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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 245, de 24/03/2021
cve: BOCG-14-D-245
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de marzo de 2021
Núm. 245
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002238 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a condenar la falta de transparencia y rigor en la investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del origen y posterior propagación de
la pandemia del COVID-19 ... (Página8)
161/002258 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a ratificar el reconocimiento de la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en las elecciones de 2015 y la legitimidad del Presidente (e)
Juan Guaidó ... (Página11)
161/002259 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la supresión de barreras y mejora de la accesibilidad en las Embajadas y Consulados de España ... (Página13)
161/002260 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar el próximo 21 de abril de 2021 en Andorra ...
161/002261 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo y reconocimiento a la solidaridad de las instituciones y el pueblo de Colombia con los exiliados venezolanos ...
161/002262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración urgente de una Estrategia Global para el fortalecimiento de la relación bilateral entre España y los Estados Unidos ...
(Página17)
161/002263 Proposición no de Ley presentada por el Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Plural, Republicano, Vasco (EAJ-PNV), Euskal Herria Bildu, relativa a impulsar la celebración
de una nueva Conferencia de Paz entre Israel y Palestina ... (Página19)
Comisión de Justicia
161/002234 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la resolución de la solicitudes de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, reconocida en la Ley 12/2015, de 24 de
junio ... (Página20)
Comisión de Hacienda
161/002244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a crear un epígrafe específico de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) para el sector relacionado con la
organización de eventos y bodas ... (Página24)
161/002249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la tributación de las personas con dos o más pagadores en el IRPF ... (Página25)
Comisión de Interior
161/002232 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la dotación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios suficientes y necesarios para preservar la seguridad ciudadana y el orden
público ante los disturbios provocados por las protestas callejeras ... (Página27)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002230 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la construcción y puesta en marcha de los intercambiadores de la línea R8 de Rodalies de Cataluña en
Hospital General y en Volpelleres, así como un intercambiador entre las líneas R8 y R4 en Barberà del Vallès ... (Página31)
161/002255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al impulso de la operatividad del aeropuerto de Donostia-San Sebastián en Hondarribia ... (Página33)
161/002271 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de adaptar el régimen jurídico de los centros portuarios de empleo establecidos en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las
empresas de trabajo temporal, para la mejora de la seguridad jurídica de la actividad de manipulación de mercancías en el ámbito portuario ... (Página34)
161/002272 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar el transporte ferroviario de proximidad en la Comunidad de Madrid ... (Página35)
161/002277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la urgente modificación del Convenio de colaboración para el estudio y desarrollo de los trabajos para la integración del ferrocarril
en la ciudad de Logroño a través de la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002, S.A. (LIF 2002) ... (Página37)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002248 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la diversificación de actividades en los astilleros de Navantia Ría de Ferrol ... (Página38)
161/002254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación urgente de un Plan de apoyo a la industria nacional para la creación de una reserva estratégica real de equipos y
material sanitario frente a pandemias y crisis de salud pública ... (Página40)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002231 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la mejora del Sistema de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia ... (Página41)
161/002237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la eliminación de la discapacidad como causa legal de interrupción voluntaria del embarazo y a la creación de un protocolo sistemático de atención a las
familias que van a tener un hijo con discapacidad ... (Página47)
161/002240 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al reforzamiento de la figura del asistente personal ... (Página51)
161/002241 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la soledad no deseada ... (Página52)
161/002250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre desarrollo de Planes de apoyo a la accesibilidad en edificios particulares en los que habiten personas con discapacidad ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002233 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a detener la implantación en España del sistema de etiquetado nutricional frontal Nutri-Score y defender al sector agroalimentario español ...
161/002245 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas para mejorar las posibilidades de pesca de la flota de arrastre en el Mediterráneo ...
161/002246 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la adecuación de los servicios de aduanas a la nueva relación comercial de productos agroalimentarios con el Reino Unido ...
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de una actuación coordinada a fin de que las Comunidades Autónomas,
en el ámbito de sus competencias, requieran a todos los sanitarios del sistema público de salud que estén dispensados de prestar servicio total o parcialmente por realizar labores sindicales a incorporarse de forma inmediata a prestar pleno servicio
mientras dure la lucha contra la epidemia por COVID-19 ... (Página62)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002235 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la mejora del marco impositivo de la energía nuclear ... (Página66)
161/002264 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la declaración de la tórtola europea como especie vulnerable para garantizar su protección ...
Comisión de Cultura y Deporte
161/002242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a preservar y proteger las técnicas artesanales tradicionales de los industriales sederos, indumentarias y orfebres, vinculados al
espacio cultural de las fallas ... (Página71)
161/002251 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas fiscales para el impulso del sector cultural y las industrias culturales ... (Página72)
161/002257 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a impulsar una mesa de trabajo para la creación de una plataforma pública digital ...
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/002268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un Programa Nacional de Algoritmos Verde ... (Página76)
161/002269 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a establecer un marco normativo adaptado a las singularidades de las startups para el fomento del emprendimiento innovador en nuestro país ...
161/002276 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso a la financiación de las empresas en activos intangibles ... (Página78)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002253 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación urgente de un Plan de apoyo a la industria nacional para la creación de una reserva estratégica real de equipos y
material sanitario frente a pandemias y crisis de salud pública ... (Página80)
161/002266 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a acelerar la vacunación de la población de riesgo y del personal esencial ... (Página81)
161/002267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recomendación de la vacunación de los niños y adolescentes varones del Virus del Papiloma Humano ... (Página82)
161/002274 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias ... (Página84)
161/002275 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre acción divulgativa sobre consumo responsable de alimentos en el hogar ... (Página85)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002243 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la formación de expertos que cubran la demanda de empleos presentes y futuros ... (Página86)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002273 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al correcto uso del Manual de Identidad Corporativa y la Bandera Nacional en la Cooperación Internacional al Desarrollo española ...
Comisión de Igualdad
161/002236 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la ideología de género ... (Página92)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/002256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a desarrollar campañas de concienciación y sensibilización en diferentes medios de comunicación y redes sociales con el
objetivo de dar cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género ... (Página97)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la transversalidad del enfoque de Derechos de la Infancia en las políticas públicas ... (Página98)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/000842 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre gestión para contener y reprimir los disturbios y desórdenes públicos que se están viviendo en diversas ciudades españolas, especialmente graves en
Madrid y Barcelona que han provocado una crisis de inseguridad ciudadana ... (Página100)
181/000860 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre situación laboral en la que van a quedar los cerca de 600 funcionarios de prisiones que trabajan en las cárceles ubicadas en el País Vasco ...
181/000861 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre contenido y alcance de la transferencia de competencias en materia penitenciaria que el Estado va a hacer a la Comunidad Autónoma del País Vasco a partir
del próximo mes de abril ... (Página101)
181/000885 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre motivo por el que se han obviado las calificaciones de la evaluación previa elaborada por el Consejo Superior de la Guardia Civil para seleccionar a los
candidatos de ascenso a general en la promoción de 2021 ... (Página101)
181/000886 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre criterios que se han tenido en cuenta desde la Dirección General de la Guardia Civil para seleccionar a los candidatos de ascenso a general en la Guardia
Civil en la última promoción ... (Página101)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000840 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre certeza de las informaciones que afirman que uno de los asesores del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, realizó pagos
irregulares y en metálico durante su viaje a Canarias el fin de semana del 20 al 22 de noviembre de 2020 ... (Página102)
181/000870 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), sobre previsiones acerca de impulsar los trámites oportunos para que se lleve a cabo la redacción del proyecto destinado a mejorar la seguridad vial en
la N-120, a la altura del municipio de Puenteareas (Pontevedra) ... (Página102)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000857 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), sobre medidas adoptadas para compensar a los comerciantes y hosteleros que han sufrido la violencia, daños y saqueos en sus negocios con ocasión de los
disturbios causados con motivo de la detención del rapero conocido como 'Hásel' ... (Página102)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000887 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), sobre consideraciones del Gobierno acerca de si la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) -Tratado de Libre Comercio (TLC)-, firmado por quince países de
la región Asia-Pacífico, va a perjudicar al sector primario español ... (Página103)
Comisión de Sanidad y Consumo
181/000859 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Callejas Cano (GP), sobre grupo de vacunación COVID-19 en el que está previsto incluir a los sacerdotes, religiosas y religiosos cristianos católicos, así como al resto de
representantes equiparables de otras confesiones religiosas ... (Página103)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
181/000856 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre previsiones acerca de si el Ministerio de Igualdad va a modificar el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual en consonancia con la
conclusiones formuladas en el Informe aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, especialmente en lo relativo a la definición del consentimiento y la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual ...
181/000858 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre fecha prevista para publicar la nueva Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas 2021-2025 y como se va a coordinar con el cumplimiento del Pacto
de Estado contra la Violencia de Género ... (Página104)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página104)
184/036757 Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio
Modificación puntual número Uno del Plan General de Ordenación Municipal de Mos (Pontevedra) ... (Página113)
184/039159 Autor: López Álvarez, María Teresa Calvo Liste, Pablo Juan De Meer Méndez, Rocío Ruiz Solás, María de la Cabeza Trías Gil, Georgina
Tiempo medio de resolución de las solicitudes de los trabajadores de reducción de la jornada o excedencia para el cuidado de hijos menores por parte del INGESA. Retirada ... (Página115)
184/039467 Autor: De Meer Méndez, Rocío Romero Vilches, María de los Reyes Esteban Calonje, Cristina Alicia Méndez Monasterio, Lourdes Trías Gil, Georgina
Medidas adoptadas para facilitar la celebración de los matrimonios que no han podido tener lugar por causa de la pandemia en España. Retirada ... (Página115)
184/040261 Autor: Marra Domínguez, María Ángeles Casares Hontañón, Pedro Alfonso Cendón, Javier Blanquer Alcaraz, Patricia García Gómez, Valentín Hurtado Zurera, Antonio Ramos Rodríguez, José Luis Raya Rodríguez, María Tamara Renau
Martínez, Germán Rodríguez Salas, José Antonio Taibo Monelos, Diego
Zaragoza Alonso, José González Ramos, Manuel Gabriel
Papel que tendrá en el Programa Digital Toolkit la red oficinas Acelera PYME, así como valoración de colaboración pública-privada para acelerar la digitalización de pymes, en especial micropymes y autónomos ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán y D. Alberto Asarta Cuevas, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en
el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a condenar la falta de transparencia y rigor en la investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
acerca del origen y posterior propagación de la pandemia del COVID-19, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. Según informaciones publicadas en prensa 1, Jaime Metzl, asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 'ha revelado la realidad no contada del viaje a Wuhan que han realizado recientemente un grupo de científicos e
investigadores de la OMS'. Así, casi un año después de haber sido anunciada la pandemia mundial por el director de dicha organización, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'las autoridades chinas han permitido que varios expertos entren al país
para averiguar el origen del brote del coronavirus. Sin embargo, esto no ha sido posible, tal y como ha narrado Metzl y otros científicos de la organización'.
En concreto, el asesor estadounidense ha criticado duramente la ' falta de transparencia de la OMS y no está de acuerdo con el informe elaborado por sus colegas, después de la visita a Wuhan'. Del mismo modo, Metzl ha afirmado que la visita
realizada por los investigadores de la OMS ha sido prácticamente 'una visita guiada por los funcionarios chinos. La escena de los hechos ya estaba montada como un teatro'. De hecho, según refiere el experto americano, 'primero fueron dos semanas
en cuarentena. Después otras dos semanas en Wuhan. El equipo recibió solo instrucciones de los representantes chinos. Fue una investigación muy corta. Todos los informes y datos los proporcionaban ellos' 2.
En adición, Metzl, al ser preguntado sobre el asunto en la cadena Fox News, contestó que la OMS 'es una organización estructuralmente inadecuada para una investigación profunda y agresiva sobre la Covid-19'. Asimismo, 'no concibe que sus
compañeros hayan descartado otras teorías sobre el origen del coronavirus y se hayan conformado con la información elaborada por el régimen comunista chino. El analista tampoco comprende que la OMS haya eliminado de la ecuación la posibilidad de la
fuga accidental del laboratorio de Wuhan (CDC) o del Instituto de Virología de Wuhan (WIV)' 3.
1 Disponible en: https://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/ciencia/2021-02-17/asesor-oms-desvela-verdad-sobre-wuhan-fue-engano-lo-han-ocultado-todo-6710676/. Última consulta realizada el 23 de febrero de 2021 a las 19.00 horas.
2 Ibídem.
3 Ibídem.
Además, el asesor de la OMS ha lamentado en esta misma cadena que 'la conclusión publicada por la OMS es idéntica a la versión que le han ofrecido las autoridades en China. El resultado de la OMS sobre el origen del virus se ciñe solo a
tres teorías. Una de ellas es que pudo haber un contagio directo entre el murciélago y el ser humano. La segunda explica que el contagio pudo producirse entre el murciélago y un huésped animal intermedio. Y la tercera es que la infección pudo
venir a través del envío de comida congelada desde otro país. No se baraja en ningún momento la posibilidad de que saliera del laboratorio. Los investigadores de la OMS se negaron a investigar sobre esta hipótesis. Me molesta que esto haya
pasado. Creo que es realmente terrible' 4.
Segundo. Una de las principales razones del fracaso de la OMS en la pronta respuesta y posterior investigación de la pandemia del COVID-19, tiene su origen en el director general de la organización, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Como en cualquier organización intergubernamental, la posición de director general -u otras comparables- tiende a ser ocupada por personas con un alto componente tecnocrático (habitualmente relacionado con la organización) y que no posean
unas posiciones políticas muy marcadas. Con estas características, se consigue que la organización tenga un mayor grado de aceptación y prestigio. Buen ejemplo de ello es el de Mauro Ferrari, nombrado como jefe del Consejo Europeo de Investigación
y que, lamentablemente, ha renunciado a su cargo recientemente.
No obstante lo anterior, ese perfil de director general tecnócrata y de aparente imparcialidad política no es el caso del señor Adhanom Ghebreyesus. Así, justo antes de ser nombrado como director general de la OMS, Adhanom Ghebreyesus fue
ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía desde 2012 a 2016. Por si esto no fuera suficiente, cabe resaltar que durante su mandato, Tedros Adhanom Ghebreyesus llevó a cabo una política de estrecho acercamiento con China.
Asimismo, en 2012, el señor Adhanom Ghebreyesus fue miembro del Gabinete Nacional en la apertura de la nueva sede de la Unión Africana en Addis Abeba, capital de Etiopía. Sin embargo, resulta importante señalar que este proyecto fue
financiado al completo -unos 200 millones de dólares- por China, y que fue entregado a las autoridades africanas sin coste alguno (aunque en 2017 se descubrió que el edificio entero estaba siendo objeto de ciberespionaje por parte de las autoridades
chinas). De hecho, todos los servidores informáticos del complejo se saturaban entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada, y toda la información de ese día se trasladaba a servidores chinos en Shanghái.
Sin perjuicio de lo anterior, esta no ha sido la única actuación que China ha realizado en Etiopía durante el mandato de Adhanom Ghebreyesus. Así, durante sus años como ministro de Asuntos Exteriores, el país africano se convirtió en el
principal hub logístico de China en África. De hecho, aunque en el año 2010 no existía ningún vuelo directo entre ambos países, en 2019 las aerolíneas etíopes han llegado a operar casi la mitad de los 2.616 vuelos anuales. Este exponencial
crecimiento ha supuesto que se haya doblado el tamaño de la flota comercial etíope en la última década, convirtiéndose en la mayor operadora aérea en África. A continuación se inserta un gráfico que detalla ese crecimiento exponencial de la
actividad de las aerolíneas etíopes con China, comparado con otros países de la región:
4 Ibídem.
Ethiopian Airlines dominates direct flights between China and Africa
Fuente: Official Aviation Cuide (OAG), en QUARTZ Africa
Asimismo, en el Aeropuerto Internacional Bole, en Addis Abeba, donde se concentra casi la totalidad del tráfico aéreo del país con China, esta última ha financiado y construido -mediante la China Communications Construction Company (CCCC) de
titularidad estatal- una nueva terminal que ha triplicado su capacidad. El monto total de la operación se ha cifrado en 363 millones de dólares.
Pero no finalizan aquí las dádivas con las que el régimen chino ha obsequiado a Etiopía durante el mandato de Adhanom Ghebreyesus. Carreteras que conectan Etiopía con los puertos en Yibuti -financiadas el 85 % por el Export-Import Bank of
China-, centrales hidroeléctricas -por valor de 450 millones de dólares-, líneas de ferrocarriles, etc.
Por todo ello, no es de extrañar que Tedros Adhanom Ghebreyesus tenga una postura tan favorable a China en relación con su actuación en la crisis desatada por la pandemia del COVID-19.
Cabe resaltar que las autoridades taiwanesas, a través de su presidente, Tsai Ing-wen, informaron que su país ya había alertado en diciembre de 2019 sobre al menos siete casos de neumonía atípica en Wuhan. No obstante, según Taiwán, esta
información fue desestimada por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el propio Tedros Adhanom Ghebreyesus acusó a Taipei de estar 'orquestando una campaña de difamación en su contra a la que calificó como racista'. Este enfoque por parte
del ex ministro de Asuntos Exteriores etíope es una clara muestra de su tendencia favorable a China, quien además no reconoce la independencia de Taiwán.
Tercero. Por su parte, según informaciones publicadas 5, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, criticó el pasado lunes 20 de febrero de 2021 a China y a la Organización Mundial de la Salud por la investigación
sobre el COVID-19 en Wuhan tras conocer los resultados de esta.
En concreto, Sullivan acusó al régimen comunista chino de no haber aportado 'suficientes datos clave' sobre el origen y propagación del COVID-19. En palabras del asesor de Seguridad Nacional de EE. UU.: 'No creemos que hayan puesto a
disposición suficientes datos de los orígenes, de cómo comenzó a propagarse esta pandemia, tanto en China y luego en todo el mundo [...]. No estoy en condiciones de decir cómo llegó la COVID-19 a este mundo. Sólo estoy en condiciones de pedir a la
OMS que haga su trabajo lo mejor posible sin ninguna interferencia por parte de ningún Gobierno' 6.
Del mismo modo, existe un malestar generalizado entre los propios estadounidenses, que se vio incrementado cuando se conoció que no sólo los delegados de la OMS en Wuhan se dejaron 'manipular' en la elaboración de sus informes, 'si no que el
'paciente cero' pudo no haber estado siquiera en el
5 Disponible en: https://www.larazon.es/sociedad/20210222/juduqk2uqbf33bpuyjmsqtnq5e.html Última consulta realizada el 23 de febrero de 2021 a las 19.00 horas.
6 Ibídem.
mercado de Huanan donde desde hace más de un año se mantiene que fue el inicio de la propagación del SARS' 7.
Cuarto. Por último, cabe recordar que desde el año 1951, España es Estado miembro de la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, la Constitución de la OMS, en vigor desde el 7 de abril 1948, señala expresamente en su artículo 1 que
'la finalidad de la Organización Mundial de la Salud será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud'.
Así, entre las funciones reconocidas a la OMS con el objeto de alcanzar esta finalidad y reguladas en el artículo 2 de la mencionada constitución, cabe destacar las siguientes:
- Ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad;
- Proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten, o acepten;
- Suministrar información, consejo y ayuda en el campo de la salud; y
- Tomar todas las medidas necesarias para alcanzar la finalidad que persigue la Organización.
Asimismo, es necesario resaltar el artículo 8 de la citada Constitución, el cual señala que 'la naturaleza y el alcance de los derechos y obligaciones de los miembros asociados serán determinados por la Asamblea de la Salud'. En este
sentido, la Primera Asamblea Mundial de la Salud, celebrada el 21 de julio de 1948, aprobó entre otros documentos los 'Derechos y obligaciones de los miembros asociados y otros territorios'. En dicho documento, se señala expresamente 'que los
miembros asociados tendrán derecho a recibir, en igual forma que los Estados miembros, todos los documentos, notificaciones, informes y actas'.
Con base en todo lo anterior, resulta absolutamente perentorio esclarecer lo ocurrido en China en relación con la pandemia del COVID-19, así como la investigación llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud, de tal manera que el
resto del mundo conozca con claridad y transparencia todo lo relacionado con este suceso a los efectos de que (i) se depuren las responsabilidades pertinentes; y (ii) no vuelvan a cometerse errores en el futuro en la prevención y pronta respuesta a
posibles pandemias.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados declara:
El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español, expresa su condena a la actuación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la falta de transparencia, objetividad e independencia en la investigación del origen y
posterior propagación de la pandemia del COVID-19.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cesar en el pago de las contribuciones de España destinadas al mantenimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en tanto no se elabore un informe exhaustivo, riguroso, transparente e
independiente acerca del origen y posterior propagación de la pandemia del COVID-19, alejado de cualquier interferencia por parte de la República Popular de China.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX
161/002258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ratificar el reconocimiento de la
Asamblea Nacional de Venezuela elegida en las
7 Ibídem.
elecciones de 2015 y la legitimidad del Presidente (e) Juan Guaidó, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado mes de julio el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, designado de forma ilegal por la dictadura de Nicolás Maduro, decidió convocar elecciones legislativas para el 6 de diciembre de este mismo año, día en el que se produjo en
el país un proceso electoral sin las garantías mínimas requeridas en cualquier convocatoria democrática, con unos partidos políticos secuestrados por las instituciones del régimen y, por tanto, con la imposibilidad de calificarse como elecciones
libres y verificables, tal y como han ratificado numerosos países, Instituciones y comunidades políticas internacionales, como la Unión Europea.
La dictadura de Nicolás Maduro hizo un llamamiento a las urnas en un contexto en el que se produce de forma sistemática una vulneración flagrante y reiterada de los derechos civiles, democráticos y políticos establecidos en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los Derechos Humanos, una cuestión que ha sido motivo de análisis por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU y que ha llevado a la Corte Penal Internacional a abrir una investigación por
los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades de la dictadura.
Esta convocatoria de elecciones del 6 de diciembre fue fraudulenta, teniendo en cuenta cuestiones como las irregularidades en la designación de los funcionarios responsables del proceso electoral o la modificación de las normas del
procedimiento cinco meses antes de la elección llevada a cabo por el CNE, lo cual va en contra de la propia Constitución venezolana.
Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela tuvieron una aceptación mínima y un respaldo minoritario por parte de la población venezolana. Con una participación del 31 %, más de 40 puntos porcentuales por debajo de las
parlamentarias de 2015 ganadas por la oposición, la coalición oficialista logró 3,5 millones de los 5,2 millones de votos totales (un total de 67,6 % de los apoyos), según los datos ofrecidos del Consejo Nacional Electoral del país.
En este contexto, el régimen totalitario de Nicolás Maduro busca recuperar el control parlamentario con el objetivo de seguir ganando tiempo en el poder y así burlar las múltiples acusaciones y órdenes de detención internacionales que pesan
sobre él y su círculo más cercano de colaboradores, por narcotráfico y violación de derechos humanos, algo que ha ratificado la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda al anunciar que, tras haber llevado a cabo un examen preliminar
sobre la situación en Venezuela, ha encontrado fundamentos razonables para creer que 'al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad de
encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos'.
Según ha hecho público la Asamblea Nacional, durante el 6 de diciembre se produjeron intimidaciones y amenazas para obligar a la ciudadanía a participar. En total, casi 600 denuncias relativas a intimidaciones, irregularidades del
reglamento de campaña o ausencia de miembros de mesas electorales, entre otras innumerables deficiencias formales.
Por otra parte, el Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, convocó para el pasado 12 de diciembre una consulta popular para exigir el rechazo al fraude, la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y la solicitud de
ayuda internacional para el rescate de la democracia, la atención a la crisis humanitaria y detener los crímenes de lesa humanidad. Todo ello, siguiendo los artículos 5, 62, 70 y 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con
las máximas garantías y tras el acuerdo aprobado por la propia Asamblea Nacional el 1 de octubre.
En esta consulta votaron un total de 6.4 millones de personas, de las cuales 3.2 millones participaron en Venezuela y 845.000 en el exterior; además, 2.4 millones depositaron votos virtuales. La cifra equivale al 31,22 % del padrón
electoral.
Venezuela se encuentra, por tanto, en un momento crucial. El pasado proceso electoral para elegir la nueva Asamblea Nacional no cumple con los requisitos mínimos de participación, observación internacional y transparencia, y
consecuentemente se trata de un proceso electoral fraudulento que no puede ser reconocido por la comunidad internacional. Además, el procedimiento seguido no cumple con las garantías observadas en la Constitución venezolana, por lo que la actual
Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó y elegida en las elecciones parlamentarias de 2015, tiene la obligación de continuar con su funcionamiento hasta que se lleve a cabo un proceso electoral libre.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reiterar oficialmente que los comicios para renovar la Asamblea Nacional de Venezuela del 6 de diciembre, organizados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, carecen de legalidad y legitimidad, dado que fueron llevados a cabo sin las
mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, de integridad de los votos, de la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional.
2. Ratificar el reconocimiento como legítima a la Asamblea Nacional electa en 2015 y su mandato constitucional para representar la soberanía del pueblo venezolano y a Juan Guaidó como presidente encargado del Gobierno interino de Venezuela.
3. Liderar en la Unión Europea una estrategia a nivel internacional para seguir reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado del Gobierno interino para celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en
Venezuela.
4. Hacer una llamada a la comunidad internacional para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoyar los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en
Venezuela.
5. Liderar en las instituciones de la Unión Europea la exigencia de seguir imponiendo sanciones individuales contra los responsables de la represión, sus testaferros y colaboradores necesarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la supresión de barreras y
mejora de la accesibilidad en las Embajadas y Consulados de España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Las Embajadas y Consulados de España suponen la primera toma de contacto de con nuestro país de miles de personas de todo el mundo. Aunque son, junto a nuestro personal en el exterior, la imagen de nuestro país en muchos casos, la
experiencia de ese primer contacto no es grata por problemas de accesibilidad física a los edificios, un trato poco personalizado o por la ralentización de los trámites solicitados.
La digitalización anunciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con cargo, en buena medida, a los fondos del Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia de la UE, servirán esencialmente para agilizar los
trámites burocráticos, lo que a su vez puede ayudar a aligerar la presión que en muchas ocasiones nuestro personal en el exterior siente en sus quehaceres diarios.
Es importante que este proceso de actualización de nuestra presencia en el exterior no deje atrás e! tercer pilar, el de las sedes diplomáticas.
Nuestras Embajadas y Consulados se sitúan en muchos casos en palacetes o construcciones de carácter histórico situadas bajo normas de protección del patrimonio cultural, lo que impide su actualización y adaptación. En otras ocasiones son,
simplemente, problemas de seguridad, de falta de mantenimiento o de proyectos arquitectónicos obsoletos los causantes de la existencia de barreras arquitectónicas que dificultan la accesibilidad de personas a nuestros edificios.
En algunos países el acceso de personas en silla de ruedas, con movilidad reducida o portando sillas con bebés es sencillamente imposible, incluso para realizar trámites poco complicados. Ello genera un perjuicio adicional a las personas
con movilidad reducida ya que, al no poder realizar los trámites de forma presencial, dependen de terceras personas para su realización, con el consiguiente coste extra.
Para solventar estas incidencias es necesario realizar un plan integral de mejora de la accesibilidad y para la eliminación de barreras arquitectónicas como los que se vienen ejecutando en muchos de los edificios públicos y privados de
nuestro país sujetos a las correspondientes normativas de las diferentes administraciones. Esto es especialmente importante si consideramos que una de las tareas irrenunciables de cualquier gobierno debe ser facilitar las relaciones de los
ciudadanos con la Administración tanto de manera presencial como por medios telemáticos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en paralelo al anunciado Plan de Digitalización de los Consulados, un plan de supresión de barreras y mejora de la accesibilidad en las sedes consulares y embajadas españolas, priorizando la ejecución de las obras de adaptación
al número de usuarios en los últimos cinco años y las previsiones en el medio y largo plazo.
2. Elaborar un protocolo de buenas prácticas para el personal de atención al público que contribuya a optimizar las relaciones entre los ciudadanos que acuden a las Embajadas y Consulados de España y el funcionariado y personal que los
atienden.
3. Elaborar un catálogo público oficial de las sedes diplomáticas de España, que recoja en especial el enorme valor arquitectónico y artístico que atesoran nuestras oficinas en el exterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la XXVII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar el próximo 21 de abril de 2021 en Andorra, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El próximo 21 de abril de 2021 se celebrará en Andorra la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno bajo el lema 'Innovación para el desarrollo sostenible - Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus'.
Durante sus 30 años de existencia, las Cumbres Iberoamericanas se han convertido en un foro privilegiado de concertación y diálogo político. Este foro constituye una de las dimensiones vertebradoras de la política exterior española. Las
Cumbres han permitido la creación progresiva de un escenario Iberoamericano de políticas comunes en distintos ámbitos y la adopción de posiciones compartidas en la agenda internacional, cuestión esta que favorece la integración y facilita el
entendimiento entre las naciones iberoamericanas en un mundo interdependiente que reclama soluciones coordinadas a problemas globales.
Desde las Cumbres fundacionales de Guadalajara y Madrid se han producido en Iberoamérica profundas transformaciones que han conllevado, en la mayoría de naciones, una consolidación de los regímenes democráticos y avances positivos en la
senda del crecimiento económico y del desarrollo social. Sin embargo, no se pueden obviar casos como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua, países en los que las instituciones democráticas han quedado relegadas por estructuras políticas autoritarias y
donde diferentes instituciones y organismos internacionales han denunciado vulneraciones sistemáticas de derechos humanos. Pese a la situación concreta de estos países, las naciones iberoamericanas son actores indiscutibles en la escena política
internacional del siglo XXI y economías con gran peso específico y potencial de crecimiento.
Las Cumbres Iberoamericanas han sido y son el marco propicio para que España mantenga una relación privilegiada con países de un área con la que compartimos lengua, cultura, historia, acerbo
jurídico, valores, relaciones comerciales, sociales e incluso familiares y que, además, por su dinamismo, puede estar llamada a ganar protagonismo en la esfera internacional, sobre todo de cara a la consecución de los objetivos de la Agenda
2030.
España mantiene estrechas relaciones empresariales y comerciales con los países iberoamericanos, unas relaciones que se han visto afectadas negativamente en el último año y que requieren de mayores esfuerzos para reimpulsar los lazos
comerciales y de inversión con Iberoamérica. Muestra de ello es que, de forma previa a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, se celebra el XIII Encuentro empresarial iberoamericano, el acto no político de mayor calado y al que acuden los
presidentes de las organizaciones patronales y empresariales más importantes de los países que conforman la Comunidad Iberoamericana, cuyos ejes de debate principales estarán estrechamente relacionados con los de la Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno: el desarrollo sostenible, la innovación y la recuperación post-COVID-19.
El actual contexto de pandemia provocada por la COVID-19 ha conllevado, por tanto, un cambio sustancial de los temas centrales de la Cumbre. No solo la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible será una cuestión destacada, sino
que los desafíos económicos, sociales y políticos derivados de la pandemia formarán el eje central de dialogo entre los Jefes de Estado y de gobierno presentes en la Cumbre de Andorra. De hecho, la pandemia ha provocado un necesario
replanteamiento, tanto en la forma como en el contenido de la Cumbre.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar ante la XXVII Cumbre Iberoamericana un Plan estratégico de lucha contra la COVID-19 en Iberoamérica, orientado a mejorar la cooperación en los ámbitos sanitario y de la consecución los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
2. Impulsar ante la XXVII Cumbre Iberoamericana una propuesta de reforma de la forma de trabajo de las Cumbres, orientada a promover una mayor y mejor cooperación entre la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la Unión Europea.
3. Promover, en el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, una Declaración conjunta a favor de la democracia, el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la libertad en todos sus ámbitos y, de
forma muy especial en países iberoamericanos sometidos a dictaduras como las de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
4. Impulsar la cooperación económica y comercial con los países de Iberoamérica para promover reformas estructurales, atraer inversiones, crear empleo estable, fomentar el emprendimiento y garantizar la seguridad jurídica, mediante reglas
de juego claras y predecibles, transparencia y marcos regulatorios estables.
5. Reconocer y respaldar el papel esencial de Su Majestad el Rey Felipe VI en la relación bilateral con los Estados de América y durante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, garantizando una cobertura adecuada en todos
los medios de comunicación de titularidad pública y en los canales institucionales a través de los que el Gobierno decida promover su participación en el encuentro.
6. Presentar ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, previamente a la celebración de la Cumbre, sus objetivos estratégicos para la XXVII Cumbre Iberoamericana, en consonancia con la Estrategia de Acción Exterior hacia
Iberoamérica. Dicha estrategia deberá reflejar los objetivos a corto, medio y largo plazo y los métodos, mecanismos e indicadores mediante los que se implementarán y se medirá su impacto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley, en apoyo y reconocimiento a la solidaridad de las instituciones y el pueblo de Colombia con los exiliados venezolanos, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 8 de febrero de 2021 el Presidente de la República de Colombia, Iván Duque, anunció la creación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes venezolanos. La medida, sancionada con la firma presidencial el 1 de marzo, permitirá
tener regularizada su situación en agosto de 2022 a cerca de un millón ochocientos mil venezolanos.
Desde que el régimen comunista de Venezuela comenzó a desmantelar las instituciones democráticas, cerca de seis millones de venezolanos se han visto condenados al exilio al tener que huir del colapso económico, la hambruna, el caos sanitario
y la represión política en lo que ya se ha convertido en el mayor éxodo humanitario del siglo XXI. De ellos, más de un millón ochocientos mil han buscado refugio en la vecina Colombia, un país que ha actuado, desde el punto de vista institucional,
político y social, de una forma encomiable.
Este procedimiento extraordinario es solo el último paso del generoso esfuerzo de solidaridad emprendido por el conjunto de la sociedad y las instituciones de Colombia hacia Venezuela. Excluyendo los 770.000 venezolanos que están ya en
situación regular, casi un millón de personas se podrán beneficiar de esta medida, principalmente en las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Barranquea, Medellín y Cali.
El Estatuto proporcionará a los migrantes irregulares una 'hoja de ruta' para la regularización de su situación, a la vez que se pone orden en el necesario proceso de registro y se evitan trámites burocráticos innecesarios.
Una vez identificados de forma fehaciente, los refugiados tendrán derecho a un reconocimiento de su estatus de protección temporal y dispondrán de un plazo de diez años para adquirir un visado de residentes. De esta forma se podrán
beneficiar, tanto los venezolanos con permiso de ingreso y permanencia, solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC-2 que estén tramitando un visado, como los migrantes en condición irregular que demuestren que estaban en Colombia
antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto. Al terminar la vigencia del estatuto será necesario solicitar un visado para vivir en Colombia de forma regular.
La Organización para las Naciones Unidas fue la primera en agradecer al Gobierno de Colombia, en palabras del Secretario General, Antonio Guterres y del Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, su 'importante acto de
solidaridad'. A ellos se han sumado numerosos mandatarios internacionales y organismos multilaterales. Creemos que esta valentía merece el elogio y el respaldo del Congreso de los Diputados de España, en representación de la sociedad española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Reconoce, apoya y agradece, en nombre del pueblo español, el ejemplo de solidaridad brindado por las instituciones democráticas y la sociedad de Colombia hacia las víctimas del exilio provocado por la dictadura venezolana.
2. Insta al Gobierno de España a seguir el ejemplo de Colombia, mediante un plan integral de apoyo al exilio venezolano, que permita, por una parte, expresar de forma fehaciente la solidaridad de la sociedad española hacia las víctimas de
esta tragedia humanitaria, agilizando los procedimientos pendientes de regularización.
3. Reclama al Gobierno de España que denuncie, condene y persiga, en cuantos foros internacionales participe, las violaciones de derechos humanos y los actos de represión provocados por el régimen dictatorial venezolano encabezado por
Nicolás Maduro Moros contra los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela en general y contra los disidentes políticos en particular.'
Palacio del Congreso Diputados, 11 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de! Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración urgente de
una Estrategia Global para el fortalecimiento de la relación bilateral entre España y los Estados Unidos, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Estados Unidos es un país amigo y aliado con el que nos unen poderosos vínculos históricos, culturales, económicos, comerciales, estratégicos, educativos y tecnológicos. Además, y sobre todo, ambas sociedades reconocen el valor de la
democracia, el Estado de derecho, las libertades individuales, los derechos humanos y la economía abierta como elementos vertebradores.
En definitiva, Estados Unidos es y debe seguir siendo un socio y aliado clave para España. Aunque la relación bilateral es multifacética y por tanto una responsabilidad compartida por diversos actores, es evidente que el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación debería ser el elemento de conexión de todos ellos y el motor esencial para consolidar y profundizar la relación.
A la luz de los datos que se exponen a continuación, caben dudas de que lo esté haciendo.
Son muchos y muy complejos los motivos que han sembrado la desconfianza entre las partes y han llevado a una relajación, cuando no a un distanciamiento: de la irresponsable actitud de desprecio de José Luis Rodríguez Zapatero hacia la
bandera norteamericana a la igualmente irresponsable de Donald Trump, dando la espalda a la Unión Europea y sus Estados miembro, o socavando los acuerdos internacionales respecto a cuestiones importantes para España, como la lucha contra el Cambio
Climático o la descolonización del Sahara Occidental.
Si bien durante la presidencia de Donald Trump la relación entre los Estados Unidos y la Unión Europea y sus Estados miembro se ha resentido gravemente, el gobierno de España tiene ahora la oportunidad de reconstruir e impulsar la relación
bilateral aprovechando la elección de Joe Biden como cuadragésimo sexto Presidente de los EE.UU. Un diagnóstico conciso aporta los siguientes datos sobre el estado actual de la relación:
a) En el ámbito económico y comercial. El proteccionismo económico de la anterior Administración ha causado un importante perjuicio a las exportaciones europeas en general y españolas en particular. En el sector del aceite de oliva los
aranceles han supuesto una caída del 77 % en las exportaciones españolas. Los impuestos a la exportación suponen ya un coste anual de 7.500 millones de dólares para la Unión Europea y de 1.270 para nuestro país. La destrucción de 15.000 puestos de
trabajo en la empresa Airbus, 900 de ellos en España, es igualmente consecuencia directa del impacto de los aranceles contra las ayudas públicas europeas.
El proteccionismo no es el único peligro que se debe afrontar conjuntamente. Al daño económico causado por la imposición unilateral de aranceles y la renegociación agresiva de las relaciones comerciales, hay que sumarle el provocado por el
cierre de fronteras causado por la pandemia. En 2020 España perdió cerca del 90 % de los 3.33 millones de turistas norteamericanos que visitaron España en 2019. La falta de dirección, la pésima gestión realizada de la crisis por el Gobierno de
España y la imagen de país poco confiable amenazan con hacer un daño permanente que aún estamos a tiempo de evitar. Para ello urge, por tanto, tratar de recuperar cuanto antes la relación comercial bilateral, impulsando desde el ICEX y otros
ámbitos de la administración el esfuerzo de las empresas españolas en materia de internacionalización.
España tiene igualmente la oportunidad de convertirse en uno de los principales promotores de un gran acuerdo comercial con los Estados Unidos en el seno de la Unión Europea. Si la UE ha sido capaz de alcanzar los Acuerdos del 24 de
diciembre con el Reino Unido o de ratificar en tiempo récord acuerdos de libre comercio con amplias zonas del mundo; y por su parte Estados Unidos desea poner un contrapeso ai expansionismo que China busca mediante su Iniciativa de Franja y la Ruta
o la firma del acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) entre los países de la ASEAN, China, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia, seguro que es posible avanzar hacia un gran acuerdo económico y comercial entre la Unión
Europea y los Estados Unidos, lo que permitiría dar pasos hacia un orden internacional basado en reglas comunes, con menos barreras comerciales y más estándares de comercio globales.
b) En el ámbito geoestratégico para la seguridad, la defensa y la gobernanza global. La relación bilateral se beneficia desde hace años de la colaboración militar y el uso conjunto de las bases militares, si bien en algunos momentos ha
experimentado un enorme deterioro cuando el que el gobierno español dejó de cumplir su compromiso de colaborar en algunas misiones conjuntas. La última Administración norteamericana también ha introducido importantes elementos de controversia que,
de forma colateral, han afectado a España, al apoyar el Brexit o apoyar una supuesta soberanía marroquí sobre el Sáhara occidental que va en una línea diametralmente opuesta a la aprobada en Naciones Unidas. Otro elemento permanente de
confrontación es el porcentaje de gasto respecto al PIB exigido por Estados Unidos a sus socios en la OTAN. Cabe recordar que los países aliados acordaron alcanzar en 2024 una inversión en Defensa del 2 % de su Producto Interior Bruto, mientras que
en la actualidad España solo llega al 1,16 %.
En este ámbito también es deseable una estrategia reforzada de cooperación con la nueva Administración de los Estados Unidos, fortaleciendo la cooperación en Misiones de Paz bajo mando de la OTAN, UE y ONU, que han servido para incrementar
el prestigio de nuestro país en el mundo, haciéndola extensiva al ámbito de las 'amenazas diversas' (injerencias extranjeras, desinformación, pandemias, cambio climático, etc.).
