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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 163, de 20/10/2020
cve: BOCG-14-D-163
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de octubre de 2020
Núm. 163
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001483 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al cambio de nombre del salón de actos de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER) del Ejército
del Aire ... (Página5)
161/001505 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adherirse a la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 de condena de los totalitarismos
nazi y comunista ... (Página6)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001478 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la actualización de la Acción Exterior del Estado ... (Página7)
161/001496 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre promoción y defensa de los Derechos Humanos de las personas LGTBI en Guinea Ecuatorial ... (Página11)
Comisión de Defensa
161/001475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a regular el uso de las aeronaves de la flota oficial a disposición de los miembros del Gobierno ... (Página12)
Comisión de Hacienda
161/001481 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para garantizar la suficiencia de las Entidades Locales ... (Página17)
Comisión de Interior
161/001472 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover las medidas necesarias para paliar los daños provocados en diversos territorios por fenómenos meteorológicos adversos y otras situaciones
de naturaleza catastrófica ... (Página18)
161/001474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para asegurar la formación continuada en materia de defensa personal policial del Cuerpo Nacional de Policía ...
161/001479 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incremento de los medios en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar ...
161/001502 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a proceder a la inclusión del Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad y las correspondientes dotaciones de
medios materiales y humanos en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Vigilancia Aduanera ... (Página26)
161/001503 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los complementos por territorialidad asociados a la carestía de vida en determinadas ciudades, para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado ... (Página27)
161/001508 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la firma del convenio para la nueva construcción del Cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Herrera
(Sevilla) a cargo del Ayuntamiento de dicho municipio, con la colaboración técnica de la Guardia Civil ... (Página28)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/001477 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover la constitución de un grupo de trabajo entre diferentes Administraciones para planificar y llevar a cabo la mejora de los accesos por carretera a
Talavera de la Reina (Toledo) ... (Página29)
161/001492 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar las obras en el tramo de la A-33 que une Yecla (Región de Murcia) y Caudete (Albacete) ...
161/001507 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre establecimiento de obligaciones de servicio público en la línea aérea Murcia-Madrid y Madrid-Murcia ...
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001494 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la limitación del complemento salarial por asistencia ... (Página34)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/001480 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre un plan de rescate y apoyo urgente al comercio interior que haga frente al riesgo de cierre de comercios y pérdida de empleo ante la
situación del COVID-19 ... (Página35)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reapertura y funcionamiento ordinario del Centro de Referencia estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer de Salamanca
como Centro asistencial y de investigación ... (Página38)
161/001489 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la evaluación y reforma de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, a la reforma del sistema de financiación y a medidas de mejora en la atención a las personas con dependencia ...
161/001490 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de actualizar y mejorar la Estrategia Española sobre Discapacidad ... (Página41)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/001495 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la activación de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad
Autónoma de Galicia para acordar la transferencia de competencias pendientes a Galicia ... (Página42)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001487 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a desarrollar un régimen de peajes eléctricos acorde a las necesidades del sector de los regadíos ...
161/001488 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a trasladar a la Comisión Europea un Plan de relanzamiento de la economía verde con inversiones en proyectos de
infraestructuras y construcción en el marco del Fondo de Recuperación que facilite la reactivación económica de España, centrada en actividades productivas sostenibles en sectores del ciclo del agua, energía, social, transporte, medio ambiente,
digital, urbanismo y mantenimiento de infraestructuras ... (Página46)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la Enfermedad de la Fibromialgia y la legislación vigente ... (Página49)
161/001498 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención del dolor en la Sistema Nacional de Salud ... (Página53)
Comisión de Igualdad
161/001506 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre aprobación de un plan de actuación de fomento del talento STEM ... (Página55)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001499 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para garantizar la continuidad de la atención educativa en supuestos excepcionales de protección de la salud de la comunidad educativa frente a
la COVID-19 ... (Página56)
161/001504 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a reconocer como CSUR (centro-unidad de referencia) de vía aérea pediátrica a la Unidad de Vía Aérea Pediátrica del Hospital 12 de octubre ...
(Página58)
161/001510 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la necesidad de incrementar la inversión pública en la infancia para hacer efectiva la igualdad de
oportunidades y la no discriminación de los niños y las niñas ... (Página59)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001493 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la adopción de medidas para la reducción del tráfico motorizado y a la aprobación de una ley de
movilidad sostenible ... (Página60)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000489 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC), sobre medidas previstas por el Gobierno para llevar a cabo tanto en el seno de la Unión Europea como en el de sus relaciones bilaterales con Armenia y
Azerbaiyán, para trabajar por la paz, el respeto a los derechos humanos y la resolución del conflicto en la zona de Nagorno-Karabaj ... (Página61)
Comisión de Defensa
181/000491 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP), sobre actuaciones para dar cumplimiento a la Directriz de Planeamiento que 'se reforzarán las capacidades de la Sanidad Militar, incluida la
Sanidad Operativa, potenciando su disponibilidad nacional y también su empleabilidad en el marco de las iniciativas de la Unión Europea y la OTAN sobre apoyo sanitario militar', establecida en la última Directiva de Política de Defensa ...
181/000492 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP), sobre resultados registrados en las últimas oposiciones celebradas para el Cuerpo Militar de Sanidad en sus diferentes especialidades ...
Comisión de Interior
181/000490 Pregunta formulada por el Diputado don Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre medidas previstas tras la condena del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) por uso desproporcionado de la fuerza en una manifestación ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/001483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión Constitucional relativa al cambio de nombre del salón de actos de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER) del Ejército del Aire.
Exposición de motivos
Como parte del esfuerzo para construir una memoria colectiva y con el objetivo de preservar los valores democráticos en España, la ley de memoria histórica de 2007 ha supuesto un punto de partida con la reprobación a la dictadura militar
franquista. En su exposición de motivos se recoge la condena a la utilización de la violencia con la intención de imponer una ideología política antidemocrática y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad.
Diversas asociaciones de la sociedad civil española, instituciones europeas e internacionales han condenado tanto el carácter antidemocrático del régimen, así como las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura
franquista. Naciones Unidas lo ha hecho a través del 'Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición'; la UE a través del 'Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa' firmado en París el 17 de marzo de 2006. Estas condenas se han producido no solo por haber sido un sistema político contrario al democrático y por la sistemática violación de derechos y libertades, sino también por haber sido un sistema
político que ha llegado al poder por medio de un alzamiento militar y una guerra civil.
Sin embargo la rebelión militar que destituyó por medio de la violencia a la Segunda República fue avalada e ideada internamente por muchos militares desleales al sistema democrático vigente en aquel momento. Contrariamente a una práctica
democrática y avanzada de nuestras instituciones, más de cuarenta años después de la dictadura militar, siguen existiendo apoyos a este sistema antidemocrático dentro de las estructuras del ejército español.
El pasado lunes 6 de julio, hemos visto publicado en prensa que la sala principal de actos de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER) del Ejército del aire en Torrejón de Ardoz (Madrid), con ello se ha pretendido homenajear a los dos
primeros aviadores laureados, sin embargo consideramos que tal homenaje no tiene cabida en un régimen democrático, ya que posteriormente participaron en la sublevación militar que dio lugar a la Guerra Civil. Concretamente se trata de los
sublevados Julio Ríos Angüeso y Manuel Barreiro Álvarez. Ambos homenajeados resultan haber sido dos militares sublevados y alentadores de un golpe de estado que ha dejado secuelas imborrables en la sociedad Española.
Por una parte el teniente Julio Ríos Angüeso fue conocido por su participación en la preparación del golpe de Estado de julio de 1936 contra la Segunda República. Su lealtad a la dictadura militar franquista lo llevó a un rápido ascenso
dentro del régimen alcanzando el nombramiento de jefe de las Fuerzas Aéreas del Atlántico, para luego tomar cargo como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de Marruecos. Por otro lado, el capitán Manuel Barreiro Álvarez se declaró inválido
para servir al ejército, aunque se dio de alta como voluntario en apoyo al levantamiento militar.
En función de la consolidación de los derechos humanos y de reconocimiento y protección de la dignidad de las personas, consideramos que homenajear a estos militares franquistas sublevados nombrando al salón de actos de una institución
pública con su nombre significa una lesión a la memoria de aquellas personas que defendieron el régimen constitucional tras la sublevación militar de julio de 1936 y a los principios democráticos más esenciales.
Con el fin de intentar dignificar la memoria de las víctimas y en cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura, consideramos que no cabe rendir homenajes a militares sublevados contra la legalidad democrática. Teniendo en cuenta la finalidad de la ESTAER consideramos que sería más adecuado que dicha sala llevara el
nombre del General Emilio Herrera Linares, quien se considera el más importante ingeniero aeronáutico militar de la historia de España (padre del traje espacial, de múltiples estudios sobre cosmología, relatividad, aeronáutica o física atómica), que
fue silenciado durante el franquismo por su lealtad al régimen constitucional y su oposición al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que encarna la lealtad a la democracia y el espíritu de un ejército democrático.
De no llevar a cabo el mencionado cambio, estaremos enalteciendo un régimen que tiene su origen en la injusticia, así como la figura de los represores que han quedado impunes y por tanto alentando formas de gobierno contrarias a la libertad
y a la democracia.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar cualquier acto de enaltecimiento del franquismo, como lo es la nueva denominación del salón de actos de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas del Ejercito del Aire de Torrejón de Ardoz.
2. Tomar las medidas necesarias para que este tipo de homenajes y enaltecimientos a golpistas y sublevados contra la legalidad democrática deje de ser una realidad en cualquier institución pública, haciendo efectiva la legislación vigente
para una memoria democrática también dentro del Ejército.
3. Realizar las medidas correspondientes para efectuar el cambio de nombre del salón de actos de la ESTAER del Ejercito del Aire en Torrejón por el del General Emilio Herrera Linares, lo que supondrá una dignificación de la institución
dentro del marco de los valores democráticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2020.-Jaume Asens Llodrà, Enrique Fernando Santiago Romero, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común.
161/001505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adherirse a la
Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 de condena de los totalitarismos nazi y comunista, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 19 de septiembre de 2019, con 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, una resolución histórica de condena de los crímenes de los totalitarismos nazi y comunista.
Esta resolución considera en su exposición de motivos que los crímenes nazis fueron evaluados y castigados en los juicios de Nuremberg, pero 'que sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el
estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente, y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos'. Asimismo, la resolución considera que 'la integración europea ha sido una respuesta a los sufrimientos provocados por dos
guerras mundiales y por la tiranía nazi, que condujo a la expansión de los regímenes comunistas totalitarios y antidemocráticos en la Europea Central y Oriental', y que 'deben mantenerse vivos los recuerdos del trágico pasado de Europa con el fin de
honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para una reconciliación basada en la verdad y la memoria'.
Es una resolución histórica porque corrige definitivamente la diferenciación que algunas instituciones y líderes europeos han realizado tradicionalmente entre unos totalitarismos y otros, condenando en muchos casos solo a una parte de ellos,
los totalitarismos fascistas, pero justificando u olvidando a otros, los totalitarismos comunistas. Se trata de un problema que afecta igualmente a nuestro país, en el que hemos condenado reiteradamente la dictadura franquista y los totalitarismos
fascistas, pero, sin embargo, no hemos condenado desde las instituciones los totalitarismos comunistas y los crímenes cometidos por los comunistas tanto en la República como en la Guerra Civil. Tanto es así, que miembros del actual Gobierno aún
siguen reivindicando el comunismo y su memoria.
Una Memoria auténticamente democrática debe condenar todos los totalitarismos, y no solo una parte de ellos. Nuestra Memoria debe incluir la condena del fascismo y del comunismo, y de todos los crímenes cometidos en sus nombres. Por ello
es necesario que España adopte medidas que den cumplimiento a las declaraciones contenidas en la Resolución del Parlamento Europeo. Y también, que las haga extensivas al tratamiento que se le da a la banda terrorista ETA y a sus herederos
políticos, inspirados en buena medida por el comunismo.
Por tanto, el marco normativo de encaje y cumplimiento de esta Resolución es clara, en el ámbito de la memoria histórica o democrática como política de Estado. El Gobierno de España debe tener en cuenta todas y cada una de las declaraciones
contenidas en la citada Resolución a la hora de aplicar la ley 52/2007, llamada Ley de la Memoria Histórica, y también en el anunciado Anteproyecto de ley de Memoria Democrática.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A suscribir la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 de condena de los totalitarismos nazi y comunista.
2. A adoptar las medidas contempladas en las declaraciones de la citada Resolución del Parlamento Europeo mediante su incorporación a la legislación vigente española sobre memoria histórica o democrática y a los cambios que en ella se
planteen en un futuro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2020.-Edurne Uriarte Bengoechea, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, y D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX.), al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actualización de la Acción Exterior del Estado, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. La dimensión internacional de la actuación del Estado ha cobrado en los últimos tiempos un protagonismo sin precedentes. De esta manera comienza el Preámbulo de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior
del Estado (en adelante, 'Ley 2/2014'). Del mismo se desprende la necesidad de que España, por su tamaño, peso y vocación internacional, tenga la correlativa influencia en el ámbito internacional a través de la acción exterior del Estado. Pero
para que esa influencia se plasme de forma efectiva, se ha de desarrollar una política uniforme, centrando los esfuerzos de todos los agentes que operan en la acción exterior del Estado para la consecución de unos objetivos claros, unívocos y
realistas. Y todo ello debe ir necesariamente acompañado de la proyección de una imagen de España como marca fiable, una representación fiel de la imagen del Estado.
La Ley 2/2014 se debe a cinco exigencias fundamentales que, a su vez, han de conformar los principios rectores de la acción exterior del Estado. A saber:
- La promoción de los valores e intereses de España a fin de consolidar su presencia internacional y fortalecer su imagen en el mundo.
- El afianzamiento y fortalecimiento de la credibilidad de España en el exterior.
- El incremento de nuestra participación en el proceso de integración europea, promoviendo una acción exterior en consonancia con la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, así como con los fines del Servicio Europeo de
Acción Exterior.
- La coordinación de la acción exterior de España con la de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
- La adecuada asistencia y protección a los españoles y el apoyo a la ciudadanía española y a las empresas españolas extra fronteras.
Segundo. Como consecuencia de la globalización y del crecimiento exponencial de las relaciones económicas internacionales, la acción exterior ha devenido de vital importancia para la seguridad y defensa nacionales, la salvaguarda de los
españoles en el extranjero, el aumento de la exportación de bienes y servicios, la atracción de capitales con los que financiar nuestra economía, la facilitación de la implantación y expansión de nuestras empresas en el extranjero y un sinfín de
ámbitos.
A este respecto, la coyuntura de Europa se presta muy favorable para que España aumente su peso e influencia en el viejo continente, pues la salida de un peso pesado como el Reino Unido, puede ser una oportunidad única.
En tal sentido se pronunció el Comisario Europeo de Presupuesto y Recursos Humanos, Günther Oettinger, quien, en el Foro de la Nueva Economía, celebrado el pasado 5 de marzo, señaló que España está llamada a salir fortalecida en la Unión
Europea con la marcha del Reino Unido.
Y a la oportunidad europea se añade la global. Y es que la creciente rivalidad política y comercial entre EEUU y China, la crisis en Oriente Medio, las migraciones masivas, el terrorismo o la digitalización, son desafíos que transcienden
las capacidades y dimensiones nacionales. Aisladamente, los Estados miembro no son ni serán capaces de dar respuesta a estos desafíos, de manera que la UE debe promocionar su posición para tratar de contrarrestar su cada vez más insignificante
influencia en el tablero global. Es aquí donde España, con una política clara, definida, concisa y, a la postre, efectiva, debe liderar esta incursión de la Unión Europea en el tablero político-comercial global.
Tercero. Pese a la existencia de una coyuntura europea y mundial favorable, éstas, por sí solas, no harán que España gane la influencia y el peso que le corresponden. Es necesario definir una estrategia de acción exterior congruente con
los intereses actuales de España. Y ello debe hacerse con especial atención a los principios rectores de coherencia, eficacia y transparencia.
En la actualidad, la acción exterior del Estado se articula por una amplia diversidad de instituciones, organismos y actores. Ello hace necesario que en aras de la eficacia, se dote de coherencia a la misma. Esta labor es del Gobierno,
pues es quien debe definir con claridad los objetivos de la acción exterior española y quien, a su vez, ha de trasladar los mismos a los distintos agentes que actuarán en su difusión. Así se establece en el apartado segundo del artículo 6 de la Ley
2/2014:
'2. El Gobierno aprobará la Estrategia de Acción Exterior, los Informes Anuales de Acción Exterior, los planes anuales de acción exterior para la promoción de la Marca España, el Plan Director de la
Cooperación Española y los demás instrumentos de planificación que se consideren necesarios para definir, promover, desarrollar y defender los intereses de España en el exterior.'
De esta manera, se alcanza a su vez la necesaria transparencia que debe caracterizar a cada una de las actuaciones desarrollada con erario público y que está plasmada como principio rector de la Acción Exterior del Estado en el apartado f),
apartado segundo, del artículo 3 de la Ley 2/2014.
Pues contando con unos objetivos definidos, a desarrollar por unos agentes informados e instruidos, deben darse, necesariamente, unos resultados. Y esos resultados se valorarán conforme a unos criterios objetivos de evaluación de las
diversas actuaciones de la política exterior, permitiendo a los ciudadanos hacer un juicio valorativo, objetivo, y sustancial, de la política exterior desarrollada por el ejecutivo, cumpliéndose así con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13
de la Ley 2/2014:
'2. Las entidades mencionadas en el apartado anterior, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, proporcionarán información al departamento ministerial del que dependan o al que estén adscritas, sobre sus
actuaciones en el exterior, fines y objetivos de las mismas, adecuación a las directrices y documentos de planificación y resultados obtenidos, que se incorporarán a los informes que periódicamente se elaboren sobre Acción Exterior del Estado, de
conformidad con la normativa vigente.'
Cuarto. De cuanto se ha expuesto en el apartado anterior, cabría pensar que todos las medidas, objetivos, y principios de la Acción Exterior del Estado ya se cumplen, al estar legalmente contemplados en la normativa vigente, y ser, por
tanto, de obligado cumplimiento para los poderes públicos.
Sin embargo, la última Estrategia de Acción Exterior data de febrero de 2015 -tiene un plazo de vigencia de 4 años, ex. art. 35.4 de la Ley 2/2014- y, el último Informe Anual de Acción Exterior disponible, es el correspondiente a la
aplicación de la estrategia del ejercicio 2016. Otro nuevo incumplimiento de la Ley 2/2014, pues su artículo 37 señala que se deberá dar cuenta de la ejecución de la Estrategia de Acción Exterior, de las actuaciones realizadas, de los objetivos
logrados y de los recursos aplicados a su consecución. Se elaborará a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, conjuntamente por todos los departamentos ministeriales, y con participación de los organismos y entidades
públicas dependientes de la Administración General del Estado que actúan en el exterior, así como de las Comunidades y Ciudades Autónomas y Entidades Locales.
Asimismo, en los Informes Anuales se dará cuenta de las modificaciones y adecuaciones necesarias de las prioridades y objetivos contenidos en la Estrategia de Acción Exterior, que hayan debido realizarse por circunstancias sobrevenidas y
cambios en el contexto internacional.
El Informe Anual de Acción Exterior será aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros y publicado en el 'Boletín Oficial del Estado', a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previo informe del Consejo de Política
Exterior. Asimismo, se remitirá a las Cortes Generales, para su conocimiento.
La elaboración de este informe reviste especial trascendencia pues, al margen de los objetivos que detalla la propia norma que lo regula, es imprescindible para facilitar la transparencia y el control ciudadano de la proyección exterior de
la administración española. Es el instrumento al servicio de nuestra ciudadanía y nuestra democracia para evaluar la acción política exterior y, por tanto, su fin último es ser remitido a las Cortes Generales, en las que la Ministra de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, deberá comparecer para dar cuenta del cumplimiento de la Estrategia de Acción Exterior.
La falta de cumplimiento de la legalidad, en cuanto que dejación de funciones por parte del Gobierno es manifiesta, y supone, necesariamente, una falta de transparencia para con los ciudadanos, que quedan huérfanos del poder de control sobre
los poderes públicos y, en el caso que nos ocupa, sobre todo lo que concierne a la acción exterior de España.
Quinto. La Ley 2/2014 era, sin lugar a dudas, una norma muy necesaria, pues derogaba el Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre organización de la Administración del Estado en el exterior, una norma devenida obsoleta y que no regulaba
elementos esenciales para un efectivo control sobre la acción exterior española.
Lamentablemente, los instrumentos aportados por esa norma, pese a regularse de forma clara y concisa en la misma, son incumplidos reiteradamente por el ejecutivo desde el año 2016. A lo anterior, se añade la inexistencia de una correlación
entre presencia e influencia en el exterior.
En tal sentido, como muy acertadamente señala D. Pablo Rupérez Pascualena, en su artículo, Presencia, papeles, procesos y pasta: cuatro claves para aumentar la influencia de España en Bruselas, escrito originalmente como nota de discusión
para el seminario 'Pensar y actuar en red. Hacia un concepto expansivo de la influencia de España en el mundo y en Europa', organizado por el Real Instituto Elcano el pasado 28 de mayo, existe una confusión entre presencia e influencia en la UE.
Son dos cosas que pueden estar relacionadas (a veces no lo están). Pero son dos cosas muy diferentes.
La presencia, entendida sobre todo como presencia de españoles en las instituciones europeas, es una cuestión objetiva, mesurable. Se puede medir por niveles, instituciones o departamentos, estudiar su evolución en el tiempo y compararla
entre países usando indicadores como la población o el PIB. En resumen, se puede contar, aunque al haber muchas formas de contarla puede estar sujeta a diversas interpretaciones, a veces intencionadas.
[...]
La influencia, sin embargo, es otra cosa completamente diferente. [...] No es directamente mesurable y no es fácilmente definible, pero sí es claramente perceptible. Todos tendemos a saber quién la tiene y quién no. Y, como la elegancia,
creo que la influencia está construida a lo largo del tiempo, y está hecha de grandes gestos y gastos, pero también en gran medida de muchos pequeños detalles.
En relación a la primera, la Comisión Europea emplea un 'índice guía' nacional para calcular cuál debe ser la representación de cada país en las instituciones europeas, mediante la ponderación entre PIB y población. Según el índice, España
debería tener un porcentaje de referencia de un 8,9 %. Actualmente, España tiene un 8 % del personal de las instituciones europeas, de manera que está algo por debajo del índice, si bien, tiene una representación considerable.
Pero, ¿se traduce esa presencia en influencia?
La respuesta es, lamentablemente, negativa. Para que ello ocurriera, amén del cumplimiento de las disposiciones legales abordadas en los expositivos anteriores y de desarrollar una Estrategia de Acción Exterior clara y concisa, fijando
objetivos alcanzables, deberíamos tratar de imitar ciertas políticas de good practice a nivel nacional, cuya traslación al plano internacional es muy efectiva. Así, y atendiendo al artículo de don. Pablo Rupérez Pascualena, debemos fijarnos en
tres referentes europeos: Alemania, Francia e Italia.
