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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 232, de 03/03/2021
cve: BOCG-14-D-232
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de marzo de 2021
Núm. 232
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002109 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del derecho fundamental a la propiedad privada consagrado por la Constitución española ...
Comisión de Justicia
161/002093 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a recurrir la Sentencia de segunda instancia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña sobre la propiedad del Pazo de Meirás
... (Página7)
161/002110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre las inmatriculaciones irregulares de la Iglesia Católica ... (Página9)
Comisión de Hacienda
161/002077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reducir el tipo del IVA aplicado al servicio de peluquería, barbería y estética ... (Página10)
161/002082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reforma de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, plusvalía municipal ...
161/002086 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la tributación conjunta de la declaración del IRPF ... (Página13)
161/002087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la reforma del Impuesto de Sociedades para incentivar la inversión en I+D+i ... (Página13)
161/002108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas fiscales para reactivar el sector de la automoción ... (Página14)
Comisión de Interior
161/002095 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la condena de los altercados ocurridos en varias ciudades españolas en las manifestaciones en favor del rapero condenado Pablo Hasél, así como de apoyo
a la labor llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los mismos ... (Página16)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002098 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre aplicación de herramientas de Big Data para la movilidad en España ... (Página17)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/002102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar y desarrollar la regulación del Marco Español de las Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente ...
161/002103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar una nueva ordenación de un sistema unificado de Formación Profesional que adapte la actual regulación (LO 5/2002) a
las necesidades actuales de la formación ... (Página20)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que las mujeres que vean perjudicada su pensión con la aprobación del nuevo
complemento a las pensiones tengan derecho de opción ... (Página21)
161/002101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a erradicar la brecha digital como elemento determinante de exclusión social ... (Página23)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al impulso y reactivación del sector turístico español. Retirada ... (Página25)
161/002096 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso del desarrollo e implantación del hidrógeno en España ... (Página25)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Registro Nacional de Animales de Compañía ... (Página26)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002089 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas para la mejora de la administración de los fondos de la Unión Europea ... (Página27)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002097 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso del desarrollo e implantación del hidrógeno en España ... (Página28)
161/002111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a abordar de manera integral la problemática de los 'montes de socios' ... (Página29)
161/002112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para garantizar el equilibrio y un trato justo y equitativo de los ganaderos frente a los daños causados por lobo ibérico y otras especies protegidas ...
Comisión de Cultura y Deporte
161/002094 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la erradicación de la LGTBIfobia en el ámbito deportivo, especialmente en el fútbol ... (Página32)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/002081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un nuevo plan para mejorar las competencias digitales básicas y avanzadas ... (Página34)
161/002083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la creación de un mecanismo de compensaciones directas a los sectores afectados por la crisis de la COVID-19 ... (Página35)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre exención total del IVA de todos los test de diagnóstico, geles hidroalcohólicos y vacunas de venta al público ...
161/002104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impedir la compra masiva de bienes de consumo mediante bots, con destino a la reventa especulativa ... (Página38)
161/002105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Endometriosis, en el marco del Observatorio de Salud de las Mujeres, con el fin de impulsar su investigación y su diagnóstico precoz así como actualizar
la 'Guía de atención a las mujeres con endometriosis' actual ... (Página39)
161/002106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la igualdad en el acceso a la vacunación frente a la COVID-19 de todos los profesionales sanitarios de la sanidad española ...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002074 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre los contratos predoctorales ... (Página41)
161/002091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre impulso a la innovación para la competitividad de España ... (Página42)
161/002092 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre un Plan de retorno del talento investigador ... (Página44)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de las condiciones de los itinerarios peatonales accesibles ... (Página46)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Defensa
181/000805 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), sobre motivo por el que se están produciendo tantos retrasos en el programa de Vehículos sobre Ruedas 8 x 8 Dragón del Ejército de Tierra ...
Comisión de Interior
181/000789 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre motivos y autoría de la orden del cese del Coronel don Diego Pérez de los Cobos como responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000786 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre medidas que ha adoptado y adoptará ADIF para solucionar los continuos incidentes, siniestros y fallos de la infraestructura de la línea ferroviaria
Monforte de Lemos-Ourense-Vigo ... (Página47)
181/000787 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), sobre razones que han motivado el cese de la Directora General de Transporte Terrestre, doña Mercedes Gómez Álvarez ... (Página48)
181/000788 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), sobre motivo por el que el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana afirmaba el 21/11/2020, durante su visita a las obras de ampliación del
aeropuerto de Tenerife Sur, que este proyecto preveía entre otras actuaciones 'la ampliación del aparcamiento de empleados', cuando habían rescindido el contrato con la subcontratista responsable de estas obras ...
181/000794 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva Bravo Barco (GS), sobre iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno para fomentar el alquiler social de viviendas ... (Página48)
181/000795 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Cuatrecasas Asua (GS), sobre actuaciones que se van a acometer para la puesta en valor de las Cloacas Romanas de Calahorra en La Rioja ... (Página49)
181/000796 Pregunta formulada por el Diputado don José Luis Aceves Galindo (GS), sobre avances que se han conseguido para la rehabilitación del Teatro Cervantes de Segovia ... (Página49)
181/000797 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi (GS), sobre actuaciones que se van a poner en marcha para la restauración de la Iglesia de San Andrés de Madrid ... (Página49)
181/000798 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre actuaciones previstas sobre la renovación integral de las instalaciones de la estación de Herrera-Altza, situada en la ciudad de San Sebastián ...
181/000799 Pregunta formulada por la Diputada doña Cristina López Zamora (GS), sobre actuaciones previstas respecto a las variantes Oeste y Este de Ciudad Real ... (Página50)
181/000800 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel González Caballero (GS), sobre actuaciones previstas respecto a la variante norte de Puertollano ... (Página50)
181/000801 Pregunta formulada por el Diputado don Joan Ruiz i Carbonell (GS), sobre actuaciones previstas respecto de la posible construcción de un apeadero ferroviario en el sur de la ciudad de Reus, en la zona conocida como Bellisens ...
(Página50)
181/000802 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Arribas Maroto (GS), sobre actuaciones de mejora y conservación previstas en la Legislatura XIV en la autovía A-50, desde Ávila a Salamanca ... (Página50)
181/000803 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Arribas Maroto (GS), sobre actuaciones de mejora y conservación previstas en la carretera N-110 desde la capital abulense al límite con la provincia de Segovia ...
181/000804 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Arribas Maroto (GS), sobre actuaciones previstas durante la Legislatura XIV para mejorar la seguridad vial y la movilidad en las carreteras de titularidad estatal de la provincia de
Ávila ... (Página51)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000810 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), sobre previsiones acerca de modificar los criterios de convergencia para la aplicación de la PAC del Decreto 41/2021, de 26 de enero, por perjudicar al campo
español ... (Página51)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000807 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), sobre valoración de los datos de tasa de fecundidad española y políticas públicas que se van a llevar a cabo para mejorar la natalidad en España ...
181/000808 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), sobre políticas públicas que se han llevado a cabo ante la grave realidad demográfica de España ... (Página52)
Comisión de Cultura y Deporte
181/000809 Pregunta formulada por el Diputado don José Ramírez del Río (GVOX), sobre condiciones específicas bajo las cuales se ha llegado a un acuerdo con la Sra. Baronesa Thyssen para que su colección se mantenga en nuestro país durante
los próximos quince años ... (Página52)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/035232 Autor: Iñarritu García, Jon
Situación en que se encuentra el protocolo contra el acoso laboral en las Fuerzas Armadas ... (Página52)
184/035493 Autor: Bassa Coll, Montserrat
Rosique i Saltor, Marta
Servicio que pretendía ofrecer en Cataluña la Guardia Civil con las detenciones practicadas la semana del 23 al 29 de octubre, así como previsiones acerca de relevar al Teniente Coronel Baena de sus funciones una vez finalice sus tareas de
policía judicial ... (Página53)
184/035890 Autor: Carvalho Dantas, María
Acuerdos comerciales UE-Mercosur ... (Página54)
Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
179/002409 Autor: Díaz Gómez, Guillermo
Arrimadas García, Inés
Rótulo denigrante que ha figurado bajo la imagen de la princesa de Asturias en el programa La Hora de La 1. Retirada ... (Página57)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/002109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del derecho
fundamental a la propiedad privada consagrado por la Constitución Española, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Desde el acceso mismo al poder del Presidente Sánchez y, especialmente desde que se formó el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, son continuos los ataques a la Constitución Española, a las instituciones y a los derechos y libertades
de los españoles.
La declaración, vigencia y extensión del estado de alarma en España como consecuencia de la pandemia por el coronavirus ha servido al Gobierno no como el instrumento jurídico constitucional para liderar con eficacia la lucha contra la
pandemia, sino como excusa para atacar los derechos y libertades de los españoles de forma vergonzante, cuando estos se encuentran afligidos por la pérdida de sus empleos, de su salud y de sus vidas.
España lleva ya, por causa de la mala gestión de la pandemia por parte del Gobierno, casi un año inmersa en una enorme crisis sanitaria y económica. Y además en una situación en la que el Gobierno, y singularmente el Presidente Sánchez,
posee poderes extraordinarios que lejos de usar con mesura y sensatez, ha aprovechado para generar un ambiente de abuso de poder que ha supuesto que hasta los derechos fundamentales más básicos se vean en peligro por sus veleidades totalitarias y
los chantajes de sus socios.
El pasado 28 de enero, el pleno de la Cámara convalidó el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de
transportes. Una norma peligrosa que no responde a una verdadera preocupación del Gobierno por la situación de los más desfavorecidos.
El artículo 1 de la Constitución Española de 1978 consagra que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político y en el artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La propiedad es, pues, un derecho fundamental y únicamente caben en su ejercicio las limitaciones basadas en la función social de la propiedad,
siempre con arreglo a lo establecido por la Ley, y que dista de la postura comunista de que la propiedad sea en si una función social. Como dispone el artículo 33 CE, nadie puede ser privado de la propiedad sin justa causa y sin ser indemnizado por
ello. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional: 'el titular de un interés patrimonial legítimo debe ser indemnizado por la Administración al haber sido expropiado... (pues) la expropiación forzosa constituye una garantía constitucional
reconocida en el artículo 33.3 de la Norma Fundamental, que alcanza tanto a
la medidas ablatorias del derecho de propiedad privada en sentido estricto, como a la privación de toda clase de bienes y derechos individuales e incluso de intereses legítimos de contenido patrimonial'
Pues bien, el Gobierno por acción y por omisión pretende convertir la 'okupación' ilegal en una especie de derecho a la expropiación directa, eliminando cualquier garantía o protección del derecho del propietario y apoyando al que va contra
la ley y los derechos legítimos de otros ciudadanos, generando desconfianza e inseguridad jurídica. A ese fin se dirigen los tres decretos-leyes dictados por este Gobierno que atacan la propiedad privada, y que abogan por implantar uno de los más
rancios postulados comunistas, la colectivización de los bienes con la falsa excusa de proteger a los más vulnerables, algo insólito y rechazado por todos los países democrático y además, a esto se añade la medida de la legislación catalana más
cuestionadora del derecho a la propiedad, la Ley 11/2020 de limitación del precio del alquiler, que vacía de contenido económico el derecho de la propiedad, incurriendo en la vulneración del artículo 33 de la CE e invadiendo las competencias del
Estado.
En los Reales Decretos Leyes 11/2020, de 31 de marzo y 1/2021, de 19 de enero se justifica el acceso ilegal a los inmuebles por ocupación y se protege a los que vulneran la ley y el derecho constitucional de particulares a los que se priva
de acciones y garantías suspendiendo alzamientos al equiparar a personas vulnerables a aquellos que han accedido a un inmueble por ocupación ilegal, salvo 'cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o
violencia sobre las personas'.
El derecho de propiedad es el poder más amplio que nuestro ordenamiento jurídico reconoce sobre una cosa, y que el artículo 348 del Código Civil define otorgándole tres facultades: gozar, disponer y reivindicar, sin más limitaciones que las
establecidas por las leyes. Es un derecho real pleno, un derecho subjetivo que otorga a su titular el señorío directo e inmediato sobre una cosa; que impone a todos el deber de respeto y por tanto, oponible frente a todos (erga omnes). Así lo
establece nuestro ordenamiento jurídico y la obligación del Gobierno es respetar, garantizar el uso pacífico de ese derecho y protegerlo frente a quienes pretenden arrebatarlo ilícitamente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a respetar y garantizar el derecho fundamental a la propiedad privada de todos los españoles, consagrado en el artículo 33 de nuestra Constitución, removiendo mediante los instrumentos legales
necesarios, los obstáculos, ocupaciones ilegales y demás formas de perturbación en el uso e intromisión ilegítima que puedan impedir su ejercicio pleno por el legítimo propietario, así como a abstenerse de dictar reales decretos-leyes y otras
normas, con la excusa del estado de alarma, que atacan frontalmente el derecho de propiedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Carmen Navarro Lacoba, María Jesús Moro Almaraz, Isabel María Borrego Cortés, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Vicente Tirado Ochoa, Edurne Uriarte Bengochea, Ana María
Beltrán Villalba, Jaime Miguel Mateo Istúriz y Adolfo Suárez Illana, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/002093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para instar al Gobierno a recurrir la sentencia de segunda instancia dictada por la AP de A Coruña sobre la propiedad del Pazo de Meirás para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El dos de septiembre de 2020 el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña dictaba sentencia sobre el Pazo de Meirás y determinaba que el citado inmueble es propiedad del Estado, parte demandante principal, junto con la Xunta de
Galicia, el Concello de Sada, el Concello de A Coruña y la Diputación Provincial de A Coruña. En esta resolución se establece de forma clara que la venta con la que los herederos del dictador Franco acreditaban la titularidad era simulada y que por
lo tanto no les pertenece.
El fallo de la sentencia supuso una gran victoria en la lucha por la recuperación de la memoria histórica, pues reconoce que las actuaciones por las que se logró la entrega del Pazo de Meirás a Francisco Franco se realizaron en un contexto
de extorsión, terror y amenazas. Además, considera que se utilizó como residencia del dictador en calidad de Jefe del Estado y que todas las obras acometidas en el inmueble, tanto de mejora como de ampliación, se realizaron a costa del erario
público.
Frente a la citada sentencia cabía aún recurso, por ser una resolución de primera instancia y así, los abogados de la familia Franco presentaron ante la Audiencia Provincial recurso de apelación, y del que acabamos de conocer el fallo.
La Audiencia Provincial ratifica el contenido principal de la sentencia de primera instancia: la propiedad del Pazo de Meirás corresponde al Estado, pero de forma totalmente incomprensible, establece la obligación accesoria a la parte
demandante de indemnizar a los Franco por los gastos desembolsados durante los años de posesión ilícita del Pazo. Reconoce así el derecho de los herederos del dictador de ser resarcidos por los gastos de conservación desde la muerte del dictador.
Resulta ultrajante que se les aplique a los herederos de Franco la presunción de que su posesión ha sido de buena fe, y que desconocían la procedencia de los bienes. Es evidente a la luz de los hechos probados relatados en la sentencia que conocían
la procedencia ilícita de los bienes, la simulación de contrato que permitió la inscripción del título de propiedad, y toda la historia de expolios y ultrajes que están detrás de la obtención de esos bienes. En consecuencia, no cabe el
reconocimiento de ningún tipo de indemnización, pues las mejoras realizadas o los gastos de mantenimiento acometidos, fueron hechas con pleno conocimiento de que su posesión era irregular.
Por lo tanto, es completamente injusto el contenido de la sentencia, y el Gobierno debe dar las instrucciones necesarias a la Abogacía del Estado, que actúa en representación del Estado como parte demandante, para que recurra la sentencia de
la Audiencia Provincial reclamando lo que es de justicia, la devolución del Pazo de Meirás sin reconocer a favor de la familia del Dictador el derecho a recibir indemnización alguna. Resultaría aberrante que después de soportar durante años la
impunidad de los expoliadores se indemnizara con dinero público a los que se aprovecharon de ello y por ello, la Abogacía no puede dar por válido esta parte de la sentencia y debe recurrirla instando el reconocimiento de la propiedad pública pero
sin derecho a compensación económica alguna.
Por último, debe recordarse que por error o desconocimiento no se incluyó en la demanda inicial la reclamación de la denominada como 'Casa das Cunchas', el hórreo anexo a la misma y los terrenos sobre los que se asientan. Estos bienes
fueron obtenidos del mismo modo fraudulento que los de Meirás, y legalizados a través de una venta simulada, pero a pesar de ello siguen aún en manos de la familia del dictador. Es por ello necesario que se emprendan las acciones necesarias para
reclamar también estos bienes para el pueblo gallego.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Dar las instrucciones necesarias a la Abogacía del Estado para que recurra la sentencia dictada en apelación por la sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el Pazo de Meirás, que aunque reconoce la propiedad del
Estado sobre el mismo, establece la obligación de indemnizar a los herederos del dictador por los gastos realizados en el inmueble expoliado.
2. Dar así mismo las órdenes para iniciar la demanda sobre la denominada 'Casa das Cunchas' y sus anexos, para lograr que, al igual que se ha logrado con el Pazo de Meirás, sea devuelto al pueblo gallego.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las inmatriculaciones irregulares de la Iglesia Católica para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Iglesia Católica ha gozado desde 1946 de un privilegio procedente de la Dictadura franquista y que le ha permitido inscribir miles de bienes sin tener que acreditar la propiedad de los mismos, pues tanto la Ley Hipotecaria como el
Reglamento que la desarrolló posibilitaron que los representantes eclesiásticos actuasen como fedatarios públicos, acreditando esa titularidad sin necesidad de otras pruebas.
Aunque la citada norma no permitía inscribir templos dedicados al culto, por ser considerados bienes de dominio público, la realidad es que muchos de estos bienes fueron inmatriculados (inscritos por primera vez en el Registro de la
Propiedad) a nombre de la Iglesia entre 1946 y 1998. En el año 1998 el Gobierno del Partido Popular amplió el privilegio franquista mediante una modificación de la Ley Hipotecaria que permitía a la Iglesia inscribir también lugares de culto como
iglesias, monasterios, ermitas, capillas, catedrales... etc. Como consecuencia de este cambio legislativo, entre 1998 y 2015 (año en que se suprime esta prerrogativa) fueron inscritos casi 35.000 bienes a nombre de la Iglesia Católica, de los
cuales una gran parte lo fueron de forma fraudulenta, pues se trataba en realidad de bienes privados, propiedad de las Administraciones Públicas o que deberían considerarse de dominio público.
En el año 2017 se aprobó en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley en la que demandaba al Gobierno del Estado la elaboración de un informe con todas las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015, así como 'reclamar la
titularidad del dominio si la citada inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo', es decir, sin que existiese algún documento que demostrase la propiedad.
En este mismo sentido, en el año 2018, una Comisión de Personas Expertas creada para determinar la titularidad de la Mezquita de Córdoba recomendó anular las inmatriculaciones mediante un recurso al Tribunal Constitucional.