Los anuncios de Biden del regreso de Estados Unidos al acuerdo climático de París y a la Organización Mundial de la Salud, y la celebración de la Cumbre mundial para la creación de una 'Coalición de Democracias' son oportunidades que España
debe aprovechar, también en el ámbito bilateral, haciendo uso de su privilegiada relación con los países de la Comunidad iberoamericana de Naciones.
c) En el ámbito cultural, educativo y científico. Como ha quedado señalado antes, el proteccionismo es el peor enemigo de la cooperación y el intercambio. El ámbito cultural no es una excepción, y el 'America First' ha sido a veces la
coartada para emprender una ofensiva contra la lengua y la cultura españolas. España ha sido cuando menos timorata en la defensa de sus intereses -que son también los de millones de norteamericanos- y la llegada de una nueva Administración supone,
también en este ámbito, una oportunidad que no debe desaprovecharse.
Desde un punto de vista cultural, la enseñanza de la lengua española debe ocupar un lugar central. Urge la digítalización y modernización del sistema de enseñanza y evaluación oficial del español. Estados Unidos es ya, con 57.7 millones,
el segundo país del mundo en número de hispanohablantes, un 17,4 % de su población total. Las proyecciones demográficas indican que en 2060 Estados Unidos será el país con mayor número de hispanohablantes de todo el mundo. Si el gobierno español
no está a la altura del reto, perderá una oportunidad histórica permitiendo que el instituto Cervantes termine siendo sustituido por algún otro organismo internacional acreditador de nuestra lengua.
En el ámbito de los intercambios universitarios existe un claro desequilibrio de calidad entre ambas orillas del Atlántico, que penaliza la formalización de acuerdos similares al Erasmus, pero no por ello debe dejarse de lado en una
estrategia de fortalecimiento de la relación bilateral como la que se propone en la presente proposición no de ley.
Finalmente, es necesario reconocer el esfuerzo que instituciones españolas como la Fundación Consejo España-Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, el Instituto Franklin o The Hispanic Council, están realizando,
con medios muy limitados, para dar a conocer nuestra historia y vínculos comunes. Sería igualmente deseable que, una Estrategia global, tuviera en cuenta este ámbito de la relación cultural para que los sucesivos gobiernos las respaldaran en mayor
medida de lo que lo hacen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar y remitir con carácter urgente a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, para su debate y aprobación durante el año 2021, una 'Estrategia para el fortalecimiento de la relación bilateral entre España y
los Estados Unidos'. Dicha estrategia deberá desarrollar las líneas básicas de la 'Estrategia de Acción Exterior 2021-2024' de manera específica en tres ámbitos de la cooperación bilateral:
a) Cooperación económica y comercial.
b) Cooperación geoestratégica para la seguridad, la defensa y la Gobernanza global.
c) Cooperación cultural, educativa, tecnológica y científico-sanitaria.
2. Informar a las autoridades correspondientes de los Estados Unidos del contenido de la Estrategia que finalmente sea adoptada por el Congreso de los Diputados, de cara a trabajar de forma conjunta en la posibilidad de convertirla en un
acuerdo bilateral y mutuamente beneficioso.
3. Trabajar en las instituciones comunitarias para promover la reconstrucción y fortalecimiento de la relación bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América.'
Palacio del Congreso Diputados, 11 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la Celebración de una nueva Conferencia de Paz entre
Israel y Palestina, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Cuando se aproxima el 30.º aniversario de la Conferencia de Paz de Madrid, tentativa de la comunidad internacional ideada por el gobierno de España y auspiciada por los EEUU y la URSS con la finalidad de iniciar un proceso de paz entre
Israel y Palestina, Siria, Líbano y Jordania, el Gobierno de España ha mostrado su disposición por facilitar un nuevo marco de diálogo entre la ciudadanía israelí y palestina.
En su primera visita de trabajo a Jerusalén, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, se ofreció el pasado mes de diciembre a su homólogo de Israel, Gabi Ashkenazi, para trasladar a la Autoridad
Palestina 'un mensaje de reconstrucción de la confianza', en la línea de la colaboración que ambas partes han mantenido para contener la pandemia.
Del mismo modo, en el encuentro en Ramala con el Presidente palestino, Mahmud Ridha Abás, la jefa de la diplomacia española, haciendo entrega de una carta del Presidente del Gobierno de España en defensa de la solución de los dos Estados
para el conflicto con Israel, llamó a aprovechar la ocasión para inyectar energía política en unas negociaciones que se encuentran paralizadas desde 2014. Cabe señalar que, ya a finales de ese mismo año, en su resolución 2014/2964, el Parlamento
Europeo apoyó, en sintonía con las conclusiones aprobadas por el Consejo en julio de 2014, el reconocimiento del Estado palestino y la solución de dos Estados, considerando que ambos hechos deben ir de consuno con el desarrollo de conversaciones de
paz.
Si bien los recientes acontecimientos acaecidos de la mano de la anterior administración estadounidense han dificultado enormemente el proceso de paz, la llegada del Presidente Biden abre una nueva ventana de oportunidad para impulsar
nuevamente las negociaciones entre Israel y Palestina con la mirada puesta en lograr una solución construida alrededor de los dos Estados, en paz y seguridad, y bajo la guía de las resoluciones de la ONU.
Por todo ello los Grupos Parlamentarios firmantes presentan la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar la convocatoria de una nueva Conferencia Internacional de Paz con la cooperación del Cuarteto y el Consejo de Seguridad con plenas autoridades, y en la que participen todos los actores implicados, para impulsar un proceso de paz
genuino entre el Estado de Israel y Palestina basado en el derecho internacional y en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.
2. Intensificar los esfuerzos, en el marco de sus relaciones bilaterales y multilaterales, para alcanzar la solución de los dos Estados -Israel y Palestina- basada en las fronteras de 1967 y con la capitalidad compartida de Jerusalén, como
única vía para garantizar una paz justa, global y duradera entre la ciudadanía israelí y palestina, con un Estado de Israel seguro y soberano y un Estado de Palestina independiente, democrático, contiguo y viable.
3. Seguir apoyando la implementación de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad (2016) en su totalidad.
4. Continuar apoyando los derechos de la población refugiada de Palestina mediante la dotación prevista de 100 millones de euros para el programa de Cooperación Española con Palestina 2020-2024; así como seguir con el compromiso y apoyo
financiero a la UNRWA a la espera de una solución justa, basada en la resolución 194 (III).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-Joan Baldoví Roda y Pedro Quevedo Iturbe, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común.-Gabriel Rufian Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-.Iñigo Errejón Galván y Néstor Rego Candamil, Portavoces del Grupo Parlamentario Plural.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).-Oskar Matute García de Jalón, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Comisión de Justicia
161/002234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, D. José María Sánchez García, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D.ª Patricia de las Heras Fernández y D. Carlos José Zambrano
García-Ráez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la resolución de las solicitudes de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, reconocida en la Ley 12/2015, de 24 de junio, para su discusión en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Primero. Adquisición de la nacionalidad española.
De acuerdo con los artículos 17 y siguientes del Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se aprueba el Código Civil ('Código Civil' o 'CC'), la nacionalidad española puede ser adquirida a través de los siguientes cauces:
1. Por filiación (ius sanguini), que no supone otra cosa sino la atribución de la nacionalidad por el hecho de nacer de padre o madre español o de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España (artículo 17.1
a) y b) CC).
2. Por nacimiento en territorio español (ius solí), ya sea el nacido hijo de padres extranjeros que careciesen de nacionalidad o cuando estos estén sujetos a una legislación que no atribuye al hijo una nacionalidad, ya porque no resulta
determinada la filiación del niño (artículo 17.1 c) y d) CC).
3. Por posesión, que implica el uso continuado de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil (artículo 18 CC).
4. Por adopción de un menor extranjero de dieciocho años, adquiriendo este la nacionalidad española de origen (artículo 19.1 CC).
5. Por opción de aquellos que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español, aquellos de los que alguno de los padres hubiese sido originariamente español y hubiese nacido en España, aquellos cuya determinación de la
filiación o nacimiento en España se produzca después de los dieciocho años de edad y aquellos cuya adopción por españoles se produzca después de los dieciocho años de edad.
6. Por concesión, que puede ser a su vez: (i) por residencia en España, cuando esta haya durado diez, cinco, dos o un años, según sea el supuesto específico (artículo 22 CC); y (ii) por carta de naturaleza,
otorgada discrecionalmente por Real Decreto cuando en el sujeto concurran circunstancias excepcionales que, por supuesto, habrá de valorar el Gobierno (artículo 21 CC).
En la presente iniciativa nos referiremos en profundidad al último de los modos de adquisición de la nacionalidad española: por carta de naturaleza.
Segundo. Supuestos de adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza: la Ley 12/2015.
Como se ha expuesto, la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza tiene un carácter discrecional y de gracia. En este sentido, se pueden encontrar varios ejemplos de Reales Decretos sobre esta materia que incluyen la
regulación y desarrollo de la adquisición de la nacionalidad en términos favorables a los sujetos que se incluyen en su ámbito de aplicación.
En primer lugar, el Real Decreto 1792/2008, de 3 de noviembre, sobre concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales, reconoce el derecho de los voluntarios extranjeros que integraban estas
unidades militares que participaron en la Guerra Civil a solicitar el acceso a la nacionalidad española por carta de naturaleza, sin someterlo a plazo alguno.
Este Real Decreto partió del hecho de que la anterior norma que se ocupó de esta cuestión 8 supuso el archivo de numerosas solicitudes de nacionalidad por abandono de los solicitantes, al no rechazar su nacionalidad anterior (a lo que obliga
el artículo 23.b) CC). Sin embargo, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura suprimió para
los integrantes de las Brigadas Internacionales este requisito de renuncia a la nacionalidad anterior, por lo que muchos integrantes de estas unidades pudieron recibir la nacionalidad española por carta de naturaleza.
En segundo lugar, el Real Decreto 453/2004, de 18 de marzo, sobre concesión de la nacionalidad española a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, reconocía que las víctimas de los atentados terroristas del 11M 9
reunían las circunstancias excepcionales del artículo 21.1 CC para adquirir la nacionalidad por concesión. En este caso, se limitaba la posibilidad de formulación de la solicitud a seis meses tras haberse producido el atentado.
Por último, y en lo que más interesa a efectos de esta iniciativa, la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España ('Ley 12/2015') recogió la posibilidad de que los
sefardíes, entendiéndose estos como los descendientes de los judíos que vivieron en la Península Ibérica y que fueron expulsados tras los Edictos de 1492, pudieran acudir a la vía del artículo 21.1 para adquirir la nacionalidad por carta de
naturaleza.
Lo anterior se justifica de la siguiente manera en su exposición de motivos:
'Los hijos de Sefarad mantuvieron un caudal de nostalgia inmune al devenir de las lenguas y de las generaciones. Como soporte conservaron el ladino o la haketía, español primigenio enriquecido con los préstamos de los idiomas de acogida.
En el lenguaje de sus ancestros remedaban los rezos y las recetas, los juegos y los romances. Mantuvieron los usos, respetaron los nombres que tantas veces invocaban la horma de su origen, y aceptaron sin rencor el silencio de la España mecida en
el olvido.
La memoria y la fidelidad han permanecido a lo largo de los tiempos en una numerosa comunidad que mereció el honor de recibir su reconocimiento con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1990 [...].
Palpita en todo caso el amor hacia una España consciente al fin del bagaje histórico y sentimental de los sefardíes. Se antoja justo que semejante reconocimiento se nutra de los oportunos recursos jurídicos para facilitar la condición de
españoles a quienes se resistieron, celosa y prodigiosamente, a dejar de serlo a pesar de las persecuciones y padecimientos que inicuamente sufrieron sus antepasados hasta su expulsión en 1492 de Castilla y Aragón y, poco tiempo después, en 1498,
del reino de Navarra. La España de hoy, con la presente Ley, quiere dar un paso firme para lograr el reencuentro de la definitiva reconciliación con las comunidades sefardíes.'
Asimismo, el Preámbulo de la Ley 12/2015 recuerda de la siguiente manera las figuras de valerosos españoles que salvaron la vida de miles de sefardíes:
8 Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, sobre concesión de la nacionalidad española a los combatientes de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil española.
9 Se entendía por tales a 'los heridos en dichos atentados, así como el cónyuge, los descendientes y los ascendientes, en ambos casos, en primer grado de consanguinidad de los fallecidos'.
'Históricamente, la nacionalidad española también la adquirieron los sefardíes en circunstancias excepcionales. Ejemplo de ello fue el Real Decreto de 20 de diciembre de 1924, en cuya exposición de motivos se alude a los 'antiguos
protegidos españoles o descendientes de estos y, en general, a los individuos pertenecientes a familias de origen español que en alguna ocasión han sido inscritas en registros españoles y estos elementos hispanos, con sentimientos arraigados de amor
a España, por desconocimiento de la ley y por otras causas ajenas a su voluntad de ser españoles, no han logrado obtener nuestra nacionalidad'. Se abría así un proceso de naturalización que permitía a los sefardíes obtener la nacionalidad española
dentro de un plazo que se prolongó hasta 1930. Apenas tres mil sefardíes ejercitaron ese derecho. Sin embargo, después de finalizado el plazo, muchos recibieron la protección de los Cónsules de España incluso sin haber obtenido propiamente la
nacionalidad española.
El transcurso de la II Guerra Mundial situó bajo administración alemana a aproximadamente doscientos mil sefardíes. Florecientes comunidades de Europa Occidental y, sobre todo, de los Balcanes y Grecia padecieron la barbarie nazi con cifras
sobre coge doras como los más de cincuenta mil muertos de Salónica, una ciudad de profunda raíz sefardí. El sacrificio brutal de miles de sefardíes es el vínculo imperecedero que une a España con la memoria del Holocausto.
El Real Decreto de 20 de diciembre de 1924 tuvo una utilidad inesperada en la que probablemente no pensaron sus redactores: fue el marco jurídico que permitió a las legaciones diplomáticas españolas, durante la Segunda Guerra Mundial, dar
protección consular a aquellos sefardíes que habían obtenido la nacionalidad española al amparo de ese Decreto. El espíritu humanitario de estos diplomáticos amplió la protección consular a los sefardíes no naturalizados y, en último término, a
muchos otros judíos. Es el caso, entre otros, de Ángel Sanz Briz en Budapest, de Sebastián de Romero Radigales en Atenas, de Bernardo Rolland deMiotta en París, de Julio Palencia en Sofía, de José de Rojas y Moreno en Bucarest, de Javier Martínez
de Bedoya en Lisboa, o de Eduardo Propper de Callejón en Burdeos. Miles de judíos escaparon así del Holocausto y pudieron rehacer sus vidas.'
De los tres casos anteriores se extrae, en definitiva, cómo suelen concurrir circunstancias de profundo calado histórico y sentimental que justifican la posibilidad de reconocer la adquisición de nacionalidad por carta de naturaleza.
Tercero. Tramitación de las solicitudes.
Centrándonos en los aspectos procedimentales y normativos de la Ley 12/2015, debe señalarse que el órgano competente para conocer de las distintas solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza es la Dirección
General de los Registros y del Notariado ('DGRN'), hoy Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 10.
El artículo 1 Ley 12/2015 desarrolla los requisitos documentales y medios probatorios que han de acompañar la solicitud de los optantes para probar su 'especial vinculación con España' y que acrediten su condición de sefardí originario de
España (y, entre estos últimos, la 'acreditación del uso como idioma familiar del ladino o 'haketía'' o la 'partida de nacimiento o la 'ketubah' o certificado matrimonial en el que conste su celebración según las tradiciones de Castilla').
El artículo 2 ibidem recoge de manera detallada el procedimiento, exclusivamente telemático, que han de seguir los optantes y que será tramitado por el Consejo General del Notariado. Este órgano examinará los documentos aportados y la
especial vinculación del solicitante con España (a través de certificados de estudios de historia y culturas españolas, acreditación del conocimiento del idioma ladino, inclusión del solicitante o de su ascendencia directa en las listas de familias
sefardíes protegidas por España o parentesco de consanguinidad del optante con una persona incluida en esas listas). Tras la celebración de la comparecencia del interesado, levantará acta de notoriedad, y esta, junto con los documentos referidos,
se remitirá a la DGRN, que dará fe de los hechos acreditados y solicitará los informes preceptivos a los órganos correspondientes de los Ministerios del Interior y de Presidencia.
La resolución favorable de la DGRN facultará al solicitante a acudir a su inscripción en el Registro Civil, de tal manera que adquiera de facto la nacionalidad española.
De acuerdo con lo contenido en el artículo 21.4 del Código Civil, en caso de no comparecer a los 180 días desde la notificación, se entenderá caducada la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza.
10 Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.
Por último, y especialmente relevante, la disposición adicional primera de la Ley 12/2015 establece un plazo máximo de tres años para la interposición de la solicitud desde la entrada en vigor de la ley (1 de octubre de 2015), que podrá
prorrogarse un año más por el Consejo de Ministros, así como un límite de 12 meses para resolver la solicitud desde que el expediente tuviese entrada en la DGRN. Transcurrido este último plazo sin resolución expresa, la solicitud decaería por
silencio administrativo negativo.
Sin embargo, el plazo anterior no ha sido respetado. En la actualidad, existe una elefantiásica cifra de expedientes pendientes de resolver, algo de lo que han informado distintos medios de comunicación 11.
Cuarto. Colapso de expedientes de solicitud de nacionalidad por carta de naturaleza.
De acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria, desde 2015 se han iniciado un total de 153.774 solicitudes de nacionalidad (la gran mayoría de sefardíes originarios de España) a través de la
Plataforma 'GENARES', dependiente del Consejo General del Notariado 12. Asimismo, desde el mismo año se han recibido en la DGRN un total de 52.632 actas de notoriedad, y existen 25.483 solicitudes con todos los informes recibidos.
Por el contrario, la DGRN solo había resuelto, a fecha 23 de octubre de 2020, 15.301 solicitudes (solo una denegatoria) y había remitido a los Registros Civiles 14.647 de ellas.
El colapso es evidente, pues la hoy Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha resuelto únicamente el 10 % escaso de todas las solicitudes de nacionalidad española de sefardíes originarios de España formuladas desde hace casi
seis años.
El juego de los datos anteriores con los plazos establecidos en la Ley 12/2015, a los que se hace referencia en el Expositivo Tercero, plantea dos opciones.
La primera, que todas las solicitudes de nacionalidad de sefardíes originarios de España hayan sido desestimadas por silencio administrativo. De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, los interesados han de presentar un recurso contra el acto (presunto) de desestimación. El plazo será de seis meses a partir del momento en el que haya de entenderse desestimada la solicitud (esto es, un año desde que el
expediente tuvo entrada en la DGRN).
Asimismo, de manera conforme con el artículo 24.3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 'en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución
expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio'. Esto es, la Administración podrá resolver aunque el recurso se esté sustanciando ante el órgano jurisdiccional competente.
La segunda, que estemos de nuevo ante un caso en el que los plazos consignados en la Ley importan poco a los sujetos vinculados por ellos y se reducen a papel mojado. La ley se hace de nuevo obligatoria para todos menos para quienes deben
aplicarla y se fomenta la inseguridad jurídica: los solicitantes de nacionalidad no sabrán si su petición ha decaído por silencio administrativo negativo o si, por el contrario, solo se está resolviendo con una enorme demora.
Ello es debido, quizás, a la falta de una previsión ex ante de cuestiones tan esenciales como, por ejemplo, los recursos públicos existentes para la provisión de los servicios que otorga la ley, el número esperado o posible de solicitantes o
las medidas de contingencia que podrían adoptarse en el caso de que se diera un aluvión de solicitudes.
En definitiva, asistimos a un cuello de botella de tales dimensiones que, en un sentido o en otro, está impidiendo o retrasando injustificadamente la adquisición de la nacionalidad española a un colectivo que, por su especial significación,
vinculación e importancia histórica en nuestro país ha recibido la consideración de nuestro ordenamiento jurídico para poder adquirir la nacionalidad española.
Quinto. Conclusión.
En la respuesta del Gobierno a la pregunta parlamentaria referida, el Ejecutivo se comprometió a evacuar a todas las solicitudes entre 2020 y 2021. Sin embargo, la ratio de resolución en los ejercicios anteriores invita a plantearse si este
objetivo es posible. En cualquier caso, es fundamental, tal y como apunta el Gobierno, que desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se resuelvan
11 https://www.lavanguardia.com/politica/20201210/6110984/logran-nacionalidad-14-647-sefardies-hay-miles-casos-resolver.html.
12 Respuesta del Gobierno con número de entrada 73468 en el Registro General del Congreso: 183 solicitudes en 2015, 3.126 en 2016, 5.360 en 2017,14.624 en 2018 y 30.481 en 2019.
todas las solicitudes de concesión de nacionalidad española a la mayor brevedad, de tal modo que se dé una pronta respuesta a todos los solicitantes.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Desarrollar las medidas necesarias para dotar a la hoy Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública Registral de los medios materiales y humanos que sean necesarios para tramitar los expedientes generados al amparo de la Ley
12/2015, de 24 de junio.
2. Dictar una resolución expresa a las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza de los sefardíes originarios de España, formuladas en el marco de la Ley 12/2015, de 24 de junio, que se encuentren aún
pendientes. Ello deberá llevarse a cabo a la mayor brevedad y, en todo caso, con anterioridad a que se haya dictado Sentencia en los distintos recursos contencioso-administrativos que se hayan interpuesto por los interesados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Patricia de las Heras Fernández, José María Sánchez García y Carlos José Zambrano García-Ráez, Diputados.-Iván
Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda
161/002244
A la Mesa de la Comisión
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para crear un epígrafe específico de
la CNAE para el sector relacionado con la organización de eventos y bodas, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
A la crisis sanitaria originada por la COVID-19 le ha seguido una crisis económica y social que, siendo global, está siendo especialmente severa en nuestro país. Las razones por las que encabezamos todos los rankings negativos (mayor caída
del PIB y mayor destrucción de empleo) hay que buscarlas en dos factores:
Primero, porque el gobierno reaccionó tarde y mal. Tarde, porque el impacto 'iba a ser transitorio y poco significativo'. Y mal, porque los viernes electorales nos habían dejado sin margen fiscal; de ahí que el informe del Banco Central
Europeo sitúe a España como el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs 4 % de media europea).
Segundo, porque tenemos a un Gobierno preocupado por imponer su agenda ideológica (eutanasia, okupación...) en vez de realizar las reformas necesarias para frenar la sangría de destrucción de empresas, -141.000 desde que gobierna Sánchez, y
de empleo, 847.000 parados más desde junio de 2018.
Con estos mimbres, el resultado es la mayor caída del PIB desde la guerra civil -125.000 M de riqueza destruida, -11 % del PIB- y la mayor destrucción de empleo de los países europeos, que nos ha dejado con las mayores tasas de paro en
Europa, siendo especialmente preocupante el 40,4 % de tasa de desempleo juvenil. Hoy tenemos en España casi 6 millones de personas que, queriendo trabajar, no pueden hacerlo.
Esta situación, aun siendo dramática para la práctica totalidad de nuestro tejido empresarial y productivo, se ha cebado de manera más intensa con algunos sectores concretos. El INE publicó una
caída del sector de 'actividades artísticas, recreativas y otros servicios' del -31,5 %; y del sector 'comercio, transporte y hostelería' del -20,4 % en 2020.
Si bajamos aún más en este desglose, nos encontramos con colectivos que han sufrido pérdidas aún mayores. Un ejemplo es el colectivo de profesionales que se dedica, prácticamente en exclusiva, a la prestación de servicios para eventos y
bodas, que ha sufrido una pérdida del 80 % de su negocio en 2020 y que no tiene muchas mejores expectativas en este primer semestre de 2021.
Se trata de un colectivo heterogéneo en su composición, fundamentalmente pequeños empresarios y autónomos que pertenecen a distintos gremios (fotógrafos, catering, pasteleros, músicos, maquilladores, modistos, organizadores...), pero
homogéneo en cuanto que tiene una actividad común: la prestación de servicios para eventos y bodas, de la que depende la práctica totalidad de sus ingresos.
Que no sea visto como un colectivo homogéneo dificulta tanto el marco regulatorio en el que se mueven como la posibilidad de recibir ayudas que otros colectivos sí tienen. Circunstancias que son especialmente relevantes en la situación
actual.
Recordemos que en España las unidades productoras se clasifican y agrupan según la actividad que ejercen para facilitar tanto las estadísticas como el marco regulatorio que les compete en la llamada Clasificación Nacional de Actividades
Económicas o CNAE que, a su vez, tiene correspondencia con la Nomenclatura Estadística de Actividades Económicas de la Comunidad Europea (NACE) para favorecer la comparativa internacional.
Solo a modo de ejemplo, la 'provisión de comidas preparadas para eventos' se integra en el epígrafe 56.21 dentro de la Sección I 'Hostelería' de la actual clasificación de la CNAE, pero nada tiene que ver su actividad (que se reserva con
meses de antelación y requiere una organización de semanas) con el servicio que presta cualquier otro local que se integra en esa misma Sección I de 'Hostelería'; por ejemplo, una cafetería que puede abrir con relativa facilidad de un día para
otro.
En cambio, a este servicio de 'provisión de comidas preparadas para eventos' le afectan las mismas circunstancias que a otros servicios asociados a los mismos eventos que, sin embargo, se encuentran no solo en diferentes epígrafes sino en
diferentes secciones de la clasificación de la CNAE; por ejemplo, las actividades de fotografía que cubren estos eventos (epígrafe 74.20 sección M, 'Actividades Profesionales') o la confección de prendas de vestir a medida (epígrafe 14.13 de la
sección C 'Manufacturas').
Como recoge el propio INE, las clasificaciones estadísticas de la CNAE permiten agrupar unidades homogéneas, según un criterio definido, en una misma categoría para facilitar el análisis estadístico y la interpretación de los datos. Sólo si
se dispone de la información correcta podemos realizar un diagnóstico acertado y, lo más importante, adoptar las medidas concretas que requiere el sector.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer de manera urgente un código específico en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) para todas las actividades relacionadas con la organización de bodas y eventos
(fotógrafos, catering, pasteleros, músicos, maquilladores, modistos, organizadores...).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2021.-Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira, Mario Garcés Sanagustín y Diego Gago Bugarín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la tributación de las personas con dos o más pagadores en el IRPF, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El número de personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivado de la pandemia superan ya los cuatro millones. Durante la duración del ERTE, el SEPE (el Servicio de Empleo Público Estatal) se encarga del
pago de parte o todo el salario, dependiendo de si se trata de un ERTE parcial o total.
Sobre las retribuciones abonadas por el SEPE, el propio organismo debería practicar las retenciones correspondientes, al igual que hace la empresa o empleador de las y los trabajadores sobre las cantidades abonadas en la nómina, pero por
regla general esta retención es mínima o casi inexistente, y ello va a afectar a la hora de presentar la declaración del IRPF.
Lo recibido del SEPE tributará como renta de trabajo, pero constará que el trabajador o trabajadora tuvo un pagador más, al tener dos fuentes de ingresos salariales distintas, la normativa actual obliga a presentar la declaración si se
superan los 14.000 euros anuales, si se han cobrado más de 1.500 euros del segundo pagador, mientras que cuando se trata de uno solo no es obligatorio presentarla si no se superan los 22.000 euros. En definitiva, si el trabajador o trabajadora ha
percibido del SEPE, por estar en ERTE o en situación de desempleo, más de 1500 euros y esto, sumado a lo que ha recibido de la empresa o empleador, supera los 14.000 euros, deberá, obligatoriamente, presentar declaración.
El problema es que en la mayoría de los casos esa declaración saldrá positiva pues, como ya hemos mencionado, en las prestaciones abonadas por el SEPE la retención es mínima, y si debemos presentar la declaración de forma obligatoria, el
resultado será 'a pagar' para el contribuyente. Debido principalmente al reducido carácter de las prestaciones, la normativa no obliga a practicar retenciones a cuenta, pero si se superan los topes antes indicados, el trabajador tendrá que pagar en
su declaración tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Lo mismo sucede en el caso de aquellas personas que tienen varios trabajos, normalmente precarios, donde las retenciones que se practican por las distintas empresas, por ser trabajos temporales, por horas, o a tiempo parcial son también
bajas o inexistentes.
Defendemos que se eleve la cantidad que obliga a presentar la declaración en el caso de rentas recibidas del segundo o más pagadores para evitar que aquellas personas en una situación de mayor precariedad laboral, las que están en ERTE, en
situación de desempleo, pero también los que perciben rentas más bajas y que deben pluriemplearse para llegar a final de mes, que a penas sobreviven pagando sus gastos fijos, no sean castigadas a la hora de presentar la declaración. Si una persona
que gana menos de 22.000 euros no tiene la obligación de presentar declaración, deberían equiparase también a aquellos que perciben sus ingresos de 2 o más pagadores, normalmente personas en una situación de mayor vulnerabilidad.
Efectivamente todas y todos debemos contribuir con el pago de impuestos al sostenimiento del sistema público, lo que permite financiar la educación, la sanidad, las inversiones en obra pública, pero el actual sistema fiscal de Estado español
se basa en el principio de progresividad que se recoge en el artículo 31 de la Constitución española y que establece que 'todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario
justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio'. Así, el sistema tributario debe evolucionar y permitir que paguen más los que más tienen pero no puede suponer una carga insoportable,
una pena o sanción para aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a modificar el artículo 96.3.a) 1.º de la Ley 35/2006, do 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para aumentar el límite a 22.000 euros anuales, si la
suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no supera en su conjunto la cantidad de 8.000 euros anuales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-Néstor Regó Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Interior
161/002232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ignacio Gil Lázaro y D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la dotación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios suficientes y
necesarios para preservar la seguridad ciudadana y el orden público ante los disturbios provocados por las protestas callejeras, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. Historial delictivo de Pablo Hasél.
1. El Sr. Rivadulla Duró, conocido musicalmente como Pablo Hasél, fue detenido el pasado 16 de febrero de 2021 para ingresar en prisión por orden de la Audiencia Nacional, con el fin de cumplir una pena de nueve meses y un día de prisión
por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado 13.
2. En su historial delictivo constan múltiples condenas. En 2014, la Audiencia Nacional le impuso una pena de dos años de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo al ensalzar y justificar las acciones delictivas cometidas por
organizaciones terroristas como ETA, los Grapo, Terra Lliure y Al Qaeda en sus canciones y en sus redes sociales. No obstante, esta sentencia quedó en suspenso al no tener antecedentes penales.
3. Además, fue condenado por el Juzgado de lo Penal número uno de Lleida a seis meses de prisión por un delito de lesiones, por empujar, insultar y rociar con líquido de limpieza a un periodista en 2016; y a dos años y medio por delitos de
obstrucción a la justicia, amenazas y maltrato de obra, al agredir al testigo de un juicio en 2017. Esta condena fue confirmada por la Audiencia Provincial de Lérida, dos días después de su entrada en prisión.
4. Los hechos que han llevado al Sr. Rivadulla Duró a prisión se remontan a los años 2014 a 2016. Durante este periodo de tiempo el rapero publicó 64 mensajes en su perfil oficial de la red social Twitter, y una canción en su canal
oficial de Youtube, injuriando a la Corona de España y enalteciendo el terrorismo. Por los hechos expuestos, la Audiencia Nacional le condenó, en 2018, a dos años y un día de prisión y a una pena de multa de 24.300 euros. Posteriormente, en
segunda instancia, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional rebajó la pena de prisión a nueve meses y un día. Finalmente, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia en mayo de 2020, y a finales de enero del presente año la Audiencia Nacional
decretó su ingreso en prisión. Ante la disconformidad con la sentencia y su negativa a ingresar en prisión voluntariamente, Pablo Hasél fue detenido el pasado 16 de febrero de 2021.
Segundo. Disturbios en varias ciudades de la geografía española que alteran el orden público y la seguridad ciudadana.
5. A raíz de la detención de Pablo Hasél se convocaron, en muchas ciudades de nuestro país, manifestaciones para protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo, y para exigir la liberación del condenado.
6. Dichas reacciones y manifestaciones, lejos de ser pacíficas, han causado graves disturbios y olas de violencia a lo largo de la geografía española. El ingreso en prisión del Sr. Rivadulla Duró, condenado por la justicia, no ha sido más
que una excusa para que grupos antisistema se hayan lanzado a las calles para cometer actos violentos, vandálicos y de terrorismo callejero, movidos por el odio hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ('FCSE'). Estas protestas han
provocado múltiples altercados y desorden público por los manifestantes en la mayoría de las ciudades, viéndose las FCSE en inferioridad para controlar la situación.
13 https://elpais.com/espana/2021-01-28/la-audiencia-nacional-ordena-el-ingreso-en-prision-del-rapero-pablo-hasel.html.
7. Especial gravedad están teniendo los disturbios y actos violentos contra los agentes de policía en algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Granada o Pamplona en las que varias noches de violencia callejera se han saldado con
más de un centenar de policías heridos -algunos de ellos trasladados a centros hospitalarios por las agresiones sufridas-, centenares de detenidos y grandes destrozos en el mobiliario urbano y en los comercios.
8. Además, no se trata de manifestaciones violentas aisladas, sino que las mismas se van sucediendo día tras día y continúan a la fecha de la presente iniciativa. A continuación, se enumeran algunos ejemplos de los actos vandálicos de
estos grupos de manifestantes.
9. En la ciudad de Madrid, la primera noche de altercados callejeros, la turba radical llegó a congregar a más de 1.200 violentos que causaron grandes destrozos en la Puerta del Sol y calles aledañas 14. Los congregados llegaron a lanzar
piedras, adoquines, tapas de alcantarillado, señales de tráfico y todo lo que encontraban a su paso a los agentes de la Unidad de Intervención Policial ('UIP') y de la Unidad de Prevención y Reacción ('UPR'), poniendo en riesgo su integridad física
y la vida de los mismos. Los manifestantes llegaron, incluso, a saquear tiendas de la calle Arenal. Solo la primera noche de violencia callejera se saldó con 34 agentes policiales heridos de diversa consideración y con un destrozo de material
urbano por valor de unos 200.000 euros. Según la Conferencia Española de Policía ('CEP'), hubo 34 agentes heridos esa tarde-noche en el centro de Madrid (28 pertenecientes a la UIP y 6 de la Comisaría de distrito Centro) y que los daños provocados
en comercios y mobiliario urbano alcanzan, según una primera valoración del Ayuntamiento, unos 200.000 euros.
10. En Barcelona, la quinta noche de protestas derivó en el saqueo de muchos comercios en el centro de la ciudad y alcanzó a edificios emblemáticos, como el Palau de la Música y la Bolsa de Barcelona. Así pues, las tiendas de dos ejes
comerciales como son el Portal del Ángel y Paseo de Gracia sufrieron la violencia de estos grupos que protagonizan verdaderos actos de terrorismo callejero. La noche del sábado congregó a más de 6.000 manifestantes, según la guardia urbana. Según
datos del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, el coste de los contenedores incendiados llega a los 417.000 euros. A esta cifra se suman diversas cuantías, debido a los costes de limpieza, recogida de residuos, reparación del pavimento y destrozos en
semáforos, alumbrado, entre otros. La suma total asciende a 1.004.421 euros 15.
11. En la provincia de Granada estos altercados se han intensificado en los últimos días. Los manifestantes en defensa de Pablo Hasél están protestando de forma tan violenta que los agentes de las FCSE se están viendo obligados a
intervenir para tratar de mantener el orden público. Al igual que en Madrid y Barcelona, se han producido incendios del mobiliario urbano, barricadas, ataques a las FCSE desplegadas con el lanzamiento de todo tipo de objetos, sembrando el pánico
entre los ciudadanos y poniendo en riesgo la integridad física de los agentes al tratar de controlar la situación de violencia extrema. El edil de protección ciudadana de la ciudad ha definido estas técnicas de desorden público como técnicas
propias de la 'kale borroca' 16.
12. El ayuntamiento de Granada cifró en 30.000 euros los daños producidos en la primera jomada de manifestaciones por Pablo Hasél. El alcalde de Granada ha pedido a la subdelegación del Gobierno que apoye la toma de 'medidas duras' para
evitar este tipo de escenarios, afirmando que 'preferimos mucho más que haya mano dura y se eviten estas actuaciones que ver las sirenas acompañando mientras se producen actos vandálicos', y ha tildado a los manifestantes violentos de
'descerebrados' 17.
13. La Subdelegada del Gobierno en Granada ordenó el despliegue de solamente un equipo 15 efectivos de la UIP. Los manifestantes violentos eran más de 200 que, en un primer momento, se concentraron en la calle Gran Vía y después se
dispersaron por la ciudad. Evidentemente, a pesar del esfuerzo de los efectivos de la UIP, el despliegue no fue suficiente para apaciguar a los manifestantes radicales repartidos por la ciudad granadina. No se entiende por qué la Subdelegación del
Gobierno desplegó únicamente a tan pocos efectivos de la UIP, requiriendo la situación la actuación de, al menos, de 40, conociendo, además, que en Granada existen dos unidades de intervención policial.
14. En Pamplona, una manifestación convocada por la organización 'Gazte Koordinadora Sozialista', bajo el lema 'Pablo Hasel askatu' 18 y bajo el amparo de la defensa de la libertad de expresión,
14 https://www.lavanguardia.com/vida/20210218/6251127/restricciones-coronavirus-comunidad-madrid-ultimas-noticias-18-febrero-hoy-en-directo.html.
15 https://www.economiadigital.es/politica/balance-de-los-disturbios-por-hasel-75-detenidos-45-heridos-y-1me-en-danos-al-espacio-publico-en-barcelona.html.
16 https://www.granadahoy.com/granada/Ayuntamiento-Granada-censura-kale-borroka-Pablo-Hasel_0_1548445725.html.
17 https://www.ideal.es/granada/ayuntamiento-granada-cifra-euros-danos-manifestadio-hasel-20210218104105-nt.html.
18 https://www.europapress.es/navarra/noticia-disturbios-pamplona-manifestacion-apoyo-pablo-hasel-20210220210513.html.
generó de nuevo disturbios y una violencia callejera desmesurada en la ciudad. Esta violencia acabó con 3 policías heridos por impacto de piedras, adoquines y botellas, y cuantiosos daños materiales.
15. En estos momentos, los actos de terrorismo callejero se siguen sucediendo en las principales ciudades españolas y los agentes de las FCSE, se ven, en muchos casos, en inferioridad de condiciones, tanto en número de efectivos como de
medios materiales.
Tercero. Denuncias de los sindicatos por la falta de medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
16. Ante esta situación, los sindicatos policiales, de manera unánime, han denunciado no solo estos mensajes que instigan a quienes ejercen la violencia sino también la pasividad y permisividad del Gobierno ante los delitos cometidos contra
las FCSE, así como la inacción del Ministro del Interior.
17. El Sindicato Unificado de Policía ('SUP'), a través de su portavoz Carlos Morales, ha asegurado en una entrevista en RNE que quienes participan en estas manifestaciones 'son violentos y radicales' y 'no les importa la libertad de
expresión, porque lo que realmente les gusta son los disturbios y las barricadas'. También ha afirmado que se trata de personas que forman parte de 'grupos de extrema izquierda' y que muchos de ellos estaban 'provistos de piquetas y martillos' 19.
Además, el citado sindicato hacía, en un comunicado oficial, un 'nuevo llamamiento al ministro del Interior para que exija [...] una defensa cerrada del trabajo de la UIP y la UPR en toda España'.
18. Por otro lado, el sindicato Justicia Policial ('JUPOL') ha lamentado también 'los brotes de violencia' que se están produciendo. El secretario de comunicación del citado sindicato, Pablo Pérez, ha afirmado que 'están avisando de la
gravedad de los disturbios' y ha asegurado que 'la inacción favorece este tipo de ataques con el resultado lesivo para los agentes de la policía'. En este sentido, JUPOL ha reclamado al Ministerio del Interior que tome medidas 'contundentes' y 'con
carácter urgente' para evitar que se sigan produciendo estos incidentes día tras día. De hecho, el secretario de comunicación preguntó si el Ministro del Interior 'está esperando a que haya un policía muerto para tomar medidas' 20.
19. Por su parte el Sindicato Profesional de Policía ('SPP'), se pronunció en los mismos términos exigiendo un 'apoyo expreso del ministro del Interior y la exigencia de responsabilidad que debería realizar el presidente del Gobierno al
resto de miembros del gabinete. Es la primera vez que una actuación violenta, dirigida a provocar la intervención policial, no es criticada por el Gobierno de la nación en su conjunto' 21.
20. Finalmente, el CEP ha exigido, igualmente, al Ministro de Interior que condene expresamente las palabras del portavoz de su socio de Gobierno, así como todos los ataques violentos sufridos por los funcionarios policiales en los últimos
días.
Cuarto. Algunos miembros de partidos que forman parte del actual Gobierno de coalición han alentado los actos de terrorismo callejero.
21. Como hemos señalado anteriormente, la amalgama violenta tras las manifestaciones por la condena de Pablo Hasél, en las principales ciudades de España, han sido alentadas por algunos miembros del partido de coalición de Unidas Podemos.
El Sr. Echenique Robba, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, alentó y fomentó públicamente las protestas y los altercados que se estaban sucediendo en las redes sociales, señalando
expresamente en su perfil oficial de Twitter lo siguiente:
'Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben
depurar responsabilidades con contundencia.'
19 https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/entrevista-sindicato-policial-defiende-proporcionalidad-cargas/5797557/.
20 https://www.europapress.es/nacional/noticia-jupol-reclama-marlaska-medidas-urgentes-despues-policia-resultara-herido-protestas-barcelona-20210221235342.html.
