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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 210, de 29/01/2021
cve: BOCG-14-D-210
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de enero de 2021
Núm. 210
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000012 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, para el estudio y análisis de la actual Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que sirva para elaborar un Informe de diagnóstico y evaluación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conteniendo
propuestas de mejora, tanto del Sistema, como de la atención e intervención de estas personas, así como de la revisión del sistema de financiación. Retirada ... (Página3)
158/000017 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, de estudio y análisis de la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
incluida en el Plan Anual Normativo 2020, para elaborar un itinerario profesional de acceso y transferencia de científicos e investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, elaboración de propuestas, así como la regulación de
medidas que contribuyan a la agilización y eficacia del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000495 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al reconocimiento de la historia del Pueblo Gitano en España y para la adopción de medidas para evitar la discriminación que sufre este pueblo ...
(Página6)
162/000496 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Filomena entre los días 7 y 10 de enero de 2021 ... (Página8)
162/000497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la declaración de la Comunidad de Madrid como 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' por los efectos del temporal
Filomena ... (Página10)
162/000498 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la declaración de la provincia de Toledo como 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' por los efectos del temporal
Filomena ... (Página11)
162/000499 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para garantizar los derechos y la atención adecuada a las personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a sus familias ...
162/000500 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a repatriar urgentemente a los inmigrantes en situación irregular llegados a las costas españolas y, en particular, a Canarias ...
162/000501 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la declaración como 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' de todos aquellos territorios afectados por el temporal
causado por la borrasca Filomena en toda España ... (Página16)
162/000502 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas durante la etapa de Educación Obligatoria ... (Página17)
162/000503 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reprobación del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, don Pablo Iglesias Turrión ...
162/000505 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la mejora, mantenimiento y recuperación del transporte ferroviario en la cornisa cantábrica ... (Página20)
162/000507 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación de la Agencia Independiente de Evaluación Educativa ... (Página21)
162/000508 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre apoyo a la reforma de la Euroorden y para convertir Europol en un FBI europeo ... (Página22)
162/000509 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la puesta en marcha de una red nacional de atención al ictus ... (Página24)
162/000510 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la erradicación del sinhogarismo ... (Página26)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000012
Mediante escrito de fecha 20 de enero de 2021, se ha retirado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la
Discapacidad, para el estudio y análisis de la actual Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que sirva para elaborar un Informe de diagnóstico y evaluación del
Sistema para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conteniendo propuestas de mejora, tanto del Sistema, como de la atención e intervención de estas personas, así como de la revisión del sistema de financiación,
publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, Núm. 111, de 16 de octubre de 2020.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
158/000017
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, de estudio y análisis de la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, incluida en
el Plan Anual Normativo 2020, para elaborar un itinerario profesional de acceso y transferencia de científicos e investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, elaboración de propuestas, así como la regulación de medidas que
contribuyan a la agilización y eficacia del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las
Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, solicita la creación de una Subcomisión de estudio y análisis de la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, incluida en el Plan Anual
Normativo 2020, para elaborar un itinerario profesional de acceso y transferencia de científicos e investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, elaboración de propuestas, así como la regulación de medidas que contribuyan a
la agilización y eficacia del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el seno de la Comisión de Ciencia e Innovación.
Exposición de motivos
La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación tiene por objeto 'establecer el marco para el fomento de la investigación científica y técnica y sus instrumentos de coordinación general, con el fin de contribuir a
la generación, difusión y transferencia del conocimiento para resolver los problemas esenciales de la sociedad. El objeto fundamental es la promoción de la investigación, el desarrollo experimental y la innovación como elementos sobre los que ha de
asentarse el desarrollo económico sostenible y el bienestar social'.
La modificación de la Ley que ha anunciado el Gobierno propone elaborar un itinerario profesional de acceso y transferencia de científicos e investigadores al Sistema Español de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación así como promover su
agilización y eficacia.
En España, la probabilidad de que un doctorando se estabilice como científico o profesor universitario es mucho menor que en los países europeos del entorno. La crisis económica ha dejado a miles de científicos españoles en el paro,
cambiando de residencia tras contratos temporales o emigrando fuera de España en busca de contratos dignos y estables.
Mientras que el número de nuevos doctores no ha parado de crecer en España en los últimos años -con bastante más de 10.000 nuevas tesis doctorales al año-, la oferta de contratos postdoctorales (Juan de la Cierva y Ramón y Cajal) del antiguo
Ministerio de Economía y Competitividad (ahora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) se mantiene en cifras totalmente insuficientes al menos desde 2012.
En el programa Ramón y Cajal (contratos de 5 años para doctores con amplia experiencia investigadora) solo se ofertan anualmente 175 plazas para todas las áreas de ciencias y humanidades, casi la mitad que en los muy prestigiosos contratos
Marie Sklodowska-Curie o Starting Grants de la Unión Europea.
En conclusión, más del 95% de los nuevos doctores deberá buscar rutas alternativas a la ruta del doctorado (Juan de la Cierva-Ramón y Cajal) ofertada por el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades, aunque el panorama científico
español no ofrece muchas más alternativas. Incluso el CSIC tiene verdaderos problemas para estabilizar a sus propios Ramón y Cajal.
Por otra parte, la investigación en entidades privadas o fuera del ámbito universitario sigue estando muy por detrás de otros países. Los contratos Torres Quevedo, la apuesta del gobierno para incentivar la incorporación de doctores fuera
de la universidad, siguen en números muy bajos.
Por todo ello, se propone la creación de una Subcomisión de estudio y análisis de la modificación de Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, incluida en el Plan Anual Normativo 2020, para elaborar un
itinerario profesional de acceso y transferencia de científicos e investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, elaboración de propuestas, así como la regulación de medidas que contribuyan a la agilización y eficacia del
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el seno de la Comisión de Ciencia e Innovación.
1. Objeto de la Subcomisión.
Efectuar un estudio y análisis de la anunciada modificación legislativa que el Gobierno tiene previsto aprobar antes de finalizar el año, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el objetivo de elaborar un itinerario profesional de acceso y transferencia de científicos e investigadores al Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la regulación de medidas que contribuyan a la agilización y eficacia del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluida en el Plan Anual Normativo 2020.
Con ese objetivo se propondrá la comparecencia de autoridades responsables y expertos en la materia para que, de las conclusiones que se extraigan, se puedan establecer propuestas para elaborar un itinerario profesional de acceso y
transferencia de científicos e investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como recomendaciones para desarrollar las reformas legislativas necesarias para garantizar la efectividad de los compromisos asumidos.
2. Composición.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de aquellos Grupos Parlamentarios que tengan más de cien diputados, dos de cada Grupo que tenga entre veinticinco y cien diputados en la Cámara, y un representante cada uno de los
Grupos Parlamentarios restantes.
3. Adopción de acuerdos.
Para la adopción de Acuerdos en la Subcomisión se seguirá el criterio del voto ponderado.
4. Información y funcionamiento.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de junio de 1996, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de junio de 1996 sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Comisiones de la Cámara,
para la realización del mencionado estudio la Subcomisión podrá recabar:
- La información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes.
- La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante la misma, así como la de autoridades, funcionarios públicos, interlocutores sociales y cuantas personas y organizaciones resulten competentes en la materia.
5. Plazos.
Los trabajos de la Subcomisión concluirán al finalizar el periodo de sesiones siguiente de aquel en que resulte constituida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la historia del Pueblo Gitano en España y
para la adopción de medidas para evitar la discriminación que sufre este pueblo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Existe un documento de 12 de enero de 1425 en el que figura la llegada a Zaragoza de un grupo de peregrinos gitanos. Por ello, hoy 12 de enero de 2021 se cumplen 596 años de la llegada del Pueblo Gitano a la península Ibérica tras la
autorización expedida mediante un Salvoconducto por del Rey Alfonso V el Magnánimo por la que autorizaba a Juan, Duque de Egipto Menor, a transitar por la Corona de Aragón para seguir su peregrinaje hacía Santiago de Compostela. El conde de Egipto
Menor y el grupo de entre doce y cien personas que lo acompañaban, fueron la avanzadilla de la 'primera ola migratoria del Pueblo Gitano que llego a España en el siglo XV proveniente desde Europa central que habría penetrado en la península a través
de los Pirineos'. Este documento es la primera prueba documental de la presencia de los gitanos en la Península Ibérica, junto a otros como la Recepción por la Reina Branca de Navarra en el castillo de Olite en 1435 o los Hechos del Condestable de
don Miguel de Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén como prueba de la primera presencia en tierras andaluzas un 22 de noviembre de 1462.
Aunque las primeras personas de etnia gitana que llegaron a la península fueron acogidas con expectación y no sufrieron ningún tipo de rechazo en un primer momento, pronto empezaron a padecer actitudes de discriminación similares a la que
les obligaron a marcharse de otros territorios. Hay que lamentar las más de 200 leyes antigitanas que se promulgaron en nuestro país desde el año 1499 cuyo objetivo era que desapareciera su cultura y sus rasgos de identidad (lengua, vestimenta,
costumbres).
No sería hasta la aprobación de la Constitución de Cádiz del año 1812, cuando los gitanos pasarían a ser reconocidos plenamente como ciudadanos españoles, al abandonar el antiguo requisito para obtener esta condición ligada a la existencia
de una residencia física para pasar a estar sujeto al de nacimiento en territorio español.
