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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 238, de 12/03/2021
cve: BOCG-14-D-238 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


12 de marzo de 2021


Núm. 238



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000467 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Plural y Republicano, sobre la reapertura del caso de Pedro Álvarez. Incorporación de firma ... (Página3)


162/000471 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística. Retirada de firmas ... (Página3)


162/000563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el Pacto de Estado por la recuperación en España ... (Página5)


162/000564 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que las mujeres que vean perjudicada su pensión con la aprobación del nuevo
complemento a las pensiones, tengan derecho de opción ... (Página7)


162/000565 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de reformas sobre la ampliación y el fomento de la corresponsabilidad en el disfrute de los permisos de maternidad y paternidad ... href='#(Página8)'>(Página8)


162/000566 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la aplicación del sistema de etiquetado Nutriscore a la dieta mediterránea ... (Página12)


162/000567 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación del programa 'Margarita Salaverría' de prácticas remuneradas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y en
la AECID ... (Página14)


162/000568 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre un nombramiento meritocrático de Embajadores de España ... (Página16)


162/000569 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación urgente y extraordinaria de un régimen marco de ayudas directas de compensación destinadas a las pymes, micropymes y
autónomos del sector de la hostelería española ... (Página17)


162/000570 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a defender la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas y Policías Locales, así como condenar los
recientes episodios de violencia callejera ... (Página19)



Página 2





162/000571 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la defensa y promoción de la escuela pública ... (Página20)


162/000572 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reducir el exceso de burocracia y mejorar la gestión en los centros de enseñanza ... (Página22)


162/000573 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la provisión de la vacante existente en la Presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ... (Página24)


162/000574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la inscripción del nasciturus en el Registro Civil ... (Página29)


162/000575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un Plan de medidas y acciones políticas del Gobierno para combatir la situación de precariedad de la juventud ... (Página33)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página35)


Secretaría General


292/000017 Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 11 de febrero de 2020 por el que se designa como Vocal de la Comisión de Selección del proceso selectivo, para la provisión en régimen de contratación laboral, de una plaza de
Oficial de la Brigada de Mantenimiento especialidad de Carpintería, una plaza de Oficial de la Brigada de Mantenimiento, especialidad de Fontanería, y una plaza de Oficial de la Brigada de Mantenimiento, especialidad de Cerrajería, con destino en la
Unidad de Mantenimiento de la Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados (convocatoria pública de 5 de abril de 2019) al Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez Illana, Secretario Cuarto de la
Mesa en sustitución de la Excma. Sra. D.ª Patricia Reyes Rivera, Secretaria Cuarta de la Mesa en la XIII Legislatura ... (Página36)



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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000467


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


Autor: Grupo Parlamentario Republicano.


Incorporación de la firma de dicho Grupo Parlamentario en la Proposición no de Ley sobre la reapertura del caso de Pedro Álvarez.


Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por incorporada la firma de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


162/000471


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición no de Ley sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística.


Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


Autor: Grupo Parlamentario Plural.


Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición no de Ley sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística.


Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados. Carlos Gutiérrez Vicén.


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


Autor: Botran Pahissa, Albert (GMx).


Retirada de su firma en la Proposición no de Ley sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística.


Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



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162/000563


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Pacto de Estado por la Recuperación en
España, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


El impacto económico de la pandemia es indiscutible y, lamentablemente, España vuelve a liderar los rankings de caída del Producto Interior Bruto, el mayor de la OCDE, de empleo destruido, con más de 650.000 empleos destruidos y casi un
millón de trabajadores en ERTE, y de aumento de la desigualdad, con las mujeres y los jóvenes acusando de nuevo la ineficiencia de nuestro mercado laboral. La economía española ha caído en todos sus componentes, excepto en el del sector público,
que fue la única herramienta de contención en un entorno en el que el consumo se desplomó y la inversión cayó a niveles no vistos desde la crisis financiera. En este entorno, nuestro tejido empresarial ha sufrido importantes pérdidas y, todavía
hoy, continúan en muchas comunidades autónomas enfrentándose a las restricciones derivadas de la tercera ola de la pandemia. La excesiva duración de esta crisis ha transformado lo que en su momento fue una crisis de liquidez que se pudo solventar,
en la mayoría de los casos, con las líneas de crédito puestas en marcha por el ICO con la colaboración de las entidades financieras, y las medidas de mantenimiento de rentas como los ERTE, o las prestaciones por cese de actividad. Sin embargo, un
año después del primer decreto de Estado de Alarma, estas medidas se han demostrado del todo insuficientes antes una situación de quiebra técnica de una parte importante de nuestro sector empresarial, principalmente microempresas y autónomos, que
continúan acusando pérdidas de la facturación de más del 50 % y que ya no tienen capacidad para endeudarse.


Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó el día 10 de febrero el Reglamento que regirá el funcionamiento de los fondos europeos para paliar las consecuencias del COVID-19. Entre las consideraciones que se reflejan en este documento,
destaca la condicionalidad a la que estarán sometidos los desembolsos de los fondos con el objetivo de fortalecer los pilares de los sistemas económico y social de los países receptores. Según este reglamento, los países miembros deberán remitir a
Bruselas un plan de reformas estructurales que debe contener los mecanismos y objetivos para conseguir reducir los desafíos y prioridades identificadas en el procedimiento del Semestre Europeo y así mismo incluir los aspectos fiscales y las
recomendaciones hechas a los países bajo el amparo del artículo 6 del Reglamento 1176/2011 de prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos. En caso de incumplimiento se podrá activar el llamado freno de emergencia que supondrá la
pérdida definitiva de la mayor oportunidad de nuestro país para sentar las bases de una economía resiliente, justa y eficiente.


Más allá de las consecuencias económicas, España tampoco ha salido bien parada en términos sanitarios, con más de tres millones de casos positivos de COVID-19 detectados y un exceso de mortalidad de unos 84.000 fallecidos en 2020, según los
datos de los servicios funerarios. Nuestro país está entre los 10 países con más casos per cápita, pero también se encuentra en el top 10 de los países con más fallecidos per cápita por la pandemia. La gestión de la pandemia del Gobierno de
España, que ha abdicado recientemente de sus responsabilidades en favor de las Comunidades Autónomas, ha sido nefasta en base a la mayoría de indicadores. Desde el GP Ciudadanos hemos ofrecido nuestra mano tendida para acordar grandes pactos en
materia sanitaria, y lo volvemos a hacer ahora para garantizar que la campaña de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país avanza de forma decidida y rápida, con el objetivo de inmunizar a la población española en el menor tiempo posible y
haciendo uso de todos los recursos económicos, logísticos y humanos a nuestra disposición.


Finalmente, la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de contar con un sistema robusto de ciencia, innovación y tecnología. No en vano, los países que más destacan en materia de innovación y ciencia han sido los que han
conseguido contener la pandemia de forma más eficaz, como Corea del Sur, o los que han liderado la campaña de inmunización de su población, como Israel. En España, sin embargo, la inversión en I+D+i se ha situado tradicionalmente en torno al 1 %
del PIB, muy lejos de la media de nuestros socios de la OCDE del 2 % y de los países que lideran la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico en el mundo, en los que la inversión alcanza en torno al 5 % del PIB, como es el caso de Israel y
Corea del Sur. Es más, según un estudio de The Economist, España era uno de los países cuyo Gobierno había escuchado menos las recomendaciones de los científicos, junto a los



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de Reino Unido, Estados Unidos, Brasil o Rusia. Por este motivo, es hora de aprovechar esta lección aprendida para dar un impulso decidido a la inversión pública y privada en I+D+i y alcanzar ese compromiso de dedicar al menos el 2 % del
PIB a ciencia, innovación y desarrollo tecnológico.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'Se insta al Gobierno a:


1. Un pacto para el control de la pandemia y el impulso del proceso de vacunación, liderando acuerdos en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para:


a) Actualizar la Estrategia de Vacunación para dar formación a personal de Fuerzas Armadas, farmacéuticos, odontólogos y veterinarios para que puedan administrar vacunas.


b) Habilitar espacios como pabellones, polideportivos, centros culturales, estadios y otros espacios amplios como centros de vacunación y puestos de vacunación en vehículo, cumpliendo con los estándares necesarios de seguridad de pacientes y
personal sanitario.


2. Un pacto por la supervivencia de nuestro tejido productivo que asegure que nuestras empresas, autónomos y trabajadores no se ven obligados a cerrar sus negocios o dejar sus empleos como consecuencia de las medidas de prevención de la
pandemia, incluyendo para ello:


a) Un paquete de ayudas directas a fondo perdido que cubra hasta el 75 % de la facturación previa a la crisis.


b) Un paquete de ayudas directas a la reconversión y adaptación de los sectores especialmente impactados por la pandemia para que puedan efectuar las inversiones necesarias para adaptarse a las nuevas condiciones sanitarias con especial
relevancia en sectores como el turismo y la hostelería.


3. Un pacto por un Plan de Reformas que apuntalen las bases de una economía resiliente, productiva y justa a través del cumplimiento de los siguientes compromisos:


a) Garantizar que en el Plan de Reformas se contienen las medidas estructurales contenidas en las recomendaciones del Semestre Europeo.


b) Asegurar que la utilización de fondos europeos del paquete Next Generation EU se hace bajo criterios objetivos, transparentes y de eficiencia económica y social y cumplen con los criterios de reparto y objetivos establecidos por la Unión
Europea.


4. Un pacto por la Ciencia para aumentar la inversión en I+D+i hasta el 2 % del PIB, con:


a) Beneficios fiscales a las empresas que inviertan en innovación, aumentando las deducciones hasta el 60 % para las pymes, y favoreciendo la creación de empresas innovadoras con deducciones en el IRPF de hasta 300.000 euros.


b) Un Plan de Retorno de Investigadores, que mejore la situación de nuestros científicos, con deducciones fiscales de hasta el 25 % por la contratación estable de investigadores y con bonificaciones de hasta el 80 % en las cotizaciones
sociales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2021.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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162/000564


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar las
medidas pertinentes para que las mujeres que vean perjudicada su pensión con la aprobación del nuevo complemento a las pensiones tengan derecho de opción, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social correspondientes a la nómina de pensiones contributivas de enero de 2021, las mujeres cobran una pensión media de 825 euros mensuales frente a los 1.250 euros que cobran los hombres,
es decir, la brecha de género en pensiones supera el 30 %.


La actual situación de desventaja femenina en el ámbito de las pensiones contributivas se debe fundamentalmente a acusadas diferencias en los comportamientos laborales entre los hombres y las mujeres que hoy forman parte de la población
mayor española. Actualmente, todavía es frecuente que la mujer aparque su carrera profesional para el cuidado de los hijos, lo que supone un importante resentimiento en su cotización a efectos de cobrar una futura pensión.


Afortunadamente, esas diferencias de género en el mercado de trabajo se han reducido de forma notable en las últimas décadas y, continuaremos trabajando para que sigan reduciéndose cada vez más. En consecuencia, cabe prever una progresiva
reducción de la brecha de género en pensiones, aunque, mientras estas mantengan su carácter contributivo, la brecha solo puede desaparecer si se alcanza la igualdad plena entre hombres y mujeres en el mercado laboral. No podemos olvidar que la
brecha de las pensiones es la derivada de la brecha salarial de género, puesto que, los salarios más bajos, junto con el abandono de la carrera profesional para el cuidado de los hijos, son los principales factores que han provocado la diferencia a
la baja de las pensiones de mujeres respecto a las de los hombres.


La crisis provocada por la pandemia COVID-19 ha dejado en evidencia, una vez más, las desigualdades que existen en las tareas de cuidados y la conciliación de la vida personal y laboral. Estudios recientes como 'COVID-19 y la desigualdad de
género en España' publicado por el Centro de Políticas Económicas de ESADE, muestran como el confinamiento y el acusado aumento del paro en España afecta de manera desigual a mujeres y hombres, siendo estas, las más afectadas, puesto que la
destrucción de empleo afecta más a sectores altamente feminizados.


Además, según el barómetro elaborado por GAD-3 pone en evidencia el escaso protagonismo del teletrabajo en España antes de la pandemia, existiendo en este campo también diferencia entre hombres y mujeres. En España hay menos proporción de
mujeres que de hombres que trabajen normalmente desde casa, aun siendo las que más se encargan de las labores domésticas y del cuidado de familiares, justo lo contrario, de lo que pasa con el teletrabajo en los países de la Eurozona. Este reparto
de tareas se ha mantenido o agravado durante el confinamiento con el cierre de los centros escolares.


Desde el Partido Popular somos muy conscientes de la existencia de una brecha de género en pensiones que hay que combatir. Fuimos pioneros en reconocer a las mujeres su esfuerzo y en compensar las lagunas de cotización que muchas sufren
tras el nacimiento de los hijos. En 2016 el Gobierno del Partido Popular aprobó un complemento de maternidad a las pensiones que incrementaba la pensión de las mujeres: 5 % en el caso de dos hijos, el 10 % para tres hijos y el 15 % a partir de
cuatro. Logrando con ello que cientos de miles de mujeres vieran justamente incrementada su pensión y una notable reducción de la brecha de género en pensiones.


Recientemente, en virtud del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, se ha aprobado un nuevo
complemento para las pensiones contributivas. Este nuevo complemento se reconoce a todas las mujeres que tengan uno o más hijos y que cobren una pensión contributiva de jubilación (también jubilación voluntaria anticipada), incapacidad permanente o
de viudedad. Se establece asimismo la posibilidad de que los padres también puedan percibir el complemento, pero en su caso el reconocimiento no será automático.


La forma de cobro de esta nueva medida varía con respecto al complemento por maternidad aprobado por el Partido Popular, ya que en lugar de un porcentaje, se aplica una cantidad fija anual. Este año la



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cuantía asciende a 378 euros anuales por hijo hasta 4 hijos, lo que supone un suplemento de 27 euros al mes por hijo (14 pagas).


Está cierto que al ampliar el criterio de acceso a las madres o padres con un solo hijo, habrá aproximadamente 30.000 beneficiarios más. Es decir, 30.000 nuevas jubiladas verán cómo su pensión se incrementa en 27 euros mensuales.


Sin embargo, no podemos pasar por alto que este nuevo complemento a las pensiones, supone también un perjuicio económico para un gran número de jubiladas que ven como su pensión se recorta notablemente con la entrada en vigor de esta nueva
medida.


