Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 149, de 29/09/2020
cve: BOCG-14-D-149
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de septiembre de 2020
Núm. 149
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar el uso y la defensa de los símbolos nacionales ... (Página5)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001357 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reprobación del Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por la falta de transparencia en la gestión y
seguimiento de la pandemia del COVID-19 ... (Página6)
161/001376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la remisión de situación al Fiscal de la Corte Penal Internacional en relación con Venezuela, a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión
de alguno de los crímenes previstos en el artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a una o varias personas determinadas ... (Página9)
Comisión de Defensa
161/001358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la interrupción temporal de la finalización de los compromisos de larga duración de Tropa y Marinería ...
Comisión de Interior
161/001359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la problemática del cultivo y venta de marihuana en la provincia de Granada ... (Página16)
161/001369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la construcción de una nueva comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad de Cádiz ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/001354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la ejecución de medidas para la mejora del transporte marítimo de mercancías ... (Página18)
161/001372 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la recuperación de las líneas de Cercanías Vinaròs-Castellón y la adquisición de la maquinaria necesaria y presupuestada ...
161/001387 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la recuperación del 'Tren madrugador' de Zamora a Madrid ... (Página23)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a cumplir la normativa por la que se rige el funcionamiento del Consejo Económico y Social (CES) ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la aplicación del tipo superreducido del IVA del 4 % a los productos pesqueros y la adopción de medidas complementarias ...
161/001362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el fin de la moratoria y reforma de la prohibición de cazar y pescar de la Ley en Parques Nacionales ... (Página28)
161/001375 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo al sector citrícola español y el control de las importaciones procedentes de países terceros ... (Página30)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/001355 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la provisión de la vacante existente en la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ... (Página32)
161/001365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo al Mutualismo Administrativo ... (Página35)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001363 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al reto demográfico en las zonas rurales de Galicia ... (Página36)
Comisión de Cultura y Deporte
161/001360 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la celebración del centenario del nacimiento de la escritora Carmen Laforet ... (Página40)
161/001383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración del Gran Premio de Motociclismo de Jerez como evento de especial interés público ...
161/001388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a declarar la Liga Nacional de Fútbol Sala como Liga Profesional ... (Página43)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/001361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la ampliación del plazo de rescate de planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 ... (Página45)
161/001366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora del instrumento de ayudas mediante modificación de la actual Orden ETD/348/2020 que establece las Bases Reguladoras de la
Concesión de Ayudas con Cargo al Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) ... (Página46)
161/001367 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer las prioridades presupuestarias de los fondos Covid de procedencia europea destinados a la transformación digital de España
... (Página47)
161/001371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la digitalización de las Pymes ... (Página49)
161/001380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la formación digital de las empresas ... (Página50)
161/001381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a facilitar el proceso de transición de la industria española hacia la industria 4.0 ... (Página51)
161/001389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la fusión de la multiplicidad de instrumentos del Estado para el apoyo financiero a empresas ... (Página53)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001378 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la promoción de la formación continuada de los profesionales sanitarios por parte de las administraciones sanitarias ...
161/001379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para combatir el riesgo de exclusión financiera en el medio rural ... (Página61)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la convocatoria de una licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación de la prestación de los servicios de auditoría sobre la
gestión y respuesta a la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) ... (Página62)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas para garantizar la transparencia de la cooperación internacional española ... (Página64)
161/001385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre erradicación de la fístula obstétrica ante la propagación de la COVID-19 ... (Página67)
161/001386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre promoción de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y tribales desde la cooperación española ... (Página68)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001353 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre transferencia a la Generalitat de Cataluña de la competencia en materia de examinación y expedición del permiso de conducir ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000473 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), sobre relación que tuvo la concesión del Sello 'Responsible Tourism' con el cese de la Sra. Oliver como Secretaria de Estado de Turismo ...
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
181/000472 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre actuaciones contra la violencia de género para conocer el porcentaje de mujeres menores de 16 años residentes en España que han sufrido o sufren algún tipo
de violencia ... (Página72)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página72)
184/020517 Autor: Peña Camarero, Esther
Ramos Esteban, César Joaquín
Serrada Pariente, David
Zaragoza Alonso, José
Previsiones acerca de reactivar las frecuencias de los servicios Alvia entre Salamanca y Madrid. Retirada ... (Página73)
184/020518 Autor: Peña Camarero, Esther
Ramos Esteban, César Joaquín
Serrada Pariente, David
Zaragoza Alonso, José
Previsiones acerca de reactivar el servicio ferroviario entre Salamanca y Barcelona. Retirada ... (Página73)
184/021349 Autor: Olona Choclán, Macarena
López Álvarez, María Teresa
Ramírez del Río, José
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Medidas adoptadas para solucionar los problemas que generan unas instalaciones obsoletas, precarias y desbordadas en los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba, así como proyectos previstos para reparar dichas instalaciones
... (Página74)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/001373
A la Mesa del Congreso de Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el uso y la defensa de los símbolos
nacionales, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Los símbolos nacionales representan al pueblo español en el que reside la soberanía nacional del que emanan los poderes del Estado. Representan a la nación política que sustenta nuestro sistema democrático, la nación formada por todos los
ciudadanos españoles que, como señala el Preámbulo de la Constitución, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, consolidar el Estado de Derecho, proteger a todos
los españoles y pueblos de España, promover el progreso de la cultura y de la economía, establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas entre todos los pueblos de la tierra.
Una nación política fuerte y unida es la base esencial de un sistema democrático avanzado y estable. No hay democracia fuerte sin nación fuerte, sin ciudadanos unidos en el compromiso con todos los objetivos señalados en el Preámbulo de
nuestra Constitución. No hay democracia fuerte sin patriotismo fuerte. Y los símbolos nacionales son una expresión de ese patriotismo fuerte.
Los símbolos nacionales nos representan a todos, simbolizan nuestra unidad, nuestro compromiso y nuestra lealtad al sistema democrático que nos hemos dado entre todos los ciudadanos. De ahí su enorme importancia para el éxito de una
democracia avanzada. Simbolizan y refuerzan, expresan valores democráticos y los consolidan. Y por eso todas las democracias avanzadas del mundo les atribuyen una enorme relevancia y promueven su presencia y su uso en las instituciones y en los
espacios públicos.
Nuestro país tiene, sin embargo, importantes deficiencias en la presencia y uso de los símbolos nacionales. Tiene un problema de unidad, de patriotismo. La muestra más grave es el incumplimiento mismo de las leyes en el uso de los símbolos
nacionales en algunas Comunidades Autónomas como Cataluña y el País Vasco y su práctica desaparición en los espacios públicos de estas Comunidades. Pero a ello se suman otros problemas en relación con los símbolos nacionales, de los que ha sido
exponente más conocido hasta ahora el referido a los incidentes en algunas competiciones deportivas.
Todo lo anterior refleja un déficit de fondo de nuestra cultura política cuyas raíces son lejanas. Se trata de la división respecto a los símbolos nacionales y el escepticismo y las dudas en muchos ciudadanos respecto a su importancia y
uso.
Las crisis ponen en evidencia estos déficits y también la importancia de los símbolos nacionales como expresión del patriotismo. Y la terrible crisis del COVID-19 que asuela a nuestro país, que está matando a miles de personas, que afecta
profundamente a nuestro modo de vida, que tiene un grave impacto en
nuestra economía, muestra la importancia de la unidad nacional para superar un impacto de estas dimensiones. Una nación unida tiene y tendrá más capacidad para superar esta crisis, de ahí que quizá por primera vez en toda nuestra democracia
estemos asistiendo a llamadas a la unidad y al patriotismo por parte de los líderes políticos de todas las formaciones.
Los símbolos nacionales reflejan y a su vez contribuyen la eficacia, a la calidad y a la unidad de una democracia, y si es responsabilidad de los líderes políticos y de las instituciones trabajar para fortalecer los símbolos nacionales en
cualquier contexto democrático, lo es aún más tras la profunda crisis provocada por el COVID-19.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para proteger nuestros símbolos nacionales, para promover su presencia y uso en todos los espacios públicos e instituciones, y para fortalecer en nuestra cultura
política la importancia de los símbolos nacionales en una democracia avanzada y estable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020.-Carlos Rojas García y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, D. Antonio Salvá Verd, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, D. Juan Luis Steegman Olmedillas y D. Víctor Manuel Sánchez del Real y D. Víctor González
Coello de Portugal, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de
Ley relativa a la reprobación del Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por la falta de transparencia en la gestión y seguimiento de la pandemia del COVID-19, para su discusión en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. El pasado martes 14 de abril, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que suspendía la financiación de su país a la Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS) 'mientras que se realiza una revisión para
evaluar el papel de la Organización Mundial de la Salud en el mal manejo severo y en el encubrimiento de la propagación del coronavirus'.
Estados Unidos es el principal financiados de la OMS, con una aportación anual que oscila entre los 400 y 500 millones de dólares, lo que implica aproximadamente el 22 % del total de las aportaciones de los 194 estados miembros. Esta
financiación es muy superior a la que realizan otros países como China, que apenas aporta 40 millones de dólares al año, lo que significa un 8 %. Para el periodo de 2018-2019, España ha realizado una aportación del 2,4 % del total de las
aportaciones de los estados miembros, esto es, cerca de 23 millones de dólares. Alemania aporta un 6,4 % y Francia un 4,8 %, entre los más notables. 1
Segundo. Una de las principales razones del fracaso de la OMS en la pandemia del COVID-19 tiene su origen en el Director General de la organización, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Como en cualquier organización intergubernamental, la
posición de Director General -u otras homologables- tiende a ser ocupada por personas con un alto componente tecnocrático -habitualmente relacionado con la organización- y que no posean unas posiciones políticas muy marcadas. Con estas
características, se
1 1https://www.cope.es/actualidadiespana/noticiaskuanto-dinero-aporta-espana-oms20200416 684290
consigue que la organización tenga un mayor grado de aceptación y prestigio. Buen ejemplo de ello es el de Mauro Ferrari, nombrado como Jefe del Consejo Europeo de Investigación y que, lamentablemente, ha renunciado a su cargo
recientemente.
No obstante, este no es el caso del señor Adhanom Ghebreyesus. Justo antes de ser nombrado como Director General de la OMS, Adhanom Ghebreyesus fue Ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía desde 2012 a 2016. Durante su mandato, Tedros
Adhanom Ghebreyesus llevó a cabo una política de estrecho acercamiento con China.
Tercero. Asimismo, el señor Adhanom Ghebreyesus fue miembro del Gabinete Nacional en la apertura de la nueva sede de la Unión en Addis Abeba, capital de Etiopía (en 2012). Este proyecto fue financiado al completo -unos 200 millones de
dólares- por China, y fue entregado a las autoridades africanas sin coste alguno. Sin embargo, en 2017 se descubrió que el edificio entero estaba siendo objeto de ciber espionaje por parte de las autoridades chinas. Todos los servidores
informáticos del complejo se saturaban entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada, y toda la información de ese día se trasladaba a servidores chinos en Shanghái.
No obstante, esta no ha sido la única actuación que China ha realizado en Etiopía durante el mandato de Adhanom Ghebreyesus. Durante sus años como Ministro de Asuntos Exteriores, el país africano se convirtió en el principal hub logístico
de China en África. En el año 2010 no existía ningún vuelo directo entre ambos países. En 2019, las aerolíneas etíopes operan casi la mitad de los 2.616 vuelos anuales. Este exponencial crecimiento ha supuesto que se haya doblado el tamaño de la
flota comercial etíope en la última década, convirtiéndose en la mayor operadora aérea en África.
