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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 249, de 30/03/2021
cve: BOCG-14-D-249 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


30 de marzo de 2021


Núm. 249



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión Constitucional


161/001520 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la conmemoración de las víctimas del comunismo. Retirada ... (Página5)


161/002278 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la libertad de expresión, de las instituciones democráticas y de los derechos y libertades fundamentales ... href='#(Página5)'>(Página5)


161/002298 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la retirada de medallas y condecoraciones otorgadas a dictadores y personas condenadas por la
violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ... (Página7)


Comisión de Hacienda


161/002297 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a que la cantidad equivalente al IVA de la donación de alimentos se invierta en más alimentos ... (Página8)


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/002284 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la conexión ferroviaria con el puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira y la condonación o compensación de la deuda contraída por la Autoridad
Portuaria para su construcción ... (Página9)


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/002279 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la seguridad normativa para el Profesorado Técnico de Formación Profesional tras la entrada en vigor de la LOMLOE ... href='#(Página11)'>(Página11)


161/002291 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la escuela rural ... (Página12)


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/002286 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación urgente y extraordinaria de un régimen marco



Página 2





de ayudas directas de compensación destinadas a las pymes, micropymes y autónomos del sector de la hostelería española ... (Página14)


161/002287 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas fiscales para reactivar el sector de la automoción ... (Página16)


161/002290 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre apoyo a los tablaos flamencos ... (Página18)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/001362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el fin de la moratoria y reforma de la prohibición de cazar y pescar de la Ley en Parques Nacionales. Retirada.... (Página21)


161/002282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la concesión de ayudas al sector vitivinícola en el marco del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 ... (Página21)


161/002296 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de adoptar una nueva normativa sobre pesca recreativa en España ... (Página22)


161/002304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para incluir al sector pesquero y a la cadena mar-industria en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en el marco del
Real Decreto-ley 2/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 ... (Página23)


Comisión de Política Territorial y Función Pública


161/002132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a reforzar los presupuestos objetivos para asignar el complemento de productividad a los funcionarios de la Administración General del Estado. Retirada...
(Página25)


161/002280 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la tasa de reposición para la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación nacional ... href='#(Página25)'>(Página25)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/002292 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano, Euskal Herria Bildu, Plural y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de
Cofrentes al expirar la concesión en marzo de 2021 ... (Página26)


161/002301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la revocación inmediata de la decisión del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición
Ecológica y para el Reto Demográfico, de no realizar una nueva concesión de las instalaciones de tres pistas de esquí, situadas en la estación de esquí alpino de Navacerrada, en la vertiente segoviana de la misma ... href='#(Página28)'>(Página28)


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/002281 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a incluir al sector de peluquerías y centros de estética, el sector de centros de enseñanza reglada, las autoescuelas y las tiendas de souvenirs dentro de
las actividades incluidas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 ... (Página29)



Página 3





161/002283 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la adopción de medidas para regular el precio del servicio de retirada de efectivo en los cajeros
automáticos ... (Página31)


161/002285 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a conceder ayudas directas a todos los autónomos y empresarios afectados por la epidemia por la COVID-19 bajo el único requisito de haber visto mermada su
facturación ... (Página34)


161/002293 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el uso de los topónimos oficiales propios de Galicia en las aplicaciones de geolocalización ... (Página37)


161/002299 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir al sector de la peluquería y la estética en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la
pandemia ... (Página38)


161/002300 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir a las autoescuelas en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia ... href='#(Página39)'>(Página39)


161/002302 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir al sector de fabricación de muebles en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la
pandemia ... (Página40)


161/002303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir al sector del calzado en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia ... href='#(Página41)'>(Página41)


Comisión de Sanidad y Consumo


161/002288 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al fortalecimiento del sistema sanitario público ... (Página43)


161/002295 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la revisión y actualización de la Estrategia NAOS ... (Página44)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página46)


184/039568 Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando


Evaluaciones de idoneidad del personal aeroportuario ... (Página47)


184/040938 Autor: García Egea, Teodoro Pedreño Molina, Juan Luis Cortés Carballo, Mario


Ataque informático el día 9 de marzo de 2021 que dejó sin servicio al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE). Retirada ... (Página48)



Página 4





Secretaría General


292/000019 Convocatoria pública para la provisión de una plaza vacante de Enfermero/a (ATS/DUE) con destino en el Gabinete Médico del Congreso de los Diputados ... (Página49)


Otros textos


PREMIOS


292/000014 Convocatoria de la III Edición del premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario. Corrección de error ... (Página55)



Página 5





CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión Constitucional


161/001520


Mediante escrito de fecha 10 de marzo de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario VOX la Proposición no de Ley relativa a la conmemoración de las víctimas del comunismo, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm.
168, de 27 de octubre de 2020.


Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


161/002278


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de Diputados presenta la siguiente Proposición no de ley en defensa de la libertad de expresión, de las
instituciones democráticas y de los derechos y libertades fundamentales, para su debate en la Comisión Constitucional.


Exposición de motivos


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el pasado día 24 de febrero en el Congreso que el Gobierno se propone 'aumentar la protección de la libertad de expresión'. En la misma sesión, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo,
afirmó que 'vamos a reformar la libertad de expresión'. Unos días antes, el 19 de febrero, Margarita Robles, ministra de Defensa, y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, manifestó en un programa de televisión que 'la libertad de expresión
está excesivamente penada en el Código Penal', una afirmación que fue difundida por la cuenta de Twitter del Partido Socialista.


Las anteriores críticas del Gobierno al Código Penal y su propósito de reformarlo en relación con la libertad de expresión se han producido como respuesta a la condena de Pablo Hasél y a las manifestaciones violentas de apoyo de la extrema
izquierda en varias ciudades de España. Es decir, el propio presidente del Gobierno y dos de sus ministros socialistas han contribuido a justificar los argumentos usados para convocar a esas manifestaciones, pues han comunicado a la sociedad
española que la libertad de expresión está excesivamente limitada por nuestro Código Penal y es preciso reformarla.


Pero, además, estas manifestaciones de los miembros de uno de los dos partidos del Gobierno, del PSOE, se han producido días después de que el otro partido del Gobierno, Unidas Podemos, presentara el pasado 9 de febrero una Proposición de
Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la protección de la libertad de expresión. Es decir, el presidente del Gobierno y el PSOE han dado su respaldo a la intencionalidad de esta reforma del
Código



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Penal. Y esta reforma se ha producido al mismo tiempo que los líderes de Unidas Podemos no solo han cuestionado frontalmente la condena del Tribunal Supremo a Pablo Hasél, sino que han apoyado e instigado las manifestaciones contra esa
condena.


Diversos miembros del Gobierno han lanzado mensajes con la teoría de que en España rapear puede constituir un delito, en la misma línea argumental de lo que ya expresó Pedro Sánchez, cuando aún estaba en la oposición, el 24 de mayo de 2018,
cuando en un tuit criticó la condena a Valtònyc con las siguientes palabras: 'El mal gusto no puede estar castigado con la prisión. La libertad de expresión artística es un derecho que también nos ampara colectivamente. Que un rapero entre en
prisión es muy mal síntoma sobre el estado de nuestra democracia'.


Los dos partidos del Gobierno de España se proponen modificar el Código Penal en respuesta a una condena a Pablo Hasél del Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Dicha condena se debió a 64 mensajes en
Twitter y una canción en Youtube con claro apoyo a los atentados terroristas, tanto del Grapo, como de ETA, como de Al Qaeda.


Unidas Podemos se propone, con el apoyo inicial del PSOE, eliminar determinados delitos del Código Penal para despenalizar los ataques a los sentimientos religiosos, las injurias a la Corona, las ofensas y ultrajes a los símbolos de España y
de sus diferentes Comunidades Autónomas, las injurias al Gobierno y a los demás órganos del Estado. Este partido se propone igualmente, con el apoyo inicial del PSOE, eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo, con el argumento de que ETA
y Grapo ya no existen.


Esta intención de reformar el Código Penal se hace no solo con la argumentación de que la libertad de expresión está excesivamente penada en España, sino con la argumentación de que esta reforma profundiza la democracia en la línea de las
democracias más avanzadas del mundo. Y ambos argumentos son falsos.


Sobre los límites de la libertad de expresión, la propia Constitución los establece, no solo en el artículo 20, sino también en los derechos que garantiza en los artículos 10.1 y 10.2 del Título Preliminar, y en los artículos 14, 16 y 18 del
Título Primero sobre derechos y libertades fundamentales. Los límites de la libertad de expresión se establecen allí donde entran en colisión y cuestionan los derechos fundamentales.


Sobre la profundización de la democracia, los mensajes del PSOE y de Unidas Podemos sobre la libertad de expresión y la democracia plena son radicalmente cuestionados por las Constituciones y Códigos Penales de las democracias más avanzadas
del mundo. Códigos Penales de democracias avanzadas y referentes mundiales como los de Alemania y Francia castigan con penas de prisión, en muchos casos mayores que en España, delitos de difamación, de injurias, de ataques a las instituciones del
Estado, de menosprecio al Jefe del Estado, de ultrajes a los símbolos nacionales, o, en el caso de Alemania, de defensa o justificación del nazismo.


Y tales penas en los Códigos Penales de democracias como Alemania y Francia tienen como objetivo el fortalecimiento de la democracia, de sus instituciones fundamentales, de los métodos democráticos frente a los violentos, y la defensa de la
libertad y de los derechos fundamentales. La libertad de expresión de toda democracia plena debe ser compatible con los objetivos fundamentales anteriormente indicados, como así lo defienden las democracias más avanzadas del mundo. Y las
manifestaciones de los dos partidos de Gobierno en España indican que lo anterior puede estar seriamente amenazado.


Por todo ello, y con el objetivo de defender la libertad de expresión, la democracia y sus instituciones, y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos españoles, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Defender la libertad de expresión con los límites expuestos en nuestra Constitución


2. Defender los principios democráticos, las instituciones del Estado, incluidas las instituciones de las Comunidades Autónomas


3. Defender nuestros símbolos nacionales, incluidos los símbolos de las comunidades autónomas


4. Defender los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos españoles.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2021.-Edurne Uriarte Bengoechea, Isabel María Borrego Cortés, Macarena Montesinos de Miguel, José Antonio Bermúdez de Castro, Jaime Miguel Mateu Istúriz y María Jesús Moro Almaraz.
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/002298


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión Constitucional, relativa a la retirada de medallas y condecoraciones otorgadas a dictadores y personas condenadas por la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.


Exposición de motivos


Las condecoraciones concedidas por altos representantes del Estado español, simbolizan distinciones y reconocimientos otorgados para galardonar actuaciones concretas, y tejer lazos de amistad con ciertos sectores sociales y con otros Estados
o pueblos soberanos.


Desde la transición hasta nuestros días se han concedido condecoraciones y medallas a una lista interminable de personas físicas y jurídicas en España y en el extranjero. Sin embargo no todos los condecorados han demostrado ejemplaridad en
sus acciones y comportamientos. Dentro de los condecorados hoy nos encontramos con una lista de personajes que han vulnerado los límites del derecho interno e internacional, así como líderes de regímenes totalitarios que han cometido graves
violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.


La Real Orden de Isabel la Católica, a la que según el Real Decreto 2395/1998, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Orden de Isabel la Católica, tiene por objeto 'premiar aquellos comportamientos extraordinarios de
carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad
Internacional' ha sido otorgada a numerosas personas que han demostrado no cumplir con este objeto. Si bien queda claro que este tipo de órdenes está pensada para plantear reconocimientos en el ámbito internacional, no todas las personas a quienes
les fueron otorgadas cumplen con esos estándares. Entre los condecorados por esta orden se encuentran figuras como el dictador argentino Jorge Rafael Videla, condenado por la justicia argentina como autor de 469 crímenes de lesa humanidad, o
Gregorio Conrado Álvarez Armelino homónimo general golpista en Uruguay, condenado por múltiples delitos de homicidio y desapariciones forzadas. Esta condecoración también han sido otorgada, por parte del Ex jefe del Estado, a personajes como
Teodoro Obiang, quien ha llegado al poder en Guinea Ecuatorial por medio de un golpe de Estado y quien continúa persiguiendo a la oposición política de su país desde hace más de cuarenta años.


Son también conocidas las medallas policiales reconocidas a funcionarios franquistas que han difundido el terror desde los aparatos represivos del Estado. Entre ellos, el más conocido mediáticamente ha sido el torturador Antonio González
Pacheco, alias 'Billy el niño', quien ha disfrutado a lo largo de toda su vida de los beneficios retributivos de estas medallas, recibidas por la ejecución de acciones represivas y reiteradas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, otras
figuras menos mediáticas pero no menos escalofriantes han sido condecoradas con estos galardones institucionales. Entre ellos se encuentran el policía franquista José Sainz González, alias 'Pepe el Gordo' a quien se ha otorgado la medalla de Oro al
Mérito Policial, a la vez que fue imputado por la querella Argentina por torturas y violación de derechos humanos; al torturador franquista Manuel Ballesteros García, quien fue galardonado con dos cruces al Mérito Policial (1975 y 76), una Medalla
de Plata al Mérito Policial (1979), una Medalla de oro al Mérito Policial (1982), una Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil (1988), una condecoración civil y otra no policial; o el ex-Jefe de la Brigada Político-Social, Eduardo Quintela
Bóveda, a quien fue concedida la Medalla de Plata al Mérito Policial.


Después de más de cuarenta años de democracia, aún no se ha establecido una revisión pormenorizada de este tipo de reconocimientos, que fueron impunemente otorgados durante oscuras épocas pasadas.


Dado que existen en la actualidad una multitud de casos en los que es de justicia revisar estos homenajes tanto en territorio nacional como en el internacional por el Estado Español, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia En Común presenta la siguiente



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Proposición no de ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a la revisión y retirada de las condecoraciones y distinciones otorgadas a miembros de regímenes totalitarios y a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad
o actos delictivos que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Martina Velarde Gómez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Comisión de Hacienda


161/002297


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado don Joan Margall Sastre y del Diputado don Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para que la cantidad equivalente al IVA de la donación de Alimentos se invierta en más alimentos para su debate en la Comisión de Hacienda.


Exposición de motivos


El contexto actual de crisis social y económica a causa de la pandemia de la COVID-19 ha incrementado la vulnerabilidad de los más necesitados. Esto ha provocado que la función desarrollada por los bancos de alimentos sea más necesaria que
nunca para luchar contra la situación de emergencia social. Así lo demuestran los datos, que señalan un crecimiento del 40 % de la demanda de esta ayuda básica.


El concepto de 'Banco de Alimentos' nace en Phoenix, Arizona (EE. UU.) el 1966 de la mano de John Van Engel. Casi veinte años después, el 1984, el proyecto se introduce en Europa a través del Banco de los Alimentos de París. Tres años más
tarde, el 1987, se funda el primer Banco de Alimentos en el Estado español con sede en Barcelona, con el título de Fundació Bancs dels Aliments.


El banco de Alimentos, representa, pues, una institución pionera en el ámbito estatal. En el año 1996, los Bancos de Alimentos del estado español constituyeron la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) como asociación sin ánimo
de lucro y que en la actualidad reúne a 54 Bancos de Alimentos y que operan repartiendo alimentos entre cerca de 8.000 entidades benéficas y más de 1.600.000 beneficiarios.


Con forma jurídica de fundaciones o asociaciones, los Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro que operan en sociedades donde, a través del espíritu solidario y difundiendo los valores humanos necesarios, tratan de
solucionar la necesidad básica del ser humano: la alimentación. Su forma de operar es contra el despilfarro y promoviendo grandes campañas de donación ciudadana de alimentos para los más desfavorecidos a través de asociaciones benéficas.


Los Bancos de Alimentos se organizan como una empresa y se esfuerzan por ser rentables, es decir, administrando los recursos que se les confían con criterios de máxima eficacia. Funcionan gracias a una plantilla de más de 2.700 voluntarios,
la mayoría exprofesionales jubilados o prejubilados, que colaboran desinteresadamente de forma estable con la entidad y aportan su anterior experiencia laboral con profesionalidad y entusiasmo. Es importante saber que los 54 Bancos de Alimentos no
reparten alimentos directamente a personas particulares, los distribuyen solo a través de las entidades asistenciales y de ayuda social reconocidas por las Administraciones.


En su funcionamiento reciben alimentos del Programa Operativo de Ayuda Alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD), también de forma muy significativa de las donaciones de los ciudadanos, particulares y
empresas, en especies o monetariamente. La insuficiencia de los alimentos recibidos, la periodicidad de las remesas que no se corresponden con las necesidades constantes de los demandantes y el hecho de que en muchos casos no se ajusten a las



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necesidades de la cesta necesaria de alimentos, obliga a la compra de muchos productos que al tener que pagar el IVA correspondiente de estos, sin su posterior devolución en cantidad similar, acaba siendo una carga muy onerosa que impide su
inversión en más alimentos u otras actividades necesarias para el funcionamiento de los Bancos de alimentos.


A título informativo, solo en la Gran Recogida 2020 de los Bancos de Alimentos han recaudado 28.000.000 € y de estos, estimando un tipo medio del IVA del 7,5 %, 2.604.000 € son destinados para el IVA, con los que se podrían adquirir más de
2.200.000 kilos de alimentos para los más necesitados, con el mismo desembolso por parte de los ciudadanos


En este sentido, se considera imprescindible que se inicien las acciones legislativas pertinentes para que las asociaciones de bancos de alimentos, ante la complejidad del contexto actual de emergencia social y económica, puedan contar con
el máximo de recursos posibles para destinarlos a la donación de alimentos.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a iniciar las iniciativas legislativas pertinentes para que la cantidad equivalente al IVA estatal de las donaciones de alimentos recaudado en cada Comunidad autónoma, sea destinado a
esta para la compra de más alimentos y productos de primera necesidad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Joan Capdevila i Esteve y Joan Margall Sastre, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/002284


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la conexión ferroviaria con el puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira y la condonación o compensación de la deuda contraída por la autoridad portuaria para su construcción para su debate en la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


La construcción del Puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteria (Arteixo) supuso una inversión de millones de euros y estaba destinada a ser una infraestructura puntera y motor de la economía pero, debido al fuerte endeudamiento asumido
para su realización, a la falta de planificación y a su actual infrautilización, su futuro no es nada halagüeño. En este sentido, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el Puerto exterior y que lastra su viabilidad, es la falta de
conexión ferroviaria, imprescindible para mejorar su competitividad y perspectivas de negocio en tráfico marítimo.


El enlace ferroviario del Puerto exterior es imprescindible para operativizar esta infraestructura portuaria y asegurar así su futura conexión con el corredor atlántico de mercancías. Además supone apostar por una alternativa verde, que
encaja en la agenda de descarbonificación y que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Tras el compromiso inicial, han pasado años sin que se den pasos efectivos para acometer las obras, cuando el proyecto para la
construcción está ya redactado y se han realizado también los trámites previos, como la Declaración de Impacto Ambiental, que precisamente está a punto de caducar. De seguir retrasándose el inicio de los trabajos será obligatorio iniciar de nuevo
los trámites y ello supondrá un retraso de varios años para que pudieran iniciarse las obras.