Ya durante la dictadura franquista, la población gitana volvió a convertirse en objeto de especial estigmatización por parte del Régimen. A modo de ejemplo cabe destacar el Reglamento de la Guardia Civil del año 1943 en el que se
determinaba que 'se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de reconocer todos los documentos que tengan, averiguar su modo de vida y cuanto conduzca a una idea exacta de sus movimientos y ocupaciones... conviniendo tomar de ellos
todas las noticias necesarias para impedir que cometan robos'.
La Constitución española de 1978 fue uno de los principales hitos normativos para el pueblo gitano al reconocer la igualdad plena de todos los españoles. Es la primera introducción en la normativa española de una garantía de convivencia y
ciudadanía, con todos los derechos para los gitanos.
A pesar de que ya han transcurrido casi 600 años desde la llegada del Pueblo Gitano a España y la existencia en nuestro país de un marco constitucional que consagra la igualdad ante la ley de cualquier ciudadano así como la obligación de los
poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, esta minoría étnica no goza del suficiente reconocimiento histórico y cultural. Además sigue
siendo objeto estereotipación y discriminación, lo cual tiene consecuencias evidentes en el disfrute del derecho a la Igualdad.
En la actualidad, es necesario avanzar en dos ámbitos para impulsar la Igualdad del pueblo gitano, uno el reconocimiento de su identidad, historia y cultura, y otro promover mediante políticas activas la Igualdad de Trato y de Oportunidades
de este grupo de población.
Según la información proporcionada por la Fundación Secretariado Gitano el pasado mes de diciembre, la tasa de paro entre la población gitana es de un 52 %, tres veces más que la tasa de la población general, que es el del 14,5 %. A su vez,
cabe destacar la situación de especial vulnerabilidad que sufren las mujeres en este ámbito, donde las diferencias son aún más pronunciadas con una tasa de desempleo del 60 % frente al 16 %.
En materia educativa los datos resultan totalmente desalentadores. El abandono escolar temprano del alumnado gitano se sitúa en el 63,7 % frente al 19,4 % que presenta el conjunto de la población. También cabe destacar los pésimas datos en
cuanto al rendimiento escolar de este colectivo, es la elevada tasa de absentismo escolar que se eleva hasta el 14,3 %, siendo más pronunciada en la chicas gitanas (16 %) que en los chicos (12,8 %). Además, las ausencias no justificadas, que
incluyen también las faltas entre uno y cuatro días al mes se elevan al 26,4 %. Teniendo en cuenta que el sistema educativo es la manera más poderosa que tienen las Administraciones Públicas de nuestro país para deshacer las desigualdades de base,
los actuales resultados del alumnado gitano apuntan a que la cronificación de la pobreza en este colectivo.
Por último, cabe destacar la discriminación directa que sufre la población gitana y que se encuentra en el origen de la situación en la que se encuentran en términos económicos, laborales y sociales. La Fundación Secretariado Gitano
contabilizó 334 denuncias de personas de esta etnia por discriminación y antigitanismo en toda España en 2018, lo que supuso un incremento del 30 % en relación al año anterior. Lejos de remitir esta tendencia, el actual contexto económico y
sanitario provocado por la COVID-19 en España habrá provocado un aumento de estas situaciones. Así lo advirtió el pasado mes de abril el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, dependiente del Ministerio de Igualdad, que
alertó del incremento de casos de discriminación, rechazo y odio producidos contra determinados grupos étnicos o raciales en el contexto de la crisis sanitaria, los cuales afectaban de manera mayoritaria a la comunidad gitana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España:
1. Impulsar el reconocimiento del pueblo gitano en España, siendo vital garantizar en colaboración con las Comunidades Autónomas, que, una vez finalizada la etapa de Educación Obligatoria, el alumnado tenga un conocimiento sobre la historia
y cultura del Pueblo Gitano en España. En concreto, las Administraciones educativas pondrán especial énfasis en aquellos contenidos relativos a su origen, la discriminación sufrida por el Pueblo Gitano desde su llegada a la península, su importante
legado cultural, así como de las principales figuras históricas del colectivo en nuestro país. Junto a ello, se abordará la realidad actual de esta minoría para promover el conocimiento de la realidad heterogénea de este grupo de población, aspecto
esencial para sensibilizar a nuestra sociedad.
2. Promover la Igualdad de Trato y de Oportunidades de esta minoría, mediante las siguientes acciones:
2.1. Aprobar un plan de choque contra el fracaso escolar en el que se aborden específicamente las desigualdades estructurales que padece el alumnado gitano, que están sobrerrepresentados en la tasa de fracaso escolar y sufren una grave
brecha educativa respecto al conjunto del alumnado.
2.2. Incluir en las propuestas legislativas que se realicen desde esta cámara en el ámbito de la Igualdad y los derechos sociales la especificidad del pueblo gitano para corregir las brechas de desigualdad existentes (vivienda, empleo,
igualdad de género, etc.).
2.2. Aprobar con carácter inmediato la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2021-2029.
2.3. Aprobar la Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación tal y como nos establecen desde las instituciones europeas, siendo un marco normativo esencial para avanzar en la no discriminación del pueblo gitano.
2.4. Incluir en el Código Penal el 'antigitanismo' como circunstancia agravante en la comisión de un delito y como motivación en los tipos penales relativos a los delitos de odio y discriminación, en línea con las recomendaciones realizadas
por el Consejo de Europa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por
la borrasca Filomena entre los días 7 y 10 de enero de 2021, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La borrasca Filomena, que ha asolado la Península entre los días 7 y 10 de enero, empezaba dejando copiosas precipitaciones en zonas del interior sureste peninsular para, posteriormente, extenderse a amplias áreas del centro y este.
En el interior peninsular, lo más relevante, ha sido las intensas nevadas que alcanzaba cotas bajas, produciéndose, especialmente, durante la jornada del viernes 8. Posteriormente, durante el fin de semana, la borrasca se desplazaba hacia
el norte, afectando a zonas más septentrionales.
El intenso temporal de nieve ha dificultado la movilidad, de gran parte de país, originando cortes en numerosas carreteras, con cientos de vehículos ligeros y camiones bloqueados. En la mañana del domingo 10 de enero todavía continuaban
afectadas un total de 728 vías, según la Dirección General de Tráfico.
En la zona centro, y especialmente la Comunidad de Madrid, la precipitación comenzó el viernes día 8 al mediodía y no paró hasta la tarde del sábado, para dejar un territorio cubierto de nieve. Todas sus localidades y, especialmente, Madrid
capital donde se producía la mayor nevada registrada desde hace 50 años, presentaban un aspecto irreconocible, con calles cubiertas de una amplia capa de nieve, mobiliario urbano y vehículos sepultado, parques y jardines cerrados al público, etc.
Por causa de la nieve, el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez se veía obligado a cerrar sus instalaciones provocando las cancelaciones o suspensiones de vuelos. La nieve y el hielo, acumulados sobre la infraestructura ferroviarias,
impedían el movimiento de las agujas en las estaciones y ocasionaban problemas en la catenaria y en la captación de la energía en los trenes, obligando a paralizar el tránsito ferroviario de cercanías y de largo recorrido.
Por otra parte, en el actual estado de emergencia sanitaria, se originaban dificultades para el acceso a hospitales y servicios socio-sanitarios domiciliarios.
La actividad escolar, que debía retomar las clases tras las vacaciones navideñas, se suspendía durante dos días. Igualmente, la administración autonómica decidía que los centros culturales dependientes de la Comunidad de Madrid, además de
su red de salas de exposiciones, museos -incluido el Museo Arqueológico Regional- y bibliotecas permanezcan cerrados al público durante tres días.
Ha habido numerosos daños en instalaciones, cubiertas, tejados, de instalaciones públicas y privadas, desperfectos en arbolado urbano, o el desprendimiento de ramas o árboles arrancados de cuajo. El temporal también ha dejado incidencias en
la red eléctrica, con problemas en el abastecimiento a usuarios.
La situación obligó a la intervención de la Unidad Militar de Emergencias para restablecer la normalidad, especialmente en el aeropuerto y en algunas calles de la capital. La actividad económica se ha paralizado durante estos días a causa
de las dificultades de movilidad.
Según las previsiones, la histórica tormenta de nieve se encadena con una ola de frío extremo, causando un descenso acusado de las temperaturas nocturnas y la generación de placas de hielo con la nieve acumulada. Esta situación dificultara,
aún más, retomar la normalidad en las zonas afectadas.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil prevé la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil cuando se valore que se hayan producido
daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos
de los servicios públicos esenciales.
Pese al esfuerzo de las Administraciones Públicas y de la sociedad civil, la borrasca Filomena ha perturbado gravemente las condiciones de vida, dificultando la movilidad y la actividad económica, y ha producido daños que deben ser
cuantificados y valorados. Madrid ha sido la Comunidad que ha sufrido con mayor crudeza la nevada, pero también ha marcado notablemente a otras regiones como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana o Aragón.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal de nieve originado por la borrasca Filomena, durante los días 7, 8, 9 y 10 del mes de enero de 2021, determinando y cuantificando el alcance
real de los mismos.
2. Declarar 'zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil', según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, el ámbito de la Comunidad de Madrid y los municipios y comarcas de
otras comunidades autónomas afectadas.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la declaración de la Comunidad Autónoma de
Madrid como 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' por los efectos del temporal Filomena, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La pasada semana la borrasca Filomena ha azotado el territorio peninsular tras haber provocado un fuerte temporal de viento en las Islas Canarias. A su llegada a la Península Ibérica, Filomena dejó importantes precipitaciones que,
combinadas con las masas de aire frío procedentes del norte, se manifestaron en forma de nieve. Pese a que las previsiones alertaban de que sería una gran nevada, todo el centro peninsular, con especial incidencia en la Comunidad Autónoma de
Madrid, han experimentado precipitaciones que han batido récords, con casi cincuenta centímetros de nieve en la capital, algo que no ocurría desde hace más de setenta años.