Este complemento fijo de 27 euros mensuales por hijo, se da a todas aquellas mujeres que tienen derecho a una pensión contributiva, sin valorar los años trabajados, los años cotizados o la cuantía de esta cotización. Así, por ejemplo, una
mujer que con gran esfuerzo ha compatibilizado una larga carrera profesional, con el cuidado de sus tres hijos y le corresponde una pensión de 2.000 euros al mes, con la entrada en vigor del nuevo complemento cobraría 2.081 euros al mes, frente a
los 2.200 euros que le corresponderían si se le aplica el complemento aprobado por el Gobierno del Partido Popular en 2016.


El nuevo complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género choca claramente contra el principio de contributividad. El principio de contributividad significa que cada uno va a recibir en el futuro una pensión
de acuerdo con sus contribuciones al sistema. Desde este punto de vista, no es justo, que las mujeres que más han contribuido laboralmente y demográficamente al país, sean castigadas, penalizar el esfuerzo y discriminar negativamente a las mujeres.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Adoptar las medidas pertinentes para que, las nuevas beneficiarías que vean perjudicada su pensión con la aplicación del nuevo complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género aprobado en virtud del Real
Decreto ley 3/2021, tengan derecho de opción.


Estas nuevas pensionistas podrán elegir entre: (i) el nuevo complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género aprobado en virtud del Real Decreto ley 3/2021, que supone un incremento anual de 378 euros en la
pensión por cada niño hasta un máximo de cuatro, o (ii) el complemento de maternidad en vigor desde el 2 de enero de 2016 que supone el incremento del 5 % de la pensión para las mujeres que han tenido dos hijos, 10 % para quienes han tenido 3 hijos
o un 15 % para la madres que han tenido cuatro o más hijos. En los términos establecidos en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en
su redacción previa (publicada el 31/10/2015).


La pensionista podrá elegirla opción que considere más beneficiosa.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2021.-José Ignacio Echáníz Salgado y Tomás Cabezón Casas, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de reformas para la ampliación y el fomento de la corresponsabilidad en
el disfrute de los permisos de maternidad y paternidad, para su debate en el Pleno.


Exposición de motivos


A pesar de los notables avances conseguidos en los últimos tiempos, las desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado laboral están todavía lejos de haberse corregido. El 64 % de las personas trabajadoras que tienen las ganancias más
bajas son mujeres. También son más las mujeres que cobran



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el salario mínimo y las que no llegan al salario mediano. Por contra, en los deciles de mayor renta, los hombres son mayoría. Esta brecha tiende a aumentar conforme aumenta el nivel de formación. Así, las mujeres con estudios
universitarios de licenciatura, master o doctorado ganan 9.500 euros anuales menos que los varones, y también menos que los hombres diplomados universitarios, de nivel formativo inferior.


Otro importante factor de desigualdad tiene su origen en el a su vez desigual reparto de las responsabilidades familiares. Los españoles tienen muchos problemas para conciliar el tiempo de trabajo con la familia. El 68 % de los
trabajadores declaran que tienen problemas para conciliar, el 81 % en el caso de mujeres con hijos menores de edad a cargo. Estas barreras conllevan que para poder atender sus obligaciones familiares los trabajadores tengan que hacer sacrificios,
que también en este caso suelen ser asumidos casi en su totalidad por mujeres.


Todas estas circunstancias desiguales motivan la aparición de una brecha salarial por razón de sexo, un fenómeno transversal que afecta a las mujeres de todos los niveles formativos y en todos los sectores, en España y también en el resto
del mundo. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) ha estimado que la brecha salarial neta en España, esto es, la diferencia salarial entre mujeres y hombres una vez controladas las características socioeconómicas y del puesto de
trabajo de los trabajadores, asciende actualmente a un 13 %, una cifra significativa pese a la reducción de hasta el 33 % que se ha experimentado desde el año 2002. La existencia de esta brecha también acarrea otras consecuencias negativas además
de las retributivas, como que muchas mujeres acaben empleadas en puestos de trabajo para los que están sobrecualificadas o con menores posibilidades de promoción profesional.


Diversos estudios han intentado explicar las causas detrás de esta brecha salarial entre mujeres y hombres, fenómeno común a lo largo del mundo, también en los países europeos de nuestro entorno. Algunos recientes, que han conseguido un
notable impacto y que estudian los casos de Dinamarca (Kieven et al., 2018), Suecia, Alemania, Austria, EEUU y Reino Unido (Kieven et al., 2019) y España (González Luna, Libertad y García Nombrados, Jorge 2019), entre otros, determinan que uno de
los factores con mayor impacto tras esta brecha salarial, así como uno de los más persistentes en el tiempo, se debe a las consecuencias de la maternidad y la paternidad y, más concretamente, a las diferencias en los comportamientos que mujeres y
hombres adoptan frente a este hecho, siendo las primeras las que asumen en su mayoría los costes asociados a la atención de las responsabilidades familiares. En el estudio señalado para nuestro país, los autores muestran que las mujeres que son
madres sufren una fuerte caída los dos primeros años tras el nacimiento de su primer hijo, cercana al 30 %, algo que no sucede con los hombres que son padres. Las mujeres nunca llegan a recuperarse de esta caída de ingresos; de hecho, al cabo de
cinco años tras el nacimiento, la brecha salarial que se abre con respecto al año de partida sigue siendo del 17 %.


Esta diferencia de trayectorias salariales se produce porque, a partir del nacimiento de los hijos, son las mujeres quienes en mayor medida renuncian a la proyección y el ascenso en sus carreras, sacrificándolas en mayor medida que sus
compañeros varones. También son ellas las que piden en más ocasiones excedencias o reducciones de jornada destinadas a la atención familiar de niños o mayores: en concreto, el 68 % de las adaptaciones de la jornada, el 89 % de las excedencias y el
95 % de las jornadas reducidas están reconocidas a mujeres trabajadoras. En esta edad crítica las mujeres promocionan profesionalmente menos que los hombres, lo cual contribuye a ahondar la brecha salarial por razón de sexo.


Un aspecto interesante que apuntala la idea de que esta desigualdad en el reparto de responsabilidades familiares y domésticas tiene su origen en los desiguales roles de género asumidos tradicionalmente entre mujeres y hombres, como muestra
de manera transversal la evidencia de diferentes países, es que en parejas de mujeres lesbianas, esta penalización salarial tras el nacimiento del primer hijo no existe para la madre biológica, a diferencia de lo que les sucede a las mujeres en
parejas heterosexuales (Andresen y Nix, 2019).


Pero la brecha salarial de género no surge de manera espontánea con el nacimiento de los hijos. Estas ya se manifiestan con anterioridad, aproximadamente a partir de los 30 años, período que que coincide con la edad en la que se presume que
las mujeres puedan plantearse la idea de formar una familia y, de hecho, también se amplía, aunque con menor intensidad que tras el nacimiento del primer hijo, en el momento en el que estas mujeres comienzan a vivir en pareja, aunque no tengan
hijos, respecto a las que viven con sus padres o viven solas (De la Rica, Gorjón y Quesada, 2021). La desigualdad en el reparto de los costes sobre la carrera laboral asociados a la asunción de las responsabilidades ya no solo familiares, sino
también domésticas, sería de nuevo el principal factor explicativo detrás de esta brecha.


Resulta por ello fundamental promover una corresponsabilidad que haga posible una efectiva conciliación para hombres y mujeres de su vida personal y profesional en las mismas condiciones. Las mujeres siguen dedicando a la familia y al hogar
más del doble de tiempo que los hombres. Esta asunción casi exclusiva de



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responsabilidades por las mujeres en cada hito trascendental relacionado con la vida en pareja, el hogar o la familia, aun cuando solo sea como consecuencia de inercias derivadas de los roles tradicionales de cada sexo, es la principal causa
de que las mujeres sigan sufriendo una penalización sobre sus carreras laborales que se traduce, a su vez, en menores ingresos y, con ello, menos autonomía personal.


Pero no todas los factores que afectan negativamente a la carrera laboral de las mujeres se manifiestan en su trabajo tras el nacimiento de los hijos. Algunos tienen efectos incluso mucho antes, dado que las mujeres 'descuentan' los
previsibles costes que la maternidad tendrá sobre sus carreras laborales, lo que las lleva a ocuparse en trabajos compatibles con las cargas familiares e incluso antes, en muchos casos, a elegir estudios que sean compatibles con esas ocupaciones y
no con otras, aunque estas últimas puedan estar mejor retribuidas.


En este sentido, mejorar la capacidad de elección de las mujeres pasa por eliminar las trabas que obstaculizan su progresión profesional por medio de medidas orientadas no solo a hacer efectivo su derecho a la conciliación, sino también a
asegurar que su ejercicio se produce en el contexto de una asunción equitativa de las responsabilidades familiares. Para ello es imprescindible reducir el peso de las responsabilidades que hoy asumen casi en exclusiva las mujeres, esencialmente a
través de dos medidas. Primero, un mayor apoyo externo en la prestación de los cuidados, mediante una mayor dotación de servicios públicos especializados, desde centros de día, escuelas infantiles o servicios de ayuda a domicilio con cuidadores
profesionales. Segundo, una mayor corresponsabilidad entre todas las personas adultas que guarden relación con la persona que manifieste la necesidad de cuidados, por ejemplo, ambos progenitores en el cuidado de los hijos menores durante el primer
año de vida.


Precisamente respecto a este último punto, la legislación laboral tradicionalmente ha reconocido un permiso a las madres por el nacimiento de cada hijo, en origen restringido a seis semanas, el tiempo estimado del puerperio, pero más
adelante ampliado más allá hasta un total de 16 semanas. Así las cosas, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, contribuyó a una mayor corresponsabilidad en el cuidado de los hijos estableciendo un
permiso de paternidad de dos semanas. Desde entonces, estos permisos por nacimiento de hijo se han incrementado progresivamente: en 2017 se doblaron hasta las cuatro semanas como exigencia de Ciudadanos para su apoyo a los Presupuestos Generales
del Estado de aquel año, en 2018 alcanzaron las cinco por las mismas razones y, finalmente, en 2019 se dispuso legalmente su equiparación progresiva con el de maternidad en dieciséis semanas iguales e intransferibles, objetivo que finalmente se
alcanzó en 2021.


Conseguido este hito, no obstante, desde Ciudadanos consideramos necesario seguir avanzando en la mejora de estos permisos por maternidad y paternidad, haciendo especial énfasis en la necesaria promoción de la corresponsabilidad entre ambos
progenitores, de modo que las mayores facilidades para conciliar no se traduzcan en una obligación moral de la madre de ejercer en exclusiva estos derechos sin contar con la participación del otro progenitor.


En este sentido, son varias las propuestas que se plantean. Para empezar, una ampliación de la duración de estos permisos en caso de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de manera progresiva hasta alcanzar las
vienticuatro semanas, iguales e intransferibles, para cada progenitor, para el año 2024. De este modo, el período total de permiso correspondiente a ambos progenitores del que podrían disfrutar los menores de edad, que son a fin de cuentas los
beneficiarios de esta medida, permitiría cubrir los cuidados relativos a su primer año completo de vida, que constituye un período crucial de su desarrollo temprano.


Seguidamente, se contemplan también una serie de ampliaciones adicionales en supuestos específicos. La primera de ellas se concedería a las familias monoparentales, formadas por un único progenitor legal o de hecho. Esta ampliación viene
motivada por la actual situación de desventaja que experimentan los neonatos en estas familias, dado que, al ser solo uno, el tiempo efectivo de dedicación y cuidado del que se benefician estos recién nacidos es la mitad del tiempo total del que
pueden disfrutar aquellos en familias formadas por dos progenitores. Con la finalidad de corregir esta igualdad de trato desde el punto de vista de los menores, se plantea que en el caso de las familias monoparentales, la duración del permiso al
que tiene derecho el único progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor se doble, de modo que el tiempo total disponible sea equivalente a la máxima duración conjunta de los permisos de la que podría disfrutar un menor nacido en
una familia biparental.


La segunda ampliación se produciría en los supuestos de discapacidad del menor o de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. En ambos casos, la legislación vigente contempla que el permiso se amplíe en dos
semanas adicionales, una para cada progenitor. En el segundo, la ampliación será también de una semana adicional para cada progenitor pero por cada uno de los menores distintos del primero. En ambos casos, desde Ciudadanos consideramos que estas



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ampliaciones en sus términos actuales resultan claramente insuficientes atendiendo a las mayores necesidades de cuidado que manifiestan ambas circunstancias. En su lugar, proponemos que estas ampliaciones pasen a ser de cuatro semanas
adicionales, para cada titular por cada uno de los menores con discapacidad o por cada uno de los menores, distintos del primero, en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.


La tercera de estas ampliaciones se daría en aquellos casos en que el neonato, por nacimiento prematuro con falta de paso o por cualquier otra condición clínica, deba permanecer hospitalizado a continuación después del parto. En estos
casos, siempre que el ingreso hospitalario sea superior a los siete días, la legislación vigente prevé que el período de permiso de ambos progenitores se amplíe en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, hasta un máximo de trece
semanas adicionales. Desde Ciudadanos estamos plenamente convencidos que en estas primeras semanas tras el nacimiento, especialmente cuando se dan circunstancias tan difíciles como es el ingreso hospitalario de un recién nacido, tanto la madre como
el padre deben tener todo el derecho del mundo a poder estar al lado de su hijo o hija. Es lo único que, como sociedad, podemos pedirles en esos momentos y en esas circunstancias. Por ese motivo planteamos que, alternativamente, en caso de
hospitalización del neonato tras el nacimiento, con independencia de los días de ingreso hospitalario, el período de permiso de ambos progenitores se amplíe tanto tiempo como dure la hospitalización del menor, sin más límite que la fecha de alta
hospitalaria. Es lo justo y lo que estos menores más necesitan.


Del mismo modo, esta proposición contempla asimismo reformas para flexibilizar el disfrute de los permisos de maternidad y paternidad, buscando tanto reconocer una mayor libertad en su configuración como una mayor implicación de ambos
progenitores en el proceso. Así, se propone recuperar el derecho a poder disfrutar del período completo del permiso de forma continua por cualquiera de los progenitores, aunque no medie previo acuerdo con la empresa.


