2.º No promueva la oficialidad de la Llingua Asturiana dado que la lengua absolutamente predominante en el Principado de Asturias es la lengua castellana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2021.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/002376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las zonas de acceso
restringido a la propiedad por parte de extranjeros, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Según fuentes oficiales, en España hay entre 800.000 y 1.000.000 de propietarios británicos de los cuales más de 300.000 tiene la condición de residentes en España. Asimismo cabe indicar que los británicos, primeros compradores de vivienda
extranjeros, concentran el 14%de las operaciones inmobiliarias, situación que se encuentra en claro retroceso por la incertidumbre provocada por el brexit y la devaluación de la libra esterlina.
No obstante la importancia de considerar a los británicos como cabecera de la inversión inmobiliaria en España, debemos poner de relieve el peso que tiene la inversión extranjera en sentido amplio en el ámbito del territorio nacional con
independencia de la nacionalidad inversora. Según recientes datos estadísticos el 29,41 % de las adquisiciones de viviendas por parte de extranjeros tiene lugar en las Islas Baleares, el 26,19 % en la Comunidad Valenciana, el 2577 % en las Islas
Canarias, el 19,9 % en la Región de Murcia, el 12,96 % en Cataluña y el 12,43 % en Andalucía.
A pesar de estos datos, lo cierto es que la pandemia motivada por la COVID-19 ha hundido en más de un 20 % la compra de vivienda en España por parte de ciudadanos extranjeros y hay indicadores que apuntan que podría alcanzar a lo largo del
año 2021 un porcentaje cercano al 50 % de descenso.
Según los datos del Consejo General del Notariado, en el primer semestre del año los ciudadanos extranjeros adquirieron un total de 32.395 inmuebles residenciales, un 37,4 % menos que entre enero y junio de 2019.
La cifra registrada es la más baja desde la segunda mitad de 2013, y que tiene en las restricciones provocadas por la crisis sanitaria su principal explicación. Todas las autonomías han registrado descensos en las transacciones
protagonizadas por extranjeros, siendo la Comunidad Valenciana (- 42,2%) y Canarias (- 42%) las que han registrado las mayores caídas, y el País Vasco (- 19%) y Navarra (- 19,9%), las menores. Otras doce regiones han registrado descensos superiores
al 30%, entre las que se encuentran Baleares, Murcia, Cataluña, Madrid y Andalucía.
Sea como fuera lo cierto es que a las restricciones aplicadas por los Estados extranjeros con motivo de la crisis sanitaria se une un antiguo y anacrónico condicionante de carácter administrativo y burocrático susceptible de provocar un
desincentivo a la hora de adquirir una vivienda en España por parte de ciudadanos extranjeros y en mayor medida entre los adquirentes principales, en este caso, los británicos.
En determinadas zonas de nuestro territorio nacional la adquisición de bienes inmuebles o derechos reales por parte de extranjeros sigue estando sujeta a la obligada obtención previa e indispensable de una autorización militar.
Esta situación afecta a unos 1.500 municipios en toda España. Las zonas delimitadas en esta ley de 1975 son las llamadas 'zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros' y afectan principalmente al suelo rústico.
Esta condición se encuentra regulada en la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional y desarrollada por su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero.
Dicho reglamento establece expresamente en su artículo 40.1. 'A los efectos establecidos en los artículos anteriores, los Notarios y Registradores de la Propiedad deberán exigir de los interesados el acreditamiento de la oportuna
autorización militar, con carácter previo al otorgamiento o inscripción, respectivamente, de los instrumentos públicos relativos a los actos o contratos de transmisión del dominio o constitución de derechos reales a que dichos preceptos se
refieren'. Por lo tanto, de la literalidad del precepto se desprende claramente que la autorización militar es siempre preceptiva al otorgamiento del título notarial de adquisición.
Con la entrada de España en la Unión Europea, la exigencia subjetiva de este precepto fue modificada para que los ciudadanos de la Unión Europea fueran considerados como nacionales y no tuvieran que solicitar estas autorizaciones.
En consecuencia, todos los nacionales de países no comunitarios (salvo Islandia, Suiza y Noruega, que no lo necesitan al haber suscrito el acuerdo de libre circulación con la Unión), que pretendan adquirir una propiedad en determinadas zonas
de nuestro territorio nacional necesitarán la autorización expresa del Ministerio de Defensa, incluido el Reino Unido.
Para el otorgamiento de esta autorización militar por parte del ministerio de Defensa se requiere, entre otras cosas, que el solicitante aporte certificado de antecedentes penales del país de origen y un plano de situación indicando incluso
cual es la distancia a la instalación militar española más próxima.
Como se ha dicho, este nivel de exigencia puede influir en la motivación a la hora de adquirir inmuebles en España por parte de extranjeros y más si tenemos en cuenta que el trámite puede alargarse por periodos de tiempo superiores a los
seis meses.
Qué duda cabe que el Ministerio de Defensa puede jugar un papel dinamizador en aquellas zonas en que se exige autorización militar para la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no comunitarios.
Qué duda cabe que la inversión extranjera en estos momentos de recesión económica motivada por la crisis sanitaria puede servir de elemento incentivador para reactivar un sector seriamente castigado como el inmobiliario y a la vez puede
contribuir a relanzar otros sectores en el ámbito de los servicios gravemente perjudicados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que facilite y agilice el procedimiento para la adquisición en España de bienes inmuebles por extranjeros no comunitarios de la siguiente manera:
1. Actualizando desde el punto de vista objetivo qué inmuebles están afectados a este régimen de fiscalización conforme a la calificación urbanística del momento y no con arreglo a la que tuviera en 1978.
2. Sustituyendo la preceptiva autorización militar previa recogida en el artículo 40.1 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que
desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, por una comunicación electrónica que deba practicar el notario autorizante de la escritura que documente al Ministerio de Defensa la respectiva
adquisición del derecho real sobre el inmueble de que se trate, en el mismo día o el primer hábil siguiente al respectivo otorgamiento y por lo medios telemáticos y firma electrónica notarial. Dicha comunicación electrónica contendrá, conforme al
modelo normalizado que se regule reglamentariamente, el conjunto de requisitos de información que se juzguen pertinentes para la fiscalización pretendida (tanto desde el punto de vista del sujeto como del propio inmueble afectado), regulándose,
asimismo, la extensión de la correspondiente nota marginal en folio abierto en el registro de la propiedad a la finca respectiva, la cual quedaría afecta, por el plazo del respectivo asiento registral, a la incoación que proceda, en su caso, del
oportuno expediente de información que se inicie a instancias del ministerio competente durante el plazo que se establezca por la normativa de desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2021.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Miguel Ángel Jerez Juan, Sebastián Jesús Ledesma Martín y Margarita Prohens Rigo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/002368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel, don Ignacio Gil Lázaro, don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don José María Sánchez García y don Manuel Mestre
Barea, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la
creación de una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el municipio de Torrevieja, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
1. Torrevieja es un municipio de la provincia de Alicante, dentro de la comarca de la Vega Baja del Segura, Comunidad Valenciana, con una población de 84.667? 1 habitantes en 2020, cuyo término municipal ocupa una extensión de 71
kilómetros cuadrados. Actualmente es la quinta ciudad en número de habitantes de la Comunidad Valenciana y la tercera de la provincia de Alicante.
2. Desde el año 1990, Torrevieja contaba con un padrón municipal de 23.192 habitantes, pasando a los 50.189 empadronados una década después, en el año 2000. El aumento de la población de Torrevieja continuó en la primera década del siglo
XXI hasta el año 2013, en el que el número de empadronados era de 105.205 habitantes. A partir del año 2015, y tras una regularización estatal obligatoria del padrón municipal, el crecimiento de la población se estabilizó, contando con 88.447
habitantes de derecho en el 2015.
3. Desde hace años se viene reclamando la creación de una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el municipio de Torrevieja. El sindicato Unión Federal de Policía de la Comunidad Valenciana ('UFP'), reclamó en 2015 la 'urgente' puesta
en marcha de una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la localidad de Torrevieja? 2. El sindicato resaltaba que la falta de una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad ponía en riesgo la seguridad ciudadana dado que las
necesidades policiales se cubrían por los efectivos de la Comisaría Provincial de Alicante. La UFP consideraba urgente la creación de una comisaría por varias razones. En primer lugar, porque en Torrevieja residían un número considerablemente
mayor que los empadronados -unos 107.000 habitantes en aquel año- y, en segundo lugar, porque se trata de un municipio que en verano puede alcanzar los 400.000 habitantes, al ser una zona turística.
4. En el primer trimestre del año 2016, Torrevieja se convirtió en el municipio de más de 50.000 habitantes que más robos con violencia en domicilios había registrado en lo que iba de año, con una tasa de 10,99 por cada 1.000 vecinos,
duplicando a la segunda localidad con más allanamientos (San Cugat del Vallés).
5. El Ministerio del Interior publicó el pasado mes de enero de 2021 el balance de criminalidad del cuarto trimestre de 2020? 3. En dicho balance se puede apreciar que se ha producido un descenso del 19,84 % de las infracciones penales,
con respecto al mismo periodo del año 2019. Sin embargo, este descenso está íntimamente relacionado con las circunstancias derivadas de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma por la
crisis ocasionada por la COVID-19.
6. En el balance se puede observar que las ciudades de más de 30.000 habitantes con mayor tasa de inseguridad son El Prat de Llobregat, Barcelona y, en tercer lugar, Torrevieja. Los tres municipios cuentan con niveles superiores a los 66
delitos por cada 100.000 habitantes. Concretamente, Torrevieja registra 67 infracciones por cada 1.000 ciudadanos? 4.
7. A pesar de la extensión y número de habitantes, y a diferencia de otras ciudades de la Comunidad Valenciana, actualmente Torrevieja cuenta únicamente con una Comisaría Local y una Unidad de Inmigración y Extranjería adscrita a la
Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante, que fue creada mediante la Orden INT/1472/2014, de 25 de julio, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones
de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía? 5.
8. En definitiva, existen razones justificadas para promover la construcción de una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el municipio de Torrevieja, entre ellas las siguientes: (i) por sus características, al tratarse de una ciudad
con más de 80.000 habitantes que aún no cuenta con una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía; (ii) Torrevieja es un destino turístico muy concurrido en épocas estivales y vacacionales, habiendo registrado cifras superiores a los 400.000
habitantes; (iii) ocupa el tercer lugar en el ranking de mayor tasa de infracciones penales y, por ende, constituye una de las localidades más inseguras de España.
1 Instituto Nacional de Estadística: https:/ /www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2856.
2 https:/ / www.diariodelavega.com/la-ufp-cv-reclama-la-urgente-creacion-de-la-comisaria-de-policia-nacional-de-torrevieja/.
3 Balance de criminalidad del Ministerio del Interior del cuarto trimestre del año 2020: http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Balance+de+Criminalidad+Cuarto+Trimestre+2020.pdf/db5e26e7-3fl4-4894-8e2f-600839326d04.
4 https://www.elconfidencial.com/espana/2021-03-04/el-prat-barcelona-y-torrevieja-las-ciudades-mas-inseguras_2974140/.
5 BOE núm. 190, de 6 de agosto de 2014, páginas 63089 a 63090: https:/ / www.boe.es/buscar/doc.php7kUBOE-A-2014-8491.
9. La construcción de una nueva comisaría en Torrevieja conllevaría importantes consecuencias positivas como (i) aumentar la seguridad ciudadana en el municipio; (ii) reducir la tasa de criminalidad, aumentando la sensación de seguridad;
(iii) independencia funcional de la Policía del municipio, eliminando la necesidad de recurrir a la Comisaría Provincial de Alicante para solicitar efectivos ante cualquier circunstancia.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la urgente creación de una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el municipio de Torrevieja, dotándola de los medios humanos y materiales permanentes
y necesarios para el desarrollo de sus funciones en la localidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Eduardo Luis Ruiz Navarro, José María Sánchez García y Manuel Mestre
Barea, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel, don Ignacio Gil Lázaro, don Francisco Javier Ortega Smith-Molina y don Pedro Fernández Hernández, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la coordinación nacional de los Cuerpos de
Policía Local, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. De los Cuerpos de Policía Local.
1. 'Los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados, de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada' que mantienen 'la seguridad ciudadana, como policía de proximidad, así como en el ejercicio de las funciones de policía
judicial, a cuyos efectos, por el Gobierno de la Nación, se promoverán las actuaciones necesarias para la elaboración de una norma que defina y concrete el ámbito material de dicha participación', artículos 52.1 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LO 2/1986) y disposición adicional décima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), respectivamente.
2. De acuerdo con la exposición de motivos de la LO 2/1986 'se atribuyen a las Policías Locales las funciones naturales y constitutivas de toda policía; recogiéndose como específica la ya citada ordenación, señalización y dirección del
tráfico urbano; añadiendo la de vigilancia y protección de personalidades y bienes de carácter local, en concordancia con los cometidos similares de los demás cuerpos policiales, y atribuyéndoles también las funciones de colaboración con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en materia de policía judicial y de seguridad ciudadana'.
3. Las funciones que han de ejercer los Cuerpos de Policía Local (CPL), conforme al artículo 53 de la LO 2/1986, son:
'a) Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.
e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.
f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil.
g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.
h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones
humanas, cuando sean requeridos para ello.
i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.'
4. En pronunciamiento del Tribunal Constitucional se establece que las funciones de los CPL 'trascienden del mantenimiento de la seguridad pública, desarrollando una actividad predominantemente 'de policía administrativa' [salud y
salubridad municipal (mercados, sanidad animal, funerarias...), medio ambiente (ruidos, vibraciones, emisiones...), protección del patrimonio (particular, público, histórico...), horarios comerciales, locales de ocio, urbanismo, etc.]; tareas de
supervisión, control e intervención procedimental destinadas a velar por la sujeción de los particulares al Derecho en sus relaciones de convivencia, que se diferencian netamente de las predominantemente 'de seguridad' de otros cuerpos policiales
(estatales o autonómicos), en los que el ejercicio de las funciones de seguridad es lo definitivo.' (STC 86/2014, de 29 de mayo).
5. En definitiva, estamos ante un cuerpo policial que, si bien es cierto que posee un ámbito de actuación delimitado y circunscrito, en los términos descritos, derivado de la propia naturaleza de los CPL, está incluido en la categoría de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de acuerdo con el artículo 2 de la LO 2/1986. Parte de su normativa, que le es de aplicación, se corresponde con la legislación aplicable a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ('FCSE'), entre ellas el
sometimiento a determinados principios que son los mismos por los que se rigen las FCSE.
Segundo. Competencia en materia de los Cuerpos de Policía Local.
6. Conforme al artículo 149.1.29.ª de la Constitución, la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de la atribución a las Comunidades Autónomas de 'La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La
coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.' (artículo 148.1.22.ª Constitución).
7. Consecuencia del mandato constitucional del desarrollo orgánico, nos encontramos con la LO 2/1986, en la que se recogen aspectos fundamentales de los CPL.
8. Asimismo, el artículo 149.1.18.ª de nuestra norma suprema establece la competencia del Estado en relación a 'las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso,
garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa;
legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas'.
9. Estamos ante una materia competencial de fácil división entre Estado y Comunidades Autónomas, que, sin embargo, tal y como apunta Almonacid Lamelas, adquiere mayor prolijidad debido a dos matices fundamentales como son la naturaleza
'local' de los CPL, así como la consideración de policía que estos tienen? 6.
10. El corolario de este marco regulador implica la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública, y en la que además se ha de establecer la normativa básica en relación con el régimen local, correspondiendo a las
Comunidades Autónomas desarrollar la normativa.
6 Almonacid Lámelas, V: 'El régimen jurídico aplicable a las Policías Locales: legislación y jurisprudencia (1)'. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 2005, núm. 24, pp. 4057-4074.
Tercero. Los Cuerpos de Policía Local, comunidades autónomas y municipios.
11. Debido a la naturaleza netamente local o de la administración periférica de los CPL, en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se establece lo siguiente:
'La Policía Local solo existirá en los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, salvo que el Ministerio de Administración Territorial autorice su creación en los de censo inferior. Donde no existan, su misión se llevará a cabo
por los auxiliares de la Policía Local, que comprenderá el personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de Guardas, Vigilantes, Agentes, Alguaciles o análogas.'
12. En el artículo 38 de la LO 2/1986 se recogen las funciones que las Comunidades Autónomas pueden ejercer a través de sus CPL, distinguiendo tres niveles de actuación, ya sea según de carácter exclusivo, de colaboración con las FCSE o de
prestación simultánea e indiferenciada con las FCSE. Del mismo modo, en el artículo 39 de la referida Ley Orgánica, se establece que corresponde a las Comunidades Autónomas la coordinación de la actuación de las policías locales en su ámbito
territorial, y recoge las siguientes funciones:
'a) Establecimiento de las normas-marco a las que habrán de ajustarse los Reglamentos de Policías Locales, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y en la de Bases de Régimen Local.
b) Establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los distintos Cuerpos de Policías Locales, en materia de medios técnicos para aumentar la eficacia y colaboración de éstos, de uniformes y de retribuciones.
c) Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales, determinando los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría, sin que, en ningún caso, el nivel pueda ser inferior a graduado
escolar.
d) Coordinar la formación profesional de las Policías Locales, mediante la creación de Escuelas de Formación de Mandos y de Formación Básica.'
13. En relación con la regulación relativa a las entidades locales, el pilar fundamental normativo que existe en nuestro ordenamiento jurídico es la LBRL, que establece que los municipios ejercerán como competencia propia, de acuerdo con la
normativa estatal y de las Comunidades Autónomas, las funciones derivadas de la materia de policía local [(artículo 25.2.f)].