21 https://www.europapress.es/nacional/noticia-spp-suma-criticas-contra-podemos-alentar-disturbios-censura-falta-apoyo-marlaska-policia-20210218210404.html.
22. Otros miembros del mismo partido político, como el Sr. Asens Llodrà, se expresaron en un tono similar en las redes sociales, señalando lo siguiente:
'Rapear no puede ser delito y manifestarse en solidaridad en Hasél no puede conllevar el riesgo a perder ojo. Nuestra solidaridad con las víctimas y represaliadas por la actuación de los Mossos.'
23. Los diferentes sindicatos policiales también han manifestado su desconcierto ante el aliento de estos actos de terrorismo callejero. El sindicato SUP manifestó en un comunicado emitido el 19 de febrero 'que uno de los partidos que
forman parte del Gobierno anime, apoye y se solidarice con quienes están protagonizando disturbios en Madrid y en otras ciudades de nuestro país, sea cual sea el motivo de los mismos, resulta escandaloso. Mensajes que instigan a quienes ejercen la
violencia no pueden tener cabida en nuestro sistema democrático porque, una vez se desatan estos incidentes, quienes los sufren y pagan son los ciudadanos, que ven como sus propiedades son arrasadas por el terrorismo callejero, por turbas de
descontrolados que pretenden, desde la minoría, coartar la paz y la convivencia de la inmensa mayoría'. Asimismo, el citado sindicato afirmó, a través de su portavoz, que 'es intolerable que Podemos, que es miembro del Gobierno, haga unas
declaraciones a través de su portavoz Pablo Echenique alentando disturbios' y que 'debería haber una disculpa por parte del Gobierno hacia los policías heridos y la sociedad' 22.
24. Por su parte, JUPOL también manifestó su desconcierto ante las palabras del Sr. Echenique Robba, denunciando la 'pasividad y permisividad' del Gobierno en los delitos contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, calificando de
'terroristas callejeros' a los que han lanzado objetos piedras y adoquines contra los agentes.
25. Al margen de las denuncias públicas que han realizado los sindicatos policiales en las redes sociales y en los medios de comunicación, varios de ellos han acudido ante los tribunales para exigir responsabilidades penales por las
palabras del portavoz parlamentario del partido de coalición de Gobierno.
Quinto. Conclusión. Es fundamental el apoyo urgente a las FCSE y dotarlas de los medios suficientes para preservar la seguridad ciudadana.
26. Los disturbios y altercados que se están produciendo en las calles de muchas ciudades de la geografía española, protagonizados por grupos violentos, que se amparan en la libertad de expresión para realizar verdaderos actos de terrorismo
callejero, están teniendo graves consecuencias para los ciudadanos, comercios, edificios emblemáticos, centros culturales, mobiliario urbano y un largo etcétera. Los más perjudicados en este frente son los agentes de las FCSE que ven cómo, día tras
día, se ven superados al encontrarse en inferioridad numérica, tanto personal como material. Esta situación provoca, no solo grandes desordenes públicos, sino también pone en grave riesgo la seguridad ciudadana de las personas que transitan y
habitan en los lugares en los que se producen los altercados, así como la integridad física y la vida de los agentes de las FCSE.
27. Ante esta situación, es necesario que el Gobierno de la Nación, a través de su Ministro del Interior, reconozca la labor de las FCSE, les brinde el suficiente apoyo y les dote de material y personal suficiente para ejercer sus funciones
correctamente y de acuerdo con la ley. Así lo prevén expresamente los artículos 5 y siguientes de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana. Concretamente, corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de
Interior y de los demás órganos y autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes, la preparación, dirección y ejecución de la política en relación con la administración general de la seguridad ciudadana, sin perjuicio
de las competencias atribuidas a otras administraciones públicas en dicha materia 23. Así lo señala, igualmente, el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, expresando lo siguiente:
'Corresponde al Ministro del Interior la administración general de la seguridad ciudadana y el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la responsabilidad de las relaciones de colaboración y auxilio con las
Autoridades policiales de otros países, conforme a lo establecido en Tratados y Acuerdos Internacionales'.
28. En definitiva, las altercados vividos en los últimos días en distintas ciudades de España, causados por las protestas violentas por el ingreso en prisión del condenado por la justicia Pablo Hasél,
22 https://confilegal.com/20210218-el-sup-carga-contra-podemos-por-alentar-disturbios-y-exige-una-rectificacion-al-gobierno/.
23 Artículo 5.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana.
han puesto de manifiesto la necesidad de dotar a las FCSE de un mayor número de efectivos y medios materiales. Es de justicia, además, por las siguientes razones: (i) para dar a las FCSE el apoyo que merecen ante el abandono que están
sufriendo; (ii) para que puedan seguir ejerciendo las funciones de seguridad ciudadana y demás competencias que las leyes les atribuyen; (iii) para garantizar la propia integridad física y la vida de los agentes de las FCSE ante los duros y
violentos ataques de los manifestantes; y (iv) para preservar el orden público y el normal funcionamiento de una sociedad que se está viendo acechada y acosada por los continuos episodios de violencia callejera extrema.
29. En conclusión, visto el reiterado abandono al que se somete a nuestras FCSE, sin que el Gobierno, a través del Ministerio de Interior, adopte las medidas necesarias, ya no solo para proteger la vida, la integridad y salud física de sus
propios miembros, sino también la de sus ciudadanos, este Grupo Parlamentario presenta esta iniciativa, con el fin de exigir que se adopten todas las acciones necesarias para dotar a nuestras FCSE de todo el personal y material indispensable para
asegurar el correcto ejercicio de sus funciones en el control y represión de los actos de violencia y terrorismo callejero que se están produciendo actualmente en toda España, con ocasión de las protestas por la detención e ingreso en prisión del
Sr. Rivadulla Duró.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados declara:
El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español, expresa su más enérgica condena por los gravísimos disturbios y altercados que grupos de extrema izquierda está causando en España, con ocasión del ingreso en prisión del
delincuente reincidente Pablo Rivadulla Duró, más conocido como Hasél, condenado por agresiones, amenazas, enaltecimiento del terrorismo, obstrucción a la justicia e injurias, así como los mensajes que alientan a los mismos. Igualmente, esta Cámara
expresa su total apoyo a las fuerzas del orden, a los comerciantes y a las familias que están siendo víctimas de esta ola de disturbios.'
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. Reconocer expresamente la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y expresar su apoyo a las mismas en el ejercicio de sus funciones, especialmente en los ataques que sufren en los actos vandálicos y de violencia callejera originados
con ocasión de la detención del Sr. Rivadulla Duró.
2. Adoptar urgentemente las medidas necesarias para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios humanos y materiales necesarios para asegurar el correcto ejercicio de sus funciones en el control y represión de los
actos de violencia y terrorismo callejero que se están produciendo actualmente en toda España, con ocasión de las protestas por la detención de Pablo Hasél, en aras de garantizar la seguridad de los propios agentes y la de los demás ciudadanos.
3. Condenar expresamente los actos de violencia callejera que están sufriendo algunas ciudades de España, a causa de las protestas por la condena de prisión impuesta por la justicia al Sr. Rivadulla Duró, así como los mensajes que alientan
a cometer los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la construcción y puesta en
marcha de los intercambiadores de la línea R8
de Rodalies de Cataluña en Hospital General y en Volpelleres, así como un intercambiador entre las líneas R8 y R4 en Barberà del Vallès para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El transporte público debe ser capaz de dar solución a las necesidades de desplazamientos de las personas. Bajo esta premisa, consideramos esencial la necesidad de optimizar nuestras inversiones dando la máxima funcionalidad posible a lo
largo de su vida útil. El transporte público es una de las mejores herramientas de vertebración territorial y de equidad social. En particular, el transporte ferroviario de pasajeros y de mercancías es clave para garantizar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y apuntalar la respuesta a la emergencia climática. Por todo ello es necesario priorizar la movilidad sostenible, la promoción y adaptación del transporte público a las necesidades de sus usuarios y usuarias, que en muchas
ocasiones no ven en su diseño inicial y en sus frecuencias una solución viable para cubrir sus necesidades de transporte cotidiano.
Por otro lado, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha presentado recientemente el Plan de Rodalies de Cataluña 2020-2030, con una serie de actuaciones inmediatas y a medio plazo en la red.
Dentro de dicha red se encuentra la línea R8, Martorell-Granollers, inaugurada en el año 2011, que es la única línea de Rodalies de Catalunya de concepción no radial, que no pasa por la ciudad de Barcelona, y que conecta poblaciones de las
comarcas del Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental. En su día fue la respuesta a una demanda de interconectar estos territorios de la provincia de Barcelona, donde se concentran casi dos millones de habitantes. Actualmente la
R8 es la línea ferroviaria de menor demanda del sistema de Rodalies del Vallès, se estima unos 4.100 usuarios y usuarias día.
Actualmente resulta conveniente estudiar el planteamiento de actuaciones para facilitar el intercambio ferroviario de la línea R8 que junto el aumento de frecuencia de los trenes, se estima que aumentaría hasta 14.000 usuarios y usuarias
día, triplicando los actuales, y cubriendo las necesidades de transporte público de casi medio millón de vecinos y vecinas del Vallès, incluyendo los municipios de Sabadell y Terrassa.
Un kilómetro de distancia separa la estación de Renfe Sant Cugat del Vallés (R8) y la estación de FGC (S2) Volpelleres.
El segundo intercambiador conveniente para la línea R8 es el intercambiador Hospital General a la altura de la estación de FGC del mismo nombre, entre los términos de Sant Cugat y Rubí. Estas estaciones, Rubí (R8) y Hospital General (S1
FGC), están separadas por algo más de un kilómetro de distancia.
Del mismo modo, la construcción y puesta en servicio de un intercambiador en la intersección de las líneas ferroviarias R8 y R4, en el municipio de Barberà del Vallès, incrementaría notablemente la utilidad de la línea R8, aumentando las
posibilidades de desplazamientos entre las comarcas del Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental, favoreciendo la movilidad en transporte público y ferroviario de más de 1 millón de personas.
La entrada en servicio de los intercambiadores ferroviarios propuestos supondría un impulso decisivo en la lucha contra el cambio climático y, al mismo tiempo, un importante incremento en la promoción del transporte público ferroviario. De
esta manera, se contribuiría al avance de un modelo de movilidad más sostenible y una disminución de la contaminación atmosférica y la protección de la salud de la ciudadanía. Estas intervenciones en la red ferroviaria supondrían unas inversiones
muy asequibles para el presupuesto público y un gran beneficio social y ambiental.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Estudiar la viabilidad de los intercambiadores en las estaciones de Hospital General de Catalunya y la estación de Volpelleres para enlazar las líneas S1 y S2 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) con la línea R8 de Rodalies de
Catalunya con el objetivo de mejorar y potenciar la movilidad en las comarcas del Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental.
2. Reevaluar la viabilidad y proseguir con los estudios de un intercambiador en la intersección de las líneas ferroviarias R8 y R4 de Rodalies de Catalunya, en el municipio de Barberà del Vallès, con el objetivo de mejorar y potenciar la
movilidad en las comarcas del Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2021.-Laura López Domínguez, Diputada.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la operatividad del aeropuerto de
Donostia-San Sebastián en Hodarribia, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Recientemente, el Parlamento Vasco ha reiterado la importancia fundamental del aeropuerto de Donostia-San Sebastián para el desarrollo económico y social del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y ha pedido que se preserve su operatividad
presente y futura, tanto atendiendo a diversos factores relativos a la seguridad de viajeros y vecinos, la preservación del medio ambiente y el respeto a los planeamientos urbanos de los municipios afectados, como a los relativos al mantenimiento de
los puestos de trabajo y su incidencia inmediata en el entorno económico más local.
Dicha resolución, Proposición no de Ley 52/2020, de 12 de noviembre de 2020, es consecuencia de constatar el progresivo desmantelamiento de la operatividad de dicho Aeropuerto en forma de ausencia casi completa de programación de vuelos
desde sus instalaciones, que si bien se sostiene, desde Aena y los operadores, en la disminución de la demanda como consecuencia de la pandemia del COVID-19, también se adorna de otros caracteres que hacen dudar de la exactitud de dicha
fundamentación.
Así, y si advertimos la muy favorable evolución de su utilización en fechas anteriores a la pandemia -en 2019 marcó un récord de 320.440 usuarios-, y se coteja dicho dato con su actual oferta de vuelos; o si observamos que la programada
durante todos estos meses impide su utilización por los viajeros habituales de los vuelos más regulares (un único vuelo San Sebastián-Madrid, con un horario que impide su utilización de un solo día); o si valoramos la inexistente explicación por
las compañías comercializadoras de los motivos reales que impiden retomar una oferta muy superior, allí donde los usuarios e instituciones constatan un incontestable incremento de la demanda de su uso; todo ello nos lleva a entender que no existe
desde el Gobierno ni desde Aena una efectiva labor de impulso de operaciones desde dicho aeropuerto ni de exigencia a las empresas comercializadoras de adaptación de la oferta a dichas necesidades.
Como contraste, resulta que el Consejo Internacional de Aeropuertos ha distinguido al de Hondarribia con el premio al mejor aeropuerto de Europa en la categoría de aeródromos de hasta dos millones de pasajeros al año, lo que abunda en la
idea de un inexplicable abandono de unas instalaciones infrautilizadas, atendiendo a su capacidad y condiciones.
Proposición no de Ley
'Es por ello que, abundando en el sentido de la resolución del Parlamento Vasco, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) en el Congreso insta al Gobierno a:
1. Impulsar, a través de Aena como responsable actual de la gestión del aeropuerto, medidas conducentes al restablecimiento y mejora de la operatividad del mismo incrementando la frecuencia de vuelos ofertada.
2. Continuar con las inversiones necesarias para seguir mejorando y ampliando los servicios y la oferta de esta instalación, atendiendo a las demandas de Ortzibia, sociedad promotora del aeropuerto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/002271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la necesidad de adaptar el régimen jurídico de los centros portuarios de empleo establecidos en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para la mejora de la seguridad jurídica de la actividad de
manipulación de mercancías en el ámbito portuario, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El 18 de mayo de 2017 se convalidó por esta Cámara el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, dando cumplimiento a
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).
Asimismo, con fecha 3 de abril de 2019 se convalidó por esta cámara el Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo. Vínculo a legislación, por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo
temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.
A través de la regulación introducida en ambos reales decretos-leyes, el artículo 18 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, regula los Centros Portuarios de Empleo como una figura específica
para la cesión de trabajadores en el ámbito de la estiba, actuando como Empresas de Trabajo Temporal.
Cabe destacar que los Centros Portuarios de Empleo (CPE) constituyen una agrupación voluntaria de empresas para la gestión, no en régimen de exclusividad, del trabajo portuario y fue planteada en la STJUE de 11 de diciembre de 2014 como una
posible alternativa frente a fórmulas legales como la adscripción forzosa de las empresas a las SAGEP y la preferencia de la contratación de trabajadores de estas, que merecieron un juicio negativo del Tribunal, desde la óptica de las libertades de
competencia y establecimiento.
En estos momentos se han constituido 31 Centros Portuarios de Empleo en España, siendo la fórmula más utilizada por las empresas para dotarse del personal de la estiba. Es decir, que se pone de relieve que las empresas del sector consideran
el CPE una fórmula eficiente para la gestión del trabajo portuario y prueba de ello sería el interés que los protagonistas de las relaciones laborales del sector están mostrando en su desarrollo y en su regulación a través de la negociación
convencional.
El disponer de un convenio colectivo sectorial es esencial para la estabilidad del sector que permita a los puertos españoles mejorar su eficiencia y estar en condiciones de competir internacionalmente.
Sin embargo, a la hora de proceder a este desarrollo y regulación convencional, se plantean problemas, en gran medida relacionados con los aspectos jurídico-societarios de los CPE que tienen repercusiones en el terreno laboral y que pueden
tener impacto desde la perspectiva del Derecho de la competencia.
De hecho, la experiencia de la negociación colectiva en el sector ha puesto de manifiesto cuestiones complejas, relacionadas con la adaptación a las especialidades del sector de las regulaciones laborales en temas como el derecho de
ocupación efectiva, la formación profesional, las garantías en caso de transmisión de unidades productivas o las medidas sociales en los supuestos de ajustes en el empleo. Se trata, de hecho, de especialidades relacionadas, en gran medida, con la
discontinuidad de la actividad laboral y la intensidad cuando se produce la demanda de trabajo, de las que trae precisamente su causa la figura
del CPE. Y al hilo de esta actividad de la negociación colectiva, la CNMC ha ido expresando sus criterios sobre la compatibilidad con las normas objeto de su actividad de estas regulaciones convencionales.
Los CPE se configuran legalmente como entidades empresariales cuyo objeto societario es la satisfacción de la necesidad común a todos los socios de disponer de estibadores en número y cualificación precisas para atender una demanda que es
irregular en el tiempo e intensiva en mano de obra cuando se produce. Las empresas estibadoras, individualmente consideradas, se proveen de los servicios laborales de una empresa en la que participan, formando parte de su propiedad conjunta, y
tomando parte en las decisiones sobre la forma de prestar estos servicios.
De esta forma, la naturaleza de la actividad del CPE se configura como de tipo mutualista, al constituirse estos para atender mancomunadamente necesidades comunes de sus miembros.
La naturaleza mutualista produce efectos jurídicos en la esfera de las relaciones societarias en el seno del CPE, en la dimensión más estrictamente mercantil, pero también en el ámbito del cumplimiento de la regulación laboral, en la medida
en que la actividad de los socios -en su calidad de demandantes de la actividad del CPE- debe contribuir al cumplimiento de las obligaciones generales de una empresa de base laboral como es el CPE.
Para la seguridad jurídica del sector, sería necesario plantear una clarificación y, en lo estrictamente necesario, un desarrollo del marco jurídico-societario de los CPE puede contribuir a dar plena efectividad a los RDL 8/2017 y 9/2019, y
así culminar el proceso de reforma de la actividad portuaria, demandado desde las instancias europeas y, en todo caso, necesario por razones de eficiencia económica.
Esta modificación debe realizarse minimizando el impacto en la competencia, de forma que se cumplan los criterios o principios de buena regulación, de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción respecto del cumplimiento de objetivos de
orden público como la protección de los derechos sociales de los trabajadores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a utilizar los instrumentos jurídicos necesarios para clarificar y completar el régimen jurídico de los Centros Portuarios de Empleo, de forma que, sin alterar la configuración general del
régimen actual, se reconozca su carácter mutualista y se establezcan las especialidades necesarias para su adaptación a la realidad específica del sector.'
Palacio Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para impulsar el transporte ferroviario de proximidad en la Comunidad de Madrid, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Los servicios de cercanías garantizan la movilidad, reducen la congestión del tráfico, los tiempos de viaje y la siniestralidad en el transporte. Ejercen un impacto positivo sobre las condiciones medioambientales al reducir la emisión de
gases de efecto invernadero. El tren es el modo de transporte de viajeros y mercancías más eficiente en términos de consumo de energía y de emisiones de CO2.
Como se señala en los informes de INECO, los núcleos de cercanías son extremadamente diversos en cuanto al ámbito territorial, la población atendida, la extensión de la red sobre la que operan, el número de líneas y de estaciones, las
frecuencias de servicio y los volúmenes de demanda; pero todos tienen un elemento común: atienden las necesidades de movilidad de carácter recurrente en áreas metropolitanas, conurbaciones urbanas y grandes ciudades, lo que justifica su sujeción a
obligaciones de servicio público.
Así, los servicios ferroviarios de cercanías junto con otros servicios ferroviarios de Media Distancia en red de ancho métrico tradicional y Media Distancia-Avant, son declarados como obligación de servicio público y financiados por el
Estado con objeto de garantizar su prestación en condiciones adecuadas de frecuencia, seguridad, calidad y precio. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, (con modificaciones posteriores) es el que regula las condiciones de
prestación de servicio público por parte de Renfe-operadora y las compensaciones a este operador, de acuerdo con el marco normativo europeo y español.
A pesar de que los servicios de Cercanías transportan al 90 % de los usuarios de ferrocarril en España, y de que es un modo de transporte asociado a la movilidad cotidiana, la inversión en este modo ha sido insuficiente. Por ello, la actual
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada pretende dar un nuevo impulso a este modo de transporte fijando como una de sus prioridades dar respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana de los ciudadanos mediante modos de transporte
sostenibles, desde el punto de vista social, económico y medioambiental. En este marco, los servicios ferroviarios de cercanías y aquellos servicios ferroviarios que atienden a la movilidad cotidiana cobran un papel esencial, por su capacidad y
elevado grado de aprovechamiento y porque contribuyen a la descarbonización del transporte, a la descongestión del tráfico y a la mejora de la calidad del aire en las ciudades.
Especial relevancia dentro del conjunto de servicios ferroviarios de Cercanías tiene el servicio prestado en la Comunidad de Madrid, que con más 750.000 viajeros cada día, datos previos a la pandemia, representa el servicio ferroviario de
Cercanías con mayor incidencia en España.
Cercanías Madrid es un servicio fundamental para combatir la contaminación atmosférica en la Comunidad de Madrid, una de las regiones con datos más altos de Europa, que tras casi una década donde apenas tuvo nuevas inversiones, junto a una
reducción destacable del gasto en mantenimiento y conservación del conjunto del servicio, vio mermado la calidad del servicio prestado a los madrileños y madrileñas.
Tras dos años de mejora continua con un incremento de las aportaciones del Estado al servicio, conviene dar un paso más para recuperar y mejorar un servicio de transporte público esencial para la movilidad sostenible en la Comunidad de
Madrid, con una influencia importantísima en el Corredor del Henares y el Sur Metropolitano.
Desde un enfoque global, integrador, inclusivo y orientado a mejorar la calidad del servicio con una previa evaluación de los beneficios económicos, sociales y medioambientales de las citadas actuaciones se prevé, a través de 'Cercanías 25'
un impulso muy importante al servicio de Cercanías Madrid.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el desarrollo del proyecto 'Cercanías 25' en la Comunidad de Madrid, se contemplen actuaciones que:
- Aumenten la fiabilidad y la puntualidad del servicio, actuando sobre las instalaciones y el material móvil.
- Mejoren la experiencia de los usuarios y la calidad del servicio, tanto antes del viaje como en tiempo real durante el mismo, aprovechando todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías de la información, incidiendo en todos
aquellos aspectos que determinan esta experiencia, desde la información previa al viaje, la adquisición de los títulos del transporte, la atención al cliente durante el servicio o la atención a posibles quejas o reclamaciones.
- Favorezcan el acceso de más usuarios a los servicios de Cercanías, con actuaciones selectivas para incrementar la capacidad y cobertura territorial de las redes o la frecuencia de los servicios.
- Profundicen en la ejecución de los planes en curso para mejorar la accesibilidad de trenes y estaciones.
- Favorezcan la intermodalidad con otros modos de transporte, para optimizar la utilización de toda la oferta disponible para satisfacer las necesidades de movilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2021.-César Joaquín Ramos Esteban, Daniel Vicente Viondi, Zaida Cantera de Castro, Omar Anguita Pérez, Rafael José Vélez, Isaura Leal Fernández, Gema López Somoza y Julio Navalpotro
Gómez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la urgente modificación
del Convenio de colaboración para el estudio y desarrollo de los trabajos para la integración del ferrocarril en la ciudad de Logroño a través de la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002, S.A. (LIF 2002), para su debate en la Comisión
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El pasado 17 de febrero fue la Delegada del Gobierno en La Rioja la encargada de anunciar que se encontraban 'muy avanzadas' las negociaciones del Gobierno Regional y del Ayuntamiento de Logroño con el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana para la firma de un nuevo Convenio marco de colaboración que sustituirá al que actualmente rige a la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002, S.A. (LIF 2002).
Según esta portavoz del Gobierno esta propuesta de Convenio se espera del Ejecutivo Central desde hace casi un año, mayo de 2020, y vendría a sentar las bases para poder hacer realidad todas las fases de la actuación de integración al
reequilibrar los compromisos de las partes.
Estas afirmaciones hunden en el descrédito más absoluto a todos los actores implicados en ese año de gestión al resultar evidente que hace apenas seis semanas se aprobaban unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en los que
se podía haber abordado la integración del ferrocarril en Logroño con la transparencia y garantías que puede ofrecer el marco de una Ley, pero sin que nada se hiciera.
Aún peor, el Grupo Popular en el Congreso presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado con el fin de dotar económicamente un Convenio General entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Comunidad
Autónoma de la Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y Renfe para la integración del ferrocarril en la ciudad de Logroño por un importe de 50 millones de euros, que permitiera afrontar las obligaciones financieras de la Sociedad gestora del Convenio y
que fue rechazada por el Gobierno y sus socios de coalición sin darse siquiera ni la posibilidad de valorar su transacción a pesar de la evidente importancia de la propuesta tanto para el futuro de la ciudad como para el conjunto de sus vecinos.
Ayuntamiento y Gobierno Regional fueron testigos mudos.
No es la primera vez que el Gobierno, con Pedro Sánchez como Presidente, ignora las peticiones de mejorar las aportaciones del Estado al Convenio para garantizar su cumplimiento: en el año 2019 la entonces Alcaldesa de Logroño Concepción
Gamarra solicitaba al Ministerio de Fomento, entre otras cuestiones, la renegociación de las condiciones con una actualización de dichas aportaciones tras casi veinte años desde la firma del acuerdo; una petición que se sustentaba entre otras
cuestiones en una recomendación del Tribunal de Cuentas. La petición era clara: los socios locales no podían asumir el posible déficit de las fases pendientes y el Ministerio debía tomar un mayor protagonismo como ocurría en otros soterramientos
de la misma naturaleza.
Fue incluso necesario solicitar un consejo presencial de LIF ante la imposibilidad de ser recibidos, Alcaldesa y Consejero de Fomento, por parte del Secretario de Estado.
El resultado de dicho consejo presencial fue el acuerdo de constitución de un Grupo de Trabajo 'para el estudio y desarrollo de un documento adecuado para vincular los proyectos de la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Logroño y el
proyecto de integración del ferrocarril en Logroño, así como la financiación de las actuaciones'. Las conclusiones y soluciones debían haberse presentado antes de diciembre de 2019; nada se ha sabido desde entonces.
A la fecha de hoy, y con un crédito por importe de 220 millones de euros que vence el 29 de julio de 2021, el Gobierno no ha presentado una propuesta que salvaguarde la viabilidad económica del Convenio para la culminación y puesta en
funcionamiento de las infraestructuras relacionadas con el soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad de Logroño; y lo que es más grave, ha perdido una oportunidad única para ello al ignorar la posibilidad de darle una solución
definitiva a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Finalizar la redacción del nuevo Convenio marco que regirá la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002, S.A., anunciado recientemente por la Delegada del Gobierno en La Rioja.
2. Incorporar al mismo, si no se ha hecho, la consideración del esfuerzo fiscal de La Rioja y atendiendo singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial, así como la corrección de los desequilibrios
producidos en La Rioja por los efectos derivados de su situación limítrofe con otros territorios, una 'deuda histórica' reconocida en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
3. Convocar de forma extraordinaria y urgente el Consejo de Administración de LIF 2002 para la presentación de dicho Convenio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la diversificación de actividades en los astilleros de Navantia Ría de Ferrol para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El plan industrial que necesita la comarca de Ferrol, eterna promesa de los distintos Gobiernos es simple, se debe permitir trabajar a Navantia eliminando las restricciones actuales y aprovechando todos los segmentos de actividad que
potencialmente puedan concurrir en las instalaciones de Navantia en la ría de Ferrol.
Aunque debe apostarse por la diversificación y el aprovechamiento de todas las oportunidades constructivas que el mercado actual ofrece, la realidad es clara, ningún otro encargo o proyecto puede sustituir o equipararse a la construcción
naval, por el volumen de empleo, la diversidad de actividades que concurren en la construcción de un barco, por su nivel tecnológico, el potencial exportador y el efecto multiplicador del precio de la obra en la economía comarcal -4,5 euros por cada
1 euro según cálculos de SEA Europe-.
Sin embargo, la industria de la construcción naval y de las tecnologías marítimas es intrínsecamente diversa, siendo los antecedentes históricos de Navantia en la ría de Ferrol buen ejemplo de esta diversificación industrial, que debería
recuperarse y promoverse.
Debido al crecimiento y promoción de la energía eólica, hoy uno de estos segmentos de actividad en crecimiento son los contratos para el sector de la eólica marina en los que viene trabajando Navantia, que deberían aprovecharse para resituar
la Fábrica de Turbinas en ese sector, ampliando la participación de Navantia Ría de Ferrol en aquellos elementos de mayor valor añadido de estos proyectos.
En este sentido preocupan los pasos, precisamente en sentido contrario, que la dirección de Navantia está dando, que parecen encaminados a abandonar la eólica marina, ya que según la información transmitida por el comité de empresa se está
negociando un contrato marco para proveer de Monopiles a Iberdrola durante 5 años, en el que la participación de Navantia en la UTE con Windar pasaría de un 70 % a 8 %, lo que supone de hecho renunciar al sector de la eólica marina en favor de la
empresa privada Windar, así como entregarle las instalaciones de Fene en un proceso de privatización encubierto de enormes consecuencias.
Mientras que se celebraba esa alianza entre Navantia-Windar, tanto desde el Gobierno del Estado como desde la Xunta de Galiza, como algo muy positivo para el futuro del astillero, los representantes de las y los trabajadores de la empresa
pública, y sindicatos como la CIG advertían de que cuando Navantia no tiene personal propio en estos proyectos, cuando renuncia a controlar la subcontratación de empresas en la parte de la obra que le correspondía por su participación en la UTE,
cuando renuncia a determinados proyectos de asesoramiento, formación o reparación internacionales en favor de sus contratas, es porque no tiene interés en el sector.
Además, los hechos relatados coinciden en el tiempo con la decisión de que la Fábrica de Turbinas deje de ser una división con dirección propia dentro de Navantia. Justo en un momento en que la descarbonización de la movilidad marítima es
la llave para hacerse un hueco en el sector, la fábrica de turbinas, que podía y debería ser la base de una nueva área de trabajo de fuerte impronta tecnológica e innovadora, pierde recursos y actividad.
Otra área de trabajo que ha significado un importante volumen de actividad y de empleo para los astilleros y para la comarca es el de las reparaciones. Una facturación en este segmento de 750 millones de euros para la propia Navantia en los
últimos 10 años da una idea bastante fiel de su importancia. Sin embargo, para acercarnos a lo que significa en la práctica para la economía del conjunto de la comarca de Ferrol es preciso tener presente que un 18 % de sus gastos son de personal
directo de Navantia y un 64 % de personal de subcontratas, porcentajes elevadísimos en comparación con otras áreas de negocio donde los materiales y la ingeniería son las partidas más importantes, esto supone que se genere un 10 % de negocio a
mayores en consignatarios, prácticos, remolcadores, tasas portuarias y, además, entre 8.000 y 15.000 pernoctaciones/año en los establecimientos hoteleros de la zona.
En la actualidad Navantia solo cuenta con un dique que pueda acoger buques de grandes dimensiones, por lo que el astillero se ve en la obligación de renunciar a contratos por falta de disponibilidad, una media de 5 buques por año durante los
últimos 10 años. En este sentido, acometer las obras para el nuevo dique seco específico para reparaciones sería importante no solo para atender la demanda ya existente en la actualidad, sino para poder aspirar a nuevos mercados por tipología de
buques, así como para compatibilizar esos trabajos con los de las grandes transformaciones, y no desatender otros potenciales clientes durante todo el tiempo en que se mantenga la ocupación del dique.
Para velar por los intereses descritos, por el mantenimiento de la actividad plena y diversificada en Navantia de la Ría de Ferrol y, con ello, permitir el desarrollo de la economía de toda la comarca y del conjunto de Galiza, debe darse
participación a la Xunta la dirección de esta empresa pública. Se daría así cumplimiento a lo estipulado en el artículo 55 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galiza, que permite la posibilidad de designar a sus
propios representantes en los organismos económicos, las instituciones financieras y las empresas públicas del Estado, cuya competencia se extienda al territorio gallego y que por su naturaleza no sean objeto de traspaso. En este mismo sentido, el
artículo 4 de la Ley 4/2010, de 23 de junio, de fomento del sector naval de Galiza, establece que la Xunta negociará con el Estado su participación en la gestión de las empresas públicas estatales integradas en el sector naval de Galiza que, por su
naturaleza, no puedan ser objeto de traspaso.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Facilitar la participación de la Xunta de Galiza en el Consejo de Administración de Navantia conforme a lo establecido en el artículo 55 del Estatuto de Autonomía de Galiza y del artículo 4 de la Ley 4/2010, de 23 de junio, de fomento
del sector naval de Galiza.
2. Constituir y convocar, junto con la Xunta de Galiza, una Mesa de ámbito gallego para la Promoción de la Diversificación de Actividades en los astilleros de Navantia Ría de Ferrol, y concretamente:
A) Potenciar la participación de Navantia Ría de Ferrol en el sector de la eólica marina flotante, con recursos propios o manteniéndose, cuando no sea posible, como socia mayoritaria en las UTEs con Windar o con cualquier otra empresa o
sociedad.
B) Dotar a la Fábrica de Turbinas de dirección y recursos propios suficientes para la definición de nuevos productos destinados al sector de las energías renovables en general, y para fomentar su introducción y participación en los contratos
de la eólica marina en particular.
C) Introducir también a la Fábrica de Turbinas en aquellos segmentos de actividad relacionados con nuevos modelos sustentables de movilidad marítima, procurándose las colaboraciones con centros de investigación o empresas que fuesen
precisas.
D) Concretar un plan de inversiones destinada a la modernización de las infraestructuras, talleres de prefabricado, diques para nueva construcción y diques para reparaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación urgente de un
plan de apoyo a la industria nacional para la creación de una reserva estratégica real de equipos y material sanitario frente a pandemias y crisis de salud pública, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
En mayo del pasado año se puso en marcha en el Congreso de los Diputados la Comisión -no permanente- de Reconstrucción Social y Económica con el objetivo de favorecer una respuesta diligente y ágil al impacto negativo de la pandemia de
COVID-19 desde la perspectiva de la Sanidad y la Salud Pública, de la Reactivación Económica, de la Unión Europea y de las Políticas Sociales y el Sistema de Cuidados.
Tras varias semanas de trabajo en las que comparecieron numerosos expertos de los ámbitos citados, entre el 22 y el 27 de julio de 2020 fue ratificado en sesiones plenarias del Congreso un dictamen con numerosas conclusiones entre las que se
encuentra -dentro del apartado relativo a la Sanidad y la Salud Pública- el establecimiento 'ante futuras emergencias de salud pública o nuevas ondas epidémicas' de 'una 'Reserva Estratégica de Productos Sanitarios Críticos' en coordinación con el
sector tecnológico sanitario' con la que garantizar 'el abastecimiento de material sanitario, de protección, productos químicos y sustancias básicas, maquinaria crítica, materias primas, etc.'.
En cumplimiento de este objetivo, el dictamen de la referida Comisión de Reconstrucción Social y Económica contempla la necesidad de 'incluir en las líneas de ayudas existentes a inversiones industriales relacionadas con el COVID-19,
acuerdos de cofinanciación con participación activa del Gobierno para empresas con iniciativas para establecer en España la producción de equipos de tecnología sanitaria, medicamentos, fabricación de equipos de protección individual, mascarillas y
productos sanitarios'.
Además, el dictamen destaca la necesidad de impulsar 'la creación de un clúster nacional que facilite la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y hospitalarios, y universidades, orientado al desarrollo de capacidades de ingeniería
sanitaria y/o equipos de protección individual'.
Esta iniciativa -ligada a otras propuestas también incluidas en el ámbito de la Sanidad y la Salud Pública como la 'elaboración de un mapa tecnológico de necesidades junto a las comunidades autónomas y poner en marcha un Plan de Renovación
de Tecnología Sanitaria'- es plenamente convergente con planteamientos sobre las pequeñas y las medianas empresas (pymes) contenidas en el apartado relativo a la Reactivación Económica.
Las pymes son consideradas en el dictamen como un agente al que 'se prestará especial atención' por su condición de 'colectivo relevante del tejido productivo' en todo el país.
Con esta perspectiva, y además de considerar la aprobación de medidas de modernización y de 'un régimen sancionador que contribuya a evitar el incumplimiento de los plazos legales de pago, reduciendo de esta manera la necesidad de
endeudamiento financiero' de las pymes, se plantea la necesidad de 'elaborar junto con las administraciones e instituciones con competencias en la materia y los agentes económicos y sociales, una estrategia de fortalecimiento de las pymes que
permita desarrollar sus potencialidades y sus posibilidades en un contexto global que contemple programas de internacionalización, digitalización y colaboración empresarial, así como mejorar los instrumentos financieros de apoyo'.
En consecuencia, en el marco de los fondos provenientes de la Unión Europea para afrontar los efectos de la pandemia de COVID-19 y teniendo en cuenta los fiascos cometidos por el Gobierno en la adquisición y puesta a disposición de los
ciudadanos de equipamiento de protección individual de calidad frente a la COVID-19 -especialmente a los profesionales sanitarios y durante la primera ola de la pandemia-, así como el hecho de que las pymes representan el 99,8 % de las empresas y el
66 % del empleo empresarial total en España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar e implementar un plan de apoyo a la industria nacional para impulsar la creación de una reserva estratégica real de equipos de protección individual, tecnología sanitaria,
medicamentos, mascarillas y productos sanitarios con los que posibilitar una respuesta adecuada e integral a futuras pandemias y crisis de salud pública como la generada por la COVID-19.
Las pequeñas y medianas empresas tendrán prioridad en el plan, que será diseñado e implementado desde el consenso total con las Comunidades Autónomas y la coordinación con la iniciativa privada -por ejemplo, la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria o la Asociación Española de Bioempresas-, y contemplará medidas con las que posibilitar en el momento oportuno la readaptación de la industria nacional para satisfacer la demanda de equipamiento y reducir la
dependencia de otros países.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2021.-Elena Castillo López, Guillermo Mariscal Anaya y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora del Sistema de autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. El 'SAAD': fundamento constitucional, regulación legal y funcionamiento.
La Constitución Española ('CE'), en sede de los 'principios rectores de la política social y económica' 24, establece para los poderes públicos dos obligaciones relativas a las personas con discapacidad o de la tercera edad:
- 'Realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los
24 Recordemos que dichos principios rectores 'constituyen normas provistas de un valor normativo general con fuerza vinculante para todos los poderes públicos, que cumplen una función interpretativa importante de las restantes normas
constitucionales como de las leyes (STC 19/1982)', según afirma GOÑI SEIN, J. L., 'Artículo 50', en VV. AA., Comentarios a la Constitución Española, Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2018, p. 1418. Acceso en línea: https://www.boe.es/biblioteca
jurídica/abrir_pdf.php?id=PUB-PB- 2018-94 1
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos' (artículo 49).
- 'Garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante
un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio' (artículo 50).
Ambos preceptos de nuestra Carta Magna son el fundamento legal del vigente Sistema para la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia ('SAAD'), entendida esta última como 'el estado de carácter permanente en
que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o
ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal' 25.
El SAAD consiste, pues, en un 'conjunto de servicios y prestaciones económicas destinados a la promoción de la autonomía personal, la atención y protección a las personas en situación de dependencia, a través de servicios públicos y privados
concertados debidamente acreditados, [que] contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos' 26.
Se rige por una normativa específica, que fue la que lo instauró: la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ('LAPAD').
En cuanto al funcionamiento concreto del SAAD, la LAPAD establece lo siguiente:
1. Se articula como 'red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados' (artículo 6.2).
2. Se materializa en prestaciones económicas o de servicios destinadas 'a la promoción de la autonomía personal' y 'a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria'
(artículo 14.1). La concesión de tales prestaciones requiere, por tanto, la previa valoración y reconocimiento del grado de dependencia del interesado (artículos 26 y siguientes), y el posterior establecimiento de un programa individual de atención
al que se adecuarán aquellas.
3. Está diseñado como un sistema que requiere la actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas (artículo 1.2). Este principio se concreta, v. gr., en el artículo 7, que establece que la protección de la ley se presta desde
tres niveles diferenciados:
'1.º El nivel de protección mínimo establecido por la Administración General del Estado en aplicación del artículo 9.
2.º El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y la Administración de cada una de las Comunidades Autónomas a través de los Convenios previstos en el artículo 10.
3.º El nivel adicional de protección que pueda establecer cada Comunidad Autónoma'.
4. La financiación del SAAD es coherente con el sistema coordinado al que nos hemos referido:
- El coste del nivel 1.º es asumido por la Administración General del Estado, en la cuantía que anualmente se fije a tal efecto en los Presupuestos Generales del Estado 27 (artículo 9.2).
25 Artículo 2.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
26 https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/saad/el saad/index.htm
27 A título de ejemplo, en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, la dotación para el SAAD incluida en las transferencias corrientes y de capital del Presupuesto del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 es de 2.353.541.810 euros, divididos en diferentes partidas:?- 29.03.425 ('Al IMSERSO SAAD, para la cobertura de cuotas sociales de cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia');?- 29.03.427 ('Al
IMSERSO, para mínimo garantizado en dependencia'),?- 29.03.428 ('Al IMSERSO, nivel contenido en dependencia-SAAD');?- 29.03.429 ('Al IMSERSO, para otros gastos en dependencia'); y?- 29.03.729 ('Al IMSERSO, para otros gastos en dependencia').