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Aunque aparece recogida partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para la conexión ferroviaria al Puerto exterior, la cantidad consignada es tan solo de 100.000 euros, lo que apenas alcanzaría para la asistencia técnica. El
Gobierno no quiso en aquel momento manifestar un compromiso firme con esta conexión y, a pesar de las enmiendas presentadas por el BNG, no se incrementó esa partida. Se advertía de la necesidad de incorporar una previsión plurianual y que esta obra
debería incluir también el traslado de la estación de mercancías desde su ubicación actual en el Puerto interior y, para ello sería necesario iniciar la realización de los estudios y la redacción del proyecto correspondiente. Resultaba aún más
incomprensible la negativa del Gobierno español a incorporar esta partida en los Presupuestos cuando, al mismo tiempo, ADIF anunciaba que asumiría la financiación del acceso sur al Puerto de Castellón, una actuación que solo puede calificarse de
agravio comparativo a los intereses de A Coruña y de nuestro País.


Finalmente, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha hecho público que asume, tal y como defendía el BNG, que el Puerto exterior no será viable sin conexión ferroviaria y ha anunciado su compromiso con la realización de las
obras. Sin embargo, esta manifestación ha quedado en una total inconcreción, pues se desconocen los plazos que maneja el Ministerio, y además, no existe compromiso para que, en caso de que no pueda financiarse accediendo a los fondos europeos, el
Gobierno del Estado asuma igualmente la realización de las obras.


Por otra parte, para conseguir la viabilidad futura de la infraestructura también debe abordarse la cuestión de la deuda contraída por la Autoridad Portuaria de A Coruña con Puertos del Estado para financiar su construcción. Esta deuda
representa una hipoteca que lastra el futuro de la ciudad, pues se ha intentado buscar una solución en la venta para la promoción inmobiliaria de los terrenos que van a quedar libres dentro del Puerto interior. Esta opción es totalmente inaceptable
pues se estaría avalando la especulación urbanística con esos terrenos que deben revertir al patrimonio público de la ciudad y que deben servir para la reordenación de la fachada marítima de A Coruña y la dotación de espacios de uso público.


Sin embargo, el Ministerio sigue negándose a asumir esa deuda diciendo que no es posible en el caso de A Coruña, mientras en los Presupuestos Generales del Estado se incluyó la futura condonación de los 400 millones de euros adeudados por el
Puerto de Valencia por las obras realizadas para la adecuación de los espacios y poder así albergar la Copa América de Vela, lo que supone una nueva discriminación de Galiza.


Es inaudito que, mientras se asume una deuda generada por una actuación que nada tiene que ver con las actividades productivas, se pretenda hipotecar el futuro de la fachada litoral de A Coruña por la deuda generada por la construcción de
una infraestructura de alto valor para la economía como el Puerto exterior. Es por eso necesario que la Administración General del Estado contribuya a la transformación de los terrenos del Puerto interior de A Coruña -de titularidad estatal- por
una cantidad equivalente a la deuda de la Autoridad portuaria con Puertos del Estado, para acometer su transformación urbana en colaboración con el Concello y el resto de administraciones implicadas, asegurando el mantenimiento de la titularidad y
usos públicos de los terrenos.


Sin embargo, el Gobierno del Estado, sigue sin asumir en absoluto la necesidad de condonación de la deuda, considerando solo una flexibilización en el plan de amortización, para facilitar la situación financiera del puerto. Así, el
Ministerio sigue sin considerar la condonación, a diferencia de lo que sí hizo en Valencia, ni tampoco está dispuesto a, tal y como propuso el BNG a través de una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado, realizar una inversión
equivalente al montante del débito para acometer la transformación de los terrenos portuarios liberados. La flexibilización de la deuda o su reestructuración no haría desaparecer la amenaza de la especulación urbanística cuando la entidad deba
afrontar el pago del principal y los intereses.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Iniciar ya los trámites administrativos necesarios para que se dé comienzo a las obras para la conexión ferroviaria con el Puerto exterior de A Coruña a la mayor brevedad, manifestando su compromiso de financiamiento incluso en el caso
de que no puedan financiarse con cargo a los fondos europeos e incluyendo, además, el traslado de la estación de mercancías desde su ubicación actual en el Puerto



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interior para lo que será necesario iniciar también los estudios previos y la redacción del proyecto correspondiente.


2. Dar una solución a la deuda de la Autoridad Portuaria generada por la construcción del Puerto exterior, bien mediante la condonación, bien realizando una inversión equivalente al montante del débito para acometer la transformación de los
terrenos portuarios liberados en el Puerto interior.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/002279


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la seguridad normativa
para el Profesorado Técnico de Formación Profesional tras la entrada en vigor de la LOMLOE, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.


Exposición de motivos


La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) dispone que el Gobierno establecerá un sistema de acceso para la integración de las especialidades del Cuerpo de
Profesorado Técnico de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria para los que estuvieran en posesión en la fecha de entrada en vigor de esta Ley Orgánica de la titulación de grado universitario, o equivalente, y los
que no puedan acceder al cuerpo de secundaria permanecerán en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional, de acuerdo con la nueva ordenación de la función pública docente, dispuesta por modificación de la disposición
adicional séptima de la LOE.


Y así en la disposición adicional undécima de la LOMLOE 'Profesorado del cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional', se establece que:


'1. Se integran en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria las especialidades de formación profesional incluidas en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional, manteniendo la atribución docente reconocida
por la normativa vigente.


2. El Gobierno, de acuerdo con las Administraciones educativas, establecerá el procedimiento para el ingreso en este cuerpo, así como para el acceso al mismo del profesorado técnico de formación profesional que estuvieran en posesión en la
fecha de entrada en vigor de esta Ley Orgánica de la titulación de grado universitario, o equivalente a efectos de acceso a la función pública, en las condiciones que se determinen.


3. Los funcionarios de carrera del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional que, por no reunirlos requisitos de titulación exigidos en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, no puedan acceder al cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria, permanecerán en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional.


Estos profesores mantendrán su especialidad y la atribución docente reconocida por la normativa vigente.'


Con esta Ley se ha generado una grave situación de incertidumbre en el sistema educativo y en particular entre el Profesorado Técnico de FP con titulaciones de FP de Grado Superior, Técnico/a Especialista y Maestro/a Industrial que
accedieron a las plazas públicas conforme a los requisitos exigidos en las correspondientes convocatorias, y respecto a los futuros procesos de selección que tendrán que ser convocados para determinadas especialidades.


Una situación que podría haberse evitado si en el trámite parlamentario de la LOMLOE se hubiera dado el debate sosegado necesario y escuchado a la comunidad educativa.



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Porque se trata de áreas formativas como puedan ser las de cocina, pastelería, soldadura, carpintería, fabricación e instalación de carpintería y mueble, etc. que tienen que ser necesariamente cubiertas por docentes técnicos superiores de
formación profesional, al ser especialidades que carecen de titulaciones de grado específicas.


La Secretaria General de Formación Profesional emitió un comunicado con fecha 15 de enero de 2021 en el que se remite a futuras normativas.


Asimismo apunta que como la ley no entra a fijar las condiciones del profesorado en los procesos de ingreso, acceso o permanencia, estas serán objeto de una Mesa de Personal, tanto a nivel estatal como autonómico, así como de desarrollos
posteriores que garanticen los derechos de todo el profesorado, una Mesa que no se ha convocado.


Y respecto a los funcionarios interinos señala que como quiera que las bolsas de este personal son competencia exclusiva de cada administración educativa, tampoco corresponde en una Ley orgánica establecer criterios o condicionantes a la
ejecución de una competencia exclusiva de las comunidades autónomas.


No obstante, dice en el comunicado, se establecerán acuerdos y las actuaciones necesarias que permitan a las administraciones educativas, mantener las condiciones de permanencia en régimen de interinidad, para aquellos funcionarios interinos
sin titulación de grado que estén desempeñando docencia en especialidades hasta ahora pertenecientes al cuerpo a extinguir de profesores técnicos de Formación Profesional, todo lo que abunda en la inseguridad jurídica creada y en la máxima
preocupación sobre el futuro del sistema educativo de formación profesional.


Es por tanto urgente, en aras a garantizar una educación de calidad y la continuidad de una etapa formativa que resulta esencial para el empleo, atender la adecuada cobertura de la docencia de la formación profesional por los docentes
profesionales adecuados.


Por todo ello se propone para su debate y votación la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Dotar, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación, de un marco de seguridad jurídica a los profesores pertenecientes al Cuerpo de Técnicos de Formación Profesional, tras la incertidumbre generada al declararse como cuerpo a
extinguir por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE.


2. Mantener las condiciones para que las Comunidades Autónomas lleven a cabo los procesos de selección de Profesores Técnicos de Formación Profesional y los nombramientos de las listas de interinos, con la finalidad de que los alumnos
puedan recibir una formación profesional de calidad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2021.-María Sandra Moneo Díez y Óscar Clavell López, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la Escuela Rural, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.


Exposición de motivos


La escuela rural representa un modelo de organización escolar muy presente en una amplia parte del territorio español. Además de población dispersa en núcleos pequeños, la zona rural cuenta con población envejecida, con lo que la situación
de las escuelas rurales en estas comunidades va a continuar y a agravarse en los próximos años. En los municipios de menos de 1.000 habitantes como en los de 1.001



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a 2.000 habitantes el número de centros ha disminuido un 12,9 % y un 12,5 % respectivamente. Y por titularidad son los centros privados los que más reducen su presencia -ya escasa- en estos municipios, en un contexto de crecimiento en el
número de conciertos.


Sin embargo y a pesar de su importancia y extensión en un número importante de Comunidades Autónomas, no existen informes oficiales estatales completos que puedan aportar un diagnóstico realista sobre la tipología de centros rurales, la
calidad educativa, la oferta y la garantía de cumplimiento de igualdad de oportunidades para el alumnado escolarizado en ella.


Una de las razones por las que es difícil realizar un diagnóstico sobre la escuela rural es por la inexistencia de una definición clara de lo que se entiende por ella, como tampoco la hay sobre el concepto de mundo rural. Cuando se habla de
escuela rural es importante que se establezcan las diferencias entre lo que puede ser una escuela en un municipio pequeño de 200 habitantes o un municipio de 1.000, 2.000 o 5.000; las oportunidades educativas son diferentes y sin ninguna duda la
organización escolar también. Sin embargo, a fecha de hoy los indicadores para la obtención de datos son escasos y se limitan a conocer el alumnado matriculado en municipios menores de 2.000 habitantes, hecho que restringe la posibilidad de conocer
las oportunidades educativas existentes en la escuela rural, las diferentes organizaciones escolares y las circunstancias globales inherentes al conjunto de la escuela rural que desde el Ministerio de Educación y FP sirvan para obtener datos sobre
la situación real de la escuela rural en España. Sería muy conveniente que al hablar de escuela rural en España, desde las CC. AA. se tuviese el mismo concepto y por tanto que existiesen parámetros comunes para hacer una valoración general de su
situación. En este sentido, sería de gran utilidad conocer la escolarización del alumnado según tamaño de municipios ya que serviría como referente en un problema transversal que se vive en una buena parte del territorio español, que es el drama de
la despoblación. Es importante también relacionar estos datos con otros factores externos a la escolarización como son la edad media de los ciudadanos residentes en esos municipios, la dispersión de la población o la cercanía a otros núcleos con
mayor número de habitantes.


También es necesario conocer las oportunidades educativas (programas de apoyo y atención educativa), más allá de la escolarización en etapas obligatorias, de las que disfrutan los alumnos de la zona rural, los servicios complementarios de
los que pueden disfrutar y ayudas para ellos (transporte escolar, comedor, actividades extraescolares), programas de apoyo extracurriculares, opciones educativas en la educación posobligatoria (Bachillerato y FP) y las ayudas económicas de las que
son beneficiarios los alumnos y alumnas, teniendo en cuenta que muchos de ellos deben trasladarse a otras localidades para la continuidad de sus estudios.


Existen informes que indican la existencia de una mayor tasa de abandono escolar en las zonas rurales que en las urbanas, un dato que sería interesante poder verificar con el objetivo de que el alumnado de las zonas rurales cuente con el
apoyo y la orientación adecuada para seguir en el sistema educativo y alcanzar unos niveles de cualificación óptimos que les permitan desarrollar su vida profesional en las zonas rurales y contribuir a frenar el fenómeno de la despoblación.


Asimismo, es indudable que la dispersión geográfica y la más baja ratio de alumnos por clase es el motivo más importante para el coste del puesto escolar por CC. AA. De hecho, las comunidades autónomas con mayor porcentaje de alumnado en
centros rurales son las que, por detrás solo del País Vasco y Navarra, tienen (con Cantabria) un mayor coste del puesto escolar público, es el caso de Extremadura, Castilla y León, Galicia y Asturias, lo que supone atribuir este sobrecoste solo a la
escuela rural. La ratio (un 40 % menor en Primaria en las escuelas rurales) supone, en el mayor de los casos, duplicar el coste del puesto escolar para unos 100.000 alumnos.


Por otro lado, no debemos olvidar los objetivos ligados al reto demográfico. Apreciar y reconocer la Escuela Rural es parte de la garantía de acceso a los derechos sociales y básicos cuyo pleno ejercicio deben garantizar los poderes
públicos en las zonas rurales.


Finalmente, este impulso a la Escuela rural supone, básicamente, cumplir con los muchos compromisos que hay en la LOMLOE con este tipo de centros.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados Insta al Gobierno a:


1. Delimitar el concepto de escuela rural, incorporando conceptos asociados al mundo rural utilizados en el ámbito demográfico, social o económico.



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2. A partir de los datos disponibles, avanzar en la elaboración de explotaciones estadísticas, para poder disponer de información clara sobre matriculación en los distintos tipos de municipios, organización, oferta educativa, resultados
educativos por etapas, tasa de abandono escolar u otros indicadores estadísticos relevantes de los resultados educativos de la población, porcentajes de alumnado matriculado en bachillerato o en FP en localidades rurales o de localidades rurales
escolarizados en municipios distintos a la residencia familiar.


3. Incluir, en la medida y forma que se estime factible, datos sobre escuela rural en los Informes de situación del sistema educativo, también en los elaborados por los Consejos Escolares del Estado y de las distintas CC. AA.


4. Proponer para la Escuela Rural, a partir del diagnóstico e informes elaborados, medidas para mejorar la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2021.-María Luz Martínez Seijo, Maribel García López, Alfredo Sancho Guardia, Lázaro Azorín Salar, Sergio Gutiérrez Prieto, María Olga Alonso Suárez, Carmen Andrés Añón, Javier Antón
Cacho, Roberto García Morís, José Losada Fernández, Adolfo Pérez Abellás y Yolanda Seva Ruiz, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/002286


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación urgente y
extraordinaria de un régimen marco de ayudas directas de compensación destinadas a las pymes, micropymes y autónomos del sector de la hostelería española, para su debate en la Comisión de Industria.


Exposición de motivos


En el año 2019, el sector de la hostelería aportó para la economía española más de 102.000 millones de euros al gasto en consumo final, -casi un 11 % del total del gasto en España-, aportó a los ingresos del Estado más de 17.000 millones de
euros y daba empleo a cerca de 1,7 millones de trabajadores, lo cual representa alrededor de un 9 % del total del empleo en España. Sin embargo, como resultado de la pandemia la cifra de negocios de la hostelería descendió en 2020 más de un 50 %
respecto al año anterior, equivalente a una pérdida de ingresos cercana a los 67.000 millones de euros en tasa de variación interanual, de acuerdo con los datos de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios del INE. Como consecuencia de la
anterior pérdida de actividad, desde el inicio de la crisis de salud pública han cesado de manera forzosa su actividad en España más de 85.000 establecimientos y otros 100.000 se encuentran en estos momentos atravesando una situación especialmente
crítica, lo cual podría comprometer además de la pervivencia de estos negocios, el mantenimiento de un millón de puestos de trabajo especializados aparejados a los mismos.


En el apartado de empleo, en enero de 2021 la hostelería decreció en 251.758 afiliados (204.193 afiliados menos en los servicios de comidas y bebidas y 47.565 menos en los servicios de alojamiento). En enero, la cifra de asalariados en el
sector turístico decreció un 17,3 % respecto al mismo mes del año anterior, si bien desagregado por ramas de actividad, la hostelería disminuyó un 20,4 %. De otro lado, el empleo autónomo en la actividad de hostelería se contrajo un 1,5 % durante
este mismo mes. A día de hoy, el 13 % de los negocios de hostelería no ha podido rescatar del ERTE a ningún trabajador y prácticamente un tercio (34 %), ha tenido que despedir o no renovar contratos según se desprende del indicador de confianza
empresarial publicado por el INE.


El pasado 24 de febrero con motivo de la comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara para dar cuenta de los datos y gestiones del Gobierno en relación a la aplicación del Estado de



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Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, el Presidente durante su intervención anunció sin concreción suficiente la creación de un plan de actuaciones dotado de 11.000 millones de euros destinado a
'empresas, pymes y trabajadores autónomos' que se centraría en los sectores del 'turismo, la hostelería y la restauración' para 'reforzar la solvencia de sus balances y que puedan así retomar su actividad, hacer las inversiones necesarias y
contratar a los trabajadores que requieren para iniciar en plenitud de facultades la recuperación económica'.


No obstante lo anterior, considerando la vaguedad y ausencia de desarrollo de explicaciones sobre mediante qué fórmulas y vías concretas se articularán para implementar estas actuaciones anunciadas por parte del propio Presidente del
Gobierno de España, desde el Partido Popular se viene instando al Gobierno a través de la presentación de numerosas Proposiciones no de Ley y otros tipo de iniciativas a la aprobación de ayudas directas, en consonancia con el planteamiento y las
reivindicaciones que vienen efectuando también sin éxito alguno desde hace muchos meses el propio colectivo hostelero afectado, o desde el Gobernador del Banco de España conminando al Gobierno a que se otorguen ayudas directas a las empresas
turísticas 'cuanto antes', al caso más reciente de la propia Directora-Gerente del FMI, advirtiendo que los Estados Miembros de la UE han de mantener apoyo a sus empresas y aplicar ayudas directas, especialmente aquellos grandes países turísticos,
como ocurre con el caso de España, que han experimentado una caída del PIB en el año 2020 superior al 9 % frente a la media del 6,4 % del conjunto de la UE, sin embargo en contraste con los principales países de nuestro entorno (como Alemania,
Francia, Italia o Reino Unido), hasta el momento presente el Gobierno de España ha optado por limitar el alcance de sus actuaciones y descargar y trasladar su responsabilidad a las comunidades autónomas, omitiendo un plan necesario en forma de
ayudas directas y compensaciones para actividades empresariales paralizadas por cierres administrativos.


Resulta necesario poner de manifiesto que a pesar del impacto positivo que ha generado desde el comienzo de la crisis COVID-19 la aplicación de distintas medidas como el esquema de protección del empleo, la prestación extraordinaria por cese
de actividad de autónomos o las líneas de liquidez avaladas por el ICO, sin embargo, dada la prolongación de la crisis, así como la intensidad de las medidas adoptadas por el conjunto de las Administraciones para combatir la propagación del virus
restringiendo o directamente provocando una absoluta paralización de la actividad hostelera, a día de hoy las soluciones adoptadas hasta el momento presente han tornado en claramente insuficientes, considerando que uno de los principales problemas
que atraviesan ahora mismo las empresas son la falta de generación de ingresos, de ahí que un número creciente de hosteleros se encuentren interponiendo reclamaciones por vía administrativa al Estado en concepto de daños y perjuicios.