Haremos aquí mención en exclusiva al país germano, cuyas políticas al efecto han dado resultados de indubitada efectividad. Entre ellas, Alemania desarrolla un apoyo sistemático y organizado (con financiación incluida) desde la
administración central. Por ejemplo, celebrando una gran conferencia anual en Berlín en la que se invita a los funcionarios alemanes en las instituciones, para presentarles las prioridades nacionales y a los interlocutores de referencia. O
concediendo contratos breves para que los alemanes que han aprobado ya un concurso para trabajar en las instituciones, pero aún no han logrado un puesto concreto, puedan trabajar un tiempo en los departamentos de asuntos europeos de distintos
Ministerios, y así mejoren su CV y su agenda de contactos. [...] los propios alemanes en las instituciones organizan y cuidan entre ellos su propia red de contactos, por ejemplo, con encuentros periódicos o comidas mensuales de jefes de unidad que
por turno organiza uno de ellos.
Sexto. Todo lo anterior, pone de manifiesto la necesaria aprobación de una Estrategia de Acción Exterior para los próximos cuatros años, la publicación de los informes anuales de la acción exterior del Estado, así como la implementación de
medidas que mejoren la influencia de España en el exterior. Más si cabe, tras el daño que ha producido a la imagen de España en el exterior la negligente gestión de la pandemia realizada por el Gobierno.
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Que apruebe la Estrategia de Acción Exterior correspondiente a los próximos cuatro ejercicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 2/2014.
2. Que, en atención al artículo 37 de la referida Ley, publique los Informes Anuales de Acción Exterior de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 en el 'Boletín Oficial del Estado', a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, previo informe del Consejo de Política Exterior, y procediendo a su remisión a las Cortes Generales, para su conocimiento.
3. Que, previos los estudios preceptivos al efecto, elabore un proyecto de acción exterior, dirigido específicamente a la proyección de España en la Unión Europea, a fin de recuperar el peso y la influencia que nos corresponde, más, si
cabe, en el contexto de la salida del Reino Unido de la Unión.
4. Que promueva la celebración de una conferencia anual en la que se invite a los funcionarios españoles en las instituciones europeas, para presentarles las prioridades nacionales y a los interlocutores de referencia.
5. Que promueva la celebración de contratos de prácticas y/o temporales para que los ciudadanos españoles que hayan aprobado ya un concurso público para trabajar en las instituciones europeas, pero aún no hayan logrado un puesto concreto o
tomado posesión del mismo, puedan trabajar en los departamentos de asuntos europeos se cualesquiera organismos del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2020.-Carlos Hugo Fernández-Roca Súarez y Alberto Asarta Cuevas, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de las personas LGTBI en Guinea
Ecuatorial, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 28 de junio celebrábamos en España el Día Nacional del Orgullo LGTBI. Una celebración que se extiende a nivel internacional para reclamar igualdad y denunciar que las personas LGTBI sufren discriminación y persecución por su
orientación sexual y/o su identidad sexual a largo y ancho del planeta.
Durante los últimos años, varios países del continente africano han dado sus primeros pasos hacia la no discriminación, adoptando nuevas legislaciones que descriminalizan a las personas LGTBI, como han sido los casos de Seychelles (2014),
Mozambique (2015), Angola (2019), Botsuana (2019) Gabón (2020) o el propio Sudán, que recientemente ha eliminado la pena de muerte para las personas LGTBI, aunque mantiene su criminalización por razón de orientación sexual. Sin embargo, otros
Estados del continente están dando pasos en sentido inverso y plantean un endurecimiento de la persecución a esta población, amparando legalmente las vulneraciones sistemáticas a sus derechos humanos. Este es el caso de Guinea Ecuatorial y su
reciente anteproyecto de ley 'Proyecto de Ley Reguladora de la Prostitución y los Derechos de los Homosexuales' que se encuentra en fase de estudio por el Parlamento de país centroafricano.
Esta iniciativa del Gobierno ecuatoguineano, llega justo después de que las Naciones Unidas, en el último Examen Periódico Universal (EPU, 2019) y sesiones anteriores, instara al ejecutivo ecuatoguineano legislar con el objetivo de proteger
a las minorías sexuales de las múltiples violencias que sufren, destinadas a 'curar la homosexualidad'.
Sin embargo, la exposición de motivos del proyecto legislativo opta por definir la homosexualidad como un peligro social que atenta contra la familia tradicional, la moral pública, la educación del menor, y que debe ser combatida con todos
los instrumentos legales, incluidas las fuerzas del orden público. La normativa en estudio propone un régimen sancionador para lo que considera 'propaganda homosexual' -la venta, difusión, exhibición, adoctrinamiento o promoción de imagen o
información relacionada con la prostitución o la homosexualidad por cualquier medio virtual o material- y el deber de las fuerzas del orden de perseguirla y de la sociedad de denunciarla.
Esta iniciativa ha sido denunciada por ONG como Transparency International Portugal que ha denunciado que la normativa 'mezcla erróneamente la prostitución, regulada en el código penal, con los derechos de los homosexuales, que son de otra
naturaleza'. Asimismo, la legislación 'no ampara los derechos de los homosexuales, sino que regula el exhibicionismo y la propaganda de carácter homosexual junto con la prostitución. El hecho de que el régimen sancionador, y medidas de aplicación,
den amplias
potestades a los agentes en el ámbito de la investigación, o se requiera la colaboración ciudadana bajo sanción, implica que no se pretende garantizar derechos, sino que, al contrario, se pretende limitar los derechos fundamentales de unos
ciudadanos en concreto'. Según esta organización, 'solo cabe concluir que el proyecto de ley es discriminatorio' a la vez que solicita la aplicación prioritaria de los tratados internacionales ratificados por Guinea Ecuatorial en materia de
derechos humanos, en especial el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Otras organizaciones locales como Somos Parte del Mundo, en boca de su líder la activista Melibea Obono, han denunciado que este anteproyecto no es sino la impresión de la Ley Franquista 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y
Rehabilitación Social, que modificaba la Ley de Vagos y Maleantes de 15 de julio de 1954 y que está siendo aplicada actualmente aunando los procedimientos de la tradición bantú.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, a nombre de la Ministra, ha remarcado en repetidas ocasiones la prioridad que la diplomacia por la igualdad tiene en la acción exterior española, incluyendo la basada en el
respeto por los derechos humanos de las personas LGTBI.
Iniciativas como la los ciclos #ArmariosAbiertos organizados por la Embajada de España en Malabo con motivo del Día Nacional del Orgullo LGTBI, entre otras acciones organizadas por esta misión, son un ejemplo de diplomacia al servicio de la
protección y promoción de esos derechos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Utilizar todos los medios diplomáticos a su alcance para alertar sobre el discriminatorio 'Proyecto de Ley Reguladora de la Prostitución y los Derechos de los Homosexuales' y otras violaciones de derechos humanos hacia las personas LGTBI
en Guinea Ecuatorial, así como en otros países, en foros europeos e internacionales con objeto de evitar que dichas violaciones se produzcan.
2. Organizar, en las misiones en el extranjero dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea y otros ministerios, acciones y actividades dedicadas al empoderamiento del colectivo LGTBI y a la promoción de
sus derechos humanos con motivo del Día Nacional del Orgullo LGTBI y del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
3. Actuar a nivel europeo e internacional, para que el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo LGTBI sea una realidad, remarcando el compromiso del Gobierno de España con la no discriminación por razón de orientación sexual e
identidad sexual como prioridad de la política exterior española.
4. Crear la figura del embajador o embajadora en misión especial para la promoción de los Derechos Humanos y la Diversidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2020.-Héctor Gómez Hernández, María Olga Alonso Suárez, Arnau Ramírez Carner, Pau Mari Klose, Noemí Villagrasa Quero, Susana Ros Martínez, Ana Belén Fernández Casero y Laura Berja Vega,
Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/001475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Manuel Mestre Babea, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D.a María de la
Cabeza Ruiz Solás, D. Juan José Aizcorbe Torra, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Carlos José Zambrano García-Ráez y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX),
al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a regular el uso de las aeronaves de la flota oficial a disposición de los miembros del Gobierno ,
para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. El Gobierno de España tiene una flota aérea a su disposición.
1. El Gobierno de España tiene a su disposición una flota compuesta por diversos aviones y helicópteros. Su misión principal es transportar a la Familia Real y a los máximos dirigentes del Gobierno, tanto en territorio nacional como
internacional:
- El 45 Grupo de las Fuerzas Aéreas de España es una unidad operativa del Ejército del Aire español. Su flota está compuesta por siete aviones: cinco Dassault Falcon 900B y dos Airbus A310.
El coste aproximado de una hora de vuelo del Falcon 900B es de 5.600 euros, lo que incluye el salario del personal, el combustible y el mantenimiento. Todo ello se abona con cargo a las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa.
- Por otro lado, el 402 Escuadrón del Ejército del Aire, con base en Cuatro Vientos (Madrid), dispone de dos helicópteros Super Puma para el transporte de personalidades de la Casa Real, Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios y otros
organismos oficiales. En total, desde su creación han realizado más de 43.000 horas de vuelo.
El coste aproximado de una hora de vuelo en estos helicópteros es de 5.000 euros.
2. Además, cada desplazamiento en una de estas aeronaves (ya sean aviones o helicópteros) origina el viaje de otros acompañantes, como asesores y escoltas, cuyo transporte, alojamiento y manutención también son pagados por el dinero de
todos los españoles.
Segundo. Todos los gobiernos han hecho un uso abusivo y para su beneficio personal de la flota oficial.
3. El 18 de febrero de 2005 el Consejo de Ministros aprobó el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado (BOE de 7 de marzo de 2005, ref. BOE-A-2005-3724) 1,
posteriormente derogado por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. La Exposición de Motivos de la norma señala como una necesidad que:
'Los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y
guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en las normas.'
4. Sin embargo, la concepción patrimonialista del Estado de los dos grandes partidos que han gobernado España y su deslealtad sistémica les hace ignorar las reglas que ellos mismos dictan y que, en teoría, les vinculan. Así, los diferentes
Gobiernos del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular han hecho un uso de los medios de transporte aéreo del Estado que en absoluto responden al compromiso con los debidos principios éticos y positivizados primero en el código y
luego en la Ley referidos.
5. Así, el número de vuelos (nacionales e internacionales) realizados por los diferentes Presidentes del Gobierno de España durante los últimos años ha sido el siguiente:
- Don José María Aznar López (1996-2004): 319 viajes.
- Don José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011): 339 viajes.
- Don Mariano Rajoy Brey (2011-2018): 260 viajes.
- Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón (junio de 2018-noviembre de 2019): 79 viajes.
1 https: / /www.boe.es/buscar/doc.php?id=B0E-A-2005-3724
6. Existen ejemplos de mala praxis en el uso del avión oficial Falcon por parte de todos los Gobiernos de la democracia. Así:
- Del registro total de vuelos realizados en el avión oficial Falcon 2 destaca que, de las 26 visitas realizadas por todos los presidentes democráticos a la ciudad de León, 24 fueron llevadas a cabo por don José Luis Rodríguez Zapatero.
Como bien se conoce, el señor Rodríguez Zapatero es originario de León y residía en esta ciudad antes de ostentar el cargo de Presidente del Gobierno.
- Diversas fuentes periodísticas 3 apuntaron en su momento que el señor Aznar López se trasladó por estos medios en más de 20 ocasiones a las Islas Baleares, destino de sus vacaciones. Asimismo, los medios indican 4 que el entonces
presidente del Gobierno y sus Ministros acudieron a varios mítines del Partido Popular en estas aeronaves.
- Don Mariano Rajoy Brey también frecuentaba su ciudad de residencia durante su mandato y sus Ministros hacían uso de la flota oficial para acudir a actos en sus ciudades natales durante el fin de semanas 5 6.
Tercero. El uso de la flota para beneficio exclusivamente personal por el actual presidente del gobierno es obsceno.
7. El actual Gobierno ha superado todos los límites de uso de lo público para el beneficio personal. Desde que don Pedro Sánchez Pérez-Castejón accediera a la Presidencia del Gobierno, en junio de 2018, hasta mayo de 2019, el número de
vuelos realizados por el Presidente del Gobierno ascendía a la cantidad de 59, esto es, 4,92 vuelos al mes. Así, solo en 2018:
- El 30 de junio, ni siquiera un mes después de acceder al cargo, el señor Sánchez Pérez-Castejón y su mujer, doña Begoña Gómez Fernández, volaron en un helicóptero Súper Puma hasta La Rioja, donde estaban invitados a una boda.
- El 20 de julio, el matrimonio presidencial viajó de nuevo en el Falcon para asistir a un concierto en el Festival Internacional de Benicasim.
- Durante este año, llegó a utilizar hasta 5 veces en cuatro días el Super Puma para trasladarse desde La Moncloa a la base aérea de Torrejón de Ardoz (entre ambos puntos hay una distancia aproximada de 25 kilómetros).
- A finales de año se movilizaron un Falcon 900B y un Airbus A310 para viajar de Madrid a Valladolid y acudir a la Cumbre Hispanoportuguesa. En el primer avión voló el señor Sánchez Pérez-Castejón, mientras que en el segundo viajaron sus
Ministros. Entre ambos puntos hay una distancia aproximada de 200 kilómetros.
8. En 2019 se continúa la misma tónica de uso de medios de transporte del Estado para viajes particulares que se disimulaban con eventos oficiales. En este sentido:
- El 4 de marzo viajó a Granada para iniciar la precampaña mediante un mitin junto con Susana Díaz. La coartada oficial fue la clausura de las jornadas Estrategia Española para la Inteligencia Artificial en I+D+i.
- El 6 de marzo se desplazó a Vitoria para un mitin con la líder del Partido Socialista vasco, doña Idoia Mendia Cueva. La coartada oficial fue la apertura de la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático Change the Change en San
Sebastián y una visita a la Real Academia de la Lengua Vasca en Bilbao.
- El 13 de marzo acudió a Gijón para participar en un mitin junto con la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, doña Adriana Lastra Fernández. La coartada oficial fue un acto en la Casa Malva.
2 https: / / maldita. es / app/ uploads/ 2020/ 07/ REGISTRO FALCON.pdf
3 https: / / www.ekonfidenciaLcom/ espana/ 2010-06-16/ los-socialistas-sacan-a-relucir-la-boda-de-la-hija-deaznar-para-no-regular-el-us o-de-los-falcon 243092/
4 https:/ / cadenaser.com/ s'2.()9/ 05/ 30/ espana/ 1243641013 850215.html
5 https:/ /www.ekonfidencial.com/ espana/ 2018-05-21/ agenda-oficial-gobierno-minis tros-gastos-viajes 1565863/
6 https: / /ep00.epimg.net/ descargables/ 2018/ 01/12/ 7472aa08a8c9c54aaeed457918ef340b.pdf
- El 25 de marzo viajó a Málaga en Falcon para acudir a un mitin con doña Susana Díaz Pacheco. La coartada oficial fue una visita al Campus de Excelencia Internacional del Mar de la Universidad de Cádiz.
- El día siguiente acudió a Salamanca (a dos horas de Madrid en coche) a un acto de precampaña en el Teatro Liceo con, entre otros, el líder del PSOE castellano-leonés, don Luis Tudanca Fernández. La coartada oficial fue un encuentro con el
rector de la Universidad de Salamanca y otro con jóvenes emprendedores.
- El 3 de abril se desplazó en avión oficial a Huelva, ya que tenía previsto acudir a Sevilla para entrevistarse con el presidente de Estados Unidos, don Barack Obama, en el marco de la Cumbre Mundial de Turismo.
- Por último, el 9 de abril intervino en un acto del PSOE en León en compañía del expresidente don José Luis Rodríguez Zapatero. La coartada oficial fue una visita al Instituto Nacional de Ciberseguridad.
9. Los abusos de las aeronaves oficiales realizados por el actual Presidente del Gobierno incluyen los viajes junto a los miembros de su familia en verano. Así, el pasado 31 de julio de 2020 un avión Falcon 900B despegó desde Madrid con
destino a Lanzarote (destino habitual de vacaciones del señor Sánchez Pérez-Castejón y su familia desde que este es Presidente) sin que se facilitaran detalles sobre el motivo del vuelo ni los pasajeros que volaron a bordo. Todo encaja cuando se
conoció que el 4 de agosto de 2020, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón se trasladó en uno de estos aviones a Lanzarote para reunirse con su familia, que se encontraba allí desde el 31 de julio.
Cuarto. El uso por el gobierno de la flota oficial a su disposición no está regulado.
10. El uso que realizan los miembros del Gobierno de las aeronaves oficiales no se encuentra regulado por ninguna norma. No obstante, el artículo 37 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno ('Ley de Transparencia') dispone que:
'Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y
demás leyes que resulten de aplicación.'
11. El Gobierno de España, desde la Presidencia de don Mariano Rajoy Brey, ha dificultado en numerosas ocasiones el acceso del público a los datos concernientes a los vuelos realizados a bordo de las aeronaves. Para ello, ha calificado la
información como 'materia clasificada con el máximo grado de protección'. Ello se apoyaría, según la postura gubernamental, en:
1) la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales;
2) una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 23 de octubre de 2017 7; y
3) una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ('CTBG') de 15 de febrero de 2016 8.
12. Sin embargo, es necesario matizar cada uno de los apartados anteriores:
i) La Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
La norma supra no determina que todos los vuelos realizados por los miembros del Gobierno deban calificarse como materia clasificada, sino que:
'La calificación a que se refiere el artículo anterior [materia clasificada] corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor.'
Es decir, estos vuelos no son per se materia clasificada. Más al contrario, dicha calificación se acuerda por los propios miembros del Gobierno o del Estado Mayor del Ejército. Los acuerdos deben justificar los
7 La sentencia dispone que: 'la información proporcionada no podrá referirse a aquellos viajes o acompañantes, cuando se trate de viajes que hayan sido clasificados como materia clasificada'.
8 Resolución R/0509/2016:?https: / / www.ecestaticos.com/file/ 22b7ba68576de261ebdfc9ef0754fbd0/1546440341- resolucion2016 ctbg.pdf
motivos por los que se considera secreta esta información, si bien en la mayoría de los casos se hace una referencia genérica a motivos de seguridad.
ii) La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de 23 de octubre de 2017.
El fallo de la sentencia dispone que 'la información proporcionada no podrá referirse a aquellos viajes o acompañantes cuando se trate de viajes que hayan sido calificados como materia clasificada'. Contrario sensu, la sentencia no impide
facilitar los datos sobre los vuelos realizados ni de los pasajeros cuando estos no hayan sido calificados como 'materia clasificada', correspondiendo esta tarea de encuadramiento al propio Gobierno que va a hacer un uso abusivo de estos medios de
transporte o a la Junta de Jefes de Estado Mayor.
iii) La resolución del CTBG.
El 5 de noviembre de 2019 el CTBG, tras varias solicitudes interpuestas por otros grupos parlamentarios y ante la negativa a facilitar respuestas por parte de la Secretaría General de la Presidencia, indicó a este respecto lo siguiente 9:
'A nuestro juicio, y tal y como hemos manifestado en expedientes precedentes, no ampara la calificación con carácter general como secreto de toda información relativa a los desplazamientos del Presidente del Gobierno, más aún por cuanto gran
parte de los mismos son de conocimiento público por cuanto se incardinar en su actividad como Presidente'.
Este organismo independiente instó a la Secretaría General de la Presidencia a suministrar la información requerida, señalando que:
'Esta ausencia de justificación y la relevancia pública del conocimiento de la información solicitada como instrumento de rendición de cuentas, tal y como antes se han destacado, lleva a concluir a este Consejo de Transparencia, que no
procede la aplicación de ningún límite al acceso a esta información'.
Quinto. El uso de las aeronaves oficiales debe ser regulado para mejorar la transparencia y restaurar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes.
13. El Grupo Parlamentario VOX considera que el uso abusivo por los altos cargos del Estado de las aeronaves de la flota oficial no es compatible con la necesaria honorabilidad y probidad de que deben hacer gala estas autoridades. La
utilización de estos vuelos para viajes ajenos a las funciones que estas personas desempeñan, ya sean personales o de partido, supone un gasto injustificado que no debe ser repercutido a los españoles.
14. Por ello, consideramos que es necesario encomendar a una norma la regulación del uso de esta flota por parte de las altas autoridades del Estado y, en particular, de miembros del Gobierno. Esta disposición deberá estar imbuida del
principio de transparencia consagrado legalmente y contendrá un procedimiento estricto para la calificación de un viaje de este tipo como materia clasificada. Asimismo, se establecerán umbrales objetivos (número de kilómetros del desplazamiento,
número de viajes realizados, número de acompañantes, etc.) que no podrán ser traspasados.
15. La norma supondría un paso más para restaurar la depauperada confianza de los ciudadanos en los poderes públicos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular el uso por los altos cargos de la Administración General del Estado de la flota oficial a disposición del Gobierno, para acabar con el uso particular o partidista llevado a cabo por
todos los Gobiernos de la democracia y, en particular, por los presididos por don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
9 Resolución R/0565/2019:?https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 201 9/ 11.html
Esta regulación deberá contener, al menos:
1. El establecimiento de un numerus clausus de requisitos objetivos que deban concurrir para que el Consejo de Ministros o de la Junta de Jefes del Estado Mayor pueda calificar como materia clasificada los vuelos realizados por las
aeronaves de uso oficial.
2. El establecimiento de una distancia mínima de 250 kilómetros por debajo de la cual el traslado del alto cargo no podrá hacerse en avión, salvo imperiosa necesidad debidamente justificada.
3. La obligación de que, en caso de que se considere adecuada la calificación del desplazamiento como materia clasificada, el acuerdo del Consejo de Ministros o de la Junta de Jefes del Estado Mayor incorpore un informe con el coste que
para las arcas públicas ha supuesto el traslado realizado.
4. Para aquellos vuelos que no cumplan los requisitos para ser calificados como materia clasificada, la publicación de un informe en el Portal de Transparencia con posterioridad a la realización del desplazamiento con, al menos, los
siguientes datos:
a) Ciudades de origen y destino.
b) Horas de vuelo.
c) Propósito del desplazamiento.
d) Fecha y hora de realización del vuelo.
e) Número de vuelos comprendidos en el desplazamiento.
f) Número de pasajeros.
g) Identificación de todos los pasajeros.
h) Coste extra que supone las pernoctas, así como, de las dietas de la tripulación si se diera el caso.
5. La elaboración de un mecanismo de cobros y reintegros para cualquier alto cargo de la Administración General del Estado que se demuestre que ha hecho un uso particular y ajeno a sus funciones de alguna de las aeronaves oficiales, así
como para aquellos acompañantes que hagan uso de las citadas aeronaves y no desempeñen ninguna función pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2020.-Eduardo Luis Ruiz Navarro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Juan José Aizcorbe Torra, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Juan Calvo Liste, Carlos José Zambrano García-Ráez,
Agustín Rosety Fernández de Castro, Manuel Mestre Babea, Alberto Asarta Cuevas, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, y Víctor González Coello de Portugal, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda
161/001481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar la
suficiencia de las Entidades Locales, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La Constitución Española (CE) establece en el artículo 137 que 'El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión
de sus respectivos intereses'.
En los artículos 140 y siguientes, dentro del capítulo II del Título VIII. De la Organización Territorial del Estado, se reconoce la autonomía, la personalidad jurídica propia y la suficiencia económica de la que debe gozar la
Administración Local.
