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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 240, de 16/03/2021
cve: BOCG-14-D-240
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
16 de marzo de 2021
Núm. 240
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002189 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno al cumplimiento riguroso de la obligación de sometimiento al control parlamentario ...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002165 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela ... (Página10)
161/002172 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación del programa 'Margarita Salaverría' de prácticas remuneradas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y en
la AECID ... (Página12)
161/002173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre un nombramiento meritocrático de Embajadores de España ... (Página13)
161/002224 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección de la infancia contra la violencia en zonas de conflicto armado ... (Página14)
161/002225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en defensa del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre España y China ... (Página16)
Comisión de Justicia
161/002167 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la inscripción del nasciturus en el Registro Civil ... (Página17)
161/002183 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la transposición urgente de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 ...
161/002188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la Ley de Propiedad Horizontal y las limitaciones en la actuación de las comunidades de propietarios derivadas de las restricciones por la COVID-19 ...
(Página24)
161/002200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la implementación de la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Administración de Justicia ... (Página25)
Comisión de Defensa
161/002182 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar a que España compita, desde una posición fuerte y fundamentada, por el traslado del Mando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América
en África (AFRICOM) a la Base aeronaval de Rota o a la Base aérea de Morón de la Frontera ... (Página26)
161/002210 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a aumentar los fondos asignados al Ministerio de Defensa con el objeto de cubrir la totalidad del coste de sostenimiento y
mantenimiento de los sistemas de armas operados por las Fuerzas Armadas ... (Página28)
Comisión de Hacienda
161/002196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre rebaja del tipo de IVA para el sector de peluquería ... (Página31)
161/002205 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la provisión de la vacante existente en la Presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ... (Página32)
161/002206 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la destitución del Presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. y el nombramiento de uno nuevo ... (Página37)
161/002209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a desgravar la adquisición de ordenadores, tablets y elementos TIC auxiliares, adquiridos para la formación online de los hijos no convivientes ...
Comisión de Interior
161/002159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la urgente creación del Centro Universitario de la Policía en Ávila y la prórroga de la moratoria establecida en la Ley 9/2015 del
Cuerpo Nacional de Policía ... (Página47)
161/002160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a defender la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas y Policías Locales, así como condenar los
recientes episodios de violencia callejera ... (Página49)
161/002163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a promover planes de acción específicos que desarrollen los planes estratégicos de igualdad aprobados en las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado ... (Página50)
161/002190 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que el Gobierno corrija los errores contenidos en la disposición adicional centésima quincuagésima novena de la Ley 11/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, relativa a la tasa adicional de reposición de la Policía Local ... (Página51)
161/002191 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consideración de Cuenca como sede para las instalaciones de algunos de los centros que tiene previsto el Ministerio del Interior
crear o poner en funcionamiento ... (Página53)
161/002215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la renovación de la flota de vehículos de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla ... (Página54)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la validez de Juntas de las Comunidades de Propietarios de forma telemática ... (Página58)
161/002176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover el diseño y materialización de una red de recarga inductiva y dinámica para la movilidad eléctrica ...
161/002177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ejecución íntegra del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana presentado y aprobado por el Gobierno en diciembre de 2017 ...
161/002178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la construcción de nuevos apeaderos de RENFE en Jerez de la Frontera (Cádiz) ... (Página64)
161/002208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la toma de medidas para la ejecución del proyecto de construcción de la nueva dársena en el Gorguel (Cartagena) ... (Página66)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/002168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre financiación de la Educación 0-3 ... (Página70)
161/002199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la defensa y promoción de la escuela pública ... (Página71)
161/002203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al impulso del modelo de Formación Profesional público en España ...
161/002220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover la modificación de la prueba de acceso a la universidad con el fin de garantizar la igualdad y equidad del alumnado en todo el territorio español
... (Página76)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002192 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a asegurar una mayor presencia policial en las zonas de acogida de inmigrantes irregulares en Canarias ...
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002121 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la situación de la industria aeronáutica alavesa. Retirada.... (Página80)
161/002175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso de los usos comerciales e industriales y big data de las aeronaves no tripuladas, pilotadas por control remoto ...
161/002179 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la situación de la industria aeronáutica alavesa ... (Página82)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas destinadas a paliar la pobreza energética ... (Página83)
161/002162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas destinadas al envejecimiento activo ... (Página85)
161/002201 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a hacer efectivo el principio de inclusión educativa y social para las personas con dislexia ...
161/002221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un Plan de medidas y acciones políticas del Gobierno para combatir la situación de precariedad de la juventud ... (Página90)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002171 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la aplicación del sistema de etiquetado Nutriscore a la dieta mediterránea ... (Página92)
161/002180 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ...
161/002197 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre cumplimiento de las obligaciones del Gobierno con el sector agrario canario ... (Página96)
161/002216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la adopción de medidas en favor del sector de porcino ibérico ... (Página99)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para evitar que las Corporaciones Locales aprueben normativa en desarrollo de lo dispuesto en el
artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ... (Página102)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al Acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Retirada....
161/002169 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el macroproyecto eólico que engloba a los parques de Rebordechao, Barxas y Prada ... (Página107)
161/002181 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ...
161/002218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la elaboración de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico ... (Página112)
161/002228 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la compensación al sector marisquero durante las obras de dragado en la Ría do Burgo ... (Página113)
Comisión de Cultura y Deporte
161/002186 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre una estrategia nacional de deporte y hábitos saludables ... (Página115)
161/002187 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la divulgación de la figura y obra de nuestro Premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal ... (Página117)
161/002195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a combatir la brecha de género en el medio audiovisual ... (Página118)
161/002198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a declarar el año 2021 'Año Luis García Berlanga' ... (Página119)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/002174 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del voluntariado contra la brecha digital ... (Página120)
161/002204 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a encomendar a la AIReF la realización de un informe anual sobre la eficacia, eficiencia y resultados de la gestión de los Proyectos Estratégicos para la
Recuperación y Transformación Económica ... (Página121)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002158 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre atención integral a las personas con enfermedades raras y sus familias ... (Página127)
161/002170 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la aplicación del sistema de etiquetado Nutriscore a la dieta mediterránea ... (Página130)
161/002184 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la mejora urgente de los niveles de bioseguridad en la toma de muestras post mortem de COVID-19 ... (Página132)
161/002193 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias ... (Página134)
161/002211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la investigación de la epidemia de la COVID-19 en España para determinar el origen del SARS-CoV-2 ... (Página137)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002202 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la calidad de las universidades privadas ... (Página138)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la revisión y evaluación de los objetivos pretendidos por la Cooperación Internacional al Desarrollo española ... (Página139)
Comisión de Igualdad
161/002194 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el reconocimiento de las injusticias padecidas por las personas trans ... (Página144)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto
de Estado en materia de Violencia de Género
161/002164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la orfandad derivada de crímenes por violencia de género ... (Página146)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al Plan de inclusión del alumnado con capacidades diferentes 2021-2023 ...
161/002226 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre referentes infanto-juveniles en Internet ... (Página149)
161/002227 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas de protección de la salud mental en la infancia y la adolescencia ... (Página150)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la
corrupción y las reformas institucionales y legales
161/002214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar la publicación sin solicitud previa de información del personal eventual al servicio de la Administración General del Estado ...
161/002222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de dar continuidad durante toda la legislatura al ejercicio de rendición de cuentas que supone el Informe 'Cumpliendo' ...
161/002223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la urgente necesidad de renovar los órganos constitucionales ... (Página156)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/000831 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre fecha prevista por la Guardia Civil para aprobar y aplicar un nuevo Reglamento donde se garantice que tengan un turno de trabajo que les permita
conciliar con una jornada anual en horas equiparable a la de la Policía Nacional ... (Página158)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000832 Pregunta formulada por el Diputado don Íñigo Barandiaran Benito (GV (EAJ-PNV)), sobre conveniencia de agilizar el actual procedimiento de elaboración de informes de impacto ambiental, preceptivos para la redacción de proyectos de
ejecución de infraestructuras ferroviarias ... (Página158)
181/000833 Pregunta formulada por la Diputada doña Marta Rosique i Saltor (GR), sobre medidas previstas para garantizar el cumplimiento de la Resolución de 28 de noviembre de 2003, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de noviembre de 2003, por el que se declaran obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las Illes Balears ... (Página158)
Comisión de Educación y Formación Profesional
181/000839 Pregunta formulada por la Diputada doña Georgina Trías Gil (GVOX), sobre actuaciones que está llevando a cabo la Alta Inspección Educativa para
garantizar el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de sus derechos lingüísticos ... (Página159)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000837 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre previsiones acerca de modificar los criterios de prohibición de comercialización a la flota española ante la respuesta de la Comisión Europea subrayando
que la prohibición de venta y retención total de capturas de marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus) no contribuye a la conservación de esta especie, es contraria a la política pesquera común y perjudica a las flotas implicadas ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000838 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre previsiones acerca de modificar los criterios de prohibición de comercialización a la flota española ante la respuesta de la Comisión Europea subrayando
que la prohibición de venta y retención total de capturas de marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus) no contribuye a la conservación de esta especie, es contraria a la política pesquera común y perjudica a las flotas implicadas ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/038569 Autor: Lorite Lorite, Andrés
Vázquez Blanco, Ana Belén
Datos relativos a los gastos de alojamiento, manutención y ocio, producidos durante la estancia del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Hotel 'Palacio de Isora' de Tenerife, durante el mes de noviembre de 2020 ...
184/039608 Autor: Iñarritu García, Jon
Concesión de la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III (1993) a don José Barrionuevo Peña ... (Página161)
184/039666 Autor: Rufián Romero, Gabriel
Margall Sastre, Joan
Investigación por la AEAT acerca de posibles delitos fiscales del Rey emérito ... (Página162)
184/039820 Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio
Monitorización de la presencia de minerales radioactivos en los proyectos de explotación de litio en Galicia ... (Página163)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/002189
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno al cumplimiento riguroso de la obligación de sometimiento al control parlamentario.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que las medidas previstas en la misma se harían, en todo caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme
al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno al cumplimiento
riguroso de la obligación de sometimiento al control parlamentario, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Ha transcurrido ya más de un año desde que tomara posesión el actual Gobierno. La Vicepresidenta Calvo ha comparecido solo tres veces en Comisiones del Congreso, dos en la Comisión Constitucional -el 12 de febrero de 2020 con el fin de
exponer las líneas generales de su departamento para la legislatura y el 18 de mayo de 2020 en respuesta a las peticiones formuladas por los grupos para que informara sobre las medidas adoptadas en el estado de alarma declarado el 14 de marzo de
2020- y una en la Comisión de reconstrucción, el 26 de mayo de 2020.
Pobre historial para la Vicepresidenta primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dada la relevancia y extensión de sus competencias, máxime cuando el 14 de marzo se declaró un estado de alarma con
confinamiento domiciliario generalizado de los españoles que se mantuvo con prórrogas hasta el 21 de junio de 2020. Posteriormente, fue declarado un nuevo estado de alarma para la Comunidad de Madrid y finalmente uno nuevo para todo el territorio
español con restricciones a la movilidad que fue prorrogado, sin agotar los primeros 15 días, hasta el 9 de mayo de 2021, y en el que nos encontramos.
En la historia democrática de nuestro país no hay precedentes de tan reiterada y extensa utilización del instrumento excepcional del estado de alarma, pero no existe vacío normativo y el Gobierno no se está caracterizando por el rigor en el
cumplimiento de las previsiones normativas, la transparencia y el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de las funciones de control parlamentario que son más exigentes cuando se declaran los estados excepcionales reconocidos en la
Constitución Española.
La Comisión Constitucional es la Comisión de referencia de la Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en sus relaciones con el Congreso de los Diputados. Es esta, a su vez, la
Comisión correspondiente a los estados constitucionales de alarma, excepción y sitio. Estamos a punto de alcanzar el año desde la primera declaración de estado de alarma y la Vicepresidenta ha acudido una sola vez para informar a la Comisión, no
habiendo atendido ninguno de los requerimientos realizados por los grupos de oposición para que comparezca en la Comisión e informe sobre distintos asuntos, en todo caso, materia de sus competencias.
El artículo 29 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece que 'todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales'. Y el Tribunal Constitucional en sentencias como la STC
27/2011, de 14 de marzo, entre otras, destaca que la actividad de control del Gobierno está en la esencia de la función parlamentaria. Es más, la STC 124/2018, de 14 de noviembre, afirma que: '... no puede olvidarse que el menoscabo de la función
de control que corresponde al Parlamento implicaría, en su caso, una limitación del derecho a ejercer la función parlamentaria y, con él, del derecho de participación ciudadana (art. 23 CE)'. Todo ello como consecuencia del mandato de los arts.
66.2 y 108 de la Constitución Española.
A su vez, los arts. 109, 110 y 111 de la CE contemplan como instrumentos para la materialización de la función de control la solicitud y obtención de información y las comparecencias, interpelaciones y preguntas.
El Tribunal Constitucional viene reiterando además, en relación con el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que la potestad que le confiere el mencionado precepto a las Comisiones del Congreso de los Diputados para
solicitar comparecencias de miembros del Gobierno constituye una manifestación de la función de control del Gobierno que atribuyen al Congreso de los Diputados los arts. 66.2 y 108 CE (SSTC 177/2002, de 14 de octubre, 208/2002, de 1 de diciembre).
La Vicepresidenta primera no cumple con las mencionadas obligaciones por responder las preguntas de actualidad incluidas en los Plenos. Dichas preguntas no excluyen ni sustituyen el resto de formas de control y la correspondiente obligación
de los miembros del Gobierno de atenderlas. La falta de respeto demostrada con la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados resulta muy llamativa, con mayor motivo cuando se mantiene la declaración de un estado de alarma en España, y
priva de cauces al ejercicio legítimo de las funciones parlamentarias de los diputados, lo que supone un claro incumplimiento de las obligaciones que tiene todo miembro del Gobierno.
En estos momentos se encuentran casi 200 comparecencias de miembros del Gobierno, solicitadas por el Grupo Parlamentario Popular, pendientes de su celebración en el Congreso de los Diputados.
Entre ellas, hemos pedido la de la Vicepresidenta Primera para que informe sobre el procedimiento de elaboración del Real Decreto Ley 36/2020, de 22 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia y sobre los motivos por los que el Gobierno se apartó de lo dictaminado al respecto por el Consejo de Estado así como dar cuenta de los motivos por los
que no remitió el citado Dictamen al Congreso para la convalidación Real Decreto Ley.
Tampoco se está cumpliendo con rigor la obligación de informe a esta Comisión durante los estados de alarma, de acuerdo con lo previsto en la normativa que resulta de aplicación, ni siquiera cuando se produce una petición de informe por
parte de los Diputados al amparo de los arts. 7 y 162.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A cumplir con sus obligaciones democráticas de atender el control parlamentario por parte de todos los miembros del mismo y, en particular, de la Vicepresidenta Primera y Ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
2. A que la Vicepresidenta Primera cumpla a la mayor brevedad posible con la obligación de someterse al control, mediante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, atendiendo las solicitudes de
comparecencia que le han sido formuladas, y que lo siga haciendo con regularidad mientras ocupe el cargo que ostenta. En particular, a que la Vicepresidenta Primera informe sobre el procedimiento de elaboración del Real Decreto Ley 36/2020, de 22
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia y sobre los motivos por los que el Gobierno se apartó de lo
dictaminado al respecto por el Consejo de Estado así como dar cuenta de los motivos por los que no remitió el citado Dictamen al Congreso para la convalidación Real Decreto Ley
3. A que la Vicepresidenta Primera dé las instrucciones pertinentes para que sean debidamente cumplimentadas las peticiones de informe formuladas por los Diputados de la Comisión Constitucional, en especial las relativas al estado de alarma
que no han sido atendidas o no contienen la información demandada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-María Jesús Moro Almaraz, Isabel María Borrego Cortés, Macarena Montesinos de Miguel, Edurne Uriarte Bengoechea, Jaime Miguel Mateu Istúriz y José Antonio Bermúdez de Castro
Fernández, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisiones de Asuntos Exteriores
161/002165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, visitó la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de
2021, para evaluar el impacto de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos de las y los venezolanos. Resultado de esta visita, durante la que se reunió con múltiples actores de la vida política, social y económica del país, se ha hecho
público un informe con las conclusiones preliminares, y será presentado el informe definitivo al Consejo de Derechos Humanos en el mes de septiembre de este mismo año.
Debe recordarse que Estados Unidos ha impuesto sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela desde 2005, con la excusa de perseguir a personas y entidades presuntamente implicadas en el narcotráfico. En 2006 impuso un embargo de
armas argumentando que el Gobierno venezolano no cooperaba lo suficiente con los esfuerzos antiterroristas del estado norteamericano. Pero las acciones unilaterales siguieron y en 2014 impuso sanciones contra funcionarios venezolanos a los que
acusaba de reprimir protestas y perseguir opositores políticos, para finalmente en 2015 declarar la situación de
Venezuela como una 'emergencia nacional que amenaza la seguridad y la política exterior de Estados Unidos'. En 2017 tras las elecciones legislativas realizadas de forma democrática, el gobierno de EEUU declaró que las consideraba ilegítimas
e impuso sanciones mediante las que bloqueaba sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. Un año después, tras las elecciones presidenciales endureció aún más las sanciones impuestas y en 2019, a pesar del resultado
electoral, reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela, imponiendo más sanciones contra la PDVSA, el Banco Central de Venezuela e impuso un embargo económico total, entregando al candidato perdedor el control de los activos y
propiedades del Gobierno venezolano en cuentas estadounidenses. Además, desde 2020 Estados Unidos ha intentado bloquear el combustible procedente de Irán prohibiendo el uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de
Rosneft.
Por su parte, la Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes de carácter bélico, la prohibición de exportar tecnología y material de telecomunicaciones.
También se prohibía viajar y la congelación de activos de personas y del propio Estado, así, 1.200 millones han sido congelados por un banco portugués y casi 2.000 millones del Banco Central de Venezuela se han bloqueado por el Banco de Inglaterra.
También Canadá congeló activos y prohibió las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos en 2017 y 2018, y otros Estados han adoptado medidas semejantes, tales como México, Suiza, Colombia o Panamá.
Venezuela es un país rico, pues cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del planeta, siendo esta la principal exportación del país y su más importante fuente de ingresos. Sin embargo, las sanciones impuestas unilateralmente por
los Estados citados han hundido su economía, calculándose que los ingresos del gobierno se han reducido en un 99 %, es decir, el país vive a día de hoy con el 1 % de los recursos que percibía antes del bloqueo. Esta situación afecta a todos los
sectores sufriendo la falta de maquinaria, repuestos, electricidad, agua combustible, gas, alimentos y medicinas. En plena crisis sanitaria por la pandemia mundial el gobierno venezolano activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS
así como otras agencias internacionales y ONGs humanitarias para garantizar un mínimo suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material médico y alimentos. El Gobierno venezolano sigue intentando liberar los fondos congelados en el
Banco de Inglaterra y Portugal para poder atender la compra de equipamiento médico pero sin éxito.
Las sanciones impuestas vulneran lo establecido en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que solo en 'situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya
sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que
tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social'. Resulta, por lo
tanto evidente que las sanciones unilaterales impuestas constituyen una violación del derecho internacional.
También se ven afectadas las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, pues los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a
un individuo concreto, en consecuencia, la congelación de activos y las sanciones adoptadas violan los derechos soberanos del país y supone que el Gobierno actual pueda ejercer sus competencias y atender las necesidades de la población.
La inclusión de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice además la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito y dificulta el ejercicio de su deber de representar los intereses de todos las y los
venezolanos ante las distintas instituciones internacionales y afecta directamente al principio de igualdad soberana de los Estados. Además, tampoco se ve amparado por el derecho internacional la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a
nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela.
La Carta de las Naciones Unidas establece la obligación para los Estados parte de la misma, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención
en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. Las medidas unilaterales adoptadas no encuentran amparo en el Derecho internacional y deben ser retiradas.
Así pues, los Estados que han adoptado sanciones deben levantarlas y adecuar así su acción a los principios del derecho internacional, al Estado de derecho y a los derechos humanos. Se debe garantizar la posibilidad de que los
representantes del Estado puedan actuar internacionalmente en base al principio de igualdad soberana de los Estados, respetando los derechos de las personas afectadas, la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y
el respecto de todos los derechos fundamentales.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Condenar públicamente las sanciones impuestas de forma unilateral y contrarias al derecho internacional que han sido impuestas a la República Bolivariana de Venezuela que suponen una injerencia a los asuntos internos del Estado, bloquean
su economía y riqueza nacional e impiden una adecuada atención a la población afectando al mantenimiento de los derechos humanos.
2. Interceder ante las Instituciones europeas de las que el Estado español es parte integrante para que la Unión Europea retire las sanciones unilaterales y el bloqueo de activos adoptados en clara vulneración del Derecho internacional
siguiendo la recomendación hecha pública por la Relatora Especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, que será debatida en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación del programa 'Margarita
Salaverría' de prácticas remuneradas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y en la AECID, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Uno de los principales activos con los que cuenta España para llevar a cabo su acción exterior es principalmente su personal. Nuestro país tiene la suerte de contar con unos 940 profesionales de la carrera diplomática y más de 2.600
cooperantes que defienden los intereses y la imagen de España en el exterior, a quienes hay que sumar también a otro personal que desempeña sus funciones en el servicio exterior como administrativos, militares, miembros de fuerzas y cuerpos de
seguridad o el personal de las oficinas centrales del Ministerio y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En total, según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, unos
5.450 empleados funcionarios y laborales llevan a cabo la acción exterior española.
Sin embargo, el servicio exterior -como la Administración- se encuentra envejecido y sus profesionales se ven sobrecargados debido a la escasez de personal derivada del número de jubilaciones que no se cubren con nuevos ingresos. Este tipo
de sobrecarga es perjudicial no solo para los propios profesionales, al someterles a niveles de estrés y desafección innecesarios y excesivos, sino que también es contraproducente para la acción exterior española. Pese a ello, los sucesivos
gobiernos no han puesto en marcha ningún tipo de mecanismo orientado a dinamizar la entrada en el servicio exterior, aprovechando el talento de nuestros jóvenes profesionales en materia de acción exterior, ni tampoco a asegurar un relevo
generacional adecuado entre el personal funcionario. Es más, los escasos intentos que se han llevado a cabo en este sentido mediante prácticas no remuneradas siempre han acabado resultando en una precarización del empleo llevado a cabo por jóvenes,
en una desigualdad de entrada porque solo quienes tienen un contexto socioeconómico más ventajoso pueden permitirse ese tipo de experiencia
profesional, y en una falta de seguridad laboral dada la imposibilidad de mantener su relación laboral con el Ministerio, con la Red de Embajadas y Consulados o con la AECID.
Desde el GP Ciudadanos hemos propuesto desde 2015 numerosas iniciativas para cambiar esta realidad que pone una losa adicional sobre nuestros profesionales de la acción exterior y que levanta una barrera infranqueable para nuestros jóvenes.
Consideramos que la Administración debe tener un carácter abierto y flexible, que sea capaz de atraer y retener el talento para profesionalizarla, modernizarla y reforzar su independencia. En el contexto de los Presupuestos Generales del Estado
2021, el GP Ciudadanos ya propuso dos enmiendas destinadas a financiar un programa con dos líneas de prácticas remuneradas: una línea para la Red de Embajadas y Consulados y oficinas de la AECID en el exterior, por valor de 700.000 euros, y otra
línea para los servicios centrales del Ministerio y de la AECID en España, por valor de 500.000 euros. Ambas fueron rechazadas por el Gobierno de España.
Por este motivo, y en honor a Margarita Salaverría Galárraga, la primera mujer diplomática española, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer el Programa 'Margarita Salaverría' de prácticas remuneradas para jóvenes profesionales que quieran desempeñar funciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y en la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que contará con dos líneas de acción consecutivas:
a) Un período de prácticas profesionales remuneradas para la realización de prácticas profesionales en los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de la AECID en territorio español, con una
duración de 12 meses.
b) Un período de prácticas profesionales remuneradas en la Red de Embajadas y Consulados o las oficinas de la AECID en el exterior, con una duración de 18 meses.
2. Dotar con los recursos financieros adecuados al Programa 'Margarita Salaverría' dentro de las asignaciones presupuestarias recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, con al menos 1.200.000 euros.
3. Establecer unas bases con criterios objetivos de selección basados en el mérito académico y/o profesional para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso de los jóvenes profesionales al Programa 'Margarita Salaverría'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un nombramiento meritocrático de
embajadores de España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado establece, en el apartado 2 de su Artículo 57 que el nombramiento del personal del Servicio Exterior del Estado se hará 'atendiendo a criterios de competencia
profesional y experiencia de acuerdo con su normativa específica y con los principios de igualdad, mérito y capacidad'. Es decir, ya hay un marco legal que ampara que los nombramientos en el cuerpo diplomático no se pueden realizar de forma
arbitraria y por criterios políticos, sino en base a la competencia profesional y la experiencia del personal del servicio exterior del Estado.
En 2017, la plataforma CIVIO recordaba que desde la primera legislatura de Felipe González se han nombrado más de 550 embajadores, de los cuales 26 eran ajenos al cuerpo de diplomáticos del Estado y, en su mayoría, cercanos al partido que
encabezaba el Gobierno de España en ese momento. De acuerdo a esta plataforma de transparencia, los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero habían nombrado a unos 21 embajadores ajenos al cuerpo diplomático, mientras que los
gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy habían hecho lo propio con cinco. Es decir, pese a la diferencia entre ambos, los dos viejos partidos han recurrido a esta figura de forma excesiva, frustrando el ascenso profesional de nuestros
diplomáticos que han dedicado su vida al servicio exterior y a defender la imagen de España en el exterior.
La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, lejos de romper con esta tendencia, supuso un refuerzo de la misma. En menos de dos años, el nuevo gobierno nombró cuatro embajadores con criterios políticos, incluyendo la exministra Carmen Montón
como Jefa de la Misión ante la Organización de Estados Americanos (OEA), un puesto clave para la acción exterior española. La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) emitió, con motivo de estos nombramientos, un duro comunicado en el que
mostraba su desacuerdo con el nombramiento de embajadores políticos 'sin una trayectoria profesional que garantice el mérito e idoneidad necesarios para ocupar esos puestos', como marca la Ley 2/2014. ADE representa, además, en torno al 70 % de los
diplomáticos españoles. El último de estos nombramientos se realizó en la Embajada de España en La Habana, y la ADE emitió un comunicado similar mostrando disconformidad con ese nombramiento político por el gesto de desprecio que supone para los
miembros de la Carrera Diplomática al 'mermar las naturales aspiraciones profesionales de nuestros asociados, basadas en los principios de mérito y capacidad invocados para el acceso a la Función Pública'.
Desde el GP Ciudadanos hemos defendido en reiteradas ocasiones los criterios meritocráticos como única guía para los nombramientos de los escalafones más altos de la carrera diplomática, cumpliendo con lo establecido en la ley y reconociendo
así la labor excepcional que realiza el personal del servicio exterior del Estado. Es inadmisible que en el cuerpo diplomático se asuma que solo se podrá llegar a lo más alto de la carrera mediante el 'amiguismo' con un partido político,
especialmente cuando la labor de un embajador debe tener la lealtad a los intereses de los españoles por encima de cualquier otra lealtad de carácter político. Nuestros diplomáticos lo tienen muy claro, pero no parece que se pueda decir lo mismo de
los viejos partidos de este país.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y proceder al nombramiento de embajadores con criterios de competencia
profesional y experiencia y con los principios de igualdad, mérito y capacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de la infancia contra la violencia en zonas de conflicto
armado, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Según un informe de Save the Children publicado recientemente, 426 millones de niños viven en zonas en situación de conflicto armado. En estas zonas los niños están expuestos a distintos riesgos de violencia, con repercusiones dramáticas
sobre sus vidas. La situación ha sido repetidamente denunciada en foros internacionales. Niños y niñas son, a menudo, las principales víctimas civiles de la guerra y la
violencia, ya sea de forma directa o indirecta. Algunos mueren en ataques a objetivos civiles o como víctimas colaterales de enfrentamientos que tienen lugar en sus comunidades. En el Informe del Secretario General de Naciones Unidas Los
niños y los conflictos armados, de 2019, se constata que, por ejemplo, en Afganistán, donde se produjo el mayor número de bajas infantiles (3.062), los menores representaron el 28 % de todas las bajas civiles.
En muchos conflictos, adolescentes y jóvenes en las zonas más comprometidas son empujados a enrolarse en ejércitos y grupos armados antes de cumplir la mayoría de edad. Como consecuencia de su participación directa en los conflictos
armados, no es infrecuente que experimenten condenas de prisión u otros castigos.
Los niños forman también parte de colectivos desplazados, a menudo separados de sus padres, madres o tutores. Las guerras y los conflictos armados traen consigo también gran cantidad de niños huérfanos, orfandad que los expone a condiciones
de vulnerabilidad durante etapas cruciales de su vida. Muchos niños y niñas crecen con las secuelas provocadas por heridas y mutilaciones producidas en la guerra, y arrastran situaciones de discapacidad el resto de sus vidas. A ello hay que añadir
las consecuencias psicológicas y emocionales. El miedo a perder sus hogares, pertenencias o verse separados de sus seres queridos puede tener graves implicaciones para la salud mental de los menores.
Las guerras producen otras consecuencias que repercuten de forma indirecta sobre la vida de los niños. La devastación social que provocan los enfrentamientos bélicos acarrea a menudo situaciones de empobrecimiento, que repercuten de manera
especialmente intensa sobre el bienestar material de la infancia. Las operaciones de agentes no estatales y fuerzas armadas estatales también interfieren a menudo en los procesos educativos, convirtiendo escuelas en instalaciones militares o
forzando la suspensión de la actividad escolar, perturbando los itinerarios educativos previstos.
Las niñas son, a menudo, destinatarias de formas especialmente crueles e insidiosas de violencia. La violencia sexual es una de las seis formas de violaciones graves de derechos de la infancia en situaciones de conflicto que Naciones Unidas
supervisa y documenta de forma permanente. Desde 2006, más de 20.000 incidentes de violencia sexual con víctimas infantiles han sido verificadas por el Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) de Naciones Unidas, de la que la inmensa mayoría de
víctimas son niñas. El informe más reciente del Secretario General de Naciones Unidad sobre Niños en Conflictos Armados identificó 749 casos de violencia sexual contra niños y niñas, aunque reconoce una profunda infra-detección del fenómeno.
En un estudio reciente de Save the Children constaba que 72 millones de niños viven a 50 km o menos de zonas donde grupos armados o ejércitos han perpetrado acciones de violencia sexual contra niños y niñas en 2019. La violencia sexual en
conflictos se convierte a menudo en un arma utilizada de manera táctica o oportunística por alguna de las fuerzas contendientes. Esta violencia adquiere diversas formas, como la violación, esclavitud sexual, prostitución, esterilizaciones forzadas,
mutilaciones sexuales, abuso sexual o incluso tortura con fines sexuales. La investigación sobre el fenómeno acredita que la violencia sexual está muchas veces extendida y normalizada entre agentes armados, generalmente no estatales, como un
instrumento de socialización y construcción de vínculos de lealtad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Promover el debate en foros internacionales sobre la infancia en conflictos armados, alertando sobre las graves consecuencias de las experiencias de estos niños y niñas para su bienestar inmediato, sus oportunidades vitales y el
desarrollo de las sociedades donde menores y jóvenes arrastran a la vida adulta heridas y secuelas.
2. Seguir trabajando bilateralmente con los países en los que el Informe Anual del Secretario General de Naciones Unidas sobre niños y conflictos armados detecta mayor volumen de violaciones de derechos de la infancia para que incorporen a
sus sistemas legislativos y planes de acción medidas que respondan adecuadamente a estas situaciones, con particular atención a la violencia sexual.
3. Insistir en foros y organismos internacionales sobre la necesidad incrementar los recursos que se dedican a programas de prevención, mitigación y respuesta a distintas formas de violencia en situaciones de guerra y conflicto armado, con
particular atención a las que afectan a niñas.
4. Apoyar los esfuerzos para dotar a diversas instancias de la Organización de las Naciones Unidas, incluida la Asamblea General, de dispositivos para establecer de manera independiente e imparcial mecanismos que permitan recopilar,
consolidar, preservar y analizar casos de violación de los derechos de la infancia en conflictos armados, con atención especial a las situaciones de violencia sexual.
5. Reafirmar el compromiso de España para apoyar el trabajo de la Oficina del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados (SRSG).
6. Reforzar programas de cooperación para mejorar el acceso de los menores a la justicia, apoyando financiera y logísticamente servicios legales y paralegales de base comunitaria dirigidos a niños y familias.
7. Reforzar programas humanitarios y de cooperación que atiendan las situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, reconociendo las dimensiones de género implícitas en los procesos de victimización por violencia en
zonas de conflicto armado, arbitrando medidas específicas para actuar contra ellas.
8. Combatir activamente la impunidad para los autores de delitos contra la infancia, en coherencia con los llamamientos del Secretario General de Naciones Unidas a reforzar la respuesta internacional en aquellos casos en que las medidas de
rendición de cuentas a nivel nacional no den resultados satisfactorios.
9. Reforzar la perspectiva de infancia en el borrador de la Estrategia Nacional de Acción Exterior, para que se reconozca la condición especial de la infancia y se promuevan universalmente los derechos recogidos en la Convención de Derechos
del Niño de Naciones Unidas a través de la Acción Exterior española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2021.-Héctor Gómez Hernández, María Olga Alonso Suárez, Arnau Ramírez Carner, Gemma Araujo Morales, Pau Mari Klose y Noemí Villagrasa Quero, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael
Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre España y China,
para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
China es un socio fundamental para España, y aunque hay grandes diferencias en nuestros sistemas políticos y valores fundamentales, las relaciones bilaterales han sido sólidas durante años, y muestra de ello han sido conversaciones y visitas
que han tenido los miembros de ambos gobiernos en los últimos años.
Solo por citar los últimos dos años, este nivel de interlocución política se refleja en que, desde la Visita de Estado de Xi Jinping, el 28 de noviembre de 2018, se han celebrado las consultas políticas a nivel de SEAEX en abril 2019 y la
subsiguiente visita del Ministro Josep Borrell al II Foro BRI, también en abril de 2019. Durante 2020 la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha tenido tres conversaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores y Consejero de
Estado, Sr. Wang Yi, en el contexto de la crisis COVID (02.03.20, 19.03.20 y 12.05.20). Asimismo, la Ministra recibió el 03.09.20 a Yang Jiechi, Director de la Oficina de la Comisión de Trabajo de Asuntos Exteriores del Comité Central del PCCh. Y
en noviembre de 2020 también tuvieron lugar consultas políticas entre la Secretaria de Estado Gallach y su homólogo chino Qin Gang. Todo lo anterior prueba la importancia que el Gobierno de España ha concedidos a la relación bilateral con China.
Para profundizar en la relación bilateral se firmó entre ambos países una Declaración Conjunta con fecha de 28 de noviembre de 2018 y titulada Declaración Conjunta de la República Popular China y el Reino de España sobre el fortalecimiento
de la asociación estratégica integral en un cambio de época y fue producto del intercambio de opiniones sobre la agenda bilateral y los temas internacionales y regionales de interés común, llegando a amplios consensos.
Dicha declaración tenía como objetivo fortalecer las relaciones en tanto en ámbitos donde ya existe una cooperación entre nuestros países, como en otros sectores que son de interés para el futuro de nuestros países identificados en la
Declaración Conjunta.
También es relevante mencionar las tensiones que se han sufrido desde el punto de vista comercial en los últimos años a consecuencia de las disputas entre Estados Unidos de América y China, lo que hace necesario seguir impulsando la mejora
de la cooperación comercial, con el objetivo de lograr mayores facilidades de acceso al mercado chino, algo que es una reclamación no solo de España, sino de la propia Unión Europea en su conjunto.
Además es un eje sustantivo de la Estrategia de Acción Exterior Española 20212024, lograr un multilateralismo reformado y reforzado. Y para ello China es un actor importante que puede aportar mucho en ámbitos fundamentales como la
cooperación climática, así como los retos demográficos o migratorios. La región de Asia-Pacífico va a adquirir un mayor peso específico en la política exterior de España, dado su innegable auge económico, demográfico y geopolítico, y China sin
ninguna duda a es uno de los países prioritarios para España en la región, con significativas repercusiones en el ámbito multilateral.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Potenciar la implementación de la Declaración Conjunta España-China de 28 de noviembre de 2018, con el objetivo de fortalecer las relaciones en ámbitos de cooperación tradicional como la ingeniería energética o el sector del automóvil,
así como de otros sectores de interés para el futuro como el financiero, la alimentación, el turismo, el comercio electrónico y los deportes.
2. Reforzar la cooperación comercial con el objetivo de que China de mayores facilidades a nuestras empresas para el acceso al mercado chino, incluyendo mejoras en las condiciones de competencia justa y desarrollo sostenible.
3. Reforzar las acciones en defensa del multilateralismo identificando aquellos ámbitos donde haya espacio para la cooperación y el diálogo como la cooperación climática, las operaciones de mantenimiento de la paz, los derechos humanos o
los acuerdos de no proliferación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2021.-Héctor Gómez Hernández, María Olga Alonso Suárez, Arnau Ramírez Carner, Gemma Araujo Morales, Pau Mari Klose y Noemí Villagrasa Quero, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael
Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/002167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don Francisco Javier Ortega Smith-Molina y don Eduardo Luis Ruis Navarro, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inscripción del nasciturus en el Registro Civil, para su discusión en la
Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Primero. Naturaleza jurídica del nasciturus.
1. Se define como nasciturus al ser humano 'concebido pero no nacido' 1.
1 https:/ / dpej.rae.es/ lema/ nasciturus
2. Existen diversas teorías sobre cuándo comienza el embrión humano a ser considerado persona a nivel jurídico; las más conocidas son la de la concepción (el embrión adquiere la personalidad cuando es concebido) y la del nacimiento (es
considerado persona cuando nace) 2. El ordenamiento español ha acogido la segunda de ellas, según se infiere de la redacción del artículo 30 del Código Civil ('CC'):
'La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno.'
3. A tenor del referido artículo, el nasciturus no tiene cabida en el concepto jurídico civil español de persona.
4. Ello no obsta para que sea considerado un bien jurídico protegido por el ordenamiento, como acertada y pormenorizadamente describe, en relación con el derecho a la vida, la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril
('STC 1985'):
- 'Si la Constitución protege la vida [...], no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma; por
lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto este encarna un valor fundamental -la vida humana-, garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento
constitucional' 3.
- 'Esta conclusión resulta también de los debates parlamentarios en torno a la elaboración del mencionado artículo del texto constitucional. [...] En el Pleno del Congreso fue defendida una enmienda -aprobada por mayoría- que proponía
utilizar el término 'todos' en sustitución de la expresión 'todas las personas', [...] con la finalidad de incluir al nasciturus. [...] El sentido objetivo del debate parlamentario corrobora que el nasciturus está protegido por el artículo 15 de la
Constitución aun cuando no permite afirmar que sea titular de derecho fundamental' 4.
5. El fundamento jurídico de la consideración del nasciturus como sujeto de derechos es la llamada teoría de la pendencia o de la expectativa ('spem nacendi'), que tiene su origen en el Derecho Romano 5 -'nasciturus pro iam nato habetur,
quotiens de commodis eius agitur', reza el aforismo clásico-. En su virtud, respecto de aquello que suponga un beneficio ('commodum') para el nasciturus, se reputará a este por nacido 6.
6. Como concreción esta teoría, el ordenamiento jurídico español reconoce una serie de derechos y efectos favorables al nasciturus aunque aún no sea considerado persona en términos civiles. Así se regula de forma explícita en el artículo
29 CC:
'El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente.'
7. Ejemplos del reconocimiento de derechos al nasciturus son, entre otros, los siguientes, pertenecientes tanto a la esfera patrimonial como a la extrapatrimonial:
- Artículo 627 CC: 'Las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos podrán ser aceptadas por las personas que legítimamente los representarían si se hubiera verificado ya su nacimiento'.
2 Ver, entre otros, https://guiasjuridic as.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMt MSbF1jTAAAUNDS1NTtbLUouLM DxbIwMDCwNzAwu()GZapUtckh1QaptWmI0cSoAthBqRDUAAAA=WKE#:-:text=Se%20considera %20concebido %20y %
20no,hubi era % 20desprendido % 20del% 20seno %20materno, página 1.
3 Fundamento jurídico quinto.
4 Ídem.
5 Según expone BLANCH NOUGUÉS, J. M., en 'El concebido en el Derecho civil español, alemán e iberoamericano: un problema conceptual y valorativo a la luz de la tradición jurídica', Anuario de Derecho Civil, Vol. 54, N.º 3, 2001, p. 1152,
tal interpretación de la doctrina romana fue acogida por el derecho histórico español merced a las Siete Partidas de Alfonso X, el Sabio. Concretamente, la Partida IV, Título XXII, Ley III, afirma:?'Mientras que estuviere la criatura en el vientre
de su madre, toda cosa que se haga o se diga a favor suyo le aproveche como si hubiese nacido, pero lo que fuese dicho o hecho en daño de su persona o de sus cosas no le perjudica.'
6 Sobre el particular escribe CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, M. C., 'La protección jurídica del nasciturus en el ordenamiento jurídico español', Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, N.º 15, 2017, página 3, de la versión en línea:
https://dialnetunirioja.es/descarga/articulo/6056867.pdf
- Artículo 959 CC: 'Cuando la viuda crea haber quedado encinta, deberá ponerlo en conocimiento de los que tengan a la herencia un derecho de tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo'.
- Artículo 6.1.2.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ('LEC'): 'Podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles: [...] 2.° El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables' 7.
- Artículo 7.3 LEC: 'Por los concebidos y no nacidos comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido'.
Segundo. Imposibilidad de inscripción del nasciturus en el Registro Civil según la Vigente Legislación.
8. El Registro Civil, según afirma el artículo 2.2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil ('LRC'), 'tiene por objeto hacer constar oficialmente los hechos y actos que se refieren al estado civil de las personas y aquellos
otros que determine la presente Ley'. De la literalidad de este precepto se desprende claramente que hay dos clases de hechos o datos inscribibles: (i) los relativos al estado civil de las personas, y (ii) otros que determine la LRC.
9. Sin embargo, el artículo 4 LRC que regula los 'hechos y actos inscribibles' solo hace referencia a los primeros, aquellos 'que se refieren a la identidad, estado civil y demás circunstancias de la persona:
1.° El nacimiento.
2.° La filiación.
3.° El nombre y los apellidos y sus cambios.
4.° El sexo y el cambio de sexo.
5.° La nacionalidad y la vecindad civil.
6.° La emancipación y el beneficio de la mayor edad.
7.° El matrimonio. La separación, nulidad y divorcio.
8.° El régimen económico matrimonial legal o pactado.
9.° Las relaciones paterno-filiales y sus modificaciones.
10.° La modificación judicial de la capacidad de las personas, así como la que derive de la declaración de concurso de las personas físicas.
11.° La tutela, la curatela y demás representaciones legales y sus modificaciones.
12.° Los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.
13.° La autotutela y los apoderamientos preventivos.
14.° Las declaraciones de ausencia y fallecimiento.
15.° La defunción'.
10. Toda vez que este listado es numerus clausus y el nasciturus no se encuentra entre las realidades causales de la inscripción, actualmente no puede ser objeto de inscripción en los Libros del Registro Civil, pese a que tendría cabida a
priori en 'aquellos otros' 'hechos y actos' a que se refiere el mencionado artículo 2.2 LRC.
11. La única excepción -parcial- a lo antedicho es la recogida en la Disposición Adicional 4.a LRC:
'Figurarán en un archivo del Registro Civil, sin efectos jurídicos, los fallecimientos que se produzcan con posterioridad a los seis meses de gestación y no cumplieran las condiciones previstas en el artículo 30 del Código Civil, pudiendo
los progenitores otorgar un nombre.
Este archivo quedará sometido al régimen de publicidad restringida.'
Sin embargo, como puede observarse, se trata de una inscripción residual, porque (i) despliega como único efecto jurídico la posibilidad de que los padres otorguen un nombre al nasciturus; (ii) está limitada al periodo entre los 6 y los 9
meses de gestación; y (iii) se efectúa en un archivo distinto al los Libros del Registro.
12. La inscripción del nasciturus desde el momento de su concepción traería aparejada una serie de efectos beneficiosos para él e, indirectamente, para su familia. El primero y principal es el mero reconocimiento de su existencia (y de su
eventual fallecimiento, si el embarazo se frustra), y de él derivan
7 Resulta sumamente paradójico que el nasciturus no sea considerado persona, pero sí se le permita personarse en un procedimiento jurídico.
todos los demás. Sin ánimo de resultar exhaustivos, mencionaremos algunas de las posibilidades aparejadas a la inscripción registral del nasciturus:
- Efectuar y registrar una disposición preventiva de tutela del nasciturus para el caso de que sus progenitores falten.
- Constituir un patrimonio protegido del nasciturus, si se tiene constancia de que nacerá con alguna discapacidad grave. En consecuencia, posibilidad de aportación de bienes o derechos a dicho patrimonio sin esperar al nacimiento.
- Nombrar al nasciturus titular o cotitular de empresas familiares.
- Determinar e inscribir registralmente la filiación del nasciturus en casos complejos, tales como procesos judiciales matrimoniales o hereditarios en curso.
- Reconocerle derechos hereditarios que, de no ser así, tendría que reclamar luego, quizás en vía judicial.
- Inscribir la defunción del nasciturus para mayor seguridad jurídica de sus coherederos o de terceras personas con interés legítimo.
- Solicitar la asignación de médico especialista, cuando se prevea que el nasciturus lo requerirá, por razones de salud.
- Solicitar ayudas aparejadas al nacimiento del menor o a la tenencia de un número determinado de hijos.
- Solicitar la nacionalidad o el permiso de residencia para el nasciturus.
- Solicitar el empadronamiento, lo que posibilita la obtención de otros derechos asociados a él, como la solicitud de plazas escolares o de guardería.
- Tramitar visados o permisos de viajes que deban tener lugar nada más nacer el nasciturus, cuando los países receptores así lo requieran.
13. Según reza la Exposición de Motivos LRC, el Registro pretende 'adaptarse a los valores de la Constitución Española' ('CE'). Y lo cierto es que la CE:
- Contempla, según la interpretación del Tribunal Constitucional a la que nos hemos referido anteriormente, que entre 'todos' los que 'tienen derecho a la vida' (artículo 15 CE) se cuenta también al nasciturus, no en cuanto sujeto del
derecho fundamental pero sí en cuanto bien jurídico protegido.
- Pretende, adicionalmente, proteger la familia y a los hijos (artículo 53 CE).
14. Puede, por tanto, afirmarse que la protección de la vida del nasciturus es uno de los 'valores de la Constitución Española' a los que el Registro Civil ha de adaptarse.
Esto puede hacerse permitiendo que aquel pueda ser inscrito con plenos efectos jurídicos desde el momento de su concepción.
Tercero. Propuesta del GPVOX.
15. En síntesis, es claro que:
- El nasciturus, aunque no sea persona jurídica, sí debe gozar de la protección del ordenamiento en tanto que bien jurídico protegido.
- Dicha protección se materializa en aceptar la aplicación de las normas y el reconocimiento de los derechos que le sean favorables.
- La inscripción en el Registro Civil del nasciturus presenta numerosos beneficios para este (y, adicionalmente, para sus familias). Y actualmente solo se permite de forma limitada en el tiempo y en sus efectos jurídicos.
- Reconocer la posibilidad de que la existencia del nasciturus se inscriba en los Libros del Registro desde su inicio se halla en plena consonancia con los valores de la CE, con la doctrina de la STC y con la ratio legis de la LRC.