Asimismo, en el Aeropuerto Internacional Bole, en Addis Abeba, donde se concentra casi la totalidad del tráfico aéreo del país con China, el país asiático ha financiado y construido -mediante la China Communications Construction Company
(CCCC) de titularidad estatal- una nueva terminal que ha triplicado su capacidad. El monto total de la operación se ha cifrado en 363 millones de dólares.
Pero no finalizan aquí las dádivas con las que el régimen chino ha obsequiado a Etiopía durante el mandato de Adhanom Ghebreyesus. Carreteras que conectan Etiopía con los puertos en Yibuti -financiadas el 85 % por el Export-Import Bank of
China-, centrales hidroeléctricas- por valor de 450 millones de dólares-, líneas de ferrocarriles[...]
Cuarto. Por todo ello, no es de extrañar que Tedros Adhanom Ghebreyesus tenga una postura tan favorable a China en relación con su actuación en la crisis desatada por la pandemia del COVID-19. Las autoridades taiwanesas, a través del
Presidente del país, Tsai Ing-wen, informaron que su país había alertado en diciembre sobre al menos siete casos de neumonía atípica en Wuhan. Según Taiwán, esta información fue desestimada por la Organización Mundial de la Salud. El propio Tedros
Adhanom Ghebreyesus acusó a Taipei de estar 'orquestando una campaña de difamación en su contra a la que calificó como racista'. Este enfoque por parte del ex ministro de Exteriores etíope es una clara muestra de su tendencia favorable a China,
quien no reconoce a Taiwán.
Quinto. Pero no ha sido el Presidente Trump el único en exigir reformas en la Organización Mundial de la Salud. Los miembros del partido republicano del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han
demandado respuestas específicas sobre la relación entre la OMS y China. El 9 de abril, los congresistas han presentado una carta dirigida al Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , en la que han expresado su preocupación ante el
hecho de que el organismo que él preside no haya podido evitar que el país asiático difundiese información errónea.
Según la carta enviada a la OMS, 'los recientes informes de los medios de comunicación sugieren que la OMS ayudó a Beijing a difundir propaganda, restó importancia a la extensión de la enfermedad y posiblemente retrasó el pedido de una
emergencia de salud pública'. Además, los congresistas firmantes señalan que 'dadas las acciones y declaraciones de los funcionarios de la OMS durante los últimos meses, nos preocupa que la organización ya no atienda las necesidades del mundo y
que, en su lugar, siga las indicaciones de China. A lo largo de la crisis, la OMS ha evitado culpar al gobierno chino, que es, en esencia, el Partido Comunista de China'.
En la carta se señala al propio Director General: 'Usted, como líder de la OMS, incluso llegó a elogiar la 'transparencia' del gobierno chino durante la crisis, cuando, de hecho, el régimen ha mentido constantemente al mundo al no informar
sobre sus estadísticas reales de infección y muerte'. A este respecto, los congresistas citan varios ejemplos de esta actitud. Uno de ellos en un tweet publicado por la OMS en el que se explicaba que 'las investigaciones preliminares llevadas a
cabo por las autoridades chinas no han encontrado ninguna prueba clara de trasmisión de humano a humano del nuevo coronavirus'.
Sexto. En los últimos días, medios de comunicación internacionales se han hecho eco unas inquietantes noticias. Según el Washington Post, 'en enero de 2018, la embajada de EE.UU. en Beijing dió el paso inusual a enviar repetidamente
diplomáticos científicos de EE.UU. al Instituto de Virología de Wuhan (en adelante, WIV por sus siglas en inglés), que en 2015 se convirtió en el primer laboratorio de China en lograr el más alto nivel de seguridad internacional en investigación
biológica (conocido como BSL-4). WIV emitió un comunicado de prensa sobre la última de estas visitas, que tuvo lugar el 27 de marzo de 2018. La delegación de EE.UU. Fue dirigida por Jamison Fouss, el cónsul general de Wuhan, y Rick Switzer, el
consejero de medio ambiente, salud, ciencia y tecnología de la embajada'.
Tras esta serie de visitas, los científicos estadounidenses enviaron dos telegramas a Washington. En ellos, los miembros que participaron en las visitas destacaron las inadecuadas medidas de seguridad del WIV -totalmente insuficientes para
el nivel BSL-4-. Además, señalaban la falta de técnicos especializados en medidas de protección y seguridad. Y más importante, en los telegramas se añadía que 'Los investigadores [del WIV] también mostraron que varios coronavirus similares al SARS
pueden interactuar con ACE2, el receptor humano identificado para el coronavirus del SARS. Este descubrimiento sugiere de forma contundente que los coronavirus similares al SARS de los murciélagos pueden transmitirse a los humanos para causar
enfermedades similares al SARS. Desde una perspectiva de salud pública, esto hace que la vigilancia continua de coronavirus similares al SARS en murciélagos y el estudio de la interfaz animal-humano sean críticos para la predicción y prevención de
brotes de coronavirus emergentes en el futuro'.
Fuentes científicas han señalado que los telegramas muestran que ha existido una gran preocupación por la amenaza a la salud pública que provenía del IWV.
Séptimo. Por último, cabe recordar que desde el año 1951 España es Estado Miembro de la Organización Mundial de la Salud. La Constitución de la OMS, en vigor desde el 7 de abril 1948, señala expresamente en su artículo 1 que 'la finalidad
de la Organización Mundial de la Salud será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud'. Entre las funciones reconocidas a la OMS para alcanzar su finalidad, reguladas en su artículo 2, cabe destacar las siguientes:
- Ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad;
- Proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten, o acepten;
- Suministrar información, consejo y ayuda en el campo de la salud;
- Tomar todas las medidas necesarias para alcanzar la finalidad que persigue la Organización.
Asimismo, es necesario subrayar el artículo 8 de la citada Constitución, que señala que 'la naturaleza y el alcance de los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados serán determinados por la Asamblea de la Salud'.
En este sentido, la Primera Asamblea Mundial de la Salud, celebrada el 21 de julio de 1948, aprobó entre otros documentos los 'Derechos y obligaciones de los miembros asociados y otros territorios'. En dicho documento se señala expresamente
'que los Miembros Asociados tendrán derecho a recibir, en igual forma que los Estados Miembros, todos los documentos, notificaciones, informes y actas'.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados declara lo siguiente:
El Congreso de los Diputados, como representante del Pueblo español, expresa su condena a la actuación del Director General de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, por la falta de transparencia en el
seguimiento y verificación de la pandemia del COVID-19.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Que lleve a cabo las actuaciones necesarias para que la Organización Mundial de la Salud proporcione al Gobierno Español, como Estado Miembro de la OMS, todos los documentos, informes y comunicaciones con el Gobierno de China
relacionados con la salud pública desde agosto de 2019 hasta la fecha.
2. Exigir a la Organización Mundial de la Salud, como Estado Miembro, toda la documentación y comunicaciones que tuvo Taiwán con la Organización entre agosto de 2019 y hasta la fecha.
3. Retirar la financiación española a la Organización Mundial de la Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020.-Alberto Asarta Cuevas, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Víctor González Coello de Portugal, Juan Luis Steegman Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Víctor Manuel Sánchez del Real
y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, y D. Víctor González Coello de Portugal, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX.), respectivamente, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la remisión de situación al Fiscal de la Corte Penal Internacional en relación con
Venezuela, a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de alguno de los crímenes previstos en el artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a una o varias personas determinadas, para su discusión en la Comisión
de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. El Informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela presentado el 16 de septiembre afirma lo siguiente:
'El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión
Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.
La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.
Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían
cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto
generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.
La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El
Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.
'La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales -incluidas las ejecuciones
arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad,' dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
'Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno'.
Ejecuciones extrajudiciales.
Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.
La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de
seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.
Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que
dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.
Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre
de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos
fueron saqueados.
Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a
mediados de 2017.
Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad -el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)- fueron responsables del 59 % de todas las muertes perpetradas por
las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.
Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular 'enfrentamientos', un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar 'semillas'. Una
fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales 'luz verde para matar'. Un vídeo de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a 'matar criminales sin
compasión'.
También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran
arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes-dos tenían balas que les perforaban el
cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.
La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.
'Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no
lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,' dijo Marta Valiñas.
Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.
Detención y tortura por motivos políticos.
La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras
que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.
Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en 'casas seguras' no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos
falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.
Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un
ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un 'comportamiento cultural' de tortura.
Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.
'Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia -tanto hombres como mujeres- a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus
seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,' dijo Francisco Cox.
El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.
'Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro' dijo Francisco Cox.
'Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los
nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.'
Violaciones relacionadas con las protestas.
La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les
disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.
Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno
de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.
'La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta,' dijo Paul Seils.
'Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara.'
Un poder judicial comprometido.
Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.
El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.
'Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y
los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,' dijo Marta Valiñas.
'Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que
la Misión identificó'.
Segundo. Tal y como señala el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 'La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), es un organismo internacional independiente que no forma parte de la estructura de las Naciones Unidas,
con la que firmó un acuerdo el 4 de octubre de 2004 que regula la cooperación entre ambas instituciones. Se financia principalmente a través de los Estados miembros, pero también con aportaciones voluntarias de gobiernos, organizaciones
internacionales, particulares, sociedades y otras entidades.
España tiene un alto grado de compromiso con la CPI y con las funciones que ésta ejerce, como institución universal que lucha contra la impunidad de los crímenes más graves. España ha ratificado los instrumentos internacionales reguladores
de los crímenes de los que conoce la CPI y ha apoyado firmemente la labor de la Corte desde la entrada en vigor de su Estatuto. Cabe destacar especialmente el apoyo de nuestro país al Fondo Fiduciario de la CPI en beneficio de las Víctimas.
La CPI es un Tribunal estable y permanente. Constituye la primera jurisdicción internacional con vocación y aspiración de universalidad, competente para enjuiciar a personas fisicas, y, en su caso, depurar la responsabilidad penal
internacional del individuo por los crímenes más graves, de trascendencia para la comunidad internacional. Tal y como establece el art. 5 de su Estatuto, la CPI es competente para conocer de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa
humanidad y el crimen de agresión.
La CPI actúa sobre la base del principio de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los Estados Parte, interviniendo en los casos en que aquellas no ejerzan su competencia o no estén en condiciones de hacerlo. Esta
jurisdicción puede ser activada por el Fiscal de la Corte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por los Estados Parte del Estatuto de la Corte.
La CPI tiene competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto (1 de julio de 2002). Si un Estado hubiese ratificado su Estatuto después de esta fecha, la Corte podrá ejercer su competencia
únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la
entrada en vigor del Estatuto respecto de ese Estado, a menos que este haya hecho una declaración aceptando la competencia de la Corte desde el 1 de julio de 2002.
En los casos de crímenes en los que el ejercicio de la competencia de la Corte hubiese sido activada por un Estado Parte o bien por la Fiscalía, la Corte solo podrá ejercer su competencia si el Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la
conducta de que se trate, o bien el Estado del que sea nacional el acusado del crimen, es parte del Estatuto de Roma, o bien, no siéndolo, consiente en aceptar dicha competencia mediante declaración expresa.