Los daños producidos por el temporal de nieve en la Comunidad de Madrid han sido muy elevados y aún se están cuantificando muchos de los desperfectos. En la ciudad de Madrid se registraron numerosas incidencias por el desplome de cubiertas
debido al peso de la nieve y se hundieron estructuras en diversas edificaciones tanto privadas como de inmuebles patrimoniales y demaniales de las Administraciones Públicas. La gran acumulación de nieve sobre las cubiertas, azoteas, marquesinas,
salientes y demás vuelos de las edificaciones, ha provocado que las estructuras que las soportan se hayan visto sometidas a sobrecargas que las han llevado al límite de su capacidad, originando su colapso y hundimiento. Otras muchas, se encuentran
afectadas por daños estructurales sobre las que será necesario adoptar medidas de seguridad, llegando incluso a la demolición controlada. Solo en este concepto los daños podrían ascender a 35 millones de euros solo en la ciudad de Madrid.
Por otro lado, se ha producido una pérdida de patrimonio natural muy importante y alarmante. Desde el punto de vista de la pérdida de arbolado, la situación es catastrófica. En la ciudad de Madrid se estima que se han perdido 150.000
árboles (de los 800.000 censados) mientras que en la Casa de Campo el Ayuntamiento calcula que la masa de árboles caídos supondría un 10 % del total.
Asimismo, el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas permaneció cerrado durante 48 horas, mientras que el servicio de trenes con origen o destino Madrid fue suspendido durante días, incluyendo también la red de cercanías que
comunica la capital con el resto de la Comunidad de Madrid.
Zonas enteras han quedado bloqueadas durante días sin poder recibir suministros básicos, operar los servicios básicos de transporte o atender a las personas que requerían atención médica o socio-sanitaria debido a la imposibilidad de
desplazamiento. Esta situación, aunque ha mejorado, continúa considerándose de extremada gravedad en la Comunidad de Madrid donde, además, se han tenido que suspender las clases durante una semana hasta que pueda garantizarse la seguridad de los
estudiantes y profesores, lo que hoy todavía no se da.
Considerada esta situación, el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, define la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como aquella en la que se hayan producido daños
personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada, o cuando se produzca la paralización de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.
El estado en el que ha quedado la Comunidad de Madrid tras el temporal encaja en la definición dada por la norma para que el Gobierno declare la misma como zona afectada gravemente por una emergencia, con todas las consecuencias que de ello
puedan derivarse. Así, la ley prevé desde ayudas a particulares por daños en sus viviendas, como ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, subvenciones por daños en infraestructuras municipales o de la red viaria, ayudas
por daños en producciones agrícolas, ganaderas o forestales, o la apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial, entre otras medidas. La norma contempla, igualmente, la concesión de ayudas fiscales
a los afectados, en forma de exención de determinados impuestos, o medidas laborales y de Seguridad Social, todas ellas encaminadas a intentar paliar las consecuencias del siniestro y asistir a las personas y administraciones públicas más afectadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar a la Comunidad de Madrid como 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil', como consecuencia de los daños sufridos por el temporal de frío y nieve Filomena, en los términos contenidos en el artículo 23 de
la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
2. Adoptar todas las medidas que sean necesarias para la compensación de daños a las personas y administraciones públicas afectadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la citada ley.
3. Realizar con la mayor urgencia el pago de las ayudas a las zonas afectadas contempladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones
de emergencia o naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
4. Realizar una labor de coordinación con el resto de Administraciones públicas afectadas para cooperar tanto en la prevención de futuros daños como en la mitigación de los perniciosos efectos ocasionados por el temporal Filomena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2021.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la declaración de la provincia de Toledo
como 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' por los efectos del temporal Filomena, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La pasada semana, la borrasca Filomena azotó el territorio peninsular tras haber provocado un fuerte temporal de viento en las Islas Canarias. A su llegada a la Península Ibérica, Filomena dejó importantes precipitaciones que, combinadas
con las masas de aire frío procedentes del norte, se manifestaron en forma de nieve. Pese a que las previsiones alertaban de que sería una gran nevada, todo el centro peninsular, con especial incidencia en la Comunidad Autónoma de Madrid y
Castilla-La Mancha, experimentó precipitaciones de nieve que batieron récords con relación a los registros de los últimos setenta años.
En la comunidad manchega, la provincia de Toledo fue una de las más gravemente afectadas por el temporal. Hubo pueblos que perdieron la luz durante días, obligando a familias enteras a resguardarse en la calefacción de sus vehículos
mientras les durara el carburante, y otros muchos quedaron completamente aislados por las nieves, como los vecinos del pueblo toledano de Villamuelas, que hablan de desesperación y circunstancias críticas y extremas. Según los Servicios de
Emergencias, más de 18.000 personas resultaron afectadas por cortes totales o parciales del suministro eléctrico y, hasta ayer, todavía permanecían en esta situación más de 2.000 personas, es decir, sin luz, agua caliente o electricidad durante
varios días en pleno temporal y con la ola de frío azotando el centro de la península. Pero las consecuencias van mucho más lejos. En los pueblos más pequeños de la provincia, muchos de los comercios no pueden abrir al tener aperturas eléctricas,
están perdiendo el género al no funcionar los equipos de refrigeración y, en todo caso, no pueden reponer al no llegar los aprovisionamientos. La telefonía y la cobertura móvil sufrió importantes problemas y cortes, agravando la sensación de
aislamiento que resultaba, ya de por sí, enormemente trágica.
La provincia de Toledo, además, cuenta con numerosos pueblos pequeños cuyos habitantes son, esencialmente, personas de avanzada edad. Ello produjo situaciones muy complicadas durante los peores
días del temporal, al requerirse unos servicios especiales que no llegaban, como ambulancias en algunos casos concretos, o el servicio de farmacia, cerrado durante días en varias de estas localidades. Además, los ancianos no podían salir de
sus casas para proveerse de comida.
La agresividad de la tormenta alteró también muy sustancialmente la vida y la normalidad de la ciudad de Toledo quien, según sus dirigentes, tardará más de una semana en recuperar la tranquilidad. Las conexiones ferroviarias con Madrid se
encuentran aún suspendidas, el servicio de autobuses de la ciudad estuvo cancelado durante días, aún se están limpiando los accesos a centros sanitarios, y el Ejército ha tenido que colaborar en las labores de limpieza de un casco histórico de valor
incalculable que se ha visto seriamente dañado, sobre todo porque la estrechez de sus calles impide el acceso de las máquinas quitanieves.
Durante el primer día del temporal, en apenas unas horas, la Policía local había recibido más de 400 incidencias y los bomberos habían intervenido en más de 70 relacionadas con la peligrosa caída de árboles y ramas. La borrasca provocó la
caída de techos en pabellones deportivos, centros comerciales y colegios, así como cortes en carreteras o paradas de los servicios de taxi en los accesos a centros hospitalarios. Igualmente, los centros escolares han permanecido cerrados durante
días, al no poderse garantizar la seguridad de profesores y alumnos.
En definitiva, el tremendo temporal colapsó Toledo con una nevada completamente histórica que obligó a toda la comunidad autónoma de Castilla La Mancha a declarar la alerta roja, y cuya capital se configuró como la 'zona cero' de la
catástrofe.
Considerada esta situación, el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, define la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como aquella en la que se hayan producido daños
personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada, o cuando se produzca la paralización de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.
El estado en el que ha quedado la provincia de Toledo tras el temporal encaja en la definición dada por la norma para que el Gobierno declare la misma como zona afectada gravemente por una emergencia, con todas las consecuencias que de ello
puedan derivarse. Así, la ley prevé desde ayudas a particulares por daños en sus viviendas, como ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, subvenciones por daños en infraestructuras municipales o de la red viaria, ayudas
por daños en producciones agrícolas, ganaderas o forestales, o la apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial, entre otras medidas. La norma contempla, igualmente, la concesión de ayudas fiscales
a los afectados, en forma de exención de determinados impuestos, o medidas laborales y de Seguridad Social, todas ellas encaminadas a intentar paliar las consecuencias del siniestro y asistir a las personas y administraciones públicas más afectadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar la provincia de Toledo como 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil', como consecuencia de los daños sufridos por el temporal de frío y nieve Filomena, en los términos contenidos en el artículo 23 de la
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
2. Adoptar todas las medidas que sean necesarias para la compensación de daños a las personas y administraciones públicas afectadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la citada ley.
3. Realizar con la mayor urgencia el pago de las ayudas a las zonas afectadas contempladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones
de emergencia o naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
4. Realizar una labor de coordinación con el resto de Administraciones públicas afectadas para cooperar tanto en la prevención de futuros daños como en la mitigación de los perniciosos efectos ocasionados por el temporal Filomena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2021.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para garantizar los derechos y la atención adecuada a las
personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a sus familias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, ratificada por España en el año 2007, compromete a los Estados firmantes a 'asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad'.
La Constitución Española, en sus artículos 49 y 50, se refiere a la obligación de los poderes públicos para garantizar un sistema de atención a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovido por
los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos.