14. Consecuencia de la delegación normativa de las policías locales en virtud de lo recogido en los Estatutos de Autonomía de cada Comunidad Autónoma cuando así tenga asimilada la competencia en esta materia, es la heterogeneidad de los CPL
en nuestro país. Es evidente que a falta de una normativa común que sirva de marco regulador y coordinador de los CPL de nuestra geografía, nos encontraremos con tantos sistemas, idiosincrasias y nomenclaturas como policías locales haya; eso sí,
respetando los mínimos que orgánicamente se establecen y que se han referenciado.
15. Otro efecto de esta falta de cohesión en los CPL son los medios con los que estos pueden llegar a contar en función del territorio en el que se encuentren. Esta afirmación va en detrimento directo de la seguridad pública, por cuanto
que en un CPL que cuente con mayores medios, ya sean estos materiales o personales, la esfera de seguridad será más elevada.
16. Esta diversidad, que como apuntamos no va en aras de la seguridad pública del ciudadano, tiene que ser coordinada por el Estado buscando la igualdad en la seguridad pública, por ser este, titular exclusivo en el ámbito de competencia,
por mandato constitucional.
17. La necesidad de asegurar la integridad de los ciudadanos y de la seguridad pública, ya sea esta a través de las FCSE o de los CPL, pasa por una coordinación, armonización y sinergia que ha de ser continua y constante. De este modo, de
acuerdo con el artículo 45 de la LO 2/1986 se establece que 'los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas deberán prestarse mutuo auxilio e información recíproca en el
ejercicio de sus funciones respectivas'; reconociéndose en el artículo siguiente el mando a las FCSE cuando concurran en una operación con policías autonómicas. Esta coordinación fundamental también en el ámbito municipal requiere, sin embargo, de
una regulación normativa que ayude a aunar los cuerpos y elimine la referida asimetría.
Cuarto. Coordinación de Cuerpos de Policía Local entre municipios.
18. A través de la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, se introdujo una disposición adicional quinta a la LO 2/1986, que establecía la asociación de dos o más
municipios limítrofes de una misma Comunidad Autónoma, cuando estos no contasen con los medios necesarios para la prestación del servicio de un CPL. En definitiva, se permitía el establecimiento de mancomunidades voluntarias de municipios para la
prestación del servicio de CPL en su ámbito territorial? 7.
19. Los acuerdos de asociación intermunicipal respetarán 'las condiciones que se determinen por el Ministerio del Interior y contarán con la autorización de éste o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente con arreglo a lo que
disponga su respectivo Estatuto de Autonomía'? 8.
20. Esta fórmula de asociación, nada novedosa en la Administración, nos la podemos encontrar del mismo modo para el caso de los Cuerpos de Bomberos, para poder asegurar la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios en
todo el territorio nacional.
21. Del mismo modo que se apuntaba con anterioridad a la falta de cohesión, heterogeneidad y asimetría en la seguridad pública por los CPL que existen en nuestro país; en el caso de los Bomberos y Servicios de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento ('SPEIS') ocurre lo mismo.
Quinta. Necesidad de coordinación de los Cuerpos de Policía Local en nuestro país.
22. En nuestro país hay cerca de 70.000 Agentes de los CPL? 9 que, en función del municipio en el que se encuentren y de la Comunidad Autónoma de la que dependan, tendrán unas características u otras, por no hablar de los medios materiales
con los que pueden llegar a contar.
23. Debido al alto número de efectivos de los CPL que hay, es fundamental que la coordinación y cohesión sea la realidad a alcanzar para que las desigualdades en la protección de la seguridad pública que estos Agentes desarrollan no afecten
a los ciudadanos de los municipios que cuenten con menos medios.
24. Unos CPL coordinados y cohesionados requieren del establecimiento de una regulación que sirva para su homogeneización a nivel nacional, sin perjuicio de la coordinación y desarrollo constitucionalmente reconocida a las Comunidades
Autónomas.
25. La necesidad de establecer una coordinación de los CPL, lejos de ser una cuestión novedosa, encuentra entre sus antecedentes, tal y como apunta Fernández Sánchez, la presentación al Ejecutivo y diversos Grupos Parlamentarios en
legislaturas pasadas, desde distintas agrupaciones y asociaciones, de un borrador de una 'Ley Estatal de Policía Local', o de otro de 'Ley Integral de Seguridad Local'? 10. En ellos se incluían diversos aspectos fundamentales de los CPL, como la
coordinación, cohesión y armonización de los CPL. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) es el Sindicato de los servidores públicos que, en la presente Legislatura, ha impulsado en el Congreso de los Diputados el proyecto de
aprobación de una Ley nacional de coordinación de Policías Locales que el Grupo Parlamentario VOX apoya por completo y del que la presente Proposición no de Ley constituirá antecedente para los debates parlamentarios y el necesario consenso entre
los Grupos políticos.
26. A fortiori, la seguridad pública, competencia del Estado, pasa porque los distintos CPL tengan una homogeneización en nuestro país para llegar al máximo nivel de protección ya no solo de los ciudadanos sino también de los agentes
incluidos en los cuerpos. Continuando con Fernández Sánchez, en relación con una posible modificación de la LO 2/1986 sobre los CPL; la reorganización del actual modelo policial español habrá de adecuarse a la realidad, y sus demandas, para hacer
más profesionales y homogéneos a los agentes que trabajan en estos Cuerpos policiales? 11.
7 El desarrollo de esta nueva disposición adicional se encuentra en la Orden INT/2944/2010, de 10 de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la Asociación de Municipios con la finalidad de prestar servicios de Policía Local,
de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Orden que tuvo mucha controversia en cuanto a la competencia de las comunidades autónomas a la hora de
mancomunar servicios municipales. V.gr. STC 86/2014, de 29 de mayo.
8 Inciso segundo de la disposición adicional quinta de la LO 2/1986.
9 Según datos facilitados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
10 Fernández Sánchez, P.: El futuro de las policías locales: análisis normativo, jurisprudencial, y estudio de caso de las policías locales de la provincia de Tarragona, Doctoral dissertation, Universitat Rovira i Virgili, 2016.
11 Fernández Sánchez, P. (2016): Op.cit.
27. Entre los ámbitos que se habrían de armonizar desde el Estado para conseguir unos CPL cohesionados y coordinados, nos encontraríamos con la regulación de:
1. Uniformidad.
2. Armamento.
3. Medios técnicos.
4. Régimen estatutario.
5. Régimen de formación.
6. Movilidad, provisión de puestos, acceso y promoción interna.
7. Cualquier otro aspecto que conlleve la coordinación de los CPL.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas legislativas necesarias para lograr la homogenización de los CPL en toda España mediante la remisión, en particular, en el plazo máximo de doce meses, al Congreso de los
Diputados, de un Proyecto de Ley nacional de coordinación de los CPL que incluya una regulación armonizada sobre los siguientes aspectos:
- Estructura de los CPL y, con la finalidad de racionalizar las plantillas, criterios unificados de proporcionalidad entre las diferentes categorías.
- Uniformidad.
- Armamento.
- Medios técnicos.
- Régimen Estatutario específico donde, entre otros aspectos, se regule de manera uniforme la Prevención de Riesgos Laborales; segunda actividad que contemple el paso a la misma por cumplimiento de las edades que se determinen para las
distintas escalas, por disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función policial y por embarazo y riesgo durante la lactancia natural; obligación de proporcionar a los miembros de los CPL un seguro de responsabilidad civil
que les mantenga indemnes de cualesquiera consecuencias que puedan derivarse del ejercicio legítimo de sus funciones, incluidos los gastos de defensa en procesos judiciales, fianzas, y demás responsabilidades civiles; garantías específicas durante
la tramitación de expedientes disciplinarios que incluya la emisión de un informe preceptivo de la Agencia nacional o autonómica respectiva de protección de los denunciantes de corrupción.
- Régimen de Formación, incluida la definición y creación de Centros públicos de formación de Policía Local en España.
- Movilidad, provisión de puestos, acceso y promoción interna.
- Integración de los CPL en las Bases de Datos Policiales dependientes de la Secretaría de Estado, con el alcance necesario para el adecuado desempeño de sus funciones, así como las aplicaciones informáticas para la elaboración de atestados
y desarrollo de investigaciones.
- Cualquier otro aspecto que conlleve la homogenización de los CPL en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina y Pedro Fernández Hernández, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel, don Ignacio Gil Lázaro, don Francisco Javier Ortega Smith-Molina y don Juan Carlos Segura Just en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la vacunación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FYCSE) destinados en Cataluña, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. La labor esencial desempeñada por las fuerzas y cuerpos de seguridad en la pandemia.
Desde que el 14 de marzo de 2020 se decretara el estado de alarma, debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, la labor desempeñada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FYCSE) ha sido esencial. Pero no solo se han
limitado a las funciones propias del Cuerpo, recogidas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ('LOFCSE')? 12, sino que su actuación ha ido más allá, realizando servicios de carácter
humanitario y sanitario? 13. Todo ello, además, con escasez de recursos y medios necesarios de prevención y equipos de protección individual, poniendo en riesgo su propia salud.
Segundo. Derecho a la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado frente a los riesgos laborales.
El Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen las normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía reconoce, en su artículo 3, el derecho de los integrantes
del citado cuerpo a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El artículo citado señala expresamente lo siguiente:
'1. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tal derecho comprende el derecho a la información, a la formación en materia preventiva, a realizar
propuestas y a participar en la prevención de todos los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y a la adopción de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. Igualmente será un derecho de estos
funcionarios la vigilancia periódica de la salud, y ésta será inherente a la actividad llevada a cabo, sin perjuicio de los riesgos específicos que deben asumir los funcionarios de policía en situaciones de riesgo grave, catástrofe y situaciones de
emergencia social. Todo ello de acuerdo con los términos que se señalan en este real decreto.
2. La Administración del Estado adoptará las medidas necesarias orientadas a garantizar la seguridad y salud de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades
profesionales, dentro de las peculiaridades que comporta la función policial.'
Por tanto, garantizar el derecho a la salud de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) es obligación de la Administración del Estado, la cual deberá adoptar las medidas necesarias orientadas a garantizar la seguridad y salud de
los mismos en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de sus actividades profesionales, dentro de las peculiaridades que comporta la función policial.
El mismo derecho a la salud en el desempeño de su actuación profesional se reconoce a la Guardia Civil en el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. El artículo 6 establece,
concretamente, que 'la Dirección General de la Guardia Civil garantizará una adecuada vigilancia de la salud de sus miembros en función de los riesgos profesionales a los que estén expuestos. Por otro lado, su artículo 11 recoge la obligación de la
Administración, señalando lo siguiente:
'Sin perjuicio de otras obligaciones que se indican en otras disposiciones de este real decreto, los órganos administrativos comprendidos en su ámbito de aplicación adoptarán las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, la
seguridad y salud del personal al utilizar medios y equipos.
12 Artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 'Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana mediante el desempeño de sus funciones'.
13 Transportar medicamentos y alimentos a personas que residen en lugares de difícil acceso; entregar material sanitario y servicios de formación en materia de prevención y protección; contactar con personas mayores que viven en soledad o
en residencias; trasladar pacientes; apoyar a personas sin hogar y a menores y personas con discapacidad; trabajos de desinfección de instalaciones; y un largo etcétera.
Del mismo modo, deberán proporcionar al personal incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de éstos cuando, por la
naturaleza de las misiones desempeñadas, sean necesarios.
Así mismo, deberán adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación del personal, para lo cual se les asignarán los medios necesarios para poner en práctica estas medidas.
Siempre que sea posible, en supuestos de riesgo grave e inminente, el personal afectado deberá estar informado de su existencia y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de prevención.'
Tercero. Inclusión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la estrategia nacional de vacunación frente a la COVID-19 como colectivo que desempeña un trabajo esencial.
La Estrategia Nacional de Vacunación frente a la COVID-19 en España aprobada el 2 de diciembre de 2020 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, recoge en el punto 3.6.8, relativo a la priorización en la vacunación y la
evaluación de los grupos de población a vacunar, a las personas que desempeñan un trabajo esencial, entre las que se incluyen a las FYCSE. La mencionada estrategia define un servicio o actividad esencial como 'aquel o aquella necesarios para el
mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas'. Dentro de las actividades
esenciales, distingue la estrategia entre los servicios especialmente críticos, donde se incluyen las funciones de las FYCSE, y otras actividades esenciales de sectores que son básicos para el funcionamiento de la sociedad. Respecto de los
servicios especialmente críticos, señala expresamente que constituyen una 'función esencial para la sociedad y cuentan con efectivos limitados y difícilmente reemplazables'.
Por su parte, la cuarta actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación frente a la covid-19, de 26 de febrero de 2021? 14, en su punto 4, relativo a los grupos de personas a vacunar, recoge como Grupo 6 a colectivos en activo con una
función esencial para la sociedad, incluyendo dentro de los mismos a la Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección civil, Emergencias y Fuerzas Armadas.
Así, a finales del mes de febrero, y en cumplimiento de dicha Estrategia Nacional, se empezó a llevar a cabo la vacunación de los integrantes del CNP y de la Guardia Civil.
No obstante, la administración de las vacunas se está llevando a cabo por las Comunidades Autónomas, a través de las distintas Consejerías de Sanidad. Esto está provocando que haya un ritmo desigual en el cumplimiento de las diferentes
fases de vacunación y con distintas prioridades. Además, la falta de un protocolo detallado sobre el orden de las profesiones esenciales está dibujando diferentes realidades dependiendo del lugar geográfico? 15, siendo uno de los colectivos más
afectados por esta disfuncionalidad los agentes del CNP y de la Guardia Civil.
Cuarto. Discriminación en la vacunación a los miembros de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.
El Departamento de Salud de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en cumplimiento del Plan de vacunación, comenzó a vacunar a principios del mes de febrero a los policías locales y a los Mossos d'Esquadra. Sin embargo, no fue hasta mediados de
marzo cuando se inició el proceso de vacunación a los miembros del CNP y de la Guardia Civil destinados en la comunidad, siendo la más tardía en comenzar en España.
A esta tardanza hay que añadir, además, la paralización de la vacunación por orden del Ministerio de Sanidad. A día de hoy, a pesar de que se han vacunado a casi la totalidad de los agentes integrantes de la policial local y de los Mossos
d'Esquadra, solo se han inmunizado 98 policías del CNP y 200 guardias civiles de Barcelona.
14 COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf (mscbs.gob.es).
15 https://www.eldiario.es/sociedad/distintos-comunidades-autonomas-vacunacion-80- anos_l_7235667.html.
Finalmente, la Generalitat de Cataluña tomó la decisión, el pasado 26 de marzo, de retomar únicamente el proceso de vacunación de AstraZeneca para los miembros de la Policía Nacional que se encuentren entre la franja de los 60 a los 65 años,
priorizando el criterio de la edad. Esta situación ha sido denunciada por los principales sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentó un escrito ante el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC), exigiendo la adopción de una serie de medidas cautelares urgentes, con el fin de que se reanudara de inmediato la campaña de vacunación de todos los agentes destinados en esa comunidad? 16. Dicho sindicato denunció
que, 'en una decisión sin justificar, en Cataluña solo se vacunará a los policías nacionales de entre 60 y 65 años mientras que el resto de los policías nacionales destinados en la comunidad catalana tendrán que esperar para recibir su dosis a que
se vacune toda la población de ese rango de edad en esa comunidad'. En ese mismo escrito SUP reitera 'el incumplimiento manifiesto del principio de igualdad por parte de la Consellería de Salud de la Generalitat que solo vacuna a policías locales o
autonómicos y niega ese mismo derecho a los policías nacionales'? 17.
Asimismo, la Unión Federal de Policía (UFP) presentó también una denuncia ante la Fiscalía Superior del TSJC contra la consellera de Sanidad, por un presunto delito contra la seguridad e higiene en el trabajo y por no dar cumplimiento a lo
establecido en el plan de vacunación. También el sindicato policial JUPOL y la asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL han pedido al Ministerio de Sanidad que aclare el cambio en el protocolo y anuncian que tomarán medidas judiciales en
caso de no comenzar, de forma inmediata, la campaña de vacunación a la Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña. El secretario regional de JUPOL en Cataluña, Marcos Vieiras, denunció, igualmente, que 'el servicio catalán de salud no ha cumplido
con las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad en relación con la vacunación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado'.
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) estudia acudir a los tribunales por el nuevo criterio de vacunación seguido por el Gobierno de Cataluña, ya que considera que la Generalidad 'juega con su salud' en una estrategia de
'muerte administrativa' de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, ha propuesto que el Ministerio del Interior utilice dependencias del Estado para proceder a la vacunación 'fuera de injerencias políticas'? 18.
En un comunicado, la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) ha lamentado la ralentización por el aumento del rango de edad y la carencia de dosis, manifestando que 'tal y como informó la Dirección General en el Pleno del Consejo
celebrado el pasado martes, a esa altura la Guardia Civil ha vacunado al 66,4 %, 43.7000 efectivos, existiendo cuatro Comunidades Autónomas por debajo del diez por ciento, Aragón, Cataluña, Extremadura y Galicia. En el resto de las Comunidades
cerca del 80 % del personal ha sido ya vacunado. Esto supone que en las citadas comunidades los guardias civiles hayan estado muy expuestos en su mayoría a posibles contagios, tanto como receptores como transmisores al resto de los ciudadanos.