El art. 27 del Estatuto establece que este es aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o
parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá por sí mismo motivo para reducir la pena. Asimismo, las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve
el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no impedirán que la Corte ejerza su competencia sobre ella.
Los crímenes de competencia de la Corte no prescriben. La CPI solo puede imponer penas máximas de 30 años de prisión y, de forma excepcional, cadena perpetua si la extrema gravedad del caso lo justifica, pero nunca puede condenar a muerte.
En la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma celebrada en Kampala (Uganda) en 2010 fueron adoptadas por consenso dos enmiendas que amplían la definición de los crímenes de guerra y tipifican el crimen de agresión, definiéndolo y
estableciendo las condiciones de ejercicio de la jurisdicción de la Corte respecto del mismo. La nueva definición del crimen de agresión establece que una persona comete dicho crimen 'cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir
efectivamente la acción política o militar de un Estado, planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas'.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, cumpliéndose las condiciones previas para el ejercicio de la competencia por parte de la Corte Penal Internacional, remita al Fiscal Informe instando a este para que investigue la
situación en Venezuela, a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de alguno de los crímenes previstos en el artículo 5 del Estatuto de Roma a una o varias personas determinadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2020.- Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Alberto Asarta Cuevas y Víctor González Coello de Portugal, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Defensa
161/001358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la interrupción temporal de la
finalización de los compromisos de larga duración de tropa y marinería, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería tiene por objeto establecer medidas dirigidas a consolidar la plena profesionalización de la tropa y marinería de las Fuerzas Armadas y es de aplicación a los militares de tropa y marinería
que mantienen una relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas.
La relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas se establece con las siguientes modalidades:
a) El compromiso inicial, renovable hasta completar un máximo de seis años.
b) El compromiso de larga duración, hasta los 45 años de edad, al que se accederá desde el compromiso inicial.
c) La condición de permanente, a la que se podrá acceder durante la vigencia del compromiso de larga duración.
En los artículos 20 y 21 de la citada Ley se determinan las prerrogativas que, en principio, facilitan el acceso a las Administraciones públicas para los militares profesionales de tropa y marinería y se anuncian medidas que igualmente
faciliten su incorporación laboral en otros ámbitos ajenos a la Administración Pública.
Así,
1. El tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería se considerará como mérito en los sistemas de selección para el acceso a los cuerpos, escalas, plazas de funcionario y puestos de
carácter laboral de las Administraciones públicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de las competencias que ostenten las Comunidades Autónomas y Entes locales en materia del régimen estatutario de los funcionarios.
Cuando las convocatorias de la Administración General del Estado reconozcan como mérito servicios previos incluirán, en todo caso, el tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas en las mismas condiciones y baremación que para dichos
servicios previos se establece en la normativa vigente.
2. El Ministerio de Defensa promoverá acuerdos de colaboración con las Administraciones autonómicas y locales para que en las convocatorias de acceso a las Policías Autonómicas y Locales se reserven plazas para los militares profesionales
de tropa y marinería con más de cinco años de servicios, así como para incentivar la puesta en práctica de lo previsto en el apartado anterior.
3. En las convocatorias para el acceso a cuerpos o escalas adscritos al Ministerio de Defensa e ingreso como personal laboral de dicho departamento y de sus organismos autónomos que se publiquen de acuerdo con la oferta de empleo público,
se reservará, al menos un 50 por ciento de las plazas para los militares profesionales de tropa y marinería que hayan cumplido, como mínimo, cinco años de tiempo de servicios y para los reservistas de especial disponibilidad, que se encuentren
percibiendo, hasta en el momento de publicación de las respectivas convocatorias, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstas en la propia Ley.
4. Para el acceso a la escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil se reservará un mínimo del 40 por cien de las plazas para los militares profesionales de tropa y marinería que lleven 5 años de servicios como tales, sin que
en ningún caso dicha reserva pueda superar el 50 por ciento.
5. Para el ingreso en la Escala Básica de la Policía Nacional se reservará un máximo del 20 por ciento de las plazas para los militares profesionales de tropa y marinería que lleven 5 años de servicios como tales.
6. Para el ingreso en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera se reservará un mínimo del 20 por cien de las plazas convocadas para la Especialidad Marítima, para los militares profesionales de tropa y marinería que lleven
cinco años de servicios como tales, sin que en ningún caso dicha reserva pueda superar el 60 por ciento. Las plazas reservadas que se convoquen y no sean cubiertas se acumularán a las convocadas por el sistema de acceso libre.
En cuanto a las medidas de incorporación laboral,
1. A los militares profesionales de tropa y marinería se les facilitará, durante su permanencia en el servicio activo, los medios necesarios de orientación, impulso y apoyo para su plena incorporación al mundo laboral, al término de su
compromiso con las Fuerzas Armadas. Con este propósito se desplegarán acciones de formación ocupacional que complementen los perfiles profesionales que faciliten su acceso al empleo. Se desarrollarán programas de autoempleo y medidas de apoyo a la
viabilidad de estas iniciativas.
2. El Ministerio de Defensa gestionará y convendrá con instituciones públicas y entidades privadas acciones orientadas a la incorporación laboral de los militares profesionales de tropa y marinería.
A pesar de los buenos propósitos formulados en la Ley con la intención de facilitar la incorporación laboral de los militares profesionales de tropa y marinería propiciando de esta manera su desvinculación no traumática de las Fuerzas
Armadas especialmente representada en las finalizaciones de compromiso de larga duración de los que alcanzan la edad de 45 años, los resultados hasta el momento no han sido todo lo satisfactorios que todos hubiéramos querido.
En el mes de marzo del año en curso, había 2025 de ellos que se encontraban en situación de Reservistas de Especial Disponibilidad por haber finalizado su período de servicio activo y no disponer de un trabajo. El grado de desarrollo del
acuerdo suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el 24 de junio de 2019 para promover la adopción de iniciativas en el ámbito de la Administración Local de cara a acoger laboralmente a estos
servidores públicos en el momento de tener que abandonar las Fuerzas Armadas mostraba un total de ocho Entidades Locales adheridas a dicho acuerdo. Estas entidades asumen diferentes grados de reserva de plazas y valoración de méritos en las
convocatorias para la cobertura de plazas, bien de Policía Local como de personal funcionario o laboral en dichas Entidades. El Ministerio de Defensa se encuentra pendiente de realizar jornadas divulgativas para ampliar este, en principio, escaso
número de colaboradores en esta trascendental tarea.
Se han entablado conversaciones con diferentes entidades, mayoritariamente públicas como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Instituciones Penitenciarias, sin mencionar los acuerdos ya establecidos de Reserva de Plazas para Promoción
interna dentro de las propias Fuerzas Armadas o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
No obstante todo lo anterior, como queda dicho, a día de hoy los resultados alcanzados no son todo lo satisfactorios que todos desearíamos y hay un número sustancial de áreas para la mejora, sobre todo en el marco del reconocimiento de las
titulaciones obtenidas durante el período de servicio activo de nuestros militares profesionales de tropa y marinería y muy fundamentalmente en el establecimiento de mecanismos de coordinación entre el personal que se desvincula de las Fuerzas
Armadas y los potenciales empleadores en el sector del que se trate con la mediación del Ministerio de Defensa.
El número de Militares Profesionales de Tropa y Marinería que al llegar la hora de finalizar sus compromisos de larga duración con las Fuerzas Armadas se encuentran sin una titulación que les proporcione el suficiente crédito profesional en
el ámbito laboral o que se encuentran sin el suficiente espacio laboral creado previamente por la Administración del Estado mediante las necesarias negociaciones, en reconocimiento a su servicio, es constantemente creciente y creemos que es
imprescindible intervenir de alguna manera para contrarrestar de la manera más razonable y solvente posible este déficit de oportunidades con el que se encuentran nuestros Soldados.
En un intento por introducir mejoras en la Ley 8/2006 que dieran mejor respuesta a las carencias puestas de manifiesto en la implementación de la misma desde su entrada en vigor, la Comisión de Defensa, constituyó en noviembre de 2016 una
Subcomisión en su seno que elaboró un Informe al respecto que vio la luz en septiembre de 2018 y en el que se asumía que 'la Ley de tropa y marinería ha introducido elementos positivos para el personal militar y para las Fuerzas Armadas ya que,
gracias a la mejora de las condiciones profesionales, ha contribuido a incrementar el número de aspirantes y su nivel formativo, a dotar a las Fuerzas Armadas de un número suficiente de efectivos y a mejorar su capacitación. Pese a todo ello, la
realidad ha demostrado que algunas de las soluciones en su momento aportadas no han sido todo lo efectivas que se pretendía: la Ley no ha conseguido satisfacer todas las expectativas generadas e incluso en algunas ocasiones, como consecuencia de
factores no siempre imputables al entorno castrense han podido distorsionar los objetivos que se pretendía alcanzar. Posiblemente, de todas ellas, la más llamativa ha sido la más que defectuosa implementación de los aspectos formativos y
capacitadores para volver al mercado laboral civil'.
Para ello, en el propio informe se formularon una serie de propuestas, que recogían medidas (40 en total) de carácter inmediato, urgentes (de medio y largo plazo), vinculadas con aspectos de formación, de reinserción en el ámbito civil,
sobre cultura de defensa, en relación a otras administraciones públicas, sector privado, así como de seguimiento y control de implementación.
En el momento actual, el grado de implementación de dichas propuestas es variado y habiéndose solicitado informe al Ministerio de Defensa, se está a la espera de recibirlo, pero se percibe que habiéndose formulado las propuestas en
septiembre de 2018, el plazo de tiempo transcurrido (dos años) no ha permitido aún proporcionar los resultados tangibles perseguidos.
El Grupo Parlamentario Popular es muy sensible al mantenimiento de la necesaria rotación de personal en los niveles más bajos de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas a fin de garantizar su necesaria renovación cronológica y mantener
el grado de envejecimiento de los individuos de ese perfil en niveles que sean aceptables para el desempeño de los cometidos de las Fuerzas Armadas en todos sus niveles. No creemos que la solución sea la cancelación de la renovación de la
organización en los niveles más bajos de la misma. La renovación es necesaria, la solución digna para los servidores públicos que alcanzan la edad indicada por la ley para dejar las Fuerzas Armadas, también. Se lo debemos todos.
Es por ello que consideramos necesario incrementar los esfuerzos de la Administración para garantizar este derecho al que nuestros soldados se han hecho acreedores y a tal fin consideramos conveniente que el último año de sus compromisos
antes de alcanzar los 45 años sea dedicado con exclusividad a identificar con cada uno de ellos las vías por las que puedan reincorporarse al mundo laboral con expectativas de poder desempeñar una actividad digna y adecuadamente retribuida.
Habida cuenta de que la no adopción de medidas extraordinarias nos hace correr el riesgo de que el número de Reservistas de Especial Disponibilidad siga creciendo de manera que siempre vayamos por detrás de las necesidades, proponemos una
solución intermedia consistente en aplicar una prórroga temporal de la finalización de dichos compromisos de larga duración de dos años, estableciéndolo durante dos años en la edad de 47 años, al objeto de reducir el volumen de esa lista que ya
supera, como queda dicho los dos mil individuos.