En una línea similar, se propone reconocer una mayor libertad de configuración de los permisos por cada uno de los progenitores, de modo que se permita su disfrute simultáneo o alterno entre ellos, en períodos continuos o interrumpidos,
aunque siempre con contigüidad entre sí, y en régimen de jornada a tiempo completo o parcial, durante todo o parte de la duración del permiso computado en unidades semanales, en todos los casos, en los términos que acuerde cada una de las personas
trabajadoras con la dirección de sus respectivas empresas.


En este punto se plantea también introducir otra novedad, como sería la posibilidad, aprovechando el impulso que han tenido el trabajo a distancia y el teletrabajo con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, de que en caso
de disfrute del permiso en régimen de jornada a tiempo parcial, la parte de la jornada no suspendida pueda prestarse a distancia siempre que dicha modalidad de trabajo resulte viable desde el punto de vista técnico y funcional, con la finalidad de
maximizar las posibilidades de conciliación durante el permiso.


Por último, se propone el establecimiento de una bonificación del 100 por 100 del importe de la aportación empresarial a la cotización de la Seguridad Social de las personas trabajadoras, mujeres y hombres, durante el período de suspensión
de su contrato de trabajo mientras disfruten de sus permisos por maternidad y paternidad. Esta medida busca tanto evitar que la empresa asuma ningún coste derivado del disfrute por los trabajadores de sus permisos para hacer efectivo su derecho a
la conciliación de la vida personal y laboral, anulando así la identificación de estos permisos con un coste económico para la empresa frente al beneficio que suponen para los menores que se benefician de los mismos y para toda la sociedad, y
liberando el riesgo de cualquier penalización para los trabajadoras que pretendan disfrutar,disfruten o hayan disfrutado de manera corresponsable de estos permisos. La misma bonificación se aplicará sobre las cuotas a la Seguridad Social de las
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas desde el primer día y durante todo el tiempo de disfrute de estos permisos por maternidad y paternidad, en los mismos supuestos anteriores.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que impulse las medidas necesarias para hacer efectiva la igualdad de mujeres y hombres en la conciliación de la vida familiar y laboral a través de la ampliación de los permisos de
maternidad y paternidad y del fomento de la corresponsabilidad en su ejercicio, incluidas, entre otras, las siguientes reformas:


1. Ampliar la duración de los permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente hasta las 24 semanas iguales e intransferibles para cada titular, de manera



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progresiva desde este año hasta 2024, con el objetivo de garantizar una atención adecuada de los menores de edad durante el primer año completo de vida.


2. Reconocer la concesión de semanas adicionales sobre la duración total de los permisos de cada uno de los titulares, en los siguientes supuestos:


a) En el caso de familia monoparental, el permiso se ampliará en veinticuatro semanas adicionales para el único progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor legal o de hecho, con la finalidad de garantizar que el menor
pueda disfrutar de las mismas semanas de cuidado que recibiría en caso de haber nacido en una familia biparental.


b) En el caso de discapacidad, la duración del permiso de cada titular se ampliará en cuatro semanas adicionales por cada menor que se encuentre en dicha situación.


c) En caso de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, la duración del permiso de cada titular se ampliará en cuatro semanas adicionales por cada uno de los menores distintos del primero.


d) En caso de ingreso hospitalario del menor por parto prematuro o cualquier otra condición clínica a continuación del nacimiento, la duración del permiso de cada titular se ampliará en tantas semanas adicionales como la de la
hospitalización, cualquiera sea su duración mínima o máxima, finalizando el permiso al término de la semana en la que se resuelva con carácter definitivo el alta hospitalaria.


3. Flexibilizar el ejercicio de los permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, de manera que se permita:


a) La posibilidad de disfrute por cada uno de los titulares de las semanas posteriores a sus correspondientes períodos obligatorios de manera continua o interrumpida, simultánea o alterna entre ellos, aunque siempre contiguas entre sí, en
régimen de jornada a tiempo completo o parcial, durante todo o parte de la duración del permiso computado en unidades semanales, en todos los casos, en los términos que acuerde cada una de las personas trabajadoras con la dirección de sus
respectivas empresas.


b) La posibilidad de disfrute de la totalidad de semanas de permiso posteriores al período obligatorio por cualquiera de los titulares en un solo período continuo e ininterrumpido tras el nacimiento, aunque no medie previo acuerdo con la
empresa.


c) La posibilidad de que, en caso de disfrute del permiso en régimen de jornada a tiempo parcial por cualquiera de los progenitores, la parte de la jornada no suspendida pueda prestarse a distancia, previo acuerdo entre el trabajador y la
dirección de su respectiva empresa y siempre que esta modalidad de trabajo sea posible y viable técnicamente.


4. Establecer una bonificación del 100 por 100 de la cotización a la Seguridad Social que deba realizar la empresa por las personas trabajadoras, mujeres y hombres, durante el período de suspensión de su contrato de trabajo mientras
disfruten de sus permisos por maternidad y paternidad, de modo que el ejercicio corresponsable de este derecho para la conciliación de la vida familiar y laboral en ningún caso suponga un coste para las empresas ni una penalización para las personas
trabajadoras que hagan uso del mismo. La misma bonificación se aplicará sobre las cuotas a la Seguridad Social de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas durante el disfrute de estos mismos permisos.


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2021.-Sara Giménez Giménez y María Muñoz Vidal, Diputadas.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


162/000566


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la aplicación del sistema de etiquetado
Nutriscore a la dieta mediterránea, para su debate en Pleno.



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Exposición de motivos


El sistema de etiquetado Nutriscore ha adquirido relevancia en las últimas semanas por la intención del Ministerio de Consumo de aplicarlo en nuestro país. Este sistema consiste en la evaluación de los componentes nutricionales de un
determinado producto alimenticio y en la colocación de una etiqueta que actúa como un semáforo, con cinco letras y colores, en el que la A de color verde oscuro es la mejor opción y la E roja la peor, pasando por la B, C y D, de acuerdo a su valor
nutricional.


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Para obtener la calificación final, el sistema Nutriscore valora los aportes nutricionales, tanto en materia de fibras y proteínas como en calorías, grasas, azúcares y sal por cada 100 gramos o mililitros de un determinado producto
alimenticio. Las calorías, grasas saturadas, azúcar o la sal son penalizadas, con el objetivo de poder comparar entre productos de la misma categoría para que el consumidor elija libremente y de forma informada aquel con el valor nutricional que
más se adapte a sus necesidades. De este modo, se aspira evitar elecciones de productos alimenticios cuyo consumo regular o abusivo puede llevar asociado un deterioro de la salud y el bienestar, como el riesgo de obesidad, enfermedades como la
diabetes o incluso patologías cardiovasculares.


Desde el GP Ciudadanos defendemos el principio liberal de autonomía del individuo, que es libre para tomar las decisiones que considere oportunas para su vida. Para que estas decisiones sean verdaderamente libres, los individuos deben
contar con información veraz, actualizada, completa y accesible para poder tomar decisiones con total conocimiento de causa. Por ello, siempre hemos apoyado e impulsado medidas que vayan en este sentido y que mejoren el acceso a información sobre
productos, de forma que los consumidores sean quienes libremente elijan qué bienes y servicios adquirir. De esta forma, además, se fomenta la competencia entre proveedores y suministradores, mejorando las condiciones a las que pueden acceder los
consumidores y favoreciendo precios más accesibles.


Sin embargo, la aplicación del sistema Nutriscore avanzada por el Ministerio de Consumo tiene importantes efectos negativos que impiden que cumpla con el objetivo último de información al consumidor. Por ejemplo, el sistema de calificación
no tiene en cuenta elementos tan esenciales para la dieta mediterránea como el aceite de oliva que, además, es un alimento cuyas propiedades beneficiosas y saludables han sido hartamente recogidas por la evidencia científica. Pese a ello, el
sistema Nutriscore lo califica de forma muy negativa por su contenido graso, sin importar si estas grasas de origen vegetal son en realidad beneficiosas para el ser humano y claves en una dieta saludable y equilibrada. La Sociedad Andaluza de
Medicina Preventiva y Salud Pública (SAMPSP) ha pedido al Ministerio de Consumo que recapacite sobre su aplicación a este tipo de alimentos de la dieta mediterránea como el aceite de oliva por sus beneficios 'importantes para la salud'. Algo
similar ocurre con el sector de la aceituna de mesa.


Además, este tipo de calificaciones puede tener importantes efectos negativos sobre productos alimenticios que tienen Indicaciones Geográficas Protegidas o Denominaciones de Origen Protegidas. Origen España, la asociación que reúne a los
productores de estos alimentos de gran valor añadido y reconocimiento internacional y europeo, ha advertido ya que 'los productos con DOP e IGP tienen características diferenciales muy valorados por los consumidores y en ellos sería inviable la
reformulación en caso de que quisieran optar a una escala más benévola en el semáforo nutricional, pues no podrían seguir siendo productos con DOP o IGP'. Además, recuerdan el valor nutricional de muchos de estos productos, ligado a su vez a una
cultura de calidad diferenciada y reconocida. Por ejemplo, esto afectaría a alimentos tan característicos para nuestra dieta y nuestra cultura gastronómica como los quesos, el jamón ibérico o el turrón.


Por este tipo de problemas de aplicación la Comisión Europea ha rechazado comprometerse a instaurar el sistema Nutriscore en todo el territorio de la Unión Europea, y ha recordado que es necesario un sistema de etiquetado homogéneo para los
27 Estados miembros, puesto que todos compartimos el mismo



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mercado interior. La propuesta, sin embargo, se presentará a finales de 2022 y no está ligada a Nutriscore. Por su parte, un grupo de Estados miembros compuesto por Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y España sí se han
comprometido a introducir Nutriscore este mismo 2021. Teniendo en cuenta los problemas de aplicación de Nutriscore y que en 2022 habrá un marco común europeo impulsado por la Comisión Europea, parece inoportuno que el Gobierno de España se apresure
a poner en marcha un sistema que puede no obtener el objetivo deseado, que perjudica a productos esenciales de nuestra dieta mediterránea, y que además será reemplazado en breve por un nuevo sistema europeo.


Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplazar la introducción del sistema de etiquetado Nutriscore en nuestro país en espera de acordar un sistema de etiquetado común europeo y homologable en todo el mercado interior,
reemplazándolo por una campaña de información adicional sobre el valor nutricional de los alimentos y sobre los beneficios de una dieta variada y saludable como la dieta mediterránea.


Asimismo, de finalmente aplicarse el sistema de etiquetado Nutriscore de forma provisional, insta al Gobierno a:


1. Adaptar la aplicación del sistema Nutriscore a los patrones de consumo estructurales de la sociedad española, asegurando así que alimentos y productos alimenticios que forman parte de nuestra dieta mediterránea no se vean perjudicados
por el semáforo nutricional, como ya han planteado otros países como Bélgica y Francia.


2. Excluir, a su vez, de la aplicación del sistema Nutriscore a los alimentos y productos alimenticios reconocidos como Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), debido al valor añadido de los
mismos y a la imposibilidad de adaptar su composición o elaboración a los requisitos de dicho sistema.


3. Realizar una evaluación anual de los cambios en los patrones de consumo de alimentos y productos alimenticios que se hayan llevado a cabo con motivo de la aplicación del sistema de etiquetado Nutriscore, pudiendo así obtener información
sobre su funcionamiento y detectar posibles fallos de aplicación.


4. No tomar ninguna otra medida destinada a incentivar o desincentivar el consumo de algún tipo de alimento o producto alimenticio en base a su valor nutricional hasta haber realizado dicha evaluación del impacto causado por la aplicación
del sistema de etiquetado Nutriscore en los patrones de consumo que pueda informar cualquier acción futura en este sentido.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


162/000567


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación del programa 'Margarita
Salaverría' de prácticas remuneradas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y en la AECID, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


Uno de los principales activos con los que cuenta España para llevar a cabo su acción exterior es principalmente su personal. Nuestro país tiene la suerte de contar con unos 940 profesionales de la carrera diplomática y más de 2.600
cooperantes que defienden los intereses y la imagen de España en el exterior, a quienes hay que sumar también a otro personal que desempeña sus funciones en el servicio exterior como administrativos, militares, miembros de fuerzas y cuerpos de
seguridad o el personal de las oficinas centrales del Ministerio y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En total,



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según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, unos 5.450 empleados funcionarios y laborales llevan a cabo la acción exterior española.


Sin embargo, el servicio exterior -como la Administración- se encuentra envejecido y sus profesionales se ven sobrecargados debido a la escasez de personal derivada del número de jubilaciones que no se cubren con nuevos ingresos. Este tipo
de sobrecarga es perjudicial no solo para los propios profesionales, al someterles a niveles de estrés y desafección innecesarios y excesivos, sino que también es contraproducente para la acción exterior española. Pese a ello, los sucesivos
gobiernos no han puesto en marcha ningún tipo de mecanismo orientado a dinamizar la entrada en el servicio exterior, aprovechando el talento de nuestros jóvenes profesionales en materia de acción exterior, ni tampoco a asegurar un relevo
generacional adecuado entre el personal funcionario. Es más, los escasos intentos que se han llevado a cabo en este sentido mediante prácticas no remuneradas siempre han acabado resultando en una precarización del empleo llevado a cabo por jóvenes,
en una desigualdad de entrada porque solo quienes tienen un contexto socioeconómico más ventajoso pueden permitirse ese tipo de experiencia profesional, y en una falta de seguridad laboral dada la imposibilidad de mantener su relación laboral con el
Ministerio, con la Red de Embajadas y Consulados o con la AECID.


Desde el GP Ciudadanos hemos propuesto desde 2015 numerosas iniciativas para cambiar esta realidad que pone una losa adicional sobre nuestros profesionales de la acción exterior y que levanta una barrera infranqueable para nuestros jóvenes.
Consideramos que la Administración debe tener un carácter abierto y flexible, que sea capaz de atraer y retener el talento para profesionalizarla, modernizarla y reforzar su independencia. En el contexto de los Presupuestos Generales del Estado
2021, el GP Ciudadanos ya propuso dos enmiendas destinadas a financiar un programa con dos líneas de prácticas remuneradas: una línea para la Red de Embajadas y Consulados y oficinas de la AECID en el exterior, por valor de 700.000 euros, y otra
línea para los servicios centrales del Ministerio y de la AECID en España, por valor de 500.000 euros. Ambas fueron rechazadas por el Gobierno de España.