Resulta también de interés destacar, a modo de ejemplo, el litigio ganado por los vecinos y vecinas de San Xurxo de Sacos en el concello de Cerdedo-Cotobade contra el Arzobispado de Santiago, después de que la Iglesia inmatriculase
irregularmente la Carballeira de San Xusto y el monte de Lixó. Vieron reconocida la legitimidad de su reclamación tras un largo y costoso periplo judicial en el que fueron necesarias tres sentencias favorables a los vecinos y vecinas: en 1991 la
del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Pontevedra, en 1992 la de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial y finalmente la de la Sala la de lo civil del Tribunal supremo en 1996.
A pesar de que el Gobierno español contaba desde agosto de 2018 con el listado de las inmatriculaciones realizadas desde 1998, ha tardado más de dos años y medio en hacerlas públicas. Ahora que podemos conocer los 34.984 bienes registrados,
llaman especialmente la atención varios hechos en relación con los situados en Galiza.
En primer lugar, cabe destacar el alto porcentaje de inmatriculaciones practicadas en Galiza, 7.131, que suponen más del 20 por ciento del total. Resulta también esclarecedor que de los bienes inmatriculados en Galiza por la Iglesia, la
mayoría sean propiedades urbanas y rústicas tales como solares, garajes, pisos, campos de fiestas o carballeiras (4.384), mientras que los edificios dedicados al culto y sus edificaciones anexas suponen 2.747 del total. Además, es casi nula la
información registrada sobre muchos de estos bienes, tal y como consta en el listado que se ha hecho público, sobre todo cuando se trata de terrenos rústicos, lo que hace mucho más difícil su identificación y reclamación.
Así, teniendo en cuenta los privilegios concedidos por el Estado a la Iglesia Católica desde 1946 para el primer registro sin necesidad de acreditar la propiedad, considerando el elevado número de bienes inscritos y la posibilidad de que se
produjesen inmatriculaciones de bienes de dominio público o que podrían tener otros titulares, debería promoverse, tanto por el Gobierno español de quien depende el Registro, como por la Xunta de Galiza, en cuyo territorio se encuentran, una
investigación sobre la corrección y exactitud de los registros practicados al amparo de esta prerrogativa eclesiástica, para
detectar aquellas inmatriculaciones realizadas irregularmente y proceder a la restitución de los bienes a sus legítimos propietarios.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Ampliar la información sobre los bienes inmatriculados, especialmente en el caso de propiedades rústicas, de forma que se facilite su identificación y localización.
2. Investigar todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica desde el año 1946 y la reclamación de la titularidad del dominio si el citado registro se realizó sin la necesaria existencia de un título material y previo.
3. Anular las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica cuando se trate de bienes de dominio público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Hacienda
161/002077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reducir el tipo del IVA aplicado
al servicio de peluquería, barbería y estética, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El sector de la Peluquería y de la Estética es uno de los sectores que más están sufriendo la crisis económica provocada por la pandemia. Las restricciones impuestas por los distintos estados de alarma han provocado una caída de su
facturación que, unido al incremento de gastos que han tenido que asumir para adaptar sus locales y la forma de desarrollar su trabajo, han provocado el cierre de un gran número de peluquerías y centros de estética.
Los datos que figuran en la IV oleada del estudio de impacto económico de la crisis del COVID realizado en diciembre, son la prueba de que la situación que está viviendo el sector a nivel económico es dramática. En este estudio se recoge
que en el año 2020 se ha producido una caída de la facturación de un 35,70 %, lo que supuso unas pérdidas económicas de 140 millones de euros, y la pérdida de más de 50.000 empleos en el sector de la imagen personal.
La gravedad de la tercera ola de la pandemia está provocando nuevas restricciones en todo el territorio nacional que amenaza nuevamente a este sector, ya muy golpeado desde marzo del año pasado. Según cálculos del propio sector, si no se
adopta ninguna medida de ayuda, podrían desaparecer 20.000 empresas más, con la pérdida de casi 50.000 empleos más. No podemos olvidar que se trata de un sector en el que la mayoría de sus trabajadores son mujeres autónomas y jóvenes. Y este es un
dato tremendamente importante, ya que España lidera el ranking de paro femenino en la UE, con un 20 %, y del paro juvenil, con un 40 %, y, si no se toman las medidas adecuadas para reactivar el sector, esta cifra se verá incrementada
irremediablemente.
Según estudios del propio sector, la inyección neta de liquidez en las micro pymes de la imagen personal que supondría la bajada del IVA al 10 %, podría salvar el 50 % de las empresas y el 50 % del empleo que hoy están en riesgo de
desaparición. Esta medida no solo daría aire al sector, sino que además tendría un impacto positivo sobre las arcas públicas, ya que una empresa que cierra no paga ningún impuesto.
El Gobierno no tiene excusa para atender unas reivindicaciones que, estando en la oposición, defendían con vehemencia. La normativa española reguladora del impuesto sobre el valor añadido, contenida en la Ley 37/1992 de 28 de diciembre,
supone la transposición al Derecho interno de las previsiones de la Directiva/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. El artículo 98 de dicha Directiva, regulador de los tipos
impositivos, prevé tipos reducidos para algunos supuestos tasados, entre los que se encuentran la peluquería.
Es cierto que en un contexto socioeconómico menos favorable los Estados miembros y la Comisión Europea asumieron el compromiso para limitar la aplicación de los tipos reducidos en sus estructuras tributarias. Pero la grave crisis económica
derivada de la pandemia de la Covid-19 obliga a los Gobiernos a tomar decisiones valientes para estimular la economía y el consumo; para evitar el cierre de salones y la pérdida masiva de empleo, mayoritariamente de mujeres y jóvenes. Es justo
atender su petición para que los servicios de peluquería, en lugar de tributar por el tipo impositivo general, lo hagan por el tipo reducido del 10 %.
El Grupo Parlamentario Popular apoya de forma decidida esta rebaja del IVA al 10 %. Lo hizo en octubre de 2020 en la comisión de Hacienda, y lo volvió a hacer durante el trámite de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2021,
tanto en el Congreso como en el Senado, en donde se presentó una enmienda al respecto para que se materializara esa rebaja. Desgraciadamente, estas iniciativas contaron siempre con el voto en contra del Partido Socialista y de Podemos.
Los profesionales del sector están al límite de su aguante económico, y así lo han manifestado en todas las ciudades españolas, por eso es momento de que el Gobierno rectifique y reconsidere su posición.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que atienda las demandas del sector de la peluquería y estética y proceda a modificar la Ley 27/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de aplicar un tipo
reducido del 10 % al servicio de peluquería, barbería y estética.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2021.-Carolina España Reina, Celso Luis Delgado Arce, Javier Bas Corugeira, Mario Garcés Sanagustín y Vicente Betoret Coll, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la reforma de la Ley reguladora del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, plusvalía municipal, para su posterior debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). En su artículo
104 establece que este 'es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos'.
La determinación de la base imponible de este impuesto, a tenor de lo estipulado en el artículo 107 de la misma norma y que no admite prueba en contrario, parte del valor que tenga el terreno a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en
el momento del devengo del impuesto, es decir, del valor catastral. Partir de este valor supone, en la práctica, que la base imponible a partir de la cual calcular el impuesto no siempre se corresponda con la plusvalía efectivamente obtenida,
llegando incluso a darse el caso de
que no se haya generado tal plusvalía en el transmitente. Por ello, en el caso de transmisiones patrimoniales en las que el precio de venta sea inferior al precio de adquisición, el transmitente se ve obligado a ingresar el citado impuesto
a pesar de haber obtenido pérdidas en la venta por no haberse producido un incremento real del valor del terreno.
La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, de 11 de mayo de 2017, declaró inconstitucionales los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales que aprueba este impuesto, por
vulnerar los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad y, en particular, por no permitirse al contribuyente demostrar el caso en el que no se ha producido plusvalía. En concreto, el Tribunal explica que el objeto del impuesto es el
incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un determinado intervalo de tiempo; sin embargo, el gravamen no se vincula necesariamente a la existencia de ese incremento, sino a la 'mera titularidad del terreno durante
un período de tiempo computable entre uno y veinte años'. Es decir, el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal, implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha
producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo. Esta circunstancia, explica el Tribunal, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir 'de acuerdo con su capacidad económica'
(art. 31.1 CE).
A partir de la publicación de la sentencia, el Tribunal señala que corresponde al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a
tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Años después, sin embargo, los artículos mencionados permanecen en el ordenamiento jurídico con la misma configuración que ya fue declarada nula.
El hecho de que el legislador lleve más de tres años sin adaptar la norma a las exigencias constitucionales está teniendo efectos muy gravosos tanto para los contribuyentes, como para un sistema judicial ya al borde del colapso y que debe,
sin embargo, enfrentar una enorme litigiosidad provocada por la inacción del legislador. Así, como consecuencia de esta inconstitucional forma de calcular la plusvalía, el Tribunal Supremo dictó el 9 de diciembre de 2020 una nueva sentencia en la
que se remitía a la del Tribunal Constitucional mencionada, por virtud de la cual anulaba la liquidación del impuesto en la medida en que éste, calculado sobre una plusvalía relacionada con el valor catastral del terreno en el momento de la
transmisión, absorbía completamente la plusvalía real obtenida en la venta. En el propio pronunciamiento de la Sala, se ponía de manifiesto la necesidad urgente de una adaptación de la norma al orden constitucional, pues una situación como la
descrita resulta contraria también a los principios de capacidad económica y a la prohibición de confiscatoriedad que prevé el artículo31.1 de la Constitución.
En consecuencia es necesario, urgente y prioritario, proceder a la modificación de los preceptos inconstitucionales que regulan el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con la finalidad de poner fin a
las situaciones de injusticia para el contribuyente, perjuicio económico y alta litigiosidad en ayuntamientos y tribunales que la actual situación conlleva. Además, dicha modificación contaría, entendemos, con el respaldo prácticamente unánime de
la Cámara y hacerlo es, en todo caso, una obligación que no puede demorarse más.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adaptar de forma urgente el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al contenido de la Sentencia del
Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, con el objeto de desligar, para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el valor del terreno al valor que estuviera
determinado a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Todo ello con el fin de evitar que se sometan a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor, o que la cuota del impuesto absorba íntegramente la plusvalía real obtenida
en la transmisión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Margall Sastre, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la tributación
conjunta de la declaración del IRPF para su debate en instancia en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La tributación conjunta entre cónyuges presenta un importante componente de género y acentúa la brecha salarial y de participación en el mercado laboral entre hombres y mujeres. Por un lado, según la Estadística de declarantes del IRPF de
2018 publicada por la AEAT, el 87 % de perceptores principales en tributación conjunta entre cónyuges son hombres, por lo que es este colectivo el principal beneficiario de esta modalidad de tributación. Por otro lado, tal y como manifiesta la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF, 2020) en su Estudio de Beneficios Fiscales. Evaluación del Gasto Público 2019: 'el beneficio fiscal genera un desincentivo a la participación laboral de los segundos perceptores de renta
(principalmente mujeres de rentas bajas) lo que acentúa los problemas de brecha de género de la economía española.
Por ello, la configuración actual de la reducción por tributación conjunta es regresiva, puesto que el ahorro fiscal derivado de la misma aumenta con el nivel de renta. Así también, la tributación conjunta es una modalidad de tributación
cada vez más minoritaria en el contexto internacional. De acuerdo con la información facilitada por la OCDE (2020), solo 11 de los 36 países miembros de la OCDE contemplaban en 2019 la tributación conjunta entre cónyuges en su impuesto personal
sobre la renta.
Por todo lo expuesto anteriormente, se propone reducir de 3.400 a 2.150 euros la reducción por tributación conjunta entre cónyuges para las rentas más elevadas (a partir de 60.000 euros). Esta propuesta está acorde con la recomendación del
Estudio mencionado previamente de la AIReF de 'acelerar su paulatina desaparición mediante el establecimiento de un régimen transitorio para no perjudicar a las familias con menor capacidad de adaptar sus decisiones de participación laboral a la
nueva situación. Se equipara así el importe de la reducción al previsto para las unidades familiares formadas por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a modificar la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para reducir de 3.400 a 2.150 euros la reducción por tributación conjunta entre cónyuges para las rentas más elevadas (a partir de 60.000 euros).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-Joan Margall Sastre, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/002087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Margall Sastre, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma del
Impuesto de Sociedades para incentivar la inversión en I+D+i para su debate en instancia en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La inversión en I+D+i es un factor fundamental para garantizar una salida de la crisis sustentada en generar valor añadido y no repetir los errores de la crisis de 2008, cuando se optó por ganar competitividad a costa de la devaluación
salarial. Para ello, hay que impulsar aquellas medidas que tengan como objetivo incentivar la emprendeduría, especialmente en los sectores con mayor valor añadido que sean generadores de innovación y conocimiento.
Para favorecer estos objetivos, el legislador define para cada figura tributaria determinados beneficios fiscales que, aunque disminuyen el potencial recaudador, tienen como finalidad alcanzar otras metas como la creación de puestos de
trabajo, o como es el caso, incrementar la inversión en I+D+i. Es, por tanto, una medida de financiación indirecta de estas actividades que crean valor añadido.
El reciente estudio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la Deducción por I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades concluye que 'el incentivo fomenta la inversión en I+D+i, pero constata la amplia
distancia que hay entre la eficacia potencial y la real del incentivo'.
El beneficio fiscal a la I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades (IS) consiste en la posibilidad de deducir de la cuota del impuesto el 25 % de los gastos dedicados a investigación y desarrollo (I+D) y el 12 % de los destinados a innovación
tecnológica (iT), existiendo ciertos límites máximos. Además, en el año 2013 se estableció un régimen opcional que permite aplicar deducciones con independencia del límite relativo a la cuota íntegra (hasta un máximo de 5 millones de euros). Para
poder aplicar este régimen es necesario que se cumplan dos requisitos regulados en el apartado 2 del artículo 39 de la LIS como son el mantenimiento de la plantilla general o de la destinada a I+D+i y se destine la devolución del importe a gasto o
inversión en I+D+i.
Esta es una medida que es utilizada en su gran mayoría por pymes. Así, los datos muestran que son las pequeñas empresas, un 40 %, y las medianas empresas, un 30 %, las empresas beneficiadas de este régimen opcional. Pero como refleja el
mismo estudio, este régimen 'no se ha mostrado todo lo eficaz que se esperaba al tenerse que cumplir para su aplicación una serie de requisitos administrativos que limitan el atractivo de este régimen especial'.
Por otro lado, las empresas pequeñas del estado español muestran una propensión a la innovación a la cola de los países europeos, puesto que los datos muestran que solo un 32 % declara realizar inversiones en I+D+i, muy alejado de la media
europea, que se sitúa en el 53 %.
Teniendo en cuenta el contexto actual de crisis económica y la necesidad de impulsar la inversión en I+D+i, que se encuentra por debajo de los niveles medios de la UE, especialmente en el caso de las pequeñas empresas, se presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a modificar la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con el objetivo de:
a) Eliminar la obligación de mantener la plantilla media general, o alternativamente la adscrita a actividades de I+D+i, durante veinticuatro meses para poderse acoger al régimen opcional.
b) Permitir la solicitud de la deducción reembolsable del régimen opcional en el mismo ejercicio en el que se genera el derecho de deducción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-Joan Margall Sastre, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/002108
A la Mesa de la Comisión
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas fiscales para
reactivar el sector de la automoción, para su debate en Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
En el año 2019, con una producción cercana a los 3 millones de vehículos, España era el segundo fabricante de automóviles de Europa y noveno del mundo, con un impacto muy importante:
- Para nuestro crecimiento económico, ya que representaba el 8,5 % del PIB;
- para la balanza comercial, exportamos 8 de cada 10 vehículos que producimos, por un valor cercano a los 36.000 millones de euros,
- y, sobre todo, para la creación de empleo, más de 66.000 personas trabajan directamente en las fábricas, 1,9 millones de empleos generados, de forma directa e indirecta, en toda la cadena de valor.
El parque automovilístico alcanzaba los 29 millones de vehículos y, a pesar de que se matricularon un millón y medio de vehículos nuevos, la edad media de nuestros vehículos volvió a subir hasta situarse en 12,6 años, nivel que está por
encima de la media europea (11,1 años) y de los principales países de nuestro entorno, como Francia o Alemania (en torno a 9 años de media).
Esto tiene dos consecuencias importantes: una sobre la seguridad, según Tráfico la siniestralidad en los vehículos de más de 10 años duplica la de los coches más modernos; y otra sobre las emisiones, un vehículo con más de 10 años de
antigüedad contamina más que cualquier vehículo actual que cumpla con la normativa Euro 6, independientemente de que este sea gasolina o diésel.
Por eso no se entendió la afirmación de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno de España y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuando dijo que 'el diésel tiene los días contados'. Afirmación que puso en riesgo los
miles de empleos que se mantienen en las 17 fábricas españolas gracias a la producción de vehículos diésel, y que generó una incertidumbre innecesaria que retrasó las decisiones de compra por parte de los consumidores españoles provocando justo el
efecto contrario al que pretendía: aumentaron las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) procedentes de los coches nuevos vendidos en España.
Este era el punto de partida a finales de 2019, justo antes de la pandemia por la Covid-19 cuyas consecuencias económicas han perjudicado de forma muy severa al sector de la automoción: a la ruptura inicial de las cadenas de
aprovisionamiento de proveedores asiáticos, le siguió la paralización completa de la producción durante dos meses, y un desplome del 15,9 % de las exportaciones y del 32,3 % de las matriculaciones en 2020 respecto al año anterior, poniendo en riesgo
miles de empleos -tanto directos como indirectos-
Al tiempo que se matriculaban 400.000 vehículos nuevos menos, se vendían 230.000 vehículos con más de 20 años en el mercado de segunda mano, por lo que se calcula que la edad media del parque automovilístico español superará los 13 años en
2020, con las implicaciones sobre la seguridad de las personas y los efectos sobre el medio ambiente que ya hemos señalado.
Las perspectivas del sector para 2021 tampoco son muy halagüeñas, se mantienen restricciones a la movilidad y al turismo -que afectan indirectamente a su demanda- y una alta incertidumbre económica y caída de renta -que le afecta
directamente-, con más de 5 millones de personas que no tienen trabajo y cuyas rentas se han reducido a una media de 864 euros (prestación contributiva media en enero de 2021).
¿Y qué ha hecho el Gobierno de España para intentar revertir esta situación? Nada a favor y mucho en contra: ha subido 3,4 céntimos los impuestos al diésel y un 5 % el impuesto de matriculación, por lo que ANFAC estima que el mercado no se
recuperará hasta 2023. La matriculación en 2021 no llegará al millón de turismos, un -20 % por debajo de las matriculaciones realizadas en 2019.
En el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de que el futuro del sector de la automoción pasa por las energías limpias; ahora bien, esa transición tiene que ser progresiva, consensuada con el sector y realmente accesible para los
ciudadanos; circunstancias que no se cumplen en la actualidad.
Para revertir el envejecimiento de nuestro parque móvil, mejorar la seguridad, y bajar las emisiones en el transporte de personas y mercancías, con un coste razonable para todos los agentes implicados, es necesario acometer distintas
reformas que van desde fijar un marco laboral estable y competitivo en el sector del automóvil o una política energética que no se olvide de ninguno de los tres pilares fundamentales (seguridad del suministro, con el menor impacto medioambiental
posible y garantizando el menor precio posible tanto para empresas como para particulares) hasta el desarrollo efectivo de las infraestructuras de recarga de energías de cero y baja emisiones.