En desarrollo de este mandato constitucional, en el año 2006 se aprobó la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia por la que se regulaban 'las condiciones
básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las
Administraciones Públicas'.
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, y causa pérdida del control muscular. Esta patología tiene carácter degenerativo e
incapacitante y en su fase más avanzada acaba paralizando por completo los músculos del cuerpo de la persona afectada.
Aunque España no cuenta con una base de datos oficial, según un artículo publicado por la Sociedad Española de Neurología en el año 2020, en nuestro país hay 3.000 personas a las que les habría sido diagnosticada esta enfermedad, aunque la
cifra podría ser mayor. A su vez, cada año se realizan aproximadamente 900 nuevos diagnósticos de esta enfermedad, cifra muy similar a la del número de fallecidos que se contabilizan de manera anual por esta patología en España. Según datos de la
misma fuente, cada día se detectan 3 nuevos casos de ELA, siendo la patología neurodegenerativa más frecuente en España según su incidencia, por detrás de la demencia y el Parkinson.
Según el estudio el estudio RecogEMos tu voz para avanzar en la EM publicado en el año 2018, elaborado por Roche y la organización Esclerosis Múltiple España, uno de cada cinco pacientes con esclerosis múltiple el tiempo transcurrido entre
los primeros síntomas y el diagnóstico supera los tres años, lo que implica la existencia de un amplio margen de mejora en la evaluación precoz de enfermedad. Entre los motivos que explican la tardanza a la hora de diagnosticar la patología se
encuentran el tiempo que se tarda en acudir a la consulta del médico de familia y el de derivación al especialista en neurología. A esta demora del diagnóstico en nuestro país se le suma concienciación para acelerar el inicio del tratamiento, ya
que uno de cada tres pacientes con esclerosis múltiple no lo comienza antes de los seis meses desde el diagnóstico y solo uno de cada cuatro lo inicia antes de un mes, según datos del mismo estudio.
Otro de los problemas a los que se ve obligado a hacer frente las personas con ELA en España es la ineficacia de nuestro sistema de ayudas y prestación de servicios básicos para personas dependientes. A pesar de las obligaciones
constitucionales que recaen sobre los poderes públicos y los compromisos
internacionales adquiridos por nuestro Estado, el tiempo que transcurre entre la solicitud de valoración del grado de dependencia y la resolución del expediente puede llegar es de 426 días de medía, según información en un artículo publicado
en El País en el año 2019, siendo distinto en función de cada Comunidad Autónoma. Esta situación es especialmente grave en el caso de las personas a las que se les hubiera diagnosticado ELA, en la medida en que los rangos temporales de
supervivencia se encuentran entre los veintitrés a los cuarenta y ocho meses hasta los cinco años.
La velocidad con la que avanza la enfermedad en estas personas y los numerosos problemas burocráticos que retrasan el reconocimiento del derecho a las prestaciones y ayudas previstas en nuestra legislación para personas dependientes obligan
a las administraciones competentes a actuar de manera decida para promover, proteger y asegurar el goce pleno de los derechos de estas personas y mejorar su calidad de vida durante el proceso de desarrollo de la enfermedad. Son todos aspectos los
que desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos prioritario corregir para garantizar un trato digno y una atención adecuada a todas las personas que padecen ELA y a sus familias.
Por otro lado, el fomento de la investigación sobre el ELA y otras enfermedades neurodegenerativas similares es en último término la respuesta verdaderamente eficaz para poder hacer frente a estas patologías y asegurar la calidad de vida de
las personas que la padecen. En ese sentido, las recientes noticias sobre las posibilidades de nuevos tratamientos sobre el ELA, inclusive el eventual desarrollo de una vacuna, a raíz de las investigaciones realizadas durante estos meses en torno a
una vacuna para la covid-19, abre la puerta a la esperanza de una solución para las personas que padecen ELA. Además, pone de manifiesto, una vez más, la importancia capital que tiene para cualquier sociedad apostar por una inversión decidida en
ciencia en todos los ámbitos que permita sostener un proceso acumulativo, dado que muchas veces sus avances se producen incluso cuando no se buscan deliberadamente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar un estudio específico para evaluar las necesidades y problemáticas que afectan a las personas con ELA en el marco de servicios sociales y sistemas de apoyo e inclusión social de las Administraciones Públicas, de acuerdo con las
Comunidades Autónomas, con el objetivo de contar con información suficiente para elaborar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de estas personas y la de sus familiares.
2. Impulsar una evaluación del impacto de la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aprobada el 13 de abril de 2016.
3. Impulsar los cambios legislativos necesarios para que el diagnóstico de la Esclerosis Lateral Amiotrófica implique el reconocimiento automático de la condición de persona con discapacidad a todos los efectos, en los términos previstos
por el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, desde el mismo momento de diagnóstico y con independencia de su estadio de desarrollo, así como el reconocimiento del Grado II de
Dependencia con tan sólo la aparición de la sintomatología que se determine, con la finalidad de garantizar un apoyo temprano ante la enfermedad.
4. Incluir la fisioterapia dentro del Servicio de ayuda a domicilio previsto en el catálogo de servicios para la promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia.
5. Garantizar que la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud incluya todos los tratamientos, terapias y servicios necesarios para asegurar una asistencia sanitaria integral a todas las personas con ELA adaptadas a sus
necesidades específicas.
6. Incluir dentro de la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud la prestación de ayudas técnicas dedicadas a la comunicación de los pacientes diagnosticados con ELA, así como de ayudas para la financiación del transporte y
el alojamiento de las personas con ELA y sus familias cuando tengan que desplazarse a provincia distinta de la residencia para acceder a tratamientos en Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del SNS.
7. Impulsar cursos específicos de formación para los cuidadores profesionales que trabajan en el Sistema de Dependencia para dotarlos de las herramientas necesarias para atender a personas con ELA, así como de cursos de capacitación
dirigidos a las familias.
8. Garantizar por Ley que todos los centros residenciales de atención a personas dependientes cuenta al menos con una persona con formación específica para cuidar a personas con ELA.
9. Impulsar una reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades para incluir una deducción del 20% del importe de los gastos de mejoras
realizadas a la vivienda habitual para las personas a las que les hubiera sido diagnosticada ELA que tengan por finalidad adaptar las condiciones de su hogar a sus necesidades.
10. Adoptar cuantas medidas considere necesarias, en colaboración con las Comunidades Autónomas, para fomentar el uso del Registro Nacional de ELA.
11. Potenciar la investigación científica biosanitaria sobre la ELA y contribuir, en colaboración con otros Estados miembro de la Unión Europea y en el marco de las instituciones comunitarias, a las investigaciones sobre los avances
recientes para el desarrollo de una vacuna eficaz y viable para la ELA con vistas a su futura puesta a disposición de toda la población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para repatriar urgentemente a los
inmigrantes en situación irregular llegados a las costas españolas y, en particular, a Canarias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Canarias se encuentra en una situación límite por culpa de la llegada masiva de pateras a sus costas y por la incapacidad del Gobierno de la Nación de resolver la situación. En lo que llevamos de año, han llegado a Canarias casi 17.000
migrantes en situación irregular en más de 550 pateras. Esto es más de un 1.000 % más que en 2019. Es decir, la llegada de irregulares a Canarias se ha multiplicado por 11 en un año.
El Gobierno ha negado e ignorado el problema de manera sistemática. Los primeros avisos de la llegada masiva de pateras a Canarias ocurrieron ya a finales de 2019. El PP de Canarias, por ejemplo, alertó sobre una nueva crisis migratoria en
diciembre de 2019. Y el Grupo Parlamentario Popular registró varias iniciativas en el Congreso para instar al Gobierno a tomar medidas urgentes para hacer frente a esta crisis migratoria en Canarias en enero de 2020.
Sin embargo, el Gobierno negó el problema una y otra vez. No tuvo ninguna capacidad de reacción. Un ejemplo evidente de ello es que el ministro responsable de Migraciones, José Luis Escrivá, no visitase Canarias hasta octubre. Todas las
iniciativas anunciadas por el Gobierno han sido un fracaso y el problema no ha dejado de agravarse.
Las críticas desde Canarias a la gestión del Gobierno han sido unánimes, incluyendo las de Ángel Víctor Torres (PSOE) quien ha acusado al ministro Marlaska de equivocarse gravemente. El Gobierno canario y los gobiernos de los cabildos
llevan pidiendo soluciones y calificando la situación de 'insostenible' desde, por lo menos, agosto.
Frente a esta situación insostenible, el Gobierno ha sido incapaz de hacer cumplir la ley y de repatriar a los inmigrantes en situación irregular. Sus escasos esfuerzos han ido dirigidos a mantener a los inmigrantes en situación irregular
en Canarias, empeorando el problema. Su inactividad, combinada con el discurso irresponsable de regularizaciones masivas articulado por Podemos (y respaldado por el PSOE en el Congreso) han generado un efecto llamada de la inmigración irregular.
Las mafias del tráfico de personas se han aprovechado de la idea de que en España no se cumplirían ni la Ley de Extranjería ni las exigencias de Bruselas que prohíben regularizaciones masivas.
En suma, el Gobierno ha abandonado a los canarios. Ha ignorado completamente sus peticiones repetidas desde hace meses para resolver la situación. Todas sus promesas y 'planes de choque' han
caído en saco roto. El problema no deja de agravarse y no el Gobierno no presenta ningún Plan creíble que resuelva la situación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Repatriar urgentemente a sus países de origen a todos los inmigrantes en situación irregular que hayan llegado a las costas españolas en el año 2020 y no cumplan con los requisitos legales para permanecer en territorio español.