Se estima que ese período de dos años puede ser resolutivo a fin de implantar satisfactoriamente las 40 medidas propuestas en el Informe anteriormente citado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Establecer un plazo de tiempo adecuado (en principio un año) previo a la finalización del compromiso de larga duración en el que el Militar Profesional de Tropa y Marinería pueda desvincularse de las obligaciones inherentes a su Unidad de
Destino para recibir el apoyo directo del negociado que se determine dependiente de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, que le proporcione la orientación y el apoyo necesario para facilitar, en la medida de las posibilidades,
su reincorporación al mercado laboral desempeñando una actividad digna y adecuadamente retribuida.
Que el Ministerio de Defensa aplique durante dos años (2021 y 2022) una prórroga en la finalización del compromiso de larga duración de manera que esta se produzca a los 47 años en lugar de a los 45, de manera similar a lo establecido en el
artículo 17 de la Ley para aquellos que alcanzando los 45 años de edad no cuenten con 18 años de servicio para alcanzar la condición de Reservista de Especial Disponibilidad, a fin de disponer del plazo de tiempo adicional (dos años) para
desarrollar las medidas previstas en la propia Ley así como las contempladas en el Informe de la Subcomisión de Defensa para producir una desvinculación digna y satisfactoria de las Fuerzas Armadas por parte de los militares con compromiso de larga
duración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y Carlos Rojas García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/001359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la problemática del cultivo y venta de marihuana en la provincia de Granada,
para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La lucha contra la marihuana en los últimos años se ha convertido en una de las prioridades para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado en la provincia de Granada, como así los demuestran los datos.
En los primeros seis meses de este año y pese a la situación vivida como consecuencia de la pandemia se ha incrementado el número de operaciones policiales llevadas a cabo en un 13 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
Asimismo el número de plantas incautadas ha disminuido pero el número de kilogramos se ha incrementado mucho, pasando de 1.256,43 a 2.156,09 lo que supone que se ha aprehendido casi el doble que en el mismo periodo anterior.
Todo esto pone de manifiesto como en los últimos años el cultivo y tráfico de la marihuana se está convirtiendo en un auténtico problema en la provincia de Granada, una situación que afecta a toda la provincia, pero que se acentúa
fundamentalmente en el Área Metropolitana y se está extendiendo al Poniente de Granada.
Municipios pequeños, tradicionalmente tranquilos están viendo cómo se instalan allí vecinos que vienen a dedicarse a este cultivo y a su posterior tráfico. Llevan un gran ritmo de vida, utilizando coches de alta gama, adquiriendo viviendas
y fincas, en muchas ocasiones muy por encima de su precio y sin que tengan un trabajo o profesión reconocida.
Esto además de los graves problemas de inseguridad ciudadana que conlleva, supone un mal ejemplo para el resto de la población, a veces en situación de especial vulnerabilidad y con dificultades de insertarse laboralmente y que ven una forma
rápida de obtener un dinero fácil y caen en manos de auténticas mafias, que son las artífices de crear una red de cultivo y tráfico de esta droga, percibiendo importantes beneficios.
Esta situación ha venido a romper el clima de seguridad que se vivía y a quebrar la convivencia, mermando notablemente la calidad de vida, ya que a toda esta problemática hay que añadir también la existencia de numerosos enganches ilegales
de electricidad y como consecuencia de la sobrecarga de la red provocan continuos cortes en el suministro eléctrico.
Así mismo, como provincia tradicionalmente agrícola, con buenas tierras, fértiles y con un clima benigno, está potenciando la extensión de este cultivo, que genera muchos más ingresos que los cultivos tradicionales, por lo que cada vez hay
más tierras e invernaderos dedicadas a este cultivo y por otra parte, haya dificultades para encontrar mano de obra para las tareas agrícolas que conllevan más esfuerzo y menos ingresos.
Conscientes de la preocupación que esta situación está generando en diferentes municipios de la provincia de Granada y del interés de sus Alcaldes y Alcaldesas para que se establezcan las medidas más oportunas por parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad para erradicar estas actividades ilícitas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que persista en las medidas que se están llevando a cabo e implementar las que sean oportunas con el fin de acabar con esta actividad ilegal y todas las consecuencias que conlleva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020.-Elvira Ramón Utrabo, José Antonio Rodríguez Salas, María Inmaculada Oria López, Ana María Botella Gómez y David Serrada Pariente, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y
Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la construcción de una nueva comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad de Cádiz, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Desde hace años, tanto desde el ámbito sindical como desde el ciudadano y político, se viene reclamando al Gobierno de España la construcción de una nueva comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad de Cádiz.
Actualmente, los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han sido trasladados de manera temporal, en tanto se realizan obras de modernización en la comisaría de la Avenida, a un edificio conocido como 'el Pirulí' que no reúne las
condiciones más adecuadas para prestar el servicio.
En los últimos días, hemos podido conocer que las obras de modernización de las obras del edificio antiguo de la comisaría han sido paralizadas. Al parecer, dicha paralización, se ha producido porque las obras no cumplen con la normativa
actual y no son adecuados distintos equipamientos esenciales como la galería de tiro o la sala del 091.
Los sindicatos han denunciado reiteradamente la situación insostenible en la que se está prestando el servicio, tanto por la falta de efectivos como por la situación del edificio del Pirulí que, como decíamos anteriormente, no reúne las
condiciones esenciales.
Debemos recordar que, durante la etapa de Gobierno del Partido Popular en España, se dejó cerrada la negociación entre el Ayuntamiento de Cádiz, ADIF y el Ministerio de Interior para construir una nueva comisaría provincial en la Carretera
Industrial, junto a la nueva estación de autobuses. Asimismo, se consideró que el nuevo edificio requeriría una dotación presupuestaria de unos diez millones de euros.
A pesar de todos los pasos dados para la construcción del nuevo edificio, el actual Ministro de Interior no ha confirmado que la obra se vaya a abordar por parte del Gobierno socialista y, por otro lado, el 'Plan de Infraestructuras para la
Seguridad del Estado 2019-2025', dotado con 850 millones de euros, no incluye partida presupuestaria alguna para el citado proyecto.
La nueva comisaría provincial es una necesidad para garantizar las condiciones en las que los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía prestan su servicio y para asegurar que los ciudadanos disponen de una infraestructura de seguridad digna.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a construir un nuevo edificio para la Comisaría Provincial de Cádiz, incluyendo en los próximos Presupuestos Generales del Estado las partidas presupuestarias necesarias para ello.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020.-María José García-Pelayo Jurado y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/001354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D.a Patricia de las Heras Fernández, D.a Patricia Rueda Perelló, D.a Cristina Alicia Esteban Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias y D. Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la ejecución de medidas para la mejora del transporte marítimo de mercancías, para su discusión en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. El virus SARS-CoV-2 (COVID-19), originado en la provincia de Wuhan (República Popular China) y la reacción tardía del Gobierno de someter a la población española a uno de los confinamientos más estrictos de toda Europa, ha generado
en España la peor crisis de las últimas décadas, con un fuerte impacto sanitario, económico y social. Tanto durante el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, como en la actualidad, se han hecho evidentes dos
aspectos: por un lado, que el Gobierno es incapaz de tomar medidas efectivas para frenar los contagios a pesar de establecer las medidas más restrictivas de todo el continente y, por otro lado, la importancia vital del transporte de mercancías para
abastecer a los ciudadanos de alimentos y otros productos esenciales. Este sector es esencial para el normal funcionamiento de la sociedad en sus diferentes tipologías, ya sea por carretera, ferroviario, aéreo, marítimo o por cualquier otra vía
alternativa. Debería ser una prioridad para cualquier administración dotar de medios suficientes a este sector, no solo para abastecer a la población, sino también como uno de los motores para la recuperación económica.
Segundo. En el ámbito del comercio internacional, el transporte marítimo de mercancías es el método más utilizado para trasladar productos de un país a otro. Según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), aproximadamente el
80 % del total de las mercancías transportadas en todo el mundo se hace por vía marítima, por lo que la importancia de este medio de transporte en los acuerdos comerciales internacionales es esencial. Tanto el Secretario General de la OMI, Kitack
Lim, como el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, han reconocido el encomiable trabajo de la gente del mar durante la pandemia del COVID-19, y han instado a los gobiernos a hacer todo lo posible para ayudarlos en estos
momentos difíciles.
Tercero. El dato indicado en el punto anterior refleja el estrecho vínculo entre comercio y transporte marítimo. Según el Informe Trimestral de Comercio Exterior del cuarto trimestre de 2019, anterior a la crisis económica y sanitaria
ocasionada por el COVID-19, en el acumulado de 2019 las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron un valor de 290.089,1 millones de euros, y las importaciones se situaron en 322.068,7 millones de euros. Estas cifras indican la importancia
del comercio exterior en la economía española y, por extensión, la importancia del transporte marítimo en esta.
Cuarto. En cuanto a las cifras del transporte de mercancías en España, según el informe anual 2019 (anterior a la crisis económica y sanitaria ocasionada por el COVID-19) del Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE),
elaborado por la Secretaria General de Transportes, el volumen global de mercancías transportadas en el año 2018 superó los 2.000 millones de toneladas, de los cuales .472 millones de toneladas correspondieron a transporte nacional (71,8 %) y 577
millones de toneladas a transporte internacional (28,2 %).
En lo relativo al transporte nacional, 52 millones de toneladas se transportaron por vía marítima, es decir, el 3,5 %. En el transporte nacional predomina, sin lugar a duda, el transporte por carretera con 1.396 millones que representa el
94,9 % del total.
No obstante, las cifras más significativas son las del transporte internacional. De los ya citados 577 millones de toneladas, 460 corresponden al transporte marítimo. Es decir, el 79,7 % de las toneladas transportadas en 2018 entre España
y el extranjero utilizó la vía marítima, remarcando, una vez más, la importancia del transporte marítimo en el comercio internacional español.
En definitiva, estamos ante un sector estratégico y de gran importancia para la economía de nuestro país. Un sector que hasta el año 2019 estaba en crecimiento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que tras el impacto
sanitario y económico ocasionado por el brote epidémico del COVID-19 se encuentra, actualmente, en peligro.
Con el objeto de mitigar en el ámbito portuario estatal el impacto económico provocado por el COVID-19, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, estableció una
serie de medidas excepcionales para tratar de dar respuesta a dicho problema. Dichas medidas respondían a una eventual reducción de la actividad mínima comprometida en los títulos habilitantes otorgados en los puertos con el objetivo de que las
Autoridades Portuarias pudieran alterar los tráficos mínimos establecidos en los referidos títulos. Igualmente, se adoptaron medidas específicas respecto de la tasa de ocupación y la tasa del buque. Finalmente, las citadas medidas fueron
reformadas por el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, con el fin de permitir a organismos gestores de puertos o autoridades
competentes flexibilidad en el cobro de tasas por infraestructuras portuarias en el contexto del brote COVID-19.
Estas medidas van en la buena dirección puesto que dan liquidez a las empresas y fomentan la recuperación del sector. Pero son insuficientes para dar un impulso definitivo al mismo, pues deberían prolongarse más allá del 2020 e incluso
deberían reducirse, aún más, las tasas para impulsar el transporte marítimo.