Y entre esas reformas necesarias, es clave modificar la tributación de los vehículos, reduciendo el peso de la tributación en la compra para reconducirlo al uso, la tributación sobre el uso y fomentando la
compra de vehículos más eficientes que permitan mejorar la calidad -en términos medioambientales y de seguridad vial- de nuestro parque automovilístico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un paquete de medidas fiscales de apoyo al sector de la automoción que incentive la retirada de los vehículos más antiguos y su sustitución por vehículos nuevos, más seguros y menos
contaminantes, que incluya -entre otras-:
- Ayudas directas a la compra de nuevos vehículos de cero o bajas emisiones que serán mayores si se acompaña de la retirada de un vehículo de más de diez años;
- la exención en el IRPF de estas ayudas recibidas dentro de los planes de movilidad sostenible;
- La supresión del impuesto de matriculación, que será compensada con un impuesto medioambiental que se implantará de forma gradual y tras un período transitorio, que gravará solo a los vehículos menos seguros y más contaminantes, para
favorecer la renovación del parque automovilístico;
- la ampliación de bonificaciones en el Impuesto de Circulación a vehículos eléctricos e híbridos de cero o bajas emisiones;
- La posibilidad de amortizar de forma acelerada las inversiones en vehículos eficientes para las flotas de las compañías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2021.-Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira, Tristana Moraleja Gómez, Guillermo Mariscal Anaya y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/002095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la condena de los altercados ocurridos en
varias ciudades españolas en las manifestaciones en favor del rapero condenado Pablo Hasel, así como de apoyo a la labor llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los mismos, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado 16 de febrero tuvieron lugar graves altercados en varias ciudades de Cataluña, organizadas por grupos de extrema izquierda con la excusa de mostrar su apoyo al rapero Pablo Hasel, que fue arrestado para hacer efectiva su entrada en
prisión por una serie de delitos, incluyendo el enaltecimiento del terrorismo. Estas protestas tardaron poco en dejar de ser pacíficas para empezar a contar con barricadas en las calles, asalto a comercios, destrozo de escaparates, saqueo de
tiendas y uso de pirotecnia, con sus consecuentes incendios en plena vía, y agresiones a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Decenas de vecinos, empresarios y autónomos vieron cómo sus comercios, sus oficinas y sus domicilios se veían amenazados por las acciones violentas de estos radicales. Por si no era suficiente con los efectos devastadores de la crisis
económica derivada de la pandemia de COVID-19, hosteleros y comerciantes sufrían aún más pérdidas económicas, y muchas familias vivían con miedo estos episodios.
Lejos de quedarse ahí, el 17 de febrero las protestas de estos grupúsculos organizados se extendieron a otras ciudades como Valencia, Granada o Madrid, donde se repitió el mismo modus operandi que en Cataluña: agresiones a agentes de la
Policía Nacional, destrozos en comercios, destrucción de mobiliario urbano, uso de pirotecnia y levantamiento de barricadas en las calles. Una verdadera batalla campal que,
de nuevo, se traducía en más miedo entre las familias, en desesperación en los hosteleros y comerciantes, y en lesiones para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Algunos vecinos incluso tuvieron que organizarse para
sofocar los incendios en las calles que amenazaban sus domicilios y la seguridad de sus familias.
Como liberales, el GP Ciudadanos tiene claro que el Estado de Derecho es precisamente la garantía de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y que en el Estado de Derecho la libertad de expresión tiene como límite la agresión a
otros o el discurso de odio. Por tanto, como no podía ser de otro modo, condenamos estas acciones deplorables y vergonzantes que pusieron en peligro no sólo a los agentes de la Policía Nacional, sino también a los vecinos, empresas y autónomos de
numerosas ciudades de todo nuestro territorio.
Pese a esto, y cuando más apoyo necesitaban los afectados por parte de las instituciones, Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, partido en el Gobierno de España, jaleaba y mostraba su apoyo explícito y expreso a los
violentos. Es más, no solo abandonaba a las familias y negocios que habían sufrido daños, sino que también arrojaba sospechas sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que habían sufrido en primera persona la violencia de
los fanáticos, en una deplorable manifestación más de la radicalidad y sectarismo con que se maneja quien, además, parece querer formar parte del Gobierno de la Nación y de la oposición al mismo tiempo.
Ningún derecho o libertad se debe defender ni se puede expresar con violencia en un Estado de Derecho.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda condenar rotundamente los episodios de violencia y disturbios vividos en numerosas ciudades españolas a manos de radicales, en las concentraciones ocurridas en defensa del rapero condenado Pablo Hasel, y
muestra su apoyo a las familias, los empresarios y dueños de negocios afectados por los desperfectos, así como a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado afectados.
Asimismo, insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo una investigación sobre la organización de protestas violentas de forma coordinada en varias ciudades españolas.
2. Reiterar su apoyo a las familias, los empresarios, autónomos y dueños de negocios afectados por los daños causados por estos violentos.
3. Respaldar la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y mostrar su apoyo a los agentes heridos.
4. Desmarcarse expresamente de las manifestaciones públicas realizadas por Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, partido en el Gobierno de España, en las que mostraba su apoyo expreso a los 'jóvenes
antifascistas' causantes de los disturbios y la violencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre aplicación de herramientas de Big Data para la movilidad en España, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Vivimos en una sociedad donde los datos y su gestión se han convertido en un importante activo tanto para las empresas como para las administraciones públicas. En el ámbito de la movilidad, durante la gestión actual de la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19, en la que las personas somos el vehículo principal de transmisión de la enfermedad, los datos anónimos de geolocalización de los móviles de los usuarios han permitido conocer, casi de forma instantánea, la eficacia de las
medidas de reducción de movilidad implantadas para evitar la propagación del virus entre la población.
Ya en el año 2018, el Ministerio de Fomento realizó un estudio piloto que utilizaba la aplicación de la tecnología Big Data para conocer la movilidad interprovincial de viajeros, la utilización de los distintos medios de transportes y la
causa de viaje entre otros, con datos recogidos por empresas de telecomunicaciones en julio/agosto y octubre de 2017. Este estudio ha sustituido a la metodología clásica empleada hasta la fecha que consistía en la realización de encuestas
domiciliarias y telefónicas.
Pero este tipo de estudios no es exclusivo del Ministerio de Fomento, instituciones públicas como el INE, y empresas privadas como el Google o Moovit, entre otras, llevan tiempo aplicando técnicas de Big Data para conocer la movilidad de los
ciudadanos, tanto en entornos interurbanos como urbanos. Estos datos ya han sido utilizados por instituciones públicas, en distintos niveles de responsabilidad, como el municipal, para definir planes de movilidad, tomando las decisiones más acordes
a las circunstancias reales.
La utilización de este tipo de herramientas debe servirnos para planificar de forma más adecuada y cercana a la realidad tanto las infraestructuras como los servicios de transportes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la activación de los mecanismos necesarios con empresas privadas e instituciones públicas para disponer de estadísticas permanentes sobre la movilidad de los españoles, garantizando el cumplimiento de las normativas de
protección de datos.
2. Seguir publicando estos datos de forma accesible y abierta para que cualquiera pueda hacer uso de ellos.
3. Potenciar que los desarrolladores puedan realizar aplicaciones que faciliten la interpretación y visualización de estos datos.
4. Utilizar estos datos, entre otros, para diseñar y planificar, las infraestructuras y los servicios de transportes, garantizando la igualdad de oportunidades, la movilidad y la cohesión territorial de todos los ciudadanos españoles
independientemente de su lugar de residencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/002102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para instar al Gobierno a impulsar y desarrollar la regulación del Marco Español de las Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El aprendizaje a lo largo de la vida en Europa: La estrategia 'Educación y Formación 2020' (ET 2020) es un nuevo marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación basado en su antecesor, el programa
de trabajo 'Educación y Formación 2010' (ET 2010).
Este marco establece objetivos estratégicos comunes para los Estados miembros, junto con una serie de principios para lograrlos, y métodos de trabajo con áreas prioritarias para cada ciclo. El objetivo primordial de la estrategia ET 2020 es
apoyar el desarrollo de los sistemas de educación y formación en los Estados miembros.
Estos sistemas deben proporcionar a todos los ciudadanos los medios para que exploten su potencial y garantizar la prosperidad económica sostenible y la empleabilidad. La estrategia abarca la totalidad de los sistemas de educación y de
formación dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente, en todos los niveles y contextos (incluidos los aprendizajes no formal e informal).
Por ello, y de acuerdo con la Recomendación 2008/C 111/01/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, se estableció un sistema común de referencia que permite a los países europeos comparar sus cualificaciones, con el fin
de mejorar la transparencia, la posibilidad de comparación y la transferibilidad de las cualificaciones de los ciudadanos expedidas con arreglo a las prácticas de los diversos Estados miembros: el Marco Europeo de Cualificaciones para el
Aprendizaje a lo largo de la Vida (EQF, European Qualifications Framework)
El EQF es una herramienta para fomentar el aprendizaje permanente, que cubre la enseñanza general y de adultos, la educación y formación profesional y la educación superior. Abarca, por lo tanto, toda la gama de cualificaciones, desde las
obtenidas al final de la enseñanza obligatoria hasta las resultantes de los más altos niveles académicos y profesionales o de la educación y formación profesional.
Los componentes principales del EQF son un conjunto de ocho niveles de referencia formulados como resultados de aprendizaje (combinación de conocimientos, capacidades y/o competencias), junto con determinados mecanismos y principios de
cooperación voluntaria. Los ocho niveles comprenden toda la gama de cualificaciones, desde las que atestiguan conocimientos, destrezas y competencias básicos hasta las obtenidas al máximo nivel posible universitario o de formación profesional.
Podríamos definir el EQF como un mecanismo de traducción entres sistemas de cualificaciones.
A nivel nacional, y concretamente en España, el instrumento de clasificación de las cualificaciones en función de un conjunto de criterios correspondientes a determinados niveles de aprendizaje, cuyo objetivo consiste en integrar y coordinar
los subsistemas nacionales de cualificaciones y en mejorar la transparencia, el acceso, la progresión y la calidad de las cualificaciones en relación el mercado de trabajo y la sociedad civil es el MECU, marco nacional de cualificaciones (títulos,
diplomas, certificados) que comprende el aprendizaje a lo largo de la vida.
Se trata de una estructura de organización de las cualificaciones por niveles que abarca desde los aprendizajes más básicos a las de mayor complejidad. Incluye:
- Cualificaciones obtenidas fuera del Sistema Educativo (mediante formación en el trabajo, actividad laboral, colaboración con ONGs...).
- Cualificaciones obtenidas en el Sistema Educativo.
Sin embargo este instrumento de referencia nacional, MECU, que debe asegurar la comparación de niveles de cualificación en los sistemas de cualificaciones a nivel nacional, sectorial o internacional carece de una regulación que permita
determinar de forma completa y con claridad la relación de los distintos niveles (5) del catálogo nacional de cualificación profesionales (CNCP) con los niveles de cualificación europeos (EQF).
Esta situación que produce grandes desequilibrios hace que los niveles de EQF como resultados de aprendizaje no sean suficientes para establecer los enlaces de comparación y haya sido necesario considerar también los niveles de partida.
A modo de ejemplo, podemos citar que los niveles 1 y 8 no tienen enlace posible, o que el nivel 2 español se relaciona con dos niveles del metamarco europeo.
Si a este desequilibrio unimos las previsiones que estima el CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional) de un serio desajuste entre los niveles de cualificación previstos para España en el año 2030, y los que
tendría la UE (donde todos los países de nuestro entorno europeo ya han desarrollado un Marco de Cualificaciones propio), dado que en esa fecha estaremos ante una
globalización general del mercado de trabajo, y con independencia del efecto corrector que correspondiera a los sectores productivos y de prestación de servicios de cada país, se hace cada vez más urgente la regulación nacional de las
cualificaciones completando los niveles aún pendientes para favorecer una mayor movilidad para los ciudadanos en sus itinerarios formativos y profesionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y desarrollar la regulación del Marco Español de las Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente para adaptar y compatibilizar su estructura, a través de una vinculación clara y
demostrable entre las cualificaciones que integra y los descriptores correspondientes, al Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo largo de la Vida (EQF).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2021.-Alfredo Sancho Guardia, Lázaro Azorín Salar y María Luz Martínez Seijo, Diputados.-Guillermo Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para instar al Gobierno a impulsar una nueva ordenación de un sistema unificado de Formación Profesional que adapte la actual regulación (LO 5/2020 a las necesidades actuales de la formación, para su debate en la Comisión de Educación y
Formación Profesional.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, estableció que 'la Formación Profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas
profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la Formación Profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como
las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales'.
En ese marco, el sistema de Formación Profesional se dividió en dos subsistemas de formación: la Formación Profesional del sistema educativo (ciclos formativos de Formación Profesional), y la Formación Profesional para el empleo
(certificados de profesionalidad), ambas referidas al mismo Catálogo de Cualificaciones Profesionales, pero dependientes de dos administraciones diferentes.
La Formación Profesional para el Empleo y la Formación Profesional del Sistema Educativo son sistemas complementarios y que convergen en los ciudadanos, existiendo mecanismos para el reconocimiento mutuo. Uno y otro tienen un objetivo
común, que no es otro que el de hacer realidad al aprendizaje permanente, desde la formación inicial hasta la formación en el puesto de trabajo.
Esta doble estructuración del sistema de Formación Profesional se ha revelado generadora de tensiones e ineficiencia en todos los países europeos que la plantearon, habiéndose iniciado un proceso de reflexión hacia la unicidad del sistema.
En nuestro país, la actual diferenciación entre Formación Profesional del sistema educativo y la Formación Profesional para el empleo quedó obsoleta desde el principio de aprendizaje y formación a lo largo de la vida y los ejes que desde la
Comisión Europea y el propio I Plan Estratégico de Formación Profesional del sistema educativo se plantean en cuanto a la flexibilización de las enseñanzas, la generalización de modalidades a distancia, ofertas modulares o 'a la carta' para las
empresas y la potenciación de la educación para las personas adultas que incluya Formación Profesional formal y no formal. Se rompen así todos los factores que, en su momento, hicieron necesaria la existencia de dos subsistemas, en función de los
destinatarios, para garantizar la accesibilidad a la formación.
El I Plan Estratégico para la Formación Profesional, que ha sido diseñado tanto para el ámbito del sistema educativo como para la Formación Profesional de desempleados y ocupados, derivado de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible, exige un nuevo contrato social global, más necesario ahora que nunca.
El eje del sistema de Formación Profesional pasa a ser la persona. Se trata de poner todos los recursos de formación y el mejor sistema de Formación Profesional al servicio de todas las personas, de la manera más accesible y en cualquier
momento de su vida.
Por ello, la integración de ambos sistemas es necesaria y fundamental para su eficacia y eficiencia. Debiéndose utilizar la oferta y modalidad formativa adecuada para cada persona y situación, optimizando recursos y teniendo como meta final
una población suficientemente cualificada, capaz de afrontar los retos de un mercado laboral cambiante.
En este momento, la posibilidad de integrar en un sistema único la Formación Profesional bajo la competencia del MEFP presenta múltiples beneficios en términos de racionalidad del sistema de Formación Profesional del capital humano.
Confluyendo así mismo una serie de fortalezas que permiten al sistema de Formación Profesional abordar el papel de la cualificación y recualificación que las actuales circunstancias requieren.
Nuestro ordenamiento jurídico nos permite, y nos obliga, a integrar ambos sistemas, y esta es una realidad que hay que potenciar y saber explotar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar una propuesta de una nueva ordenación de un sistema unificado de Formación Profesional que adapte la actual regulación (LO 5/2002) a las necesidades actuales de la formación para
dotarla de mayor eficacia y eficiencia aplicada a la cualificación y recualificación de la formación de las personas y que a su vez confiera a la Formación Profesional de mayor transparencia, transferibilidad y reconocimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2021.-Alfredo Sancho Guardia, Lázaro Azorín Salar y María Luz Martínez Seijo, Diputados.-Guillermo Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar las
medidas pertinentes para que las mujeres que vean perjudicada su pensión con la aprobación del nuevo complemento a las pensiones tengan derecho de opción, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social correspondientes a la nómina de pensiones contributivas de enero de 2021, las mujeres cobran una pensión media de 825 euros mensuales frente a los 1.250 euros que cobran los hombres,
es decir, la brecha de género en pensiones supera el 30 %.
La actual situación de desventaja femenina en el ámbito de las pensiones contributivas se debe fundamentalmente a acusadas diferencias en los comportamientos laborales entre los hombres y las mujeres que hoy forman parte de la población
mayor española. Actualmente, todavía es frecuente que la mujer aparque su carrera profesional para el cuidado de los hijos, lo que supone un importante resentimiento en su cotización a efectos de cobrar una futura pensión.
Afortunadamente, esas diferencias de género en el mercado de trabajo se han reducido de forma notable en las últimas décadas y, continuaremos trabajando para que sigan reduciéndose cada vez más. En consecuencia, cabe prever una progresiva
reducción de la brecha de género en pensiones, aunque, mientras estas mantengan su carácter contributivo, la brecha solo puede desaparecer si se alcanza la igualdad plena entre hombres y mujeres en el mercado laboral. No podemos olvidar que la
brecha de las pensiones es la derivada de la brecha salarial de género, puesto que, los salarios más bajos, junto con el abandono de la carrera profesional para el cuidado de los hijos, son los principales factores que han provocado la diferencia a
la baja de las pensiones de mujeres respecto a las de los hombres.
La crisis provocada por la pandemia COVID-19 ha dejado en evidencia, una vez más, las desigualdades que existen en las tareas de cuidados y la conciliación de la vida personal y laboral. Estudios recientes como 'COVID-19 y la desigualdad de
género en España' publicado por el Centro de Políticas Económicas de ESADE, muestran como el confinamiento y el acusado aumento del paro en España afecta de manera desigual a mujeres y hombres, siendo estas, las más afectadas, puesto que la
destrucción de empleo afecta más a sectores altamente feminizados.
Además, según el barómetro elaborado por GAD-3 pone en evidencia el escaso protagonismo del teletrabajo en España antes de la pandemia, existiendo en este campo también diferencia entre hombres y mujeres. En España hay menos proporción de
mujeres que de hombres que trabajen normalmente desde casa, aun siendo las que más se encargan de las labores domésticas y del cuidado de familiares, justo lo contrario, de lo que pasa con el teletrabajo en los países de la Eurozona. Este reparto
de tareas se ha mantenido o agravado durante el confinamiento con el cierre de los centros escolares.
Desde el Partido Popular somos muy conscientes de la existencia de una brecha de género en pensiones que hay que combatir. Fuimos pioneros en reconocer a las mujeres su esfuerzo y en compensar las lagunas de cotización que muchas sufren
tras el nacimiento de los hijos. En 2016 el Gobierno del Partido Popular aprobó un complemento de maternidad a las pensiones que incrementaba la pensión de las mujeres: 5 % en el caso de dos hijos, el 10 % para tres hijos y el 15 % a partir de
cuatro. Logrando con ello que cientos de miles de mujeres vieran justamente incrementada su pensión y una notable reducción de la brecha de género en pensiones.