- En cambio, los niveles 2.º y 3.º de protección se financian con las cantidades procedentes tanto de la Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas, en la cuantía y proporción pactadas en los convenios anuales o
plurianuales suscritos entre el Estado y cada una de las Comunidades (artículos 10.4 y 32.2). Y, aunque la LAPAD señala en el artículo 32.3 que 'la aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración
General del Estado', tal inciso ha sido suspendido, en virtud de diversas leyes posteriores, para los años 2012 a 2018.
- Las Entidades Locales participan en la gestión de los servicios (artículo 12.1), aunque no en la financiación.
- Por último, la LAPAD introduce la figura del copago (artículo 33), en virtud de la cual los beneficiarios participan en el coste de las prestaciones en función del coste de las mismas y su propia capacidad económica.
5. El CES estima que el gasto total del SAAD en 2019 fue de 8.891 millones de euros. Si a este se le resta la parte que correspondió a la participación de los beneficiarios, que 'se estima en el 20 por 100 del total como mínimo' 28,
obtendríamos que 'el gasto público que actualmente se destina al SAAD se limitaría a poco más de 6.600 millones de euros, el equivalente al 0,55 por 100 del PIB' 29.
Segundo. Creciente necesidad del SAAD en España.
La promulgación de la LAPAD fue un hito reseñable en tanto que 'el SAAD suponía un importante salto cualitativo respecto a la protección que se venía prestando, en el ámbito de la discapacidad y a las personas mayores, de manera fragmentaria
con diferentes instrumentos, dispositivos y prestaciones públicas, especialmente desde los servicios sociales' 30. El Expositivo Segundo LAPAD habla, en este sentido, de la 'necesidad de garantizar un marco estable de recursos y servicios para la
atención a la dependencia', y que su progresiva importancia lleva ahora al Estado a intervenir en este ámbito con la regulación contenida en esta Ley'.
Tal necesidad no ha hecho sino aumentar en España con el transcurso de los años:
- En 2006, un 16,64% de la población era mayor de 65 años. En 2020, ese porcentaje ya había crecido hasta el 19,58% 31.
- De igual modo ha ocurrido con la población con discapacidad, que en 2008 (fecha de la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística 'Discapacidad, Autonomía Personas y situaciones de Dependencia') 32 era de 3,8 millones. Diversas
fuentes 33 apuntan que actualmente esa cifra se ha elevado a 4,1 millones.
- El número de solicitudes de prestaciones por dependencia también ha aumentado: de 374.000 en mayo de 2008 (la fecha más remota que publica el IMSERSO) 34 a 1.845.862 en enero de 2021 35.
En cuanto al número de personas beneficiarlas del SAAD, en mayo de 2008 fue de 200.690 36, mientras que en enero de 2021 fue de 1.422.173 37.
Tercero. Deficiencias detectadas en el SAAD.
No obstante lo anterior, se observa que la regulación de la LAPAD está generando, en su concreta aplicación, disfunciones que obstaculizan gravemente el objetivo con que se creó el SAAD, que no es otro que 'la necesidad de garantizar a los
ciudadanos (...) un marco estable de recursos y servicios para la
28 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA, Informe. El sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, N.º 3, 2020, p. 166. Acceso en línea:
http://www.ces.es/documents/10180/5226728/Inf0320.pdf
29 ídem.
30 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA, Informe. El sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, n.º 3, 2020, p. 56.
31 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=1488
32 https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p418/a2008/hogares/p01/modulo1/10/&file=01001.px
33 https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/category/documentos/observatorio/breves-observatorio/#:~:text=Se%20estima%20que%20en%20Espa%C3%B1a,que%20las%20personas%20sin%20discapacidad.
34 https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/estsisaad20080505.pdf
35 https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/estsisaad20210131.pdf
36 Ver nota al pie número 11.
37 Ver nota al pie número 12.
atención a la dependencia', según refiere la propia Exposición de Motivos. Entre ellas, cabe destacar tres: el elevado tiempo de espera de los interesados, la insuficiencia de recursos y la inequidad territorial.
1. Elevada tasa de espera.
Existe una creciente tasa de espera de los interesados, tanto para ser valorados y que se reconozca su grado de dependencia y su derecho a la prestación, cuanto para percibirla después de forma efectiva. El fenómeno ha llegado a ser de tal
magnitud que, en agosto de 2020, se afirmaba que cada 8 minutos moría en España una persona que se encontraba tramitando las ayudas de la LAPAD 38. Según datos proporcionados por el IMSERSO, ese mismo mes y año 39.
i. 234.577 personas tenían reconocido el derecho a prestaciones aparejadas al SAAD pero aún se hallaban a la espera de recibirlas.
ii. En Andalucía, el caso más flagrante, un 48,63% de los beneficiarios con Grado I de dependencia aún no había percibido la prestación solicitada.
iii. En Cataluña, el 31% de los beneficiarios de cualquier grado de dependencia tampoco había recibido los servicios aparejados a la dependencia.
Sobre este particular se ha pronunciado el Defensor del Pueblo en su último Informe anual (de 2019):
'El SAAD sigue sin tener capacidad para incorporar en un plazo razonable a todas las personas reconocidas como dependientes, pero sin prestación o servicio aprobados. En algunas comunidades autónomas, además, la valoración del grado de
dependencia se demora en exceso. Con todo, lo más preocupante es que las personas con su situación de dependencia ya valorada y con su prestación o servicio reconocidos, han de esperar a veces largos períodos de tiempo para acceder a ellos, bien
por insuficiencia de recursos públicos o concertados para proporcionar los servicios reconocidos, o bien por falta de crédito para pagar las prestaciones económicas concedidas' 40.
'Las administraciones competentes incumplen los plazos previstos legalmente para resolver sobre la situación de dependencia y respecto al Programa Individual de Atención (PIA)' 41.
Se trata, sin duda, de una cuestión preocupante, toda vez que muchas familias españolas, especialmente en momentos de crisis económica como la que atravesamos actualmente, viven como un auténtico drama el hecho de no percibir, o hacerlo con
meses de retraso, las ayudas que el Estado les brinda para hacer frente a la situación del cuidado de una persona dependiente.
Una de las causas de la lista de espera es 'el disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal
para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios' 42.
2. Insuficiente financiación.
Como segundo problema estructural del SAAD, existe una clara insuficiencia en su financiación, que provoca que muchos de los solicitantes no puedan recibir las prestaciones a las que tendrían derecho en atención a su situación real de
dependencia.
La insuficiencia de medios es de dos clases: absoluta (hay más demanda de servicios del SAAD que dotación presupuestaria) y relativa (concurre una mayor escasez de medios en determinadas Comunidades Autónomas). Estas últimas, al ser
consultadas en 2009 por el Grupo de Expertos para la evaluación del desarrollo y efectiva aplicación de la LAPAD 43, refirieron que la financiación que perciben del Estado debería ser mayor para poder abordar la creciente demanda de servicios a la
dependencia. El aumento
38 https://elpais.com/sociedad/2020-08-03/cada-ocho-minutos-muere-una-persona-en-la-lista-de-espera-de-la-dependencia.html
39 https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/estsisaad_compl20200831.pdf
40 DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe Anual 2019. Volumen I. Informe de gestión, Madrid, 2020, pp. 518-519. Acceso en línea: https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/05/I_Informe_gestión_2019.pdf
41 Op. cit., p. 557.
42 ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORES Y GERENTES EN SERVICIOS SOCIALES, XX Dictamen del Observatorio, febrero 2020, p. 30.
43 Informe Final del Grupo de Expertos para la evaluación del desarrollo y efectiva aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, septiembre
2009. Ver, por ejemplo, las páginas 25, 27, 44 o 53. Acceso en línea:
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3379/Informe%20final%20del%20grupo%20expertos%20para%20evaluaci%c3%b3n%20de%20Ley%20Dependencia.pdf?sequence=1&rd=0031271739232728
de solicitudes no debe ser solventado, a su juicio, con un incremento cada vez mayor de la aportación autonómica, ya que el principio de lealtad institucional aconseja que sea el Estado quien asuma este gravamen 44.
El CES también constata la 'insuficiencia de las prestaciones de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía' 45. Y, en similares términos, se pronuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que
describe este fenómeno como 'estrangulamiento financiero' 46. Incluso el Grupo de Expertos que se constituyó para evaluar la LAPAD concluye que existe una 'insuficiente financiación estatal a las Comunidades Autónomas' 47.
La falta de dotación económica al SAAD supone que, de facto, se esté incumpliendo lo dispuesto en el artículo 32.1 LAPAD, a saber, que 'la financiación del Sistema será la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan a las Administraciones Públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes Presupuestos'.
3. Inequidad territorial.
La inequidad territorial es el tercero de los déficits graves del SAAD, y deriva a su vez de dos causas: la gestión desigual de las Comunidades Autónomas y, en especial, el propio sistema de financiación múltiple diseñado por la LAPAD.
Por cuanto respecta a esto último, lo cierto es que (i) las comunidades reciben fondos en función del Convenio que pacten con la Administración General del Estado y no atendiendo al número real de solicitudes; (ii) el sistema de copago es
diverso en cada Comunidad 48; y (iii) los precios de los servicios varían enormemente entre unas regiones y otras. A título de ejemplo, 'el coste por usuario anual se sitúa para la teleasistencia en una horquilla que va desde los 83,3 euros
(Navarra) a los 260,6 (Canarias). Para la ayuda a domicilio el precio por hora oscila entre 10,5 euros de Murcia y los 20,5 del País Vasco, y el tiempo de atención domiciliaria mensual que se presta va desde las 9,5 horas en Navarra hasta las 28,7
en Andalucía. Por su parte, el rango de precios de los centros de día públicos va de 3.786 (Navarra) a 11.067 euros (Baleares). (...) Por lo que respecta al coste por usuario de las residencias públicas, la horquilla va de los 10.449 euros en La
Rioja a los 25.262 en el País Vasco' 49.
Ello redunda en perjuicio de un correcto y justo funcionamiento del SAAD, provocando que existan 'contrastes existentes entre CC. AA. [sic] respecto de los tiempos de resolución, manejo de la información estadística, financiación,
diferencias entre personas con resolución favorable para recibir prestaciones respecto de la cantidad de dependientes con PIA asignado y disfrute efectivo de prestaciones' 50. Se genera, en suma, un 'desarrollo desigual de los servicios sociales en
cada una de las Comunidades Autónomas' 51, que produce un incumplimiento de la función asistencial de los poderes públicos consagrado en la CE, así como de los criterios de 'accesibilidad, calidad y sosteníbilidad' que la Unión Europea ha fijado en
materia de derechos sociales 52.
44 Vid. VV. AA., 'El Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en España (SAAD). Memoria de debilidades desde su implantación', Revista Prisma Social, n.º 32, enero 2021, p. 37. Acceso en línea: https: /
/revistaprismasocial.es/ article/view/4109/4779
45 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA, Informe. El sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, n.º 3, 2020, p. 192.
46 ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORES Y GERENTES EN SERVICIOS SOCIALES, XX Dictamen del Observatorio, febrero 2020, p. 5.
47 Informe Final del Grupo de Expertos para la evaluación del desarrollo y efectiva aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, septiembre
2009, p. 53.
48 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA, Informe. El sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, n.º 3, 2020, p. 166.
49 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA, Informe. El sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, n.º 3, 2020, p. 167.
50 VV. AA., 'El Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en España (SAAD). Memoria de debilidades desde su implantación', Revista Prisma Social, n.º 32, enero 2021, pp. 29-30.
51 Informe Final del Grupo de Expertos para la evaluación del desarrollo y efectiva aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, septiembre
2009, p. 52.
52 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA, Informe. El sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, n.º 3, 2020, p. 21.
Cuarto. Propuestas para la mejora del SAAD. Habilitación competencial.
Ha quedado acreditada la relevante función social que en España desempeña el SAAD. Precisamente por ello es acuciante que no vea truncado su propósito a causa de una mejorable articulación legal. En este sentido, se proponen unas medidas
sencillas para la mejora del sistema actual:
i. Promover la armonización, por parte del Estado, del funcionamiento del vigente sistema de atención a la dependencia, para garantizar el igual acceso de todos los españoles a las prestaciones y terminar así con la inequidad territorial.
ii. Estudiar las necesidades reales y actuales del SAAD y aumentar en consonancia la financiación estatal. Porque, tal y como señaló el Grupo de Expertos, 'la garantía de un sistema de financiación suficiente y sostenible es central para
el desarrollo del SAAD' 53.
iii. Reducir en lo posible la burocracia que caracteriza al SAAD en todos los niveles de la Administración Pública, ya que esta ralentiza y hace más opaco el proceso de valoración del interesado, el reconocimiento del derecho y la concesión
de las prestaciones. Con ello, sin duda se mejoraría el problema de la elevada tasa de espera a la que hemos hecho alusión en el expositivo anterior.
El Estado es competente para abordar las reformas propuestas, y en tal sentido se pronuncia el Expositivo tercero LAPAD:
'La competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (artículo 149.1 CE),
justifica la regulación, por parte de esta Ley, de las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas, y con pleno respeto de las competencias que las mismas hayan asumido en materia de asistencia social en desarrollo del artículo 148.1.20 de la Constitución.'
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover una armonización estatal del vigente sistema de atención a la dependencia, de tal modo que se garantice un acceso en igualdad de condiciones a las prestaciones aparejadas a la dependencia, con independencia del lugar donde vivan
los beneficiarios.
2. Realizar un estudio exhaustivo de las necesidades reales y actuales del SAAD, atendiendo específicamente al incremento del número de personas en situación de dependencia y al aumento del coste de los servicios.
3. En consonancia con las conclusiones que arroje el referido estudio, aumentar la financiación al SAAD por parte de la Administración General del Estado, de modo que todas las personas a quienes se reconozca la condición de beneficiarias
según la LAPAD puedan acceder a las prestaciones en las mejores condiciones.
4. Eliminar las trabas burocráticas de cualquier tipo relacionadas con el SAAD que retrasan u obstaculizan el acceso a las prestaciones por parte de las personas en situación de dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2021.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
53 Informe Final del Grupo de Expertos para la evaluación del desarrollo y efectiva aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, septiembre
2009, p. 68.
161/002237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la eliminación de la discapacidad como causa
legal de interrupción voluntaria del embarazo y a la creación de un Protocolo sistemático de atención a las familias que van a tener un hijo con discapacidad, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la
Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. El derecho a la vida.
El reconocimiento de la dignidad de toda persona constituye una cuestión nuclear del ordenamiento jurídico, pues 'el Derecho existe, ante todo, por causa del hombre y para el hombre' 54. Este reconocimiento se concreta de manera radical en
el derecho a la vida, presupuesto ontológico sin el cual los restantes derechos carecerían de toda entidad. La privación de este derecho supone la privación de todo derecho, por cuanto el mismo es condición de todos los demás, además de entrañar el
reconocimiento de un bien jurídico primordial, y supone, en definitiva, la negación práctica de la dignidad del ser personal. No es de extrañar que el filósofo Fabrice Eladjadj sentenciara que 'la lógica del aborto es el aborto de la lógica' 55.
El derecho a la vida ha sido reconocido en los textos jurídicos más referenciados, desde la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948 (artículo 3), pasando por la Ley Fundamental de la República Federal Alemana de 1949 (artículo
2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 6), hasta la Constitución Española de 1978 (artículo 15).
Sobre la base del artículo 15 de la Constitución Española, no cabe sino concluir que la vida (es decir, toda vida, independientemente de su condición) es un bien jurídico protegido. Así lo pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal
Constitucional 53/1985, de 11 de abril, en su fundamento jurídico quinto:
- 'Si la Constitución protege la vida (...), no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma; por
lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto este encarna un valor fundamental -la vida humana-, garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento
constitucional.'
- 'Esta conclusión resulta también de los debates parlamentarios en torno a la elaboración del mencionado artículo del texto constitucional. (...) En el Pleno del Congreso fue defendida una enmienda -aprobada por mayoría- que proponía
utilizar el término ''todos'' en sustitución de la expresión ''todas las personas'', (...) con la finalidad de incluir al nasciturus. (...) El sentido objetivo del debate parlamentario corrobora que el nasciturus está protegido por el artículo 15
de la Constitución aun cuando no permite afirmar que sea titular de derecho fundamental.'
Segundo. El aborto por causas médicas.
El preámbulo de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (en adelante, 'LO 2/2010') invoca la doctrina constitucional acerca de la limitación del derecho a la vida, la
cual señala que 'los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento como titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el artículo 15 de la Constitución'. A continuación, matiza lo referido señalando que 'esto no significa
que resulten privados de toda protección constitucional (STC 116/1999)', pues 'la vida prenatal es un bien jurídico merecedor de protección que el legislador debe hacer eficaz'. Sin embargo, esta protección se encontraría limitada en los siguientes
términos: 'la forma en que tal garantía se configure e instrumente estará siempre intermediada por la garantía de los derechos fundamentales de la mujer embarazada'.
54 MARÍN PEREZ, P., 'Introducción a la Ciencia del Derecho', Tecnos, Madrid, 1979, p. 90.
55 HADJADJ, F., 'Por qué dar la vida a un mortal', Rialp, 2020, p. 73.
En cuanto a esto último, la LO 2/2010 nada dice acerca de cuál es el derecho fundamental de la mujer embarazada que, de hecho, entra en colisión con el derecho a la vida del no nacido, toda vez que el texto defiende únicamente un 'derecho a
la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada'. Sin embargo, lo que podríamos simplificar como
'derecho al aborto' o 'derecho a decidir' no es un derecho fundamental.
El artículo 15 LO 2/2010 recoge el aborto por causas médicas. Entre las circunstancias que han de concurrir para que este se pueda practicar, se encuentran:
- 'Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la
practique o dirija.'
- 'Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una
enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.'
Estas categorías introducen en nuestro ordenamiento jurídico lo que se ha venido denominando como 'aborto eugenésico', que permite acabar con la vida de personas que pudieran presentar trastornos en diagnósticos prenatales, v. gr., el
síndrome de Down, en un plazo ampliado hasta las veintidós semanas de gestación. Nicolás Jouve de la Barreda, catedrático emérito de Genética de la UAH y miembro del Comité de Bioética de España, a tenor de un trabajo publicado en la British
Medical Journal, alertaba: 'el ''aborto eugenésico'' no previene ni cura absolutamente nada, sino que hace desaparecer a un niño presente, aunque no nacido, con el agravante de tratarse de un bebé indefenso y afectado por una discapacidad, en
ocasiones con buen pronóstico' 56.
Y es que, tal y como señalaba Pablo Siegrist, Director de la Fundación Jéróme Lejeune, ser persona exige 'dar la cara por el débil, simplemente porque siendo un ser humano es digno de ser defendido, aunque no tenga voz ni voto'; ser persona
'exige no dejarme llevar de una visión utilitarista que piensa que uno vale en la medida en que puede ofrecer algo', pues 'uno vale solo por el hecho de ser. Este es el gran descubrimiento y aporte de nuestra cultura europea al mundo y debemos
reivindicarlo siempre' 57.
Tercero. La discriminación de las personas con discapacidad y la ausencia de un protocolo de atención a las familias.
El último estudio del INE sobre personas con discapacidad, publicado en 2008, revelaba que en España existen unos 3,8 millones de personas con discapacidad, de entre las cuales 35.000 tienen síndrome de Down, constituyendo así el grupo con
discapacidad intelectual más mayoritario 58. El número de nacimientos de personas con síndrome de Down, sin embargo, ha descendido en los últimos cuarenta años un 88 %, y las estimaciones parecen confirmar que esta cifra no hará sino ir en aumento.
56 http://cívica.com.es/bioetica/21-marzo-dia-del-sindrome-down-aLborde-desaparicion/
57 http://www.fundacionlejeune.es/2019/12/04/biografia-de-jerome-lejeune-nuevo-libro-de-jose-javier-esparza/
58 https://www.elconfidencial.com/ tecnología/ ciencia/2019-06-20/sindrome-down-nacimientos-espana-eugenesia_2077609/
Asistimos, pues, a una contradicción. Por un lado, desde distintos ámbitos y de forma contundente, parece predicarse la inclusión de las personas con discapacidad de todo tipo y se establece como meta la llamada 'plena inclusión'. La
ministra de Igualdad, doña Irene María Montero Gil, publicaba en su perfil oficial de la red social Twitter: 'La vida no se mide en cromosomas. Por la plena inclusión de las personas con #SíndromeDeDoum' 59. En sentido similar, el vicepresidente
segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, don Pablo Iglesias Turrión, señalaba: 'En el #DiaMundialdelSindromedeDown reivindicamos derechos efectivos y respeto, porque #LoNormalEsLaDiversidad' 60.
El citado artículo 15 LO 2/2010 amplía el plazo para abortar, de las catorce a las veintidós semanas, para los casos, v. gr., en que pudiera detectarse la existencia de una discapacidad o cualquier tipo de malformación congénita en una
prueba prenatal. La posibilidad de conocer dichas discapacidades requiere a su vez una atención específica a las familias que reciben estos diagnósticos. Cifras como las referidas supra ponen de relieve la necesidad de que exista, en todos los
centros de salud y hospitales del territorio nacional -públicos y privados-, un protocolo específico de atención a las familias que esperan un hijo con alguna discapacidad, de manera que puedan recibir una información completa, conocer los avances
médicos y apoyos sociales de los que disponen a día de hoy. La finalidad es evitar, precisamente, que los padres, ante una situación de miedo, desinformación y de falta de apoyo, vean como única solución el aborto, e impulsar de esta manera la
acogida de la vida como un bien, independientemente de las circunstancias.
Cuarto. Respaldo jurídico internacional de la defensa de la vida del nasciturus con discapacidad.
Diversos colectivos de personas con discapacidad han denunciado la discriminación que padecen desde antes de su mismo nacimiento, y han reclamado a los distintos Gobiernos que supriman el referido supuesto en la legislación vigente. Se
trata de una reclamación legítima que cuenta, además, con sobrado apoyo jurídico internacional.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 ('Convención'), ratificada por España en 2008, afirma lo siguiente en su artículo 10:
'Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con
las demás.'
En el año 2011, el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad ('Comité') expresó su preocupación en su informe de octubre, que señala en su punto 18:
'El Comité recomienda al Estado Parte que suprima la distinción hecha en la Ley 2/2010 en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente.'
En abril de 2019, el Comité volvió a recomendar a España la modificación de la LO 2/2010 con el objetivo de eliminar un supuesto legal basado en la existencia de una discapacidad en el feto:
'El Comité recomienda también al Estado Parte que (...) elimine toda distinción existente en las leyes en cuanto al periodo durante el cual se puede interrumpir un embarazo debido a una posible deficiencia del feto, y vele por que no existan
disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad, lo cual puede propiciar la discriminación.'
Recientemente, en su informe A/74155 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité llegó a la conclusión de que había pruebas fidedignas que revelaban violaciones graves sistemáticas de la Convención por parte de España,
habiendo perpetuado nuestro país un patrón estructural de exclusión y segregación discriminatorio, basado en la discapacidad, que afectaba de manera particular y desproporcionada a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las
personas con discapacidad múltiple.
En sus Directrices sobre los marcos independientes de supervisión y su participación en la labor del Comité (CRPD/C/1/Rev.1, anexo), el Comité ha explicado el modo de supervisar algunos artículos concretos de la Convención, tales como los
artículos 9 (accesibilidad), 19 (derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad) y 24 (educación). Asimismo, en octubre de 2019 admitió
59 https://twitter.com/IreneMontero/status/844118919346569216
60 https:// twitter.com/PabloIglesias/status/976417770874310656
a trámite la denuncia realizada por Plena Inclusión contra el Estado español por violaciones de los derechos de las personas discapacitadas.
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 53/1985, de 11 de abril, afirmó, además, lo siguiente:
'En efecto, en la medida en que se avance en la ejecución de la política preventiva y en la generalización e intensidad de las prestaciones asistenciales que son inherentes al Estado social (en la línea iniciada por la Ley de 7 de abril de
1982 relativa a los minusválidos, que incluye a los disminuidos profundos, y disposiciones complementarias) se contribuirá de modo decisivo a evitar la situación que está en la base de la despenalización.'
Empero, como es sabido, tras más de una década, este Tribunal todavía no se ha pronunciado respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado en junio de 2010, entre otros, contra el referido artículo 15 LO 2/2010.
El Tribunal Constitucional polaco, en una reciente sentencia, ha declarado inconstitucional el aborto por las causas que venimos refiriendo porque 'legalizaba prácticas eugenésicas en el campo del derecho a la vida del no nacido y hacía
depender la protección de su derecho a la vida de su estado de salud, una forma de discriminación directamente prohibida' 61. Asimismo, señala lo siguiente:
'El mero hecho de una discapacidad del feto (una enfermedad incurable) no puede decidir independientemente sobre la admisibilidad del aborto en la perspectiva constitucional. Porque ni el cuidado de la calidad del código genético
transmitido (premisas eugenésicas sensu stricto), ni la consideración de un posible malestar en la vida de un niño enfermo, pueden justificar la decisión de emprender acciones encaminadas a provocar su muerte 62.'
Quinto. Conclusión.
Este Grupo Parlamentario defiende el derecho a la vida sin excepciones, desde la concepción hasta la muerte natural y, por consiguiente, quiere abrir este debate en la sede de la soberanía nacional, a cuyo efecto viene desgranando -y seguirá
haciéndolo- distintas iniciativas que pretenden recuperar el respeto a este derecho en nuestra legislación. La presente Proposición No de Ley propone una reforma puntual de la vigente legislación en materia de aborto en un aspecto que tiene
especial apoyo en el derecho comparado, dado su encaje en la legislación internacional en materia de derechos humanos, y sin que suponga, en ningún caso, la aceptación del resto de contenidos de la LO 2/2010, de 3 de marzo, incompatibles con el
derecho a la vida del nasciturus, y cuya derogación venimos demandando.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, para eliminar cualquier tipo de discapacidad o malformación congénita como causa legal de
interrupción voluntaria del embarazo, regulada en su artículo 15, apartados b) y e).
2. Promover y garantizar, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la dotación a todos los centros de salud y hospitales del territorio nacional de un protocolo específico y sistemático de atención a las familias
que esperan un hijo con discapacidad o malformación, que incluya el deber de facilitar información oral y por escrito a los padres sobre, al menos, las siguientes cuestiones: (i) todas las posibilidades de tratamiento médico y quirúrgico
actualizado de la misma; (ii) prestaciones sociales y asistenciales disponibles; (iii) asociaciones relacionadas con la misma, con las que se les pondrá en contacto si los progenitores manifestasen su interés a tal efecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2021.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
61 https://www.aceprensa.com/política/europa/los-bebes-polacos-con-discapacidad-ganan-la-partida-abortarlos-es-ilegal/
62 https://www.outono.net/ elentir/2021/01/28/adios-a-la-eugenesia-en-polonia-entra-en-vigor-el-amparo-a-los-hijos-por-nacer-discapacitados/
161/002240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad relativa al reforzamiento de la figura del asistente personal.
Exposición de motivos
La creación del Sistema Nacional de Autonomía y Dependencia (SAAD) a través de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPDA) en 2006 supuso un avance sin precedentes hacia la expansión de la
protección social a las actividades de cuidados. Sin embargo, la crisis financiera del 2008 y sus respuestas oficiales hegemónicas, las políticas de recortes en el gasto público, consolidaron las restricciones de acceso y precarización de los
servicios sociales y a frenar en seco o incluso eliminar los avances en la atención a la dependencia. Uno de los servicios afectados por los recortes fue la figura del asistente personal, cuya funcionalidad fue reivindicada desde un inicio por
multitud de asociaciones de la sociedad civil, para que las personas con diversidad funcional (PDF) o en situación de dependencia, dispusieran de un apoyo diario que les permitiese de algún modo recuperar su autonomía.
Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 4.000.000 de personas (casi el 9 % de la población) que padecen algún tipo de discapacidad y 1.300.000 personas en situación de dependencia que les impide desenvolverse
en las actividades básicas de la vida diaria.
La situación de las personas con diversidad funcional es una realidad compleja e invisibilizada. Este colectivo se enfrenta diariamente a una serie obstáculos y barreras de accesibilidad que, en muchos casos, les impide incluso poder salir
de casa o realizar cualquier actividad de la vida diaria -tareas personales, del hogar, etc.- al no disponer de un servicio de asistencia.
Según el artículo 9.2 de la Constitución Española, 'Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social'. En el artículo 10.1 de la CE se señala que es un derecho constitucional fundamental la dignidad
de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, y el 'libre desarrollo de su personalidad'. Asimismo, en el artículo 19 del tratado de la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, se alude
al derecho a vivir de forma independiente, vinculado a la libertad deambulatoria y, en su seno, a la libertad de elección de residencia para insertarse en una comunidad cívica. Por tanto, el derecho de las personas con diversidad funcional a vivir
una vida independiente está amparado y recogido tanto desde organismos internacionales como en el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, el derecho a desarrollar una vida autónoma se ve, mayoritariamente, restringida al depender bien del
entorno familiar o de instituciones para llevar a cabo las actividades de la vida diaria.
Un asistente personal es una figura de apoyo, es una persona que ayuda a otra a desarrollar su vida. Es una persona que realiza, o ayuda a realizar, las tareas de la vida diaria a otra persona que, por su situación, bien sea por una
discapacidad o por encontrarse en situación de dependencia, no puede realizarlas por sí misma. Las tareas que puede desarrollar el asistente personal serán diferentes según las necesidades de la persona. En cualquier caso, el control del proceso y
de las decisiones es de la persona que recibe el servicio y debe ser quien escoja a los candidatos, decida qué tareas debe realizar la persona asistente y la cantidad de horas que puede necesitar el servicio. Por tanto, es la beneficiaria del
servicio la que decide cuándo, cómo y en qué actividades de su vida hará uso de este apoyo y el tipo de servicio que quiere recibir, adaptado a las necesidades cambiantes y que prioriza la libertad de decidir, la independencia y la capacidad de
improvisación por parte de la persona con diversidad funcional.
El asistente personal no es un cuidador al uso, fruto de una visión asistencial de la dependencia, sino que es una herramienta básica para la independencia de la PDF o de la persona en situación de dependencia, cuya existencia incide
directamente en el cambio del tradicional paradigma de atención familiar en el entorno habitual (entendiendo por ello la familia parental). También permite, por cierto, liberar a la mujer de su papel como cuidadora de toda la familia en todo
momento, que conlleva una renuncia a su propia vida independiente.
La asistencia personal es una apuesta clara por la promoción de la autonomía personal y trabajar en todas las alternativas a la institucionalización, avanzando así hacia la promoción de las capacidades de cada persona de acuerdo con su
proyecto de vida.
Es necesario revisar el modelo y avanzar en la consolidación de un modelo que tenga como premisa la autonomía de la persona con diversidad funcional para tomar decisiones respecto de su propia vida. Los principios que deben guiar la
consolidación del derecho al asistente personal son: la igualdad, la no discriminación, la desmedicalizalización, desinstitucionalización, el control de las vidas y el apoyo entre iguales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En el marco del nuevo modelo de cuidados de larga duración y el Plan de Choque de Dependencia impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y en colaboración con las entidades de Vida Independiente, reforzar,
flexibilizar y dignificar el servicio público de atención a la dependencia con un nuevo modelo que supere las carencias de la normativa actual y suponga el impulso de la figura del asistente personal.
2. Mejorar los circuitos formativos de las personas cuidadoras en todo lo relacionado con los derechos de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia, comunicación, ayudas técnicas y cuidados básicos,
movilizaciones, etc.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2021.-Marisa Saavedra Muñoz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad relativa a la soledad no deseada.
Exposición de motivos
Las medidas de confinamiento impuestas a lo largo y ancho del planeta para frenar la propagación del COVID-19, están desvelando un fenómeno social invisibilizado que afecta a una parte importante de la población en España, la soledad no
deseada. Aunque tradicionalmente se ha ligado a la vejez, la soledad no es patrimonio de ninguna generación, sino que son muchas personas y grupos sociales que los que se ven afectados por este fenómeno. Un estudio realizado por la ONCE en 2015
concluyó que más de cuatro millones de personas en España sufren soledad no deseada y que esta realidad aumenta cada año. Se estima que más de 2,5 millones de personas mayores se sienten solos, constituyendo casi el 40 % de los mayores de 65 años.
Aproximadamente el 28,8 % de las mujeres mayores y el 14,7 % de los hombres viven solos en nuestro país. La vejez es una etapa en la que frecuentemente se acentúa esta situación, ya que los sentimientos de soledad se van incrementando
progresivamente a medida que se desarrolla la trayectoria vital y se acumulan las pérdidas de los seres queridos. Además, el propio proceso del envejecimiento patológico provoca en mayor o menor medida limitaciones en las capacidades físicas y de
autonomía por lo que se reducen, generalmente, las posibilidades relacionales y de vinculación social.
Asimismo, existen otros tramos de edad y circunstancias vitales que, frecuentemente, se encuentran afectados por la soledad no deseada. Se trata de personas con discapacidad, personas inmigrantes, personas con problemas de salud mental,
personas con realidades sociosanitarias complejas y las mujeres víctimas de violencia machista, ya que se han visto atrapadas con sus agresores y han visto limitado su contacto con sus redes de apoyo sociofamiliar.
La epidemia de soledad está estrechamente vinculada con una serie de factores que han ido potenciando su crecimiento exponencial a lo largo de las décadas. Por un lado, los elementos sociodemográficos han tenido una clara influencia sobre
la soledad: el aumento de la esperanza de vida, el descenso de la natalidad, la crisis de los cuidados, la desprotección familiar, las transformaciones de la familia tradicional, la viudedad y las pérdidas. Estos cambios han originado que exista
un porcentaje de la población, principalmente personas mayores, que se encuentren solas.
Por otro lado, el lugar de residencia, pueblos o ciudades, también influye en la adquisición o no de percepciones de soledad. La soledad se percibe más frecuentemente en entornos urbanos mientras que en los entornos rurales se establecen
interacciones sociales más estrechas y directas con mayor comunicación y solidaridad. Asimismo, la consolidación de sociedades cada vez más individualistas, la ausencia de asociacionismo, de convivencia, de participación social, han contribuido al
auge de esta dolencia silenciosa. El contexto económico y laboral también se constituye como elemento potenciador de la soledad, ya que, en muchos casos, la pérdida de empleo o una situación económica inestable pueden generar la estigmatización y
el aislamiento interno de las personas. Esto es, la epidemia de la soledad está relacionada con el debilitamiento de una serie de instituciones que tradicionalmente tejían conexiones entre las personas, fomentando la interacción social y creando
comunidad, como los barrios, la familia y los centros de trabajo.
Multitud de estudios relacionan la soledad como un factor clave en la aparición de problemas de toda índole: 'sociales, psicológicos e incluso biológicos. Soledad y fragilidad se correlacionan y se relacionan ampliamente, también con
problemas de salud mental, así como con otros problemas sociales como la exclusión, el aislamiento o el maltrato. Se ha constatado que la soledad no deseada provoca un aumento de la probabilidad de mortalidad en un 26 % y es la principal causa de
suicidio por abandono, es decir, por no comer, beber o tomar la medicación prescrita'.
Mientras que en otros países se están empezando a articular políticas y estrategias para combatir este fenómeno -en el Reino Unido se ha creado una Secretaría de Estado de la Soledad-, España presenta un déficit claro de intervenciones a
nivel estatal que coordinadamente aborden este fenómeno.
El abordaje de la soledad no deseada debe insistir en el reconocimiento de la interdependencia y en la idea de que nos necesitamos los unos a los otros.
El abordaje de este fenómeno debe hacerse desde un enfoque multidisciplinar, preventivo e inclusivo que permita detectar a través de las historias de vida, los procesos que derivan o pueden derivar en soledad no deseada. Para ello, es
necesaria la movilización de recursos técnicos y profesionales de las administraciones públicas y la implicación, construcción e interrelación de las redes de apoyo vecinales. Se han de crear redes informales de apoyo (vecinales y profesionales)
junto con un servicio de apoyo y asesoramiento para promover una experiencia de soledad que sea positiva para la persona y su entorno creando un espacio en el que desarrollar estrategias de fortalecimiento individual, grupal y comunitario ante la
soledad no deseada.
Para abordar la soledad no deseada es imprescindible empoderar y apoyar a las comunidades y los barrios, ya que son las primeras que detectan las necesidades de la comunidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un estudio diagnóstico a nivel nacional relativo a la soledad no deseada que nos permita identificar con exactitud cuáles son los grupos de población más susceptibles a la misma y, a partir de los resultados obtenidos, promover
las iniciativas necesarias para abordarlo.
2. Desarrollar la Estrategia Nacional de Soledad no Deseada que aborde la soledad no deseada desde un punto de vista multidisciplinar y preventivo en colaboración con todas las Administraciones Públicas y entidades sociales.
3. La Estrategia Nacional de Soledad no Deseada debe impulsar el establecimiento de servicios de protección, apoyo a la permanencia en el domicilio, servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio dirigidos únicamente a las personas mayores
y diferenciados de los destinados a las personas en situación de dependencia; la dotación de instrumentos a las personas mayores con el objetivo de lograr su mayor autonomía personal, independencia y seguridad; la promoción de espacios de
convivencia y buena vecindad; la implantación de servicios preventivos con intervenciones de detección, valoración y seguimiento; el desarrollo de programas concretos para actuar con las personas que viven solas; y prestar una atención y unas
actuaciones específicas en el entorno rural.
4. Impulsar y acompañar iniciativas de participación vecinal e intergeneracional, así como el acompañamiento, redes informales de apoyo mutuo que constituyan oportunidades de encuentro y participación en el barrio.
5. Impulsar y coordinar colaboraciones entre entidades públicas (municipales, servicios sociales), entidades privadas (empresas de tecnología), ciudadanía y el tercer sector.
6. Desarrollar una red pública de servicios y de calidad, atendidos por profesionales del sector y que garantice los derechos de las personas mayores, de tal forma que puedan vivir una vida digna, segura y saludable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2021.-Pilar Garrido Gutiérrez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre desarrollo de Planes de apoyo a la accesibilidad en edificios particulares en los que habiten personas con discapacidad, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó a situación de pandemia internacional la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
Atendiendo a la recomendación de la OMS, y ante la rápida propagación del virus en nuestro país, el Gobierno de España estableció, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, medidas extraordinarias temporales en aras de proteger la salud y la seguridad de la población, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Entre
estas medidas, se encontraba el confinamiento de la población en sus viviendas habituales, sin poder realizarse desplazamientos y saliendo lo imprescindible. Es decir, para consultas de carácter médico urgente, compra de medicamentos, compra de
productos de primera necesidad y atención de personas mayores y dependientes.
También se adoptaron medidas para no empeorar la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad, como las personas con trastornos del espectro autista, a las que se les permitió realizar salidas controladas y atendidos por sus
cuidadores y cuidadoras.
Sin embargo, las personas con discapacidad física sufrieron un doble confinamiento, por la obligatoriedad de permanecer en casa y por su movilidad reducida, en ocasiones acrecentada por las condiciones ínfimas de accesibilidad en sus
viviendas habituales.
Con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal, el Gobierno en el año 2019, mediante el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, modificó la Ley de Propiedad Horizontal para
impulsar la realización de obras de mejora de la accesibilidad en los edificios para las personas con movilidad reducida. En primer lugar, incrementando el fondo de reserva de las comunidades de propietarios y estableciendo la posibilidad de que
tales recursos se destinen a la realización de las obras obligatorias de accesibilidad previstas en el artículo Diez.1.b) de la Ley 49/1960,
de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. En segundo lugar, extendiendo la obligación de realizar tales obras de accesibilidad en aquellos supuestos en los que las ayudas públicas, a las que la comunidad pueda tener acceso, alcancen el 75
% del importe de las mismas.
En la situación de pandemia que estamos atravesando, y ante la vulnerabilidad en la que se encuentran algunas personas con discapacidad, se hace necesario propiciar, más aún si cabe, las medidas de fomento oportunas para que en sus viviendas
habituales se realicen obras que doten de accesibilidad las fincas y faciliten la movilidad a estas personas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en colaboración con las Comunidades Autónomas, a:
1. Reforzar las medidas recogidas en los planes de vivienda para la realización de las obras oportunas, de manera que se garantice la accesibilidad de sus viviendas a las personas con discapacidad y movilidad reducida.
2. Ampliar la línea de ayudas y subvenciones para la realización de obras de accesibilidad en comunidades de propietarios, que garanticen y faciliten las actividades habituales de personas con discapacidad o mayores de setenta años.
3. Realizar las campañas informativas oportunas por cada una de las administraciones competentes, para que las comunidades de propietarios se acojan a dichas subvenciones y ayudas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-Yolanda Seva Ruiz y Eva Bravo Barco, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Ricardo Chamorro Delmo, doña Magdalena Nevado del Campo, don Rubén Darío Vega Arias, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para detener la implantación en España del sistema de
etiquetado nutricional frontal Nutri-Score y defender al sector agroalimentario español, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El sistema Nutri-Score: origen y objetivos.
El Reglamento europeo 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor 63 prevé la posibilidad de adoptar el Etiquetado Nutricional Frontal (FOLP) como forma de garantizar la información nutricional suficiente de los
productos alimentarios al consumidor.