Por este motivo, y en honor a Margarita Salaverría Galárraga, la primera mujer diplomática española, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Establecer el Programa 'Margarita Salaverría' de prácticas remuneradas para jóvenes profesionales que quieran desempeñar funciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y en la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que contará con dos líneas de acción consecutivas:


a) Un período de prácticas profesionales remuneradas para la realización de prácticas profesionales en los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de la AECID en territorio español, con una
duración de doce meses.


b) Un período de prácticas profesionales remuneradas en la Red de Embajadas y Consulados o las oficinas de la AECID en el exterior, con una duración de dieciocho meses.


2. Dotar con los recursos financieros adecuados al Programa 'Margarita Salaverría' dentro de las asignaciones presupuestarias recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, con al menos 1.200.000 euros.


3. Establecer unas bases con criterios objetivos de selección basados en el mérito académico o profesional para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso de los jóvenes profesionales al Programa 'Margarita Salaverría'.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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162/000568


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un nombramiento meritocrático de
embajadores de España, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, establece, en el apartado 2 de su artículo 57 que el nombramiento del personal del Servicio Exterior del Estado se hará 'atendiendo a criterios de competencia
profesional y experiencia de acuerdo con su normativa específica y con los principios de igualdad, mérito y capacidad'. Es decir, ya hay un marco legal que ampara que los nombramientos en el cuerpo diplomático no se pueden realizar de forma
arbitraria y por criterios políticos, sino en base a la competencia profesional y la experiencia del personal del servicio exterior del Estado.


En 2017 la plataforma CIVIO recordaba que desde la primera legislatura de Felipe González se han nombrado más de 550 embajadores, de los cuales 26 eran ajenos al cuerpo de diplomáticos del Estado y, en su mayoría, cercanos al partido que
encabezaba el Gobierno de España en ese momento. De acuerdo a esta plataforma de transparencia, los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero habían nombrado a unos 21 embajadores ajenos al cuerpo diplomático, mientras que los
gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy habían hecho lo propio con cinco. Es decir, pese a la diferencia entre ambos, los dos viejos partidos han recurrido a esta figura de forma excesiva, frustrando el ascenso profesional de nuestros
diplomáticos que han dedicado su vida al servicio exterior y a defender la imagen de España en el exterior.


La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, lejos de romper con esta tendencia, supuso un refuerzo de la misma. En menos de dos años, el nuevo gobierno nombró cuatro embajadores con criterios políticos, incluyendo a la exministra Carmen
Montón como Jefa de la Misión ante la Organización de Estados Americanos (OEA), un puesto clave para la acción exterior española. La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) emitió, con motivo de estos nombramientos, un duro comunicado en el que
mostraba su desacuerdo con el nombramiento de embajadores políticos 'sin una trayectoria profesional que garantice el mérito e idoneidad necesarios para ocupar esos puestos', como marca la Ley 2/2014. ADE representa, además, en torno al 70 % de los
diplomáticos españoles. El último de estos nombramientos se realizó en la Embajada de España en La Habana, y la ADE emitió un comunicado similar mostrando disconformidad con ese nombramiento político por el gesto de desprecio que supone para los
miembros de la Carrera Diplomática al 'mermar las naturales aspiraciones profesionales de nuestros asociados, basadas en los principios de mérito y capacidad invocados para el acceso a la Función Pública'.


Desde el GP Ciudadanos hemos defendido en reiteradas ocasiones los criterios meritocráticos como única guía para los nombramientos de los escalafones más altos de la carrera diplomática, cumpliendo con lo establecido en la ley y reconociendo
así la labor excepcional que realiza el personal del servicio exterior del Estado. Es inadmisible que en el cuerpo diplomático se asuma que solo se podrá llegar a lo más alto de la carrera mediante el 'amiguismo' con un partido político,
especialmente cuando la labor de un embajador debe tener la lealtad a los intereses de los españoles por encima de cualquier otra lealtad de carácter político. Nuestros diplomáticos lo tienen muy claro, pero no parece que se pueda decir lo mismo de
los viejos partidos de este país.


Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento a lo establecido en La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y proceder al nombramiento de embajadores con criterios de competencia
profesional y experiencia y con los principios de igualdad, mérito y capacidad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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162/000569


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación urgente y
extraordinaria de un régimen marco de ayudas directas de compensación destinadas a las pymes, micropymes y autónomos del sector de la hostelería española, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


En el año 2019, el sector de la hostelería aportó para la economía española más de 102.000 millones de euros al gasto en consumo final, -casi un 11 % del total del gasto en España-, aportó a los ingresos del Estado más de 17.000 millones de
euros y daba empleo a cerca de 1,7 millones de trabajadores, lo cual representa alrededor de un 9 % del total del empleo en España. Sin embargo, como resultado de la pandemia la cifra de negocios de la hostelería descendió en 2020 más de un 50 %
respecto al año anterior, equivalente a una pérdida de ingresos cercana a los 67.000 millones de euros en tasa de variación interanual, de acuerdo con los datos de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios del INE. Como consecuencia de la
anterior pérdida de actividad, desde el inicio de la crisis de salud pública han cesado de manera forzosa su actividad en España más de 85.000 establecimientos y otros 100.000 se encuentran en estos momentos atravesando una situación especialmente
crítica, lo cual podría comprometer además de la pervivencia de estos negocios, el mantenimiento de un millón de puestos de trabajo especializados aparejados a los mismos.


En el apartado de empleo, en enero de 2021, la hostelería decreció en 251.758 afiliados (204.193 afiliados menos en los servicios de comidas y bebidas y 47.565 menos en los servicios de alojamiento). En enero, la cifra de asalariados en el
sector turístico decreció un 17,3 % respecto al mismo mes del año anterior, si bien desagregado por ramas de actividad, la hostelería disminuyó un 20,4 %. De otro lado, el empleo autónomo en la actividad de hostelería se contrajo un 1,5 % durante
este mismo mes. A día de hoy, el 13 % de los negocios de hostelería no ha podido rescatar del ERTE a ningún trabajador y prácticamente un tercio (34 %), ha tenido que despedir o no renovar contratos según se desprende del indicador de confianza
empresarial publicado por el INE.


El pasado 24 de febrero con motivo de la comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara para dar cuenta de los datos y gestiones del Gobierno en relación a la aplicación del Estado de Alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, el Presidente durante su intervención anunció sin concreción suficiente la creación de un plan de actuaciones dotado de 11.000 millones de euros destinado a 'empresas, pymes y trabajadores autónomos' que se
centraría en los sectores del 'turismo, la hostelería y la restauración' para 'reforzar la solvencia de sus balances y que puedan así retomar su actividad, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores que requieren para iniciar en
plenitud de facultades la recuperación económica'.


No obstante lo anterior, considerando la vaguedad y ausencia de desarrollo de explicaciones sobre mediante qué fórmulas y vías concretas se articularán para implementar estas actuaciones anunciadas por parte del propio Presidente del
Gobierno de España, desde el Partido Popular se viene instando al Gobierno a través de la presentación de numerosas Proposiciones no de Ley y otras tipo de iniciativas a la aprobación de ayudas directas, en consonancia con el planteamiento y las
reivindicaciones que vienen efectuando también sin éxito alguno desde hace muchos meses el propio colectivo hostelero afectado, o desde el Gobernador del Banco de España conminando al Gobierno a que se otorguen ayudas directas a las empresas
turísticas 'cuanto antes', al caso más reciente de la propia Directora-Gerente del FMI, advirtiendo que los Estados Miembros de la UE han de mantener apoyo a sus empresas y aplicar ayudas directas, especialmente aquellos grandes países turísticos,
como ocurre con el caso de España, que han experimentado una caída del PIB en el año 2020 superior al 9 % frente a la media del 6,4 % del conjunto de la UE, sin embargo en contraste con los principales países de nuestro entorno(como Al emania,
Francia, Italia o Reino Unido), hasta el momento presente el Gobierno de España ha optado por limitar el alcance de sus actuaciones y descargar y trasladar su responsabilidad a las Comunidades Autónomas, omitiendo un plan necesario en forma de
ayudas directas y compensaciones para actividades empresariales paralizadas por cierres administrativos.


Resulta necesario poner de manifiesto que a pesar del impacto positivo que ha generado desde el comienzo de la crisis COVID-19 la aplicación de distintas medidas como el esquema de protección del



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empleo, la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos o las líneas de liquidez avaladas por el ICO, sin embargo, dada la prolongación de la crisis, así como la intensidad de las medidas adoptadas por el conjunto de las
Administraciones para combatir la propagación del virus restringiendo o directamente provocando una absoluta paralización de la actividad hostelera, a día de hoy las soluciones adoptadas hasta el momento presente han tornado en claramente
insuficientes, considerando que uno de los principales problemas que atraviesan ahora mismo las empresas son la falta de generación de ingresos, de ahí que un número creciente de hosteleros se encuentren interponiendo reclamaciones por vía
administrativa al Estado en concepto de daños y perjuicios.


Por lo expuesto anteriormente, se hace absolutamente imprescindible y vital hasta que se materialice el control efectivo de la pandemia y el avance generalizado de la estrategia de vacunación a nivel nacional y sobre la cual el propio
Presidente ha asegurado públicamente la previsión de contar con un 70 % de la población española inmunizada antes de que termine el próximo verano, la adecuación y el despliegue inmediato por parte del Gobierno de España de un plan de choque de
envergadura en forma de ayudas directas y de compensación del que se puedan beneficiar todas las empresas hosteleras sin discriminación que se han visto seriamente perjudicadas por espacio de un año a lo largo y ancho de toda la geografía nacional y
hasta tanto en cuanto se produzca una plena restauración de la actividad de negocio. Cabe recordar que el propio Presidente del Gobierno durante su comparecencia ante la reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo a finales
del pasado mes de enero avanzó que España no estaría preparada para recibir turismo internacional hasta el final del verano cuando se alcanzase la vacunación del 70 % de la población, afirmación que en caso de ser cierta, respondería a toda lógica
la articulación decidida y valiente por parte del Gobierno de España de un mayor paraguas de protección y salvaguarda de nuestras empresas hosteleras hasta que se normalizasen los flujos turísticos y dada además nuestra altísima dependencia de los
mercados emisores. De otro lado, teniendo en cuenta el desigual y heterogéneo esquema de actuación en materia de protección de los sectores productivos que han llevado a cabo las Comunidades Autónomas, se ha detectado un déficit de coordinación por
parte del aparato del Estado responsable de la declaración del Estado de Alarma, a fin de poder llevar a cabo una tarea mínima de armonización de las estrategias trazadas por las regiones.


A fin de procurar una inmediata superación de los graves daños coyunturales ocasionados al sector de los establecimientos de la hostelería española -sector cuya cadena de valor está constituida en España en su inmensa mayoría por un tejido
de pequeño tamaño productivo-, esencial y clave al propio tiempo para lograr por extensión una recuperación competitiva de la cuarta economía de la zona euro y el mantenimiento del orden socioeconómico español, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Definición exhaustiva con carácter urgente por parte de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de un régimen marco de concesión de ayudas directas en forma de compensaciones a la crisis sanitaria, dirigido de manera específica a pymes,
micropymes y colectivo de trabajadores autónomos encuadrados dentro de los servicios de la hostelería y financiable exclusivamente por parte del Estado, receptor directo por otra parte de los fondos europeos de recuperación. La habilitación de este
marco de ayudas ágil, sencillo y eficiente en su tramitación se hará efectiva en el plazo máximo de un mes para poder estar en disposición de garantizar así la supervivencia y viabilidad a corto plazo de este tejido productivo especialmente afectado
por la crisis COVID-19, así como muy especialmente el mantenimiento de empleo y la no destrucción de puestos de trabajo en nuestro país.


Establecimiento de una dotación presupuestaria adecuada, suficiente, proporcional y equitativa para dicho marco de ayudas directas a la rama de actividad económica hostelera, cifrada en la cantidad de no menos de 12.500 millones de euros
dentro de un fondo global de apoyo a la economía productiva nacional cuantificado en 50.000 millones de euros.


Garantizar el sostenimiento de este régimen de ayudas directas a estos colectivos durante el año 2021, hasta asegurar una recuperación y normalización sólida de la actividad turística y reactivación de la demanda interna en un contexto
actual presidido por restricciones a la movilidad, así como de disminución de renta disponible por parte de los consumidores y tras un período prolongado de cese forzado de actividad empresarial y pérdidas económicas como consecuencia de decisiones
administrativas derivadas



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del Estado de Alarma, incentivando además fiscalmente en España el consumo de productos, servicios y experiencias turísticas'.


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a defender la labor de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas y Policías Locales, así como condenar los recientes episodios de violencia callejera, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hasél, fue condenado en 2014 por primera vez por enaltecimiento del terrorismo (una condena que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2015 aunque no tuvo que entrar en la cárcel puesto que fue
suspendida) debido al contenido amenazante de 12 de sus canciones que se publicaron en YouTube con frases que decían:


- 'No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto'.


- 'Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono'.


- 'Pena de muerte ya a las Infantas patéticas, por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética'.


- 'En mi escuela pública había violencia y no era etarra sino de retratos de la monarquía encima de la pizarra'.


- 'Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, solo pienso en matarlos'.


- 'Merece también un navajazo en el abdomen y colgarlo en una plaza'.


- 'Que li fotin una bomba, que revienten sus sesos y que sus cenizas las pongan en la puerta de la Paeria'.


Posteriormente ha sido condenado en tres ocasiones más (dos de esas condenas todavía no son firmes) por delitos como insultar, empujar y rociar con un líquido de limpieza a un periodista, nuevamente el enaltecimiento del terrorismo e
injurias a la Corona y contra las instituciones del Estado a través de sus canciones o mensajes en redes sociales como Twitter.


Una de esas condenas, que implicaba una pena de nueve meses de prisión además de multas, fue dictada en marzo de 2018 por la Audiencia Nacional (por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y contra las instituciones del Estado)
y, tras rechazar el Tribunal Constitucional un recurso de Hasél, ha devenido firme.