Recientemente, en virtud del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, se ha aprobado un nuevo
complemento para las pensiones contributivas. Este nuevo complemento se reconoce a todas las mujeres que tengan uno o más hijos y que cobren una pensión contributiva de jubilación (también jubilación voluntaria anticipada), incapacidad permanente o
de viudedad. Se establece asimismo la posibilidad de que los padres también puedan percibir el complemento, pero en su caso el reconocimiento no será automático.
La forma de cobro de esta nueva medida varía con respecto al complemento por maternidad aprobado por el Partido Popular, ya que en lugar de un porcentaje, se aplica una cantidad fija anual. Este año la cuantía asciende a 378 euros anuales
por hijo hasta cuatro hijos, lo que supone un suplemento de 27 euros al mes por hijo (catorce pagas).
Esta cierto, que al ampliar el criterio de acceso a las madres o padres con un solo hijo, habrá aproximadamente 30.000 beneficiarios más. Es decir, 30.000 nuevas jubiladas verán cómo su pensión se incrementa en 27 euros mensuales.
Sin embargo, no podemos pasar por alto que este nuevo complemento a las pensiones, supone también un perjuicio económico para un gran número de jubiladas que ven como su pensión se recorta notablemente con la entrada en vigor de esta nueva
medida.
Este complemento fijo de 27 euros mensuales por hijo, se da a todas aquellas mujeres que tienen derecho a una pensión contributiva, sin valorar los años trabajados, los años cotizados o la cuantía de esta cotización. Así, por ejemplo, una
mujer que con gran esfuerzo ha compatibilizado una larga carrera profesional, con el cuidado de sus tres hijos y le corresponde una pensión de 2.000 euros al mes, con la entrada en vigor del nuevo complemento cobraría 2.081 euros al mes, frente a
los 2.200 euros que le corresponderían si se le aplica el complemento aprobado por el Gobierno del Partido Popular en 2016.
El nuevo complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género choca claramente contra el principio de contributividad. El principio de contributividad significa que cada uno va a recibir en el futuro una pensión
de acuerdo con sus contribuciones al sistema. Desde este punto de vista, no es justo, que las mujeres que más han contribuido laboralmente y demográficamente al país, sean castigadas, penalizar el esfuerzo y discriminar negativamente a las mujeres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Adoptar las medidas pertinentes para que, las nuevas beneficiarias que vean perjudicada su pensión con la aplicación del nuevo complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género aprobado en virtud del Real
Decreto ley 3/2021, tengan derecho de opción.
- Estas nuevas pensionistas podrán elegir entre: (i) el nuevo complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género aprobado en virtud del Real Decreto ley 3/2021, que supone un incremento anual de 378 euros en la
pensión por cada niño hasta un máximo de cuatro, o (ii) el complemento de maternidad en vigor desde el 2 de enero de 2016 que supone el incremento del 5 % de la pensión para las mujeres que han tenido dos hijos, 10 % para quienes han tenido tres
hijos o un 15 % para la madres que han tenido cuatro o más hijos. En los términos establecidos en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, en su redacción previa (publicada el 31 de octubre de 2015).
- La pensionista podrá elegir la opción que considere más beneficiosa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-José Ignacio Echániz Salgado y Tomás Cabezón Casas, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para erradicar la brecha digital como elemento determinante de exclusión social,
para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Más allá de la terminología propia de las ciencias sociales, identificamos a las personas que pertenecen a los colectivos que llamamos 'vulnerables' por encontrarse en riesgo de sufrir la exclusión social, viviendo de forma crónica una
realidad socioeconómica que condiciona y merma inexorablemente sus posibilidades de desarrollo en todas las esferas vitales. Una realidad socioeconómica que, agravada por la crisis provocada por el COVID 19, cada vez afecta a más personas, estando
necesitadas de la cobertura social del Estado.
Las prestaciones sociales, además de estar en la base de la justicia social y constituir la garantía de cobertura básica en momentos de especial dificultad, son también un símbolo de las democracias avanzadas que cuentan gobiernos
progresistas, los cuales, a través de sus políticas, intentan poner las bases para asegurar la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica en condiciones de igualdad, equiparando y reconociendo nuevos derechos sociales
como instrumento para avanzar en una sociedad más equilibrada, desde un punto de vista redistributivo, y con mayor calidad de vida.
En este sentido, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital ha supuesto un gran avance como derecho subjetivo que asegura unos determinados ingresos a quienes tienen que reparar o superar situaciones de infortunio o estados de necesidad,
bien por el fruto de un proceso progresivo que aúna multitud de factores de exclusión (relacionados con vivienda, empleo, discapacidad, educación, contexto familiar, proceso migratorio, etc.), bien por una pérdida repentina de ingresos o un exceso
de gastos como pueda suceder en situaciones de pandemia como la actual.
Ahora bien, la mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de esta y otras prestaciones pasa por realizar una inmersión en un mundo digital de trámites que supone un nuevo motivo de exclusión en
muchas ocasiones, dándose una tremenda paradoja. Así, la falta o insuficiencia de habilidades digitales necesarias para realizar los trámites de solicitud de prestaciones
supone un factor de carencia añadido que suma vulnerabilidad a las personas susceptibles de beneficiarse de las mismas, entrando en un bucle que ahonda en la desigualdad.
La llamada brecha digital -que indudablemente también es social- está relacionada con varios elementos: la posibilidad de acceder a dispositivos con internet y poder conectarse desde los espacios físicos de referencia, el conocimiento
necesario para acceder y navegar por la red y la capacidad para integrar la información y utilizarla en beneficio propio. Esta brecha supone una gran amenaza de la sociedad de la información en la que estamos insertos, en la medida que coadyuva al
ensanchamiento de la diferencia entre tele-ricos y tele-pobres, y puede conllevar cierta marginación institucional de los segundos respecto a los primeros.
La alfabetización digital no solo se debe ver como un medio sino también como una forma de comunicación y de relación con la Administración, por lo que es imprescindible que se adopten medidas que avancen en esta alfabetización,
posibilitando que todo el mundo tenga las mismas oportunidades en el ámbito de las nuevas tecnologías, nivelando no solo en el fondo sino también en la forma.
Partiendo de que la inclusión digital es una herramienta niveladora en los ámbitos educativo, laboral y social de primer orden, hay que evitar todas las circunstancias que la obstaculizan, por supuesto socioeconómicas, pero también
territoriales, como puedan ser las zonas de baja conectividad en el mundo rural.
En este momento histórico y político, donde la transformación digital es una de las prioridades en la hoja de ruta del Gobierno, en consonancia con los ODS y la Estrategia España Digital 2025, tenemos la oportunidad, gracias entre otros a
los fondos europeos, de plantear la reconstrucción de país también en esta clave para que realmente nadie quede atrás.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Considerar la brecha digital como un foco prioritario a erradicar en los procesos de inclusión que supongan una relación telemática con la Administración, a través de acciones que incluyan la alfabetización y/o desarrollo en este
sentido, posibilitando un ejercicio de ciudadanía en su condición plena.
2. Incorporar en las políticas públicas en el ámbito de la intervención con colectivos en riesgo de exclusión, al igual que se hace con el enfoque de género o de sostenibilidad, la inclusión digital como premisa básica.
3. En este sentido, promocionar espacios de aprendizaje de trámites básicos en la relación con la Administración -como puedan ser renovar el DNI, acudir al centro de salud o a los servicios sociales, solicitar un certificado de
empadronamiento o una vida laboral, gestionar una cuenta bancaria o acceder a un aula virtual-, necesarios para la solicitud de prestaciones y, en general, para la relación telemática con las instituciones públicas.
4. Ir alcanzando progresivamente mayores cotas de conectividad, sobre todo en zonas rurales, y de competencias digitales en la población más vulnerable y desfavorecida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2021.-Carmen Baños Ruiz, Raquel Pedraja Sáinz y Esther Peña Camarero, Diputados.-Guillermo Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002029
Mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la Proposición no de Ley relativa al impulso y reactivación del sector turístico español, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, núm. 222, de 16 de febrero de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso del desarrollo e implantación del hidrógeno en
España para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Desde mediados de los años 90 la gran mayoría de países estamos embarcados en un ambicioso proceso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para evitar hacer un daño irreversible al clima. En los últimos años este proceso ha
cogido aún más impulso tanto desde las Administraciones Públicas como desde la sociedad civil, convirtiéndose en uno de los temas de discusión social y política más importante de nuestro tiempo.
La Unión Europea entre los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo se ha marcado como meta ser climáticamente neutra en 2050, para lo que resultaría necesario descarbonizar gran parte de nuestra economía. La electrificación la
economía es una de las principales herramientas para reducir la dependencia de combustibles fósiles, pero no está exenta de retos. Por un lado, la producción mediante fuentes de energía renovables es volátil y requerirá de mejorar nuestra capacidad
de almacenar electricidad. Por otro lado, hay sectores que por sus características no pueden ser fácilmente electrificados. Destacan aquí los sistemas eléctricos insulares, transportes aéreo y marítimo, actividad portuaria y numerosos procesos
industriales.
En este contexto, el empleo de hidrógeno verde es una potencial solución para proporcionar energía a sectores que no son adecuados para la electrificación y proporcionar almacenamiento para equilibrar las variaciones de los flujos de las
energías renovables. Sendas hojas de ruta para el desarrollo de la tecnología de hidrógeno han sido publicadas en 2020 tanto por la Unión Europea ('Estrategia de hidrógeno para una Europa climáticamente neutral') como por el Gobierno de España
('Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable'). Esta última recoge 60 medidas, con diferentes grados de concreción y ambición, con el objetivo de contar con una potencia instalada de electrolizadores de entre 300 y 600 MW
para 2024 y de 4 GW para 2030.
Como toda tecnología incipiente, no podemos garantizar ex ante que será necesariamente la solución idónea, sino que serán necesidades de la industria y los consumidores serán los árbitros finales de su conveniencia. Para los sectores que sí
puede suponer la mejor solución, no obstante, un rápido y eficaz despliegue del hidrógeno contribuirá a garantizar la competitividad de nuestra industria y posicionarla en la vanguardia tecnológica, a la par que se avanza en el cumplimiento de los
objetivos medioambientales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acelerar la implementación de las estrategias de hidrógeno nacional y europea con pleno respeto al principio de neutralidad tecnológica, de manera que las inversiones se realicen en aquellos sectores y por aquellos agentes que verían
mejorada su competitividad.
2. Reservar parte de las ayudas a la investigación y el desarrollo de la tecnología de hidrógeno, así como de las líneas de financiación a proyectos de inversión, a pequeñas y medianas empresas.
3. Priorizar las medidas destinadas al desarrollo e implementación del hidrógeno en:
a. Medios e infraestructura de transporte de pasajeros y mercancías cuya electrificación resulte técnicamente compleja o de elevado coste, incluyendo instalaciones portuarias y aeroportuarias.
b. Los archipiélagos balear y canario, atendiendo a su especial condición de insularidad.
4. Promover la adopción de las medidas necesarias para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico del uso y aplicaciones del hidrógeno, así como la colaboración entre empresas y universidades para identificar potenciales áreas de
investigación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un Registro
Nacional de Animales de Compañía, para su debate en Comisión de Derechos Sociales y Discapacidad.
Exposición de motivos
El Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal (IPPPA) ha informado que el abandono de perros ha aumentado un 25 % desde el inicio de la desescalada. El repunte de los casos de abandono de animales de compañía solía coincidir con
los periodos estivales, pero se está generalizando durante todo el año.
Las administraciones autonómicas son las competentes en la protección de animales de compañía y han legislado al respecto, aunque puedan existir variaciones en la normativa de una Comunidad a otra.
Uno de los temas en los que más se ha avanzado y ha generado claros beneficios para las mascotas y propietarios, ha sido la implantación de sistemas de identificación. Las mascotas, especialmente los perros, pero también gatos y otros
animales de compañía, tienen la obligación de estar identificadas y registradas por ley.
La imposición del sistema de identificación electrónica, transpondedor o, más comúnmente conocido como, microchip, junto con la obligación de estar inscritos en los correspondientes Registros Autonómicos, ha supuesto un avance en el control
sanitario y en la seguridad de los animales.
Los propietarios tienen mayores garantías sobre la recuperación de sus mascotas y parece existir una correlación sobre la reducción de los casos de abandono. Igualmente, se incrementa la corresponsabilidad de los propietarios sobre la
tenencia de animales de compañía.
Por lo general, la implantación del microchip corresponde a un veterinario habilitado expresamente por la administración y la gestión del Registro autonómico recae sobre los Colegios Profesionales de Veterinarios.
Las incompatibilidades tecnológicas de la identificación se han solventado con la aplicación generalizada de las Normas ISO 11784, para código y microchip, y la ISO 11785, para el mecanismo lector de la información. A su vez, estás son las
normas exigidas por la Unión Europea en el desplazamiento sin ánimo comercial de animales de compañía a un Estado miembro, desde otro Estado miembro o desde un territorio o un tercer país.
Por otra parte, cada Comunidad Autónoma ha puesto en funcionamiento su propio Registro, que están funcionando bien en cada ámbito territorial. La importancia del registro traspasa nuestras fronteras. Europetnet es la red europea de
animales de compañía y PETMAXX trabaja a nivel mundial, y en ambas se puede hacer consultas en caso de pérdida de animales de y desde otros países.
Sin embargo, no existe un Registro Nacional único de competencia Estatal y amparado por la normativa nacional, que recopile de forma uniforme los datos de contacto de todos los animales registrados. La Red Española de Identificación de
Animales de Compañía (REIAC), una asociación sin ánimo de lucro, ha venido a suplir esta carencia.
Es fundamental seguir promoviendo la identificación y el registro de los animales de compañía, pero surgen nuevos conflictos; Cuando en un viaje o traslado a otra comunidad autónoma se pierde un animal o que el animal sea capaz de
desplazarse hasta territorios próximos, a su lugar de origen, en otra comunidad autónoma. En caso de robo, el animal puede ser trasladado a otras regiones. También puede tratarse de cadáveres hallados por las fuerzas de seguridad, abriéndose un
protocolo de identificación, por una posible infracción administrativa.
En estos casos, una vez localizado el animal por los servicios de seguridad, las asociaciones protectoras o los centros de recuperación, es prácticamente imposible realizar una identificación, por la falta de autorización de acceso o por el
error de reconocimiento en el sistema.
Si eliminamos los actos ilegales, por incumplimiento de la ley, como animales con microchip pero no registrados, la existencia de un Registro Nacional de animales de compañía fiable facilitaría el trabajo de identificación y con ello el
trauma de algunas familias, el trabajo de las asociaciones protectoras, fuerzas de seguridad, y de otros organismos de la administración encargados de velar por la salud pública.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer, en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, un Registro Nacional de Animales de Compañía, cuya base de datos contemple las anotaciones de interés para su identificación desde cualquier punto del Estado,
tratándose de la fuente de información única para los registros internacionales.
2. Establecer un mecanismo de acceso al Registro Nacional de Animales de Compañía, generalizado y controlado, ajustado a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2021.-Carmen Navarro Lacoba, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas para la mejora de la administración de los fondos de
la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha cambiado por completo el escenario de la economía mundial, que se enfrenta a una crisis sin precedentes. En el caso de España, el impacto económico y social ha sido particularmente intenso
desde mediados de marzo de 2020, debido a las medidas de contención adoptadas y al importante peso de los sectores más directamente afectados.
A consecuencia de esta situación, el 10 de noviembre de 2020, se alcanzó un acuerdo entre el Parlamento Europeo y los países de la UE en el Consejo, sobre el próximo presupuesto de la UE a largo plazo y a través de la concesión de los fondos
Next Generation-EU.
Este último, es un instrumento temporal y excepcional de recuperación dotado con 750.000 millones de euros, cuya pretensión es que la Europa posterior a la pandemia sea más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos
actuales y futuros.
España es el segundo país de la Unión Europa que más fondos va a recibir, concretamente 140.000 millones de euros, de los que 72.700 millones serán a fondo perdido y los 67.300 millones restantes en forma de préstamos.
El Fondo de Recuperación Europeo consta de dos instrumentos a través de los cuales se canalizarán los recursos: por un lado, la facilidad para la Recuperación y la Resiliencia, que concentra el grueso con 59.000 millones en transferencias,
y por otro lado el REACT-EU que permite a nuestro país obtener financiación por un importe de 12.400 millones.
Este Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en torno a diez políticas tractoras que van a incidir directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido
económico y social.
Entre ellas, destacar la cuarta política tractora que promoverá una Administración para el siglo XXI, para que esta actúe como motor de los cambios tecnológicos. Esto es, nuestro país, potenciará la calidad y eficiencia de las
Administraciones Públicas y de los servicios públicos que presta, favoreciendo la confiabilidad de la ciudadanía mediante la accesibilidad y una rápida capacidad de repuesta. Y que se preocupa por la calidad de los servicios, en los pequeños
núcleos de población y municipios de la España rural en riesgo demográfico.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar la cogobernanza en la coordinación entre el Estado con las Comunidades Autónomas y la Administración Local para la asunción y ejecución de los fondos de la Unión Europea Next Generation-EU.
2. Impulsar la modernización, agilidad y trasparencia de la Administración General de Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Entes Locales, para evitar obstáculos de carácter administrativo, que demoren y ralenticen la recuperación
económica de nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-Uxía Tizón Vázquez, Josefa Andrés Barea, José Luis Aceves Galindo, José Losada Fernández, Ariagona González Pérez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Santos Cerdán León, Rafaela
Crespín Rubio, Isaura Leal Fernández, Patxi López Álvarez, Esther Padilla Ruiz y José Luis Ramos Rodríguez, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso del desarrollo e implantación del hidrógeno en
España para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Desde mediados de los años 90 la gran mayoría de países estamos embarcados en un ambicioso proceso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para evitar hacer un daño irreversible al clima. En los últimos años este proceso ha
cogido aún más impulso tanto desde las Administraciones Públicas como desde la sociedad civil, convirtiéndose en uno de los temas de discusión social y política más importante de nuestro tiempo.
La Unión Europea entre los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo se ha marcado como meta ser climáticamente neutra en 2050, para lo que resultaría necesario descarbonizar gran parte de nuestra economía. La electrificación la
economía es una de las principales herramientas para reducir la dependencia de combustibles fósiles, pero no está exenta de retos. Por un lado, la producción mediante fuentes de energía renovables es volátil y requerirá de mejorar nuestra capacidad
de almacenar electricidad. Por otro lado, hay sectores que por sus características no pueden ser fácilmente electrificados. Destacan aquí los sistemas eléctricos insulares, transportes aéreo y marítimo, actividad portuaria y numerosos procesos
industriales.