Quinto. Por otro lado y en relación con el transporte marítimo de mercancías, adquiere una importancia significativa la llamada multimodalidad e intermodalidad. La multimodalidad e intermodalidad es la conexión existente entre los
diferentes medios de transporte con el objetivo de aumentar la eficacia de la distribución de mercancías, reduciendo los tiempos de entrega. En los últimos años, la intermodalidad ha registrado datos positivos, presentando tasas de crecimiento
superiores al global del transporte de mercancías en España, como señala el informe de la OTLE de 2019. Sin embargo, es necesario, tras el impacto negativo del COVID-19, seguir fomentando y defendiendo la intermodalidad en el sector del transporte
de mercancías, tanto marítima-carretera como marítima-ferroviaria.
Siguiendo con los datos del informe de la OTLE relativos a la multimodalidad, en el año 2018 las mercancías que accedieron a los puertos del Sistema Portuario de Titularidad Estatal por carretera representaron el 93,9 % y el 6,1 % restante
por ferrocarril, lo que viene a reflejar las malas conexiones ferroviarias con los puertos del Estado. Es, por tanto, un prioridad fomentar y agilizar las obras del llamado Corredor del Mediterráneo para activar y reforzar la conexión de la
infraestructura ferroviaria con los puertos del Sistema Portuario de Titularidad Estatal, impulsando y mejorando, por consiguiente, el transporte multimodal e intermodal de mercancías en España.
Sexto. Como en muchos de los procesos administrativos en España, la excesiva burocracia y la lentitud y trabas en el transporte entre puertos españoles, ralentiza los servicios portuarios. Se entiende por servicios portuarios, según el
artículo 108 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 'las actividades de prestación que sean necesarias para la explotación de los
puertos dirigidas a hacer posible la realización de las operaciones asociadas con el tráfico marítimo, en condiciones de seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación, y que sean desarrolladas en el ámbito territorial de las
Autoridades Portuarias'. Por tanto, tienen la consideración de servicios portuarios el servicio de manipulación de mercancías, que consiste en la carga, estiba, descarga, desestiba, tránsito marítimo y el transbordo de mercancías. Sangrante es el
caso de Canarias, ya que para transportar cualquier mercancía de la península a Canarias las cargas impositivas, así como las trabas administrativas llevan al usuario a no utilizar este medio de transporte salvo que no tenga otro remedio.
Asimismo, como en todos los medios de transporte y en la logística, las nuevas tecnologías y la digitalización adquieren una especial importancia. La digitalización serviría para reducir el tiempo invertido en los trámites administrativos e
incluso simplificarlos. El uso de sistemas de geolocalización es esencial para saber en todo momento la ubicación de la carga y que el cliente esté permanentemente informado con la posición de su carga actualizada. Por último, es importante que
los puertos tengan buenos servicios de atención a los clientes y un sistema de seguimiento digital de las opiniones de los usuarios para establecer una base de datos con el fin de mejorar los posibles errores.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para la mejora del transporte marítimo de mercancías:
- Prorrogar la reducción de las tasas por infraestructuras portuarias recogidas en el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID- 19 en los ámbitos de transportes y
vivienda.
- Promover el establecimiento de un sistema de digitalización de documentos para aligerar los procesos administrativos y reducir la ineficacia en la gestión administrativa.
- Promover un estudio sobre la viabilidad de la implantación de un sistema de geolocalización de la mercancía para que se tenga localizada la carga, tanto en el origen como en el trayecto y en el destino, y no haya problemas de extravíos.
- Flexibilizar y disminuir las trabas burocráticas y procesos administrativos en los servicios portuarios, que ralentizan de manera significativa el funcionamiento y normal desarrollo del transporte por vía marítima.
- Mejorar la conexión intermodal con otros medios de transporte, especialmente en los principales puertos del Estado, para una conexión rápida con los centros logísticos. En este aspecto, cobra especial importancia el transporte
ferroviario. Es prioritario, por tanto, fomentar y agilizar la culminación de las obras del llamado Corredor del Mediterráneo para activar y reforzar la conexión de la infraestructura ferroviaria con los puertos del Sistema Portuario de Titularidad
Estatal, impulsando y mejorando, por consiguiente, el transporte multimodal e intermodal de mercancías en España.
- Promover la realización de inversiones en aquellas instalaciones portuarias en las que sea necesario para mejorar la infraestructura y que las operaciones se puedan realizar en condiciones óptimas.
- Favorecer la transparencia en la información a los usuarios de los costes de los procesos, así como implementar un sistema de mejora de servicio que recoja opiniones, quejas y reclamaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Tomás Fernández Ríos, Cristina Alicia Esteban Calonje y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la recuperación de las líneas de
cercanías Vinaròs-Castellón y la adquisición de la maquinaria necesaria y presupuestada, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En noviembre de 2018 se pusieron en marcha las nuevas frecuencias de conexión ferroviaria entre Castellón de la Plana y Vinaròs, triplicándose las vigentes hasta ese momento (4) pasando a 12 diarias por trayecto.
Estas nuevas frecuencias son posibles por la aprobación de la OSP (Obligación de Servicio Público) por parte del Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy el 15 de diciembre de 2017, así como la inclusión por parte del Partido
Popular en los Presupuestos Generales del Estado del 2018 de una partida de 7,7 millones de euros a tal fin.
A su vez, el Gobierno del Partido Popular previó y se comprometió a la adquisición de nuevos convoyes y máquinas de tren para atender estas nuevas frecuencias, compromiso que no ha cumplido el Gobierno de Sánchez pese a que Renfe, con el
Gobierno del PP, tenía previsto iniciar la compra en junio de 2018 para renovar 31 trenes para la provincia de Castellón, dos de los cuales se iban a destinar exclusivamente para el trayecto Vinaròs-Castellón.
Cabe recordar por otra parte que, tanto por el Ex Ministro de Fomento De la Serna en la presentación del Plan de mejora de calidad de los cercanías de la Comunitat Valenciana como en el acuerdo del Consejo de Ministros de diciembre de 2017
en el que se aprobó la OSP (Obligación de Servicio Público) ferroviarias, se fijó que estas nuevas frecuencias Castellón-Vinaròs, así como las ya preexistentes, iban a tener las mismas tarifas que los Cercanías. En cambio, al ponerse en marcha, el
nuevo Gobierno no lo ha cumplido, una decisión que perjudica a los usuarios del tren ya que son dos euros más lo que pagan en cada trayecto.
Por otra parte, el municipio de Santa Magdalena de Pulpis, pese a tener estación, no puede beneficiarse de la movilidad de este servicio de trenes cercanías.
Junto a estos incumplimientos, debemos denunciar que el Gobierno actualmente ha recortado las frecuencias para los trayectos Castellón-Vinaròs (se han quedado en 3) y Vinaròs-Castellón (se han quedado en 4), lo que está generando graves
perjuicios tanto a los particulares que hacen uso de este servicio como al sector turístico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar y ejecutar el procedimiento de compra para renovar 31 trenes para las cercanías de la provincia de Castellón, de los cuales dos se destinarán exclusivamente para el trayecto Vinaròs-Castellón.
2. Aplicar tarifas equivalentes a las de Cercanías, tanto en los nuevos servicios como en los preexistentes, para los servicios de la conexión ferroviaria entre Castellón de la Plana y Vinaròs.
3. Contemplar la parada en el municipio de Santa Magdalena de Pulpis, en el servicio de la conexión ferroviaria entre Castellón de la Plana y Vinaròs.
4. Recuperar de inmediato las 12 frecuencias diarias por trayecto de conexión ferroviaria entre Castellón de la Plana y Vinaròs, y estudiar su posible ampliación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020.-Óscar Clavell López y Mario Garcés Sangustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación del 'Tren
madrugador' de Zamora a Madrid, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establecía en su artículo 14 distintas medidas en materia de transportes con
el objetivo de restringir la movilidad. En este sentido la norma abordaba la reducción de la oferta total de operaciones en los distintos servicios ferroviarios en ciertos porcentajes, los cuales se han ido modificando posteriormente a través de
distintas Órdenes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Esta situación nos ha llevado a que en Zamora hemos pasado de circular el día 13 de marzo en la Línea Chamartín-Segovia-Zamora, 14 trenes AVANT-Alta Velocidad origen y destino Zamora, a disponer en la actualidad tan solo de 6 trenes tras el
final de estado de alarma.
Se han suprimido un AVANT de Chamartín a Zamora (19:40 h.), tres ALVIAS destino Galicia, un AVANT de Zamora a Chamartín con salida a las 7:05 h. y se han suprimido también tres ALVIAS procedentes de Galicia.
A esto se une la incongruencia horaria de los servicios existentes en la actualidad, pues se da la circunstancia que si una persona quiere desplazarse en tren desde Zamora a Madrid, no lo podría hacer hasta las 11:35 h. (con llegada a las
13:12 h.) siendo el último regreso posible en el mismo día desde Madrid a Zamora a las 14:37 h., lo que ocasiona graves trastornos.
El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles
rebrotes, con vistas a la superación de la Fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad y la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por
el referido Real Decreto 463/2020. Su artículo 17 hace referencia a que los operadores de servicio ferroviario de competencia estatal deberán ajustar los niveles de oferta a los existentes antes del estado de alarma, medida de gran
trascendencia para Zamora, ya que han desaparecido todas las líneas de trenes fundamentales para la gente que viven en nuestra provincia y necesita utilizar la línea Zamora-Segovia-Chamartín por motivos laborales u otras gestiones.
Uno de los trenes que ha satisfecho las expectativas de los zamoranos en los poco más de dos años de su puesta en marcha, y que está suprimido por el momento sin saber si se va a restablecer o no, es el AVANT de Zamora a Chamartín con salida
a las 7:05 h. y regreso Chamartín a Zamora a las 19:40 h., llamado 'Tren madrugador' con paradas intermedias en Medina del Campo y Segovia.
Analizando este servicio y su balance social consideramos que ha de tenerse en cuenta para su incorporación en la relación de servicios sometidos a obligaciones de servicio público, en cumplimiento del marco legislativo vigente, tanto a
nivel nacional como comunitario. En España, desde el 1 de octubre de 2015, el régimen nacional en materia de obligaciones de servicio público se recoge en la Ley 38/2015, del sector ferroviario.
La falta de trenes supone para la provincia de Zamora recortar en los servicios públicos esenciales, abandonar al mundo rural e ir en contra de las zonas que presentan un gran índice de despoblación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La recuperación de todos los servicios ferroviarios que se venían prestando a Zamora hasta la declaración del estado de alarma por el COVID-19 (Real Decreto 463/2020).
2. La recuperación del llamado 'Tren madrugador' Zamora-Chamartín con salida a las 7:05 h. y regreso Chamartín-Zamora a las 19:40 h.
3. Que sea declarado el servicio del llamado 'Tren madrugador' como sujeto a obligaciones de servicio público de conformidad con el Reglamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los
servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 38/2015 de 29 de septiembre del sector ferroviario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2020.-Elvira Velasco Morillo, Andrés Lorite Lorite y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a cumplir la
normativa por la que se rige el funcionamiento del Consejo Económico y Social (CES), para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Consejo Económico y Social (CES) es, según se define en su propia página web, un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Se configura como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia, plena
capacidad y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Se compone de 61 miembros, que proceden de distintas entidades y sectores: de organizaciones empresariales, sindicales, del sector agrario, del sector pesquero, de los consumidores, de cooperativas representantes de la economía social y del
propio Gobierno.
Entre sus funciones, está la de emitir dictámenes, con carácter preceptivo, sobre los Anteproyectos de Leyes del Estado que regulen materias socioeconómicas y laborales que el Gobierno considere de especial trascendencia.