Para hacer cumplir las penas impuestas por la justicia, Pablo Hasél fue detenido el pasado 16 de febrero y tras su detención, la policía nacional tuvo que intervenir en varias concentraciones de apoyo en diferentes ciudades españolas,
Barcelona, Madrid, Valencia, Gerona, Lérida, Granada o Vigo, entre otras muchas, que aglutinaron a miles de personas y en las que los manifestantes lanzaron piedras, botellas y otros objetos a la línea policial realizaron barricadas con contenedores
y material de obra y pintadas, quemaron contenedores, vehículos y saquearon comercios.


Estos actos violentos han concluido con la detención de decenas de manifestantes, mossos y policías nacionales heridos como consecuencia de los ataques. Y ciudadanos, que han visto cómo sus negocios han sido destrozados o saqueados siendo
la puntilla a su maltrecha economía.



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Lamentablemente, en estos últimos días, estamos siendo testigos directos de una gran escalada de violencia callejera que cada vez se hace más agresiva en la ciudad de Barcelona, cuando el pasado sábado intentaron quemar a un policía de la
Guardia Urbana que estaba dentro de su furgoneta policial y que afortunadamente pudo abandonar a tiempo y salvar su vida. Una violencia que todos los demócratas debemos condenar ya que daña la convivencia y alienta el odio.


Desde el Grupo Popular condenamos los recientes ataques violentos contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, policías autonómicas y policías locales y los actos de pillaje y vandalismo en las calles de distintas ciudades españolas, así como
los ataques de odio sufridos en redes sociales por los portavoces de partidos políticos, representantes de los ciudadanos en general o ciudadanos anónimos por mostrar su rechazo y apoyar a los cuerpos de seguridad.


La incitación a la violencia y los discursos de odio no tienen cabida en la legalidad constitucional e internacional, ni en una sociedad respetuosa con los valores democráticos, por lo que deben quedar fuera de las instituciones, así como
quien los alienten y no los rechacen con contundencia, reprobables.


España es una democracia plena en la que todos los derechos están salvaguardados por la Constitución y las leyes y defendidos por las FCSE y los tribunales de justicia.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Condenar de manera firme y expresa las declaraciones de miembros del gobierno que ponen en duda que España sea una democracia plena, así como los mensajes de apoyo a los violentos.


2. Apoyar y defender la labor que realizan todos los días las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), Policías autonómicas y Policías locales protegiendo el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizando la seguridad ciudadana.


3. Incrementar los medios de prevención y lucha contra el pillaje a los comercios, la destrucción del mobiliario urbano y los discursos de odio. Así como defender el honor de las Instituciones Públicas y defender los pilares del Estado de
Derecho que velan por nuestra Democracia.


4. Convocar de urgencia la Junta de seguridad de Cataluña, donde continúan los disturbios y la violencia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-Antonio González Terol, Isabel María Borrego Cortés, Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para la defensa y promoción de la Escuela Pública, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


La escuela pública escolariza en España al 68 % del alumnado de las enseñanzas de régimen general previas a la universidad, con importantes diferencias en porcentajes según Comunidades Autónomas. Algunas políticas con medidas de recorte en
la financiación para gastos de mantenimiento de los centros, ampliación de la ratio, reducción del número de docentes, limitación en oferta educativa, de prestación de servicios complementarios, actividades extraescolares o no sustitución de
profesorado, son algunos de los motivos por los que la escuela pública necesita políticas de refuerzo.


Cabe recordar el contexto internacional en relación al papel, extensión y protección de la escuela pública. Según el Informe (de febrero de 2021) de la Fundación 1 de mayo elaborado por el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, la escuela pública es
la referencia incuestionable en los países occidentales. Con la



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excepción de dos países, Bélgica y Holanda, otros como Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia, importantes por la cuantía de su número de habitantes y por su peso específico en el mundo que conocemos, así como algunos como Finlandia,
Suecia o Dinamarca, que se suelen citar por sus éxitos escolares, gozan todos ellos de sistemas educativos vertebrados por la escuela pública.


La relevancia de la escuela pública en los países más desarrollados social y económicamente se suele pasar por alto cuando se comparan éxitos y fracasos escolares y se pasa por alto también el hecho de que en este grupo de países,
caracterizados todos por una larga trayectoria democrática, derecha e izquierda, demócratas y republicanos, laboristas y conservadores, socialdemócratas y democristianos, están de acuerdo en que sus sistemas educativos, por otra parte enormemente
diversos entre sí, se vertebren a través de centros públicos, creados y financiados por los poderes públicos.


La escuela pública no es de derechas ni de izquierdas. Es la escuela de y para todos los ciudadanos; cumple una función esencial, una necesidad, la de formar ciudadanos, pero también la de integrar clases sociales, comunidades culturales,
alumnos y alumnas de distintas procedencias sociales, culturales y religiosas. Es la que permite el ejercicio del derecho a la educación garantizando la igualdad de oportunidades, uniendo el desarrollo personal que se produce gracias a la
educación, con la integración en la sociedad a la que pertenecemos. Esto implica que cualquier familia de cualquier clase social, preferencia religiosa o cultural o pertenencia étnica y lugar de residencia, dispondrá para sus hijos de una escuela
pública de igual calidad que las restantes.


Esta es la grandeza de la escuela pública en los países occidentales y en España, por eso debe ser protegida, apoyada y cuidada como lo es en el resto de países europeos de referencia y de la OCDE.


Cualquier país que aspire a tener cohesión social debe tener un modelo de escuela que integre la diversidad social existente y que elimine cualquier tipo de gueto, porque la escuela no puede ser excluyente en una sociedad que tenga como meta
un Estado social y democrático de derecho.


Debemos recordar que la escuela pública escolariza mayoritariamente al grupo de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales (NEE), así como a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), como la
población inmigrante o estudiantes con discapacidad, no segrega y es gratuita, tal y como recoge la Constitución Española. Hechos y realidades que refuerzan su valor y la diferencian de otros modelos educativos. Estas diferencias educativas hacen
que las políticas que ignoran a la educación pública en algunas Comunidades Autónomas y favorecen determinados criterios de admisión, fomenten una escolarización homogénea frente a los principios de diversidad y heterogeneidad que deben caracterizar
la escuela pública, como sucede en los países del entorno europeo.


La consideración de la educación como un servicio público esencial exige que se cumplan unos niveles mínimos en la prestación cuya garantía es competencia de los poderes públicos y preservar el carácter vertebrador de la escuela pública tal
y como recoge la LOMLOE y como se infiere en los artículos 17, 23, 27 y 28 de la LODE.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, y en colaboración con las Comunidades Autónomas, a continuar reforzando el carácter vertebrador de la escuela pública como la red que garantiza plenamente el
derecho a la educación, recogido en la Constitución española, para lo que deberán:


1. Continuar incrementando la financiación educativa para garantizar un servicio de calidad, como suma de excelencia y equidad, en las distintas etapas obligatorias y no obligatorias.


2. Ampliar la oferta de actividades complementarias y extraescolares en la oferta educativa que atiendan a la formación integral de los estudiantes.


3. Seguir incrementando la creación de centros integrados de educación que comprendan todos los niveles escolares, desde la educación infantil al bachillerato.


4. Incrementar en los centros ordinarios los recursos humanos y materiales para poder atender en las mejores condiciones la diversidad y al alumnado con necesidades educativas especiales.


5. Impulsar el desarrollo profesional del profesorado y la carrera docente.


6. Velar por el cumplimiento de todos los criterios de admisión y equilibrio en la escolarización heterogénea del alumnado, entre los diferentes centros educativos según se recoge en la LOMLOE.



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7. Fortalecer la intervención de familias, profesorado, alumnado y del conjunto de la comunidad educativa en la gestión y control de los centros públicos a través de los órganos colegiados de gobierno y participación recogidos en la
LOMLOE.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2021.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para reducir el exceso de burocracia y mejorar la gestión en los centros de enseñanza, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


Existe entre los docentes un sentimiento generalizado de que su labor se centra cada vez más en la realización de tareas burocráticas que en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje.


Proliferan artículos de opinión publicados por docentes que lamentan el exceso de tareas burocráticas y cumplimentación mecánica de informes, evaluaciones, actas o memorias que ocupan una parte muy importante de los tiempos disponibles de
los docentes. En muchas ocasiones se percibe que el exceso de duplicidad de los trámites, repetición de tareas y papeles no son de utilidad y que en una buena parte de ocasiones, ni siquiera son leídos. Una percepción que hace generar
desmotivación y rechazo hacia estas tareas.


Según un informe sindical el 42 % de los docentes emplea cada semana entre 5 y 7 horas a estas cuestiones, un porcentaje que es del 28 % para los que aseguran que utilizan más de 7 horas. El 70 % de los consultados exceden su jornada
laboral porque, además de los trámites burocráticos requeridos, tienen que preparar sus clases, recursos y materiales, realizar correcciones y trabajar en la innovación de su metodología. Tiempo que aumenta aún más en los docentes que ejercen
funciones de tutoría.


Asimismo un estudio del Consejo Escolar de Canarias: 'Tareas de gestión docente. Propuestas de reducción de la burocracia en los centros educativos', elaborado por investigadores de la Universidad de las Palmas insta a simplificar el
papeleo. Señala que a pesar del elevado número de tareas, desde el sector docente se consideran importantes y necesarias, priorizando las relacionadas con la atención directa al alumnado: tomar decisiones sobre la promoción del alumnado y
asistencia a las sesiones de evaluación, así como gestionar conflictos y promover actividades para la mejora de la convivencia (acoso escolar, atención a la diversidad, a las familias). Sin embargo, la memoria y las adaptaciones curriculares son
los documentos más criticados, además de los procedimientos establecidos para controlar la asistencia del alumnado y para desarrollar el plan de sustituciones.


Estos sentimientos compartidos por docentes y sus representantes se muestran a la opinión pública cada vez que hay cambios legislativos, puesto que se deben adaptar las programaciones de centro, de departamentos, los proyectos de centro,
planes diversos conformes a la normativa vigente, lo cual supone un proceso de estrés añadido a la sobrecargada tarea burocrática del profesorado. La entrada en vigor de la LOMCE sobredimensionó el papeleo que los docentes debían y deben realizar a
diario, obligados a hacer informes de todo tipo: informes iniciales, de evaluación y finales. Pero fundamentalmente, las quejas de los profesores se centran en los estándares de aprendizaje de la LOMCE y la multitud de items que se deben
cumplimentar por cada alumno, el 96 % del profesorado llega a señalar que la evaluación por estándares de aprendizaje se ha convertido en una tarea más burocrática que pedagógica (inabarcable en la práctica).


A modo de resumen y de manera general entre algunas de las funciones y tareas que los docentes desarrollan y que pueden considerarse burocráticas encontramos los informes de todas las evaluaciones (iniciales, trimestrales y finales),
introducir y actualizar datos en los programas de gestión según cada autonomía, la recogida de datos personales del alumnado, del control y la justificación de las faltas de asistencia, de los partes disciplinarios y formar parte, con la dirección,
de las tomas de decisión respecto



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a las posibles sanciones. Del mismo modo, recogen información de sus alumnos y alumnas, que comparten con el resto del profesorado, para atender a las familias en las tutorías, reuniones de las que pueden tener que recoger acta. Dan de
alta o introducen adaptaciones curriculares, se reúnen con los departamentos de orientación educativa, redactan memorias y un informe individualizado de cada alumno/a al final de curso.


Además, asumen todo lo relativo a los refuerzos al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Redactan los proyectos o programas europeos a los que el colegio o el instituto aspira, así como los planes de mejora de centro, planes
de lectura, de convivencia, de igualdad... Más el trabajo propio de elaborar las programaciones didácticas y los materiales...


En algunos momentos del curso, estas tareas se multiplican. Hay comunidades autónomas en las que el Plan de Gratuidad de Libros de Texto es corresponsabilidad también de los docentes para la recogida de libros, revisión y reparto.


Esta sensación de carga burocrática se ha visto incrementada con la gestión asociada al estado de alarma y el confinamiento durante los meses de marzo hasta el final del curso pasado. El paso de la enseñanza presencial a distancia y todas
las adaptaciones de programaciones, criterios de evaluación e informes que fueron requeridos a los docentes supusieron un alto grado de exigencia de nuevas responsabilidades que deben ser reconocidas adecuadamente. Pero a su vez supusieron una
sobrecarga laboral, que debe ser evitada en el futuro.


Sin duda, de los errores de la LOMCE hay que aprender, y por tanto ahora que se está a tiempo, se debería evitar una situación repetida con la nueva ley, la LOMLOE, que debe priorizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, previendo el
equilibrio con las tareas burocráticas.


Los docentes no se sienten burócratas, sino educadores. Algunos estudios sindicales revelan la opinión de los docentes respecto a las tareas burocráticas a las que se enfrentan diariamente en sus centros, y el 96 % la considera 'excesivo'
el 'papeleo' y el 89 % cree que les perjudica en su atención al alumnado.


Poco a poco, se ha ido incrementando el tiempo dedicado a los papeles, a los ordenadores, a las estadísticas, a los números o a los informes y reduciendo la posibilidad de dedicarlo a las personas, a la interacción, a la escucha, a la
observación, a la intervención educativa, a la reflexión, al debate, a la innovación y a la coordinación docente.


Para lograr que el sistema educativo funcione adecuadamente se debe contar con profesionales motivados y cualificados. El profesorado está preparado para formar y enseñar al alumnado, ese debe ser su objetivo principal. Es preciso
diferenciar claramente entre competencias del personal docente y del de administración y servicios, simplificar y reducir la burocracia innecesaria, equilibrar las tareas que se deben desempeñar y distribuirlas adecuadamente entre los profesionales
del centro con el fin de evitar que los docentes se sientan más administrativos que docentes.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a coordinar, en el seno de la Conferencia Sectorial en consenso con las Comunidades Autónomas, un acuerdo para que, en el ámbito de sus competencias, reduzca el exceso de burocracia y mejore la
gestión en los centros de enseñanza que:


- Impulse la dotación a todos los centros de los medios tecnológicos adecuados para agilizar la tramitación de la documentación pedagógica y administrativa,


- Permita disponer desde principio de curso de todos los recursos y materiales para el alumnado y del personal adecuado para gestionar este material, así como los servicios de comedor, desayunos, transporte y otros complementarios.