Ante esta circunstancia, AUGC reclama que se acelere el proceso en los territorios donde se encuentra más retrasado, dado que, especialmente en algunas de las comunidades, como Cataluña, la incidencia sigue siendo muy alta. Precisamente en ésta y
otras comunidades autónomas hay que señalar que otros colectivos de trabajadores de la seguridad pública han recibido ya sus correspondientes vacunas, por lo que no se entiende que en el momento en que estos compañeros fueron vacunados no se
incluyera también en ese turno a los guardias civiles'? 19.
En definitiva, esta situación que sufren los miembros del CNP y de la Guardia Civil destinados en Cataluña constituye una clara discriminación respecto a los cuerpos policiales autonómicos, así como un atentado contra el principio de
igualdad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución. Como hemos mencionado anteriormente, estos están reconocidos como personal que desempeñan una actividad esencial y, por tanto, con derecho preferente para ser vacunados contra la COVID-19,
con el fin de poder desempeñar sus funciones públicas con garantías de salud, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Vacunación elaborado por el Ministerio de Sanidad.
16 https://www.elespanol.eom/espana/20210326/agentes-policia-nacional-tribunales-reanude-vacunacion-cataluna/568943431_0.html.
17 Ibid.
18 'Quejas de Policía y Guardia Civil por retrasos en recibir la vacuna en Cataluña', elmundo.es (Cataluña).
19 AUGC lamenta la ralentización en la vacunación de los guardias civiles ante el aumento del rango de edad y la carencia de dosis.
Por último, cabe recordar que, de conformidad con el artículo 151.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 20, el acuerdo adoptado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)
para la aplicación de la Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19 es de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del citado Consejo, con independencia del sentido de su voto. Por tanto, la estrategia es
de carácter obligatorio porque el acuerdo que lo aprueba versa sobre materias en las que la Administración General del Estado tiene atribuidas funciones de coordinación general de la sanidad, de acuerdo con la distribución de competencias reconocida
en la Constitución, y, por consiguiente, es exigible su cumplimiento a todas las Administraciones Públicas integrantes del CISNS, con independencia del sentido de su voto, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso- administrativa.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover en el seno de la Conferencia Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, en su caso, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, el cumplimiento efectivo del Acuerdo sobre la aplicación de la Estrategia
Nacional de Vacunación frente a la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Cataluña, de manera que se proceda inmediatamente y con carácter urgente a la vacunación de todos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí destinados.
2. Adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean vacunados en igualdad de condiciones que sus homólogos autonómicos, cumpliendo, así, con la Estrategia
de Vacunación de colectivos esenciales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2021.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y Juan Carlos Segura Just, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isidro Martínez Oblanca, Diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo del reglamento de la Cámara presenta, para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al
cumplimiento en todos sus términos del Convenio entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif-Alta Velocidad, Renfe-Operadora, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Sociedad Gijón al Norte,
para la integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón (Asturias), publicado en el BOE del 24 de mayo de 2019.
Exposición de motivos
No pueden resultar más desoladoras las recientes informaciones publicadas sobre el desarrollo del Convenio entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif-Alta Velocidad, Renfe-Operadora, la
9 Artículo 151.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 'Las decisiones que adopte la Conferencia Sectorial podrán revestir la forma de:
a)Acuerdo: supone un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente exigible s de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, salvo para quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlos con posterioridad. El acuerdo será certificado en acta.
Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo, el Acuerdo que se adopte en la Conferencia Sectorial, y en
el que se incluirán los votos particulares que se hayan formulado, será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto, siendo exigibles conforme a
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. El acuerdo será certificado en acta [...].
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Sociedad Gijón al Norte, para la integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón (Asturias).
Conviene recordar que el Boletín Oficial del Estado publicó el 24 de mayo de 2019 el citado Convenio que se había suscrito por las diferentes partes unas semanas antes en presencia de don José Luis Ábalos Meco, Ministro de Fomento (ahora
ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). El consenso político y social fue clave para la formalización y firma de este Convenio.
Para la ciudad de Gijón -la más poblada de Asturias- es crucial el proyecto de integración del ferrocarril cuyo desarrollo se inició en septiembre de 2002 y que, además de facilitar el desarrollo urbanístico, tiene varias características
irrenunciables:
Construcción de una nueva estación de ferrocarril y de autobuses.
Aprovechamiento del túnel subterráneo ya construido y con espacio en su recorrido de casi cuatro kilómetros de longitud para varias estaciones subterráneas a modo de 'metro'.
Centralidad para captar usuarios para el ferrocarril, tanto de cercanías como de largo recorrido y, en su caso, la llegada de la alta velocidad ferroviaria.
A fecha de hoy, los firmantes del Convenio -de apenas dos años de vigencia- han renunciado a su ejecución en los términos acordados lo que supone un despojo de colosal magnitud tanto para Gijón como para Asturias, y una decisión política
inaceptable para quienes anhelan unos servicios de transporte público de calidad, acordes con el siglo XXI y equivalentes a los que ya disfrutan o disfrutarán próximamente otras ciudades españolas.
Al objeto de revertir las nuevas intenciones de los representantes de las administraciones y entidades firmantes del Convenio para la integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón, se somete a la consideración de la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana insta al Gobierno a:
1. Respetar en todos sus términos el Convenio entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif-Alta Velocidad, Renfe-Operadora, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Sociedad Gijón al
Norte, para la integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón (Asturias), publicado en el BOE del 24 de mayo de 2019.
2. Acelerar el desarrollo del proyecto iniciado en septiembre de 2002 y, en consecuencia, darle prioridad en los diferentes planes y partidas presupuestarias para su ejecución.
3. Otorgar a Gijón y a Asturias el mismo trato que, en materia de integración ferroviaria y transporte de viajeros por ferrocarril reciben otras ciudades y Comunidades Autónomas cuyos proyectos avanzan pese a haberse iniciado posteriormente
e, incluso, ser de mayor complejidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2021.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-José María Mazón Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dña. Macarena Olona Choclán, doña. Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Juan Carlos Segura Just y don Rubén Darío Vega Arias, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley dirigida a establecer un plan de ayudas al sector del transporte por carretera, para su discusión en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Importancia del sector del transporte en España.
1. Durante los estados de alarma decretados por el Gobierno, primero mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
y, posteriormente, con el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, vigente en la actualidad, la importancia del sector del transporte
en España se ha hecho evidente.
2. Por un lado, se ha demostrado que el transporte de mercancías por carretera cumple una función esencial para el suministro de alimentos y otros productos básicos para la población. La función que realiza este sector tiene una
importancia estratégica fundamental, por lo que su protección debería ser una cuestión de Estado.
3. Por otro lado, el transporte de pasajeros por carretera, ya sea transporte discrecional, turístico, taxis, público o privado, cumple una función vital para la cohesión territorial. Además, existe una estrecha vinculación entre el
transporte por carretera en los desplazamientos dentro del territorio español y el turismo, sector clave para la economía española.
4. Según el último informe anual 2019 del Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE) de enero de 2020, que analiza los datos referidos al año 2018, en cuanto al transporte interior de viajeros por carretera, hubieron
378.048 millones de viajeros-km, lo que supuso un incremento del 2,53 % con respecto a 2017, es decir, aproximadamente el 86 % sobre el total del transporte interior? 21. En cuanto a la movilidad interior de mercancías por carretera, se produjo un
crecimiento del 4,6% con respecto a 2017 con más de 1.396 millones de toneladas desplazadas, lo que equivale a cerca del 95 % de la movilidad interior de mercancías? 22.
5. En relación con la movilidad exterior, el OTLE apunta a que en lo relativo al transporte por carretera de viajeros en el año 2016 (los datos más recientes disponibles), el número de viajeros con origen o destino internacional fue de
156,4 millones. Se observa el papel preponderante del transporte aéreo y por carretera que suman aproximadamente el 98 % de la movilidad internacional? 23.
6. En cuanto al transporte internacional de mercancías, si bien el transporte marítimo fue el predominante, el transporte por carretera le siguió con un total de 111,97 millones de toneladas transportadas? 24.
7. En relación con el impacto en el empleo, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el cuarto trimestre de 2020, el número total de ocupados para el sector del
transporte y almacenamiento fue de 1.010.200. Asimismo, el número total de ocupados en el sector del transporte terrestre y por tubería ascendió a 575.400 (3 % del total). Igualmente, los ocupados del almacenamiento y actividades anexas al
transporte sumaron un total de 241.100 (1,2%) del total.
Ilustración 1. Ocupados (en miles) en el sector del transporte y almacenamiento en el cuarto trimestre de 2020. Fuente: INE
21 https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos otle/informe otle 2019 l.pdf, pág. 34. (fecha de consulta 22 de febrero de 2021).
22 Ibid., pág. 35.
23 Ibid., pág. 39.
24 Ibid., pág. 40.
8. Por último, cabe destacar en este sentido que según el informe 'Evolución de los indicadores económicos y sociales del transporte terrestre', publicado en noviembre de 2020 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en
2018 la participación del sector transporte y almacenamiento en la base de 2015 y en precios corrientes fue del 4,4 % del Valor Añadido Bruto (VABpb) y del 3,9% del Producto Interior Bruto (PIB). Para el transporte terrestre (carretera y
ferrocarril) y por tubería representó, ese mismo año, a precios corrientes el 2,1 % del VABpb y un 1,9 % del PIB? 25.
Segundo. Impacto de la COVID-19 en el transporte.
9. Según los últimos datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), relativos al mes de febrero de 2021, el paro registrado se situó en 4.008.789 personas, sufriendo un incremento de 762.742 personas (23,50 %) con
respecto al mes de febrero de 2020 26.
10. En estos registros se observa cómo el sector servicios es el peor parado con un total de 2.835.917 desempleados, con un incremento de 36.877 (1,32%) personas más que en el mes de enero de 2021? 27.
Ilustración 2. Paro registrado por sectores en el mes de febrero de 2021. Fuente: SEPE
En concreto, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el cuarto trimestre de 2020, el número total de parados para el sector del transporte y almacenamiento era de
87.400 personas.
25 https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/indicadores económicos 2020.pdf, pág. 20 (fecha de consulta 2 de marzo de 202199.
26 Datos de los Registros del Servicio Público de Empleo Estatal. Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo. Febrero 2021, pág. 5.
27 Ibid., pág. 6.
Ilustración 3. Parados (en miles) en el sector del transporte y almacenamiento en el cuarto trimestre de 2020. Fuente: INE
12. Asimismo, según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones relativos al mes de febrero de 2021, el número total de personas en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) el
último día de mes era de 16.367 personas para el sector del transporte terrestre y por tubería y de 10.563 para el almacenamiento y actividades anexas al transporte? 28.
13. Igualmente, la última Encuesta de Transporte de Viajeros (ETV) del INE viene a refrendar el impacto de la COVID-19 en el transporte de viajeros, especialmente en el transporte discrecional y especial. Así, para el conjunto del año 2020
el primero descendió un 75,2% y el segundo un 35,8 % con respecto al año anterior? 29.
14. Como se informaba desde la Asociación del Transporte Internacional por Carretera 'las pérdidas globales de facturación en el sector en España superaron los 5.000 millones de euros (un 17 % del volumen de negocio) en el año fiscal 2020
según la Organización Internacional de Transporte por Carretera'. Igualmente, afirmaban que 'el transporte internacional de mercancías por carretera de nuestro país sufre una caída de actividad de entre el 8 y el 12 % en función de la especialidad
(alimentación, farmacéutico, automoción, etc.), en el primer aniversario de la declaración del Estado de Alarma'? 30.
Tercero. Medidas del Gobierno.
15. Sumadas a las medidas adoptadas para el resto de empresas y autónomos, mediante el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y
vivienda, y posteriormente en el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de
julio, de medidas de reactivación económica? 31 se establecían una serie de medidas concretas para reducir el impacto de la crisis en el transporte terrestre. En dichas medidas, se establecían moratorias en las cuotas de los contratos de
préstamos, leasing y renting de los vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de mercancías.
16. No obstante, todas las medidas anteriores han sido consideradas insuficientes por el sector del transporte en general, que reclamaba constantemente la concesión de ayudas directas, reivindicación que esperaba verse satisfecha con el
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COV1D-19. Sin embargo, para la sorpresa del sector no solo se establece un importe claramente ínfimo para todas
las ayudas que se deben conceder, sino que se ha dejado fuera, sin justificación alguna, al transporte de mercancías.
28 Informaciónstadística (Excel) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ERTE por sectores de actividad.
29 https://www.ine.es/daco/daco42/daco4210/tvl220.pdf, pág. 7 (fecha de consulta 2 de marzo de 2021).
30 https://www.autonomosenmta.com/transporte-mercancías/sector/7225-transporte-mercancias-por-carretera-cae-12-por-ciento-en-primer-ano-pandemia (fecha de consulta 15 de marzo de 2021).
31 https://www.boe.es/buscar/pdf72021/ BOE-A-2Q21-1529-consolidado.pdf (fecha de consulta 2 de marzo de 2019).
17. Por ese motivo, el presidente de la ATA, en una entrevista concedida al Economista, afirmaba que 'se han metido a 95 actividades y se han dejado fuera a muchas que han sufrido muchas restricciones' y, al mismo tiempo, se preguntaba qué
criterio objetivo habrá seguido el Gobierno para realizar esta clasificación? 32. En la misma línea, desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) se aseveraba que establecer las ayudas en función del CNAE supondrá que más de
200.000 autónomos sigan al borde de la insolvencia? 33, y entre ellos está este sector que tanto ha padecido durante la actual crisis sanitaria.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas en favor del sector del transporte por carretera:
1. Promover las actuaciones necesarias dirigidas a establecer un plan nacional de ayudas directas que incluya a los autónomos y empresarios relacionados con el sector del transporte de mercancías que tengan sede en España afectados por la
pandemia, cuya concesión se condicione únicamente a la caída de la facturación de su actividad.
2. Prorrogar y flexibilizar los ERTE de suspensión de contrato o reducción de jornada hasta la finalización del Estado de alarma o al menos hasta septiembre de 2021, revisable en función de la evolución de la pandemia.
3. Eliminar la exigencia en relación con los ERTE por la que se obliga al mantenimiento del empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.
4. Suspender, sin ningún coste, el abono de las cuotas de autónomos y cotizaciones de la Seguridad Social de empleados en ERTE mientras no se recuperen los niveles anteriores a la presente crisis y, como mínimo, hasta septiembre de 2021,
revisable en función de la evolución de la pandemia.
5. Promover acuerdos para que los Ayuntamientos y otras administraciones reduzcan o eliminen las tasas municipales al sector, así como la flexibilización del pago de estos tributos durante la vigencia de las restricciones.
6. Extender a todos los autónomos y pymes del sector las moratorias en el pago a las entidades financieras de las cuotas de financiación de crédito, leasing y renting. Y promover en el seno de la Unión Europea que se incorpore en las
Guidelines elaboradas por la Autoridad Bancaria Europea la extensión de al menos hasta el 31 de diciembre de 2021 de la moratoria en el pago a las entidades financieras de las cuotas mensuales de financiación de los vehículos de transporte terrestre
(leasing y renting) para los autónomos y empresas del sector.
7. Promover la realización de campañas publicitarias a nivel nacional para la promoción y la generación de confianza en los usuarios del transporte terrestre por carretera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just, Cristina Alicia Esteban Calonje y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
32 https://www.eleconomista.es/ empresas-finanzas/noticias/11103956/03/21/Mercancias-talleres-o-peluquerias-fuera-de-las-ayudas~directas-del-Gobierno.html (fecha de consulta 16 de marzo de 2021).
33 https://upta.es/upta-exige-al-gobierno-una-modificacion-urgente-de-las-condiciones-de-acceso-a-las-avudas-extraordinarias-publicadas-en-el-real-decreto-ley-5-2021-de-medidas-extraordinarias-de-apoyo-a-la-solvencia-em/ (fecha de consulta:
15 de marzo de 2020).
161/002372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la continuidad de la actividad de construcción y reparación naval en la concesión portuaria de los astilleros 'San Enrique' de Vigo (antiguo Vulcano) para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
Exposición de motivos
El astillero Vulcano, en el barrio de Teis de la ciudad de Vigo, constituía una de las principales unidades productivas del sector naval vigués, desarrollando su actividad por espacio de cien años, con una notable relevancia en término de
impacto socieconómico, tanto en puestos de trabajo directos e indirectos como en movilización de industria auxiliar del metal. La sociedad mercantil que gestionaba el astillero inició un procedimiento concursal en el juzgado de lo mercantil que
concluyó a principios del presente año con la extinción de la misma. En el desarrollo del citado procedimiento concursal se transfirió, tras ratificación de la Audiencia Provincial de Pontevedra, su unidad productiva a una nueva empresa, Marina
Meridional. Entre los activos que asumió se incluía la concesión portuaria adjudicada el 26 de Junio de 2009 a Vulcano y vigente hasta el 15 de diciembre de 2027, constituyéndose el nuevo astillero 'San Enrique' en sus instalaciones.
Marina Meridional ha tomado posesión definitiva de la titularidad del astillero y de sus derechos, habiendo iniciado además los trabajos destinados a la reactivación del astillero, efectuando contratación de personal, realizando labores de
mantenimiento y puesta a punto de sus instalaciones, y desplegando una intensa labor de prospección comercial teniendo actualmente en estudio 37 propuestas de trabajo de construcción y reparación naval por un total de 240 millones de euros.