Por su parte, el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece las competencias reservadas a los municipios, un amplio listado que convierte estas
administraciones públicas en la base de los servicios que el Estado presta a los ciudadanos: policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios, protección de la salubridad pública, promoción del deporte, la cultura y la
igualdad entre hombres y mujeres, o la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, entre otros.
La ventaja del ámbito local es doble. De una parte, los 8.131 municipios que hay en nuestro país garantizan la máxima cercanía al ciudadano y los convierten en el primer lugar al que acuden las familias cuando tienen problemas, como ha
quedado más que evidenciado con la crisis económica y social que sigue a la crisis sanitaria. De otra, su versatilidad permite adaptar las políticas públicas generales a las especificidades y singularidades de cada territorio, logrando que su
ejecución sea más eficiente y eficaz. Y además lo puede hacer con una velocidad de reacción de la que adolece la administración central del Estado.
Por eso, desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales se adelantaron al propio gobierno central y pusieron en marcha medidas para contener la expansión del virus, para preservar la salud de empleados
públicos y vecinos, y también para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.
Un esfuerzo extraordinario realizado por los gobiernos locales que no se ha visto correspondido por el gobierno de España, que no solo no ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas
consecuencias del mismo, sino que intentó apropiarse de los remanentes de tesorería que estas administraciones han ido ahorrando desde 2012.
Afortunadamente, el municipalismo se ha unido para rechazar semejante injusticia, y se une para reclamar los necesarios recursos extraordinarios para que las administraciones locales puedan mantener la prestación de los servicios bajo su
competencia en el actual entorno de crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Garantizar la suficiencia económica de todas las EELL.
- Crear un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las Entidades Locales y movilizar fondos específicos por valor de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y para
cubrir el coste de la colaboración de las EELL en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
- Transferir una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las Entidades Locales para poder compensar el impacto del COVID-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2020.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/001472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover la medidas necesarias para paliar los daños provocados en diversos
territorios por fenómenos meteorológicos adversos y otras situaciones de naturaleza catastrófica, para su debate y aprobación en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
El pasado 11 de agosto de 2.020 varios municipios de las provincias de Ciudad Real, Toledo y Sevilla sufrieron diversos desastres naturales tras dos fenómenos meteorológicos generados por una nueva depresión aislada en niveles altos (DANA):
una granizada y una tormenta acompañada por una gran tromba de agua.
Ese mismo día la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) elevaba a nivel naranja el riesgo de fenómenos adversos. Ese cambio se debía a la peligrosidad de las tormentas en diferentes puntos del país, pero no se podía prever que la tormenta
azotase a estos municipios con tan fuerte virulencia.
Dichos fenómenos meteorológicos han causado cuantiosos daños materiales afectando a innumerables vehículos privados, ventanas, persianas, claraboyas, tejados, inundaciones de locales, mobiliario urbano, mobiliario de jardín, desprendimientos
y rotura de toldos, cables sueltos, huertos, etc.
En la provincia de Ciudad Real, el granizo ha causado múltiples daños materiales especialmente en la capital y municipios colindantes, afectando a vehículos, provocando desperfectos en ventanas, edificios, alcantarillado y daños en cultivos.
En la provincia de Toledo, también se han contabilizado incidencias en la tarde del martes 11 de agosto, principalmente en la comarca de Talavera y Torrijos. Además de los daños ya comentados la fuerte tromba de agua ha provocado el
desborde del arroyo Sanguesa, entrando en garajes y casas.
En la provincia de Sevilla la tromba de agua y granizo del pasado martes afectó especialmente a los municipios de la Sierra Sur, provocando numerosos daños en viviendas, infraestructuras públicas como alcantarillado, vehículos, mobiliario
urbano, caminos rurales y cultivos, especialmente en el olivar.
Los graves incendios del mes de agosto y septiembre pasados, en Almonaster la Real (Huelva) y en diversos puntos de la provincia de Ourense, que quemaron, según distintas fuentes, entre ocho y diez mil hectáreas cada uno, afectando a lugares
habitados y por tanto a viviendas, además de explotaciones ganaderas y de consumir una importante masa forestal, incluso dentro de parques naturales.
En definitiva, los daños han sido de una magnitud importante, llegando incluso a alterar la actividad cotidiana y económica de los municipios afectados. Consideramos que existen motivos para solicitar una actuación adecuada para paliar los
efectos causados por el granizo, la lluvia y el fuego.
Es pues imprescindible que las distintas Administraciones Públicas colaboren para ofrecer respuesta y ayuda a los afectados y que lo hagan a la mayor brevedad posible tal y como demandan las circunstancias.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en coordinación con el resto de Administraciones afectadas, el Informe sobre los daños producidos en diversos territorios por fenómenos meteorológicos adversos y otras situaciones de naturaleza catastrófica ocurridos en
municipios de las provincias de Ciudad Real, Sevilla, Toledo, Ourense y Huelva, aplicando, de manera inmediata, las previsiones del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
2. Proceder a la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 julio, de los municipios afectados.
3. A tenor de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, que sean oportunas en cada caso concreto para subsanar los daños provocados
por las incidencias climáticas, entre ellas las siguientes:
- Puesta en marcha de ayudas directas por los daños materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe.
- Indemnizaciones por daños en elementos afectos a explotaciones agrícolas o ganaderas.
- Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas.
- Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social.
- Concesión de anticipos directamente por la Administración General del Estado sobre ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por causa de esta catástrofe.
- Habilitar los créditos extraordinarios necesarios para dar cobertura inmediata a estas medidas.
4. Facilitar a los ayuntamientos y vecinos afectados el apoyo necesario para la tramitación de seguros y ayudas.
5. Llevar a cabo la coordinación y asesoramiento pertinente entre Administraciones para el desarrollo de dichas ayudas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2020.-David Serrada Pariente, Cristina López Zamora, Uxía Tizón Vázquez, María Luisa Faneca López, Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, Sergio Gutiérrez Prieto y Adolfo Pérez Abellás,
Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ignacio Gil Lázaro, D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina y D. José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y de
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para
asegurar la formación continuada en materia de defensa personal policial del Cuerpo Nacional de Policía, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ('Ley Orgánica 2/1986'), en el que se establecen los principios básicos de actuación, se señala que los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 'en el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia,
oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance'.
La actuación con decisión necesaria y sin demora bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que son mandato legal, deben de ser provistos a través de una formación impartida a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad para que puedan conocer y aplicar dicho mandato. Así, de este modo y de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1986, se recoge que han de ser los Poderes Públicos los que 'promoverán las condiciones más favorables para una
adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado', y que tendrá carácter profesional y permanente.
Siendo el Ministerio del Interior el encargado de la administración general de la seguridad ciudadana y el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 10, le corresponde el aseguramiento de la provisión de dicha formación
y alcance de la misma, para que los miembros que integren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan ejercer sus funciones conforme a la Ley, tras haber recibido una formación eficaz y profesional.
Segundo. Dicho mandato de oferta de formación a la que está sujeta el Ministerio del Interior no se está dando en los términos a los que hacen referencia los preceptos legales citados anteriormente, hasta el punto de que, en ocasiones, hay
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, una vez han llegado al final de su carrera profesional, no han recibido ni una sola de las formaciones. Este hecho es preocupante, especialmente en cuanto a materia de defensa personal policial.
Es fundamental que en el ejercicio de las actuaciones propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se respeten los principios de oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, con un sometimiento posterior a un
control administrativo y jurisdiccional, tal y como se establece en el artículo
10 Artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
4.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Es evidente, por tanto, que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de conocer y saber los límites a los que están sujetos en el
desempeño de su profesión y, sobre todo, teniendo en cuenta el hecho de que van a ser sometidos a control administrativo y jurisdiccional y conllevar posibles infracciones.
La ausencia de esa formación por parte del Ministerio del Interior, conlleva inevitablemente, al desamparo al que se ven sometidos, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus actuaciones.
Esta situación ha conllevado que muchos policías nacionales y guardias civiles tengan que asistir, por iniciativa propia y en su tiempo libre, a cursos de carácter privado para recibir la formación que desde el Estado no se le está dando.
Formación que a ellos les implica una inversión de tiempo y económica, circunstancia que supone una total falta de respeto por parte del Ministerio del Interior a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sobre todo al aseguramiento de que ellos cumplan
sus funciones conforme a la Ley.
El hecho de que sean los propios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los que tengan que asistir por iniciativa propia a su formación, supone también un incumplimiento del artículo 7 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de
Régimen de Personal de la Policía Nacional ('Ley Orgánica 9/2015'), relativo al derecho de recibir formación profesional permanente y de especialización, preferentemente en horario de trabajo, y consecuentemente una vulneración de dicho derecho que
asiste a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, les es exigible, paradójicamente, y así lo recoge expresamente el artículo 9 de la Ley Orgánica 9/2015, referido a los deberes de los Policías Nacionales,
'mantener actualizada su formación y cualificación profesional'.
El hecho de que se les exija el cumplimiento de los principios ya expuestos y que además constituya uno de los deberes a los que está sujeta la Policía Nacional, pone de manifiesto la falta de interés desde el Ministerio del Interior, ya no
solo en dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de una formación y cualificación profesional que les lleve a la excelencia en la prestación de sus servicios, sino también en la propia seguridad ciudadana.
Tercero. Tal y como dispone el artículo 3 del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, 'Los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas'. Esta circunstancia implica que si bien los distintos miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado están legitimados al uso de la fuerza para el desarrollo de sus funciones, siempre que se adecuen a los principios mencionados ut supra, tiene que ser el propio Estado no solo el que restrinja ordinariamente el uso de
la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con un principio de proporcionalidad, sino asegurarse de que los funcionarios reciban una formación profesional continua y permanente de las diferentes técnicas de
actuación en sus funciones.
Cuarto. Actualmente, no se está proporcionando una instrucción adecuada con un programa renovado y evolucionado de las nuevas técnicas de defensa, capaz de dotar a sus miembros de la capacitación técnica necesaria para combatir las nuevas
formas de criminalidad que van surgiendo, lo cual es fundamental, ya que la materia de defensa personal va evolucionando y se va ajustando a nuevos criterios y técnicas. Todo ello, de conformidad a lo regulado en el artículo 33 de la Ley Orgánica
9/2015, que señala expresamente que 'la formación permanente tendrá por objeto mantener el nivel de capacitación y actualización de los Policías Nacionales a través, fundamentalmente, de la enseñanza de las materias que hayan experimentado una
evolución sustancial',
Quinto. Claro ejemplo de la situación expuesta es la que se está dando en la provincia de Málaga, donde en Fuengirola que cuentan con cerca de 300 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la última convocatoria de oferta
de formación para Cursos de 'Defensa Personal Policial' de la Delegación de Formación de la Comisaría Provincial de Málaga es del año 2018 ofreciendo la simbólica cifra de 18 plazas para toda la provincia andaluza. Es evidente, por tanto, que la
observancia de los mandatos contenidos en las leyes anteriormente mencionadas, está muy alejado de su pleno cumplimiento por parte del Estado, dando lugar a una insuficiente inversión del Ministerio del Interior a la partida de formación profesional
en materia de defensa personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la formación profesional permanente del Cuerpo Nacional de Policía, actualizando las distintas técnicas de defensa personal a nuevos criterios de aplicación.
2. Establecer un plan de formación, actualizado y adecuado a las necesidades de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, para el eficaz ejercicio de sus funciones, según las necesidades actuales y acordes con la evolución de la sociedad
a la que sirve.
3. Asegurar la plena seguridad ciudadana a través de una formación profesional impartida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ofreciendo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un marco de seguridad
jurídica y certeza en el ejercicio de sus funciones evitando situaciones de vulnerabilidad jurídica.
4. Reforzar los medios materiales y humanos destinados a asegurar una formación profesional permanente y continuada de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en materia de defensa personal policial, para que pueda darse el cumplimiento
al deber legalmente establecido por parte del Estado, de oferta de formación, mediante:
- La convocatoria, en cada Comunidad Autónoma, de cursos de formación en defensa personal policial en todas las Unidades de la Policía Nacional y en todas las escalas, garantizando la formación continua a todos sus miembros.
- La dotación de una partida presupuestaria al Centro de Actualización y Especialización de la Policía Nacional, para el incremento de las actividades docentes orientadas a la formación profesional permanente para la actualización y
especialización en defensa personal policial de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
- La promoción de Convenios de colaboración con las Escuelas de defensa personal para la formación continua en dicha materia a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2020.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luís Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y José María Sánchez García, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ignacio Gil Lázaro, D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, D.a María Teresa López Álvarez, D. Carlos José Zambrano García-Ráez y D. Agustín Rosety
Fernández de Castro en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incremento de los medios en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, para su debate en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El estrecho de Gibraltar, ubicado al sur de nuestra Nación, se ha convertido en una zona estratégica fundamental para el tráfico de drogas entre África y Europa. Desde la década de 1970, el narcotráfico hizo del estrecho de Gibraltar su
base de operaciones hacia Europa. Una serie de características, más allá de la cercanía entre ambos continentes, hacen de este espacio, el predilecto para un negocio criminal que mueve millones de euros.
España es uno de los principales puntos de entrada en Europa de hachís proveniente de Marruecos, siendo la provincia de Cádiz el principal punto de acceso a España. Los 14 kilómetros de separación entre ambos continentes son recorridos por
lanchas de narcotraficantes que evitan los controles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para transportar y traficar todo tipo de drogas -especialmente
el hachís- en nuestro país y en Europa. Además, las actividades ilegales de los narcotraficantes se extienden a otras provincias españolas como Málaga y Huelva.
Ante el incremento del narcotráfico en 2018 y para contrarrestar esta situación, el Ministerio del Interior puso en marcha el denominado 'plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar'. El objetivo era reforzar las capacidades
operativas y de inteligencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y ampliar su capacidad de cooperación con la Justicia para neutralizar el impacto negativo de la delincuencia en la vida social y económica del Campo de Gibraltar. Destacan
entre las medidas a adoptar en este plan el incremento de la plantilla de los grupos especiales contra el crimen organizado, aumento de los medios aéreos y marítimos de Policía Nacional y Guardia Civil.
El Gobierno central acordó una ampliación de la vigencia del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar hasta el 31 de diciembre de 2021, así como la extensión de su ámbito de actuación a otros municipios de las provincias de Málaga,
Cádiz y Huelva para tratar de combatir el narcotráfico, según anunció el pasado 2 de julio de 2020 el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras una reunión en Algeciras con diversos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el
marco de una visita a dicha ciudad.
El propio Ministro consideró que 'no es conveniente reducir la intensidad de la actividad policial en el Campo de Gibraltar porque sigue siendo uno de los principales escenarios de actuación de grupos dedicados al narcotráfico y al
contrabando', y se mostró satisfecho con los resultados de este Plan manifestando que 'Hemos conseguido recuperar una mayor firmeza en las actuaciones de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que han recobrado la iniciativa frente a las organizaciones
criminales de la zona. La comarca es más segura que antes de la puesta en marcha de este plan'.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. A pesar de que el número de incautaciones ha ido en aumento, el estrecho sigue siendo incontrolable, debido a los sofisticados equipos de los que se valen los narcotraficantes.
Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados al narcotráfico observan con preocupación los avances de la droga en el territorio español.
El narcotráfico en el litoral occidental, especialmente en el Campo de Gibraltar, en la zona de Algeciras, San Roque y La Línea, se ha intensificado y está mostrando, desde hace mucho tiempo, una ola violenta con el ataque a varios agentes
de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en distintas operaciones antidroga.
Al margen de operaciones exitosas como las denominadas 'Operación Tortilla' y la 'Operación Domus', no dejan de ser operaciones aisladas producto de la excepcional labor y esfuerzo de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los
que cada vez se ven en una situación más precaria, debido principalmente a la insuficiencia de efectivos para las labores de vigilancia, detección y prevención; a la escasez y limitación de medios materiales; a la sofisticación de los medios que
emplean los narcotraficantes (armas de guerra, material náutico, medios electrónicos, vehículos pesados) y a su avanzado modus operandi.
El aumento incontrolable del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, donde ya se ha detectado un incipiente cártel al más puro estilo colombiano, se está traduciendo en un incremento, por ahora también fuera de control, de la violencia
ejercida. En especial, de la violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, cada vez con mayor frecuencia, son víctimas de ataques.
El pasado 2 de septiembre de 2020, tres guardias civiles resultaron heridos de gravedad por armas de fuego, tras ser recibidos a tiros por un grupo de individuos que estaba siendo investigado por una plantación de marihuana situada en Coto
de Bornos (Cádiz), en medio de un campo entre Bornos y Villamartín.
La madrugada del 5 de septiembre de 2020, una patrulla de la Policía Nacional en el que se encontraban un inspector y un agente en prácticas, fue embestida en una carretera de Algeciras por un narcotraficante que conducía un todoterreno que
iba cargado con 556 kilos de droga. El inspector sufrió heridas de gravedad en una pierna y la pérdida de un brazo, siendo su estado crítico, después de que fuese embestido por un vehículo al que trataba de interceptar en una actuación contra el
tráfico de drogas.
La Policía Nacional informaba de que este agente formaba parte de un dispositivo movilizado para interceptar un vehículo de alta gama sustraído en Marbella (Málaga) y que transportaba un alijo de 16 fardos de droga recogidos en Punta
Carnero. El agente en prácticas también sufrió contusiones y una luxación en el hombro.
El pasado 6 de septiembre dos agentes de la Guardia Civil han resultado heridos en una playa de Málaga al ser embestido su vehículo por un todoterreno conducido por narcotraficantes que trataban de huir, tras ser sorprendidos cuando alijaban
hachís en la playa de Guadalobón (Estepona).
El día 10 de septiembre tres agentes de la Guardia Civil han resultado heridos de diversa consideración, tras ser embestido el vehículo oficial camuflado en el que viajaban, por un todoterreno durante una operación en San Roque (Cádiz), en
la que han intervenido 700 kilos de hachís. Esta nueva agresión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se producía dos días después de que dos guardias civiles fueran también heridos, por disparos de escopeta, durante una operación contra
el narcotráfico en la misma zona.
Desde el pasado 2 de septiembre hasta el día de hoy, se han producido multitud de agresiones a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -al menos 13- resultando heridos de gravedad, teniendo que ser hospitalizados, en algunos
de estos casos, por heridas de bala.
Esta extrema violencia empleada en los ataques a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado era ya usada antes del Plan Especial de Seguridad que se inició en 2018. Sin embargo, tal y como se ha expuesto, desde la entrada
en vigor de dicho Plan, se ha producido un aumento considerable en las agresiones a los Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil y los propios agentes denuncian la situación que están viviendo en el Campo de Gibraltar, y exigen una respuesta clara de apoyo político y respaldo legal ante la resistencia
de los narcotraficantes. Concretamente, las carencias que solicitan sean cubiertas son las siguientes:
- Falta de medios materiales y humanos. En muchas ocasiones, los agentes se enfrentan a una enorme superficie de costa para cada patrulla, imposible de cubrir, por ejemplo una patrulla puede llegar a cubrir 300.000 kilómetros de costa.
Además, los narcotraficantes disponen de vehículos de alta gama, todoterrenos pesados como el BMW X5, lanchas rápidas, denominadas gomas, etc.
- Absoluta falta de entrenamiento en lucha cuerpo a cuerpo, ni en tiro de armas reglamentarias.
- Absoluta falta de asistencia e instrucción sobre psicología, negociación y trato con el delincuente.
- Ausencia de protocolos de actuación claros y precisos, así como de amparo, protección y seguridad jurídica que respalde las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los agentes se enfrentan a organizaciones criminales
bien estructuradas. Los narcotraficantes están bien organizados, tienen gente que vigilan las playas y no tienen ninguna consideración ni valor por la vida de los agentes.
- Ausencia de incentivos o productividades económicas para el desempeño de funciones en zona de evidente peligrosidad y riesgo.
- Inferioridad de condiciones ante los medios de que disponen las tramas y organizaciones criminales.
Los agentes de las FCSE entienden que el Ministerio del Interior tiene que reforzar los despliegues en la zona. Consideran que la presencia policial debe ser más contundente, 'que se nos vea aún más'. Y los medios materiales con que
cuenten estos agentes, también. Porque, como exponen estos especialistas, la zona del Campo de Gibraltar debe convertirse en una prioridad absoluta de seguridad a nivel europeo.
La Asociación 'Una policía para el Siglo XXI', en su denuncia de tal carencia de medios materiales y humanos, ha elaborado un plan operativo y un decálogo de medidas para combatir la problemática delincuencia) en el Campo de Gibraltar, en el
que se prioricen las tareas a las relaciones, el mérito y la capacidad a la libre designación y la perspectiva profesional a la perspectiva política, con toda una serie de medidas a adoptar, que permitan enfrentarse a la lucha contra el narcotráfico
en un marco adecuado de seguridad.
La Asociación Española de Guardia Civil (AELC) lleva años alertando de la peligrosidad de estas organizaciones y solicitado reiteradamente más guardias civiles y medios para combatirlos. No se trata de hechos puntuales, se trata de
organizaciones estructuradas que no pararán ante nadie y ante nada.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) solicita una unidad marítima de elite creada por la Guardia Civil para atacar a los narcotraficantes con sus armas en alta mar. Esta es la petición que ha elevado a sus superiores desde la
Comandancia de Málaga. Quieren un grupo de agentes del Grupo Antiterrorista Rural (GAR) entrenados por la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada que piloten lanchas, hostiguen a los traficantes en el agua y patrullen con gomas rápidas.
También en Ceuta, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, importante vector para interceptar embarcaciones de narcotráfico, se encuentra con medios materiales no adecuados para que los guardias
civiles puedan desarrollar las funciones que legalmente tienen encomendadas, en las que arriesgan sus vidas cuando son embestidos por los narcotraficantes cuyo fin último es salvar la mercancía.
Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se enfrentan a una situación muy complicada en la lucha contra el narcotráfico en la zona de Campo de Gibraltar que exige una respuesta rápida, contundente y organizada para velar no solo
por los propios agentes, sino también por la seguridad ciudadana.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Declarar la zona del Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad a fin de proteger a los agentes de los operativos contra el narcotráfico, dotarla de inversiones específicas para la lucha contra la delincuencia, aumentar las
plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el área e incentivar económicamente el traslado a unidades de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Campo de Gibraltar.
2. Creación de un grupo especial de delincuencia económica y tráfico de drogas, estable y descentralizado, al mando de tres fiscales especiales antidroga con oficina en las comisarías implicadas e integrado por agentes seleccionados después
de un proceso ajeno al ministerio del interior y en el que participen los tres fiscales y expertos profesionales en la materia que sepan valorar perfiles. La unidad será multidisciplinar con agentes de todos los cuerpos implicados y bajo las
órdenes directas de los jueces de instrucción.
3. Dotar a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de los medios materiales acordes a la especial idiosincrasia de la zona:
- Vehículos todoterreno en número suficiente que cuenten con medidas defensivas de hierro para circular por cualquier terreno y con la resistencia idónea para sufrir embestidas.
- Vehículos pesados para corte de carreteras sin riesgo para los agentes.
- Despliegue de la tecnología adecuada para labores de vigilancia, detección y prevención de los delitos de tráfico de drogas en la zona, tales como drones, GPS, cámaras térmicas.
- Medios de defensa y reducción de delincuentes tales como aerosoles y pistolas TASER-paralizantes, así como chalecos antibalas y guantes anticorte.