En este contexto, el empleo de hidrógeno verde es una potencial solución para proporcionar energía a sectores que no son adecuados para la electrificación y proporcionar almacenamiento para equilibrar las variaciones de los flujos de las
energías renovables. Sendas hojas de ruta para el desarrollo de la tecnología de hidrógeno han sido publicadas en 2020 tanto por la Unión Europea ('Estrategia de hidrógeno para una Europa climáticamente neutral') como por el Gobierno de España
('Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable'). Esta última recoge 60 medidas, con diferentes grados de concreción y ambición, con el objetivo de contar con una potencia instalada de electrolizadores de entre 300 y 600 MW
para 2024 y de 4 GW para 2030.
Como toda tecnología incipiente, no podemos garantizar ex ante que será necesariamente la solución idónea, sino que serán necesidades de la industria y los consumidores serán los árbitros finales de su conveniencia. Para los sectores que sí
puede suponer la mejor solución, no obstante, un rápido y eficaz despliegue del hidrógeno contribuirá a garantizar la competitividad de nuestra industria y posicionarla en la vanguardia tecnológica, a la par que se avanza en el cumplimiento de los
objetivos medioambientales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acelerar la implementación de las estrategias de hidrógeno nacional y europea con pleno respeto al principio de neutralidad tecnológica, de manera que las inversiones se realicen en aquellos sectores y por aquellos agentes que verían
mejorada su competitividad.
2. Reservar parte de las ayudas a la investigación y el desarrollo de la tecnología de hidrógeno, así como de las líneas de financiación a proyectos de inversión, a pequeñas y medianas empresas.
3. Priorizar las medidas destinadas al desarrollo e implementación del hidrógeno en:
a) Medios e infraestructura de transporte de pasajeros y mercancías cuya electrificación resulte técnicamente compleja o de elevado coste, incluyendo instalaciones portuarias y aeroportuarias.
b) Los archipiélagos balear y canario, atendiendo a su especial condición de insularidad.
4. Promover la adopción de las medidas necesarias para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico del uso y aplicaciones del hidrógeno, así como la colaboración entre empresas y universidades para identificar potenciales áreas de
investigación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002111
A la Mesa de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico
Tomás Guitarte Gimeno, Diputado de la Agrupación de electores Teruel Existe, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, abordando de manera integral la problemática de los 'montes de socios'.
Exposición de motivos
En España existen entre 1,5 y 2 millones de hectáreas de terrenos de naturaleza forestal cuya propiedad corresponde a un conjunto de personas físicas y jurídicas en régimen de pro indivisión, siendo además alguna de ellas desconocidas.
Esta ingente cantidad de superficie, conformada por pastizales, matorrales, dehesas y bosques, supone el 6 % de la superficie forestal de nuestro país, ocupando una extensión superficial equivalente a las de las CC.AA. del País Vasco,
Cantabria y La Rioja juntas.
Además, la localización de estos montes, coincide con en la mayor parte de los casos con los territorios altamente despoblados que conforman la conocida como 'España vaciada'.
El origen de estos montes mayoritariamente se corresponde con las compras que los habitantes del medio rural realizaron en las épocas desamortizadoras de finales del siglo XIX, cuando sus respectivos ayuntamientos fueron expropiados de sus
bienes rústicos y, ellos, abocados a tener que comprar la tierra de la que disfrutaban en su condición de vecinos, con el consiguiente empobrecimiento de sus economías familiares.
Los títulos de propiedad generados a partir de dichas subastas públicas se encuentran mayoritariamente desactualizados, siendo habitual que todavía aparezcan como titulares las personas que conformaron aquellas compras.
Siendo la naturaleza jurídica de estos montes la de una comunidad de bienes, deben estos regirse por lo establecido en los artículos 391 y siguientes del Código Civil. Sin embargo, la realidad es que resulta imposible dar cumplimiento a lo
previsto en dicha normativa básica por tres razones fundamentales:
- La naturaleza jurídica de los montes de socios no encaja con la de la comunidad ordinaria del Código Civil, porque tienen vocación de permanencia y de uso colectivo, porque reúnen características de la comunidad romana y de la germánica en
cuanto a las formas de aprovechamiento, y porque requieren una regulación específica como comunidad funcional o especial.
- Existencia de cuotas de propiedad desconocidas: transcurridos más de 100 años desde que se generaron los títulos de adquisición de los montes, son habituales los casos de cuotas de propiedad desactualizadas o incluso desconocidas, en
muchos casos debido a los diferentes procesos migratorios acontecidos en nuestro país que desvincularon a las personas de sus raíces rurales, y porque no existen en la legislación actual los medios jurídicos adecuados para la actualización de la
titulación.
- Imposibilidad de quórum: la mayor parte de los condueños de estos montes ya no residen en las poblaciones donde estos se ubican. Además, habiendo transcurrido una media de cinco generaciones, los grupos de titulares suelen estar
conformados por centenares de personas, resultado en la práctica imposible conseguir el quórum que el Código Civil exige para que las decisiones adoptadas por los comuneros puedan ser válidas.
Estas limitaciones han llevado a este tipo de montes a una situación de semiabandono, ante la imposibilidad formal de adoptar decisiones válidas para su uso.
La falta de gestión de estos montes tiene importantes consecuencias para nuestra sociedad y para el cuidado del territorio, con perjuicios en el ámbito ambiental (pérdida de biodiversidad, incendios forestales), en el ámbito económico
(infinidad de recursos como la madera, biomasa, pastos, resina, etc. que no generan actividad económica) y social (desempleo y despoblación).
Afortunadamente, en el año 2003, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a través de su disposición adicional décima habilitó la figura de las 'Juntas Gestoras' para permitir la gestión de los recursos forestales, energéticos y
mineros de este tipo de montes.
Posteriormente, la reforma de dicha Ley practicada en el año 2015 a través del artículo 27.bis, fortaleció dicha figura, diferenciando a este tipo de montes privados de naturaleza colectiva, del resto de la propiedad privada y acuñando para
los mismos la figura de 'montes de socios'.
Con la habilitación de las 'juntas gestoras' se ha configurado un interesantísimo proceso de recuperación y puesta en valor de estos montes que está contribuyendo a generar actividad económica, empleo, e incluso a revertir el proceso
despoblador en las localidades en las que se está llevando a cabo, generando un efectivo canal de acercamiento entre lo rural y lo urbano.
El desarrollo de este proceso recuperador ha puesto en evidencia que la normativa vigente es insuficiente, confusa y a veces contraproducente para atender las necesidades que el proceso de revitalización de estos espacios precisa, siendo
necesarios nuevos avances normativos.
Sin embargo, la base legal que ha permitido poner en marcha este proceso es muy frágil, puesto que se basa en un artículo de la legislación forestal, cuando sus necesidades de actuación requieren, por su complejidad, un texto normativo
completo que aborde su naturaleza jurídica, el régimen de actuación de las juntas gestoras, nuevos medios de actualización de titulación concordes con la normativa vigente, y un desarrollo fiscal adecuado.
Propiciando dicho desarrollo normativo específico, se permitiría a este tipo de montes desarrollar el potencial que albergan, dando lugar a una importantísima acción de revitalización económica, social y ambiental del medio rural.
No podemos olvidar que además, fue precisamente el Estado español quien expropió y subastó estos montes, entregando a sus nuevos propietarios un marco legal incapaz de dar cabida a los sistemas de gobernanza de sus comunidades titulares.
Parece por tanto coherente que sea el propio Estado quien resarza dicha deuda habilitando el marco normativo preciso para la recuperación y puesta en valor de estos montes. En muchos casos, los cotitulares actuales, son la última generación que
conserva cierto conocimiento y compromiso con estos montes, por lo que se trata de un tema realmente urgente. Una dejación de funciones supondría la puntilla final que significaría la desaparición de estos patrimonios naturales y culturales.
Es por ello por lo que es imprescindible abordar este fenómeno de una manera integral, instando a la promulgación de una Ley que contemple toda la problemática específica de los Montes de Socios, de forma que cobren la importancia económica
y de vertebración social, la dimensión ambiental y de cuidado del territorio y de revitalización de la España abandonada, que pueden tener.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa del diputado Tomás Guitarte Gimeno, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar una ley que aborde de manera integral la problemática de los montes de socios respetando su naturaleza jurídica, perfeccionando sus órganos de gestión, adecuando los medios de
titulación a sus especialidades y estableciendo un marco adecuado para su tributación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Tomás Guitarte Gimeno, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el equilibrio y un trato justo y equitativo de
los ganaderos frente a los daños causados por lobo ibérico y otras especies protegidas, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad propuso el 4 de febrero la inclusión de todas las poblaciones de lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que
pondría fin al estatus de especie cinegética que actualmente tiene al norte del río Duero y, en consecuencia, a los cupos de caza regulada existente.
Esta decisión fue tomada ya sin consenso dentro de la Comisión, en una votación resuelta por la mínima y, lo que es más importante, con la oposición de precisamente las cuatro Comunidades Autónomas (Asturias, Cantabria, Castilla y León y
Galicia) más afectadas al aglutinar el 95 % de la población del lobo ibérico. De igual manera, la propuesta ha sido recibida con un fuerte rechazo de las principales asociaciones ganaderas de esas regiones más afectadas. La toma unilateral de
decisiones sin consulta ni coordinación con los afectados, por desgracia, parece haberse convertido en el modus operandi habitual en la política agrícola y ganadera del Gobierno.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, como la amplia mayoría de los ciudadanos, comparte plenamente el objetivo de proteger la enorme biodiversidad animal y vegetal que tenemos la fortuna de disfrutar en España. La protección de especies
vulnerables como el lobo ibérico no es una excepción. Afortunadamente todo indica que la situación crítica en la que se encontraba el lobo ibérico en los últimos años ha ido mejorando, con un crecimiento considerable tanto del número de manadas
existentes y como de la población total, estimadas en unas 300 y 2.500, respectivamente.
No se puede obviar, no obstante, que la persecución de objetivos medioambientales en un ámbito concreto, en muchas ocasiones, acarrea riesgos y costes significativos en otros que deben ser adecuadamente abordados. En el caso que nos trae,
el nuevo régimen de protección del lobo ibérico expone al mundo rural al norte del Duero, y especialmente a las explotaciones ganaderas, a los daños que poblaciones de lobos sin control pudieran ocasionarles. Asociaciones ganaderas estiman el más
de 2.500 ataques y 3.500 reses muertas y 2 millones de euros en daños solo en Castilla y León en el año 2019, situación que solo puede ir a peor sin la gestión poblacional que permitiría una caza controlada.
En tanto que la preservación de las especies que integran nuestro espacio natural es una tarea que incumbe a toda la sociedad española en su conjunto, es lógico que sea la sociedad española también en su conjunto, y las Administraciones
Públicas en su nombre, quien se haga cargo de los costes asociados a la conservación animal en lugar de dejar a los ganaderos a su suerte. Se hace necesario, por lo tanto, establecer mecanismos que indemnicen al sector rural más afectado por esta
decisión.
En este caso particular, teniendo en cuenta que la inclusión del lobo en el LESPRE parte de una decisión unilateral del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que la misma tiene serios efectos negativos sobre la
ganadería, es dicho Ministerio quien debe responsabilizarse de financiar las pérdidas ocasionadas a través de un mecanismo compensatorio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Retomar inmediatamente el diálogo con las asociaciones ganaderas y administraciones públicas de las regiones más afectadas por la inclusión del lobo ibérico en Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) con el fin de encontrar
soluciones consensuadas por todas las partes implicadas que permitan alcanzar un equilibrio que haga compatible este régimen de protección con el desarrollo de las actividades agrarias y garantizar un trato justo y equitativo para los ganaderos que
se ven afectados por los daños causados por el lobo.
2. Crear de un mecanismo nacional de indemnizaciones específico, a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para explotaciones ganaderas que cubra de manera efectiva todos los daños y las pérdidas causadas
por ataques de lobos y garantice la percepción de las indemnizaciones mediante un procedimiento sencillo, ágil y sin dilaciones en el tiempo.
3. Elaborar un nuevo censo nacional del lobo ibérico que sustituya el último disponible de 2014 y así actualizar la información disponible sobre el estado, distribución y actividad de las poblaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Cultura y Deporte
161/002094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la erradicación de la LGTBlfobia en el ámbito deportivo, especialmente en el
fútbol, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
En el ámbito legal la igualdad de las personas LGTBI y la libertad sexual es un derecho en España. La heterosexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad son orientaciones sexuales que en el Estado español han alcanzado la plena igualdad
de iure. Con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se vieron reconocidos los derechos de las personas transexuales en lo referente al cambio registra) de su nombre. Sin embargo, esta diversidad
sexual, que tanto las leyes como la mayor parte de la sociedad española asumen sin mayor problema, no se visibiliza en el ámbito deportivo.
En pleno siglo XXI, la orientación sexual no heterosexual o la participación de las personas transexuales sigue siendo un tema tabú en el deporte en general y en el fútbol en particular, aún hay una invisibilidad obligada por la intolerancia
y la presión social. De esta manera, la sociedad ha sabido a través de los medios de comunicación que equipos de fútbol impiden a sus jugadores, especialmente a aquellos con una gran relevancia pública, manifestar su homosexualidad abiertamente.
El deporte en general y el fútbol en particular son de los ámbitos más hostiles para las personas LGTBI de nuestra sociedad, lo que deja en entredicho su grado de democratización efectiva. Hay una gran hostilidad hacia la presencia personas LGTBI
visibles entre la afición, los equipos técnicos, directivos y deportivos.
El deporte ha sido históricamente un lugar de dominación masculina, lo que explica el rechazo a las personas LGTBI en la práctica deportiva por presuponer menos masculinidad a las personas pertenecientes al colectivo.
La historia del deporte muestra auténticos dramas tras la exposición pública de su homosexualidad por algunos deportistas. Muy conocido es el caso del futbolista inglés Justin Fashanu, que tras revelar su orientación sexual acabó
suicidándose. Otro caso es el del árbitro de fútbol gaditano Jesús Tomillero, quién al hacer pública su homosexualidad, fue objeto de insultos, agresiones y amenazas de muerte, hasta que tomó la decisión de dejar de arbitrar. Sin llegar más lejos,
el pasado 8 de febrero el activista y vicepresidente de COGAM, Santiago Rivero, que juega en un equipo LGTB del club GMadrid Sport, sufrió insultos por parte de menores que estaban en la grada al grito de 'maricón' o 'sarasa'.
No obstante, también ha habido deportistas famosos que hicieron frente a las presiones hasta superarlas, todos ellos han tenido que demostrar mucha más ejemplaridad que sus adversarios, para que la opinión pública reconociese sus méritos,
como fueron los casos de las tenistas Martina Navratilova y Billie Jean King o el exsaltador Greg Louganis.
Ante esta situación y de la misma forma que hicieran en el pasado las mujeres, como Encarna Hernández, alias 'la Niña del Gancho', o los deportistas negros, la comunidad LGTBI viene luchando en el terreno deportivo desde hace décadas sin
conseguir el objetivo de ganar respeto y visibilidad. Y es de merecida justicia reconocer la labor de la Agrupación del Deporte Ibérica que engloba a los clubs deportivos LGTBI de España.
Los estudios sobre la población LGTBI ponen de manifiesto que al menos el 6 % de la población europea se considera miembro de este colectivo. De cumplirse esta hipótesis, en España alrededor de 1,3 millones de personas LGTBI practicarían
deporte y 270 de los 4.453 deportistas de alto nivel que tenía catalogados el Consejo Superior de Deportes en 2017 pertenecerían a este colectivo. Por disciplinas, habría algo más de 42.000 futbolistas LGTBI federados, según los datos oficiales de
2016, entre los cuales 142 lo harían como profesionales. Sin embargo, son muy pocos los deportistas que han reconocido pertenecer al colectivo LGTBI.
Es por eso que el objeto de esta Proposición no de Ley es instar al Consejo Superior de Deportes a que lleve a cabo una campaña de sensibilización, formación y de lucha contra la LGTBIfobia que podría incluir también la lucha contra el
racismo, la xenofobia y la violencia por razones de odio, y que iría destinada a los deportistas, la afición, los directivos, los técnicos, los medios especializados y la sociedad en general.
Mientras que en el ámbito internacional se han hecho campañas por asociaciones y organismos, como el Consejo de Europa o el Organismo para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), contra la LGTBIfobia en el ámbito deportivo, en
nuestro país no se han realizado aún.
Una excepción fue la promovida en 2015 por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), denominada #LaLigaArcolris, en la que animaron a equipos y jugadores de fútbol a su repulsa contra el tabú de la
homofobia en el fútbol. Equipos de fútbol como el Rayo Vallecano, el Leganés o el Cádiz, llevaron cordones multicolores para expresar este mensaje, y solidarizarse con la causa.
Todo esto ocurre aun cuando la Ley 19/2007, de 7 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte del Estado español se recoge, en su Exposición de motivos y en los artículos 2, 6, 23, 34 y 35, la
necesidad de promover la lucha contra la falta de tolerancia en el deporte, así como de sancionar mediante infracciones graves o muy graves, los actos violentos que tengan como motivación también la homofobia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La puesta en marcha de una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte en general y en el fútbol en particular, con el objeto de promocionar el deporte inclusivo, ganar el espacio, la visibilidad, la aceptación y el respeto al colectivo
LGTBI.
2. Incluir en el 'Protocolo de actuación para el restablecimiento de la normalidad en competiciones, pruebas o espectáculos deportivos a que se refiere el artículo 15.2 de la Ley 19/2007, contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en
el deporte' la suspensión durante cinco minutos de la competición, prueba o espectáculo deportivo cuando se produzcan actos intolerantes contra la comunidad LGTBI, racismo o violencia contra las mujeres.
3. Fomentar, en el marco de sus competencias, la instauración de cursos hacia personal directivo, técnico y deportivo, de respeto a la diversidad en general y a la realidad de las personas LGTBI en particular, al modo de los que imparte la
asociación Deporte y Diversidad en la Comunidad de Madrid.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2021.-Juan Luis Soto Burillo, Antonio Hurtado Zurera, Arnau Ramírez Carner y Lázaro Azorín Salar, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez, Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael
Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/002081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de un nuevo plan para mejorar las competencias digitales
básicas y avanzadas, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
A escala europea, el Índice de Economía y Sociedad Digital DESI (Digital Economy and Society índex) correspondiente al año 2020, sitúa a España en el puesto undécimo de los veintiocho Estados miembros de la UE en su Índice Global. Uno de
los indicadores que en el DESI mejor reflejan la capacitación digital de los ciudadanos de cada país son los recogidos bajo el agregado dimensión de capital humano que hacen referencia a la distribución de la población por niveles de capacitación
digital y a la existencia de especialistas en TIC. Para el año 2020 España mejora su posición, al pasar de la 17 al 16 del ranking en la dimensión de capital humano, tras elevar su nota de 44,5 puntos hasta 47,6 puntos, si bien es la dimensión en
la que España obtiene peores resultados de todos los analizados.
Respecto a las habilidades digitales, España se encuentra mejor posicionada en competencias digitales por encima del nivel básico: el 36 % de la población tiene este tipo de competencias frente al 33 % promedio de la UE. Sin embargo, en
las competencias digitales de al menos nivel básico, la proporción de españoles (57 %) es ligeramente inferior a la media de la a Unión Europea (58 %). También es inferior el porcentaje de españoles con conocimientos de software de al menos nivel
básico: el 59 % frente al 61 %
de la Unión Europea. En cuanto a la formación, se incrementa el número de titulados en TIC hasta el 4 %, superando la media europea del 3,6 %.