16. En conclusión, una interpretación sistemática y de equidad de las normas y doctrina expuestas lleva a concluir que ha de admitirse la inscripción del nasciturus en los Libros del Registro Civil con plenos efectos jurídicos desde el
momento de su concepción, cuando así lo soliciten uno o ambos progenitores, en tanto que son quienes han de ejercer en su nombre los derechos que el ordenamiento le reconoce.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las modificaciones oportunas de la vigente Ley del Registro Civil y demás normas concordantes para posibilitar la inscripción con plenos efectos jurídicos del nasciturus en los
Libros del Registro Civil, a solicitud de uno o ambos progenitores, desde el momento de su concepción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2021.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina y Eduardo Luis Ruiz Navarro, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario
VOX.
161/002183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, don José María Sánchez García, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, doña Patricia de las Heras Fernández y don Carlos José Zambrano García-Ráez, en sus respectivas condiciones
de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la transposición
urgente de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, para su discusión en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Primero. La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo, y supone el apartado con más abundante contenido del Plan Anual
Normativo que el Gobierno ha de elaborar con base en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
El artículo 93 de la Constitución establece que corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o
supranacionales titulares de la cesión. En este sentido, el cumplimiento del plazo de transposición de las directivas de la Unión Europea resulta hoy, si cabe, aún más relevante, habida cuenta del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa para
los incumplimientos en esta materia, en los que la Comisión puede pedir al TJUE la imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada, de acuerdo con el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ('TFUE'):
'Cuando la Comisión presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud del artículo 258 por considerar que el Estado miembro afectado ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de
una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo, podrá, si lo considera oportuno, indicar el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por dicho Estado y que considere adaptado a las
circunstancias. Si el Tribunal comprueba la existencia del incumplimiento, podrá imponer al Estado miembro afectado el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva dentro del límite del importe indicado por la Comisión. La obligación
de pago surtirá efecto en la fecha fijada por el Tribunal en la sentencia.'
Las directivas han de ser transpuestas por el legislador nacional, también denominando 'medida nacional de ejecución', para incorporarlas al Derecho interno y adaptar la legislación nacional a los objetivos definidos en la directiva. Ese
acto de transposición confiere derechos e impone obligaciones a los ciudadanos. Los Estados miembros gozan de facultades discrecionales en la transposición de las directivas al Derecho nacional, lo que les permite tener en cuenta las
particularidades nacionales. La transposición debe efectuarse en el plazo establecido por la directiva.
Al transponer las directivas, los Estados Miembros deben garantizar la eficacia del Derecho de la Unión, de conformidad con el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea.
Segundo. El período actual es de extrema gravedad, pues nunca nos habíamos enfrentado, como sociedad, a una epidemia como la actual. Paralelamente, la complejidad de la vida económica de nuestros días conduce a que las consecuencias
económicas posteriores sean mucho más difíciles de prever. Las medidas de aislamiento social y de reducción de la actividad económica a los servicios esenciales han sido, en una inmensa mayoría de los casos, irracionales y motivadas por el miedo y
no por exigencias de gestión, y han supuesto un enorme impacto en la economía, con una pérdida de ingresos empresariales y, en no pocos casos, con la desaparición.
Se trata de una crisis que afecta de un modo global al mercado en su totalidad, con especial afectación a sectores vinculados a la movilidad (restauración, turístico, agencias de viaje...). Otro elemento característico de esta crisis es la
incertidumbre que existe sobre sus consecuencias reales.
Es particularmente preocupante la situación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos que se están viendo afectados de una forma especial por esta crisis económica. Esta tipología de empresas es especialmente
vulnerable por varias razones: principalmente porque tienen reservas de cash limitadas, dependencia de la liquidez y menor capacidad de modelos de negocio y de negociación frente a otras partes contratantes.
En este contexto, no son suficientes las normas de emergencia actuales, sino que resulta fundamental preparar un escenario 'Post-Covid-2019'. Una vez superado el estado de alarma, la solución no puede ser acudir a los tradicionales
procedimientos judiciales concursales porque en la mayoría de supuestos desembocan en la liquidación de las empresas y conllevan un elevado coste temporal. Por tanto, es indispensable que las empresas viables con dificultades de liquidez o
económicas tengan la posibilidad de acudir a sistemas de composición amistosa de crisis, en el ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes, con mínima intervención judicial, que les permitan negociar con sus acreedores tanto modos de
afrontar el pasivo como medidas de reestructuración que les posibiliten lo más esencial: continuar con su actividad.
La reestructuración puede permitir a las empresas modificar la composición y estructura de los activos, manteniendo el fondo de comercio. Sobre la base de estas consideraciones, debe propiciarse legalmente la conclusión de estos acuerdos
preconcursales, protegiéndoles en determinadas condiciones, frente a los riesgos que puede conllevar la eventual declaración de un procedimiento concursal.
Tercero. Para poder afrontar con éxito un escenario post-COVID-19 que permita una eficiente reestructuración preconcursal de empresas, resulta imprescindible la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas
('Directiva 2019/1023').
La Directiva 2019/1023 constituye una de las fortalezas actuales del derecho de la Unión Europea para afrontar un escenario post-COVID. El objetivo de la referida Directiva es la regulación de la reestructuración preconcursal de empresas
viables con dificultades económicas, a través de la introducción de institutos preconcursales alternativos y preventivos de la declaración de los tradicionales procedimientos judiciales concursales.
Tal y como expresa doña Juana Pulgar Ezquerra (catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid -UCM- y miembro de CERIL -Conference On European Restructuring And Insolvency Law-), la Directiva 2019/1023 introduce
institutos amistosos y negociables de composición de crisis económica con mínima intervención judicial y mecanismos de neutralización de las resistencias en las partes negociadoras, por lo que podría permitir a los Estados miembros de la Unión,
mediante su rápida transposición, evitar el aluvión de procedimientos concursales y, sobre todo, de eventuales liquidaciones en un escenario post-COVID-19 8 .
La Directiva 2019/1023 establece normas armonizadoras de tres aspectos relacionados con la insolvencia empresarial: (i) los marcos de reestructuración preventiva disponibles para los deudores en dificultades financieras cuando la
insolvencia sea inminente, con objeto de impedir la insolvencia y garantizar la viabilidad del deudor; (ii) los procedimientos para la exoneración de las deudas contraídas
8 'Reestructuracion empresarial y alarma Covid 2019: legislación preconcursal y concursa de emergencia', Juana Pulgar Ezquerra. Diario La Ley, N.º 9606, Sección Tribuna, 4 de abril de 2020, Wolters Kluwer.
por empresarios insolventes; y (iii) las medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas (art. 1.1).
Según el artículo 34 de la Directiva 2019/1023, los Estados miembros deberán transponer la misma, a más tardar, el 17 de julio de 2021. La Directiva 2019/1023, inicialmente diseñada y aprobada para un escenario post-Brexit, hoy es de vital
importancia para afrontar el tan deseado como temido escenario post-COVID-19.
La transposición de la Directiva 2019/1023 es ahora una urgencia para la supervivencia de las empresas viables y para el mantenimiento de los puestos de trabajo, permitiendo marcos de reestructuración preconcursal.
Llama la atención que, a pesar de su carácter urgente y de lo próximo del vencimiento de su plazo de transposición, la Directiva 2019/1023 ni siquiera se encuentra entre las normas incluidas en el Plan Anual Normativo de 2020, elaborado por
el Gobierno 9.
Cuarto. España dispone de uno de los marcos legales de reestructuración preconcursal más avanzados dentro de la Unión Europea, que comenzó a legislarse en el año 2008 y que avanzó en un modo significativo durante los años 2011 a 2015. Un
ejemplo de ello es la disposición adicional 4.ª de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ('Ley Concursal'), que regula los acuerdos de refinanciación en particular con homologación judicial y, en menor medida, a través de los acuerdos
extrajudiciales de pagos, pensados inicialmente para pymes particularmente afectadas por esta crisis.
Por tanto, frente a otros países de la Unión Europea ajenos a la preconcursalidad, España se encuentra en las mejores condiciones para transponer en un modo rápido la Directiva 2019/1023, potenciando con ello la utilización en la práctica de
los actuales institutos preconcursales para afrontar con eficiencia un escenario post-COVID-19. Se evitaría así la eventual saturación judicial que provendría de un aluvión de solicitudes de concursos de acreedores voluntarios o necesarios
concluido el período de alerta.
Además, para dotar de mayor idoneidad a la necesidad de transponer la Directiva 2019/1023, las reformas sustanciales de nuestra Ley Concursal se han dirigido precisamente a prevenir la insolvencia del deudor y facilitar las negociaciones y
reestructuraciones empresariales para evitar su declaración de concurso. Ello ha obedecido a la constatación de que el concurso no es un instrumento jurídico adecuado para la conservación de la actividad empresarial, como lo demuestra la realidad
en la que la gran mayoría de los concursos acaban en liquidación de la empresa, y no en convenio. Así, por ejemplo, las últimas cifras disponibles de 2018 muestran que el 70% de las empresas en concurso no tienen posibilidad de reducir su pasivo.
Por el contrario, en este mismo periodo, los convenios preconcursales salvaron el 47,6% de la deuda. Este propósito de política legislativa de prevenir la insolvencia de las empresas requiere dar una solución previa de reestructuración empresarial
preventiva, y posterior de segunda oportunidad mediante la exoneración de las deudas empresariales.
Para llevar a cabo la transposición de la Directiva 2019/1023, los elementos más urgentes que habría que introducir en nuestro Derecho habrían de incidir en tres ámbitos: (i) alertas tempranas, sobre todo para pymes, (ii) mejoras en el
régimen legal de acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pagos y (iii) reformas en la Ley Concursal para mejorar la eficiencia de los procedimientos concursales, particularmente en términos de costes.
Por otro lado, la transposición de la Directiva 2019/1023 permitiría, además, mejorar la eficiencia de nuestro procedimiento concursal, pudiendo introducirse modificaciones en la Ley Concursal que se centren en la reducción de costes
temporales del procedimiento.
En méritos a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Llevar a cabo la transposición urgente de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019.
2. Establecer un escenario post-Covid-19 favoreciendo los acuerdos de refinanciación para la supervivencia de las empresas viables y el mantenimiento de los puestos de trabajo, y permitiendo marcos de reestructuración preconcursal.
9 https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/icr:7df7e523-7a89-47b2-8428-71e6fa878f8f/PAN-2020.pdf
3. Mejorar la eficiencia del procedimiento concursal, introduciendo todas las modificaciones necesarias en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que se centren en la reducción de costes temporales del procedimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2021.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Patricia de las Heras Fernández, José María Sánchez García y Carlos José Zambrano García-Ráez, Diputados.-Macarena
Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la LPH y las
limitaciones en la actuación de las comunidades de propietarios derivadas de las restricciones por la COVID-19 para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La prohibición de celebrar reuniones de más de seis personas impuesta por las autoridades sanitarias o incluso de reuniones de no convivientes en algunas Comunidades Autónomas, para contener la tercera ola del coronavirus, está afectando
particularmente a las comunidades de vecinos que llevan un año paralizadas. Algunos propietarios han optado por las reuniones telemáticas que quedaría, según algunas interpretaciones de la norma, amparadas por la Ley de Propiedad Horizontal. Sin
embargo esta Ley no contempla explícitamente que puedan celebrase de forma telemática. De hecho, la norma prevé que los propietarios asistan presencialmente a las reuniones y caso de no poder asistir deleguen el voto en una tercera persona. Por lo
que podríamos entender que se contempla, aunque no de forma explícita la obligatoriedad del carácter presencial de esta reunión.
Estos estrictos requisitos legales, unidos a las restricciones relacionadas con el estado de alarma podrían servir de base jurídica para solicitar la anulación de cualquier encuentro informal que se haya celebrado en los últimos once meses,
según los expertos.
A pesar de ello, algunas Comunidades Autónomas que tienen regulación en este ámbito han introducido modificaciones para que las reuniones telemáticas sean posibles, aunque esto no se produce en la totalidad del territorio nacional.
Por otro lado, y fruto de la desesperaciones de los Administradores de Fincas y de los propios vecinos, y de la inacción legislativa por parte del Gobierno. Algunas comunidades de propietarios han comenzado a reunirse de forma telemática
aunque la normativa no lo contemple como una opción válida. Esto provocará, sin lugar a dudas, en un futuro cercano conflictividad judicial por la impugnación de los acuerdos en este tipo de juntas.
Todo lo anterior ha provocado que, la imposibilidad de celebrar juntas presenciales ha impedido llevar a cabo obras importantes, como la instalación de un ascensor y solicitar la subvención correspondiente. En la lista de acuerdos que deben
pasar por la junta se incluye la presentación de cuentas, aprobación de las cuentas, nuevos presupuestos o la subida de las cuotas, la reclamación de cuotas impagadas o el inicio de acciones legales que se consideren necesarias.
Por lo tanto, es necesario que se lleven a término las modificaciones legislativas necesarias para poder reanudar la actividad de las comunidades de vecinos con normalidad, haciendo uso de las herramientas disponibles para los vecinos, de
forma que se recupere la normalidad en una actividad que se considera esencial después de casi un año de paralización con las garantías jurídicas.
Por todo ello, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que habilite con carácter general y de manera urgente a través de la modificación en la Ley de Propiedad Horizontal, la posibilidad de realizar Juntas de vecinos de forma telemática.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo del grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de los establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley
para garantizar implementación de la Carta de Derechos de la ciudadanía ante la Administración de Justicia, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El 28 de mayo de 2021, se cumplen 20 años de la firma del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia entre el Gobierno de España, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular.
Entre los objetivos propuestos por el mismo, se recogía lo siguiente: 'Se persigue que la Justicia actúe con rapidez, eficacia y, calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados. Que cumpla satisfactoriamente su
función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica, al actuar con pautas de comportamiento y decisión previsibles. Que actúe como poder independiente, unitario e integrado,
con una estructura vertebrada, regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales'.
Entre los principios, objetivos y procedimientos que habrían de conformar el nuevo modelo de Justicia, y las acciones y los medios precisos para impulsar y hacerlo realidad, se recogía un punto 13 con el siguiente contenido:
'13. Una 'Carta de Derechos de los Ciudadanos' ante la Justicia, que atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada, establecerá los derechos de los usuarios de la Justicia.'
El Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado elaboró una propuesta de Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el día 16
de abril de 2002, por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, cuyos principios rectores debían ser la transparencia, información y atención adecuada y el establecimiento de los derechos de los usuarios de la Justicia, especialmente de los más
desprotegidos, para de este modo garantizar una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que
hubiera lugar.
En cuanto a la eficacia de estos derechos, la propia Carta, estableció que el Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Justicia, llevaría a cabo un seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de la Carta, a
cuyo efecto sería regularmente informado por el Gobierno y los Órganos del Estado e Instituciones públicas a los que se solicite. Además, la memoria anual elevada por el Consejo General del Poder Judicial a las Cortes Generales incluirá una
referencia específica y suficientemente detallada a las quejas, reclamaciones y sugerencias formuladas por los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Si bien una parte de la Carta ha sido llevada a término a través de las distintas reformas legislativas producidas en los últimos 19 años, es muy difícil tener un conocimiento cabal de todas aquellas reformas que pudieran necesitarse para su
plena implementación y aplicación.
Entendemos pues necesaria una recapitulación del estado de situación del desarrollo y observancia de los derechos referidos en la Carta, a fin de que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados pueda promover las medidas que
resulten oportunas de cara a su completa implantación.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara, en el plazo de tres meses, un informe exhaustivo de las actuaciones llevadas a cabo por los distintos agentes y operadores implicados en la administración de justicia a
fin de implementar y hacer efectiva la Carta de Derechos de la ciudadanía ante la Administración de Justicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-Francisco Aranda Vargas y Andrea Fernández Benéitez, Diputados.-Felipe Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/002182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán y don Agustín Rosety Fernández de Castro, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar a que España compita, desde una posición fuerte y fundamentada, por el traslado del Mando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América en África
(AFRICOM) a la Base aeronaval de Rota o a la Base aérea de Morón de la Frontera, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. El Mando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América en África (en adelante, 'AFRICOM' es el encargado de todo lo relativo a las operaciones militares de los Estados Unidos en el continente africano. Dicho mando entró
en funcionamiento en 2007 bajo la Administración de George Bush, y cuenta en este momento con 5.500 militares desplegados. Actualmente, el AFRICOM se encuentra instalado en la ciudad alemana de Stuttgart.
No obstante lo anterior y por obvias razones, siempre ha existido un debate sobre si el AFRICOM debería o no estar instalado en el propio continente africano, de tal manera que tuviera una presencia directa sobre el terreno en el que
pretende operar. Sin embargo, algunos de los argumentos que se han utilizado para desaconsejar dicho traslado serían, entre otros, el agravio comparativo respecto de otros aliados en la región, o el aumento de tensión entre países africanos, al
poder ser percibida dicha instalación como una manifestación de 'colonialismo', de injerencia de los Estados Unidos en la política de la región, etc .
Sin perjuicio de lo anterior, EE.UU. ya ha anunciado que trasladará el AFRICOM de la ciudad de Stuttgart, aunque aún no ha comunicado ni qué base ni qué país serán los nuevos huéspedes del referido mando de operaciones. Así pues, entre los
posibles candidatos se estarían barajando la base hispano-norteamericana de Rota (España), la base de Sigonella (Italia) o la base Ksar Sghir (Marruecos), e incluso se ha planteado también reubicar el AFRICOM en territorio norteamericano. 10
Segundo. Así las cosas, resulta imprescindible destacar que España, en adición a su ya de por sí posición geoestratégica privilegiada (e.g. control del Estrecho, cercarnía con África, llave del Mediterráneo), cuenta con la presencia en
Andalucía de la ya mencionada base aeronaval de Rota (Cádiz), además de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), dos instalaciones militares hispano-norteamericanas las
10 https:// www.abe.es/ es pana/ abci-moncloa-veria-importante-africom-trasladase-rota-202009160119 noticia.html
cuales, como bien apunta el profesor Guillem Colom, 'han vuelto a adquirir una gran relevancia a raíz del renovado interés de Washington por ambas bases. Su privilegiada situación -en el extremo meridional de la fachada atlántica española,
cerca del Estrecho de Gibraltar y la puerta de entrada al Mar Mediterráneo y Europa, cerca de las plazas de soberanía española situadas en el Norte de África, en un punto intermedio entre Estados Unidos y Oriente Medio, con salida al océano y
proyección al Atlántico, Mediterráneo occidental, Norte de África y Sahel- proporciona al eje Rota-Morón un enorme valor estratégico' 11.
Así, el profesor Colom señala, en relación con la base aeronaval de Rota, que la misma 'es una pieza vital en el complejo puzzle geopolítico. Su valor en la estrategia española, aliada y estadounidense está fuera de cualquier duda y su
importancia se mantendrá a pesar del giro de Washington hacia Asia-Pacífico o la irrelevancia estratégica europea. El arco de inestabilidad que comienza en la orilla sur del Mediterráneo y se extiende hacia el Golfo de Guinea puede afectar
directamente nuestra seguridad, por lo que Rota continuará siendo vital para proyectar nuestra fuerza en anticipación o respuesta a cualquier crisis' 12.
Por su parte, con respecto a la base de Morón, Colom indica que 'no solo es fundamental para garantizar la defensa del flanco sur de la Península Ibérica y proyectar el poder aéreo más allá de nuestras fronteras; sino que también constituye
un hub logístico de primer nivel en la estrategia de proyección estadounidense y uno de los pilares para la respuesta a crisis en África. El binomio Rota-Morón vuelve a ser un pilar estratégico en el mundo actual y es necesario tanto explotar las
posibilidades que ello brinda como las servidumbres que plantea el nuevo Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos' 13.
Teniendo en cuenta lo anterior, parece ser que el propio Gobierno de España vería con buenos ojos el trasladado del AFRICOM a territorio español ya que, según el diario ABC, colaboradores del presidente sí valoran la dimensión y relevancia
de la operación: 'Indudablemente que viniese el Africom sería una operación muy importante' 14.
De hecho, el propio Kirk Smith, comandante adjunto del mando del AFRICOM, ha afirmado recientemente que 'la localización de Rota es muy atractiva para el AFRICOM'. 15
Tercero. Por su parte, son varias las implicaciones positivas y de gran calado que supondría para España el traslado del AFRICOM a nuestro país.
En primer lugar, cabe destacar la contribución económica de Estados Unidos a la construcción y adecuación de las instalaciones necesarias para acoger el AFRICOM en España. Así pues, tanto la construcción y mantenimiento de las
instalaciones, como todos los bienes y servicios requeridos por el personal destacado y sus familiares, serían aspectos muy positivos que contribuirían a la dinamización y potenciación de la economía, en su caso, tanto de Rota como de Morón de la
Frontera.
En segundo lugar, aunque no menos importante, resulta vital resaltar que la llegada del AFRICOM a territorio español supondría un salto cualitativo en las relaciones bilaterales de defensa entre España y EE.UU. Así, situar el AFRICOM tanto
en Rota como en Morón sería un éxito diplomático espectacular para España, ya que colocaría a estas bases como bases estratégicas de primer orden en Europa -más si cabe-, y afianzaría las relaciones con EE.UU. Además, y es importante subrayarlo,
aumentaría la influencia de España en nuestra principal área de interés, que es la zona saheliana.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario señalar que, según el 'Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EE.UU.', el cual rige las relaciones entre ambos países en el ámbito de la Defensa, actualmente EE.UU. está habilitado
para desplegar un total de 4.250 efectivos militares y 1.000 civiles en territorio español. Todo ello sumado a los cuatro destructores Aegis, 5 aeronaves administrativas para servicios de apoyo, 13 aeronaves de reconocimiento naval y 18 aeronaves
de patrulla marítima y vigilancia oceánica de superficie.
Por tanto, de trasladarse el mando militar de EE.UU. para África a Rota o Morón y, teniendo en cuenta que el actual despliegue del AFRICOM supone 5.500 soldados, el Convenio debería modificarse con aprobación del Congreso de los Diputados.
11 Documento de investigación 02/2016, 'La geopolítica de las bases militares', Instituto de Estudios Estratégicos (IEE), Guillem Colom Piella.
12 Ibídem.
13 Ibídem.
14 https: // www.abc.es/espana/abci-moncloa-veria-importante-africom-trasladase-rota-202009160119 noticia.html
15 https: // www.abc.es/espana/abci-kirk-smith-localizacion-rota-atractiva-para-africom-202102220128 noticia.html
Cuarto. Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario VOX consideramos absolutamente perentorio que el Gobierno de España informe al Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la idoneidad estratégica y logística de
las actuales instalaciones militares o bases hispano-norteamericanas con las que cuenta nuestro país, a los efectos de que se logre la implantación del AFRICOM en España.
En este sentido, se deberían poner en marcha también todas aquellas políticas y procedimientos administrativos necesarios para hacer posible dicha implantación, máxime si se tiene en cuenta que, aunque el Gobierno de los Estados Unidos aún
no ha decidido y/o comunicado dónde recalará el AFRICOM, se encuentra actualmente barajando numerosas posibilidades.
Por todo ello y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a lo siguiente:
1. Elaborar un informe que exponga todas las ventajas y cualidades de la Base aeronaval de Rota y la Base aérea de Morón de la Frontera en relación con su posición privilegiada en materia de geoestrategia, logística, seguridad, desarrollo
de infraestructuras, climatología o de cercanía con el continente africano, entre otras, que hacen de estas bases dos emplazamientos especialmente idóneos para la instalación e implantación del AFRICOM.
2. Promover todas aquellas acciones políticas, económicas, diplomáticas o de cualquier índole necesarias al objeto de dar a conocer al Gobierno de los Estados Unidos de América la información contenida en el anteriormente referido informe,
de tal forma que España compita desde una posición fuerte y fundamentada por la instalación del AFRICOM en la Base aeronaval de Rota o en la Base aérea de Morón de la Frontera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2021.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Manuel Mestre Barea, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal y don Luis Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a instar al Gobierno a aumentar
los fondos asignados al Ministerio de Defensa con el objeto de cubrir la totalidad del coste de sostenimiento y mantenimiento de los sistemas de armas operados por las Fuerzas Armadas, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. Este año 2021, la Unión Europea se dispone a establecer, por primera vez en su historia, fondos dedicados a Defensa. No obstante, la cifra final de recursos que irán destinados a este menester es notablemente inferior a la que se
propuso en un primer momento. Concretamente, los fondos se vieron reducidos de 13.000 millones de euros a apenas 7.000 millones -según lo acordado el 21 de julio del año pasado 16-.
16 FORTE, G.S.: 'El pacto de recuperación de la UE deja el fondo de Defensa en 7.000 millones', Infodefensa, 21.07.2020. Disponible [en línea]: https: / / www.infodefensa.com/mundo/2020/07/21 /
noticia-pacto-recuperacion-fondo-defensa-millones.html#: ~:text=El% 20acuerdo % 20alcanzado % 20esta % 20madrugada,euros % 20entre % 202021 %20y% 202027.
Sin embargo, esta tendencia a la baja en los fondos europeos no sigue la tendencia global. Así, según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), en el año 2019 el gasto militar mundial alcanzó los 1.917 billones de
dólares, suponiendo un incremento del 3,6% en relación con el año 2018 y el mayor incremento anual desde 2010 17.
Cabe resaltar que este rearme global no está siendo únicamente propiciado por el aumento de gasto militar de potencias como China o India. Países europeos como el Reino Unido, Alemania, Francia, Grecia, Finlandia o Suecia, van a incrementar
de forma considerable sus fondos destinados a la Defensa Nacional.
En particular, el Reino Unido se dispone a invertir en Defensa 16.500 millones de libras en los cuatro próximos ejercicios presupuestarios. Alemania tiene proyectado un incremento cercano al 3% para el presente ejercicio. Por su parte,
Francia va a aumentar su inversión en Defensa en un 4,5 %. La República Helénica -debido a su disputa con Turquía- va doblar su inversión 18. Noruega, por ejemplo, ha previsto un aumento de sus gastos en Defensa del 27% en los próximos ocho años.
En el caso de los países escandinavos, el aumento de fondos para la Defensa se incardina en un proceso de preparación para hacer frente a la creciente amenaza que supone la Federación Rusa para estos países. La investigadora del Real
Instituto Elcano y especialista en Rusia, Mira Milosevich-Juaristi, ha definido la vuelta del Kremlin al tablero geopolítico como 'el proceso de reimperialización de Rusia' 19.
Segundo. En contraposición a lo anterior, en el caso de España, las cifras que el Gobierno ha presentado en los Presupuestos Generales del Estado (en adelante, 'PGE') del año 2021 para el Ministerio de Defensa son, cuando menos,
insuficientes. Concretamente, en los llamados 'Presupuestos para la Transformación', el Ejecutivo ha destinado 9.409 millones de euros a Defensa. Esta cifra supone un aumento del 4,6% sobre el presupuesto base del año 2020. Sin embargo, si se
observa el cuadro general de los PGE, se deduce que la cifra destinada a Defensa no llega siquiera al raquítico 0,9% del Producto Interior Bruto del país. Además, este liviano incremento de fondos es el segundo más bajo de todos los ministerios,
únicamente superado por el del Ministerio del Interior -3,9%-. Este engañoso aumento se ve eclipsado por otros que llaman poderosamente la atención. En concreto, destaca el presupuesto del Ministerio de Igualdad, que crece un 157,2% respecto al
del ejercicio anterior, y recibe 49 millones de euros de los Fondos de la Unión Europea, mientras que a Defensa apenas se destinan 25 millones de estos fondos 20.
Tercero. El pasado jueves 5 de noviembre de 2020, el aún Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general del Aire Miguel Ángel Villarroya Villalta, compareció en el Congreso de los Diputados para explicar el anteproyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2021 en materia de Defensa. En su intervención, el JEMAD destacó la problemática que las Fuerzas Armadas sufren en materia de mantenimiento. Según Villarroya, apenas el 51% de las necesidades de mantenimiento
están cubiertas en la actualidad.
Además, destacó que estos datos 'quedan muy lejos incluso del 70% que se estableció como mínimo de emergencia, forzado por los años de crisis que comenzó en 2008' 21, y que este es 'el gran lastre de las Fuerzas Armadas: la disminución
porcentual constante en los últimos años, del recurso financiero disponible para el sostenimiento de los sistemas' 22. Por último, el JEMAD señaló que 'tenemos [las Fuerzas Armadas] un alto porcentaje de materiales y sistemas inmovilizado por falta
de recursos'.
Estas declaraciones son el ejemplo palmario de la grave situación en la que se encuentran nuestras Fuerzas Armadas. Pareciese que la dirección que toma el Ejecutivo es la de diseñar unas Fuerzas Armadas de 'escaparate'. Esto es, adquirir
el armamento necesario para dotar a un número muy limitado de unidades del equipamiento pertinente para que sean desplegadas en misiones en el exterior. De esta
17 'Global military expenditure sees largest annual increase in a decade -says SIPRI-reaching $1917 billion in 2019', Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 27.04.2020. Disponible [en línea]: https:/ /
www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-mcrease-decade-says-sipri-reaching-1917-billion
18 'La defensa europea busca tomar impulso este nuevo año', Infodefensa, 04.01.2020. Disponible [en línea]: https://www.infodefensa.com/mundo/2021/01/04/noticia-defensa-europea-busca-tomar-impulso-nuevo.html
19 MILOSEVICH-JUARISTI, Mira: 'El proceso de reimperialización de Rusia, 2000-2016', Real Instituto Elcano, Documento de Trabajo 11/2016. 15.07.2016. Disponible [en línea]: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano
es/contenido?WCM GLOBAL CONTEXT=/elcano/elcano es/zonas es/dtll-2016-milosevichiuaristi-proceso-reimperializacion-rusia-2000-2016
20 TORRES SOSPEDRA, Jorge y SOTO GÓMEZ, Juan Ángel: 'España y la Unión Europea en perspectiva global: un breve análisis desde el ámbito de la defensa', New Direction. Disponible [en línea]:
https://newdirection.online/2018-publications-pdf/NDreportSP-Defence.pdf
21 6https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponibleP?codOrgano=304&codSesion=8&idLegisIaturaElegida=14&fechaSesion=05/ll /2020
22 7Ibídem.
forma, se cumplen las cuotas de compras exigidas por nuestros socios. Mientras, el resto de las Fuerzas Armadas permanece con armamento obsoleto, mantenimiento insuficiente y un ínfimo adiestramiento.
Así, estas actuaciones obedecen una visión totalmente errónea de la situación internacional.
Cuarto. En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, aprobado ya por el Congreso de los Diputados, el Programa 122N 'Apoyo Logístico', Capítulo 6, de la Sección 14 'Ministerio de Defensa', incluye los créditos
necesarios para la preparación y funcionamiento de todas las Unidades encuadradas en el Apoyo a la Fuerza. Contempla, por tanto, las retribuciones de todo el personal destinado en esas Unidades y todos los gastos que implican su despliegue,
adiestramiento e intervención en maniobras y operaciones, así como los gastos corrientes de sus acuartelamientos (gastos de electricidad, agua, gas, combustibles, trabajos realizados por otras empresas, etc.), la alimentación y equipo reglamentario.
Este programa también recoge parte de los créditos de los organismos autónomos que apoyan al ministerio. En relación con las inversiones, contempla los gastos necesarios para el correcto mantenimiento de los equipos desde que entran en
servicio hasta que se dan de baja, comprende múltiples actividades de índole logístico, principalmente, tareas de mantenimiento y abastecimiento.
En este caso, en la memoria del programa se señala lo siguiente: 'El mantenimiento de los sistemas de armas es de vital importancia para las Fuerzas Armadas, no solo por la cantidad de recursos humanos y materiales que emplea, sino por su
impacto en la seguridad, la eficacia y la operatividad de la Fuerza'.
No obstante, las declaraciones no se ajustan a los hechos. Algunos ejemplos son los siguientes:
- La partida 'Mantenimiento misiles y torpedos' no tiene presupuestados fondos para el año 2021. Sin embargo, tanto en el año 2019 como en el 2020, los fondos asignados ascendían a 1.900.000 euros.
- La partida 'Mantenimiento buques. Unidades de superficie' tampoco tiene presupuestados fondos para 2021. No obstante, tanto en 2019 como 2020 tenía asignados 569.500 euros.
- La partida 'Material logístico' tiene presupuestados 5.618.090 euros para el año 2021. Sin embargo, tanto en el año 2019 como en el 2020, los fondos asignados ascendían a 10.614.100 euros.
- La partida 'Aviones' tiene presupuestados 22.687.520 euros para el año 2021. Sin embargo, tanto en el año 2019 como en el 2020, los fondos asignados ascendían a 58.034.000 euros. Desgraciadamente, en los últimos años se han producido una
serie de accidentes aéreos cuya fatal consecuencia ha sido la pérdida de miembros de las Fuerzas Armadas. Una mayor inversión en el mantenimiento de las aeronaves se torna esencial para asegurar las máximas condiciones de seguridad a los hombres y
mujeres que componen las Fuerzas Armadas. Por ello, la drástica reducción -más de un 50%- de esta partida, deja en evidencia la falta de interés por parte de este Gobierno en esta materia.
- La partida 'Vehículos Acorazados' tiene presupuestados 11.817.100 euros para el año 2021. Sin embargo, tanto en el año 2019 como en el 2020, los fondos asignados ascendían a 24.500.200 euros. Cabe apuntar que este notable descenso
-cercano al 60%-, se produce justo cuando los medios acorazados españoles se están desplegando en el exterior. Así, la Brigada 'Extremadura' XI acometió por primera vez -en mayo de 2017- el despliegue de carros de combate Leopardo 2E.
Quinto. En síntesis, el mundo se encuentra inmerso en un nuevo proceso de rearme, en el que los viejos paradigmas globalistas han quedado obsoletos. El orden internacional liberal, del cual Europa -y en concreto, España- se ha visto
beneficiada, se encuentra en crisis. La impugnación de dicho orden por parte de potencias revisionistas -como la República Popular China y la Federación Rusa-, nos conduce a un escenario dominado por la competición estratégica por el poder. Por
este motivo, los países europeos y sobre todo España, debe despertar de su atrofia estratégica, seguir la tendencia marcada por los países de nuestro entorno y mantener unas Fuerzas Armadas adiestradas y con unos sistemas de armas plenamente
operativos.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Aumentar la partida presupuestaria del Ministerio de Defensa al objeto de dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios para asegurar el 100% de las necesidades de mantenimiento de los sistemas con los que operan.
2. Elaborar un informe que incluya el estado de eficacia de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas. En concreto, dicho informe habría de incluir lo siguiente:
- Estado de eficacia de los órganos ejecutivos de Apoyo Logístico en los Elementos Funcionales de Mantenimiento y Aprovisionamiento.
- Buques, aeronaves y sistemas inmovilizados por falta de sostenimiento.
- Estimación de la preparación logística de la Fuerza por la incidencia de estos factores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Manuel Mestre Barea, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda
161/002196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Margall Sastre, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre rebaja del tipo de
IVA para el sector de peluquería para su debate en instancia en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
A consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19, el sector de la peluquería y la estética está en una situación dramática. Dicho sector viene arrastrando desde septiembre de 2012, momento en el que el Gobierno del Partido Popular
modificó su estatus fiscal como sector de primera necesidad, las consecuencias de la modificación del tipo reducido al tipo de gravamen general del 21%.
Dicha modificación manifestada como 'temporal' en su momento y como consecuencia de la grave crisis financiera por la que atravesaba el estado español en ese momento, se ha convertido en definitiva al no ser corregida por ninguno de los
Gobiernos posteriores. Este hecho ha sumido al sector en una grave crisis de resultados que ahora, con los devastadores efectos que la crisis sanitaria está causando en la economía, está provocando la paulatina extinción de la actividad tal y como
se conocía hasta la fecha.
El sector ha perdido en el último año no natural más del 30% de las empresas que existían, más de 30.000 trabajadores han ido al paro y aún hay unos 8.000 trabajadores en ERTE, lo que supone la pérdida del 40% de los empleos existentes en el
sector hace un año. De no mejorar el contexto, las previsiones del sector presagian la duplicidad de esas cifras en los próximos seis meses de forma irremisible.
El sector de la peluquería y la estética es un sector eminentemente artesano donde el 90% del tejido empresarial son micro pymes con menos de 3 trabajadores y que da cabida principalmente a los tres colectivos más desfavorecidos y
vulnerables del mercado laboral, como son las mujeres, los jóvenes o las personas trabajadoras autónomas. Así pues, las cifras muestran que más del 50% de los establecimientos existentes son regentados por su propio propietario, una persona
trabajadora autónoma, que a la vez es el único trabajador del establecimiento.
Se trata sin duda de un servicio esencial para la población que además ha debido de adaptar su funcionamiento y protocolos a las actuales circunstancias, asumiendo un sobrecoste para garantizar la seguridad de sus trabajadores y clientes con
un éxito suficientemente contrastado. Así, desde el inicio de la pandemia no se ha detectado ni un solo foco de contagio derivado de la prestación de sus servicios en ningún establecimiento de peluquería y estética.
La extrema fragilidad del sector de la peluquería y la estética después de más de 8 años de un IVA desproporcionado hace extremadamente urgente la necesidad de recuperar su tipo de IVA reducido como primera medida de un urgente e
imprescindible plan de rescate sectorial que salve al sector de la crisis económica y social provocada por la pandemia de la Covid-19.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a restaurar el tipo de IVA reducido del 10% para el sector de salones de Peluquería y Estética actualmente grabado al tipo general del 21%.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2021.-Joan Margall Sastre, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/002205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Víctor González Coello de Portugal, don Rodrigo Jiménez Revuelta, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Rubén Silvano Manso Olivar, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en
sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
provisión de la vacante existente en la Presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para su discusión en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Primero. La actividad empresarial del estado está encomendada, principalmente, a una entidad controlada por políticos sin conocimientos empresariales ni experiencia de gestión.
1. La actividad empresarial del Estado se instrumenta, principalmente, a través de dos pilares básicos, que aglutinan la mayoría de la participación estatal en las entidades de su sector público empresarial: el Grupo SEPI y el Grupo
Patrimonio. Ambos dependen del Ministerio de Hacienda.
2. De acuerdo con su propia página web, 'la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial. Su misión es
rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas las actuaciones atendiendo al interés público. De esta forma, la gestión de SEPI debe aunar la rentabilidad económica y la rentabilidad social'.
3. SEPI tiene la naturaleza jurídica de entidad pública empresarial ('EPE') y fue establecida por la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público, asumiendo las funciones del Instituto Nacional de
Industria (INI).
4. Esta EPE se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda, bajo la dependencia orgánica de la propia ministra, doña María Jesús Montero Cuadrado. Sin embargo, es llamativo que el artículo 10 de la citada Ley 5/1996 dispuso la adscripción
de SEPI 'al Ministerio de Industria y Energía, el cual ejercerá el control de eficacia sobre su actividad', algo indudablemente más apropiado al carácter y la misión de la entidad. De hecho, es llamativo que el instrumento estatal dirigido a
rentabilizar y maximizar las participaciones empresariales del Estado sea atribuido al departamento que ha de controlar el gasto y el cumplimiento del presupuesto, y no al Ministerio de Industria o al de Economía. Ello es, sin duda, una buena
muestra de la escasa mentalidad innovadora y empresarial de quienes se han alternado en los Gobiernos de la Nación.
5. SEPI es la matriz de un grupo de sociedades formado por 15 empresas participadas de forma directa y mayoritaria por el Estado. Estas constituyen propiamente el Grupo SEPI y reúnen una plantilla final de 80.000 personas. Entre ellas se
encuentran Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA ('Correos'), Navantia, SA, SME ('Navantia') o Mercados Centrales de Abastecimiento, SA, SME ('Mercasa').
6. Asimismo, SEPI posee el 100% de la Corporación RTVE, dispone de una fundación pública tutelada y ostenta participaciones directas minoritarias en nueve empresas (entre otras, Enagás, SA 'Enagás', Ebro Foods, SA 'Ebro Foods' o Red
Eléctrica Corporación, SA 'Red Eléctrica') e indirectas en más de 100 sociedades.
7. SEPI es, en consecuencia, uno de los mayores grupos empresariales de España. Es claro que una correcta gestión de esta entidad sería extremadamente beneficiosa para España y para sus ciudadanos.
8. El otro grupo estatal de empresas pertenecientes a sectores no industriales es el denominado 'Grupo Patrimonio', incardinado orgánicamente en la Dirección General de Patrimonio del Estado (también dependiente del Ministerio de Hacienda).
En este grupo se localizan sociedades como Paradores de Turismo de España, SA, SME ('Paradores'), la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SA, SME ('Loterías') o la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, Compañía de
Seguros y Reaseguros, SME (CESCE).
9. Como se observa, bajo la directa dependencia del poder político y, en particular, de la ministra de Hacienda, se ubican un sinnúmero de empresas total o parcialmente participadas por el Estado. Como parece que no puede ser de otra
manera, el poder político orienta gran parte de sus actuaciones en SEPI no a la maximización del interés general, sino a su instrumentalización como un granero de sueldos públicos y altos cargos para ser destinados a sus deudores.
10. En las últimas semanas, distintos medios de comunicación han alertado de que SEPI, principal instrumento empresarial del Estado, ha cumplido 500 días sin presidente, actuando como tal el vicepresidente, de forma interina 23.
11. Lo anterior es especialmente relevante cuando el conglomerado empresarial estatal es responsable de la gestión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado y regulado por el artículo 2 del Real Decreto-ley 25/2020,
de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Este Fondo de rescate solo ha formalizado una operación, prestando 475 millones de euros a Air Europa Holding, SLU, Air Europa Líneas Aéreas, SAU y Aeronova, SLU
para facilitar su absorción por Iberia Líneas Aéreas de España, SA.
Segundo. El Gobierno actual ha hecho del nepotismo y de la falta de meritocracia las características fundamentales de su política de nombramientos de directivos públicos.
12. Tradicionalmente, un cambio de Gobierno supone el relevo de una pléyade de altos cargos en el Ejecutivo, en la Administración y en las empresas públicas. Ello impide que España disponga de una dirección pública estable,
profesionalizada e inmune a los vaivenes del poder político. En consecuencia, la calidad de nuestro sistema institucional se deteriora y los sistemas de contrapesos a posibles (y habituales) Gobiernos ineficaces desaparecen.
13. Lo anterior, que es por desgracia recurrente en nuestro sistema, ha alcanzado cotas de ignominia insuperables tras la vuelta al poder del Partido Socialista Obrero Español ('PSOE') en el mes de junio de 2018. De forma aún más acusada,
tras la génesis del Gobierno de coalición 'progresista' entre PSOE y Podemos en enero de 2020.
14. La voracidad de ambos partidos en la designación de altos cargos ha hecho de la cúpula del Gobierno, de la Administración General del Estado y de los sectores públicos institucional y empresarial una agencia de colocación al servicio de
los partidos referidos. El único objetivo es repartir prebendas entre amigos, devolver favores y sacar del paro a personas con escasa preparación y nula experiencia de gestión. Se han reducido al absurdo los mandatos de objetividad, independencia,
profesionalidad y transparencia exigidos por el ordenamiento jurídico.
15. Los hechos muestran que la práctica totalidad de los más altos puestos del Estado está copada por adláteres de los partidos del Gobierno de coalición. Veamos algunos ejemplos en el sector público empresarial:
(i) Red Eléctrica (participada por el Estado en un 20% a través de SEPI).
En julio de 2018 fue nombrado presidente de esta mercantil estatal un exministro del PSOE, que dimitió a finales de enero de 2020 por desavenencias con la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, doña Teresa Ribera
Rodríguez. A este le sucedió una exministra de Vivienda, también con el PSOE, íntima amiga del actual presidente del Gobierno y a la que no se le conoce formación en materia de energía. El sueldo anual de quien ostenta este cargo asciende a
540.000 euros.
(ii) Paradores (participada al 100% por el Estado a través de la Dirección General de Patrimonio).
También en julio de 2018 fue designado presidente y consejero delegado de Paradores un exsecretario general del PSOE castellanoleonés, exsecretario de Organización federal y exsenador por este partido.
23 https:/ / www.elmundo.es/economia/2021702/12/60258646fdddffb6a38b4686.html
Por ello percibe un sueldo fijo anual de 150.000 euros y un variable de hasta 32.000 euros a pesar de no tener formación empresarial ni experiencia de gestión alguna.
Adicionalmente, en julio de 2020 se nombraron dos nuevos miembros en el Consejo de Administración de Paradores: uno de ellos fue coordinador de la Secretaría de Participación, Redes e Innovación del PSOE y, hasta su nombramiento, era
director del Gabinete Técnico del secretario general de Presidencia del Gobierno, don Félix Bolaños García, y miembro del Comité regional del PSOE de Murcia; otro era asesor parlamentario de la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo,
en esta fecha se renovó en su cargo a un sindicalista de UGT y vinculado al PSOE.
(iii) Enagás (participada por el Estado en un 5% a través de SEPI).
Los tres últimos propuestos por SEPI para formar parte, como independientes, del Consejo de Administración de esta compañía gasista están estrechamente vinculados a los partidos del Gobierno de coalición.
Así, uno de los dos miembros pertenecientes al PSOE fue secretario de Organización y vicesecretario general de este partido, diputado, ministro de Fomento y eurodiputado; el otro fue alcalde de Cornellá de Llobregat, presidente de la
Diputación de Barcelona, primer secretario del Partido Socialista de Cataluña ('PSC'), diputado, ministro de Industria, Comercio y Turismo, presidente de la Generalidad de Cataluña y senador.
El miembro vinculado a Podemos es el único de los tres que posee estudios superiores y se ha caracterizado por rechazar, desde su puesto en el Observatorio Crítico de la Energía, tanto el uso del gas como las grandes empresas que lo
promueven. Podemos instó su nombramiento en la 'Comisión Nacional de Expertos en Transición Energética' convocada por el gobierno de don Mariano Rajoy Brey.
(iv) Rente Operadora SA, SME (participada al 100% por el Estado).
Su presidente fue jefe de gabinete de don José Montilla Aguilera en el Ministerio de Industria, secretario general de Presidencia de la Generalidad de Cataluña en el mandato del señor Montilla Aguilera y secretario de Estado de Transportes
bajo la presidencia de don José Luis Rodríguez Zapatero.
(v) Correos (participada al 100% por el Estado a través de SEPI).
Su máximo dirigente pasó en julio de 2018 de ser jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y del señor Sánchez Pérez-Castejón a ocupar la Presidencia de esta importante mercantil estatal, cargo que lleva aparejado un sueldo
anual de 200.000 euros. Tampoco se le conoce formación específica ni experiencia de gestión empresarial, a pesar de que Correos tiene una cifra de negocio de más de 2.000 millones de euros.
En los últimos días se ha conocido que Correos ha cuadruplicado la previsión oficial de pérdidas presentada a SEPI para el ejercicio 2021 (de los 68 millones de euros que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 a más de
300 millones). Ello, a pesar de que 2020 se ha caracterizado por un enorme crecimiento de las empresas de reparto y transporte.
(vi) Aena, SA, SME ('AENA', participada al 100% por el Estado).
Su presidente desde julio de 2018 fue portavoz del PSC en el Parlamento catalán y miembro del grupo de expertos que don Pedro Sánchez Pérez-Castejón creó para las elecciones de 2015. Por su cargo actual cobra un sueldo fijo de 156.000 euros
y un variable de hasta 12.000 euros.
Por otro lado, uno de los consejeros independientes de esta mercantil estatal desde enero de 2019 fue portavoz del partido Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados durante un largo período, así como consejero de Gobernación de la
Generalidad de Cataluña. Otro de los consejeros con esta calificación desde abril de 2019 fue alcalde de Barcelona con el PSC, y recientemente ha sido también designado presidente de Hispasat, SA a propuesta de SEPI.
(vii) Mercasa (participada al 100% por el Estado a través de SEPI).
Mercasa es la sociedad mercantil estatal que gestiona la llamada 'Red de Mercas', compuesta por 23 grandes complejos de distribución mayorista del sector de la alimentación. Esta empresa controla el 65% de las ventas de fruta y verdura en
nuestro país. Su presidente carece de la suficiente preparación académica para dicho puesto, habiendo sido designado en este cargo tras desempeñar cargos en política al servicio del PSOE en Alicante y la Comunidad Valenciana. Percibe 170.000 euros
anuales.
(viii) ENUSA Industrias Avanzadas SA, SME ('ENUSA', participada al 100% por el Estado a través de SEPI).