Con este fin se han desarrollado varias iniciativas entre las que destacan los sistemas de Traffic Light (empleado en el Reino Unido) y Nutri-Score (en Francia). No obstante, en el seno de la Unión Europea no existe por el momento ningún
mecanismo de información nutricional con carácter general para todos los Estados miembros.
En concreto, en el año 2013, en el ámbito de la reforma de la Ley francesa de Modernización del sistema de salud, el Equipo de Investigación en Epidemiología Nutricional (Équipe de Recherche en
63 https:/ / www.boe.es/buscar/doc.php?id=DQUE-L-2011-82311
Epidémiologie Nutritionnelle 64) propuso al Gobierno francés la creación de un sistema general de identificación nutricional 65. En 2016 esta iniciativa se puso en marcha y acabó generando el sistema de etiquetado nutricional frontal
conocido como Nutri-Score que entró en vigor en Francia, con carácter voluntario, en 2017.
Este sistema se basa en la puntuación nutricional de la Food Standards Agency (FSA) del Reino Unido y aboga por la adopción de un sistema de cinco grados o niveles de la 'A' a la 'E' y del verde al rojo, en función del valor nutricional de
un determinado producto alimentario para permitir comparar fácilmente la calidad nutricional de los productos.
De esta forma, el objetivo de Nutri-Score es otorgar mayor información a los consumidores que les permita optar por una dieta más sana y saludable y combatir así las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes.
Para ello Nutri-Score emplea un algoritmo que organiza los productos en dos categorías 66: desfavorables desde el punto de vista nutricional (calorías, azúcares simples, ácidos grasos saturados y sodio) y favorables (proteínas, fibras y
porcentaje de frutas, verduras, leguminosas y frutos secos) 67 y distribuye puntos en función de la composición nutricional por cada 100 gramos del producto. Después del cálculo se atribuye a cada producto una letra y un color.
64 https://eren.univ-parisl3.fr/index.php/en/
65 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport Hercberg 15 11 2013.pdf
66 https://boticariagarcia.com/que-es-el-nutriscore-como-funciona-el-nuevo-semaforo-de-los-alimentos/
67 https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/ articles/nutri-score
Segundo. Situación en Europa y en España.
El sistema de etiquetado nutricional frontal Nutri-Score es una marca registrada de la Agencia Nacional de Salud Pública francesa (Agence nationale de sante publique, ANSP) dependiente del Ministerio de Sanidad de este país. No obstante, el
derecho a utilizar esta marca está emitido de forma gratuita para aquellas empresas y organizaciones que deseen utilizarlo 68.
Después de Francia, España y Bélgica fueron los países que apostaron también por la implantación de este sistema. El 12 de noviembre de 2018, la entonces ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, doña María Luisa Carcedo, anunció la
implantación en España del Etiquetado Nutricional Frontal empleando para ello el sistema Nutri-Score 69 y, según comunicó la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) el pasado 26 de junio de 2020, el sistema Nutri-Score entrará
en vigor en el primer cuatrimestre de 2021 70.
No obstante, a nivel europeo no existe una posición común, ya que no todos los estados han optado por un sistema de etiquetado frontal y no todos aquellos que han optado por uno han escogido el mismo. Es más, algunos países como Italia
están desarrollando su propio sistema nutricional (Nutrlnform Battery) como una alternativa a Nutri-Score 71, ya que consideran que es más respetuoso nutricionalmente y menos discriminatorio con algunos productos de su país como el aceite de oliva,
el queso parmesano o el jamón de Parma 72.
Tercero. Problemas del sistema Nutri-Score.
Son múltiples los problemas que contiene Nutriscore y que no lo hacen apto para su implantación en España. Al problema de la falta de homologación general a nivel europeo se le une el hecho de que en cada país con este sistema puede tener
en cuenta elementos que no se incluyen entre los que se miden en otro.
A ello se le suma, según la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD), que el algoritmo de Nutri-Score no es claro porque se calcula a partir de la cantidad de energía y de algunos nutrientes, por cada
100 gramos o 100 ml, y del porcentaje de presencia de ciertos alimentos sin considerar la porción ni la frecuencia o los hábitos de consumo de un producto en una determinada dieta. De esta forma, el algoritmo no está bien ponderado y la presencia
de algunos puntos desfavorables enmascara los puntos favorables, lo cual no es científicamente razonable y genera dudas en el consumidor.
Una serie de problemas que también recalca Ramón Estruch, coordinador del Estudio PREDIMED 73, no resalta aspectos positivos como alta densidad de nutrientes (minerales y vitaminas) ni contenido en compuestos bioactivos, como polifenoles,
con funciones fisiológicas imprescindibles para una buena nutrición, porque no distingue la calidad y la procedencia de la proteína de los diferentes alimentos y porque el sistema Nutri-Score mezcla energía, alimentos y nutrientes. Sin olvidar que
no tiene en cuenta el grado de procesamiento de los alimentos.
Finalmente, a pesar de que entre sus objetivos se encuentra ofrecer información suficiente al consumidor para su capacidad de decidir, en realidad no lo consigue. La presidenta del comité científico de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN), Montaña Cámara, ha expresado sus dudas sobre la conveniencia de implementar dicho sistema Nutri-Score en alimentos y bebidas, como promueve el Gobierno, por considerarlo confuso para el consumidor, dado que busca una
simplificación nutricional que no es fácil de entender 74.
Por ejemplo, esta simplificación que se materializa en un semáforo nutricional lleva al consumidor a una comparación entre productos que no se debe hacer ya que el sistema Nutri-Score solo funciona entre alimentos reemplazables. La
verdadera fuente de información nutricional se contiene en el etiquetado del producto. Antes de ponerse en marcha un nuevo sistema, debe reformarse el vigente si resulta confuso en los términos actuales.
68 https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/ articles/nutri-score
69 https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4424
70 https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias y actualizaciones/noticias/2020/Implantancion nutriscore.htm
71 https:/ / www,oliveoiltimes.com/es/business/ europe/italv-formally-adopts-nutrinform-labeling-system/86882
72 https://informaciongastronomica.com/polemica-con-nutriscore-por-que-no-gusta/
73 Estudio PREDIMED: Efectos de la dieta mediterránea en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular.
74 https://www.agropopular.com/aesan-confuso-nutriscore-261120/
Cuarto. Un ataque a los productos españoles como el aceite de oliva, el jamón ibérico, el queso y las DOP/IGP.
Al igual que en el caso italiano, estos problemas mencionados impactan de manera significativa en productos españoles que son de la mejor calidad posible. El primero de todos ellos es el aceite de oliva, ya que por el algoritmo empleado
Nutri-Score equipara los aceites de colza al aceite de oliva y sus variantes. En 2018 se catalogó al oro líquido español con la letra D y, tras las presiones de este sector, en 2019 se recalificó con la letra C. No obstante, otros aceites como el
de colza también lo hicieron.
Esta decisión, además de confundir al consumidor español y europeo con información nutricional incompleta, tiene su repercusión económica, pues provoca que el aceite de colza sea visto como una alternativa o un sustituto al aceite de oliva.
Por este motivo, y tras las demandas del sector, el Ministerio de Consumo se vio obligado a solicitar la exclusión del aceite de oliva del sistema Nutri-Score 75. Sin embargo, esta decisión solo afecta a España y no obliga a otros países
con etiquetado Nutri-Score, con lo que la situación no se soluciona.
Tampoco se beneficia de este sistema el jamón ibérico, ya que este alimento y sus derivados obtienen una mala puntuación en la escala Nutri-Score cuando posee propiedades nutricionales y saludables evidenciadas en más de un estudio 76.
Y en la misma situación se encuentran otros productos como los quesos o todos aquellos con marca de calidad diferenciada española (Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas). En este sentido, el pasado mes de octubre la
Asociación Española de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas (Origen España) difundió un documento de posicionamiento entre las administraciones autonómicas, nacionales y europeas demandando la exclusión del sistema de
etiquetado nutricional (Nutri-Score) en los productos agroalimentarios con DOP (Denominación de Origen Protegida) e IGP (Indicación Geográfica Protegida), ya que este tipo de etiquetado puede ser muy perjudicial para productos agroalimentarios con
etiquetado europeo de calidad diferenciada 77.
Dichos alimentos, con múltiples propiedades nutricionales, pueden quedar excluidos con este sistema de etiquetado pese a ser alimentos tradicionales, con historia y valores diferenciales, tanto en su
75 https://www.eldiario.es/economía/consumo-cede-demandas-sector-sacara-aceite-oliva-semaforo-nutriciona_1_7200764.html
76 https://www.efeagro.com/noticia/controversia-nutriscore-espana/
77 https://agroinformacion.com/origen-espana-reitera-su-peticion-de-exclusion-del-etiquetado-o-semaforo-nutricional-nutri-score-en-los-productos-con-do-o-igp/
elaboración como uso de ingredientes. Además, no pueden reformularse para acogerse a los requisitos de dicho sistema, dado que ello sería contrario a la esencia de las DOP e IGP, que intentan proteger una cultura gastronómica y de calidad
diferenciada.
Quinto. Ataque a la dieta mediterránea.
No sorprende, por tanto, que el sistema de etiquetado nutricional frontal Nutri-Score sea un ataque frontal a la dieta mediterránea, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO 78, porque no está bien diseñado. Según el
doctor Ramón Estruch, promotor del mayor ensayo clínico sobre dieta mediterránea (vid supra), ello se debe a que este sistema nutricional mezcla alimentos, nutrientes y patrones de alimentación, y separa los elementos que conforman los alimentos
para analizarlos individualmente, cuando no debiera hacerse.
Según el doctor Estruch, la dieta mediterránea reduce en un 60 % la incidencia de problemas cardiovasculares peores. Además, la dieta mediterránea ha sido considerada como la mejor del mundo por delante de la dieta DASH y la dieta
flexitariana. La puesta en marcha de un sistema de etiquetado que confunde productos y alimentos esenciales para la dieta mediterránea solo la perjudica.
Sexto. Conclusiones.
Por los motivos expuestos, el sistema de etiquetado nutricional frontal Nutri-Score no convence a los distintos sectores agroalimentarios españoles, que no han encontrado el apoyo necesario en el Ministerio de Consumo, impulsor de esta
iniciativa.
Teniendo en cuenta tanto los numerosos problemas que plantea Nutri-Score como la falta de una postura común a nivel comunitario, los distintos sistemas nutricionales empleados en cada país y el perjuicio que ocasiona a la producción
agroalimentaria española y a determinados productos españoles por no estar bien diseñado, no debiera procederse a su implantación en España hasta que no se hayan resuelto.
El sistema Nutri-Score pone el foco en los alimentos y estos no son el problema. No existen alimentos buenos y malos, sino que lo importante es la dieta que se mantenga y, en ese sentido, la dieta mediterránea se ha demostrado que es la
mejor aliada para conseguir unos hábitos de consumo más saludables, además de combatir determinadas enfermedades cardiovasculares, la obesidad o la diabetes. Además, es también un golpe para la España rural, pues la producción de numerosos
productos que este sistema erróneamente penaliza son el motor económico de cientos de pueblos y provincias.
Por tanto, la aplicación de este sistema no solo no contribuye a los objetivos que dice perseguir, sino que también perjudica a los productos españoles -pues les otorga una calificación baja que únicamente tiene en cuenta los nutrientes por
separado, y no los analiza en el contexto de la cultura y dieta en la que se consumen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
' El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Paralizar la puesta en marcha en España del sistema de etiquetado nutricional frontal Nutri-Score para proteger la producción agroalimentaria española y la dieta mediterránea.
2. Promover, en cumplimiento del Reglamento europeo 1169/2011, la reforma del actual sistema de etiquetado de los productos para ofrecer información nutricional más clara y detallada que facilite su comprensión a los consumidores.
3. Adoptar una campaña de promoción, a nivel nacional y europeo, de las propiedades y beneficios que tienen los productos agroalimentarios españoles para la salud y para la consecución de un estilo de vida saludable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Magdalena Nevado del Campo, Rubén Darío Vega Arias, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
78 https://ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884
161/002245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para
mejorar las posibilidades de pesca de la flota de arrastre en el Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó el año pasado la Orden Ministerial 433/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo,
consecuencia de la aprobación, por parte de la Unión Europea, del Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019.
Independientemente del malestar por el procedimiento de consultas púbicas para la elaboración de las normas, y de la falta de sensibilidad sobre las propuestas realizadas por el sector, el Ministerio volvió a generar discordia con el reparto
de los días de pesca que correspondían por embarcación o por el conjunto de embarcaciones, según la modalidad. De este modo, además de dudas sobre posibles errores a la hora de aplicar el cálculo para el reparto de los días de actividad, se ponían
de manifiesto los perjuicios para el sector que podían haber sido evitables, a la hora de transponer una norma europea y adaptarla a la realidad de nuestra flota.
El pasado día 17 de diciembre se acordaron en el seno de la Unión Europea las posibilidades de pesca para la flota europea, que suponían la reducción de las cuotas en España y los días de actividad en el Mediterráneo. La reducción se
establecía en el 7,5 % de los días de actividad para la flota de arrastre que faena en el Mediterráneo Occidental.
El desasosiego en el sector de arrastre en el Mediterráneo ha ido creciendo con el paso de las semanas, al unirse la decisión de la UE con problemas relacionados con el cierre del canal HORECA, necesario para la comercialización de algunos
productos, el progresivo aumento de los costes de explotación por las subidas de gasoil, y en muchos de los casos, la escasa cotización acumulada por algunos trabajadores.
Este Grupo Parlamentario Popular, en previsión del devenir de los acontecimientos, ya había presentado iniciativas instando al Gobierno a abrir el diálogo con el sector y las Comunidades Autónomas para que se modificaran las medidas
propuestas de cara a la campaña 2021, así como que el Gobierno comunicara con más antelación la información de los días que le corresponderían a cada embarcación de pesca, para que puedan organizar esa campaña, y las alternativas a la reducción de
los días de pesca, como han hecho otros países.
En unos años tan complejos como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, el sector no solo debe asumir la necesidad de adoptar ciertas medidas y su aval científico, sino que deben también percibir que existe un equilibrio real entre los
tres pilares, social, económico y medioambiental, además de sentirse amparado por las medidas que adoptan las administraciones públicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Activar un periodo de diálogo con el sector pesquero y las administraciones afectadas por la aplicación de las restricciones para la campaña pesquera de este año y evitar la situación del año 2020.
2. Trasladar a la Comisión Europea la necesidad de creación de sub-áreas, dentro de las Sub-Áreas Geográficas (GSA) del litoral Mediterráneo, que permitan analizar el estado de los recursos de una forma más ajustada a las realidades
regionales, y establecer unas medidas de actuación acordes con la situación respecto a las limitaciones de esfuerzo en número de días de actividad.
3. Aumentar, como acciones alternativas, las medidas de protección social durante los días que no se pueda ejercer la actividad como consecuencia de las reducciones de esfuerzo.
4. Aumentar la flexibilidad del intercambio entre días de pesca computados como día de pesca de costera o de profundidad, en función de las capturas o de la localización, permitiendo un intercambio del 15 % de los días.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-Joaquín María García Díez, Isabel María Borrego Cortés, Marta González Vázquez, Belén Hoyo Juliá, Teodoro García Egea, Macarena Montesinos de Miguel, Agustín Almodóbar Barceló, César
Sánchez Pérez, Juan Luis Pedreño Molina, Luis Santamaría Ruiz y Vicente Betoret Coll, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adecuación de los servicios
de aduanas a la nueva relación comercial de productos agroalimentarios con el Reino Unido, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El 1 de enero de 2021 el Reino Unido abandonaba el mercado único europeo y la unión aduanera, pasando a ser un país tercero, y se empezaban a aplicar nueva normas comerciales con los países integrantes de la Unión Europea (UE).
Con su salida de la UE, muchos de los productos producidos y comercializados en territorio europeo, y concretamente en España, como son las frutas y hortalizas o el aceite de oliva, entre otros, deberán ser controlados en el momento de la
importación y/o exportación con el Reino Unido. Esta consideración, si bien se prevé con cero aranceles y cero contingentes para las mercancías originarias de cualquiera de las partes, va a originar el incremento de los trámites aduaneros, de
calidad y fitosanitarios que requieren estos tipos de operaciones.
Según la última ficha país del Reino Unido, editada por ICEX, las exportaciones españolas en el comercio bilateral de bienes con este país alcanzaron los 22.000 millones de dólares en 2019. En el ranking de productos exportados, las frutas
y las hortalizas ocupan el tercer y cuarto puesto, cuantitativamente.
Además de frutas (principalmente frutos rojos, kiwi y caqui, cítricos y frutas de hueso), y de hortalizas frescas o refrigeradas (espárragos, berenjenas, pimientos y aceitunas), se exporta vino y mosto, aceite de oliva, coles y coliflores,
tomates o lechugas, siendo la primera partida de origen animal la carne de porcino. El conjunto de las exportaciones del comercio exterior agroalimentario y pesquero español suponía, según datos del MAPA para 2019, el 10,7 % de la cuota de los
países de la UE-28.
El Gobierno del Reino Unido implementará controles fronterizos y los exportadores españoles deberán cumplir con las formalidades aduaneras habituales, como la presentación de una declaración aduanera o Documento Único Administrativo (DUA),
el certificado de conformidad emitido por Reino Unido (CoC), que además es obligatorio para poder presentar la declaración aduanera, y el certificado fitosanitario para los productos que lo requieran.
Por otra parte, las aduanas deben alcanzar una estructura adecuada, con sistemas de control sanitarios y fitosanitarios dimensionados a esta nueva realidad, que obliga a actuar con celeridad, ya que, de otro modo, afectaría negativamente a
las exportaciones hortofrutícolas, suponiendo un perjuicio muy importante para la economía regional.
En las Aduanas, ya sean marítimas o de interior, participan, entre otros, la Guardia Civil, el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, el Servicio de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los
servicios de Sanidad Exterior y de Calidad Comercial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Como consecuencia de la nueva situación, se va a producir en los próximos meses un incremento de los controles en aduana superiores al 50 %, tanto en origen como en destino, imposible de afrontar con el
personal existente, así como con el horario actual. Las aduanas no van a tener capacidad suficiente para recibir las mercancías y tramitar su salida hacia Reino Unido.
Con relación a los controles fitosanitarios, a partir del 1 de abril afectarán a la práctica totalidad de frutas y hortalizas, que tendrán que ir acompañadas de un certificado fitosanitario y un sistema de prenotificación en destino, y a
partir del 1 de julio a la totalidad de los productos, incluidos los cítricos, lo que afectará gravemente a la carga de trabajo en estas aduanas, ya que los recursos actuales son claramente insuficientes.
Es necesario que el Gobierno establezca un plan claro y transparente que permita abordar los problemas a los que se enfrentan los sectores más afectados por el Brexit, ya que siguen siendo numerosas las incertidumbres de productores,
exportadores, transportistas o empresas, que ven amenazada su actividad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adecuar los servicios de aduanas a la nueva relación comercial con Reino Unido, dotándolos de los recursos humanos necesarios y un horario adecuado para asumir el incremento de actividad,
especialmente relacionada con la certificación sanitaria y fitosanitaria, consecuente con los nuevos controles por exportaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-Milagros Marcos Ortega y Marta González Vázquez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Pablo Juan Calvo Liste, don José María Sánchez García, don Juan Luis Steegmann Olmedillas y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus
respectivas condiciones de Portavoz adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
promoción, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de una actuación coordinada a fin de que las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, requieran a todos los sanitarios del sistema público de salud
que estén dispensados de prestar servicio total o parcialmente por realizar labores sindicales a incorporarse de forma inmediata a prestar pleno servicio mientras dure la lucha contra la epidemia por COVID-19, para su debate en la Comisión de
Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ('RD 463/2020') otorgó al Ministro de Sanidad, en su artículo
4.2.d), la condición de autoridad competente delegada, tanto en su propia área de responsabilidad como en las demás áreas que no recayesen en el ámbito específico de competencias de los demás Ministros designados como autoridad competente delegada.
Concretamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.3 de la norma supra, el Ministro de Sanidad quedaba habilitado para 'dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que (...) sean necesarios para
garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, para la protección de personas, bienes y lugares'. A tal efecto, podía servirse de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de
1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, cuyo párrafo b) prevé la posibilidad de establecer prestaciones personales obligatorias. Ello podría acordarse sin tramitación de procedimiento administrativo alguno.
Así, el 28 de marzo de 2020 se publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de
crisis ocasionada por el COVID-19 ('Orden SND/295'). En su texto introductorio, la Orden SND/295 señala que 'los artículos 8.2 y 13.c) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, habilitan a la autoridad delegada competente por razón del estado de
alarma a la imposición de prestaciones personales obligatorias que resulten imprescindibles para la consecución de las finalidades de este real decreto'. En este sentido, más adelante señala:
'Debido a la situación crítica de los colectivos destinatarios de los servicios sociales, que precisan de una atención ineludible e inaplazable, y ante la grave situación de falta de personal que se está produciendo en los centros y
entidades públicos y privados acreditados que proveen de tales servicios sociales esenciales, se hace preciso adoptar una serie de medidas en relación con los recursos humanos de este sector que garanticen la adecuada y debida asistencia de los
señalados colectivos.'
Una de las medidas que contemplaba la Orden SND/295, recogida en el apartado cuarto, apartado 3, establecía lo siguiente:
'El personal con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales deberá reincorporarse de forma temporal para desempeñar sus funciones en atención a la situación generada por el COVID-19.'
En el momento en que fue adoptada esta medida, inmersos en plena primera ola de la epidemia, parecía de la más elemental lógica contar con todos los profesionales posibles para mermar los efectos de la enfermedad.
Segundo. Pese a lo lógico de esta medida, el precepto de la Orden SND/295 al que nos hemos referido fue modificado por la Orden SND/322/2020, de 3 de abril ('Orden SND/322').
Tal modificación se propuso en atención al contenido de la Orden SND/307/2020, 30 de marzo ('Orden SND/307'), a tenor de cuyo apartado tercero:
'Las actividades de representación sindical y patronal no están afectadas por las restricciones de movilidad contenidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, con el fin [de] garantizar
la asistencia y asesoramiento a personas trabajadoras y empleadores.'
Así justificaba el Gobierno de la Nación la necesidad de flexibilizar las disposiciones de la Orden SND/295, haciendo posible la equiparación de 'la situación del personal con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por
ejercicio de funciones sindicales en el ámbito de los servicios sociales a la del mismo personal sanitario que se encuentra también en situación de dispensa absoluta'.
Con base en la misma, se procedió a modificar el apartado 3 del apartado cuarto de la Orden SND/295, que quedó redactado como sigue:
'3. El personal con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales podrá solicitar voluntariamente reincorporarse para desempeñar sus funciones en atención a la situación generada por el
COVID-19.'
De tal manera que lo que inicialmente se configuró como un deber -'deberá'- pasó a articularse como una mera potestad -'podrá'-. A ello se añadió, por medio del apartado tercero de la Orden SND/322, la posibilidad del personal que tuviera
reconocida la dispensa absoluta y se hubiera incorporado en cumplimiento de la Orden SND/295 de retomar a su situación de dispensa para ejercer sus funcionales sindicales.
Tercero. Desde el inicio de la emergencia de salud pública, el Gobierno ha promulgado un sinfín de reales decretos-ley, órdenes ministeriales y otras disposiciones normativas. Muchas de ellas, a priori, con el fin de dedicar todos sus
medios materiales y personales a garantizar el buen funcionamiento de las Administraciones Públicas, en general, y del Sistema Nacional de Salud, en particular.
Un ejemplo de estas medidas se encuentra en el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. En
referencia a los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, se establecen, en esencia, tres medidas fundamentales que pueden ser adoptadas por las comunidades autónomas correspondientes con carácter excepcional y transitorio:
(i) La posibilidad de trasladar personal sanitario a servicios, centros sanitarios y especialidades que lo necesiten.
(ii) La posibilidad de trasladar a funcionarios de los servicios generales de las Administraciones que ocupen plazas para las que se exigió tener una titulación sanitaria a servicios y centros sanitarios que lo necesiten.
(iii) La posibilidad de introducir una movilidad de carácter interprovincial del personal sanitario cuando fuese necesario.
En cualquier caso, para realizar cualquiera de los cambios temporales mencionados anteriormente, se exige expresamente que esté motivada 'por la insuficiencia de personal médico o de enfermería a causa de la pandemia por COVID-19' (artículo
3.5).
Sin embargo, llama poderosamente la atención que, a pesar de la dramática tensión que sufren nuestros hospitales, centros y servicios de salud a causa de la pandemia del COVID-19, por la gran incidencia de contagios entre la población
española y la escasez de personal sanitario para hacer frente a una situación tan extraordinaria, solo se regule la imposición de estas obligaciones a los médicos, enfermeros y otros funcionarios que se encuentran en situación de servicio activo.
Igual de llamativo resulta que, aunque solo fuera en un primer momento, se adoptara la imposición de reincorporarse para desempeñar sus funciones únicamente a los liberados sindicales del ámbito de los servicios sociales. Y ello, porque en
aquel momento, las necesidades en el sector sanitario eran igual o más acuciantes que en el ámbito social. Ninguna de las normas promulgadas por el Gobierno, única autoridad competente en materia sanitaria hasta el 21 de junio a las 00:00 horas,
había impuesto la necesidad de que el personal con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales, en el ámbito sanitario, debiera reincorporarse de forma temporal para desempeñar sus funciones en atención
a la situación generada por el COVID-19.
Cuarto. Como anticipábamos, el artículo 12 del Real Decreto 463/2020 contemplaba las medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional. Así, se otorgaba competencia exclusiva al Ministerio de Sanidad
en relación con 'todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas'. Estos quedaban 'bajo las órdenes directas del Ministro de
Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza'.
En el posterior estado de alarma de ámbito nacional aprobado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 ('RD 926/2020'), las
Administraciones mantienen sus competencias. Así su artículo 12 señala que:
'Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente, así como la gestión de sus servicios y de su personal, para adoptar las medidas que estime necesarias, sin perjuicio de lo establecido en este real
decreto.'
En relación a las prestaciones personales, el artículo 11 del Real Decreto 926/2020 señala expresamente que:
'De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, las autoridades competentes delegadas podrán imponer en su ámbito territorial la realización de las prestaciones personales
obligatorias que resulten imprescindibles en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios para responder a la situación de emergencia sanitaria que motiva la aprobación de este real decreto.'
De forma que la imposición de que el personal con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales, en el ámbito sanitario, se reincorpore de forma temporal para desempeñar sus funciones en atención
a la situación generada por el COVID-19, encuentra en este artículo su encaje normativo.
En adición a lo anterior, el Estado tiene, de acuerdo con el artículo 149.1.16.º de la Constitución, competencia en materia de 'coordinación general de la sanidad', que es asumida por el Consejo Interterritorial de Salud ('CISNS'), creado
por la Ley General de Sanidad (de 1986).
En la actualidad, este órgano viene más ampliamente configurado en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud ('LCCSNS' ) como 'el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e
información de los servicios de salud entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva y equitativa de derechos de los ciudadanos en todo el
territorio del Estado' (art. 69.1 LCCSNS). Según la vigente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, encajaría en la figura organizativa de las 'conferencias sectoriales' de su artículo 147. Está integrado por el
titular del Ministerio, que lo preside, y por cada uno de los consejeros autonómicos, de entre los que se elige la vicepresidencia.
Las funciones de este Consejo Interterritorial de Salud se contienen en el artículo 71 LCCSNS, distinguiéndose según se trate de 'funciones esenciales en la configuración del Sistema Nacional de Salud' (apartado 1), 'funciones de
asesoramiento, planificación y evaluación en el sistema Nacional de Salud' (apartado 2), 'funciones de coordinación del Sistema Nacional de Salud' (apartado 3) y 'funciones de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas' (apartado 4).
Entre estas funciones del CISNS, el artículo 71.1.1) establece la siguiente:
'l) La declaración de la necesidad de realizar las actuaciones coordinadas en materia de salud pública a las que se refiere esta ley.'
En relación con esta capacidad, el artículo 65 de la Ley supra dispone lo siguiente:
'1. La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente
afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera inmediata de las medidas adoptadas.
2. La declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las partes incluidas en ella y deberán encuadrarse en alguno de los supuestos siguientes:
1.º Responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública.
2.º Dar cumplimiento a acuerdos internacionales, así como a programas derivados de las exigencias de la normativa emanada de la Unión Europea, cuando su cumplimiento y desarrollo deba ser homogéneo en todo el Estado.
Para la realización de las actuaciones coordinadas podrá acudirse, entre otros, a los siguientes mecanismos:
a) Utilización común de instrumentos técnicos.
b) Coordinación y refuerzo de la Red de Laboratorios de Salud Pública.
c) Definición de estándares mínimos para el análisis e intervención sobre problemas de salud.
d) Refuerzo de los sistemas de información epidemiológica para la toma de decisiones y de los correspondientes programas de promoción, prevención y control de enfermedades, cuando sus efectos trasciendan el ámbito autonómico.
e) Activación o diseño de planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias'.
El apartado e) que antecede fue añadido por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Pese a que esta lista
no tiene carácter de un numerus clausus, se estimó como un mecanismo más del que puede valerse el CISNS en situación de 'especial riesgo o alarma para la salud pública', como es la que nos encontramos en la actualidad, como consecuencia del
COVID-19.
A lo anterior se añade que el Real Decreto 926/2020 contempla, en su artículo 13, la posibilidad de que el CISNS adopte cuantos acuerdos sean necesarios para garantizar la necesaria coordinación de las autoridades delegadas, así:
'Con la finalidad de garantizar la necesaria coordinación en la aplicación de las medidas contempladas en este real decreto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, bajo la presidencia del Ministro de Sanidad, podrá
adoptar a estos efectos cuantos acuerdos procedan, incluidos, en su caso, el establecimiento de indicadores de referencia y criterios de valoración del riesgo.'
Por ello, y en vista del agravamiento de la situación, deben promoverse por el Gobierno, en el marco de sus competencias y en el ámbito del CISNS, medidas obligatorias de reincorporación de aquellos sanitarios (médicos, enfermeros,
auxiliares de enfermería, y otros profesionales) que están dispensados de prestar servicio total o parcialmente por realizar labores sindicales. Es básico aprovechar el inmenso potencial de trabajo y de refuerzo que supondría incorporar al servicio
activo a todos los liberados sindicales, con pleno respeto a los caracteres esenciales del derecho de libertad sindical.
Quinto. La superación de la emergencia de salud pública provocada por el COVID-19 exige un esfuerzo nunca antes visto de todos los sectores implicados y de la sociedad española, en general. Todos los ciudadanos han visto recortados sus
derechos fundamentales en aras de superar las distintas olas de la enfermedad.
Por ello, el personal dispensado de la obligación de prestar servicio activo por la realización de labores sindicales habría debido voluntariamente ofrecer su esfuerzo para responder a la mayor emergencia nacional desde la Guerra Civil. Al
no haberlo hecho hasta ahora, se reputa imprescindible la adopción de medidas inusuales que afectan a su desempeño diario y a la configuración legal de esta figura y que encuentran su justificación en 'la insuficiencia de personal médico o de
enfermería a causa de la pandemia por COVID-19'. La superación de esta dramática situación así lo exige.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una actuación coordinada a fin de que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, requieran
a todo el personal sanitario (médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, y otros profesionales) del Sistema Público de Salud que se encuentre dispensado de prestar servicio total o parcialmente por realizar labores sindicales a incorporarse de
forma inmediata a prestar pleno servicio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 926/2020, con el fin de paliar la escasez de personal sanitario que sufre el Sistema Nacional de Salud y de contribuir, de esta manera, a asegurar
la superación exitosa de la epidemia por COVID-19, y mientras dure la lucha contra la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2021.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, José María Sánchez García, Pablo Juan Calvo Liste y Juan Luis Steegmann Olmedillas,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Mireia Borrás Pabón, don Luis Gestoso de Miguel, don Ángel López Maraver, don Pedro Requejo Novoa, don Francisco José Contreras Peláez, don Ricardo Chamorro Delmo y doña María Magdalena Nevado del Campo, en
sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no
de Ley para la mejora del marco impositivo de la energía nuclear para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. La energía nuclear en España.
La energía nuclear es la fuente de producción eléctrica líder en España, posicionada en 2020 por décimo año consecutivo como la tecnología que mayor producción neta (55.762 GWh) genera 79. Se trata de una fuente libre de emisiones de
carbono (CO2) que garantiza el abastecimiento eléctrico, produce electricidad de forma constante y reduce la dependencia energética exterior.
El parque nuclear español está formado por cinco centrales nucleares en activo, un total de siete reactores, con una potencia bruta instalada conjunta de 7.398,77 MW (7.117 MW netos) 80.
Mapa de ubicación de centrales nucleares:
Cada año aporta un constante de entre 55.000 y 60.000 GW, más del 20 % de la electricidad nacional consumida, alcanzando el pasado 2020 el 22,2 % 81 de cuota en el mix de generación.
Segundo. Una excesiva imposición de tributos amenaza la rentabilidad de las plantas nucleares.
A pesar del buen funcionamiento del parque nuclear, el resultado financiero de las plantas se ha visto mermado desde hace varios años hasta el punto de haber funcionado a pérdidas en el año 2020 82. La energía nuclear adolece de una
excesiva imposición de tributos que amenazan su rentabilidad. En los
79 Datos del año 2020. PÉREZ, E. (21/12/2020). La energía nuclear es la primera fuente de generación en España por décimo año consecutivo mientras las renovables baten récord. Xataca. Recuperado de: https: / /
www.xataka.com/energia/energia-nuclear-primera-fuente-generacion-espana-decimo-ano-consecutivo-renovables-baten-record
80 Ministerio para la Transición Ecológica. Centrales Nucleares en España. Recuperado de: https:/ / energia.gob.es/nuclear/Centrales/Espana/Paginas/CentralesEspana.aspx
81 Red Eléctrica de España (17.12.2020). Las renovables alcanzan el 43,6% de la generación de energía eléctrica en 2020, su mayor cuota desde que existen registros. Recuperado de:
https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2020
712/las-renovables-alcanzan-el-43-6-por-ciento-de-la-generacion-de-2020-su-mayor-cuota-desde-existen-registros#:~:text=As%C3%AD%2C%20Espa%C3%Bla%20gener%C3%B3%20109.269%20GWh,hasta%20alcanzar%201os%20250.387%20GWh.
82 Díaz, T. (12/02/2021). El fisco provocó que las nucleares, por primera vez, perdieran dinero en 2020. El Economista. Recuperado de:
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11045678/02/21/El-fisco-provoco-que-las-nucleares-por-primer a-vez-per dieran-dinero-en-2020.html
últimos ejercicios el conjunto del parque destinó del orden de 1.000 millones de euros 83 anuales a tributos y tasas, lo que el pasado año se tradujo en un 61 % de la facturación sobre la producción de electricidad.
Los impuestos y tasas que pagan las nucleares son los siguientes:
A. La tasa Enresa. Las centrales nucleares pagan a la empresa pública estatal ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. SME) una tasa por la financiación del desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares que
cumplan su vida útil, así como por la gestión futura de los residuos radiactivos y del combustible nuclear gastado conforme al Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los
residuos radiactivos y al Plan General de Residuos Radiactivos.
Tras haber llegado a un acuerdo entre la sociedad mercantil estatal, las eléctricas y el Gobierno en marzo de 2019, la tarifa fija unitaria de la prestación patrimonial para la financiación de ENRESA se ha incrementado en un 19,2 %, pasando
de 6,69 a 7,98 euros el valor del megavatio hora 84.
B. Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE). Se trata de uno de los impuestos creados por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, regulado en el Título I.
Grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica 85, con un tipo 86 del 7 % sobre el importe total de los ingresos obtenidos por las centrales.
C. Impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones
centralizadas. La misma Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en su Título II, regula estos tributos que gravan las actividades definidas en los artículos 15 y 19.
- El tipo impositivo sobre la producción del combustible nuclear gastado resultante de la generación de energía nucleoeléctrica se establece en 2.190 euros por kilogramo de metal pesado 87.
- El tipo de los residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica de baja y media actividad se fija en 6.000 euros por metro cúbico, mientras que para los de muy baja actividad se reduce a 1.000 euros por metro
cúbico 88.
- El tipo impositivo en el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas al que se refiere el apartado 1.a) del artículo 22 es de 70 euros por kilogramo de metal pesado; el del
almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad o media actividad y vida larga al que se refiere el apartado 1.b) del artículo 22 es de 30.000 euros el metro cúbico; el del almacenamiento de residuos radiactivos a los que se refiere el
apartado 1.c) del artículo 22 distingue si el residuo es de media actividad o baja actividad, en cuyo caso el tipo es de 10.000 euros por metro cúbico, o si es de muy baja actividad, en cuyo caso el gravamen es de 2.000 euros por metro cúbico.
D. Impuestos ecológicos o 'ecotasas' establecidas por algunas comunidades autónomas bajo el argumento de frenar el deterioro del entorno natural. El último caso lo constituye la ecotasa catalana, introducida por Ley 5/2020, de 29 de abril,
de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. Este tributo es réplica del existente en la Comunidad Autónoma de Extremadura, hoy regulado
mediante el Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos propios.
Se trata de un tributo que recae sobre un hecho imponible también gravado por los impuestos estatales de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
83 PAGE, D. (21/05/20). Las nucleares reducen su producción por el bajo precio de la electricidad y los impuestos. El Independiente. Recuperado de: https: / / www.elindependiente.com/economia/2020/ 05/21
/las-nucleares-reducen-su-produccion-por-el-bajo-precio-de-la-electricidad-y-los-impuestos/
84 Roca, R. (9/09/2019). Las cuentas del apagón nuclear: Subir la 'tasa Enresa' a las eléctricas un 20% acabaría con el déficit del fondo para su desmantelamiento. Recuperado de:
https://elperiodicodelaenergia.com/las-cuentas-del-apagon-nuclear-subir-la-tasa-enresa-a-las-electricas-un-20-acabaria-con-el-deficit-del-fondo-para-su-desmantelamiento/#:~:text=En%201a% 20actualidad % 2C % 201a % 20tasa,M Wh %20por%201a% 20energ%
C3 %ADa % 20producida
85 Artículo 1 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
86 Artículo 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
87 Artículo 17 bis de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
88 Artículo 18 bis de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
Las actividades de producción, almacenaje y transformación de energía eléctrica de origen termonuclear en Extremadura tienen una cuota tributaria de 0,0013 euros el kWh, alcanzando un valor de 0,0050 euros por kWh en la reciente cuota
catalana. En Extremadura se vienen recaudando por este concepto cerca de unos 100 millones de euros anuales.
E. Las centrales nucleares asumen los tributos locales de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) e Impuesto sobre Instalaciones y Obras (ICIO).
- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) grava las propiedades inmobiliarias y terrenos. Las centrales nucleares son bienes inmuebles de características especiales (BICES) 89, cuyo tributo es superior a la recaudación por inmuebles
urbanos o rústicos.
- Además, la actividad de producción de energía electronuclear está gravada con el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que establece una cuota de 0,510860 euros por cada KW de potencia en generadores 90 y otra de 31.102,38 euros por
la actividad de almacenamiento de residuos radiactivos 91.
- Por último, las centrales deben abonar el Impuesto sobre Instalaciones y Obras (ICIO) por las obras realizadas en el ayuntamiento de la localidad en la que radique la planta.
Estos tributos explican que las localidades de Romangordo (Cáceres) o Ascó (Tarragona), sobre las que se asientan en todo o en parte las centrales nucleares de Almaraz y Ascó, respectivamente, se posicionen como los dos ayuntamientos con
mayor recaudación por habitante de España 92.
F. Tasas del Consejo de Seguridad Nuclear: El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 93 es la institución española encargada de velar por la seguridad nuclear y la protección de las personas y del medio ambiente contra los riesgos relativos a
las radiaciones ionizantes. Para garantizar su independencia política y económica se fijaron hasta veintidós tasas 94 para cubrir los gastos ocasionados por la ejecución de las actividades que el órgano realiza tales como inspecciones, pruebas,
estudios, informe o licencias.
G. Tasa por la prestación de servicios de respuesta por la Guardia Civil: La disposición final séptima de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, crea la tasa
estatal por la prestación de servicios de respuesta por la Guardia Civil en el interior de las centrales nucleares u otras instalaciones nucleares que se determinen por ley.
Con independencia de la habitual seguridad privada, unos doscientos guardias civiles están permanentemente destinados en el interior de las instalaciones nucleares en virtud del Real Decreto 1086/2015, de 4 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 1208, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas, con el fin de impedir que las instalaciones o materiales puedan ser objeto de sabotaje, robo o
desvío para su uso indebido. Ello supone un gasto de alrededor de un millón de euros por planta destinado al establecimiento de los nuevos cuarteles, así como de cientos de miles de euros destinados al mantenimiento anual de estas unidades.
Además, el coste de los guardias asciende a una tasa fijada en 61.053 euros anuales por agente para sufragar salarios, equipamiento, formación, coordinación, logística, etc.
La cuantía de la tasa, una vez superado el periodo de implantación del dispositivo de seguridad, ha de ser revisada por el Ministerio del Interior con el objetivo de hacer frente a gastos de mantenimiento en exclusiva.
Los fondos obtenidos por esta tasa se recaudan por Hacienda, mientras que en Francia, donde también existe esta tasa, los fondos se ingresan directamente en el cuerpo de seguridad encargado 95.