- Armonice la normativa que regula los diferentes aspectos de los centros e instaure aplicaciones compatibles de gestión totalmente online, que permitan interactuar a toda la comunidad educativa,


- Simplifique los documentos de carácter pedagógico e institucional de los centros, evitando duplicidades y documentación innecesaria.


- Ajuste los horarios para que el profesorado disponga de tiempo para el trabajo de coordinación docente,


- Optimice los procedimientos y elimine procesos innecesarios.



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- Analice la posibilidad de introducir nuevos perfiles profesionales en los centros como complemento de ayuda a la realización de tareas administrativas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2021.-María Luz Martínez Seijo y Maribel García López, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Macarena Olona Choclán, don Víctor González Coello de Portugal, don Rodrigo Jiménez Revuelta, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Rubén Silvano Manso Olivar, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en
sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
provisión de la vacante existente en la Presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para su discusión en Pleno.


Exposición de motivos


Primero. La actividad empresarial del estado está encomendada, principalmente, a una entidad controlada por políticos sin conocimientos empresariales ni experiencia de gestión.


1. La actividad empresarial del Estado se instrumenta, principalmente, a través de dos pilares básicos, que aglutinan la mayoría de la participación estatal en las entidades de su sector público empresarial: el Grupo SEPI y el Grupo
Patrimonio. Ambos dependen del Ministerio de Hacienda.


2. De acuerdo con su propia página web, 'la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial. Su misión es
rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas las actuaciones atendiendo al interés público. De esta forma, la gestión de SEPI debe aunar la rentabilidad económica y la rentabilidad social'.


3. SEPI tiene la naturaleza jurídica de entidad pública empresarial ('EPE') y fue establecida por la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público, asumiendo las funciones del Instituto Nacional de
Industria (INI).


4. Esta EPE se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda, bajo la dependencia orgánica de la propia ministra, doña María Jesús Montero Cuadrado. Sin embargo, es llamativo que el artículo 10 de la citada Ley 5/1996 dispuso la adscripción
de SEPI 'al Ministerio de Industria y Energía, el cual ejercerá el control de eficacia sobre su actividad', algo indudablemente más apropiado al carácter y la misión de la entidad. De hecho, es llamativo que el instrumento estatal dirigido a
rentabilizar y maximizar las participaciones empresariales del Estado sea atribuido al departamento que ha de controlar el gasto y el cumplimiento del presupuesto, y no al Ministerio de Industria o al de Economía. Ello es, sin duda, una buena
muestra de la escasa mentalidad innovadora y empresarial de quienes se han alternado en los Gobiernos de la Nación.


5. SEPI es la matriz de un grupo de sociedades formado por 15 empresas participadas de forma directa y mayoritaria por el Estado. Estas constituyen propiamente el Grupo SEPI y reúnen una plantilla final de 80.000 personas. Entre ellas se
encuentran Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA ('Correos'), Navantia, SA, SME ('Navantia'), o Mercados Centrales de Abastecimiento, SA, SME ('Mercasa').


6. Asimismo, SEPI posee el 100 % de la Corporación RTVE, dispone de una fundación pública tutelada y ostenta participaciones directas minoritarias en nueve empresas (entre otras, Enagás, SA -'Enagás'-, Ebro Foods, SA -'Ebro Foods'- o Red
Eléctrica Corporación, SA -'Red Eléctrica'-) e indirectas en más de 100 sociedades.


7. SEPI es, en consecuencia, uno de los mayores grupos empresariales de España. Es claro que una correcta gestión de esta entidad sería extremadamente beneficiosa para España y para sus ciudadanos.


8. El otro grupo estatal de empresas pertenecientes a sectores no industriales es el denominado 'Grupo Patrimonio', incardinado orgánicamente en la Dirección General de Patrimonio del Estado



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(también dependiente del Ministerio de Hacienda). En este grupo se localizan sociedades como Paradores de Turismo de España, SA, SME ('Paradores'), la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SA, SME ('Loterías') o la Compañía
Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, Compañía de Seguros y Reaseguros, SME (CESCE).


9. Como se observa, bajo la directa dependencia del poder político y, en particular, de la ministra de Hacienda, se ubican un sinnúmero de empresas total o parcialmente participadas por el Estado. Como parece que no puede ser de otra
manera, el poder político orienta gran parte de sus actuaciones en SEPI no a la maximización del interés general, sino a su instrumentalización como un granero de sueldos públicos y altos cargos para ser destinados a sus deudores.


10. En las últimas semanas, distintos medios de comunicación han alertado de que SEPI, principal instrumento empresarial del Estado, ha cumplido 500 días sin presidente, actuando como tal el vicepresidente, de forma interina 1.


11. Lo anterior es especialmente relevante cuando el conglomerado empresarial estatal es responsable de la gestión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado y regulado por el artículo 2 del Real Decreto-ley 25/2020,
de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Este Fondo de rescate solo ha formalizado una operación, prestando 475 millones de euros a Air Europa Holding, SLU, Air Europa Líneas Aéreas, SAU y Aeronova, SLU
para facilitar su absorción por Iberia Líneas Aéreas de España, SA.


Segundo. El Gobierno actual ha hecho del nepotismo y de la falta de meritocracia las características fundamentales de su política de nombramientos de directivos públicos.


12. Tradicionalmente, un cambio de Gobierno supone el relevo de una pléyade de altos cargos en el Ejecutivo, en la Administración y en las empresas públicas. Ello impide que España disponga de una dirección pública estable,
profesionalizada e inmune a los vaivenes del poder político. En consecuencia, la calidad de nuestro sistema institucional se deteriora y los sistemas de contrapesos a posibles (y habituales) Gobiernos ineficaces desaparecen.


13. Lo anterior, que es por desgracia recurrente en nuestro sistema, ha alcanzado cotas de ignominia insuperables tras la vuelta al poder del Partido Socialista Obrero Español ('PSOE') en el mes de junio de 2018. De forma aún más acusada,
tras la génesis del Gobierno de coalición 'progresista' entre PSOE y Podemos en enero de 2020.


14. La voracidad de ambos partidos en la designación de altos cargos ha hecho de la cúpula del Gobierno, de la Administración General del Estado y de los sectores públicos institucional y empresarial una agencia de colocación al servicio de
los partidos referidos. El único objetivo es repartir prebendas entre amigos, devolver favores y sacar del paro a personas con escasa preparación y nula experiencia de gestión. Se han reducido al absurdo los mandatos de objetividad, independencia,
profesionalidad y transparencia exigidos por el ordenamiento jurídico.


15. Los hechos muestran que la práctica totalidad de los más altos puestos del Estado está copada por adláteres de los partidos del Gobierno de coalición. Veamos algunos ejemplos en el sector público empresarial:


(i) Red Eléctrica (participada por el Estado en un 20 % a través de SEPI).


En julio de 2018 fue nombrado presidente de esta mercantil estatal un exministro del PSOE, que dimitió a finales de enero de 2020 por desavenencias con la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, doña Teresa Ribera
Rodríguez. A este le sucedió una exministra de Vivienda, también con el PSOE, íntima amiga del actual presidente del Gobierno y a la que no se le conoce formación en materia de energía. El sueldo anual de quien ostenta este cargo asciende a
540.000 euros.


(ii) Paradores (participada al 100 % por el Estado a través de la Dirección General de Patrimonio).


También en julio de 2018 fue designado presidente y consejero delegado de Paradores un exsecretario general del PSOE castellanoleonés, exsecretario de Organización federal y exsenador por este partido. Por ello percibe un sueldo fijo anual
de 150.000 euros y un variable de hasta 32.000 euros a pesar de no tener formación empresarial ni experiencia de gestión alguna.


Adicionalmente, en julio de 2020 se nombraron dos nuevos miembros en el Consejo de Administración de Paradores: uno de ellos fue coordinador de la Secretaria de Participación, Redes e Innovación


1 https:/ / www.elmundo.es economial 2021/02 /12/ 60258646fdddffb6a38b4686.html.



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del PSOE y, hasta su nombramiento, era director del Gabinete Técnico del secretario general de Presidencia del Gobierno, don Félix Bolaños García, y miembro del Comité regional del PSOE de Murcia); otro era asesor parlamentario de la
ministra de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, en esta fecha se renovó en su cargo a un sindicalista de UGT y vinculado al PSOE.


(iii) Enagás (participada por el Estado en un 5 % a través de SEPI)


Los tres últimos propuestos por SEPI para formar parte, como independientes, del Consejo de Administración de esta compañía gasista están estrechamente vinculados a los partidos del Gobierno de coalición.


Así, uno de los dos miembros pertenecientes al PSOE fue secretario de Organización y vicesecretario general de este partido, diputado, ministro de Fomento y eurodiputado; el otro fue alcalde de Cornellá de Llobregat, presidente de la
Diputación de Barcelona, primer secretario del Partido Socialista de Cataluña ('PSC'), diputado, ministro de Industria, Comercio y Turismo, presidente de la Generalidad de Cataluña y senador.


El miembro vinculado a Podemos es el único de los tres que posee estudios superiores y se ha caracterizado por rechazar, desde su puesto en el Observatorio Crítico de la Energía, tanto el uso del gas como las grandes empresas que lo
promueven. Podemos instó su nombramiento en la 'Comisión Nacional de Expertos en Transición Energética' convocada por el gobierno de don Mariano Rajoy Brey.


(iv) Renfe Operadora SA, SME (participada al 100 % por el Estado).


Su presidente fue jefe de gabinete de don José Montilla Aguilera en el Ministerio de Industria, secretario general de Presidencia de la Generalidad de Cataluña en el mandato del señor Montilla Aguilera y secretario de Estado de Transportes
bajo la presidencia de don José Luis Rodríguez Zapatero.


(y) Correos (participada al 100 % por el Estado a través de SEPI).


Su máximo dirigente pasó en julio de 2018 de ser jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y del señor Sánchez Pérez-Castejón a ocupar la Presidencia de esta importante mercantil estatal, cargo que lleva aparejado un sueldo
anual de 200.000 euros. Tampoco se le conoce formación específica ni experiencia de gestión empresarial, a pesar de que Correos tiene una cifra de negocio de más de 2.000 millones de euros.


En los últimos días se ha conocido que Correos ha cuadruplicado la previsión oficial de pérdidas presentada a SEPI para el ejercicio 2021 (de los 68 millones de euros que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 a más de
300 millones). Ello, a pesar de que 2020 se ha caracterizado por un enorme crecimiento de las empresas de reparto y transporte.


(vi) AENA, SA, SME ('AENA', participada al 100% por el Estado).


Su presidente desde julio de 2018 fue portavoz del PSC en el Parlamento catalán y miembro del grupo de expertos que don Pedro Sánchez Pérez-Castejón creó para las elecciones de 2015. Por su cargo actual cobra un sueldo fijo de 156.000 euros
y un variable de hasta 12.000 euros.


Por otro lado, uno de los consejeros independientes de esta mercantil estatal desde enero de 2019 fue portavoz del partido Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados durante un largo período, así como consejero de Gobernación de la
Generalidad de Cataluña. Otro de los consejeros con esta calificación desde abril de 2019 fue alcalde de Barcelona con el PSC, y recientemente ha sido también designado presidente de Hispasat, SA a propuesta de SEPI.


(vii) Mercasa (participada al 100 % por el Estado a través de SEPI).


Mercasa es la sociedad mercantil estatal que gestiona la llamada 'Red de Mercas', compuesta por 23 grandes complejos de distribución mayorista del sector de la alimentación. Esta empresa controla el 65 % de las ventas de fruta y verdura en
nuestro país. Su presidente carece de la suficiente preparación académica para dicho puesto, habiendo sido designado en este cargo tras desempeñar cargos en política al servicio del PSOE en Alicante y la Comunidad Valenciana. Percibe 170.000 euros
anuales.


(viii) ENUSA Industrias Avanzadas, SA, SME ('ENUSA', participada al 100 % por el Estado a través de SEPI).


Esta mercantil estatal se dedica al sector de la energía nuclear y el medio ambiente. Su presidente fue nombrado para el cargo en julio de 2018. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, y su carrera



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profesional ha estado vinculada en todo momento al PSOE valenciano y, especialmente, al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Por este cargo recibe un sueldo anual de 210.000 euros.


(ix) Compañía Española de Tabaco en Rama, SA, SME ('Cetarsa', participada al 79,18 % por el Estado a través de SEPI).


En julio de 2018 fue designado presidente de Cetarsa (la mayor compañía del sector tabacalero en España) un afiliado al PSOE extremeño sin educación superior y cuya trayectoria laboral se ha limitado a enlazar puestos públicos vinculados a
dicho partido (senador por Cáceres, presidente de la Diputación de Cáceres o alcalde de Casar de Cáceres). La Presidencia que ostenta lleva aparejado un sueldo de 140.000 euros anuales.


(x) Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA, SME ('ENRESA', participada al 20 % por el Estado a través de SEPI).


El presidente de ENRESA, desde julio de 2018, proviene también de la Junta de Extremadura, donde ha desempeñado varios cargos de responsabilidad bajo el auspicio del PSOE.


(xi) Sociedad Estatal de Acción Cultural, SA ('SEACSA', participada al 100 % por el Estado a través de la Dirección General de Patrimonio).


En febrero de 2020 fue nombrado presidente de SEACSA un reputado miembro del PSOE que ha desempeñado numerosos cargos de confianza, como jefe de Gabinete de don José Luis Rodríguez Zapatero (200-2004) o secretario de Cultura de la Comisión
Ejecutiva Federal del partido (20042012), además de haber sido diputado por Málaga en el Congreso entre los años 2004 y 2016.


16. Es conocido que la actual ministra de Hacienda ostentaba hasta su nombramiento el cargo de consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, bajo la Presidencia de doña Susana Díaz Pacheco.


17. Y, por si los ejemplos anteriores no fueran suficientes para hacerse una idea del nepotismo existente en el sector público empresarial del Estado y en el Ministerio de Hacienda, no puede pasarse por alto el curioso fenómeno que ha
supuesto la designación ministerial de la señora Montero Cuadrado: el desembarco de un gran número de socialistas andaluces que habían quedado relegados en la nueva administración autonómica después de 40 años de gobierno continuado del PSOE. Así:


(i) SEPI Desarrollo Empresarial, SA, SME ('Sepides', participada al 100 % por el Estado a través de SEPI).