Por lo expuesto anteriormente, se hace absolutamente imprescindible y vital hasta que se materialice el control efectivo de la pandemia y el avance generalizado de la estrategia de vacunación a nivel nacional y sobre la cual el propio
Presidente ha asegurado públicamente la previsión de contar con un 70 % de la población española inmunizada antes de que termine el próximo verano, la adecuación y el despliegue inmediato por parte del Gobierno de España de un plan de choque de
envergadura en forma de ayudas directas y de compensación del que se puedan beneficiar todas las empresas hosteleras sin discriminación que se han visto seriamente perjudicadas por espacio de un año a lo largo y ancho de toda la geografía nacional y
hasta tanto en cuanto se produzca una plena restauración de la actividad de negocio. Cabe recordar que el propio Presidente del Gobierno durante su comparecencia ante la reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo a finales
del pasado mes de enero avanzó que España no estaría preparada para recibir turismo internacional hasta el final del verano cuando se alcanzase la vacunación del 70 % de la población, afirmación que en caso de ser cierta, respondería a toda lógica
la articulación decidida y valiente por parte del Gobierno de España de un mayor paraguas de protección y salvaguarda de nuestras empresas hosteleras hasta que se normalizasen los flujos turísticos y dada además nuestra altísima dependencia de los
mercados emisores. De otro lado, teniendo en cuenta el desigual y heterogéneo esquema de actuación en materia de protección de los sectores productivos que han llevado a cabo las comunidades autónomas, se ha detectado un déficit de coordinación por
parte del aparato del Estado responsable de la declaración del estado de alarma, a fin de poder llevar a cabo una tarea mínima de armonización de las estrategias trazadas por las regiones.


A fin de procurar una inmediata superación de los graves daños coyunturales ocasionados al sector de los establecimientos de la hostelería española, -sector cuya cadena de valor está constituida en España en su inmensa mayoría por un tejido
de pequeño tamaño productivo-, esencial y clave al propio tiempo para lograr por extensión una recuperación competitiva de la cuarta economía de la zona euro y el mantenimiento del orden socioeconómico español, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente



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Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Definición exhaustiva con carácter urgente por parte de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de un régimen marco de concesión de ayudas directas en forma de compensaciones a la crisis sanitaria, dirigido de manera específica a pymes,
micropymes y colectivo de trabajadores autónomos encuadrados dentro de los servicios de la hostelería y financiable exclusivamente por parte del Estado, receptor directo por otra parte de los fondos europeos de recuperación. La habilitación de este
marco de ayudas ágil, sencillo y eficiente en su tramitación se hará efectiva en el plazo máximo de un mes para poder estar en disposición de garantizar así la supervivencia y viabilidad a corto plazo de este tejido productivo especialmente afectado
por la crisis COVID-19, así como muy especialmente el mantenimiento de empleo y la no destrucción de puestos de trabajo en nuestro país.


- Establecimiento de una dotación presupuestaria adecuada, suficiente, proporcional y equitativa para dicho marco de ayudas directas a la rama de actividad económica hostelera, cifrada en la cantidad de no menos de 12.500 millones de euros
dentro de un fondo global de apoyo a la economía productiva nacional cuantificado en 50.000 millones de euros.


- Garantizar el sostenimiento de este régimen de ayudas directas a estos colectivos durante el año 2021, hasta asegurar una recuperación y normalización sólida de la actividad turística y reactivación de la demanda interna en un contexto
actual presidido por restricciones a la movilidad, así como de disminución de renta disponible por parte de los consumidores y tras un periodo prolongado de cese forzado de actividad empresarial y pérdidas económicas como consecuencia de decisiones
administrativas derivadas del Estado de Alarma, incentivando además fiscalmente en España el consumo de productos, servicios y experiencias turísticas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas fiscales para reactivar
el sector de la automoción, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


Exposición de motivos


En el año 2019, con una producción cercana a los 3 millones de vehículos, España era el segundo fabricante de automóviles de Europa y noveno del mundo, con un impacto muy importante:


- para nuestro crecimiento económico, ya que representaba el 8,5 % del PIB,


- para la balanza comercial, exportamos 8 de cada 10 vehículos que producimos, por un valor cercano a los 36.000 millones de euros,


- y, sobre todo, para la creación de empleo, más de 66.000 personas trabajan directamente en las fábricas, 1,9 millones de empleos generados, de forma directa e indirecta, en toda la cadena de valor.


El parque automovilístico alcanzaba los 29 millones de vehículos y, a pesar de que se matricularon un millón y medio de vehículos nuevos, la edad media de nuestros vehículos volvió a subir hasta situarse en 12,6 años, nivel que está por
encima de la media europea (11,1 años) y de los principales países de nuestro entorno, como Francia o Alemania (en torno a 9 años de media).


Esto tiene dos consecuencias importantes: una sobre la seguridad, según Tráfico la siniestralidad en los vehículos de más de 10 años duplica la de los coches más modernos; y otra sobre las emisiones, un



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vehículo con más de 10 años de antigüedad contamina más que cualquier vehículo actual que cumpla con la normativa Euro 6, independientemente de que este sea gasolina o diésel.


Por eso no se entendió la afirmación de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno de España y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuando dijo que 'el diésel tiene los días contados'. Afirmación que puso en riesgo los
miles de empleos que se mantienen en las 17 fábricas españolas gracias a la producción de vehículos diésel, y que generó una incertidumbre innecesaria que retrasó las decisiones de compra por parte de los consumidores españoles provocando justo el
efecto contrario al que pretendía: aumentaron las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) procedentes de los coches nuevos vendidos en España.


Este era el punto de partida a finales de 2019, justo antes de la pandemia por la COVID-19 cuyas consecuencias económicas han perjudicado de forma muy severa al sector de la automoción: a la ruptura inicial de las cadenas de
aprovisionamiento de proveedores asiáticos, le siguió la paralización completa de la producción durante dos meses, y un desplome del 15,9 % de las exportaciones y del 32,3 % de las matriculaciones en 2020 respecto al año anterior, poniendo en riesgo
miles de empleos -tanto directos como indirectos-.


Al tiempo que se matriculaban 400.000 vehículos nuevos menos, se vendían 230.000 vehículos con más de 20 años en el mercado de segunda mano, por lo que se calcula que la edad media del parque automovilístico español superará los 13 años en
2020, con las implicaciones sobre la seguridad de las personas y los efectos sobre el medio ambiente que ya hemos señalado.


Las perspectivas del sector para 2021 tampoco son muy halagüeñas, se mantienen restricciones a la movilidad y al turismo -que afectan indirectamente a su demanda- y una alta incertidumbre económica y caída de renta -que le afecta
directamente-, con más de 5 millones de personas que no tienen trabajo y cuyas rentas se han reducido a una media de 864 € (prestación contributiva media en enero de 2021).


¿Y qué ha hecho el Gobierno de España para intentar revertir esta situación? Nada a favor y mucho en contra: ha subido 3,4 céntimos los impuestos al diésel y un 5 % el impuesto de matriculación, por lo que ANFAC estima que el mercado no se
recuperará hasta 2023. La matriculación en 2021 no llegará al millón de turismos, un -20 % por debajo de las matriculaciones realizadas en 2019.


En el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de que el futuro del sector de la automoción pasa por las energías limpias; ahora bien, esa transición tiene que ser progresiva, consensuada con el sector y realmente accesible para los
ciudadanos; circunstancias que no se cumplen en la actualidad.


Para revertir el envejecimiento de nuestro parque móvil, mejorar la seguridad, y bajar las emisiones en el transporte de personas y mercancías, con un coste razonable para todos los agentes implicados, es necesario acometer distintas
reformas que van desde fijar un marco laboral estable y competitivo en el sector del automóvil o una política energética que no se olvide de ninguno de los 3 pilares fundamentales (seguridad del suministro, con el menor impacto medioambiental
posible y garantizando el menor precio posible tanto para empresas como para particulares) hasta el desarrollo efectivo de las infraestructuras de recarga de energías de cero y baja emisiones.


Y entre esas reformas necesarias, es clave modificar la tributación de los vehículos, reduciendo el peso de la tributación en la compra para reconducirlo al uso, reformando la tributación sobre el uso y fomentando la compra de vehículos más
eficientes que permitan mejorar la calidad -en términos medioambientales y de seguridad vial- de nuestro parque automovilístico.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un paquete de medidas fiscales de apoyo al sector de la automoción que incentive la retirada de los vehículos más antiguos y su sustitución por vehículos nuevos, más seguros y menos
contaminantes, que incluya -entre otras-:


- Ayudas directas a la compra de nuevos vehículos de cero o bajas emisiones que serán mayores si se acompaña de la retirada de un vehículo de más de 10 años;


- La exención en el IRPF de estas ayudas recibidas dentro de los planes de movilidad sostenible;


- La supresión del impuesto de matriculación, que será compensada con un impuesto medioambiental que se implantará de forma gradual y tras un período transitorio, que gravará solo a los vehículos menos seguros y más contaminantes, para
favorecer la renovación del parque automovilístico;



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- La ampliación de bonificaciones en el Impuesto de Circulación a vehículos eléctricos e híbridos de cero o bajas emisiones;


- La posibilidad de amortizar de forma acelerada las inversiones en vehículos eficientes para las flotas de las compañías.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, María de la O Redondo Calvillo, Guillermo Mariscal Anaya, Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª María de los Reyes Romero Vilches, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley de apoyo a los tablaos flamencos, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


Exposición de motivos


I. Los espectáculos flamencos.


1. El flamenco es una expresión cultural española de primer orden consistente en la fusión de varias disciplinas artísticas: el cante, el baile y el toque (interpretación musical), lo que lo convierte en un arte único. Esta expresión
artística y cultural de profundo arraigo en España, la hace merecedora de las máximas protecciones. Así, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) ha distinguido al Flamenco como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, según su declaración durante la Quinta Sesión Intergubernamental celebrada en noviembre de 2010 1.


2. El flamenco tiene sus orígenes en Andalucía, Murcia y Extremadura, aunque se acabó extendiendo por la práctica totalidad de la geografía española, desarrollándose al mismo tiempo con las particularidades en cada región 2. Así, en
España, existen diversos eventos de flamenco, como el conocido Festival Internacional del Cante de las Minas (La Unión, Murcia), el Festival de Jerez, el Festival de Flamenco Porrina de Badajoz o la Bienal de Flamenco de Málaga, entre otros muchos
festivales y certámenes de gran importancia.


3. De igual forma, a nivel internacional también existen festivales como el Flamenco Festival USA en Nueva York y el Annuel Flamenco Festival de Boston (Estados Unidos) o el Festival de Flamenco de Nimes (Francia). A lo anterior se suman
las numerosas giras que hacen los artistas y compañías flamencas, cumpliendo así con una labor de embajadores de la Marca España y nuestra cultura.


4. También merece una mención especial la penetración del arte flamenco en Asia y más concretamente en Japón, donde desde 1991 existe la Asociación Nipona de Flamenco con sede en Tokio, cuya finalidad es la promoción del flamenco en este
país.


5. Sin embargo, todos estos eventos son de carácter puntual. Donde el flamenco mantiene una continuidad en sus representaciones es en los tablaos flamencos, locales donde se representa este arte, se difunde y se comparte nuestra identidad
cultural. Su nombre proviene de la tarima de madera donde se representa el flamenco y que permite un sonido idóneo para el baile.


6. A lo largo del tiempo, los tablaos han jugado un papel fundamental para la conservación del flamenco y su difusión. Antes de la aparición de los primeros tablaos, en el siglo XIX, el arte flamenco surgía en celebraciones familiares
íntimas y espontáneas. Con los tablaos comienza a abrirse al público en general, hasta la actualidad en la que se sitúan como el lugar donde los artistas flamencos se desarrollan profesionalmente y consiguen una estabilidad laboral, puesto que los
espectáculos son


1 https://ich.unesco.org/es/RL/el-flamenco-00363 (fecha de consulta: 16 de marzo de 2021).


2 Ídem.



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permanentes y les permiten trabajar cuando no están de gira o participando en festivales. Así, según la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España ('ANTFES'), los tablaos proporcionan empleo de forma continuada o intermitente al 90
% de los artistas flamencos 3.


7. Si a nivel nacional no existen dudas de la importancia de este arte, a nivel internacional el flamenco constituye una pieza fundamental de la 'Marca España'. Según la citada asociación, el número de turistas que reciben los tablaos es
de 8 millones anuales 4. Asimismo, el turista atraído por este tipo de espectáculos es de un de nivel adquisitivo alto o medio-alto, con un desembolso medio de unos 1.368 euros por persona.


8. En España, los grandes núcleos con tablaos son Madrid, Sevilla, Barcelona o Granada, pero existen tablaos prácticamente en todas las ciudades españolas a las que esta oferta turística les proporciona una gran riqueza. Por ejemplo, en
Madrid, gracias a los 21 tablaos que existían en 2019, se producían unos ingresos de aproximadamente 1.368 millones anuales 5.


9. Además de lo expuesto, los tablaos flamencos proporcionan beneficios a otros sectores como, por ejemplo, el transporte discrecional de pasajeros o el sector de la alimentación, teniendo en cuenta que muchos de estos locales tienen
servicio de restauración.


10. Asimismo, la artesanía y la industria textil y del calzado también obtienen grandes réditos de los espectáculos flamencos realizados en los tablaos ya que se requieren elementos muy específicos como son el vestuario (trajes de flamenco,
pendientes, mantones, peinetas...) y los instrumentos musicales (guitarras, castañuelas, cajones...).


II. Problemas que atraviesan los tablaos flamencos.


11. La irrupción del virus de Wuhan en 2020 ha supuesto una grave crisis para todos los sectores, la cual se ha visto agravada por la pésima gestión del Gobierno y las restricciones impuestas. El sector del flamenco, al que se le ha
impedido la celebración de festivales y de giras, también ha sido un gran perjudicado.


12. Por un lado, según la última Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) referida a enero de 2021 6, España recibió un 89,5 % menos de turistas internacionales. En la misma línea, la Encuesta de gasto turístico
(EGATUR) 7 referida al mismo periodo, muestra que el gasto de turistas extranjeros ha caído un 90,52 %. Y, respecto a los últimos datos disponibles de la Encuesta de turismo de residentes (ETR/Familitur) 8, referentes al tercer trimestre de 2020,
el turismo interior también disminuyó un 24,5 %.


13. Teniendo en cuenta que los turistas internacionales son alrededor del 70 % de su clientela, estos datos han impactado negativamente a los tablaos flamencos. Asimismo, las restricciones impuestas de forma heterogénea por las Comunidades
Autónomas han hecho que tampoco lleguen turistas residentes o que incluso estos establecimientos no pudieran abrir durante largos periodos de tiempo.


14. Efectivamente, cuando comenzaron a levantarse las prohibiciones de movimiento después de la primera ola de la COVID-19, las limitaciones impuestas a los sectores de la restauración o de los espectáculos en vivo, hicieron que no se
pudieran reabrir los tablaos. De hecho, las especiales características de los mismos y la forma de desarrollarse el espectáculo flamenco (locales relativamente pequeños, sitos en el centro de ciudades sin posibilidad de instalar terrazas, con un
público junto y cercano al artista) han supuesto que no se permitiera su apertura o se permitiera en unas condiciones inviables económicamente.


15. Según se informa desde el sector, solo un 10 % de los tablaos abrieron en 2020 y solo durante algunos días señalados. Esto ha supuesto que la mayoría de los artistas flamencos no hayan podido trabajar y que cierren de forma definitiva
muchos tablaos emblemáticos, como es Casa Patas o Villa Rosa, fundado en 1911. El cierre de los tablaos supone el adiós a momentos mágicos, al sentimiento, a la pasión, al arte y a todas las emociones que despiertan los artistas en los tablaos
flamencos.


3 https://www.antfes.com/copia-de-objetivos (fecha de consulta: 16 de marzo de 2021).


4 Ídem.


5 https://www.tourinews.es/espana/madrid-estudia-declarar-tablaos-flamencos-bien-interes-general_4460848_102.html (fecha de consulta: 16 de marzo de 2020).


6 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176996&menu=ultiDatos&idp=1254735576863.


7 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177002&menu=ultiDatos&idp=1254735576863


8 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176990&menu=ultiDatos&idp=1254735576863



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16. Precisamente, tablaos como el de Villa Rosa, que sobrevivieron a crisis anteriores, pese a los múltiples esfuerzos realizados, no han podido superar la presente situación debido a las políticas negligentes del Gobierno. Asimismo, los
que no cierran de forma definitiva, en general, no prevén reiniciar su actividad hasta otoño de 2021 como muy pronto.


17. Un problema añadido ha sido su posibilidad para optar a las ayudas concedidas desde el inicio de la pandemia. Al tratarse de un espectáculo con unas características únicas, los tablaos se incluyen en diferentes códigos de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas ('CNAE'). Así, los hay que se clasifican como restaurante con espectáculo, otros como academia, alguno como espectáculo en vivo, pero no hay una homogeneidad. Esta diversidad ha hecho que muchos no
se puedan acoger en un primer momento a las medidas establecidas en ayuda a empresarios y autónomos.


III. Medidas para los tablaos flamencos.


18. Lo primero que reivindican los tablaos flamencos es que se les permita abrir a su público cumpliendo los requisitos sanitarios necesarios. Mientras ello no sea posible, se necesitan ampliar los ERTE y establecer medidas económicas y
tributarias que hagan posible el mantenimiento de los mismos.


19. Así, por ejemplo, se hace necesario bonificar en su totalidad las cotizaciones a la Seguridad Social de los empleados que se encuentren en ERTE mientras no se pueda abrir con normalidad. Igualmente, debe eliminarse la obligación de
mantener empleados durante al menos seis meses a aquellos trabajadores que estuvieron en el ERTE. También se reclama una rebaja del IVA a las entradas a estos espectáculos. Esta medida situaría el IVA en el 4 %.


20. Asimismo, conviene hacer una revisión de los protocolos de seguridad sanitaria respecto a los tablaos y sus especiales características, equilibrando la protección y seguridad sanitaria con la pervivencia del sector.


21. Por último, en orden a impulsar la protección del flamenco, arte español, se hace muy necesaria su difusión y fomento. A este respecto, establecer un plan nacional que muestre y enseñe las particularidades de esta parte de nuestra
cultura sin duda atraerá a jóvenes. En este plan es imperativo establecer todo tipo de medidas de protección que aseguren la pervivencia del flamenco como arte y como principal reclamo turístico para España.


22. En definitiva, hay que destacar que los tablaos son el principal espacio donde el arte flamenco se exhibe con continuidad, donde los artistas perfeccionan su trabajo, donde se muestra y se conserva este arte para que perdure y se
transmita a las futuras generaciones. El flamenco, además de ser un reclamo turístico de primer orden, sustento de una amplia cadena de valor (artistas, músicos, técnicos de sonido, escenógrafos, artesanos, hosteleros...), es una parte fundamental
de nuestra cultura y legado que debe cuidarse y protegerse.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el sostenimiento y pervivencia de los tablaos flamencos, y en concreto, a adoptar las siguientes medidas:


1. Prorrogar y flexibilizar los ERTE de suspensión de contrato o reducción de jornada hasta la finalización del Estado de alarma o al menos hasta septiembre de 2021, revisable en función de la evolución de la pandemia.


2. Suspender, sin ningún coste, el abono de las cuotas de autónomos y cotizaciones de la seguridad social de empleados en ERTE mientras no se recuperen los niveles anteriores a la presente crisis y, como mínimo, hasta junio de 2021,
revisable en función de la evolución de la pandemia.