89 Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido en la Ley del Catastro Inmobiliario.
90 Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividad Económicas. Sección Io (Actividades empresariales: ganaderas, mineras, industriales, comerciales y
servicios), Grupo 151 (producción, transporte y distribución de energía eléctrica), epígrafe 151.3 (producción de energía electronuclear).
91 Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividad Económicas. Sección I.º (Actividades empresariales: ganaderas, mineras, industriales, comerciales
y servicios), Grupo 143 (transformación de minerales radiactivos y tratamiento y almacenamiento de residuos radiactivos), epígrafe 143.3 (almacenamiento de residuos radiactivos).
92 SEMPERE, P. (20/02/2020). Un pequeño pueblo de Cáceres, el que más ingresos recauda por habitante. Recuperado de: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/19/economia/1582140848 089432.html
93 Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
94 Artículos 9 a 30 de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear.
95 DÍAZ, T. (21/01/2020). Unos 200 guardias civiles ya tienen el cuartelillo en las centrales nucleares para prevenir atentados. El Economista. Recuperado de:
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10304945/01/20/Unos-200-guardias-civiles-ya-tienen-el-cuartelillo-en-Ias-cen trates-nucleares-para-prevenir-atentados.html
Tercero. Breve reflexión sobre el futuro de la energía nuclear en España.
Si comparamos los ingresos de las centrales nucleares en 2019 (2.650 millones de euros) con los del 2020 (1.894 millones de euros) podemos percibir una caída de la facturación del 28,5 % mientras la producción se mantuvo prácticamente
idéntica. Con el despliegue de las fuentes de energía renovables se va a producir un efecto depresor sobre el precio del mercado eléctrico. De continuar con un escenario de gran fluctuación de precio, de sobreimposición y de desentendimiento del
Gobierno de la Nación podría suceder que las propias eléctricas pierdan el interés y renuncien a sus concesiones.
España necesita seguir contando con la energía nuclear por su fiabilidad, previsibilidad, constancia y precio, así como por ser una fuente energética nacional con cero emisiones.
Aunque algunos de estos impuestos son necesarios porque responden a criterios técnicos, económicos y de seguridad, otros no lo son ni se basan en una estimación de daño ambiental. Por ello, urge la revisión de la fiscalidad de las nucleares
con respecto a aquellas tasas y tributos recaudatorios e ideológicos.
Cuarto. De la necesidad de una política energética nacional.
Por último, es fundamental que España cuente con un Plan de la Energía, encaminado a conseguir la autosuficiencia energética de la Nación sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover la mejora del marco impositivo que afecta a las nucleares para asegurar su viabilidad económica ante la excesiva carga fiscal que soporta, habida cuenta de su necesidad como tecnología de respaldo en un escenario de introducción
masiva de las energías renovables.
2. Promover la supresión de los impuestos ecológicos autonómicos o ecotasas que gravan las nucleares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-Mireia Borrás Pabón, Luis Gestoso de Miguel, Ángel López Maraver, Pedro Requejo Novoa, Francisco José Contreras Peláez, Ricardo Chamorro Delmo y María Magdalena Nevado del Campo,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley,
para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa a la declaración de la tórtola europea como especie vulnerable para garantizar su protección.
Exposición de motivos
El pasado 3 de diciembre, las Autoridades Comunitarias remitieron a España un extenso Dictamen motivado por un incumplimiento de la Directiva de Aves en relación a la ausencia de medidas de conservación y a la autorización de la caza de la
tórtola europea.
En julio de 2019, la Comisión Europea ya envió una carta de emplazamiento a España donde consideraba que no se habían adoptado las medidas necesarias para preservar la tórtola común: no remitir información detallada sobre su estado
poblacional, no haber designado áreas protegidas para la especie y no haberse asegurado de que su caza fuese sostenible. A esta carta de emplazamiento, las
autoridades españolas remitieron una respuesta, incluyendo la información aportada por la Región de Murcia, que ha sido insatisfactoria.
En España se cazan unos 700.000 ejemplares de tórtola europea de media en un año, lo que ha provocado que su población se haya desplomado en un 40 % en tan solo una década. Debido a ello, la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN) ha decidido incluir la tórtola en la Lista Roja de Especies.
La especie ya está incluida como 'vulnerable' en la Lista Roja de aves tanto mundial como europea. Además, SEO/BirdLife recuerda que el Comité Científico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) emitió un
Dictamen para la inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de Vulnerable, tal y como ya solicitó SEO/BirdLife en 2015. Esta catalogación reforzaría de forma directa la protección de la especie. La tórtola europea en
España presenta un declive poblacional del 32 % entre 1998 y 2019, según los datos del programa SACRE de SEO/BirdLife.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Incluir la tórtola europea en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de Vulnerable.
2. Aprobar y ejecutar un plan de actividades que mejore el estado de conservación de la tórtola europea, especialmente destinado a la gestión de su hábitat y a mejorar el nivel de conocimiento de sus poblaciones, en desarrollo del plan de
acción europeo aprobado para la especie en 2018.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2021.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Cultura y Deporte
161/002242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para preservar y proteger las técnicas
artesanales tradicionales de los industriales sederos, indumentarias y orfebres, vinculados al espacio cultural de las fallas, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La Fallas se incorporaron a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en la XI Reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrado en noviembre de 2016.
En el Expediente UNESCO se resalta de las Fallas el carácter popular de la fiesta, un espacio cultural lleno de tradición y esfuerzo colectivo, donde hombres y mujeres, falleros y falleras, son el alma de la fiesta, puesto que con su
ilusión, dedicación y generosidad han hecho posible durante más de 150 años que la tradición y el arte en torno a la fiesta perdure y se transmita de generación en generación.
En el formulario presentado por el Ministerio de Cultura a propuesta del Ayuntamiento de Valencia, junto al elemento humano compuesto por falleros y falleras, se señalaban los cuatro actores esenciales de la fiesta: artistas falleros,
pirotécnicos, músicos y artesanos de la indumentaria tradicional.
Del propio Expediente de la UNESCO extraemos las siguientes referencias al valor de la indumentaria: 'la indumentaria festiva tradicional como resultado de la aplicación de técnicas y conocimientos
artesanales tradicionales que permiten la confección, diseño y elaboración de la vestimenta, joyas, accesorios y complementos que utilizan hombres y mujeres en la fiesta'.
De conformidad con la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO de 2003, ratificada por España en 2006 y con la Ley 10/2015 para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, es responsabilidad de la
Administración General del Estado garantizar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la conservación del patrimonio inmaterial español, así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a
sus diferentes manifestaciones. En el caso que aquí nos ocupa, corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración con la Generalitat Valenciana, la adopción de las medidas y acciones para asegurar la salvaguarda, preservación,
protección, promoción, transmisión y revitalización de las técnicas artesanales tradicionales de los industriales sederos, indumentaristas y orfebres, actores esenciales en el espacio cultural de las fallas.
La desaparición de las técnicas artesanales tradicionales guarda estrecha relación con las dificultades para transmitir 'los secretos del oficio' de generación en generación. De hecho, la UNESCO sostiene que el principal criterio para la
salvaguarda de estas expresiones del patrimonio cultural inmaterial es lograr que los conocimientos y técnicas inherentes a la artesanía tradicional se transmitan a las generaciones venideras, 'de modo que esta se siga practicando en las comunidades
como expresión de creatividad e identidad cultural'. Los incentivos financieros/fiscales/tributarios para los artesanos que garanticen la transmisión del oficio y artes a los aprendices es esencial, así como la adopción de medidas educativas, para
asegurar su pervivencia.
Es prioritario y urgente pasar a la acción, pasar de las palabras a los hechos, e impulsar y reivindicar cuantas iniciativas contribuyan a asegurar el mantenimiento de la tradición sedera valenciana y su legado histórico, para proteger la
indumentaria como elemento esencial del espacio cultural de las Fallas. Es responsabilidad de las administraciones públicas adoptar las medidas que garanticen su presente y su viabilidad de futuro, y que contribuyan a preservar el sello de calidad
que la UNESCO concedió a las Fallas en 2016.
La pandemia generada por la Covid-19 obligó a la suspensión de las fiestas de las Fallas en 2020 y existe una gran incertidumbre sobre la celebración de las de 2021, aplazadas sin fecha determinada.
Esta situación ha generado una grave crisis en todos los sectores vinculados a esta fiesta tradicional, que exige una respuesta inmediata por parte de las administraciones públicas para salvaguardar este tesoro cultural e inmaterial y
preservarlo para las generaciones futuras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas y acciones que salvaguarden, preserven, protejan, promocionen, transmitan y revitalicen las técnicas artesanales tradicionales de los industriales sederos, indumentarias y
orfebres, vinculados al espacio cultural de las Fallas y gravemente golpeados por la Covid-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-Belén Hoyo Juliá, Vicente Betoret Coll, Luis Santamaría Ruiz y Óscar Gamazo Micó, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado don Joan Margall Sastre, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre Medidas
fiscales para el impulso del sector cultural y las industrias culturales, para su debate en instancia en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Las medidas restrictivas consecuencia de las políticas de contención de la Covid-19 han menguado la actividad económica y artística del sector cultural a nivel global. El sector ha afrontado la cancelación de numerosas funciones, como
espectáculos o eventos culturales, y el cierre de cines, salas de conciertos, festivales, museos, teatros y otros espacios artísticos. A pesar de que en ciertos ámbitos las restricciones se han flexibilizado, las medidas sanitarias y de seguridad
impiden que se funcione a plena capacidad y dificultan la resiliencia del sector.
Esta situación ha generado una extraordinaria alarma en las asociaciones y entidades representantes de las industrias culturales. Los datos publicados por la Encuesta de Población Activa, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística,
apuntan a una pérdida de 42.100 puestos de trabajo. En el año 2020, el empleo cultural anual medio se situó en 668,1 mil personas, último periodo anual disponible. Un 3,5 % del empleo total en el Estado español en el mismo periodo. Esta cifra
supone un descenso del 5,9 % si se compara con 2019, cuando el empleo cultural alcanzó su máximo, 710,2 mil trabajadores.
El impacto de la Covid-19 es especialmente profundo, ya que el sector cultural es un sector que, tradicionalmente, no ha dispuesto de suficiente financiación pública y privada. Es por esto que, se contempla imprescindible y de gran urgencia
la ejecución de políticas públicas de recuperación que prioricen, y reivindiquen, el valor social del sector. Conviene subrayar que cuando se contemplan compensaciones para favorecer el tejido cultural de la presión soportada desde el inicio de la
actual crisis, y se insta a impulsar políticas públicas de reactivación del sector para retomar su actividad, no implica que la finalidad de dichas actuaciones sea retornar al sector a la situación y las condiciones previas a la Covid-19.
El conjunto del sector cultural se encuentra en una situación precaria desde el incremento del IVA en las artes escénicas entre septiembre de 2012 y agosto de 2013. Durante este periodo, muchos de los conceptos culturales pasaron de
tributar un 8 % a tributar al 21 %, pasando de tipo reducido a tipo general. Una medida que además de excluir a las rentas más modestas del acceso a la cultura, impactó negativamente en la recaudación del sector.
Únicamente durante ese periodo, la recaudación de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA) descendió un 26 % y la recaudación neta un 34 %, dejando de ingresar 84 millones de euros, mientras que el número
de espectadores cayó un 29 %. A su vez, la Federación de Empresarios de Cine de España, FECE, publicaba que, de septiembre de 2012 a marzo de 2013, la taquilla neta en las salas de cine se había reducido un 5 %. Debido al impacto del IVA, a lo
largo de 2012 cerraron 141 pantallas de cine y 17 complejos cinematográficos, y se perdió el 12,7 % del empleo en el sector de salas de cine.
Tras estas cifras se encuentra tanto la precariedad estructural del sector como las implicaciones de la anterior crisis financiera de 2008, que supuso importantes recortes presupuestarios en las políticas culturales de las diferentes
Administraciones Públicas. Con lo cual, la grave situación del sector no es consecuencia exclusiva de la actual recesión causada por la Covid-19. Si no que es debida a nefastas consecuencias, para con la producción y creación culturales, pero
también para la pluralidad cultural y el acceso a la cultura por parte de la ciudadanía, de políticas austeras previas y de la irresponsabilidad estatal con un sector cuya aportación al producto interior bruto estatal llegó a ser del 3 % en 2020.
Sin duda, esta medida del Gobierno sitúa al Estado español en un escenario de excepcionalidad. La Directiva Europea sobre el IVA incluye a la cultura en la categoría de bienes y servicios que tienen permitida la aplicación de tipos
impositivos reducidos, por parte de los Estados miembros. En efecto, los porcentajes (IVA) de los Estados europeos oscilan entre el 3 % de Luxemburgo hasta el 25 % de Dinamarca, pasando por Francia (5,5 %), Chipre (5 %), Rumanía (5 %), Suecia (6
%), Bélgica (6 %), Alemania (7 %) o Polonia (8 %) como los estados con el IVA más bajo. En particular, valga el caso holandés como ejemplo de corrección por parte de su gobierno, que ante las consecuencias negativas de un incremento corrigió la
medida situando el porcentaje en el 9 % actual.
Las condiciones específicas de cada individuo y cada colectivo acaban condicionando la posibilidad de acceder a la cultura y de desarrollar la creación artística, por lo cual la cultura tiene que ser inclusiva y adaptada a las necesidades de
todo el mundo. Es por esto que es necesario impulsar el consumo cultural a través de la bajada del IVA de las entradas a los espectáculos del 10 % al 4 %; así como del IVA de la contratación de servicios culturales por parte de las
Administraciones Públicas, del 21 % al 10 %. Ello no
solo sería un incentivo para que los espectadores consumieran productos culturales, sino que permitiría a las entidades locales incrementar su programación, sin afectar su presupuesto.
Es indispensable que el público vuelva a los espacios culturales y a disfrutar de la cultura. Esta iniciativa, además de suponer un estímulo económico clave para el sector, es una medida que considera la cultura como un bien de primera
necesidad, que mejora el acceso y, por lo tanto, también la democratización.
Por otro lado, el Parlamento Europeo ha demandado apoyo rápido y directo para el sector cultural. En la Resolución 2020/2708 (RSP) Résolution sur la relance culturelle de l'Europe -aprobada el 17 de septiembre de 2020, a raíz de un debate
plenario el 17 de julio- los eurodiputados sostienen que los apoyos específicos a la cultura y las compensaciones financieras deberían proceder tanto de las arcas estatales como de las comunitarias. Lo cual se traduce en la recomendación a los
Estados miembros de hacer un esfuerzo presupuestario y destinar el 2 % de su presupuesto general a la recuperación del sector cultural artístico y creativo.
La libre práctica cultural tiene que acontecer la columna vertebral de los valores cívicos, tiene que quedar establecida como un derecho constitucional básico y ser considerada el cuarto pilar del estado del bienestar. Hay que garantizar el
acceso libre y universal a la cultura como un derecho fundamental inalienable, que fomente el pensamiento crítico, favorezca el acceso al conocimiento, impulse la creatividad y estimule el goce cultural en todas sus formas de expresión.
Es imprescindible promover políticas ambiciosas para relanzar y dignificar la cultura. Por ende, instamos al Gobierno español, desde el marco de las competencias estatales, a seguir estas recomendaciones, a reformular la fiscalidad aplicada
a las artes escénicas y a dotar de mayores recursos económicos al sector cultural.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Realizar las modificaciones normativas necesarias para, en un plazo de tres meses, aplicar a todas las actividades y productos culturales, y a todos los servicios que se deriven, el tipo superreducido de IVA del 4 %, de manera que se
pueda facilitar el acceso universal a la cultura, dar salida a las capacidades creativas del sector y fortalecer las industrias culturales.
2. Realizar las modificaciones normativas necesarias para, en un plazo de tres meses, aplicar el tipo reducido del 10 % de IVA en la contratación de servicios culturales por parte de las Administraciones Públicas, de manera que se pueda
facilitar el acceso universal a la cultura, dar salida a las capacidades creativas del sector y fortalecer las industrias culturales.
3. Destinar el 2 % del presupuesto general del Estado a políticas para impulsar las industrias culturales y el sector cultural artístico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2021.-Joan Margall Sastre, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/002257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar una Mesa de trabajo
para la creación de una plataforma pública digital para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La transformación digital ha traído consigo un cambio en la manera y la gestión del consumo de contenidos audiovisuales y sonoros. Un cambio que se ha visto acelerado con la llegada del COVID-19. La obligatoriedad de permanecer en los
hogares durante el periodo de confinamiento, y de manera
preferente desde marzo de 2020; el teletrabajo, la vehiculización del contacto con amistades y familia a través de distintas redes sociales o servicios de mensajería, o simplemente la sustitución de momentos de ocio por otros hábitos online
no lineales, es decir: a demanda; ha hecho que el uso de plataformas digitales haya incrementado su modelo de negocio y generado la expectativa de seguir haciéndolo en previsión de la subida en la demanda, como así lo ha manifestado Brad Barrett,
director de análisis de Capital Group, al decir que 'aproximadamente un tercio de todo el consumo de contenido se hace actualmente a través de plataformas de streaming, pero en 2030 creo que va a aumentar a más del 80 %'.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el pasado año 2020 el 93,2 % de la población de 16 a 74 años ha utilizado Internet en los últimos tres meses 2,5 puntos más que en 2019. Sin embargo, no toda la población tiene
acceso a su uso en las mismas condiciones. Tal y como refleja UGT, recogiendo datos publicados por la Secretaría de Estado para el Avance Digital, del Ministerio de Economía, la razón principal de que España tenga una de las brechas digitales más
grandes de Europa no son las infraestructuras, sino la falta de interés, la ausencia de conocimientos informáticos y la imposibilidad de asumir los costes (tarifa de conexión y dispositivos de acceso). El derecho a la información de la ciudadanía
debe estar por encima de brechas como la falta de infraestructuras en el mundo rural, la llamada alfabetización digital o el monopolio de las grandes empresas que han visto un hueco hasta ahora inexplorado hasta en el ámbito educativo (plataformas
como Edmodo, Moodle, Google Clasroom, etc.) o médico.
A esto se une la falta de transparencia en los datos de tráfico y fiscalidad en plataformas como Facebook, Youtube o Instagram, llegando incluso a acumular demandas y sanciones por políticas anticompetitivas y acciones opacas. No en vano,
en septiembre de 2020 la Comisión Europea reclamaba más transparencia y claridad a plataformas digitales como Google y Youtube, encuadradas en el código comunitario de buenas prácticas, ante la falta de procedimientos claros y compromisos concretos
para combatir la desinformación en la red. Por las mismas, asistimos a una gestión arbitraria a la hora de regular contenidos. Uno de los más recientes es el caso del cierre del canal del medio periodístico La Marea en Youtube al confundir la
difusión de un contenido de denuncia con un infringimiento de su 'política sobre incitación al odio'.
El divulgador científico Martí Montferrer, creador del canal de YouTube Cde-Ciencia con 1,41 millones de suscriptores, denunciaba el pasado mes de enero que el algoritmo de azar que ha incluido Youtube provoca, así lo han señalado
profesionales de la neurología, estímulos iguales a los juegos de azar, generando adicción, depresión y ansiedad. Por otra parte, recientemente la plataforma Twich (con un crecimiento del 83 % en el último año) ha implementado una nueva herramienta
de predicciones a los puntos de canal, cuya dinámica, y peligros para salud, se asemeja a la de los loot boxes. Estas cuestiones revelan la necesidad de una regulación además de una plataforma pública que no incurra en las brechas y consecuencias
negativas aquí descritas.
El artículo 20 de la Constitución Española recoge el derecho a la libertad de expresión, así como el de la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. E igualmente el artículo 44 en su primer punto reconoce el derecho
de la ciudadanía al acceso a la cultura.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una Mesa de trabajo para la creación de una plataforma digital pública de acceso libre y de contenido cultural y divulgativo, compuesta por autoras y autores a través de distintas
entidades y colectivos que abarquen el amplio y rico espectro creativo de todo el Estado, en todas las lenguas, ya sean cooficiales o propias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Sofía Fernández Castañón, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/002268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la elaboración de un Programa Nacional de Algoritmos Verde, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
A escala mundial, la Inteligencia Artificial (IA) ha sido identificada como una de las tecnologías disruptivas con mayor proyección e impacto en todas las áreas de actividad. El efecto de catalizador en la investigación y la innovación hace
de la generación, almacenamiento y procesamiento masivo de datos (Big Data) un sector económico en sí mismo en el nuevo escenario digital y de desarrollo tecnológico. Su impacto multiplicador en los diferentes sectores de actividad es enorme:
sanidad, industria, energía, turismo, transporte, movilidad y logística, educación, seguridad... Sin duda, esta tecnología será clave en la reactivación económica tras la pandemia. Y es que el progreso de las sociedades avanzadas pasa por
abanderar el desarrollo y la integración de la IA.
Sin embargo, el impacto de la IA tiene un componente negativo: la huella de carbono que genera. Y es que cada vez que se ejecuta un algoritmo, se realiza un gran consumo energético que es algo que debemos tener en cuenta.
En este sentido, según datos de la consultora McKinsey, el mercado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) fue el responsable de entre el 3 % al 4 % de todas las emisiones de CO2 mundiales en 2020. Mientras que, solo en
EE. UU. los centros de datos, donde se entrenan los algoritmos, suponen 1,8 % del consumo eléctrico de ese país.
Además, tan solo entre el 6 % y el 12 % del consumo de los centros de datos está dirigido a realizar cálculos o procesos, ya que el resto va destinado a su refrigeración y mantenimiento.
Con el objetivo de reducir el impacto de la IA en el medio ambiente, se puede diseñar su variante sostenible: la 'Green IA'. Los llamados 'algoritmos verdes' permiten utilizar la IA de forma más inclusiva y respetuosa con el planeta.
Estos 'algoritmos verdes' cada vez son más necesarios. Según indica la Ley de Moore, de 1959 a 2012 se ha duplicado cada dos años la potencia de cálculo necesaria y la cantidad de datos para entrenar la IA. Este hecho no solo se traduce en
la explosión de las emisiones de carbono. También dificulta que los laboratorios con menos presupuesto compitan con los más ricos.
Como alternativa, la 'Green IA' plantea que para conseguir un menor consumo energético hay que buscar un equilibrio entre el volumen de datos necesario para entrenar el modelo, la cantidad de tiempo para entrenarlo y el número de iteraciones
para optimizar sus parámetros. También es importante conocer si se ha utilizado una fuente de energía renovable en la creación y aplicación de estos modelos.
En consecuencia, es esencial tener en cuenta el coste energético y la huella de carbono desde el principio, y decidir hasta qué punto es necesario crear o mejorar un modelo dadas las implicaciones medioambientales que conlleva.
Esta iniciativa tiene como objetivo que, desde el inicio, en el diseño de los algoritmos se sea energéticamente eficientes y busca situar a nuestro país en la línea de los países líderes en la investigación y el uso de una Inteligencia
Artificial confiable al servicio del desarrollo económico y social, al servicio de nuestra modernización económica, que conlleve aplicaciones de IA que sean sostenibles. En definitiva, que tenga en cuenta la importancia de la sostenibilidad
ambiental al utilizar las tecnologías de IA y que al investigar en nuevas estrategias de elaboración y ejecución de modelos y algoritmos se disminuya el coste energético.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar el Programa Nacional de Algoritmos Verde contemplado en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial con el objetivo de diseñar desde el
inicio algoritmos energéticamente eficientes, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica, así como impulsar aplicaciones de IA sostenibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-María Ángeles Marra Domínguez, Pedro Casares Hontañón, Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer Alcaráz, Valentín García Gómez, Manuel González Ramos, Antonio Hurtado Zurera, José
Luis Ramos Rodríguez, Tamara Raya Rodríguez, Germán Renau Martínez, José Antonio Rodríguez Salas y Diego Taibo Monelos, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer un marco normativo adaptado a las singularidades de las startups
para el fomento del emprendimiento innovador en nuestro país, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
En las economías avanzadas el emprendimiento innovador es el sector más productivo y principal motor de desarrollo económico. Cada vez más el crecimiento económico futuro provendrá de los emprendimientos innovadores. Un sistema emprendedor
está formado por el conjunto de startups, scaleups, inversores y financiadores, incubadoras y aceleradoras, universidades y demás agentes vinculados a la innovación. Las startups son empresas de reciente creación con un modelo de negocio innovador
y escaladle, basado en la tecnología, y enfocadas a un rápido crecimiento y rentabilidad y las scaleups son startups en fase de desarrollo y crecimiento. Además, las empresas de alto rendimiento (EACs) son aquellas que tienen un crecimiento
anualizado mayor al 20% sostenido durante un periodo de tres años y con 10 o más empleados. Todas estas empresas están llamadas a mejorar la productividad y competitividad, generar crecimiento económico futuro y bienestar social, constituyendo uno
de los pilares centrales para la transformación de las economías avanzadas.
En palabras del economista Joseph Schumpeter, padre de la destrucción creativa, los emprendedores nutren la economía con innovaciones que se materializan en nuevos productos y servicios de valor añadido que expanden la capacidad productiva
del país. En especial, las empresas que más contribuyen a este fenómeno son las EACs, o también llamadas gacelas.
Según la información recogida por Crunchbase en 2019 el número de startups en la UE-28 se situaba en 18.258, ocupando España la cuarta posición detrás de Reino Unido, Alemania y Francia.
A nivel internacional es notorio que existe una fuerte competencia para favorecer la creación de startups y atraer talento e inversiones. De hecho, son varios países de nuestro entorno que ya han puesto en marcha programas con este
objetivo.
Por todo ello, es fundamental que España acometa cuanto antes las reformas necesarias para implantar las medidas adecuadas de impulso de este sector. Con el objetivo de situar a España a la vanguardia de Europa en emprendimiento, generador
de empleo de calidad, desarrollo sostenible y crecimiento económico, hace escasamente unos días, el Gobierno de Pedro Sánchez ha elaborado la Estrategia para una Nación Emprendedora. Una estrategia que es una pieza clave para la transformación
económica y social de nuestro país, y en la que el emprendimiento innovador es el principal impulsor de un nuevo modelo de país, más productivo, eficiente, con empresas más competitivas y mayor capacidad de generar más y mejores empleos.
Una de las medidas más importantes para favorecer este objetivo se refiere a realizar los necesarios ajustes en el marco legal para adaptarlo a la realidad de las singularidades de las startups. Sin duda, el entorno normativo en el que se
desenvuelven los emprendedores tecnológicos y las Startups resulta de esencial importancia para que la gestación y desarrollo de las iniciativas de alto componente innovador obtengan un resultado exitoso.
Las actividades de las startups se encuentran sujetas a leyes de diversa naturaleza como la mercantil o la tributaria. Cabe señalar la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la Ley 25/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial que regula el crowdfunding, las cuales han sido superados por
la realidad del ecosistema innovador español.
En este sentido, resulta clave establecer un marco normativo para la articulación de políticas públicas favorables a la creación, crecimiento y consolidación del emprendimiento innovador en España. Un marco legal adaptado a las actuales
especificidades de las empresas emergentes como empresas con alto potencial de crecimiento y generación de empleo, riqueza e innovación en nuestro país.
Entre otros, los objetivos de esta norma deberían consistir en: fomentar la creación o reubicación de empresas emergentes en España; facilitar la tramitación administrativa; atraer y retener talento especializado en empresas emergentes;
impulsar el acercamiento entre la Formación Profesional, la Universidad y las empresas emergentes y contribuir a incrementar transferencia de conocimientos tecnológicos; apoyar el desarrollo de polos de atracción de empresas e inversores en
ciudades periféricas y entornos rurales; impulsar la compra pública innovadora profesional con empresas emergentes; garantizar la eficacia y coherencia del sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en la innovación y promover el
seguimiento participativo de la evolución del ecosistema español de empresas emergentes.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar para su aprobación en las Cortes Generales una Ley de Startups que establezca un marco normativo adaptado a las singularidades de las startups para impulsar su crecimiento y
fomentar el emprendimiento innovador, contribuyendo a la modernización de nuestro tejido productivo con alto potencial de crecimiento y generación de empleo de calidad, riqueza e innovación en nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-María Ángeles Marra Domínguez, Pedro Casares Hontañón, José Antonio Rodríguez Salas y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el impulso a la financiación de las empresas en activos intangibles, para su debate en Comisión de Asuntos Económicos y Transformación digital.
Exposición de motivos
Los avances tecnológicos y muy especialmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), combinados con los esfuerzos realizados en l+D han permitido el desarrollo de actividades basadas en el conocimiento. Se trata de nuevas
tecnologías, pero acompañadas además de innovaciones complementarias, que exigen nuevas formas de organización de la producción, diseño de nuevos productos, imagen de marca, capital humano específico de la empresa y know how, gestión de bases de
datos, etc. Son activos intangibles, no palpables físicamente pero no por ello menos importantes. Algunos de estos están incluidos en PIB (software y bases de datos, l+D) pero otros, como los ya mencionados de diseño de nuevos productos,
aprendizaje en la empresa, fidelización de clientes... escapan a la Contabilidad Nacional.
Los activos intangibles pueden agruparse pues en categorías: software y bases de datos; l+D y otras actividades como diseño que permitan generar derechos de propiedad de carácter científico o artístico; y adquisición de competencias
económicas (nuevas formas de organización, formación continua y especialización laboral, prestigio e imagen de marca).
Decía el economista estadounidense Robert Solow que podemos observar la productividad en todas partes menos en los ordenadores. La cita hacía referencia a la aparente paradoja entre los indudables avances técnicos, especialmente en
informática y telecomunicaciones, y unas economías con bajo crecimiento de la productividad. Una explicación a esta contradicción sería precisamente esa parte de la economía cada vez más relevante pero no del todo observable estadísticamente que
son los activos intangibles. Al respecto, un estudio de la Fundación COTEC y el IVIE, publicado en 2017 (La economía intangible en España. Evolución y distribución por territorios y sectores 1995-2014) estimaba que, de incluirse esa parte de
activos intangibles no recogidos en Contabilidad Nacional el PIB de nuestro país aumentaría un 3,5%.
Pero si parte de la inversión en intangibles puede pasar desapercibida en las estadísticas oficiales, también un menor esfuerzo inversor en ellos debilita el crecimiento. Esto es precisamente lo que les sucede a las economías europeas en
comparación con la estadounidense. Requieren de una mayor inversión en activos intangibles para mejorar su productividad y reducir la brecha con el país norteamericano.
Esto es especialmente relevante para nuestro país, dado el bajo crecimiento de la productividad que registra nuestra economía. Pero, además, el necesario proceso de transformación digital supondrá que la inversión productiva se focalice
especialmente sobre estos activos intangibles.
En este sentido, la economía española observa una dificultad añadida en este necesario impulso al esfuerzo inversor en intangibles. Así, un estudio del Banco de España (La inversión y la financiación de las empresas no financieras
españolas: un análisis a nivel de empresa, 2018) evidenciaba cómo en el caso de las empresas que invierten intensivamente en intangibles, a partir de la crisis de 2008 habían dejado en buena medida de recurrir a financiación externa para depender
casi en exclusiva de fondos propios. El motivo de este cambio sería que, ante una mayor aversión al riesgo por parte de las entidades financieras tras los excesos de la burbuja crediticia que derivó en la Gran Recesión, se endurecían las
condiciones de acceso a financiación, especialmente para la inversión en este tipo de activos, considerada como más arriesgada.
Estas limitaciones en el acceso a la financiación para la inversión en intangibles especialmente acusada en el caso de las pymes, con un peso de la inversión bruta en intangibles sensiblemente inferior al que tenían antes de 2008. Es decir,
que las mayores dificultades en el acceso a financiación afectan en especial al 99,8% de las empresas españolas, que son las pymes. Un acceso a los recursos ajenos para financiar inversión en intangibles que se hace más complicado conforme menos
sea el tamaño de la empresa, lo que implica mayor dificultad para mejorar su productividad y crecimiento a aquéllas que más lo necesitan en un contexto de transformación digital.
Ante esta situación resulta conveniente plantear un conjunto de medidas encaminadas a facilitar la financiación de este tipo de inversiones. Parte de este impulso está ya comprometida con el fuerte impulso de la inversión pública en l+D
tras años de recortes acumulados. A ello habrá de sumarse un mayor apoyo público a la l+D empresarial, tanto directo (subvenciones, compra de servicios de l+D, etc.) como indirecto (deducciones y otras ventajas fiscales, etc.).
Sin embargo, además del necesario mayor esfuerzo público para la l+D, será especialmente necesario mejorar la financiación no solo para el caso concreto de la l+D, sino para el conjunto de la inversión empresarial en activos intangibles. Al
respecto, una medida para incentivarla podría ser mediante cambios en la regulación bancaria en los activos ponderados por riesgo, permitiendo un ahorro de capital en la financiación de este tipo de inversiones. Un menor consumo de capital para
este tipo de préstamos, en línea con lo que ya se hace para la financiación bancaria a pymes o determinado tipo de infraestructuras, que puede servir de impulso para un mayor acceso al crédito en la inversión de este tipo de activos.
Pero además de un necesario mayor empuje a la financiación bancaria en intangibles, de manera que como mínimo se recuperen los niveles previos a 2008, especialmente para pymes, resulta clave también la inversión vía capital privado. Una
modalidad de financiación en crecimiento pero que habrá de verse reforzada con la próxima aprobación de una Ley de Startups que defina este tipo de actividades e impulse la proliferación de nuevos proyectos innovadores intensivos en activos
intangibles y capacidad tractora sobre la economía en su conjunto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar, en el marco del Reglamento de Requisitos de Capital y dentro del contexto de la implementación de Basilea III, los posibles cambios en la regulación de los bancos en lo referente al tratamiento de los activos ponderados por
riesgo, tal como se incluyó en su caso un factor de descuento para la financiación a pymes o a determinadas infraestructuras, de manera que sirvan para impulsar la financiación bancaria a la inversión en activos intangibles por parte de las
empresas.
2. Destinar al menos un 2% del PIB, entre inversión pública y privada al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, en línea con el Pacto por la Ciencia y la Innovación, con objeto de alcanzar la media de inversión de la UE en l+D+i.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Pedro Casares Hontañón, Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer Alcaráz, Valentín García Gómez, Manuel Gabriel González Ramos, Antonio Hurtado Zurera, María Ángeles Marra
Domínguez, José Ruiz Ramos Rodríguez, Tamara Raya Rodríguez, Germán Renau Martínez, José Antonio Rodríguez Salas y Diego Taibo Monelos, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación urgente de un
plan de apoyo a la industria nacional para la creación de una reserva estratégica real de equipos y material sanitario frente a pandemias y crisis de salud pública, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
En mayo del pasado año se puso en marcha en el Congreso de los Diputados la Comisión -no permanente- de Reconstrucción Social y Económica con el objetivo de favorecer una respuesta diligente y ágil al impacto negativo de la pandemia de
COVID-19 desde la perspectiva de la Sanidad y la Salud Pública, de la Reactivación Económica, de la Unión Europea y de las Políticas Sociales y el Sistema de Cuidados.
Tras varias semanas de trabajo en las que comparecieron numerosos expertos de los ámbitos citados, entre el 22 y el 27 de julio de 2020 fue ratificado en sesiones plenarias del Congreso un dictamen con numerosas conclusiones entre las que se
encuentra -dentro del apartado relativo a la Sanidad y la Salud Pública- el establecimiento 'ante futuras emergencias de salud pública o nuevas ondas epidémicas' de 'una 'Reserva Estratégica de Productos Sanitarios Críticos' en coordinación con el
sector tecnológico sanitario' con la que garantizar 'el abastecimiento de material sanitario, de protección, productos químicos y sustancias básicas, maquinaria crítica, materias primas, etc.'.
En cumplimiento de este objetivo, el dictamen de la referida Comisión de Reconstrucción Social y Económica contempla la necesidad de 'incluir en las líneas de ayudas existentes a inversiones industriales relacionadas con el COVID-19,
acuerdos de cofinanciación con participación activa del Gobierno para empresas con iniciativas para establecer en España la producción de equipos de tecnología sanitaria, medicamentos, fabricación de equipos de protección individual, mascarillas y
productos sanitarios'.
Además, el dictamen destaca la necesidad de impulsar 'la creación de un clúster nacional que facilite la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y hospitalarios, y universidades, orientado al desarrollo de capacidades de ingeniería
sanitaria y/o equipos de protección individual'.
Esta iniciativa -ligada a otras propuestas también incluidas en el ámbito de la Sanidad y la Salud Pública como la 'elaboración de un mapa tecnológico de necesidades junto a las comunidades autónomas y poner en marcha un Plan de Renovación
de Tecnología Sanitaria'- es plenamente convergente con planteamientos sobre las pequeñas y las medianas empresas (pymes) contenidas en el apartado relativo a la Reactivación Económica.
Las pymes son consideradas en el dictamen como un agente al que 'se prestará especial atención' por su condición de 'colectivo relevante del tejido productivo' en todo el país.
Con esta perspectiva, y además de considerar la aprobación de medidas de modernización y de 'un régimen sancionador que contribuya a evitar el incumplimiento de los plazos legales de pago, reduciendo de esta manera la necesidad de
endeudamiento financiero' de las pymes, se plantea la necesidad de 'elaborar junto con las administraciones e instituciones con competencias en la materia y los agentes económicos y sociales, una estrategia de fortalecimiento de las pymes que
permita desarrollar sus potencialidades y sus posibilidades en un contexto global que contemple programas de internacionalización, digitalización y colaboración empresarial, así como mejorar los instrumentos financieros de apoyo'.
En consecuencia, en el marco de los fondos provenientes de la Unión Europea para afrontar los efectos de la pandemia de COVID-19 y teniendo en cuenta los fiascos cometidos por el Gobierno en la adquisición y puesta a disposición de los
ciudadanos de equipamiento de protección individual de calidad frente a la COVID-19 -especialmente a los profesionales sanitarios y durante la primera ola de la pandemia- así como el hecho de que las pymes representan el 99,8 % de las empresas y el
66 % del empleo empresarial total en España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar e implementar un plan de apoyo a la industria nacional para impulsar la creación de una reserva estratégica real de equipos de protección individual, tecnología sanitaria,
medicamentos, mascarillas y productos sanitarios con los que posibilitar una respuesta adecuada e integral a futuras pandemias y crisis de salud pública como la generada por la COVID-19.
Las pequeñas y medianas empresas tendrán prioridad en el plan, que será diseñado e implementado desde el consenso total con las Comunidades Autónomas y la coordinación con la iniciativa privada -por ejemplo, la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria o la Asociación Española de Bioempresas-, y contemplará medidas con las que posibilitar en el momento oportuno la readaptación de la industria nacional para satisfacer la demanda de equipamiento y reducir la
dependencia de otros países.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2021.-José Ignacio Echániz Salgado, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del Diputado del PDeCAT Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate ante la Comisión de Sanidad y
Consumo, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a acelerar la vacunación de la población de riesgo y del personal esencial.
Exposición de motivos
La evolución de la pandemia en países como Israel o Gran Bretaña, donde más ha avanzado el proceso de vacunación de la población, demuestra que el futuro inmediato de la sanidad y de la salida de la crisis económica pasa por acelerar el
proceso de vacunación.
En este contexto, observamos con preocupación que las previsiones sobre suministro de vacunas por parte de la Unión Europea se están incumpliendo sistemáticamente, llevando a algunos países a buscar acuerdos singulares y complementarios a
los alcanzados por la UE con el fin de acelerar su proceso de vacunación.
La lenta llegada de vacunas en relación con las previsiones iniciales conlleva un excesivo retraso de la vacunación de las personas de mayor riesgo, que son precisamente las mayores de 80, 70 y 60 años.
Cabe destacar que, tal como han señalado diversos expertos, como por ejemplo el grupo de investigación BIOCOM-SC, la presión sobre los hospitales y las UCIs no se reducirá de manera importante hasta que se vacune masivamente a las franjas de
edad mayores de 60 años. Una estimación de este grupo e investigación indica que 'para llegar a reducciones del 50 % en el uso hospitalario en mayo, se necesita que la vacunación llegue como mínimo a toda la población mayor de 70 años'.
De acuerdo con el razonamiento de diversos expertos, las autoridades españolas estarían vulnerando los criterios de la Unión Europea, ya que se está vacunando a personal esencial de bajo riesgo, cuando la mayoría de los mayores de 80 años
que viven en casa o pacientes de riesgo, siguen sin ser vacunados. Asimismo se dan singularidades como por ejemplo, que se está vacunando a maestros de 30 años y no se vacuna a maestros de 62 años. Ello contradice el principio establecido por la
UE y por las propias autoridades sanitarias españolas de que la población vulnerable debe ser la primerísima y principal prioridad en el calendario de vacunación.
Y desde la perspectiva económica, la economista jefe de la OCDE, Laurence Boone, en la presentación del reciente informe de perspectivas para Europa ha señalado que la campaña de vacunación debería llevarse a cabo mejor, con una producción
más intensa y con una distribución más rápida, ya que los estímulos fiscales no sirven si no abres la economía y no levantas restricciones, 'hay que poner en marcha una economía de guerra en lo que se refiere a la campaña de vacunación' para que la
economía vuelva a funcionar.
Por todo ello, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acelerar el proceso de vacunación del personal esencial y de las personas con mayor riesgo, particularmente a todas las mayores de 80, 70 y 60 años, de acuerdo con los principios establecidos por la Unión Europea.