Durante todo el proceso de traspaso de la unidad productiva, la Autoridad Portuaria (AP) de Vigo, por decisión discrecional del por aquel entonces su presidente, Enrique López Veiga, y sin la anuencia del Consejo de Administración,
desarrolló una intensa ofensiva administrativa y legal, utilizando a la Abogacía del Estado, con el objetivo de impedir la transferencia de los derechos concesionales de Vulcano a Marina Meridional. Es preciso señalar, que esos derechos son
indispensables para el desarrollo de la actividad del astillero, tanto por la necesidad del acceso a la lámina de agua como por la titularidad de dominio portuario de aproximadamente un 40 % de la superficie del mismo. Delante de las resoluciones
judiciales negativas, tanto por el Juzgado de lo Mercantil, como de la propia Audiencia Provincial, la Autoridad Portuaria de Vigo decide formular un conflicto en el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales.
El citado tribunal ha dictado, con fecha de 24 de marzo de 2021, la sentencia número 1/2021 en cuyo fallo determina estimar el conflicto positivo jurisdiccional entre la Delegación del Gobierno en Galiza y el Juzgado de lo Mercantil número 3
de Pontevedra, declarando que 'corresponde a la Administración la potestad para tramitar y resolver el expediente para declarar la extinción de la concesión demanial en el puerto de Vigo otorgada por la Autoridad Portuaria de Vigo a la entidad
mercantil Factorías Vulcano S.A.'. Sin embargo, ese reconocimiento de potestad no da por resuelta la citada concesión, de la que hoy es titular, tras la adquisición de la unidad productiva, Marina Meridional, ya que la resolución deberá practicarse
de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa de aplicación y con el acuerdo expreso del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. En ese sentido, el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña,
ha señalado públicamente no descartar la posibilidad de que en el caso de resolverse la concesión se pueda arbitrar una autorización temporal que permita la continuidad de la actividad del hoy denominado astillero 'San Enrique', hasta la resolución
de un eventual nuevo concurso de concesión.
Sin embargo, las manifestaciones públicas del anterior presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, en las que afirmaba que destinar la concesión a 'un nuevo astillero' no le parece 'lo más adecuado', mientras que el
'uso logístico' sería 'lo más sensato', verifican que, tal y como denunció desde un inicio el Bloque Nacionalista Galego, la ofensiva administrativa y judicial emprendida para resolver la concesión de Vulcano estaba motivada en el objetivo de
finiquitar la actividad de construcción y reparación naval y destinarla a otros usos, singularmente, los referidos a logística de contenedores. A este respecto, resultan también muy preocupantes las declaraciones del señor Vázquez
Almuíña en las que admite que una futura nueva concesión pueda destinarse a usos distintos que los actuales. Este extremo supondría un duro golpe para la industria naval viguesa y empresas auxiliares, y cuenta con el rechazo frontal tanto
de organizaciones sindicales, empresariales como de la mayoría de las fuerzas políticas en la ciudad de Vigo.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a adoptar todas las medidas precisas para garantizar la continuidad de la actividad de construcción y reparación naval en la concesión portuaria del astillero ''San Enrique'' de Vigo
(antiguo Vulcano).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Carnero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/002378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reanudar el programa nacional
'Aulas de la Naturaleza' del Ministerio de Educación y Formación Profesional, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, dispone que el Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, promoverá programas de cooperación
territorial con el fin de alcanzar los objetivos educativos de carácter general, reforzar las competencias básicas de los estudiantes, favorecer el conocimiento y aprecio de la riqueza cultural y lingüística de las distintas comunidades autónomas,
así como contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de desigualdades.
Uno de estos programas es el denominado 'Aulas de la Naturaleza', que ya se vino realizando durante años hasta el verano de 2018 (el último fue aprobado en la Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades). Su finalidad es favorecer el aprendizaje y la convivencia de alumnos de diferente procedencia, nivel socioeconómico y capacidad, contribuyendo, en un entorno educativo no formal y en contacto directo con la
naturaleza, a la consecución del máximo grado de inclusión y normalización. Además, el programa ofrece la posibilidad de trabajar las actitudes positivas hacia la convivencia, el respeto y la tolerancia que se han desarrollado durante el curso
escolar.
Este programa fue suspendido por los recortes realizados y, por tanto, proponemos su reanudación.
Este programa lleva 400 becas a alumnos y alumnas, entre los cuales hasta un 30 % contarán con necesidades educativas especiales. Se trata, en definitiva, de contar con un recurso más para la inclusión del alumnado mediante este programa
gratuito en 2022.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para:
1. Reanudar el programa nacional 'Aulas de la Naturaleza' del Ministerio de Educación y Formación Profesional tomando como referencia el extracto de la Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para participar en el programa nacional 'Aulas de la Naturaleza' durante el próximo verano de 2022.
2. Establecer, mediante dicho extracto de la Resolución de 12 de marzo de 2018, el objeto de la convocatoria y financiación, destinatarios y requisitos, solicitudes de participación, plazo de presentación, subsanación y notificaciones,
tramitación por parte de la familia y por parte del centro educativo, subsanaciones de la solicitud y notificaciones, valoración de las solicitudes, concesión de becas, desarrollo de las actividades, obligaciones de los beneficiarios y justificación
de las becas, recursos, incompatibilidades del programa y regulación y efectos, aplicable al verano de 2022.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2021.-Joan Mena Arca, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que los trabajadores afectados
por un ERTE con ingresos que no superen los 22.000 euros anuales queden exentos de realizar la declaración de la renta, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El pasado mes de marzo se cumplió un año desde el comienzo de la pandemia y sus consecuencias están siendo devastadoras para nuestro país, principalmente en términos sanitarios, pero también en términos laborales y económicos. Lo que
parecía que iba a ser una situación excepcional se está prolongando en el tiempo de una manera descontrolada.
La gestión improvisada de un Gobierno ausente, más preocupado por sus batallas internas y por objetivos partidistas y electoralistas que por el devenir del país ha concluido con una cifra infame (aún sin aclarar) de personas fallecidas por
la COVID-19, millones de personas en el limbo laboral y la economía del país por el suelo.
El año 2020 ha sido un año nefasto para el empleo: 107.000 empresas tuvieron que cerrar asfixiadas por la situación y la falta de ayudas, el número de parados se incrementó el último año en 725.000 personas, a los que hay que sumar los más
de 755.600 trabajadores y trabajadoras que a cierre de año se encontraban afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), un millón de autónomos en la cuerda floja y un inaceptable aumento del paro juvenil del 47 %.
La única medida eficaz que el Gobierno ha adoptado en beneficio de los españoles en términos laborales -la medida estrella que ha permitido salvar millones de empleos- ha sido la aplicación de los ERTE de la reforma laboral de 2012.
Durante el año 2020, aproximadamente cuatro millones de trabajadores se han visto afectados por un ERTE. El próximo 7 de abril comienza la campaña de la Renta del ejercicio 2020 y muchos de los trabajadores que se han visto afectados por un
ERTE, se verán obligados a presentar la declaración de la renta (a pesar de haber percibido por rendimientos de trabajo menos de 22.000 euros) por tener dos pagadores, ya que el SEPE se considera también como pagador a los efectos del impuesto.
La ley establece que cuando se tiene un único pagador solo están obligados a presentar la declaración de la Renta aquellos contribuyentes cuyos rendimientos del trabajo superen los 22.000 euros. Si el contribuyente ha tenido durante el año
dos pagadores, este límite se reduce hasta los 14.000 euros, siempre que haya percibido del segundo pagador, que en este caso sería el SEPE, más de 1.500 euros. Si los rendimientos del trabajo no llegan a esos 14.000 euros no será obligatorio hacer
la declaración en ningún caso.
Esto supone que muchos de los trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados por un ERTE durante 2020 y que en circunstancias normales no hubieran tenido que hacer la declaración de la renta,
por no superar los 22.000 euros anuales por rendimientos de trabajo, se verán obligados a realizar la declaración por tener dos pagadores: la empresa y el SEPE.
Es habitual que el SEPE como segundo pagador aplique una retención mínima, que puede oscilar entre un 0 % y un 2 %, a los pagos realizados en concepto de prestación por desempleo, lo que significa, que la gran mayoría de las personas
afectadas por un ERTE deberán compensar a través del IRPF este desajuste en sus cuentas ya que el SEPE les ha retenido menos de lo que realmente les correspondía. Esto coloquialmente significa que a la gran mayoría de los afectados por un ERTE la
declaración les va a salir 'a pagar'.
Vivimos una situación excepcional en la cual las colas del paro y del hambre son cada vez mayores. En nuestro país hay seis millones de personas que quieren trabajar y no pueden, y el Gobierno lejos de adoptar medidas para paliar esta
dramática situación se empeña en continuar asfixiando a empresas y a trabajadores. Es cierto que el Gobierno ha anunciado que los afectados por ERTE que deban tributar podrán fraccionar el pago en seis meses, pero es una medida absolutamente
insuficiente, la misma forma de asfixiar al contribuyente más vulnerable, pero a plazos.
Muchos de estos contribuyentes no van a poder hacer frente al pago, ya que son muchos los que viven al día y no cuentan con ese dinero, esto supone que miles de personas contraerán una nueva deuda con Hacienda. Un esfuerzo extra que en un
momento económico tan complicado como el actual puede ser un problema para más de una familia, hasta tal punto de que no les quede más remedio que pedir un préstamo para saldar esa deuda fiscal.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, creemos que es fundamental y prioritario acompañar y apoyar a las personas y familias más vulnerables siempre, pero sobre todo en los momentos más difíciles. Es nuestra responsabilidad amparar a quienes
más están padeciendo y sufriendo las consecuencias de esta crisis sociosanitaria, para que realmente no quede nadie atrás. Nos encontramos ante una situación excepcional en la que hay que adoptar medidas excepcionales. No procede que el Gobierno
haya dictado treinta y nueve reales decretos-leyes de diversa índole en el año 2020 amparándose en la -no siempre justificada- extraordinaria y urgente necesidad y se niegue a adoptar medidas urgentes para paliar los efectos que este desbarajuste
fiscal va a suponer para miles de familias.
Necesitamos un Gobierno con vocación de servicio público, que esté a la altura, que cumpla, que vele por los ciudadanos y que sea responsable y coherente en sus decisiones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, sin demora, las medidas pertinentes para que las personas trabajadoras que se hayan visto afectadas por un ERTE durante el año 2020 y hayan percibido -ese mismo año- ingresos por
rendimientos de trabajo que no superen los 22.000 euros anuales, de dos o más pagadores, siendo uno de ellos el SEPE, queden exentos de realizar la declaración de la renta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo a la factoría de Ford, para su debate en la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El pasado 15 de marzo, la dirección de Ford Almussafes anunció el próximo despido de 630 trabajadores en el marco de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ante una reducción prevista en la producción a partir de abril. Una
reducción que implicaría, asimismo, la eliminación del turno de noche en la planta. La justificación dada por la dirección de la multinacional estadounidense a los sindicatos ha sido el mal comportamiento en ventas de sus modelos Mondeo o Galaxy,
si bien la situación del principal modelo de la compañía, el Kuga, se mantiene comparativamente mejor.
El número de despidos anunciado ha sorprendido a los representantes de los trabajadores por su elevado número, ya que la fábrica pasaría a situarse por debajo de los siete mil empleados cuando hace apenas cinco años rondaba los diez mil
puestos de trabajo.
Previo a este anuncio, Ford Almussafes aprobaba el pasado mes de enero la solicitud de un ERTE para 600 personas empleadas, además de algunos despidos, precisamente ante una reducción en la producción de la planta de un 32 % ante la caída en
ventas por efecto de la pandemia y los problemas de suministros.
El Gobierno, y más concretamente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha estado en todo momento en contacto y en apoyo a este sector estratégico para nuestra economía. Así, por ejemplo, en junio de 2020 se ponía en marcha el plan
de impulso a la cadena de valor a la industria de la automoción, con una dotación total de 550 millones de euros, que incluía medidas tanto a corto plazo como otras estructurales a medio plazo. En las de corto plazo destacaba el Plan Moves de
impulso a la movilidad eléctrica y sostenible, con 100 millones de euros; otros 250 millones de euros para la renovación del parque; 100 millones de euros más para la renovación del parque móvil de la Administración General del Estado con el fin
de sustituir su flota por vehículos sin emisiones; y otros 100 millones adicionales para la renovación eficiente de las flotas de las entidades locales. A este Plan Moves se añadió, con el Real Decreto-ley, de 3 de julio de 2020, de medidas
urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, un nuevo Plan Renove 2020, dotado con 250 millones de euros, y que se integraba en el ya citado Plan de impulso a la cadena de valor de la industria de la automoción.
A estas ayudas cabe sumar el significativo esfuerzo público con los ERTE, del que el sector se ha podido beneficiar, incluida la propia Ford en Almussafes como antes se mencionó. Unas ayudas públicas directas para la protección del empleo
que, para el caso de automoción y transporte han supuesto más de 80 mil operaciones avaladas (el tercer sector por número de avales del ICO) con un importe total de 11.433 millones de euros hasta la fecha.
A todo este apoyo más inmediato hay que sumarle el refuerzo estructural que supondrán los fondos que vendrán del Plan de recuperación para Europa. En lo concerniente al sector del automóvil ha concluido ya la fase de recepción de propuestas
en la consulta pública (Manifestación de Interés, MDI, o Call of interest) lanzada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para identificar áreas de interés dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Al respecto se
han recibido más de 750 solicitudes que potencialmente podrían movilizar una inversión pública y privada en torno a los 30.000 millones de euros.
Tales manifestaciones de interés buscan recabar la información imprescindible que permita desarrollar las líneas estratégicas y guiar la acción del Ministerio en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las
convocatorias que surjan tras la manifestación de interés estarán sujetas en todo momento a los criterios de publicidad, concurrencia, transparencia y no discriminación.
Adicionalmente, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría General de Industria y de la Pyme ofrece un servicio de asesoramiento gratuito y personalizado llamado Financia Industria, que informa sobre
posibilidades de financiación pública de cualquier administración para aquellas empresas que deseen llevar a cabo un proyecto industrial. Financia Industria lleva el asesoramiento sobre las propuestas que pueden resultar en un posible PERTE, como
cualquier otro proyecto individual que pueda recibir financiación tanto de fondos europeos como de presupuesto nacional, o incluso de otras administraciones regionales o locales.
En consecuencia, estamos en un momento coyuntural difícil para el sector, con la confluencia de una pandemia mundial, que lastra la demanda tanto nacional como de exportaciones, a los que han sumado problemas de oferta en el abastecimiento
de algunos componentes, más concretamente por los cuellos de botella en Asia para el suministro de semiconductores. Pero con ser complicada, se trata de en todo caso de una situación coyuntural que ve al fin la luz con las vacunas, que permitirán
una recuperación
efectiva en los meses venideros. En este tiempo, el sector de la automoción y la propia planta de Ford han contado y cuentan con importantes ayudas públicas para hacer frente a los efectos de la COVID-19, y a la que se sumarán las
importantes inversiones tanto públicas como privadas. Unas ayudas que permitirán canalizar un volumen significativo de inversiones públicas y privadas destinadas a la modernización del sector en clave de transformación digital y transición
ecológica que permitan mejorar su competitividad dada su vocación eminentemente exportadora. Por tanto, un esfuerzo presente y futuro que no justifica un ERE incoherente con el apoyo prestado y contraproducente en términos de resiliencia ante la
próxima recuperación económica.
A este respecto, cabe sumar el hecho de una demanda no realizada pero embalsada, dado el actual contexto de incertidumbre por efecto de la pandemia. Una situación que induce a posponer decisiones de consumo como la de adquirir un nuevo
vehículo, pero que previsiblemente emerja con fuerza una vez superemos pronto la crisis sanitaria.
Se hace adecuado entonces que, frente a decisiones unilaterales con un previsible efecto negativo para el sector y la propia compañía, se mantengan los cauces para el diálogo entre empresa y sindicatos, con la intermediación del Gobierno, de
manera que se puedan buscar soluciones alternativas al ERE anunciado, más favorables para ambas partes.
Al respecto del posible impacto negativo y efecto dominó sobre el sector en la Comunitat, tengamos en cuenta que, según estimaciones de la Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción (AVIA) hay 116 empresas asociadas al cluster de
la automoción, con una facturación superior a los 12 mil millones de euros, con una cifra de empleo que alcanza casi treinta mil personas y una actividad que representa el 11,8 % del PIB de esta Comunidad. Resulta imperativo entonces buscar
soluciones que permitan minimizar los daños y la resiliencia tanto de la planta de Ford como de esta industria clave tanto para la región como para el conjunto de la industria de nuestro país. Unas medidas alternativas que permitan no crear daños
permanentes debido a trastornos importantes pero transitorios.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a facilitar el diálogo e impulsar las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la empresa Ford en Almussafes, en caso de que las partes así lo deseen, con el fin de poder
encontrar soluciones favorables para ambas partes, que mantenga en lo posible el empleo y capacidades industriales ante la perspectiva de recuperación y el efecto multiplicador que supondrá la llegada de fondos europeos al sector de automoción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2021.-Alejandro Soler Mur, Patricia Blanquer Alcaraz, Susana Ros Martínez, Vicent Manuel Sarrià Morell, Josefa Andrés Barea, Lázaro Azorín Salar, Ana María Botella Gómez, Germán Renau
Martínez y Yolanda Seva Ruiz, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo a la declaración de
La Noche de los Tambores de Mula (Región de Murcia), como Fiesta de Interés Turístico Internacional, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Recientemente, el Ayuntamiento murciano de Mula, por unanimidad y en colaboración con la Asociación de Tamboristas de la misma ciudad, ha dado inicio a la tramitación formal conducente a la obtención de la declaración de la fiesta La Noche
de los Tambores, -cuyo inicio cabe resaltar se remonta a principios del siglo XIX-, como 'Fiesta de Interés Turístico Internacional', tras haberle sido otorgado
previamente a dicha fiesta el reconocimiento de los títulos de Fiesta de Interés Turístico Regional en el año 1990 y, a posteriori, el de Fiesta de Interés Turístico Nacional en el pasado 2009.