3. Eliminar la exigencia en relación con los ERTE por la que se obliga al mantenimiento del empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.


4. Promover la creación de un epígrafe específico en el sistema tributario español a fin de incluir en el mismo a los tablaos flamencos ante la Hacienda Pública mediante el Impuesto de Actividades



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Económicas (IAE) y su correlación con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Para ello es necesaria la modificación de:


- Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.


- Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).


5. Promover, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, con el fin de aplicar un tipo superreducido del 4 % de IVA a las entradas de los espectáculos flamencos de los tablaos.


6. Promover entre los Ayuntamientos y Administraciones competentes la flexibilización de los horarios de apertura y consumo, así como los requisitos para la instalación de terrazas, fijando los aforos en función de la distancia de
seguridad.


7. Promover acuerdos para que los Ayuntamientos y otras administraciones reduzcan o eliminen las tasas municipales al sector, así como la flexibilización del pago de estos tributos durante la vigencia de las restricciones.


8. Impulsar la creación de un plan sanitario que recoja unas guías de seguridad específicas para los tablaos flamencos de forma que la sociedad vea estos espacios como lugares seguros. Y, al mismo tiempo, se impulse la formación de los
trabajadores de los tablaos flamencos en seguridad sanitaria y en competencias turísticas y de digitalización.


9. Impulsar la creación de un Plan Nacional del Flamenco que logre la supervivencia de este arte como imagen de la cultura de España a través de su promoción turística con campañas publicitarias específicas y el fomento de su enseñanza en
centros educativos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, María de la Cabeza Ruiz Solás y María de los Reyes Romero Vilches,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/001362


Mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario VOX la Proposición no de Ley sobre el fin de la moratoria y reforma de la prohibición de cazar y pescar de la Ley en Parques Nacionales, publicada en el
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 149, de 29 de septiembre de 2020.


Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


161/002282


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la concesión de ayudas ai sector
vitivinícola en el marco del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.



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Exposición de motivos


El anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, contiene la relación de actividades económicas, según los de códigos de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas -CNAE 09-, que podrán tener acceso a ayudas directas que permitan satisfacer sus obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como los costes fijos
incurridos durante el periodo de pandemia.


La lista incluye 95 códigos, algunos dedicados a la fabricación de bebidas, dentro de la Clase A o de los códigos CNAEA 09, pero queda excluida la referida a 'Elaboración de vinos' (1102).


La industria vitivinícola no ha sido ajena al impacto de la crisis del COVID 19 y los efectos sobre el mundo del vino han sido considerables. Tras un año 2020 complicado, al tratarse de un sector muy vinculado al canal HORECA que representa
alrededor de dos tercios de los ingresos de las bodegas españolas, se produjo una caída de ventas y un incremento del stocks en bodegas. A escasos meses del inicio de la nueva campaña, los efectos de la crisis sanitaria persisten y con ellos el
impacto al sector vitivinícola.


Las medidas extraordinarias que se tomaron en 2020 no fueron suficiente para paliar la situación que persiste. Para el año 2021, se pretende que el Programa de Apoyo al Sector del Vino (Pasve), un plan anual financiado por la Unión Europea
(UE) que habitualmente se destina a la promoción internacional, la reconversión de viñedos y las inversiones en bodegas, financie más medidas (cosecha temprana, almacenamiento privado, y destilación de crisis) a través de este mismo programa pero
sin elevar su dotación. Además, el presupuesto del programa ha pasado de 210 a unos 202 millones de euros.


El sector reclama más recursos y medidas enfocadas en la crisis puntual, especialmente para mejorar la situación del mercado, con la mejora de la competitividad y el estímulo de la demanda, y no tomar medidas para ahondar en los problemas
coyunturales, como son el exceso de producción agravado por la bajada de ventas.


España es el país con más superficie de viñedo en el mundo, repartido por toda prácticamente toda la geografía nacional. Es el cuarto país mundial en producción de uva y el tercero en vino. Generamos empleo en las bodegas, con cerca de
4.300, y en el campo, pero también en la industria auxiliar, en la hostelería, en el turismo, incluido el incipiente movimiento enoturístico, que según datos sectoriales, genera y mantiene 427.700 empleos, un 2,4 % del total en España.


En definitiva, el Gobierno ha reconocido con la aprobación del Real Decreto-ley 5/2021, que ciertos sectores relacionados con la producción de bebidas y la hostelería y la restauración deben ser beneficiarios de las ayudas por la situación
atravesada durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo excluye algunas que, aun estando vinculadas con las anteriores y atravesar una situación económica delicada, deberían ser tenidas en cuentas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir los ámbitos relacionados con la elaboración del vino y el cultivo de la vid entre los beneficiarios de las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a
la pandemia de la COVID-19 incluidas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002296


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre la necesidad de adoptar una nueva normativa sobre pesca recreativa en España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.



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Exposición de motivos


España cuenta con una gran tradición en la pesca recreativa. Se estima que alrededor de 300.000 pescadores practican este tipo de pesca, que además experimenta un incremento constante de practicantes en parte ligado al desarrollo del sector
turístico. Esta actividad ha sido relativamente poco estudiada a pesar de que puede tener un impacto significativo en los recursos pesqueros y, en algunas especies determinadas, llega a representar entre un 5 % y un 7 % del volumen total de
capturas, y genera un volumen económico de más de 217 millones de euros anuales.


El mar no es una fuente inagotable de recursos pesqueros, por lo que no puede soportar una explotación descontrolada. Es un deber de la administración la gestión sostenible de este tipo de actividad, sobre todo en lo que respecta a algunas
poblaciones.


La Política Pesquera Común (PPC) reconoce que 'la pesca recreativa puede tener un impacto significativo en los recursos pesqueros y por ello los Estados Miembros (EM) deben asegurar que se realiza de forma compatible con los objetivos de la
PPC', así como dar cumplimiento al artículo del Reglamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que promueve específicamente la obtención de información sobre las capturas
recreativas. Con el objetivo de mejorar la gestión de la pesca recreativa en España en su conjunto, incluida la emisión de las licencias, se hace necesaria una mejora de la coordinación entre la AGE y las Comunidades Autónomas, dentro de las
competencias respectivas, puesto que existe un marco legal muy complejo y disperso con diferentes administraciones involucradas en diversos aspectos de la actividad.


Por todo ello, está la necesidad de desarrollar un marco jurídico en España con el objetivo de regular, controlar y limitar la actividad de forma específica, tanto por su propia naturaleza como por la incidencia en los recursos pesqueros,
que no sustituya, sino que complemente las medidas de conservación y protección de los recursos establecidos con carácter general en la regulación sectorial de acuerdo con las nuevas obligaciones de control comunitarias para la pesca recreativa.


En este contexto la recopilación de datos sobre todas las actividades de pesca recreativa en España se hace una ineludible obligación, tanto derivada del marco de recopilación de datos comunitario, como para complementar el conocimiento
científico y la evaluación, desde un punto de vista global, de las distintas poblaciones pesqueras objeto de captura.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar una nueva normativa sobre la pesca recreativa en España que actualice la vigente desde el año 2011, reconociendo la importancia creciente de esta actividad económica en nuestro país,
contribuyendo a la vez a la mejora de la recopilación de datos sobre la misma para conocer su incidencia sobre las poblaciones pesqueras y reforzando las medidas de control y coordinación entre las diferentes Administraciones dentro de sus
competencias.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-María Luisa Faneca López, Diputada.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


161/002304


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir al sector pesquero y a la
cadena mar-industria en el listado de actividades susceptibles recibir ayudas directas en el marco del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19,
para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


Que la crisis económica es global es tan cierto como que la nefasta gestión del gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los rankings económicos negativos: hemos sufrido



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la mayor caída del PIB desde la guerra civil -un 11 %, 125.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos 6 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.


A la cabeza de esa gestión está una Ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el Gobierno no quiere que España se pare' tan solo 5 días antes de que se obligara a cerrar toda actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó al
ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y directamente al paro a otras 725.000 personas.


Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs. 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos solo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.


Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros.


El anexo I del Real Decreto, contiene la relación de actividades económicas, según los de códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas -CNAE 09-, que podrán tener acceso a ayudas directas, un listado arbitrario que ha
dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que sí se han incluido en el listado de actividades.


Uno de estos sectores excluidos es el pesquero, incluido todos los ámbitos sociales y económicos ligados a la pesca, el complejo mar-industria y la acuicultura, más allá de los mayoristas. Según datos del último Informe Anual de la
Actividad de la Flota Pesquera Española, en 2019, 8.007 buques habían realizado actividad pesquera y 1.007 habían permanecido inactivos. La flota española tiene una antigüedad media de 31 años y faena mayoritariamente en aguas del caladero
nacional, pues de los buques activos en 2019, 7.618 han faenado en sus aguas (más de la mitad de ellos en el Cantábrico NW) que suponen aproximadamente el 36 % del arqueo y un 61 % de los KW totales.


La flota concentra en torno a 31.000 empleos directos, se estructura mayoritariamente como flota artesanal, pues el 71,64 % de los buques son barcos de menos de 12 metros de eslora, mientras que un 19,97 % ocupan el tramo de 12-24 m y tan
solo un 8,39 % tienen más de 24 metros de eslora y ocupa el primer lugar de la Unión Europea, tanto en volumen como en valor de las capturas.


Por otro lado, la industria de procesado y conservación de productos de la pesca, según datos estadísticos del Ministerio para 2018, incluían 648 empresas que ocupaban a 20.787 personas.


El sector, que ha estado faenando durante toda la pandemia, viene reclamando medidas para reducir el fuerte impacto que ha tenido en el sector la crisis provocada por el coronavirus, especialmente, tras el cierre parcial del canal HORECA,
las restricciones actuales en bares y restaurantes y la reducción del turismo, que para especies como el marisco o el pez espada, entre otros, el impacto llegó a ser superior al 80 % de las ventas. Mientras que, como dato general y hasta octubre
del año pasado, se estimaba una reducción en un 20 % la venta de productos pesqueros.


La disponibilidad de Ayudas para compensar los efectos de la COVID-19, cargo del con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) no son suficientes para paliar los daños económicos generados en un sector que mira esperanzo los recursos
de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para abordando las reformas estructurales necesarias para garantizar su futuro.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir al sector pesquero y a la cadena mar-industria en el listado de Actividades Económicas de la CNAE, incluidas en el anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta



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a la pandemia de la COVID-19, para que las empresas de este sector que cumplan el resto de requisitos sean susceptibles de recibir ayudas directas para garantizar su supervivencia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Política Territorial y Función Pública


161/002132


Mediante escrito de fecha 2 de marzo de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario VOX la Proposición no de Ley relativa a reforzar los presupuestos objetivos para asignar el complemento de productividad a los funcionarios de la
Administración General del Estado, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 236, de 9 de marzo de 2021.


Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


161/002280


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la tasa de reposición para
la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación nacional, para su debate en la Comisión de política territorial y función pública.


Exposición de motivos


La pandemia provocada por la COVID-19 ha venido a demostrar, de forma más intensa, el carácter esencial de los servicios prestados por las administraciones locales así como la importancia de disponer empleados públicos independientes,
competentes y cualificados.


Debemos destacar las funciones, por su especial trascendencia, del colectivo de funcionarios con habilitación nacional que ejercen como secretarios, interventores y tesoreros para dar respuesta a las demandas de los gobiernos locales y de
los ciudadanos en el ejercicio de esas funciones esenciales que el ordenamiento jurídico les reserva.


Durante la pandemia han desempeñado sus funciones de forma presencial o telemática, según los medios y las posibilidades a su alcance, y mantenido en lo que les atañe el correcto funcionamiento de las corporaciones locales, en situaciones de
especial dificultad y que requerían procedimientos urgentes.


Para ello, el trabajo telemático y la implantación de la administración electrónica han sido fundamentales, la complejidad e importancia de estas tareas demuestra la necesidad de que las plazas reservadas a los habilitados nacionales sean
ocupadas por funcionarios de carrera que hayan superado la correspondiente oposición.


Consideramos esenciales las funciones de los secretarios, interventores y tesoreros para la administración local, así como los es garantizar su independencia, su cualificación y su profesionalidad para lo que se requiere que se acabe con la
desproporcionada situación de nombramientos accidentales e interinos que padece el colectivo.


Este gran número de plazas ocupadas de forma accidental o interina debería impulsar al Gobierno a permitir cubrir el 100 % de los puestos de trabajo reservados a los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional,
de las plazas dotadas presupuestariamente que estén vacantes, al



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menos cuando correspondan a aquellas de sus subescalas en las que el porcentaje de las plazas reservadas a este colectivo y ocupadas de forma accidental o interina supere el 8 %.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las reformas necesarias para permitir que la tasa de reposición específica para la cobertura de los puestos de trabajo reservados a los funcionarios de Administración local con
habilitación de carácter nacional, sea de un 100 % de las plazas dotadas presupuestariamente que estén vacantes, correspondientes a aquellas de sus subescalas en las que el porcentaje de las plazas reservadas a este colectivo y ocupadas de forma
accidental o interina supere el 8 %.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2021.-Vicente Betoret Coll y María Llanos de Luna Tobarra, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/002292


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley para el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Cofrents al
expirar la concesión en marzo de 2021 para su debate en instancia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


En el año 2017 las Cortes Valencianas aprobaron una Proposición no de Ley instando al Gobierno al cierre y desmantelamiento de la central. En el mismo orden de cosas, fueron centenares los ayuntamientos del País Valenciano los que
secundaron la PNL de Las Cortes Valencianas, firmada por 3 grupos parlamentarios, representados también en esta Cámara; PSOE; Podemos y Compromís.


Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el 17 de febrero de 2021 aprobó en el Pleno del Consejo la petición de renovación de autorización de explotación de la central nuclear de Cofrents por el periodo solicitado de nueve años y
medio, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2030.


A su vez, la Plataforma Tanquem Cofrents rebate a la ministra Teresa Ribera y afirma que es el mejor momento para cerrar la nuclear valenciana, cuando la ministra de Transición Ecológica declaraba que la petición está sobre la mesa, en lugar
de cerrarla tal y como estaba previsto. Además, la ministra añade que hay que velar también porque la empresa que debe dirigir el desmantelamiento, ENRESA, tenga capacidad para hacer frente a este reto, inclinando la balanza hacia la prórroga hasta
2030, haciendo uso de un argumento falaz, ya que si Cofrents se cierra durante este 2021 estaría lista para poderse desmantelar en unos tres años, antes de que lleguen más cierres previstos a partir de 2027.


La Central Nuclear de Cofrents va camino de los 36 años de actividad, se conectó a la red en marzo de 1984. Sus instalaciones están obsoletas y deterioradas; el tipo de actividad a la que está sometida la planta y la fatiga del material
-provocada por las condiciones de alta presión, temperaturas y radiación-, provoca que muchas de las piezas de la planta sean insustituibles. Esto supone el riesgo de sufrir accidentes y que la gravedad de los mismos aumente exponencialmente cada
año que se alarga la vida de la central.


A estos hechos hay que añadir que el periodo razonable de vida útil en una central nuclear oscila entre los 25 y los 30 años (Alemania 32-33 años). Por lo tanto, es fácil comprobar cómo la central nuclear de Cofrents, situada en el interior
del País Valenciano, en la comarca de la Valí d'Aiora, supera con creces la media de la vida útil de una planta de estas características.


Prolongar el funcionamiento de las nucleares supone agravar el problema ya existente de gestionar los residuos radiactivos. Extender el funcionamiento de Cofrents hasta 2030 supondría añadir entre 250 y 300 toneladas de residuos radiactivos
de alta actividad, para los que no hay tratamiento posible, a los ya



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existentes. Además, el fondo del que dispone ENRESA para su gestión es ya insuficiente por lo que, si se generan aún más, el déficit será enorme y podría comprometer económicamente a la ciudadanía. Las piscinas de combustible generado de
Cofrents ya están llenas, y en previsión de que se renueve la licencia de funcionamiento de Cofrents, ENRESA ya se ha gastado millones de euros en contenedores para el almacenamiento en seco de estos residuos.


Además, Cofrents es el mayor consumidor de agua de todo el País Valenciano. Consume (evapora) hasta 32 hm3 de agua al año, el equivalente a 10.500 piscinas olímpicas. Es agua del curso alto del río Xúquer, el agua de mayor calidad del
curso del río. En un contexto de cambio climático acelerado, los modelos indican para el área Mediterránea, que la temperatura y los requerimientos hídricos ya han aumentado. Mientras que la precipitación, la escorrentía superficial y la recarga
de acuíferos están descendiendo desde hace décadas. Por este motivo, es necesaria urgentemente esta agua que ahora consume la central de Cofrents para el consumo humano, la agricultura, y el mantenimiento de un caudal ecológico en el río Xúquer.


La producción eléctrica a través del viento y el sol ya superan ampliamente la producción nuclear y, en pocos años, simplemente cumpliendo parte de los objetivos de renovables del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) la puede
sustituir fácilmente. Esto sin contar con la reducción de la demanda debida a la pandemia y la crisis económica consiguiente (hay que recordar que durante el primer confinamiento las nucleares tuvieron que reducir su producción considerablemente) y
la reducción aún mayor que puede conseguirse aplicando medidas de ahorro y eficiencia energéticas. De hecho, la Unión Europea lo marca como una de las medidas prioritarias para la aceleración de la transición energética y para la salida de la
crisis económica. Además, sustituir la energía nuclear por renovables supondrá un aumento del grado de autosuficiencia e independencia energética del Estado español, con todas las consecuencias geoestratégicas que ello supone.


Las centrales nucleares tampoco son necesarias como energía de respaldo para cuando no haya viento y sol simultáneamente; para la flexibilidad de respaldo que necesitan las renovables, la rigidez de la nuclear es absolutamente incompatible.
Además las CN españolas no tienen (ni está prevista la inversión para ello) seguimiento de carga, por lo que esa necesaria flexibilidad para la evolución de las renovables nunca va a venir desde la producción nuclear. Este papel de flexibilidad lo
puede realizar (lo está haciendo ya) la energía hidroeléctrica, pero también se podría generar a través de otras energías renovables de producción gestionable, como la biomasa y la termosolar con almacenamiento térmico.


En lo referente a los posibles problemas de ocupación que implica, el cierre de la central de Cofrents puede suponer una oportunidad para la mejora del empleo. La sustitución de la energía generada por la central nuclear de Cofrents por
renovables supondrá la creación de hasta 10 veces más puestos de trabajo de los que genera actualmente la central. En cualquier caso, al cerrar la central, una parte de sus trabajadores seguirán trabajando durante el periodo de desmantelamiento de
la central, que durará décadas. Es más, el impacto socioeconómico del cierre de las centrales y su sustitución por renovables es claramente favorable. De hecho, solo el desmantelamiento de una central nuclear puede suponer un impacto
socioeconómico mayor que el de la misma central en funcionamiento, como ya ocurrió en el caso de Vandellós I.


Por estos mismos motivos, los grupos parlamentarios que firmamos esta petición, junto con los representantes de la sociedad civil que nos acompañan, consideramos intolerable e inasumible a todas luces la petición de Iberdrola de alargar la
vida de la central hasta los 46 años.