Esta mercantil estatal se dedica al sector de la energía nuclear y el medio ambiente. Su presidente fue nombrado para el cargo en julio de 2018. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, y su carrera profesional ha estado
vinculada en todo momento al PSOE valenciano y, especialmente, al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Por este cargo recibe un sueldo anual de 210.000 euros.
(ix) Compañía Española de Tabaco en Rama, SA, SME ('Cetarsa', participada al 79,18% por el Estado a través de SEPI).
En julio de 2018 fue designado presidente de Cetarsa (la mayor compañía del sector tabacalero en España) un afiliado al PSOE extremeño sin educación superior y cuya trayectoria laboral se ha limitado a enlazar puestos públicos vinculados a
dicho partido (senador por Cáceres, presidente de la Diputación de Cáceres o alcalde de Casar de Cáceres). La Presidencia que ostenta lleva aparejado un sueldo de 140.000 euros anuales.
(x) Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA, SME ('ENRESA', participada al 20% por el Estado a través de SEPI).
El presidente de ENRESA desde julio de 2018 proviene también de la Junta de Extremadura, donde ha desempeñado varios cargos de responsabilidad bajo el auspicio del PSOE.
(xi) Sociedad Estatal de Acción Cultural, SA ('SEACSA', participada al 100% por el Estado a través de la Dirección General de Patrimonio).
En febrero de 2020 fue nombrado presidente de SEACSA un reputado miembro del PSOE que ha desempeñado numerosos cargos de confianza, como jefe de Gabinete de don José Luis Rodríguez Zapatero (200-2004) o secretario de Cultura de la Comisión
Ejecutiva Federal del partido (2004-2012), además de haber sido diputado por Málaga en el Congreso entre los años 2004 y 2016.
16. Es conocido que la actual ministra de Hacienda ostentaba hasta su nombramiento el cargo de consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, bajo la Presidencia de doña Susana Díaz Pacheco.
17. Y, por si los ejemplos anteriores no fueran suficientes para hacerse una idea del nepotismo existente en el sector público empresarial del Estado y en el Ministerio de Hacienda, no puede pasarse por alto el curioso fenómeno que ha
supuesto la designación ministerial de la señora Montero Cuadrado: el desembarco de un gran número de socialistas andaluces que habían quedado relegados en la nueva administración autonómica después de 40 años de gobierno continuado del PSOE. Así:
(i) SEPI Desarrollo Empresarial, SA, SME ('Sepides', participada al 100% por el Estado a través de SEPI).
Sepides es la mercantil encargada de rentabilizar las acciones y participaciones del Grupo SEPI. Su actual presidente, al que los medios de comunicación otorgan posibilidades para ser presidente de SEPI, ha trabajado durante años en puestos
vinculados al PSOE y al abrigo de la ministra de Hacienda. La Presidencia de Sepides conlleva la percepción de un salario anual de 116.000 euros.
Asimismo, el actual secretario general y del Consejo de Administración y director de la asesoría jurídica de Sepides fue hasta su nombramiento letrado jefe del Servicio Jurídico Provincial de Almería, incardinado orgánicamente en la entonces
Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática del gobierno andaluz, entonces en manos del PSOE.
(ii) Navantia (participada al 100% por el Estado a través de SEPI).
Navantia es la mercantil estatal dedicada al diseño y construcción de buques y de sistemas de combate. Su expresidenta fue nombrada para el cargo en julio de 2018 tras haber desempeñado anteriormente varios puestos vinculados al PSOE en la
Junta de Andalucía, al refugio de la señora Montero Cuadrado (el último, de coordinadora del servicio de extinción de incendios). Cesó recientemente, habiendo percibido por este cargo un sueldo anual de 181.300 euros.
El nombramiento de la persona mencionada trajo consigo, asimismo, la destitución de don Alejandro Ballestero de Diego de la Presidencia de Sainsel Sistemas Navales, SAU, sociedad participada por Navantia e Indra y designado por el Gobierno
anterior. Ello, pese a que en su mandato había logrado unos notables resultados económicos en comparación con la trayectoria anterior de la mercantil.
Asimismo, en Navantia ha sido designado consejero un asesor de la ministra de Trabajo y Economía Social, doña Yolanda Díaz Pérez, que hasta su designación en el Ministerio fungía como diputado de En Marea-Podemos en el Parlamento regional de
Galicia.
(iii) Loterías (participada al 100% por el Estado a través de la Dirección General de Patrimonio).
El presidente de Loterías desde el 26 de julio de 2018 percibe por el ejercicio de dicho cargo un salario anual de alrededor de 214.000 euros. Sus antecedentes son el desempeño de diversos puestos de responsabilidad en la Junta de Andalucía
durante la larga administración socialista, entre ellos los de director general de Política Digital o de Presupuestos, ambos bajo las órdenes de la actual ministra de Hacienda.
(iv) Indra Sistemas, SA ('Indra', participada al 20% por el Estado a través de SEPI).
Indra ha incorporado recientemente a su Consejo de Administración a un exministro de Industria, Turismo y Comercio y excandidato a la Alcaldía de Madrid por el PSOE, así como a un diputado socialista por Sevilla desde 1986 a 2011, ambos
propuestos por SEPI.
(v) Ebro Poods (participada al 13,36% por el Estado a través de SEPI).
Esta compañía es la mayor del sector de la alimentación en España, con cifras de ventas astronómicas. Pues bien, en diciembre de 2018 se nombró miembro de su Consejo de Administración a un funcionario de la Junta de Andalucía que desempeñó
diversos puestos bajo el mandato, también, de la señora Montero Cuadrado.
18. Paradójicamente, el Gobierno 'más feminista de la historia de España' apenas cuenta con mujeres para la dirección de las empresas públicas incardinadas en la Administración General del Estado.
Tercero. La presidencia de SEPI se encuentra vacante desde octubre de 2019.
19. El artículo 15.1 de la Ley 5/1996 establece que 'el Presidente y el Vicepresidente de la Sociedad, que tendrán la condición de alto cargo, serán nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Hacienda y
Función Pública. [...] El Vicepresidente de la Sociedad sustituirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerá aquellas funciones que el Presidente o el Consejo le deleguen'.
20. Por su parte, el artículo 2.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado preceptúa que 'el nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas [...].
Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar'. Asimismo, 'el ejercicio del alto cargo queda sometido a la observancia [...] de los siguientes principios':
interés general, integridad, objetividad, transparencia y responsabilidad y austeridad.
21. Teniendo en cuenta el contexto referido en el Expositivo anterior, no es de extrañar que en el Real Decreto 616/2018, de 22 de junio se designase como presidente de SEPI a una persona íntimamente ligado a la ministra a la que se
encomendaba el control de esta EPE, doña María Jesús Montero Cuadrado.
22. En el momento de su nombramiento, y desde 2016, el designado presidente sirvió como titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que es el máximo órgano de control interno y de contabilidad pública de la gestión
económica de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades dependientes. La Intervención General estaba adscrita a la entonces Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirigía la actual ministra de Hacienda.
Anteriormente, ejerció como secretario general de Innovación, Industria y Energía en la Junta de Andalucía
23. Tras su dimisión, y ante la falta de provisión de un nuevo presidente, el vicepresidente de SEPI, don Bartolomé Lora Toro, asumió de forma interina las funciones de presidente el 5 de octubre de 2019.
Cuarto. Debe nombrarse cuanto antes un nuevo presidente que reúna los caracteres de excelencia personal y profesional y de experiencia de buena gestión.
24. Anteriormente se ha evidenciado la rapidez del Gobierno para la colocación de personas de su entorno en las distintas empresas públicas, así como el amplio historial de nombramientos efectuado. Esto provoca que resulte aún más extraño
que, más de 500 días después de la dimisión del nombrado presidente de SEPI, el importante Holding de empresas públicas y semipúblicas continúe sin máximo dirigente. Ello, en un contexto de emergencia económica en el que es imprescindible que esta
desarrolle sus labores a su máxima capacidad.
25. Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto cómo uno de los principales grupos empresariales del país está sometido al capricho personal del titular correspondiente del departamento de Hacienda, y no a los criterios objetivos que
deberían regir en este tipo de supuestos. El retraso doloso en el nombramiento de un nuevo presidente de SEPI es una nueva muestra de la degradación y el descaro en que está instalada la clase política dirigente.
26. Como se ha evidenciado, la política de nombramientos del Gobierno no invita a la esperanza. Sin embargo, es indispensable que se proceda de inmediato a la designación de una persona que reúna la idoneidad, la honorabilidad y la 'debida
formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar' exigidas por la Ley.
27. Adicionalmente, la persona nombrada ha de ser independiente a las presiones de un Gobierno que torpedea sistemáticamente los mandatos de excelencia, objetividad, independencia, profesionalidad y transparencia exigidos por el
ordenamiento jurídico para quienes se incorporen a puestos de dirección pública. Estos requisitos deben observarse con mayor esmero en un cargo de la envergadura y responsabilidad del presidente de SEPI.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a nombrar, mediante el procedimiento establecido en la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público, y de acuerdo con los requisitos señalados en la Ley
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, un nuevo presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de manera que se designe para este alto cargo de la Administración a
una persona de sobresaliente experiencia profesional en los campos económico, empresarial e industrial, de robusta independencia y reconocido prestigio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2021.-Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez Revuelta, Inés María Cañizares Pacheco, Rubén Silvano Manso Olivar, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y José María Figaredo
Álvarez-Sala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Víctor González Coello de Portugal, don Rodrigo Jiménez Revuelta, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Rubén Silvano Manso Olivar, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en
sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la destitución
del Presidente de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA y el nombramiento de uno nuevo, para su discusión en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Primero. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA.
La sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA ('Correos') fue creada en 1716 con el fin de prestar un servicio público de comunicaciones a los españoles. Su misión ha ido ampliándose con el paso del tiempo y con el desarrollo de las
tecnologías, hasta llegar a abarcar no solo el servicio de las comunicaciones físicas, sino también de las digitales y de paquetería.
Correos tiene la forma jurídica de una sociedad anónima mercantil participada al 100% por el Estado, en virtud del artículo 58 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social y del Anexo I de la
Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal. Esta
participación se articula a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ('SEPI'), entidad pública empresarial incardinada orgánicamente en el Ministerio de Hacienda.
Como sociedad mercantil estatal, su régimen jurídico es el dispuesto en los artículos 3.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y 166 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
El Grupo Correos está formado por una sociedad matriz -la ya referida- y tres filiales: Correos Express (entrega de paquetería urgente), Nexea (gestión documental para las comunicaciones masivas de empresas con sus clientes) y Correos
Telecom (gestión de la red de telecomunicaciones del grupo).
Correos es una gran empresa, con más de 50.000 empleados y con una cifra anual de negocios superior a los dos mil doscientos millones de euros, según se refleja en el último Informe Anual publicado por la entidad:
En materia de gobierno corporativo, el artículo 8.1 del Reglamento interno del Consejo de Administración de Correos establece el siguiente criterio para los nombramientos del presidente y vocales de este órgano:
'El Consejo de Administración, en la medida de sus posibilidades, cuidará y propondrá a los accionistas la presencia en su seno de personas que, además de cumplir los requisitos legales y estatutarios que el cargo exige, se signifiquen por
poseer los conocimientos, prestigio y experiencia profesionales adecuados al ejercicio de sus funciones.'
Es decir, la valía profesional debe regir la selección de los candidatos que ocupen cargos en el Consejo de Administración para garantizar el buen desempeño de sus funciones.
El respeto de este criterio meritocrático reviste una especial importancia en una empresa de gran facturación, que no solo es de participación pública, sino que además desempeña un servicio público. Tal y como se establece en la disposición
adicional primera de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, su servicio es de importancia estratégica para el país.
Segundo. La Administración Pública como agencia de colocación al servicio de los partidos del Gobierno.
El 19 de julio de 2018, poco tiempo después de que don Pedro Sánchez Pérez-Castejón se aupara a la Presidencia del Gobierno, fue designado presidente de Correos don Juan Manuel Serrano Quintana.
El señor Serrano Quintana, que por este cargo percibe casi 200.000 euros anuales, refine entre sus méritos tener una vinculación íntima con el PSOE y, en particular, con el actual presidente del Gobierno. No en vano, fue jefe de Gabinete de
la Comisión Ejecutiva Federal de los socialistas y del señor Sánchez Pérez-Castejón hasta la moción de censura. En ese momento fue recompensado con la Presidencia de una de las mayores empresas públicas por número de empleados y facturación, además
de uno de los mejores sueldos del sector público empresarial. Ello, por supuesto, sin tener formación específica en la materia ni experiencia alguna de gestión.
Tradicionalmente, un cambio de Gobierno supone el relevo de una pléyade de altos cargos en el Ejecutivo, en la Administración y en las empresas públicas. Ello impide que España disponga de una dirección pública estable, profesionalizada e
inmune a los vaivenes del poder político. En consecuencia, la calidad de nuestro sistema institucional se deteriora y los sistemas de contrapesos a posibles (y habituales) Gobiernos ineficaces desaparecen.
Lo anterior, que es por desgracia recurrente en nuestro sistema, ha alcanzado cotas de ignominia insuperables tras la vuelta al poder del PSOE en el mes de junio de 2018. De forma aún más acusada, tras la génesis del Gobierno de coalición
'progresista' entre PSOE y Podemos en enero de 2020.
La voracidad de ambos partidos en la designación de altos cargos ha hecho de la cúpula del Gobierno, de la Administración General del Estado y de los sectores públicos institucional y empresarial una enorme agencia de colocación al servicio
de los partidos referidos. El único objetivo es repartir prebendas entre amigos, devolver favores y sacar del paro a personas con escasa preparación y nula experiencia de gestión. Se han reducido al absurdo los mandatos de objetividad,
independencia, profesionalidad y transparencia exigidos por el ordenamiento jurídico.
Los hechos muestran que la práctica totalidad de los más altos puestos del Estado está copada por adláteres de los partidos del Gobierno de coalición. Veamos algunos ejemplos en el sector público empresarial:
(i) Red Eléctrica Corporación, SA (participada por el Estado en un 20% a través de SEPI).
En julio de 2018 fue nombrado presidente de esta mercantil estatal un exministro del PSOE, que dimitió a finales de enero de 2020 por desavenencias con la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, doña Teresa Ribera
Rodríguez. A este le sucedió una exministra de Vivienda, también con el PSOE, íntima amiga del actual presidente del Gobierno y a la que no se le conoce formación en materia de energía. El sueldo anual de quien ostenta este cargo asciende a
540.000 euros.
(ii) Paradores de Turismo de España, SA (participada al 100% por el Estado a través de la Dirección General de Patrimonio).
También en julio de 2018 fue designado presidente y consejero delegado de Paradores un exsecretario general del PSOE castellanoleonés, exsecretario de Organización federal y exsenador por este partido. Por ello percibe un sueldo fijo o
anual de 150.000 euros y un variable de hasta 32.000 euros a pesar de no tener formación empresarial ni experiencia de gestión alguna.
Adicionalmente, en julio de 2020 se nombraron dos nuevos miembros en el Consejo de Administración de Paradores: uno de ellos fue coordinador de la Secretaría de Participación, Redes e Innovación del PSOE y, hasta su nombramiento, era
director del Gabinete Técnico del secretario general de Presidencia del Gobierno, don Félix Bolaños García, y miembro del Comité regional del PSOE de Murcia); otro era asesor parlamentario de la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo,
en esta fecha se renovó en su cargo a un sindicalista de UGT y vinculado al PSOE.
(iii) Enagás, SA (participada por el Estado en un 5% a través de SEPI).
Los tres últimos propuestos por SEPI para formar parte, como independientes, del Consejo de Administración de esta compañía gasista están estrechamente vinculados a los partidos del Gobierno de coalición.
Así, uno de los dos miembros pertenecientes al PSOE fue secretario de Organización y vicesecretario general de este partido, diputado, ministro de Fomento y eurodiputado; el otro fue alcalde de Cornellá de Llobregat, presidente de la
Diputación de Barcelona, primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, diputado, ministro de Industria, Comercio y Turismo, presidente de la Generalidad de Cataluña y senador.
El miembro vinculado a Podemos es el único de los tres que posee estudios superiores y se ha caracterizado por rechazar, desde su puesto en el Observatorio Crítico de la Energía, tanto el uso del gas como las grandes empresas que lo
promueven. Podemos instó su nombramiento en la 'Comisión Nacional de Expertos en Transición Energética' convocada por el gobierno de don Mariano Rajoy Brey.
(iv) Renfe Operadora SA, SME (participada al 100% por el Estado).
Su presidente fue jefe de gabinete de don José Montilla Aguilera en el Ministerio de Industria, secretario general de Presidencia de la Generalidad de Cataluña en el mandato del señor Montilla Aguilera y secretario de Estado de Transportes
bajo la presidencia de don José Luis Rodríguez Zapatero.
(v) Aena, SA, SME (participada al 100% por el Estado).
Su presidente desde julio de 2018 fue portavoz del PSC en el Parlamento catalán y miembro del grupo de expertos que don Pedro Sánchez Pérez-Castejón creó para las elecciones de 2015. Por su cargo actual cobra un sueldo fijo de 156.000 euros
y un variable de hasta 12.000 euros.
Por otro lado, uno de los consejeros independientes de esta mercantil estatal desde enero de 2019 fue portavoz del partido Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados durante un largo período, así como consejero de Gobernación de la
Generalidad de Cataluña. Otro de los consejeros con esta calificación desde abril de 2019 fue alcalde de Barcelona con el PSC, y recientemente ha sido también designado presidente de Hispasat, SA a propuesta de SEPI.
(vi) Mercados Centrales de Abastecimiento, SA (participada al 100% por el Estado a través de SEPI).
Mercasa es la sociedad mercantil estatal que gestiona la llamada 'Red de Mercas', compuesta por 23 grandes complejos de distribución mayorista del sector de la alimentación. Esta empresa controla el 65% de las ventas de fruta y verdura en
nuestro país. Su presidente carece de la suficiente preparación académica para dicho puesto, habiendo sido designado en este cargo tras desempeñar cargos en política al servicio del PSOE en Alicante y la Comunidad Valenciana. Percibe 170.000 euros
anuales.
(vii) ENUSA Industrias Avanzadas SA, SME ('ENUSA', participada al 100% por el Estado a través de SEPI).
Esta mercantil estatal se dedica al sector de la energía nuclear y el medio ambiente. Su presidente fue nombrado para el cargo en julio de 2018. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, y su carrera profesional ha estado
vinculada en todo momento al PSOE valenciano y, especialmente, al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Por este cargo recibe un sueldo anual de 210.000 euros.
(viii) Compañía Española de Tabaco en Rama, SA, SME (participada al 79,18% por el Estado a través de SEPD.
En julio de 2018 fue designado presidente de Cetarsa (la mayor compañía del sector tabacalero en España) un afiliado al PSOE extremeño sin educación superior y cuya trayectoria laboral se ha limitado a enlazar puestos públicos vinculados a
dicho partido (senador por Cáceres, presidente de la Diputación de Cáceres o alcalde de Casar de Cáceres). La Presidencia que ostenta lleva aparejado un sueldo de 140.000 euros anuales.
(ix) Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA, SME (participada al 20% por el Estado a través de SEPI).
El presidente de ENRESA desde julio de 2018 proviene también de la Junta de Extremadura, donde ha desempeñado varios cargos de responsabilidad bajo el auspicio del PSOE.
(x) Sociedad Estatal de Acción Cultural, SA (participada al 100% por el Estado a través de la Dirección General de Patrimonio).
En febrero de 2020 fue nombrado presidente de SEACSA un reputado miembro del PSOE que ha desempeñado numerosos cargos de confianza, como jefe de Gabinete de don José Luis Rodríguez Zapatero (200-2004) o secretario de Cultura de la Comisión
Ejecutiva Federal del partido (2004-2012), además de haber sido diputado por Málaga en el Congreso entre los años 2004 y 2016.
(xi) SEPI Desarrollo Empresarial, SA, SME (participada al 100% por el Estado a través de SEPI).
Sepides es la mercantil encargada de rentabilizar las acciones y participaciones del Grupo SEPI. Su actual presidente, al que los medios de comunicación otorgan posibilidades para ser presidente de SEPI, ha trabajado durante años en puestos
vinculados al PSOE y al abrigo de la ministra de Hacienda. La Presidencia de Sepides conlleva la percepción de un salario anual de 170.016,50 euros en 2019.
Asimismo, el actual secretario general y del Consejo de Administración y director de la asesoría jurídica de Sepides fue hasta su nombramiento letrado jefe del Servicio Jurídico Provincial de Almería, incardinado orgánicamente en la entonces
Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática del gobierno andaluz, entonces en manos del PSOE.
(xii) Navantia (participada al 100 % por el Estado a través de SEPI).
Navantia es la mercantil estatal dedicada al diseño y construcción de buques y de sistemas de combate. Su expresidenta fue nombrada para el cargo en julio de 2018 tras haber desempeñado anteriormente varios puestos vinculados al PSOE en la
Junta de Andalucía, al refugio de la señora Montero Cuadrado (el último, de coordinadora del servicio de extinción de incendios). Cesó recientemente, habiendo percibido por este cargo un sueldo anual de 181.300 euros.
El nombramiento de la persona mencionada trajo consigo, asimismo, la destitución de don Alejandro Ballestero de Diego de la Presidencia de Sainsel Sistemas Navales, SAU, sociedad participada por Navantia e Indra y designado por el Gobierno
anterior. Ello, pese a que en su mandato había logrado unos notables resultados económicos en comparación con la trayectoria anterior de la mercantil.
Asimismo, en Navantia ha sido designado consejero un asesor de la ministra de Trabajo y Economía Social, doña Yolanda Díaz Pérez, que hasta su designación en el Ministerio fungía como diputado de En Marea-Podemos en el Parlamento regional de
Galicia.
(xiii) Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SA (participada al 100 % por el Estado a través de la Dirección General de Patrimonio).
El presidente de Loterías desde el 26 de julio de 2018 percibe por el ejercicio de dicho cargo un salario anual de alrededor de 214.000 euros. Sus antecedentes son el desempeño de diversos puestos de responsabilidad en la Junta de Andalucía
durante la larga administración socialista, entre ellos los de director general de Política Digital o de Presupuestos, ambos bajo las órdenes de la actual ministra de Hacienda.
(xiv) Indra Sistemas, SA (participada al 20 % por el Estado a través de SEPI).
Indra ha incorporado recientemente a su Consejo de Administración a un exministro de Industria, Turismo y Comercio y excandidato a la Alcaldía de Madrid por el PSOE, así como a un diputado socialista por Sevilla desde 1986 a 2011, ambos
propuestos por SEPI.
(xv) Ebro Foods, SA (participada al 13,36 % por el Estado a través de SEPI).
Esta compañía es la mayor del sector de la alimentación en España, con cifras de ventas astronómicas. Pues bien, en diciembre de 2018 se nombró miembro de su Consejo de Administración a un funcionario de la Junta de Andalucía que desempeñó
diversos puestos bajo el mandato, también, de la señora Montero Cuadrado.
Tercero. Los hitos de la presidencia del señor Serrano Quintana en Correos.
La trayectoria de don Juan Manuel Serrano Quintana al frente de la gran empresa pública no se ha caracterizado por su brillantez. Antes al contrario, ha estado jalonado de polémicas.
En primer lugar, distintas fuentes internas de la compañía señalan que el objetivo declarado del señor Serrano Quintana es poner Correos al servicio de Pedro Sánchez 24. Para ello, ya en las primeras semanas de su mandato puso en marcha la
destitución imnediata de numerosos altos directivos del grupo con elevada formación y alto desempeño. Así:
- Don Manuel Molins, exdirector general de Correos Express y ahora consejero delegado de Tourline Express. El señor Molins revirtió en tres años unas pérdidas acumuladas de 200 millones de euros en esta filial.
- Doña Matilde García-Duarte, secretaria general y del Consejo de Administración, y hoy coordinadora general del Ayuntamiento de Madrid.
- Alberto Alonso, director de Planificación y Finanzas del grupo y hoy director de Finanzas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).
- Don Adrián Cordero, director de Comunicación del grupo y hoy director de Desarrollo Corporativo de BBDO España.
- Doña Lourdes Fernández de la Riva, directora de Recursos Humanos del grupo y en la actualidad directora de Organización y Desarrollo Corporativo del grupo PRISA.
- Don Jaime Sanz, Chief Information Officer del grupo Correos (y que había recibido el Premio Europeo al CIO del Sector Público del año) y hoy IT Managing Director del centro de producción en España de Santander Global Tech.
Estos fueron sustituidos por personas afines al actual presidente, algunos de los cuales han dimitido, bien por desavenencias con la cúpula directiva 25, bien por acontecimientos personales 26.
En segundo lugar, y quizás relacionado con la voluntad de instrumentalizar esta empresa pública con fines electorales, en el mes de julio Correos retuvo durante días la publicidad electoral que VOX pretendía hacer llegar a los electores de
las comunidades autónomas gallega y vasca al hilo de los comicios regionales, con la excusa de que las frases que aparecían en los sobres vulneraban derechos fundamentales. La Junta Electoral Central dio la razón a VOX y ordenó el inmediato reparto
de los sobres electorales.
En tercer lugar, y en la misma línea de propaganda ideológica al servicio del proyecto político del Gobierno y con el dinero público, la empresa inició una campaña para conmemorar el día internacional del 'orgullo LGTBI'. Para ello, pintó
con la bandera 'arcoíris' furgonetas de reparto, oficinas o buzones, y emitió un sello conmemorativo.
En cuarto lugar, el señor Serrano Quintana decidió el traslado de la sede de Correos desde el barrio madrileño de Campo de las Nacionales a la calle Conde de Peñalver. El presupuesto de la remodelación del edificio asciende a 1,9 millones
de euros, de los que más de la mitad se destinan a acondicionar la cuarta planta, donde se ubicaría el despacho del presidente de la entidad.
Por último, recientemente se ha conocido que Correos ha cuadruplicado en documentos internos la cifra de pérdidas oficial que consta en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 27. Así, en este documento figuran 68 millones de euros
en negativo; mientras tanto, a su matriz, SEPI, ha declarado 80 millones de pérdidas, y en el plan estratégico interno recientemente concluido ha calculado un resultado operativo neto de 300 millones de euros. La proyección para el año 2023 es de
634 millones de euros en pérdidas.
Todo ello, en un año en el que las empresas de envíos y paquetería han experimentado un crecimiento exponencial, debido a las restricciones derivadas de la epidemia por COVID-19. Si Correos hubiera estado bien gestionada con directivos
públicos profesionales y preparados, el crecimiento de la compañía y, en consecuencia, el beneficio reportado a los españoles, habría sido enorme.
El actual presidente de Correos debe ser destituido de inmediato. Las consecuencias de la inexperiencia e ineptitud del máximo dirigente del conglomerado público las están pagando, y deberán seguir pagándolas, todos los españoles.
24 https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-instrumentaliza-correos-si-200000-euros-lleve-sanchez-moncloa-imaginate-aqui-201810092316 noticia.html
25 https://www.vozpopuli.comL economía y finanzasL directora-rrhh-correos-desavenencias-empresa O 1357064902.html
26 https://www.abc.es/espanaLabci-dimite-director-financiero-correos-escandalo-desvelado-abc-202007071103noticia.html#:-:text=Roberto%20Ducay%20ha%20presentado%20su,el% 20pasado%2011%20de%20junio.
27 https://www.elmundo.es/econom.ia/2021/02/13/60266c3f21efa0db188b45ab.html
Cuarto. La necesidad de nombrar un nuevo Presidente que sustituya al actual y reúna los caracteres de excelencia profesional y experiencia de buena gestión.
Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto cómo una de las principales empresas del país, con obligaciones de servicio postal universal, está sometida al exclusivo capricho personal del presidente del Gobierno, que designa a los que le han
prestado favores, y no en función de los criterios objetivos que deberían regir en este tipo de supuestos.
Como se ha evidenciado, la política de nombramientos del Gobierno no invita a la esperanza. Sin embargo, es indispensable que se proceda de inmediato a la designación de una persona que reúna la idoneidad y la honorabilidad necesarias, y
que 'se signifique por poseer los conocimientos, prestigio y experiencia profesionales adecuados al ejercicio de sus funciones'.
Adicionalmente, la persona nombrada ha de ser independiente a las presiones de un Gobierno que torpedea sistemáticamente los mandatos de excelencia, objetividad, independencia, profesionalidad y transparencia exigidos por el ordenamiento
jurídico para quienes se incorporen a puestos de dirección pública. Estos requisitos deben observarse con mayor esmero en un cargo de la envergadura y responsabilidad del presidente de Correos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a destituir de manera inmediata al actual presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA y a nombrar, de acuerdo con los requisitos señalados en la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y en el Reglamento Interno del Consejo de Administración, un nuevo presidente que 'se signifique por poseer los conocimientos, prestigio y experiencia profesionales
adecuados al ejercicio de sus funciones', de manera que se designe como máximo dirigente de una de las principales empresas públicas españolas a una persona de sobresaliente experiencia profesional en los campos económico, empresarial e industrial,
robusta independencia y reconocido prestigio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez Revuelta, Inés María Cañizares Pacheco, Rubén Silvano Manso Olivar, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y José María Figaredo
Álvarez-Sala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario Vox.
161/002209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Inés Cañizares Pacheco, don Víctor González Coello de Portugal, don Pablo Sáez Alonso de Muñumer, don Rubén Manso Olivar y don Rodrigo Jiménez Revuelta, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a desgravar la adquisición de
ordenadores, tablets y elementos TIC auxiliares, adquiridos para la formación online de los hijos no convivientes, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Primero. Las medidas adoptadas a causa de la pandemia COVID-19 han tenido un claro impacto sobre la movilidad de los ciudadanos.
1. La pandemia de Covid-19 se introdujo en España el 31 de enero de 2020. El primer caso identificado en nuestro país fue el de un turista alemán ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de la isla de La Gomera, en Canarias.
El 26 de febrero se detectó el segundo caso, -el
primero en la península-, se trataba de mujer de nacionalidad italiana residente en Barcelona, que había viajado al norte de Italia.
2. Desde ese momento, el virus se propagó rápidamente hasta alcanzar los 2.883.465 contagios y los 60.370 fallecidos a día 3 de febrero de 2020.
3. A pesar de que el 9 de marzo del 2020 se alcanzaron los 999 contagios y de que existían numerosas advertencias en cuanto a la peligrosidad del virus, el Gobierno no decretó el Estado de Alarma hasta el 14 de marzo del 2020.
4. Con anterioridad al Estado de Alarma, algunas Comunidades Autónomas decretaron el cierre de colegios, institutos y universidades. En el caso de Madrid, estas medidas se decretaron el 9 de marzo del 2020.
5. El Estado de Alarma establecido por el Gobierno a través del Real Decreto 463/2020 supuso una limitación de la movilidad de los ciudadanos con algunas excepciones como la compra de alimentos o medicamentos, asistencia a centros
sanitarios o entidades financieras, el retorno a la residencia habitual y la asistencia a personas vulnerables, así como los desplazamientos al lugar de trabajo.
6. Del mismo modo, el Estado de Alarma supuso la suspensión de la actividad escolar presencial en todos los niveles educativos, favoreciéndose de esta forma las actividades educativas online.
7. Se realizaron sucesivas prórrogas del Estado de Alarma el cual concluyó el pasado 21 de junio del 2020.
8. Posteriormente, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, prolongando el mismo hasta el 9
de mayo de 2021.
Segundo. El impacto de la reducción de la movilidad en las familias españolas.
1. En el contexto anteriormente descrito, las familias españolas han tenido que afrontar el reto de adaptación al teletrabajo, que ha experimentado un desarrollo exponencial gracias a las nuevas tecnologías de comunicación.
10. Lógicamente, el porcentaje de teletrabajo se ha reducido tras de la conclusión de la primera fase del Estado de Alarma. No obstante, la clave está en el incremento de establecimientos que han ofrecido esta opción a sus trabajadores
pasando de un 14,8% de ocupados en régimen de teletrabajo previo a la pandemia a un 45,5% actualmente. Estas cifras demuestran que las empresas son más proclives a esta modalidad, posibilitando a sus empleados la adopción del mismo.
11. La irrupción del teletrabajo dio lugar a la aprobación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, para hacer frente a esta nueva realidad, estableciendo que los gastos generados en el desarrollo del
teletrabajo deberán ser asumidos o compensados por la empresa. En este punto es importante señalar que el Real Decreto define el teletrabajo como 'aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y
sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación y que es regular' aquel trabajo a distancia que se preste, 'en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente
en función de la duración del contrato de trabajo'.
12. El segundo gran reto para las familias ha sido adaptarse a la nueva situación en el contexto escolar, la formación online se ha impuesto como una nueva realidad dadas las limitaciones a la formación presencial vigentes hasta el día de
hoy.
Tercero. El esfuerzo económico soportado por las familias para adaptarse a la formación online.
13. Para este fin, las familias han tenido que adaptarse, dotándose de las herramientas necesarias para este tipo de formación, que incluye el uso de ordenadores, tabletas, cámaras digitales, etc. Se da la circunstancia de que, si la
familia cuenta con más de un hijo, sería necesario duplicar la disponibilidad de dispositivos, incrementándose el gasto asociado a su compra. En España existen 13,7 de familias con hijos convivientes, de las cuales 3,3 millones tienen un hijo menor
de 25 años, 2,8 millones dos hijos y 600.000 tres o más, lo cual da una idea de la magnitud de los equipos informáticos que son necesarios adquirir para la formación online.
14. España cuenta con un alto nivel de implantación de tecnologías en los hogares. Se muestra a continuación el porcentaje de hogares de cuatro miembros (asimilables en su mayoría a familia con dos hijos) que cuentan con algún ordenador y
conexión de banda ancha.
No obstante, no existen datos sobre el número de ordenadores por hijo, lo cual nos indicaría el esfuerzo real que han tenido, o tendrán que hacer, las familias para hacer frente a la formación de sus hijos en línea.
15. Según Intel, hasta el mes de noviembre de 2020, el crecimiento de las ventas de ordenadores portátiles fue del 31 % y del 16 % en el caso de los ordenadores de sobremesa. Según esta misma fuente 'los consumidores, además, han aumentado
el precio medio que estaban dispuestos a pagar por renovar sus equipos, en concreto, se han gastado en noviembre un 10% más que el año anterior (alrededor de 76 euros)'.
16. En los últimos meses se han producido distintas iniciativas públicas para subvencionar la compra de dispositivos por parte de las familias, como es el caso de la Junta de Castilla y León, que ha establecido ayudas a tal efecto de entre
75 y 300 euros para poder comprar un portátil para su uso en labores escolares.
17. Desde Grupo Parlamentario Vox entendemos que es necesario facilitar la compra de ordenadores, tablets y accesorios destinados a la formación online de los más jóvenes, como herramienta clave para su desarrollo educativo, no sólo durante
el tiempo que se mantengan las limitaciones para la formación presencial a consecuencia de la pandemia, sino de forma permanente, de la misma manera en que se han establecido ventajas para los trabajadores que se acogen al teletrabajo.
18. A los efectos de asegurar que la adquisición se destina a la formación online de los hijos, será necesario disponer y aportar en caso de ser requerido por la autoridad tributaria, cualquier medio de prueba admitido a derecho que
demuestre la afección de dichos bienes a la enseñanza online, así como la factura de compra de los mismos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir las modificaciones necesarias en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio que permitan desgravar el importe satisfecho, hasta un máximo de 1.200 por hijo en edad escolar, por la compra de ordenadores, tablets y elementos TIC auxiliares, adquiridos
para la formación online de los hijos convivientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2021.-Inés María Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Rubén Silvano Manso Olivar y Rodrigo Jiménez Revuelta, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/002159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
EI Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la urgente creación del
Centro Universitario de la Policía en Avila y la prórroga de la moratoria establecida en la Ley 9/2015 del Cuerpo Nacional de Policía, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El 28 de julio de 2015, se aprobó la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional en la que se reflejan los nuevos requisitos previos que marca la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para los
diferentes ascensos dentro del Cuerpo de Policía.
Entre estos requisitos que reseña la Ley se encuentran estar en posesión de unos determinados estudios con anterioridad a poder acceder al grupo administrativo de la función pública al que se vaya a incorporar el funcionario en cuestión. La
citada Ley Orgánica 9/2015 en su disposición transitoria primera, recoge que le corresponde a la Dirección General de Policía llevar a cabo las actuaciones necesarias tendentes a facilitar la obtención de las titulaciones necesarias a los policías
nacionales que no estuvieran en posesión de las mismas, con el fin de posibilitar su promoción interna. Disposición que, a día de hoy, no se cumple por parte de la Administración.
Igualmente, en el articulado del mismo texto normativo se establecía una moratoria de cinco años para el cumplimiento específico de estos nuevos requisitos. En este tiempo, la Administración establecería los acuerdos, convenios y
colaboraciones con otros organismos u otras Administraciones a fin de establecer una malla curricular con las diferentes situaciones en las que se encontrasen los funcionarios interesados, y establecer su viabilidad de cara al próximo ascenso.
Subsidiariamente, la Dirección General de la Policía, como marca la disposición transitoria primera, tendría que llevar a cabo actuaciones para facilitar la obtención de las titulaciones exigidas para facilitar su promoción interna.
De la misma manera, la Administración en el tiempo de moratoria mencionado, habría de crear y reflejar normativa mente todas las novedades introducidas por la LO 09/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional, mediante un nuevo real
decreto de procesos selectivos.
Mención aparte merece en este caos y sucesión de despropósitos de la Administración, la creación del Centro Universitario de la Policía Nacional. Como recoge la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, en su artículo 39, con el fin de impartir
la formación correspondiente a los estudios universitarios del Sistema Educativo Español, se creará un Centro Universitario de Formación del Cuerpo Nacional de Policía, adscrito a una o varias Universidades, dependiendo, en los aspectos académicos,
de un Consejo Académico creado a tal efecto, y en los estructurales y de funcionamiento, del órgano responsable de formación.
La finalidad de este Centro no debe ser otra que impartir la formación correspondiente a los estudios universitarios del Sistema Educativo Español a los miembros de la Policía Nacional, dando un paso más para la potenciación del nivel
universitario de la formación de la Policía Nacional.
A raíz de la Ley Orgánica 9/2015 y la creación del Centro Universitario, la Administración elaboró un proyecto de Real Decreto por el que se creaba el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional como paso previo a la
materialización y ejecución del mismo, quedando paralizado por la situación política del momento.
Nos encontramos en el año 2021 y la creación del Centro Universitario sigue siendo una asignatura pendiente únicamente para la Policía Nacional, ya que el otro operador de seguridad a nivel nacional hace años que cuenta con un Centro
Universitario.
La inacción por parte del Ministerio de Interior en este proyecto es absoluta. Por eso, desde los sindicatos policiales insisten en la necesidad de continuar, más que nunca, con el proyecto de creación del Centro Universitario para
consolidar el trabajo en la formación de policías que la División de Formación y Perfeccionamiento a través de sus distintos Centros de Formación viene desarrollando a lo largo de los años.
Debemos abogar por la potenciación e impulso de los estudios policiales desde la perspectiva universitaria de tal forma que se puedan generar nuevas líneas de especialización y formación policial y que se produzca de una vez por todas, la
integración del sistema de enseñanza de la Policía en el sistema de enseñanza español universitario.
No es de recibo que una Policía de primera tenga una formación sin reconocer académicamente. Evitar las actuales disfunciones existentes en relación a la malla curricular, formación y sistemas de ascenso es responsabilidad de la Dirección
General de la Policía. La creación del Centro Universitario es la clave y solución a muchos de los despropósitos generados por la Administración.
Esta responsabilidad se extiende, como recoge la Ley Orgánica 9/2015, en su disposición transitoria primera, a que dicha Dirección General lleve a cabo las actuaciones necesarias, tendentes a facilitar la obtención de las titulaciones
necesarias a los policías nacionales que no estuvieran en posesión de las mismas, con el fin de posibilitar su promoción interna. Disposición que, a día de hoy, no se cumple por parte de la Administración.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Aprobación urgente de un Real Decreto que prorrogue la moratoria establecida en la Disposición Transitoria Primera, para así dar una nueva oportunidad a que por parte de la Administración se articulen los medios tanto formativos, como
normativos, que adecuen esta nueva realidad social a los ascensos en la Policía Nacional sin truncar la carrera profesional de aquellos profesionales que estén interesados en ello y se hayan visto afectados por estos cambios.
2. Que el Ministerio del Interior dicte cuantas disposiciones estime necesarias para la ejecución y desarrollo del Real Decreto de creación del Centro Universitario de Formación del Cuerpo Nacional de Policía en la Escuela Nacional de
Policía de Avila.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2021.-Isabel María Borrego Cortés, Alicia García Rodríguez, Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/002160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a defender la labor de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas y Policías Locales, así como condenar los recientes episodios de violencia callejera, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hasél, fue condenado en 2014 por primera vez por enaltecimiento del terrorismo (una condena que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2015 aunque no tuvo que entrar en la cárcel puesto que fue
suspendida) debido al contenido amenazante de 12 de sus canciones que se publicaron en YouTube con frases que decían:
- 'No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto'.
- 'Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono'.
- 'Pena de muerte ya a las Infantas patéticas, por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética'.
- 'En mi escuela pública había violencia y no era etarra sino de retratos de la monarquía encima de la pizarra'.
- 'Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, sólo pienso en matarlos'.
- 'Merece también un navajazo en el abdomen y colgarlo en una plaza'.
- 'Que li fotin una bomba, que revienten sus sesos y que sus cenizas las pongan en la puerta de la Paeria'.
Posteriormente ha sido condenado en tres ocasiones más (dos de esas condenas todavía no son firmes) por delitos como insultar, empujar y rociar con un líquido de limpieza un periodista, nuevamente el enaltecimiento del terrorismo e injurias
a la Corona y contra las instituciones del Estado a través de sus canciones o mensajes en redes sociales como Twitter.
Una de esas condenas, que implicaba una pena de nueve meses de prisión además de multas, fue dictada en marzo de 2018 por la Audiencia Nacional (por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y contra las instituciones del Estado)
y, tras rechazar el Tribunal Constitucional un recurso de Hasél, ha devenido firme.
Para hacer cumplir las penas impuestas por la justicia, Pablo Hasél fue detenido el pasado 16 de febrero y tras su detención, la policía nacional tuvo que intervenir en varias concentraciones de apoyo en diferentes ciudades españolas,
Barcelona, Madrid, Valencia, Gerona o Lérida, que aglutinaron a miles de personas y en las que los manifestantes lanzaron piedras, botellas y otros objetos a la línea policial .realizaron barricadas con contenedores y material de obra y pintadas,
quemaron contendores, vehículos y saquearon comercios.
Estos actos violentos han concluido con la detención de decenas de manifestantes, mossos y policías nacionales heridos como consecuencia de los ataques.
Con estos reconocimientos, defienden e incitan a la violencia organizada que ha tomado el centro de varias ciudades españolas. Una violencia que todos los demócratas debemos condenar ya que daña la convivencia y alienta el odio.
Desde el Grupo Popular condenamos los recientes ataques violentos contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, policías autonómicas y policías locales y los actos de pillaje y vandalismo en las calles de distintas ciudades españolas, así como
los ataques de odio sufridos en redes sociales por los portavoces de partidos políticos, representantes de los ciudadanos en general o ciudadanos anónimos por mostrar su rechazo y apoyar a los cuerpos de seguridad.
La incitación a la violencia y los discursos de odio no tienen cabida en la legalidad constitucional e internacional, ni en una sociedad respetuosa con los valores democráticos, por lo que deben quedar fuera de las instituciones, así como
quien los alienten y no los rechacen con contundencia, reprobables.
España es una democracia plena en la que todos los derechos están salvaguardados por la Constitución y las leyes y defendidos por las FCSE y los tribunales de justicia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar de manera firme y expresa las declaraciones de miembros del Gobierno que ponen en duda que España sea una democracia plena, así como los mensajes de apoyo a los violentos.
2. Apoyar y defender la labor que realizan todos los días las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), Policías autonómicas y Policías locales protegiendo el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizando la seguridad ciudadana.
3. Defender las instituciones públicas con la erradicación de la violencia, el pillaje a los comercios, la destrucción del mobiliario urbano y los discursos de odio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2021.-Antonio González Terol, Isabel María Borrego Cortés, Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/002163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a promover planes de acción
específicos, que desarrollen, los Planes Estratégicos de Igualdad aprobados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate y aprobación en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Tanto la Oficina Nacional para la Igualdad de Género (ONIG) de la Policía Nacional, como el Comité para la Igualdad Efectiva de Mujeres y de Hombres en la Guardia Civil, han entrado en funcionamiento con la finalidad de implementar las
políticas de igualdad en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una y otro impulsan la igualdad real y efectiva entre los miembros de los cuerpos policiales, promoviendo conocimiento actualizado y formulando recomendaciones en
materia de igualdad de género.
Ambos órganos han realizado una extraordinaria labor de diagnóstico sobre la igualdad de género, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía, como en la Guardia Civil. En los mismos han detectado posibles áreas de sobre las que realizar una
labor proactiva de implementación de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal y familiar, así como la plena integración de la mujer en la institución en condiciones de igualdad y equidad, estableciendo líneas estratégicas a medio y
largo plazo para abordar los desafíos actuales en materia de igualdad.
Estos diagnósticos se han plasmado en los Planes Estratégicos de Igualdad que han establecido ambos Cuerpos policiales, ya aprobados, con lo que corresponde seguir avanzando en la operatividad e implementación eficaz de los mismos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar y poner en marcha sendos Planes de Acción específicos, que desarrollen, con medidas concretas, en los ámbitos estratégico, organizativo, formativo y en materia de recursos humanos
y materiales, los ejes de actuación recogidos en los Planes Estratégicos de Igualdad de los cuerpos policiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2021.-David Serrada Pariente, Diputado.-Felipe Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno corrija los
errores contenidos en la disposición adicional centésima quincuagésima novena de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, relativa a la tasa adicional de reposición de la policía local, para su
debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La jubilación anticipadamente de la Policía Local es una reivindicación de este colectivo que fue incluida tras un riguroso proceso de estudio y negociación en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018. Como una de las consecuencias de este reconocimiento se incluyó en la disposición adicional centésima sexagésima quinta, una tasa de reposición adicional de carácter anticipado para cubrir las bajas en las plantillas del ejercicio posterior.
Se entendió imprescindible establecer la tasa adicional de reposición para que la jubilación anticipada de los policías locales no provocará que los servicios que se prestan a los ciudadanos quedarán desatendidos ante la posibilidad de una
gran cantidad de bajas en las plantillas y que estas no pudieran ser cubiertas hasta el ejercicio siguiente, retraso al que se añadiría el consiguiente proceso de selección y el de formación en la academia.
Posteriormente y atendiendo a las mismas circunstancias se dictó el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las
entidades que integran la Administración local y su Disposición transitoria segunda, que fijaba una tasa adicional de reposición de la policía local y que literalmente establece:
'Disposición transitoria segunda. Tasa adicional de reposición de la policía local.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional centésima sexagésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y en aplicación de la misma, la tasa de reposición adicional será
efectiva desde la presentación de la solicitud de jubilación anticipada. La persona interesada deberá comunicar a la Administración municipal correspondiente su voluntad de acogerse a esta modalidad de jubilación antes del día 31 de enero de cada
año.'
En la siguiente Ley de Presupuesto que ha sido aprobada, la de 2021 se vuelve a establecer la tasa de reposición adicional en los siguientes términos:
'Disposición adicional centésima quincuagésima novena. Tasa adicional de reposición de la policía local.
Adicionalmente a lo previsto en el artículo 19 de esta Ley, y con el fin de garantizar el ejercicio de las funciones de las Administraciones Públicas en materia de seguridad y orden público, en el supuesto de que en aplicación de lo
establecido en el artículo 206.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social se produzca el anticipo de edad de jubilación de los policías locales, las Entidades Locales podrán disponer durante 2020, exclusivamente para este
colectivo, de una tasa adicional de reposición determinada por el número de bajas que se prevean en este ejercicio y en el ejercicio 2021 como consecuencia de dicho adelanto de la edad de jubilación. Esta tasa adicional se descontará de la que
pudiera corresponder en los ejercicios 2021 y 2022.'