Recientemente, el pasado 22 de julio, el CES ha emitido un dictamen en el que manifiesta su descontento con la Ministra de Trabajo porque: 'el procedimiento seguido en la presente solicitud de dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de
trabajo a distancia no resulta el adecuado. El hecho de que, paralela y concurrentemente, se estén llevando a cabo consultas y reuniones con los interlocutores sociales ha desembocado en que el texto sometido a dictamen experimente modificaciones
ulteriores aún en fase de anteproyecto. Ello determina que este órgano consultivo deba pronunciarse sobre un texto no definitivo, no pudiendo cumplir, de esta manera, con su función consultiva de forma satisfactoria y plena, quedando abocado al
desempeño de una labor meramente formal. La desvirtuación de la función consultiva que tiene encomendada el Consejo Económico y Social queda palmariamente puesta de manifiesto ante la circunstancia de que se elabore un nuevo texto de Anteproyecto
de ley, remitido a los interlocutores sociales con vistas a una ulterior reunión, mientras este órgano consultivo está en plenas deliberaciones sobre lo que ha demostrado ser un borrador inicial sujeto a cambios [...]
El CES entiende, por todo ello, que resulta obligado que esta institución cuente con un texto del anteproyecto de ley definitivo, una vez se produzca el proceso de diálogo con los interlocutores sociales, para poderse pronunciar
adecuadamente como órgano consultivo del Gobierno en materia sociolaboral y económica'.
En definitiva, el CES expone su queja ante el evidente incumplimiento de la Ministra de Trabajo en el curso del procedimiento, ya que el texto que ha remitido al CES para que este emita su dictamen es un mero borrador del Anteproyecto de Ley
de trabajo a distancia, que ya ha sido modificado al menos en dos nuevas versiones, consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo en el seno del diálogo social. Por lo tanto, el CES ha tenido que emitir un dictamen sobre un texto que no es el
definitivo desvirtuándose la función consultiva que legalmente tiene asignada.
La Ministra de Trabajo acudió al CES el pasado 23 de julio (un día después de la emisión del dictamen) para la presentación de la memoria anual del organismo y no hizo referencia alguna al citado dictamen ni a su contenido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Cumplir a todos los efectos la normativa vigente por la que se rige el funcionamiento del Consejo Económico y Social (CES). Ley 21/1991, de Creación del Consejo; Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno aprobado por el Pleno
del Consejo Económico y Social el 25 de febrero de 1993, y las directrices e instrucciones que para su desarrollo dicte el propio Consejo.
- Respetar rigurosamente los procedimientos legalmente establecidos a fin de que el Consejo Económico y Social (CES) pueda cumplir de forma precisa y adecuada con la función consultiva que tiene atribuida por ley.
- Remitir, de manera inmediata y sin mayor dilación, al Consejo Económico y Social (CES) el texto definitivo del Anteproyecto de Ley de trabajo a distancia para que esta entidad pueda emitir el dictamen correspondiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado y Diego Movellán Lombilla, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Rubén Darío Vega Arias, D.a María Magdalena Nevado del Campo, D. Manuel Mariscal Zabala, D. Ángel López Maraver y D. Luis Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la presente Proposición no de Ley relativa a la aplicación del tipo
superreducido del IVA del 4 % a los productos pesqueros y la adopción de medidas complementarias, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El consumo de productos pesqueros en España ha descendido más de un 20% en la última década. Pese a que somos líderes en Europa en materia de pesca y acuicultura -desde la producción y la transformación hasta la distribución final-, el
consumo en toneladas ha caído de las 1.321 en 2008 a las 1.040 en 2019, según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (en adelante 'MAPA').
El Informe del consumo Alimentario en España 2019 2, elaborado por el MAPA así lo corrobora, señalando que la reducción del consumo de los productos pesqueros (según el informe se incluyen pescados frescos, pescados congelados,
mariscos/moluscos/crustáceos, y por último las conservas de pescados y moluscos) respecto al año anterior es de un 1,6 %.
En valor, no obstante, la categoría ha crecido un 1,2 %. El propio informe atribuye este aumento al impacto que tiene el incremento del 2,9 % del precio medio, que cierra el año en 8,66 /Kg.
2 1Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2019). Informe del consumo Alimentario en España 2019. Recuperado de https://www.mapa.gob.esies/alimentacion/temasiconsumotendencias/informedelconsumoalimentarioenespana2019
tcm30-540250.pdf
Se trata de datos poco halagüeños que se explican por motivos confluyentes como el cambio de hábitos alimenticios, el incremento del precio medio del producto o la continua información confusa -o desinformación- relacionado con la dieta y
las propiedades del pescado.
Ello acaba traduciéndose en un abandono de una dieta saludable, aumento de las patologías relacionadas con una mala alimentación -enfermedades cardiovasculares entre otras-, con el consiguiente gasto generado en el Sistema Nacional de Salud,
así como la evidente repercusión en el sector pesquero español y en la cadena de producción.
Contribuye al precio final del producto el actual gravamen del 10 % del Impuesto sobre el Valor Añadido para los productos pesqueros, un tipo superior al de numerosos países de la UE: Irlanda, Reino Unido y Malta no lo gravan con IVA; sin
embargo, Luxemburgo le aplica un tipo del 3 %, Chipre, Hungría y Polonia un 5 %, Francia un 5,5 % y tanto Portugal como Bélgica un 6 %. Alemania, a la vanguardia de los planes de choque contra la crisis económico-sanitaria, ya ha anunciado la
bajada del actual tipo del 7 % a un 5 % para este producto.
Urge mostrar un compromiso real y firme para el impulso de la dieta saludable entre los españoles, considerando el producto pesquero un alimento de primera necesidad, con la correspondiente reducción del tipo impositivo al 4 %, al igual que
otros productos básicos como el pan, los huevos, la leche, la fruta, las verduras, las legumbres, los tubérculos, etc.
Asimismo, es necesario dotar esta medida de otras complementarias que impulsen el sector pesquero español -e incrementen la oferta- para que una rebaja fiscal no produzca el efecto contrario al que se pretende, que no es otro que el consumo
de pescado llegue a todas las familias 3. En este sentido, debemos fomentar una dieta saludable a través de campañas de comunicación específicas para la divulgación y promoción de los beneficios de este alimento sobre el bienestar y la salud. El
consumo de pescado forma parte de una dieta equilibrada, aporta proteínas de un alto valor biológico, vitamina D y del grupo B, yodo, potasio, hierro, calcio, entre otros muchos nutrientes. Diversos estudios corroboran la relación entre el consumo
de pescado azul y la prevención de enfermedades cardiovasculares. De la misma manera, se ha asociado con un menor riesgo de desarrollo de diabetes 4. Las propiedades de la proteína animal inciden directamente, entre otras, en un mayor número de
defensas, así como en un incremento de la masa muscular que beneficia el desarrollo de la persona. Por eso, desde el Grupo Parlamentario VOX creemos que debemos contribuir a ese objetivo con una política social de apoyo a la alimentación saludable
para niños y adultos.
Concluyendo, la agricultura, la ganadería y la pesca desarrollan un papel fundamental en la economía de nuestro país y es una de nuestras principales fuentes de riqueza, cuya contribución no es sólo económica, sino también social, como
actividades de fuerte presencia y arraigo en el mundo rural, que ponen de relieve su importancia para toda la sociedad española.
3 2OCDE. (2020). Tax policy reforms 2020. Recuperado de: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7af51916- en.pdf?expires=1599499818&id=id&accname=guest&checksum=726FEFE73E915705CED267EC962973C1
4 3Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. (2011). Consumo de carne y pescado en población mediterránea española de edad avanzada y alto riesgo cardiovascular.
Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-16112011000500017&script=sci arttext.
La crisis que el sector pesquero viene sufriendo se acentuó más si cabe con la declaración del estado de alarma, decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, durante el cual, pese a las mermas en el consumo de los productos de la mar, el sector ha mostrado su entrega y compromiso saliendo a faenar y suministrándonos alimentos de calidad, sanos y seguros. Ha demostrado ser un sector fundamental
para la supervivencia y el abastecimiento de la población, por lo que debemos actuar en consecuencia adoptando las medidas necesarias para garantizar la supervivencia de los más de ocho mil buques de la flota nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, la modificación de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de aplicar un tipo superreducido del 4 % del IVA a los productos pesqueros.
2. Fomentar una dieta saludable en la que el producto pesquero juega un papel relevante e impulsar una política social de apoyo a la alimentación saludable para niños y adultos.
3. Llevar a cabo campañas de comunicación específicas para promover y divulgar la necesidad de consumir productos pesqueros y de la acuicultura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Manuel Mariscal Zabala, Ángel López Maraver y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Macarena
Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D.a Magdalena Nevado del Campo, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Manuel Mariscal Zagala, D. Ángel López Maraver, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Francisco José Contreras Peláez, D. Pedro
Jesús Requejo Novoa, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, D. Tomás Fernández Ríos, D.a María de los Reyes Romero Vilches, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Carlos José Zambrano
García-Raez, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, D.a Patricia de las Heras Fernández, D. Antonio Salvá Verd, D.a Rocío de Meer Méndez, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, D. Rodrigo Jiménez Revuelta, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el fin de la moratoria y
reforma de la prohibición de cazar y pescar de la Ley en Parques Nacionales, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El próximo día 5 de diciembre de 2020 finaliza la moratoria contenida en Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. Sin embargo, a pesar de que dicha Ley dispone que 'en los casos en que la adecuación afecte a derechos
de terceros, las administraciones públicas promoverán la celebración de acuerdos voluntarios o, en su defecto, aplicarán los procedimientos de expropiación forzosa o rescate de los correspondientes derechos', a fecha de hoy no se ha producido ni los
unos ni los otros, pese a haber transcurridos más de seis años desde que la vigente Ley de Parques Nacionales impusiese esta obligación.
De esta forma, es necesario buscar una solución urgente, ya que la alternativa de dejar de cazar no es viable ni desde el punto de vista económico, ni medioambiental ni social, por los perjuicios que trae aparejado. Así pues, es preciso
buscar alternativas.
Segundo. En muchos parques nacionales existen fincas propiedad de particulares y ayuntamientos donde la caza ha sido una actividad tradicional que se ha venido practicando desde siempre. Como consecuencia del fin de la moratoria sin
acuerdo o expropiación, los propietarios no podrán cazar en sus fincas ni serán indemnizados, incumpliéndose por parte de la Administración, de forma evidente, lo impuesto en la Ley.
Además, esta prohibición acarrea una serie de problemas relacionados con el control poblacional de determinadas especies en dichos parques nacionales. Por ejemplo, en el caso del parque de Cabañeros, en una reciente reunión del patronato,
se aprobó la posibilidad de realizar controles poblaciones sin especificar cómo o quién los haría. Estos controles se deberán llevar a cabo siempre bajo la estricta tutela de la Administración y sometidos a unos condicionantes como no proporcionar
alimentación suplementaria, limitaciones en el número de puestos o llevarse a cabo en fechas concretas, entre otros, sin que el Gobierno se haya pronunciado sobre el problema relacionado con las indemnizaciones que pudieran tener lugar una vez que
finalice la moratoria.