En general, España se sitúa por debajo de la media europea en capital humano, aunque está mejorando su posición. Casi la mitad de la población carece todavía de competencias digitales básicas y un 8 % nunca ha utilizado Internet. La edad
es un factor determinante del nivel de capacitación digital de los ciudadanos. Mientras que el 67,8 % de las personas con edades entre los dieciséis y los veinticuatro años cuenta con un nivel avanzado, este porcentaje desciende paulatinamente
según se eleva la edad, hasta situarse en el 6,5 % entre la población de 65 y 74 años.
De acuerdo con la Comisión Europea, la falta de habilidades digitales es una de las principales causas que limitan la capacidad de aprovechar la riqueza asociada al uso de la tecnología digital y de superar los retos que plantea. Por
ejemplo, el 14,5 % no compra en Internet por falta de habilidades o conocimientos. La falta de habilidades digitales o conocimiento es la segunda razón más declarada por la que los usuarios no enviaron formularios cumplimentados a las
Administraciones Públicas a través de Internet (33,1 % de las personas que declararon no enviarlos alegaron esta razón). Sin duda, en una sociedad cada vez más digitalizada la falta de capacitación digital puede llegar a convertirse en un factor de
exclusión social, en la medida que la empleabilidad de las personas depende cada vez más de su nivel de capacitación digital.
Así, la carencia de habilidades digitales perjudica su capacidad de entrada en el mercado de trabajo, y por supuesto su adaptación a los cambios asociados al teletrabajo, en especial en la situación derivada de la pandemia de la COVID19, que
se está evidenciado aún más. En suma, la brecha digital forma parte de una brecha de capacidades con sus consecuencias laborales.
En consecuencia, reducir la brecha actual de competencias digitales para ciudadanía requiere reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales al entorno virtual, tal como pretende la Carta de Derechos Digitales
impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que constituye uno de los compromisos del Plan España Digital 2025.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar las acciones contempladas en el Plan de Competencias Digitales destinadas a mejorar el nivel de competencias digitales básicas de la población, especialmente de los colectivos peor situados actualmente, esto es, mayores,
personas con bajo nivel de ingresos y de estudios, en especial en áreas no urbanas.
2. Atender también de forma especial a la brecha digital producida por razones de edad avanzada o de discapacidad, garantizando la accesibilidad universal para personas que normalmente encuentran mayor dificultad para el pleno uso integral
e integrado de estos medios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-María Ángeles Marra Domínguez y Sonia Guerra López, Diputadas.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de
un mecanismo de compensaciones directas a los sectores afectados por la crisis de la COVID-19 para su debate en instancia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Las medidas económicas que el Gobierno español ha aplicado para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19 sobre miles de empresas y trabajadores autónomos siguen siendo insuficientes.
Durante el primer impacto de la pandemia y ante el cierre casi total de la economía, el Gobierno español estableció mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, una primera línea de préstamos avalados por el Instituto de Crédito
Oficial por un importe total de 100.000 millones de euros. Si bien esta medida resultó ser necesaria en las primeras fases de la crisis para garantizar la inyección de liquidez en el tejido productivo, en el contexto actual ha demostrado ser una
medida insuficiente. Los datos muestran que la demanda de los préstamos ICO ha ido disminuyendo a medida que se han ido alargando los cierres y restricciones de los negocios, a pesar de la flexibilización de las condiciones de acceso, al no querer
las empresas contraer nuevas deudas que pudieran poner en riesgo su solvencia.
Así, ante el avance de las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria, las medidas deben ir adaptándose a las necesidades del sector productivo porque ya en la tercera ola de contagios por la COVID-19 son muchas las empresas
y los trabajadores autónomos que continúan con una actividad mínima o nula. Pero de manera incomprensible, delante de este escenario de reducción drástica de la facturación que se ha ido alargando en el tiempo, el Gobierno español sigue sin
articular un mecanismo de compensaciones directas y no reembolsables a las empresas y a los trabajadores autónomos afectados.
Las medidas adoptadas por los diversos países para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria, social y económica han sido dispares. Diversos organismos han publicado informes sobre el esfuerzo fiscal realizado por los estados respecto
el PIB y en el caso del estado español la respuesta dada ha quedado bien lejos del esfuerzo que han hecho otros países de la Unión Europea. Así lo muestra, por ejemplo, un informe del BCE publicado a principios del mes de febrero que sitúa al
estado español a la cola de los países que menos ha gastado para luchar contra las consecuencias generadas por la crisis de la COVID-19, situándose en solo el 1,3 % del PIB y muy por debajo de la media de los países de la zona euro.
A modo de ejemplo, Francia ha destinado a subvenciones directas para pymes y trabajadores autónomos afectados por el cierre y en compensación de pérdidas de facturación un total de 8.000 millones de euros. En Italia, en la segunda ola se
movilizaron 4.500 millones de euros en subvenciones de apoyo a empresas y trabajadores autónomos. En Alemania, solo en la primera ola de la COVID-19 se movilizaron más de 50.000 millones de euros en concepto de subvenciones directas y en la segunda
ola se establecieron compensaciones directas por cada día de cierre por un valor correspondiente al 75 % de la facturación del mismo periodo en el año 2019. En Portugal han impulsado el programa Apoiar con un total de ayudas directas de 2.100
millones de euros. Así, el Estado español es el único estado que sigue sin aplicar un programa de compensaciones directas de estas características.
La decisión de aplicar medidas restrictivas de la actividad para frenar los contagios por la COVID-19 debe ir acompañada de recursos para compensar a los sectores afectados. De no ser así, se estaría incumpliendo el principio de
corresponsabilidad de las administraciones produciéndose una desviación de los costes de la pandemia hacia el tejido productivo. En especial, afectando a los trabajadores autónomos que representan cerca de tres millones de personas o alrededor de
un 15% de la ocupación total. Un colectivo que está sufriendo más que ningún otro con las restricciones que la pandemia ha obligado a adoptar, puesto que los cierres totales o temporales de la restauración, la hostelería y la cultura, afecta
mayormente a trabajos autónomos.
Por eso, y ante la inacción del Gobierno español, son otras administraciones públicas las que han aprobado medidas de compensación directa que necesita el sector. En esta línea, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprobó durante el mes
de enero un nuevo paquete de compensaciones directas para los colectivos y sectores más afectados por la COVID-19 por un valor de 618M en el primer trimestre de 2021. Una nueva inyección de recursos que se suma a los ya desembolsados a finales del
año pasado pero que son insuficientes para paliar la magnitud de las consecuencias de las restricciones.
Por todo ello, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Crear, en el plazo de un mes, un mecanismo de compensaciones directas y no reembolsables para pymes y trabajadores autónomos afectados por las restricciones sanitarias.
2. Articular los mecanismos necesarios para asegurar la solvencia de las empresas afectadas por las restricciones, con especial atención a pymes y trabajadores autónomos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2021.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de exención total del IVA de todos los
test de diagnóstico, geles hidroalcohólicos y vacunas de venta al público, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Desde el 14 de marzo en que se declaro el Estado de Alarma por la pandemia de COVID-19, se han contagiado en España 1.712.101 personas y el exceso de mortalidad se eleva a 63.345 según se recoge en el último informe del Sistema de
Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos.
Las medias recomendadas por científicos, expertos y autoridades para prevenir la cadena de contagios son la higiene personal, el uso de mascarillas, la distancia interpersonal y la realización de test de forma masiva para el diagnóstico de
personas con COVID-19 o que hayan desarrollados anticuerpos por estar en contacto con el virus.
Las pruebas de diagnóstico del COVID-19 se han venido realizando en centros y por profesionales sanitarios, tanto las PCR como los test rápidos de antígeno y anticuerpos. La Agencia Española del Medicamento ha autorizado nuevos test de
autodiagnóstico por su eficacia para ser utilizados por los ciudadanos.
Los test de autodiagnóstico de anticuerpos del COVOD-19 han llegado a las farmacias y podrán adquirirse con receta médica. Estas pruebas permiten a los ciudadanos obtener unos resultados rápidos mediante una punción en el dedo. Estos test
sirven para ver si una persona ha tenido contacto con el virus, al detectar la presencia de anticuerpos IgM e IgM ante el SARS-CoV-2.
Las vacunas frente al COVID-19 han sido adquiridas por el Gobierno y empezaran a suministrarse a partir de enero de 2020 en todos los Centros de Salud de la red de centros dependientes de las comunidades autónomas y de forma gratuita. Es
probable que cuando la disponibilidad de vacunas sea mayor, se amplíe la logística necesaria para que en tiempo y forma se disponga de la vacuna.
Desde al Partido Popular venimos reclamando desde el 14 de marzo de 2020, la reducción del precio e IVA aplicado a las mascarillas, geles hidroalcohólicos y productos sanitarios obligatorios, necesarios y útiles en la lucha y prevención
frente al COVID-19.
El Gobierno se ha negado de forma sistemática a eliminar el IVA de todos los tipos de mascarillas autorizadas y siguen aplicando el IVA del 21% a todos los productos sanitarios anti-COVID incluidos los geles hidroalcohólicos y test de
autodiagnóstico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que 'excepcionalmente, por la situación actual provocada por el Covid-19, y mientras dure la pandemia, el IVA aplicable a los test de autodiagnóstico, geles hidroalcohólicos y vacunas, cuando
estén disponibles, será del 0%; dado que se consideran pruebas diagnósticas, productos y medicamentos, de interés relevante en la prevención del contagio por coronavirus.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2021.-Ana María Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado, Mario Garcés Sanagustín, Carmen Riolobos Regadera, Carolina España Reina, Elvira Velasco Morillo y Elena Castillo López,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
impedir la compra masiva de bienes de consumo mediante bots, con destino a la reventa especulativa, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Actualmente en el ámbito de los bienes de consumo ha proliferado un gran mercado profesional dedicado al denominado scalping; una técnica que consiste en comprar, en pocos minutos, el mayor número posible de un determinado producto, para
revenderlo con un elevado margen de beneficio. En la mayoría de ocasiones se utilizan bots para realizar este trabajo, utilizando un software cada vez más sofisticado, capaz de superar las pruebas de CAPTCHA, eludiendo las restricciones impuestas
para evitar estas prácticas. Es un fenómeno idéntico al que ha proliferado en el mercado de las entradas para determinados espectáculos y que actualmente se ha extendido al ámbito de la informática, consolas de videojuegos, zapatillas y ropa
deportiva de determinadas marcas, etc. y que provoca que determinados productos, muy demandados por los consumidores, solo estén disponibles utilizando canales de venta online y a un precio de venta muy superior al recomendado por el fabricante.
Debido a su capacidad para repetir rápidamente una tarea específica, los bots se utilizan para realizar determinadas acciones a una escala que los seres humanos no pueden. Algunas investigaciones señalan que los bots conforman más de la
mitad de toda la actividad de Internet y, más específicamente, los bots maliciosos generan casi el 30 por ciento de todo el tráfico de Internet. Los bots maliciosos provocan importantes perjuicios para los fabricantes, los minoristas y los
consumidores: restringen el acceso a determinados productos, incrementan los precios de forma desproporcionada y perjudican la relación entre el cliente y la marca.
Los Parlamentos de algunos países como Estados Unidos o Reino Unido ya están impulsando medidas para prohibir este tipo de prácticas. En el caso de Estados Unidos, en noviembre de 2018 cuatro congresistas del Partido Demócrata impulsaron
una iniciativa legislativa, la denominada Stopping Grinch Boots Act, para ilegalizar el uso de bots para compras online y prohibir la reventa de artículos comprados mediante bots. Esta iniciativa se basa en la Ley Better Online Tickets Sales (BOTS)
de 2016, que ilegalizó la compra de entradas para espectáculos en cantidades masivas con objeto de revenderlas a un precio muy superior con objeto de obtener importantes ganancias a costa del bolsillo de los consumidores y del esfuerzo de los
promotores y organizadores del evento. En el caso del Parlamento británico, el pasado 14 de diciembre, seis diputados del Partido Nacional Escocés (SNP) instaron al Gobierno a modificar la legislación para prohibir la reventa de consolas de juegos
y componentes de PC a precios muy por encima del precio de venta recomendado por el fabricante y para que la reventa de bienes adquiridos con bots automatizados sea considerada una actividad ilegal. El 21 de diciembre esta iniciativa del Parlamento
británico contaba con veintiséis partidarios, entre ellos, varios de ellos miembros del Partido Laborista.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las medidas necesarias, tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión Europea, destinadas a impedir:
1. La utilización de herramientas informáticas que eludan las medidas de seguridad destinadas a evitar las compras masivas de bienes de consumo para su reventa especulativa, en un sitio web de Internet o servicio en línea.
2. La venta u oferta de los citados bienes, siempre que quienes los oferten hayan participado en la citada conducta o conozcan que dichos bienes fueron adquiridos mediante la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Marisol Sánchez Jodar, Julio Navalpotro Gómez, Ana Prieto Nieto, José Ramón Ortega Domínguez, Carmen Andrés Añon, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces,
Sandra Guatia Esteruelas, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicente Viondi, Agustín Zamarrón Moreno y Andrea Fernández Benéitez, Diputados.-Guillermo Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Endometriosis, en el marco del Observatorio de Salud de las Mujeres, con el
fin de impulsar su investigación y su diagnóstico precoz así como actualizar la 'Guía de atención a las mujeres con endometriosis' actual, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La medicina, como todas las dimensiones de la vida, está atravesada por el sesgo de género propio de la sociedad androcéntrica y patriarcal en la que vivimos. Esta afirmación se ve cada vez más apoyada por investigaciones y publicaciones de
carácter médico. Sin ir más lejos, la doctora Carmen Valls ha publicado 'Mujeres Invisibles', una obra donde referencia y actualiza este asunto.
Las consecuencias de estos sesgos culturales son múltiples. Uno de los padecimientos más desconocidos y recurrentes que responden a este marco contextual es la endometriosis.
Se calcula que la endometriosis afecta a un número elevado de mujeres en edad fértil: entre un 10 y un 15%.
Durante este periodo, que puede ser de casi 20 años, las pacientes sufren, además de los problemas derivados de la enfermedad, otras repercusiones físicas, psíquicas y sociales, como consecuencia del desconocimiento y la incomprensión
social, laboral, familiar y, en muchos casos, sanitaria, derivada, entre otras cuestiones, de importantes sesgos de género.
Además, al afectar especialmente a mujeres en edad productiva, genera pérdidas de horas de trabajo, con repercusiones relevantes sobre su economía y su desempeño laboral.
El diagnóstico de la enfermedad se caracteriza por ser, en muchos casos, tardío. Primero, porque suele resultar complejo por la variabilidad de los síntomas. Y segundo, está muy relacionado con la idea social generalizada de que es normal
que la menstruación duela. Esta aceptación de normalidad del dolor menstrual por parte de las mujeres, junto a la complejidad del diagnóstico, puede hacer que se demore hasta 8 años.
En el año 2010, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), a través del Observatorio de Salud de las Mujeres, creó un grupo de trabajo encargado de elaborar una 'Guía de Atención a la Mujer con endometriosis en el
Sistema Nacional de Salud', con el objetivo de ofrecer a las mujeres con endometriosis la mejor atención médica y sanitaria posible.
Esta guía fue publicada en el año 2013, y sus objetivos principales consisten en 'contribuirá un mayor conocimiento de la endometriosis, basado en la mejor evidencia científica disponible y en el consenso entre personas expertas, para ayudar
a los equipos profesionales de los servicios sanitarios en la toma de decisiones sobre el diagnóstico, tratamiento, cuidados, prevención, derivación y otros aspectos relacionados con la endometriosis y avanzar en unas pautas comunes de actuación en
el SNS, contribuyendo con ello a la atención integral de las mujeres afectadas y a la sensibilización de la sociedad en general ante esta enfermedad'.
La elaboración de esta guía tiene su base normativa en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que en su artículo 27 recoge los principios básicos para la integración del principio de igualdad
en las estrategias y programas de salud.
Este documento recoge la perspectiva de género en toda su redacción, entendiendo que para un adecuado abordaje de esta enfermedad es necesario que, desde la investigación de la enfermedad al diseño de programas, se ha de tener en cuenta el
género como categoría de análisis de desigualdad evitable, corrigiendo los posibles sesgos que puedan transcender a la atención sanitaria y/ o a la investigación de esta patología.
En algunas Comunidades Autónomas se ha actualizado la guía de atención a mujeres con endometriosis, debido a que es una enfermedad que se encuentra en un proceso continuo de investigación y el conocimiento sobre ella avanza, siendo necesario
adecuar al mismo la atención que el SNS ofrece a estas mujeres, siempre orientado a conseguir una buena práctica clínica.
En esta dirección, el Grupo Parlamentario Socialista considera procedente llevar a cabo una actualización y revisión de la Guía en el SNS que incorpore la evidencia científica disponible, con el objetivo facilitar el diagnóstico precoz, el
adecuado abordaje y tratamiento indicado a estas mujeres.
La investigación biomédica debe seguir siendo una prioridad en nuestro SNS sobre muchas enfermedades de las que aún desconocemos su origen y evolución. Del mismo modo, en el caso de la fisiología específica femenina y su desarrollo, aún se
precisa un mejor conocimiento, por su efecto en las diferentes etapas esenciales de la vida de las mujeres, como la menarquia, la etapa reproductiva y de crianza y la menopausia, que condicionan no solo su estado de salud y calidad de vida, sino que
tiene un notable impacto social en la vida de las mujeres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el marco del Observatorio de Salud de las Mujeres:
1. Impulsar la investigación y el conocimiento sobre los procesos fisiológicos y patologías específicas de las mujeres, por su impacto en la salud de las mujeres y su repercusión familiar y social.
2. Promover un mayor conocimiento de la endometriosis que permita un diagnóstico precoz, un abordaje temprano y un adecuado tratamiento.
3. Proceder a la actualización de la 'Guía de atención a las mujeres con endometriosis', para su remisión al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), de forma que permita su difusión y manejo por los profesionales del
Sistema.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-Ana Prieto Nieto, Andrea Fernández Benéitez, Marisol Sánchez Jodar, Carmen Andrés Añón, José Ramón Ortega Domínguez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo
Roces, Sandra Guaita Esteruelas, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicente Viondi, Agustín Zamarrón Moreno y Julio Navalpotro Gómez, Diputados.-Guillermo Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la igualdad en el acceso a
la vacunación frente a la COVID-19 de todos los profesionales sanitarios de la sanidad española, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) hizo público el pasado 10 de febrero de 2021 un comunicado impulsado desde su vocalía de médicos en ejercicio privado en el que 'exige igualdad de acceso a la vacunación frente a la
COVID-19 de todos los médicos' en el sistema sanitario español.
De acuerdo con lo expuesto en el comunicado referido, la 'Estrategia de vacunación frente a la COVID-19' impulsada desde el Ministerio de Sanidad 'no establece distinción entre los sanitarios que ejercen en la sanidad pública o en la sanidad
privada en lo que respecta a la priorización en el orden de vacunación, sino que prioriza solo distinguiendo entre personal sanitario de primera línea y otro personal sanitario y sociosanitario'.