Asimismo, parece oportuno poner en valor la circunstancia de que la tamborada de Mula, en compañía de la de otras localidades de tradición también tamborista, ya fue declarada Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por el Comité
Internacional de la UNESCO en el año 2019, justificado por tratarse de 'una tradición viva con importantes funciones sociales y culturales, profundamente arraigada en la vida social, se transmite dentro de las familias y grupos organizados, es
inclusiva y desempeña un papel importante de integración, sentido de pertenencia y fortalecen los lazos entre personas de diferentes edades, géneros y orígenes.' Así pues, con esta suerte de antecedentes resultaría una obviedad justificar el enorme
activo que esta manifestación cultural y artística alberga en la vida no solo local, sino que por su dilatada raigambre, trasciende los muros de nuestra geografía más cercana, logrando situarse en el mismo nivel de otras festividades y celebraciones
que han resultado merecedoras de reconocimiento social y turístico a nivel internacional a lo largo de los últimos tiempos.
Profundizando brevemente en el origen y las peculiaridades de este singular festejo muleño, habría que destacar que ante la imposibilidad de tocar tambores fuera de los desfiles procesionales, cada año el Martes Santo, desde las doce de la
noche en la misma Plaza del Ayuntamiento de este municipio, se vienen movilizando y dando encuentro millares de tamboristas, que ataviados con largas túnicas negras, aguardan la señal de una cometa para romper el silencio y hacer vibrar de forma
atronadora sus tambores elaborados artesanalmente con piel. A lo largo de su historia, el toque de tambores se ha convertido sin ninguna duda en un signo de identidad propia de los originarios de Mula, lográndose traspasar esta tradición entre
generaciones enteras de muleños, amén de otros participantes llegados desde otros rincones.
Centrándonos en el análisis del potencial de esta celebración desde una perspectiva turística, resulta innegable que este espectáculo anual, -que aúna elementos de enorme valor artístico y cultural-, ha devenido en el evento turístico más
representativo e icónico de la realidad muleña a lo largo de todo su calendario. En efecto, año tras año se viene constatando un incremento relevante del flujo de visitantes y turistas que atraídos por la magia y originalidad de este encuentro,
hacen un esfuerzo por desplazarse hasta la comarca del río Mula para disfrutar del mismo, sin dejar de mencionar al propio tiempo el impacto promocional que supone la citada tamborada para esta localidad dada su difusión en medios de comunicación
nacionales e internacionales, ni olvidar tampoco la dinamización socioeconómica que también significa la citada fiesta para este municipio y para la diversificación de su actividad, posibilitándose con ello además la creación y promoción de una
experiencia turística única e inconfundible dirigida a potenciales viajeros procedentes de más allá de nuestras propias fronteras.
Por todo ello, convendría poner de relieve el impulso y el atractivo que aporta La Noche de los Tambores al conjunto de la oferta turística de interior, etnográfica, religiosa o gastronómica de calidad de la Región de Murcia, motivo por el
cual el reconocimiento de esta distinción honorífica a nivel internacional sin ninguna duda seguiría favoreciendo un aumento de sinergias con trascendencia positiva en la actividad turística y por extensión, en la generación de riqueza y prestigio
cultural para esta zona del Levante español.
Considerando lo expuesto anteriormente y con el firme propósito y compromiso de seguir generando acciones positivas que se puedan traducir en revulsivos para cualquier ámbito o sector de desarrollo de la Región de Murcia, el Grupo
Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar La Noche de los Tambores de Mula (Región de Murcia) como Fiesta de Interés Turístico Internacional una vez cumplidos los requisitos de la Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por la que se regula la declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2021.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000484
Mediante escrito de fecha 5 de abril de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario VOX la Proposición no de Ley relativa a la concienciación sobre el invierno demográfico y la promoción de la natalidad, publicada en el 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, núm. 68, de 17 de abril de 2020.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2021.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Día del Pueblo Gitano, para su debate en la Comisión de Derechos
Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El 8 de abril se celebra el día Internacional del Pueblo Gitano. Esta fecha es de singular importancia para esta minoría étnica, ya que durante el mismo día del año 1971 se celebró el Primer Congreso Mundial romaní/gitano en la ciudad de
Londres donde se instituyó la bandera e himno de este colectivo.
Según un artículo de El País publicado en octubre de 2018, en España viven 750.000 personas gitanas, por lo que representan cerca del 2 % de la población de nuestro país.
Los datos de los que disponemos sobre la situación de la población gitana en España perfilan de manera clara que nos encontramos ante un colectivo especialmente vulnerable en términos económicos y sociales.
La Fundación Secretariado Gitano, a través del Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018, asume que el porcentaje de población activa entre la población gitana era muy
similar al de la población general ese año. Sin embargo, la tasa de desempleo de esta minoría étnica alcanzaba el 56 %, mientras que el porcentaje de parados para la población general era del 16 %. En lo relativo al porcentaje concreto de mujeres
en paro, los resultados muestran que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, con una tasa de tasa del 60 % para el año 2018.
En materia educativa, las últimas cifras de las que disponemos también son desalentadoras. Según un estudio elaborado en el año 2013 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el abandono escolar temprano del alumnado gitano alcanzaba la cifra del 63,7 % frente al 19,4 % del conjunto de la población. También cabe destacar la elevada tasa de absentismo escolar de los menores que formaban parte de este colectivo
para este período, situándose en el 14,3 %, siendo más elevada entre las mujeres (16%) que entre los varones (12,8 %). Además, las ausencias no justificadas, que incluyen también las faltas entre uno y cuatro días al mes, alcanzaron el 26,4 %.
En materia de vivienda, el Estudio-Mapa sobre vivienda y población gitana, publicado en el año 2015, por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aseguraba que el acceso a la vivienda de este colectivo se había dificultado
como consecuencia de los efectos de la crisis económica iniciada en el año 2008 'por el miedo de los arrendadores a no cobrar, los elevados precios, los requisitos obligatorios (como avales) tanto para los alquileres como para la concesión de
créditos hipotecarios, o al cuestionamiento en el acceso a una vivienda protegida por el origen étnico de las personas solicitantes'.
Por último, también cabe destacar los últimos datos sobre los diferentes tipos de discriminación que sufre la población gitana y que se encuentra en el origen de la situación en la que se encuentran en términos económicos, laborales y
sociales. La Fundación Secretariado Gitano registró 425 casos en el
año 2019 de discriminación y antigitanismo, que fueron asistidos por esta organización. A pesar de que la fundación aún no ha publicado los datos correspondientes a 2020, sus máximos representantes manifestaron el pasado mes de diciembre su
profunda preocupación por el impacto de la COVID-19 dado que se 'estaban produciendo nuevas formas de discriminación a la vez que las víctimas se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad como consecuencia de la crisis económica en la que
nos encontramos sumergidos'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar la nueva Estrategia Nacional de Inclusión Social de la Población Gitana 2021-2029 para garantizar la igualdad formal y material de la población gitana con la finalidad de establecer un marco político y presupuestario que
promueva la inclusión social de este colectivo en España.
2. Garantizar que la nueva Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana cuente con un objetivo específico orientado a promover la igualdad material de las mujeres gitanas. En particular, la nueva estrategia deberá
contemplar medidas concretas para reducir el fracaso escolar entre las mujeres pertenecientes a este colectivo y reducir el desempleo hasta porcentajes cercanos a la media general de la población durante el tiempo que la Estrategia permanezca
vigente.
3. Promover, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, un plan de choque contra el fracaso escolar en el que se aborden específicamente las desigualdades estructurales que padece el alumnado gitano, que están sobrerrepresentados
en la tasa de fracaso escolar y sufre una grave brecha educativa respecto al conjunto del alumnado.
4. Dar cumplimiento a la disposición adicional cuadragésima de Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para dar a conocer entre el alumnado que se encuentra
cursando la etapa de Educación Obligatoria la discriminación sufrida por el pueblo gitano desde su llegada a la península, su importante legado cultural, así como de las principales figuras históricas del colectivo en España.
5. Incluir dentro del Plan Estatal de Vivienda 2021-2024 un programa para la erradicación del chabolismo y la infravivienda dotados de los recursos necesarios, y aplicando metodologías encaminadas a soluciones estables y definitivas, que
combinen las medidas de realojo con otras de acompañamiento y apoyo social a las familias durante todo el proceso.
6. Potenciar, a través del Plan Estatal de Vivienda 2021-2024, la construcción de viviendas de promoción pública en régimen de alquiler, fijando un porcentaje mínimo de domicilios que deberán destinarse a personas en riesgo de exclusión
social.
7. Elaborar, en colaboración con las empresas del sector, un código de buenas prácticas inmobiliarias que garantice la ausencia de cualquier tipo de discriminación por parte de los prestadores de servicios de venta, arrendamiento,
intermediación inmobiliaria y portales de anuncios.
8. Incluir en el Código Penal el antigitanismo como circunstancia agravante en la comisión de un delito y como motivación en los tipos penales relativos a los delitos de odio y discriminación, en línea con las recomendaciones realizadas por
el Consejo de Europa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
necesidad de ofrecer soluciones a los jóvenes, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Vuelven a ser los jóvenes, de nuevo, uno de los colectivos más golpeados por la crisis. Aquellos jóvenes que, en la mayoría de los casos no se habían recuperado de la crisis anterior, que continuaban teniendo empleos precarios, la mayor
parte temporales, de muy corta duración y con remuneración por debajo de las cohortes que les han precedido, que aún no han podido independizarse por la falta de recursos, la inestabilidad de sus ingresos y los altos precios de la vivienda, aquellos
que no se plantean formar una familia no porque no quieran sino porque no pueden. Todos ellos, fueron duramente golpeados por la crisis financiera que condicionó sus primeros años de carrera profesional y que en los últimos años parecía aliviar su
dureza permitiéndoles a muchos de ellos tener su primer contrato que no fuera de prácticas o temporal, que les permitía pensar en dejar de compartir piso y emprender una vida independiente.
En ese momento llegó la pandemia y las cifras nos dicen que, de nuevo, serán ellos los que paguen el coste de la crisis. Según el análisis elaborado por FEDEA? 34. Los jóvenes no llegaron a la pandemia en la mejor de las situaciones, sus
tasas de paro duplicaban los registros previos a la crisis financiera 2008-2013. En términos salariales, la historia no es mucho más optimist; en 2019, la mediana del salario mensual real de los jóvenes entre 18 y 35 años era menor que en 1980,
con caídas que van desde el 26 % para aquellos con edades entre 30 y 34 años hasta el 50 % para los de 18 a 20 años. Estas caídas se deben principalmente a una reducción muy acusada de la duración de sus empleos y a un aumento del peso del empleo a
tiempo parcial. El impacto conjunto supone caídas de la media de los días de trabajo equivalentes a tiempo completo del 73 % al 22 %, respectivamente, debido a la caída de la duración de los contratos y de la jornada laboral.
Sin embargo, esta situación lejos de ser coyuntural tiene unas raíces estructurales muy profundas. Las dificultades estructurales a la que se enfrentan nuestros jóvenes hunden sus raíces en múltiples factores como el desacoplamiento de la
educación y el mercado laboral, las propias instituciones del mercado laboral que producen una sobre reacción de las variables laborales de los jóvenes a las fluctuaciones en la actividad económica, una transición compleja de la escuela al trabajo y
un sistema indemnizatorio que discrimina en favor de los insiders del sistema y en detrimento de los jóvenes, los colectivos con baja formación o los mujeres, entre otros.
Los efectos que estos problemas tienen sobre el desarrollo de la vida de nuestras generaciones más jóvenes son notorios, sobre todo en términos de independencia, acceso a la vivienda en propiedad o la formación de una familia. Todos estos
pasos trascendentales en la vida de cualquier ser humano están siendo pospuestos, en muchos casos sine die, debido a la inestabilidad económica y laboral que encuentran los jóvenes durante los primeros años de su carrera profesional.
De esta forma, tanto las tasas de natalidad como las de fecundidad llevan décadas cayendo en picado en los países desarrollados, en especial en España. En países como el nuestro, los datos muestran que las diferencias fundamentales en las
tasas de natalidad no estarían tan relacionadas con un cambio brusco en las preferencias por tener hijos sino estar relacionadas con la igualdad, la economía y la precariedad laboral entre los más jóvenes. Teresa Castro-Martín, Rafael
Martín-García, Julia Cordero y Marta Seiz, investigadores de FEDEA, han publicado un documento en el que recuerdan que la tasa de fecundidad en España ha caído desde los 2,8 niños por mujer en los 70 hasta los 1,23 de la actualidad, una caída
estrepitosa. Este fenómeno se repite en otros países del sur de Europa con los que compartimos instituciones laborales que están detrás de los problemas de precariedad en el trabajo de los más jóvenes.
Mientras que las políticas que ponen el foco directamente en la natalidad (ayudas directas como el cheque bebé) suelen ser temporales y muy concretas, una menor precariedad laboral y una mayor facilidad para acceder a una vivienda generan de
forma natural un contexto más adecuado para formar una familia.
En el ámbito de la vivienda, desde el comienzo de la crisis económica se está produciendo un descenso acelerado de jóvenes propietarios: hoy apenas el 26 % de los menores de 29 años tiene un piso en propiedad, frente al 54 % en 2008. Para
acceder a una vivienda en propiedad, muchos jóvenes tienen, o tendrían, que dedicar más del 60 % de sus ingresos mensuales a pagar el préstamo hipotecario. Hoy, el 48,9 % de los jóvenes menores de 29 años viven de alquiler, frente al 32,3 % en
2008. Esto provoca
34 Bentolila, S., Felgueroso, F., Jansen, M., y Jimeno, J.F.: 'Lost in Recession: Youth Employment and Earnings in Spain', Estudios sobre la Economía Española, 2021/12, 2021.
que cada vez sea más común la fórmula de la cesión gratuita, familiares propietarios de más de una vivienda ceden gratuitamente una de ellas para que los jóvenes se puedan emancipar.
Un asunto íntimamente ligado a esta problemática de la precariedad es la capacidad de los jóvenes para independizarse. Menos de uno de cada cinco jóvenes españoles vive fuera del hogar familiar. Según el último Observatorio de Emancipación
del Consejo de la Juventud de España (CJE), en términos de independencia de la población de entre 16 y 29 años, España ha retrocedido a niveles de mediados de los noventa. Hay un dato que sitúa en el 35 % a la población en riesgo de pobreza o
exclusión social y surge otra anomalía: entre población juvenil ocupada, ese riesgo alcanza al 26 %.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar políticas públicas que permitan redistribuir de forma más equitativa los costes asociados a la crianza, empezando por garantizar el acceso universal y asequible a escuelas infantiles de calidad.
2. Promover un marco laboral que elimine la brecha entre los insiders y outsiders, permitiendo a los jóvenes contar con empleos bien remunerados, estables que les permita comenzar un proyecto de vida independiente.
3. Impulsar políticas sociales e impositivas que facilitan la emancipación residencial y económica de los jóvenes como el acceso a la vivienda de alquiler a precios asequibles o mejorando los sistemas de protección social no contributivos
con especial atención a la situación de los jóvenes.
4. Promover mecanismos de acceso a la vivienda en propiedad para los jóvenes que complemente el ahorro de aquellos que quieren acceder a una vivienda en propiedad y no han podido ahorrar como consecuencia de la precariedad laboral y los
altos precios de la vivienda en alquiler.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001719
Mediante escrito de fecha 8 de abril de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Republicano la Proposición no de Ley relativa a la determinación de valores catastrales de las construcciones situadas en terrenos de naturaleza rústica,
publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 192, de 11 de diciembre de 2020.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2021.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia de don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
Proposición la paralización inmediata de cualquier modificación de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura hasta que no se apruebe el plan hidrológico, y se acuerde con los regantes del campo alicantino e instituciones afectadas, para su
debate en la Comisión de agricultura, pesca y alimentación.
Exposición de motivos
En septiembre de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica introdujo en periodo de información pública el borrador del real decreto que modificará las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Los cambios más significativos que
propone serían reducir de 38 hm3 a 27 hm3 el agua que automáticamente se trasvasa cuando la cabecera se encuentra en nivel 2 y elevar el límite del nivel 1 a 1400 hm3 de agua almacenada en la cabecera.
De ser aprobadas dichas reglas de explotación del Transvase Tajo-Segura pondrían en riesgo el abastecimiento de agua en el sur de la Comunitat Valenciana, afectando de manera muy grave al futuro de la agricultura y a las personas que
trabajan directamente del campo.
Es urgente, por tanto, consensuar los cambios normativos con el conjunto de los usuarios, principalmente regantes del campo alicantino y los Ayuntamientos, que deben garantizar el abastecimiento, tal y como ha aprobado por unanimidad Les
Corts Valencianes el pasado 30 de marzo de 2021.
Por todos los motivos expuestos, proponemos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- A la paralización, de forma inmediata, de cualquier instrumento, legal o reglamentario, destinado a modificar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, hasta que no se apruebe el Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación
Hidrográfica del Tajo, y se concreten todos los datos hidrológicos, reservas y programa de medidas establecidas en el mismo.
- A consensuar con los usuarios y la Generalitat Valenciana cualquier cambio del actual escenario de explotación del acuerdo Tajo-Segura.