- Repatriar a los 17.000 migrantes en situación irregular llegados a Canarias en 2020 y, en particular, a los localizados en el puerto de Arguineguín.
- Garantizar la colaboración de los países origen de la inmigración irregular para asegurar su repatriación.
- Involucrar a las autoridades europeas en el control de fronteras para impedir la llegada de pateras a España y en el proceso de repatriación de forma que se realice con éxito.
- Asegurar una inmigración ordenada y legal con pleno respeto a la normativa española y europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2021.-Guillermo Mariscal Anaya, Carlos Rojas García, José Ortiz Galván, María Teresa Angulo Romero, Carmelo Romero Hernández y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la declaración como 'zona afectada
gravemente por una emergencia de protección civil' de todos aquellos territorios afectados por el temporal causado por la borrasca Filomena en toda España, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La pasada semana la borrasca Filomena ha azotado el territorio peninsular tras haber provocado un fuerte temporal de viento en las Islas Canarias. A su llegada a la Península Ibérica, Filomena dejó importantes precipitaciones que,
combinadas con las masas de aire frío procedentes del norte, se manifestaron en forma de nieve. Pese a que las previsiones alertaban de que sería una gran nevada, todo el centro peninsular, con especial incidencia en la Comunidad Autónoma de
Madrid, han experimentado precipitaciones que han batido récords, con casi cincuenta centímetros de nieve en la capital, algo que no ocurría desde hace más de setenta años.
Los daños producidos por el temporal de nieve han sido muy elevados y aún se están cuantificando muchos de los desperfectos. Se han registrado numerosas incidencias en muchas ciudades y pueblos españoles por el desplome de cubiertas debido
al peso de la nieve y se hundieron estructuras en diversas edificaciones tanto privadas como de inmuebles patrimoniales y demaniales de las Administraciones Públicas. La gran acumulación de nieve sobre las cubiertas, azoteas, marquesinas, salientes
y demás vuelos de las edificaciones, ha provocado que las estructuras que las soportan se hayan visto sometidas a sobrecargas que las han llevado al límite de su capacidad, originando su colapso y hundimiento. Otras muchas, se encuentran afectadas
por daños estructurales sobre las que será necesario adoptar medidas de seguridad, llegando incluso a la demolición controlada.
Zonas enteras han quedado bloqueadas durante días sin poder recibir suministros básicos, operar los servicios básicos de transporte o atender a las personas que requerían atención médica o socio-sanitaria debido a la imposibilidad de
desplazamiento. Esta situación, aunque ha mejorado, continúa considerándose de extremada gravedad en algunos lugares donde, además, se han tenido que suspender las clases
durante una semana hasta que pueda garantizarse la seguridad de los estudiantes y profesores, lo que hoy todavía no se da.
Considerada esta situación, el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, define la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como aquella en la que se hayan producido daños
personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada, o cuando se produzca la paralización de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.
El estado en el que han quedado muchos municipios en España tras el temporal encaja en la definición dada por la norma para que el Gobierno declare la misma como zona afectada gravemente por una emergencia, con todas las consecuencias que de
ello puedan derivarse. Así, la ley prevé desde ayudas a particulares por daños en sus viviendas, como ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, subvenciones por daños en infraestructuras municipales o de la red viaria,
ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas o forestales, o la apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial, entre otras medidas. La norma contempla, igualmente, la concesión de ayudas
fiscales a afectados, en forma de exención de determinados impuestos, o medidas laborales y de Seguridad Social, todas ellas encaminadas a intentar paliar las consecuencias del siniestro y asistir a las personas y administraciones públicas más
afectadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a la declaración de todos los municipios especialmente afectados por el temporal causado por la borrasca Filomena como 'zonas afectada gravemente por una emergencia de protección civil', como consecuencia de los daños sufridos
por el temporal de frío y nieve Filomena, en los términos contenidos en el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
2. Adoptar todas las medidas que sean necesarias para la compensación de daños a las personas y administraciones públicas afectadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la citada ley.
3. Realizar con la mayor urgencia el pago de las ayudas a las zonas afectadas contempladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones
de emergencia o naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
4. Realizar una labor de coordinación con el resto de Administraciones públicas afectadas para cooperar tanto en la prevención de futuros daños como en la mitigación de los perniciosos efectos ocasionados por el temporal causado por la
borrasca Filomena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2021.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas durante
la Etapa de Educación Obligatoria, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Según el estudio Equipamiento y Uso de Tecnologías y Comunicación en los Hogares elaborado por el Instituto Nacional de Estadística cuyos resultados fueron publicados el pasado mes de noviembre, el 69,5 % de la población de diez a quince
años dispone de teléfono móvil frente al 66,0 % de 2019. Si desagregamos por edades, un 22,1 % de las menores con diez años, el 41,4 %, con once años; el 68,8% de los menores con doce años; el 88,1% de los menores con trece años; el 92,8 % de
los menores con catorce años y el 95,8 % de los menores con quince años.
El aumento de menores de edad que disponen de teléfono móvil en los últimos años así como la necesidad de promover un uso saludable de la tecnología entre los menores de edad puso sobre la mesa la necesidad de abordar un debate sobre su uso
en los centros educativos y el impacto que pudieran tener estos dispositivos sobre el rendimiento educativo del alumnado.
En el año 2015, según los datos de una investigación realizada por la London School Economic, los estudiantes a los que se les prohibió el uso del móvil en el instituto incrementaron sus calificaciones académicas un 6%. Según los resultados
de este mismo análisis, el impacto de la prohibición era dos veces más eficaz en niños con bajo rendimiento.
Tres años más tarde, la Revista Educational Psychology publicaba las conclusiones la primera investigación realizada en una clase real que muestra una relación causal entre la distracción de un dispositivo electrónico y el rendimiento
académico en un examen. Según los resultados del estudio, el uso de dispositivos electrónicos reducía la retención de conocimientos del alumnado a largo plazo.
Además del impacto sobre el rendimiento educativo del alumnado que tiene el uso de estos aparatos tecnológicos, esta medida podría resultar efectiva para frenar los casos de acoso a través de las redes sociales. Según los datos del III
Estudio sobre el acoso escolar y el ciberbullying, realizado por la Fundación Anar y la Fundación Mutua Madrileña, el ciberbullying supone el 24,7 % de los casos totales de acoso escolar.
En lo que respecta a la regulación por parte de la Administraciones educativas sobre el uso del teléfono móvil en los centros educativos en España, la Comunidad Autónoma de Galicia fue la primera región española que prohibió el uso de
móviles en las aulas en el año 2015, habilitando la posibilidad de que excepcionalmente los centros pudieran establecer normas pedagógicas para su correcta utilización como herramienta pedagógica. Posteriormente, la Comunidad Autónoma de Madrid ha
implementado esta medida en el presente curso escolar, haciendo extensiva la prohibición del teléfono al horario del recreo y habilitando a los profesores para confiscar estos aparatos al alumnado que incumpliera la prohibición.
En lo que respecta al resto de autonomías, mientras algunas han apostado por delegar la regulación del uso de estos aparatos en los centros educativos otras nos cuentan en estos momentos un marco reglamentario mínimo relativo a esta materia.
En el contexto europeo, cabe destacar que la prohibición de los teléfonos móviles no sería una medida ajena a las adoptadas por otros Estados. En el año 2018, la Asamblea Nacional Francesa aprobó una ley por la que se prohibía el uso del
móvil en el recinto escolar. Por su parte, Dinamarca y el Estado federado de Baviera también prohíben el uso de los dispositivos durante el horario académico mientras que en Italia solo se posibilita su uso en las aulas para fines pedagógicos.
Teniendo en cuenta la evidencia empírica con la que contamos hasta el momento en lo que respecta al impacto en el rendimiento educativo del uso del teléfono móvil en los centros escolares y con el objetivo de armonizar cuantas disposiciones
se consideren necesarias para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana a través del sistema educativo, se presenta como necesario que el Gobierno de España, de manera coordinada con las Comunidades Autónomas, adopte de manera
conjunta un marco común en lo relativo al uso de los dispositivos de telefonía en los centros educativos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a desarrollar en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, un protocolo común que determine la prohibición en la Etapa de Educación
Obligatoria del teléfono móvil durante las horas lectivas, las posibles excepciones a esta prohibición, y su posible uso durante el resto del tiempo que el alumnado permanece en los centros educativos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reprobación del vicepresidente segundo y ministro
de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, don Pablo Iglesias Turrión, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Durante la noche de ayer domingo, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, don Pablo Iglesias Turrión, acudió a una entrevista realizada en el programa de televisión Salvados, emitido en el canal
La Sexta.
El vicepresidente segundo realizó unas declaraciones incompatibles con su posición en el Ejecutivo y con la defensa de la democracia liberal. En efecto, en dicha entrevista se mostró firmemente partidario del indulto general a los líderes
políticos independentistas que dieron un golpe a la Democracia en Cataluña y comparó al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con los exiliados republicanos durante la dictadura, pues aseguró que era un 'exiliado político'.