Es evidente que se comete un error al establecer la tasa de reposición adicional referida al ejercicio 2020, en lugar de hacerlo respecto al de 2021. El error se concreta en las siguientes referencias a diferentes anualidades:
- La disposición adicional establece que las Entidades Locales podrán disponer durante 2020 de una tasa adicional de reposición. Debería fijarla para el ejercicio en curso de 2021.
- Dispone también que la tasa adicional de reposición se determinará por el número de bajas que se prevean en este ejercicio y en el ejercicio 2021, cuando debería fijarla para este ejercicio y el 2022.
- Igual sucede cuando establece que tasa adicional se descontará de la que pudiera corresponder en los ejercicios 2021 y 2022, cuando debería ser respecto a los ejercicios 2022 y 2023.
Es preciso acometer con carácter urgente la corrección del citado error para que los ayuntamientos puedan aprobar sus Ofertas Públicas de Empleo y facilitar la incorporación de nuevos policías locales en número suficiente para cubrir con
tiempo suficiente las plazas que quedarán vacantes en las plantillas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar de forma inmediata los trámites necesarios para corregir los citados errores, adaptado al actual ejercicio la disposición adicional centésima quincuagésima novena de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2021.
Quedando redactada en los siguientes términos:
'Disposición adicional centésima quincuagésima novena. Tasa adicional de reposición de la policía local.
Adicionalmente a lo previsto en el artículo 19 de esta Ley, y con el fin de garantizar el ejercicio de las funciones de las Administraciones Públicas en materia de seguridad y orden público, en el supuesto de que en aplicación de lo
establecido en el artículo 206.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social se produzca el anticipo de edad de jubilación de los policías locales, las Entidades Locales podrán disponer durante 2021, exclusivamente para este
colectivo, de una tasa adicional de reposición determinada por el número de bajas que se prevean en este ejercicio y en el ejercicio 2022 como consecuencia de dicho adelanto de la edad de jubilación. Esta tasa adicional se descontará de la que
pudiera corresponder en los ejercicios 2022 y 2023.'
2. Evitar estos errores en los siguientes ejercicios. Redactando y aprobando una normativa que dote de seguridad jurídica a las corporaciones locales respecto a la reposición de los policías locales que se jubilen anticipadamente.
Se propone que la misma se redacte en los siguientes términos:
'Tasa adicional de reposición de la policía local.
Con el fin de garantizar el ejercicio de las funciones de las Administraciones Públicas en materia de seguridad y orden público, en el marco del anticipo de la edad de jubilación de los policías locales establecido por Real Decreto
1449/2018, de 14 de diciembre, en aplicación de lo establecido en el artículo 206.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Las Entidades Locales podrán disponer durante cada año en curso, exclusivamente para este colectivo,
de una tasa adicional de reposición determinada por el número de bajas que se prevean en el ejercicio en curso y en el ejercicio siguiente como consecuencia de dicho adelanto de la edad de jubilación. Esta tasa adicional se descontará de la que
pudiera corresponder en los dos ejercicios siguientes a los utilizados para el citado cálculo.
La tasa de reposición adicional será efectiva desde la presentación de la solicitud de jubilación anticipada. La persona interesada deberá comunicar a la Administración municipal correspondiente su voluntad de acogerse a esta modalidad de
jubilación antes del día 31 de enero de cada año.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-Isabel María Borrego Cortés, Carlos Rojas García y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, que considere Cuenca como sede para
las instalaciones de algunos de los Centros que tiene previsto el Ministerio del Interior crear o poner en funcionamiento, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los Departamentos ministeriales, dispone en su artículo 6 que corresponde al Ministerio del Interior la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de
seguridad ciudadana, tráfico y seguridad vial, la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, el ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las demás competencias y atribuciones que le
confiere el ordenamiento jurídico.
El Ministerio del Interior tiene 178.376 empleados como responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, instituciones penitenciarias, protección civil, seguridad vial, etc., así mismo es el responsable de garantizar el
ejercicio de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, extranjería y protección internacional, así como asegurar el buen funcionamiento de los procesos electorales.
Al Ministerio del Interior le corresponden las funciones de:
1. La preparación y ejecución de la política del Gobierno en relación con la administración general de la seguridad ciudadana.
2. La promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente en relación con la libertad y seguridad personal, en los términos establecidos en la Constitución Española y en las leyes que los desarrollen.
3. El mando superior, y la dirección y coordinación, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
4. El control de las empresas y el personal de seguridad privada.
5. El ejercicio de las competencias que, en el ámbito policial, le atribuye la legislación vigente en materia de extranjería.
6. El régimen de asilo, refugio, régimen de apátridas y protección a desplazados.
7. La administración y régimen de las instituciones penitenciarias.
8. La realización de las actuaciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales.
9. El ejercicio de las competencias legalmente atribuidas sobre protección civil.
10. La administración general de la policía de circulación y de la seguridad vial.
Al Ministro del Interior, como titular del departamento, le corresponden: La iniciativa, planificación, dirección e inspección de todos los servicios del ministerio, El mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A los
que hay que añadir las funciones de formación de todos los responsables de la seguridad del Estado.
Entre los centros que son necesarios, que están pendientes de constituirse, y que deben ser una prioridad para el Gobierno, como el Centro de Estudios Penitenciarios, Centro Universitario de la Policía Nacional, un centro para coordinar la
formación de los agentes de la seguridad privada, así como un centro para la formación de bomberos y miembros de protección civil y emergencias, etc.
Algo más del 60% de los municipios repartidos por las 52 provincias españolas han perdido población en los últimos 20 años.
Esta situación, sin lugar a dudas, repercute en cuestiones tan importantes para los ciudadanos como la accesibilidad a los servicios públicos y su financiación, lo que, unido a otras variables demográficas, más acentuadas en estas zonas,
como el mayor envejecimiento de la población, pocos niños y jóvenes y las menores oportunidades de empleo, convierten el problema de la España vacía en un desafío demográfico complejo al que hay que hacer frente.
Así mismo, asistimos hoy en España y en el mundo, a un momento histórico de transformación, con constantes cambios sociales y tecnológicos que abren la puerta a un mundo muy distinto al que
conocemos. Unos cambios que también suponen para algunas zonas de España una enorme oportunidad.
La provincia de Cuenca con una población de 197.222 habitantes es un importante lugar de paso, ya que está situada en el centro-este de la península, conectando así el sur y el oeste con el levante español, por lo que dispone de un gran
número de carreteras y autovías, y desde diciembre de 2011 también es un lugar de paso para conectar Madrid con toda la costa mediterránea a través de las líneas de Alta Velocidad Española.
Esta estratégica posición geográfica hace que sea un lugar atractivo para ubicar instalaciones del Ministerio del Interior o de otros departamentos ministeriales. Desde el Partido Popular abogamos por fomentar la ubicación de instalaciones
en provincias de la denominada 'España Despoblada' para afrontar el grave desequilibrio territorial y demográfico de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que considere Cuenca como sede para las instalaciones de algunos de los Centros que tiene previsto el Ministerio del Interior crear o poner en funcionamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-Beatriz Jiménez Linuesa y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dña. Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ignacio Gil Lázaro, D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, D. Francisco José Contreras Peláez y Dña. María De Los Reyes Romero Vilches, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición No de
Ley para la renovación de la flota de vehículos de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben disponer de los vehículos adecuados, y en un estado de seguridad correcto, para la efectiva realización de sus funciones.
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ('FCSE') desempeñan las importantes funciones que les atribuye el artículo once de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ('LOFCSE'). Entre estas se
encuentran 'velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales', 'auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa' o 'prevenir la
comisión de actos delictivos'.
2. Para ejercer tan vitales cometidos, las FCSE necesitan disponer de los medios materiales y humanos adecuados y que cumplan con las exigencias de seguridad y protección derivadas del carácter especial de sus funciones.
3. Entre estos sobresalen como elementos imprescindibles sus vehículos, que deben reunir unas mínimas características de seguridad, buen estado y adecuación para servir de ayuda a las labores esenciales que se encomiendan a las FCSE.
4. Así, en lo que se refiere específicamente a la Guardia Civil, el artículo 31 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil ('Prevención de riesgos laborales y
protección de la salud') establece lo siguiente:
'Los miembros de la Guardia Civil tienen derecho a una protección adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo, con las peculiaridades propias de las funciones que tienen encomendadas.
La Administración General del Estado promoverá las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, la seguridad y salud del personal de la Institución al utilizar los medios y equipos puestos a su disposición, con especial atención a los
riesgos específicos que se deriven de sus funciones. A tal fin desarrollará una política activa de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud y proporcionará los equipos de protección individual necesarios para el cumplimiento de su
misión, facilitando la formación e información suficientes en materia de prevención'.
Segundo. Las FCSE y, en particular, la Guardia Civil, tienen normas específicas en materia de inspección de vehículos.
5. El correcto estado de los vehículos, sean del Estado o de los particulares, se garantiza a través de la Inspección Técnica de Vehículos ('ITV'). Esta se encuentra regulada en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre (el 'RD'), que
señala en su exposición de motivos que 'la inspección técnica de vehículos forma parte de un régimen diseñado para garantizar que los vehículos estén en buenas condiciones desde el punto de vista de la seguridad'.
6. En lo relativo a las FCSE, el régimen general sobre ITV lo marca el artículo 7 RD, que únicamente establece que 'la inspección previa a la matriculación y la periódica que corresponde a los vehículos automóviles y remolques
pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Parque Móvil del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas se podrá llevar a cabo por los propios organismos encargados de su mantenimiento
y su utilización'.
7. En el caso de los vehículos adscritos a la Guardia Civil, la materia se regula en la Orden PRE/92/2010, de 22 de enero, por la que se establecen las normas para la Inspección Técnica de Vehículos Automóviles y Remolques de la Guardia
Civil (la 'Orden'), dictada al amparo del RD.
8. El artículo 4 de la Orden clasifica los resultados de las ITV en favorable, favorable con defecto leve, desfavorable y negativa, con distintas consecuencias:
'a) Inspección favorable: si los vehículos superan la inspección, sin defectos.
b) Inspección favorable con defecto leve: si se hallan defectos leves (DE) que no inhabilitan al vehículo para circular, por lo que no es necesario una nueva inspección, pero deberán subsanarse en el plazo más breve.
c) Inspección desfavorable: el vehículo presenta defectos graves (DG) que lo inhabilitan para circular por las vías públicas, excepto para su traslado al taller y vuelta a la estación ITV para nueva inspección. Esta nueva inspección se
realizará en un plazo no superior a seis meses.
d) Inspección negativa: se calificará la inspección como negativa cuando el vehículo acuse defectos muy graves (DMG) de tal naturaleza que su utilización constituya un peligro para sus ocupantes o para los demás usuarios de la vía pública.
En este caso el eventual traslado del vehículo desde la estación hasta su destino se realizará por medios ajenos al propio vehículo, siguiéndose en el resto las mismas actuaciones que para las inspecciones técnicas desfavorables'.
9. Es decir, la citada norma inhabilita de forma absoluta para la circulación a los vehículos que hayan obtenido una calificación 'negativa' en la ITV, sin excepción alguna, y la limita a acudir al taller para aquellos que obtengan un
resultado 'desfavorable'. La utilización de cualquier vehículo con un resultado en la ITV desfavorable o negativo, además de ser contrario al ordenamiento jurídico, implica no solo un grave riesgo para los propios agentes de las FCSE, sino también
para los ciudadanos.
10. A mayor abundamiento, el artículo 11 del Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil establece que la Administración del Estado habrá de adoptar las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y salud de los funcionarios de la Guardia Civil al utilizar medios y equipos.
11. Como a continuación se verá, estas normas no se están respetando, y un gran número de vehículos de la Guardia Civil están siendo utilizados por funcionarios a los que se pone en peligro a pesar de su mal estado, traducido en resultados
de inspecciones desfavorables o negativos.
12. En consecuencia, la protección y prevención de los riesgos específicos que deben afrontar los agentes de las FCSE pasa no solo por la puesta a disposición de los medios materiales necesarios para el correcto desempeño de sus peculiares
funciones, sino también por que se vele por el buen estado y funcionamiento de estos, en este caso de los vehículos. Ello se reputa imprescindible para no comprometer la seguridad de los agentes que patrullan en ellos.
Tercero. La vida útil y el estado actual de los vehículos de la Guardia Civil no alcanza unos estándares adecuados.
13 La agencia estadounidense de protección ambiental (Environmental Protection Agency -EPA-) realizó en 2020 un estudio sobre la vida media de un vehículo moderno, calificada como la duración media aproximada que tal vehículo posee en unas
condiciones suficientes para su utilización. Al respecto, se concluyó que su vida media llega hasta los 320.000 kilómetros, siendo la media de conducción anual unos 24.000 kilómetros. Así pues, un vehículo moderno empleado en circunstancias
comunes tiene una vida útil media de entre 13 y 14 años.
14. Los vehículos de la Guardia Civil están expuestos a particulares riesgos y factores, derivados de la propia naturaleza de las funciones de las FCSE, que implican un mayor desgaste y deterioro de sus componentes y características.
Por tanto, estos automóviles tienen una vida útil más corta y, en consecuencia, una duración media inferior a la de cualquier otro vehículo destinado a fines particulares.
15. Sin embargo, la realidad es que muchos de los vehículos adscritos a la Guardia Civil se utilizan más allá de esa vida útil referida. Son habituales los casos en los que los agentes hacen uso de vehículos que superan los 15 años de
antigüedad y rebasan ampliamente los 300.000 kilómetros.
16. En este sentido, la disposición adicional segunda de la Orden dispone que '[l]a información que resulte de la inspección técnica de los vehículos automóviles y remolques adscritos a la Guardia Civil permitirá elaborar estudios y
estadísticas sobre el resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas en los mismos, debidas a su estado de conservación, funcionamiento y otras causas, para cada modelo y en función de su antigüedad'. Con base en este precepto, el Grupo
Parlamentario VOX formuló en el mes de noviembre de 2020 28 una serie de preguntas parlamentarias al Gobierno, de cuyas respuestas se pueden extraer los siguientes datos relativos a los vehículos de la Guardia Civil:
(i) Al menos 2.007 no obtuvieron un resultado favorable en las ITV a que fueron sometidos durante 2020. Las 10 provincias con más vehículos que no obtuvieron un resultado favorable son: Sevilla (290), Madrid (232), Santa Cruz de Tenerife
(171), Málaga (153), Valencia (138), Alicante (94), Navarra (81), La Rioja (70), Pontevedra (63) y Cádiz (51).
(ii) Al menos 3.562 vehículos del Instituto Armado tienen una antigüedad superior a los 15 años.
(iii) Al menos 2.629 acumulan más de 300.000 kilómetros.
17. El Gobierno informa de que las deficiencias más comunes que presentaban los vehículos que no obtuvieron informe favorable están relacionadas con el alumbrado, los frenos, las lunas, los neumáticos y la amortiguación.
Cuarto. Las Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles han denunciado reiteradamente el deficiente estado de los vehículos de la Benemérita.
18. Las distintas asociaciones profesionales de la Guardia Civil han denunciado en reiteradas ocasiones el mal estado de los vehículos de los que disponen sus miembros.
19. En este sentido, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ('AUGC') ha calificado estos vehículos profesionales como 'auténticas tartanas' y ha señalado que, en algunos casos, estos llegan a sobrepasar los '400.000 kilómetros'. La
AUGC afirmó en un comunicado 29 que se trata de una situación que conlleva un 'evidente riesgo tanto para los agentes que deben desplazarse en ellos como para el resto de la ciudadanía'. En la misma línea, la asociación JUCIL publicó en su cuenta
de Twitter una fotografía del cuentakilómetros de un vehículo de la Guardia Civil que mostraba 430.766 kilómetros 30.
28 Respuestas del Gobierno a las 52 preguntas con respuesta por escrito formuladas por el Grupo Parlamentario VOX para cada una de las provincias (núm. exptes. 184/024551 a 184/024601).
29 https:// www.augc.org/actualidad/guardias-civiles-deben-hacer-su-trabajo-en-autenticas-tartanas-ponen-en-riesgo-su-seguridad-resto-ciudadanos 20452 102.html
30 Tuit de JUCIL del 7 de noviembre de 2020: https://twitter.com/jucilnacional/status/1325159918626729985?ref src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp % 5Etweetembed % 7Ctwterm % 5E1325159918626729985 % 7Ctwgr % 5E % 7Ctwcon% 5Esl &refurl=https % 3 A % 2F
% 2Fwww.abc.es % 2Fespana% 2Fabci-guardia-civil-denuncia-estado-vehiculos-oficiales-autenticas-tartanas-202011240152 noticia.html
20. También merece mención el comunicado 31 que realizó la Asociación Española de Guardias Civiles (' AEGC') en relación con el accidente que sufrieron tres agentes a causa del mal estado del vehículo en el que circulaban:
'Para AEGC no se ha respetado el Plan de Riesgos Laborales de la Guardia Civil, no se ha garantizado la seguridad de los agentes que cada día tenían que utilizar este vehículo oficial porque el que tuviera pasada la ITV no garantiza, a
nuestro juicio, que sea un vehículo seguro para hacer con él todos los días entre 90 y 200 kilómetros y dar un buen servicio a los ciudadanos de una demarcación tan extensa y con un alto volumen de servicios. En AEGC creemos que es una grave
irregularidad haber nombrado servicio con este vehículo que, por mucho mantenimiento que se le haga, sus casi 20 años de antigüedad y los más de 222.000 kms pedían urgentemente la baja administrativa del mismo o quedarlo a disposición de servicios
menos exigentes'.
21. Sobre este último punto, es necesario recordar que la Dirección General de Tráfico ha advertido reiteradamente de que el riesgo de fallecer o resultar herido grave en un accidente se duplica en aquellos ocurridos con vehículos de entre
diez y 15 años, en comparación con los que tienen menos de cinco años de antigüedad.
Quinto. El deficiente estado de los vehículos de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.
22. El Grupo Parlamentario VOX ha formulado una pregunta parlamentaria al Gobierno 32 en relación con el estado de los vehículos de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla durante el año 2020. De ella se obtienen los siguientes
datos:
(i) 290 vehículos de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla han recibido una calificación desfavorable en la inspección.
(ii) 133 vehículos superan los 15 años de antigüedad.
(iii) 101 superan los 300.000 kilómetros.
23. Resulta inadmisible que la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, que controla un territorio con un elevado número de habitantes, una gran actividad y una enorme relevancia estratégica, sufra tal elevado número de vehículos en tan
deficiente estado.
24. El propio Ejecutivo reconoce en las respuestas parlamentarias referidas que la tasa de renovación de los vehículos es insuficiente. Asimismo, informa de que para solucionarlo ha diseñado un programa de actuación, a desarrollar entre
los años 2020 a 2027, para atender la renovación de toda la flota de vehículos de la Guardia Civil en el primer año por un importe total de 26.544.981 euros.
25. No obstante, el referido plan no se ha comenzado a ejecutar, ni tampoco resulta suficiente, a tenor de los datos anteriormente expuestos.
Sexto. El riesgo que soportan los ciudadanos y los agentes y, en particular, los miembros de la Guardia Civil de la Comandancia de Sevilla, justifican la inversión.
26. La precaria situación de una parte no desdeñable de los vehículos de nuestras FCSE se traduce en el desembolso de elevadas sumas en concepto de reparaciones y de mantenimiento mecánico. Esta cantidad podría ser reducida si se llevase a
cabo una mejor gestión del gasto, con criterios de eficiencia, en lo que se refiere al gasto destinado a vehículos.
27. Asimismo, y como se ha señalado anteriormente, las FCSE necesitan disponer de los medios materiales y humanos adecuados y que cumplan con las más altas exigencias de seguridad y protección, derivadas del carácter especial de sus
funciones. Ello es requerido por la particular naturaleza de las funciones que tienen asignadas constitucionalmente.
28. El riesgo que, para cualquier ciudadano, para los agentes de las FCSE en general y, señaladamente, para los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, supone circular con vehículos en un estado deficiente justifica
sobradamente que el Gobierno lleve a cabo de forma urgente las medidas necesarias para mitigarlo.
31 https: / / www.aegc.es/asociacion-espanola-de-guardias-civiles/comunicados/heridos-tres-guardias-civiles-tras-sufrir-un-accidente-con-un-vehiculo-oficial-de-20-anos-de-antiguedad 49 179 838 0 1 in.html
32 Respuesta del Gobierno contenida en el expediente núm. 184/24597 y núm. de registro 60537: https://www.congreso.eS/entradap/114p/e6/e 0069408 n 000.pdf
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo, en el plazo más breve posible, la renovación, mantenimiento o reparación, según corresponda, de la flota de vehículos de la Comandancia de
la Guardia Civil de Sevilla, con el fin de que sea posible atender las peculiares necesidades del servicio de forma adecuada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Contreras Peláez, María de los Reyes Romero Vilches,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes Movilidad y Agenda Urbana
161/002157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la validez de Juntas de las
Comunidades de Propietarios de forma telemática, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El Consejo General de Administradores de Fincas de España representa a más de 15.000 Administradores de Fincas colegiados, cuya labor principal consiste en atender y coordinar las necesidades de los edificios y las personas que allí residen
para mantener la calidad de vida de sus ocupantes, estimándose que el conjunto de Comunidades de Propietarios gestiona unos recursos anuales que representan el 4 % del PIB nacional (casi 40.000 millones de euros).
Administradores de Fincas a quienes, por su responsabilidad y función, les afecta muy directamente el escenario derivado de la emergencia de salud pública causada por el Covid-19 y las sucesivas declaraciones del estado de alarma, al tener
encomendada la gestión y la gobernanza de los edificios y fincas de las referidas Comunidades de Propietarios que, en su mayoría, se destinan a vivienda y en los cuales reside en torno a un 80 % de la población en nuestro país.
Por ello, el Consejo de Administradores de Fincas ha manifestado su preocupación por los retos a los que este sector se está enfrentando por las restricciones aplicadas por efecto de la pandemia, siendo indispensable adoptar cuantas medidas
se consideren necesarias para garantizar el mejor funcionamiento de todos los edificios.
Actuaciones que se hacen urgentes por la prolongación de las medidas sanitarias y la incertidumbre sobre su finalización.
Hay que hacer frente, no solo a las tareas diarias, sino a todas las obras, acuerdos y, en general, asuntos pendientes de resolver que han acumulado las Comunidades de Propietarios durante el estado de alarma.
Para poder afrontar esta situación con las mayores garantías, se hace necesario adoptar medidas equilibradas con la nueva situación social y económica, medidas de las que desconocemos si el Gobierno ha planificado siquiera su puesta en
marcha.
Las funciones de la Junta de propietarios, de acuerdo al artículo 14 de la ley de Propiedad Horizontal son :
- Nombrar a las personas que ejerzan los cargos de Presidente, Administrador y Secretario.
- Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las cuentas correspondientes.
- Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras necesarias, sean ordinarias o extraordinarias.
- Aprobar o reformar los estatutos y determinar las normas de régimen interior.
- Aprobar y exigir judicialmente a través del proceso monitorio los gastos obligatorios no satisfechos por los propietarios.
- Acordar nuevas instalaciones servicios o mejoras de interés general.
Tareas que deben llevar una cierta periodicidad, interrumpida ahora por las restricciones derivadas de la Pandemia que impide reuniones presenciales, en muchos casos, de todos los miembros de la Comunidad de Propietarios; y no se puede
obviar que con independencia de que técnicamente sea viable la celebración de la Junta de forma virtual, debe tenerse en cuenta que la Ley de Propiedad Horizontal, solo prevé las Juntas de forma física para garantizar su validez.
Por otro lado, la apuesta por la rehabilitación de viviendas (la mayoría en nuestro país, en edificios bajo régimen de propiedad horizontal) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como instrumento de gestión y desarrollo de los fondos
europeos, hace imprescindible dotarnos de instrumentos que agilicen los proyectos y obras de rehabilitación sin más demora. Esta misma semana desde las patronales del sector de la construcción ya se alertaba del serio riesgo que existe de perder
gran parte de los 34.490 millones de euros de ayudas europeas previstas para este año, debido al retraso que lleva Europa en la tramitación de las mismas y al reto que supone para las administraciones españolas gestionar esta elevada cifra en tan
corto periodo de tiempo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar con carácter de urgencia una modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, por la que se permitan las reuniones y voto telemático a las Juntas de las
Comunidades de Propietarios, así como el voto delegado por otras vías digitales, que permita continuar con la actividad a los Administradores de Fincas en la realización de actos previstos en el referido texto legal, paralizados por las
restricciones del COVID.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2021.-Ana María Zurita Expósito, María Soledad Cruz-Guzmán García, Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para Promover el Diseño y
Materialización de una Red de Recarga Inductiva y Dinámica para la Movilidad eléctrica, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Nuestro país necesita un proyecto de futuro industrial, tecnológico y de servicios enfocado al vehículo eléctrico conectado, compartido y autónomo y por ello ya en el último Gobierno del Partido Popular se puso en marcha un Plan estratégico
del Vehículo de Energías Alternativas (VEA) 2014-2020. Dicho Plan, con el nuevo Gobierno, no ha tenido continuidad, pero la Cámara aprobó el pasado 15 de diciembre, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo una Proposición No de Ley de este
GPP con una serie de medidas de impulso a la cadena de valor del vehículo eléctrico y alternativo. Y es que se necesita un proyecto que nos permita constituir un ecosistema ecoeficiente y dinámico donde los startups y las medianas empresas
constituyan una red local fundamental asociada a las grandes empresas de fabricación de automóviles de nuestro país.
La movilidad eléctrica ha constituido un fenómeno disruptivo en el mundo de la automoción, ya que incorpora menos componentes en su proceso de fabricación y, por tanto, resulta más sencillo de fabricar y requiere menos atención y gasto en
mantenimiento y postventa (sin olvidar que dentro de los vehículos de energías alternativas, ocupa también un lugar con potencial disruptivo el vehículo de pila de combustible
de hidrógeno, que también puede encajar en la categoría de eléctrico por su tecnología de generación de la fuerza motriz).
Hasta hace pocos años, el precio de adquisición de estos vehículos y la poca autonomía de las baterías operaba como una clara barrera de entrada para esta nueva tecnología. Pero en la actualidad, la muy significativa reducción del costo de
las baterías y el incremento de sus prestaciones en calidad y rango de autonomía, convierte al vehículo eléctrico en plenamente competitivo frente a tecnologías de combustión, considerando el ahorro de combustible y mantenimiento que se obtiene a lo
largo de la vida útil del vehículo.
Ese ahorro es más significativo cuando el vehículo realiza gran número de kilómetros a lo largo de su vida útil y, por ello, las ventas de vehículos eléctricos se están dando con mayor intensidad en flotas de transporte urbano y/o de reparto
urbano. En pocos años, el precio de los vehículos eléctricos será similar al de uno de combustión, cuando el precio del kWh de litio esté por debajo del umbral de los 100 dólares, que se prevé hacia 2024, según diversos análisis; será entonces
cuando resultará más eficiente económicamente para la mayoría de los usos de un turismo tradicional, aunque probablemente, el rango de autonomía de las baterías no será suficiente, a precios competitivos, para cubrir largas distancias en transporte
pesado, en transporte marítimo, en aviación o para tareas con maquinaria pesada.
La industria de automoción española es consciente de la necesidad de reconvertirse y enfocarse a la producción de vehículos eléctricos y así lo contempla en su Plan Estratégico 2020-2040 presentado al Gobierno de España en marzo del pasado
año 2020. También el Plan de Impulso del sector de automoción aprobado por el Gobierno en junio de ese mismo año 2020 contemplaba en su eje primero la renovación del parque automotor mediante el Plan RENOVE y el impulso del vehículo eléctrico con
el programa MOVES; y, como segundo Eje, un Plan de despliegue de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, a desarrollar durante 2020 y 2021, pero sin una dotación presupuestaria específica.
Todos los especialistas identifican como una barrera para el despliegue del vehículo eléctrico el insuficiente desarrollo de sus infraestructuras de recarga. Si se deja sólo a la libre iniciativa del mercado el despliegue de dicha
infraestructura, puede caerse en un circulo vicioso; dada la pequeña cuota del mercado que aún representan los vehículos eléctricos, no resulta rentable el despliegue de su infraestructura de recarga y la inexistencia de esa infraestructura, retrae
la compra de vehículos eléctricos, por su menor autonomía respecto a otras tecnologías.
Por lo tanto, los poderes públicos, tanto a nivel nacional como en las CC.AA. y EE.LL., están adoptando políticas activas para apoyar ese despliegue y alcanzar los objetivos del PNIEC. Sin embargo, el Gobierno, transcurrido ya 8 meses
después de aprobado el Plan de Junio pasado, todavía iniciaba en diciembre de 2020 por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico el plazo para Expresiones de Interés sobre proyectos en relación con el impulso de la movilidad
eléctrica y las infraestructuras de recarga, en el marco de los Proyectos Tractores (PERTES) para asignación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia UE. Por lo tanto, no parece que el referido Plan de despliegue de
infraestructuras de recarga esté aún ni siquiera diseñado ni, consecuentemente, con previsiones presupuestarias realistas.
Y es que aunque incluso el Proyecto de ley de Cambio Climático en trámite actualmente en la Cámara, diseña en su artículo 12 un modelo de despliegue de infraestructuras de recarga para la movilidad eléctrica, este está fundando en un
mimetismo inadecuado respecto al vehículo de combustión, que precisa de una logística, infraestructuras y emplazamientos para el suministro muy distintos de los necesarios para la recarga del vehículo eléctrico. Se apuesta equivocadamente por un
diseño basado en obligaciones de inversión en infraestructuras de recarga eléctrica proporcionales a las ventas de las Estaciones de Servicios; esto puede no garantizar la capilaridad eficiente de la recarga eléctrica en todo el territorio nacional
y desperdiciar recursos que pueden emplearse más eficientemente con modelos de incentivos y ayudas a lugares, emplazamientos y servicios distintos de las Estaciones de servicio que suministran hidrocarburos, tal y como señalan las enmiendas
presentadas por el GPP a dicho artículo, en el trámite de debate del Proyecto de Ley que se sigue en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
En definitiva, el impulso del vehículo de energías alternativas y, específicamente de los vehículos eléctricos, precisa del desarrollo de ecosistemas que generan sinergias multidisciplinares entre distintos sectores (automoción, eléctrico,
digital, infraestructuras) y entre lo público y lo privado. Por ello corresponde también al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda urbana su contribución a ese esfuerzo colectivo, y esa contribución debe ser impulsada y sostenida con una
apuesta más decidida por el l+D+i, la formación
y la especialización, estrechando la relación entre universidades, centros tecnológicos, empresas y administraciones públicas en el desarrollo de nuevas infraestructuras más tecnológicas y que se anticipen a los cambios que vienen, que ya
están aquí.
Las infraestructuras viarias, digitales y la Agenda Urbana para impulsar el Vehículo de Energías Alternativas (VEA).
En la PNL aprobada el 15 de diciembre, este GPP señalaba la necesidad de seguir explorando nuevas tecnologías, nuevos componentes, nuevos procesos de fabricación, distribución y comercialización, nuevos productos, nuevos modelos de negocio,
para construir un nuevo modelo de movilidad con foco en el servicio, la sostenibilidad y la generación de desarrollo industrial y de empleo de calidad a lo largo de toda la cadena de valor de cada uno de los sistemas.
Y recordábamos que la cadena de valor industrial de la movilidad eléctrica abarca a vehículos, componentes, infraestructuras de recarga, industria minera, industria de segunda vida de las baterías, cadena de valor tecnológica y cadena de
valor de servicios y como la autonomía, la velocidad de recarga y la disponibilidad de infraestructura de recarga son algunas de las cuestiones que todavía frenan a muchos usuarios a dar el gran paso hacia la electromovilidad. Y nos ocupábamos
específicamente de las tecnologías de recarga mediante inducción dinámica:
'La tecnología de recarga por inducción dinámica contempla recargar la batería de los coches eléctricos mientras circulan, aumentando su autonomía y pudiendo hacer más kilómetros sin pararse a repostar.
La recarga por inducción dinámica se presenta como una solución más para la recarga del futuro, en especial en autovías y autopistas, aunque también en entornos urbanos, y la buena noticia es que no se trata de un concepto sacado de la
ciencia ficción: por ejemplo la marca automovilística Renault desde el año 2012 está participando en proyectos de investigación para el desarrollo de esta tecnología y existen proyectos en Suecia y en Israel, que han conseguido carga en marcha a
más de 20 Km/h.
La carga por inducción dinámica contempla integrar embebidas en las carreteras bobinas emisoras de electricidad que se encarguen de cargar a los vehículos eléctricos que circulen por encima suyo. De esta forma, no solo los conductores se
ahorrarán tener que depender en todo momento de las estaciones de carga, sino que, además, los fabricantes no deberán centrar sus esfuerzos en diseñar baterías con cada vez mayor densidad energética. Proyectos como Victoria, en Málaga, también son
ejemplo de este desarrollo tecnológico, cuando un consorcio formado por Endesa, junto con otras empresas y tres centros de investigación, desarrolló entre 2013 y 2014 el primer carril de carga eléctrica por inducción dinámica de España para un
autobús urbano.
Del mismo modo, la carga inalámbrica estacionaria está abriendo nuevos caminos en la oferta de servicios de recarga de vehículos eléctricos, tanto en autobuses, como el ejemplo de la ciudad de Madrid, donde se implemento en 2018 la primera
línea de autobuses 100 % eléctrica con carga por inducción, o el del CIRCE, que ha desarrollado el primer sistema capaz de transferir potencia de forma inalámbrica a 300 kW en el marco del proyecto europeo NIWE, financiado por la Comisión Europea a
través del programa Horizonte2020, y cuya trayectoria concluyó en 2018 tras cinco años de vida.
En este sentido, será importante avanzar en los estándares que regulen el diseño de los sistemas de recarga inalámbrica para vehículos eléctricos'
Se podrían añadir más ejemplos, como el de la empresa alemana Magment, especialista en diseño y desarrollo de hormigones y asfaltos para diferentes aplicaciones, ha desarrollado un hormigón magnetizable que permite recargar un vehículo
eléctrico tanto de forma estática como dinámica, manteniendo las propiedades físicas necesarias para la circulación de vehículos. La empresa, con sede en Múnich y fundada en 2015, ha recibido recientemente el premio Germán Innovation Award 2018 por
su alta robustez y eficiencia eléctrica.
En este sentido, será importante avanzar en los estándares que regulen el diseño de los sistemas de recarga inalámbrica para vehículos eléctricos.
También se aborda en la Proposición No de Ley aprobada, en los Hitos 5 y 6, las oportunidades industriales en torno al desarrollo de una red 'sostenible, inteligente y eficiente', que facilite 'e/ desarrollo del concepto de ciudades
inteligentes (Smart Cities)ysu gobernanza'. Y se señala que 'este desarrollo impulsará, -está impulsando ya-, también cambios en el urbanismo, en los espacios, las edificaciones,
las infraestructuras y en el mobiliario urbano, desarrollos en los que la movilidad eléctrica, las tecnologías digitales y la generación eléctrica con energía renovable constituye un ecosistema integrado e inseparable del concepto de
movilidad sostenible en ciudades inteligentes'. También se señalaba en el Hito 6, dedicado a la 'Infraestructura de Servicios' que 'la movilidad evoluciona en la medida en que cada vez somos más ciudadanos, mayores nuestras necesidades de movilidad
y la concentración poblacional en las grandes urbes y, sin embargo, el espacio no crece, con lo que es preciso gestionar de forma inteligente, sostenible y eficaz de nuestros recursos. [...] Fruto de esta situación, han surgido nuevos modelos de
negocio basados en la movilidad compartida eléctrica con coches, motos, bicicletas y patinetes, que suponen un reto y una oportunidad para los desplazamientos de personas y mercancías.'
En definitiva, la Proposición No de Ley a la que venimos refiriéndonos aprobada el pasado 15 de diciembre, instaba al Gobierno, entre otras medidas, a actuaciones en las que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene que
tomar la iniciativa:
'7. Apostar por la recarga por inducción dinámica mediante el diseño de una red de infraestructura asociada.
8. Trabajar por la densificación de los puntos de recarga estática, eliminando las barreras administrativas que impiden su desarrollo.
[...]
10. Invertir en infraestructuras de recarga dinámicas, siguiendo el ejemplo de países del norte de Europa que ya son referente en este tipo de tecnología de recarga.
11. Incluir dentro de los Planes Nacionales de l+D+i una línea específica de financiación relativa a la 'Conectividad en la Movilidad Eléctrica', el futuro de la red de valor de la movilidad eléctrica integrada en redes inteligentes y
modelos de Smart Cities.
13. Promover soluciones de movilidad compartida eléctrica que refuercen la intermodalidad en el transporte y ofrezcan soluciones eficientes al uso de vehículos privados, que permanecen el 90 % de su tiempo parados.
[...]'
Cabe aquí recordar también que en noviembre de 2017 el ministro de Fomento, íñigo de la Serna, presentó el Plan de Innovación para el transporte y las infraestructuras 2017-2020, que promovía el liderazgo mundial de España en el transporte y
las infraestructuras a través de la innovación, con el usuario final como centro del proceso y con la participación de toda la sociedad.
Otra oportunidad perdida.
En el plan se identificaban cuatro ejes estratégicos: la experiencia del usuario; las plataformas inteligentes; las rutas inteligentes; y la eficiencia energética y la sostenibilidad. Estos ejes se estructuraban, a su vez, en 21 líneas
estratégicas, que se concretan en 67 iniciativas. El importe estimado era de 50 millones de euros en tres años.
El Plan demostraba una apuesta clara por los nuevos paradigmas del transporte, y se manifestaba en la futura creación de una comisión que fomentara iniciativas público-privadas que analizaran las posibilidades de implantación de las mismas.
Potenciar el uso de sistemas de generación de energía renovable, sistemas de almacenamiento y sistemas de distribución de la energía excedente para su autoconsumo o su reinversión a la red es una de las iniciativas que formaba parte del cuarto eje
'Eficiencia energética y sostenibilidad'. Además, se impulsaba el desarrollo de un Plan Nacional de Infraestructura para el Vehículo Eléctrico y otros Vehículos con Energías Alternativas, que estudiaría la implantación de una red de puntos públicos
de recarga que aseguren la autonomía completa de estos vehículos en carretera, espacios públicos y grandes nodos de transporte. Por otra parte, se iniciaba la definición de los estándares y normativa necesarios para regular la implantación del
Vehículo Autónomo, que asegurase que la introducción de esta nueva tecnología se realiza en condiciones de seguridad. Este Plan también ha sido abandonado por el actual Gobierno y es por ello que este Grupo Parlamentario Popular está desplegando
iniciativas coordinadas en cada sección ministerial competente para contribuir a un desarrollo racional e integrado de las políticas que puedan impulsar la movilidad sostenible y conectada en nuestro país y de toda su cadena de valor.
Y desde el Grupo Popular queremos recordar que no se puede olvidar la responsabilidad del Estado de promover la innovación entre las distintas empresas e instituciones públicas, así como del sector privado. Contar con tecnologías punteras
requiere favorecer un ecosistema en el que las grandes empresas y pymes inviertan en innovación, y que las universidades, centros tecnológicos y emprendedores
se impliquen y participen en este proceso. Son los planes como el que impulsó el Gobierno del Partido Popular los que favorecen y facilitan una red innovadora que integre y conecte a todos los sectores de la sociedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la recarga por inducción dinámica mediante el diseño de una red de infraestructura viaria y digital asociada y de una serie de campos de pruebas con los que validar los hormigones y asfaltos que se están desarrollando para tal
finalidad, así como de las tecnologías de conectividad aplicables.
2. Crear un Fondo de Apoyo a la Inversión en Infraestructuras de recarga inductiva y dinámica, que permita una gestión unificada con los recursos públicos y privados necesarios para dotar de mayor eficiencia y flexibilidad a todo el
ecosistema empresarial, académico y público involucrado.
3. Promover infraestructuras, nuevas tipologías de construcciones y soluciones de movilidad compartida eléctrica que refuercen la intermodalidad en el transporte y ofrezcan soluciones eficientes al uso de vehículos privados, que permanecen
el 90 % de su tiempo parados.
4. Trabajar para el desarrollo de una Agenda Urbana que considere las innovaciones urbanísticas y tecnológicas para la densificación de los puntos de recarga estática, eliminando las barreras administrativas que impiden su desarrollo, y
específicamente, las particularidades relativas al aprovisionamiento y suministro de los vehículos de hidrógeno.
5. Incorporar a la Agenda Urbana una línea específica de Planes Nacionales de l+D+i relativa a la 'Conectividad en la Movilidad Eléctrica', el futuro de la red de valor de la movilidad eléctrica integrada en redes inteligentes y modelos de
Smart Cities.
6. Evaluar los marcos normativos y la innovación urbanística y tecnológica que será demandada para los nuevos modelos de movilidad urbana aérea eléctrica o de hidrógeno.
7. Fomentar los proyectos tractores con fondos europeos asignados para las infraestructuras de transporte que prioricen la mejora de la experiencia del usuario; las plataformas inteligentes; las rutas inteligentes; y la eficiencia
energética y la sostenibilidad.
8. Introducir incentivos fiscales para aquellas actuaciones que promuevan todos los puntos señalados anteriormente'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2021.-Elena Castillo López, Guillermo Mariscal Anaya, Andrés Lorite Lorite, Tristana María Moraleja Gómez, Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ejecución íntegra del Plan de
Cercanías de la Comunidad Valenciana presentado y aprobado por el Gobierno de España en diciembre de 2017, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En diciembre del año 2017 fue presentado por el entonces Ministro de Fomento D. Iñigo de la Serna Hernaiz, el Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana, con un horizonte temporal de siete años y un presupuesto de 1.436,55 millones de
euros y entre cuyas actuaciones se mejoraba no solo la superestructura sino también el material móvil con la adquisición de 52 nuevos trenes.
Dicho Plan contenía las siguientes inversiones:
- 958,96 M de inversión en vías de mejora para el Núcleo de Cercanías de Valencia-Castelló.
- 122,86 M de inversión en vías de mejora para el Núcleo de Cercanías de Alicante.
- 18,34 M para el Plan de Modernización de la flota para el Núcleo de Cercanías de Valencia-Castelló.
- 7,6 M para el Plan de Modernización de la flota para el Núcleo de Cercanías de Alicante.
- 186 M para la Renovación del material rodante para el Núcleo de Cercanías de Valencia-Castelló.
- 126 M para la Renovación del material rodante para el Núcleo de Cercanías de Alicante.
- 10,96 M para Actuaciones en las estaciones en el Núcleo de Cercanías Valencia-Castellón.
- 5,83 M para Actuaciones en las estaciones en el Núcleo de Cercanías de Alicante.
Lo que suma una inversión total de 1.436,55 m, con tres fines:
- Dotar de capacidad y fiabilidad a la infraestructura.
- Mejor accesibilidad y confort para los viajeros.
- Minimizar el número de incidencias.
El actual Gobierno ha dejado en el cajón del olvido la ejecución de este Plan, castigando a los habitantes de la Comunidad Valenciana a sufrir constantes disfunciones en la red de Cercanías (retrasos, cambios horarios, masificaciones en
horas punta...). Un ejemplo de ello han sido las recientes jornadas de huelga de maquinistas de Renfe denunciando los recortes de plantilla y la falta de mantenimiento de los trenes, que, según el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes
Ferroviarios (SEMAF) no sólo está obligando a suspender servicios sino que además ha dado lugar a la pérdida de más de 700 puestos de trabajo en el último año. Situación que no hará más que empeorar ante las nulas previsiones de este Gobierno.
La realidad evidente es que del Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana solo se ha ejecutado en 3 años un 9% de los casi 1.500 millones del Plan y un informe de la Cámara de Contratistas ya advertía hace unos meses que casi todas las
obras están aún por licitar. El Grupo Parlamentario Popular presentó enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado por más de 60 M para tratar de impulsar el avance de este Plan:
- 50 M para el Tren de la Costa en su tramo: Gandía-Oliva-Denia-Alicante.
- 0,5 M para la modernización de la Línea C1 Alicante-Elche-Murcia.
- 4 M para mejorar la red de Cercanías de la provincia de Castellón.
- 5,4 M para la electrificación de la línea C-3 y la prolongación de la red hasta el Puerto de Sagunto.
; pero todas ellas fueron rechazadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Proceder a la ejecución íntegra del Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana presentado y aprobado por el Gobierno de España en diciembre de 2017 con un presupuesto de 1.436,55 millones de euros y a la reprogramación de las actuaciones
previstas en el mismo para recuperar los tres años perdidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2021.-Oscar Clavell López, Diputado-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la construcción de nuevos apeaderos de RENFE en Jerez de la Frontera (Cádiz), para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Desde hace años se viene reclamando desde la ciudad de Jerez de la Frontera tanto a nivel ciudadano como a nivel institucional y político la construcción de nuevos apeaderos de RENFE en el término municipal: por un lado la Plataforma en
Defensa del Ferrocarril en la provincia de Cádiz y distintos colectivos sociales de la ciudad (como la Federación de Asociaciones de Vecinos, asociaciones ecologistas, representantes de Guadalcacín etc.), y por otro los partidos políticos y el
ayuntamiento de la ciudad. Todos volcados en la defensa de la necesidad de que Jerez cuente con nuevos apeaderos.
No hay que olvidar que la ciudad de Jerez es la quinta de Andalucía en población y con gran parte de ella diseminada en Entidades Locales Autónomas y Barriadas Rurales y que cuenta con una única estación de tren que, por su localización, no
permite el fácil acceso a los ciudadanos ya no solo de Jerez sino del resto de la Bahía de Cádiz. Pero el trazado ferroviario, que cruza todo el término municipal con una longitud cercana a los 7 km, es idóneo para, si se habilitaran nuevos
apeaderos, promover el uso del ferrocarril al hacerlo más accesible facilitando de este modo la movilidad en la Bahía de Cádiz.
Y no es una petición reciente: ya el 5 de febrero del año 2018 la Plataforma en Defensa del Ferrocarril en la provincia de Cádiz reclamaba en su Manifiesto 'la construcción/instalación de tres nuevos apeaderos en el término municipal en los
siguientes puntos:
Apeadero 1. Zona Parque González Honorina-Depósito de Sementales.
Apeadero 2. Zona Camino de Espera-Avenida San José Obrero.
Apeadero 3. Zona Guadalcacín y Ciudad del Transporte.'
A pesar de que la actual alcaldesa ha venido manifestando a lo largo de los cuatro últimos años que se había retomado el proyecto con ADIF no existe ningún compromiso concreto por parte del actual Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana en relación con el mismo. Así quedó constancia hace casi un año cuando Adif afirmaba en respuesta a una pregunta de la diputada jerezana del Grupo Popular en el Congreso, María José García-Pelayo, que continuaba analizando la
viabilidad de la construcción de los nuevos apeaderos de tren en la ciudad; en concreto que estaba realizando un 'estudio de demanda' para 'poder definir las necesidades de la ciudad en materia ferroviaria'. En una escueta contestación, se
explicaba que la administradora ferroviaria estaba 'actualmente redactando' dicho estudio de demanda a petición del Ayuntamiento de Jerez, no aportando previsiones sobre su finalización.
Un año después ni se conoce la situación de dichos estudios, ni el Gobierno ha incluido estos apeaderos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Es más, el Grupo Popular presentó una enmienda a los Presupuestos por un importe de
3 millones de euros para la construcción de estas infraestructuras justificándola en base a la necesidad de 'mejorar la accesibilidad a los distintos puntos de la ciudad y facilitar tanto la circulación de personas como la creación de empleo', que
rechazada en su totalidad por el Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a finalizar los estudios necesarios e iniciar la redacción de los proyectos constructivos en este año 2021 a fin de garantizar el inicio de la construcción de los nuevos apeaderos de RENFE en
Jerez de la Frontera (Cádiz) en el menor plazo posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2021.-María José García-Pelayo Jurado, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dña. Macarena Olona Choclán, D. Luis Gestoso de Miguel, Dña. Lourdes Méndez Monasterio, D. Joaquín Robles López, D. Tomás Fernández Ríos, Dña. Patricia Rueda Perelló, Dña. Patricia de las Heras Fernández, Dña. Cristina Alicia Esteban
Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala y D. Rubén Darío Vega Arias, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición No de Ley relativa a la toma de medidas para la ejecución del proyecto de construcción de la nueva dársena en el Gorguel (Cartagena), para su discusión en la Comisión
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Desarrollo de infraestructuras para el crecimiento económico de la Región de Murcia.