- A dar cuenta del grado de cumplimiento de esta Resolución en dos meses desde su aprobación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2021.-Joan Baldoví Roda, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/002371
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso y promoción de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad
compartida de las explotaciones agrarias, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La desigualdad de género está presente en nuestra sociedad y constituye una de las principales barreras para la plena inclusión a nivel social, económico y político de las mujeres. Las mujeres viven distintas formas de discriminación que
limitan el ejercicio de sus derechos y de sus libertades. Esta discriminación se asienta en todos los ámbitos y a todos los niveles, de manera horizontal y vertical, y se manifiesta en la falta de oportunidades para acceder a la capacitación,
ingresar en el mercado laboral u ocupar puestos de representación pública.
En el ámbito rural, las situaciones de discriminación que viven las mujeres se hacen más graves, pues, además de enfrentarse a la falta de oportunidades para incorporarse y permanecer en el mercado laboral a través de un empleo estable y de
calidad, tienen que lidiar con la escasez de infraestructuras y servicios en general y, en particular, de aquellos referidos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, enfrentándose también a la escasa participación en los diferentes
órganos de toma de decisiones, entre otras razones, porque en mayor medida están presentes roles de género, valores y actitudes sexistas. Estas situaciones conllevan, entre otras cuestiones, a la marcha de las mujeres desde el medio rural al
urbano, especialmente de las jóvenes, en busca de mejores oportunidades tanto para ellas como para sus hijas e hijos. La emigración de mujeres rurales genera una gran problemática en el medio rural, particularmente en los pequeños municipios, ya
que implica su despoblamiento, envejecimiento y masculinización. Una de las prioridades de esta proposición no de ley es, por consiguiente, la mejora de
las oportunidades de vida para las mujeres en tanto que agentes clave para la vertebración y la cohesión social del medio rural. Esta situación además podría verse agravada con la crisis de la pandemia de la COVID-19. Algunos indicadores
ya corroboran que las mujeres serán especialmente damnificadas, también en el medio rural.
Con relación a la situación de las mujeres en el ámbito agrario se distingue un tipo de problemática específica que tiene que ver con la invisibilización, ya que históricamente el trabajo que han realizado las mujeres en las explotaciones
agrarias no se corresponde con su reconocimiento como titulares de las mismas. Así, otra de las prioridades de la Ley 35/2011 es la visibilización del trabajo que realizan las mujeres en la actividad agraria, promoviendo su reconocimiento
profesional y el acceso a los derechos derivados de la titularidad de las explotaciones agrarias. Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística de 2011 el 26,14 % de la población ocupada en el sector agrario son mujeres, de
éstas el 40,82 % son mujeres ocupadas en el sector agrario, el 21,29 % de los titulares de explotación son mujeres y de éstas más del 57 % tienen más de 55 años.
La Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, supuso un gran avance en nuestra sociedad, respondiendo al mandato incluido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en relación al desarrollo
legislativo de esta figura y posibilitando por su parte la administración, representación y responsabilidad sobre la explotación compartida de los dos miembros de la misma, el reparto de rendimientos al 50 % y la consideración de ambas personas
titulares como beneficiarías directas de las ayudas y subvenciones de las que sea objeto la explotación.
Aunque esta norma ha supuesto un revulsivo enorme en la situación de las mujeres en el ámbito agrario, representando más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares, sigue ocurriendo que en la mayoría
de los casos las mujeres agricultoras siguen compartiendo las tareas agrícolas de las explotaciones familiares con sus parejas, ocupando en muy raras ocasiones la titularidad de la explotación o empresa.
Por ello, es necesario desarrollar las reformas legales necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos que persigue esta ley y lograr una mayor eficacia de la misma.
Por otro lado, el régimen de titularidad compartida podrá verse próximamente complementado y reforzado por la aplicación del futuro plan estratégico nacional de la PAC para España, vigente a partir del 1 de enero de 2023, ya que, gracias las
peticiones trasladadas por el Gobierno de España a las instituciones europeas, el enfoque de género se ha incluido entre los objetivos específicos que las intervenciones del Plan Estratégico de la PAC deberán atender. Con ello, la discriminación
positiva a favor de las mujeres permitirá que éstas tengan más oportunidades para disminuir la brecha de género existente en el medio rural y en la actividad agraria, y extender y mejorar su papel como titulares de la explotación agraria y de las
empresas agroalimentarias.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promocionar la formación e información para conseguir una mejora de la situación de las mujeres en el sector agroalimentario y el medio rural, favoreciendo su autonomía, con programas que estén orientados a la capacitación técnica y su
desarrollo personal.
2. Realizar campañas de difusión que mejore el acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias en todas sus formas posibles, como persona física, como socia de una entidad asociativa, en régimen de titularidad
compartida con su pareja, o cualquier otra reconocida por ley.
3. Ejecutar las reformas legales necesarias de ámbito nacional para impulsar la eficacia e implantación de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
4. Colaborar con los servicios de la Comisión europea para diseñar y desarrollar medidas específicas a favor de las mujeres rurales en el ámbito del futuro plan estratégico nacional de la PAC.
5. Establecer un plazo determinado para las cooperativas agrarias y las asociaciones profesionales que operen en el ámbito agrario consigan una participación equilibrada en los órganos de gobierno de las mismas de al menos un 40 % de
mujeres y asimismo establecer que, una vez cumplido dicho plazo, la paridad en los órganos de gobierno de las cooperativas agrarias y las asociaciones profesionales sea un requisito en los procesos de solicitud de ayudas y subvenciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2021.-María Luisa Faneca López, Mariana de Gracia Canales Duque, Manuel Gabriel González Ramos, Montse Mínguez García y Ariagona González Pérez, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y
Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Pilar Vallugera i Balañà, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre regulación
del voto delegado y asistencia telemática para su debate en instancia en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en adelante, LRBRL, fue aprobada en abril de 1985, con la intención de adaptar la administración local a la nueva realidad territorial y administrativa del Estado español. Por una parte,
esta Ley constituyó un avance en la definición de los diferentes niveles de gobierno y en los ámbitos de actuación territorial de la administración del Estado español. Por otra parte, estableció el marco legal de funcionamiento de las entidades
locales, articulando la autonomía de las mismas con su inserción en la administración descentralizada.
La LRBRL, a través de la definición de la organización, las competencias y el funcionamiento de las entidades locales, promovió a las mismas como la administración pública más próxima a la ciudadanía y, por ende, constituyó a las
administraciones locales como pilares básicos de la municipalidad y la sociedad. Todavía cabe señalar que desde 1985, la LRBRL ha sido sometida a numerosas modificaciones legislativas que han perseguido dotar de herramientas a las administraciones
locales a fin de adaptarlas a los cambios sociales.
La digitalización, cuando hablamos de la adaptación de la LRBRL a los cambiantes contextos sociales, ha sido una de las grandes materias protagonistas en las agendas institucionales, tanto públicas como privadas. El impacto del desarrollo
de las tecnologías y la digitalización consecuente ha promovido que durante los últimos años las administraciones locales hayan implantado y desarrollado una administración electrónica que persigue estrechar la relación con la ciudadanía, aumentar
la transparencia, simplificar las gestiones burocráticas y flexibilizar el acceso a los trámites administrativos. Este proceso ha demostrado lo imprescindible de la colaboración con el ámbito local para ejecutar la transformación digital de pueblos
y ciudades.
Otra de las motivaciones claves para la modificación y adaptación de la LRBRL a los cambios sociales, es la promoción de la igualdad de género y la conciliación familiar. La crisis de la COVID-19 ha puesto, todavía más, en alza muchas de
las disfunciones de la administración pública en materia de igualdad. La regulación de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo en la administración pública debe ser entendida como una oportunidad para reducir desplazamientos,
facilitar la conciliación de la vida personal y familiar y generar eficiencia, en el marco de la transformación digital de la administración pública.
El Gobierno del Estado español, vía la disposición final segunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el cual se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, añadió un
nuevo apartado 3 en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), con el cual regula, con carácter básico, la posibilidad de celebrar aquellas sesiones a distancia.
De acuerdo con la modificación normativa señalada, hay que cumplir una serie de requisitos para la celebración de las reuniones a distancia. Entre ellos que concurran situaciones de fuerza mayor, grave riesgo colectivo, catástrofe y
calamidades públicas, con el añadido, según la norma básica, 'que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales'.
Esta modificación normativa se estableció por la vigencia del estado de alarma por la COVID-19, y la consiguiente necesidad de mantener las medidas de confinamiento y evitar el contacto directo entre las personas. No obstante, hay otras
situaciones del ámbito personal y la conciliación familiar que nos hacen plantear la ampliación de los supuestos de participación a distancia mediante el voto telemático, o incluso de delegación de voto, de los cargos electos. En particular, el
hecho que no se encuentre prevista una solución para evitar la imposibilidad de emitir voto por parte de personas en situación de embarazo o maternidad, así como de cualquier incapacidad temporal para la asistencia a la votación resulta
incomprensible. La ausencia de este tipo de mecanismos en circunstancias de riesgo para el embarazo o baja por maternidad no es más que un reflejo de la realidad social que claramente castiga a las mujeres que deciden ser madres, constituyendo una
discriminación indirecta intolerable. No se puede considerar que exista derecho a la baja si nadie puede sustituir a la electa en cuestión en el acto más determinante de su labor como es el ejercicio del voto.
Existen pues, por lo menos, tres tipos de situaciones que deberían generar derecho a la delegación del voto o ejercicio del voto telemático:
1. Situación de baja por maternidad o paternidad.
2. Hospitalización o baja médica debidamente acreditada.
3. Defunción, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
De hecho, existen precedentes de una analogía palmaria que deberían evidenciar la simplicidad de la reforma exigida por medio de la presente iniciativa. Sin ir más lejos, en julio de 2011, fue aprobada una reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados que abría la puerta a la emisión de voto telemático en determinados supuestos. Si bien es cierto que en ese texto se limitaba a casos autorizados previamente por la Mesa y en los puntos que no sean susceptibles de
modificación ni fragmentación durante el Pleno, pese a resultar mejorable, debería servir para allanar el camino de la modificación que se insta al Gobierno español a realizar.
En definitiva, resulta necesario llevar a cabo una modificación normativa que incluya la posibilidad del voto delegado por los supuestos mencionados -o bien la opción de la asistencia a distancia a elección del cargo electo- para seguir
promoviendo la igualdad de género y la conciliación familiar empleando las herramientas telemáticas a nuestro alcance.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a realizar, en el plazo máximo de sies meses, y en coordinación con las administraciones competentes, las modificaciones legislativas necesarias en Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, a fin de que incluya la posibilidad del voto delegado o bien la opción de la asistencia a distancia a elección del cargo electo por los supuestos de situación de baja por maternidad o paternidad, hospitalización o
baja médica debidamente acreditada y defunción, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2021.-Pilar Vallugera Balañà, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover el uso de productos
valorizados por procesos de reciclado químico de los plásticos, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Nos hemos acostumbrados a la presencia de plástico y a sus múltiples utilidades; materiales para la construcción, para envases y embalajes, la conservación de alimentos, en material médico, para la industria de la automoción, en los
aparatos eléctricos y electrónicos, incluso como fibras textiles.
Sin embargo, la generación de los desechos plásticos es un desafío económico, social y ambiental global de primer orden. En este sentido, cada vez son mayores las exigencias respecto a la cuota de material que debe ser reciclado, la
reducción de volumen a vertedero, los requisitos para el diseño para incorporarse a la cadena de reciclado, también denominada reciclabilidad, y los requerimientos sobre la cantidad de material reciclado que debe formar parte de los nuevos
productos.
La primera Estrategia sobre los plásticos a escala europea de 2018, denominada 'Una estrategia europea para el plástico en una economía circular', recoge las aspiraciones que la Comisión venía proponiendo desde años atrás, y se marca el
objetivo de que todos los envases de plástico del mercado de la Unión Europea (UE) sean reciclables o reutilizables antes de 2030, que se reduzca el consumo de plásticos de usar y tirar y que se restrinja la utilización deliberada de microplásticos.
La propia Estrategia reconocía que menos del 30 % del plástico se reciclaba anualmente.
La Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases, concretaba los objetivos de la Estrategia con respecto al peso
de reciclado para cada uno de los materiales de envases, siendo un 50 % de plástico para 2025 y al 55 % para 2030.
Por otra parte, no debemos olvidar que existen múltiples objetos fabricados con plástico que no son envases, cuya composición es varia, y que suelen terminar en la fracción de resto o tienen su propio sistema de recogida. Además han
proliferado los materiales plásticos 'eco' o 'bio' que hacen más heterogénea la mezcla de residuos. También existe un problema con el reciclado mecánico de los plásticos de envases con residuos de alimentos adheridos o el envasado de alimentos
multicapa.
Alcanzar los ambiciosos objetivos que nos marcamos como Estados miembros de la UE nos obliga a optimizar los procesos de recogida actuales y a innovar en la aplicación de nuevos mecanismos de reciclaje, para completar el reto de la
circularidad en el final de la vida útil de los plásticos. Se necesita incorporar al ciclo de la economía circular un mayor volumen de plástico reciclado y nuevas formas de valorización del residuo y para ello es preciso considerar diferentes
alternativas tecnológicas, como las diferentes alternativas de reciclado químico.
En este sentido, el reciclado químico es un proceso mediante el cual se produce la descomposición del polímero del plástico, para conseguir moléculas simples, que pueden volver a integrase en el proceso de fabricación para obtener nuevo
material plástico de calidad equivalentes al material virgen. Existen diferentes métodos (pirólisis, hidrogenación, craqueo...) y podemos considerarlos como procesos complementarios al reciclado mecánico, ya que son aplicables a materiales para los
que el mecánico no ofrece una solución en estos momentos, incluso para otros objetos, como los neumáticos de vehículos fuera de uso.
Además, los diferentes métodos de reciclado químico aportan ventajas frente a otros procesos, una menor necesidad de aporte energético, un menor balance en las emisiones de CO2, el rechazo no utilizado en el proceso es muy pequeño, y el
material generado es reciclado y aplicable a altas exigencias de calidad. Algunas industrias ya han puesto en marcha sus propios procesos de certificación y estandarización del origen de materia prima por este tipo de métodos de reciclado.
El anexo II del anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, dedicado a las operaciones de valorización, incluye la 'gasificación y pirólisis, siempre que los compuestos obtenidos se utilicen como
elementos químicos en un proceso posterior de obtención de nuevas sustancias. No se incluye la obtención de combustibles', en los términos de la Directiva, sin dejar clara su posible considerado como reciclado, y el anexo VIII recoge las
'normas relativas al cálculo de la consecución de los objetivos', que tampoco deja clara el papel del reciclado químico en el cálculo de los residuos municipales reciclados.
Podemos considerar que los materiales renovables equivalen a los reciclados, y esto no está incluido en la legislación actual y en la que se debatirá en el Congreso en los próximos meses. Además, cualquier potencial impuesto sobre los
envases de plástico debería excluir los materiales renovables de la misma manera que excluye el contenido reciclado en el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables.
En este contexto, es importante que el nuevo marco normativo de la Economía Circular cree incentivos regulatorios para tecnologías y soluciones innovadoras. Para conseguirlo sería necesario políticas y normativa de impulso, especialmente
que se establezca regulatoriamente una definición abierta de 'tecnología de reciclaje' para atender el reciclaje de residuos plásticos o de contribución a la composición de nuevos productos.
En definitiva, es otra manera de promover la economía circular donde el residuo plástico se convierte en materia prima, a la vez que se contribuye a la descarbonización, ofreciendo productos con calidad para fabricar nuevos productos, aunque
todavía es necesaria una producción en escala para cubrir las necesidades de valorización de residuos y demanda de producto por la industria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer regulatoriamente una definición abierta de 'tecnología de reciclaje' para atender las distintas modalidades de reciclaje y fomentar el uso de productos valorizados de los residuos del plástico.
2. Promover medidas que favorezcan la competitividad de la industria química innovadora dedicada a la búsqueda de soluciones para cumplirlos objetivos de reciclado y valorización de los residuos del plástico.
3. Potenciar políticas público-privadas de apoyo a la investigación e innovación en nuevas tecnologías de reciclaje de residuos y, especialmente, de residuos plásticos, y generar economías de escala mediante el aumento de la capacidad de
reciclado con las nuevas tecnologías para satisfacer la demanda.
4. Que se utilicen los fondos de recuperación para impulsar proyectos que impulsen el reciclado químico de residuos para evitar que toneladas de plástico acaben en vertederos y que aprovechen la capacidad de transformación de la economía
circular en la recuperación de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2021.-Guillermo Mariscal Anaya, César Sánchez Pérez y Paloma Gázquez Collado, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Xavier Eritja Ciuró y del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre información de emisiones de CO2 en productos de alimentación y textil para su debate en instancia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Alcanzar la neutralidad climática en 2050 y cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París requieren imprescindiblemente que, además de cesar en el uso de combustibles fósiles y que la totalidad de la energía eléctrica sea de
origen renovable, se logre una mejora drástica de la eficiencia
energética. Para consolidar mejoras de esta magnitud se precisan cambios tecnológicos radicales en todos los procesos y productos, más allá del ámbito de la vivienda o el de la movilidad.
Tal y como se expone en la exposición de motivos del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, 'la obligación de limitar las emisiones condiciona las políticas sectoriales e implica cambios en los patrones de consumo'.
Para ello, es imprescindible un cambio en el comportamiento de la ciudadanía no solo en la gestión de la energía sino que alcance también a las decisiones de compra y uso de los productos y servicios. Esto supone un necesario cambio cultural y bien
es sabido que los cambios culturales en la sociedad no se pueden consolidar fácilmente en el corto plazo, ya que requieren planificación y constancia en el tiempo.