Proposición no de Ley


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a proceder al cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Cofrents cuando finalice la actual licencia de funcionamiento en marzo de 2021.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.-Jordi Salvador i Puch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz
del Grupo Parlamentario Republicano.-Oskar Matute García de Jalón, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Íñigo Errejón Galván y Néstor Rego Candamil, Portavoces del Grupo
Parlamentario Plural.-Albert Botrán Pahissa, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto.



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161/002301


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la revocación inmediata de la
decisión del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, de no realizar una nueva concesión de las instalaciones de tres pistas de esquí, situadas en la estación
de esquí alpino de Navacerrada, en la vertiente segoviana de la misma, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico (MITECO), ha decidido que no realizará una nueva concesión de las instalaciones de tres pistas de esquí -El
Bosque, Telégrafo y Escaparate-, situadas en la estación de esquí alpino de Navacerrada en la vertiente segoviana de la misma.


Esta decisión puede suponer, lo supondrá sin duda, la desaparición de la estación total de esquí, por no ser viable su funcionamiento sin contar con estas tres pistas.


La Junta de Castilla y León considera que, una decisión de este tipo con innegables consecuencias económicas y sociales en los territorios de Segovia y de Madrid, debería haberse tomado con el consenso de las Comunidades Autónomas, de los
municipios afectados, especialmente los más próximos al entorno de la estación, y de otros actores implicados como hosteleros, restauradores, comercio, servicios o usuarios de la estación practicantes del esquí.


La Comunidad de Castilla y León, en el diseño del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama y posteriormente del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, fue especialmente cuidadosa para permitir que esta actividad tradicional en la
Sierra y con un gran arraigo en la zona, tanto en su vertiente segoviana como madrileña, tuviera cabida y lo permitiera. La actividad económica y el empleo ligado al funcionamiento de la estación en época invernal, cuando menos afluencia de
visitantes hay en los pueblos de la comarca, motivaron la decisión de permitir esta actividad que ahora se pretende suprimir.


Asimismo, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, elaborados y tramitados por la Junta de Castilla y León, con la participación de la población local y de las entidades que representan
los intereses económicos y sociales colectivos del territorio, y con un amplio consenso de todos los actores implicados, no impiden el desarrollo de la actividad.


La decisión de Parques Nacionales -o sea, del Gobierno y de la vicepresidenta Ribera- ha pecado además en las formas, de oscurantismo y falta absoluta de transparencia, al no ser comunicada previamente a las Comunidades Autónomas implicadas,
especialmente a Castilla y León, que es quien tenía que renovar la concesión, que ahora no lo podrá hacer por no contar con el visto bueno del titular del monte Pinar de Valsaín, que es el OAPN, ni los alcaldes de la zona, ni los procuradores
regionales, ni los parlamentarios nacionales.


Decidir unilateralmente por parte del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente de la Vicepresidencia Cuarta y Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que el 'modelo de uso público debe adecuarse a la
preservación de los valores del entorno del parque nacional', basándose exclusivamente en que las predicciones meteorológicas futuras no son nada favorables (menor nieve y aumento de temperatura) y de la presión turística en la zona, además de
demagógico es de una profunda perversión. Esto pasa en la mayor parte de las estaciones del mundo y de España y no por ello se toma la decisión drástica y unilateral del cierre de todas ellas.


Por otra parte, ante la justificación del cierre esgrimida por el OAPN de que 'el puerto de Navacerrada soporta un grave problema de saturación y de acceso, aglomeraciones que, en ocasiones, supone un problema de orden público y de seguridad
ciudadana, aportes de residuos sin una solución clara para su recogida y evacuación', la solución no es el cierre, sino llevar a cabo un estudio de cómo resolver los problemas existentes y ponerlo en práctica, permitiendo un desarrollo sostenible
para esta zona.


En definitiva, esta decisión puede acarrear la inviabilidad del conjunto de la estación de esquí y directamente afectará del desarrollo a buena parte del turismo y de la hostelería de los municipios colindantes en las dos vertientes de la
sierra.



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Desde el Grupo Parlamentario Popular lamentamos la falta de comunicación previa, la unilateralidad de la decisión por el impacto en la vida de nuestro medio rural y de su actividad socioeconómica, y la ausencia de debate en los órganos de
participación social que se establecieron al efecto, especialmente el Patronato del Parque Nacional, donde el Ministerio y el OAPN tienen representación.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Revocación inmediata de la decisión del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, de no realizar una nueva concesión de las instalaciones de esquí de
las tres pistas, situadas en la estación de esquí alpino de Navacerrada en la vertiente segoviana de la misma.


2. Conocer todos los informes técnicos existentes, en base a los cuales se ha tomado la decisión por parte del OAPN.


3. Realizar, antes de volver a tomar cualquier decisión respecto al futuro de la estación de esquí de Navacerrada por parte del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), un Estudio del impacto socioeconómico sobre la existencia de la
Estación de esquí sobre la zona y, en particular, sobre los municipios limítrofes, informándose del mismo a los sectores sociales, económicos y municipios afectados, así como a las Comunidades de Castilla y León y de Madrid.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/002281


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, doña Macarena Olona Choclán, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Víctor González Coello de Portugal, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don Rubén Silvano Manso Olivar y don Rodrigo Jiménez
Revuelta, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente Proposición no de Ley para incluir al sector de peluquerías y centros de estética, el sector de centros de enseñanza reglada, las autoescuelas y las tiendas de souvenirs dentro de las actividades incluidas en el Real Decreto-ley 5/2021, de
12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


Primero. El sector de peluquerías y centros de estética como referente en creación de empleo y en el mantenimiento del comercio de proximidad.


1. Antes del estallido de la pandemia COVID-19 el sector de peluquerías y centros de estética facturaba en torno a los 3.900 millones de euros, dando empleo a cerca de 216.000 personas. A pesar de la entrada de grandes cadenas (20 % de la
facturación del sector), el sector tiene un elevado grado de atomización, contando con 111.588 empresas.


2. Al tratarse de un servicio que se da de manera directa al cliente requiere una cercanía al mismo dando lugar a una importante presencia física en los barrios de nuestras ciudades, contribuyendo al mantenimiento del comercio local.



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Segundo. El sector de centros de enseñanza reglada, las autoescuelas y las tiendas de souvenirs y su importancia en la actividad económica.


3. La importancia del turismo en España, un 14 % del PIB nacional, ha hecho crecer un sector como el de tiendas de souvenirs, conformado casi en exclusiva por micro pymes.


4. Las autoescuelas representan un total de 9.000 negocios en nuestro país y cerca de 20.000 trabajadores, mayoritariamente ubicadas en cascos urbanos.


5. Del mismo modo, la enseñanza reglada, como elemento fundamental del sector educativo en España, se configura como un sector esencial de nuestra actividad.


Tercero. Las medidas tomadas para la gestión de la pandemia COVID-19 han tenido un profundo efecto en la actividad de estos sectores.


6. El 31 de enero de 2020 se detectó el primer caso de COVID-19 en España. Concretamente, se trató de un turista alemán ingresado y aislado en el Hospital Virgen de Guadalupe de la isla canaria de La Gomera. El primer fallecido se
identificó en Valencia el 13 de febrero del 2020; desde ese momento, la pandemia protagonizó una progresión exponencial en nuestro país hasta alcanzar los 72.258 fallecidos y 3.183.704 casos confirmados.


7. Pese a los 999 contagios alcanzados a fecha de 9 de marzo de 2020 y las numerosas advertencias en cuanto a la peligrosidad del virus, el Gobierno no decretó el estado de alarma hasta el 14 de marzo de 2020.


Cronología de la entrada y propagación del coronavirus en España


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8. El estado de alarma establecido por el Gobierno a través del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 supuso una limitación de la
movilidad de los ciudadanos con mínimas excepciones. Estas medidas, junto con el cierre de fronteras y el cierre de establecimientos, han dado lugar a una profunda crisis económica resultando en una caída del PIB del 11 % en 2020, el peor dato
desde 1936, cuando el PIB se desplomó un -26,8 % en el contexto la guerra civil española. A los datos previamente expuestos, se suma el drama social consecuencia del incremento del desempleo, que alcanzó en el 4T de 2020 una tasa del 16,13 %.


9. El sector de peluquerías y centros de belleza mantuvo sus locales cerrados hasta el 4 de mayo de 2020, fecha en la que, en el marco de la Fase 0 de la desescalada se permitió su apertura, siendo necesarias la adopción de una serie de
medidas de distanciamiento e higiene que supuso un gasto para los negocios. A nivel económico el año 2020 ha sido nefasto para el sector, como no podía ser de otra manera, dado el impedimento para poder realizar su actividad durante una buena parte
del año decretado por el Gobierno. Según el Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y Estética de España (Conepe) la facturación del sector ha caído un 40 % durante 2020 y un 10 % de las peluquerías han cerrado definitivamente.


10. Esta situación no ha hecho más que agravar los efectos producidos por el Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, que incluía entre sus medidas una subida general de los tipos IVA y una subida
del tipo de IVA reducido (10 %) al general (21 %) para algunos productos y servicios como los servicios de peluquería, decisión que no se revirtió con posterioridad como sí fue el caso de sectores tales como el veterinario, floristerías, cines y
espectáculos en directo.



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11. La dramática situación ha llevado a más de 2.000 salones de peluquería y estética a presentar una demanda colectiva a través de Conepe con la que exigen 150 millones de euros a las diferentes administraciones para paliar así el impacto
sufrido con la crisis del coronavirus.


12. Del mismo modo, el sector de centros de enseñanza reglada, las autoescuelas y las tiendas de souvenirs han visto notablemente afectada su actividad por los cierres de la actividad comercial a lo cual se añade, en el caso de las tiendas
de souvenirs, el cierre de fronteras y la consiguiente drástica reducción del número de turistas.


Cuarto. La extensión de la duración de la pandemia ha hecho necesario implementar nuevas medidas para tratar de asegurar la supervivencia y solvencia de las empresas.


13. La tercera ola de la pandemia COVID-19, el bajo ritmo de la campaña de vacunación y las medidas de restricción de la movilidad y la actividad empresarial han invalidado las previsiones económicas estimadas por el Gobierno en los
Presupuestos Generales del Estado 2021 de un crecimiento del PIB en 2021 del 9,8 %. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha adelantado una caída del PIB en el 1T 2021 del -1,2 %. Por otro lado, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima un crecimiento del PIB español del 5,7 %.


14. En esta situación el Gobierno publicó el pasado 13 de marzo del 2021 el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, el cual dedicará
una nueva línea de ayudas directas, dotada con 7.000 millones de euros destinada a facilitar el pago de gastos fijos y deudas a los sectores más perjudicados por la pandemia. Asimismo, destinará 3.000 millones para reestructurar la deuda financiera
que cuente con aval del Estado, y un fondo de 1.000 millones para la recapitalización de las empresas.


15. En el anexo I del Real Decreto se incluyen las actividades afectadas por el mismo, entre las que no se incluye las de peluquería y otros tratamientos de belleza, los centros de enseñanza reglada, las autoescuelas y las tiendas de
souvenirs, hecho especialmente llamativo por cuanto estos sectores han sido afectados por las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia COVID-19 y que, de no recibir ayudas, pueden ver cómo, en el caso de las peluquerías y centros de estética,
cierra hasta un total del 20 % de los establecimientos durante el año 2021 9.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la inclusión, dentro de los beneficiarios de las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, al sector de peluquerías y
centros de estética, los centros de enseñanza reglada, las autoescuelas y las tiendas de souvenirs.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2021.-Inés María Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Rubén Silvano Manso Olivar y Rodrigo Jiménez Revuelta, Diputados.-Macarena Olona Choclán
e Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


161/002283


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, sobre la adopción de medidas para regular el precio del servicio de retirada de efectivo en los cajeros automáticos.


9 Conepe.



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Exposición de motivos


Desde la crisis de 2008, el sector financiero de nuestro país viene experimentando un proceso de concentración en el que se han visto involucradas más de cincuenta entidades, entre bancos y cajas de ahorros. Las operaciones de fusión,
adquisición y absorción se han intensificado durante los últimos años, gracias, entre otros, al dinero de los contribuyentes que han mantenido a flote diversas entidades que más tarde han sido absorbidas por las principales entidades bancarias. Un
ejemplo de ello lo podemos encontrar en el último movimiento de fusión que se está llevando a cabo entre las entidades de Caixabank y Bankia, esta última participada por el Estado en un 61,8 %, tras la inyección de 24.000 millones de euros en 2012.


La reestructuración del sistema financiero tiene consecuencias palpables en nuestra sociedad, destacando: 1) el cierre de oficinas bancarias, que hace que el grado de proximidad hacía el cliente descienda considerablemente, teniendo un
mayor impacto en las zonas rurales donde el número de oficinas ya era reducido; 2) la destrucción de empleo, la cual no solo repercute al empleado que pasa a engrosar las listas del paro y a estar en una situación de vulnerabilidad social y
económica, sino que también afecta de manera directa a los clientes, que ven como la calidad del servicio va mermando continuamente (aumento de los tiempos de espera, aumento del número de servicios que solo se pueden realizar a través de cajero
automático, etc.); 3) el poder de mercado que están adquiriendo las cinco grandes entidades financieras (con la fusión de Caixabank-Bankia copan aproximadamente el 75 % del mercado), que puede derivar en una restricción de acceso al crédito y a
determinados servicios (exclusión financiera), y en la imposición de condiciones que, en algunos casos, pueden llegar a ser abusivas (cláusulas suelo, tarjetas revolving, etc.).


Asimismo, el entorno de baja rentabilidad en la actividad financiera tradicional por el entorno de bajos tipos de interés, está propiciando una importancia creciente del cobro por comisiones en la cuenta de resultados de los bancos. En este
sentido, cabe destacar la tendencia alcista de las comisiones bancarias aplicadas a servicios tan básicos como la retirada de efectivo en un cajero automático, lo que constituye una anomalía en Europa y, además, tiene un impacto desigual en función
de la renta, penalizando la retirada de cantidades pequeñas.


El sistema de comisiones bancarias por la retirada de efectivo está regulado a través del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Esta normativa recoge varios
aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, mantiene el régimen establecido por el Real Decreto-ley 11/2015, que, con el objetivo de fomentar la competencia dentro del sector y evitar posibles abusos, eliminó la doble comisión, de forma que la
entidad propietaria del cajero automático no puede exigirle una comisión al usuario del servicio, pero sí a la entidad emisora de la tarjeta. El emisor de la tarjeta podrá repercutir o no, total o parcialmente, esta comisión a su cliente, de
acuerdo con su política comercial. En segundo lugar, la norma ofrece la posibilidad de que las entidades firmen acuerdos para fijar el importe de las comisiones para la utilización de los cajeros ajenos. En ausencia de acuerdos, se fijan
unilateralmente. En último lugar, y a diferencia de lo que ocurre con las comisiones que el emisor de la tarjeta puede repercutir a los clientes, el texto legislativo no establece un límite máximo al importe de las comisiones aplicadas por las
entidades propietarias del cajero a las entidades ajenas y lo deja en manos del criterio de la CNMC, el cual establece que las comisiones deben estar orientadas al coste efectivo del servicio, lo que genera inseguridad jurídica y posibles prácticas
abusivas entre entidades, ya que, en la práctica, se observa que las comisiones no guardan relación con los costes del servicio, y que, con carácter general, han aumentado de manera desproporcionada, llegando a alcanzar los 3,95 euros.


A nivel europeo podemos observar que la situación es bien distinta. En países como Alemania, Francia, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Italia y Portugal predominan los sistemas inclusivos, que consisten en una amplia red de cajeros
gestionados por un operador independiente, a los que tienen acceso las distintas entidades financieras y cuyas comisiones están limitadas por normativa. Así, la comisión intrasistema de estos países se sitúa entre los 0,143 euros de Portugal y los
0,89 euros de Francia.


La CNMC publicó en diciembre de 2018 el segundo informe sobre las comisiones en la retirada de efectivo en los cajeros automáticos, el cual analiza su evolución durante los años 2015, 2016 y 2017. Dicho informe expone que las seis
principales entidades del país (cuatro si tenemos en cuenta la fusión de Santander-Banco Popular y Caixabank-Bankia) concentran más del 60 % de cajeros automáticos. De ellas, Caixabank decidió cambiar su política de comisiones en el año 2015 y
comenzar a cobrar unilateralmente a los clientes ajenos por el uso de cajeros. Esto, según reconoce la CNMC, 'trajo consigo un cambio de paradigma en el sistema de retribución de dichas redes que arrastró, de un lado, al resto de las entidades,
obligándolas a posicionarse, y de otro, a las autoridades, que debieron intervenir para ordenar el nuevo marco'. Tras la aprobación del Real



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Decreto-ley 11/2015 se produjeron los principales cambios en el sector, siendo las tres entidades financieras con mayor número de cajeros (Caixabank, BBVA y Santander) las que no han realizado ningún acuerdo con otras entidades para permitir
la retirada de efectivo con menores comisiones o de manera gratuita.


Por tanto, existen dudas de que el cobro de dichas comisiones esté directamente vinculado con el coste efectivo del servicio. Al contrario, parece lógico pensar que este nuevo comportamiento tenga como objetivos: por un lado, incrementar
el peso de los ingresos por comisiones como estrategia comercial, y por el otro, la absorción de potenciales clientes al ofrecer una amplia red de cajeros sobre los que no se aplica ninguna comisión.


Teniendo en cuenta todos estos hechos, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común creemos que es necesario asegurar que las comisiones cobradas guarden relación con el servicio ofrecido. Además,
esta nueva situación puede generar externalidades negativas en el resto de la economía:


1. Pueden existir menores incentivos a la concesión de créditos: los grandes bancos (que son los que tienen una mayor red de cajeros) generan un gran colchón de ingresos por comisiones que les hace menos dependientes de la concesión de
créditos. Esto impide y retrasa el restablecimiento de los canales crediticios, al generar incentivos para la obtención de ingresos por otros canales que no son los crediticios.


2. Posible merma de la competencia. Las entidades que están aplicando una política de comisiones agresiva son las más grandes, que a su vez son las que poseen una mayor y más extensa red de cajeros. En este sentido, las nuevas entidades
pueden tener dificultades para instalarse, al actuar la red de cajeros de las entidades ya establecidas como barrera de entrada, es decir, un coste insalvable que hace imposible el acceso al mercado. Si esto fuera así, este comportamiento estaría
generando demandas cautivas en aquellas zonas donde solo haya una entidad establecida. El actual esquema tiene un impacto negativo a los bancos más pequeños y con menos redes de cajeros.


3. Impacto sobre los usuarios. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las operaciones en cajero son retiradas de efectivo, y que no todas las entidades tienen la misma implantación territorial ni la misma cantidad de cajeros, podemos
inferir un impacto seguro sobre buena parte de los usuarios, así como un potencial incremento del coste de disponer de efectivo. A este respecto, el segundo informe de la CNMC sobre las comisiones bancarias declara que 'en la medida en que la red
se hace menos capilar, se incrementa el coste de desplazamiento para los consumidores de encontrar un cajero de su red donde no le cobren comisiones (coste de suela de zapato) o de la red donde estas sean menores, por lo que es más probable que
realicen menos extracciones y estas sean por importes superiores a las que realizarían con una red más profunda. Esto es especialmente relevante en aquellas ubicaciones en las que la densidad de cajeros es menor y, por tanto, el desplazamiento
necesario por parte de los agentes será mayor', más si tenemos en cuenta el contexto de epidemia en el que nos encontramos.