4. Dotar a los Servicios marítimos de la Guardia Civil de patrulleras diseñadas para navegaciones exigentes como las que acarrean las operaciones que deben realizarse en las zonas mencionadas.
5. Aumentar el número de agentes en general y en los cuerpos marítimos, que trabajan en operaciones antidrogas, en particular.
6. Proporcionar a los agentes de formación continua en defensa personal, tiro de recorrido o simulación de situaciones operativas, así como formación en psicología, que les permita realizar actuaciones de negociación y trato con el
delincuente.
7. Elaborar protocolos e instrucciones de actuación e intervención para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que pongan especial prioridad en la autoridad, la seguridad y protección de los agentes ante la actividad delictiva.
Entre otros aspectos, habrían de regular los siguientes:
- El uso de las armas reglamentarias ante situaciones de sospecha de actividad delictiva.
- El modo de llevar a efecto la detención de personas, vehículos y embarcaciones que desobedezcan orden de alto.
- El uso de la fuerza y de las armas en general para llevar a buen fin la labor policial, para atajar cualquier situación indiciariamente delictiva y ante la desobediencia de los sospechosos a las órdenes de los agentes, y sin necesidad de
que los mismos pongan en riesgo ni su integridad física ni la de ningún ciudadano. Especialmente ante situaciones de bloqueo de calles y carreteras, fuga y persecución de vehículos y embarcaciones.
8. Reforma legislativa para que la fuga ante la presencia policial sea un delito autónomo configurado como un delito de peligro abstracto sin que sea necesario el concreto peligro de la vida de ningún agente.
9. Potenciación de las investigaciones por blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
10. Despliegue permanente de grupos de Geos, Goes, GRS y GAR, procedentes de unidades con mucho menos volumen de trabajo como La Coruña, Zaragoza, etc. que permanecerán hasta la creación de una unidad permanente especializada mixta con
policías de la zona que tengan:
- Conocimiento de la realidad local y delincuentes habituales.
- Dominio de la especial idiosincrasia delictiva.
- Implicación con la población por ser su hogar.
11. Cobro de complemento económico para los agentes desplegados que efectivamente realicen trabajo operativo sobre el terreno.
12. Inmediata presencia en la zona de mandos de Europol e Interpol, que supongan la implicación de Europa no solo en medios materiales sino en estrategias y liderazgo en la lucha contra el narcotráfico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2020.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luís Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro, María Teresa López Álvarez, Carlos José Zambrano García-Ráez y
Agustín Rosety Fernández de Castro, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a proceder a la inclusión del Campo de
Gibraltar como zona de especial singularidad y las correspondientes dotaciones de medios materiales y humanos en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Vigilancia Aduanera, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La situación en la que se encuentra la zona de Campo de Gibraltar es angustiosa. Allí se une al hecho, vergonzoso y recurrente, de falta de personal en las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional que sucede en la mayoría de
comisarías de España, la tesitura de tener que lidiar con una altísima presión migratoria en la zona y un enorme problema ya enquistado de tráfico de drogas.
Estamos siendo testigos de hechos muy graves en los que se ven involucrados los agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y en ocasiones Policías Locales del Campo de Gibraltar. Los narcotraficantes no dudan en atropellar, embestir con
vehículos de alta gama y hasta usar armas de fuego contra los agentes que luchan contra el tráfico de drogas en la zona. Heridos graves, daños materiales y situaciones que necesitan una reacción institucional urgente.
La inclusión del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad puede ser un revulsivo para aumentar considerablemente los medios al alcance de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Locales y Vigilancia Aduanera, con
el fin de luchar contra una lacra que provoca, además, el empobrecimiento de la zona.
Todas las Asociaciones Profesionales y los Sindicatos Policiales demandan una solución urgente a un problema que se ha enquistado en los últimos tiempos, y esto ha sucedido según el Ministro Marlaska por la 'presión ejercida por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado con los narcos y que se haya estrechado el cerco de su actividad'. Sin embargo, y a pesar de las manifestaciones del Ministro, lo que ha sucedido es que la situación es más límite que nunca, por la falta de
efectivos, medios y por la impunidad con la que parecen poder actuar estos delincuentes.
Por todo ello, el grupo parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir la zona del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad y, con ello, prever un aumento de efectivos de Guardia Civil, Policía y Vigilancia Aduanera, en esa zona de forma estructural y permanente, y no en forma de
atribución temporal de funciones,
2. Aumentar y mejorar los medios al alcance de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Vigilancia Aduanera, destinados en la zona, de forma que dispongan de los medios de protección adecuados, además de vehículos con defensas
capaces de soportar las embestidas de los narcotraficantes, escudos balísticos, y armas largas y eléctricas 'táser' para la inmovilización de delincuentes armados,
3. Emprender una urgente reforma del código penal con el objetivo de agravar las penas impuestas en caso de agresión, con resultado de lesiones o muerte, a los agentes de la autoridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2020.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés y Pablo Cambronero Piqueras, Portavoces del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre los complementos por territorialidad asociados a
la carestía de vida en determinadas ciudades, para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su posterior debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El alto coste de la vida en las principales capitales del país hace que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fundamentalmente Policías Nacionales, rechacen con frecuencia determinados destinos para desarrollar su
carrera profesional. Hablamos de ciudades como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Ibiza, entre otras, en las que la carestía de vida ahuyenta a los agentes a la hora de pedir esos destinos.
Así, en las últimas convocatorias han quedado vacantes cientos de plazas que, en su inmensa mayoría, corresponden a destinos localizados en las principales capitales del país. El año pasado, por ejemplo, quedó vacante en Madrid entorno a un
15 y a un 18 por ciento del catálogo de los puestos de trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, respectivamente.
Pensemos que el salario básico de un policía asciende a unos 1.700 euros mensuales, cantidad que hace difícil la vida en las grandes capitales o ciudades de las principales zonas turísticas del país, donde los alquileres en verano pueden
llegar a triplicarse. Es cierto que existe ya un complemento de territorialidad y capitalidad para los agentes que viven en las principales ciudades, como Madrid o Barcelona, pero éste es de una cantidad ínfima de entre 80 y 180 euros al mes que no
compensa el alto coste de vida.
Los principales sindicatos de Policía recuerdan, además, que la Policía Nacional no cuenta con instalaciones para residencia de sus agentes, ni permanente ni temporal, como sí ocurre con las casas cuartel de la Guardia Civil.
Además del alto nivel de vida, otras circunstancias se unen a la reticencia de los agentes a la hora de solicitar determinados destinos, como el nivel de trabajo en determinadas zonas (Campo de Gibraltar, zonas costeras), el rechazo social y
el acoso que sufren en Cataluña o el País Vasco, o la necesidad de saber catalán y escolarizar a sus hijos en ciudades en las que se les exige dicho idioma.
Todo ello hace que el nivel de las plantillas sea muy bajo en determinadas zonas, con el correspondiente detrimento en la prestación de servicios ofrecidos a los ciudadanos. Así, son recurrentes las noticias sobre distritos muy populosos y
llenos de actividad de las grandes ciudades, en las que faltan efectivos para patrullar, vigilar y dar seguridad a las ciudades.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un estudio en el plazo de tres meses, con remisión a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, de cuáles son las ciudades en las que,
de manera recurrente, queda vacante mayor número de plazas de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, analizando en particular dos aspectos:
1. Su posible vinculación con la carestía de vida en dichas ciudades y,
2. Su posible vinculación con el rechazo social y acoso que sufren en las ciudades de Cataluña y el País Vasco,
Dicho estudio deberá contar con la opinión de los representantes de los principales sindicatos y asociaciones de Policía y Guardia Civil, y deberá contener también una estimación del incremento del complemento por territorialidad o
capitalidad que es necesario llevar a cabo para paliar la situación de falta de efectivos que sufren estas ciudades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2020.-Pablo Cambronero Piqueras, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la firma del
convenio para la nueva construcción del Cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Herrera (Sevilla) a cargo del Ayuntamiento de dicho municipio, con la colaboración técnica de la Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Herrera es un municipio de la provincia de Sevilla que posee una situación privilegiada al encontrarse en un lugar de encrucijadas, situada en el centro geográfico de Andalucía. Tiene una extensión aproximada de 53 Kilómetros cuadrados y
cuenta con una población de 6.461 habitantes.
El actual cuartel de la Guardia Civil en dicha localidad de Herrera (Sevilla), fue construido en el año 1937, cuenta con un solar de 428 m2 y una superficie edificada de 342 m2, se encuentra situado en la Plaza de España, 21, es propiedad
del Ayuntamiento y viene siendo utilizado por el citado Instituto en régimen de arrendamiento desde el 06/07/1956. Dicho cuartel da servicio a las localidades sevillanas de Marinaleda, El Rubio y Herrera.
El actual inmueble, donde se ubica la Casa Cuartel, no reúne los requisitos operativos y de habitabilidad necesarios para el correcto desempeño de las funciones de dicho Cuerpo de Seguridad, y es por esta razón, por la que en el año 2013 se
desarrollaron las acciones previas pertinentes para la construcción de un nuevo Cuartel, trabajando Ayuntamiento y Guardia Civil bajo el principio constitucional de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas que integran el Estado,
en pro de la eficacia y eficiencia que deben presidir la actuación de las mismas.
Con estas premisas, Ayuntamiento y Guardia Civil desarrollaron un borrador de convenio para formalizar la construcción de un nuevo cuartel en una nueva sede en la que alojar el Puesto de Herrera, que cuenta desde hace unos meses con dos
efectivos más.
En el citado borrador, precedido de los informes técnicos favorables de la Guardia Civil, se acordaba por parte del Consistorio de Herrera la aportación de un solar de propiedad municipal y la construcción sobre él de una casa cuartel para
la Guardia Civil. Se proponía para la construcción del edificio la parcela número 219, de 730 m2, procedente del Modificado del Proyecto de Compensación del Sector PROGRASA de la localidad, destinado a equipamiento y completamente urbanizado y apto
para construir, que ha sido considerado idóneo por los Servicios Técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil.
Con respecto al proyecto de obras, el Ayuntamiento de Herrera asumiría la redacción de los proyectos, básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, la dirección facultativa de la obra y la coordinación de seguridad y salud, de
acuerdo con el informe de necesidades elaborado por la Dirección General de la Guardia Civil.
El Ayuntamiento, siguiendo las previsiones del número 2 del artículo 55 de la Ley 50/1998, de 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y con sujeción a lo dispuesto en la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas, asumiría la financiación de todos los contratos de obras (principal y reformados y liquidaciones, en su caso), de dirección facultativa, de seguridad y salud, incluso contratos menores requeridos para llevar a buen término
la construcción total del nuevo edificio, contratos que, como órgano de contratación, suscriba para posibilitar la ejecución total del proyecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Herrera y la Guardia Civil, para la nueva construcción del Cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Herrera a cargo del Ayuntamiento de
dicho municipio, con la colaboración técnica de la Guardia Civil, con el fin de dotar al municipio de Herrera de unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de la activididad de la Guardia Civil en la Sierra Sur de Sevilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2020.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Ana Belén Vázquez Blanco, María Teresa Jiménez-Becerril Barrio y Carlos Rojas García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/001477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D.a Inés María Cañizares Pacheco, D. Manuel Mariscal Zabala, D.a Patricia Rueda Perelló, D.a Patricia de las Heras Fernández, D.a Cristina Alicia Esteban Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén
Darío Vega Arias y D. Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición No de Ley relativa a promover la constitución de un grupo de trabajo entre diferentes administraciones para planificar y llevar a cabo la mejora de los accesos por carretera a Talavera de la Reina
(Toledo), para su discusión en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. La ciudad y municipio de Talavera de la Reina, situada en la provincia de Toledo, con una superficie de aproximadamente 186 km2, es uno de los municipios más poblados de toda Castilla-La Mancha. Con una población en 2019 de 83.417
personas, de acuerdo con los datos de la Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene una importancia económica y estratégica fundamental. De esta forma, es la cuarta ciudad
más poblada de Castilla-La Mancha, sólo por detrás de Albacete, Guadalajara y Toledo, aunque con cifras muy cercanas a estas últimas.
Segundo. La importancia estratégica radica, entre otros factores, en su ubicación, ya que se encuentra a 80 kilómetros por carretera de la ciudad de Toledo y a alrededor de 120 kilómetros por carretera de la ciudad de Madrid, por lo que las
conexiones en relación con los medios de transporte son fundamentales para el mantenimiento y crecimiento de la economía talaverana. La economía de Talavera de la Reina se basa principalmente en el comercio, ya que atrae a muchos visitantes de
Toledo y del resto de Castilla-La Mancha, así como también de Ávila y de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Además, la industria cerámica, textil y el ganado forman parte importante de la economía talaverana.
Tercero. La economía de Talavera de la Reina vive un momento delicado debido, entre otras cosas, a la crisis provocada por el virus SARS-CoV-2 y a las ineficaces medidas que se han tomado desde las
diferentes administraciones para paliar sus efectos económicos. Las últimas cifras de agosto de 2020, de acuerdo a los Datos Estadísticos de Paro Registrado y Contratos por Municipios publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía
Social, indican que el número de parados alcanzó las 10.681 personas, lo que supone una tasa de paro del 30,32 %. Por sectores, el más afectado es el sector servicios, con 7.414 desempleados, seguido de la industria, con 925, la construcción, con
843 y la agricultura, con 331. Los 1.168 demandantes de empleo restantes se encuadran en el grupo de 'sin empleo anterior'. De esta forma, ante la grave situación económica que vive Talavera de la Reina, cobra aún más importancia el hecho de que
las conexiones por carretera y otros medios de transporte estén en las mejores condiciones posibles.
Cuarto. Por otro lado, los datos sanitarios en relación con los contagios por COVID-19 difícilmente podrían ser peores, ya que Talavera de la Reina es la localidad de Castilla-La Mancha con más contagios por el virus en las dos primeras
semanas de septiembre. En este período de tiempo sumó 589 nuevos casos de contagios, por encima de las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha. Obviamente, estas cifras no sólo son perjudiciales desde el punto de vista sanitario, sino
también desde el social y económico, especialmente con una ciudad que depende tanto del comercio, por lo que las medidas sanitarias restrictivas para hacer frente a la COVID-19 son un golpe fuerte para el tejido económico talaverano.
Quinto. Los desdoblamientos de los accesos a Talavera de la Reina son una reclamación ciudadana desde hace mucho tiempo, basada en el elevado tránsito de vehículos y la necesaria mejora de las vías de circulación que sirven para conectar
Talavera con la A-5. Especialmente significativo es el caso del acceso este a la ciudad, en ocasiones denominado el 'embudo' del puente del río Alberche, en la autovía N-Va por la que circulan diariamente 17.000 vehículos, por lo que el
desdoblamiento debería ser prioritario. Este es un caso urgente, debido a que es un acceso principal, siendo de imperiosa necesidad su desdoblamiento para aligerar el tránsito de vehículos y evitar retenciones, atascos y otros problemas de
seguridad vial. Igualmente, el tránsito de peatones se hace difícil y peligroso en una zona tan estrecha, por lo que también serviría para mejorar la seguridad de los ciudadanos que circulan por este tramo.
Existen otros accesos de entrada y salida de Talavera que si fueran desdoblados se mejoraría de forma significativa la circulación de vehículos en la ciudad. Es el caso del acceso oeste a Talavera de la Reina, N-Va dirección Extremadura, el
de la carretera CM-5001, Talavera dirección San Roznan de los Montes, y el de la CM-4132, Talavera dirección Mejorada. Los accesos este y oeste a Talavera son los que
requieren mayor urgencia, puesto que son los que soportan un mayor número de vehículos pesados, así como una mayor intensidad media diaria de vehículos.
Séptimo. Las competencias y titularidades de las diferentes carreteras e infraestructuras terrestres implicadas afectan a distintas administraciones, por lo que se hace necesario el diálogo y la colaboración estrecha entre administraciones,
sin excusas de ningún tipo que sirvan para eludir responsabilidades y acusar a otra administración de ser responsable de la situación. Debido a esta implicación de las diversas administraciones, la creación de un grupo de trabajo para la
tramitación, desarrollo y seguimiento de los desdoblamientos serviría para coordinar a las administraciones unificando esfuerzos y aumentando la eficacia de los proyectos. Este grupo debería estar integrado por técnicos y otros miembros de todas
las partes intervinientes.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para la mejora de los accesos por carretera a Talavera de la Reina:
1. Promover y fomentar la creación de un grupo de trabajo entre las diferentes administraciones implicadas para el estudio, implantación y ejecución de las obras necesarias para el desdoblamiento y la mejora de los siguientes accesos por
carretera a Talavera de la Reina:
a) Acceso este a Talavera de la Reina, en la autovía N-Va, desde la autovía A-5 hasta la glorieta del 'Parque comercial El Golf y el centro comercial Alfares', que incluye el desdoblamiento del puente sobre el río Alberche.
b) Acceso oeste a Talavera de la Reina, en la autovía N-Va sentido Extremadura, desde la rotonda del Barrio de Nuestra Señora Del Prado hasta las conexiones con la autovía A-5.
c) Carretera CM-5001, Talavera dirección San Román de los Montes, desde la rotonda del Colegio de Fernando de Rojas hasta la conexión con la autovía A-5.
d) Carretera CM-4132, Talavera dirección Mejorada, hasta la conexión con la autovía A-5.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Tomás Fernández Ríos, Cristina Alicia Esteban Calonje, Rubén Darío Vega Arias, Inés María
Cañizares Pacheco, Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de las obras en el
tramo de la A-33 que une Yecla (Región de Murcia) y Caudete (Albacete), para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Cuando todos los tramos de la A-33 se encuentren en servicio, esta nueva infraestructura ofrecerá una alternativa de mejor calidad y menor recorrido para el transporte entre Valencia y Murcia, frente a la existente por el corredor de la A-31
y la A-7 en la provincia de Alicante.
El tramo de la A-33 que une Yecla (Región de Murcia) y Caudete (Albacete), es indispensable para que esta zona cuente con unas comunicaciones básicas que ayuden a desarrollar todo su potencial económico.
Se trata de una infraestructura fuertemente reivindicada por toda esta zona del levante español ya que engloba en su influencia a comarcas de la región de Murcia, Valencia, Alicante y Albacete. Esta autovía permitirá la redistribución del
tráfico entre Valencia, Alicante y Murcia, mediante una alternativa interior que favorecerá no sólo la integración territorial, sino una importante mejora en la seguridad al tratarse de una zona con alto porcentaje de vehículos pesados. Hablamos en
suma de más seguridad, más capacidad y movilidad para los usuarios, y menos molestias para las poblaciones y empresas del entorno.
Todo ello sin olvidar que, al reducirse los recorridos de forma importante, esta actuación se traducirá de forma general en ahorros de tiempo para todos los usuarios y en particular en ahorros de combustible para los vehículos pesados.
Dotar a esta zona de un eje viario de primer orden que incorporará plenamente a estas comarcas a la red dinámica de ciudades del Arco Mediterráneo favorecerá los flujos entre la costa y las comarcas del interior potenciando las transacciones
comerciales, la inversión y la implantación de nuevas empresas. Todo ello ayudará a diversificar y modernizar el tejido industrial de las ciudades afectadas directamente por este eje de comunicación fortaleciendo y consolidando una estructura
territorial. En definitiva, se trata de un claro ejemplo de una infraestructura productiva y al servicio de los ciudadanos.
En conclusión, muchos e importantes son los objetivos que persigue la culminación de esta infraestructura: crear un polo de atracción de inversiones, dinamizando la económica de la zona y potenciando la creación de empleo; ser un elemento
de vertebración del territorio y mejora de la cohesión social a través de la movilidad, la accesibilidad, la conectividad, la eficiencia y la sostenibilidad; todo ello aumentando la seguridad y generando un ahorro a los usuarios y al propio Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a culminar las obras del tramo de la A-33 que une Yecla y Caudete.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2020.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés, Juan Luis Pedreño Molina y Carmen Navarro Lacoba, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/001507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento de
obligaciones de servicio público en la línea aérea Murcia-Madrid y Madrid-Murcia, para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que es conocido popularmente como 'Aeropuerto de Corvera', se abrió al tráfico comercial el 15 de enero de 2019, dando continuidad al tráfico civil que operaba hasta el momento en el
Aeropuerto de Murcia-San Javier.
El actual operador es AENA, SME, S.A., la empresa pública cotizada del Grupo Fomento y las compañías aéreas que actualmente figuran en la información proporcionada por el operador son Air City Grupo, Easyjet, Ryanair y TUI, con destinos
registrados a Amberes, Birmingham, Bristol, Bruselas, Dublín, Nottingham, Ibiza, Leeds, Londres o Manchester, entre otros.
No se prestan, por tanto, servicios de conexión entre Madrid y Murcia o Murcia y Madrid a pesar de ser el transporte aéreo el modo de movilidad más rápido existente, junto con la alta velocidad ferroviaria.
El marco normativo que regula el establecimiento de servicios aéreos dentro de la Unión Europea prevé, a través de las Obligaciones de Servicio Público, la posibilidad de establecer las condiciones en materia de continuidad, regularidad,
precios y capacidad mínima ofertadas para operar en ciertas rutas, compensando el déficit en el que se pudiera incurrir por explotar los servicios si no pueden ser asumidas en condiciones de libre mercado.
El Reglamento (CE) núm. 1008/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios en la Comunidad, permite que los Estados Miembros impongan estas obligaciones de
servicio público en los servicios aéreos regulares en una ruta de baja densidad de tráfico que sirva un aeropuerto del territorio de ese Estado miembro cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico y social de la región
sentida por el aeropuerto. Este es sin duda el caso del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
La iniciativa de este proceso puede corresponder al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o a la propia a Comunidad, aunque la tramitación corresponderá siempre al Ministerio.
Así 27 de febrero de 2019 el Gobierno de la Región de Murcia, sólo un mes después de la apertura del aeropuerto la tráfico comercial, y entendiendo el carácter prioritario y urgente de esta cuestión, envió una carta al Ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana comunicándole su intención de iniciar los trámites necesarios para conseguir la declaración de Obligación de Servicio Público para la ruta aérea que una Murcia con Madrid.
La solicitud se sustenta en la indiscutible necesidad de que se garanticen una prestación mínima de servicios regulares, con objeto de reforzar la cohesión territorial de la Región con el resto del territorio nacional, así como la óptima
comunicación de Murcia con la ciudad de Madrid en cuanto a frecuencias y tiempo de viaje.
Transcurridos diecinueve meses desde dicha comunicación el Ministerio afirma seguir estudiando la solicitud sin que se produzcan avances en la tramitación que es su responsabilidad de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.
20.a de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de transporte aéreo, correspondiendo al Gobierno establecer obligaciones de servicio público en relación con servicios aéreos regulares entre aeropuertos situados en
territorio español, y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aplicar las medidas previstas en el Reglamento (CE) 1008/2008, de 24 de septiembre de 2008, para asegurar su cumplimiento.
Se están retrasando por tanto de forma injustificada por parte del Gobierno de España el establecimiento de unas obligaciones de servicio público que vendrían a cubrir, temporalmente, una demanda de servicios de transporte insuficientemente
atendida en la actualidad por otros modos de transporte como la alta velocidad cuyo calendario de ejecución, por su reiterado incumplimiento, no resulta ya creíble.
Se trata, en suma, de que el Gobierno atienda el interés general representado por la necesidad económica y social de una región de España y la garantía del derecho a la movilidad de los ciudadanos.