Esta analogía, expresada por parte del vicepresidente segundo de España, resulta del todo inadmisible por varios motivos. El primero de ellos es el insulto a la memoria democrática de nuestro país, así como a las personas que verdaderamente
sufrieron el exilio a causa de la dictadura franquista y que merecen recibir de todo un vicepresidente de su Gobierno la misma consideración que una persona que se encuentra huida de la justicia de una democracia europea, a quien se le imputan
graves delitos. La banalización de la Dictadura y del totalitarismo es una constante en las filas del partido que lidera el señor Iglesias. Poner al servicio de Podemos el dolor de tantas personas es del todo inmoral y pintar la pancarta propia
con el sufrimiento ajeno, una práctica que debe denunciarse.
En otro orden de cosas, supone un grave perjuicio para la imagen de nuestra democracia en Europa y en el mundo el hecho de que un vicepresidente del Gobierno de España afirme con rotundidad que en nuestro país puede haber personas exiliadas
por motivos políticos, en una situación equiparable a la que se padeció durante años de dictadura. Una irresponsabilidad que merece ser reprobada.
Asimismo, Pablo Iglesias se mostró partidario de la posibilidad de indultar a los líderes independentistas catalanes por los graves delitos cometidos durante los meses de septiembre y octubre de 2017, y por los que el Tribunal Supremo les
condenó a más de diez años de prisión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Acuerda la reprobación de las declaraciones realizadas por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, don Pablo Iglesias Turrión, en la entrevista concedida al programa de televisión Salvados,
emitido en el canal La Sexta el domingo 17 de enero de 2021, manifestando su rechazo y reprobación del calificativo de 'exiliado político' para el señor Carles Puigdemont, así como la afirmación de que su situación es comparable a la de los
exiliados republicanos durante la dictadura.
2. Insta al Gobierno de España a desautorizar al vicepresidente segundo y rectificar sus palabras, que suponen un insulto para los exiliados por la dictadura y sus familias, así como un menoscabo de las garantías democráticas de nuestro
país y de nuestra reputación internacional en un momento clave para los intereses generales de España en la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2021.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno relativa a la mejora, mantenimiento y
recuperación del transporte ferroviario en la Cornisa Cantábrica.
Exposición de motivos
El servicio público de transporte ferroviario, que en la Cornisa Cantábrica se presta a través de las líneas de Feve y de Renfe, ha sido, es y debiera ser un nexo de unión entre poblaciones el norte de España. Se trata de un medio de
transporte de personas y mercancías, público, sostenible y esencial, que la cornisa cantábrica necesita para vertebrar la actividad social y económica.
El tren representa la única opción de transporte público para muchas personas de los municipios rurales de la denominada 'España vaciada'. Debido al constante deterioro de la calidad del servicio ferroviario, la paupérrima oferta de
horarios existentes anterior a la pandemia se ha visto todavía más afectada con la excusa del COVID-19, hasta llegar a un único tren diario en muchas ocasiones. A esta reducción de las frecuencias hay que añadir el pésimo estado de conservación de
las vías, con una alarmante falta de inversiones, intentando suplir las mejoras con señales de limitación de velocidad. Además, la falta de tramos para finalizar la electrificación de la vía obliga a mantener las locomotoras diesel en algunas
zonas, lo que conlleva un mayor coste y contaminación. Así mismo, la falta de personal provoca constantes retrasos, transbordos innecesarios, falta de mantenimiento, falta de información, etc., redundando todo ello negativamente en la prestación
del servicio público y siendo la ciudadanía la perjudicada por tal situación.
Ayuntamientos afectados y multitud de personas se han dirigido en numerosas ocasiones a los responsables de Feve, Renfe y Adif, incluso por medio de mociones aprobadas por ayuntamientos en las que se denunciaba la situación y se exigían
medidas correctoras inmediatas. Dichas mociones se enviaron igualmente a los responsables de transportes de los Gobiernos autonómicos, solicitando su intermediación, sin que, hasta la fecha, se haya dado ninguna solución.
Mientras el transporte en ferrocarril ha sufrido esta continua desinversión y empeoramiento del servicio, las instituciones han priorizado transportes mucho menos sostenibles, como el tren de alta velocidad, que solo comunica unas grandes
ciudades con otras; el transporte para el turismo de alto standing, como el Transcantábrico, cuyo billete cuesta 5.500; así como a las grandes empresas de transporte de mercancías para las cabeceras de las líneas.
No resulta comprensible que el Gobierno de España se desentienda de una infraestructura ya existente que se puede mantener con inversiones relativamente modestas. Y tampoco es comprensible que las sucesivas administraciones se hayan
desentendido de toda la población que vive en las poblaciones afectadas, que paga sus impuestos como el resto de ciudadanos y ciudadanas españolas, y que a cambio recibe servicios de transporte ineficaz, ineficiente y en tiempos de pandemia,
inseguro debido a las aglomeraciones.
La España interior, rural, vacía o vaciada necesita un servicio de transporte público de calidad. Más aún cuando se trata de una zona que viene sufriendo desde hace año la falta de infraestructuras y con accesos por carretera en pésimas
condiciones. No es de recibo que tener un vehículo privado sea la única forma de viajar entre ciudades y pueblos. La movilidad por motivos laborales, formativos, sanitarios, administrativos y para el disfrute de la vida debería estar garantizada.
Además las distintas administraciones han enviado mensajes confusos respecto al transporte público a raíz de la pandemia. 'Recomendar' el uso del automóvil como alternativa de transporte en tiempos de pandemia es una irresponsabilidad que
no tiene en cuenta que el transporte público colectivo es una opción imprescindible -cuando no la única- para centenares de miles de personas que cada día utilizan el tren, el metro o el autobús.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Defender el futuro del tren convencional en el norte de España, adoptando medidas urgentes y eficaces, ligadas a los Fondos Europeos de reconstrucción COVID y a los Presupuestos Generales del Estado, para apoyar un transporte público,
social y sostenible de calidad para las comarcas y comunidades autónomas de la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias, Castilla-León, Cantabria y Euskadi).
2. Crear junto a las instituciones implicadas, un plan específico de inversiones en mejora y mantenimiento de las líneas ferroviarias ya existentes, en telecomunicaciones, señalización, supresión de pasos a nivel, electrificación, trazados,
estaciones, frecuencias, convoyes y accesibilidad al tren.
3. No desarrollar los planes de la Alta Velocidad Española (AVE) en detrimento de las inversiones que necesita el ferrocarril convencional para su supervivencia y transformación en un medio de transporte accesible, moderno y de calidad.
4. Mejorar la eficiencia del servicio público ferroviario mediante la modificación de los horarios actuales, e incrementar su coordinación con el transporte urbano a través de los Consorcios autonómicos de transportes. Así mismo, le insta
a facilitar la accesibilidad e intermodalidad del servicio ferroviario con la bicicleta, especialmente en los servicios de cercanías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2021.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
162/000507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de la Agencia Independiente de Evaluación
Educativa, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Constitución Española establece en su artículo 27 todos tienen derecho a la educación y que esta tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales. A su vez, el artículo 103 determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
En el año 1990 se creó el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. Posteriormente, en el año 1993, se publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' el Real Decreto 928/1993, de 18 de junio, por el que se regulaba la organización y
funcionamiento del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación que tenía entre sus objetivos mejorar la calidad de nuestro sistema educativo articulando los mecanismos adecuados para la obtención y análisis de datos, con vistas a apoyar la toma de
decisiones y a rendir cuentas de su actuación del legislador. Entre las funciones de este organismo público se encontraban la capacidad de adoptar las decisiones necesarias para la elaboración de los planes anuales y plurianuales de actuación del
Instituto, la elaboración de un sistema estatal de indicadores que permitiera evaluar el grado de eficiencia y eficacia del sistema educativo y la evaluación de las reformas generales del sistema educativo.
En el año 2012, el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación pasó a denominarse Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), pasando a depender orgánicamente y funcionalmente de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio. En lo relativo a sus funciones y competencias, las mismas aparecen actualmente desarrolladas en la Ley Orgánica de Educación, modificada recientemente por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).
La tramitación de la última reforma de la Ley Básica de Educación no ha servido para mejorar la organización y las competencias que le son propias a este ente. En particular, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa sigue siendo un
organismo dependiente políticamente del Gobierno de España a pesar de que se presentaron enmiendas durante la tramitación de la LOMLOE para despolitizar su funcionamiento y garantizar su autonomía económica, tomando como referencia el actual modelo
de organización de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En segundo lugar, también durante la tramitación del mencionado Proyecto de Ley, el Gobierno de España desecho cualquier posibilidad de aumentar las competencias que
actualmente tiene encomendadas este organismo, en particular, la posibilidad de capacitar al INEE a para evaluar las reformas educativas de carácter general del sistema educativo o el resultados de los programas innovadores que pudieran desarrollar
en esta materia las comunidades autónomas o los centros educativos. A su vez, de haber aceptado los grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno de España estas modificaciones al Proyecto de Ley, en la actualidad contaríamos con un ente con
capacidad suficiente para evaluar la distribución, uso e impacto de los fondos europeos que gestionará el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
La existencia de un órgano encargado de aportar datos y propuestas de forma independiente en materia educativa ayudaría a mejorar el análisis sobre las deficiencias de nuestro sistema de educación y a poner sobre la mesa la necesidad de
impulsar reformas en diferentes ámbitos en los que nuestro país aún tiene un largo camino que recorre, como la actualización del currículo educativo, la mejora de la autonomía de los centros educativos y el sistema de selección y formación del
profesorado. De esta manera también se garantizará el derecho de la sociedad, en su conjunto, a conocer el estado general del sistema educativo y de sus componentes.