Tercero. Es más, prohibir la caza en los parques nacionales tendrá consecuencias muy graves para la zona a nivel económico y medioambiental. La primera de ellas será que los titulares de las fincas, al no poder cazar, suprimirán o
reducirán las inversiones en gestión cinegética, en alimentación suplementaria para los animales o en guardería privada de las fincas. Esto provocará un aumento del paro y afectará de forma directa a la economía de la zona ya que muchos de los
habitantes de los pueblos situados en el interior del parque o en zonas limítrofes viven de la caza, sobre todo de las monterías que se organizan en estas fincas a las que acuden cientos de cazadores nacionales e internacionales.
Todo un conjunto de empresas relacionadas con este sector se verán afectadas, desde pequeñas empresas locales de hostelería y restauración o gasolineras, hasta rehalas, empresas dedicadas a la compra de carne, taxidermias o veterinarios que
se verán obligados a cerrar, aumentando el paro y dando lugar a un abandono del medio rural por la imposibilidad de desarrollo.
Según el Informe sobre la situación socioeconómica de los Parques Nacionales de Monfragüe y Cabañeros, elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Extremadura, en la última década los municipios del entorno de
estos parques nacionales han perdido población, renta y empleo, lo que hace imprescindible abrir un debate sobre el desarrollo de actividades tradicionales como la caza en los parques nacionales.
Cuarto. La segunda consecuencia directa es la medioambiental. En este sentido, según el Informe sobre la gestión de ungulados en parques nacionales, de la Universidad Politécnica de Madrid y la Cátedra de Parques Nacionales y la Red de
Parques Nacionales, si se deja de cazar aumentarán de forma descontrolada las poblaciones de ungulados en la zona, fundamentalmente ciervo y jabalí, cuya incidencia en los hábitats que se pretenden conservar con esta Ley será inmediata al poner en
peligro la conservación de diferentes especies de flora y fauna. Una situación que ya se ha producido en otros parques nacionales como el de la sierra de Guadarrama, donde la sobrepoblación de cabra hispánica y su ausencia de control han producido
daños irreparables en la flora autóctona provocando graves riesgos sanitarios.
Quinto. Finalmente, la prohibición de cazar también trae aparejado daños a la agricultura y a las repoblaciones forestales, mayor probabilidad de ataques a personas en entornos urbanos cercanos a dichos parques, un aumento de los accidentes
de tráfico por colisión con fauna silvestre o la transmisión de enfermedades a animales domésticos y personas.
Sexto. Al margen de todas estas consecuencias, prohibir la caza en los parques nacionales de nuestro país podría costar unos trescientos veinte millones (320.000.000) de euros a los españoles en plena crisis económica y sanitaria por el
virus Sars-CoV-2, según las últimas estimaciones. Esta cantidad solo se refiere a las indemnizaciones que las arcas públicas deberían abonar a los propietarios por las limitaciones de usos sufridos, a la que habría que sumar los gastos de control
poblacional de las especies cinegéticas ya que, de no mediar acuerdo con los propietarios, la Administración se vería obligada a contratar personal específico para ello por no contar con medios propios.
Así pues, nos encontraríamos en la absurda situación de tener que indemnizar a los propietarios con cifras millonarias al mismo tiempo que se pagan elevadas cantidades a determinadas empresas para que realicen el necesario control
poblacional de estas especies cuando todo ello lo venían realizando los propietarios generando riqueza y empleo para la zona.
Séptimo. Como se puede apreciar, es necesario plantearse si realmente está justificada la prohibición de cazar y pescar en todos los parques nacionales, como recoge la Ley, o debiera de permitirse de forma controlada en ellos donde la caza
ha sido y es una actividad tradicional generadora de riqueza y empleo,
máxime cuando todavía no se ha llegado a ninguna solución de las contenidas en la Disposición Adicional Séptima de la referida Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la modificación de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, en el sentido siguiente:
a) Que se elimine la prohibición de practicar la caza y la pesca en determinados Parques Nacionales donde esta actividad haya sido tradicional y no perjudique al espacio protegido (Cabañeros, Monfragüe, Picos de Europa, Sierra de Guadarrama,
entre otros), y siempre que se justifique debidamente la necesidad de continuar practicándola.
b) Que se amplíe el plazo máximo de seis años previsto en la Disposición Adicional Séptima para adoptar las medidas precisas de adecuación de los parques nacionales, facilitando la posibilidad de llegar a acuerdos con los propietarios de
fincas afectadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Rubén Darío Vega Arias, Manuel Mariscal Zabala, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, Francisco José Contreras
Peláez, Pedro Jesús Requejo Novoa, Pablo Juan Calvo Liste, José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Tomás Fernández Ríos, María de los Reyes Romero Vilches, Agustín Rosety Fernández de Castro, Carlos José Zambrano
García-Raez, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Patricia de las Heras Fernández, Antonio Salvá Verd, Rocío de Meer Méndez, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y Rodrigo Jiménez Revuelta, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/001375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al sector citrícola español y
el control de las importaciones procedentes de países terceros, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Durante los últimos meses, la inspección y detección en fronteras de la Unión Europea de importaciones cítricos infectados procedentes de países terceros ha crecido considerablemente, siguiendo la tendencia mostrada en los últimos años. La
estadística oficial anual, hasta el mes de julio, ya acumulaba 151 partidas interceptadas de cítricos con problemas fitosanitarios, de los cuales 117 (el 91 %) correspondía a importaciones procedentes de Argentina.
Por este motivo, la Unión Europea ha considerado oportuno prohibir temporalmente la importación de cítricos (limón, naranja y mandarina) procedentes de Argentina por las reiteradas intercepciones de partidas con presencia 'Mancha negra de
los cítricos' (Phyllosticta citricarpa), con el fin de evitar la introducción y propagación plagas que puedan afectar a los cítricos.
La prohibición de importación se extiende hasta el 30 de abril de 2021, pero es necesario analizar los acontecimientos y plantear soluciones, para evitar que se vuelva a poner en riesgo las producciones de cítricos europeos.
Los diferentes criterios de inspección aplicados por los Estados miembros de la UE para la importación de cítricos y la falta de una aplicación de las condiciones de descarga de manera homogénea entre los distintos puertos europeos hacen que
los buques buscan aquellos puertos en las condiciones les sean más beneficiosas.
Esto supone un riesgo para el control fitosanitario y un perjuicio económico para la actividad portuaria, al perder cuota de mercado, y el comercio, al aumentar el coste de los traslados para las comercializadoras españolas. Por ejemplo, el
Puerto de Cartagena (Murcia) ha perdido 65.000 toneladas en importación de
limón en beneficio de puertos europeos con una normativa más laxa, a pesar de haberse consolidado en los últimos años como el puerto de referencia para la exportación de cítricos del hemisferio sur.
Esta campaña también se han producido deficiencias en los mecanismos de coordinación y comunicación entre los diferentes países de la Unión Europea. El sistema de alerta rápida utilizado por la UE para notificar enfermedades en productos
importados (Europhyt), estuvo sin actualizar los datos durante varios meses, lo que derivó en problemas de compatibilidad entre el sistema EUROPHYT y el sistema español TRACES.
Las amenazas son muchas. A la 'mancha negra' podemos agregar la Cancrosis de los cítricos causada por la bacteria Xanthomonas citri, la denominada 'falsa polilla' (Thaumatotibia leucotreta), o la plaga Delottococcus aberiae, conocida como
'Cotonet de les Valls', y los efectos de plagas con presencia en las explotaciones citrícolas españolas, con graves pérdidas económicas y con la necesidad de tratamientos fitosanitarios que cada vez son más limitados y para los cuales no se cuenta
con soluciones alternativas eficaces, evidencia la indefensión en la que queda el sector citrícola.
Por otra parte, la buena labor realizada por los servicios de inspección vegetal en España, con las detecciones y los rechazos llevados a cabo hasta ahora, pueden quedar en nada si los cítricos procedentes de terceros países que presentaban
diversas enfermedades llegan a nuestro país, vía camión desde otros países de la UE.
Para paliar la situación es necesario contar con una legislación única en todos los países europeos y las mismas condiciones fitosanitarias para la entrada de cítricos, tanto para fresco como los destinados a la industria, procedentes de
terceros países. España, como uno de los principales países productores citrícolas a nivel mundial, debe abanderar estas demandas a la Comisión Europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Intensificar los procedimientos de comunicación entre la Delegación de Gobierno y las Comunidades Autónomas, donde se detectan interceptaciones al objeto de evitar una gestión inadecuada de las partidas rechazadas y que pudieran dar
lugar a brotes de organismos nocivos de cuarentena en las zonas citrícolas productoras y desarrollar un protocolo de actuación en caso de rechazo de mercancías, priorizando su devolución al país de origen o a otro país no comunitario, que acepte
esas condiciones fitosanitarias.
2. Trasladar a la Comisión Europea la imperiosa necesidad de que se tomen medidas urgentes en:
a) Todos los puntos de inspección fronterizos europeos, para que se tenga la misma rigurosidad y efectividad en la detección de envíos contaminados anteponiendo la seguridad sanitaria de las plantaciones europeas al interés económico de los
importadores, en su caso mediante un programa de intercambio de inspectores entre Estados miembros.
b) La nueva legislación europea de Controles Oficiales, para que garantice los controles que se realizan en los diferentes puertos y para que cualquier problema o interceptación en un punto de entrada de la UE pueda ser inmediatamente
comunicado a la Comisión Europea y resto de Estados Miembros, para mejorar la coordinación y evitar cualquier intento de desvío a otro puerto diferente.
c) Establecer medidas más eficaces en los protocolos de acceso de las importaciones, tales como la decisión de cierre cautelar de una frontera, para la fruta en tránsito y para la destinada a industria.
d) Reclamar a la Comisión Europea la suspensión de las importaciones argentinas hasta garantizar que los cítricos que procedentes de ese país llegan libres de plagas.
e) La implantación de las inspecciones en origen para todos los países terceros exportadores de cítricos.
f) Más agilidad en la toma de decisiones por parte de la Comisión en este sentido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés, Juan Luis Pedreño Molina y Milagros Marcos Ortega, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/001355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D.a María de la Cabeza Ruiz Solás, D. Juan José Aizcorbe Torra, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Carlos José Zambrano García-Ráez y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la provisión
de la vacante existente en la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para su discusión en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. La presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Régimen Legal.
1. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dedica su Título III a la regulación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo público de nueva creación que 'tiene por
finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de
buen gobierno' (artículos 33 y 34). En este marco, el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, aprobó el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Este Consejo está formado por dos órganos (artículo 35):
a) la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno; y
b) el presidente del Consejo, que lo será también de la Comisión.
2. El artículo 37.1 ibídem (y 9 del Estatuto) se refiere al presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:
'El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de
reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por
mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación.'
3. En este sentido, de acuerdo con la actual estructura ministerial, la propuesta deberá provenir del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.7 del Real Decreto 307/2020, de 11 de
febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública:
'La Autoridad Administrativa Independiente Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará vinculada al Departamento en los términos que establecen los artículos 109 y 110 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.'
Segundo. La Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se encuentra vacante desde noviembre de 2017.
4. Tras la entrada en vigor de la Ley 19/2013 y la consecuente creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno fue designada Presidenta de la institución doña María Esther Arizmendi Gutiérrez (q.e.p.d.), hasta ese momento directora
general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. La señora Arizmendi Gutiérrez ostentó esta Presidencia hasta su fallecimiento, en el mes de noviembre de 2017.