4. Tienen un impacto desigual en función de la renta. Dado que el coste de la comisión es independiente del nivel de renta, repercute negativamente a los clientes con menor capacidad económica. Además, a esto se le suma que las rentas más
bajas que tienen acceso a una cuenta bancaria son las más propensas a hacer un mayor número de retiradas de efectivo de pequeños importes.


5. En último lugar, consideramos que el sistema implementado actualmente hace que nuestra red de cajeros sea de los menos eficientes de Europa. Con una de las densidades de cajeros más altas del continente, España deja desprotegidos a
ciudadanos que deben recorrer grandes distancias hasta encontrar un cajero de su entidad o que deben pagar una comisión desproporcionada, un problema con especial incidencia en las zonas rurales. Según el Banco de España, hasta 4.378 municipios
carecen de oficina bancaria en su localidad, lo que afecta al 3,1 % de la población española. En promedio, los habitantes de estas localidades necesitan desplazarse 7 km para acceder a la oficina más cercana. Mientras, otros modelos europeos
ofrecen redes inclusivas con una protección más efectiva en cuanto a la cobertura y en cuanto al coste de las comisiones por la retirada de efectivo.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Solicitar a la CNMC la elaboración de un informe pormenorizado sobre la situación del sector bancario que permita obtener una imagen fiable del coste del servicio de retirada de efectivo, para poder



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evaluar la cuantía del coste del servicio en forma de comisión. Hasta la emisión de dicho informe, el Gobierno tomará las medidas necesarias para restringir el cobro de comisiones por la retirada de efectivo.


2. Diseñar e impulsar en el plazo más inmediato posible un texto normativo que fije un importe máximo a las comisiones que establecen las entidades propietarias de cajeros por la retirada de efectivo, vinculado a los costes del servicio y
en línea con las comisiones de los países de nuestro entorno, garantizando así la accesibilidad a un servicio esencial.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, doña Macarena Olona Choclán, doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez Sala, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Víctor González Coello
de Portugal y don Rubén Silvano Manso Olivar, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley, dirigida a conceder ayudas directas a todos los autónomos y empresarios afectados por la epidemia por la COVID-19 bajo el único requisito de haber visto mermada su facturación,
para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


Primero. Ayudas directas.


1. Desde que se decretara el primer estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COV1D-19, y
posteriormente con la declaración del segundo estado de alarma de ámbito nacional a través del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2 10 ('RD 926/2020'), numerosas empresas y autónomos han visto como la facturación de sus negocios caía progresivamente hasta, en muchos casos, llegar al cierre definitivo.


2. Todas las restricciones, la destrucción de empleo, la falta de ayudas por parte del Gobierno y el miedo generalizado de contagio, han afectado al sector empresarial sin excepción. Solo hay que atender a los titulares de prensa de los
medios para verificarlo:


(i) 'El desplome del beneficio de las empresas españolas duplica el del resto de Europa' 11.


(ii) 'Bruselas teme una ola de quiebras empresariales en España' 12.


(iii) 'El 99 % de las 68.000 empresas destruidas en España por la pandemia tiene menos de 50 trabajadores' 13.


(iv) 'La deuda pública de España se dispara en 122.439 millones en 2020 y alcanza el 117,1 % del PIB, máximos de 118 años' 14.


(v) 'La pandemia sitúa a España ante una crisis más intensa y vertiginosa que la de 2008' 15.


10 Prorrogado por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por un periodo de 6 meses, desde las 00:00 horas del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 9 de mayo de 2021.


11 https://www.elconfidencial.com/economia/2021-02-13/desplome-beneficio-emprearial-espana-duplica-europa_2948928/ (fecha de consulta: 17 de febrero de 2020),


12 https://www.elconfidencial.com/economia/2021-02-11/bruselas-ue-preocupada-ola-quiebras-espana_2946515/ (fecha de consulta: 17 de febrero de 2020).


13 https://www.eleconomista.es/economía/noticias/10961067/12/20/El-99-de-las-68000-empresas-destruidas-en-Espana-por-la-pandemia-tiene-menos-de-50-trabaiadores.html (fecha de consulta: 15 de marzo de 2021).


14 https://www.eleconomista.es/economía/noticias/11054695/02/21/La-deuda-publica-de-Espana-se-disparo-en-122439-millones-en-2020-y-alcanza-el-1171-del-PIB-niaximos-de-118-anos.html (fecha de consulta: 17 de febrero de 2020).


15 https://www.publico.es/economia/crisis-economica-pandemia-situa-espana-crisis-intensa-vertiginosa-2008.html (fecha de consulta: 17 de febrero de 2020).



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3. Por todo lo expuesto, este Grupo Parlamentario se ha visto en la obligación de presentar numerosas iniciativas dirigidas a conseguir que se compense e indemnice a estos empresarios cuyo derecho a trabajar ha sido expropiado por el
Gobierno y ven empeorada su situación día a día. Y ello, en la misma línea que se ha hecho en el resto de Europa y que llevaba aconsejando el Banco de España prácticamente desde el inicio de la crisis.


Segundo. Medidas del ejecutivo: mal y tarde.


4. Pese a lo expuesto, el Gobierno se limitó a elaborar en el mes de diciembre, nueve meses después del inicio de la pandemia, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería
y el comercio y en materia tributaria (el 'RD 35/2020'). Un Real Decreto en el que lo único ofrecido por el Gobierno fue endeudamiento y aplazamientos, medidas que distaban mucho de las adoptadas por el resto de países del mundo y que fueron
consideradas insuficientes desde organizaciones como la Asociación de Trabajadores Autónomos ('ATA'), Hostelería España, la Confederación Española de Agencias de Viajes, etc.


5. Ahora, un año después del comienzo de la crisis sanitaria, se publica el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (el 'RDL 5/2021'),
en el que se recogen las tan ansiadas ayudas directas para los autónomos y empresarios. No obstante, esta norma establece tales condicionantes que harán prácticamente imposible que se consiga optar a las ayudas.


6. En el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/ 2021 se establece el denominado marco básico de los requisitos de elegibilidad de forma que los autónomos y empresarios considerados elegibles serán:


(i) Los empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores definidos en el anexo I, y cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto
equivalente en 2020, haya caído más de un 30 % con respecto a 2019.


(ii) Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas adscritos a los sectores definidos en el anexo I.


7. De lo anterior, la gran sorpresa para el sector empresarial ha sido que el Real Decreto-ley 5/2021 limita la percepción de ayudas a autónomos y empresas con sede social en territorio español a aquellas actividades incluidas 'en alguno de
los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas -CNAE 09- previstos en el anexo I de este Real Decreto-ley'. La consecuencia: solo 95 códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas ('CNAE') de los 538 existentes
pueden optar a ser beneficiarios de estas ayudas.


8. Esto ha derivado en que ya se pronuncien desde diversos sectores y asociaciones, reivindicando la discriminación que esta norma supone para todas las actividades excluidas. Si en la exposición de motivos se indica que se canalizarán
ayudas directas a las empresas y autónomos cuya actividad se ha visto más negativamente afectada por la pandemia, la realidad práctica debería ser que cualquier empresa, de cualquier sector que haya visto mermados sus ingresos, debería poder optar a
estas ayudas reclamadas desde hace ya casi un año. Por tanto, desde el momento en el que se condiciona la percepción de la ayuda a la caída de la facturación esta clasificación sin razón que la justifique carece de sentido.


9. Así, encontramos ejemplos de códigos excluidos como el del sector del calzado. Razón esta por la que la Federación de Industrias del Calzado Español en un comunicado del 15 de marzo manifestaba que 'es inadmisible que un sector que
emplea a más de 37.000 personas, con más de un 43 % de empleo femenino, y después de haber perdido más de 19.000 puestos a causa de la pandemia, quede fuera del acceso a estas medidas que buscan preservar el tejido productivo y el empleo'. Desde el
gremio se 'vio con sorpresa no estar incluido entre los sectores que pueden acceder a las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial'. Por ello, exigen que 'se corrija esta inexplicable situación' y reivindican que 'se trata de una
injusticia para el sector del calzado, es incomprensible que el Gobierno desproteja a una parte de la industria española dejando fuera de estas medidas de apoyo a un sector que desde el primer momento se ha volcado con todos sus medios en ayudar a
quienes estaban en primera línea de lucha contra la pandemia' 16.


10. También ha sido inexplicable el desprecio del Gobierno hacia el sector del transporte de mercancías. Precisamente, como se informaba desde la Asociación del Transporte Internacional


16 https://alicanteplaza.es/noticia16036 (fecha de consulta: 15 de marzo de 2021).



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por Carretera 'las pérdidas globales de facturación en el sector en España superaron los 5.000 millones de euros (un 17 % del volumen de negocio) en el año fiscal 2020 según la Organización Internacional de Transporte por Carretera'.
Asimismo, informaban que 'el transporte internacional de mercancías por carretera de nuestro país sufre una caída de actividad de entre el 8 y el 12 % en función de la especialidad (alimentación, farmacéutico, automoción, etc.), en el primer
aniversario de la declaración del estado de alarma' 17. Por tanto, no se encuentra razón que explique la exclusión realizada hacia este colectivo.


11. Como los dos casos anteriores son numerosas las empresas discriminadas por el Ejecutivo: peluquerías, centros de estética, tiendas de decoración, autoescuelas, centros de enseñanza reglada, tiendas de souvenirs, talleres...


12. De este modo y ante estas medidas se ha pronunciado el presidente de la ATA, don Lorenzo Amor, en una entrevista concedida al Economista, denunciando que 'el sector de las peluquerías y centros de estética supera los 50.000 autónomos y
empresas que no podrán acceder a las ayudas directas pese a los cierres. Se han metido a 95 actividades y se han dejado fuera a muchas que han sufrido muchas restricciones' y preguntándose, al mismo tiempo, qué criterio objetivo habrá seguido el
Gobierno para realizar esta clasificación 18.


13. Lo más abrumador de todo esto es que ya se vivieron situaciones similares al inicio de la pandemia. Muchas actividades quedaron fuera de la posibilidad de optar a ayudas como consecuencia de esta misma injustificada clasificación.


Por ejemplo, cuando se adoptaron las primeras resoluciones relacionadas con el otorgamiento de las líneas de avales a través del ICO se incluía como anexo una tabla en la que aparecían los códigos CNAE a los que pertenecían las empresas
especialmente afectadas que podrían acceder a esas ayudas. En aquel caso, quedaron también fuera de ese listado numerosas empresas como las pertenecientes a las del sector del turismo activo.


14. Lo que expresan muchos empresarios es que la inclusión o no en estos anexos, depende de la lucha que se haga desde el concreto colectivo frente al ejecutivo, dejando por tanto la inclusión en el listado de posibles empresas
beneficiarias a la absoluta discrecionalidad del Gobierno.


15. Consecuentemente, es mucha la letra pequeña de este Real Decreto-ley que, lejos de conceder la tan necesaria liquidez para proteger el tejido productivo en su conjunto, ha situado a miles de autónomos y empresarios en una posición de
mayor incertidumbre sin visos de mejora.


16. En conclusión, las ayudas directas que se otorguen deben ser universales, indistintamente del sector concreto en el que se produzca la merma de facturación. En caso contrario, como se ha afirmado desde la Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos (UPTA) establecer las ayudas en función del CNAE supondrá que más de 200.000 autónomos sigan al borde de la insolvencia 19.


Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario Vox presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las actuaciones necesarias dirigidas a establecer un plan nacional de ayudas directas universal en favor de todos los autónomos y empresarios con sede en España afectados por la
pandemia cuya concesión se condicione únicamente a la caída de la facturación de su actividad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Inés María Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal y Rubén Silvano Manso
Olivar, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


17 https://www.autonomosenruta.com/transporte-mercancias/sector/7225-transporte-mercandas-por-carretera-cae-12-por-ciento-en-primer-ano-pandemia (fecha de consulta: 15 de marzo de 2021).


18 https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11103956/03/21/Mercancias-talleres-o-peluquerias-fuera-de-las-ayudas-directas-del-Gobierno.html (fecha de consulta: 16 de marzo de 2021).


19 https://upta.es/upta-exige-al-gobierno-una-modificacion-urgente-de-las-condiciones-de-acceso-a-las-ayudas-extraordinarias-publicadas-en-el-real-decreto-ley-5-2021-de-medidas-extraordinarias-de-apoyo-a-la-solvencia-em/ (fecha de consulta:
15 de marzo de 2020).



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161/002293


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, para el uso de los topónimos oficiales propios de Galiza en las aplicaciones de geolocalización, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


La Ley 3/1983, de 15 de junio, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galiza, indica que 'los topónimos de Galiza tendrán como única forma oficial la gallega', y añade que 'corresponde a la Xunta de Galiza la determinación de los
nombres oficiales de los topónimos, de los territorios, de los núcleos de población, de las vías de comunicación interurbanas y de los topónimos de Galiza'. En el apartado 3 del citado artículo también se indica que 'estas denominaciones son las
legales a todos los efectos'.


Conforme a lo establecido en la citada Ley, el Gobierno de la Xunta aprobó, mediante Decreto 332/1996, de 26 de julio, el nomenclátor correspondiente a las entidades de población de la provincia de Ourense. El Decreto 219/1998, de 2 de
julio, aprobó el nomenclátor correspondiente a las entidades de población de Pontevedra. El Decreto 6/2000, de 7 de enero, aprobó el nomenclátor correspondiente a las entidades de población de Lugo. Y el Decreto 189/2003, de 6 de febrero, aprobó
el nomenclátor correspondiente a las entidades de población de A Coruña. Estos cuatro Decretos aprobados por el Consello de la Xunta determinan el nombre oficial de las localidades y núcleos de población de Galiza.


El Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el cual se regula el Sistema Cartográfico Nacional, recoge la toponimia oficial de todo el Estado, en la que también aparecen los topónimos gallegos en su versión oficial y genuina.


A pesar de toda la normativa que debería obligar a las distintas entidades, tanto públicas como privadas, a utilizar correctamente la toponimia oficial, en este caso la gallega, la realidad es que cualquier usuario/a de internet encuentra en
los servicios de geolocalización topónimos deformados que nada tienen que ver con la versión oficial.


Empresas como Google, que proporcionan aplicaciones de geolocalización como Google Maps, una de las más utilizadas por los usuarios y usuarias de telefonía móvil, utilizan términos como 'La Coruña, Vivero, Sangenjo, Arteijo, Rianjo,
Lorenzana, Orense...' que nada tienen que ver con Galiza, retrotrayéndonos a tiempos pretéritos en los que el respeto por el idioma y la cultura gallegas brillaban por su ausencia.


Y no solo Google Maps utiliza formas no propias de los topónimos gallegos, la red social Facebook también utiliza versiones que nada tienen que ver con la realidad legal, cultural y social de Galiza.


Lo grave de esta situación, además de por la falta de respeto por la legalidad toponímica de Galiza, es porque estamos a hablar de aplicaciones (Google Maps o Facebook, entre otras) que utilizan a diario miles de usuarios y usuarias, que
reciben a través de las pantallas de sus teléfonos móviles o dispositivos electrónicos una realidad distorsionada de Galiza.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dirigirse a las principales empresas que desarrollan o utilizan sistemas de geolocalización, como Google o Facebook, para que corrijan los topónimos de las ciudades, villas, poblaciones y
lugares de Galiza en sus aplicaciones, restituyéndolos a su única forma oficial y genuina.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir al sector de la
peluquería y la estética en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


Que la crisis económica es global es tan cierto como que la nefasta gestión del Gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los rankings económicos negativos: hemos sufrido la mayor caída del PIB desde la
guerra civil -un 11 %, 125.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos seis millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.


A la cabeza de esa gestión está una Ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el Gobierno no quiere que España se pare' tan solo cinco días antes de que se obligara a cerrar toda actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó
al ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y directamente al paro a otras 725.000 personas.


Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs. 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos solo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.


Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros; y peor
aún, es arbitrario porque ha dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que sí se han incluido en el listado de actividades CNAE incluido en el anexo I del citado Rea!
Decreto que pueden beneficiarse de esas ayudas directas.


Uno de estos sectores 'olvidados' es el sector de Peluquería y Estética, a pesar de que las restricciones Impuestas por los distintos estados de alarma han provocado una importante caída de su facturación que, unido al incremento de gastos
que han tenido que asumir para adaptar sus locales y la forma de desarrollar su trabajo a la pandemia, han provocado el cierre de un gran número de peluquerías y centros de estética.


Según el estudio de impacto económico de la crisis del Covid en el sector de Peluquería y Estética realizado en diciembre, en el año 2020 se ha producido una caída de la facturación de un 35,70 % y la destrucción de más de 50.000 empleos en
el sector de la imagen personal.


Igualmente, según cálculos del propio sector, si no se adopta ninguna medida de ayuda podrían desaparecer 20.000 empresas más, con la pérdida de otros 50.000 empleos. Con el agravante de que se trata de un sector en el que la mayoría de sus
trabajadores son mujeres, autónomas y jóvenes. Recordemos que España es el segundo país con más paro femenino en la UE, con un 20,8 %, y es el país de Europa con mayor tasa de paro juvenil, con un 40,2 % frente al 18 % de media europea. Por eso no
se entiende que este sector haya sido excluido del listado de actividades susceptibles de recibir unas ayudas que se antojan imprescindibles para salvar empresas y empleos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir el sector do Peluquerías y Estética en el listado de Actividades Económicas de la CNAE, incluidas en el anexo 1 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12



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de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, para que las empresas de este sector que cumplan el resto de requisitos sean susceptibles de recibir ayudas directas para
garantizar su supervivencia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir a las autoescuelas en el
listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


Que la crisis económica es global es tan cierto como que la nefasta gestión del Gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los rankings económicos negativos: hemos sufrido la mayor caída del PIB desde la
guerra civil -un 11 %, 125.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos seis millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.


A la cabeza de esa gestión está una Ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el Gobierno no quiere que España se pare' tan solo cinco días antes de que se obligara a cerrar toda actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó
al ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y directamente al paro a otras 725.000 personas.


Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs. 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos solo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.


Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros; y peor
aún, es arbitrario porque ha dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que sí se han incluido en el listado de actividades CNAE incluido en el anexo I del citado Real
Decreto que pueden beneficiarse de esas ayudas directas.


Uno de estos sectores 'olvidados' es el de las autoescuelas ('Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje'), un sector que fue obligado a cerrar en el primer estado de alarma dejando colgados a más de 130.000 alumnos y que tuvo que
asumir un coste que, la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial, calculó en seis millones de euros diarios.


Aunque las autoescuelas realizaron ERTES a sus trabajadores (profesores y personal de administración), tuvieron que seguir asumiendo los costes inherentes del negocio (alquileres, suministros, financiación y préstamos de los vehículos...),
lo que ha dejado a muchas de ellas en una situación muy comprometida.


Además de la importante pérdida de ingresos durante los meses que han estado cerrados, han tenido que asumir costes para poder prestar sus servicios de forma segura en la recuperación gradual de la actividad.



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A ello se añade el cuello de botella por el retraso en los exámenes -la propia Dirección General de Tráfico (DGT) ha estimado en 180.000 exámenes teóricos y 268.000 prácticos de conducir que se han dejado de hacer en Estado de Alarma- y la
falta de examinadores -que provoca listas de espera de hasta seis meses en algunas provincias-, lo que limita la capacidad de las autoescuelas de incorporar nuevos clientes y recuperar la facturación a los niveles previos a la pandemia.