Por todo ello, El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la declaración de obligación de servicio público de la línea de transporte aéreo Madrid-Murcia y Murcia-Madrid, con la fijación de la continuidad, regularidad, capacidad y precios que
corresponda, entre los aeropuertos de Madrid Barajas Adolfo Suárez y Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2020.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés, Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la limitación del
complemento salarial por asistencia para su debate en instancia en la Comisión de Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La precariedad laboral asedia a una parte indecentemente amplia de la población. Esta es una realidad presente en el Estado Español ya antes de la crisis del COVID-19. En este sentido, un reciente estudio realizado por Comisiones Obreras
constató que previamente a la llegada de la pandemia, menos de la mitad de las personas afiliadas al Régimen General de la seguridad social tenía un contrato indefinido a jornada completa. Asimismo, en otra investigación encargada por la Unión
General de Trabajadores en el mismo momento se reveló que, a finales de 2019, el 40 por ciento de las personas trabajadoras se encontraban en situación de precariedad.
Son muchas las circunstancias que empujan a una persona a la precariedad laboral: la inestabilidad de la relación laboral, la temporalidad y parcialidad de los contratos, la infracotización, la economía sumergida [... ] Pero a veces, la
razón se encuentra directamente en el salario. El Estado Español tiene unos salarios escandalosamente bajos. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2019, pese a que el salario medio superaba los 27.000 euros anuales, el salario más
frecuente no alcanzaba los 18.000.
Así las cosas, cabe poner el foco en la composición y cuantía de las retribuciones salariales para combatir una situación insostenible. Además, como resulta previsible, la crisis sanitaria también agrava estos datos. De hecho expertos como
la consultora en recursos humanos CEINSA prevén que si se concreta el escenario proyectado por el Banco de España de caída de un 13 % del PIB, la cuantía de los salarios puede disminuir hasta un 13 % de media y, en los puestos de menor
cualificación, este retroceso puede alcanzar el 20 % del monto retributivo.
Como resulta evidente, este es uno más de los ámbitos en los que la pandemia del COVID no hace más que agravar una situación que ya anteriormente resultaba perjudicial para las clases populares. En el caso de los salarios, estas situaciones
de escasez se concretan, no sólo en la cuantía del Salario Base de los trabajadores sino en la forma de configuración de la hoja salarial en su conjunto. Ello por cuanto, la estructuración de la retribución de las personas trabajadoras por cuenta
ajena es compleja y diversa. Los distintos complementos salariales y no salariales, así como eventuales mejoras sociales a cargo de la empresa habitualmente son fruto de la negociación colectiva y se fijan en los convenios.
Los complementos salariales constituyen parte del salario y se reconocen por la concurrencia de una causa específica, bien en la persona trabajadora, bien en el puesto de trabajo a desarrollar. Estos pluses pueden tener orígenes de lo más
variados y, en algunos casos, llegan a esconder situaciones de auténtico chantaje e incluso vulneradoras de derechos.
Este es el caso de uno de los complementos de puesto de trabajo más habituales en grandes superficies, almacenes y sector de la limpieza entre otros: 'el complemento de asistencia' o de 'plena asistencia'.
Este tipo de complementos, que pueden llegar a suponer hasta un 25 por ciento del salario total de un trabajador, son unos pluses que se abonan únicamente por caso que el asalariado preste servicios efectivos durante todos los días
laborables de un mes. El problema de esta configuración retributiva es que no respeta las causas legalmente y convencionalmente establecidas de ausencia al puesto de trabajo: Incapacidad Temporal, vacaciones, permisos retribuidos, enfermedad de
familiar cercano, fuerza mayor... De este modo, resulta desgraciadamente habitual que una persona vea condicionada la percepción de un salario digno al hecho de solicitar un alta voluntaria en su centro de salud o de renunciar al disfrute de
derechos laborales que le son propios como algunos días de vacaciones.
Es habitual que este complemento salarial se encuentre en puestos de trabajo con salarios base realmente precarios y, por lo tanto, este plus puede suponer la diferencia entre cobrar, por ejemplo, 900 o 1200 euros a fin de mes. A la vista
de esta realidad, resulta evidente que este 'complemento asistencia' empuja por razones de necesidad material a determinados trabajadores a no ejercitar sus derechos. De este modo, el plus puede llegar a colisionar con el derecho fundamental a la
salud (artículo 43 de la Constitución Española) o el derecho al descanso y al permiso retribuido (artículos 34 y 37 del Estatuto de los trabajadores).
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
1. Regular de forma específica los complementos de asistencia al trabajo garantizando que ninguna falta de puntualidad o de asistencia al trabajo directa o indirectamente relacionada con la pandemia del COVID-19, incluyendo confinamientos
preventivos, personales o territoriales, realización de pruebas, errores en la detección y situaciones de baja médica, pueda ser computada a los efectos de considerar incumplidas las condiciones para el cobro de dicho complemento.
2. Regular de forma específica los complementos de asistencia al trabajo garantizando que ninguna falta de asistencia justificada por razón de Incapacidad Temporal, disfrute de permisos retribuidos o no retribuidos legalmente establecidos,
vacaciones, huelga o fuerza mayor pueda ser computada a los efectos de considerar incumplidas las condiciones para el cobro de dicho complemento.
3. Regular de forma específica los complementos de asistencia al trabajo garantizando que no se pierda el derecho al cobro de los mismos por la falta de asistencia justificada por cualquier motivo durante 3 días o menos en el plazo de un
mes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2020.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/001480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un Plan de Rescate y Apoyo
Urgente al Comercio Interior que haga frente al riesgo de cierre de comercios y pérdida de empleo ante la situación del COVID-19, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
El sector del comercio es uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus. Empezaron con la persiana bajada y rodeados de incertidumbre aunque con el claro convencimiento de que tenían
que continuar con el pago de las nóminas, los impuestos, cotizaciones sociales, alquileres, proveedores, gastos básicos [...]
Las organizaciones sectoriales hace meses que vienen alertando de ello y reiterando su preocupación ante la situación crítica que vive el comercio minorista como consecuencia de la caída de ingresos derivada de la crisis del coronavirus y
las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia.
Tras los meses de confinamiento y desescalada, en el que muchos comercios permanecieron sin facturar, el paso hacia la 'nueva normalidad' suponía un halo de esperanza para muchos comercios. Sin embargo, la ralentización del consumo durante
el periodo estival, marcado por la falta de turismo y una nefasta campaña de rebajas, lejos de mejorar la ya maltrecha situación del comercio, la ha empeorado.
Los datos registrados en el segundo cuatrimestre del año, nos muestran un escenario aun peor de la situación del consumo. Lejos de una reactivación, lo que encontramos es un escenario en el que el consumidor consume lo imprescindible, un
consumidor con mucha incertidumbre en su futuro inmediato, en sus ingresos familiares y en su puesto de trabajo que le hace no consumir por miedo a la situación económica que pueda llegar. A esta situación hay que unir caídas de, facturación
anuales que rondan ya el 60 %.
Estos hechos llevan a organizaciones como la Confederación Española de Comercio (CEC) a empeorar sus previsiones de cierre de negocios, de modo que la patronal actualmente estima que antes de que acabe el año podrían llegar a cerrar sus
puertas más del 30 % de los negocios. Hablamos de más de 120.000 comercios cerrados antes del 31 de diciembre. A esta cifra habría que sumar ese 15 % que después del confinamiento ya no abrieron sus puertas. Es decir, de no tomar medidas más de
200.000 comercios podrían desaparecer en 2020.
La suma de circunstancias se traduce en que los Índices de Confianza del Consumidor registran desplomes históricos y la enorme caída del consumo desvela una situación de clara anormalidad que merece y necesita de medidas efectivas y
específicas igual de claras y contundentes de apoyo al sector, por parte del Gobierno. Lo contrario significaría poner en grave riesgo de desaparición al modelo comercial español al completo, con la consecuente pérdida de empleo y la destrucción
del tejido productivo, fundamental para la recuperación económica del país.
Esta incertidumbre se ha visto agravada además por la incomprensible actitud del Gobierno con el comercio, sobre todo después de la voluntad expresada por el Gobierno de excluir de la prórroga de los nuevos ERTEs a todas aquellas actividades
que no estén vinculadas al turismo, lo que dejaba desprotegidos a sectores tan importantes para la economía española como es el comercio, finalmente ha acabado aceptando 'in extremis' su inclusión pero solo hasta el 31 de enero.
Sin embargo, el sector del turismo, la hostelería y el comercio ya han adelantado que necesitan que los ERTE se alarguen más tiempo y la CEC sigue mostrando su preocupación por la efectividad de este acuerdo que, si bien supone un avance,
por sí solo difícilmente podrá frenar los cierres en cascada que ya se están produciendo en el comercio, por lo que reclama que, junto a estas nuevas medidas, se ponga en marcha también de forma urgente un plan estratégico de reactivación con ayudas
concretas por cada sector.
A todo lo anterior se suma la asfixia que está suponiendo para los empresarios del comercio como se ha mencionado con anterioridad la obligatoriedad de seguir pagando sus gastos fijos, como seguridad social, nominas, suministros básicos,
impuestos y sobre todo los arrendamientos de sus locales, que incluso con sus puertas cerradas, ha sido y continua suponiendo un extra en la grave situación que están sufriendo los comerciantes que lejos de ser beneficiarios de políticas que se
traduzcan en 'a cero ingreso, cero gastos', han tenido que endeudarse solicitando préstamos para poder atender sus obligaciones.
En esta sentido, los inquilinos de los centros comerciales anuncian que presentarán hasta 200 demandas en los próximos dos meses. Según la Plataforma de Afectados COVID-19 en centros comerciales de España (PAC), ya han interpuesto 76
reclamaciones en todo el país desde finales de julio. Denuncian que los propietarios de los centros comerciales les están amenazando con ejecutar los avales de los locales por impago, pese a los esfuerzos, intentando negociar de buena fe hasta el
extremo, pero sin que las propuestas están siendo bien recibidas en muchos casos.
Los pequeños comercios ubicados en las grandes superficies son conscientes de que su situación podría empeorar aún más en los próximos meses debido a la evolución de la pandemia. A día de hoy, los datos de ventas son dramáticos: se han
hundido una media del 50 %, aunque en algunos casos se dispara hasta el 80 %. Las cifras varían dependiendo de la ubicación del centro comercial y del tipo de negocio .En lo que va de año, la afluencia a los centros comerciales descendió un 36,8 %
en un ejercicio atípico marcado por el COVID-19 y su impacto en la actividad económica.
El comercio necesita un plan de protección y rescate por parte del Gobierno, para la Confederación, en un contexto tan complicado como el actual, es de vital importancia para el comercio que todos los negocios que se encuentren en una
situación de vulnerabilidad puedan contar con esta protección.
Son las empresas y los autónomos los generadores de empleo y ante una situación tan crítica como la actual con un clima general de incertidumbre, rebrotes y una delicadísima situación económica el Estado debe estar ahí para protegerlos.
El sector del comercio, no solo supone buena parte de la riqueza y empleo en España, no en vano concentra 3,2 millones de empleos y el 13 % del PIB nacional sino que, además, es también uno de los sectores con mayor número de trabajadores
acogidos al ERTE, superando los 107.000 personas, entre comercio al por mayor y al por menor, según las últimas cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicadas a cierre de agosto.
Además, la sectorialización de los ERTEs, no solo supondría un ataque frontal contra la actividad, el mantenimiento del empleo y contra las empresas del sector del comercio, sino también contra otros muchos sectores de la economía, sobre los
que el comercio ejerce un efecto arrastre con una gran incidencia en términos de empleo y actividad.
Diferentes organizaciones consideran que en un momento en el que las pymes y autónomos del sector están intentando recuperar la actividad, que hasta ahora ha sido prácticamente nula, forzarles ahora a asumir el coste de la finalización de
estos ERTE pondría en riesgo la continuidad del 50 % del sector, lo que se traduciría en la desaparición de casi 250.000 establecimientos y 600.000 puestos de trabajo.
Por otra parte el informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA señala que el empleo que generan los autónomos al contratar a trabajadores por cuenta ajena cae en el último año un 10,1 %, lo que
supone el doble que la caía registrada en el total del sistema, donde el empleo cae un 5 %.
En el último año se han perdido 134.904 empleos que estaban bajo el paraguas de los autónomos, de los que 94.012 son de trabajadores contratados por autónomos y ha descendido el número de autónomos en 40.892 personas. Según declaraciones de
su Presidente Lorenzo Amor: 'No solo se pierde empleo sino también autónomos empleadores. Por ello, reiteramos que estamos en una situación de emergencia y hay que adoptar medidas urgentes para salvar autónomos, salvar empresas y salvar empleo'.
En plena segunda ola de contagios de la Covid19, con nuevos confinamientos y aumento de las restricciones en prácticamente toda España, los datos para los autónomos son muchos más que preocupantes. Según el sexto Barómetro ATA presentado;
el 51,1 % de los autónomos han visto reducida su facturación con respecto al año pasado en un 60 % o más, extrapolando al total del colectivo,
1.600.000 autónomos afirman que su actividad ha caído más de un 60 %. Uno de cada tres autónomos, en torno a 500.000, prevén disminuir la plantilla en este año y 300.000 autónomos, el 9,9 % prevén que este año tendrán que cerrar.
Por todo lo anterior, consideramos urgente que el Gobierno apruebe un Plan de Rescate y Apoyo al Comercio que desarrolle una serie de medidas de consolidación y ayuda al comercio y que permita sostener la actividad de estas empresas y
emprendedores para brindar un servicio necesario a los vecinos y ciudadanos, al mismo tiempo que se refuerza el empleo ante la crisis.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar en el plazo máximo de 15 días, con participación de las organizaciones gremiales más representativas, un Plan de Rescate y Apoyo Urgente al Comercio que contemple, entre otras, las
siguientes medidas para el sector:
1. Prorrogar los ERTEs para el Sector del Comercio hasta junio de 2021, en iguales condiciones que para el sector del Turismo.
2. Establecer medidas de apoyo fiscal y financiero que garanticen la liquidez a los comercios mediante:
2.1 Moratoria fiscal y reducciones en Impuesto de Sociedades e IRPF cuando se acredite disminución de ingresos que pongan en riesgo la continuidad del negocio, así como supresión o reducción actos jurídicos documentados.
2.2 Reducir el recargo de equivalencia del IVA.
2.3 Tarifa plana de 50 euros para autónomos.
2.4 Moratoria en pago de créditos sustentados en avales ofrecidos por el ICO
2.5 Apertura de nueva línea de avales ICO dirigida específicamente a facilitar créditos de urgencia en condiciones preferencia/es a PYMES de comercio.
3. Garantizar las mismas normas de funcionamiento para todos los operadores de comercio, con independencia de que el canal de venta sea 'offline' u 'online', y plan de ayudas para formación y equipamiento para aprovechamiento de comercio
online.
4. Poner en marcha un programa de apoyo urgente que evite una catástrofe en el sector, desarrollando entre otras las siguientes acciones:
4.1 Simplificación administrativa para solicitar ayudas o solicitar permisos y autorizaciones, mediante una 'autopista administrativa' y ventanilla única que pueda resolver en cinco días con la declaración responsable.
4.2 Poner en marcha campañas de publicidad específicas para la reactivación del consumo, especialmente en comercios de proximidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2020.-María de la O Redondo Calvillo, Tristana María Moraleja Gómez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz- Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley solicitando la reapertura y
funcionamiento ordinario del Centro de Referencia estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer de Salamanca como Centro asistencial y de investigación, para su debate en Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de
Discapacidad.
Exposición de motivos
En España el número de personas afectadas por la enfermedad del Alzheimer supera las 700.000 entre los mayores de 40 años. En el año 2050, el número de enfermos se habrá duplicado y se acercará a los dos millones de personas en nuestro
país. El Alzheimer supone una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores. Además, genera graves impactos Tal es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que 'la demencia es devastadora no
solo para quienes la padecen sino también para sus cuidadores y familiares'.
El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer (CREA) de Salamanca es la referencia del tratamiento del Alzheimer en materia asistencial, pero también ha realizado un gran trabajo de investigación,
documentación y estandarización de terapias no farmacológicas y ha desarrollado programas, como el Programa de Actuación Cognitiva Integral de Demencias (PACID), que ponen al servicio de la persona usuaria pautas y materiales valor.
Por tanto, constituye un Centro enfocado en la investigación sociosanitaria, generando un conocimiento altamente innovador y nuevos modelos de gestión y atención al binomio paciente-persona cuidadora; impulsando programas de investigación
biomédica muy beneficioso en la investigación sobre Alzheimer y demencias; proporcionando formación al tejido asociativo y especializado; organizando Congresos internacionales sobre innovación e investigación en enfermedades neurodegenerativas;
siendo punta de lanza y motor de iniciativas para el mejor entendimiento de las demencias, además de apostar por modelos de atención basados en la atención centrada en la persona.
En la situación excepcional que estamos viviendo derivada de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Coronavirus, el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer (CREA) de Salamanca ha suspendido
su actividad.
Durante las últimas semanas hemos conocido, a través de los medios de comunicación, la incertidumbre que existe sobre el CREA, especialmente en lo relativo su futuro funcionamiento. El oscurantismo sobre su actual situación y preocupación
por lo que ocurrirá con el mismo, están ocasionando gran inquietud, tanto a las personas usuarias como a sus familias.
No solo conocimos el pasado mes de junio que el personal del Centro fue informado de la suspensión temporal de todos los programas de intervención, sino que ahora se acrecienta la idea de que la citada suspensión es definitiva y que, de
hecho, incluso la Directora del Centro ha sido cesada, lo que se interpreta como un signo más de que la suspensión de actividades no es temporal y que no obedece a las explicaciones ofrecidas por el IMSERSO el pasado mes de junio tras la alarma
inicial.
El pasado 12 de junio, a través de un comunicado, el IMSERSO indicaba que el cierre temporal era para tareas de limpieza, desinfección y reestructuración de los espacios, e igualmente decía que ninguna persona quedaría desatendida. Sin
embargo, lo que resulta cierto es que el Centro permanece cerrado desde el 13 de julio sin actividad alguna.
Igualmente, la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias (CEAFA) a través de un comunicado señalaban que CEAFA y el CREA 'han crecido juntos, siempre unidos por un objetivo común:
mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y de quienes las cuidan en el entorno familiar. El binomio paciente-persona cuidadora convive con una enfermedad de la que se desconoce por qué se genera, para la que no existe tratamiento
efectivo y que no tiene cura, pero en la que se invierte en investigación la mitad de lo que se destina a luchar contra la caída del cabello'.
Así mismo indicaban que 'quienes trabajan en la defensa de las personas con Alzheimer y otras Demencias saben perfectamente que, mientras la investigación biomédica no dé las respuestas esperadas, la labor de las Asociaciones de Familiares
de Alzheimer y del CRE Alzheimer de Salamanca es crucial. Somos las únicas estructuras capaces de llevar un poco de alivio a las familias y de retrasar la evolución de la enfermedad, prolongando la calidad de vida de las personas afectadas' además
de hacer todo esto 'de manera sería y solvente las terapias no farmacológicas (TNF) y atendiendo con dignidad a las personas'.
Por otro lado, revelaban que 'la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha revelado dos cosas: la eficacia de las terapias no farmacológicas en el enlentecimiento del avance del Alzheimer en los y las pacientes, cuyas consecuencias se
han agravado notablemente en estos meses de interrupción en la aplicación de las TNF; y, la necesidad de mejorar el sistema de provisión de cuidados de las personas con Alzheimer, demencias, dependencia'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular exige la máxima transparencia por parte del Gobierno de España y, en particular, del Vicepresidente segundo responsable del Ministerio competente, sobre el Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer (CREA) y presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
- Reabrir y reforzar de manera urgente el funcionamiento del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con enfermedad de Alzheimer (CREA) de Salamanca dependiente del IMSERSO.
- Garantizar que todas las personas usuarias y sus familias estén debidamente atendidas.
- Reanudar, de manera inmediata, todos los servicios, recursos y programas de intervención, atención e investigación.
- Mantener todos los puestos de trabajo del CREA.
- Asegurar su funcionamiento futuro dada la importancia de este Centro en el tratamiento asistencial del Alzheimer, pero tan de la investigación sociosanitaria de esta cruel enfermedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2020.-Alicia García Rodríguez, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, María Jesús Moro Almaraz y Margarita Prohens Rigo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de evaluación y reforma de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, reforma del sistema de financiación y medidas de mejora en la atención a las personas con dependencia, para su debate en la
Comisión de derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, fue aprobada con el objetivo, tal y como se dispone en su artículo 1, de 'regular las condiciones básicas que
garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los
ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español'.
Según los datos publicados por el IMSERSO, y recogidos en el XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, en su análisis del año 2019, a 31 de diciembre de 2019, el SAAD cuantificaba las personas atendidas en 1.115.183 personas, sin
embargo, la atención a la dependencia no parece estar atravesando su mejor momento, según los propios datos del IMSERSO.
Así se desprende de la información del XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, que establece que la lista de espera de las personas pendientes que se les concede o se les reconoce una prestación durante el año 2019 ha aumentado en
50.000 personas, una tendencia que no sucedía desde 2016 (y entonces aconteció porque se incorporaron los dependientes moderados, que hasta entonces no habían podido solicitar las ayudas). Además, se registraron 38.000 servicios y prestaciones
menos que en el año anterior.
A 31 de diciembre de 2019, el incremento de personas atendidas fue de un 39 % menos que el año anterior (99.400 beneficiarios más en 2018 y 60.904 en 2019). E, igualmente, en el Dictamen se recoge que los plazos de tramitación son de 426
días y los profesionales de los Servicios Sociales alertan del grave deterioro de la situación.
Por este motivo, teniendo en cuenta la evolución de los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del año 2019, teniendo presentes las conclusiones y el trabajo realizado a partir de la VI Conferencia de Presidentes
Autonómicos celebrada en el Senado el 17 de enero de 2017, así como del 'Informe de la Comisión para el Análisis de la situación actual del sistema de la dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación, para evaluar su
adecuación a las necesidades asociadas a la dependencia', de 6 de octubre de 2017, y según los últimos datos publicados recientemente por el Ministerio, referidos al año 2020, las tasas son muy negativas como consecuencia de la crisis generada por
el coronavirus.
En lo que va de año se registran 46.936 solicitudes menos, 37.315 valoraciones menos, 38.668 beneficiarios con derecho a prestación pendiente de recibirla y 3.391 beneficiarios menos con prestación y la lista de espera asciende a 384.149
personas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar urgentemente al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para proponer un incremento inmediato y suficiente de la financiación del Sistema de Atención a la
Dependencia, cumpliendo con lo acordado en la reunión de Presidentes Autonómicos del año 2017.
2. Evaluar y reformar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para una gestión eficaz y sostenible, garantizando
cohesión y equidad en el acceso a las prestaciones en todo el territorio español el Sistema de la Autonomía Personal y Atención a las personas dependientes y con ello abordar la situación de las residencias.
3. Revisar y actualizar el Sistema de financiación de la Atención a las personas con Dependencia.
4. Revisar y actualizar la situación actual de las residencias en conexión con la reforma de la Ley 39/2006 y el sistema de financiación de la Atención a la Dependencia.