Sepides es la mercantil encargada de rentabilizar las acciones y participaciones del Grupo SEPI. Su actual presidente, al que los medios de comunicación otorgan posibilidades para ser presidente de SEPI, ha trabajado durante años en puestos
vinculados al PSOE y al abrigo de la ministra de Hacienda. La Presidencia de Sepides conlleva la percepción de un salario anual de 116.000 euros.


Asimismo, el actual secretario general y del Consejo de Administración y director de la asesoría jurídica de Sepides fue hasta su nombramiento letrado jefe del Servicio Jurídico Provincial de Almería, incardinado orgánicamente en la entonces
Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática del gobierno andaluz, entonces en manos del PSOE.


(ii) Navantia (participada al 100 % por el Estado a través de SEPI).


Navantia es la mercantil estatal dedicada al diseño y construcción de buques y de sistemas de combate. Su expresidenta fue nombrada para el cargo en julio de 2018 tras haber desempeñado anteriormente varios puestos vinculados al PSOE en la
Junta de Andalucía, al refugio de la señora Montero Cuadrado (el último, de coordinadora del servicio de extinción de incendios). Cesó recientemente, habiendo percibido por este cargo un sueldo anual de 181.300 euros.


El nombramiento de la persona mencionada trajo consigo, asimismo, la destitución de don Alejandro Ballestero de Diego de la Presidencia de Sainsel Sistemas Navales, SAU, sociedad participada por Navantia e Indra y designado por el Gobierno
anterior. Ello, pese a que en su mandato había logrado unos notables resultados económicos en comparación con la trayectoria anterior de la mercantil.


Asimismo, en Navantia ha sido designado consejero un asesor de la ministra de Trabajo y Economía Social, doña Yolanda Díaz Pérez, que, hasta su designación en el Ministerio, fungía como diputado de En Marea-Podemos en el Parlamento regional
de Galicia.



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(iii) Loterías (participada al 100 % por el Estado a través de la Dirección General de Patrimonio).


El presidente de Loterías desde el 26 de julio de 2018 percibe por el ejercicio de dicho cargo un salario anual de alrededor de 214.000 euros. Sus antecedentes son el desempeño de diversos puestos de responsabilidad en la Junta de Andalucía
durante la larga administración socialista, entre ellos los de director general de Política Digital o de Presupuestos, ambos bajo las órdenes de la actual ministra de Hacienda.


(iv) Indra Sistemas, SA ('Indra', participada al 20 % por el Estado a través de SEPI).


Indra ha incorporado recientemente a su Consejo de Administración a un exministro de Industria, Turismo y Comercio y excandidato a la Alcaldía de Madrid por el PSOE, así como a un diputado socialista por Sevilla desde 1986 a 2011, ambos
propuestos por SEPI.


(v) Ebro Foods (participada al 13,36 % por el Estado a través de SEPI).


Esta compañía es la mayor del sector de la alimentación en España, con cifras de ventas astronómicas. Pues bien, en diciembre de 2018 se nombró miembro de su Consejo de Administración a un funcionario de la Junta de Andalucía que desempeñó
diversos puestos bajo el mandato, también, de la señora Montero Cuadrado.


18. Paradójicamente, el Gobierno 'más feminista de la historia de España' apenas cuenta con mujeres para la dirección de las empresas públicas incardinadas en la Administración General del Estado.


Tercero. La presidencia de SEPI se encuentra vacante desde octubre de 2019.


19. El artículo 15.1 de la Ley 5/1996 establece que 'el Presidente y el Vicepresidente de la Sociedad, que tendrán la condición de alto cargo, serán nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Hacienda y
Función Pública. [...] El Vicepresidente de la Sociedad sustituirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerá aquellas funciones que el Presidente o el Consejo le deleguen'.


20. Por su parte, el artículo 2.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado preceptúa que 'el nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas [...].
Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar'. Asimismo, 'el ejercicio del alto cargo queda sometido a la observancia [...] de los siguientes principios':
interés general, integridad, objetividad, transparencia y responsabilidad y austeridad.


21. Teniendo en cuenta el contexto referido en el expositivo anterior, no es de extrañar que en el Real Decreto 616/2018, de 22 de junio se designase como presidente de SEPI a una persona íntimamente ligado a la ministra a la que se
encomendaba el control de esta EPE, doña María Jesús Montero Cuadrado.


22. En el momento de su nombramiento, y desde 2016, el designado presidente sirvió como titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que es el máximo órgano de control interno y de contabilidad pública de la gestión
económica de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades dependientes. La Intervención General estaba adscrita a la entonces Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirigía la actual ministra de Hacienda.
Anteriormente, ejerció como secretario general de Innovación, Industria y Energía en la Junta de Andalucía.


23. Tras su dimisión, y ante la falta de provisión de un nuevo presidente, el vicepresidente de SEPI, don Bartolomé Lora Toro, asumió de forma interina las funciones de presidente el 5 de octubre de 2019.


Cuarto. Debe nombrarse cuanto antes un nuevo presidente que reúna los caracteres de excelencia personal y profesional y de experiencia de buena gestión.


24. Anteriormente se ha evidenciado la rapidez del Gobierno para la colocación de personas de su entorno en las distintas empresas públicas, así como el amplio historial de nombramientos efectuado. Esto provoca que resulte aún más extraño
que, más de 500 días después de la dimisión del nombrado presidente de SEPI, el importante holding de empresas públicas y semipúblicas continúe sin máximo dirigente. Ello, en un contexto de emergencia económica en el que es imprescindible que esta
desarrolle sus labores a su máxima capacidad.


25. Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto cómo uno de los principales grupos empresariales del país está sometido al capricho personal del titular correspondiente del departamento de Hacienda, y



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no a los criterios objetivos que deberían regir en este tipo de supuestos. El retraso doloso en el nombramiento de un nuevo presidente de SEPI es una nueva muestra de la degradación y el descaro en que está instalada la clase política
dirigente.


26. Como se ha evidenciado, la política de nombramientos del Gobierno no invita a la esperanza. Sin embargo, es indispensable que se proceda de inmediato a la designación de una persona que reúna la idoneidad, la honorabilidad y la 'debida
formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar' exigidas por la Ley.


27. Adicionalmente, la persona nombrada ha de ser independiente a las presiones de un Gobierno que torpedea sistemáticamente los mandatos de excelencia, objetividad, independencia, profesionalidad y transparencia exigidos por el
ordenamiento jurídico para quienes se incorporen a puestos de dirección pública. Estos requisitos deben observarse con mayor esmero en un cargo de la envergadura y responsabilidad del presidente de SEPI.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a nombrar, mediante el procedimiento establecido en la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público, y de acuerdo con los requisitos señalados en la Ley
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, un nuevo presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de manera que se designe para este alto cargo de la Administración a
una persona de sobresaliente experiencia profesional en los campos económico, empresarial e industrial, de robusta independencia y reconocido prestigio.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2021.-Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez Revuelta, Inés María Cañizares Pacheco, Rubén Silvano Manso Olivar, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y José María Figaredo
Álvarez-Sala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


162/000574


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don Francisco Javier Ortega Smith-Molina y don Eduardo Luis Ruis Navarro, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inscripción del nasciturus en el Registro Civil, para su discusión en
Pleno.


Exposición de motivos


Primero. Naturaleza jurídica del nasciturus.


1. Se define como nasciturus al ser humano 'concebido pero no nacido' 2.


2. Existen diversas teorías sobre cuándo comienza el embrión humano a ser considerado persona a nivel jurídico; las más conocidas son la de la concepción (el embrión adquiere la personalidad cuando es concebido) y la del nacimiento (es
considerado persona cuando nace) 3. El ordenamiento español ha acogido la segunda de ellas, según se infiere de la redacción del artículo 30 del Código Civil ('CC'):


'La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno'.


2 https://dpei.rae.es/lema/nasciturus.


3 Ver, entre otros, https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF 1 iTAAAU N DS1 NTtbLUouLM DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt­ckh1QaptWmJ0cSoAthBgRDUAAAA=WKE#:-:text=Se%20considera%20concebido%20y7020no,hubi
era%20desprendido%20del%20seno%20materno, página 1.



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3. A tenor del referido artículo, el nasciturus no tiene cabida en el concepto jurídico civil español de persona.


4. Ello no obsta para que sea considerado un bien jurídico protegido por el ordenamiento, como acertada y pormenorizadamente describe, en relación con el derecho a la vida, la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril
('STC 1985'):


'Si la Constitución protege la vida [...], no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma; por
lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto este encarna un valor fundamental -la vida humana-, garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento
constitucional 4.


'Esta conclusión resulta también de los debates parlamentarios en torno a la elaboración del mencionado artículo del texto constitucional. [...] En el Pleno del Congreso fue defendida una enmienda -aprobada por mayoría- que proponía
utilizar el término 'todos' en sustitución de la expresión 'todas las personas', [...] con la finalidad de incluir al nasciturus. [...] El sentido objetivo del debate parlamentario corrobora que el nasciturus está protegido por el artículo 15 de la
Constitución aun cuando no permite afirmar que sea titular de derecho fundamental 5.


5. El fundamento jurídico de la consideración del nasciturus como sujeto de derechos es la llamada teoría de la pendencia o de la expectativa ('spem nacendí'), que tiene su origen en el Derecho Romano 6 -nasciturus pro iam nato habetur,
quotiens de commodis eius agitur, reza el aforismo clásico-. En su virtud, respecto de aquello que suponga un beneficio (commodum) para el nasciturus, se reputará a este por nacido 7.


6. Como concreción de esta teoría, el ordenamiento jurídico español reconoce una serie de derechos y efectos favorables al nasciturus aunque aún no sea considerado persona en términos civiles. Así se regula de forma explícita en el
artículo 29 CC:


'El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente'.


7. Ejemplos del reconocimiento de derechos al nasciturus son, entre otros, los siguientes, pertenecientes tanto a la esfera patrimonial como a la extrapatrimonial:


Artículo 627 CC: 'Las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos podrán ser aceptadas por las personas que legítimamente los representarían si se hubiera verificado ya su nacimiento'.


Artículo 959 CC: 'Cuando la viuda crea haber quedado encinta, deberá ponerlo en conocimiento de los que tengan a la herencia un derecho de tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo'.


Artículo 6.1.2.° de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ('LEC'): 'Podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles: [...] 2.° El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables' 8.


Artículo 7.3 LEC: 'Por los concebidos y no nacidos comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido'.


Segundo. Imposibilidad de inscripción del nasciturus en el registro civil según la vigente legislación.


4 Fundamento jurídico quinto.


5 Ídem.


6 Según expone Blanch Nougués, J. M., en 'El concebido en el Derecho civil español, alemán e iberoamericano: un problema conceptual y valorativo a la luz de la tradición jurídica', Anuario de Derecho Civil, Vol. 54, n.° 3, 2001, p. 1152,
tal interpretación de la doctrina romana fue acogida por el derecho histórico español merced a las Siete Partidas de Alfonso X, el Sabio. Concretamente, la Partida IV, título XXII, Ley III, afirma:?'Mientras que estuviere la criatura en el vientre
de su madre, toda cosa que se haga o se diga a favor suyo le aproveche como si hubiese nacido, pero lo que fuese dicho o hecho en daño de su persona o de sus cosas no le perjudica'.


7 Sobre el particular escribe Cazorla González-Serrano, M. C., 'La protección jurídica del nasciturus en el ordenamiento jurídico español', Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, n.º 15, 2017, página 3 de la versión en línea:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6056867.pdf.


8 Resulta sumamente paradójico que el nasciturus no sea considerado persona, pero sí se le permita personarse en un procedimiento jurídico.



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8. El Registro Civil, según afirma el artículo 2.2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil ('LRC'), 'tiene por objeto hacer constar oficialmente los hechos y actos que se refieren al estado civil de las personas y aquellos
otros que determine la presente Ley'. De la literalidad de este precepto se desprende claramente que hay dos clases de hechos o datos inscribibles: (i) los relativos al estado civil de las personas, y (ii) otros que determine la LRC.


9. Sin embargo, el artículo 4 LRC que regula los 'hechos y actos inscribibles' solo hace referencia a los primeros, aquellos 'que se refieren a la identidad, estado civil y demás circunstancias de la persona:


1.° El nacimiento.


2.° La filiación.


3.° El nombre y los apellidos y sus cambios.


4.° El sexo y el cambio de sexo.


5.° La nacionalidad y la vecindad civil.


6.° La emancipación y el beneficio de la mayor edad.


7.° El matrimonio. La separación, nulidad y divorcio.


8.° El régimen económico matrimonial legal o pactado.


9.° Las relaciones paterno-filiales y sus modificaciones.


10.° La modificación judicial de la capacidad de las personas, así como la que derive de la declaración de concurso de las personas físicas.


11.° La tutela, la curatela y demás representaciones legales y sus modificaciones.


12.° Los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.


13.° La autotutela y los apoderamientos preventivos.


14.° Las declaraciones de ausencia y fallecimiento.


15.° La defunción'.


10. Toda vez que este listado es numerus clausus y el nasciturus no se encuentra entre las realidades causales de la inscripción, actualmente no puede ser objeto de inscripción en los Libros del Registro Civil, pese a que tendría cabida a
priori en 'aquellos otros' 'hechos y actos' a que se refiere el mencionado artículo 2.2 LRC.


11. La única excepción -parcial- a lo antedicho es la recogida en la disposición adicional 41 LRC:


'Figurarán en un archivo del Registro Civil, sin efectos jurídicos, los fallecimientos que se produzcan con posterioridad a los seis meses de gestación y no cumplieran las condiciones previstas en el artículo 30 del Código Civil, pudiendo
los progenitores otorgar un nombre.


Este archivo quedará sometido al régimen de publicidad restringida'.


Sin embargo, como puede observarse, se trata de una inscripción residual, porque (i) despliega como único efecto jurídico la posibilidad de que los padres otorguen un nombre al nasciturus; (ii) está limitada al período entre los 6 y los 9
meses de gestación; y (iii) se efectúa en un archivo distinto al de los Libros del Registro.


12. La inscripción del nasciturus desde el momento de su concepción traería aparejada una serie de efectos beneficiosos para él e, indirectamente, para su familia. El primero y principal es el mero reconocimiento de su existencia (y de su
eventual fallecimiento, si el embarazo se frustra), y de él derivan todos los demás. Sin ánimo de resultar exhaustivos, mencionaremos algunas de las posibilidades aparejadas a la inscripción registral del nasciturus:


- Efectuar y registrar una disposición preventiva de tutela del nasciturus para el caso de que sus progenitores falten.