En consecuencia, y según manifiestan los profesionales sanitarios, se 'debe aplicar la vacuna de la COVID-19 a los sanitarios en función de su riesgo, independientemente de que trabajen en sanidad pública o privada, de forma simultánea'.
Esta solicitud ha sido cursada con posterioridad a las cursadas en las últimas semanas por distintos colegios provinciales de médicos ante el hecho de que 'algunos sanitarios de primera línea en la sanidad privada siguen sin estar
vacunados'. Según el comunicado, varias de las mencionadas reclamaciones se han realizado por 'vía judicial' y sus 'resoluciones han fallado a favor poniendo de manifiesto la existencia de trato discriminatorio'.
De esta forma, no es necesario poner de manifiesto que los profesionales sanitarios 'de la sanidad privada corren los mismos riesgos de contagio frente a la COVID-19 que los de la sanidad pública si realizan la misma actividad' y que, 'en
caso de infectarse, también pueden ser un foco de transmisión para sus pacientes, personal colaborador y familiares'.
En consecuencia, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 'vemos con preocupación que la aplicación de la vacunación a los médicos y demás personal sanitario de la sanidad privada no se esté llevando a cabo de forma
simultánea y paralela a los de la sanidad pública y exigimos a las administraciones sanitarias que cumplan con su deber y arbitren los procedimientos de vacunación para que el único criterio de prioridad sea la función y el riesgo del personal y no
su vinculación laboral'.
La petición realizada desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos también ha sido planteada en los últimos días desde otras organizaciones del ámbito sanitario como la Alianza de la Sanidad Privada Española y se produce,
además, en un momento en el que la cifra de profesionales sanitarios contagiados por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia supera los 123.000.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar desde el consenso con las Comunidades Autónomas y la coordinación con los representantes de los profesionales sanitarios, cuantas medidas resulten necesarias para garantizar
diligencia y plena igualdad en el acceso a la vacunación frente a la COVID-19 de todos los profesionales sanitarios en el conjunto de la sanidad española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-José Ignacio Echániz Salgado, Ana María Pastor Julián y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre los contratos predoctorales para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El 5 de noviembre de 2020 el Tribunal Supremo hacía pública la sentencia en la que condenaba al personal investigador a volver a un pasado más precario anulando la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en el que se obligaba a
la USC a restituir el derecho a la indemnización por extinción de contrato arrebatado al colectivo en 2016.
De esta forma, la ambigüedad de la letra de la ley se ponía en contra de la parte más débil, negando un derecho laboral básico recogido en el Estatuto de los Trabajadores e incluso corrigiendo, en un ejercicio de anacronismo, la correcta
interpretación hecha anteriormente por el TSXG, quien había concluido en su sentencia que el contrato formativo de ningún modo 'se puede equiparar al suscrito por los trabajadores afectados por el conflicto aun cuando se denomine predoctoral en
formación. Este contrato únicamente cabe a través de la normativa regulada en el artículo 11, que en modo alguno se cumple con el que ahora se discute. La consecuencia de todo ello es que los contratos de los demandantes han de calificarse como
temporales de obra o servicio y a su finalización tienen derecho a percibir la indemnización establecida en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores'.
La sentencia del Tribunal Supremo demuestra una vez más el maltrato continuo al sector de la investigación. La labor de investigación realizada por el personal predoctoral sustenta la base científica de todo país. Es un trabajo de pleno
derecho, en el que se está produciendo y contribuyendo a incrementar
el conocimiento. Un conocimiento que además se está transmitiendo, valorizando y rentabilizando por parte de las universidades, y que repercute directamente en la mejora y el avance de la sociedad.
La ambigüedad de la Ley de la Ciencia, de la que algunas universidades se aprovechan, ya pudo ser corregida en el Real Decreto del 'Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF)' en 2019, pero una vez más la
constatación expresa del derecho a la indemnización fue una de las cuestiones cruciales que se quedó fuera. Así, más de ocho años después de la entrada en vigor de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la
normativa sobre el contrato predoctoral todavía sigue sin hacer referencia alguna a una posible indemnización por finalización de contrato.
En los últimos años se ha avanzado, a través de distintas normas de rango reglamentario -como el Estatuto del Personal Investigador en Formación del año 2006 y el actualmente vigente de 2019- y legal -como la Ley 14/2011-, en la mejora de
las condiciones laborales de este colectivo, sin embargo, para alcanzar la plena consecución de una mejora en sus condiciones laborales, y a la vista de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, se hace necesario acometer una reforma de la
regulación de esta modalidad contractual que deje claro el derecho a percibir la indemnización por finalización del contrato en aras a suprimir una ambigüedad que solo genera inseguridad jurídica en este personal, y centros de investigación y
universidades.
De hecho, tanto tribunales nacionales como europeos han dictado numerosas sentencias en las que se constata esta ambigüedad y, por lo tanto, deja en manos del legislador una adecuada normativa que suprima cualquier diferencia entre
trabajadores que realizan funciones análogas que, en la situación actual, no disfrutan de los mismos derechos por la naturaleza temporal de sus contratos e incluir el derecho de indemnización al fin del contrato.
Se debe clarificar además que las prórrogas anuales de este contrato no tienen carácter potestativo para la empleadora, sino necesario, siempre que la evaluación correspondiente tenga carácter positivo. Además, sería necesario incluir en la
ley un régimen transitorio que incluya a los contratos ya vigentes y la financiación de las mejoras.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
Modificar la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, o del Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación para que se reconozca sin
lugar a dudas el derecho a indemnización por fin de contrato en los contratos predoctorales, incluyendo las siguientes características:
1. El contrato será de duración determinada, con dedicación a tiempo completo, y se celebrará bajo la modalidad contrato por obra o servicio determinado prevista en el Estatuto de los Trabajadores.
2. De conformidad con su naturaleza, y en virtud de lo establecido en el artículo 49.1.c) y en la Disposición transitoria octava del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores a la finalización de este, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización en los términos correspondientes a tal modalidad de contrato por obra o servicio determinados.
3. Las prórrogas del contrato tendrán carácter automático siempre que la evaluación tenga carácter positivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de impulso a la innovación para la competitividad de España para
su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un sistema de innovación robusto y potente, que permita el desarrollo de conocimiento y su aplicación práctica de forma fluida, accesible y fácilmente escalable.
España, por ejemplo, cuenta con un ecosistema farmacéutico de primer nivel, y se han realizado numerosos ensayos clínicos relacionados con el COVID-19 en los últimos meses. Sin embargo, la falta de un marco normativo que impulse de forma decidida
este potencial innovador ha hecho que la carrera por el desarrollo, comercialización y distribución de las vacunas y otras soluciones contra la pandemia no se hayan producido en nuestro país.
Desde instancias como la Fundación COTEC se viene alertando desde hace años de que España ha descuidado su sistema de innovación, lo que supone una barrera para el crecimiento económico sostenido y para la creación de empleo de calidad en
nuestro país. En su informe anual para 2020, la Fundación COTEC recordaba que la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la última década, tanto por parte del sector público como de las empresas, ha estado significativamente
por debajo de los niveles de la primera década del siglo, principalmente debido a la crisis económica. Desde 2015, el sector privado sí ha tomado el liderazgo, impulsando la inversión en I+D+i incluso cuando el apoyo del sector público era tímido e
insuficiente. Es más, incluso con niveles tan pobres de inversión pública, la ejecución presupuestaria era insuficiente con menos del 50 % de los presupuestos públicos destinados a I+D+i, lo que supone un problema adicional para el ecosistema de la
innovación española.
Según un estudio de BBVA Research, entre los años 2000 y 2008, los niveles de inversión en I+D+i crecieron de forma acompasada con el crecimiento económico producido por la burbuja inmobiliaria. Después de la crisis financiera de 2008,
España fue perdiendo posiciones respecto a nuestros socios de la Unión Europea, que apostaron por la innovación como herramienta fundamental para capear la crisis económica. Incluso en el sector privado, la inversión en I+D+i española se ha
reducido del 0,73 % del PIB en 2008 al 0,70 % en 2019 mientras en la Unión Europea el peso de la innovación creció desde el 1,16 % del PIB al 1,42 %. En el sector público, la inversión se contrajo cinco décimas, mientras que la media de la Unión
Europea ha pasado del 0,66 % al 0,70 % en estos 11 años. De acuerdo al Bloomberg Innovation Index 2020, que clasifica los ecosistemas innovadores de los diferentes países del mundo, España ocupa el puesto 32 en el ranking, por debajo de países como
Malasia, Hungría, Grecia y Polonia, y a mucha distancia de los líderes innovadores del mundo como Corea del Sur, Alemania o Israel.
Muchos analistas han mirado a los fondos europeos del paquete de recuperación Next Generation EU como la oportunidad de oro para revertir esta tendencia. No en vano, España tendrá acceso a unos 140.000 millones de euros entre ayudas
directas a fondo perdido y préstamos reembolsables. El Ministerio de Ciencia e Innovación es, de hecho, uno de los más beneficiados por el reparto de estos fondos europeos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, con una inversión
prevista de 1.200 millones de euros, lo que supone un incremento del 60 % respecto a los niveles de inversión de 2020. Sin embargo, varios expertos e investigadores han alertado del peligro que existe en la falta de continuidad de estas inversiones
una vez que los fondos europeos para la reconstrucción dejen de llegar, con el riesgo que esto supone para la continuidad de proyectos y para las perspectivas de desarrollo profesional de investigadores y profesionales de la innovación.
Finalmente, pese a que los fondos europeos puedan llegar, aún está por ver si realmente contribuirán de una forma coste-efectiva al desarrollo tecnológico, al avance científico y al crecimiento de la innovación en las empresas españolas.
Desde el punto de vista del sector público, el Gobierno de España ha intentado arrogarse todo el poder a la hora de decidir cómo y en qué se reparten estos fondos europeos, lo que supone un importante sesgo a la hora de priorizar inversiones y un
riesgo de que los intereses partidistas sean más importantes que los técnicos en el momento de decidir qué proyectos merecen apoyo con estos fondos. Desde el GP Ciudadanos hemos apostado por una agencia independiente cuyo criterio objetivo sea el
que prime a la hora de identificar proyectos de valor añadido y potencial innovador, y cuyo apoyo técnico acompañe a las empresas que lo necesiten para acceder a estos fondos y poder ejecutarlos de forma satisfactoria.
En este sentido, también hay un reto importante en el tejido empresarial español a la hora de conseguir que estos fondos se traduzcan en potencial innovador. La inmensa mayoría de las empresas en España son PYMES, incluso en una proporción
mayor a la media de la Unión Europea. Sin embargo, la innovación suele ser mayor en las grandes empresas debido a capacidad de movilización de capital y a economías de escala que permiten la actividad innovadora más puntera. Las PYMES, en cambio,
tienen en general más obstáculos a la hora de poder emprender este tipo de inversiones. Esto es aún más acusado cuando
en torno al 95 % de las empresas españolas tiene menos de diez trabajadores. Pese a ello, lo cierto es que la inversión en innovación en el sector privado español sigue siendo menor que la media de la Unión Europea en todos los tramos: el
40 % de las grandes empresas en España invierten en innovación, frente al 50 % de las grandes empresas europeas; mientras que menos del 10 % de las empresas medianas españolas lo hacen, frente al 17 % de las europeas que sí invierten en ello. En
definitiva, existen numerosos desafíos estructurales que pueden hacer que las inversiones con fondos del paquete Next Generation EU acaben por no traducirse en potencial innovador real que mejore la competitividad de nuestra economía y que consolide
la recuperación.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asegurar un reparto de fondos europeos que siga criterios técnicos y objetivos, priorizando los proyectos con un mayor valor añadido y que puedan ser escalables mediante inversiones realizadas con financiación pública y privada de otras
fuentes, como el programa Horizonte Europa de la Unión Europea o las líneas de financiación para innovación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) o la Empresa Nacional de Innovación SA (Enisa).
2. Establecer un sistema de acompañamiento empresarial para dar el apoyo técnico y jurídico necesario a las PYMES españolas para que puedan acceder a esta financiación extraordinaria, teniendo en cuenta siempre una evaluación previa de la
viabilidad y valor añadido de los proyectos que se hayan solicitado.
3. Reformar el marco normativo aplicable a la creación de empresas y la actividad empresarial, especialmente en lo relativo a la financiación de actividad innovadora, para permitir que las PYMES españolas puedan encontrar en la inversión en
innovación una forma de crecer en tamaño y mantener su ventaja competitiva.
4. Poner en marcha un programa específico para fomentar la colaboración entre grandes empresas y PYMES a la hora de presentar e implementar proyectos a financiar con los fondos del paquete Next Generation EU y otros fondos europeos,
incluyendo incentivos a la creación de sociedades de capital riesgo y el impulso a la figura de los llamados 'ángeles inversores'.
5. Aprobar una dotación presupuestaria extraordinaria para la Red Cervera del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para facilitar la colaboración entre los Centros Tecnológicos de España y las empresas privadas que
soliciten proyectos financiados con fondos europeos del paquete Next Generation EU con el objetivo de asegurar su aprovechamiento y su correcta ejecución.
6. Adquirir el compromiso formal de mantener los niveles de inversión pública en I+D+i en, al menos, el 2 % del PIB en los siguientes ejercicios presupuestarios, incluso en aquellos en los que no haya transferencias de fondos del paquete de
fondos europeos Next Generation EU para garantizar la continuidad de la actividad innovadora.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un Plan de Retorno del Talento Investigador para su debate
en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha tenido un doble efecto sobre la ciencia y la investigación. Por un lado, se ha demostrado la necesidad de contar con un ecosistema científico robusto que pueda ponerse a trabajar desde el primer minuto en el
descubrimiento y desarrollo de mecanismos de prevención, control y erradicación de la enfermedad. Por otro lado, la pandemia también ha evidenciado las carencias de
nuestro sistema de ciencia e investigación, la falta de recursos económicos y humanos, y las barreras existentes al paso del laboratorio al mercado.
Por ejemplo, los científicos españoles han alertado de la escasez no sólo de fondos, sino principalmente de certidumbre y de continuidad en el tiempo. Algunos investigadores pueden, con suerte, acceder a un sueldo mensual, pero tienen una
gran inseguridad respecto a si sus proyectos podrán mantenerse a lo largo de varios años, ya que la investigación suele ser un ejercicio a medio y largo plazo. Éste es, precisamente, uno de los grandes problemas de los Presupuestos Generales del
Estado para 2021, que aumentan el presupuesto destinado a ciencia, investigación e innovación como viene solicitando el GP Ciudadanos, pero a costa de los fondos europeos para la recuperación. Es decir, se aumenta el presupuesto de forma artificial
a través de un instrumento que tiene una caducidad en el tiempo, poniendo en peligro la continuidad y la integridad de las investigaciones y de los equipos científicos.
Más recientemente, el calendario de convocatorias de investigación y ciencia de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha provocado aún más inseguridad entre los investigadores españoles. La propuesta de calendario del Ministerio de
Ciencia e Innovación ha acabado dejando sin financiación a los grupos que tengan en estos momentos proyectos entre cinco y ocho meses dependiendo del año de la convocatoria, puesto que establece un vacío de financiación entre el 1 de enero y el
momento de concesión. Este vacío supone una losa inasumible para muchos grupos de investigación de este país, que ya se han visto afectados por las bajadas de los recursos destinados a proyectos en los presupuestos en estos últimos años.
Las ramificaciones negativas de la implementación del calendario de proyectos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) han sido trasladadas al Ministerio por parte de asociaciones y sociedades científicas como la ASEICA, por siete
sociedades españolas científicas (Bioquímica y Biología Molecular, Biología Celular, Biología del Desarrollo, Genética, Inmunología, Oncología Médica, Neurociencias) y la Alianza SOMMa de Centros y Unidades de Excelencia. En total, se trata de más
de 10.000 científicos. Asimismo, la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha reclamado una mayor independencia del Gobierno de turno para la Agencia Estatal de Investigación para asegurar que el avance científico no depende de
las prioridades particulares de un determinado Gobierno, sino que se guíe por criterios técnicos, y para que las investigaciones tengan horizontes temporales más amplios.
Esta situación no sólo empuja a muchos científicos españoles a huir a otros países para poder comenzar o completar sus investigaciones, sino que además muchos de ellos tienen que empezar a costear gastos de alojamiento, desplazamientos o
incluso de inicio de investigación de su propio bolsillo. Los retrasos en las ayudas y la precariedad y temporalidad de los contratos de investigadores obligan a esta situación que, a su vez, lastra la capacidad de nuestro país para atraer y
retener talento y erosiona nuestro potencial de competitividad a nivel global.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a compensar la carencia de financiación de los proyectos afectados por el calendario de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) mediante transferencias realizadas a la mayor brevedad posible,
y a aprobar un Plan de Retorno del Talento Investigador que incluya, al menos, las siguientes medidas:
1. Una bonificación fiscal progresiva para las empresas que contraten a investigadores, llegando hasta un 25 % para aquéllas que incorporen científicos con contratos indefinidos y cuya relación contractual dure, como mínimo, cinco años.
2. Una bonificación adicional a las contribuciones a la Seguridad Social por la contratación de personal investigador que hubiera salido de España para continuar con su investigación o para obtener su doctorado, llegando a alcanzar hasta el
80 % el primer año de relación contractual.
3. Una línea de ayudas a la contratación de personal investigador que hubiera salido de España para continuar con su investigación o para obtener su doctorado, con el objetivo de favorecer la contratación por parte de universidades y
Organismos Públicos de Investigación (OPI) durante un período mínimo de cuatro años.
4. Una línea de ayudas específica para la contratación de personal investigador que hubiera salido de España para continuar con su investigación o para obtener su doctorado, con el objetivo de facilitar su contratación por parte de PYMES
innovadoras y start-ups durante un período mínimo de tres años.
5. La revisión del Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación para atajar la precariedad de los contratos predoctorales, transformando este modelo de contratación en un verdadero
puente entre la formación académica y la aplicación del avance científico en el sector privado y otorgando incentivos a las empresas si el investigador predoctoral con el que hayan mantenido una relación contractual finalmente obtiene su
título de doctorado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de las
condiciones de los itinerarios peatonales accesibles, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El artículo 5 de la Orden Ministerial VIV/561/2010 desarrolla las condiciones generales del itinerario peatonal accesible.
En la letra b del apartado 2 se indica que 'en todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de
desplazamiento'.
La universalidad en la aplicación de este requisito está creando ciertas dificultades con instalaciones tanto de hostelería como de otras actividades en diversas localidades, ya que se entra en conflicto con la compleja casuística que se da
en todo el territorio nacional. No parece razonable que no se establezca ningún tipo de excepcionalidad, y que no se permita a los Municipios regular las posibles salvedades, que sí pueden darse en otras normativas de habitabilidad en atención a
las circunstancias de cada caso.