La eficiencia en el comportamiento es un concepto difícil de incorporar y consolidar en una sociedad, donde la compra no racional y el consumo excesivo han sido y aun son fomentados por la gran mayoría de medios de comunicación. Se
requiere, por tanto, una acción de información y sensibilización a la ciudadanía constante y continuada durante años para que en sus decisiones de compra y uso minimice el consumo de la energía que los bienes o productos necesitan para su producción
y funcionamiento. El no actuar con determinación en este campo de acción retrasará mucho la consolidación de las necesarias mejoras de eficiencia energética.
Para acelerar el proceso y obtener resultados en el menor plazo posible, se deben concentrar los esfuerzos en aquellos bienes y productos que consumen un porcentaje mayor de la energía como la vivienda y los vehículos, pero también es
importante ampliar este campo de actuación a otros bienes y productos cuya compra, uso o consumo es más cotidiano como sería el caso de los productos textiles y los alimentos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Desarrollar y aplicar nuevas herramientas de información sobre el balance de emisiones de CO2 que serán de obligada incorporación en el punto de venta y etiquetado de cada producto de alimentación y textil a partir del 1 de enero de
2023.
2. Realizar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, programas intensivos de información y sensibilización a la ciudadanía y al sector empresarial para lograr en el menor plazo posible un consumo más responsable y eficiente de la
energía, de los bienes y productos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2021.-Xavier Eritja Ciuró y Joan Capdevila i Esteve, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la revisión y actualización
urgentes del artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19', relativo al uso obligatorio de las mascarillas, para su
debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Las mascarillas representan uno de los ámbitos en los que el Gobierno ha cometido más fiascos, incoherencias y faltas de transparencia desde que se detectaron los primeros contagios por el virus SARS-CoV-2 en España.
Un ejemplo manifiesto de ello son las compras de unidades sin la calidad requerida a proveedores de dudosa reputación y totalmente ajenos al ámbito sanitario durante la primera ola de la pandemia.
Otra muestra notoria es la que supone la negativa, por parte de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, a reducir el IVA justificándose en un reglamento europeo inexistente.
Y un tercer supuesto destacado es el que se produce con las situaciones y las condiciones de uso obligatorio de las mascarillas establecidas desde el propio Gobierno.
En este sentido, y a pesar de las propuestas y las recomendaciones para evitar contagios realizadas desde enero de 2020 por instituciones como la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de
Enfermedades, Salvador Illa, exministro de Sanidad, afirmó en una rueda de prensa celebrada a finales del mes de febrero del pasado año que 'no es necesario ir con mascarilla por la calle'.
Con el aumento de los casos y de los fallecimientos por COVID-19, llla se vio obligado a desdecirse y a plantear a mediados de abril, también en rueda de prensa, que desde el Ministerio de Sanidad 'recomendamos el uso de mascarilla'.
La referida rectificación fue todavía más allá cuando a finales del propio mes de abril, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, consideró ante los medios de comunicación como 'muy deseable
que la gente lleve mascarillas'.
Y la 'autoenmienda' definitiva se produjo en junio cuando el Gobierno hizo obligatorio el uso de la mascarilla mediante real decreto-ley tanto en espacios cerrados como en lugares públicos en los que no se pudiese mantener una distancia
interpersonal de seguridad.
Podía parecer entonces que los vaivenes del Ejecutivo con el uso de las mascarillas en el contexto de la pandemia de COVID-19 habían tocado techo. No obstante, y lejos de ser así, el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 30 de marzo
la 'Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19', cuyo artículo 6 suprime las referencias a la distancia interpersonal de seguridad y
hace obligatorio el uso en todos los supuestos -con las salvedades incluidas en el apartado 6.2- incluso al aire libre.
La citada modificación despertó -una vez más desde el comienzo de la pandemia- incertidumbre, desconfianza, caos e inseguridad en el conjunto de la sociedad española; incluso generó el rechazo a su aplicación por parte de Gobiernos
autonómicos como el de las Islas Baleares.
La situación alcanzó tal magnitud que Carolina Darias, ministra de Sanidad, se vio obligada en la sesión plenaria del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada el 31 de marzo -apenas un día después de la publicación de
la Ley 2/2021- a reconocer el carácter obsoleto y desfasado de muchos aspectos de la norma, así como a plantear a las Comunidades Autónomas una mesa de trabajo en la que 'elaborar criterio técnico para la aplicación de la ley'.
De acuerdo con la información publicada al respecto por los medios de comunicación el mismo 31 de marzo, la pretensión de Darias con el ofrecimiento de la citada mesa es colegiar con las Comunidades Autónomas una interpretación de la ley que
permita concretar y regular excepciones, lo que la propia ministra de Sanidad expuso en la rueda de prensa posterior a la mencionada sesión plenaria del Consejo lnterterritorial como su deseo por 'encontrar espacio para poder aplicar esta ley de la
forma más armonizada posible y de la manera más contextualizada posible' estudiando 'si nos deja margen de actuación'.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar y a actualizar con urgencia -en un plazo máximo de quince días- el artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para clarificar y concretar las condiciones de uso obligatorio de las mascarillas en el marco de la pandemia a partir de la evidencia científica nacional e internacional más actualizada, así
como desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y la coordinación efectiva con las sociedades científicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a la Mesa para, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la enfermedad
neurológica de la epilepsia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica no transmisible, que se caracteriza, según la Sociedad Española de Neurología, 'por una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas, y que se acompaña de consecuencias
neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales' para las personas que la padecen.
Cincuenta millones de personas en el mundo conviven con esta enfermedad, unos seis millones en Europa y entre 300.000 y 400.000 en España. La padecen individuos de todas las edades, pero con mayores tasas entre los jóvenes y las personas de
edad.
Por tanto, la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas con mayor prevalencia, convirtiéndose en un problema de salud pública.
Las causas de la epilepsia pueden ser estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunológicas y, en un 50 % de los casos, desconocidas.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las muertes debidas a trastornos neurológicos en el mundo, se han visto incrementadas en un 39 % en los últimos treinta años. Concretamente, la epilepsia y otros trastornos neurológicos,
son la segunda causa de muerte en todo el mundo, con especial afectación en los países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a los sistemas de salud se ve dificultado.
Se calcula que el riesgo de muerte prematura es tres veces superior en personas que padecen epilepsia, que en el resto de la población.
Afortunadamente, se trata de una afección sumamente tratable, y prevenible en un 25 % de los casos en el mundo, si se adoptan medidas para un control eficaz de las enfermedades no transmisibles, se fomenta la educación en salud en todas las
edades, se promueve la investigación sobre estas enfermedades y la capacitación de los profesionales de la salud, así como se desarrolla un adecuado control perinatal.
Según la Sociedad Española de Neurología, la epilepsia tiene un buen pronóstico, con un adecuado control y respuesta al tratamiento.
Además, la epilepsia tiene un importante impacto en la economía y en la calidad de vida de las personas que la sufren, que viene a depender de la gravedad de la misma, de la discapacidad asociada en algunos casos, pero también, del apoyo
social que tengan estas personas.
En noviembre de 2020, entre las resoluciones aprobadas por la 73.º Asamblea Mundial de la Salud, se acordó el documento 'Medidas mundiales contra la epilepsia y otros trastornos neurológicos', donde se reconoce que en algunos países del
mundo los pacientes con enfermedades neurológicas, como la epilepsia, y sus familias, han sido o pueden ser objeto de discriminación y estigmatización.
Actualmente en nuestro país, la epilepsia en todas sus formas, forma parte de las causas previstas en los catálogos de exclusiones médicas para el acceso al empleo público.
El Gobierno de Pedro Sánchez, mediante la Orden PCl/154/2019, de 19 de febrero, aprobó instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar
ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público. En su punto quinto, se establece que se han de revisar y actualizar las restantes causas previstas en los catálogos de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo
público, adaptándolas a la evidencia científica en el momento de la convocatoria, y sujeto al dictamen del órgano facultativo correspondiente.
En este contexto, el Grupo Socialista considera fundamental que las personas con epilepsia no sean discriminadas por razón de su enfermedad, también en el acceso al empleo público, tal y como consagra el principio de igualdad reconocido en
nuestra Constitución. De manera que los poderes públicos deben garantizar las medidas necesarias para hacer efectivo el principio de igualdad y suprimir de manera progresiva las barreras que existen para acceder al empleo público en condiciones de
igualdad.
Además, de considerar necesario una mayor sensibilización y conocimiento social sobre la epilepsia en nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Revisar, acorde a la evidencia científica disponible, que la epilepsia en todas sus formas se encuentre entre las causas médicas de exclusión para el acceso al empleo público, y en base a dicha revisión, valorar su eliminación de entre
las mismas.
2. Impulsar medidas de sensibilización e información sobre la epilepsia a la ciudadanía en general, y en el Sistema Nacional de Salud, para mejorar el conocimiento sobre la enfermedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2021.-Ana Prieto Nieto, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del Diputado del PDeCAT, Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate ante la Comisión de Sanidad y
Consumo, una Proposición no de Ley para promover la creación de la Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias (AIEPPS), con sede en Barcelona.
Exposición de motivos
Numerosos expertos del ámbito sanitario, investigadores académicos e instituciones han solicitado reiteradamente al Gobierno la creación de un organismo independiente, cuya función sea la evaluación de las prestaciones y políticas
sanitarias, incluyendo la evaluación económica y su impacto presupuestario. Sería un organismo con unas funciones similares a las que desarrolla el prestigiado National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido y permitiría
aportar una evaluación continuada de las fortalezas y debilidades de nuestro sistema sanitario. El coste de su puesta en marcha podría sufragarse con los fondos que llegarán a España a través del programa europeo Next Generation EU.
Se trataría de crear un órgano de evaluación independiente, al estilo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y con procedimientos y funciones bien definidas, que
se ocupe de analizar las prestaciones sanitarias, sus tecnologías, medicamentos e indicaciones terapéuticas, intervenciones de prevención y salud pública, y otras políticas de salud, compaginando resultados en salud con los costes que suponen para
el Sistema Nacional de Salud (SNS) y para el conjunto de la sociedad. Una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias que, desde el análisis de la evidencia científica disponible en cada momento, determine si los
beneficios sanitarios y sociales de una intervención en salud valen lo que cuestan.
Una vez realizada la evaluación, correspondería a los gobernantes hacer lo propuesto y si no, explicar las razones de su negativa. De este modo se informaría la decisión política, en ningún caso se la sustituiría, dado que la agencia
propuesta carecería de facultades ejecutivas. Su funcionamiento debería regirse por los principios de independencia, rigor técnico y buen gobierno, favoreciendo la transparencia de las opciones que se adopten y contribuyendo a la rendición de
cuentas en las decisiones públicas.
El SNS mejoraría notablemente si todas las decisiones, también las políticas sobre estrategia, planificación y distribución de recursos, se basasen en criterios técnicos y en evidencia contrastada y fuesen evaluadas y sirviesen para la
rendición de cuentas a la ciudadanía, anulando la arbitrariedad en la toma de decisiones sobre la provisión y financiación de diferentes medicamentos, pruebas diagnósticas, programas o intervenciones sanitarias, sobre la creación de algunas
infraestructuras sanitarias y sobre el establecimiento de prioridades en políticas de salud de amplio espectro.
En definitiva, una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias favorecería el uso racional de los recursos públicos para la promoción de la salud y la gestión de calidad de los servicios sanitarios,
constituyendo una potente herramienta para optimizar los siempre insuficientes recursos destinados a la mejora de la salud de la población.
En cuanto a la localización del nuevo organismo, se propone la ciudad de Barcelona que, en su momento, ya fue candidata para albergar la sede europea de la Agencia Europea del Medicamento.
Cabe destacar que Catalunya además de disponer de un excelente sistema sanitario público y privado, dispone de una densa actividad empresarial y de investigación entorno a cuatro grandes sectores: el farmacéutico, la biotecnología, los
productos y dispositivos sanitarios y la salud digital. Con datos de 2019, en Cataluña había 1.200 empresas y 89 organizaciones dedicadas a la investigación que se pueden incluir dentro de este entorno, lo que permite que Barcelona sea un
emplazamiento idóneo para la ubicación del nuevo organismo, ya que mantiene importantes fortalezas en el campo de la investigación, la innovación y la formación, por la más alta cualificación del personal médico, el uso generalizado de las
tecnologías y técnicas más avanzadas y el control estricto y garantías de buenas prácticas.
Por todo ello, los Diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la creación de la Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias' (AIEPPS), con sede en Barcelona, como autoridad independiente para evaluar las
prestaciones sanitarias, sus tecnologías, medicamentos e indicaciones terapéuticas, intervenciones de prevención y salud pública, y otras políticas de salud, compaginando resultados en salud con su impacto presupuestario. Los Fondos Next Generation
EU pueden contribuir a la creación y puesta en marcha del nuevo organismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2021.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Igualdad
161/002370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Igualdad, relativa a la garantía de la lactancia y el amamantamiento libre para las madres y sus hijos e hijas.
Exposición de motivos
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) reconoció en Ginebra, el 22 de noviembre de 2016, que la lactancia materna es un derecho humano-que debe ser protegido por los Estados para que las madres puedan ejercerlo en cualquier
lugar y momento. En este sentido, la garantía de una lactancia libre en espacios públicos y privados, así como en los centros de trabajo, permiten a las mujeres y bebés ejercer su derecho a la lactancia. Además, la Ley Orgánica 3/2007, para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres, afirma que los poderes públicos tienen como criterio general de actuación, 'la protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y
lactancia', según su artículo 14.7.
Todas las mujeres tienen derecho a escoger libremente cómo criar a sus hijos e hijas y esto no es fácil en un contexto en el que, desde diversos ámbitos, se las presiona en uno u otro sentido. No obstante, las mujeres que eligen ejercer su
derecho a la lactancia y/o el amamantamiento, encuentran una importante barrera, debido a los clichés, prejuicios sociales y la falta de sensibilización social. Muchas mujeres declaran haberse sentido inseguras o incómodas ejerciendo este derecho
en lugares, tanto de titularidad pública, como calles, plazas o edificios de las administraciones públicas y en lugares de titularidad privada, como establecimientos hosteleros, deportivos o comercios. De forma frecuente, se ha llamado la atención
a
las mujeres lactantes para que se cubriesen o se apartasen para dar el pecho a sus hijos e hijas lactantes o, incluso, se les ha prohibido el ejercicio de este derecho en establecimientos públicos o privados. La lactancia es un acto natural
que debería estar normalizado y debería ser ejercido con total naturalidad por aquellas mujeres que deseen hacerlo, sin estar sometido a escrutinio público ni a prejuicios.
Sin embargo, los casos de discriminación no cesan como se puede observar en los ejemplos que detallamos a continuación. En agosto de 2013, una mujer fue expulsada de una tienda por amamantar a su bebé y la indignación desencadenada tras la
denuncia en redes sociales impulsó la creación de una red de apoyo con más de 1000 personas seguidoras. Aun así, en noviembre de 2013, otras dos madres fueron reprendidas por amamantar a sus bebés en Bilbao bajo el argumento de faltar a las 'normas
de convivencia' del espacio público, indicándoles que debían trasladarse a otro edificio para poder ejercer su derecho al amamantamiento y la lactancia. En octubre de 2016, en Marbella, una mujer que necesitaba amamantar a su bebé porque tenía
hambre se sentó en un banco de la zapatería en la que se encontraba y fue expulsada. El hecho generó una respuesta por parte de varias madres lactantes que se concentraron frente al centro comercial y la indignación compartida de las mujeres
implicó que muchas otras madres se sintieran más seguras a la hora de denunciar lo que se ha llamado el 'efecto Roser'. Más recientemente, en julio de 2020, otra mujer se encontraba en una piscina y decidió darle el pecho a su hijo que lloraba de
hambre, acto seguido fue expulsada de las instalaciones municipales en Monteada (Barcelona). La denuncia pública del caso de esta mujer se hizo viral, fue apoyada por muchísimas personas públicamente y situó el debate del amamantamiento y la
lactancia libre en los espacios públicos y privados en las principales tertulias televisivas de la semana.
En España, no existe una normativa estatal que establezca o fomente, en coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales, la creación de espacios de lactancia y la protección del derecho de los niños y niñas y de las mujeres,
que de manera libre así lo decida, a ejercer el derecho a la lactancia en los lugares públicos y privados. Sin embargo, algunas comunidades autónomas y entidades locales sí han avanzado en esta cuestión. En 2017, el Ayuntamiento de Pamplona aprobó
una declaración en favor del ejercicio del derecho a la lactancia en espacios públicos. En 2015, el sistema sanitario de Euskadi reconoció el ejercicio del 'derecho a amamantar a los hijos e hijas en cualquier espacio público', como se encuentra
recogido en el artículo 9 del Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración sobre derechos y deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi. El País Valencia también reconoció, en 2018, formalmente, este
derecho, recogido en el artículo 80 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia que establece que 'la administración impulsará la creación de áreas para la lactancia materna en espacios públicos o
privados, removiendo a tal efecto todos los obstáculos que lo impidan'. Son normativas pioneras en el reconocimiento del ejercicio de derecho en condiciones de confianza, protección y naturalidad.
La igualdad y el acceso de derechos para todas las mujeres deben implementarse en todas las esferas. Por ello, es fundamental garantizar también que las madres que así lo deseen puedan amamantar a sus bebés de manera libre y con normalidad
en los lugares públicos y los establecimientos privados.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las medidas legislativas y de políticas públicas necesarias para garantizar que las mujeres se sienten plenamente libres para escoger su método de crianza y si optan por la lactancia para garantizar el ejercicio libre de la
misma sancionando cualquier discriminación que cause privación, perturbación o amenaza a estos derechos.