- Constituir un patrimonio protegido del nasciturus, si se tiene constancia de que nacerá con alguna discapacidad grave. En consecuencia, posibilidad de aportación de bienes o derechos a dicho patrimonio sin esperar al nacimiento.


- Nombrar al nasciturus titular o cotitular de empresas familiares.


- Determinar e inscribir registralmente la filiación del nasciturus en casos complejos, tales como procesos judiciales matrimoniales o hereditarios en curso.


- Reconocerle derechos hereditarios que, de no ser así, tendría que reclamar luego, quizás en vía judicial.



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- Inscribir la defunción del nasciturus para mayor seguridad jurídica de sus coherederos o de terceras personas con interés legítimo.


- Solicitar la asignación de médico especialista, cuando se prevea que el nasciturus lo requerirá, por razones de salud.


- Solicitar ayudas aparejadas al nacimiento del menor o a la tenencia de un número determinado de hijos.


- Solicitar la nacionalidad o el permiso de residencia para el nasciturus.


- Solicitar el empadronamiento, lo que posibilita la obtención de otros derechos asociados a él, como la solicitud de plazas escolares o de guardería.


- Tramitar visados o permisos de viajes que deban tener lugar nada más nacer el nasciturus, cuando los países receptores así lo requieran.


13. Según reza la exposición de motivos LRC, el Registro pretende 'adaptarse a los valores de la Constitución Española' ('CE'). Y lo cierto es que la CE:


- Contempla, según la interpretación del Tribunal Constitucional a la que nos hemos referido anteriormente, que entre 'todos' los que 'tienen derecho a la vida' (artículo 15 CE) se cuenta también al nasciturus, no en cuanto sujeto del
derecho fundamental pero sí en cuanto bien jurídico protegido.


- Pretende, adicionalmente, proteger la familia y a los hijos (artículo 53 CE).


14. Puede, por tanto, afirmarse que la protección de la vida del nasciturus es uno de los 'valores de la Constitución Española' a los que el Registro Civil ha de adaptarse. Esto puede hacerse permitiendo que aquel pueda ser inscrito con
plenos efectos jurídicos desde el momento de su concepción.


Tercero. Propuesta del Grupo Parlamentario VOX


15. En síntesis, es claro que:


- El nasciturus, aunque no sea persona jurídica, sí debe gozar de la protección del ordenamiento en tanto que bien jurídico protegido.


- Dicha protección se materializa en aceptar la aplicación de las normas y el reconocimiento de los derechos que le sean favorables.


- La inscripción en el Registro Civil del nasciturus presenta numerosos beneficios para este (y, adicionalmente, para sus familias). Y actualmente solo se permite de forma limitada en el tiempo y en sus efectos jurídicos.


- Reconocer la posibilidad de que la existencia del nasciturus se inscriba en los Libros del Registro desde su inicio se halla en plena consonancia con los valores de la CE, con la doctrina de la STC y con la ratio legis de la LRC.


16. En conclusión, una interpretación sistemática y de equidad de las normas y doctrina expuestas lleva a concluir que ha de admitirse la inscripción del nasciturus en los Libros del Registro Civil con plenos efectos jurídicos desde el
momento de su concepción, cuando así lo soliciten uno o ambos progenitores, en tanto que son quienes han de ejercer en su nombre los derechos que el ordenamiento le reconoce.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las modificaciones oportunas de la vigente Ley del Registro Civil y demás normas concordantes para posibilitar la inscripción con plenos efectos jurídicos del nasciturus en los
Libros del Registro Civil, a solicitud de uno o ambos progenitores, desde el momento de su concepción.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2021.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina y Eduardo Luis Ruiz Navarro, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros y de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario
VOX.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un Plan de Medidas y Acciones políticas del Gobierno para combatir la
situación de precariedad de la juventud, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


La Constitución española establece en su artículo 48 que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y laboral. Este mandato, incluido en el capítulo
dedicado a los principios rectores de la vida económica y social, se debe complementar con otros preceptos constitucionales que establecen principios y derechos fundamentales de gran relevancia para los jóvenes, como el artículo 35.1: 'todos los
españoles tienen el derecho al trabajo'; el artículo 40.1: '... los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo'; el artículo 40.2: 'los poderes públicos garantizarán la formación profesional'; artículo 47: 'todos los
españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada'; artículo 42: '... el Estado orientará su política hacia el retorno de los trabajadores españoles en el extranjero'; artículo 27, que reconoce el derecho a la educación; artículo 39,
dedicado a la protección de la familia.


Sin embargo, como consecuencia de la crisis económica y financiera de 2008, que ya arrastraba un desempleo juvenil estructural, y ahora bajo los efectos de la pandemia, venimos asistiendo a un proceso de precarización general de la juventud,
de la generación mejor preparada, que se manifiesta de diferentes formas y aleja la realidad española de la que preveía la CE en los preceptos descritos.


Dicha realidad se concreta en que el sector de la población joven, junto a los parados de larga duración, es uno de los más afectados por la situación de crisis que atraviesa la actividad económica del país tras los acontecimientos derivados
del coronavirus.


El notable aumento del desempleo en España, de un empleo juvenil en nuestro país ligado a la precariedad y a la temporalidad, junto a otros elementos como los pasados recortes de servicios públicos, el desprecio a las políticas públicas, la
desafección de la sociedad hacia la política ante los casos de corrupción, etc, provocaron el surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y productivo, así como a cuestionar el funcionamiento del sistema político
exigiendo una regeneración de la democracia. El movimiento social más importante fue el denominado 15M en 2011 que surgió, además, por la precariedad de los contratos laborales y por empeorar las condiciones económicas de las clases media y de las
más humildes.


En este estado de cosas, la pandemia dificulta aún más la emancipación de los jóvenes al fragilizar el empleo juvenil, perjudica la estabilidad en el trabajo, imposibilita la consecución de una vivienda a precio razonable, impide el
desarrollo de una agenda de actividades para la socialización en una etapa de la vida tan necesaria para las personas jóvenes, retrasa la aspiración a crear una familia y ser madres y padres -con su incidencia en las políticas demográficas- e
incluso complica tremendamente la aspiración de la gente joven a alcanzar, en su día, una pensión digna.


La pandemia ha llegado cuando llevábamos años arrastrando una fragilidad del empleo juvenil, con unos niveles de paro muy elevados. El paro Juvenil se ha incrementado en 2020, según la Encuesta de Población Activa (EPA), hasta el 40 % entre
menores de 25 años y frente a un tasa de paro en España del 16,1 % , buen número de jóvenes que ni estudian ni trabajan se han quedado fuera del escudo social acordado por el Gobierno con los agentes sociales mediante los ERTE y el Ingreso Mínimo
Vital, y otros se ven imposibilitados de acceder al mercado laboral o sometidos a unas condiciones precarias de trabajo.


Este conjunto de problemáticas hace que nos encontremos ante un proceso de precariedad y de supervivencia de muchos jóvenes que les puede llevar a la radicalización. Igualmente, el sistema pone patas arriba algo tan importante como idear
proyectos de vida digna. Esta incertidumbre para los jóvenes, que viene desde la crisis de 2008 y aumenta con la pandemia, va acumulando malestar general y aumenta su desconfianza hacia el sistema y las instituciones.


Podemos estar asistiendo a un punto límite en la desesperanza de una generación que contempla el riesgo permanente de la inseguridad laboral y el precariado, lo que debe llevar al Gobierno a desactivar cualquier válvula de escape que
precipite un fenómeno de explosión social como reacción.



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El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en la cumbre telemática de Davos, el pasado 25 de enero de 2021, que el desempleo juvenil en España es 'inaceptablemente alto'. Ante ello, recalcó que es una cuestión clave en la agenda,
centrada en mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de la nueva ley educativa.


Porque el Gobierno, ante la situación, no permanece con los brazos cruzados. De ahí que en el acto de Davos, se comprometió a invertir 750 millones aprovechando el Plan de Recuperación y Resiliencia.


Así, el Gobierno tiene en agenda acometer una modernización del diseño de las políticas activas de empleo, el reforzamiento de la Formación Profesional, priorizar la formación digital, revisar los incentivos para la contratación de jóvenes y
reforzar los contratos en prácticas de manera que no se utilicen para disponer de mano de obra barata sino para garantizar el aprendizaje de los jóvenes.


Por otra parte, con los Presupuestos Generales del Estado, recientemente aprobados, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, los Fondos Europeos con sus 140.000 millones de euros en ayudas y los 11.000
millones de un nuevo Plan de ayudas a los autónomos y pequeñas empresas, el Gobierno aspira no solo a apoyar la recuperación económica tras el hundimiento que ha provocado la COVID-19, sino a llevar a cabo una transformación de nuestro modelo
económico, con oferta de recursos a diferentes sectores de la economía del país.


La precariedad juvenil debe llevar al Congreso a impulsar la acción de gobierno para actuar y revertir las tasas de desempleo juvenil más elevadas de Europa, a fomentar la creación de empleo de calidad y sostenible frente al alto porcentaje
de contratos temporales, a promover la vuelta de los jóvenes que salieron de España para buscar un trabajo, a reducir la tasa de fracaso y abandono escolar, a evitar los riesgos de exclusión y pobreza para una parte creciente de la juventud, a
consolidar la moratoria de desahucios en el actual escenario, a modernizar y facilitar el acceso a la Formación Profesional como palanca para acreditar las competencias de preparación y competitividad de personas para acceder al mercado laboral, a
promover políticas de viviendas públicas dignas en especial en alquiler para que resulten accesibles a los jóvenes, a incrementar las becas, a revisar los problemas existentes para que algunos jóvenes puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital, a
combatir la pobreza infantil, a incorporar a los jóvenes, en definitiva, a una participación activa en la toma de decisiones públicas.


En relación con las actuaciones en política de empleo, es de interés el informe sobre Jóvenes y mercado de trabajo en España, noviembre de 2020, aprobado por el Consejo Económico y Social. El CES propone transformar el Plan de Garantía
Juvenil con apoyo del Consejo Europeo para combatir el paro entre los menores de 25 años, así como incentivar la contratación indefinida de jóvenes y garantizarles un empleo juvenil de calidad. Por otra parte, el CES recomienda blindar el Plan de
Choque por el Empleo Joven. El objetivo es que España no tenga otra 'generación perdida'.


Con base en las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso insta al Gobierno a garantizar la aplicación efectiva de las previsiones de la Constitución relacionadas con la necesaria promoción por parte de los poderes públicos de las condiciones para la participación de la juventud en el
desarrollo político, económico, laboral y social, impulsando para ello los planes gubernamentales acordados en el marco de la recuperación económica y social, y desarrollando las medidas y acciones específicas de gobierno para hacer frente al
proceso de precariedad general que sufre la población joven, situación agravada ahora por la pandemia, de modo que pueda acceder al disfrute de los derechos constitucionales que representa el estado de bienestar.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2021.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las
preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


Núm. expte.: 184/033343


Núm. registro: 82838


Autor iniciativa: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP), Angulo Romero, María Teresa (GP), Casero Ávila, Alberto (GP).


Objeto iniciativa: Injerencias externas en la ejecución de los contratos de obras o servicios de ADIF, motivos para no autorizar la visita del Alcalde de Plasencia a la obra de la estación de dicha ciudad y motivos por los que se ha
sustituido a parte del personal directivo vinculado a la ejecución de esta obras, así como procedimientos y plazos establecidos por ADIF para tramitar las visitas de representantes públicos, y previsiones de dicha Entidad acerca de reconsiderar la
financiación del muro de la calle Factor.


Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 211, de 1 de febrero de 2021.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000836.


Comisión sobre Seguridad Vial


Núm. expte.: 184/034239


Núm. registro: 84599


Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP), Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP).


Objeto iniciativa: Número de multas abonadas en el período voluntario de pago en el año 2018 a la Jefatura Central de Tráfico, así como porcentaje del total de sanciones de tráfico impuestas que representan e importe al que ascendió el
total de dichas multas.


Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000834.


Núm. expte.: 184/034240


Núm. registro: 84600


Autor iniciativa: Gamazo Micó, Óscar (GP), Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP).


Objeto iniciativa: Número de multas abonadas en el período voluntario de pago en el año 2019 a la Jefatura Central de Tráfico, así como porcentaje del total de sanciones de tráfico impuestas que representan e importe al que ascendió el
total de dichas multas.


Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 8 de febrero de 2021.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000835.



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SECRETARÍA GENERAL


292/000017


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, en uso de las atribuciones conferidas por delegación de la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación, en la Sección Congreso de
los Diputados del BOCG, del Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 11 de febrero de 2020 por el que se designa como Vocal de la Comisión de Selección del proceso selectivo para la provisión, en régimen de contratación laboral, de una
plaza de Oficial de la Brigada de Mantenimiento, especialidad de Carpintería, una plaza de Oficial de la Brigada de Mantenimiento, especialidad de Fontanería y una plaza de Oficial de la Brigada de Mantenimiento, especialidad de Cerrajería, con
destino en la Unidad de Mantenimiento de la Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados (convocatoria pública de 5 de abril de 2019) al Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez Illana, Secretario
Cuarto de la Mesa en sustitución de la Excma. Sra. D.ª Patricia Reyes Rivera, Secretaria Cuarta de la Mesa en la XIII Legislatura, quedando integrada dicha Comisión de Selección por los siguientes miembros:


- Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez Illana, Secretario Cuarto del Congreso de los Diputados, que presidirá la Comisión.


- Ilma. Sra. D.ª Mercedes Araújo Díaz de Terán, Secretaria General Adjunta para Asuntos Administrativos del Congreso de los Diputados.


- Ilma. Sra. D.ª Mónica Moreno Fernández-Santa Cruz, Directora de Recursos Humanos y Gobierno Interior del Congreso de los Diputados.


- Ilmo. Sr. D. Ignacio Carbajal Iranzo, Director en funciones de la Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones del Congreso de los Diputados.


- D. Carlos Pastor Arranz, Subencargado de la Unidad de Mantenimiento.


- D. Félix Bravo Pérez, Responsable del Área de Mantenimiento, que actuará como Secretario.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.