5. Establecer un Plan de actuación para la disminución progresiva de las listas de espera.
6. Impulsar un Modelo de atención centrada en la persona, que aborde la prevención y la reducción de los riesgos de dependencia, abordando los cuidados de larga duración, con absoluto respeto de la dignidad de las personas y avanzando en la
integración sociosanitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2020.-Alicia García Rodríguez y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de actualizar y
mejorar la Estrategia Española sobre Discapacidad, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2006), ha sido uno de los hechos, probablemente el más significativo, de los que ha realizado la sociedad en favor de las personas con discapacidad.
La Convención supuso un 'cambio paradigmático' de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad.
Esta Convención, que supuso reafirmar que todas las personas, con todos los tipos de discapacidad, deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, debe hacerse realidad mediante las actuaciones y la coordinación
de todas las Administraciones implicadas junto a la sociedad civil organizada.
En el Partido Popular somos plenamente conscientes del significado e implicaciones de esta Convención, de tal forma que en 2013 el Gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que sigue la Convención Internacional, incluye un título dedicado a garantizar los derechos de las personas con discapacidad como
ciudadanos, un reconocimiento expreso de la libertad en la toma de decisiones y todas las definiciones de discriminación, incluidas, por primera vez, las discriminaciones por asociación y acoso.
El compromiso del Partido Popular con los casi 4 millones personas con discapacidad (el 10 % de la población), nos tiene que mover a todos y especialmente al Gobierno de España a adoptar importantes medidas que tengan como denominador común
dos objetivos principales: potenciar la inserción y el desarrollo laboral de las personas con discapacidad y reforzar su protección en el ejercicio de sus derechos básicos.
La Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 ha establecido en nuestro país un marco referente y una directriz a largo plazo de las políticas públicas españolas en materia de discapacidad. Sus objetivos están orientados a la
intervención en los ámbitos primordiales de actuación identificados por la Comisión Europea en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, ámbitos elegidos por su contribución potencial para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa
2020 y lo previsto en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta Estrategia se ha desarrollado a través de dos Planes de Acción, el último abarca el periodo 2014-2020, y los principios que lo inspiran están recogidos en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social.
Actualmente, y próximo a que fine su periodo vigencia, no existe actualización o puesta en marcha de herramientas alternativas por parte del Gobierno de España a este respecto, máxime ante el momento histórico de crisis que están sufriendo
los ciudadanos y especialmente las personas con discapacidad, más expuestas que nunca a la incertidumbre laboral y sanitaria, sin olvidar el menoscabo en sus derechos y calidad de vida.
Por este motivo, el Partido Popular considera imprescindible su actualización con el objetivo de mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias en España.
Igualmente, esta nueva Estrategia debe ir acompañada de Planes de Acción dotados presupuestariamente, que permitan el desarrollo y cumplimiento de sus fines y actuaciones de forma adecuada y suficiente.
Una nueva Estrategia, en el marco de un sistema de responsabilidad pública, que garantice la igualdad de oportunidades en clave de derechos, de empoderamiento para el desarrollo de sus proyectos de vida y de apoyos orientados a la calidad de
vida y a la participación comunitaria.
La Estrategia Española sobre Discapacidad debe garantizar una actuación transversal y coordinada que conecte todos los departamentos ministeriales, siempre con la valiosa colaboración del Tercer Sector.
Una Estrategia que se configure desde una perspectiva integral y se dirigirá a todas las más de 3,9 millones de personas con discapacidad de España, a sus familias, cuidadores y sociedad en general.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actualizar la Estrategia Española sobre Discapacidad, acordada con las Comunidades Autónomas y con el Tercer Sector; que tenga en cuenta la perspectiva de integralidad que rige la Convención
de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Que, esta Estrategia se acompañe de su preceptivo Plan de Acción, abordando todos los ámbitos y espacios de interés de las personas con discapacidad, y a su vez potencie la inserción laboral de las mismas y refuerce su protección en el
ejercicio de sus derechos básicos.
Este sentido, debe contemplar medidas específicas dirigidas a las propias personas con discapacidad de España, a sus familias y cuidadores y al conjunto de la sociedad.
Que, la nueva Estrategia y Plan de Acción conlleven dotación presupuestaria suficiente para desarrollar las acciones y propuestas contenidas en ambos instrumentos de actuación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2020.-Margarita Prohens Rigo, Carmen González Guinda y Alicia García Rodríguez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/001495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, a iniciativa de su Diputado Antón Gómez-Reino Varela y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta esta Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Política Territorial y Función Pública, relativa a la activación de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad
Autónoma de Galicia para acordar la transferencia de competencias pendientes a Galicia.
Exposición de motivos
El modelo territorial tal y como está concebido presenta en la actualidad diversas carencias que requieren la dinamización de procesos que posibiliten su modernización. Es imprescindible establecer el compromiso con un modelo territorial
que comprenda al Estado de forma plural y compleja, y que avance en el desarrollo del Estado autonómico favoreciendo transferencias de competencias que hagan efectivo el principio de subsidiariedad. Así, cualquier cambio en el modelo territorial ha
de garantizar el
reconocimiento de Galicia como nacionalidad histórica, tal y como establece la Constitución, y en base a ello favorecer el desarrollo de su autogobierno.
Hace más de diez años que desde el Gobierno central no se transfiere ninguna nueva competencia a Galicia, dando la espalda a demandas históricas de la sociedad gallega como son, por ejemplo, la transferencia de la autopista AP-9, o la de
competencias en materia de tráfico o en salvamento marítimo, entre otras.
Hay que recordar que el artículo 150.2 de la Constitución posibilita que el Estado transfiera o delegue en las comunidades autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que sean, por su propia naturaleza,
susceptibles de transferencia o delegación. El Estatuto de Autonomía de Galicia, por su parte, contempla esta posibilidad en su artículo 36.1, otorgando el Parlamento, en su artículo 36.2, la competencia para formular estas solicitudes y determinar
el organismo de la Comunidad Autónoma al que se atribuya la competencia transferida o delegada.
Ambas Administraciones tienen un cauce político de diálogo y negociación recíproco, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, creada en el año 1987 y que se debe configurar como el
instrumento efectivo para realizar el intercambio continuado de información, negociaciones y acuerdos, para así dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía gallega y al contenido del Estatuto de Galicia. Sin embargo, en los últimos años, esta
Comisión tan sólo se reúne cuando surge un conflicto o problema, en la mayoría de casos, por la aprobación de legislación que invade competencias de una u otra administración.
Así, consideramos que es necesaria la convocatoria de esta Comisión, y que la misma se fije un plan de trabajo para que ambas Administraciones establezcan las prioridades y recojan las demandas de la sociedad gallega, que en estos momentos
se centran, como hemos indicado, en la urgente transferencia de varias competencias a la Comunidad Autónoma, y que deben ser ampliadas a nuevas necesidades que caminen por la senda del avance del autogobierno de Galicia como nacionalidad histórica.
Entre las principales cuestiones objeto de transferencia destaca la de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia, una demanda histórica de la sociedad gallega, que lleva años denunciando los elevados peajes y reclamando su
titularidad pública ante la particular situación de la principal vía de comunicación de Galicia. Se hace necesario el traspaso de la titularidad y la transferencia de las funciones y servicios sobre dicha infraestructura a la Comunidad Autónoma de
Galicia para que el Gobierno gallego gestione directamente la principal vía de comunicación de este territorio tanto desde el punto de vista económico como del social. Esta demanda ha sido registrada en el Congreso en diversas ocasiones por el
Grupo Parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, así como por parte del propio Parlamento de Galicia, donde la solicitud de transferencia se aprobó por unanimidad.
Otra de las transferencias solicitadas por unanimidad en el Parlamento de Galicia fue la competencia en materia de Tráfico y Seguridad Vial, que tienen ya asumidas comunidades como el País Vasco y Cataluña. Se hace imprescindible en Galicia
el traspaso de la gestión del tráfico y la seguridad vial para reducir los elevados índices de siniestralidad y mortalidad en la comunidad, que superan ampliamente la media estatal. Esta transferencia contribuiría, de manera notable, a una mejor y
más adecuada atención a una realidad específica gallega, basada en la dispersión de núcleos de población, las características singulares de su red viaria y las propias condiciones orográficas y climáticas, que sin duda muestran una gran
especificidad y diferenciación del conjunto español.
Y justo por la especial orografía de Galicia y las peculiaridades que presenta el litoral gallego, se hace también necesario organizar desde y para Galicia un dispositivo propio de Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación Marina,
ya que estamos ante la principal potencia pesquera de la Unión Europea, con una costa por la cual transita gran parte del tráfico mundial de embarcaciones con materiales peligrosos. Además, la transferencia de competencias en esta materia evitaría
problemas de coordinación como los originados entre las diferentes administraciones en graves accidentes marítimos ocurridos frente a las costas gallegas, por lo que se convierte en una necesidad este traspaso que, además, haría más eficaz,
profesional y operativo el servicio, a la vez que haría más factible el diseño de una política adaptada a la realidad peculiar de la costa gallega.
Asimismo, una más de las peticiones realizadas de forma unánime por el Parlamento de Galicia fue la aprobada en abril de 2018 exigiendo al Gobierno central el traspaso de las competencias de los centros del Instituto Español de Oceanografía
(IEO) que hay en esta Comunidad Autónoma. El objetivo de esta demanda es que tanto el Centro Oceanográfico de A Coruña como el de Vigo pasen a formar parte de la estructura propia de la Xunta de Galicia y que su gestión económico-administrativa
dependa del Ejecutivo
autonómico. La proposición también insta al Ejecutivo central a atender las demandas del personal de los centros del IEO, como la creación de una bolsa de empleo, el aumento de la inversión en investigación e innovación, la agilización de
la aprobación de los proyectos y el diseño de un modelo actualizado, para lo que considera necesaria la modernización en el sistema de gestión y en la estructura del organismo.
Sumamos a estas otra demanda histórica de la administración gallega, como es el traspaso a la Xunta de Galicia de la sanidad penitenciaria, petición que también han hecho otras Comunidades Autónomas y que se había empezado a negociar en el
año 2004. En este sentido, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado aprobaron en su momento sendas iniciativas de este Grupo Parlamentario para que el Grupo de Trabajo lnterministerial constituido al efecto hace 16 años culmine el proceso
de transferencia de la sanidad penitenciaria de manera inmediata, transferencia que debe venir acompañada de la correspondiente asignación financiera.
Estas son algunas de las principales demandas de la sociedad gallega, pero no las únicas. Desde el Grupo Parlamentario Confedera! de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común también defendemos que el Gobierno gallego tenga la capacidad
para dictar normas sobre las relaciones de trabajo y que asuma todas las funciones que ejercen el Instituto Nacional de Seguridad y Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Inspección de Trabajo y el Fondo de Garantía Salarial, con el
oportuno traspaso de estos organismos.
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia es el órgano competente para concretar y gestionar las solicitudes de transferencia, si bien dando curso al conjunto de las demandas de las
instituciones y de la ciudadanía gallega, como es el caso de las peticiones y propuestas emanadas del propio Parlamento de Galicia. La Comisión debe asumir también como objetivo la eliminación de los obstáculos al desarrollo del autogobierno en la
Comunidad Autónoma de Galicia, incluidos los numerosos recursos ante el Tribunal Constitucional interpuestos en el pasado por el Gobierno central. Así, en orden a cumplir con lo establecido en la legislación vigente, a la necesaria modernización
del modelo territorial y a la debida atención a las demandas de la sociedad gallega y al propio Parlamento de Galicia que la representa, se precisa, por parte de las autoridades competentes, la puesta en marcha de los mecanismos legales dispuestos
para dar una respuesta coordinada, eficiente y viable a estos retos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer a la Xunta de Galicia la activación de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia con la finalidad de poner en marcha el
foro institucional dispuesto para el intercambio de informaciones y el establecimiento de negociaciones y acuerdos que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía gallega, a las peticiones y proposiciones realizadas por el Parlamento de Galicia
y al efectivo cumplimiento del Estatuto de Galicia, de manera que se constituya en una auténtica comisión de cooperación institucional permanente que desarrolle un plan de trabajo para dar curso al traspaso de competencias de las materias pendientes
así como al conjunto de asuntos de la agenda pública gallega.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2020.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para desarrollar un régimen de peajes
eléctricos acorde a las necesidades del sector de los regadíos, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE
y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural, modificó la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC) y la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, a fin de transferir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia las competencias dadas al regulador en la normativa europea.
En este sentido, el 'Boletín Oficial del Estado' publicaba el pasado 24 de enero la Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los
peajes de transporte y distribución de electricidad, que va a provocar modificaciones en el recibo eléctrico.
La nueva metodología, que no se aplicará a los consumidores hasta el cálculo de los peajes del año que viene, cambia las tarifas de acceso y los periodos de discriminación horaria. Destaca el aumento del número de horas al precio más caro a
lo largo del día y de los meses del año.
La publicación del nuevo escenario de peajes ha permitido a los sectores realizar estimaciones sobre la repercusión económica. Según las asociaciones de regantes, las nuevas tarifas encarecerán hasta un 73 % la factura eléctrica. Las
explotaciones agrícolas en regadío tienen un consumo intensivo y estacional en energía eléctrica ya que su uso se centra en las épocas de calor, por la mayor demanda hídrica de los cultivos, y se considera muy perjudicado al concentrar los cambios
en el aumento de tramos más caros en el periodo estival.
El uso eficiente del agua de riego y el aprovechamiento de los recursos disponibles es un tema central en cualquier debate sobre los recursos hídricos, los nuevos requerimientos ambientales y la seguridad alimentaria.
El sector agrícola sigue inmerso en una crisis de costes de producción y los costes regulados de la electricidad suponen más del 60 por ciento de la factura eléctrica para los agricultores. El riego agrícola, debido al esfuerzo en materia
de modernización que han realizado las comunidades de regantes para ser más eficientes en el consumo de agua, ha tenido que aumentar su consumo eléctrico y, ahora, este se encarece aún más.
Desde 2018 está pendiente una nueva Estrategia Nacional de Regadíos para su modernización, que conjugue la mejora de la eficiencia hídrica y energética del regadío con las nuevas tecnologías, la digitalización y la innovación, y el
abaratamiento de la factura resultaría determinante si se quiere culminar el proceso. Esta situación ha paralizado numerosos proyectos.
Debemos recordar que la Ley 1/2018, de 6 de marzo, para adoptar medidas urgentes con objeto de paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, incorporó dos modificaciones en la Ley 24/2013 del Sector
Eléctrico. En concreto, un párrafo abre la posibilidad de 'establecer reglamentariamente reducciones a los peajes y cargos' para consumidores sujetos a estacionalidad. Eso sí, siempre que la modificación garantice la seguridad y sostenibilidad
económica y financiera del sistema y no choque con la normativa comunitaria de aplicación.
Así mismo, se incorporó una disposición final quinta bis denominada 'Contratos de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica para regadíos'. Para estos contratos se contempla la posibilidad de 'disponer de dos potencias
diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad'.
Ambos incisos normativos quedaron pendientes de un desarrollo reglamentario que todavía no se ha producido, ni se han tenido en cuenta en la nueva metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.
Además, para mejorar los sistemas de riego se han instalado energías renovables que fuera de la época de riego quedan infrautilizadas y sería conveniente aprovechar su capacidad de producción e integrarla en el sistema eléctrico.
El Gobierno debe regular el sector eléctrico de modo que sea más justo y razonable para un sector sensible, como el regadío, que proporciona alimentos en cantidad y de calidad, respetando el medioambiente, que sirve para mantener el tejido
socio económico y que fija, además, población en las zonas rurales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Desarrollar reglamentariamente la posibilidad de disponer de dos potencias eléctricas diferentes a lo largo del año, en función de la necesidad de suministro para esta actividad agraria, según lo establecido en la Ley 2412013 del Sector
Eléctrico.
2. Considerar a los consumidores sujetos a estacionalidad al establecer la estructura y metodología para el cálculo de la parte de los peajes de acceso a las redes de electricidad destinados a cubrir la retribución del transporte y
distribución.
3. Analizar los instrumentos oportunos para que el excedente de energía alternativa que se pueda producir por parte de los regantes fuera de la temporada de riego, se pueda incorporar a la red de distribución.
4. Incluir líneas de actuación específicas para optimizar y minimizar el consumo eléctrico en la futura Estrategia Nacional de Regadíos que debe culminar el proceso de modernización de los regadíos en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2020.-César Sánchez Pérez, Paloma Gázquez Collado, Milagros Marcos Ortega, Juan Diego Requena Ruiz, Diego Gago Bugarín y Carmen Navarro Lacoba, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruíz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno de España
traslade a la Comisión Europea a la mayor brevedad un Plan de relanzamiento de la economía verde con inversiones en proyectos de infraestructuras y construcción en el marco del Fondo de Recuperación que facilite la reactivación económica de España
centrada en actividades productivas sostenibles en Ciclo de Agua, Energía, Social, Transporte, Medio Ambiente, Digital, Urbanismo y Mantenimiento de Infraestructuras, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Gobierno de España ha anunciado que los préstamos y transferencias que se reciban de la Unión Europea procedentes del Fondo Europeo para la Recuperación, -que pueden alcanzar los 140.000 millones de euros-, van a destinarse en una
proporción significativa a actuaciones que tengan relación con la economía verde y la lucha contra el cambio climático y con la transformación digital.
La transformación hacia la descarbonización y digitalización de nuestra economía necesita de sectores de industria básica y de construcción que permita desarrollar las infraestructuras necesarias para la transición. La industria básica y
las materias primas minerales son imprescindibles para el desarrollo de las tecnologías e infraestructuras que hacen posible la descarbonización de nuestra economía. Por ejemplo, la fabricación de un aerogenerador precisa de 6 toneladas de cobre, 7
toneladas de aluminio, 3 toneladas de acero y 400 toneladas de cemento. Los vehículos eléctricos necesitan 3 veces más de cobre que uno convencional, así como litio y otras materias primas para sus baterías. España cuenta con el segundo yacimiento
de litio más importante de Europa, así como otras materias primas mineras 'renovables', necesarias para el desarrollo de la economía sostenible, que debe ser apoyadas desde las Administraciones públicas como parte esencial de la cadena de valor de
la economía verde.
Por otro lado, el riesgo de deslocalización de industrias hacia otros países menos exigentes medioambientalmente, que se concreta en 'fugas de carbono' que neutralizan el efecto global de los esfuerzos de España en la lucha contra el cambio
climático, al tiempo que destruye tejido industrial y empleo en nuestro país, debe combatirse con un Plan específico que atraiga inversión y talento para
hacer atractiva y competitiva la apuesta por el cumplimiento de los requerimientos ambientales en España y en Europa frente a otras alternativas. Las ayudas europeas son una oportunidad de transformación que España no puede desaprovechar,
por lo que es necesario tener identificados proyectos suficientes, costoeficientes y solventes técnicamente para nuestra industria básica.
En España tenemos ocho sectores prioritarios, identificados por las principales organizaciones españolas de distintos ámbitos, que resultan estratégicos para el futuro, que pueden desarrollar infraestructuras para proyectos enmarcados dentro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), del Pacto Verde y la Agenda Digital y en los que se hace necesaria una inversión sostenible. Esos sectores entran dentro de ese marco de transición y transformación verde y digital, en donde la Unión
Europea prevé concentrar la financiación.
Por ello, se debe tener preparado el paquete de proyectos de inversión en infraestructuras y construcción que puedan constituir un Plan de relanzamiento de la Economía Verde para poner encima de la mesa y defender en Europa. Todos ellos en
el contexto de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
Estos ocho sectores prioritarios que requieren inversión sostenible son:
- Ciclo de agua.
España necesita invertir en sus redes de abastecimiento y distribución, muchas redes todavía son de fibrocemento, necesita reducir las fugas en la red y necesita un sistema en alta que permita un abastecimiento de calidad y cantidad a los
usuarios. Hay que recordar que España tiene el mayor estrés hídrico de la Unión Europea. A ello hay que añadir que todavía no cumplimos los objetivos marcados en saneamiento y depuración desde la Unión Europea, y por tanto resta ejecutar mucha
infraestructura hidráulica.
- Energía.
España debe dejar de ser una isla energética; requiere una inversión planificada y dotada presupuestariamente para las interconexiones energéticas. Así mismo, se debe seguir invirtiendo en eficiencia energética y energías renovables para
cumplir los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos de la Agenda 2030, así como en sistemas de ce-generación que sostienen la competitividad de muchas industrias que generan arraigo y empleo en zonas rurales y valorización de residuos como un
claro exponente de economías circular.
- Social.
Esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras hospitalarias. La inversión en infraestructuras sociales en general se hace más necesaria que nunca ante los nuevos escenarios. A ello se
suma que España está por debajo de la media europea en inversiones educativas y de justicia, sobre las que habría que focalizar parte de la inversión.
- Transporte.
En nuestro país se debe mejorar la inversión en determinadas infraestructuras de transporte, como la logística que se ha demostrado fundamental en esta crisis del COVID-19. Y también se debe apostar por el transporte con menos emisiones
(teniendo en cuenta que el transporte es el mayor responsable de las emisiones de dióxidos de nitrógeno y dióxido de carbono), las infraestructuras necesarias para la carga de vehículos eléctricos, la accesibilidad de nuestras ciudades y la
potenciación de la capacidad del transporte de mercancías ferroviario.
- Medio-Ambiente.
España requiere dar más pasos en el tratamiento de residuos, tanto urbanos como industriales, requiere más inversión en reciclar, reutilizar, reducir, revalorizar; más plantas de tratamiento de residuos y más planes de actuación. También
es necesario acometer proyectos de protección, regeneración y mantenimiento forestal.
- Digital.
Contamos con importantes carencias en la cobertura de la red de telefonía móvil e incluso de la de televisión o radio, especialmente en la zona rural. La crisis del COVID-19 ha demostrado la importancia
del teletrabajo que se implantará de forma regular cada vez con más asiduidad en las áreas donde sea posible. Por ello las inversiones en innovación tecnológica deben ser prioritarias.
- Urbanismo.
La movilidad, la integración urbana y las ciudades inteligentes también se han demostrado aspectos fundamentales durante esta crisis. La inversión en estos campos debe planificarse correctamente y potenciarse el equipamiento urbano para
facilite la nueva movilidad con bicicleta o con vehículos de movilidad personal (VMP). Así mismo y en conexión con la eficiencia energética se debe priorizar la inversión en rehabilitación de viviendas, con el fin de cumplir los objetivos
medioambientales.
- Mantenimiento de Infraestructuras.
Resulta fundamental invertir en el mantenimiento de las infraestructuras, que en la actualidad tienen una inversión en conservación muy inferior a los países de nuestro entorno tanto en carreteras de alta capacidad como en ferrocarriles. En
muchos equipamientos los ratios que diferencian conservar frente a reparar o rehacer demuestran que es necesario acometer estas actuaciones. Las carreteras en mal estado está demostrado que provocan mayores emisiones en los vehículos.