2. Valorar, de acuerdo con los criterios de la Agencia Europea del Medicamento, la extensión de la vacuna Astra-Zéneca a mayores de 55 años, medida ya adoptada por países como el Reino Unido, Alemania, Italia o Bélgica.
3. Incrementar los esfuerzos para desarrollar con celeridad la producción en España de vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2021.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista de conformidad con los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recomendación de la vacunación de los niños y
adolescentes varones del Virus del Papiloma Humano, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Los papilomavirus humanos (VPH) son un grupo de virus muy comunes en todo el mundo.
Son la causa más común de infección vírica del aparato reproductor en hombres y mujeres, que causan infecciones transmisibles en la piel (verrugas cutáneas y genitales) y las mucosas (aparato genital y orofaríngeo). Se trasmiten por vía
sexual, y con menos frecuencia solo por contacto genital.
Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las mujeres y hombres sexualmente activos contraerán la infección en algún momento de su vida, y algunas personas pueden tener infecciones recurrentes.
Un pequeño porcentaje de las infecciones por determinados tipos pueden desembocar en cáncer. La asociación entre la infección por este virus y el cáncer de cuello de útero es generalizada, consistente y universal, desde que en 1983 Zur
Hausen aislase por primera vez el tipo 16 en biopsias de tejidos de cánceres cervicales.
Según la OMS, todas las mujeres corren el riesgo de que las infecciones por VPH se cronifiquen y las lesiones previas evolucionen hacia un cáncer grave.
En España, los dos tipos de VPH (16 y 18) son los causantes del 72,4 % de los cánceres de cuello de útero, y en el mundo el 70 %. Pero estos virus no sólo son causa generaliza de este tipo de cáncer, también, son causa de parte de los
cánceres anales, vulvares, vaginales, peneanos y orofaríngeos.
La OMS recomienda vacunar a las niñas entre los 9 y los 14 años. En España está incorporada la vacunación de las niñas, a los 12 años de edad, en el Calendario Común de Vacunación del SNS a lo largo de toda la Vida, acordado por el
Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, en noviembre del año 2018, en el Consejo lnterterritorial del SNS. Se ha alcanzado una tasa de cobertura vacunal en menores de 18 años, cercana al 95 %, lo que ha supuesto un considerable avance en
la prevención de la enfermedad.
No obstante, debido al mecanismo de transmisión del virus, los varones son un importante agente en la extensión de los contagios, además de sufrir la infección y sus complicaciones. En varones se diagnostican, entorno a un tercio de los
cánceres relacionados con este virus.
Aunque el uso de preservativos es de gran utilidad para reducir los contagios, la posible incorporación de los niños en el calendario vacunal del SNS tendría, además, una clara repercusión en la salud comunitaria.
En algunos países de Europa han dado ya pasos en la incorporación de los niños en sus respectivos calendarios de vacunación frente al VPH, por lo que parece conveniente que en el seno del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades y
Control (ECDC), los países miembros avancen en la armonización de un Calendario Común Europeo, que incorpore los criterios comunes sobre la vacuna del VPH.
En esa dirección, en España, deberá estudiar la conveniencia de la modificación del actual calendario por el impacto potencial en la prevención de las infecciones y, en consecuencia, de los cánceres asociados a toda la población.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, si procede, conforme a la evidencia técnico-científica disponible, los trámites para la evaluación de una recomendación sobre la vacunación frente a VPH en varones.
2. Continuar la línea de cooperación española, en el seno de la Unión Europea, en enfermedades inmunoprevenibles, con el objetivo de tener políticas de vacunación sostenibles en todos los países de la UE y conseguir coordinación en toda la
UE con el fin de mejorar coberturas de vacunación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Ana Prieto Nieto, Julio Navalpotro Gómez, Marisol Sánchez Jódar, Carmen Andrés Añón, José Ramón Ortega Domínguez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces,
Andrea Fernández Benéitez, Sandra Guaita Esteruelas, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicente Viondi y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista de conformidad con los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la especialidad de Medicina de Urgencias y
Emergencias, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Nuestra legislación, establece en la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en su artículo 16, que corresponde al Gobierno, previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, del Consejo de
Especialidades en Ciencias de la Salud y de la organización u organizaciones colegiales que correspondan, el establecimiento de los títulos de especialistas en Ciencias de la Salud, así como su supresión o cambio de denominación.
Por ello, el por entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regulaba la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se
establecían las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud y se creaban y modificaban determinados títulos de especialista.
Concretamente, estableciendo Urgencias y Emergencias como un Área de Capacitación Específica.
Este Real Decreto fue anulado en su integridad por el Tribunal Supremo en el año 2016, debido a que su contenido no era compatible con el ordenamiento jurídico español y europeo.
Con el objetivo de dar solución a esta problemática y siguiendo el mandato del Consejo lnterterritorial, fue creado un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, al que se le encomendó la
revisión del mismo, con el objetivo de resolver y mejorar aquellos aspectos que hicieron decaer la anterior norma regulatoria. Para entre otras cuestiones, llevar a cabo la creación, en su caso, de nuevas especialidades basadas en perfiles
profesionales emergentes o de Áreas de Capacitación Específica.
El actual Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad, conscientes de esta situación, están trabajando para establecer una nueva regulación de las profesiones sanitarias y de las especialidades en Ciencias de la Salud, de manera que las
especialidades se incorporen en el modelo de formación sanitaria especializada.
Se debe ser consciente de que nos encontramos ante un proceso en dos fases: una primera, en la que el próximo Real Decreto de especialidades regule los procedimientos y criterios para reconocer cualquier especialidad; y una fase posterior,
en la que se estudie el reconocimiento singular, conforme a lo aprobado en dicho Real Decreto, de cada especialidad y de cada área de capacitación específica (ACE). La nueva regulación en su conjunto conllevará la puesta al día del sistema de
reconocimiento y su dignificación.
Se trata igualmente de un proceso que se desarrolla en un marco de eminente cogobernanza, con la participación de las Comunidades Autónomas, pero también con un destacado papel de los colegios profesionales y las sociedades médicas.
El nuevo Real Decreto sería el marco adecuado para llevar a cabo la regulación en la formación de urgencias y emergencias en nuestro país. Ello redundaría en la calidad de la atención prestada a los y las pacientes, desde el punto de vista
técnico, científico, formativo y de gestión, en los sistemas de asistencia a las urgencias y emergencias sanitarias, que permitan dar cobertura a toda la población.
Este tipo de atención sanitaria es de una gran importancia cuantitativa y cualitativamente entre las prestaciones que el Sistema Nacional de Salud pone a disposición de la ciudadanía española.
La Directiva 2005/36/CE, sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales en su Anexo 5, reconoce a nivel europeo, una especialidad de reconocimiento automático, denominada 'Traumatología y urgencias', establecida en 13 países. Se
trata de una especialidad dirigida a la atención del paciente politraumatizado y a la emergencia sanitaria, tal y como se desprende de la denominación de los títulos en los diferentes países.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acelerar los trabajos para culminar lo antes posible la entrada en vigor del Real Decreto que regule la formación transversal en las especialidades en Ciencias de la Salud, las áreas de capacitación específica y el procedimiento de
creación de títulos de especialista en Ciencias de la Salud.
2. Conforme a dicho nuevo Real Decreto, iniciar de inmediato el proceso de regulación de la formación de Medicina de Urgencias y Emergencias de modo que, si procede conforme a los criterios establecidos y tras la participación en el proceso
de Comunidades Autónomas, colegios profesionales y sociedades médicas, se reconozca como especialidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2021.-Ana Prieto Nieto y Carmen Andrés Añón, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a la Mesa para, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición No de Ley sobre acción
divulgativa sobre consumo responsable de alimentos en el hogar, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el 12.3 pretende reducir, en 2030, a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante correspondiente a la venta al por menor y al consumidor, así como reducir la pérdida
de alimentos en las cadenas de producción y distribución.
Para lograr este objetivo, la Directiva 2018/851/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, obliga a los estados miembros a elaborar programas de
prevención de residuos alimentarios y a aplicar medidas para reducir la generación de éstos.
Con anterioridad, en 2015, la Comisión Europea adoptó un Plan de Acción para contribuir a acelerar la transición de Europa hacia una economía circular, con 54 medidas y 5 sectores prioritarios para acelerar esta transición, siendo uno de
ellos el de los residuos alimentarios.
En cumplimiento de este Plan, la UE ha creado la Plataforma para las pérdidas y desperdicio alimentario, con la finalidad de cumplir el ODS 12.3.
España forma parte de esta Plataforma, que, entre sus objetivos políticos prioritarios tiene el de reducir el desperdicio alimentario. Y en este contexto se enmarca la Estrategia Nacional 2017-2020 'Más alimento, menos desperdicio', que
pretende implicar a todos los sectores de la sociedad para reducir la pérdida de alimentos.
La Estrategia reconoce la implicación de los consumidores como una pieza clave, ya que el 56 % del desperdicio alimentario en nuestro país tienen relación directa con el comportamiento del consumidor en los hogares (42 %) y en la
restauración (14 %).
La heterogeneidad de los tipos de hogares y consumidores plantea dificultad para llegar a todos ellos, reconoce la propia Estrategia. Siendo España el país de la Unión Europea que más comida desperdicia per cápita (en 2017, 176 kilos/per
cápita/año, que supone el 18 % de sus alimentos), se hace imprescindible reforzar las campañas dirigidas a los consumidores para conseguir un cambio de comportamiento.
Esta necesidad se agudiza en el actual contexto socioeconómico derivado de la COVID-19, que demanda a las instituciones públicas un esfuerzo para poner a disposición de toda la ciudadanía herramientas eficaces para combatir el impacto que la
pandemia tiene en sus economías domésticas.
El Ministerio de Consumo, en su función de mantener informado al consumidor, elabora recomendaciones de consumo alimentario saludable y responsable, a las que bien pudiera añadirse una acción divulgativa para prevenir las pérdidas de
alimentos en los hogares y promover su aprovechamiento, incidiendo en aspectos como es la diferencia entre fecha de consumo preferente y caducidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a promover, desde el Ministerio de Consumo, una acción divulgativa sobre consumo responsable de alimentos en el hogar, con recomendaciones dirigidas a prevenir y reducir las pérdidas
alimentarias y a aumentar el aprovechamiento de los alimentos en esta fase de la cadena alimentaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Carmen Andrés Añón, María Soledad Sánchez Jódar, Ana Prieto Nieto, José Ramón Ortega Domínguez, Julio Navalpotro Gómez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo
Roces, Andrea Fernández Benéitez, Sandra Guaita Esteruelas, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicente Viondi y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la formación de expertos que
cubran la demanda de empleos presentes y futuros, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El aprendizaje de las matemáticas y las ciencias dota al alumnado de una serie de capacidades cognitivas e intelectuales que son muy valiosas para su desarrollo a lo largo de la vida: el pensamiento analítico, el razonamiento ordenado y la
agilidad mental. En el caso de las matemáticas, los conocimientos que nuestros alumnos adquieren les servirán para gestionar su tiempo y sus ahorros, o para resolver situaciones laborales, domésticas y sociales. Las ciencias, por su parte, les
permitirán entender mejor el mundo en el que viven, conocer cómo es el ser humano y contribuir de manera consciente y responsable al cuidado personal y colectivo.
El último informe del Foro Económico Mundial en el que se analizaba los trabajos del futuro, se pone en evidencia el aumento en el número de ofertas laborales relacionadas con la Inteligencia Artificial y el Big Data.
Este foro pone en evidencia que son pocas las empresas que están apostando por anticiparse a la 'cuarta revolución industrial', indicando en su análisis que solo sobrevivirán esas empresas y fijando como objetivo el año 2022.
Ahora bien, uno de los puntos especialmente preocupantes de dicho análisis es el relativo a buscar en el 'mercado de fichajes', extranjero en muchos casos, los perfiles que van a ser demandados en lugar de 'reaprovechar' a sus empleados,
reciclándolos y preparándolos para un futuro que ya ha llegado, que ya está aquí.
Haciendo referencia al The Future of Jobs Reports 2020, en lo relativo al análisis de la crisis económica actual y hacia dónde va el mercado de trabajo en el futuro en los próximos 5 años, se concluye que la automatización creará casi 97
millones de nuevos empleos relacionados, principalmente, con la inteligencia artificial y el Big data, pero también destruirá muchos empleos en otros sectores. Si a esto le unimos que, como consecuencia de la pandemia COVID-19, se ha acelerado la
automatización del trabajo, asistimos a un mercado laboral cada vez más incierto.
La crisis sanitaria en la que estamos inmersos ha acelerado la automatización en el trabajo, concluyendo dicho informe que el 50 % de los empleados a nivel mundial acelerará la automatización del trabajo que se desarrolla en sus empresas y
el 80 % está dispuesto a expandir la digitalización de sus procesos laborales.
Se espera que en España el 92,9 % de las empresas precipitará la digitalización de sus procesos laborales, e incluso, el 64,3 % incrementará la automatización del trabajo.
El informe señala que, pese a que las empresas reducirán su fuerza laboral en 2025 y que la mitad de los empleos serán para las máquinas, el 41 % planea contratar a profesionales freelance para áreas especializadas de trabajo.
'Durante la próxima década, gran parte de los empleos de nueva creación serán ocupaciones totalmente nuevas o bien trabajos existentes que experimentarán transformaciones significativas en cuanto a nuevas habilidades', se afirma en el
informe.
Se prevé que los profesionales emergentes crezcan del 7,8 % al 13,5 %, es decir, un crecimiento del 5,7 %. Los nuevos trabajos que se crearán en 2025 estarán relacionados, mayoritariamente, con el Big Data, Cloud Computing, Inteligencia
Artificial, Robótica, Algoritmia [...]
El informe señala un aumento de la demanda de los trabajadores que pueden ocupar puestos relacionados con todos los campos anteriormente expuestos, lo que debería conducir a convertir la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)
en prioridades en nuestras aulas, para formar a los alumnos en los puestos de trabajo emergentes en los próximos años en nuestro país.
El mercado requiere analistas y científicos de datos; especialistas en Big Data; especialistas en inteligencia artificial, machine learning o transformación digital; desarrolladores de software y aplicaciones; profesionales de la
automatización; ingenieros en finanzas y tecnología (FinTech) [...]
Nuestro país, tiene la obligación de formar en futuro, de ofrecer y potenciar aquella formación que será más demandada. Estamos obligados a fomentar el pensamiento crítico y el aprendizaje activo, habilidades más demandadas por las
empresas.
Es una realidad que la formación y la recualificación serán más necesarios que nunca. Los empleadores esperan ofrecer recapacitación y actualización de competencias al 70 % de sus empleados para el 2025 y en este camino el Gobierno de
España debe apoyar este proceso de readaptación y de formación en las competencias que se van a demandar.
Al igual que está ocurriendo con el mundo industrial, las universidades deben afrontar los retos estructurales que se requieren, al objeto de que las organizaciones sean más ágiles y eficientes al servicio de la sociedad.
Desde el Partido Popular consideramos fundamental apostar por la rama STEM, por el talento académico y por la renovación interna en lo que a programas, formato y contenido se refiere.
Por ello ya en 2015 el Gobierno del PP trabajó en esta línea y presentó el 'Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la Economía Digital' que contó con la participación de los ministerios de Empleo y
Seguridad Social; Educación, Cultura y Deporte, de Economía y Competitividad y de múltiples expertos del ámbito universitario y la industria digital y señalaba entre sus principales conclusiones, que la oferta formativa de titulaciones relacionadas
con la Economía Digital era insuficiente y en las titulaciones disponibles entonces había más títulos de nivel máster que de grado, ya que la Economía Digital se consideraba como un área de especialización. El libro establecía 41 nuevos perfiles
profesionales, y apuntaba entonces a la necesidad de generar nuevos títulos formativos que se ajustaran a los perfiles profesionales que demandan las empresas.
Por otra parte, el propio gobierno reconocía en una reciente respuesta escrita que 'El Gobierno, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), es plenamente consciente de que la evolución en el sistema económico y en
el mercado laboral en los próximos años va a implicar una demanda creciente de profesionales STEM (áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en mayor medida que la de profesionales de otros sectores. Paradójicamente, el número de
estudiantes que eligen itinerarios formativos relacionados con estos sectores se sigue reduciendo. Es éste un desafío de la agenda, no solo de la Unión Europea, sino también de todos los países del mundo'.
Y continuaba explicando 'La tasa de acceso a estudios de grado o equivalente en el ámbito de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es en España del 23, 7 %, por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos -OCDE- (27,2 %) y la Unión Europea -UE- (28,1 %). A esta brecha se añade que solo el 30 % de quienes acceden por primera vez a estudios de grado en el ámbito STEM son mujeres, tanto en España como en el contexto
internacional'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear, a la mayor brevedad posible, un grupo de trabajo interdisciplinar que analice el futuro del empleo en nuestro país, así como los perfiles tecnológicos que se demandan y se demandarán en un futuro cercano, en lo relativo a ciencia
e innovación, así como los requerimientos curriculares que se deben implementar urgentemente por las universidades.
2. Emitir, en un periodo máximo de seis meses, un informe con las recomendaciones competenciales prioritarias a adquirir por nuestros estudiantes de cara a su formación futuro, así como los perfiles tecnológicos en los que se basan dichas
recomendaciones. Dicho informe se presentará en el Congreso de los Diputados.
3. Trabajar sobre las modificaciones metodológicas y dinámicas que son necesarias, dentro y fuera del aula, al objeto de afrontar situaciones críticas e inesperadas que se pudieran producir en un futuro, y aprovechar la oportunidad para que
el blending learning sea una realidad en grados y postgrados.
4. Promover una mayor interacción Universidad-Empresa durante el periodo de formación universitaria poniendo en marcha un programa de formación complementaria, Programa Reciclate, que propicie el aprendizaje continuado, actualizado y
permanente en consonancia con los requisitos del mercado laboral.
5. Dotar con criterios objetivos a las universidades públicas de recursos económicos extraordinarios, con cargo a los fondos procedentes de la Unión Europea y en el marco de la Agenda España Digital 2025, al objeto de dotarles de tecnología
actualizada, elemento clave para poder formar a los estudiantes en las competencias que el mercado requiere.
6. Promover un programa formativo en competencias digitales, dotado económicamente, para el personal docente e investigador de la universidad pública española, al objeto de afrontar exitosamente las modificaciones metodológicas que se deben
producir en nuestro país.
7. Poner en marcha estrategias en análisis predictivo del talento, promoviendo profesionales con capacidades de análisis, habilidades matemáticas y de toma de decisiones.
8. Romper con la brecha de género digital y tecnológica que existe entre hombres y mujeres, mediante la puesta en marcha de un programa anual, cuyo objetivo sea promover la incorporación de más mujeres en los campos STEM.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2021.-Sandra Moneo Díez y Elena Castillo López, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª. Macarena Olona Choclán, D. Víctor Manuel Sánchez del Real, D.ª María Reyes Romero Vilches, D. Alberto Asarta Cuevas y D.ª Cristina Esteban Calonje, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición No de Ley relativa al correcto uso del Manual de Identidad Corporativa y la Bandera
Nacional en la Cooperación Internacional al Desarrollo española, para su discusión en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Primero. Desde el Grupo Parlamentario VOX, hemos venido siguiendo y monitorizando las actividades de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante 'CID') española con profundo
interés y espíritu crítico positivo. Así, durante esta labor, se ha podido constatar una particular circunstancia que concierne a la CID y, especialmente, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante,
'AECID').
En concreto, al revisar distintos documentos gráficos que acompañan a las noticias sobre las diversas actividades de la CID española y la AECID, especialmente en el extranjero -tales como entrega de ayuda humanitaria, proyectos de
cooperación específicos o visitas de autoridades-, se ha detectado una cierta dispersión e irregularidad en el uso del logotipo de la Cooperación Internacional al Desarrollo española y la bandera nacional en toda clase de objetos, envases o
uniformes, así como en la ropa de trabajo.
Así pues, pese a que en algunas ocasiones se ha podido apreciar junto al logotipo de la AECID la enseña nacional, en muchas otras únicamente se refleja este logotipo sin siquiera ir acompañado del lema 'Cooperación Española'. Así, por
ejemplo, en algunas de las noticias recientes publicadas en la propia web de la AECID, podemos observar la ausencia de la enseña nacional en los chalecos rojos que porta el personal de esta agencia, 96 si bien, en otras ocasiones, podemos observar
dicha enseña junto a la europea en estos chalecos y acompañando a otras banderas presentes (como en el viaje de Su Majestad la Reina a Honduras). 97
Por otro lado, en cuanto a los envases y envoltorios de la ayuda humanitaria provista por la CID española, la situación que encontramos es absolutamente irregular. Así, en algunas ocasiones, y como en el caso de los chalecos, el símbolo
presente es únicamente el de la AECID, sin que aparezca por ningún sitio el lema 'Cooperación Española' y rara vez acompañados por la bandera nacional (cuando, en cambio, sí aparecen otras banderas), 98 como puede observarse en la siguiente imagen:
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta perentorio adoptar medidas a los efectos de homogeneizar la imagen de la CID de cara a su labor internacional, máxime en un momento en el que la importancia de la imagen corporativa, la creación de
marca y el fomento de la reputación son tan importantes para un país como el Reino de España.
96 https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala %20de %20Prensa/Noticias/2021/2021 01/19 AHNic aragua.aspx https:/ /www. aecid.es/ES/Paginas/Sala %20de %20Prensa/Noticias/2020/2020 12/REDEXPE RTOSLacooperaci % C3 % B3nquequeremos .aspx
https://www. aecid.es/ES/Paginas/Sala %20de %20Prensa/Noticias/2020/2020 12/avudaguat malaetaiota.aspx
97 https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala %20de %20Prensa/Noticias/2020/2020 12/16 educac i %C3 %B3nhonduras.aspx https://www,aecid.es/ES/Paginas/Sala %20de %20Prensa/Noticias/2020/2020 12/SMAHum anitariaHonduras.aspx
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala %20de %20Prensa/Noticias/2020/2020 12/18 daecid. aspx
98 https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala %20de %20Prensa/Noticias/2020/2020 12/ayudahu manitariahondurasenv % C3 % ADo.aspx https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala %20de %20Prensa/Noticias/2020/2020 12/16 multilat eralismo.aspx
https://www,aecid.es/ES/Paginas/Sala %20de %20Prensa/Noticias/2020/2020 11/13 daecid Panam %C3 %Al.aspx https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala %20de %20Prensa/Noticias/2020/2020 11/17 ayudan icaragua.aspx
https://cooperacionespanola.es/es/prensa/noticias/espana-envia-niger-15-toneladas-de-mosquiteras-mantas-v-lonas-de-cobijo
Segundo. Debemos analizar las cuestiones relativas a la promoción de la imagen de España, tanto en materia de CID como en cualquier otro ámbito internacional, presentes actualmente en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, este
expositivo revisará la normativa existente a estos efectos.
En primer lugar, cabe destacar la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, la cual dispone en su artículo 36 lo siguiente:
'Artículo 36. De la promoción de la imagen de España y de la acción informativa en el exterior.
1. En el proceso de elaboración de la Estrategia de Acción Exterior, la Presidencia del Gobierno y los Ministerios de la Presidencia y de Asuntos Exteriores y de Cooperación velarán por la integración en la misma de las medidas necesarias,
en todos los ámbitos sectoriales, para la promoción de la imagen de España en el exterior.'
Así mismo, en varios artículos de esta misma ley relativos al tratamiento de la Acción Exterior en diversos ámbitos, se encuentra implícita o de forma muy relacionada la idea de la mejora de la imagen del Reino de España en el resto del
mundo. Así, por ejemplo, el artículo 25 dispone lo siguiente:
'1. La acción cultural exterior se dirigirá a promover las diversas manifestaciones de la cultura española, a potenciar la internacionalización de las industrias culturales, y a cooperar y fomentar los intercambios culturales y el
conocimiento de España.'
A su vez, el artículo 28 sobre Acción Exterior en materia de turismo, dispone lo siguiente:
'4. Contribuirá especialmente a la difusión en el exterior de la imagen de España al ser la acción turística un aspecto decisivo en ella.'
De esta forma, exponiendo tan solo algunos de los artículos más explícitos, podemos comprobar cómo la idea de aumentar el conocimiento de España y mejorar su reputación e imagen internacional permea sobre toda esta Ley.
Por su parte, la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, define los objetivos de esta en su artículo 3.e), en los siguientes términos:
'e) Impulsar las relaciones políticas, económicas y culturales con los países en vías de desarrollo, desde la coherencia con los principios y demás objetivos de la cooperación' 99.
En adición, la actual Estrategia de Acción exterior en vigor expone acerca de la cuestión de la imagen de España en el exterior lo siguiente:
'La proyección global de España es la mejor manera de promover nuestros valores y nuestros intereses, vitales y estratégicos.' 100 Y que 'De una buena imanen depende, en gran parte, el prestigio de un país en la comunidad internacional, su
capacidad de influir y persuadir, de servir de modelo político o social, con lo que esto implica de capacidad de modelar otras experiencias, la capacidad de atraer el ahorro exterior que ayude a financiar la economía, que los bienes y servicios se
vendan mejor o que el turismo escoja el país como destino, es decir condiciona el potencial de creación de empleo de una economía.'
En este sentido, y dedicada íntegramente a esta labor, encontramos dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Secretaría de Estado de la España Global, sucesora directa del Alto Comisionado del Gobierno para
la Marca España. Así, el Real Decreto 644/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece en su artículo 15 lo siguiente:
'La Secretaría de Estado de la España Global es el órgano superior directamente responsable, bajo la dirección de la persona titular del Departamento, del diseño estratégico de la presencia, la política y la acción exterior de España,
incluyendo la definición, impulso y coordinación de las políticas de diplomacia
99 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16303
100 5http:/ / www.exteriores.gob.es/portal/es/ saladeprensa/multimedia/publicaciones/ document s/estrategia %20de %20accion %20exterior %20castellano.pdf
económica y diplomacia pública, la defensa y promoción de la imagen y reputación internacional del país y la dirección de la comunicación del Ministerio. Todo ello con el concurso del resto de los órganos del Ministerio y de instituciones
vinculadas al mismo como la red de Casas, las Fundaciones Consejo u otras análogas.'
Por otro lado, en cuanto a la presencia de la bandera de España en las actividades relativas a la CID española, cabe recordar que la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y
enseñas, establece que 'La bandera de España simboliza la nación; es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución' 101.
A su vez, y aunque no sea estrictamente aplicable a la CID española, no olvidemos que dicha ley prevé en su artículo tercero, punto cuarto, que 'La bandera de España, así como el escudo de España, se colocará en los locales de las misiones
diplomáticas y de las oficinas consulares, en las residencias de sus Jefes y, en su caso, en sus medios de transporte oficial', todo ello con el objeto de que la presencia de España en un país sea plenamente identificable y reconocible.
Por último, resulta imprescindible señalar que la CID dispone de un Manual de Identidad Corporativa 102, datado de 2015, el cual dispone en su introducción lo siguiente:
'Toda la visibilidad de la actividad de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) debe ubicarse bajo el paraguas de la Cooperación Española. Así, la identidad corporativa de la Cooperación Española ha de
estar presente en todos y cada uno de los materiales de difusión externa e interna que se derive de dicha actividad.
Se trata, al fin y al cabo, de identificar las acciones de la Cooperación Española con una imagen propia, que nos permita diferenciarnos ante nuestros públicos diversos -actores de cooperación españoles e internacionales, países socios,
población beneficiaria y ciudadanía española, etc- de una forma clara, coordinada y unificada y, al tiempo, coherente con la diversidad de acciones que se impulsan desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de otros actores de la
Cooperación Española.
[...]
Con él se pretende reglar y normalizar los diferentes aspectos la imagen de la Cooperación Española y su aplicación en los diversos contextos que se producen en el día a día.'
De esta forma, encontramos que la legislación española en materia de Acción Exterior y CID y sus documentos estratégicos, así como la propia estructura del órgano de gobierno encargado de la gestión de esta materia y el manual de identidad
corporativa, se encuentran profundamente dirigidos en el sentido de potenciar la imagen del Reino de España y la Cooperación Española. Al mismo tiempo, se reafirma como símbolo de la Nación española la bandera nacional y se dispone su uso en las
misiones diplomáticas en el exterior.
Tercero. Recapitulando lo expuesto anteriormente, detectamos que actualmente en la imagen de la CID no se está aplicando efectivamente el Manual de Identidad Corporativa, además de presentarse una ausencia de la enseña nacional,
especialmente en aquellos bienes consumibles, ayuda humanitaria y envases donados por el Reino de España, así como en los materiales que identifican a los trabajadores de la AECID.
Al mismo tiempo, comprobamos que dentro de la legislación y la estrategia de Acción Exterior existe un amplio interés en fomentar la imagen de España en el exterior. Desde el Grupo Parlamentario VOX compartimos esta misma inquietud al
considerarlo de claro interés nacional y una necesaria política de Estado. En este sentido, la CID se presenta como una herramienta inmejorable para contribuir a ese fin ya que, debiendo trabajar en coordinación con toda la Acción Exterior en la
mejora de la imagen y reputación de España en el mundo, por su característica actividad resulta especialmente eficaz en esta labor.
Por tanto, es fundamental que la magnífica labor que realiza la CID española se vea claramente identificada y asociada con nuestro país. Así, la mejor forma de lograr esto es generando una fuerte marca propia y asociando de forma clara esta
labor con el símbolo más reconocido de España, que no es otro
101 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-26082
102 http://www.aecid.sv/wp-content/uploads/2015/ll/MANUAL-IDENTIDAD-CORPORATIVA-2Q15.pdf
que su identidad oficial y la bandera nacional. De esta forma, junto con la presencia del logo de la CID española tal y como se establece en el Manual de Identidad Corporativa -que ha ayudado a crear y potenciar marca e identidad propia en
la organización, y que aprovechamos esta ocasión para agradecer a su autor, el recientemente fallecido Alberto Corazón Climent, su labor para la Cooperación Española-, es indispensable de cara a potenciar y mejorar la imagen de España, que el lema
'Cooperación Española' y nuestra bandera nacional se encuentren, siempre que sea deseable, presentes.
Todo ello supone, además, una muestra de respeto protocolario a las naciones, instituciones y organismos con los que colaboramos, ya que cuando sitúan su bandera nacional o su enseña se les está dando la mayor relevancia protocolaria a las
acciones. Cuando terceros muestren su bandera, la CID española debería responder mostrando la suya con todo respeto y a modo de homenaje a terceros.
Cabe resaltar en este sentido los artículos 6 y 7 de la Ley 31/1981, según los cuales:
'Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de honor. Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar preeminente y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor
tamaño.'.
Al amparo de todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Aplicar correctamente el actual Manual de Identidad Corporativa de la Cooperación Internacional al Desarrollo española, de tal forma que se encuentre siempre presente el lema 'Cooperación Española' en toda la actividad realizada por
esta.
2. Garantizar el uso de la Bandera Nacional, en el marco de la Cooperación Internacional al Desarrollo española, en uniformes, ayuda humanitaria, envases, cartelería, publicidad y publicaciones, así como en cualquier otro objeto susceptible
de ser empleado y/o donado por la propia CID.
En especial, se garantizará el uso de nuestra bandera cuando estén presentes otras banderas de terceros países, en cumplimiento de la normativa vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2021.-Víctor Manuel Sánchez del Real, María Reyes Romero Vilches, Alberto Asarta Cuevas y Cristina Esteban Calonje, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
Comisión de Igualdad
161/002236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Contreras Peláez, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª Lourdes Méndez Monasterio y D.ª Carla Toscano de Balbín, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Ideología de Género, para su discusión en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Primero. El Origen de la Ideología de Género.
La ideología de género es una metamorfosis autodestructiva y socialmente tóxica del feminismo. A veces se alude a ella como 'feminismo de tercera ola'. El feminismo de primera ola -el de Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges o John Stuart
Mili, el de las sufragistas-: pidió la equiparación jurídica de mujeres y varones (derecho de voto, etc.) y que aquellas no quedaran necesariamente confinadas a la esfera doméstica.
Hacia 1960, en la mayoría de países occidentales las mujeres ya podían votar, estudiar o trabajar. En lugar de disolverse por haber alcanzado sus objetivos, el feminismo 'de segunda ola' entendió que la equiparación legal entre los sexos
era exclusivamente 'formal' o 'abstracta', como demostraba el hecho de que muchas mujeres siguieran siendo amas de casa (Simone de Beauvoir: 'Aunque se les atribuyan derechos en abstracto, una larga inercia social impide que esos derechos
encuentren expresión concreta en las costumbres') 103; esta obsesión por la 'igualdad real' llega hasta el feminismo actual, que considera que las mujeres siguen discriminadas mientras no se alcance una ratio de 50/50 en absolutamente todos los
ámbitos.
La 'segunda ola' feminista (Beauvoir, Millet, Firestone, etc.) adquirió un tono anti-familia y anti-maternidad que no había poseído la primera. Para las nuevas feministas, los resortes profundos de la supuesta opresión de la mujer se
encontraban en el ámbito privado, en el rol de esposa y madre. La obra de Simone de Beauvoir, especialmente, se caracteriza por el odio a la maternidad y la visión de la fertilidad femenina como maldición y alienación (sujeción del individuo a las
necesidades de la especie): 'Desde la pubertad a la menopausia, la mujer es escenario de una historia que se desarrolla en ella, pero que no la concierne personalmente' 104. La alienación llega a su paroxismo con el embarazo: las náuseas de las
primeras semanas 'manifiestan la rebelión del organismo contra la especie que toma posesión de él' 105. El parto es doloroso y peligroso. 'El amamantamiento es también una servidumbre agotadora; [...] se acompaña a menudo de fiebre, y es en
detrimento de su propio vigor que la madre alimenta al recién nacido' 106. 'Engendrar, amamantar, no son actividades, sino funciones naturales; no hay proyecto personal en ello; por eso la mujer no encuentra en ello motivo para una afirmación
altiva de su existencia' 107.
Para el feminismo de segunda ola, la verdadera emancipación de la mujer sólo llegará cuando la mujer alcance la autosuficiencia económica (por tanto, se libere de la dependencia de un marido) y rompa la esclavitud de la maternidad; o, como
dijo Simone de Beauvoir, 'cuando se incorpore a la producción y se libere de la reproducción' 108. Beauvoir llegó a afirmar, en entrevista con Betty Friedan, que la sociedad no debería permitir que una mujer se dedicase sólo a sus labores de esposa
y madre: 'No debería autorizarse a ninguna mujer a quedarse en casa para educar a sus hijos. Las mujeres no deberían disponer de esa opción, precisamente porque, si existe, demasiadas mujeres la escogerán. Mientras la familia, el mito de la
familia y el mito del instinto maternal no sean destruidos, las mujeres seguirán oprimidas' 109.
La obsesión anti-maternidad explica que el aborto se convirtiera en la principal reivindicación del feminismo de segunda ola 110. Para Shulamith Firestone, por ejemplo, así como la revolución socialista consiste en el control de la
producción por la clase obrera, la feminista consistirá en el control de la reproducción por las mujeres (el paralelismo del supuesto 'sexo oprimido' con la supuesta 'clase oprimida' ya había sido utilizado por el Engels de El origen de la familia,
la propiedad privada y el Estado, 1884).
La 'tercera ola' feminista se identifica con la ideología de género, y encuentra su expresión teórica más emblemática en la obra Gender Trouble (1990), de Judith Butler. Aquí lo considerado opresivo no es ya la desigualdad legal entre
hombres y mujeres y el confinamiento de estas últimas en la esfera doméstica (como en el primer feminismo), o la 'servidumbre biológica' de la maternidad y los lazos familiares supuestamente alienantes, como en el segundo, sino el concepto mismo de
mujer, la naturaleza femenina
103 Simone de Beauvoir, Le deuxiéme sexe, I [1949], Gallimard, París, 1976, p. 23.
104 Simone de Beauvoir, Op.cit, p. 66.
105 Simone de Beauvoir, Op.cit., p. 69
106 Simone de Beauvoir, Op.cit., p. 70.
107 Simone de Beauvoir, Op.cit., p. 114.
108 Simone de Beauvoir, op.cit., p. 209.
109 Simone de Beauvoir - Betty Friedan, 'Sex, Society, and the Female Dilemma', Saturday Review, June 14,1975, p. 18. Ya en El segundo sexo, Beauvoir da a entender que la liberación de la mujer no será completa mientras siga abierta la
opción del matrimonio/maternidad como vía de realización de la mujer. La equipara a la prostitución: 'Se abren a las mujeres las fábricas, las oficinas, las Facultades, pero se sigue considerando que el matrimonio es para ella una carrera
honorable, una carrera que la dispensa de toda otra participación en la vida colectiva. Como en las civilizaciones primitivas, el acto amoroso es en ella un servicio que tiene derecho a hacerse pagar más o menos directamente. Salvo en la URSS,
está permitido a la mujer moderna en todas partes considerar su cuerpo como un capital a explotar. [...] Y la mujer casada es autorizada a dejarse mantener por su marido; de hecho, está revestida de una dignidad social muy superior a la de la
soltera. [...] Mientras subsista la tentación de la facilidad [...] precisará un esfuerzo moral más grande que el varón para elegir el camino de la independencia. No se ha entendido suficientemente que la tentación es también un obstáculo, y de
los más peligrosos' (Le deuxiéme sexe, cit., pp. 232-234)
110 'Simone de Beauvoir fue la primera presidenta de Choisir ('Elegir'), la organización pro-aborto en Francia. Permitía a menudo que se realizasen abortos ilegales en su apartamento, y su influencia fue decisiva en la legalización del
aborto en su país' (Donald de Marco - Benjamín Wiker, Architects ofthe Culture ofDeath, Ignatius Press, San Francisco, p. 184).
misma. En realidad, las semillas de la tercera ola estaban ya en la segunda: Simone de Beauvoir dijo que 'no se nace mujer: se llega a serlo', y Kate Millett escribió en Sexual Politics: 'No hay diferencias entre los sexos en el momento
del nacimiento; la personalidad psicosexual, por tanto, se aprende después' 111. Pero Beauvoir y Millet al menos admitían la realidad biológica del sexo, aunque pensaran que las diferencias psicológicas y comportamentales entre mujeres y varones
son 'aprendidas'. Judith Butler, en cambio, propone la sustitución del concepto de sexo por el de género: 'el sexo siempre fue género'. El sexo es determinación biológica (cromosomas XX o XY, genitales masculinos o femeninos, etc.); el género es
construcción socio-cultural. La ideología de género niega la relevancia antropológica del sexo y maximiza la del género: el hombre es un puro animal cultural cuya biología no cuenta. Sí, se nace con unos u otros cromosomas y genitales, pero eso
es sólo un punto de partida modificable a voluntad del sujeto. La 'transexualidad' -en lo que tiene de definitiva emancipación respecto a la naturaleza y afirmación de una libertad post-biológica- es la culminación de la ideología de género.
Segundo. La Negación del Sexo Biológico: La Transexualidad.
Ciertamente, la condición sexuada del ser humano es producto de una compleja interacción entre naturaleza y cultura; pero negar toda relevancia antropológica a lo biológico es declarar la guerra a la realidad. Las hormonas masculinas o
femeninas permean el organismo desde las primeras fases del desarrollo fetal y determinan, por ejemplo, configuraciones cerebrales diferentes en hombres y mujeres (distinta conexión entre los hemisferios, distinta distribución lobular de la materia
blanca y la materia gris, etc.), como explicó, entre otros muchos (Raquel Gur, Melissa Hiñes, etc,), el doctor Francisco J. Rubia en su obra El sexo del cerebro 112. Hasta un tercio de los genes se expresan en forma distinta en hombres y mujeres,
como demostró el reciente estudio de los doctores Shmuel Pietrokovski y Moran Gershoni, del Instituto Weizmann. Cada una de las células del organismo está sellada por nuestra identidad masculina o femenina. Por lo demás, el carácter delirante de
la concepción generista quedó confirmado de manera trágica por el célebre experimento del doctor John Money: el bebé Bruce Reimer perdió su pene en 1965 a consecuencia de una circuncisión mal practicada; el psiquiatra John Money aconsejó la
extirpación de los testículos y que Bruce fuese educado como una niña (Brenda); pese a la mutilación, Bruce- Brenda mostraba maneras masculinas y se sentía atraído/a por las chicas; tras un intento de recuperación de los genitales masculinos, la
experiencia concluyó en suicidio. En su libro The Blank Slate (2002), Steven Pinker documentó otros 25 experimentos del mismo tipo, también fracasados.
El rechazo del concepto de 'sexo' implica también el rechazo de la binariedad. Los sexos son sólo dos, pero los géneros (construcciones culturales) podrían ser muchos más: los ideólogos de género consideran reduccionista la clasificación
binaria de la especie en hombres y mujeres, y proponen su sustitución por un espectro borroso y fluido de múltiples 'identidades de género'; de ahí el constante crecimiento del acrónimo LGTBIQ+, y de ahí también que en algunos países Facebook
ofrezca a sus usuarios un menú de más de cien 'géneros' entre los que elegir.