Por eso no se entiende que este sector, tan claramente perjudicado por la pandemia, haya sido excluido del listado de actividades susceptibles de recibir unas ayudas que se antojan imprescindibles para salvar empresas y empleos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir las Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje en el listado de Actividades Económicas de la CNAE, incluidas en el anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, para que las empresas de este sector que cumplan el resto de requisitos sean susceptibles de recibir ayudas directas para garantizar su
supervivencia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir al sector de fabricación
de muebles en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


Que la crisis económica es global es tan cierto como que la nefasta gestión del Gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los rankings económicos negativos: hemos sufrido la mayor caída del PIB desde la
guerra civil -un 11 %, 125.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos seis millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.


A la cabeza de esa gestión está una Ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el Gobierno no quiere que España se pare' tan solo cinco días antes de que se obligara a cerrar toda actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó
al ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y directamente al paro a otras 725.000 personas.


Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs. 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos solo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.


Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones



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no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros; y peor aún, es arbitrario porque ha dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores
que sí se han incluido en el listado de actividades CNAE incluido en el anexo I del citado Real Decreto que pueden beneficiarse de esas ayudas directas.


Uno de estos sectores 'olvidados' es el de la fabricación del mueble; un sector al que se dedican más de 11.427 empresas en nuestro país, de las que solo 25 son grandes empresas y el resto son pymes (1.159 empresas), micropymes (5.603
empresas) o empresas sin asalariados (4.640 empresas) con presencia en prácticamente todas las CC. AA., aunque destaca por el número de empresas Andalucía (2.110 empresas), Cataluña (1.619), Comunidad Valenciana (1.347), Comunidad de Madrid
(1.114), Murcia (757) y Galicia (756). De esta Industria dependen directamente 61.592 empleos.


El sector genera una facturación de 5.935 millones de euros, de los que 1.620 millones proceden de! exterior, destacando las exportaciones a Francia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Alemania.


La crisis del coronavirus no ha sido ajena a este sector que, ha acumulado una caída interanual del -6,5 %, pero con un impacto muy desigual entre diferentes comunidades autónomas y tamaño de empresas. Como ejemplo, el índice de Producción
Industrial de la Industria de fabricación de muebles cayó un -24,7 % en términos interanuales en La Rioja, un -24,2 % en lo que llevamos de año. Por eso no entendemos que las empresas de este sector hayan quedado fuera del listado de actividades
susceptibles de recibir ayudas directas para compensar los efectos del coronavirus.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir el sector de fabricación del mueble en el listado de Actividades Económicas de la CNAE, incluidas en el anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, para que las empresas de este sector que cumplan el resto de requisitos sean susceptibles de recibir ayudas directas para garantizar su supervivencia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir al sector del calzado en
el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


Que la crisis económica es global es tan cierto como que la nefasta gestión del Gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los rankings económicos negativos: hemos sufrido la mayor caída del PIB desde la
guerra civil -un 11 %, 125.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos seis millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.


A la cabeza de esa gestión está una Ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el Gobierno no quiere que España se pare' tan solo cinco días antes de que se obligara a cerrar toda



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actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó al ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y directamente al paro a otras 725.000 personas.


Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs. 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos solo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.


Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros; y peor
aún, es arbitrarlo porque ha dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que sí se han incluido en el listado de actividades CNAE incluido en el anexo I del citado Real
Decreto que pueden beneficiarse de esas ayudas directas.


Uno de estos sectores 'olvidados' es el de la fabricación del calzado; un sector al que se dedican más de 3.500 empresas en nuestro país, la mayoría de ellas pymes, con una fuerte presencia en la Comunidad Valenciana (67,8 % de estas
empresas), Castilla-La Mancha (9,6 %), La Rioja (6,9 %), Murcia (3,9 %), Aragón (3,5 %), Baleares (2,7 %), Andalucía (1,5 %) y Madrid (1,4 %).


Es un sector altamente exportador, las grandes marcas nacionales exportan más del 50 % de su producción por un importe superior a 2.600 millones de euros, contribuyendo tanto a equilibrar nuestra balanza comercial como a la difusión de la
marca España. Esta competitividad permite que el calzado sea el segundo sector por número de empleados en la industria de la moda, por detrás de la confección.


En cuanto a la distribución nacional, en España operan unos 9.000 establecimientos especializados en la venta minorista de calzado que facturaban antes de la pandemia en torno a 3.000 millones de euros, concentrando Cataluña, Madrid y
Andalucía alrededor del 50 % del total.


En definitiva, se trata de un sector muy competitivo, altamente innovador, con una imagen de marca reconocida a nivel mundial, implantado en buena parte del territorio nacional y con un impacto muy importante en empleo, tanto directo como
indirecto.


Por eso no entendemos que haya quedado fuera del listado de actividades susceptible de recibir ayudas directas, cuando ha sido un sector afectado directamente por la pandemia. De hecho, la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE)
estima que la pandemia del coronavirus ha provocado una caída de las exportaciones de un 15,7 % en 2020 y ha desplomado la facturación del sector del calzado entre un 30 % y un 40 %, sin que haya datos que apunten a la recuperación en este primer
trimestre de 2021, lo que pone en riesgo la supervivencia de muchas de estas empresas y de miles de empleos. Solo como ejemplo, el índice de Producción Industrial de la Industria del cuero y del calzado que cayó un 46,8 % en La Rioja, cae un 23,9 %
en lo que llevamos de año.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir el sector del calzado en el listado de Actividades Económicas de la CNAE, incluidas en el anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, para que las empresas de este sector que cumplan el resto de requisitos sean susceptibles de recibir ayudas directas para garantizar su supervivencia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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Comisión de Sanidad y Consumo


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Consumo, relativa al fortalecimiento del sistema sanitario público.


Exposición de motivos


El año 2020 ha sido un año de retos sin precedentes para todos los sistemas de salud en España y en el mundo. La crisis sanitaria, a la que nos hemos enfrentado como sociedad, ha demostrado la fragilidad del sistema sanitario público y la
dependencia externa que produce la individualización de las acciones en lo que respecta a la salud. Respetando escrupulosamente nuestro modelo descentralizado de salud, tenemos el reto de impulsar medidas que propicien una mejor y más estrecha
colaboración de forma coordinada.


Aunque no podemos dar por finalizada la pandemia, sí podemos empezar a sacar conclusiones conjuntas para caminar hacia un sistema de salud pública más fuerte y resiliente. Es un consenso social que la degradación del sistema sanitario y de
salud, la privatización de servicios esenciales o la precarización de las condiciones de sanitarios nos ha colocado en una situación sensible, que ha condicionado la actuación contra la COVID-19. También es innegable que, a raíz de lo ocurrido a
nivel global, la prioridad de un Gobierno debe centrarse en la protección de la salud pública, en garantizar el suministro de medicamentos, de tratamientos, y en mejorar el acceso público a la salud.


Si bien el rol de las instituciones públicas de salud ha sido fundamental para atajar los efectos de la COVID-19, ha quedado de manifiesto que existe un margen de mejora en cuanto al acceso a los datos sanitarios. La actuación a nivel
político para establecer un sistema que refuerce la actuación del Estado en este ámbito se ha mostrado esencial. Si no contamos con información fidedigna de forma inmediata es posible que se tomen medidas descoordinadas que no podemos volver a
asumir. El fortalecimiento de estas estructuras de cooperación interna es inseparable de la construcción de un Estado fuerte que pueda tener un papel determinante en cuestiones sanitarias.


Es unánime también que la crisis sanitaria ha manifestado el inmenso valor del sistema público de salud, así como las deficiencias que han supuesto los recortes y las privatizaciones. Tenemos una oportunidad histórica para deshacer esas
políticas de recortes que hoy se contabilizan en el número de fallecidos. La respuesta de recuperación nos abre un escenario favorable para reforzar y consolidar el derecho a la salud, y sobre todo para garantizar la vida a través de un acceso
universal a los servicios públicos de salud de calidad. Para ello necesitamos políticas gubernamentales que tomen una dirección plural, frente a las políticas de clase que suponen las privatizaciones.


Con miras a establecer una línea común para la seguridad sanitaria, necesitamos impulsar medidas que sean capaces de proteger al conjunto de la ciudadanía, que garantice el suministro de material sanitario y que asegure que nadie quede fuera
de cobertura. El derecho a la salud, que alguna vez fue pensado como un derecho individual, se ha demostrado como un derecho en esencia colectivo que debe desbordar los límites jurídicos actuales. Esto quiere decir que la protección del conjunto
de la ciudadanía se garantiza únicamente a través de una sanidad pública fuerte, no solo con más presupuesto, sino mejor coordinada, con más sanitarios y protegida por un marco legal estable que garantice a futuro estas medidas de fortalecimiento.


Aunque la propia Constitución Española deja claro que la inclusión del derecho a la salud como derecho fundamental es irrealizable con un parlamento tan fragmentado como el actual, como legisladores tenemos el deber de proponer cambios
sustanciales sobre este derecho, que se encuentra excedido por la propia situación social. Estos cambios deben necesariamente ir dirigidos a mejorar las condiciones hospitalarias, a la eliminación de la precariedad en el sector de la salud pública
y sobre todo debemos impulsar mejoras en cuanto a los mecanismos de cooperación interterritorial.


Querer mejorar nuestro descentralizado sistema de salud significa ser capaces de asumir que hemos tenido enormes diferencias territoriales derivadas de las distintas gestiones de nuestras Comunidades Autónomas. Sin embargo esto no solo es
una consecuencia de las propias acciones de los Gobiernos de



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las Comunidades, sino que su gestión viene limitada por las condiciones en las que se han heredado estos servicios públicos. Los recortes y la precarización de la sanidad han erosionado las bases del sistema público de salud y eso se ha
reflejado con más crudeza durante el último año. Lo que en el pasado se propuso como un papel complementario, resultó en un cambio de paradigma hacia una privatización de la sanidad que nos ha dejado heridas sociales muy graves y que hoy es
necesario revertir. Pero no solo hemos visto cómo ese modelo de privatizaciones fracasó, sino que fuimos testigos de que la fagocitación de lo público en beneficio del sector privado nos ha arrastrado a un desastre sanitario que podría haberse
atajado con unas instituciones públicas más saludables.


En este sentido, y entendiendo que una de las conclusiones más importantes derivadas de la situación epidemiológica es que la sanidad pública ha sido la herramienta común que ha dado una salida viable y sensata a la crisis sanitaria, resulta
indispensable continuar fortaleciendo las estructuras sanitarias públicas con un reparto equitativo de los fondos europeos disponibles para ello.


En definitiva, el derecho a la salud debe ser considerado como derecho fundamental que trasciende al individuo y que se ha mostrado capaz de crear una red de protección social eficaz en situaciones de emergencia. Necesitamos un nuevo
consenso que venga a redefinir el papel de la sanidad pública y por tanto la configuración general de lo que significa el papel y el alcance del sistema sanitario en nuestro país.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Avanzar, dentro del marco competencial y en coordinación con las Comunidades Autónomas, en la implementación efectiva del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria y establecer medidas en las condiciones del personal
sanitario en todo el territorio nacional.


2. Reforzar el papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como la cogobernanza, la cooperación y la coordinación de los órganos y estructuras del SNS y avanzar en la Estrategia de Salud Digital para facilitar
información veraz, transparente y en tiempo real de datos sanitarios.


3. Garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud.


4. Avanzar en el blindaje de nuestro sistema público de salud, estableciendo medidas de no regresividad y apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2021.-Rosa María Medel Pérez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a la Mesa para, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la revisión y
actualización de la Estrategia NAOS, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


La obesidad es una enfermedad crónica, compleja, y que tiene un origen multifactorial: genético, metabólico u hormonal, pero también social y cultural, relacionado con los hábitos de vida, alimentarios y de actividad física.


La obesidad es un factor de riego para la salud, que influye en la aparición y progresión de enfermedades y afecta a la calidad y esperanza de vida de las personas que la padecen. Está aceptado el riesgo de la obesidad en enfermedades
cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los



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accidentes cerebrovasculares); diabetes; trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis); y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon).


En la actualidad es la enfermedad metabólica más prevalente del mundo occidental, fuente de gran morbimortalidad, de tal manera que la OMS considera que ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial en tanto que causa la muerte de 2,8
millones de personas, como mínimo, cada año.


Pero el sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles vinculadas, pueden prevenirse en su mayoría, según la OMS. Desde las políticas de prevención y promoción de la salud pública y desde la responsabilidad individual,
cuyo efecto depende del acceso a un modo de vida saludable.


En 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas asumió el compromiso de promover la aplicación de la 'Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud', introduciendo políticas y medidas encaminadas a promover
dietas sanas y a aumentar la actividad física de toda la población.


Para facilitar el cumplimiento de este compromiso, la OMS ha creado el Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020, para contribuir al avance en nueve metas mundiales relativas a las
enfermedades no transmisibles que deben alcanzarse antes de 2025, incluidas una reducción relativa del 25 % en la mortalidad prematura a causa de estas enfermedades, y una detención del aumento de la obesidad mundial para coincidir con las tasas de
2010.


En nuestro país, el Gobierno puso en marcha en 2005 la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) con el objetivo de invertir la tendencia de la prevalencia de la obesidad mediante el fomento de una
alimentación saludable y de la práctica de la actividad física y, con ello, reducir sustancialmente las altas tasas de morbilidad y mortalidad atribuibles a las enfermedades no transmisibles.


Desde su lanzamiento, la Estrategia NAOS desarrolla acciones o intervenciones, en base a la evidencia científica y en todos los ámbitos de la sociedad (familiar, educativo, empresarial, sanitario, laboral, comunitario) que promueven y
facilitan opciones a una alimentación variada, equilibrada y a la práctica de actividad física, así como a la información más adecuada para ayudar al consumidor a tomar decisiones y elecciones más saludables en entornos que les permitan la adopción
de estilos de vida más saludables y activos.


Para ello, desde la Estrategia NAOS se fomenta la implicación, sinergia y colaboración de todos los sectores y agentes de la sociedad tanto públicos (CC. AA., ayuntamientos, otros ministerios) como privados (industria de alimentos y
bebidas, sociedades científicas, organizaciones de consumidores, sectores de distribución y restauración, etc.).


En el año 2011, la Estrategia NAOS fue consolidada e impulsada por la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.


Según la Encuesta Nacional de Salud de 2017, la prevalencia de la obesidad en España en población adulta se ha multiplicado por 2,4. Del 7,4 % en 1987 al 17,4 % en 2017. Y el sobrepeso afecta al 54,5 % de esa población adulta.


El Estudio realizado en 2019 por el Hospital del Mar de Investigaciones Médicas pronostica que en 2030 un 80 % de hombres y un 55 % de mujeres padecerá obesidad.


La evolución de la prevalencia de la obesidad en nuestro país, y el nuevo contexto impuesto por la crisis sanitaria originada por la COVID-19, que impacta en todas las esferas de la vida social, comunitaria y personal, y que tiene afectación
en los hábitos de vida: desde el laboral, que puede repercutir en aumento de la vida sedentaria y hábitos alimentarios (teletrabajo, desempleo...), hasta la reducción de la práctica de la actividad física por las medidas de distanciamiento social
preventivas de COVID-19, pasando por nuevos modos de consumo y ocio que pueden incidir en hábitos saludables.


Una actualización en sintonía con la nueva realidad que impone la pandemia y aborde la obesidad desde una perspectiva integral que tenga en cuenta a aspectos nutricionales, de actividad física y aspectos psicológicos vinculados al riesgo de
padecer la enfermedad.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, en colaboración con las comunidades autónomas, revise y actualice la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) para adecuarla al nuevo contexto
que impone la crisis sanitaria originada por la COVID 19



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en los hábitos de vida de la población, y con un abordaje de la obesidad desde una perspectiva integral que tenga en cuenta los aspectos nutricionales, de actividad física y aspectos psicológicos vinculados al riesgo de padecer la
enfermedad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2021.-Carmen Andrés Añón, Marisol Sánchez Jódar, Ana Prieto Nieto, José Ramón Ortega Domínguez, Julio Navalpotro Gómez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces,
Andrea Fernández Benéitez, Sandra Guaita Esteruelas, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicente Viondi y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión sobre Seguridad Vial, las
preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los señores Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Núm. expte.: 184/034783


Núm. registro: 86560


Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP). Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP).


Objeto iniciativa: Tasa de vehículos de movilidad personal de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos, existente en España a 31 de diciembre de 2020.


Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 225 de 22 de febrero de 2021.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000897.


Núm. expte.: 184/034813


Núm. registro: 86591


Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP). Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP).


Objeto iniciativa: Coste para la Jefatura Central de Tráfico del transporte de los funcionarios examinadores a los centros de examen en el año 2020.


Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 225 de 22 de febrero de 2021.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000898.


Núm. expte.: 184/034816


Núm. registro: 86594


Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP). Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP).


Objeto iniciativa: Importe que abonó la Jefatura Central de Tráfico por el servicio del transporte de los funcionarios examinadores a los centros de examen en el año 2019.


Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 225 de 22 de febrero de 2021.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000899.



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Núm. expte.: 184/034825


Núm. registro: 86603


Autor iniciativa: Carazo Hermoso, Eduardo (GP). Alonso Pérez, José Ángel (GP). Gamazo Micó, Óscar (GP).


Objeto iniciativa: Previsiones acerca de aportar alguna solución a la situación de colapso en los exámenes de conducir en la provincia de Valladolid y de reforzar la plantilla de examinadores de pruebas prácticas de conducir.


Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 225 de 22 de febrero de 2021.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000900.


Núm. expte.: 184/034827


Núm. registro: 86605


Autor iniciativa: Carazo Hermoso, Eduardo (GP). Alonso Pérez, José Ángel (GP). Gamazo Micó, Óscar (GP).


Objeto iniciativa: Evolución del número de examinadores de las pruebas de conducir en la provincia de Valladolid en el periodo 2018-2020.


Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 225 de 22 de febrero de 2021.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000901.


184/039568


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando (GCUP-EC-GC).


Reformulación de su pregunta sobre evaluaciones de idoneidad del personal aeroportuario.


Acuerdo:


Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al
señor Diputado autor de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas, dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.


Desde el año 2017 se han registrado varios casos de trabajadores de aeropuertos españoles que han sido declarados como no aptos tras la realización de las correspondientes evaluaciones de idoneidad por parte de la Guardia Civil, de acuerdo
con el adjunto H del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil. En estos casos, los trabajadores en cuestión carecían de algún tipo de antecedente penal o policial de los mencionados en la normativa de seguridad aérea que pudieran
motivar dicha decisión. Sin embargo, sus acreditaciones de acceso a las Zonas de Seguridad Restringida (ZRS) a las instalaciones aeroportuarias les fueron retiradas en base a la emisión de valoraciones de la Guardia Civil, en las que se declaraba a
estas personas como 'próximas a entornos potencialmente peligrosos para la seguridad aeroportuaria'.



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Según respuesta del Gobierno a una iniciativa parlamentaria, en lo relativo a las evaluaciones de idoneidad previas a la obtención de una acreditación de acceso a las ZRS de los aeropuertos, la legislación establece la necesidad de valorar
no solo los antecedentes penales de la persona, sino también otro tipo de circunstancias que puedan suponer un riesgo para la seguridad de la aviación civil, así como incluir la información de inteligencia y de cualquier otro tipo de que dispongan
las autoridades nacionales competentes, que estas consideren pertinente al objeto de determinar la idoneidad de la persona, y que puedan suponer un riesgo para la Seguridad de la Aviación Civil.