1. La Región de Murcia goza de una ubicación estratégica excepcional, al estar situada en el Arco Mediterráneo Español. Es uno de los ejes de desarrollo europeos más importantes y ocupa un emplazamiento estratégico en las grandes rutas
transoceánicas de contenedores del Mediterráneo, entre el estrecho de Gibraltar y el Canal de Suez.
2. No obstante, el sector del transporte 33 se ha hecho eco de que Murcia ha sufrido el retraso en la construcción de las infraestructuras adecuadas de comunicación: el aeropuerto, el nuevo puerto de El Gorguel o distintas líneas
ferroviarias. Todo ello ha condicionado el desarrollo de la Región en todo su potencial, y continúa haciéndolo.
3. Así, en lo referido al empleo, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativa al tercer trimestre de 2020, la tasa de paro en la Región de Murcia fue del 17,21 %,
frente al 16,26 % del conjunto de España 34.
Ilustración 1. Tasa de paro de la Región de Murcia frente al conjunto de España. Fuente: INE, www.epdata.es.
4. En cuanto al Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de la Región de Murcia, los datos también son inferiores a la media española. Según los datos de la Contabilidad Regional de España (Revisión Estadística 2019, publicados el 17 de
diciembre de 2020 por el INE), la media de la Unión Europea en 2019
33 Informe Los corredores ferroviarios, fundamentales para el desarrollo regional. La región de Murcia y su accesibilidad al exterior, elaborado por FEERMED, la Autoridad del Puerto de Cartagena y la Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales de Murcia.
34 https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0320.pdf, pág. 29.
fue de 31.160 euros y la media nacional de 26.426 euros, frente a los 21.642 euros de la Región de Murcia 35.
5. A la vista de estos datos de empleo y riqueza, y teniendo en cuenta la posición geoestratégica de esta comunidad autónoma, clave en las rutas del Mediterráneo y del Atlántico entre África y Europa y en las que conectan Asia, Europa y
América, la inversión en infraestructuras en la Región de Murcia es vital para el desarrollo no solo de esta comunidad, sino también para el de todo el país.
6. Es evidente que las infraestructuras son uno de los principales presupuestos y motores de crecimiento económico y, por ende, de creación de empleo y mejora de la producción de bienes y servicios. Su existencia y mantenimiento es
requisito indispensable para sostener una adecuada actividad comercial. La inversión en su crecimiento y desarrollo debería ser una prioridad esencial para cualquier Gobierno.
7. En este sentido, el Estudio de Infraestructuras de Transporte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), publicado en el mes de julio de 2020, en relación con el impacto económico y laboral de la inversión en
infraestructuras de transporte, recoge lo siguiente:
'La amplia evidencia disponible a nivel internacional muestra la importancia que las infraestructuras de transporte tienen como factor explicativo de la productividad, si bien el rango de variación de la elasticidad estimada es muy amplio.
La estimación promedio (de consenso) se sitúa entre el 0,10 y 0,13. En el caso español, también la evidencia es abundante y a favor de la importancia de la inversión en infraestructuras de transporte. El rango de variación del impacto estimado es
también significativo, aunque la elasticidad razonable la sitúan algunos autores en torno a 0,10. [...].
El segundo ejercicio realizado, basado en la descomposición contable del crecimiento económico, muestra que las infraestructuras de transporte explican en promedio el 3,8 % del crecimiento anual del VAB en el periodo 2000-2016. [...].
En tercer lugar, de acuerdo con la metodología input-output, las inversiones realizadas en España en infraestructuras de transporte han tenido un impacto promedio anual en el periodo 1985-2018 equivalente al 1,8 % y 2 % del PIB y empleo
total de la economía, respectivamente [...] 36'.
Segundo. Importancia del puerto de Cartagena en el corredor del Mediterráneo.
8. El puerto de Cartagena se erige como uno de los pilares fundamentales para la generación de riqueza y el crecimiento económico de esta comunidad autónoma. Con 709 metros de línea de atraque y un calado de 12 metros, es capaz de recibir
las escalas de los buques de mayor tamaño 37.
9. En concreto, como expone la Autoridad Portuaria de Cartagena en su página web oficial, esta instalación:
'Puede albergar escalas simultáneas de dos cruceros de hasta 330 metros de eslora. Asimismo, ofrece una explanada de más de 4.500 metros cuadrados y dos duques de alba para el amarre de los buques. Además, cuenta con una terminal de
embarque con capacidad para el control de 200 pasajeros y con el equipamiento necesario: escáner, arco de seguridad, oficinas de control de documentación relativas a fronteras y seguridad' 38.
10. La importancia del puerto se ve reflejada en los datos de pasajeros y de mercancías. Así, según datos de Puertos del Estado (órgano dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se encarga de ejecutar la
política portuaria del Gobierno), en el año 2019 tuvo 250.058 pasajeros en régimen de crucero y transporte 39. En cuanto a las mercancías, en 2019 el puerto de Cartagena experimentó un tráfico portuario de 34.282.141 toneladas, siendo el quinto
puerto de España con mayor tráfico 40.
11. Evidentemente, si se atiende a los últimos datos disponibles de noviembre de 2020, la crisis originada por el virus SARS-CoV-2 ha impactado gravemente, especialmente, al tráfico de pasajeros. Así, el acumulado de esta magnitud hasta el
mes de noviembre fue de 18.862 personas (un 92,17 % menos
35 https://www.ine.es/prensa/cre 2019 2.pdf, págs. 2 y 3.
36 https: / / www.airef.es/wp-content/uploads/2020/09/INFRAESTRUCTURAS/200730.-INFRAESTRUCTURAS.-ESTUDIO.pdf, págs. 43 y 44.
37 http:/ /www.apc.es/webapc/actAPC/cruceros/crucerosyturismo [fecha de consulta: 27 de enero de 2021]
38 Idem.
39 Extraído de la gráfica mensual correspondiente a diciembre de 2019, acumulado desde enero: http:/ /www.puertos.es/es-es/estadísticas/Paginas/estadística mensual.aspx [fecha de consulta: 26 de enero de 2021]
40 Idem.
que para el mismo período de 2019). Por su parte, el tráfico portuario fue de 30.008.540 toneladas, un 3,90 %inferior que en idéntica franja de 2019 41.
12. Por otra parte, el Reglamento (UE) n.° 913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre de 2010 sobre una red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo instauró una serie de corredores europeos de
mercancías con el objetivo de incrementar la competitividad del ferrocarril con respecto a otros medios de transporte.
13. Estos corredores forman parte de la base de las Redes Transeuropeas de Transporte, definidas en el Reglamento (UE) 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 sobre las orientaciones de la Unión para el
desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y del Reglamento n.° 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 por el que se crea el Mecanismo 'Conectar Europa'.
14. Y, precisamente, en los Planes de Implementación del Corredor Mediterráneo que prevé la Unión Europea para 2021 y 2022 se encuentran actuaciones en los tramos entre el Canal del Reguerón y Escombreras (Cartagena) 42.
15. En este contexto, tanto para el puerto de Cartagena como para toda la Región de Murcia son de especial relevancia las actuaciones que se van a realizar en Cartagena y en toda la comunidad en el marco de los proyectos relativos al
desarrollo y ejecución del Corredor del Mediterráneo o Corredor Europeo de Mercancías6.
Tercero. Oportunidad de construcción de la nueva dársena para contenedores en el Gorguel.
16. Desde inicios de siglo, el puerto de Cartagena ha observado un crecimiento exponencial en la llegada de pasajeros y de mercancías. Por ello, y con la finalidad de descongestionar ese puerto, en el año 2010 la Autoridad Portuaria local
('APC') presentó el Plan Director de Infraestructuras de la Nueva Dársena de Cartagena ('PDINDC' o el 'Plan') 43.
17. . En el Plan se planteaba la construcción de una nueva dársena en la zona de El Gorguel que se destinaría al tráfico de contenedores y al tráfico RoRo (carga rodada). Este proyecto es el que ha sido comúnmente denominado como la
construcción de la dársena de El Gorguel o el nuevo puerto de El Gorguel.
Ilustración 2. Ubicación de la Bahía de Portmán y El Gorguel
18. En abril de 2010 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ('DGCEA') remitió al Instituto Geológico y Minero de España ('IGME') el referido Plan, con el fin de conocer la opinión de esta institución 44.
41 Extraído de la gráfica mensual correspondiente a noviembre de 2020, acumulado desde enero: http://www,puertos.es/es-es/estadisticas/Paginas/estadistica mensual.aspx[fecha de consulta: 26 de enero de 2021]
42 https://www.railfreightcorridor6.eu/RFC6/Fublic/RFC6 CID Book5 2020-21 18-12-2020.pdf, pág. 144 y https://www.railfreightcorridor6.eu/RFC6/Public/RFC6 Implementation Plan 2021-22 22-01-2021.pdf, pág. 113.
43 Plan promovido por la Autoridad Portuaria de Cartagena, enero 2010.
44 Consulta previa sobre el Plan director de infraestructuras de la nueva dársena de Cartagena (Ref: 2010P001PU) al Instituto Geológico y Minero de España (Ministerio de Ciencia e Innovación), mayo de 2010.
19. El IGME concluyó, en sus sugerencias e impactos del PDINDC sobre el medio ambiente, que hay diferentes elementos que pueden verse afectados y que no han sido suficientemente considerados. Entre ellos encontramos el suelo, la vegetación
y la hidrología superficial. Así, aunque exige que el Informe de Sostenibilidad analice la articulación de las diferentes actuaciones sobre figuras relativas a la protección del medio natural y ordenación territorial, en ningún caso descarta el
proyecto.
20. En consecuencia, en enero de 2013 la APC publicó el documento Asistencia Técnica para la Tramitación Ambiental Estratégica del Plan Director de Infraestructuras de la Nueva Dársena de Cartagena. Informe de Sostenibilidad Ambiental,
elaborado por la UTE Alatec-Foro 21-TAU Consultora Ambiental. En este informe se concluye, tras descartar otras alternativas, que el proyecto más viable es el de la construcción de una nueva dársena de contenedores en El Gorguel.
21. La construcción de una nueva dársena se realiza de acuerdo con los siguientes aspectos clave 45:
- 'Situación geográfica que hace atractivo al puerto con respecto a las grandes rutas de contenedores.
- Posibilidad de disponer de una infraestructura y superestructura adecuadas que permitan la llegada de buques portacontenedores de 18.000 TEU, lo que conlleva profundidades de aproximadamente 20 m y longitudes de muelle de al menos 460 m
por puerto de atraque, deforma que se tenga la longitud necesaria en la línea de muelle para permitir el amarre de este tipo de buques.
- Conectividad en un hinterland amplio que se extiende desde la propia Región de Murcia, pasando por Andalucía Oriental y el centro peninsular (Madrid), lo que le hace ser amplio y competitivo con puertos como Valencia y Algeciras.
- Conexiones ferroviarias integradas en el Corredor Mediterráneo (FERRMED) como parte de la red que enlaza con Europa.
- Coherencia con la política y estrategias de transporte e infraestructuras de España y la Comisión Europea (PEIT, Libro Blanco).
- Sinergias entre los distintos tipos de tráfico (transito, feeder, tráfico import/export y RoRo)
- Reducción del coste y tiempo frente al transporte por carretera'.
22. Asimismo, en el informe se recoge el impacto socioeconómico positivo del proyecto, estimando un efecto total generado sobre la economía española, teniendo en cuenta el tráfico exterior en el 'hinterland' en términos de Valor Añadido
Bruto (VAB) para el 2040 de 8.215.130.756 euros corrientes. Igualmente se estima la creación para ese año de 41.757 puestos de trabajo, directos, indirectos e inducidos 46.
23. El 14 de marzo de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se somete a trámite de información pública y consultas la versión preliminar del Plan Director de
Infraestructuras de la Nueva Dársena de Cartagena, que incluye el Informe de Sostenibilidad Ambiental'.
24. Por último, el 19 de agosto de 2014 el entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA) comunicó afecciones significativas a la Red Natura 2000 (RN2000). Ello determinó que debiera tramitarse el expediente de
consultas previas a la Comisión Europea en relación con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad, y con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats).
25. Ahora bien, nuevamente esto no implica el fin del proyecto, sino solo que se requiera el diseño de un plan de protección y la obtención de los permisos y autorizaciones medioambientales pertinentes. Tal y como se indica por la APC 47:
'Los pasos que deben abordarse para cumplimentar este expediente están recogidos en la Orden AAA/2231/2013, los más importantes son:
- Declaración del proyecto de imperiosa necesidad de interés público de primer orden, por parte del Gobierno de España. Art. 45.5 Ley 42/2007.
45 'Asistencia Técnica para la Tramitación Ambiental Estratégica del Plan Director de Infraestructuras de la Nueva Dársena de Cartagena. Informe de Sostenibilidad Ambiental', pág. 7.
46 lbid., pág. 9.
47 Autoridad Portuaria de Cartagena. Declaración ambiental de 2016, pág. 9.
- Propuesta de las medidas Compensatorias. A redactar conjuntamente con los organismos gestores de la RN2000 (CARM y MAGRAMA). Durante el año 2015 se han llevado a cabo trabajos para la mejora de la evaluación ambiental y la definición del
proyecto de medidas compensatorias en el ámbito terrestre, tanto para el LIC, como para la ZEPA 'Sierra de la Fausilla'. Los trabajos destinados a la elaboración del proyecto de medidas compensatorias en medio terrestre, han finalizado de manera
satisfactoria. Se ha dado traslado de los mismos a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la CARM, a fin de obtener su valoración, dichos trabajos han sido elaborados con la colaboración de las Universidades de Murcia y Politécnica
de Cartagena. Por otra parte, en lo que respecta al Medio Marino, se están llevando a cabo los contactos necesarios para que el Instituto Español de Oceanografía realice una evaluación pormenorizada de los impactos en el Medio Marino, de cara a
poder redactar el proyecto de medidas compensatorias en dicho ámbito.
- Justificación de que no existe otra alternativa posible para llevar a cabo el Plan.
- Tramitación Europea. A través de la Secretaría General de Medio Natural del Ministerio, que comprobará y validará los documentos anteriores, se remitirán los documentos anteriores para su consulta a la Comisión Europea.
Una vez obtenido el dictamen favorable por parte de la Comisión, los próximos trabajos que se desarrollarán serán:
- Redacción de la Memoria Ambiental conjuntamente con el MAGRAMA durante el 2017.
- Elaboración de la versión definitiva del Plan Director de Infraestructuras en el 2017'.
26. No obstante, este proyecto por el que se dotaría de una nueva terminal de contenedores al puerto de Cartagena, planteado hace ya más dos décadas, hoy sigue sin avanzar. Se dificulta, con ello, el máximo desarrollo de la Región de
Murcia.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar estas medidas para asegurar la ejecución del proyecto de construcción de la nueva dársena para contenedores en El Gorguel (Cartagena):
- Declarar dicho proyecto de interés público de primer orden, en el marco del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y
del artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad debido a la trascendencia social y económica que dicho proyecto tendrá para la Región de Murcia, así como por su importancia estratégica para el
resto de infraestructuras portuarias españolas. Y ello con la finalidad de dotar al proyecto del reconocimiento necesario para poder llevar a cabo todas las acciones necesarias para ejecutarlo.
- Fomentar e impulsar las actuaciones tendentes a la ejecución del Corredor del Mediterráneo en el tramo vinculado al Puerto de Cartagena'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Tomás Fernández Ríos, Cristina Alicia Esteban Calonje, Rubén Darío Vega Arias, Luis
Gestoso de Miguel, Lourdes Méndez Monasterio y Joaquín Robles López, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/002168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Montserrat Bassa i Coll, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de Ley sobre la
Financiación de la Educación 0-3 para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Con la aprobación de la LOMLOE no sólo hemos asegurado un modelo inclusivo, sino que también hemos evidenciado la necesidad de enseñar y aprender respetando la diversidad, haciendo prevención de las dificultades de aprendizaje y poniendo
especial énfasis en la educación para la salud, la educación afectivo-sexual y la educación emocional y de valores en todos los ámbitos educativos.
Además hemos logrado, entre otros muchos aspectos positivos, el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia a la educación, según establece la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, la
inclusión educativa y los principios del diseño universal de aprendizaje.
En coherencia con estos avances, consideramos que -más allá de permitir la conciliación de la vida laboral de las familias, especialmente de las mujeres, y de la socialización del alumnado-, la educación de 0-3 años es fundamental.
Los progresos en el terreno de la psicología y de la pedagogía han revelado la atención educativa precoz como una manera de favorecer significativamente el desarrollo integral de los niños y las niñas.
Pero nos encontramos ante un enorme obstáculo, crónico de la arquitectura institucional del Estado español en relación con las Comunidades Autónomas: la falta de financiación. Y es que debemos reconocer que la reciente Ley de Educación no
incorpora ninguna cláusula que blinde la necesaria dotación presupuestaria para dar cumplimiento a los objetivos y principios enunciados en la misma.
En consecuencia, nos parece importante reconocer que tanto el mundo local como la Generalitat han hecho un esfuerzo histórico con el fin de financiar la etapa de la educación infantil de 0 a 3 años en Catalunya. Y el Estado español, para
garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a la educación, debe priorizar su implicación en la transferencia de recursos para consolidar esta línea ascendiente en el campo de la educación de los 0 a 3 años.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a crear, en el plazo de seis meses, un fondo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de transferencias corrientes a las Administraciones competentes con el objetivo de
universalizar el primer ciclo de educación infantil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2021-Montserrat Bassa Coll, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/002199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para la defensa y promoción de la Escuela Pública, para su debate en Comisión de Educación y FP.
Exposición de motivos
La escuela pública escolariza en España al 68 % del alumnado de las Enseñanzas de Régimen General previas a la universidad, con importantes diferencias en porcentajes según Comunidades Autónomas. Algunas políticas con medidas de recorte en
la financiación para gastos de mantenimiento de los centros, ampliación de la ratio, reducción del número de docentes, limitación en oferta educativa, de prestación de servicios complementarios, actividades extraescolares o no sustitución de
profesorado, son algunos de los motivos por los que la escuela pública necesita políticas de refuerzo.
Cabe recordar el contexto internacional en relación al papel, extensión y protección de la escuela pública. Según el Informe (de febrero de 2021) de la Fundación 1 de mayo elaborado por el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, la escuela pública es
la referencia incuestionable en los países occidentales. Con la excepción de dos países, Bélgica y Holanda, otros como Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia,
importantes por la cuantía de su número de habitantes y por su peso específico en el mundo que conocemos, así como algunos como Finlandia, Suecia o Dinamarca, que se suelen citar por sus éxitos escolares, gozan todos ellos de sistemas
educativos vertebrados por la escuela pública.
La relevancia de la escuela pública en los países más desarrollados social y económicamente se suele pasar por alto cuando se comparan éxitos y fracasos escolares y se pasa por alto también el hecho de que en este grupo de países,
caracterizados todos por una larga trayectoria democrática, derecha e izquierda, demócratas y republicanos, laboristas y conservadores, socialdemócratas y democristianos, están de acuerdo en que sus sistemas educativos, por otra parte enormemente
diversos entre sí, se vertebren a través de centros públicos, creados y financiados por los poderes públicos.
La escuela pública no es de derechas ni de izquierdas. Es la escuela de y para todos los ciudadanos; cumple una función esencial, una necesidad, la de formar ciudadanos, pero también la de integrar clases sociales, comunidades culturales,
alumnos y alumnas de distintas procedencias sociales, culturales y religiosas. Es la que permite el ejercicio del derecho a la educación garantizando la igualdad de oportunidades, uniendo el desarrollo personal que se produce gracias a la
educación, con la integración en la sociedad a la que pertenecemos. Esto implica que cualquier familia de cualquier clase social, preferencia religiosa o cultural o pertenencia étnica y lugar de residencia, dispondrá para sus hijos de una escuela
pública de igual calidad que las restantes.
Esta es la grandeza de la escuela pública en los países occidentales y en España, por eso debe ser protegida, apoyada y cuidada como lo es en el resto de países europeos de referencia y de la OCDE.
Cualquier país que aspire a tener cohesión social debe tener un modelo de escuela que integre la diversidad social existente y que elimine cualquier tipo de gueto, porque la escuela no puede ser excluyente en una sociedad que tenga como meta
un Estado social y democrático de derecho.
Debemos recordar que la escuela pública escolariza mayoritariamente al grupo de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales (NEE), así como a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), como la
población inmigrante o estudiantes con discapacidad, no segrega y es gratuita, tal y como recoge la Constitución Española. Hechos y realidades que refuerzan su valor y la diferencian de otros modelos educativos. Estas diferencias educativas hacen
que las políticas que ignoran a la educación pública en algunas Comunidades Autónomas y favorecen determinados criterios de admisión, fomenten una escolarización homogénea frente a los principios de diversidad y heterogeneidad que deben caracterizar
la escuela pública, como sucede en los países del entorno europeo.
La consideración de la educación como un servicio público esencial exige que se cumplan unos niveles mínimos en la prestación cuya garantía es competencia de los poderes públicos y preservar el carácter vertebrador de la escuela pública tal
y como recoge la LOMLOE y como se infiere en los artículos 17, 23, 27 y 28 de la LODE.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, y en colaboración con las Comunidades Autónomas, a continuar reforzando el carácter vertebrador de la escuela pública como la red que garantiza plenamente el
derecho a la educación, recogido en la Constitución española, para lo que deberán:
1. Continuar incrementando la financiación educativa para garantizar un servicio de calidad, como suma de excelencia y equidad, en las distintas etapas obligatorias y no obligatorias.
2. Ampliar la oferta de actividades complementarias y extraescolares en la oferta educativa que atiendan a la formación integral de los estudiantes.
3. Seguir incrementando la creación de centros integrados de educación que comprendan todos los niveles escolares, desde la educación infantil al bachillerato.
4. Incrementar en los centros ordinarios los recursos humanos y materiales para poder atender en las mejores condiciones la diversidad y al alumnado con necesidades educativas especiales.
5. Impulsar el desarrollo profesional del profesorado y la carrera docente.
6. Velar por el cumplimiento de todos los criterios de admisión y equilibrio en la escolarización heterogénea del alumnado, entre los diferentes centros educativos según se recoge en la LOMLOE.
7. Fortalecer la intervención de familias, profesorado, alumnado y del conjunto de la comunidad educativa en la gestión y control de los centros públicos a través de los órganos colegiados de gobierno y participación recogidos en la
LOMLOE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-María Luz Martínez Seijo, y Sergio Gutiérrez Prieto, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley de Impulso del modelo de formación
profesional público en España para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La educación es un pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, así como el bienestar individual y colectivo. Así lo recoge el artículo 27 de la Constitución Española, que señala que toda la ciudadanía tiene derecho a la
educación y que es deber de los poderes públicos garantizarlo. Recientemente, fue aprobada la LOMLOE, una nueva Ley de Educación que recoge las demandas de la comunidad educativa al mismo tiempo que refuerza la educación como servicio público y su
compromiso con la igualdad. La LOMLOE establece que la Formación Profesional tiene por finalidad 'preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo
largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática y pacífica'. La Formación Profesional es una herramienta indispensable para garantizar la progresión en el sistema educativo en el marco del
aprendizaje a lo largo de la vida.
Instituciones como la Unión Europea o la UNESCO proponen fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollando todas las etapas educativas y la formación permanente, con el objetivo de garantizar a toda la ciudadanía sus capacidades,
la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Más recientemente, su adopción como Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030, define el derecho a la educación dentro de una educación inclusiva,
equitativa, de calidad y a lo largo de toda la vida. La educación es, por lo tanto, un proceso integral, complejo y permanente durante toda la vida y los poderes públicos debemos trabajar para garantizarlo más allá de la escuela y la educación
básica u obligatoria.
En este sentido, según una proyección sobre el futuro del empleo elaborada por la agencia Cedefop, de la Unión Europea, en 2030 los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán un 65 % de profesionales con cualificaciones
medias, es decir, Formación Profesional, y un 35 % con altas, Formación Profesional de grado superior y graduados universitarios. Pero la realidad es que, en la actualidad, y sobre todo tras la crisis de 2008, la falta de plazas públicas
suficientes ha sido uno de los grandes problemas de la Formación Profesional que ha dejado fuera de las aulas a muchos alumnos y alumnas que no tenían dónde estudiar.
De hecho, a pesar del aumento de estudiantes en la Formación Profesional en los últimos 10 años, España sigue muy por debajo que la media en relación al alumnado matriculado en FP, especialmente de grado medio. Mientras en España la tasa de
escolarización en FP de grado medio es del 12 % la media de los países de la OCDE se sitúa en el 26 %. A pesar de que en la última década el incremento de la Formación Profesional ha sido del 60,4 % y de que en el curso 2020-2021 su incremento fue
del 5,2 %, este no ha venido acompañado de una mayor oferta de plazas públicas sino de un impulso de la educación privada. De hecho, podríamos estar ante una situación de burbuja de titulaciones, de modo similar a como ocurre con la universidad
privada, en la que la calidad de la formación podría haber cedido ante las pretensiones económicas de entidades particulares que solo buscan un beneficio exclusivamente económico sin demasiado control que asegure la calidad del servicio prestado.
Por ejemplo, en la provincia de Málaga uno de cada tres estudiantes no fue admitido para estudiar Formación Profesional en centro públicos por falta de plazas en el curso 2019-2020. En Madrid el sindicato CCOO denunció que en el curso
2017-2018 el 44,7 % del alumnado que pidió una plaza pública no lo consiguió. Existe un déficit estructural de plazas públicas en la formación profesional que, en los últimos años, ha sido absorbida por la oferta privada que ha visto en la FP un
mercado potencial de negocio con precios desorbitados cada curso, incluso superiores a los 3.000 anuales, lo que segrega a una importante capa de la población que carece de los recursos económicos necesarios para hacer frente a dichas exigencias
económicas.
Además, y relacionado con ello, cabe destacar la demanda de mejorar e intensificar el servicio de orientación profesional y académica en la etapa de secundaria, especialmente al término de la ESO y del Bachillerato, pues una parte importante
del alumnado no conoce la oferta formativa de la Formación Profesional ni sus salidas profesionales más allá de la oferta de su propio centro, por lo que también es necesaria potenciar la difusión de toda la oferta formativa existente y dotar al
alumnado de un sólido sistema de becas de transporte para que la distancia y las carencias económicas no resulten un elemento penalizador a la hora de realizar una elección de estudios, también como elemento desarrollador de vocaciones.
En este sentido, nuestro sistema educativo cuenta con excelentes profesionales adscritos a los Departamentos de Orientación y de la especialidad de Formación y Orientación Laboral, siendo estos últimos un excelente recurso que tiene su
ámbito de acción en las etapas de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, por lo que se podría potenciar su actividad de orientación profesional con horario específico para ello.
Hemos visto como el sistema educativo ha mantenido durante mucho tiempo la Formación Profesional como la opción de segunda para el alumnado repetidor, especialmente la de grado medio, aunque sabemos, y así denuncian organizaciones como Save
The Children, que el alumnado pobre o vulnerable tiene cuatro veces más posibilidades de repetir que el alumnado con más recursos económicos. Además, el acceso se encuentra condicionado por la falta de acompañamiento y orientación y las pocas
plazas públicas para cubrir las demandas de primera opción, al mismo tiempo que se matrícula por encima del 100 % de la ratio, convirtiendo las aulas de Formación Profesional en un punto crítico para los colectivos más vulnerables con elevado riesgo
de exclusión del sistema educativo.
Otro de los evidentes problemas a los que se enfrenta la Formación Profesional es su rigidez en cuanto a la adecuación a los requerimientos del mercado laboral y a las necesidades productivas, de manera que actualmente existe un verdadero
problema de desactualización curricular que los profesionales de esta etapa educativa llevan tiempo denunciando, incluyendo la clamorosa desactualización de los temarios de acceso a los correspondientes procesos selectivos, superando dos décadas en
los que no se han actualizado dichos temarios, haciendo que los aspirantes a una plaza deban preparar, aun actualmente, unos contenidos en muchos casos desfasados y que en nada se corresponden con la realidad económica y productiva. No solo eso,
existe un verdadero problema de ambigüedad en múltiples aspectos y de falta de concreción y coherencia que origina recurrentes problemas de interpretación y ejecución de una normativa poco precisa en aspectos como la evaluación, actualización de
criterios de evaluación y Resultados de Aprendizaje, convalidaciones o atribución docente, entre otros.
Ligado a esto último, cabe precisar que la Formación Profesional requiere de una formación continua por parte de los/as docentes de esta etapa para mantenerse actualizados/as en su desempeño y poder prestar un servicio educativo de la máxima
calidad. Es por ello por lo que deben diseñarse planes formativos específicos y permanentes que integren el horario del colectivo docente de esta etapa, pues si hay algo que realmente puede potenciar a la Formación Profesional es el reconocimiento
y la puesta a disposición de los recursos necesarios a sus profesionales para la prestación de un servicio educativo con los máximos estándares de calidad, lo que es la mayor garantía de cualificación del alumnado de la etapa.
A ello se le suma que, en demasiadas ocasiones, las infraestructuras de los centros de Formación Profesional están obsoletas o presentan graves deficiencias, siendo necesario dotar de recursos en este sentido. Incluso, sería conveniente el
estudio de la conveniencia pedagógica y funcional de que la actual Formación Profesional se encuentre ubicada en centros de educación secundaria, donde la heterogeneidad del alumnado es evidente desde el punto de vista de edad y madurez. De esta
forma cabe preguntarse por qué no se han puesto en marcha más Centros Integrados de Formación Profesional, pues la respuesta formativa desde estos resultaría más adecuada y específica a las circunstancias y necesidades del alumnado y a las
necesidades organizativas y de funcionamiento de esta etapa.
Por otro lado, es conveniente actualizar el mapa para la detección de las necesidades productivas de los territorios, teniendo en cuenta las tendencias futuras de la actividad económica, de forma que vayan de la mano formación y las
necesidades de mano de obra cualificada de las empresas de manera actualizada.
Además, la brecha de género en la Formación Profesional es también importante e incide de forma directa sobre la mujer y sus oportunidades de éxito en el mercado laboral. Así como en los ciclos industriales los hombres están
sobrerrepresentados, asociados a profesiones mejor remuneradas, los ciclos del sector servicios y atención a las personas tienen mayor representación femenina, asociados a salarios más bajos y trabajos más precarios, perpetuando así los estereotipos
de género y las diferencias socioeconómicas.
Dada la importancia de la Formación Profesional en la empleabilidad y la mejora del tejido productivo, económico y social es necesario señalar cómo la implicación del mundo local, ayuntamientos, instituciones y otras organizaciones, en el
desarrollo de la Formación Profesional es vital para impulsarla y establecer sinergias que repercutan en un beneficio colectivo que tenga en cuenta las realidades locales y territoriales. Es por ello también que se hace necesario trabajar
conjuntamente entre instituciones para adecuar la oferta de ciclos formativos a la realidad de cada localidad o territorio y a las necesidades de su entorno.
Por todo ello, es imprescindible trabajar el impulso de la Formación Profesional en el ámbito del diálogo social con sindicatos y patronal, como se hizo con la constitución de la Mesa de Diálogo Social para la Formación Profesional en el
marco del Sistema Nacional de Cualificaciones. Es necesario trabajar conjuntamente la digitalización e innovación de la Formación Profesional, conectándola con las necesidades del tejido económico y productivo, pero también para asegurar que se
trabaja para mejorar la empleabilidad y las condiciones del alumnado de FP, indispensable para la cohesión social y la igualdad de oportunidades que se espera de la educación pública.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un modelo de Formación Profesional pública, de creación preferente frente al modelo privado, con una oferta suficiente y adecuada para dar respuestas a las necesidades del alumnado, así como a las del mundo local y al tejido
económico y productivo.
2. Asegurar la calidad de la prestación de los estudios de Formación Profesional impartidos por entidades privadas mediante un sistema de auditoría que garantice unos mínimos estándares de calidad.
3. Diseñar un plan de modernización de infraestructuras e impulso de los Centros Integrados de Formación Profesional.
4. Implementar mecanismos que permitan actualizar y flexibilizar el currículum de formación profesional para mejorar la adaptación al contexto y dar una respuesta ágil a las necesidades existentes, contando con la participación de
expertos/as.
5. Mejorar el acceso a la Formación Profesionales a todos los usuarios potenciales, incluidos los colectivos más vulnerables y las personas con necesidades educativas especiales.
6. Creación de un sistema de becas de transporte suficientemente dotado para que cualquier alumno o alumna pueda realizar los estudios profesionales de su elección, independientemente de la distancia, facilitando la movilidad del alumnado.
7. Potenciar la orientación académica y profesional en las etapas de Secundaria y Bachillerato.
8. Impulsar, de forma coordinada con las Administraciones Educativas, la capitalización de toda la formación para que sea reconocida y acreditada con el fin de facilitar la continuidad del itinerario formativo del alumnado.
9. Desarrollar un plan de formación inicial y permanente del profesorado para su actualización técnica y pedagógica, así como la consideración de la formación como parte de su jornada lectiva que incluya la posibilidad de la realización de
estancias formativas en centros de trabajo y en otros centros educativos para la actualización de conocimientos y compartir buenas prácticas educativas y profesionales, posibilitando las comunidades de aprendizaje para el desarrollo de la innovación
y la creación y puesta en práctica de proyectos.
10. Garantizar el reconocimiento laboral y profesional como elemento fundamental de la promoción profesional.
11. Consolidar la adscripción de todos los estudios de formación profesional a la adscripción al espacio común europeo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2021.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Georgina Trías Gil, D. Joaquín Robles López, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. José Ramírez del Río, D.ª Teresa López Álvarez, D.ª Reyes Romero Vilches y D. Pedro Fernández Hernández, en sus respectivas condiciones
de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa promover la
modificación de la prueba de acceso la universidad con el fin de garantizar la igualdad y equidad del alumnado en todo el territorio español, para su discusión en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Primero. El objeto de esta Proposición no de Ley es instar al Gobierno de España a promover la elaboración de una prueba de acceso a la universidad única para el conjunto del territorio español, como herramienta para poner fin a las
desigualdades que se generan entre los estudiantes españoles, fruto de la existencia de 17 pruebas de acceso a la universidad diferentes.
Segundo. La competencia en materia de educación está compartida entre el Estado y las diferentes Comunidades Autónomas.
Concretamente, el título competencial del Estado está previsto en el artículo 149.1.30.ª que dispone lo siguiente:
'El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
[...]
30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
de los poderes públicos en esta materia.'
Por lo que respecta la comunidades autónomas, la competencia de estas se circunscribe al desarrollo y ejecución de las normas básicas aprobadas por el Estado, de acuerdo con las previsiones de los respectivos Estatutos de Autonomía y las
correspondientes leyes autonómicas de educación.
Las competencias educativas, inicialmente determinadas en función del proceso autonómico correspondiente, se ampliaron posteriormente como consecuencia de los Acuerdos Autonómicos de 28 de febrero de 1992. Estos acuerdos tuvieron por objeto
ahondar en la cesión de competencias a las comunidades autónomas y dieron lugar a diversas leyes de transferencia a las mismas; por ejemplo, la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a comunidades autónomas que
accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución 48.
48 Artículo 19: Se transfiere a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Castilla y León la competencia de desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que conforme el apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen y
sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía.
Tercero. Actualmente, el acceso a la universidad puede producirse por alguna de las siguientes formas:
a) Las personas mayores de 25 años de edad podrán acceder directamente a la Universidad, sin necesidad de titulación alguna, mediante la superación de una prueba específica (artículo 69.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en adelante la 'LOE').
b) Superación de una única prueba homologada para quienes hayan obtenido el título de Bachiller recogido en el artículo 37 de la LOE (artículo 38.2 de la LOE)
c) Los supuestos previstos en la DA 33.ª estarán exentos de la superación de la prueba de acceso:
i. Titulados en Bachillerato Europeo y en Bachillerato Internacional.
ii. Alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales, siempre que dicho alumnado cumpla los requisitos académicos exigidos en sus
sistemas educativos para acceder a sus universidades.
iii. Titulados de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y de alumnos en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero
equivalente al título de Bachiller.
Cuarto. En nuestro país el acceso a la universidad se produce mayoritariamente a través de la obtención del título de Bachiller en la forma prevista en el artículo 37 LOE, anteriormente citado. Al respecto, el artículo 38 regula el acceso
a la universidad para quienes hayan obtenido este título. En particular, deben destacarse los apartados 3 y 4 que disponen lo siguiente:
'3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las características básicas de la prueba de acceso a la universidad, previa consulta a la Conferencia General de Política Universitaria y con informe previo del
Consejo de Universidades y del Consejo Escolar del Estado.
4. Las Administraciones educativas y las universidades organizarán la prueba de acceso y garantizarán la adecuación de la misma a las competencias vinculadas al currículo del bachillerato, así como la coordinación entre las universidades y
los centros que imparten bachillerato para su organización y realización.'
De acuerdo con estos preceptos, corresponde a las Comunidades Autónomas desarrollar y determinar el contenido de la prueba de acceso a la universidad.
En la práctica, esto ha supuesto 17 pruebas de acceso a la universidad distintas, lo cual afecta al principio de equidad y al derecho a la igualdad entre el alumnado.
Y es que las plazas en las universidades públicas se ofertan mediante un sistema de concurrencia competitiva el cual implica que la opción a las plazas universitarias se realiza por estricto y riguroso orden de la puntuación obtenida.
Siendo así, a mayor puntuación, mejor clasificación para poder optar a la plaza deseada. Este sistema, que atiende a los principios de mérito y de capacidad del alumnado, sin embargo, se distorsiona desde el momento en que las pruebas de acceso,
que en definitiva van a determinar las clasificaciones, son diferentes y de distinto nivel. Desgraciadamente, este es un problema que viene denunciándose en los últimos años y que es consecuencia de que cada Comunidad Autónoma configure su propia
prueba de acceso a la universidad.
Quinto. El artículo 38.3 LOE, como hemos señalado, atribuye al Gobierno la competencia para establecer las características básicas de la prueba de acceso a la universidad, pero también le atribuye la facultad de adoptar las medidas
necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades. Así lo señala expresamente el apartado 5 del mismo artículo, según el cual 'La prueba de acceso a la universidad se realizará adoptando las medidas necesarias para asegurar la igualdad de
oportunidades, la no discriminación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad que se presenten'.
Del mismo modo, la Constitución Española en su artículo 149.1.1.ª atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular 'las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales'. Asimismo, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1981 reafirmó la potestad del Estado al establecer 'ordenación general del sistema educativo' para garantizar dicha igualdad.
Pues bien, en la configuración y determinación de las pruebas de acceso a la universidad para los alumnos que obtienen el título de Bachiller no se está garantizando la igualdad, principio configurador de
nuestro Estado de Derecho. De esta manera, el alumnado está siendo discriminado por el lugar en el que se examine de la prueba de acceso a la universidad 49.
Cabe destacar, a título de ejemplo, el Informe PISA de 2015 que mide el rendimiento en Lectura, Matemáticas y Ciencias de estudiantes de 15 años de edad. De este Informe se desprende que España superó por poco la media de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con 496 puntos. Sin embargo, si desglosamos las puntuaciones por CC. AA., nos encontramos con Castilla y León o Madrid que superaron significativamente esos 493 puntos, mientras que Canarias,
Andalucía y Extremadura obtuvieron un resultado muy inferior. Además, si a todo lo anterior añadimos el porcentaje de estudiantes que superaron Selectividad en el año 2017 se observan distorsiones entre regiones, tal y como muestra el gráfico a
continuación.
En definitiva, si un alumno de Madrid y uno de Galicia quieren estudiar la carrera de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, ambos competirán por esa plaza con las calificaciones obtenidas en Bachillerato y en Selectividad, aun
habiendo cursado sus estudios en distintas ciudades y habiéndose examinado, respectivamente, de EvAU en Madrid y en Galicia.
Por todo ello, es preciso que el Gobierno adopte las medidas oportunas para remediar esta situación de discriminación por motivos geográficos.
En este sentido, además de la ya fundamentada garantía del derecho a la igualdad y no discriminación de todos los españoles 50, nada obsta a que el Gobierno ahonde en una configuración común de las pruebas de acceso a la universidad en
coordinación con las comunidades autónomas. A mayor abundamiento, otra medida adicional pudiera ser establecer contenidos comunes a todas ellas, 'con el fin de asegurar una formación común' (art. 6.3 LOE).
Con el mismo objetivo, el Gobierno debería estudiar, en coordinación con las comunidades autónomas, establecer una fecha común para realizar las pruebas o que la corrección de las mismas se realizase por el mismo órgano, sin que quepan
variedad de criterios a la hora de realizar las revisiones.
Por todo ello, es preciso configurar un sistema de pruebas de acceso a la universidad que garantice la igualdad y equidad de todo el alumnado en el acceso a la universidad, sin que pueda haber cualquier tipo de discriminación por razón del
lugar en que se realice el examen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover las modificaciones legales pertinentes con el fin de configurar una prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAu) que garantice la igualdad y equidad del alumnado en todo el territorio español, con independencia de
la Comunidad Autónoma en que se realicen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2021.-Georgina Trías Gil, Mireia Borrás Pabón, Joaquín Robles López, José Ramírez del Río, Teresa López Álvarez, Reyes Romero Vilches y Pedro Fernández Hernández, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
49 Artículo 139.1 de la CE: 'Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado'.
50 Artículo 14 de la CE: 'Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para asegurar una mayor presencia
policial en las zonas de acogida de inmigrantes irregulares en Canarias para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El año 2020 ha estado marcado, además de por la pandemia del COVID-19, por la llegada masiva de migrantes irregulares a las Islas Canarias. Más de 20.000 irregulares llegaron a las costas canarias a lo largo del año frente a la pasividad
cuando no a la negación del problema por parte del Gobierno de la Nación.
La incapacidad del Gobierno para evitar esta llegada masiva de centenares de pateras desembocó en un problema humanitario de primera magnitud. Miles de migrantes irregulares fueron hacinados en un muelle como el de Arguineguín. Finalmente,
fueron desalojados de dicho muelle y la principal forma de alojarlos ha sido en los hoteles dejados vacíos por culpa de la pandemia del COVID-19, así como en distintos campamentos. Debido a su mal comportamiento, un número relevante de estos
migrantes irregulares han sido expulsados de los hoteles y se encuentran actualmente viviendo en las calles de varios municipios canarios.
Los problemas de convivencia han sido recurrentes durante estos meses. Como han denunciado distintos alcaldes (como los de Mogán, San Bartolomé, Teguise y La Oliva), la inseguridad y los actos vandálicos se han multiplicado en las zonas
limítrofes a los hoteles y zonas donde viven los migrantes irregulares. Las peleas, amenazas y robos son una constante, para desesperación de los vecinos. Los alcaldes -de todos los colores políticos- exigen respuestas al Gobierno y lo acusan de
haberles abandonado a su suerte. 'El hartazgo es máximo', resume la alcaldesa de Mogán.
Es urgente que el Gobierno de España actúe. Para ello, debe reforzar la seguridad de la zona con un mayor despliegue de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como acelerar la repatriación de los migrantes irregulares a sus
países de origen.
Es inaceptable que el Gobierno haya abandonado a los canarios a su suerte. Ha ignorado completamente sus constantes peticiones desde hace un año para resolver la situación. Todas las promesas y 'planes de choque' del Gobierno han caído en
saco roto. El problema humanitario planteado por la llegada masiva de migrantes irregulares ha devenido en un problema de seguridad y es inaplazable que el Gobierno actúe para asegurar la seguridad y bienestar de los canarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aumentar de manera inmediata la presencia de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las zonas de las Islas Canarias en dónde la masiva presencia de migrantes
irregulares ha puesto en riesgo la convivencia y seguridad de los vecinos. Le urge también a repatriar urgentemente a sus países de origen a todos los migrantes irregulares que hayan llegado a las costas españolas en el año 2020 y no cumplan con
los requisitos legales para permanecer en territorio español, todo ello en el contexto de asegurar una migración ordenada y regular.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-Guillermo Mariscal Anaya, Carlos Rojas García, José Ortiz Galván, Ana Belén Vázquez Blanco, María Teresa Angulo Romero, Carmelo Romero Hernández y María Auxiliadora Pérez Díaz,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002121
Mediante escrito de fecha 3 de marzo de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común la Proposición no de Ley sobre la situación de la industria aeronáutica alavesa, publicada en
el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 236, de 9 de marzo de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002175
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre el impulso de los usos comerciales e industriales y big data de las aeronaves no tripuladas, pilotadas por control remoto.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el escrito registrado con el número 96463, y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de los usos
comerciales e industriales y big data de las aeronaves no tripuladas, pilotadas por control remoto.
Exposición de motivos
En los últimos años, se ha visto reducido el coste de producción de las aeronaves no tripuladas pilotadas por control remoto o autónomas, denominadas comúnmente 'drones' o Unmanned Aerial Vehicle (UAV), lo que ha propiciado la proliferación
de su uso y, por consiguiente, la necesidad de regular su utilización para el impulso de este sector y su transferencia al servicio y bienestar de la ciudadanía y de la industria asociada.
La legislación española introdujo por primera vez una normativa sobre este tipo de actividades aéreas a través del artículo 50 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia.
Posteriormente, el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, reguló la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del
aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea, y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Circulación Aérea, el que supuso un gran avance en la normativa existente y un paso importante para el establecimiento de un marco jurídico definitivo aplicable a la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control
remoto no sujetas a la normativa de la Unión Europea. En concreto, se refiere a determinadas aeronaves pilotadas por control remoto destinadas a operaciones de aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, guardacostas o
similares. El citado real decreto prevé también la posibilidad de realizar operaciones aéreas especializadas en distintos ámbitos a través del cumplimiento de una serie de requisitos, el desarrollo de estudios aeronáuticos de seguridad
correspondientes o la solicitud del permiso a la Agencia Española de Seguridad Aérea.
Los avances tecnológicos demandan ahora la creación de corredores por los que puedan circular aeronaves de uso comercial de forma segura, segregada y bajo unas coordenadas determinadas (que se excluyan de la circulación aérea normalizada),
lo que permitiría la supervisión de la actividad de los drones y su operación de forma segura dentro o fuera de las ciudades, logrando una mayor flexibilidad de despliegue (prácticamente desde cualquier lugar) y aumentando la eficiencia de los
procesos al permitir realizar tareas como la inspección de infraestructuras.
Las principales empresas de logística han mostrado gran interés en la utilización de estos drones para los envíos de paquetería. Especialmente interesantes son los casos de suministros médicos, desfibriladores, etc.
En la Unión Europea se estima que existe un parque en torno a 1,5 millones de drones de uso civil, que se ha alcanzado fundamentalmente por un fuerte crecimiento de los drones de uso recreativo, con incrementos superiores al 100 % anual en
los últimos años. La Comisión Europea prevé que en el 2035, el sector europeo de los drones dará empleo directo a más de cien mil personas y tendrá un impacto económico superior a los 100.000 millones de euros al año, principalmente en el sector
servicios. De las cifras anteriores, se calcula que 10.000 unidades se corresponden con drones de uso profesional.
Aunque, los recientes Reglamentos de 2019, publicados por la Comisión Europea, no será hasta este año 2021 y posteriores cuando comience su aplicación progresiva, pero la situación provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, ha obligado
a retrasar estos plazos. El nuevo Reglamento Europeo pretende estandarizar las diferentes normativas de los Estados miembros y regular el uso civil de los drones con independencia de su tamaño o peso.
Es evidente que todos los países están incentivando la industria de drones, por la importancia que este sector tiene en el desarrollo del transporte, especialmente en los medios rurales y para mejoras medioambientales. España reúne hoy las
condiciones necesarias para liderar este proceso puesto que cuenta con el conocimiento, las empresas y los profesionales del sector que le sitúan en un lugar destacado entre sus vecinos europeos, pero es necesario incentivar fiscalmente al sector
para que la producción de aeronaves no tripuladas, pilotadas por control remoto, se sitúe al nivel de los países de su entorno.