El Plan de relanzamiento de la Economía Verde con un paquete de proyectos de infraestructuras y construcción en actividades productivas sostenible también ayudará al sector de la construcción, que necesita con urgencia medidas para reactivar
la demanda y medidas para retomar la plena actividad y, por otro lado, necesita también de medidas gubernamentales para reforzar su competitividad, cuya necesidad ya venía detectándose con anterioridad al estallido de la crisis del COVID-19. El
alto coste de la energía eléctrica en una cadena de valor electrointensiva, los requerimientos medioambientales que no se exigen a competidores no europeos, los retrasos en los proyectos ya adjudicados, la normativa restrictiva en las posibilidad de
valorización de residuos, son todas ellas debilidades que deben ser atendidas para preparar al sector de la construcción y las infraestructuras nacional para aprovechar al máximo las ayudas europeas que vayan a destinarse a dinamizar el sector en
Europa como eje de la recuperación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que:
1. Traslade a la Comisión Europea a la mayor brevedad el Plan de Inversiones en Construcción e Infraestructuras para la dinamización y relanzamiento de la Economía Verde y de las actividades productivas sostenibles para la recuperación
económica de España, centrado en las inversiones sostenibles en infraestructuras en sectores del Ciclo del Agua, Energía, Social, Transporte, Medio Ambiente, Digital, Urbanismo y Mantenimiento de Infraestructuras, entre otros.
2. Desarrolle el conjunto de medidas que faciliten la competitividad del sector de la construcción y su cadena productiva para el mejor desarrollo del Plan que considere:
2.1 Medidas que faciliten ahorros en costes como la aprobación y publicación del esperado Estatuto de consumidores electrointensivos, una mejora de la normativa que facilite una mayor valorización de residuos y un incremento de la
co-generación de alta eficiencia que aproveche el potencial de la economía circular.
2.2 Medidas regulatorias, que: a) consideren la igualdad de oportunidades en las licitaciones y el cumplimiento de requerimientos medioambientales de los potenciales licitantes; b) aceleren la puesta en marcha de los proyectos ya
adjudicados en la Administración Pública del Estado, de las CCAA y de las Entidades Locales, prioritariamente en infraestructuras sanitarias, ferroviarias, de ciclo del agua (depuradoras, etc), energía y obras vinculadas a la gestión de la economía
circular.
2.3 Medidas de reactivación de la demanda mediante un Plan Nacional de Rehabilitación y Reposición del parque de viviendas, que mejore su eficiencia energética y requisitos medioambientales, al tiempo que se genera actividad económica y
empleo.
3. Se diseñen mecanismos que atraiga la inversión privada a los proyectos de construcción e infraestructuras en España, mediante:
3.1 La elaboración de un listado detallado que identifique proyectos concretos que puedan quedar alineados al Green New Deal de la UE, -que movilizará fondos importantes y ya permite ayudas de Estado que antes no permitía-, y garantice una
transición justa en lo social y en lo territorial.
3.2 Aprovechar la autorización de ayudas de Estado que ha habilitado la UE, enfocando hacia la efectividad de la ayuda hacia la estimulación de demanda con efecto tractor, alineándose con las políticas de UE y las dotaciones de fondos
condicionales que pueden solicitarse.
3.3 Aumentar la tasa de ce-financiación en 15 o 20 puntos, hasta el 60 % o 70 % y nuevos modelos que permitan la participación privada en el adecuado mantenimiento o repotenciación de las infraestructuras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2020.-Paloma Gázquez Collado, César Sánchez Pérez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruíz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Magdalena Nevado del Campo, D.ª Rocío De Meer Méndez, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Antonio Salvá Verd, D. Ignacio Garriga Vaz de Concicao y D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley en
relación con la Enfermedad de la Fibromialgia y la legislación vigente, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Antecedentes
En los últimos años, la fibromialgia (en adelante, FM) ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia hasta convertirse en la actualidad en un problema de salud pública de primer orden. Varias razones pueden explicar esta situación:
- La alta prevalencia de la FM en la población general adulta.
- El insuficiente conocimiento de las causas y los mecanismos que la producen.
- La ausencia de tratamiento curativo.
- La insatisfacción de los pacientes y los profesionales en el abordaje actual del síndrome.
Los reumatólogos, como médicos que tratan las afecciones médicas del aparato locomotor, con mucha frecuencia son los que atienden a los pacientes con FM por el dolor osteomuscular generalizado que presentan. Por ello, la Sociedad Española
de Reumatología (SER), pretende transmitir el conocimiento actual sobre el origen de esta enfermedad y sus mecanismos patogénicos; establecer las principales directrices sobre la forma de llegar al diagnóstico de esta entidad y explicar las
diversas modalidades terapéuticas que se han descrito, basándose en la mejor evidencia científica disponible.
Los debates científicos que se plantean sobre la FM no deben ser un obstáculo para la correcta asistencia sanitaria de estos pacientes.
Primero. Definición.
La FM es una enfermedad de etiología desconocida que se caracteriza por dolor crónico generalizado que el paciente localiza en el aparato locomotor. Es la causa más común de dolor osteomuscular generalizado Además del dolor, otros síntomas
que se asocian casi siempre son fatiga intensa o crónica, alteraciones del sueño y en menor medida, parestesias en extremidades, depresión, colon irritable, ansiedad, rigidez articular o artropatía, cefaleas crónicas y sensación de tumefacción en
manos. Los pacientes con FM presentan con frecuencia una hipersensibilidad al dolor.
Desde el año 1992, está reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, y la clasificó entre los reumatismos de partes blandas. No obstante, el conocimiento científico reciente indica que la FM rebasa las fronteras de
los reumatismos de partes blandas y requiere un abordaje multidisciplinario más amplio.
Segundo. Epidemiología.
La FM, es más frecuente en España de lo que imaginamos, con una prevalencia en mayores de 20 años, del 2,4 %, según el estudio EPISER 1. En números absolutos, esto supone unos 700.000 pacientes afectados por la FM en nuestro país.
Por sexos, la prevalencia entre los varones se estima en un 0,2 %, frente a un 4,2 % en las mujeres, lo que supone una relación mujer: varón de 21:1. Cuando afecta a la población infantil y juvenil, la mayor prevalencia en el sexo femenino
no es tan acusada.
En cuanto a la distribución en grupos de edad, la FM aparece en todos los grupos etarios, con una prevalencia máxima entre los 40 y los 49 años (4,9 %), mientras que es relativamente infrecuente en personas que superan los 80 años de edad.
La prevalencia de la FM difiere según la población estudiada y oscila entre el 0,7 y el 20 %. En una unidad de reumatología, se calcula que entre el 10 y el 20 % de los pacientes visitados padecen FM, mientras que en servicios no
especializados la padecen entre el 2,1 y el 5,7 %6. En el estudio EPIDOR 2, sobre una muestra aleatoria de pacientes que acuden a consultas de reumatología en España, el 12,2 % de los pacientes vistos cumplen criterios de FM. FM Es interesante
señalar que el estudio EPISER demostró además que la FM es más frecuente entre los 40 y los 59 años, y en el entorno rural. Es importante subrayar que las personas que tienen criterios de FM tienen alteraciones en sus funciones cotidianas y
disminución de la calidad de vida.
Tercero. Diagnóstico.
El diagnóstico es exclusivamente clínico y está basado en la presencia de dolor osteomuscular crónico y generalizado junto con los otros síntomas clínicos.
Según los criterios de clasificación de la ACR establecidos en 1990 3, la FM se define por una historia de dolor generalizado de más de 3 meses de duración, de forma continua, en ambos lados del cuerpo, por encima y por debajo de la cintura,
y dolor en el esqueleto axial, raquis cervical o tórax anterior.
Los criterios de la ACR han sido útiles en cuanto a que han permitido definir mejor la FM y detectar a los pacientes. Pero conviene subrayar que, además del dolor osteomuscular crónico y generalizado, se debe valorar todos los otros
síntomas que acompañan a la enfermedad (manifestaciones neurológicas, neurocognitivas, psicológicas, del sistema neurovegetativo, endocrinas, etc.) y que ayudan a identificar al enfermo con FM. El conocimiento del resto de las manifestaciones
clínicas presentes en cada uno de los pacientes permite confeccionar un programa individual de tratamiento.
En relación con los análisis de laboratorio y demás exploraciones complementarias, hay que decir que no existe en la actualidad ninguna prueba específica para el diagnóstico de la FM y, por tanto, las exploraciones complementarias de estos
pacientes están destinadas a descartar la posible existencia de otros cuadros clínicos con síntomas similares o estudiar la aparición de situaciones comórbidas que influyan en los síntomas.
1 AJ Mas 1, L Carmona, M Valverde, B Ribas, EPISER Study Gr oup. Prevalence and impact of fibromyalgia on function and quality of life in individuaIs from the general population: results from a nationwide study in Spain. Clin Exp
Rheumatol Jul-Aug 2008;26(4):519-26.
2 Fundación Grünenthal, Sociedad Española de Reumatología. Estudio EPIDOR: estudio epidemiológico del dolor en España. Madrid: Edi pharma; 2003.
3 Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, Bennett RM , Bombardier C, Gol- denberg DL, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria far the classification of fibromyalgia. Arthritis Rheum. 1990; 33:160-72.
Cuarto. Estrategias de atención sanitaria.
Las manifestaciones clínicas por las que un paciente con FM busca inicialmente atención sanitaria se suelen plantear, en la mayoría de los casos, en la consulta del Médico de Atención Primaria (MAP). En este primer escalón es donde debe
hacerse el diagnóstico, orientar al paciente, iniciar el tratamiento y comenzar con el seguimiento evolutivo.
No obstante, las variadas manifestaciones clínicas que puede presentar un enfermo con FM obligan a tener en cuenta que en algunos de estos pacientes hace falta la intervención de otros especialistas para diagnosticar y controlar
adecuadamente el cuadro. El facultativo de asistencia especializada debe hacer una valoración y asumir la parte del tratamiento que le corresponda y que, por su naturaleza o complejidad, solo el especialista pueda realizar.
Esto significa que es necesario que tanto el MAP como el médico de medicina especializada conozcan la problemática de la FM y cuáles son los aspectos que cada uno de ellos puede resolver.
Como la FM se manifiesta fundamentalmente con dolor generalizado en el aparato locomotor, con mucha frecuencia corresponde al reumatólogo distinguir los síntomas de la FM de los de otras enfermedades reumáticas e indicar cuál es el
planteamiento adecuado en cada uno de los pacientes.
No obstante, los resultados de estudios prospectivos muestran la necesidad de que alguien con entrenamiento para el diagnóstico de enfermedades reumáticas crónicas confirme el diagnóstico, dado que la precisión diagnóstica del MAP es muy
baja.
Quinto. Evaluación y tratamiento psicológico.
A la hora de evaluar el impacto de la FM en el paciente, se deben tener en cuenta todos los aspectos de la enfermedad. Aunque no hay consenso sobre qué medidas en concreto se deben incluir, la mayoría de los estudios contemplan una o varias
escalas de dolor, uno o varios cuestionarios de medida de la salud y la cuantificación de la hiperalgesia. En determinadas situaciones también interesa evaluar de forma independiente la capacidad funcional y las alteraciones psicológicas, y en
otras ocasiones, realizar una valoración objetiva de determinadas funciones físicas.
Desde el punto de vista del tratamiento psicológico el objetivo se basa en controlar los aspectos emocionales de la ansiedad y la depresión, cognitivos, conductuales y sociales que agravan el cuadro clínico de los pacientes con FM.
El tratamiento cognitivo-conductual es la intervención psicológica que ha demostrado más eficacia para el tratamiento de la ansiedad y la depresión, el dolor crónico, el dolor inflamatorio y la FM.
Conviene subrayar la especial importancia de la empatía en esta enfermedad tan difícil de diagnosticar y depende en gran medida del profesional que atiende a las pacientes. La falta de empatía en la relación médico-paciente incrementa las
emociones negativas y dificulta la adecuada atención de los diferentes problemas de salud que conlleva la fibromialgia. Empeora la enfermedad y su pronóstico e incrementa la depresión y la marginación familiar, laboral y social. En cambio, una
relación empática basada en la escucha activa que crea un ambiente de confort, permite que el paciente no se siente juzgado, sino acogido, escuchad o, comprendido y acompañado y se pueda comunicar con libertad.
En resumen, resulta prioritario el cambio en el modelo de atención a las personas que sufren fibromialgia, poniendo el foco en la práctica de una medicina que base la relación médico-paciente en la empatía, el respeto, la justicia y la
dignidad de las personas.
Sexto. Importancia del diagnóstico precoz.
En un estudio inglés en más de 2000 pacientes se ha demostrado que el diagnóstico precoz disminuye el uso de recursos, de pruebas diagnósticas, y de costes sanitarios globales.
Otros, demostraron mejoría de la calidad de vida y disminución de costes sanitarios tras el diagnóstico. Para éste, resulta de especial utilidad el FibroDetect, que tiene una sensibilidad del 90 % y una especificidad del 67 % para el corte
6 en la puntuación.4.
4. Clinical manifestations and diagnosis of fibromyalgia in adults. UptoDate. 2020. Author:Don L Goldenberg, MDSection Editor:Peter H Schur, MD Deputy Editor:Paul L Romain, MD Literature review current through: Sep. 2020. 1 This
tapie last updated: Aug. 26, 2020.
Séptimo. Marco regulador de la enfermedad en nuestro país.
Viene principalmente recogida en la Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, (BOE núm. 292, de 4 de diciembre de 2018), por la que se publica el Convenio específico entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, para la revisión de la primera edición del 'Manual de ayuda para la valoración de la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad'.
En ella se analiza los diversos aspectos del tratamiento jurídico de la fibromialgia desde la perspectiva de género: en relación con la incapacidad permanente, en relación con la valoración de discapacidad, en relación con el contrato de
trabajo y en relación con las políticas de salud. Y, la conclusión final es que, a consecuencia de su reciente reconocimiento médico, el tratamiento jurídico de la fibromialgia no es plenamente satisfactorio en nuestro ordenamiento jurídico, lo
que, por afectar mayoritariamente a mujeres, supone además una situación de desigualdad.
Donde más usualmente aparece la fibromialgia en la práctica judicial social es en el juicio de invalidez. Y ahí se manifiesta el problema de su valoración, que a veces ha llevado a hablar de una insensibilidad judicial. Es verdad que,
tradicionalmente, el dolor se rechazaba, por subjetivo, como criterio de valoración de la incapacidad permanente. Pero esas ideas están superadas desde una óptica constitucional que impide, por contrario al respeto a la dignidad de la persona,
obligarla a trabajar con dolor. Hoy día, ese problema de valoración no suele obedecer, en general, solo a una supuesta insensibilidad judicial, sino también a las dificultades para el diagnóstico médico, que trascienden al ámbito judicial.
Y es que, para la declaración de incapacidad permanente, se exige, de conformidad con el artículo 136 de la Ley General de la Seguridad Social, que las dolencias sean 'susceptibles de determinación objetiva', lo que obliga, tanto a los
efectos de acreditar la existencia de una incapacidad permanente como a los efectos de calificar el grado de incapacidad permanente, a una objetividad no siempre fácil de concretar en una enfermedad cuyo diagnóstico es exclusivamente clínico, como
es la fibromialgia. Pero es importante recalcar que lo exigido legalmente es la susceptibilidad de determinación objetiva, no que esa susceptibilidad no pueda resultar acreditada a través de un diagnóstico exclusivamente clínico. Con la finalidad
de solventar estas dificultades de valoración objetiva de la entidad invalidante de la fibromialgia, en las sentencias emanadas de los órganos judiciales sociales afloran, en no pocas ocasiones, criterios generales para esa valoración objetiva de la
entidad invalidante de la fibromialgia.
Lo más usual, es la declaración de incapacidad permanente total para la profesión habitual o absoluta para toda profesión u oficio. Mientras la gran invalidez (conlleva la necesidad de asistencia de tercera persona para los actos más
esenciales de la vida de la persona) resulta ser generalmente descartable.
Mención especial merece la fibromialgia con respecto a la valoración de discapacidad. El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, sujeta la
valoración de la discapacidad a criterios técnicos unificados recogidos en sus Anexos. Así, en el Anexo I. A se establecen -según literalmente se afirma en su introducción- 'las pautas para la determinación de la discapacidad originada por
deficiencias permanentes de los distintos órganos, aparatos o sistemas', es decir, se establecen, a través de reglas generales y de tablas de valoración aplicables a cada caso individual, el porcentaje de discapacidad consecuente a cada enfermedad
padecida por la persona de que se trate.
Pero es justo aquí donde surge el problema en relación con la fibromialgia. Y es que, a pesar de la supuesta exhaustividad -recoge todas las enfermedades invalidantes- del anexo I. A de dicho Real Decreto, la fibromialgia no aparece
expresamente recogida como una dolencia de la cual se derive ninguna concreta discapacidad, a pesar de que, a la vista de la fecha del Real Decreto, la fibromialgia ya estaba entonces reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y a pesar de que, como se reconoce en la introducción a ese anexo I. A, se ha seguido, para su elaboración, el modelo propuesto por la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de la Organización Mundial de la
Salud.
Frente a esta laguna, se ha planteado, como solución correctora utilizar las reglas generales y las tablas de valoración atendiendo a la sintomatología de la fibromialgia, y, en particular, las relativas a dolor o déficit sensorial. Tal
circunstancia cubre la laguna normativa. Pero, en su aplicación a los casos individuales, supone, de manera tendencial, una infravaloración de la fibromialgia como enfermedad causante de discapacidad. En primer lugar, porque la ausencia de
contemplación específica impide valorar adecuadamente su entidad discapacitante. Y, en segundo lugar, porque ese vacío de valoración no se cubre totalmente con reglas generales o tablas de valoración pensadas para otras enfermedades.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Formar de manera especial y sensible, en coordinación con las diversas administraciones públicas, al profesional médico de Atención Primaria en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.
2. Fomentar e impulsar cuantas acciones sean necesarias para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, proceda al reconocimiento de esta enfermedad y su incorporación en las valoraciones para la obtención de la discapacidad (mínimo
del 33 %), ayudas y dependencia, siendo necesario un cambio normativo.
3. Examinar las consecuencias impeditivas derivadas de esta enfermedad respecto al trabajo y, en consecuencia, adaptar las decisiones del INSS para el reconocimiento como causa de incapacidad.
4. Formar y actualizar especialmente en la empatía al personal sanitario, trabajadores sociales, inspectores del INSS, miembros de los tribunales y todos aquellos que formen parte del proceso, sobre la realidad y necesidades de las personas
afectadas, evitando así también que cualquiera que no la padezca se beneficie de las concesiones reconocidas a este colectivo tan vulnerable.
5. Fomentar la investigación de esta enfermedad, destinando partidas presupuestarias a la búsqueda de su origen o causas, herramientas de detección clínicas, pruebas diagnósticas, tratamientos y cura.
6. Incentivar preferentemente investigaciones que intenten diseñar herramientas diagnósticas que aumenten la especificidad del diagnóstico.
7. Incentivar las investigaciones tendentes a descubrir cuál es la causa por la que la FM es más frecuente en mujeres, y porqué es más frecuente en el medio rural.
8. Incentivar las investigaciones que se focalizan en el estudio de la calidad de vida, y en las alteraciones funcionales, y las variables que influyen en ellas
9. Potenciar las políticas de salud, porque de la mejora de la ciencia médica dependen los demás avances, aunque a toda la ciudadanía le corresponde superar los prejuicios en relación con la fibromialgia, que son, en gran medida, prejuicios
de género que perjudican a las personas con fibromialgia, sean mujeres u hombres integrados en un colectivo mayoritariamente femenino.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-María Magdalena Nevado del Campo, Rocío de Meer Méndez, Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Ignacio Garriga Vaz de Concicao y Andrés Alberto Rodríguez Almeida,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la atención del dolor en el Sistema Nacional de Salud,
para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El dolor se define como 'una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular real o potencial o descrito en términos de tal daño', según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor International (IASP). Se
distinguen dos tipos básicos de dolor, agudo y crónico, y mientras que el primero es predominantemente un síntoma o manifestación de una lesión, el dolor crónico se considera como una enfermedad en sí mismo. De hecho, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha incluido el dolor crónico como una enfermedad, en su última revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11).
El dolor agudo asociado con intervenciones quirúrgicas, lesiones y otras condiciones puede producir complicaciones, incluido el riesgo de progresión a dolor crónico. Las acciones para mejorar el abordaje del dolor agudo y la identificación
precoz de pacientes a riesgo de desarrollar dolor crónico pueden ayudar a
avanzar en la prevención y en la disminución de la prevalencia de dolor crónico. Por su parte, el dolor crónico persiste durante un período de tiempo superior a los tres meses y, con frecuencia, es de difícil tratamiento. Puede causar
problemas importantes al paciente y tiene repercusiones negativas sobre su calidad de vida.
El dolor afecta de forma relevante la calidad de vida de la población, causando graves perjuicios en el ámbito personal, familiar y social. Se estima que un 20 % de los adultos en todo el mundo padecen dolor y que el 10 % son diagnosticados
con dolor crónico cada año. En el caso de Europa, se estima que 1 de cada 5 europeos sufre dolor crónico, mientras que en España en torno al 17 % de las personas padecerían esta dolencia. No es de extrañar, por tanto, que el dolor crónico sea uno
de los motivos más frecuentes de utilización de los servicios de salud.
El dolor es también un problema de salud pública de gran repercusión socioeconómica. El dolor crónico reduce considerablemente la capacidad laboral de las personas. En España, el 30 % de quienes lo padecen ha estado de baja a lo largo de
su vida laboral. El 22 % han perdido su empleo y el 8 % han visto perjudicada su promoción profesional por su causa. Un 4 % se han visto obligados a cambiar de puesto de trabajo. El tiempo promedio de baja médica por episodios de dolor crónico es
de 14 días. Como resultado, se estima que en España el coste total, directo e indirecto, que ocasiona el dolor crónico asciende a 16.000 millones de euros anuales, lo que supone el 2,5 % del PIB. En Europa este impacto es similar, dado que el
coste total del dolor se sitúa los 300 billones de euros, esto es, en torno al 1,5-3 % del PIB europeo.
En la experiencia del dolor interactúan una serie de factores no solo biológicos, sino también emocionales y sociales. El 50 % de las personas que padecen dolor crónico sufren trastornos del sueño, el 47 % sufren un cuadro depresivo
asociado, el 36 % consideran que tiene un impacto negativo en su familia o amigos, y 27 % afirman sentirse aislados socialmente a causa del dolor. Es preciso conocer todos estos factores y su interrelación para realizar un abordaje integral,
multidimensional e interdisciplinar.
Para conseguir un mejor control del dolor y mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen es necesario contemplar junto al tratamiento analgésico, también medidas no farmacológicas y de promoción de estilos de vida saludables.
Es importante promover un abordaje del dolor biopsicosocial y más centrado en la persona, a través de la información y formación de los pacientes, la formación de profesionales y la promoción del autocuidado.
Con esta finalidad, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó en 2014 el Acuerdo Marco para la Mejora del Abordaje del Dolor, dentro de la Estrategia de Abordaje de la Cronicidad de 2012, a su vez dentro del Plan de Calidad del Sistema
Nacional de Salud. Asimismo, desde entonces hasta la fecha, distintas Comunidades Autónomas han desarrollado sus propias estrategias y planes para el abordaje y la atención del dolor de carácter territorial, como el Plan Andaluz de Atención a las
Personas con Dolor desde 2009, la Estrategia de Atención Integral al Paciente con Dolor de Galicia desde 2010 o la Estrategia de Atención al Dolor 2017-2020 de la Comunidad de Madrid, así como otras iniciativas en proceso de implementación.