2. Implementar los mecanismos de coordinación necesaria para impedir que existan situaciones de desigualdad en los diferentes niveles de la administración pública.
3. Promover, en coordinación con otras administraciones públicas, campañas de sensibilización y concienciación que eliminen tabúes y prejuicios sobre el ejercicio del derecho a la lactancia libre en espacios públicos y privados, así como
centros de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2021.-Isabel Franco Carmona y Mar García Puig, Diputadas.-Sofía Fernández Castañón, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Defensa
181/000929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Agustín Rosety Fernández de Castro, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Defensa.
Texto:
Según informaciones publicadas, el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Malí ha informado de al menos once soldados muertos, 14 heridos y otros once desaparecidos en una emboscada perpetrada por cien terroristas armados en motos y
camionetas el pasado lunes 15 de marzo en la localidad de Tessit, cerca de la frontera de Malí con Burkina Faso y Níger, al este del país. Ante estas informaciones, ¿podría indicar si está garantizada la seguridad del contingente español de la
misión EUTM-Mali?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2021.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Diputado.
181/000930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Agustín Rosety Fernández de Castro, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Defensa.
Texto:
Según informaciones publicadas, el pasado 12 de marzo de 2021, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que las fuerzas de la Flota del Mar Negro comenzaron a monitorear al entrar en el mar Negro los desplazamientos de la fragata Cristóbal
Colón, que forma parte de la fuerza de respuesta inmediata de la OTAN en el Mediterráneo que lidera España. Ante estas informaciones, ¿podría confirmar el Gobierno esta noticia? En caso afirmativo, ¿han sido adoptadas medidas adicionales en el
marco de la protección de los efectivos militares desplegados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2021.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Diputado.
Comisión de Interior
181/000943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Mantiene el Ministro del Interior que el cese del Coronel don Diego Pérez de los Cobos se debió a una 'pérdida de confianza' a pesar de haber sido declarado ilegal por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 de la
Audiencia Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Patricia de las Heras Fernández, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Es cierto que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, emitió un informe decisivo para la adopción por parte del Gobierno del 'Acuerdo por el que se autoriza al
Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A.', por el cual se da una ayuda a la referida aerolínea de 53 millones de
euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2021.-Patricia de las Heras Fernández, Diputada.
181/000941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Patricia de las Heras Fernández, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué informes y datos avalan los traspasos de gestión a la Comunidad Autónoma Vasca con relación a los servicios de Cercanías y otras obligaciones de servicio público en materia ferroviaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2021.-Patricia de las Heras Fernández, Diputada.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Patricia Rueda Perelló, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Qué medidas va a llevar a cabo el Gobierno para repatriar a los turistas españoles atrapados en Marruecos tras el cierre de las fronteras aéreas por parte del país africano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Diputada.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Texto:
¿Cuáles son las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para combatir el terrible descenso demográfico que se ha producido en España en las últimas décadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.
Comisión de Cultura y Deporte
181/000946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Javier Merino Martínez, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Texto:
¿Tiene alguna estrategia el Gobierno de España de cara a la participación de nuestros deportistas olímpicos en los próximos JJ. OO. de Tokio 2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2021.-Javier Merino Martínez, Diputado.
181/000947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Javier Merino Martínez, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Texto:
¿El Gobierno de España va a defender que la ciudad de Bilbao sea una de las sedes de la Eurocopa 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2021.-Javier Merino Martínez, Diputado.
181/000948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Javier Merino Martínez, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Texto:
En el supuesto de que la ciudad de Bilbao sea una de las sedes de la Eurocopa 2021, ¿permitirá la asistencia de público al estadio tal y cómo exige la UEFA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2021.-Javier Merino Martínez, Diputado.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/000944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Juan Antonio Callejas Cano, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno de España renovar el contrato y las aportaciones económicas con el Centro Nacional del Hidrógeno en 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2021.-Juan Antonio Callejas Cano, Diputado.
181/000945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Juan Antonio Callejas Cano, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Texto:
¿Qué nuevas líneas de investigación y desarrollo tiene previstas el Gobierno de España impulsar en el Centro Nacional del Centro Nacional del Hidrógeno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2021.-Juan Antonio Callejas Cano, Diputado.
Comisión sobre Seguridad Vial
181/000932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Francisco José Alcaraz Martos, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Va el Ministerio del Interior a aumentar el complemento en Seguridad Vial como medida para atraer a agentes demandantes de cursos de tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Diputado.
181/000933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Francisco José Alcaraz Martos, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Va a aumentar el Gobierno el número de efectivos del grupo de atestados debido a los problemas causados por la falta de personal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Diputado.
181/000934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Francisco José Alcaraz Martos, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Va a aumentar el Gobierno el número de efectivos de la plantilla de tráfico de la Guardia Civil que desde 2010 ha disminuido en 1.400 agentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Diputado.
181/000935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Francisco José Alcaraz Martos, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Por qué siguen sin suministrarse a todos los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que van en motocicleta chalecos con airbag cuando es una recomendación de la Dirección General de Tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Diputado.
181/000936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Francisco José Alcaraz Martos, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Por qué siguen sin suministrarse suficientes chalecos antibalas para todos los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que van en vehículos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Diputado.
181/000937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Francisco José Alcaraz Martos, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Cuándo se va a equiparar salarialmente a los agentes de la Guardia Civil con otras policías autonómicas como los Mozos de Escuadra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Diputado.
181/000938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Francisco José Alcaraz Martos, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Va a dotar el Gobierno de material y medios suficientes a la Guardia Civil para que puedan desempeñar su trabajo de manera digna y no con las actuales condiciones de baja calidad y ausencia de material?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Diputado.
181/000939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Francisco José Alcaraz Martos, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Va a implantar el Gobierno 11 horas obligatorias de descanso para los agentes de tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Diputado.
181/000940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Francisco José Alcaraz Martos, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Se les va a proveer de pistolas táser a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, especialmente a aquellos que se ven expuestos a situaciones de riesgo en controles de alcoholemia y drogas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las preguntas
al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
Núm. expte.: 184/039577.
Núm. registro: 97087.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración de la orden del Mérito de la Guardia Civil Cruz de Plata (1984) a don Manuel Davo Soler.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000956.
Núm. expte.: 184/039578.
Núm. registro: 97088.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial Blanca (1997) a don José María de las Cuevas Carretero.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000957.
Núm. expte.: 184/039579.
Núm. registro: 97089.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración de la Orden del Mérito de la Guardia Civil Cruz con distintivo rojo (1984) a don Fidel del Hoyo Cepeda.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000958.
Núm. expte.: 184/039580.
Núm. registro: 97090.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración de la Orden del Mérito de la Guardia Civil Cruz con distintivo blanco (1984) a don José Domínguez Tuda.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000959.
Núm. expte.: 184/039581.
Núm. registro: 97091.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Mérito de la Guardia Civil Cruz distintivo rojo a don Enrique Dorado Villalobos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000960.
Núm. expte.: 184/039582.
Núm. registro: 97092.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Cruz Mérito Policial (1976) y Cruz Mérito Guardia Civil de plata (1984) a don José María Escudero Tejada.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000961.
Núm. expte.: 184/039583.
Núm. registro: 97093.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito Policial (1977) a don Juan Antonio Gil Rubiales.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000962.
Núm. expte.: 184/039584.
Núm. registro: 97094.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito Guardia Civil con distintivo rojo a don Pedro Gómez Nieto.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000963.
Núm. expte.: 184/039585.
Núm. registro: 97095.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito policial Cruz de plata (1977) a don Antonio González Pacheco (Billy el Niño).
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000964.
Núm. expte.: 184/039586.
Núm. registro: 97096.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito policial Plata, rojo (1977) a Jesús González Reglero.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000965.
Núm. expte.: 184/039587.
Núm. registro: 97097.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Cruz de Plata al Mérito Policial Distintivo rojo (1983) a don Jesús Alfredo Gutiérrez Arguelles.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000966.
Núm. expte.: 184/039588.
Núm. registro: 97098.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Orden del Mérito Guarcia Civil Cruz distintivo blanco (1982-1984) a don José Antonio Hernández del Barco.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000967.
Núm. expte.: 184/039589.
Núm. registro: 97099.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Cruz al Mérito Militar a don Alejandro Hernández Mosquera.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000968.
Núm. expte.: 184/039590.
Núm. registro: 97100.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Orden al Mérito policial a don Félix Criago Sanz.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000969.
Núm. expte.: 184/039591.
Núm. registro: 97101.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Cruz al Mérito Guardia Civil distintivo blanco a don Féliez Hernándo Martín.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000970.
Núm. expte.: 184/039592.
Núm. registro: 97102.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Cruz al Mérito Policial-distintivo rojo (1974) a don Julio Hierro Moset.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000971.
Núm. expte.: 184/039593.
Núm. registro: 97103.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo (1984) a don Alejandro Iglesias Blanco.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000972.
Núm. expte.: 184/039594.
Núm. registro: 97104.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Orden del Mérito de la Guardia Civil (1982) a don Juan Macias Marente.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000973.
Núm. expte.: 184/039595.
Núm. registro: 97105.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración Orden del Mérito de la Guardia Civil a don Manuel Macias Ramos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000974.
Núm. expte.: 184/039596.
Núm. registro: 97106.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la Cruz del Mérito de la Guardia Civil capitán de la Guardia Civil don Ángel Alba Coca.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000975.
Núm. expte.: 184/039597.
Núm. registro: 97107.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Cruz Blanca, al cabo primero de la Guardia Civil don José Miguel Alonso Manzano en 1984.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000976.
Núm. expte.: 184/039598.
Núm. registro: 97108.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la Cruz al Mérito con distintivo blanco al subcomisario del Cuerpo Nacional de Policía José Amedo Fouce en 1984.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000977.
Núm. expte.: 184/039599.
Núm. registro: 97109.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y la Cruz del Mérito Policial a don Andrés Cassinello Pérez.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000978.
Núm. expte.: 184/039600.
Núm. registro: 97110.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil al agente de la Guardia Civil don Antonio Aguayo Jiménez en 1984.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000979.
Núm. expte.: 184/039601.
Núm. registro: 97111.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil al agente de la Guardia Civil don Antonio Arias Carnero en 1981.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000980.
Núm. expte.: 184/039602.
Núm. registro: 97112.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil al Guardia Civil don Antonio Beltrán Alcántara en 1981.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000981.
Núm. expte.: 184/039603.
Núm. registro: 97113.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a don Arturo Espejo Balero.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000982.
Núm. expte.: 184/039604.
Núm. registro: 97114.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil al Guardia Civil don Felipe Bayo Leal.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000983.
Núm. expte.: 184/039605.
Núm. registro: 97115.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración de Caballero de la Gran Cruz del Mérito Militar a don Manuel Fraga Iribarne.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000984.
Núm. expte.: 184/039606.
Núm. registro: 97116.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la Cruz al Mérito Policial (1976) al comisario del Cuerpo Nacional de Policía don Francisco Álvarez Sánchez.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000985.
Núm. expte.: 184/039607.
Núm. registro: 97117.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración de la Orden del Mérito de la Guardia Civil (1981) y Cruz al Mérito Policial (2014) a don José García Malgonado.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000986.
Núm. expte.: 184/039608.
Núm. registro: 97118.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Concesión de la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III (1993) a don José Barrionuevo Peña.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 240 de 16 de marzo de 2021, pág. 161 Iniciativa.
Calificación: Punto 1 desdoblado en solicitud de informe del artículo 7 del Reglamento.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181000987.
Núm. expte.: 184/039609.
Núm. registro: 97119.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la condecoración de la Medalla al Mérito Policial a don José Fraila Ayuso.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000988.
Núm. expte.: 184/039610.
Núm. registro: 97120.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la Encomienda del Yugo y las Flechas al Jefe de la Brigada Político Social a don Antonio Juan Creix en 1970.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000989.
Núm. expte.: 184/039611.
Núm. registro: 97121.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Distintivo blanco, al brigada de la Guardia Civil don Manuel Barroso Caballero.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000990.
Núm. expte.: 184/039612.
Núm. registro: 97122.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la Medalla al Mérito Policial a don Roberto Conesa Escudero en 1977.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000991.
Núm. expte.: 184/039613.
Núm. registro: 97123.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivos para otorgar la Medalla de Plata al Mérito Policial (1977) a don Tomás Agrela Fernández.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000992.
Núm. expte.: 184/039632.
Núm. registro: 97142.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Protección de las familias de los inmigrantes irregulares llegados a España.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000995.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Núm. expte.: 184/039630.
Núm. registro: 97140.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Existencia de denuncias o quejas contra trabajadores en el Plan Canarias.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000993.
Núm. expte.: 184/039631.
Núm. registro: 97141.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Entidad que debe nacerse cargo de atender a las personas que son expulsadas de los dispositivos de acogida del Plan Canarias.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000994.
184/044262
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-GC)
López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-GC)
Tala de 2,5 hectáreas de bosque en la Ribeira Sacra.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, a iniciativa de sus diputados Antón Gómez-Reino Varela y Juan López de Uralde, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta para su respuesta por escrito, relativa a la tala de 2,5 hectáreas de bosque en la Ribeira Sacra.
Exposición de motivos
Recientemente, diversas organizaciones ambientalistas y vecinales han denunciado la tala de más de 2,5 hectáreas de bosque autóctono centenario en el corazón de la Ribeira Sacra, incluyendo especies arbóreas como castaños, abedules, alisos,
sauces y robles, algunos con más de 300 años de vida, que se constituían como refugio de una diversa fauna ornitológica. Según estas denuncias se han eliminado el sotobosque y el bosque de ribera situado junto al regato de la Senra, en la fraga, a
la entrada del municipio de Parada do Sil, en el lugar de O Forxán. Esta tala de miles de árboles, destinados en su mayor parte a leña, puede tener diversos efectos perniciosos sobre el ecosistema: eliminación de flora y fauna propias de la zona,
colmatación de los cursos fluviales y los embalses, daños irreversibles en la biodiversidad, pérdida de suelo fértil, o erosión y simplificación de los ecosistemas forestales, entre otros.
Los cañones del Sil, donde se ubica esta fraga, cuentan con diversas declaraciones como zona de protección ambiental: son Lugar de Interés Comunitario (LIC) desde el año 2004 y Zona de Especial Conservación (ZEC) desde 2014, formando parte
de la Red Natura 2000. En el año 2018 la Ribeira Sacra fue declarada asimismo Bien de Interés Cultural (BIC), y en la actualidad es candidata a las declaraciones como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Esta última candidatura ha
sido una de las 24 propuestas internacionales elegidas para ser sometidas a debate en la 45 sesión del Comité de la Unesco, que se celebrará durante este año 2021, lo que da idea de la relevancia ambiental de la zona.
Según el artículo 27.10 del Estatuto de Autonomía de Galicia, corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de montes, aprovechamiento forestal, vías pecuarias y pastos. También, según la Ley 4212007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, corresponden a las Comunidades Autónomas las competencias en la gestión de los Espacios Naturales Protegidos. En consideración a estas potestades, la Xunta de Galicia es responsable última de
la autorización a esta tala, que supone una infracción grave o muy grave de la normativa vigente, según lo previsto en el artículo 80 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La normativa gallega en vigor, concretamente el Decreto 73/2020, del 24 de abril, por el que se regulan los aprovechamientos madereros y leñosos, de corteza, de pastos, micológicos y de resinas en montes o terrenos forestales de gestión
privada en la Comunidad Autónoma de Galicia, que desarrolla la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, ha simplificado notablemente los trámites para la tala de árboles, siendo suficiente la mera declaración responsable salvo para aquellas
zonas declaradas de especial protección. Sin embargo, la normativa recoge también que la administración tiene dos meses para autorizar o denegar las talas en estos casos, autorizándose por silencio administrativo positivo en caso de no responder en
el plazo estipulado.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes:
Preguntas para su respuesta por escrito
1. ¿Tiene conocimiento el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la tala de más de 2,5 hectáreas de bosque y sotobosque en el término municipal de Parada do Sil, en la Ribeira Sacra, en una zona amparada por
diversas figuras de protección ambiental y patrimonial?
2. ¿Cuál es la información que tiene el Ministerio sobre la autoría de esta tala?
3. ¿Se ha informado por parte de las autoridades competentes al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el cumplimiento de la tramitación administrativa de aplicación y la preceptiva autorización para la ejecución de esta tala?
4. ¿Se ha iniciado o se plantea iniciar, por parte del Ministerio, alguna investigación que esclarezca la autoría y naturaleza de estos hechos?
5. ¿Se ha informado por parte de la Xunta de Galicia al Ministerio para la Transición Ecológica de la aplicación de los mecanismos de vigilancia, control y supervisión previstos para la protección de espacios naturales en el caso de esta
tala?
6. ¿Cuenta el Ministerio para la Transición Ecológica con algún informe o denuncia que apunte al incumplimiento de la normativa vigente por parte de la Xunta de Galicia en el caso de la autorización de esta tala?
7. ¿Se prevé la realización de alguna actuación contra la Xunta de Galicia en caso de que se demuestre que esta tala ha sido autorizada sin observar la normativa de aplicación sobre protección de espacios naturales?
8. ¿Tienen previsto el Ministerio sancionar, o instar a la Xunta de Galicia a que sancione, a los responsables de dicha tala en caso de que esta se haya efectuado sin respetar la normativa ambiental vigente, en seguimiento de lo previsto en
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad?
9. ¿Tiene previsto el Ministerio impulsar la aplicación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, con relación a la reparación del daño causado por parte del infractor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2021.-Antonio Gómez-Reino Varela y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.