Pero también debe tenerse en cuenta la tecnología Big Data asociada al uso de los drones. Por ejemplo, millones de datos pueden anticiparse a catástrofes naturales e incendios y actuar antes de que se produzcan. En este contexto, se debe
incentivar a la industria del sector para promocionar sus proyectos e ideas innovadoras. Detrás de muchas de ellas se encuentran ingenieros y startups españolas, con propuestas punteras a escala mundial e iniciativas pioneras que se han exportado a
otros países. Por este motivo, deben recibir el apoyo financiero que necesitan.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para impulsar las medidas necesarias para:
1. Impulsar los usos industriales y comerciales de las aeronaves no tripuladas, pilotadas por control remoto, del sector del transporte.
2. Favorecer el establecimiento de bases para el repostaje y mantenimiento de aeronaves civiles pilotadas por control remoto en áreas logísticas en las proximidades de las aglomeraciones urbanas a fin de facilitar el cambio modal de las
mercancías.
3. Establecer corredores aéreos de drones en centros logísticos, que puedan sustituir al transporte convencional.
4. Crear aerovías que permitan a los drones circular por un espacio aéreo exclusivo.
5. Permitir el uso de las CTR o zonas de control de los aeropuertos para las empresas operadoras de vuelo con aeronaves no tripuladas, pilotadas por control remoto, estableciendo los necesarios requisitos de permisos de vuelo, informes de
seguridad, titulación de radiofonista, etc.
6. Dictar medidas básicas para habilitar el entorno urbano a la navegación aérea de aeronaves civiles pilotadas por control remoto y sus limitaciones.
7. Permitir a los Ayuntamientos el uso de aeronaves civiles pilotadas por control remoto en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, así como para la protección y socorro de personas y bienes y cuando les sea requerido
por las autoridades responsables de la gestión de dichas situaciones.
8. Considerar a las aeronaves civiles pilotadas por control remoto como tecnología disruptiva y facilitadora a efectos de su inclusión en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación cuyas acciones se recogerán en el Plan
Estatal de l+D+i.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2021.-Teodoro García Egea, Juan Luis Pedreño Molina y Mario Cortés Carballo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, sobre la situación de la industria aeronáutica alavesa.
Exposición de motivos
El sector aeronáutico vasco factura unos 2.500 millones de euros anuales. Según el cluster Hegan, representa el 1,3 % del PIB de la Comunidad Autónoma Vasca y el 6 % del industrial, y es una de las industrias que mejor ha estado funcionando
pues llevaba 10 años consecutivos de crecimiento. Liderado por empresas como ITP Aero en motorizaciones, Aernnova en fuselajes y Sener en el área aeroespacial, la industria aeronáutica vasca ha encontrado, en la pandemia de coronavirus, la mayor
crisis de la historia moderna por la paralización casi total de la aviación comercial que es, con mucha diferencia, su principal cliente.
La situación actual del sector de la industria aeronáutica en Álava es sumamente crítica, destruyendo los puestos de trabajo y las condiciones laborales de cientos de alaveses y alavesas que trabajan en él y deteriorando el peso en Álava en
este sector estratégico. Los trabajadores y trabajadoras se han estado movilizando durante varias semanas y meses, insistiendo reiteradamente en la implicación de las instituciones vascas ante las medidas estructurales que se están acometiendo, en
una situación claramente coyuntural, mediante estrategias basadas en importantes reducciones de plantillas.
Hasta el momento, se han tramitado diversos expedientes de regulación de empleo, lo que se traduce en la desaparición de cientos de puestos de trabajo directos, que han afectado a diferentes filiales de los grupos Aciturri, Alestis, ITP y
Aernnova.
El 1 de diciembre de 2020, 77 trabajadoras y trabajadores de la planta de Alestis en el Parque Tecnológico de Álava, en Miñano, el 43 % de la plantilla, se quedaban sin empleo. De ellos, 56 a través de despidos forzosos. Un ERE totalmente
desproporcionado e injusto que dejaba en la calle a 77 personas, la mayoría entre 45 y 50 años, y la mayor parte, mujeres.
Recientemente, el pasado 1 de febrero, 82 empleados y empleadas de Aernnova se quedaron sin trabajo, 55 de ellos mediante despidos forzosos.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Trabajar, conjuntamente con el Gobierno vasco, en la búsqueda de soluciones alternativas a la destrucción del empleo en el sector de la aeronáutica alavesa, con las empresas y los comités,
considerando fórmulas que atenúen la desocupación, y posibiliten la readmisión de las personas despedidas, teniendo en cuenta propuestas realizadas por los trabajadores y las trabajadoras como la reducción de la jornada laboral y el reparto
del trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Pilar Garrido Gutiérrez y Roberto Uriarte Torrealday, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas destinadas a paliar la
pobreza energética, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La pobreza energética se incluye en la normativa europea, en particular, en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
En España, se aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, definiéndose la pobreza energética como la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de
suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficientes y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía.
España sigue sufriendo en mayor medida que otros países europeos los efectos de la grave crisis sanitaria, social, y económica provocada por la pandemia del Coronavirus, debido a las ineficaces medidas del Gobierno o la falta de estas, y por
el hecho de ser los peores de Europa en gestionar una crisis sanitaria mundial a la que llegamos tarde y mal, ignorando las alertas sanitarias internacionales, por priorizar la agenda política e ideológica del Gobierno, lo que está teniendo
consecuencias económicas y sociales demoledoras. Con los datos a 31 de diciembre, España es el peor país de la UE en datos de empleo: 724.532 parados más. El año 2020 ha finalizado con 3.888.137 personas desempleadas, la más alta desde mayo de
2016. En el mes de diciembre ha aumentado el paro en 36.825 personas (0,96 %), que ha subido por primera vez tras ocho años consecutivos de descensos. A cierre de 2020 hay 755.000 trabajadores en ERTE, de los cuales 300.000 siguen sin abonarse.
Es más, la medida estrella del Gobierno ha resultado un fracaso; actualmente, el Ingreso Mínimo Vital solo llega al 6 % de los solicitantes (1.200.000), las colas del hambre están incrementándose y el Gobierno se ha olvidado de los
españoles en situación de 'pobreza moderada' eliminando la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad del 33 %.
Según un Informe de los servicios de estudios de CaixaBank, se estima que, durante el año 2021, la suma de la tasa de riesgo de pobreza y de la tasa de exclusión social se incrementará hasta el 27 % de la población, 750.000 personas pasarán
a integrar el colectivo de los que están en riesgo de pobreza o en una situación de exclusión social.
Es más, según el Informe anual de desigualdad que publica la ONG Oxfam Intermón, la pobreza severa podría aumentar en España en casi 800.000 personas y llegar a 5,1 millones. Según el documento, el total de personas en esta situación, que
son las que viven con menos del equivalente a 16 euros al día, podría alcanzar la cifra de 5,1 millones de personas, lo que supone un aumento desde el 9,2 % registrado antes de la pandemia hasta el 10,9 %.
De los datos se desprende que la tasa de pobreza relativa en España pasaría del 20,7 % hasta el 22,9 %, lo que supone un millón de personas más por debajo de la línea de pobreza, estimada en 24 euros al día, hasta alcanzar los 10,9 millones
de personas durante el 2020.
Eurostat remarca que nuestro país es el cuarto europeo con la energía más cara. Según el último informe publicado, el 10,6 % de los hogares españoles sufre pobreza energética. Además, siete de cada cien españoles no tienen dinero para
poder encender la calefacción durante los meses fríos y 6 de cada cien pagan con retraso las facturas de la luz.
El Gobierno se comprometió a que 'desde el primer día trabajamos en el diseño de mecanismos que nos permitan fortalecer la respuesta, no solamente coyuntural, sino de fondo, a problemas tan importantes como este'.
En el acuerdo progresista, PSOE y Podemos, en la medida 2.5.3 prometieron 'Protección al 100 % de las familias vulnerables en situación de pobreza energética'. Así, se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las
primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida y a las personas que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad'.
No parece la mejor forma de proteger al 100 % de las familias vulnerables en situación de pobreza energética incrementar el precio de la luz y el gas, el 27 % y el 22 % respectivamente en el mes de enero, con las inclemencias climatológicas
tan adversas que estamos sufriendo.
En las primeras semanas del año 2021, el sistema eléctrico ha experimentado un encarecimiento sustancial de precios, alcanzando niveles por encima de los 90-110 euros/MWh, que suponen máximos históricos, con el consecuente impacto negativo
en la factura eléctrica de los ciudadanos que puede suponer un incremento de 20-30 % respecto al mismo periodo del año anterior, aproximadamente, afectando a las familias y, sobre todo, a los más vulnerables.
Todo ello sin obviar las distintas declaraciones que los Ministros de Unidas Podemos han realizado en los últimos años respecto de esta cuestión que pueden resumirse en que con un Gobierno integrado por ellos no se iba a subir la luz.
En este sentido, no debe olvidarse que, en 2016 fue un Gobierno del Partido Popular el que reguló la normativa (Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras
medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica) que hizo posible la financiación del bono social, y que parte de este se dedique a evitar los cortes de suministro de electricidad, siendo asumido su coste por los
comercializadores de electricidad. Esto implica un descuento del 25 % en la factura final para los consumidores más vulnerables.
Debe destacarse que las familias numerosas son un colectivo vulnerable por su alto consumo, que incluso les llega a penalizar, y que según un Estudio realizado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), el 39 % de estas
familias tiene dificultades para llegar a fin de mes, y un 36 % afirma que sus ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades familiares.
En este sentido, la FEFN indica que el acceso al Bono social está limitado por potencia, que debe ser inferior a 10kw y solo se bonifica hasta un máximo de 4.140 kwh/año, por lo que las familias numerosas con poder adquisitivo alto no se van
a poder beneficiar del mismo.
Según los datos, España es un país en el que hay mucha desigualdad y esto se ha agudizado como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Muchas personas van a ser víctimas de las duras consecuencias de la pobreza energética este invierno en
España, por tanto, la cohesión y la lucha contra la exclusión social tienen que formar parte de la agenda política. Por este motivo, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una batería de medidas urgentes con efecto inmediato sobre la factura,
respetando los compromisos climáticos asumidos y la descarbonización de la economía:
- El impuesto sobre el valor de la producción eléctrica del tipo actual del 7 % actual pasaría al 0 %. Esto podría contribuir a la reducción de la factura eléctrica a todos los consumidores en una cuantía de 1.500-1.600 millones de euros al
año, aproximadamente. En factura, esta medida podría reducirla en 15-20 euros al año aproximadamente, impuestos incluidos 51.
- Algunos costes regulados también se rebajan de la tarifa y pasan a ser financiados por los Presupuestos Generales del Estado (PGE): Los derivados de la actividad de producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de
los territorios no peninsulares pasan a ser sufragados al 100 % por los PGE, que hasta ahora atendían el 50 % de dichos costes. Esta medida supone una rebaja en la factura eléctrica de 700 millones de euros.
- Los correspondientes a la asignación del déficit de tarifa pendiente, que suponen unos 2.500 millones de euros anuales, serán financiados por los Presupuestos Generales del Estado de los
51 Tomando como referencia una factura de 800 euros/año aproximadamente, para una familia tipo acogida al PVPC.
ejercicios 2021,2022 y 2023, lo que supone una reducción de la factura eléctrica para todos los consumidores de 7.500 millones en tres ejercicios, aproximadamente.
Por tanto, el resultado de las 3 medidas propuestas podría ser una reducción en la factura eléctrica de 80-90 euros al año, impuestos incluidos, tomando como referencia una factura de 800 Euros/año, para una familia tipo acogida al PVPC.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar medidas reales y eficaces que luchen contra la pobreza energética.
2. Garantizar a los consumidores vulnerables, en situación de pobreza energética, medidas que eviten el impago de la factura eléctrica, y llegado el caso, la suspensión del suministro eléctrico.
3. Adoptar medidas urgentes, ante las distintas olas de frío y las bajas temperaturas registradas, que palien y eviten el problema de pobreza energética de las 1.200.000 familias con todos los miembros en paro.
4. Acordar medidas urgentes para paliar el problema de pobreza energética que pudiera surgir entre las personas trabajadoras en ERTE por la reducción de ingresos.
5. Implementar mecanismos de coordinación con las compañías suministradoras para evitar la suspensión de electricidad por razón del impago de la factura eléctrica o, en caso de suspensión, asegurar el inmediato restablecimiento.
6. Impulsar y mejorar el Bono social que desarrolló el Gobierno del Partido Popular.
7. Mantener el Bono social destinado a las Familias Numerosas con los mismos criterios que en la actualidad.
8. Promover medidas legislativas y económicas precisas, a fin de que se establezcan garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura, entre otras:
- El impuesto sobre el valor de la producción eléctrica del tipo actual del 7 % actual pasaría al 0 %.
- Algunos costes regulados también se rebajan de la tarifa y pasan a ser financiados por los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
- Los correspondientes a la asignación del déficit de tarifa pendiente, que suponen unos 2.500 millones de euros anuales, serán financiados por los Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
9. Marcar en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia objetivos concretos, medibles y cuantificables con el objetivo de reducir las tasas de pobreza de España; especialmente en la pobreza energética, incorporando actuaciones
específicas que permitan reducir las desigualdades sociales y la erradicación de la pobreza en todo el territorio, en sus zonas urbanas y rurales.
10. Reducir gastos superfluos, suprimir altos cargos y personal eventual, y destinar esos fondos a paliar la pobreza energética.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2021.-Alicia García Rodríguez y Margarita Prohens Rigo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas destinadas al
envejecimiento activo para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad.
Exposición de motivos
Actualmente, España es el tercer país, precedido por Japón y Suiza, con mayor longevidad, donde cada vez vivimos más años (nuestra esperanza de vida al nacer es de 83,4 años, la mayor de la Unión Europea) y con mayor calidad de vida.
De esta forma, en 2019, según los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 19,4 % de los ciudadanos de nuestro país tenía más de 65 años, el 9,61 % era mayor de 75 años, el 3,24 % superaba los 85 años y el 0,25 % ya
había cumplido los 95 años. Además, y también de acuerdo con el INE, hay 368.400 personas mayores de 85 años que viven solas y cerca de 4,7 millones de hogares unipersonales en España, de los que 2 millones (el 42,5 por ciento), según la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología, están habitados por personas mayores de 65 años.
España es uno de los países que más se verá afectado por el envejecimiento de la población en los próximos años, debido al importante volumen de su generación de babyboomers. Según las proyecciones del INE 2020-2070, el punto álgido del
proceso de envejecimiento de la población se alcanzará previsiblemente alrededor del año 2050, para empezar a declinar a partir de entonces.
En este momento, resulta prematuro estimar el impacto de la pandemia en todos los fenómenos demográficos, el INE ha avanzado ya que se producirá una disminución coyuntural de la esperanza de vida que, no obstante, se recuperaría en 2021.
Considerando tan solo el horizonte más cercano de los próximos quince años, hay que tener en cuenta que entre 2020 y 2035 el volumen de mayores de 65 años pasaría de representar el 19,6 por 100 de la población en 2020, al 26,5 por 100 en 2035.
Dentro de este grupo, los mayores 70 años pasarían de representar el 14,4 por 100 en 2020 al 19,4 por 100 en 2035 y los mayores de 80 años pasarían de representar el 6 por 100 al 8,1 por 100 en el mismo periodo.
Con todo, los mayores de 65 y menores de 80 años, es decir, el grueso del colectivo de babyboomers, constituyen todavía en ambos años de referencia el grupo más numeroso. En esta primera fase, los mayores incrementos en volumen de población
dentro del grupo de mayores de 64 años se situarían en la franja de edades inferior a los 85 años, lo que tiene repercusiones en el sistema desde el punto de vista de las expectativas de entrada al mismo en función del grado esperable de pérdida de
autonomía.
Las previsiones indican que, en el año 2050, según se plantea en proyecciones tanto de organismos nacionales como internacionales, las personas con más de 65 años supondrán más del 30 % de la población española total (con casi 13 millones) y
los octogenarios superarán la cifra de 4 millones.
España, en consecuencia, será el país más envejecido del mundo en el largo plazo, una situación que, ligada a otras variables como la dispersión poblacional o el incremento progresivo de la cantidad de zonas en riesgo de despoblación que
afecta a nuestro país -rurales en su mayoría-, hace que resulte más que necesaria la implementación de medidas concretas para garantizar que las personas mayores disfruten de todos los derechos para su bienestar, así como para preservar y
desarrollar su bienestar físico, su salud mental y su seguridad; vivan donde vivan, ya sea entorno rural o urbano.
El envejecimiento de la población puede definirse como un proceso mediante el cual se producen transformaciones en la composición de la estructura por edades de una población. Este proceso tiene una doble dimensión, diferenciable por sus
causas y por sus efectos. Una de las dimensiones alude al aumento en la proporción de mayores en la sociedad (Vinuesa 2004). Esto supone que este grupo de edad pasa a crecer más deprisa que el resto. Las causas de esta variación son
principalmente el descenso de la natalidad y la mayor esperanza de vida.
El Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), José Augusto García Navarro, ha declarado que el envejecimiento de la población provocará una transformación social que traerá nuevos modelos de atención
sociosanitaria, nuevas leyes, y cambios en los modelos de residencias y hospitales. Además, será el principal motor de cambio de nuestra sociedad, no será la tecnología, el cambio climático ni la globalización. Eso llevará a afrontar algunos retos
como pagar las pensiones y afrontar el gasto sociosanitario, abordar fuera del calendario electoral la sostenibilidad del sistema de pensiones y adaptar nuestro sistema de servicios sociales y sanitarios al envejecimiento progresivo, entro otros
aspectos.
Pero el envejecimiento se puede considerar también una oportunidad, por ejemplo para incrementar la productividad, intercambiar con las generaciones más jóvenes bienes materiales y no materiales (como la educación, los valores o la
experiencia) y establecer puentes entre jóvenes y mayores, ha afirmado el Presidente de la SEGG.
En consecuencia, algunas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de establecer acciones dirigidas a personas mayores relacionadas con el envejecimiento:
- Garantizar todos los derechos de las personas mayores, tanto si viven en entornos urbanos como rurales; hay mayor número de mujeres que de hombres en las edades avanzadas; cada vez hay más hogares unipersonales, tal es así que el
Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que este tipo de hogares superarán los 5,5 millones en España.
Sin duda, y teniendo en cuenta lo acontecido durante este último año, es imprescindible considerar a los mayores como una fuente de experiencia vital. Los mayores tienen mucho que aportarnos y están dispuestos a participar activa, solidaria
y comprometidamente en la comunidad.
- Igualmente, las personas mayores están interesadas en adaptarse a los nuevos tiempos y a los cambios que conlleva. El aprendizaje continuo mejora la capacidad de envejecer con salud, de adquirir nuevas habilidades y destrezas para
afrontar el envejecimiento de forma saludable, responsable y satisfactoria, a tener más control sobre nuestra vida.
Y en este apartado, el aprendizaje sobre las Tecnologías Digitales es una oportunidad a nivel familiar, personal y social. Los mayores han tenido que confinarse en sus casas como consecuencia del coronavirus, y sin duda las TIC se han
convertido en una herramienta de comunicación, pero también de ocio.
Según datos del INE, solo aproximadamente la mitad de las personas entre 65 y 74 años que usaron internet en el último año cuentan con algún tipo de 'software' o herramienta de seguridad informática en sus dispositivos mientras que el 13 %
no las conoce, haciéndoles vulnerables a los ciberataques.
- EI deseo de permanecer en el domicilio y en el entorno habitual, aun cuando las personas necesiten ayuda, es una constante en todos los estudios. Parece necesario reformular el modelo de los servicios de apoyo en el domicilio.
Siguiendo las declaraciones del Presidente de la SEGG, en el futuro debería definirse un nuevo modelo de atención basado en la promoción de la autonomía, la potenciación de la comunidad y de servicios domiciliarios, el funcionamiento de
centros de día más terapéuticos e integrados con el sistema de salud, la construcción de más viviendas accesibles, saludables y con servicios y acudir a las residencias, solo cuando sean imprescindibles, y estén adaptadas a la COVID-19.
En ese futuro, indica el Presidente de la SEGG, también hay que fomentar un nuevo modelo de cuidados de larga duración y prestar especial atención a los servicios domiciliarios. Los cuidados no solo deben ser en residencias, sino que es
conveniente tener más teleasistencia estableciendo el derecho subjetivo a esta por parte de personas dependientes que no viven en residencias. Asimismo, organizar más ayuda a domicilio y revisar el modelo de copago, así como agilizar los
procedimientos administrativos.
Según el Informe de HelpAge International España, 'La discriminación por razón de edad en España', 'el edadismo asocia la edad a estereotipos negativos relacionados con la falta de autonomía y con la fragilidad, justificando las desventajas
sociales de las personas mayores', en el Informe se incide en que 'una buena parte de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores parten de la idea del envejecimiento como un problema, en la medida en que se considera a las personas
mayores como grandes consumidoras de recursos. Este problema afecta también a una parte de los programas relacionados con el envejecimiento activo'.
A nivel internacional añaden que 'las obligaciones internacionales asumidas por el Estado español en relación con los derechos humanos implican que las políticas dirigidas a mayores deben ser políticas de derechos humanos, lo que supone que
el objetivo de la intervención han de ser precisamente los derechos de las personas mayores, que las personas mayores han de intervenir en la conformación de las políticas y que, como resultado, han de ser más conscientes de que tienen derechos y
del modo de hacerlos valer. Asimismo, estas mismas obligaciones internacionales exigen que el Estado intervenga para modificar los estereotipos asociados a la edad y poner en valor a las personas mayores' realizando recomendaciones al respecto que
desde el Partido Popular consideramos que se deben poner en funcionamiento para dotar de innovadoras y novedosas herramientas que mejoren la calidad de vida de nuestros mayores.
En conclusión, el Grupo Parlamentario Popular considera que hay que impulsar medidas concretas y precisas para promover el desarrollo integral de las personas que envejecen, deben ser parte activa de nuestra sociedad, son necesarios para
nuestro desarrollo.
El año 2020 será recordado por los españoles como uno de los años más dramáticos de la historia reciente de nuestro país como consecuencia de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la COVID-19. Esta crisis ha afectado con mayor
crueldad a las familias y personas más vulnerables como
pueden ser nuestros mayores. Miles de ellos han muerto solos, asustados, la generación que luchó toda una vida por dejar una España mejor a sus nietos y que no han tenido la ayuda y el apoyo de su Gobierno en los momentos más complicados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Articular, en el seno del Consejo Territorial y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una Estrategia Nacional de fomento del Envejecimiento Activo, con medidas concretas y precisas que garantice, desde la
integralidad, actuaciones dirigidas a las personas que envejecen.
2. Facilitar la transición de la vida laboral a la jubilación, incluyendo acciones de orientación y acompañamiento, o bien proporcionando su permanencia en el entorno laboral, si ese es su deseo, con el objetivo de dar continuidad a sus
proyectos de vida.
3. Impulsar normas que eviten la discriminación por razón de edad en el ámbito laboral y eliminar los efectos de los estereotipos que afectan al empleo y generan la vulneración de los derechos laborales de las personas mayores.
4. Promover un Protocolo Marco con medidas de 'anticipación' con el fin de retrasar la aparición de situaciones de dependencia o minimizar sus efectos, potenciando las capacidades de las personas mayores.
5. Prestar especial a la atención a las personas con discapacidad, con medidas específicas que definan actuaciones para la prevención y el abordaje de la dependencia de las personas con discapacidad en su proceso de envejecimiento.
6. Facilitar el acceso de las personas a acciones de envejecimiento activo independientemente del lugar en que residan, tanto en el medio urbano como en el rural; promover hábitos y estilos de vida saludables.
7. Realizar estudios e investigaciones de buenas prácticas en materia de prevención que faciliten el conocimiento y la sensibilización sobre los cambios en las diferentes etapas.
8. Implementar acciones para transmitir una imagen del envejecimiento actual y libre de estereotipos que refuerce el papel de las personas mayores en la construcción y mantenimiento de una sociedad del bienestar.
9. Facilitar la participación de las personas mayores en el diseño de las políticas y definir programas dirigidos a los mayores que sirvan para promover la participación comprometida de las personas mayores en la mejora de la calidad de
vida de la sociedad.
10. Aprobar una Estrategia integral específica, frente al maltrato, la violencia y el abuso en la vejez, que incluya campañas de concienciación y denuncia, así como medidas de intervención y recuperación integral de las víctimas.
11. Aprobar la Estrategia contra la Soledad no deseada, con medidas concretas que permitan a las personas mayores seguir con su proyecto vital, con los apoyos necesarios, evitando la soledad y el aislamiento de las personas mayores.
12. Adaptar los programas de aprendizaje actuales a los nuevos perfiles de los mayores, acercando a los mayores las Tecnologías Digitales, pero con seguridad, para lo cual se pondrán en funcionamiento herramientas para proteger su
privacidad.
13. Promover nuevos modelos de convivencia alternativos a través de la transformación tecnológica y el uso de sistemas telemáticos avanzados.
14. Apoyar a los familiares cuidadores, facilitando información y asesoramiento en el cuidado a través de servicios de apoyo, respiro y acompañamiento, así como impulsando servicios de mediación que apoye la reorganización familiar derivada
del cuidado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2021.-Margarita Prohens Rigo y Alicia García Rodríguez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para instar al Gobierno a hacer efectivo el principio de inclusión educativa y social para las personas con dislexia, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad.
Exposición de motivos
La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter persistente y específico, que se da en personas que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración
del neurodesarrollo.
Las personas con dislexia manifiestan de forma característica dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los sonidos. Además, la lectura se caracteriza por las omisiones,
sustituciones, distorsiones, inversiones o adicciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la comprensión.
Por tanto, la dislexia supone mucho más que tener dificultades en la lectura y en la escritura, ya que existen problemas de comprensión, de memoria a corto plazo, de acceso al léxico, confusión entre la derecha y la izquierda, dificultades
en las nociones espacio-temporales. Cada caso es único y no siempre se presentan todas.
El principal obstáculo reside en que la mayoría de los aprendizajes se realizan fundamentalmente a través del código escrito, por lo cual las personas con dislexia no pueden asimilar ciertos contenidos porque no son capaces de llegar a su
significado a través de la lectura.
Las personas con dislexia deben poner tanto esfuerzo en las tareas de lectoescritura que tienden a fatigarse, a perder la concentración, a distraerse y a rechazar este tipo de tareas, especialmente en la etapa escolar. A menudo esta
conducta se malinterpreta creyendo que es desinterés y se les presiona para conseguir mayor esfuerzo, lo que es todavía más contraproducente.
La dislexia puede ser tratada y los resultados que se obtienen suelen ser positivos en muchos casos. Para ello, es fundamental conseguir un diagnóstico temprano y conocer con precisión y con métodos contrastados científicamente la afección
concreta, pues hay diversos elementos implicados y cada uno tendrá un enfoque distinto. Por ello, el tratamiento debe ser completamente personalizado y adaptado a la edad y síntomas; cada persona tendrá diferentes necesidades y requerirá que se
haga especial hincapié en distintos aspectos.
Las personas con dislexia precisan de ciertos recursos de apoyo específicos que deben prestarse tanto en el entorno ordinario escolar como en otros momentos de aprendizaje, educativos, profesionales o laborales. El hecho de que requieran de
unos apoyos específicos no significa que precisen de un entorno educativo singular ni diferente al del resto de las personas, pero sí que es imprescindible adaptar las metodologías y formatos de evaluación.
En estos momentos de reformas profundas en la educación, con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación LOMLOE, es fundamental trabajar para garantizar una educación sin barreras, una educación inclusiva donde cada niña y niño, cada
joven, cada persona, desarrolle todas sus potencialidades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, a hacer efectivo el principio de inclusión educativa y social de las personas con dislexia, mediante las
siguientes actuaciones:
1. Promover la detección temprana de las necesidades educativas que presentan las personas con dislexia.
2. Fomentar el principio de inclusión en el proceso educativo, en el diagnóstico y en la terapia de las dificultades de aprendizaje.
3. Promover la formación actualizada con base científica constatada de los profesionales especializados que trabajan directamente con las personas con dislexia (docentes, equipos de orientación, de inspección, y dirección de los centros).
4. Promover la adopción de medidas de accesibilidad tanto en la información para las personas con dislexia, como para la toma de decisiones, mediante los apoyos pertinentes en el aprendizaje, exámenes o pruebas, entorno laboral, y
oposiciones.
5. Instar cambios en la catalogación de la dislexia como trastorno discapacitante a efectos administrativos en las etapas o situaciones en las que la persona que la sufre vive en un entorno especialmente impregnado por la lectoescritura, lo
que le supone una auténtica barrera para el desarrollo y la interacción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2021.-María Luz Martínez Seijo y María Isabel García López, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un Plan de Medidas y Acciones políticas del Gobierno para combatir la
situación de precariedad de la juventud, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La Constitución española establece en su artículo 48 que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y laboral. Este mandato, incluido en el Capítulo
dedicado a los principios rectores de la vida económica y social, se debe complementar con otros preceptos constitucionales que establecen principios y derechos fundamentales de gran relevancia para los jóvenes, como el artículo 35.1: 'todos los
españoles tienen el derecho al trabajo'; el artículo 40.1:'...los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo'; el artículo 40.2: 'los poderes públicos garantizarán la formación profesional'; artículo 47: 'todos los
españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada'; artículo 42: '... el Estado orientará su política hacia el retorno de los trabajadores españoles en el extranjero'; artículo 27, que reconoce el derecho a la educación; artículo 39,
dedicado a la protección de la familia.
Sin embargo, como consecuencia de la crisis económica y financiera de 2008, que ya arrastraba un desempleo juvenil estructural, y ahora bajo los efectos de la pandemia, venimos asistiendo a un proceso de precarización general de la juventud,
de la generación mejor preparada, que se manifiesta de diferentes formas y aleja la realidad española de la que preveía la CE en los preceptos descritos.
Dicha realidad se concreta en que el sector de la población joven, junto a los parados de larga duración, es uno de los más afectados por la situación de crisis que atraviesa la actividad económica del país tras los acontecimientos derivados
del coronavirus.
El notable aumento del desempleo en España, de un empleo juvenil en nuestro país ligado a la precariedad y a la temporalidad, junto a otros elementos como los pasados recortes de servicios públicos, el desprecio a las políticas públicas, la
desafección de la sociedad hacia la política ante los casos de corrupción, etc., provocaron el surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y productivo así como a cuestionar el funcionamiento del sistema político
exigiendo una regeneración de la democracia. El movimiento social más importante fue el denominado 15M en 2011 que surgió, además, por la precariedad de los contratos laborales y por empeorar las condiciones económicas de las clases medias y de las
más humildes.
En este estado de cosas, la pandemia dificulta aún más la emancipación de los jóvenes al fragilizar el empleo juvenil, perjudica la estabilidad en el trabajo, imposibilita la consecución de una vivienda a precio razonable, impide el
desarrollo de una agenda de actividades para la socialización en una etapa de la vida tan necesaria para las personas jóvenes, retrasa la aspiración a crear una familia y ser madres y padres
-con su incidencia en las políticas demográficas- e incluso complica tremendamente la aspiración de la gente joven a alcanzar, en su día, una pensión digna.
La pandemia ha llegado cuando llevábamos años arrastrando una fragilidad del empleo juvenil, con unos niveles de paro muy elevados. El paro juvenil se ha incrementado en 2020, según la Encuesta de Población Activa (EPA), hasta el 40 % entre
menores de 25 años y frente a un tasa de paro en España del 16,1 %, buen número de jóvenes que ni estudian ni trabajan se han quedado fuera del escudo social acordado por el Gobierno con los agentes sociales mediante los ERTES y el Ingreso Mínimo
Vital, y otros se ven imposibilitados de acceder al mercado laboral o sometidos a unas condiciones precarias de trabajo.
Este conjunto de problemáticas hace que nos encontremos ante un proceso de precariedad y de supervivencia de muchos jóvenes que les puede llevar a la radicalización. Igualmente, el sistema pone patas arriba algo tan importante como idear
proyectos de vida digna. Esta incertidumbre para los jóvenes, que viene desde la crisis de 2008 y aumenta con la pandemia, va acumulando malestar general y aumenta su desconfianza hacia el sistema y las instituciones.
Podemos estar asistiendo a un punto límite en la desesperanza de una generación que contempla el riesgo permanente de la inseguridad laboral y el precariado, lo que debe llevar al Gobierno a desactivar cualquier válvula de escape que
precipite un fenómeno de explosión social como reacción.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en la cumbre telemática de Davos, el pasado 25 de enero de 2021, que el desempleo juvenil en España es 'inaceptablemente alto'. Ante ello, recalcó que es una cuestión clave en la agenda,
centrada en mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de la nueva ley educativa.
Porque el Gobierno, ante la situación, no permanece con los brazos cruzados. De ahí que en el acto de Davos se comprometió a invertir 750 millones aprovechando el Plan de Recuperación y Resiliencia.
Así, el Gobierno tiene en agenda acometer una modernización del diseño de las políticas activas de empleo, el reforzamiento de la Formación Profesional, priorizar la formación digital, revisar los incentivos para la contratación de jóvenes y
reforzar los contratos en prácticas de manera que no se utilicen para disponer de mano de obra barata, sino para garantizar el aprendizaje de los jóvenes.
Por otra parte, con los Presupuestos Generales del Estado, recientemente aprobados, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, los Fondos Europeos con sus 140.000 millones de euros en ayudas y los 11.000
millones de un nuevo Plan de ayudas a los autónomos y pequeñas empresas, el Gobierno aspira no solo a apoyar la recuperación económica tras el hundimiento que ha provocado la COVID-19, sino a llevar a cabo una transformación de nuestro modelo
económico, con oferta de recursos a diferentes sectores de la economía del país.
La precariedad juvenil debe llevar al Congreso a impulsar la acción de gobierno para actuar y revertir las tasas de desempleo juvenil más elevadas de Europa, a fomentar la creación de empleo de calidad y sostenible frente al alto porcentaje
de contratos temporales, a promover la vuelta de los jóvenes que salieron de España para buscar un trabajo, a reducir la tasa de fracaso y abandono escolar, a evitar los riesgos de exclusión y pobreza para una parte creciente de la juventud, a
consolidar la moratoria de desahucios en el actual escenario, a modernizar y facilitar el acceso a la Formación Profesional como palanca para acreditar las competencias de preparación y competitividad de personas para acceder al mercado laboral, a
promover políticas de viviendas públicas dignas en especial en alquiler para que resulten accesibles a los jóvenes, a incrementar las becas, a revisar los problemas existentes para que algunos jóvenes puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital, a
combatir la pobreza infantil, a incorporar a los jóvenes, en definitiva, a una participación activa en la toma de decisiones públicas.
En relación con las actuaciones en política de empleo, es de interés el informe sobre Jóvenes y mercado de trabajo en España, noviembre 2020, aprobado por el Consejo Económico y Social. El CES propone transformar el Plan de Garantía Juvenil
con apoyo del Consejo Europeo para combatir el paro entre los menores de 25 años, así como incentivar la contratación indefinida de jóvenes y garantizarles un empleo juvenil de calidad. Por otra parte, el CES recomienda blindar el Plan de Choque
por el Empleo Joven. El objetivo es que España no tenga otra 'generación perdida'.
En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a garantizar la aplicación efectiva de las previsiones de la Constitución relacionadas con la necesaria promoción por parte de los poderes públicos de las condiciones para la
participación de la juventud en el desarrollo político, económico, laboral y social, impulsando para ello los planes gubernamentales acordados en el marco de la recuperación económica y social, y desarrollando las medidas y acciones
específicas de gobierno para hacer frente al proceso de precariedad general que sufre la población joven, situación agravada ahora por la pandemia, de modo que pueda acceder al disfrute de los derechos constitucionales que representa el estado de
bienestar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2021.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la aplicación del sistema de etiquetado
Nutriscore a la dieta mediterránea, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sistema de etiquetado Nutriscore ha adquirido relevancia en las últimas semanas por la intención del Ministerio de Consumo de aplicarlo en nuestro país. Este sistema consiste en la evaluación de los componentes nutricionales de un
determinado producto alimenticio y en la colocación de una etiqueta que actúa como un semáforo, con cinco letras y colores, en el que la A de color verde oscuro es la mejor opción y la E roja la peor, pasando por la B, C y D, de acuerdo a su valor
nutricional.
Para obtener la calificación final, el sistema Nutriscore valora los aportes nutricionales, tanto en materia de fibras y proteínas como en calorías, grasas, azúcares y sal por cada 100 gramos o mililitros de un determinado producto
alimenticio. Las calorías, grasas saturadas, azúcar o la sal son penalizadas, con el objetivo de poder comparar entre productos de la misma categoría para que el consumidor elija libremente y de forma informada aquel con el valor nutricional que
más se adapte a sus necesidades. De este modo, se aspira a evitar elecciones de productos alimenticios cuyo consumo regular o abusivo puede llevar asociado un deterioro de la salud y el bienestar, como el riesgo de obesidad, enfermedades como la
diabetes o incluso patologías cardiovasculares.
Desde el GP Ciudadanos defendemos el principio liberal de autonomía del individuo, que es libre para tomar las decisiones que considere oportunas para su vida. Para que estas decisiones sean verdaderamente libres, los individuos deben
contar con información veraz, actualizada, completa y accesible para poder tomar decisiones con total conocimiento de causa. Por ello, siempre hemos apoyado e impulsado medidas que vayan en este sentido y que mejoren el acceso a información sobre
productos, de forma que los consumidores sean quienes libremente elijan qué bienes y servicios adquirir. De esta forma, además, se fomenta la competencia entre proveedores y suministradores, mejorando las condiciones a las que pueden acceder los
consumidores y favoreciendo precios más accesibles.
Sin embargo, la aplicación del sistema Nutriscore avanzada por el Ministerio de Consumo tiene importantes efectos negativos que impiden que cumpla con el objetivo último de información al consumidor. Por ejemplo, el sistema de calificación
no tiene en cuenta elementos tan esenciales para la dieta mediterránea como el aceite de oliva que, además, es un alimento cuyas propiedades beneficiosas y saludables han sido hartamente recogidas por la evidencia científica. Pese a ello, el
sistema Nutriscore lo califica de forma muy negativa por su contenido graso, sin importar si estas grasas de origen vegetal son
en realidad beneficiosas para el ser humano y claves en una dieta saludable y equilibrada. La Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública (SAMPSP) ha pedido al Ministerio de Consumo que recapacite sobre su aplicación a este
tipo de alimentos de la dieta mediterránea como el aceite de oliva por sus beneficios 'importantes para la salud'. Algo similar ocurre con el sector de la aceituna de mesa.
Además, este tipo de calificaciones puede tener importantes efectos negativos sobre productos alimenticios que tienen indicaciones geográficas protegidas o denominaciones de origen protegidas. Origen España, la asociación que reúne a los
productores de estos alimentos de gran valor añadido y reconocimiento internacional y europeo, ha advertido ya de que 'los productos con DOP e IGP tienen características diferenciales muy valorados por los consumidores y en ellos sería inviable la
reformulación en caso de que quisieran optar a una escala más benévola en el semáforo nutricional, pues no podrían seguir siendo productos con DOP o IGP'. Además, recuerdan el valor nutricional de muchos de estos productos, ligado a su vez a una
cultura de calidad diferenciada y reconocida. Por ejemplo, esto afectaría a alimentos tan característicos para nuestra dieta y nuestra cultura gastronómica como los quesos, el jamón ibérico o el turrón.
Por este tipo de problemas de aplicación, la Comisión Europea ha rechazado comprometerse a instaurar el sistema Nutriscore en todo el territorio de la Unión Europea, y ha recordado que es necesario un sistema de etiquetado homogéneo para los
27 Estados miembros, puesto que todos compartimos el mismo mercado interior. La propuesta, sin embargo, se presentará a finales de 2022 y no está ligada a Nutriscore. Por su parte, un grupo de Estados miembros compuesto por Bélgica, Francia,
Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y España sí se han comprometido a introducir Nutriscore este mismo 2021. Teniendo en cuenta los problemas de aplicación de Nutriscore y que en 2022 habrá un marco común europeo impulsado por la Comisión Europea,
parece inoportuno que el Gobierno de España se apresure a poner en marcha un sistema que puede no obtener el objetivo deseado, que perjudica a productos esenciales de nuestra dieta mediterránea, y que además será reemplazado en breve por un nuevo
sistema europeo.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplazar la introducción del sistema de etiquetado Nutriscore en nuestro país en espera de acordar un sistema de etiquetado común europeo y homologable en todo el mercado interior,
reemplazándolo por una campaña de información adicional sobre el valor nutricional de los alimentos y sobre los beneficios de una dieta variada y saludable como la dieta mediterránea.
Asimismo, de finalmente aplicarse el sistema de etiquetado Nutriscore de forma provisional, insta al Gobierno a:
1. Adaptar la aplicación del sistema Nutriscore a los patrones de consumo estructurales de la sociedad española, asegurando así que alimentos y productos alimenticios que forman parte de nuestra dieta mediterránea no se vean perjudicados
por el semáforo nutricional, como ya han planteado otros países como Bélgica y Francia.
2. Excluir, a su vez, de la aplicación del sistema Nutriscore a los alimentos y productos alimenticios reconocidos como Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), debido al valor añadido de los
mismos y a la imposibilidad de adaptar su composición o elaboración a los requisitos de dicho sistema.
3. Realizar una evaluación anual de los cambios en los patrones de consumo de alimentos y productos alimenticios que se hayan llevado a cabo con motivo de la aplicación del sistema de etiquetado Nutriscore, pudiendo así obtener información
sobre su funcionamiento y detectar posibles fallos de aplicación.
4. No tomar ninguna otra medida destinada a incentivar o desincentivar el consumo de algún tipo de alimento o producto alimenticio en base a su valor nutricional hasta haber realizado dicha evaluación del impacto causado por la aplicación
del sistema de etiquetado Nutriscore en los patrones de consumo que pueda informar cualquier acción futura en este sentido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, relativa al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.
Exposición de motivos
El 28 de junio de 2019, la Comisión Europea y el Mercado Común del Sur (en adelante Mercosur), conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, anunciaron un pacto político para la celebración de un acuerdo de asociación entre las dos
regiones (en adelante Acuerdo UE-Mercosur) (1).
El Acuerdo UE-Mercosur es un tratado de carácter mixto, integrado por tres pilares relativos a comercio, cooperación y diálogo político, que debe ser ratificado por el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo (PE) y los parlamentos nacionales
antes de su entrada en vigor.
El pilar comercial (2) es uno de los más relevantes porque además es el único que contiene disposiciones de obligado cumplimiento por ambas partes.
El objetivo central del capítulo comercial es liberalizar el comercio entre ambos bloques. La reducción de los aranceles comerciales afectará, en caso de ponerse en marcha, al 91 % de los productos intercambiados entre las dos regiones (3),
incluyendo la industria agraria, automovilística, química, farmacéutica, textil y el sector servicios, entre otros.
Diversos estudios científicos alertan sobre los graves peligros de la entrada en vigor de este acuerdo en cuestiones como el cambio climático, los derechos humanos, la seguridad alimentaria o el sector rural, tanto en los países del bloque
Mercosur como en los países europeos, incluida España. A continuación señalamos algunos impactos.
1. Profundización de la crisis climática y la deforestación en ecosistemas clave como la Amazonia.
La ratificación del Acuerdo UE-Mercosur se plantea sin ningún tipo de debate público y en un momento clave en el que los países de la UE y el Gobierno de España se enfrentan al gran reto de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. En
esta línea, recientemente el Consejo Europeo ha aprobado aumentar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al 55 % en 2030, en relación al nivel de 1990 (4). Por su parte, el Gobierno de España está en vías de
aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
En este sentido, los impactos del Acuerdo UE-Mercosur pueden ir en detrimento de cualquier esfuerzo institucional para paliar el cambio climático, ya que la reducción de las emisiones en España y la UE no puede ser a costa de la
externalización de las mismas en países del Sur Global.
Un estudio de impacto ambiental independiente (5), encargado por el Gobierno francés, estima que la deforestación en los países del bloque Mercosur aumentará un 5 % anual debido a la nueva demanda de productos en Europa, mientras que las
emisiones de GEI adicionales se incrementarían entre 4,7 y 6,8 millones de toneladas equivalentes de CO2.
- Incremento de la deforestación.
El Acuerdo UE-Mercosur impulsará las importaciones de la UE de productos agrícolas y ganaderos vinculados a la deforestación en la Amazonia, El Cerrado o el Pantanal. Algunos de estos productos son la carne de vacuno para consumo humano, la
soja para la producción de piensos de ganado o la caña de azúcar y el etanol para la producción de biocombustibles (6).
Un estudio de la revista Nature (7), publicado en julio de 2020, estima que al menos entre el 17 % y el 22 % de las importaciones anuales de la UE de soja y carne bovina procedentes de Brasil están vinculadas a la deforestación ilegal en las
regiones de la Amazonia y el Cerrado.
Estos ecosistemas, clave en la regulación del ciclo del agua, el clima o la protección ante nuevas pandemias, ya están sometidos a fuertes presiones y registran tasas de deforestación e incendios muy elevadas. Según el Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales (INPE), la Amazonia ha perdido 11.088 kilómetros cuadrados de árboles en el último año, una superficie equivalente a tres campos de fútbol cada
minuto. Esto supone que la deforestación ha aumentado un 9,5 % con respecto a 2019, la cifra más alta en los últimos 12 años (8). La sabana tropical de El Cerrado en Brasil o el bosque seco del Gran Chaco en Argentina y Paraguay también se
están destruyendo a una velocidad cada vez mayor.
- Incremento de las emisiones de GEI.
La entrada en vigor del Acuerdo favorecerá el aumento de las emisiones de GEI debido a diferentes causas. Por un lado, los cambios en el uso del suelo, esto es, la conversión de bosques y otro tipo de vegetación en pastos para ganado y
monocultivos, juegan un papel crucial. Según el Observatorio do Clima de Brasil, la destrucción de la Amazonia es el principal factor responsable de emisiones de GEI en Brasil (9). A esto hay que sumar otros aspectos del Acuerdo, como el
fortalecimiento de industrias que contribuyen de forma importante al calentamiento global como la industria automovilística o la ganadería industrial, y el incremento del transporte entre ambas regiones. Según algunos estudios entre el 26 % y 33 %
(10) de las emisiones de GEI están ligadas a la producción para los mercados internacionales.
2. Seguridad alimentaria e impactos en la salud.
Este Acuerdo incentiva un modelo agroindustrial basado en la utilización de grandes cantidades de productos tóxicos que se vinculan a la contaminación de acuíferos, el deterioro del bienestar animal y los riesgos para la salud de la
población.
Los estándares sanitarios y fitosanitarios de la UE y los países del bloque Mercosur son muy diferentes. Por ejemplo, 149 de los pesticidas empleados en Brasil están prohibidos en la UE (11).
El Acuerdo UE-Mercosur busca facilitar el comercio y el reconocimiento de los estándares entre ambas regiones, lo que previsiblemente supondrá una aceptación por parte de la UE de las normas sanitarias y fitosanitarias del bloque Mercosur.
Aunque la UE sostiene que se implementarán mecanismos de control, el propio texto del Acuerdo indica que la parte exportadora será responsable de regular estos mecanismos (12).
Por lo tanto, las personas consumidoras podrían quedar expuestas a sustancias nocivas para la salud, como la hormona de crecimiento ractopamina, permitida en Argentina y Brasil pero prohibida en 160 países, incluidos todos los de la UE (13).
3. Aumento de la agroindustria en detrimento de las explotaciones agrícolas familiares y la ganadería extensiva.
El Acuerdo UE-Mercosur impulsará las grandes superficies agroindustriales a ambos lados del Atlántico en detrimento de las pequeñas explotaciones agrícolas y de la ganadería extensiva.