Recientemente, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha subrayado los límites que deben observarse para un uso legal de datos como los contenidos en los archivos del sistema SINVES-Aquila gestionado por el Servicio de
Inteligencia de la Guardia Civil sobre personas 'sospechosas de conductas subversivas o antisistema'. Reynders ha explicado que los interesados mantienen los derechos de acceso y rectificación que se reconocen en la directiva sobre protección de
datos en el ámbito penal, y que datos de este tipo de archivos no pueden ser utilizados en procedimientos administrativos.


1. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de casos de trabajadores de aeropuertos españoles que hayan sido declarados como no aptos en las evaluaciones de idoneidad a pesar de carecer de algún tipo de antecedentes penales?


2 ¿Cuántos trabajadores de aeropuertos españoles sin antecedentes penales declarados no aptos en las evaluaciones de idoneidad han ejercido, en su caso, los derechos de acceso y rectificación?


3. ¿Cuáles son, según el Gobierno, los rasgos o condiciones que definen a personas 'sospechosas de conductas subversivas o antisistema' identificadas en los archivos del sistema SINVES-Aquila?


4. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de la existencia de situaciones de indefensión derivadas de la pérdida de empleos, así como de vulneración de derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la honra, a la buena reputación y a la
intimidad personal y familiar, ante la declaración de trabajadores de aeropuertos como personas 'próximas a entornos potencialmente peligrosos para la seguridad aeroportuaria'?


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2021.-Enrique Fernando Santiago Romero, Diputado.


184/040938


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: García Egea, Teodoro (GP). Pedreño Molina, Juan Luis (GP). Cortés Carballo, Mario (GP).


Retirada de su pregunta sobre ataque informático el día 9 de marzo de 2021 que dejó sin servicio al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE).


Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 244, de 23 de marzo de 2021.



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SECRETARÍA GENERAL


292/000019


CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA VACANTE DE ENFERMERO/A (ATS/DUE) CON DESTINO EN EL GABINETE MÉDICO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión celebrada el día 16 de marzo de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.4.º del vigente Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados, ha acordado
la convocatoria pública para la provisión de una plaza vacante de Enfermero/a (ATS/DUE) con destino en el Gabinete Médico del Congreso de los Diputados.


La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como lo establecido en el I Plan de Igualdad de las Cortes Generales aprobado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión conjunta celebrada el 6 de marzo de 2020, y se ajustará a
las siguientes bases:


Primera. Régimen jurídico.


El régimen jurídico de este puesto de trabajo será el laboral. El contrato será por tiempo indefinido una vez superado el periodo de prueba en los términos del artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 8.3 del vigente
Convenio Colectivo. La remuneración será la establecida en dicho Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados.


Segunda. Funciones.


Las funciones del puesto serán las propias del ejercicio de la profesión de Enfermero/a (ATS/DUE), especificadas en la plantilla orgánica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. Dependerá, a tales efectos, de la Dirección de
Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.


Tercera. Requisitos generales.


Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible reunir los siguientes requisitos:


a) Tener la nacionalidad española.


b) Ser mayor de edad.


c) Estar en posesión del Título de Diplomado Universitario o Grado en Enfermería, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.


d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, de las comunidades autónomas o de la Administración Local, ni hallarse inhabilitado por cualesquiera causas para el ejercicio de la actividad profesional.


e) Reunir las condiciones psicofísicas requeridas para el desempeño de las funciones correspondientes.


Los anteriores requisitos deberán reunirse en el día en que expire el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, en su caso.


Si en algún momento del proceso selectivo la Comisión de Selección tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, o de la documentación aportada resultara que su
solicitud adolece de errores o falsedades que imposibiliten su acceso al grupo profesional de ATS/DUE, podrá acordar la exclusión de dicha persona, una vez evacuado el correspondiente trámite de audiencia.



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Cuarta. Comisión de Selección.


La resolución del proceso selectivo será realizada por la Comisión de Selección designada por la Mesa del Congreso de los Diputados. En su composición se promoverá la presencia equilibrada de hombres y mujeres, y estará compuesta de la
siguiente forma:


Presidencia:


- Un miembro de la Mesa de la Cámara.


Vocales:


- La Secretaria General Adjunta para Asuntos Administrativos del Congreso de los Diputados.


- La Directora de Recursos Humanos y Gobierno Interior del Congreso de los Diputados.


- Un profesor o profesora de Escuela Universitaria de Enfermería.


Secretaría:


- Un Médico o Médica del Gabinete Médico del Congreso de los Diputados.


Uno de los miembros del Comité de Empresa podrá participar como observador en el proceso de selección.


Si se estimase oportuno, la Comisión de Selección podrá disponer la incorporación de personas especialistas para asesorar y también para colaborar en las pruebas correspondientes a los ejercicios que crea necesarios.


La Mesa del Congreso designará a los miembros suplentes de la Comisión de Selección, que sustituirán a los titulares en caso de renuncia justificada o de imposibilidad para el desempeño de la función.


La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, cuando menos, de tres de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
de quien ostente la Presidencia de la Comisión de Selección.


Corresponden a la Comisión de Selección las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.


La Comisión de Selección se regirá en sus actuaciones por los principios de publicidad, transparencia e imparcialidad, y de acuerdo con los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española, velará por el estricto cumplimiento de los
principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública, y en particular del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el I Plan de Igualdad de las Cortes Generales aprobado
por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión conjunta celebrada el 6 de marzo de 2020. Asimismo, adoptará las medidas oportunas que permitan a las personas con discapacidad, que así lo hubieran indicado en su solicitud,
participar en el proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de participantes.


La Comisión de Selección queda facultada para resolver todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases, así como para la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las mismas.


Quinta. Solicitudes y plazo de presentación.


Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 'Boletín Oficial del Estado'.


La solicitud deberá presentarse por vía electrónica, a través de la página web del Congreso de los Diputados (www.congreso.es). La presentación por esta vía permitirá cumplimentar en línea el modelo oficial de solicitud, anexar documentos y
realizar el registro electrónico de la solicitud. En caso de que se produzca alguna incidencia técnica en la presentación electrónica de la solicitud, se estará a lo que se establece en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



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En dicha solicitud se consignarán el nombre y dos apellidos, número de documento nacional de identidad, fecha de nacimiento, domicilio a efectos de notificaciones, teléfono, correo electrónico y título exigido en la presente convocatoria con
su denominación oficial completa y centro que lo expidió.


Asimismo, se hará declaración expresa de reunir todos y cada uno de los requisitos que se señalan en la base tercera de la convocatoria y que, en caso de resultar la persona seleccionada, presentará los documentos previstos en la base
undécima en el plazo establecido en la misma, asumiendo el compromiso de firmar el correspondiente contrato e incorporarse al servicio de la Secretaría General del Congreso de los Diputados dentro del plazo de un mes a contar desde la notificación
del acuerdo de la Mesa por el que se autoriza su contratación.


Sexta. Adaptación de tiempo o medios.


Quienes tengan reconocido legalmente un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento y, que como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán
solicitar las adaptaciones de tiempo y/o medios oportunos, debiendo reflejar la petición correspondiente en la solicitud de participación en la convocatoria. Con el fin de que la Comisión de Selección pueda resolver con objetividad la solicitud
planteada, la persona interesada deberá adjuntar, junto con la solicitud, dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de discapacidad. A tal efecto, la Comisión de Selección podrá requerir informe
y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos correspondientes y del Gabinete Médico de la Cámara.


Séptima. Admisión de aspirantes.


Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Selección dictará resolución declarando aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de las pruebas, con expresión de los
motivos de exclusión en cada caso, la cual se hará pública en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Congreso de los Diputados, y en la página web de la Cámara. A efectos de lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con esta publicación se considerará realizada la oportuna notificación a los interesados.


Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio, o a petición de la persona interesada.


Quienes hayan sido excluidos expresamente, así como quienes no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha
resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Finalizado dicho plazo, la Comisión de Selección hará pública, mediante el mismo procedimiento, la resolución declarando aprobada la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos y en la que se indicará el lugar, fecha y hora de realización de la primera prueba.


Las relaciones de aspirantes, tanto admitidos como excluidos, se ordenarán alfabéticamente atendiendo a las reglas ortográficas establecidas por la Real Academia Española y, en las publicaciones en las que deban reflejarse sus datos
personales, se identificarán mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.


Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos anuncios se harán públicos por la Comisión de Selección en la página Web de la Cámara, con veinticuatro horas al menos de antelación al comienzo de cada prueba.


Octava. Embarazo de riesgo o parto.


Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización de aquel y a la superación de las fases que hayan
quedado aplazadas, sin que estas puedan demorarse de manera que se menoscabe el derecho de los demás aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por la Comisión de Selección y, en todo caso, la
realización de aquellas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.



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Novena. Procedimiento de selección.


El proceso de selección se ajustará a las siguientes fases:


1. Los ejercicios no comenzarán antes del mes de mayo de 2021. El lugar, fecha y hora que se señalen para la realización del primer ejercicio se harán públicos, como se señala en la base séptima anterior, junto con la Resolución por la que
se aprueban las relaciones definitivas de admitidos y excluidos, en la página web de la Cámara, con 15 días hábiles de antelación.


2. El orden de actuación viene determinado por el resultado del sorteo público celebrado para determinar el orden de actuación de aspirantes en los procesos selectivos convocados o que se convoquen durante los años 2020 y 2021 en el ámbito
de las Cortes Generales, cuya resolución fue publicada en el 'Boletín Oficial del Estado' núm. 60, de 10 de marzo de 2020. Conforme al resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los aspirantes al presente proceso selectivo se iniciará por
quienes cuyo primer apellido comience por la letra 'Y'. En el caso de que no existiera ningún aspirante cuyo apellido comenzara por la letra 'Y', el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 'Z', y así
sucesivamente.


3. Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica, la Comisión de Selección publicará, con anterioridad a la realización de los ejercicios, las instrucciones que sea necesario conocer y,
en su caso, los criterios de corrección, valoración y superación de los mismos, que sea necesario aplicar y que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria.


4. La convocatoria para la celebración de los ejercicios se realizará en llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en la base octava.


5. El proceso selectivo constará de tres ejercicios obligatorios, que tendrán carácter eliminatorio, y que son los siguientes:


Primer ejercicio: Contestación por escrito a un cuestionario tipo test de 100 preguntas, sobre las materias del temario que figura como anexo a esta convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas la
correcta, durante un tiempo máximo de 90 minutos. Se asignará un punto por solución correcta y se penalizará con un tercio de punto cada respuesta errónea. No se valorarán las preguntas en blanco ni las nulas (con más de una respuesta marcada).
La prueba tendrá carácter eliminatorio, siendo necesario obtener un mínimo de 60 puntos para aprobarla, y no pudiendo superar este primer ejercicio más de 20 aspirantes, que serán quienes hayan obtenido las puntuaciones más altas. Si varios
aspirantes obtuviesen la puntuación mínima resultante de la aplicación de los mencionados criterios, se entenderá que todos ellos han superado la prueba.


Los aspirantes podrán llevarse copia de su ejercicio y al día siguiente de la celebración de la prueba se publicarán en la página web del Congreso de los Diputados las preguntas y las respuestas correctas y se abrirá un plazo de cinco días
hábiles para que puedan presentarse ante la Comisión de Selección reclamaciones o impugnaciones de las preguntas de la prueba. Si como consecuencia de las reclamaciones se anulasen preguntas se prorrateará la calificación de la prueba sobre la base
del número de preguntas que fueran válidas.


Contra las resoluciones de la Comisión de Selección relativas a la impugnación de preguntas no cabrá ulterior recurso.


Una vez finalizado el plazo de reclamación de las preguntas y resueltas por la Comisión de Selección las reclamaciones planteadas, se procederá a la corrección de la prueba, adoptando la Comisión de Selección todas las medidas necesarias
para garantizar su realización anónima, y solo posteriormente se publicará la relación de aspirantes que la hayan superado.


Segundo ejercicio: Contestación por escrito a diez preguntas cortas sobre el temario que figura como anexo de esta convocatoria, durante un periodo máximo de 60 minutos, sin que pueda disponerse de documentación de ningún tipo. Este
ejercicio será corregido de manera que se garantice el anonimato de los aspirantes y se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 7 puntos para superarlo. Para la corrección del mismo la Comisión de Selección tendrá en cuenta los
conocimientos sobre el temario anexo a esta convocatoria, el orden y claridad de ideas y la capacidad de expresión escrita.


Tercer ejercicio: Realización por escrito de un supuesto práctico durante un periodo máximo de una hora, sin que pueda disponerse de documentación de ningún tipo. De este supuesto práctico se dará lectura pública ante la Comisión de
Selección que podrá solicitar las aclaraciones que considere oportunas



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al aspirante en relación con su ejercicio. El supuesto práctico se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 7 puntos para superarlo. La Comisión de Selección valorará para su corrección la calidad técnica de la
solución propuesta, el enfoque, la claridad, la capacidad de análisis y la capacidad de expresión escrita y oral del aspirante.


6. La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en el primer ejercicio (25 %), segundo (30 %), tercero (45 %), tras su conversión a una escala homogénea de 0 a 10 puntos, que
será considerada la puntuación directa. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación del tercer ejercicio, y si esto no fuera suficiente, en el segundo y, primero, por este orden.


Resultará aprobado el aspirante que haya obtenido la puntuación directa más alta, y en caso de empate resultará aprobado el aspirante que hubiera obtenido la puntuación más alta en el tercer ejercicio, y si esto no fuera suficiente, en el
segundo y en el primero, por este orden.


Décima. Aspirante propuesto.


Finalizadas las pruebas selectivas, la Comisión de Selección hará pública en la página web de la Cámara el nombre del aspirante cuya contratación se proponga, elevando dicha propuesta a la Mesa del Congreso de los Diputados para su
aprobación.


Undécima. Presentación de documentos.


Con carácter previo a la formalización del contrato, y en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se haga público el nombre del aspirante propuesto para su contratación, este deberá presentar en la
Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados los siguientes documentos:


a) Documento nacional de identidad original y fotocopia para su compulsa.


b) Documento original del título por el que haya sido admitido a participar en las pruebas selectivas, con arreglo a lo dispuesto en la base tercera de la convocatoria y fotocopia del mismo para su compulsa.


Asimismo, deberá presentar justificación de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.


En el caso de que el aspirante propuesto, salvo caso de fuerza mayor, no presentase, dentro del plazo fijado, la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos en la base tercera, no podrá
ser contratado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.


Duodécima. Formalización contractual y periodo de prueba.


Una vez aprobada por la Mesa del Congreso de los Diputados la propuesta de la Comisión de Selección, el órgano competente procederá a la formalización del contrato.


Transcurrido el periodo de prueba de dos meses, y superado este satisfactoriamente, la persona contratada adquirirá la condición de personal laboral fijo.


Decimotercera. Recursos.


La presente convocatoria podrá ser recurrida ante la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


Asimismo, las resoluciones de la Comisión de Selección y los actos de trámite de la misma que determinen la imposibilidad de continuar el proceso selectivo o que produzcan indefensión podrán ser impugnados ante la Mesa del Congreso de los
Diputados, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación. La resolución adoptada por la Mesa de la Cámara pondrá fin a la vía administrativa.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2021.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña.



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ANEXO


1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios básicos. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas.


2. Las Cortes Generales: El Congreso de los Diputados y el Senado: sistema electoral y funciones de las Cámaras. La potestad legislativa. El control de la acción del Gobierno. La aprobación de los Presupuestos.


3. Los órganos de Gobierno en el Congreso de los Diputados: La Presidencia, la Mesa y la Junta de Portavoces. La Diputación Permanente.


4. Los órganos funcionales o de trabajo en el Congreso de los Diputados: Pleno, Comisiones, Subcomisiones y Ponencias.


5. Las sesiones y sus clases. El orden del día y las votaciones. La Diputación Permanente. Los Grupos Parlamentarios.


6. La Secretaría General del Congreso de los Diputados: Estructura y competencias de las distintas Direcciones. Plantilla orgánica, con especial referencia a la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior.


7. La protección de datos de carácter personal con especial referencia a su aplicación en la enfermería.


8. El derecho a la igualdad. La igualdad de género y la protección contra la violencia de género. Principio de compensación de desventajas y atención a la diversidad.


9. La vigilancia de la salud: Conceptos generales y Protocolos específicos. Salud laboral: Concepto. Riesgos laborales y factores psicosociales.


10. Metodología de enfermería: Valoración diagnóstica, plan de cuidados enfermeros y formulación de problemas.


11. Técnicas de enfermería, procedimientos, toma de tensión arterial, control de temperatura, venopunción, sondajes, y esterilización de materiales.


12. Conocimientos de Anatomía e Histología.


13. Valoración y cuidados de enfermería en las urgencias médicas, reanimación cardiopulmonar básica, anafilaxia, quemaduras y congelaciones.


14. Valoración y cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades infecciosas. Vacunación. Enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades del viajero internacional.


15. Valoración y cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades cardio-vasculares y vascular-periférico. Hipertensión arterial y sus complicaciones, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio. Factores de
riesgo cardiovascular y su control en la empresa. Reanimación cardiopulmonar básica.


16. Valoración y cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades endocrinológicas, enfermedades tiroideas, diabetes mellitus, enfermedades de las glándulas suprarrenales y paratiroideas.


17. Valoración y cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades digestivas y problemas gastrointestinales: abdomen agudo, úlcera gastroduodenal, otros problemas gastrointestinales.


18. Valoración y cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades hematológicas y anticoagulación. Componentes de la sangre: funciones y cifras de normalidad.


19. Valoración y cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades psiquiátricas y adicciones, tabaquismo, alcoholismo y drogas.


20. Valoración y cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades nefrológicas y urológicas.


21. Valoración y cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades neumológicas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Distres respiratorio del adulto. Pruebas funcionales respiratorias en atención primaria.


22. Valoración y cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades neurológicas. Accidente cerebrovascular, epilepsia, otros problemas del sistema nervioso.


23. Valoración y cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades reumatológicas y traumatológicas. Vendajes e inmovilizaciones.


24. Valoración y cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades ginecológicas. Cuidado y seguimiento del embarazo.


25. Educación sanitaria del paciente y prevención. Promoción de la salud en la empresa. Farmacovigilancia.



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OTROS TEXTOS


PREMIOS


292/000014


Advertido error en la composición del Jurado de la III Edición del Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario, publicado en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 215, de 5 de febrero de 2021, el Jurado queda
integrado por los siguientes miembros:


- Excma. Sra. D.ª Meritxell Batet Lamaña, Presidenta, que lo presidirá.


- Excmo. Sr. D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Vicepresidente Primero.


- Excma. Sra. D.ª Ana María Pastor Julián, Vicepresidenta Segunda.


- Excma. Sra. D.ª María Gloria Elizo Serrano, Vicepresidenta Tercera.


- Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Vicepresidente Cuarto.


- Sra. D.ª Anabel Díez, ganadora del Premio en su segunda edición.


- Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, o miembro de la Junta Directiva en quien delegue.


- Sra. D.ª Elisenda Guardino Cusó, Directora de Comunicación de la Presidencia del Congreso de los Diputados.


- Ilma. Sra. D.ª María Rosario Rodríguez García, Directora de Comunicación de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretaria del Jurado.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2021.