Al convertirse en ideología de género, el 'feminismo de tercera ola' representa en realidad la auto destrucción del feminismo. Se suponía que la razón de ser del feminismo era la defensa del sexo femenino: sin embargo, la ideología de
género abóle los sexos. La ideología de género también priva de sentido a la homosexualidad, que solía consistir en la atracción por el propio sexo; pero, si no hay sexos, no hay homosexualidad 113. Del mundo binario de la biología pasamos a otro
con innumerables 'identidades sexuales', entre las que caben infinitas combinaciones de atracción y refracción.
Tercero. Consecuencias de la Ideología de Género.
Esa autodestrucción, que es la ideología de género, no es sólo conceptual: está teniendo manifestaciones muy prácticas. Se han dado ya casos de agresiones sexuales a mujeres biológicas por 'mujeres trans' (hombres que dicen autopercibirse
como mujeres) en prisiones y casas de acogida (el 11 de mayo de 2020, The Times documentaba siete casos entre 2010 y 2018 sólo en el Reino Unido 114; entre
111 Kate Millett, Sexual Politics [1969], Columbia University Press, 2016, p. 30.
112 Francisco J. Rubia, El sexo del cerebro, Eds. Martínez Roca, 2007.
113 Lo cual explica que la transexualidad sea aceptada e incluso promovida en países como Irán, que persiguen la homosexualidad. Sobre la transexualidad como amenaza para la homosexualidad, vid. Debra Soh, The End ofGender: Debunking the
Myths About Sex and Gender in Our Society, Simón & Schuster, 2020.
114 The Times, 'Seven sex attacks in women's jails by transgender convicts', 11-05-2020 [https: //www.thetimes.co.uk/ article/seven-sex-attacks-in-womens-jails-by-transgender- convicts-cx9m8zqpg].
ellos alcanzó especial repercusión el de Karen White, nuevo nombre femenino del violador Stephen Wood) 115. La incorporación de 'mujeres trans' a varias especialidades deportivas femeninas las está perturbando: la atleta transexual Mary
Gregory se convirtió fácilmente en dominadora absoluta de la halterofilia estadounidense, ganando nueve pruebas y rompiendo cuatro récords en unos meses, antes de ser descalificada por la Federación en 2019 por estimar que 'no es realmente una
mujer'. La transexual neozelandesa Laurel Hubbard ya practicaba la halterofilia en la categoría masculina, con resultados mediocres. Entonces, en 2012, se sometió al proceso de 'cambio de sexo'. Se le permitió participar en las competiciones
femeninas, donde entró rápidamente en la élite mundial: campeona de Oceanía en 2017, medalla de plata en el mundial de Annaheim en 2017... Aunque el tratamiento hormonal puede reducir el nivel de testosterona de una 'mujer trans' (hombre biológico
que se 'autopercibe como mujer'), la ventaja física masculina se basa también en otros factores no anulables por el tratamiento hormonal: talla, musculatura, tamaño de los huesos[...]
La ideología de género -inculcada en las escuelas por los Gobiernos 'progresistas'- se está convirtiendo también en un grave peligro para la infancia. En el Reino Unido, los casos de 'transexualidad infantil' se han multiplicado por 44 en
sólo una década; en Estados Unidos se cuadruplicaron en sólo dos años (2016-2017). Es cierto que habían existido siempre casos de 'disforia de género' (rechazo del propio sexo e identificación con el opuesto) en niños, pero eran extremadamente
infrecuentes (1'4 por millón): el estallido actual se debe a un lavado de cerebro provocado por activistas e ideólogos que explican a los menores que podrían ser chicos atrapados en cuerpos de chica, o viceversa, y que 'sólo ellos conocen su
verdadero género'; niños con trastornos emocionales de otro tipo -o, simplemente, la desorientación y baja autoestima frecuentes en la adolescencia- son así inducidos a atribuir su malestar a 'disforia de género', y a soñar que un cambio de sexo
podría solucionar todos sus problemas.
Además, antes de la ideología de género, los rarísimos casos de disforia de género infantil se solucionaban en muy alto porcentaje (entre el 75 % y el 95 % según la doctora Michelle Cretella; entre el 70 % y 98 % entre los varones y entre
el 50 % y el 88 % en las mujeres, según el DSM-5, Manual de Trastornos Psíquicos y Emocionales de la Asociación Americana de Psiquiatría) en la pubertad, que inunda el organismo del adolescente con hormonas correspondientes a su verdadero sexo.
Pero, bajo la influencia de los ideólogos de género, esa solución natural precisamente está siendo impedida mediante la administración de bloqueadores de la pubertad a impúberes supuestamente 'transexuales'. Tras evitarse la solución natural de la
disforia, seguirá la administración de hormonas del sexo opuesto y, a partir de los 16 años, la mastectomía doble en las chicas y la cirugía genital (es decir, la mutilación de un cuerpo sano). El tratamiento hormonal deberá continuar toda la vida,
para 'engañar' a un organismo que lleva inscrita su verdadera identidad sexual en todas y cada una de sus células. El tratamiento hormonal permanente lleva asociadas numerosas contraindicaciones, incluido un mayor riesgo de cáncer y problemas
cardíacos. También se ha documentado una probabilidad de suicidio 19 veces superior a la media.
El reciente libro de Abigail Shrier, Irreversible Dnninge: The Transgender Craze Seducing Our Dnughters 116 muestra cómo en EE.UU. la transexualidad ha llegado a convertirse en una moda cultural: nada menos que un 5 % de los adolescentes
se identifican como 'transexuales' en algunas encuestas. La moda está dañando especialmente a las chicas: niñas de 13 o 14 años se declaran transexuales como forma de afirmación de su personalidad, o para llamar la atención, o por imitación de
amigas o 'influencers'. Padres 'progresistas', en lugar de reconducirlas, las apoyan y felicitan, embarcándolas en tratamientos hormonales y quirúrgicos irreversibles (la cirugía genital, por supuesto, no tiene vuelta atrás; pero también el
tratamiento hormonal tiene algunos efectos irreversibles: una chica que haya tomado hormonas masculinas no perderá el vello facial aunque deje de tomarlas, ni recuperará su voz femenina, ni verá volver su clítoris a un tamaño normal [la hormona
masculina provoca hipertrofia clitorídea]; puede perder también su fertilidad). La normativa vigente en algunos países amenaza a los padres con la pérdida de la patria potestad si osaran oponerse a la decisión de cambiar de sexo por parte de sus
hijos. Y el establishment médico, intimidado por las acusaciones de 'transfobia' que acarrea cualquier resistencia a las reivindicaciones del movimiento 'trans', asume el autodiagnóstico psico-sexual de adolescentes de 13 o 14 años.
115 The Guardian, 'Transgender prisoner who sexually assaulted inmates, jailed for life', 11-10- 2018.
116 Abigail Shrier, Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters, Regnery Publishing, Washington DC, 2020.
Cuarto. Conclusión.
En España también está empezando a ocurrir todo lo expuesto supra. Ni el Gobierno ni unos medios de comunicación paralizados por la corrección política informan sobre ello. La ideología de género -tóxica, anticientífica, anti-infantil y
antifemenina- se está convirtiendo en doctrina oficial escolar, legal, política y mediática.
Que la ideología de género, al prescindir de la biología, abole la realidad sustituyéndola por la fantasía y el deseo, es algo que ha reconocido la principal líder histórica del feminismo español, Lidia Falcón (la crítica del transgenerismo
por el Partido Feminista le valió su expulsión de Izquierda Unida en febrero de 2020): 'Lo que me tiene asombrada es que todos los partidos [no VOX, ciertamente] hayan aceptado los disparates que ha introducido y difundido el lobby Trans tanto en
el seno del Movimiento Feminista, como -y es lo peor- en la legislación autonómica que se ha ido aprobando por mayorías absolutas e incluso consenso entre todas las formaciones políticas. Mediante las cuales el sexo biológico no existe y es la
decisión de la persona la que determina ser mujer u hombre, y permite cambiar legalmente la partida de nacimiento y el documento de identidad para atribuirle un nuevo sexo, y por tanto un papel diferente en nuestra sociedad' 117.
En la línea expuesta, la organización feminista Women's Human Rights Campaign (WHRC) ha advertido en un manifiesto de los peligros de poner el género ('que se refiere a los roles sexuales estereotipados') por delante del sexo ('categoría
[...] biológica'), alertando de 'una confusión que, en última instancia, pone en peligro la protección de los derechos de la mujer'. Consecuentemente, en sus nueve peticiones las autoras, entre otras cuestiones, defienden la importancia de la
maternidad, deploran la cultura de la cancelación y abogan por que los niños y los adolescentes no sean sometidos a procedimientos de reasignación de género ni a tratamientos como supresores de la pubertad, a causa de los 'daños físicos,
psicológicos, económicos y sociales [e, incluso] permanentes, como la esterilidad' que se les pueden acarrear y que nadie denuncia.
Según el artículo 149.1 de la Constitución, compete al Estado 'la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales'.
En lo relativo a la transexualidad están en juego derechos fundamentales, especialmente de las mujeres y de los niños. Han sido aprobadas en los últimos años en diversas comunidades autónomas leyes sobre transexualidad que traspasan el límite de lo
razonable.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Eliminar el uso del término 'género' y el concepto de la 'autodeterminación del género' de la normativa oficial.
2. Llevar a cabo las actuaciones pertinentes a fin de acabar con el adoctrinamiento en ideología de género en los centros de enseñanza y en los medios de comunicación.
3. Garantizar la imposibilidad de los tratamientos hormonales y la cirugía de 'cambio de sexo' en los menores de edad. El tratamiento de los casos de disforia de género en menores debe ser exclusivamente psicoterapéutico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2021.-Lourdes Méndez Monasterio, Francisco José Contreras Peláez, Rocío de Meer Méndez y Carla Toscano de Balbín, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
117 Lidia Falcón, 'El engrudo ideológico del género', Actuall.com, 17-06-2020.
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/002256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a desarrollar campañas de concienciación y sensibilización
en diferentes medios de comunicación y redes sociales con el objetivo de dar cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género, para su debate en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de
Violencia de Género.
Exposición de motivos
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, en su sesión del día 15 de noviembre de 2016, una Proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia
de Género por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siguiese impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como
una verdadera política de Estado. Un pacto que recuperase el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del
Estado y sociedad civil, en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017 supuso un punto de inflexión en la actuación de los poderes públicos para la erradicación de la violencia de género en todas sus formas en nuestro país. Un pacto, que fue el
resultado de intensas negociaciones parlamentarias en los grupos de trabajo constituidos en la subcomisión parlamentaria en los grupos de trabajo constituidos en la subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en la Comisión de
Igualdad del Senado.
Además, y ante el momento de crisis por motivo de una pandemia, el Gobierno adoptó en el mes de marzo de 2020 una serie de medidas a raíz de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, que provocan un especial impacto en determinados
colectivos de personas especialmente vulnerables que deben ser objeto de protección por parte del Gobierno. Las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse
forzadas a convivir con su agresor, lo que las sitúa en una situación de mayor riesgo, como se ha venido demostrando con motivo de situaciones parcialmente análogas, como los periodos vacacionales sin situación de permanencia en domicilios, periodos
en los que se disparan los casos de violencia de género y violencia doméstica.
Es conocida, y así lo recoge el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, la eficacia que las campañas de concienciación y sensibilización a través de los medios de comunicación tienen en nuestra sociedad por ser una herramienta que
visibiliza la violencia que sufrimos las mujeres, también las víctimas de explotación sexual y trata, además de la que afecta a su familia, hijas e hijos y entorno social. Se convierten en un necesario mecanismo para combatir y prevenir la
violencia de género con el fin principal de concienciar a la sociedad de la necesidad de combatir las actitudes que toleran y sostienen la violencia contra las mujeres, así como ofrecer seguridad a las víctimas transmitiendo la información necesaria
sobre todos los recursos a los que pueden acceder por su situación (en especial en el caso de urgencia). De la misma manera muestra la necesidad de poner el foco en los agresores, que son los auténticos merecedores de la reprobación social por
ejercer la violencia.
Por otro lado, y con la finalidad de que estas campañas puedan llegar a toda la población y salvar la brecha digital que impide que la difusión exclusivamente en redes sociales y por internet llegue a un segmento de la población que puede
quedar excluido, se hace necesario difundir las campañas a través de medios de comunicación convencionales, tales como televisión, radio o publicaciones impresas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar desarrollando campañas de concienciación y sensibilización con mensajes positivos, unitarios y adaptados a la exigencia de cada momento, y eligiendo los momentos más importantes para su difusión. Esas campañas deben
focalizarse en el rechazo al maltratador y, presentar el ejemplo de mujeres fuertes y valientes, sin recurrir al cliché de las víctimas.
2. Impulsar campañas informativas que muestren la realidad de la prostitución en nuestro país y poder así prevenir la violencia ejercida sobre las mujeres y niñas víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual,
poniendo el foco especialmente en la demanda de prostitución y su responsabilidad en la perpetuación de estas situaciones.
3. Ampliar la tipología de medios de comunicación a los que van destinados estas campañas, siendo necesario no solo en las redes sociales e internet, sino también en medios de comunicación como radio y TV, por ampliar la efectividad y el
radio de acción de las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Lidia Guinart Moreno y Mariana de Gracia Canales Duque, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces de Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002270
A La Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la transversalidad del enfoque de Derechos de la Infancia en las políticas
públicas, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Exposición de motivos
La Convención sobre los Derechos del Niño, uno de los tratados internacionales de Derechos Humanos más ratificado del mundo, fue aprobada por las Naciones Unidas en 1989 y firmada por España en 1990, constituyéndose como el principal
instrumento a nuestra disposición para velar por los derechos de las personas menores de edad y exigir su cumplimiento.
El Comité de Derechos del Niño, órgano supervisor, es el encargado de interpelar a los Estados firmantes para que rindan cuentas y se pueda evaluar el grado de implementación de estos derechos, formulando recomendaciones concretas según la
casuística de cada territorio. Así, cada cinco años, España elabora preceptivamente un informe que eleva a las Naciones Unidas, siendo el último el elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2016. 118
Basándose en una serie de descriptores clave -como puedan ser bienestar social, asistencia sanitaria, discapacidad, acceso a la educación, relaciones familiares o violencia, por citar sólo algunos- el informe refleja la situación de la
infancia y adolescencia española desde la óptica de los derechos humanos, su garantía e implementación en nuestro país.
Indudablemente, el nuevo informe que se está elaborando habrá de incorporar los importantes avances en esta materia que se han producido a modo de reformas legislativas, a la luz de las recomendaciones que el Comité ha ido formulando no sólo
en la interlocución con el Gobierno sino también a través del feedback de entidades de infancia y ONG referentes en este ámbito que testan a diario la situación de nuestras niñas, niños y adolescentes.
118 VI Informe de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de NN.UU. y sus protocolos facultativos https :// www.observatoriodelainfancia.es/ fic herosoia/ documenta s/ 4961 d quintosextoa plicacioncdn.pdf
Al igual que la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia supusieron un hito en el pasado quinquenio, el Proyecto de Ley de Protección de la Infancia y la
Adolescencia frente a la Violencia, actualmente en su tramitación parlamentaria en fase de ponencia, así como la creación en la pasada legislatura de un Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, son dos grandes milestone respecto al
posicionamiento de la infancia en el centro de la política con acciones imbricadas en todas las esferas de la vida pública.
Es más que necesario hacer de la Convención de Derechos del Niño algo más que una declaración de intenciones, elevándola a la consideración de hoja de ruta que impulse todas las iniciativas, al igual que se está haciendo con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, con los que está íntimamente relacionada, especialmente los de Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y Bienestar , Educación de Calidad, Igualdad de Género y Reducción de las desigualdades, y no sólo por la repercusión directa
en sus vidas que tendría su consecución en estos momentos, sino también por el futuro que les dejaremos como los adultos del mañana que serán.
Ya los Presupuestos Generales del Estado de este año han supuesto un gran avance en este sentido, además de por su cuantía en términos de reducción de la pobreza y la desigualdad en la infancia, por incorporar por tercer año consecutivo un
análisis de impacto en la infancia, actuación de mainstreaming que debería replicarse y universalizarse por su indudable adecuación y relevancia .
En su uso original, el poeta inglés Milton 119 utilizó el término mainstream (que en castellano podríamos sustituir por transversalidad) para referirse al río más importante del Jardín del Edén, de la misma forma que esta PNL orbita sobre la
idea de considerar el enfoque de derechos de la infancia como una prioridad en el diseño de las políticas públicas, contando e incorporando también, como no podía ser de otra manera, con la experiencia acumulada en las acciones de transversalidad
que se vienen impulsando en materia de igualdad y, más recientemente, de sostenibilidad.
Esta priorización supone un cambio de mentalidad, incluyendo en el diseño de las políticas públicas la mirada sobre la infancia como elemento vertebrador, valorando la repercusión de esas acciones en clave de los derechos de unos ciudadanos
que, por su condición de edad, pueden ver comprometido su desarrollo y su vida futura.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a analizar, desarrollar y evaluar en todos los ámbitos y fases de las políticas públicas la perspectiva de los derechos de la infancia, a fin de llegar a cumplir lo que establece la Convención
de Derechos del Niño.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Omar Anguita Pérez y Juan Cuatrecasas Asua, Diputados.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
119 Milton, J. (1 674) Paradise Lost. (2nd edition) London: S. Simmons.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/000842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Director General de la Policía Nacional.
Texto:
Ante los disturbios y desórdenes públicos que desde el pasado 16 de febrero y por quinto día consecutivo están viviendo diversas ciudades españolas, especialmente graves en Madrid y Barcelona, ¿cuál ha sido su gestión para contener y
reprimir estos actos vandálicos que han provocado una crisis de inseguridad ciudadana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
Con la transferencia de competencias en materia penitenciaria por parte del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿en qué situación laboral van a quedar los cerca de 600 funcionarios de prisiones que trabajan en las cárceles
ubicadas en el País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Cuál va a ser el contenido y alcance de la transferencia de competencias en materia penitenciaria que el Estado va a hacer a la Comunidad Autónoma del País Vasco a partir del próximo mes de abril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a doña María Gámez Gámez, Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Por qué se han obviado las calificaciones de la evaluación previa elaborada por el Consejo Superior de la Guardia Civil, integrado por todos los generales en activo, para seleccionar a los candidatos de ascenso a general en la promoción de
2021, publicada en el BOE el pasado miércoles 10 de marzo del año en curso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
181/000886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a doña María Gámez Gámez, Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Qué criterios se han tenido en cuenta desde su Dirección General para seleccionar a los candidatos de ascenso a general en la Guardia Civil en la última promoción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Patricia de las Heras Fernández, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Son ciertas las informaciones publicadas en los medios de comunicación que afirman que uno de sus asesores realizó pagos irregulares y en metálico durante su viaje a Canarias el fin de semana del 20 al 22 de noviembre de 2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2021.-Patricia de las Heras Fernández, Diputada.
181/000870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Francisco José Alcaraz Martos, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Va el Gobierno a impulsar de forma urgente los trámites oportunos para que se lleve a cabo la red acción del proyecto destinado a mejorar la seguridad vial en la N-120 a la altura del municipio de Puenteareas (Pontevedra)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Diputado.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Patricia Rueda Perelló, Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para compensar a los comerciantes y hosteleros que han sufrido la violencia, daños y saqueos en sus negocios con ocasión de los disturbios causados con motivo de la detención del rapero conocido como
'Hásel'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Diputada.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Considera el Gobierno que la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) -Tratado de Libre Comercio (TLC)-, firmado por quince países de la región Asia-Pacífico, va a perjudicar al sector primario español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/000859
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Juan Antonio Callejas Cano.
Texto:
¿En qué grupo de vacunación COVID-19 tiene previsto incluir el Gobierno de España a los sacerdotes, religiosas y religiosos cristianos católicos, así como al resto de representantes equiparables de otras confesiones religiosas, dado que han
realizado y realizan una labor ejemplar en primera línea a lo largo de la pandemia COVID-19 a millones de personas en España, administrándoles sacramentos (misas, confesiones, unción de enfermos, etc.), celebrando entierros, dando apoyo y consejo a
muchísimas personas que lo están pasando mal, regentando comedores sociales, acompañando a enfermos, siendo capellanes en cárceles o en hospitales, ayudando a toxicómanos a salir de sus adicciones, visitando y atendiendo zonas marginales, etc.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021-Juan Antonio Callejas Cano, Diputado.
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
181/000856
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿El Ministerio de Igualdad va a modificar el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual en consonancia con las más de 100 conclusiones formuladas en el Informe, en aprobado por unanimidad por el Consejo General del Poder
Judicial en su reunión de 25 de febrero de 2021,
especialmente en lo relativo a la definición del consentimiento y la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
181/000858
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Cuándo piensa el Gobierno de España publicar la nueva Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas 2021-2025 y como se va a coordinar con el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las preguntas
al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Núm. expte.: 184/034227.
Núm. registro: 84587.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Motivos de la demora de 19 minutos del tren de Renfe Cercanías Valencia de la línea C-1 Gandía-Valencia Nord con hora programada de salida a las 12:25 horas el 22 de enero de 2021.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000843.
Núm. expte.: 184/034228.
Núm. registro: 84588.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Motivo de la supresión el 25 de enero de 2021 del tren de Renfe Cercanías Valencia de la línea C-2 Valencia Nord-Xàtiva con salida programada con destino Xàtiva a las 18:08 horas.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000844.
Núm. expte.: 184/034229.
Núm. registro: 84589.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Motivo de la supresión el 25 de enero de 2021 del tren de Renfe Cercanías Valencia de la línea C-6 entre Castellón y Valencia Nord con salida programada a las 18:00 horas.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000845.
Núm. expte.: 184/034230.
Núm. registro: 84590.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Motivo de la supresión el 25 de enero de 2021 del tren de Renfe Cercanías Valencia de la línea C-1 Gandía-Valencia Nord con salida a las 14:25 horas.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216 ,de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000846.
Núm. expte.: 184/034231.
Núm. registro: 84591.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Motivo de la supresión del tren de Renfe Cercanías Valencia de la línea C-1 Gandía-Valencia Nord con salida programada a las 15:26 horas del 25 de enero de 2021.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000847.
Núm. expte.: 184/034232.
Núm. registro: 84592.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Motivo de la supresión del tren de Renfe Cercanías Valencia de la línea C-1 entre Gandía y Valencia Nord con salida programada a las 13:55 horas del 25 de enero de 2021.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000848.
Núm. expte.: 184/034233.
Núm. registro: 84593.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Motivo de la supresión el 25 de enero de 2021 del tren de Renfe Cercanías Valencia de la línea C-2 Valencia Nord-Xàtiva con salida programada con destino Xàtiva a las 15:05 horas.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000849.
Núm. expte.: 184/034234.
Núm. registro: 84594.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Motivo de la supresión del tren de Renfe Cercanías Valencia de la línea C-6 entre Castellón y Valencia Nord con salida programada a las 17:00 horas del 25 de enero de 2021.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000850.
Núm. expte.: 184/034235.
Núm. registro: 84595.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Motivo de la supresión del tren de Renfe Cercanías Valencia de la línea C-1 Valencia Nord-Gandía con salida programada a las 19:26 horas del 25 de enero de 2021.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000851.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Núm. expte.: 184/034221.
Núm. registro: 84581.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Toneladas de arena depositadas en la playa de Guardamar de la Safor en los últimos seis años, así como coste económico de la inversión de las actuaciones para reparar y regenerar dicha playa.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000852.
Núm. expte.: 184/034223.
Núm. registro: 84583.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Toneladas de arena depositadas en la playa de Miramar en los últimos seis años, así como coste económico de la inversión de las actuaciones para reparar y regenerar dicha playa.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000853.
Núm. expte.: 184/034224.
Núm. registro: 84584.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Toneladas de arena depositadas en la playa de Piles en los últimos seis años, así como coste económico de la inversión de las actuaciones para reparar y regenerar dicha playa.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000854.
Núm. expte.: 184/034225.
Núm. registro: 84585.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Toneladas de arena depositadas en la playa de Bellreguard en los últimos seis años, así como coste económico de la inversión de las actuaciones para reparar y regenerar dicha playa.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000855.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Núm. expte.: 184/029750.
Núm. registro: 76397.
Autor iniciativa: Olona Choclán, Macarena (GVOX) Rueda Perelló, Patricia (GVOX) De las Heras Fernández, Patricia (GVOX) Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX) Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX) Vega Arias, Rubén Darío (GVOX)
Fernández Ríos, Tomás (GVOX).
Objeto iniciativa: Estado del expediente administrativo del anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, así como previsiones acerca de establecer un límite en el precio del alquiler 'en determinadas localizaciones'.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 198, de 21 de diciembre de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000862.
Núm. expte.: 184/029753.
Núm. registro: 76400.
Autor iniciativa: Olona Choclán, Macarena (GVOX) Rueda Perelló, Patricia (GVOX) De las Heras Fernández, Patricia (GVOX) Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX) Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX) Vega Arias, Rubén Darío (GVOX)
Fernández Ríos, Tomás (GVOX).
Objeto iniciativa: Reuniones mantenidas con agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y empresas del sector privado para abordar el control del precio del alquiler de vivienda.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 198, de 21 de diciembre de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000863.
Núm. expte.: 184/032206.
Núm. registro: 80863.
Autor iniciativa: Rueda Perelló, Patricia (GVOX) De las Heras Fernández, Patricia (GVOX) Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX) Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX) Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) Fernández Ríos, Tomás (GVOX).
Objeto iniciativa: Cantidad concreta con la que se va a incrementar el actual parque de vivienda social, así como plazo previsto para que se produzca dicho aumento de vivienda.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 211, de 1 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000864.
Núm. expte.: 184/032208.
Núm. registro: 80865.
Autor iniciativa: Rueda Perelló, Patricia (GVOX) De las Heras Fernández, Patricia (GVOX) Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX) Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX) Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) Fernández Ríos, Tomás (GVOX).
Objeto iniciativa: Incidencia de la exigüidad del parque de vivienda social en alquiler en el número de casos de desahucios.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 211, de 1 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000865.
Núm. expte.: 184/032213.
Núm. registro: 80870.
Autor iniciativa: Rueda Perelló, Patricia (GVOX) De las Heras Fernández, Patricia (GVOX) Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX) Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX) Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) Fernández Ríos, Tomás (GVOX).
Objeto iniciativa: Situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, en relación con el derecho de arrendadores y propietarios a compensación.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 211, de 1 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000866.
Núm. expte.: 184/032214.
Núm. registro: 80871.
Autor iniciativa: Rueda Perelló, Patricia (GVOX) De las Heras Fernández, Patricia (GVOX) Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX) Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX) Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) Fernández Ríos, Tomás (GVOX).
Objeto iniciativa: Administraciones territoriales con las que se está avanzando para ampliar el parque de vivienda social en alquiler, así como acuerdos llevados a cabo respecto a dicha cuestión.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 211, de 1 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000867.
Núm. expte.: 184/033579.
Núm. registro: 83188.
Autor iniciativa: Rueda Perelló, Patricia (GVOX) De las Heras Fernández, Patricia (GVOX) Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX) Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX) Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) Fernández Ríos, Tomás (GVOX).
Objeto iniciativa: Efectos previstos sobre el mercado de la vivienda por las modificaciones realizadas por el Gobierno.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216 de 08 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000868.
Núm. expte.: 184/033581.
Núm. registro: 83190.
Autor iniciativa: Rueda Perelló, Patricia (GVOX) De las Heras Fernández, Patricia (GVOX) Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX) Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX) Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) Fernández Ríos, Tomás (GVOX).
Objeto iniciativa: Motivo por el que las modificaciones en materia de vivienda no se incorporaron directamente en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad
social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000869.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las
preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Núm. expte.: 184/033525.
Núm. registro: 83066.
Autor iniciativa: Gázquez Collado, Paloma (GP) Garcés Sanagustín, Mario (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de la elaboración del Plan Nacional de Ordenación del Territorio que indique los espacios naturales de especial protección.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 211, de 1 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000874.
Núm. expte.: 184/033526.
Núm. registro: 83067.
Autor iniciativa: Gázquez Collado, Paloma (GP) Garcés Sanagustín, Mario (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de la elaboración del Plan Nacional de Ordenación del Territorio que refleje la distribución de actividades e inversiones y la planificación económica y social del territorio.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 211, de 1 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000875.
Núm. expte.: 184/033527.
Núm. registro: 83068.
Autor iniciativa: Gázquez Collado, Paloma (GP) Garcés Sanagustín, Mario (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de la elaboración del Plan Nacional de Ordenación del Territorio que defina la estructura general del territorio nacional y del sistema de asentamientos urbanos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 211, de 1 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000876.
Núm. expte.: 184/033883.
Núm. registro: 83791.
Autor iniciativa: Gázquez Collado, Paloma (GP) Garcés Sanagustín, Mario (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de la elaboración del Plan Nacional de Ordenación del Territorio que defina los programas y acciones a ejecutar en función de los objetivos previstos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000877.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Núm. expte.: 184/034000.
Núm. registro: 83956.
Autor iniciativa: Gázquez Collado, Paloma (GP) Moraleja Gómez, Tristana María (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de emprender una investigación interna dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre la actuación del ex Secretario de Estado Pedro Luis Martín Uribe.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000871.
Núm. expte.: 184/034001.
Núm. registro: 83957.
Autor iniciativa: Gázquez Collado, Paloma (GP) Moraleja Gómez, Tristana María (GP).
Objeto iniciativa: Número de fondos aportados por el Gobierno durante el mandato del Secretario de Estado Pedro Luis Marín Uribe al geriátrico de Felechosa.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000872.
Núm. expte.: 184/034002.
Núm. registro: 83958.
Autor iniciativa: Gázquez Collado, Paloma (GP) Moraleja Gómez, Tristana María (GP).
Objeto iniciativa: Destino y partidas exactas de los fondos que aportó el Gobierno durante el mandato del Secretario de Estado Pedro Luis Marín Uribe al geriátrico de Felechosa.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000873.
Comisión sobre Seguridad Vial
Núm. expte.: 184/034303.
Núm. registro: 84824.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP) Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP).
Objeto iniciativa: Número de multas abonadas en el periodo voluntario de pago a la Jefatura Central de Tráfico en el año 2020.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 221, de 15 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000878.
Núm. expte.: 184/034308.
Núm. registro: 84829.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP) Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP).
Objeto iniciativa: Destino dado por parte de la Dirección General de Tráfico a los ingresos recaudados en concepto de sanciones económicas por infracciones en materia de tráfico en el ejercicio 2020, así como importe destinado a cada uno de
ellos, y modalidad de gestión utilizada.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 221, de 15 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000879.
Núm. expte.: 184/034312.
Núm. registro: 84833.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP) Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP).
Objeto iniciativa: Volumen total de la gestión de expedientes de multas en el ejercicio 2019 por parte de la Jefatura Central de Tráfico, pendientes a 31 de diciembre de 2018 por antigüedad, altas del ejercicio 2019, bajas por cobro y por
cualquier otro motivo, y pendiente a 31 de diciembre de 2019.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 221, de 15 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000880.
Núm. expte.: 184/034314.
Núm. registro: 84835.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP) Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP).
Objeto iniciativa: Cantidad en la que ha superado la suma de ingresos por tasas y multas el total de gastos asumidos por la Jefatura Central de Tráfico en el periodo 2018-2020.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 221, de 15 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000881.
Núm. expte.: 184/034315.
Núm. registro: 84836.
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP) Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP).
Objeto iniciativa: Número e importe de los expedientes sancionadores gestionados por la Jefatura Central de Tráfico que quedaron pendientes de cobro el 31 de diciembre de 2019.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 221, de 15 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000882.
Núm. expte.: 184/034317.
Núm. registro: 84838
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP) Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP).
Objeto iniciativa: Número e importe de los expedientes sancionadores gestionados por la Jefatura Central de Tráfico que quedaron pendientes de cobro el 31 de diciembre de 2020.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 221, de 15 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000883.
Núm. expte.: 184/034320.
Núm. registro: 84841
Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP) Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP).
Objeto iniciativa: Volumen total de la gestión de expedientes de multas en el ejercicio 2020 por parte de la Jefatura Central de Tráfico, pendientes a 31 de diciembre de 2019 por antigüedad, altas del ejercicio 2019, bajas por cobro y por
cualquier otro motivo, y pendiente a 31 de diciembre de 2020.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 221, de 15 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000884.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las
preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Núm. expte.: 184/034470.
Núm. registro: 85439.
Autor iniciativa: Requena Ruiz, Juan Diego (GP).
Objeto iniciativa: Obras que se van a ejecutar con cargo a la partida prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 para el corredor mediterráneo Madrid-Jaén por parte de ADIF.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 221, de 15 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000888.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Núm. expte.: 184/034586.
Núm. registro: 86092.
Autor iniciativa: Pastor Julián, Ana María (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP), González Vázquez, Marta (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Gago Bugarín, Diego (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP), Alonso Pérez,
José Ángel (GP), Cabezón Casas, Tomás (GP), Gázquez Collado, Paloma (GP), Herrero Bono, José Alberto (GP).
Objeto iniciativa: Reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad celebrada el 4 de febrero de 2021 en la que se votó la inclusión del lobo en el catálogo de especies silvestres.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 221, de 15 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000889.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Interior, las preguntas al
Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
Núm. expte.: 184/034404.
Núm. registro: 85323.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Controles de identidad de personas migrantes, así como número de detenciones de ciudadanos extranjeros que se han efectuado en los aeropuertos canarios y en otros puertos y aeropuertos de España en los últimos doce meses.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 221, de 15 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000890.
Núm. expte.: 184/034405.
Núm. registro: 85324.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Motivo por el que se ha impedido el acceso de distintos diputados, europarlamentarios, ONG y un obispo al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 221, de 15 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000891.
Núm. expte.: 184/034407.
Núm. registro: 85326.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Número de personas hospitalizadas desde el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, número de las que se han escapado bajo arresto y en cuarentena, y número de las personas ingresadas y que han
solicitado asilo.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 221, de 15 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000892.
Núm. expte.: 184/034410.
Núm. registro: 85329.
Autor iniciativa: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Objeto iniciativa: Falta de productos básicos y desconocimiento de cómo y a quién dirigirse para solicitarlos en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco en Gran Canaria.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 221, de 15 de febrero de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000893.
184/036757
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-GC).
Reformulación de su pregunta sobre modificación puntual número Uno del Plan General de Ordenación Municipal de Mos (Pontevedra).
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al
autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, a iniciativa de su Diputado Antón Gómez-Reino Varela, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito, relativa a la modificación puntual número Uno del Plan General de Ordenación Municipal de Mos (Pontevedra).
Exposición de motivos
La modificación puntual número Uno del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Mos (Pontevedra) busca expropiar y recalificar más de un millón de metros cuadrados de suelo rústico de especial protección, que en su mayor parte son
monte vecinal en mano común, para convertirlos en suelo urbanizable de uso dotacional y terciario, con el objeto de dar acogida al proyecto de los propietarios del Real Club Celta de Vigo, su Ciudad Deportiva Osadía, con tres campos de fútbol para
entrenamientos, un edificio de aproximadamente 2.000 metros cuadrados y un macrocentro comercial de 180.000 metros cuadrados de superficie.
Los terrenos, donde ya se ha construido la primera fase de la nueva infraestructura, tenían la calificación de suelo rústico de especial protección forestal. El actual Gobierno municipal de Mos busca completar esta primera actuación con una
segunda, destinada a la instalación de campos de entrenamiento, así como una tercera, que dotaría la zona con un macro-área comercial a través de esta modificación parcial.
Varios son los informes desfavorables remitidos desde distintas instituciones públicas al respecto de esta modificación, como los del Ministerio de Fomento, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Empresa
Pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Entre otras afecciones, la modificación puntual número 1 del PGOM de Mos afecta al abastecimiento de agua de la localidad y al abastecimiento de gas que circula por el gasoducto Villalba-Tui,
cuya titularidad corresponde a la empresa Enagás Transporte SAU. Asimismo, incumple el artículo 36.9 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, en la que se basa el informe desfavorable del Ministerio de Fomento. También muestra
ciertas carencias en su planteamiento en lo tocante a las disposiciones relacionadas con las servidumbres aeronáuticas de la ficha número 24 SUDT/D-08 Suelo de la Cruz, tal como recoge el informe de la Secretaría General de Transporte, Dirección
General de Aviación Civil.
Según todas las evidencias recopiladas, la expropiación forzosa y la recalificación de esos terrenos solo reportaría beneficios a los promotores del proyecto, los grupos empresariales e inversores propietarios del Real Club Celta de Vigo,
sin ninguna repercusión positiva sobre la mejora de la calidad de vida del vecindario de Mos ni en la mejora de los servicios de la villa, como ya ha sido denunciado por parte de las agrupaciones políticas de la oposición municipal y la Xunta de
Comuneros do Tameiga, que agrupa a los propietarios de parte de las tierras que se pretenden expropiar, en régimen de mano común. En cambio, genera una pérdida para los propietarios de los terrenos afectados, así como la extinción de un espacio
forestal protegido, con los consiguientes deterioros que esto supone en términos de impacto ecológico y pérdida de servicios ambientales.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas para su respuesta por escrito:
1. ¿Cómo valora el Gobierno la nueva Modificación Puntual número 1 del Plan General de Ordenación Municipal de Mos, retocada sobre la original, pero que mantiene las recalificaciones de más de un millón de metros cuadrados de suelo rústico
de especial protección forestal para pasarlas a suelo urbanizable de uso dotacional y terciario, habiendo tenido el proyecto original informe desfavorable por parte de este Ministerio?
2. ¿Cómo valora el Gobierno que los derechos de propiedad de la Xunta de Comuneros do Tameiga sean objeto de expropiación en favor de los intereses particulares de los grupos empresariales promotores del proyecto?
3. ¿Considera el Gobierno que el proyecto presentado ofrece garantías suficientes para que no se vea afectado el suministro de agua a los vecinos y vecinas de Mos?
4. ¿Considera el Gobierno que el proyecto presentado ofrece garantías de no afección al espacio forestal protegido en el que pretenden realizarse las instalaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común.
184/039159
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: López Álvarez, María Teresa (GVOX). Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX). De Meer Méndez, Rocío (GVOX). Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX). Trías Gil, Georgina (GVOX).
Retirada de su pregunta sobre tiempo medio de resolución de las solicitudes de los trabajadores de reducción de la jornada o excedencia para el cuidado de hijos menores por parte del INGESA.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
184/039467
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: De Meer Méndez, Rocío (GVOX). Romero Vilches, María de los Reyes (GVOX). Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX). Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX). Trías Gil, Georgina (GVOX).
Retirada de su pregunta sobre medidas adoptadas para facilitar la celebración de los matrimonios que no han podido tener lugar por causa de la pandemia en España.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 239, de 15 de marzo de 2021.
184/040261
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Marra Domínguez, María Ángeles (GS). Casares Hontañón, Pedro (GS). Alfonso Cendón, Javier (GS). Blanquer Alcaraz, Patricia (GS). García Gómez, Valentín (GS). Hurtado Zurera, Antonio (GS). Ramos Rodríguez, José Luis (GS). Raya
Rodríguez, María Tamara (GS). Renau Martínez, Germán (GS). Rodríguez Salas, José Antonio (GS). Taibo Monelos, Diego (GS). Zaragoza Alonso, José (GS). González Ramos, Manuel Gabriel (GS).
Papel que tendrá en el Programa Digital Toolkit la red oficinas Acelera PYME, así como valoración de colaboración pública-privada para acelerar la digitalización de pymes, en especial micropymes y autónomos.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito registrado con el número 99768, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Ángeles Marra Domínguez, Diputada por Pontevedra y D. Pedro Casares Hontañón, Diputado por Cantabria, D. Javier Alfonso Cendón, Diputado por León, D.ª Patricia Blanquer Alcaraz, Diputada por Alicante, D. Valentín García Gómez, Diputado
por Badajoz, D. Manuel González Ramos, Diputado por Albacete, D. Antonio Hurtado Zurera, Diputado por Córdoba, D. José Luis Ramos Rodríguez, Diputado por Huelva, D.ª Tamara Raya Rodríguez, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, D. German Renau
Martínez, Diputado por Castellón, D. José Antonio Rodríguez Salas, Diputado por Granada, D. Diego Taibo Monelos, Diputado por A Coruña y D. José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Una de las medidas más importantes del Plan de Digitalización de PYMEs recientemente aprobado por el Gobierno de España es el Programa Digital Toolkit destinado a acelerar la digitalización de las
Pymes, en especial micropymes y autónomos, promoviendo la implantación de un conjunto de paquetes básicos de digitalización, adecuados a su situación de partida y sus necesidades específicas, por ello,
¿Cómo valora el Gobierno el impulso que tendrá este programa sobre la implantación efectiva del comercio electrónico de forma segura y fiable? ¿Y las relaciones con la Administración y con los clientes? ¿Cómo afectará al desarrollo de
procesos internos sin papeles? ¿Y el impulso a la implantación de la factura electrónica o el marketing digital?
¿Qué papel tendrá en dicho programa la red de oficinas Acelera PYME?
¿Cómo valora el Gobierno para su despliegue e implementación diferentes instrumentos de colaboración pública-privada para acelerar la digitalización de pymes, en especial micropymes y autónomos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2021.-María Ángeles Marra Domínguez, Pedro Casares Hontañón, Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer Alcaraz, Valentín García Gómez, Manuel Gabriel González Ramos, Antonio Hurtado Zurera,
José Luis Ramos Rodríguez, María Tamara Raya Rodríguez, German Renau Martínez, José Antonio Rodríguez Salas y Diego Taibo Monelos, Diputados.-José Zaragoza Alonso, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.