Según el estudio de impacto sobre la sostenibilidad (SIA) del Acuerdo UE-Mercosur encargado por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea (14), todas las producciones agrarias europeas se verían negativamente afectadas por el
aumento de las importaciones desde Mercosur, siendo los sectores del azúcar y el de la carne de ganado bovino los que acumularían mayores pérdidas. En España, los productores de carne de vacuno (con una nueva cuota de importación de 99.000 tn),
aves (cuota de 180.000 tn), azúcar (cuota de 190.000 tn), arroz (cuota de 60.000 tn) y miel (cuota de 45.000 tn) serían los más perjudicados (15).
Sindicatos como la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos denuncian que los bajos costes de producción y de exportación del bloque Mercosur son en parte debidos a una menor exigencia ambiental y social (16). El Acuerdo podría afectar
negativamente a las poblaciones locales, generando trabajo no regulado y una pérdida significativa de empleos.
Los impactos anteriormente descritos son más graves si se tiene en cuenta la falta de mecanismos vinculantes con el medio ambiente, el clima y los derechos humanos.
A diferencia de las cláusulas comerciales del Acuerdo UE-Mercosur, el capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible, en el que se recogen las condiciones de respeto a los compromisos internacionales en materia de clima, biodiversidad y
derechos humanos, carece de mecanismos ejecutables, exigibles y sancionadores que permitan proteger de forma efectiva estos puntos (17). El cumplimiento de estas disposiciones se deja en manos de empresas y Estados, por lo que la supuesta
condicionalidad climática recogida en el Acuerdo UE-Mercosur carece de eficacia jurídica real.
A día de hoy, Austria, Holanda y la región belga de Valonia han aprobado mociones parlamentarias para rechazar la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur. Otros países, como Alemania, Irlanda, Luxemburgo o Francia, han expresado de forma
pública su oposición a la entrada en vigor del Acuerdo. Además, durante la revisión del informe de la 'Aplicación de la política comercial común' el pasado 6 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda para no ratificar el Acuerdo
UE-Mercosur en su estado actual (18). A diferencia de estos países, el Estado español no ha mostrado ningún posicionamiento al respecto en lo que va de año, si bien siempre se ha mostrado favorable y ha sido un claro promotor del acuerdo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Informar a la Cámara con urgencia sobre el contenido de las revisiones técnicas y legales a las que está siendo sometido el Acuerdo de Asociación entre la UE y Mercosur tras alcanzar un acuerdo de principio el 28 de junio de 2019.
2. Realizar un estudio independiente de impacto ambiental, económico y social sobre las consecuencias del Tratado de Asociación UE-Mercosur en la agricultura y la ganadería, otros sectores económicos, la seguridad alimentaria, el medio
ambiente y el bienestar animal en España.
3. Evaluar, a la luz del estudio de impacto ambiental encargado por el gobierno francés a una comisión independiente, la coherencia del acuerdo UE-Mercosur con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y los compromisos
climáticos y medioambientales del Estado español y de la Unión Europea, así como con los objetivos del Pacto Verde presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2019.
4. Comprometerse a consultar al conjunto de Comunidades Autónomas respecto de su posición sobre el acuerdo UE-Mercosur.
5. No autorizar -en el marco del Consejo de la Unión Europea- la ratificación del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, en el caso de que las anteriores disposiciones no se cumplan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-Juan López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta, para su debate en
Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre cumplimiento de las obligaciones del Gobierno de España con el sector agrario canario.
Exposición de motivos
A raíz de la pandemia de la COVID-19, Canarias afronta una de las etapas económicas más difíciles de su etapa reciente, y desde luego del siglo XXI. A la caída de ingresos derivados de la parálisis total del sector turístico se une las
dificultades de comercialización por la falta de conexiones que agrava la situación de algunos subsectores. En el sector agrario canario esta etapa se añade a la dura lucha por la supervivencia y la continuidad del sector en Canarias.
Los instrumentos jurídicos contemplados en el Estatuto de Autonomía de Canarias, así como en el Régimen Económico y Fiscal, están contemplados para ayudar al mantenimiento de un sector agrario vital para el equilibrio económico y
medioambiental de Canarias y de las miles de personas que dependen de él.
Las partidas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 derivadas del cumplimiento de estas obligaciones legales no se ejecutaron, ni aparecen debidamente reflejados en los Presupuestos Generales para 2021.
Por eso el Congreso de los Diputados debe manifestarse de forma taxativa en el sentido de exigir el cumplimiento de estas medidas que son obligatorias en cumplimiento tanto de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias, como la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
En cumplimiento de esta normativa y de las Directivas Europeas en materia de aguas, el primero de los objetivos es continuar las políticas de financiación y de ejecución de obras de interés general estratégicas en materia de regadíos,
depuración, saneamiento y reutilización de aguas, así como la subvención a agua de pozos y desalinizada.
Por lo que a obras hidráulicas se refiere, el 4 de diciembre del 2018 se firmó el Protocolo General entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno de Canarias para el desarrollo de actuaciones en materia de aguas en las Islas
Canarias por el que se definen las líneas a seguir por ambas Administraciones para el cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas, convenio recogido en los Presupuestos Generales del Estado pero no dotado financieramente de forma adecuada.
En cuanto a la financiación de obras para la depuración y reutilización del agua, así como la subvención para agua procedente de pozos o desalinizada, el artículo 14.bis del Régimen Económico y Fiscal de Canarias señala que: 'Se establecerá
reglamentariamente un sistema de compensación, consignado en los Presupuestos Generales del Estado, que garantice en las Islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada, hasta alcanzar un nivel equivalente
al del resto del territorio nacional, así como los precios de consumo agrario fruto de la extracción y elevación de pozos y galerías y la desalación para riego agrícola'. Ambas obligaciones legales no han sido adecuadamente recogidas en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
El Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para garantizar la competitividad de los sectores agrícola y ganadero de Canarias, señala que el Gobierno de la Nación consignará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación
suficiente para garantizar el 100 por 100 de la aportación nacional de las medidas de fomento de las producciones agrícolas locales autorizada por la Unión Europea en el marco del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad
(POSEI). La ficha financiera de la ayuda de estado, autorizada por Europa y garantizada en el Régimen Económico y Fiscal para compensar los sobrecostes del sistema agrario y ganadero de las Islas Canarias en su condición de RUP, asciende a 28
millones de . En los PGE solo aparecen 15 millones, por lo que debe exigirse el incremento de dicha partida a fin de cumplir con esta obligación legal.
Por otra parte, en cuanto a los seguros agrarios, el artículo 30 de la Ley 8/2018, que modifica el artículo 24.3 del Régimen Económico y Fiscal, establece que 'El Gobierno de la Nación consignará anualmente en los PGE una dotación suficiente
para incrementar en un 65 % la subvención base que en cada momento establezca la Entidad Estatal de Seguros Agrario (ENESA) para los seguros agrarios de aplicación en Canarias'. Las líneas de seguro agrario de aplicación en Canarias recibieron en
el año 2019 un importe de 4,1 millones de euros, lo que representa un 40 % de la subvención estatal para los seguros agrarios de aplicación en Canarias. Por ello la partida específica para cumplir con la legislación vigente se debe situar en al
menos 10,7 millones de euros. Se solicita por tanto el incremento de esta partida.
En el apartado 4 del mismo artículo 24 se señala que 'Con el fin de conservar las variedades agrícolas y razas ganaderas locales, en grave peligro de erosión genética, que son la base para diferenciar las producciones locales y facilitar su
valorización comercial, el Gobierno de la Nación dispondrá anualmente en los Presupuestos Generales del Estado de una dotación específica para promover bancos de conservación de recursos fitogenéticos y zoogenéticos locales y para apoyar la
preservación in situ de estas variedades y razas por parte de los agricultores y ganaderos.
Según lo recogido en el artículo 26.3 de la misma Ley en la redacción dada por la Ley 8/2018 'A los efectos del cálculo de los rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias, formarán parte de los mismos: b)
los importes de las ayudas a los productores derivadas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, establecido en virtud del artículo 3.1.b) del Reglamento (UE) n.° 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo'. Esta
previsión legal debe ser completamente integrada en la normativa fiscal del Estado, de forma que no se genere ninguna duda.
En cuanto al transporte de mercancías, la Disposición Adicional Primera de la Ley 8/2018 señala lo siguiente:
'Subvenciones al transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Uno. El porcentaje del 70 por 100 regulado en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, con origen o destino en las Islas Canarias, y en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias, queda establecido en el 100 por 100.
Dos. Las limitaciones establecidas en los artículos 7 y 13.1 del Real Decreto 170/2009 y los artículos 8 y 15.1 del Real Decreto 362/2009, se entenderán sin efecto siempre que los créditos presupuestarios afectados sean declarados
ampliables en las respectivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.'
Para poder cumplir esta obligación, una vez añadido el plátano a los cultivos susceptibles de recibir esta subvención, debe suplementarse la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1.º Dotar adecuadamente (con al menos los 40 millones de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2018) y firmar el Convenio con el Gobierno de Canarias que haga posible la transferencia de los fondos del Convenio de
Obras Hidráulicas así como las cantidades pendientes de ejercicios anteriores.
2.º Dotar adecuadamente (con al menos los 10 millones de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2018) y firmar el Convenio del Gobierno de España con el Gobierno de Canarias que haga posible la transferencia de los
fondos de dicho Convenio para la depuración de aguas, así como las cantidades adeudadas de ejercicios anteriores.
3.º Transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias la partida para subvencionar el agua de pozos y desalinizada que se recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
4.º Incrementar la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 a fin de llegar a la dotación suficiente para garantizar el 100 por 100 de la aportación nacional de las medidas de fomento de las producciones agrícolas
locales autorizada por la Unión Europea en el marco del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad (POSEI), incrementando la partida actual prevista en los Presupuestos Generales del Estado hasta llegar a los 28 millones de euros
necesarios.
5.º Destinar una partida específica de 10 millones de euros para incrementar un 65 % la subvención base que establece la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para los seguros de aplicación en Canarias en cumplimiento de lo establecido en el
Régimen Económico y Fiscal.
6.º Destinar una partida económica específica y firmar el Convenio correspondiente con el Gobierno de Canarias a fin de cumplir la obligación legal de promover bancos de conservación de recursos fitogenéticos y zoogenéticos locales y apoyar
la preservación in situ de estas variedades y razas por parte de los agricultores y ganaderos.
7.º Tomar las medidas oportunas para garantizar en cuanto a los Bienes Corporales, el cumplimiento del artículo 26 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
8.º Suplementar la partida correspondiente al transporte de mercancías para productos agrarios canarios que según la Disposición Adicional Primera del Régimen Económico y Fiscal debe cubrir el 100 % de ayuda al transporte de mercancías
incluyendo al plátano. Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 consignan 10 millones de euros, que son insuficientes para alcanzar el objetivo, por lo que se procederá a suplementaria hasta llegar a los 30 millones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2021.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Sergio Sayas López, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Ricardo Chamorro Delmo, don José Ramírez del Río, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Ángel López Maraver, don Rubén Darío Vega Arias y don Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la adopción de medidas en favor del sector de
porcino ibérico, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. Situación del sector cárnico español.
La industria cárnica española tiene una gran importancia en el mercado mundial de carne 52, ya que se trata del líder en exportaciones de la industria agroalimentaria de nuestro país. Por ello, el sector cárnico, en particular, y la
referida industria agroalimentaria, en general, constituyen pilares estratégicos en la producción nacional española.
No en vano, España es el país europeo con una mayor contribución al PIB del sector agrario 53. La agricultura y la ganadería, junto con la pesca, son sectores económicos de gran dinamismo e importancia, desarrollan un papel fundamental en
nuestra economía y son una de las principales fuentes de riqueza de España.
Tales sectores no contribuyen al desarrollo de España solo desde una perspectiva económica. Antes al contrario, su aportación es incalculable desde un punto de vista social, puesto que suponen la realización de actividades con un gran
arraigo en las costumbres del territorio, con una fuerte presencia de la ecología y muy imbricadas en el mundo rural. Su importancia para la sociedad española en su conjunto es indudable. Ad extra, el sector agroalimentario español tiene una
potencia y una proyección que debe fomentarse por parte de los poderes públicos.
Segundo. La proyección exterior del porcino español.
Como se anticipaba en el Expositivo anterior, el comercio de porcino tiene una excelente trayectoria exterior y es uno de los puntales del sector cárnico.
Los datos son muy ilustrativos: España se ha consolidado como el tercer exportador mundial, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania; el del porcino es el principal sector ganadero de España, con cerca del 39 % de la Producción Final
Ganadera 54 y genera el 1,4 % del PIB nacional y el 14 % del PIB industrial de España.
Además, el porcino es el sector con mejor evolución dentro de la industria cárnica, con un aumento progresivo de la producción año tras año. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Industrias de Carne de España (ANICE) 55, la
producción española de carne de porcino alcanzó en 2014 las 3.571.009 toneladas, lo que supuso el 61,2 % de la producción total de carne en España (5.828.645 toneladas). Y, según el Ministerio de Agricultura, en 2018 fue de 4.530.474 toneladas y en
2019 de 4.627.179 toneladas (un 63,84 % del total) 56.
Gracias a estos datos, España se ha convertido en 2019 en el primer exportador de carne de cerdo y productos cárnicos de porcino a China, por delante de Alemania, Brasil y Estados Unidos. De esta manera, el país asiático es el principal
destino extracomunitario del sector porcino, al absorber el 27,2 % de las exportaciones en volumen y el 23 % en valor. En 2019 se exportaron a China un total de 663.892 toneladas de carnes de porcino por valor de 1.441 millones de euros,
representando un crecimiento del 99,9 % en volumen y un 209,4 % en valor respecto a 2018 57.
52 https:/ / www.agronegocios.es/ya-son-57-las-empresas-carnicas-espanolas-confirmadas-para-exportar-carne-de-cerdo-a-china/.
53 https:/ / www.pwc.es/es/publicaciones/assets/informe-sector-agricola-espanol.pdf.
54 https:/ / www.mapa.gob.es/es/ganadería/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/ porcino/.
55 http:/ / www.qcom.es/alimentacion/reportajes/la-situacion-del-porcino-en-espana-y-europa 28270 2 31084 0 1 in.html.
56 https:// www.3tres3.com/ultima-hora/ au menta-la-produccion-porcina-en-espana-en-2019 44480/.
57 https:/ / www.agronegocios.es/ya-son-57-las-empresas-carnicas-espanolas-confirmadas-para-exportar-carne-de-cerdo-a-china/.
Tercero. Diferencias dentro del sector de porcino en España.
Dentro del meritado sector del porcino se comercian dos tipos de cerdos: el ibérico y el de capa blanca. Sus diferencias residen en la genética de los animales, en la clasificación que se hace de la raza y en la alimentación del animal.
Es más, se trata de dos razas distintas, por lo que la edad y el peso varían.
Por un lado, el porcino ibérico proviene de una raza concreta (el cerdo ibérico) y solo puede ser producido en la Península Ibérica por las condiciones climatológicas necesarias para su crecimiento y maduración. Este tipo de cerdo crece y
se desarrolla más despacio 58: su peso oscila entre los 100 y 150 kilogramos para las hembras y entre 150 y 200 kilogramos para los machos. Además, la crianza y la alimentación influyen en esta variante de cerdos dando lugar a tres tipos: de
bellota, de cebo de campo y de cebo.
Por otro lado, el porcino de capa blanca puede provenir de muchas razas de cerdo (Duroc, Landrace, Pietrain o Large White, entre otras). Su morfología es distinta a la del cerdo ibérico (por ser otra raza) y su tamaño es menor. Por
ejemplo, el porcino ibérico acumula menos grasa que el porcino de capa blanca. No obstante, los cerdos de capa blanca suelen vivir unos ocho meses y su selección genética hace que su desarrollo sea muy rápido, de tal manera que a esa edad ya han
alcanzado entre 90 y 110 kilos de peso.
En definitiva, son estas diferencias, genéticas y no genéticas, entre ambas razas las que producen que el precio entre una y otra varíe, ya que no supone el mismo esfuerzo para el ganadero criar porcino ibérico que porcino de capa blanca:
Tabla comparativa de la web Jamón Lovers 59
Cuarto. Los problemas para el sector de porcino: la COVID-19.
La buena trayectoria del comercio de porcino español ha quedado truncada, según ASAJA-Córdoba, por los efectos de las erróneas medidas del Gobierno para tratar de atajar las crisis de salud pública y
58 https:// arturosanchez.com/universo-iberico/cerdo-iberico-blanco-diferencias / :~:text=Las % 20razas % 20de % 20cerdo % 20ibérico/infiltrar % 20grasa % 20en% 20el% 20músculo.&te xt=Los % 20cerdos % 20blancos, % 20debido % 20a,a % 20un%
2025 % % 20de % 20grasa.
59 https://www.iamonlovers.es/clasificacion-jamon/.
económica ocasionadas por el impacto de la COVID-19, que han provocado que las ventas de este sector se reduzcan a la mitad 60.
El principal factor causante de ese descenso ha sido el cierre forzado del canal HORECA (hostelería, restauración y cafeterías), que ha provocado una caída en la facturación que se ha trasladado a los precios que perciben los ganaderos en la
venta final de sus animales.
Para Antonio Prieto, presidente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), el sector del porcino ibérico sufrió un desplome del precio del 40 % entre los meses de marzo y mayo (período en el que los españoles sufrimos el
confinamiento domiciliario). Antes de ese momento, la arroba (11,5 kilos) se pagaba a 20 euros, precio que llegó a descender hasta los 12 euros al final de ese trimestre 61.
Quinto. Las medidas erróneas del Gobierno.
Para ayudar a este sector del porcino ibérico, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación puso en marcha un plan de diez millones de euros para el sacrificio de animales a través del Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020 ('RD 687/2020').
El objetivo era ayudar al sector a dar salida a sus productos mediante un plan de subvenciones al sacrificio de animales mientras el canal HORECA no se recuperase.
No obstante, las medidas adoptadas en lo que se refiere al porcino ibérico no cumplieron con las expectativas del sector, en especial en el segmento de animales de bellota. Ello se deduce del hecho de que se sacrificasen menos cabezas de
las previstas y de que no se recuperasen los precios.
El RD 687/2020 fijó como requisitos para la obtención de ayudas unos pesos inadecuados, que no son los que el mercado demandaba. Así, se consideraban como subvencionables cochinos de porcino ibérico de entre 5 y 9 meses de edad y con un
peso vivo (por animal) máximo de hasta 120 kilos. Como se señaló anteriormente, estas medidas para cerdo ibérico son reducidas y los ganaderos no encuentran compradores para dar salida a paletas y jamones de este tamaño.
A todo ello se sumó otro problema: la cotización del porcino ibérico llegó a igualarse a la del porcino de capa blanca; sin embargo, en el momento de publicación del RD 687/2020 el precio se encontraba en medio de una recuperación leve
pero sostenida, lo que desincentivó a muchos ganaderos de solicitar las ayudas, al esperar un restablecimiento de los precios.
Los anteriores factores determinaron que no se diese salida a los excedentes de este producto. Es ilustrativo que, cuando finalizó el período de sacrificios a mediados de noviembre, solo se habían otorgado 1,6 millones de euros de los 10
millones previstos por el RD 687/2020 en ayudas al sector de porcino ibérico. En consecuencia, representantes del sector, como Juan Metideri (presidente de APAG Extremadura-ASAJA), han calificado esta línea de ayudas del Gobierno como una
'operación de marketing' 62 que no llegaba a los ganaderos.
En definitiva, las condiciones del RD 687/2020 fueron imposibles de cumplir para la inmensa mayoría de los ganaderos, que se vieron abocados a la ruina.
Sexto. Conclusiones.
El sector es, por su naturaleza, uno de los más vulnerables a cualquier crisis económica: toda caída del consumo o mínima incertidumbre económica provoca graves alteraciones. Por ello, la industria es más reticente que otros sectores a
realizar inversiones económicas que tarden años en poder recuperar, ya que el cerdo ibérico es un producto de alto valor y tiene un proceso de elaboración muy largo hasta su comercialización.
La demanda de los productos que usan el cerdo ibérico como materia prima se ha desplomado y no tiene visos de recuperación en el corto plazo. A este escenario contribuyen las diferentes medidas sanitarias aprobadas por las autoridades
sanitarias en este período y, en particular, el cierre de gran parte del canal HORECA.
En consecuencia, es necesario que se pongan en marcha unas medidas que contengan un nuevo plan de ayudas para este sector que favorezca una reestructuración productiva urgente en las
60 https: / / agroinformacion.com/advieten-de-la-situacion-critica-del-sector-del-porcino-iberico-tras-una-caida-en-las-ventas-y-del-precio-de-casi-el-50/.
61 https://www.20minutos.es/noticia/4326065/0/prieto-el-sector-del-cerdo-iberico-ha-resistido-al-coronavirus-con-perdidas-pero-sin-quiebras-de-explotaciones/.
62 https: / / agroinformacion.com/avudas-al-cerdo-iberico-por-el-covid-de-los-10-millones-prometidos-solo-se-han-repartido-menos-de-300-000-euros-ert-toda-espana/.
explotaciones de cerdo ibérico frente a la terrible crisis económica que están viviendo, y que contenga las características específicas de porcino ibérico (peso y tamaño) para poder acceder a las ayudas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un nuevo Real Decreto de bases reguladoras para la concesión de subvenciones estatales destinadas al sector del porcino ibérico, que establezca unos requisitos para acceder a las
ayudas adecuados a las características específicas de peso, edad y tamaño del cerdo ibérico, de tal forma que permita que los ganaderos se beneficien realmente de las mismas, al contrario de lo que ha sucedido con el Real Decreto 687/2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, María Magdalena Nevado del Campo, Ángel López Maraver, Rubén Darío Vega Arias y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002219
A la Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don. Pablo Juan Calvo Liste, don José María Sánchez García y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que adopte las medidas necesarias
para evitar que las Corporaciones Locales aprueben normativa en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, para su discusión en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ('TREBEP') dispone en su artículo 13 lo siguiente:
'El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo,
entre otros, con los siguientes principios:
1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las administraciones públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.
2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral
estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.'
De la interpretación literal del precepto resulta que solo 'el Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas', y no las Corporaciones Locales, pueden dictar la normativa en materia de dirección pública. Sin embargo, la
inactividad del legislador nacional y regional determinó que un buen número de entes locales regulasen normas de organización de sus directivos locales. Todo ello, tratando de apoyarse en su autonomía, consagrada en el artículo 137 de la
Constitución Española ('CE').
Segundo. El artículo 13 TREBEP fue objeto de estudio por la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) 1829/2019, de 17 de diciembre, ROJ 4148/2019, Recurso de casación 2145/2017 ('STS 1829/2019'), que enjuicia la legalidad del
reglamento de directivos dictado por la Diputación Provincial de Cáceres.
El pronunciamiento atañe al interés casacional existente en tres cuestiones:
1) Si el artículo 13 TREBEP es relevante y resulta de aplicación en la determinación de las competencias de los entes locales para la regulación de su personal directivo.
2) Si entra dentro de las competencias de los entes locales y, en particular, de las Diputaciones Provinciales la regulación de su personal directivo.
3) Si existe una reserva de ley en la regulación del personal directivo de los entes locales y, en ese caso, qué grado de densidad normativa se ha de contener en la norma de rango legal para entender satisfecha la reserva de ley sin
menoscabo de la potestad de autoorganización de los entes locales.
El recurso interpuesto por la Diputación se amparaba en tres motivos estrechamente vinculados con los anteriores:
- En primer lugar, alegaba que la sentencia recurrida en casación infringía el artículo 13 del TREBEP. Esta interpretaba que las Entidades Locales (en particular, la Diputación recurrente) solo podían regular su personal directivo si
previamente ha existido una regulación estatal o autonómica.
- En segundo lugar, argumentaba en la supuesta infracción de los artículos 13 del TREBEP y los artículos 4.1.a), 32 bis y 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local ('LRBRL'), en relación con el
principio de autonomía local recogido en los artículos 137 y 140 CE. Consideraba que la interpretación efectuada por la sentencia a quo, vaciaba 'de contenido la competencia de los entes locales (en particular, de la Diputación recurrente) para la
regulación del personal directivo, que forma parte de su potestad de autoorganización y se encuentra regulado como competencia propia'.
- Finalmente, la Diputación recurrente alegaba la infracción de los artículos 13 del TREBEP y los artículos 4.1.a), 32 bis y 85 bis LRBRL, también en relación con el principio constitucional de autonomía local recogido en los artículos 137 y
140 CE. Este motivo se basaba en la 'reserva de ley para la regulación del personal directivo que anulaba la regulación contenida en el Reglamento Orgánico que aprobó la Diputación ahora recurrente'.
El Alto Tribunal no compartió ninguno de los motivos en que fundamenta su recurso de casación la Diputación Provincial de Cáceres. Así, señala el Tribunal Supremo ('TS') que, pese a no existir en el artículo 13 TREBEP una reserva de Ley del
Estado ni de las comunidades autónomas ('CCAA'), tampoco se encuentra en él ninguna atribución a los entes locales. Sí se atribuye, sin embargo, una potestad 'al Estado, concretamente al Gobierno, y a las Comunidades Autónomas para regular el
régimen jurídico específico de este personal directivo y los criterios para determinar su condición dentro del respeto a los principios enunciados por el propio precepto'.
Según el TS, esta situación pone de relieve la necesidad manifestada por el legislador de que el régimen del personal directivo estuviese dotado de 'suficiente homogeneidad'. Esa homogeneidad es la que da sentido al límite de la atribución
de tal facultad al Gobierno y a las comunidades autónomas. Así, el TS considera que no 'solo no es irrazonable esa decisión legislativa sino plenamente coherente con el objetivo de dotar a la regulación del personal directivo de las
Administraciones Públicas, también del de las corporaciones locales, de la homogeneidad precisa a partir de los criterios sentados expresamente por el artículo 13'.
El TS alude asimismo al artículo 32 bis LRBRL para sustentar que también el propio legislador ha corroborado que la interpretación es correcta. El artículo antedicho señala que:
'Artículo 32 bis. Personal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.
El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado,
de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo Al, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las
características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.'
El silencio del artículo 13 y la formulación del artículo 32 bis, a juicio del TS, 'permiten afirmar que no se ha habilitado a las corporaciones locales para completar el régimen jurídico del personal directivo'.
En relación con los artículos 4.1 a) y 85 bis, la disposición adicional 15.a LRBRL y los artículos 137 y 140 CE que, según la Diputación Provincial de Cáceres, sustentan su pretensión, no son contrarios a la interpretación realizada por el
Alto Tribunal, a saber:
(i) Ninguno de ellos confiere atribución alguna a las entidades locales para regular el personal directivo.
(ii) El artículo 13 del Estatuto Básico - ya lo hemos dicho- no las apodera para adentrarse en esta materia: solo habilita al Gobierno y a las Comunidades Autónomas.
(iii) Del artículo 85 bis solamente resultan las facultades de decidir si los puestos directivos los desempeñan funcionarios, laborales o profesionales del sector privado, o sea, prácticamente lo mismo que el artículo 32 bis, y de fijar sus
retribuciones.
(iv) La disposición adicional decimoquinta se refiere a las directrices generales que dicte el ente local, no sobre el régimen del personal directivo, sino sobre las funciones de gestión o ejecución de carácter superior de las que se
encargue y en materia de incompatibilidades.
Tercero. Pese al fallo de nuestro Alto Tribunal, y los informes desfavorables de los servicios jurídicos de diversas Consejerías, varias Corporaciones Locales continúan dictando normas reglamentarias para desarrollar lo dispuesto en el
citado artículo 13 del TREBEP pese a carecer de habilitación legal para ello.
Así, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Albacete), presidido por un alcalde del PSOE, realizó en septiembre de 2019 una modificación normativa que afectaba a su Relación de Puestos de Trabajo ('RPT'), con el fin de crear puestos de
directivos profesionales por acuerdo del pleno de la Corporación. Lo hizo bajo el pretexto de que actuaba en el ejercicio de la competencia reglamentaria y de capacidad de autoorganización de la entidad local.
La iniciativa surgió desde la Alcaldía, a pesar de contar con informes iniciales desfavorables de Secretaría e Intervención. El alcalde dictó cuantos decretos creyó necesarios para cambiar a los funcionarios que ocupaban accidentalmente
puestos de trabajo reservados a funcionarios de carácter nacional para lograr su objetivo de regular a su personal directivo, y como colofón, aprobar la inclusión de esos puestos de directivos profesionales en la RPT que se acompaña en los
presupuestos municipales de 2020. Todo ello, a pesar de que también suponía un incremento de la masa salarial del 13,85 % en contra de lo establecido en la LPGE de 2018 (acuerdo de pleno de 28.01.2020).
Evacuada consulta, los servicios jurídicos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública del gobierno regional de Castilla-La Mancha confirmaron que (solo) 'el Gobierno y las CCAA podrán establecer el régimen jurídico del personal
directivo, sin que se mencione en la ley a las Corporaciones Locales, de donde resulta que las mismas carecen de la facultad que se atribuye el ayuntamiento, no siendo tal conclusión una interpretación, sino una aplicación pura y simple de lo
señalado en la ley. En base a ello no resulta viable la creación de puestos directivos profesionales en municipios de régimen común.
La respuesta ofrecida por el ejecutivo autonómico encaja de manera lógica con lo resuelto por la STS 1829/2019. Además de lo expuesto supra, el TS señaló expresamente en relación con la competencia reglamentaria y de capacidad de
autoorganización que:
'[...] la autonomía garantizada constitucionalmente, al igual que las potestades del artículo 4.1 a) -reglamentaria y de autoorganización- no son, por sí solas, título suficiente para ejercer cualquier tipo de competencia regulatoria, pues
no pueden utilizarse en contra de previsiones legales específicas ya que la Ley delimita una y otra. Y, en este caso, al igual que en otros extremos del régimen de los empleados públicos, el legislador ha confiado, con un criterio que no es
irrazonable y, por tanto, no puede considerarse contrario a la autonomía local ni a sus corolarios de autonormación y autoorganización, que sean el Gobierno o las Comunidades Autónomas los que se encarguen de desarrollar el artículo 13 del Estatuto
Básico del Empleado Público.'
La situación creada por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Albacete) obligó a intervenir -previa denuncia- a la Subdelegación del Gobierno en la provincia, a fin de que se anulasen los acuerdos de 30 de julio de 2019, de aprobación
inicial de la modificación de la RPT del municipio y el de aprobación definitiva en pleno, de 24 de septiembre de 2019. La respuesta del Ayuntamiento ha sido la pasividad.
Por su parte, el Pleno de la Diputación Provincial de Alicante aprobó inicialmente, el 4 de noviembre de 2020, el Reglamento Orgánico de la mencionada corporación, en cuyo Título XIII (bajo la rúbrica 'Personal Directivo Profesional de la
Diputación Provincial') obran los siguientes artículos:
'Artículo 120. Órganos directivos.
Son órganos directivos profesionales de esta Diputación:
a) El/La Secretario/a General, Interventor/a y Tesorero/a de la Diputación.
b) Los demás funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional titulares de los puestos de colaboración de los anteriores.
c) Quienes culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas en que se organiza la Diputación Provincial con atribución de funciones de tal carácter.
Artículo 121. Personal directivo.
1. Los/las Funcionarios/as de Administración Local con habilitación de carácter estatal se regirán por su legislación específica.
2. El nombramiento del restante personal directivo de la Diputación deberá efectuarse entre funcionarios/as de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o Funcionarios/as de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional, que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificadas en el subgrupo A1. Atendiendo a las características específicas de las funciones del puesto, se podrán incluir de forma motivada, como requisito de acceso, la de
tener la condición de personal laboral fijo de las Administraciones Públicas en puestos A1, o bien que se trate de profesional del sector privado, titulado superior o grado, en todo caso, con experiencia en funciones directivas o gerenciales. Su
designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. En todo caso, en
cuanto sean funcionarios de carrera, su retribución será la establecida para dicho personal.
4. Quienes tengan la condición de personal laboral estarán sometidos a la relación laboral especial de alta dirección.'
Cuarto. Si bien es cierto que el control de la legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales corresponde a los Tribunales ex artículo 6.2 LRBRL, no lo es menos que la Administración del Estado y de las comunidades autónomas
disponen de herramientas de información y control sobre las disposiciones y acuerdos dictados por las corporaciones locales.
Así, el artículo 65 LRBRL, señala que:
'1. Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando
expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes.
2. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.
3. La Administración del Estado o, en su caso, la de la comunidad autónoma, podrá impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo señalado para la interposición del recurso de tal naturaleza
señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, contado desde el día siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad local, o al de la recepción de la comunicación de la misma rechazando el requerimiento, si se produce
dentro del plazo señalado para ello.
4. La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá también impugnar directamente el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin necesidad de formular requerimiento, en el plazo señalado
en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.'
Es evidente, pues, que tanto la Administración del Estado como las de las comunidades autónomas han de cumplir diligentemente con su deber de control de los actos y acuerdos de las corporaciones
locales. Muy especialmente si la normativa que emana de las Corporaciones Locales puede invadir competencias que la Ley reserva a otras Administraciones.
En el mismo sentido, el Gobierno, en tanto que director de la Administración General del Estado, debe velar por el cumplimiento de la legalidad, para lo que dispone de la facultad de 'interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante
los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público' (artículo 8.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).
También es manifiesto que, de no desarrollarse adecuadamente el artículo 13 del TREBEP, ni dictarse las instrucciones precisas a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, se corre el riesgo de que cristalicen en el ordenamiento
jurídico normas reglamentarias locales contra legem. Deviene imperiosa la necesidad de que el Gobierno regule de forma integral el régimen jurídico específico de los Directivos de la Administración General del Estado y del Sector Público
Empresarial.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas dentro de sus competencias legalmente previstas a fin de:
- Hacer un estudio de los municipios y diputaciones provinciales legalmente habilitados para disponer de personal directivo, a fin de recurrir, por la vía legal o jurisdiccional oportuna, las normas que en desarrollo de lo dispuesto por el
artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se hayan aprobado en las Corporaciones Locales de modo contrario a la jurisprudencia del
Tribunal Supremo.
- Presentar ante las Cortes Generales un Proyecto de Ley que, al amparo del artículo 13 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, regule de forma integral el
régimen jurídico específico de los Directivos de la Administración General del Estado y del Sector Público Empresarial, derogándose todas las disposiciones normativas dispersas actualmente que les puedan afectar.
- Promover, en el marco de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, que las comunidades autónomas desarrollen el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2021.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, José María Sánchez García y Pablo Juan Calvo Liste, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002052
Mediante escrito de fecha 3 de marzo de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común la Proposición no de Ley relativa al Acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el
Mercosur, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 226, de 23 de febrero de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el macroproyecto eólico que engloba a los parques de Rebordechao, Barxas y Prada para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El 20 de enero de 2021 daba comienzo por el MITECO, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la exposición pública del documento inicial y los planos del proyecto
denominado 'Parque eólico Prada de 170,5 MW TTMM: A Pobra de Trives, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, Larouco, O Barco de Valdeorras, Petín, San Xoán de Río (Ourense) y Quiroga (Lugo) ' iniciándose el plazo para realizar las alegaciones al mismo.
Sin embargo, el de Parque de Prada es solo uno de los tres proyectos anunciados en la misma zona geográfica, tratándose de hecho de un único gran macroproyecto industrial promovido por el mismo conglomerado empresarial, Statkraft, un grupo
con sede en Oslo y controlado por el estado noruego, que ha sido dividido de forma artificiosa. Así, al citado Parque eólico de Prada deberían sumarse los también anunciados y en período de consultas, Parque eólico de Barxas (de 121 MW y que
implica a municipios del Bierzo y de Galiza: en los concellos de Barxas, Oencia, Trabadelo y Veiga de Valcarce, pertenecientes a León; O Barco de Valdeorras, Petín, Vilamartín de Valdeorras, Larouco, San Xoán de Río y Trives, pertenecientes a
Ourense; y los de Pedrafita, Quiroga, Folgoso del Caurel, Ribas de Sil, As Nogais, en Lugo) y por otro lado el Parque eólico de Rebordechao (con un total de 154 MW y que implica a los concellos de Nogueira de Ramuín, Xunqueira de Espadanedo,
Montederramo, Maceda, Vilar de Barrio, Laza, Castrelo do Val, Verín, Monterrei y Cualedro), formando una única unidad para su consideración y evaluación. Tanto la ubicación, como la dimensión, como la cercanía e incluso el hecho de que deberán
compartir evacuación y que el desarrollo de uno está vinculado al otro hacen que debiera considerarse como un único proyecto.
En este sentido, es necesario recordar que la fragmentación de un Parque Eólico es una práctica fraudulenta y que existe ya jurisprudencia al respecto. En Galiza se pueden citar distintos casos en los que se presentan Estudios de Impacto
Ambiental individual de cada uno de los proyectos fragmentados, evitando una evaluación global de todo el proyecto y de las garantías exigibles, lo que supone un claro fraude de ley. En este sentido, la STSJ de Galiza 245/2020 de la Sala de lo
Contencioso Administrativo ha establecido que debe contemplarse necesariamente como un único Parque Eólico los casos en que 'es consubstancial que los generadores en ellos agrupados hayan necesariamente de compartir, además de las líneas propias de
unión entre sí, unos mismos accesos, un mismo sistema de control y unas infraestructuras comunes y que la energía resultante ha de inyectarse mediante una sola línea de conexión del parque, sin que sea posible descomponer, a efectos jurídicos, un
parque proyectado para diseccionar de él varios aerogeneradores a los que se daría un tratamiento autónomo'.
En segundo lugar debe destacarse que se aborda este macroproyecto con base en un marco legal obsoleto que no ofrece garantías de supervisión pública efectivas y suficientes, que pone de manifiesto la falta de idoneidad para regular el
desarrollo de proyectos que superen los 50 MW. La actual regulación no permite una planificación energética racional y consensuada en el marco de la transición energética, y tampoco permite regular la adecuación de la ubicación y tamaño a las
características del territorio.
Debido a todo esto, Galiza asiste a un boom eólico desarrollado sin una adecuada planificación ni vigilancia pública, bajo una arquitectura legal obsoleta y sin garantías para la participación social o la salvaguarda del patrimonio natural.
Entre 2009 y 2018 no se habían instalado en Galiza ni 300 MW, pero en 2019, en un solo año, se pusieron en marcha 19 parques y 400 MW instalados más. Este desarrollo se está dando de forma abrupta, sin planificación y sin consenso social, análisis
que se ve corroborado en recientes sentencias judiciales como la de Sasdónigas o la de la Serra do Iribio que señalan precisamente la rebaja de garantías ambientales y la desprotección de los espacios singulares. Este proyecto supone un total de
445 MW, una potencia superior a la existente en todo el territorio de Ourense, a la impulsada en el período 2009-2018 y a la instalada en toda Galiza a lo largo del 2019. No puede permitirse el desarrollo de un macroproyecto como este en un marco
legal obsoleto, con un Plan eólico sectorial
de 1997 sin actualización conforme los cambios de la tecnología y las nuevas medidas de protección del medio y sin planificación ni garantías de supervisión pública efectivas y suficientes.
En tercer lugar debe destacarse la ausencia de retorno económico y social para las poblaciones y territorios afectados. En la actualidad, las y los propietarios reciben de media entre el 1,1 y el 2,4 % del total de la facturación de los
parques. Con respecto a los ayuntamientos gallegos, la parte que queda en el territorio de la facturación es de aproximadamente el 5 %. Así, según los datos que facilita la patronal, si el impacto en el PIB es de más de 580 M, solo la reducida
cantidad de 11 M (1,89 %) son percibidos por los propietarios de los terrenos.
Tampoco se exige ni se valora la estimación de los puestos de trabajo que generaría ni de su continuidad a lo largo del tiempo, pero por otras experiencias puede concluirse que estos proyectos tendrán un impacto residual, reducido a puestos
de trabajo temporales y de poco valor añadido durante la construcción, al que se sumaría el mínimo necesario para vigilar el funcionamiento posterior, pero que por la tecnología y la centralización de los servicios en las multinacionales no se
nutriría de la mano de obra local.
En cuarto lugar cabe destacar que Galiza es excedentaria en producción eléctrica pero no recibe compensación alguna por el impacto socioeconómico y medioambiental, lo que evidencia la necesidad de un nuevo modelo que vincule la obtención de
potencia eólica al retorno social y territorial.
Galiza tuvo y tiene un papel de productor de energía que no fue escogido por los gallegos y gallegas, sino que es consecuencia de una cadena de decisiones ajenas, muchas de ellas del período de la dictadura franquista. En esa función
impuesta de país productor, generamos energía para el consumo de otros territorios del Estado español, exportando electricidad cada año. De esta forma, mientras otros territorios ahorran los costes del impacto social y ambiental que sufrimos como
país, Galiza no obtiene ningún beneficio. Esto obedece a un diseño centralista del Estado español que, mientras nos adjudicaba ese papel, reservaba para otros lugares ser el centro de la industrialización y del desarrollo económico.
A pesar del impacto de la crisis de la COVID-19, el impacto de la preexistente crisis industrial y ralentización económica que ya sufría Galiza, así como el impacto del cierre político-administrativo y/o de mercado de las dos térmicas de
carbón (Meirama y As Pontes) y con la problemática de las industrias electrointensivas (Alcoa, Ferroatlántica...), según la información disponible por Red Eléctrica de España (REE) sobre el último balance eléctrico en Galiza (2020, provisional a 31
de octubre ), Galiza continúa a derivar una parte importante (33 %) de su generación eléctrica fuera del propio país.
Además, es preciso señalar un dato relevante: la generación renovable (10 TWh) supera a la demanda (8,7 Twh). Por lo tanto, Galiza cumple sobradamente la hoja de ruta internacional respecto de las energías renovables y es absolutamente
falso que la no realización de estos proyectos suponga el incumplimiento de los objetivos climáticos.
Delante del nuevo escenario que abren las necesidades sociales y económicas ,así como la necesaria transición energética, es necesario transformar las reglas del sistema eléctrico de forma que estas se adecúen a las diferentes realidades
territoriales. El BNG entiende necesario y obligatorio introducir aspectos correctores desde el punto de vista de la justicia social en los procedimientos para la adjudicación de potencia eólica mediante concurso, en cuyas bases el gobierno central
no está incluyendo criterio alguno de retorno social, económico, innovador o similar, de forma que no se asegura que, sobre todo en los territorios concretos de implantación, suponga progreso social para el conjunto de la población gallega ni
favorece la consideración de la energía como un bien público en el lugar de un bien especulativo.
Tampoco existen en estos momentos mecanismos para que la producción energética revierta en un abaratamiento de la factura para los territorios productores.
En quinto lugar, debe destacarse la grave afectación al medio natural y a la biodiversidad, la vulneración de diversas figuras de protección europeas, estatales y autonómicas del medio natural y la ruptura del principio de prevención. La
instalación en las áreas del Macizo Central y de los Montes de Trevinca entraría en conflicto con áreas de protección internacional, como por ejemplo el IBA A Limia, IBA Montes Aquilanos o el IBA Sierra de La Cabrera para la protección de las aves.
En este sentido, los tres parques de este macroproyecto contarán con torres superiores a 100 metros, lo que puede suponer un obstáculo para la navegación y será preceptiva la instalación de dispositivos de balizamiento con la consiguiente posible
afectación en la fauna.
También afectará a la Red Natura 2000 y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Afectará a la ZEC del Macizo Central, ZEC Río Támega, ZEC Abedular de Montederramo, ZEC Ancares-Courel, ZEC Ribeiras del Río Sil y afluentes, ZEC Serra Enciña
da Lastra o ZEC Pena Trevinca, así como a varios
Lugares de Interés Geológico. Supondrá además una clara afección a la Red Gallega de Espacios Naturales por su cercanía al Parque Natural do Invernadoiro, a la ZEPVN de los Ancares-Courel, al Macizo Central, al Río Támega y al Abedular de
Montederramo. Perturbará además a diversas zonas de protección de la fauna y de la flora con especies en peligro de extinción, de atención preferente o vulnerable, incidiendo directamente en la Zona del Plan de Gestión del Lobo en Galiza y en la
zona de recuperación de la tortuga, de la auganeira (desmán ibérico), el oso pardo, el águila real, así como diversas especies de murciélago o invertebrados recogidos en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas.
Debe considerarse además que algunos de los territorios en los que se proyecta instalar los parques sufren la degradación y las consecuencias de ser zonas altamente afectadas por incendios, cuestión que no es tenida en cuenta en los
proyectos, que solo estiman el riesgo para las instalaciones pero no las consecuencias que estos hechos tuvieron en los territorios y en su capacidad de resistencia.
Se trata, por lo tanto, de un modelo de desarrollo agresivo y de dimensiones incompatibles con la protección del medio y de su biodiversidad. Colide con el interés público prioritario de aumentar la presencia de figuras de ordenación y
protección del territorio, salvaguardando espacios de alto interés ambiental.
El proyecto de instalación de los tres parques afectarán directamente a diversos recursos hídricos y entrará en contradicción con la Directiva Marco del agua, pues la construcción incidirá directamente a las Lagunas de Pena Trevinca y a
otros humedales recogidos en el Inventario de los Humedales de Galiza, recordando que las zonas húmedas son espacios fundamentales para la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, además de suministrar de recursos hídricos para
abastecimiento y actividad económica. Por su cercanía, también perturbarán las reservas naturales fluviales y zonas protegidas de agua potable (ZPAP) que resulta esencial conservar por las necesidades crecientes de la zona durante los períodos de
sequía que tienen importantes consecuencias para la población y para el sector agroganadero.
El macroproyecto impactará también en el patrimonio cultural y arqueológico, que no podrán ser adecuadamente protegidos, afectando a bienes catalogados BIC como son la Iglesia de Santa Marina y el Castillo de Balboa (Balboa), el Castillo de
Corbedo (Folgoso do Courel), la Fortaleza del Castro en el Barco de Valdeorras o la afectación al Camino de Santiago.
Además, el macroproyecto es incompatible con la protección de los usos agroganaderos, forestales y sociales de los territorios afectados, en los que se encuentran zonas de ganadería extensiva, de pastoreo y de recuperación de razas
autóctonas de vaca, lo que pone en evidencia la necesidad de un modelo de aprovechamiento eólico mejor dimensionado y basado en la complementariedad con otras actividades.
El macroparque colide además de forma directa tanto con la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galiza, como con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, pues
ambas establecen la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística.
Por último, debe destacarse que la tramitación de este superproyecto se inicia en plena situación de alarma sociosanitaria y restricciones generadas por la pandemia de la COVID-19, lo que dificulta o impide directamente la adecuada difusión
social y el contraste directo con todas las entidades y personas afectadas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Descartar la implantación de los tres macroproyectos de Statkraft denominados Rebordechao, Prada y Barxas por la grave e irreversible afectación sobre la calidad paisajística, la fragilidad y la vulnerabilidad ambiental en las fases de
construcción, explotación y desmantelamiento, por la vulneración de las directivas y normas europeas, estatales y autonómicas en materia ambiental por el grave perjuicio que supondrían para los ambientales, económicos y sociales del territorio y de
sus comunidades.
2. Introducir aspectos correctores de justicia social en los procedimientos para la adjudicación de potencia eólica mediante concurso, incluyendo en las bases criterios de retorno social, económico, innovador o similar, de forma que se
asegure que, sobre todo en los territorios concretos de implantación, estos proyectos supongan progreso social para el conjunto de la población, favoreciendo la consideración de la energía como un bien público en el lugar de un bien especulativo.
3. Crear mecanismos correctores para que la producción energética revierta en un abaratamiento de la factura para los territorios productores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa a Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.
Exposición de motivos
El 28 de junio de 2019, la Comisión Europea y el Mercado Común del Sur (en adelante Mercosur), conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, anunciaron un pacto político para la celebración de un acuerdo de asociación entre las dos
regiones (en adelante Acuerdo UE-Mercosur) (1).
El Acuerdo UE-Mercosur es un tratado de carácter mixto, integrado por tres pilares relativos a comercio, cooperación y diálogo político, que debe ser ratificado por el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo (PE) y los parlamentos nacionales
antes de su entrada en vigor.
El pilar comercial (2) es uno de los más relevantes porque además es el único que contiene disposiciones de obligado cumplimiento por ambas partes.