En la actualidad, ya existen países en nuestro entorno organismos 'encargados de la generación de evidencias científicas (cuantitativas y cualitativas) en educación de programas e intervenciones educativas realizadas en el sistema educativo
como la Education Endowment Foundation en Reino Unido o la Iterative Best Education Synthesis en Nueva Zelanda'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar un Proyecto de Ley para crear la Agencia Independiente de Evaluación Educativa (AIEE), que estará dotada de personalidad jurídica propia y tendrá la capacidad de ejercer sus funciones con autonomía e independencia funcional
respecto de las Administraciones Públicas.
2. Establecer entre las funciones de la Agencia Independiente de Evaluación Educativa:
a) La evaluación de las reformas generales del sistema educativo, así como la estructura, el alcance y los resultados de las innovaciones de carácter general introducidas en el mismo.
b) La evaluación de los Programas de Cooperación Territorial impulsados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
c) La evaluación del impacto de los fondos europeos que reviertan en la mejora del sistema educativo.
d) La formulación de opiniones a iniciativa propia sobre el cualquiera de las políticas educativas aplicadas por las Administraciones educativas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a la reforma de la Euroorden y para
convertir Europol en un FBI europeo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Desde mediados de los años 90, las instituciones de la Unión Europea intentaron poner en marcha medidas para avanzar en la armonización de las reglas de extradición entre Estados miembros. En 1999, el Consejo Europeo emitió directrices para
abolir los procedimientos formales de extradición, pero no fue hasta después del 11 de septiembre de 2001 que se pusieron sobre la mesa propuestas más ambiciosas. La Orden Europea de Detención y Entrega -comúnmente conocida como Euroorden- se ideó
como una medida antiterrorista, pero pronto se amplió a otra serie de delitos comunes. En diciembre de 2001 el Consejo Europeo dio la orden formal de adoptar la Euroorden y el texto final se acordó en junio de 2002.
En enero de 2004, la Decisión Marco de la Euroorden entró en vigor en ocho Estados miembros -Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido-. Hacia finales de 2004, todos los Estados miembros habían
implementado la legislación, salvo Italia que lo hizo en 2005. Así pues, una Orden de Detención Europea o Euroorden es una solicitud de detención que una autoridad judicial de un Estado miembro de la Unión Europea presenta a otro país para que
detenga y entregue a una persona para su enjuiciamiento o para el cumplimiento de una condena. La Decisión Marco 2002/584/JAI que regula a la orden de detención europea contempla básicamente tres escenarios para no aplicar esta orden internacional:
- Que el delito en cuestión esté salvaguardado por una amnistía en el país donde se encuentra el acusado.
- Que otro país miembro ya está juzgando a la persona acusada.
- Que el requerido sea menor de edad según la legislación del país donde se encuentre.
La Euroorden contempla una lista de 32 delitos homologables en todos los Estados miembros para los que la entrega se hará de forma prácticamente automática. Por otro lado, para delitos que no se recojan en esa lista se deberá comprobar la
doble criminalidad: que el delito por el que se requiere la Euroorden esté tipificado como tal tanto en el Estado miembro que la emite como en el que la recibe.
El procedimiento es, por tanto, judicial y el Gobierno del país que recibe la petición de la Euroorden solo podrá dar su apoyo técnico y, en su caso, ejercer acciones a través de la Fiscalía para defender las posiciones del Estado miembro
emisor de la Euroorden. Sobre el plazo máximo de ejecución de la Euroorden, si el reclamado consiente en ser entregado, la decisión la ha de adoptar el Juez Central de Instrucción en un plazo de diez días desde la celebración de la audiencia
preliminar, sin posibilidad de recurso. Si no consiente, el plazo máximo será de sesenta días, pudiendo prorrogarse hasta treinta días más.
El Tribunal Supremo llevó a cabo un procedimiento contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y otros veintidós altos cargos de esa institución por cargos de rebelión debido a las acciones contrarias al marco
legal español y al Estado de Derecho que perpetraron entre septiembre de 2017 y octubre de 2017. Sin embargo, mientras que algunos de los procesados se personaron en el juzgado para que su procesamiento siguiera su curso, algunos de los procesados
decidieron aprovechar el espacio Schengen para huir a otros Estados miembros de la Unión Europea, principalmente Bélgica.
Esto provocó que el magistrado Pablo Llarena emitiera sendas órdenes europeas de detención para que se hiciera efectiva la entrega de estos procesados. Las diferencias entre los sistemas legales de los Estados miembros y el carácter tan
específico de los delitos de rebelión por los que se acusaba a los procesados, entre otros factores como si la aplicación de la legislación europea por parte de los juzgados que debían resolver estos procedimientos fue acorde a Derecho, hicieron que
estas euroórdenes no se resolvieran satisfactoriamente. Así, ha quedado claro que la materialización de la institución de la orden de detención europea, basada en los principios de mutuo reconocimiento y lealtad entre los Estados Miembros y hacia
la UE, pese a constituir un indudable avance, se puede ver dificultada por decisiones judiciales, que limitan la efectividad de su cumplimiento.
Las reacciones a esta decisión no se hicieron esperar, con figuras populistas y nacionalistas señalando al espacio Schengen como el culpable de este fallo e instando al Gobierno de España a su suspensión. Es decir, se consideraba que el
abuso de unas libertades y derechos por parte de prófugos de la justicia justificaba eliminar esas libertades y derechos para el resto de ciudadanos españoles, que en condiciones normales pueden disfrutar de la libertad de movimiento por todo el
espacio Schengen sin necesidad de barreras burocráticas ni controles fronterizos. No es el espacio Schengen lo que no permite un
funcionamiento correcto de la orden europea de detención, sino el propio diseño de la misma que acordaron los Estados miembros, así como su aplicación por parte de los tribunales de los diferentes Estados miembros que las emiten y ejecutan.
Ciudadanos, como partido netamente europeísta, se estableció como objetivo la reforma de la Euroorden durante esta legislatura europea. Además, gracias a ese trabajo consiguió el compromiso del nuevo Comisario de Justicia, el belga Didier
Reynders, de que esa reforma formaría parte del programa legislativo de la Comisión von der Leyen. También como parte de ese trabajo, la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo aprobó el pasado 3 de diciembre de 2020 un
informe sobre la reforma de la Euroorden que propone una revisión del listado de las 32 categorías delictivas que contempla e incluir nuevas categorías o bien por su gravedad o por contener elementos claramente transnacionales. Entre ellos, se ha
aprobado la inclusión de delitos contra la integridad constitucional de los Estados miembros cometidos mediante el uso de la violencia, así como delitos que impliquen el uso de la violencia o una amenaza grave contra el orden público. Esta reforma
fue ratificada por el pleno del Parlamento Europeo el pasado 20 de enero.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Expresar un apoyo expreso a la reforma de la Euroorden que amplíe la relación de delitos incluidos en la misma para incorporar los delitos contra el orden constitucional de los Estados miembros, delitos que impliquen el uso de la
violencia o una amenaza grave contra el orden público, en la línea de lo aprobado por el Parlamento Europeo.
2. Elevar, en el seno del Consejo de la Unión Europea, la necesidad de impulsar esa reforma de la Euroorden mediante la emisión de un mandato a la Comisión Europea para que presente una propuesta legislativa en este sentido.
3. Liderar la apuesta por dotar de más capacidades, medios y competencias a Europol para transformar este cuerpo en 'un FBI europeo', una fuerza de seguridad de carácter policial a nivel europeo que actúe en estrecha cooperación con los
Estados miembros y sea el principal centro de cooperación, coordinación e intercambio de información policial de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de una red nacional de atención al
ictus para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ya ha provocado más de 2 millones de contagios en España, cobrándose la vida de al menos 52.000 personas. Incluso cuando los pacientes de COVID-19 se recuperan de la enfermedad, las secuelas son graves, incluyendo
disnea, amiotrofia, el síndrome de la polineuropatía del enfermo crítico, dificultad para caminar, problemas respiratorios o tos, trastorno del sueño o problemas emocionales. Además, un estudio publicado hace unos días en la revista especializada
'Stroke' concluye que los pacientes con COVID-19 tienen accidentes cerebrovasculares más graves como consecuencia de la enfermedad, lo que presenta un mayor riesgo para la salud de estos pacientes.
Esta investigación, llevada a cabo por médicos y doctores españoles, se ha llevado a cabo analizando 550 casos de apoplejía aguda. En 105 se detectó la presencia de COVID-19 (19,1 %), mientras que otros 19 pacientes eran sospechosos de
tenerla (un 3,5 %). El grupo de pacientes con COVID-19 mostró peores resultados que los que no tenían la enfermedad a la hora de medir el tiempo medio desde
la admisión en urgencias a la opción terapéutica, asociado con la realización de una tomografía computarizada de tórax en los primeros. En definitiva, el estudio demuestra que los pacientes con esta enfermedad tienen accidentes
cerebrovasculares más severos y peores consecuencias de los mismos pese a recibir un tratamiento similar a aquellos que no lo tienen. Así pues, los investigadores recomiendan una red de atención al ictus robusta que pueda disminuir el efecto del
COVID-19 en la atención a la apoplejía, reduciendo las transferencias secundarias y permitiendo el mantenimiento de terapias de reperfusión, evitando a su vez los incrementos en el tiempo desde la admisión en urgencias hasta la opción terapéutica
debido a tomografías computarizadas de tórax.