Dado que en diversas urbes españolas se han creado normativas o costumbres pensadas para la seguridad de la ciudadanía, como es la de dejar un paso central en las calles peatonales para garantizar el acceso de vehículos de emergencia, y que
eso implica añadir a ese margen central dos laterales, se impediría en la práctica el aprovechamiento de suelo público en zonas peatonales y cascos históricos, donde la anchura de las vías es bastante reducida.
A las circunstancias anteriormente señaladas cabría añadir las nuevas situaciones que se vienen produciendo con motivo de las autorizaciones municipales para instalar nuevos espacios destinados a la ubicación de terrazas de establecimientos
de hostelería, motivadas por la situación generada por la COVID-19 y las dificultades que muchos de estos establecimientos viven al tener que cumplir con las normas sanitarias y de seguridad establecidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Modificar la Orden Ministerial VIV/561/2010 añadiendo un apartado 7 con el siguiente texto:
7) Excepcionalmente los Ayuntamientos podrán autorizar en zonas peatonales de plataforma única la ocupación de vía pública adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal indicado en el apartado 2.a) siempre que se garantice un paso
peatonal alternativo accesible con un ancho mínimo de 2,00 metros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2021.-Joaquín García Díez y Carlos Rojas García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Defensa
181/000805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Agustín Rosety Fernández de Castro, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Defensa.
Texto:
¿Por qué se están produciendo tantos retrasos en el programa de Vehículos sobre Ruedas 8x8 Dragón del Ejército de Tierra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Diputado.
Comisión de Interior
181/000789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Cuáles fueron los motivos y de quién vino la orden del cese del Coronel D. Diego Pérez de los Cobos como responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000786
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Celso Luis Delgado Arce.
Texto:
Qué medidas ha adoptado y adoptará ADIF para solucionar los continuos incidentes, siniestros y fallos de la infraestructura de la línea ferroviaria Montarte de Lemos-Ourense-Vigo que están afectando a la seguridad y a la calidad del servicio
en perjuicio de los usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2021.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/000787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Patricia Rueda Perelló, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué razones han motivado el cese de la Directora general de Transporte Terrestre, Dña. Mercedes Gómez Álvarez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Diputada.
181/000788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Patricia Rueda Perelló, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Por qué el Ministro afirmaba el pasado 21 de noviembre de 2020 durante su visita a las obras de ampliación del aeropuerto de Tenerife Sur que este proyecto preveía entre otras actuaciones 'la ampliación del aparcamiento de empleados' y que
concluirían en verano de 2021 cuando el 6 de noviembre habían rescindido el contrato con la subcontratista responsable de estas obras por incumplimientos graves de AENA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Diputada.
181/000794
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Eva Bravo Barco.
Texto:
¿Qué iniciativas ha puesto en marcha el Gobierno para fomentar el alquiler social de viviendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Eva Bravo Barco, Diputada.
181/000795
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado don Juan Cuatrecasas Asúa.
Texto:
¿Qué actuaciones se van a acometer para la puesta en valor de las Cloacas Romanas de Calahorra en La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Juan Cuatrecasas Asúa, Diputado.
181/000796
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado don José Luis Aceves Galindo.
Texto:
¿Qué avances se han conseguido para la rehabilitación del Teatro Cervantes de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-José Luis Aceves Galindo, Diputado.
181/000797
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado don Daniel Vicente Viondi.
Texto:
¿Qué actuaciones se van a poner en marcha para la restauración de la Iglesia de San Andrés de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Daniel Vicente Viondi, Diputado.
181/000798
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado don Odón Elorza González.
Texto:
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno sobre la renovación integral de las instalaciones de la Estación de Herrera-Altza, situada en la ciudad de San Sebastián?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Odón Elorza González, Diputado.
181/000799
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Cristina López Zamora.
Texto:
¿Qué actuaciones tiene previstas realizar el Gobierno respecto las Variantes Oeste y Este de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Cristina López Zamora, Diputada.
181/000800
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado don Miguel Ángel González Caballero.
Texto:
¿Qué actuaciones tiene previstas realizar el Gobierno respecto a la variante norte de Puertollano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Miguel Ángel González Caballero, Diputado.
181/000801
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado don Joan Ruiz i Carbonell.
Texto:
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno respecto de la posible construcción de un apeadero ferroviario en el sur de la ciudad de Reus, en la zona conocida como Bellisens, junto a la ubicación de la estación de autobuses, el
Hospital de la ciudad y diversas facultades de la Universidad Rovira i Virgili, entre otras instalaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.
181/000802
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado don Manuel Arribas Maroto.
Texto:
¿Qué actuaciones de mejora y conservación tiene previsto realizar el Gobierno en la presente legislatura en la A-50, desde Ávila a Salamanca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Manuel Arribas Maroto, Diputado.
181/000803
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado don Manuel Arribas Maroto.
Texto:
¿Qué actuaciones de la mejora y conservación prevé llevar a cabo el Gobierno en la carretera N-110 desde la capital abulense al límite con la provincia de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Manuel Arribas Maroto, Diputado.
181/000804
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado don Manuel Arribas Maroto.
Texto:
¿Qué actuaciones prevé llevar a cabo el Gobierno, durante la presente legislatura, para mejorar la seguridad vial y la movilidad en las carreteras de titularidad estatal de la provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Manuel Arribas Maroto, Diputado.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas Puchades.
Texto:
A la vista de que las organizaciones agrarias rechazan los criterios de convergencia para la aplicación de la PAC del Decreto 41/2021, de 26 de enero, por perjudicar al campo español, ¿tiene previsto el Gobierno modificar los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Texto:
¿Cómo valora el dato de tasa de fecundidad española, situada según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en 1,23 hijos por mujer, y qué políticas públicas se van a llevar a cabo desde el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico para mejorar la natalidad en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.
181/000808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Texto:
¿Qué políticas públicas se han llevado a cabo desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ante la grave realidad demográfica de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.
Comisión de Cultura y Deporte
181/000809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don José Ramírez del Río, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Cultura y Deporte.
Texto:
¿Cuáles son las condiciones específicas bajo las cuales ha llegado a un acuerdo con la Sra. Baronesa Thyssen para que su colección se mantenga en nuestro país durante los próximos 15 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2021.-José Ramírez del Río, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/035232
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Situación en que se encuentra el protocolo contra el acoso laboral en las Fuerzas Armadas.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia del borrador del protocolo de acoso laboral en las Fuerzas Armadas contenida en el punto 3 de la presente iniciativa y, teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número
de registro 91962, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo número de expediente 186/002256).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Jon Iñarritu García, Diputado de EH BILDU (Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu) de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno con solicitud
de respuesta por escrito.
En relación al protocolo contra el acoso laboral en las FFAA, deseo conocer:
1. ¿En qué situación se encuentra el estudio citado en cuanto a medidas adicionales de protección frente al posible acoso profesional en las Fuerzas Armadas?
2. ¿Se ha comenzado la elaboración del Protocolo por Acoso Laboral?
3. ¿Existe algún borrador al respecto? [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2021.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
184/035493
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Bassa Coll, Montserrat (GR).
Rosique i Saltor, Marta (GR).
Servicio que pretendía ofrecer en Cataluña la Guardia Civil con las detenciones practicadas la semana del 23 al 29 de octubre, así como previsiones acerca de relevar al Teniente Coronel Baena de sus funciones una vez finalice sus tareas de
policía judicial.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la primera pregunta, dado que, en los términos en que se encuentra
redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, comunicando este acuerdo a las Sras. Diputadas autoras de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
La Diputada Marta Rosique i Saltor y la Diputada Montserrat Bassa i Coll del Grupo Parlamentario Republicano, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno español las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
La sentencia de la Audiencia Nacional a la cúpula del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya se opuso frontalmente a los argumentos esgrimidos por la Guardia Civil en aquel procedimiento y los calificó de meras
especulaciones, viendo que de nuevo el cuerpo de la Guardia Civil actuaba en Catalunya con motivaciones estrictamente políticas.
Por ello, le preguntamos al Gobierno:
[...]
- ¿Tiene previsto el Gobierno relevar al Teniente Coronel Baena de sus funciones una vez finalice sus tareas de policía judicial en el caso?
- ¿Perciben una deriva antidemocrática de la Guardia Civil en Catalunya? En caso que así sea, ¿qué medidas piensa emprender el Gobierno ante esa situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2021.-Marta Rosique i Saltor y Montserrat Bassa Coll, Diputadas.
184/035890
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Carvalho Dantas, María (GR).
Acuerdos comerciales UE-Mercosur.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de que se facilite la propuesta de condiciones previas a la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur contenida en el último punto y, teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número
de registro 92369, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo número de expediente 186/002272).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
La Diputada María Carvalho Dantas del Grupo Parlamentario Republicano, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito.
El 28 de junio de 2019 la Comisión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur), formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, acordaron la celebración de un acuerdo de asociación. El acuerdo de asociación también incluye un acuerdo
comercial entre la UE y el Mercosur.
El mandato de negociación subyacente de la Comisión de la UE se remonta a 1999, es decir, ya tiene 20 años. Cuando se emitió el mandato, la UE todavía consistía en 15 Estados miembros, los 13 Estados miembros restantes nunca votaron sobre
el mandato. El Tratado de Lisboa sobre los fundamentos de la UE tampoco entró en vigor hasta diez años después.
Después de años de negociaciones, se ha concluido un acuerdo. Según fuentes comunitarias y de los medios de comunicación, el entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, y la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro como nuevo
presidente de Brasil, quienes declararon su apoyo al acuerdo, han contribuido significativamente a este acuerdo. Dentro de la UE, fueron sobre todo la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, quienes
presionaron para una rápida conclusión. Por otra parte, los gobiernos de Francia, Austria, Países Bajos o Bélgica se mostraron escépticos en el período previo al proceso de ratificación y ahora exigen garantías adicionales para el cumplimiento del
Acuerdo de París, los biomas tropicales como la Amazonía, el Pantanal y El Cerrado amazónico, así como para la agricultura y ganadería familiar europea.
El vicepresidente del Comité de Organizaciones Agrarias comunitarias (COPA), el español Pedro Gallardo, considera que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur es 'como jugar un partido de fútbol con dos reglamentos de juego', por las
diferencias entre la agricultura de ambos bloques. Esa disparidad, a su juicio, se acrecienta con las propuestas del Pacto Verde europeo, que promueven una transición hacia una producción alimentaria con más requisitos ambientales. También ha
denunciado la falta de reciprocidad en el comercio agroalimentario y ha abogado por un estudio del impacto que tendrá la aplicación del pacto con Mercosur -aún pendiente de ratificación-. Ha añadido que el ambicioso compromiso llega 'después de más
60 acuerdos bilaterales en un corto período de tiempo' entre la UE y países terceros: 'Son muchos y falta reciprocidad en los reglamentos (en alusión a la diferencia de exigencias de las producciones agroalimentarias respecto a la de otros
competidores)'.
Es importantísimo resaltar que diversas organizaciones en Europa y América Latina hacen un llamamiento a los gobiernos para detener el Acuerdo comercial UE-Mercosur: acelera la crisis climática, destruye los medios de vida rurales y viola
los derechos humanos.
Expresan que 'el acuerdo UE-Mercosur es parte de un modelo comercial obsoleto, típico del siglo XX, que ha fracasado: un modelo que sirve a los corporativos a expensas de los límites planetarios, del bienestar animal y promoviendo las
desigualdades sociales. Los objetivos y elementos centrales de este acuerdo van en contra de la acción climática, la soberanía alimentaria y la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Este acuerdo incentivará aún más la destrucción y
el colapso de la biodiversidad del Amazonas, el Cerrado y el Gran Chaco a través del incremento de las cuotas de ganado y etanol, perpetuando un modelo de agricultura extractiva, ejemplificado por el sobrepastoreo, la expansión de la ganadería
intensiva con cebaderos para las reses y los monocultivos dependientes de pesticidas químicos. Todo esto son señales políticas de que el acuerdo legitima las violaciones de derechos humanos relacionadas con las cadenas de producción y suministro.
El acuerdo UE-Mercosur destruirá los medios de vida del campesinado y las pequeñas explotaciones agrícolas familiares en Europa y América Latina. Al intercambiar productos agrícolas por automóviles que contaminan, el Acuerdo supone una
amenaza inminente para los empleos en el sector industrial en los países de Mercosur. Se perpetúa, así, un modelo de dependencia donde las economías sudamericanas son las exportadoras de materias primas baratas obtenidas mediante la destrucción de
recursos naturales vitales, en lugar de fomentar el desarrollo de economías sólidas, diversificadas y sostenibles.
Para que el futuro sea viable y sostenible, el modelo de políticas comerciales del siglo XXI debe apoyar, en lugar de socavar, los esfuerzos para promover sociedades socialmente justas y ecológicamente resilientes basadas en los principios
de solidaridad, protección de los derechos humanos y respeto por los límites planetarios. Las ciudadanías de Europa y América del Sur están uniéndose en contra del acuerdo entre la UE y Mercosur y trabajando para lograr un futuro mejor'.
Existe el peligro que la Comisión Europea y la presidencia alemana del Consejo presenten el acuerdo de forma que la parte comercial no requiera la unanimidad en el Consejo para seguir su tramitación en el Parlamento Europeo. Asimismo, es
probable que la Comisión Europea pretenda que la parte comercial del acuerdo no pase por la ratificación de los parlamentos nacionales. El Congreso de los Diputados no debería permitir que un tratado internacional de tal envergadura sea aprobado al
margen del escrutinio
parlamentario y público. El acuerdo incluye las mismas áreas temáticas que fueron negociadas con EE.UU. (el polémico TTIP) y con Canadá (CETA, en proceso de ratificación), tales como servicios públicos, reglamentación, contratación
pública, alimentación y agricultura. También está previsto liberalizar el comercio de datos, cuando el escándalo de la venta ilegal de datos por Facebook muestra sus peligros inherentes.
El tratado incluye la cooperación reguladora que facilita la armonización a la baja de regulaciones ambientales y sanitarias, así como 'listas negativas' que facilitan la privatización de servicios públicos. Todo ello hace muy cuestionable
que sea 'competencia exclusiva' de la UE porque estos aspectos afectan a competencias estatales, autonómicas y municipales.
El capítulo de 'cooperación reguladora' significa adaptar o reconocer mutuamente las normas de las dos partes contratantes a fin de eliminar barreras comerciales. Se incluyen consultas sobre nuevas leyes y, por lo tanto, la capacidad de la
otra parte para bloquear o retrasar leyes. El capítulo ofrece una puerta de entrada para el lobby empresarial.
En 2015 más de 3,5 millones de ciudadanas y ciudadanos de Europa reclamaron de la UE 'una política de comercio e inversión alternativa en la UE'. Pero la Comisión Europea reitera con el JEFTA una política comercial sin transparencia,
negociado con el mismo secretismo con el que se negoció el TTIP, sin considerar la participación parlamentaria y reduciendo aún más los espacios democráticos para el escrutinio parlamentario y público.
En relación con el acuerdo entre la UE y Japón, la Comisión Europea celebró 213 reuniones externas con lobistas. El 89 por ciento de las reuniones fue con grupos de presión que representaron a la industria y las patronales. Ni una sola de
estas reuniones tuvo lugar con representantes de sindicatos, organizaciones ecologistas o una asociación de pequeñas y medianas empresas.
En JEFTA, el principio de precaución no está suficientemente protegido. En relación al uso de pesticidas tóxicos, por ejemplo, se utiliza el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del
Comercio (OMS) que aplica estándares mucho más bajos para evitar 'barreras comerciales', causando importantes amenazas para la salud de las personas y perjuicios al sistema público de salud. El capítulo de desarrollo sostenible de JEFTA no tiene un
mecanismo sancionador, o sea que es un tigre sin dientes. Si los estados o las empresas vulneren las disposiciones de dicho capítulo no habrá consecuencias.
Este nuevo acuerdo comercial de la UE continúa su enfoque unilateral en la apertura del mercado, la mercantilización y asimetría entre derecho mercantil y derechos humanos, centrado en los intereses lucrativos de las empresas privadas y los
inversores. Por otro lado, regular las obligaciones jurídicas internacionales de las empresas, la protección de los procesos democráticos de toma de decisiones y los altos estándares sociales y ambientales han sido ignorados.
De esta forma, la UE desecha una vez más la posibilidad de regular la globalización para beneficiar a la mayoría de la población y reducir el desempleo y los desequilibrios económicos masivos, así como acabar con las injusticias sociales y
la destrucción ambiental.
Preocupa el apoyo a la formalización de este Acuerdo por el Gobierno de España, que siempre ha estado interesado, con independencia del partido gobernante, en que este acuerdo se concluya. Prueba de ello fue el intento de relanzar las
negociaciones a partir de la Cumbre eurolatinoamericana de Madrid más recientes. En la fase final de la negociación, el Gobierno lideró una iniciativa para acelerar el acuerdo. Tras una nota de Francia, Irlanda, Bélgica y Polonia advirtiendo sobre
los riesgos que el acuerdo implicaba para los sectores agrario y ganadero, el ejecutivo español impulsó una nueva carta de compromiso con el tratado, que apoyaron Alemania, los Países Bajos, Letonia, Portugal, la República Checa y Suecia.
En la XIV legislatura, en diversas respuestas a preguntas parlamentarias escritas hechas por esta diputada, el Gobierno ha hecho una 'valoración positiva del resultado de las negociaciones', señalando que se trata de un Acuerdo ambicioso,
amplio y equilibrado, que además tiene una importancia estratégica para España desde el punto de vista político, económico y comercial sin estudiar las informaciones alarmantes aportadas por la ciencia, los parlamentos o la sociedad civil.
Por ello preguntamos al Gobierno:
- ¿El Estado español está de acuerdo con la división del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur para evitar la unanimidad en el Consejo de la UE?
- ¿El Estado español ha hecho negociaciones para que la Comisión Europea presente la parte comercial del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur?
- ¿El Estado español ha tenido acceso a algún proyecto de documento interpretativo para facilitar la firma del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur que haya sido presentado a la Comisión Europea? ¿Puede compartir este documento?
- Si no es así, ¿el Estado español ha hecho alguna gestión para que la Comisión Europea presente el proyecto de declaración interpretativa adicional que se anexará al acuerdo UE-Mercosur?
- ¿El Estado español apoyaría la división del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur en una parte comercial y otra sobre cooperación y diálogo político?
- ¿Qué está haciendo Estado español en el Comité de Política Comercial y en el Consejo de la UE para convencer a los demás países para lograr la firma del acuerdo UE-Mercosur?
- ¿El Estado español ha presentado algún documento sobre los requisitos para los países del Mercosur como condición para la firma? ¿Puede compartir este documento?
- ¿Cuál es la posición del Estado español sobre las 'condiciones previas a la ratificación' del Acuerdo UE-Mercosur enviada por otros Estados de la UE? [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-María Carvalho Dantas, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
179/002409
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(179) Pregunta a la Corporación RTVE con respuesta escrita.
Autor: Díaz Gómez, Guillermo (GCs).
Arrimadas García, Inés (GCs).
Retirada de su pregunta sobre rótulo denigrante que ha figurado bajo la imagen de la Princesa de Asturias en el programa La Hora de la 1.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo a la Corporación RTVE y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.