El objetivo central del capítulo comercial es liberalizar el comercio entre ambos bloques. La reducción de los aranceles comerciales afectará, en caso de ponerse en marcha, al 91 % de los productos intercambiados entre las dos regiones (3),
incluyendo la industria agraria, automovilística, química, farmacéutica, textil y el sector servicios, entre otros.
Diversos estudios científicos alertan sobre los graves peligros de la entrada en vigor de este acuerdo en cuestiones como el cambio climático, los derechos humanos, la seguridad alimentaria o el sector rural, tanto en los países del bloque
Mercosur como en los países europeos, incluida España. A continuación señalamos algunos impactos.
1. Profundización de la crisis climática y la deforestación en ecosistemas clave como la Amazonia.
La ratificación del Acuerdo UE-Mercosur se plantea, sin ningún tipo de debate público y en un momento clave en el que los países de la UE y el Gobierno de España se enfrentan al gran reto de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
En esta línea, recientemente el Consejo Europeo ha aprobado aumentar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al 55 % en 2030, en relación al nivel de 1990 (4). Por su parte, el Gobierno de España está en vías de
aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
En este sentido, los impactos del Acuerdo UE-Mercosur pueden ir en detrimento de cualquier esfuerzo institucional para paliar el cambio climático, ya que la reducción de las emisiones en España y la UE no puede ser a costa de la
externalización de las mismas en países del Sur Global.
Un estudio de impacto ambiental independiente (5), encargado por el Gobierno francés, estima que la deforestación en los países del bloque Mercosur aumentará un 5 % anual debido a la nueva demanda de productos en Europa, mientras que las
emisiones de GEI adicionales se incrementarían entre 4,7 y 6,8 millones de toneladas equivalentes de CO2.
- Incremento de la deforestación.
El Acuerdo UE-Mercosur impulsará las importaciones de la UE de productos agrícolas y ganaderos vinculados a la deforestación en la Amazonia, El Cerrado o el Pantanal. Algunos de estos productos son la carne de vacuno para consumo humano, la
soja para la producción de piensos de ganado o la caña de azúcar y el etanol para la producción de biocombustibles (6).
Un estudio de la revista Nature (7), publicado en julio de 2020, estima que al menos entre el 17 % y el 22 % de las importaciones anuales de la UE de soja y carne bovina procedentes de Brasil están vinculadas a la deforestación ilegal en las
regiones de la Amazonia y el Cerrado.
Estos ecosistemas, clave en la regulación del ciclo del agua, el clima o la protección ante nuevas pandemias, ya están sometidos a fuertes presiones y registran tasas de deforestación e incendios muy elevadas. Según el Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales (INPE), la Amazonia ha perdido 11.088 kilómetros cuadrados de árboles en el último año, una superficie equivalente a tres campos de fútbol cada minuto. Esto supone que la deforestación ha aumentado un 9,5 % con respecto a
2019, la cifra más alta en los últimos 12 años (8). La sabana tropical de El Cerrado en Brasil o el bosque seco del Gran Chaco en Argentina y Paraguay también se están destruyendo a una velocidad cada vez mayor.
- Incremento de las emisiones de GEI.
La entrada en vigor del Acuerdo favorecerá el aumento de las emisiones de GEI debido a diferentes causas. Por un lado, los cambios en el uso del suelo, esto es, la conversión de bosques y otro tipo de vegetación en pastos para ganado y
monocultivos, juegan un papel crucial. Según el Observatorio do Clima de Brasil, la destrucción de la Amazonia es el principal factor responsable de emisiones de GEI en Brasil (9). A esto hay que sumar otros aspectos del Acuerdo, como el
fortalecimiento de industrias que contribuyen de forma importante al calentamiento global como la industria automovilística o la ganadería industrial, y el incremento del transporte entre ambas regiones. Según algunos estudios entre el 26 % y 33 %
(10) de las emisiones de GEI están ligadas a la producción para los mercados internacionales.
2. Seguridad alimentaria e impactos en la salud.
Este Acuerdo incentiva un modelo agroindustrial basado en la utilización de grandes cantidades de productos tóxicos que se vinculan a la contaminación de acuíferos, el deterioro del bienestar animal y los riesgos para la salud de la
población.
Los estándares sanitarios y fitosanitarios de la UE y los países del bloque Mercosur son muy diferentes. Por ejemplo, 149 de los pesticidas empleados en Brasil están prohibidos en la UE (11).
El Acuerdo UE-Mercosur busca facilitar el comercio y el reconocimiento de los estándares entre ambas regiones, lo que previsiblemente supondrá una aceptación por parte de la UE de las normas sanitarias y fitosanitarias del bloque Mercosur.
Aunque la UE sostiene que se implementarán mecanismos de control, el propio texto del Acuerdo indica que la parte exportadora será responsable de regular estos mecanismos (12).
Por lo tanto, las personas consumidoras podrían quedar expuestas a sustancias nocivas para la salud, como la hormona de crecimiento ractopamina, permitida en Argentina y Brasil pero prohibida en 160 países, incluidos todos los de la UE (13).
3. Aumento de la agroindustria en detrimento de las explotaciones agrícolas familiares y la ganadería extensiva.
El Acuerdo UE-Mercosur impulsará las grandes superficies agroindustriales a ambos lados del Atlántico en detrimento de las pequeñas explotaciones agrícolas y de la ganadería extensiva.
Según el estudio de impacto sobre la sostenibilidad (SIA) del Acuerdo UE-Mercosur encargado por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea (14), todas las producciones agrarias europeas se verían negativamente afectadas por el
aumento de las importaciones desde Mercosur, siendo los sectores del azúcar y el de la carne de ganado bovino los que acumularían mayores pérdidas. En España, los productores de carne de vacuno (con una nueva cuota de importación de 99.000 tn),
aves (cuota de 180.000 tn), azúcar (cuota de 190.000 tn), arroz (cuota de 60.000 tn) y miel (cuota de 45.000 tn) serían los más perjudicados (15).
Sindicatos como la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos denuncian que los bajos costes de producción y de exportación del bloque Mercosur son en parte debidos a una menor exigencia ambiental y social (16). El Acuerdo podría afectar
negativamente a las poblaciones locales, generando trabajo no regulado y una pérdida significativa de empleos.
Los impactos anteriormente descritos son más graves si se tiene en cuenta la falta de mecanismos vinculantes con el medio ambiente, el clima y los derechos humanos
A diferencia de las cláusulas comerciales del Acuerdo UE-Mercosur, el capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible, en el que se recogen las condiciones de respeto a los compromisos internacionales en materia de clima, biodiversidad y
derechos humanos, carece de mecanismos ejecutables, exigibles y sancionadores que permitan proteger de forma efectiva estos puntos (17). El cumplimiento de estas disposiciones se deja en manos de empresas y Estados, por lo que la supuesta
condicionalidad climática recogida en el Acuerdo UE-Mercosur carece de eficacia jurídica real.
A día de hoy, Austria, Holanda y la región belga de Valonia han aprobado mociones parlamentarias para rechazar la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur. Otros países, como Alemania, Irlanda, Luxemburgo o Francia, han expresado de forma
pública su oposición a la entrada en vigor del Acuerdo. Además, durante la revisión del informe de la 'Aplicación de la política comercial común' el pasado 6 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda para no ratificar el Acuerdo
UE-Mercosur en su estado actual (18). A diferencia de estos países, el Estado español no ha mostrado ningún posicionamiento al respecto en lo que va de año, si bien siempre se ha mostrado favorable y ha sido un claro promotor del acuerdo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Informar a la Cámara con urgencia sobre el contenido de las revisiones técnicas y legales a las que está siendo sometido el Acuerdo de Asociación entre la UE y Mercosur tras alcanzar un acuerdo de principio el 28 de junio de 2019.
2. Realizar un estudio independiente de impacto ambiental, económico y social sobre las consecuencias del Tratado de Asociación UE-Mercosur en la agricultura y la ganadería, otros sectores económicos, la seguridad alimentaria, el medio
ambiente y el bienestar animal en España.
3. Evaluar, a la luz del estudio de impacto ambiental encargado por el gobierno francés a una comisión independiente, la coherencia del acuerdo UE-Mercosur con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y los compromisos
climáticos y medioambientales del Estado español y de la Unión Europea, así como con los objetivos del Pacto Verde presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2019.
4. Comprometerse a consultar al conjunto de Comunidades Autónomas respecto de su posición sobre el acuerdo UE-Mercosur.
5. No autorizar -en el marco del Consejo de la Unión Europea- la ratificación del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, en el caso de que las anteriores disposiciones no se cumplan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-Juan López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de la Estrategia
Nacional frente al Reto Demográfico, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto demográfico.
Exposición de motivos
Tras una Conferencia de Presidentes convocada en 2017 por el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, se acordó la puesta en marcha de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico en la que se tendrían en cuenta las aportaciones
de los gobiernos autonómicos y de las distintas comisiones de estudio creadas a tal fin en los órganos legislativos.
Inmediatamente después, se creó la figura del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico y un departamento encargado de elaborar dicha estrategia bajo las premisas acordadas en la Conferencia de Presidentes.
Las reuniones de la comisionada con las CCAA se van sucediendo con gran fluidez y entendimiento al poco de su nombramiento. Pero a raíz del cambio de Gobierno de España en 2018, se produce un relevo en la persona responsable como
comisionada, lo que trajo consigo una ralentización y modificación en el desarrollo de la elaboración de la estrategia. De hecho, a partir del año 2019, lamentablemente, se reducen o dejan de producirse las reuniones institucionales y las que
estaban previstas con el tejido asociativo.
Desde el Partido Popular se viene actuando con gran responsabilidad en la elaboración de esta estrategia frente al reto demográfico y, por ello, presentó cerca de 100 propuestas al informe final de la Comisión sobre la Evolución Demográfica
en España, que se celebró en febrero de 2019. Esta responsabilidad e implicación del Partido Popular contrasta con el comportamiento frívolo mantenido por parte del Partido Socialista en esa misma comisión, que no presentó ninguna iniciativa, e
incluso se ausentó en el debate del informe final.
Si a esto se añade que, en marzo del 2019, el Consejo de Ministros aprobó unas directrices de la Estrategia Nacional sin contenido, que se produjo el cese de la comisionada y que nada se sabe del documento final de la estrategia, no es de
extrañar que, desde el Grupo Parlamentario Popular, mostremos nuestra preocupación y entendamos que a este gobierno le importa muy poco desarrollar una política transversal que lleve a afrontar los desafíos sociales, financieros y territoriales
derivados de la caída de población, del envejecimiento y de la despoblación de los entornos rurales.
Con el objetivo de reconducir esta situación en un tema tan sumamente importante, el Parlamento de Galicia debatió y aprobó por mayoría una iniciativa con la que se pretende reactivar la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico
acordada en la Conferencia de Presidentes.
Y por todo ello, y haciéndose eco de ese acuerdo mayoritario del Parlamento gallego, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la reactivación de los trabajos para lograr la aprobación inmediata del documento final de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2021.-Javier Bas Corugeira, Celso Luis Delgado Arce, Diego Gago Bugarín, Joaquín María García Díez, Marta González Vázquez, María Valentina Martínez Ferro, Tristana María Moraleja Gómez,
Ana María Pastor Julián, Jaime Eduardo de Olano Vela, Juan Manuel Constenla Carbón, Ana Belén Vázquez Blanco y María Sandra Moneo Díez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la compensación al sector marisquero durante las obras de dragado en la Ría do Burgo para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Han transcurrido ya casi cuatro meses desde las firma de una nueva Declaración del conjunto de los integrantes de la Mesa da Ría do Burgo -Concellos de A Coruña, Cambre y Culleredo, el Rector de la UDC, representantes de la Plataforma en
defensa da Ría do Burgo y la Confraría-, y en el cual se solicitaba, entre otras cosas, la publicación inmediata en el BOE, junto con la licitación de las obras, de las medidas compensatorias por la situación de parada extractiva de las y los
profesionales que viven del
marisqueo. Sin embargo, a día de hoy, aunque sí se ha publicado la licitación del dragado el 12 de enero de 2021, sigue sin darse solución a las compensaciones económicas.
Tal y como ya ha manifestado la Confraría de Pescadores y la Mesa da Ría, es imprescindible que antes del inicio de las obras se llegue a un acuerdo entre las administraciones gallega y española estableciendo las compensaciones para el
marisqueo a flote y a pie.
El proyecto de 'Dragado medioambiental de los sedimentos de la Ría do Burgo', que tiene la previsión de que las obras duren entre 21 y 26 meses, no cuantifica las medidas compensatorias económicas que percibirán los mariscadores y la
Confraría de pescadores de A Coruña, que garantice los aspectos que a continuación citamos en base a los estudios realizados por la citada Confradía de Pescadores.
Respecto a las y los mariscadores a pie, en el Plan de Gestión que la Confraría presenta para los años 2021, 2022 e 2023, figuran 49, por lo que proponen que durante el tiempo de duración de las obras, realicen turnos de guardias de
vigilancia con la finalidad de evitar la acción de los furtivos y también para controlar los posibles efectos de los vertidos producidos como consecuencia de las actuaciones de limpieza de fondos en las zonas donde no se va a realizar el dragado.
Las y los mariscadores a pie, son trabajadoras y trabajadores autónomos incluidos en el ISM y su base de cotización mensual es de 1.425,00 euros y teniendo en cuenta que los días de trabajo anuales que figuran en dicho plan ascienden a 145
(entre los dos planes de gestión que tienen autorizados), se propone que la compensación mensual que perciban por la realización de los trabajos de vigilancia sea de 1.416,00 euros pues, dado que el coste mensual del pago de la seguridad social
asciende a 241,00 , quedaría la cantidad de 1.175,00 euros al mes.
Respecto a las y los mariscadores a flote, en el Plan de gestión que la Confraría presenta para los años 2021, 2022 y 2023, figuran 29 embarcaciones con un solo tripulante a bordo, para los que también se propone que, durante el tiempo de
duración de las obras, realicen turnos de guardia de vigilancia desde sus embarcaciones para evitar la acción de los furtivos y posibles vertidos consecuencia de las obras de dragado.
Las y los mariscadores a flote, tienen 235 días autorizados cada año para la extracción de marisco -entre los tres planes de gestión que tienen autorizados- lo que hace que puedan mariscar prácticamente 20 días al mes y teniendo en cuenta
que tienen unos gastos mensuales, además de la seguridad social que asciende a 262,68 euros, de mantenimiento de la embarcación y combustible que asciende a unos 150,00 euros, se propone que la compensación mensual que perciban por la realización de
los trabajos de vigilancia sea de 2.000,00 euros que, restando los gastos antes citados, quedaría en 1.587,32 euros.
Respecto a la Confraría, que es la titular del punto de control y pesaje de todo el marisco que extraen la totalidad de los mariscadores y que percibe por la venta de este producto una comisión en concepto de recargo al cliente que pagan los
compradores del marisco y que asciende al 10 % de las ventas, habría que cuantificar las pérdidas que pueda tener y el modo de compensarlas.
El pasado día 18 de febrero tuvo lugar una reunión entre la Ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera y el Presidente de la Xunta de Galiza, Alberto Núñez Feijóo, en la que, según lo que ha trascendido a los
medios de comunicación, se habló del dragado y la regeneración de la Ría do Burgo, pero en ningún momento se menciona la paralización económica que tendrá la actividad marisquera, ni tampoco de cómo resolver las peticiones de la Mesa da Ría y de las
agrupaciones de marisqueo, ignorando así el futuro económico de muchas familias y del posible cierre de una entidad histórica en la ciudad como es la Confraría de Pescadores.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Celebrar con urgencia las reuniones necesarias entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Xunta de Galiza, antes de la adjudicación e inicio de las obras, para acordar las compensaciones anteriormente
explicadas, para el marisqueo a pie (1.416 euros mensuales por mariscador/a), a flote (2.000 euros mensuales) y para la Confradia de Pescadores de A Coruña (en la cuantificación resultante de los parámetros expuestos en la exposición de motivos).
2. Incluir en el acuerdo el mantenimiento de las compensaciones económicas mientras no se garanticen las condiciones óptimas para la práctica del marisqueo con total normalidad. '
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2021.-Néstor Regó Candamil, Portavoz del del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Cultura y Deporte
161/002186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre una estrategia nacional de deporte y hábitos saludables, para su debate en la
Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La Constitución en su artículo 43.3 establece que 'los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte'.
La Constitución enmarca la práctica de la actividad física y de la actividad deportiva dentro de los principios rectores de la política social y económica, vinculándola también a la educación y a la salud y da al Estado la capacidad de ser
la garantía de la igualdad de oportunidades y de favorecer aquellos aspectos que más requieran la intervención pública con el fin de estrechar la desigualdad social.
Los poderes públicos están obligados a fomentar la actividad física y el deporte, garantizando unas condiciones de seguridad idóneas. La promoción de una actividad física y deportiva adecuadas, frecuente, saludable y segura, así como la
reducción de los comportamientos sedentarios de la población, teniendo en cuenta las necesidades de las personas y su entorno, son aspectos necesarios y fundamentales por los numerosos y diversos beneficios de salud, sociales, educativos y
económicos que se generan tanto a las personas como a la propia sociedad.
Las evidencias no dejan duda de que la actividad física es beneficiosa a cualquier edad y con cualquier nivel de práctica. El COVID 19 ha hecho más palpable si cabe esa evidencia. Ante una situación de sedentarismo forzoso, se han puesto
en marcha iniciativas como la campaña #YoMeMuevoEnCasa, en la que el CSD y el Consejo General de la Educación Física y Deportiva (COLEF) han promovido la actividad física en los hogares. Este tipo de iniciativas deben permanecer en la situación de
nueva normalidad, complementarias de la práctica de actividad física usual y con especial atención a colectivos vulnerables.
En los últimos años se han desarrollado diversas iniciativas sobre la promoción de la actividad física beneficiosa para la salud, como han sido el Plan A+D-Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte 2008-2012, Plan A+D en Deporte y
Salud 2013-2017 o en 2018, la Estrategia de Fomento de la Actividad Físico-Deportiva y lucha contra el Sedentarismo. A estas iniciativas, se suma la coordinación estatal por parte del CSD de la Semana Europea del Deporte (EWOS por sus siglas en
inglés) cuyo fin es promover el deporte y la actividad física en toda la Unión. Esta iniciativa nació de la preocupación de las instituciones comunitarias ante las alarmantes cifras de sedentarismo de los europeos, lo que llevó al grupo de expertos
en deporte a plasmar estos objetivos en las directrices de la Unión Europea y proponer esta celebración.
Establecer instrumentos, elaborar informes, estadísticas, estudios, protocolos, guías y cualquier otro instrumento que pueda contribuir a difundir los beneficios de la actividad física y el deporte y la consolidación de hábitos saludables
como consecuencia de su práctica es imprescindible. En este sentido, se cuenta con instrumentos de gran utilidad, como son el anuario de estadísticas deportivas, la encuesta de hábitos deportivos (de periodicidad quinquenal y cuya publicación está
prevista para este 2020) y la Encuesta Nacional de Salud de España 2017 (ENSE) que podrían requerir -dado el impacto generado por el COVID 19- de algunos instrumentos complementarios para poder analizar mejor el paisaje resultante, y con el que
mediciones tan científicas no esperaban encontrarse.
Si tenemos como referencia la ENSE 2017 (si bien en la serie desde 1992 se aprecia la tendencia a la disminución del sedentarismo) vemos que:
1. El sedentarismo en tiempo de ocio en España es de un 36 % y muestra una brecha de género (32 % hombres y 40 % mujeres).
2. La práctica de actividad física beneficiosa para la salud es alta en los españoles con un 65 % de ciudadanos que llegan a esas cifras.
3. Pese a que España está en puestos de cabeza en Europa, se identifican ámbitos que requieren de un mayor impulso:
- Brecha de género. Las mujeres están en desventaja por la conciliación familiar y profesional a la hora de practicar actividad física.
- Brecha de edad. Es preciso que la edad no sea una barrera.
- Brecha socio-económica, los sectores sociales más desfavorecidos tienen menor actividad física saludable.
- Brecha geográfica. En España existen todavía diferencias geográficas en las que mayor nivel de desempleo, se suma a un ocio sedentario y a la baja prevalencia de actividad física en la población.
La actividad física saludable es uno de los factores incluidos en el Plan estratégico de salud escolar y estilos de vida saludable (2016-2020) del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La puesta al día o reedición de este Plan
pueden contribuir a un escenario inédito ocasionado por la pandemia del COVID-19 y su impacto en la salud y en el bienestar.
Cualquier plan deberá incidir en el mundo académico. Los campeonatos en edad escolar y los universitarios, pueden ejercer también una labor pedagógica y motivadora que se proyecte en la educación formal en la escuela y en la universidad.
Cualquier plan deberá incidir en el tiempo de ocio activo de la población, especialmente en los niños, jóvenes y jóvenes adultos, donde el tiempo pasado en actividades formativas, supone una altísima prevalencia del trabajo sedentario.
Cualquier plan debe tener muy presente la brecha de género, pues son las mujeres, mayoritariamente, las que siguen soportando mayor peso a la hora de conciliar su vida profesional, sus responsabilidades familiares y la práctica de actividad
física saludable.
Es precisa la necesidad de recuperar el espacio público por parte la ciudadanía, que los niños puedan volver a jugar en la calle o compartir las plazas con los mayores. Esta apuesta supone generar toda una nueva planificación urbana, un
transporte activo, parques y recorridos, recreos y pausas activas, activación física al entrar o salir de los centros escolares y la promoción de entornos más activos en las ciudades.
Lo anterior reafirma la necesidad de trabajar en el desarrollo de políticas dirigidas, especialmente a estos grupos de población que no necesariamente son usuarios de servicios ya sean públicos o privados de desarrollo personal como
gimnasios o centros de 'fitness' que ya sea por motivos sociales, laborales o económicos se ven todavía como una barrera por estos sectores.
La Conferencia Sectorial de Deporte constituida en julio de 2018, como máximo órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, estableció en su seno, un grupo de trabajo de hábitos saludables con el fin de estudiar, diseñar
y fomentar planes, programas y acciones para el incremento de la práctica de la actividad física y el deporte beneficiosos para la salud.
El diseño y la planificación deberían realizarse de acuerdo con lo que propone la OMS, que sostiene que es necesario priorizar intervenciones de alto impacto y a la vez económicamente viables y eficientes. En esa planificación, el
Ministerio de Cultura y Deporte, a través del CSD está llamado a liderar este impulso junto con otras instituciones como el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y debe tejer las necesarias alianzas con los otros actores tanto públicos,
como CC.AA., entidades locales, y sector privado, (Asociaciones, Fundaciones, ONG, Federaciones, etc.) así como el sector empresarial.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desde la base de los planes ya impulsados y llevados a cabo por el Gobierno, favorecer la implicación de todos los sectores tanto públicos como privados, para diseñar una decidida política nacional de hábitos saludables.
2. Promover la implicación entre los diferentes sectores educativos, sanitarios y sociales, tanto en el ámbito público como el privado, para impulsar una planificación de la actividad física que permita recuperar el espacio a la ciudadanía
en entornos urbanos y naturales en condiciones compatibles y respetuosas con el medio ambiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-Juan Luis Soto Burillo, Javier Antón Cacho, Mariana de Gracia Canales Duque y Fuensanta Lima Cid, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la divulgación de la figura y obra de nuestro Premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Santiago Ramón y Cajal nació en Petilla de Aragón el 1 de mayo de 1852 y falleció en Madrid el 17 de octubre de 1934. Fue médico especializado en histología y anatomopatología.
Además de uno de los mayores genios de la historia, a la altura de Newton, Einstein, Darwin... cabría situarlo entre las cinco o seis personalidades más importantes de la historia de la humanidad; es el autor más citado de la ciencia
mundial en las revistas científicas.
Obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1906 por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas, una nueva y revolucionaria teoría que empezó a ser llamada la 'doctrina de la neurona',
basada en que el tejido cerebral está compuesto por células individuales.
Fue un hombre polifacético que no solo llevó la ciencia española a la vanguardia, sino que además se interesó por la fotografía, el dibujo, la pintura o la escritura.
En su honor se creó, en 1920, el prestigioso Instituto Cajal, integrado en el CSIC desde 1939. Este es el mayor centro de investigación en neurociencias de España y continúa estudiando el funcionamiento de la compleja estructura del sistema
nervioso humano.
Hoy, el ganador del Nobel de 1906 es una referencia internacional, pero de algún modo también sigue siendo un gran desconocido, mucho españoles hoy en día siguen sin conocer muy bien lo que hizo.
Teniendo en cuenta la importancia de su figura para la medicina y los momentos en los que nos encontramos sería importante poner más en valor a Ramón y Cajal por su relevancia sanitaria e investigadora en general y particularmente para
nuestro país.
En este sentido sería importante potenciar la divulgación de nuestro Premio Nobel de Medicina, así como de su amplia obra tanto científica como literaria para el público en general. Además de establecer convenios de colaboración con otras
administraciones al objeto de recuperar su legado y su patrimonio cultural y científico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a potenciar la divulgación de la figura y obra de nuestro Premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, y establecer convenios de colaboración con las administraciones correspondientes de
cara a recuperar su legado y su patrimonio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2021.-Marc Lamuà Estañol, Juan Luis Soto Burillo, Javier Antón Cacho, Julio del Valle de Iscar, Mariana de Gracia Canales Duque, Maribel García López, Miguel Ángel González Caballero,
Fuensanta Lima Cid, José Losada Fernández, Vivent Manuel Sarria Morrel, Yolanda Seva Ruiz José Carlos Durán Peralta y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Cultura, para combatir la brecha de género en el medio audiovisual.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece en su artículo 26, en referencia a la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual, que las autoridades deben velar
por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual, así como a su difusión. Para ello es necesario adoptar iniciativas para
favorecer la promoción de las mujeres en la cultura y combatir su discriminación, poner en marcha políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina y promover la presencia equilibrada en todos los
espacios del ámbito cultural, muy especialmente los relacionados con la programación y la gestión, así como otras medidas de acción positiva.
La realidad es que, según los datos disponibles, la brecha de género en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento entre 2015 y 2016 pasó del 21,5 % al 24,6 % (UGT, 2019) y la del sector público ascendió del 15,2 % al 19,3 %
(INE, 2019). De hecho, existe una brecha retributiva en el ámbito de las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, así como una brecha de género en el empleo cultural, de tipo vertical. Una brecha que es, en gran parte,
consecuencia de la proyección de desigualdades estructurales que condicionan el acceso de las mujeres al empleo en la sociedad en su conjunto, también en el sector cultural y en el medio audiovisual.
Pero, además, existe también una brecha de género tecnológica, también presente en la cultura, que debe ser atendida con las medidas de corrección pertinentes, teniendo en cuenta que los procesos de creación y distribución e incluso los
sistemas de exhibición están, y estarán, cada vez más ligados a las nuevas tecnologías.
La brecha opera en distintos planos y cuando hablamos de la representación y la interpretación se retroalimentan. Lo vemos con nitidez en un estudio de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) donde se remarca que solo el 37,8 % de
los personajes del cine español son mujeres, cifra que disminuye hasta el 33 % en el caso de los personajes protagonistas. El problema de los estereotipos de género aumenta la brecha, porque la representación pasa de una alta sexualización al rol
de cuidadoras, dejando a los personajes de la franja de entre los 35 y 60 en un limbo, y a las actrices de esas edades sin trabajo.. La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), en su último informe sobre la
representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico del largometraje español referente al año 2019, establece que las mujeres solo representan un 30 % del personal en el sector del largometraje.
La menor cantidad de empleo y la brecha retributiva que sufren las mujeres en el medio audiovisual provocan una doble penalización, puesto que menores ingresos se traducen en peores pensiones, menos derecho a paro y peores prestaciones.
El mundo de los videojuegos forma parte también de la cultura contemporánea y es una parte importante de la construcción del imaginario colectivo de adolescentes y jóvenes en nuestro país. Según un estudio sobre Género, Gamers y
Videojuegos, solo el 16'5 % de las personas empeladas de forma directa en el sector de los videojuegos en España son mujeres. Una discriminación que no afecta únicamente a las desarrolladoras de videojuegos, sino que también la sufren las jugadoras
que suportan el sexismo en las partidas multijugador o en los vídeos de opinión en redes sociales, como Youtube o Twich. Las resoluciones 2119 (2016), 2144 (2017) and 2177 (2017) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, referidas
respectivamente a 'La lucha contra la hipersexualización de los niños', 'La eliminación de la discriminación cibernética y el odio en Internet' y 'La eliminación de la violencia sexual y el acoso a las mujeres en el espacio público' nos recuerdan la
necesidad de tomar medidas para prevenir y luchar contra el machismo en la esfera pública y privada, en el ámbito educativo, divulgativo y cultural. Y por las mismas recordamos la Recomendación contra el sexismo del Consejo de Europa de 2019, que
mandata a España para luchar contra el sexismo a nivel continental y que cuenta con el impulso activo español a través del Instituto de las Mujeres.
Evidentemente, no podemos tampoco olvidar cómo la crisis derivada a consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19 ha impactado en el sector cultural y, en concreto, sobre las mujeres. La brecha de género ya existente, se ha agudizado
en el conjunto del mercado laboral. Según el informe mundial de salario que elabora la OIT, España lidera la desigualdad salarial en Europa, con una ratio de 36,1. Y las personas que trabajan en el ámbito de la cultura se han visto especialmente
afectadas, dados los malos endémicos y estructurales de intermitencia e informalidad.
Por último es necesario que se disponga de estudios específicos y sectorializados que permitan poder abordar la complejidad del sector, con actividades laborales y disciplinas diferentes, para alcanzar una igualdad retributiva plena.
La cultura tiene la capacidad de transformar el imaginario colectivo e indicidir en la construcción social, por lo que además de la justicia retributiva indiscutible que precisa el sector, existe también la cualidad ejemplarizante de la
misma, que puede contribuir a lograr la plena igualdad en el ámbito del empleo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un estudio, así como un plan de acción de igualdad retributiva en el ámbito de la cultura con el fin de seguir profundizando en los procesos, fenómenos y factores en los que se sustenta la desigualdad entre mujeres y hombres en
el campo cultural.
2. Favorecer, con las medidas que se consideren oportunas, la transparencia retributiva y la construcción de una metodología de medición de la brecha de género en el Ministerio de Cultura y Deporte, así como en sus organismos adscritos,
colegiados y dependientes.
3. Impulsar, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas, acciones pedagógicas que faciliten no solo la compresión, sino la interiorización de la importancia e implicaciones de la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la
cultura y la creación artística, dando cumplimiento al así al principio de transversalidad de género que debe orientar el conjunto de las políticas públicas.
4. Fomentar, de forma coordinada con las administraciones correspondientes, campañas de sensibilización con el objetivo de eliminar los prejuicios, estereotipos de género y comportamientos discriminatorios o de acoso hacia las mujeres en el
sector cultural y, en particular, en el medio audiovisual y el sector de los videojuegos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2021.-María Márquez Guerrero y María del Mar García Puig, Diputadas.-Sofía Fernández Castañón, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para declarar el año 2021, 'año Luís García Berlanga', para su debate en la
Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El director y guionista Luís García Berlanga, antes de fallecer, el 27 de mayo de 2008, depositó un legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes que se abrirá el 12 de junio de 2021, fecha en que se cumplirá el centenario de su
nacimiento. Es una de las pocas personalidades que deja un objeto personal en la antigua cámara acorazada de la sede central del Instituto.
Luis García Berlanga Martí nació en Valencia el 12 de junio del año 1921. Cursó estudios de Derecho y Filosofía y Letras, aunque los abandona para ingresar en 1947 en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de
Madrid, donde más tarde sería profesor. Allí hizo amistad con Juan Antonio Bardem, con el que rodaría su primera película, 'Esa pareja feliz' (1951). Esta cinta supuso un aire fresco y una orientación diferente al, salvo excepciones, acartonado
cine español realizado tras la Guerra Civil.
Bardem y Berlanga volvieron a colaborar en 'Bienvenido Mr. Marshall' en 1952 un film dirigido por el autor valenciano y escrito entre Bardem, Miguel Mihura y el propio Berlanga que ganó varios premios en el prestigioso Festival de Cannes.
Este título ejemplifica bien su cine, generalmente coral y narrado en planos secuencia con rasgos de sátira, farsa, humor negro y una visión crítica y esperpéntica de la realidad sociocultural y política española.
'Novio a La Vista' (1953), con Josette Arno, Jorge Vico, Antonio Vico y José María Rodero, fue su tercera película. De nuevo contó con la ayuda en el guión de Juan Antonio Bardem y de otro de los grandes de la cinematografía española, Edgar
Nevílle, para construir otro título cargado de ironía y perspicacia.
En 1961, en colaboración con Rafael Azcona, rueda 'Plácido', una denuncia a la hipocresía social de la época, que fue nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera. En el año 1963, también con Azcona, realiza 'El Verdugo', que obtuvo el
Premio de la Crítica en el Festival de Venecia. Dentro una línea más cómica se encuentran 'Calabuch' (1956), 'Todos a la cárcel' (1993), 'La vaquilla' (1984), la serie 'Nacional'en 1978, 1980 y 1982. En el Festival de Karlovy Vary fue premiado
como uno de los diez cineastas más relevantes del mundo.
Películas como 'La Escopeta Nacional, La Vaquilla, Todos a la Cárcel y París Tombuctú' intentaron mantener el tono divertido y el enfoque crítico y ácrata que caracteriza la mejor obra del director y guionista valenciano, uno de los nombres
imprescindibles en la historia del cine español.
En el año 1986 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y en 1993 el Goya al mejor director por 'Todos a La Cárcel'. En los últimos años fue presidente de la Filmoteca Nacional de España.
Falleció en Madrid el 13 de noviembre del año 2010 tras sufrir la enfermedad de Alzheimer. Tenía 89 años de edad. Está enterrado en el cementerio de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Y como se menciona al inicio de esta PNL antes de fallecer,
el 27 de mayo de 2008, depositó un legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes que se abrirá el 12 de junio de 2021, fecha en que se cumplirá el centenario de su nacimiento. Es una de las pocas personalidades que deja un objeto personal
en la antigua cámara acorazada de la sede central del Instituto.
Con motivo de esta efeméride y dado el legado que depositó en el Instituto Cervantes que se abrirá en este año, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Realizar acciones, en colaboración con las comunidades autónomas, que ayuden a divulgar el conocimiento y la obra de Luis García Berlanga.
- Declarar el año 2021 como 'Año Berlanga'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2021.-Susana Ros Martínez, Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/002174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso del voluntariado
contra la brecha digital, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El término brecha digital describe una fractura en el acceso y uso de la tecnología de la información y la comunicación entre los grupos sociales. La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la desigualdad de medios tecnológicos de una
parte de la población. La irrupción de las clases escolares online por el confinamiento ha hecho necesario el uso de las nuevas tecnologías para establecer la comunicación entre
el alumnado y el profesorado de las diferentes materias. Pero no todos los niños y niñas españoles han podido acceder a las clases virtuales en igualdad de condiciones. Muchas familias no disponen de ordenadores para realizar los trabajos
escolares encomendados, ni de conexión a Internet para asistir a las clases virtuales con las que el profesorado intenta no dar el curso por perdido. Además, se ha puesto de manifiesto la escasa formación digital de muchas familias y de parte del
profesorado.
Por otra parte, el hecho de que el mundo en que vivimos es cada vez más digital hace que muchas personas mayores no alcancen el nivel necesario para manejar ordenadores, teléfonos móviles e incluso los aparatos electrodomésticos.
Por ese motivo, han surgido muchas entidades sin ánimo de lucro, cuya misión es fomentar el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías, especialmente entre la población con menos oportunidades de acceso a las mismas. Su principal objetivo
es que todas las personas tengan la oportunidad de conocerlas y utilizarlas. Su red de voluntarios puede contribuir a paliar la brecha digital, gracias a la difusión de sus conocimientos tecnológicos entre otras personas sin conocimientos
informáticos o, incluso, la asistencia en domicilio para estos sectores más vulnerables. Las organizaciones pertenecientes al tercer sector intentan paliar las brechas que tienen que ver con el desarrollo educativo, laboral, social, de
participación, salud, etc, en definitiva con el desarrollo humano, a través de las actividades que realizan. Para ello, es necesario apoyar, dar visibilidad y financiar a las entidades y fundaciones que hacen esta encomiable labor, así como
fomentar la creación, capacitación y movilización de un voluntariado tecnológico en nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Fomentar un Programa de Voluntariado Digital perteneciente a las organizaciones dedicadas al tercer sector, que fomente el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías, especialmente entre la población con menos oportunidades de acceso a
las mismas y paliar la brecha digital.
b) Formar a estos voluntarios en conocimientos tecnológicos, que dediquen parte de su tiempo a acercarlas nuevas tecnologías a otros ciudadanos en riesgo de exclusión digital, informándoles y ayudándoles en los usos de Internet y de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, para no quedar excluidas de una sociedad, cada vez más digital.
c) Realizar campañas divulgativas para dar visibilidad a las actividades del voluntariado digital y tecnológico'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2021.-Teodoro García Egea, Juan Luis Pedreño Molina y Mario Cortés Carballo, Diputados.-Concepcion Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. José María Sánchez García, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Rodrigo Jiménez Revuelta y D. José María Figaredo Alvarez-Sala, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a encomendar a la AIReF la
realización de un informe anual sobre la eficacia, eficiencia y resultados de la gestión de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, para su discusión en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Primero. La colaboración público-privada en el marco de los fondos Next Generation EU.
La Comisión Europea presentó a finales de mayo de 2020 un paquete de medidas de gran alcance a petición de los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembro de la Unión Europea (UE). Tras
su aprobación por el Parlamento Europeo el pasado 16 de diciembre de 2020, el Consejo ha adoptado el Reglamento por el que se establece el marco financiero plurianual (MFP) de la UE para el periodo 2021-2027.
'El Reglamento preve un presupuesto a largo plazo de 1,0743 billones de euros para los Estados miembro, a precios de 2018, en el que se ha integrado el Fondo Europeo() de Desarrollo. Junto con el instrumento de recuperación Next Generation
EU, de 750 000 millones de euros, el presupuesto permitirá a la LIE aportar una financiación sin precedentes de 1,8 billones de euros en los próximos anos para sustentar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y las prioridades a largo plazo de
la UE en diferentes ámbitos de actuación 63.'
Con anterioridad, en julio de 2020, el Consejo Europeo elaboro un informe en que recogía las conclusiones 64 dimanantes de los trabajos realizados en el Consejo y las posiciones de los Estados miembro a este respecto. En concreto, el
apartado I de estas conclusiones, titulado 'Next Generation EU' señala que:
'El plan para la recuperación europea precisará enormes inversiones Públicas y privadas a escala europea para situar claramente a la Unión en in senda de una recuperación sostenible y resiliente, con in creación de empleo y la reparación de
los danos inmediatos causados por In pandemia de COVID-19, al tiempo que se presta apoyo a las prioridades ecológicas y digitales de la Unión. El MFP, reforzado por 'Next Generation EU', será el principal instrumento europeo.'
Por su parte, el apartado 'II Parte I: Gastos Rubrica 1. Mercado Único Innovación y economía digital' dispone lo siguiente:
'El Fondo InvestEU actuará como mecanismo único de In UE de apoyo a la inversión para la actuación interna, en sustitución de todos los instrumentos de financiación existentes. Su principal objetivo es prestar apoyo a los objetivos de
actuación de la Unión movilizando inversión pública y privada de la UE que cumpla el criterio de adicionalidad, subsanando de ese modo las deficiencias del mercado y las situaciones de inversión subóptimas que impiden alcanzar las metas de la UE en
materia de sostenibilidad, competitividad y crecimiento integrador.'
Como se observa, las conclusiones destacan la importancia de las inversiones públicas y privadas de forma conjunta en el contexto de la elaboración de un plan para la recuperación europea. Esto es, las inversiones deben englobarse en un
marco de colaboración entre ambos sectores.
En consecuencia, siguiendo a TAPIA HERMIDA 65, podemos señalar que el vértice de la pirámide de estos nuevos fondos europeos esta ocupado por el MFP 2021-2027. Dependiendo de este se establece el Instrumento de Recuperación de la Unión
Europea (Next Generation EU -'NGEU'-).
El Instrumento de Recuperación distribuirá sus 750.000 millones de euros entre los distintos Estados miembro, correspondiendo 140.000 millones a España. La organización de la recepción de estas ayudas en este segundo nivel de la pirámide se
contiene en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ('RDL 36/2020').
Segundo. La colaboración público-privada en el RDL 36/2020.
Dejando aparte su regulación sobre otras materias, en lo que se refiere a la colaboración público-privada la Exposición de Motivos del RDL 36/2020 (de deficiente, imprecisa y nada técnica redacción) señala lo siguiente:
'El contexto de la negociación europea y el papel de las instituciones europeas al respecto del Instrumento Europeo de Recuperación han perfilado la necesidad de que los Estados miembros realicen proyectos de país. Para el desarrollo de
estos planes será necesaria la colaboración de todos los actores, públicos y también privados por lo que la participación y la gobernanza multinivel será necesaria.'
63 https://www.consilium.europaeu/es/press/press-releases/2020/12/17/multiannualfinancial-framework-for-2021-2027-adopted/.
64 https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusions-es.pdf.
65 https:/diariolaley.laleynextes/dll/2021/01/20/las-doce-claves-del-plan-de-inversionque-cambiara-europa-y-espana-en-el-proximo-sexenio.
Por su parte, el capítulo III del título II del RDL 36/2020 recoge una nueva figura de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica ('PERTES'). Al respecto, la meritada exposición
de motivos declara que:
'Es necesario adaptar el marco normativo de los instrumentos de la colaboración público-privada a fórmulas que, manteniendo los controles y exigencias comunitarias, permitan fórmulas más flexibles y adaptativas a los requerimientos de los
proyectos financiables con el Instrumento Europeo de Recuperación.'
Las PERTES, atendiendo al propio RDL 36/2020, nacen con:
'[...] vocación de permanencia, para incluir en nuestro ordenamiento nuevos instrumentos de colaboración público privada que permitan una gestión ágil, si bien, resulta especialmente interesante su aplicación en el ámbito del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia ya que con ella se pretende reforzar a aquellos proyectos incluidos en el mismo que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de nuestro país, corrigiendo el fallo de
mercado de infrainversión cuando las iniciativas privadas no se materializan debido a los riesgos significativos y a la necesaria colaboración público-privada que entrañan este tipo de proyectos.'
En concreto, el artículo 8.2 del RDL 36/2020 establece lo siguiente:
'La declaración de un proyecto como PERTE se realizará por Acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del titular o de los titulares del departamento o departamentos competente por razón de la materia, acompañada de una memoria explicativa
en la que se describirá la planificación de medidas de apoyo y colaboración público-privada proyectadas y los requisitos para la identificación de los posibles interesados. En su caso, se describirá su encaje dentro del Plan de Transformación,
Recuperación y Resiliencia de la Economía Española.'
Es evidente que buena parte del futuro de España depende de la capacidad de la Administración pública para generar, gestionar y canalizar proyectos de transformación y adaptación estructurales. El bienestar de las generaciones venideras
agradecerá un adecuado diseño y gestión de los fondos NGEU.
Es también palmario que la Administración, por su actual estructura y medios, no tiene capacidad para generar y ejecutar la totalidad de los proyectos a que habrán de dar forma los fondos NGEU. Precisamente por ello, esa colaboración del
sector privado, que habrá de aportar mayor agilidad y capacidad de innovación, será clave para encauzar estos fondos.
Tercero. La experiencia española en la colaboración público-privada para la ejecución de fondos europeos.
La experiencia en gestión de fondos europeos, hasta el momento, ha dejado mucho que desear. El anterior MFP -correspondiente a los años 2014-2020- puso a disposición de España ayudas por valor de 56.000 millones de euros en fondos europeos.
Pues bien, España solo ha ejecutado proyectos que representan un 33 % de estos fondos (datos a junio de 2019). Un porcentaje muy alto (72 %) de proyectos presentados para la concesión de los fondos restantes aún no han sido ejecutados.
En comparación con otros países miembro de la UE, España se encuentra a la cola en generación, ejecución y gestión de fondos europeos 66 (datos a 30 de junio de 2020):
66 Ha de tenerse en consideración que los objetivos de certificación de la UE son anuales, mientras que los proyectos seleccionados se corresponden con el periodo plurianual.
El plazo de España para ejecutar los proyectos 'seleccionados' pendientes y percibir así los fondos preconcedidos vence en 2023. El Gobierno y la Administración deben ser eficientes y ágiles en la propuesta, gestión y ejecución de los
proyectos susceptibles de ser financiados con fondos NGEU y gestionarlos dentro del MFP 2021-2027. En tal sentido se pronuncia el profesor don Manuel Alejandro Hidalgo, de la Universidad Pablo de Olavide 67.
'Gestionar 56.000 millones de euros en siete años está generando ya tantos retrasos, ¿ qué pasará con una cantidad cuatro veces mayor y para periodo de tiempo inferior? [...]Es un reto administrativo colosal.'
AsÍ, don Francisco José Fernández Romero, doctor en derecho y abogado en ejercicio, señalaba en un diario especializado en economía y finanzas 68 que:
'Este escenario, y como fórmula intermedia entre la privatización y el crecimiento desmesurado de lo público aparece la fórmula de la colaboración público-privada como una posibilidad real, sostenible y de futuro que aúna la eficiencia
privada con la vocación y supervisión pública.'
La Administración Pública suele apoyarse en los recursos, la 'expertise' y los servicios del sector privado para ejecutar aquellos que le son propios. Véase el importante testimonio de la sanidad privada en las distintas olas de la epidemia
provocada por la COVID-19.
En vista de las ventajas esa colaboración público-privada, se han propuesto modelos permanentes que aseguren unos elevados índices de eficiencia en el sistema sanitario español. En este sentido, la asociación Alianza de la Sanidad Privada
Española (ASPE), que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80 por ciento de los centros hospitalarios privados, propuso en septiembre de 2020 un marco de colaboración público-privada 69 que fuera 'claro y transparente en
el que se precisen las condiciones y la forma de trabajo más eficaces de actuación sanitaria ante la segunda ola de COVID-19'.
Cuarto. La gestión administrativa sobre el control de los Fondos NGEU.
En la Administración Pública, por regla general el control de gastos y costes resulta más complejo que en el sector privado. La empresa privada suele gestionar unos volúmenes mucho menores que los de las Administraciones públicas, tanto en
magnitud como en cuantía de proyectos. Asimismo, los principios que inspiran a la Administración no son los mismos que los que impulsan a cualquier empresa privada.
Así, en la convocatoria de los PERTES y en el procedimiento para la acreditación de aquellos actores interesados en estos deben concurrir los principios de publicidad, igualdad, transparencia y proporcionalidad. En esta fase de los
proyectos la participación de la empresa privada será menor y la intervención de la Administración tal y como la diseña el RDL 36/2020 puede añadir, a los riesgos de lentitud y burocratización -que el RDL 36/2020 no solventa-, el de la concurrencia
de fraudes en fase de licitación o admisión de proyectos. En este sentido, don Javier Vázquez Matilla, experto en contratación pública, detalla 70 el Documento de Trabajo de los Servicios Técnicos de la Comisión que contiene Orientaciones dirigidas
a los Estados miembro para la elaboración de los Planes de Recuperación y Resiliencia ('Documento'), permite vislumbrar la necesidad de que los planes reflejen 'esfuerzos sustantivos de reforma e inversión.'. Además, el experto señala que:
'Un punto importante que este documento recuerda es que, en el ámbito de la Administración Pública, la movilización de ingentes recursos financieros debe venir acompañada asimismo por 'la reducción de los riesgos de corrupción y mala gestión
71.'
67 https://www.niusdiario.es/economia/macroeconomia/fondos-europeos-capacidad-absorcion-ejecucion-espana-reto-administracion-gestion-proyectos-covid 18 3020595251.html.
68 https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/09/14/5f5f0aa7e5fdeab06a8b458c.html.
69 https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/covid-sanidad-privada-aspe-marco-conjunto-de-trabajo-publica-9570.
70 https: // www.javiervazquezmatilla.com/ proyectos-estrategicos-perte-inversiones-y-reformas/.
parte 1
parte 2