La pandemia ha añadido dificultades a la prestación de una atención de calidad para los pacientes con accidentes cerebrovasculares agudos debido a que, además, se han destinado muchos de sus recursos a la atención del COVID-19. De acuerdo a
los datos ofrecidos por el doctor Tomás Segura, del Hospital General Universitario de Albacete, y presentados durante la LXXII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN), la caída de diagnósticos de ictus llegó a situarse por encima
del 40% en los meses de marzo y abril, tal y como informan en el portal especializado MedScape. España es, además, uno de los países que mayor número de estudios ha publicado sobre el papel que ha jugado y juega la COVID-19 en el diagnóstico de los
ictus, algo que sigue produciéndose, como evidencia el estudio citado en el párrafo anterior. Algunos de estos trabajos ponen de relieve que no solo se han reducido el número de diagnósticos y de ingresos hospitalarios debido al colapso del sistema
sanitario, sino que en España también ha aumentado la mortalidad por estas enfermedades.
El ictus representa actualmente en España la segunda causa de muerte, después de la cardiopatía isquémica, mientras que en algunas Comunidades Autónomas como Galicia y Extremadura es la primera causa de mortalidad en ambos sexos. Según un
estudio del Hospital General Universitario de Albacete, la mortalidad que registraron por ictus se situaba en un 1,9 % en 2019, mientras que se ha disparado hasta el 19% en 2020. Además, mientras el año pasado el 40 % de las altas tras un ictus
presentaban un grado de discapacidad importante y limitante para la autonomía personal, esa tasa ha escalado hasta el 53% en 2020. Por tanto, se vuelve más pertinente si cabe la advertencia de los investigadores españoles de contar con una red de
atención al ictus en forma para hacer frente a este reto y minimizar el impacto que esta patología tiene sobre los pacientes.
Varios estudios apuntan también al riesgo de recurrencia de isquemia y de la hemorragia intracraneal, por lo que el tratamiento de pacientes con accidente vascular agudo debe extenderse también en el tiempo y estar sujeto a una vigilancia
prácticamente continua. La doctora Mar Castellanos, del Hospital Universitario de A Coruña, ha advertido de la importancia de los anticoagulantes orales de acción directa a la hora de prevenir el ictus en pacientes con fibrilación auricular,
apuntando a que los investigadores apuestan ahora por ofrecer estos anticoagulantes de forma más temprana para minimizar ese riesgo de recurrencia. Así pues, la eliminación de visados para la prescripción de anticoagulantes entre Comunidades
Autónomas provocada por la pandemia es una buena noticia en este sentido, respondiendo así a una reclamación de pacientes y facultativos durante años.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer una red de atención al ictus en España que incluya:
1. Simplificar el visado para la prescripción de anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) para pacientes con indicación clara de anticoagulación, unificándolo entre Comunidades Autónomas y estudiando su exención mediante acuerdo en
el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
2. Apoyo financiero e institucional, en colaboración con el sector farmacéutico, a la investigación española en materia de accidentes cerebrovasculares, tanto en lo referente a su prevención como a su diagnóstico, tratamiento y seguimiento
de pacientes que reciben el alta.
3. Reforzar el papel del terapeuta ocupacional en centros sanitarios, sociosanitarios y hospitalarios públicos y privados en línea de lo establecido por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias, con el
objetivo de hacer de la aplicación de técnicas y la realización de actividades de carácter ocupacional que tiendan a potenciar o suplir funciones físicas o psíquicas
disminuidas o perdidas a causa de accidentes cerebrovasculares un elemento central del tratamiento de pacientes de ictus.
4. Acelerar los procesos de evaluación para pacientes afectados por accidentes cerebrovasculares que deban acceder a un tribunal médico que dirima su nivel de discapacidad, reduciendo la burocracia de este procedimiento y evitando así que
el paciente pueda quedar en situación de desamparo si no puede realizar su actividad laboral previa.
5. Una mejor información al paciente sobre tratamientos preventivos, en colaboración con la Federación Española de Ictus y con los profesionales sanitarios, como las estatinas para prevenir la aparición y recurrencia del ictus isquémico,
facilitando el acceso a los mismos sin discriminación entre Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la erradicación del sinhogarismo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El artículo 47 de la Constitución Española señala que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para
hacer efectivo este derecho. Asimismo nuestra Constitución reconoce la dignidad de todas las personas. Por tanto, no son únicamente los valores de igualdad, justicia social y solidaridad que mueven la acción política del Grupo Parlamentario
Socialista, sino la propia Constitución Española la que nos interpela para ofrecer una respuesta a las 33.000 personas que viven en la calle en España.
Las políticas públicas que ha impulsado el Gobierno de España tras la crisis de la COVID-19 tienen entre sus objetivos no dejar a nadie atrás. Esta crisis sanitaria, social y económica sin precedentes ha afectado gravemente a toda la
sociedad, sin embargo, queremos señalar la situación de especial vulnerabilidad de las personas sin hogar cuando principal estrategia de protección ha sido quedarse en casa.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos necesario promover en este momento acciones de impulso para la erradicación del sinhogarismo, articulando medidas basadas en las metodologías que actualmente han demostrado mayor éxito,
respecto a la reinserción e inclusión social, posibilitando la creación de itinerarios de integración que reduzcan la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas y generando paulatinamente avances y mejoras en el plano sanitario,
social y ocupacional.
Además, recientemente hemos visto cómo a la situación de emergencia que ya vivían las personas sin hogar se unió una situación meteorológica adversa como la borrasca Filomena, que dejó a estas personas en una situación de alto peligro para
su salud y para la integridad de sus propias vidas. Lamentablemente, durante las noches en la borrasca azotó parte de nuestro país se registraron casos de fallecimiento de personas por su situación de sinhogarismo. Para un país como el nuestro,
que se constituye en un Estado social y de derecho, la muerte de un ciudadano en la calle debe ser una fuerte llamada de atención.
La situación de sinhogarismo es una situación de emergencia y vulneración de derechos que muchas personas sufrían ya antes de la pandemia. Algunas de estas personas estaban en situación de sinhogarismo crónico ya que llevan en la calle
mucho tiempo y, por tanto, sufren un gran deterioro físico y mental. En este contexto, los Objetivos de la Agenda 2030 cobran más fuerza y más vigencia que nunca, pues la erradicación del sinhogarismo es un objetivo y una meta que debe contemplarse
unida de forma
indisoluble a esta hoja de ruta que nos hemos marcado para construir una sociedad auténticamente justa, inclusiva y sostenible.
El sinhogarismo no puede formar parte del paisaje de las ciudades, ni ser imagen acostumbrada del escenario urbano nunca más, porque supone una vulneración de derechos. Contamos con una década para que esos Objetivos de Desarrollo
Sostenible -especialmente los de fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, trabajo decente y reducción de las desigualdades- cristalicen en comunidades justas y prósperas que permitan a todos los seres humanos el acceso y mantenimiento de
una vivienda en condiciones de dignidad, seguridad y estabilidad. Los ODS plantean un horizonte de erradicación de las desigualdades y por ello es imprescindible enmarcar el sinhogarismo como la expresión máxima de la pobreza y la exclusión, siendo
incompatible con la consecución de los objetivos de la Agenda 2030.
Por tanto, es necesario impulsar políticas públicas que vayan más allá de la gestión del problema y que tengan como objetivo principal la erradicación del mismo. Estas políticas públicas orientadas a conseguir que nadie viva en la calle han
sido implementadas con gran éxito en países como Finlandia, Francia o Canadá. Para ello ha sido necesaria la transformación del sistema de atención a las personas y apostar por la creación de una red de recursos residenciales a modo de viviendas
normalizadas en entornos barriales, que han permitido a las personas sin hogar ser miembros activos de su comunidad. Los países que han demostrado tener éxito en la erradicación del sinhogarismo para conseguirlo han usado las metodologías que han
generado gran consenso respecto a su eficacia y adecuación, como son las de housing first o housing led, en casos de personas con grandes historiales de calle y los programas NSNO (No Second Nigth Out), para los que viven en la amenaza constante de
caer en situación de sinhogarismo.
Teniendo en cuenta la especial coyuntura derivada de la COVID-19 y el grave impacto que ha tenido la tormenta 'Filomena' en las personas en situación de sinhogarismo, que ya vivían en un contexto de emergencia por si mismo, consideramos
urgente garantizar el alojamiento a las personas sin hogar pero también ofrecer una atención específica en meses futuros orientadas a que estas personas puedan salir de la terrible situación de calle.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar políticas públicas orientadas a la erradicación del sinhogarismo abordando esta cuestión como un problema estructural en la que influyen factores sociales y económicos.
2. Impulsar espacios de cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos y desde las áreas de vivienda y servicios sociales orientados a intercambiar buenas prácticas en la erradicación del sinhogarismo e impulsar políticas públicas
eficaces.
3. Realizar la Evaluación Final de la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020.
4. Definir la futura Estrategia Nacional con el objetivo de erradicar el sinhogarismo, con un enfoque basado en el acceso a la vivienda y desde la perspectiva de género.
5. Incluir en la futura Estrategia Nacional una línea de trabajo orientado a la desinstitucionalización de la atención de las personas sin hogar.
6. Estudiar posibles medidas para impulsar la oferta de viviendas para programas de organizaciones no gubernamentales orientados a la erradicación del sinhogarismo.
7. Potenciar la formación para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Protección Civil para atender a las personas sin hogar en situación de emergencia.
8. Mejorar los procesos y adecuar los protocolos para garantizar que las personas sin hogar puedan solicitar el Ingreso Mínimo Vital.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2021.-Sonia Guerra López y Carmen Baños Ruiz, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.