Teniendo todo ello presente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que impulse las medidas necesarias para mejorar de la atención del dolor en el Sistema Nacional de Salud, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Aprobar una Estrategia en Dolor del Sistema Nacional de Salud que articule un marco común de actuación en el tiempo para el abordaje del dolor crónico, que aborde el dolor de forma global y multidisciplinar desde un enfoque
biopsicosocial, actualizando y ampliando el Acuerdo Marco para la Mejora del Abordaje del Dolor en el SNS de 2014, en coordinación con los planes y estrategias en dolor territoriales.
2. Revisar los baremos para la determinación de la discapacidad y la dependencia para ofrecer una acción protectora adecuada las limitaciones generadas por el dolor crónico.
En este sentido, en particular se considerará que presentan una discapacidad igual o superior al 33 por ciento a todos los efectos las personas que padezcan enfermedades crónicas, neurodegenerativas o autoinmunes, incluido procesos de dolor
crónico, desde el momento de su diagnóstico y con independencia de su estadio de desarrollo.
3. Impulsar, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud:
a) La creación de Unidades del Dolor de carácter multidisciplinar en los servicios públicos de salud, integradas dentro de una red asistencial que facilite el acceso de los pacientes al servicio más adecuado atendiendo a sus circunstancias.
b) El papel de la Atención Primaria en la coordinación de los procesos de atención sanitaria relacionados con la prevención y la atención con la cronicidad.
c) La mejora del diagnóstico precoz y el tratamiento del dolor crónico.
d) La formación de todos los profesionales sanitarios en materias específicas relacionadas con la atención del dolor.
4. Promover una mayor visibilización y concienciación social sobre el dolor asociado a la enfermedad crónica y como enfermedad en sí misma, así como una mayor comprensión hacia quienes lo padecen en todos los ámbitos, especialmente en el
ámbito laboral.
5. Facilitar la puesta a disposición de las personas que sufren dolor crónico y sus familias de información y recursos formativos, así como de servicios de asesoramiento y apoyo, tanto en el abordaje del dolor como en materia de cuidados y
autocuidados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Igualdad
161/001506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para aprobar un plan de actuación de
fomento del talento STEM, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Uno de los objetivos de la educación debe ser orientado a conseguir la igualdad entre mujeres y hombres y a la ruptura de los roles en este sentido. Una de las vías es a través del desarrollo, entre las mujeres, del talento en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. El llamado talento STEM.
La 4.ª Revolución Industrial o Industria 4.0 viene de la mano de la digitalización de las empresas y está suponiendo un cambio importante en los perfiles profesionales. Las empresas necesitan especialistas en Big Data, seguridad
informática, diseño de aplicaciones, mantenimiento de redes, cloud computing, robótica mecatrónica [...] etc.
Los datos señalan que, en menos de 10 años, el 50 % de las profesiones en España procederá de carreras tecnológicas y que el 90 % de las profesiones del futuro van a tener una base tecnológica. Al mismo tiempo, la Comisión Europea prevé que
en 2020 el 41 % de las empresas tendrá dificultades para encontrar profesionales en estos campos.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Popular considera esencial la lucha contra los estereotipos y la promoción del talento STEM entre las niñas y las jóvenes.
Los datos indican igualmente la escasa presencia de las mujeres en las carreras de Ingeniería, situándose en torno al 30 % en las ingenierías en general y al 10 % en las carreras específicamente TIC. Esta relación se invierte en las
disciplinas de ciencias de la salud donde la presencia de mujeres alcanza casi el 75 %.
Según datos de la UNESCO, menos del 28 % del personal investigador son mujeres.
La Constitución Española de 1978 reconoce la igualdad ante la ley de mujeres y hombres, como parte de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Las Instituciones y los poderes públicos tenemos la responsabilidad de poner en
práctica, día a día, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y luchar contra la brecha tecnológica de género.
Los datos de los Colegios Oficiales nos muestran que en España hay solo 2 ingenieras por cada 8 ingenieros y que solo el 4 % de los directivos ejecutivos de las compañías tecnológicas son mujeres. Datos realmente preocupantes.
En este sentido, están surgiendo iniciativas privadas precisamente en este sentido, tanto en el ámbito empresarial como asociativo. Programas de mentorización para apoyar el desarrollo profesional y que las niñas y adolescentes opten, si
así lo desean, por la rama STEM, programas de investigación científica, becas y prácticas en compañías tecnológicas. Iniciativas que pretenden dar visibilidad a las mujeres y niñas con perfiles técnicos, así como a la existencia de diversas
asociaciones que tienen un objetivo común, que es acercar la ciencia y la tecnología a las mujeres y a las niñas.
El compromiso de todos debe ser el de seguir avanzando hacia una sociedad igualitaria. Una Sociedad en la que las mujeres tengan mayor cabida en el campo de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Aprobar un Plan de Actuación de fomento del talento STEM, que crea y apueste por el talento STEM de las mujeres como una forma de romper estereotipos y como un medio para combatir la tasa de desempleo femenino y promocionar el acceso de
las mujeres a los puestos con mayores responsabilidades y mejores retribuciones .
- Dotar de mayor visibilidad, tanto desde la perspectiva histórica, como de la actual, a las mujeres con logros profesionales, académicos y de otra índole en el ámbito STEM.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2020.-Alicia García Rodríguez, María Auxiliadora Pérez Díaz y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001499
A la Mesa Del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley las medidas para garantizar la continuidad de la atención
educativa en supuestos excepcionales de protección de la salud de la comunidad educativa frente a la COVID-19, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Exposición de motivos
El pasado mes de junio, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional elaboraron un documento, que fue presentado en la Conferencia Sectorial de Educación a las Comunidades Autónomas, cuyo objetivo era
plantear una estrategia consensuada por los diferentes agentes implicados para ofrecer un entorno seguro y saludable al alumnado y personal de los centros educativos con el fin de retomar la actividad presencial para el curso 2020-2021 que comienza
en septiembre.
El documento aprobado finalmente por el Estado y las Comunidades Autónomas sobre las 'Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021' contemplaba unos principios básicos
de actuación en cuanto a limitación de contactos, medidas de prevención personal, limpieza y ventilación y gestión de casos. Sin embargo, el documento olvidaba qué medidas adoptar con respecto al alumnado y profesorado considerados de riesgo en
zonas con altos niveles de contagio.
En la reunión mantenida entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Comunidades Autónomas durante el mes de agosto, reclamada por Ciudadanos y tras la insistente presión de la comunidad educativa debido a la ausencia de
liderazgo por parte del Departamento de Educación a la hora de ordenar la vuelta las aulas para el curso 2020-2021, únicamente se acordó que los 'trabajadores vulnerables a la COVID-19 mantendrían las medidas de protección de forma rigurosa, de
acuerdo con la
evaluación realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS- CoV-2' y que se 'informaría y proporcionaría formación a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y propagación de la COVID-19, con especial atención a las vías de
transmisión y las medidas de prevención y protección adoptadas en el centro'.
Por su parte, el Ministerio de Universidades presentó unas recomendaciones el pasado 31 de agosto donde no se hacía mención específica de cómo actuar para garantizar los derechos educativos y laborales de alumnos y docentes que por sus
circunstancias personales o familiares pudiesen considerarse en situación de especial vulnerabilidad ante la COVID-19.
De igual modo, en este momento no existe un marco de actuación general en cuanto al retorno a las aulas del alumnado y los docentes que se encuentren conviviendo con personas que puedan ser consideradas colectivo de riesgo. En concreto,
estamos hablando de alumnos y profesores que conviven con personas mayores de 65, inmunodeprimidas, que presentan cualquier tipo de patología respiratoria o cualquier otra enfermedad considerada de riesgo.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que impulse las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud de la comunidad educativa durante el curso escolar 2020-2021 frente a la COVID-19, a través del acuerdo
con las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, con los siguientes objetivos:
1. Establecer los criterios y condiciones para determinar qué alumnado y profesorado debe ser considerado colectivo de riesgo como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 debido a su situación sanitaria personal.
2. Impulsar protocolos de prevención y actuación rápida, a partir de criterios comunes en todo el territorio nacional, que contemple la posibilidad de que en aquellas zonas que, debido a la situación epidemiológica, aquellos alumnos que
puedan ser considerados colectivo de riesgo puedan permanecer en sus domicilios proporcionando los medios necesarios para garantizar el seguimiento del curso lectivo. De igual modo, se articularán medidas específicas para el alumnado que conviva
con familiares que sean identificados como colectivo de riesgo, habilitando la posibilidad de que puedan seguir el curso lectivo desde su domicilio, especialmente en aquellos casos en los que exista una alta transmisión de la COVID-19 en su zona.
3. Impulsar asimismo protocolos que, en los mismos términos anteriores, contemple la posibilidad de que en aquellas zonas con un determinado número de contagios el personal docente considerado colectivo de riesgo pueda ser reubicado en otro
puesto de trabajo dentro de la Consejería de Educación de su Comunidad Autónoma o bien pueda desarrollar sus labores desde su domicilio. De igual modo, se articularán medidas específicas para el profesorado que conviva con familiares que sean
identificados como colectivo de riesgo en caso de que exista una alta transmisión de la COVID-19 en su zona.
4. Impulsar igualmente protocolos que, en los mismos términos anteriores, garantice, desde los centros educativos, en coordinación con los servicios públicos de salud de atención primaria y los servicios sociales comunitarios competentes,
la asistencia domiciliaria del alumnado que deban permanecer en el domicilio por cualquier causa durante el curso escolar y sus familias, con la finalidad de prestar la atención de eventuales necesidades para asegurar que concurran todas las
condiciones necesarias para la adecuada protección de la salud y la garantía de la continuidad educativa.
5. Promover, por medio de un Programa de Cooperación Territorial, la instalación de dispositivos de grabación que permita la retransmisión en 'streaming' de las clases y la puesta a disposición del alumnado de dispositivos electrónicos con
conexión a Internet, priorizando el acceso al alumnado con menos recursos, a través de sistemas de préstamo, con la finalidad de garantizar la equidad educativo y que ningún alumno pueda ver interrumpida la atención educativa como consecuencia de
las medidas que se adopten en virtud de los apartados anteriores para la protección de su salud.
6. Promover, a través de otro Programa de Cooperación Territorial, la creación e implantación de la figura del 'Rastreador Educativo', entre cuyas funciones estará la de realizar el seguimiento de los alumnos que queden 'desconectados' de
las clases en los casos en los que, en virtud de las medidas de protección de la salud prevista en los apartados anteriores, así como con carácter general en aquellas Comunidades Autónomas donde se implante un modelo semipresencial u on-line.
7. Supervisar las medidas que las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas hubieran desarrollado en cumplimiento de los supuestos recogidos en los apartados anteriores, así como evaluar sus resultados con la finalidad de promover una
mejora continua dirigida a garantizar en todo momento la continuidad en la atención educativa, desde los principios de igualdad, equidad e inclusión de la educación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a reconocer como CSUR (centro-unidad de referencia)
de vía aérea pediátrica a la Unidad de Vía Aérea Pediátrica del Hospital 12 de octubre en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Como recogen las declaraciones institucionales aprobadas por diversas instituciones, entre ellas la del Ayuntamiento de Donostia, las enfermedades pediátricas que causan obstrucción de la vía aérea central, obligando a realizar traqueotomías
que permitan que los niños afectados puedan respirar, abarcan una amplia gama de afecciones que incluyen los tumores, malacias, estenosis, parálisis laríngea, fístulas traqueo-esofágicas o malformaciones linfáticas y vasculares, entre otras.
Muchas de estas enfermedades son consideradas raras y generan problemas de gran magnitud para los afectados y sus familias. En la mayoría de los casos, los niños que padecen estas enfermedades pediátricas precisan atención y tratamientos
altamente especializados.
La existencia de numerosos niños que sufren este tipo de dolencias, y los escenarios con frecuencia comunes que deben afrontar sus familias, han fomentado el asociacionismo entre los afectados, desembocando en la creación de la Asociación
Española de Enfermedades Pediátricas Obstructivas de la Vía Aérea Central (AEREA). Esta asociación persigue dar información y asesoramiento a los afectados y sus familias, promover el conocimiento científico de estas enfermedades y contribuir al
tratamiento y rehabilitación física y psíquica de pacientes y familiares, con especial atención a los niños traqueostomizados.
A juicio de estas entidades asociativas y especialistas en la materia, la realización de estos delicados tratamientos solo puede desarrollarse en centros médicos de referencia, debido a su complejidad y a la extrema especialización médica
que requieren. En este sentido, a nivel estatal destaca sobremanera la labor desarrollada en los últimos años por la Unidad de Vía Aérea Pediátrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que se ha erigido en un verdadero referente en esta materia.
Dentro de esta meritoria labor desarrollada por la citada unidad pediátrica, el reconocimiento como CSUR (centro-unidad de referencia) por parte del Ministerio de Sanidad supondría un espaldarazo, imprimiendo un impulso considerable a la
labor en favor de los niños afectados por estas enfermedades y sus familias que viene realizando en los últimos años.
Proposición no de Ley
'Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que reconozca oficialmente como CSUR (centro-unidad de referencia) de vía aérea pediátrica a la Unidad de Vía Aérea Pediátrica del Hospital 12 de Octubre a la mayor brevedad posible para así impulsar la labor en favor de los enfermos y
sus familias que vienen desarrollando desde dicho Hospital.
2. Apoyar a los afectados por enfermedades pediátricas obstructivas de la vía aérea central y a sus familias, y reconocer la labor del movimiento asociativo que impulsa este tipo de iniciativas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2020.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/001510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, relativa a la necesidad de incrementar la inversión pública en la infancia para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los niños y
las niñas.
Exposición de motivos
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 es el tratado internacional que recoge los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia. El texto define el término 'niño' como 'todo ser humano menor de dieciocho años, salvo
que, en virtud que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad'. Los niños, niñas y adolescentes, por tanto, son no solo objeto de una protección específica sino titulares de derechos. España ratificó esta Convención en 1990, tan
solo un año después de su aprobación. De acuerdo con la Constitución Española, este tratado internacional se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, la aplicación de la Convención es de obligado cumplimiento.
En la XII Legislatura se puso en marcha la Comisión Permanente de Derechos de la Infancia y Adolescencia a propuesta de nuestro Grupo Parlamentario. A finales de 2018 en el seno de esta Comisión se aprobó una Proposición no de Ley relativa
a un Pacto de Estado por la Infancia, firmada por nuestro Grupo Parlamentario, por el Grupo Socialista, Grupo Popular, el Grupo Ciudadanos, Grupo Esquerra Republicana, Grupo Vasco y Grupo Mixto. De esta forma, se reconoció en sede parlamentaria que
España no estaba garantizando la realización efectiva de los derechos de la infancia y adolescencia, a pesar de los avances continuos desde la ratificación de la Convención.
La realidad de miles de familias en España tras los años de la crisis fue devastadora. España en 2018 fue el tercer país con mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea con una cifra del 31,3 %, y sin embargo, el sexto país de la UE
que menor porcentaje de su PIB dedica a protección social de las familias y la infancia (1,3 frente al 2,4 % de la media). Este hecho no es de extrañar si tenemos en cuenta que la crisis de 2008 se usó como excusa para anteponer los intereses
particulares de una minoría privilegiada por encima del bienestar de la mayoría social. La política de la austeridad, de recortes del gasto público en el ámbito social, se tradujo en un crecimiento de la pobreza y las desigualdades.
En estos momentos, aun soportando las consecuencias de la crisis de 2008, nos enfrentamos a una pandemia con consecuencias importantes no solo en el ámbito sanitario sino en el económico y social. Ahora más que nunca necesitamos el
compromiso político para fortalecer nuestro sistema de protección social y prestar especial atención a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. En consecuencia, es imprescindible abordar la pobreza y la exclusión social de niños, niñas y
adolescentes, ya que crecer en esas condiciones perjudicar su salud, su rendimiento escolar y en definitiva, determinar su futuro.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar la inversión pública en la infancia hasta alcanzar la media europea para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los niños y las niñas, especialmente
en los ámbitos de la educación, la sanidad, los servicios sociales y la protección.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Seguridad Vial, relativa a la adopción de medidas para la reducción del tráfico motorizado y a la aprobación de una ley de movilidad sostenible.
Exposición de motivos
Cada año aproximadamente 8,8 millones de personas en todo el mundo mueren prematuramente debido a la contaminación del aire; 790.000 de estas muertes tienen lugar en Europa. En España, y según los datos del último informe sobre 'La calidad
del aire en el Estado español durante 2019', de Ecologistas en Acción, las víctimas de la contaminación serían ya alrededor de 30.000 al año, 24.100 por partículas PM2,5, 7.700 por NO2 y 1.500 por ozono, lo que supone duplicar los 16.000
fallecimientos prematuros anuales que se estimaban hace apenas una década.
El NO2 presente en el aire de las ciudades proviene en su mayor parte de la oxidación del monóxido de nitrógeno, NO, cuya fuente principal son las emisiones provocadas por los automóviles, sobre todo los diésel. El NO2 constituye, pues, un
buen indicador de la contaminación debida al tráfico motorizado. Por otro lado, el NO2 interviene en diversas reacciones químicas que tienen lugar en la atmósfera, dando lugar tanto a la producción de ozono troposférico como de partículas en
suspensión secundarias menores de 2,5 micras (PM 2,5), las más dañinas para la salud. De modo que a la hora de considerar los efectos del NO2 sobre la salud se deben tener en cuenta no solo los efectos directos que provoca, sino también su
condición de marcador de la contaminación debida al tráfico y su condición de precursor de otros contaminantes.
Las transformaciones en el mercado laboral, la fisonomía de nuestras urbes, la extensión del acceso a distintas formas de ocio y la multiplicación de formas de conectividad virtual y material han modificado radicalmente las formas de
movilidad de la ciudadanía. En este nuevo contexto, la disponibilidad de fórmulas de movilidad accesibles, económicas, versátiles y sostenibles, es una condición sine qua non para viabilizar u obstaculizar el acceso a universos de empleos,
soluciones habitacionales, servicios culturales, educativos, médicos, etc. radicalmente diferentes.
De la disponibilidad o indisponibilidad de sistemas de movilidad suficientes depende hoy día que el lugar en que alguien habita o la posesión de vehículos particulares se convierta en un factor discriminatorio en la calidad y el acceso a
otros servicios que garantizan derechos reconocidos en nuestra Constitución.
La movilidad es, por tanto, un derecho esencial que afecta a toda la ciudadanía y que persigue contribuir a la libre conformación de la voluntad de circular y moverse en entornos tanto urbanos como metropolitanos. En consecuencia, en
condiciones de calidad, eficiencia, sostenibilidad financiera y rigurosa protección física del medio ambiente.
Sin embargo, en los espacios urbanos la movilidad viene condicionada por el limitado espacio público disponible: en la actualidad el 40 % del espacio público urbano está privatizado en su uso por los vehículos particulares motorizados, que
usufructúan espacio para aparcar. Si contamos el espacio usado para circular, este se eleva al 70 % de nuestras ciudades. El uso del espacio es claramente ineficiente.
La Unión Europea establece que la financiación del transporte público urbano no es una responsabilidad única de las entidades locales sino también de las regiones y los Estados. Muchos de los países de nuestro entorno cuentan, de hecho, con
autoridades del transporte que coadyuvan a la coordinación y financiación de los transportes urbanos.
Las externalidades positivas que genera el transporte público, frente a la sobreexplotación del espacio público por el coche privado, entre ellas menos siniestralidad y reducción de la congestión, han hecho de la intervención pública vía
financiación un imperativo comúnmente aceptado.
Los beneficios sociales que implica la disponibilidad de un servicio de transporte urbano exceden el ámbito local, puesto que posibilita un desarrollo demográfico y urbano sostenible en términos medioambientales y de cohesión social.
La reciente crisis sanitaria de la COVID-19 ha corroborado que la reducción del tráfico en las ciudades tiene claros efectos en la disminución de la contaminación, algo que a su vez supone una importante mejora de la salud pública. Así, los
niveles de NO2 se desplomaron un 58 % de media en las 26 principales ciudades españolas, entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020, lo que supone una mejora de la calidad del aire sin precedentes.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Adoptar medidas para la reducción del tráfico motorizado en las áreas metropolitanas, disminuyendo la necesidad de movilidad con un urbanismo de proximidad y potenciando en las ciudades el transporte público sostenible y los medios no
motorizados como la bicicleta o el tránsito peatonal.
2. Impulsar planes para la reconversión ecológica del transporte interurbano hacia un transporte público colectivo mejorado, sostenible y socialmente accesible.
3. Aprobar, en el menor plazo posible, una ley de movilidad sostenible, que permita introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear las condiciones que favorezcan una movilidad de personas y
mercancías basada en los principios de seguridad, sostenibilidad y digitalización, así como establecer los principios aplicables a la financiación del transporte público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2020.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.- Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000489
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común.
Pregunta con Respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Diputado Don Antón Gómez-Reino Varela,
Dirigida a: Doña María Aranzazu González Laya, Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
El pasado domingo 27 de septiembre los países vecinos de Armenia y Azerbaiyán iniciaron operaciones militares dentro de la región de Nagorno-Karabaj, rompiendo con ello el alto al fuego acordado entre ambos en 1994 y reactivando el conflicto
más antiguo del espacio postsoviético (y, por tanto, de la vecindad europea). En apenas una semana el número de víctimas ha superado el centenar, incluyendo
civiles, mientras los combates van ganando intensidad. El ejército azerí ya ha bombardeado Stepanakert, la capital karabají, y los armenios han alcanzado Ganja, la segunda ciudad de Azerbaiyán. La escalada de las hostilidades podría
derivar en un enfrentamiento regional de más envergadura si arrastra a otras potencias como Rusia y Turquía, e incluso afectar a los gasoductos y oleoductos que atraviesan el Cáucaso hacia Europa. Ante esta situación,
¿qué medidas concretas se plantea el Gobierno llevar a cabo, tanto en el seno de la Unión Europea como en el de sus relaciones bilaterales con ambos países, para trabajar por la paz, el respeto a los derechos humanos y la resolución del
conflicto en la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2020.-Antonio Gómez Reino-Varela, Diputado.
Comisión de Defensa
181/000491
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con Respuesta oral en la Comisión de Defensa.
Diputado don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu.
Texto:
¿Cuáles son las actuaciones concretas que se van a acometer por parte del Ministerio de Defensa al objeto de dar cumplimiento a la Directriz de Planeamiento que 'se reforzarán las capacidades de la Sanidad Militar, incluida la Sanidad
Operativa, potenciando su disponibilidad nacional y también su empleabilidad en el marco de las iniciativas de la Unión Europea y la OTAN sobre apoyo sanitario militar', establecida en la última Directiva de Política de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2020.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Diputado.
181/000492
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con Respuesta oral en la Comisión de Defensa.
Diputado don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu.
Texto:
¿Cuáles son los resultados registrados en las últimas oposiciones celebradas para el Cuerpo Militar de Sanidad en sus diferentes especialidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2020.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Diputado.
Comisión de Interior
181/000490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jon Iñarritu Garcia, diputado de EH BILDU (Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu) de conformidad con lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Pregunta para su respuesta
Oral en Comisión de Interior.
¿Qué medidas estima tomar el Gobierno tras la condena del TEDH por uso desproporcionado de la fuerza en una manifestación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2020.-Jon Iñarritu Garcia, Diputado.