5. La valoración positiva de su gestión al frente de esta institución es unánime, en tanto se destaca que consiguió, sin apenas medios personales ni financieros ni apoyo político, situar la lucha por una cultura democrática de transparencia
y rendición de cuentas en el centro del debate. En este sentido, la Fundación Civio señaló en un comunicado 5:
'Cuando se creó el CTBG tuvimos muchas dudas. Queríamos un organismo más independiente, con más medios y más funciones. No teníamos muchas esperanzas. Pero, en ocasiones, que un organismo funcione o no es una decisión personal. Y, en
este caso, lo fue. Esther decidió tomarse muy en serio su labor y ponerse del lado de los ciudadanos, del lado de la sociedad civil, para defender la transparencia. Se puso de nuestro lado. Y así ha trabajado estos años, sin los medios necesarios
pero con muchísima energía, convencida de que era posible remover estructuras anquilosadas y opacas para crear una nueva manera de ejercer desde lo público. Que no es poco. Hemos colaborado y hemos discutido. Y ha sido un auténtico honor.
A veces, la fuerza de una persona y su convencimiento compensan todas las barreras. Ojalá su ejemplo impregne todo. Es el mejor legado que ningún servidor público puede dejarnos. Y nunca se lo agradeceremos lo suficiente.'
Por su parte, el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno expresó:
'Con la muerte de la presidenta se pierde la figura que más ha luchado por la transparencia pública en nuestro país. Quienes la conocieron saben de su compromiso con el servicio público, su lucha ante las adversidades, su espíritu
combativo, su humanidad y la cercanía con la que trataba a todos y todas. Ante todo, siempre defendió los intereses de la ciudadanía. Esther siempre será una referencia para los y las que trabajamos en lo público.'
Las resoluciones del CTBG durante el mandato de doña María Esther Arizmendi Gutiérrez permitieron impulsar la publicación de información pública sobre sobrecostes de obras, sacaron a la luz las agendas de los Ministros o los abusos en
materia de publicidad institucional, y pusieron freno al oscurantismo con respecto a los costes de RTVE.
6. El Grupo Parlamentario VOX tiene un firme propósito de poner fin a las corruptelas, oscuridad y excesos ocurridos durante la democracia por los distintos Gobiernos del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular, y de
reforzar la deteriorada calidad institucional de la democracia española. Por ello, no puede sino mostrar su profundo respeto y agradecimiento por la labor realizada por la señora Arizmendi Gutiérrez.
Tercero. El Gobierno debe elegir un nuevo Presidente de este Organismo.
El subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, don Javier Amorós Dorda, ejerce el cargo desde noviembre de 2017 de manera interina (artículo 10.1 Estatuto). En numerosas entrevistas, el señor Amorós Dorda ha alertado de la
necesidad de que el Gobierno ponga fin a esta interinidad y comience los trámites necesarios para elegir a un presidente, así como para dotar de más medios a esta institución 6. En su opinión, 'sin una cabeza visible, la difusión de la
transparencia, la representación del organismo cojea. Es imprescindible'.
De la misma manera, el Consejo de Transparencia reclama, en su Memoria Anual correspondiente a 2018, la elección de un presidente del organismo, además de más recursos humanos para la organización y la reducción del número de recursos
judiciales que interponen los organismos públicos sobre sus resoluciones. Así, expone que 'debe corregirse la situación de vacancia de la Presidencia', ya que esa situación 'ha obligado a limitar el proceso de toma de decisiones' y 'ha condicionado
la representatividad institucional y la capacidad de interlocución de este, especialmente a la hora de solicitar de las autoridades competentes mayores dotaciones de recursos presupuestarios y humanos'.
5 1https://civio.es/novedades/2017/11/19/gracias-por-todo-esther/
6 V., por todas: https:/ /www.abc.es/espana/ abci-consejo-transparencia-exige-mas-medios-y.residente-somos-22- -deberiamos-60-202007262142 noticia.html
8. La situación es sonrojarte, toda vez que el actual presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, prometió ya en 2016 'una auténtica revolución' en materia de regeneración democrática 7. De la misma manera, la medida 2.1.11
del Acuerdo de coalición 'progresista' PSOE-Unidas Podemos ('Promoveremos acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes') incluye la Presidencia del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno entre los órganos que debían ser proveídos en el marco de este compromiso de transparencia del nuevo Gobierno. Nueve meses después, nada se ha hecho.
9. Antes al contrario, hasta ahora la única ayuda que esta autoridad administrativa independiente ha recibido del Gobierno ha sido la autorización de la Secretaría de Estado de Función Pública para anunciar, en el Boletín Oficial del Estado
de 7 de julio 8, la convocatoria de una plaza de jefe de servicio que tramite reclamaciones y expedientes.
Cuarto. La política de nombramientos de altos cargos del actual gobierno no invita a la esperanza.
10. Tradicionalmente, un cambio de Gobierno supone el relevo de una pléyade de altos cargos en el Ejecutivo, en la Administración o en las empresas públicas. Ello impide que España disponga de una dirección pública estable,
profesionalizada e inmune a los vaivenes del poder político. En consecuencia, la calidad de nuestro sistema institucional se deteriora y los sistemas de contrapesos a posibles Gobiernos ineficaces desaparecen.
11. Sin embargo, lo anterior, por desgracia habitual en nuestra democracia, ha alcanzado cotas de ignominia insuperables tras la vuelta al poder del PSOE en el mes de junio de 2018 y, en particular, tras el nacimiento del Gobierno de
coalición entre PSOE y Podemos en enero de 2020. La voracidad de ambos partidos en la designación de altos cargos ha hecho de la cúpula del Gobierno y de la Administración General del Estado una agencia de colocación al servicio de los partidos
referidos, con el único objeto de repartir prebendas entre amigos, devolver favores y sacar del paro a personas con escasa preparación y nula experiencia de gestión. Asimismo, se han reducido al absurdo los mandatos de objetividad, independencia,
profesionalidad y transparencia exigidos por el ordenamiento jurídico. La práctica totalidad de los más altos puestos del Estado está copada por adláteres de los partidos del Gobierno de coalición.
12. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desarrolla una tarea esencial y con una alta sensibilidad política. Por ello, este Grupo Parlamentario entiende que debe procederse de inmediato a la propuesta de designación de una persona
que, además del 'reconocido prestigio y competencia profesional' exigido por la Ley, sea independiente a las presiones de un Gobierno que ignora sistemáticamente las resoluciones del Consejo y considera la transparencia como un estorbo. Así se ha
evidenciado desde la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo. Solo una persona con este perfil podrá continuar la labor de su antecesora y consolidar una cultura de la transparencia en los asuntos públicos en España.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en cumplimiento de su obligación legal, proceda a la propuesta de un candidato a la
Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que deberá ser refrendada por la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Esta propuesta deberá hacerse entre personas de robusta independencia, reconocido prestigio y sobresaliente experiencia profesional en el campo de la transparencia, de manera que se garantice que la persona nombrada desarrolla su labor con
objetividad de criterio y de una manera autónoma y no condicionada a las presiones políticas del Gobierno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2020.-Eduardo Luis Ruiz Navarro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Juan José Aizcorbe Torra, José María Figaredo Álvarez-Sala, Carlos José Zambrano García-Raez y Pablo Juan Calvo Liste,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
7 3https://www.eldiario.es/politica/sanchez-promete-revolucion-regeneracion-democratica 1 4127481.html
8 4Ref. A-2020-7402.
161/001365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo al Mutualismo
Administrativo, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
En su primera comparecencia ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública celebrada el 27 de febrero de 2020, la Ministra de Política Territorial y Función Pública, dijo, respecto al mutualismo administrativo que presta la
asistencia sanitaria a los funcionarios y sus familiares, lo siguiente:
'Quiero comentarles que es objeto de actuación de este Ministerio la modernización de la MUFACE y en este sentido les anuncio que vamos a continuar el desarrollo del actual Plan Estratégico MUFACE y vamos a comenzar a elaborar un nuevo plan
estratégico que abarque el periodo 2020-2023. En este nuevo plan la mutualidad apuesta por un nuevo enfoque innovador, incorporando la digitalización en la prestación del servicio y reforzando el protagonismo de las direcciones provinciales como
punto de encuentro con el mutualista.'
En otra comparecencia de la Sra. Ministra celebrada el 14 de mayo de 2020, la portavoz de Función Pública del Grupo Parlamentario Popular volvió a preguntarle acerca de si se iba a suprimir y eliminar el mutualismo administrativo que presta
la asistencia sanitaria a los funcionarios, tanto en activo como pensionistas, así como a sus familiares, ya que, tanto sus socios de gobierno de Unidas Podemos, como la Fundación Alternativa, próxima al PSOE, abogan por la supresión de este
Mutualismo.
La Sra. Ministra, en su contestación, se remitió a lo dicho en su comparecencia de febrero.
En la contestación del Gobierno de fecha 2 de junio de 2020 a la pregunta escrita formulada por diputados de este Grupo Parlamentario, se remiten asimismo a la comparecencia de la Ministra del 27 de febrero, diciendo que la Sra.Darías
'...manifestó claramente que el Gobierno apoya el modelo , indicando que la MUFACE continuará con la modernización de Organismo a través del desarrollo del Plan Estratégico y comenzará la elaboración de otro Plan Estratégico 2020- 2023, incorporando
la digitalización'.
Recientemente, el Ministerio de Sanidad ha puesto en su punto de mira a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS),
abordando su supresión en un documento sobre el que están trabajando, el denominado 'Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era post-COVID'.
Esta disparidad e incoherencia de planes e intenciones de los Ministerios de Sanidad y de Política Territorial y Función Pública sobre el futuro del mutualismo administrativo, prestador de asistencia sanitaria, ha creado incertidumbre y
alarma entre en el numeroso colectivo de funcionarios.
El mutualismo administrativo ha convivido perfectamente con el Sistema Público de Salud desde su nacimiento con el fin de dar la cobertura de un régimen de la Seguridad Social a los funcionarios y a sus familiares.
Al Estado le resulta menos costoso un paciente de MUFACE que un paciente atendido en la sanidad pública. El Estado paga unos 883 euros de media al año por un mutualista, y por el del sistema público abona una media de 1.224 euros, una
diferencia de 341 euros, lo que se traduce en un ahorro para las arcas públicas de 682 millones de euros anuales. Por tanto, la inversión que se hace a través del modelo mutualista es más eficiente, en términos económicos.
El sistema del mutualismo reduce además la presión asistencial en el sistema público y garantiza su viabilidad. Traspasara los más de 2 millones de beneficiarios del mutualismo supondría un colapso de la sanidad pública y un aumento muy
considerable de las ya cargadas listas de espera.
Dado el escenario complejo e incierto como consecuencia de la pandemia a nivel mundial y la trágica experiencia vivida en nuestro país, no parece que el momento, ni las condiciones sean las más idóneas para sobrecargar aún más el sistema
público de salud.
Además, la desaparición de MUFACE (y MUGEJU e ISFAS) implicaría la desaparición de las clínicas y centros sanitarios no públicos en provincias enteras cuya actividad está focalizada en la atención y
asistencia a los empleados públicos. Esto supondría, además del colapso asistencial público indicado anteriormente, la desaparición de muchos puestos de trabajo directos (personal sanitario, administrativo, conductores, etc) e indirectos
(proveedores de material sanitario y farmacéutico, aparatología, etc).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mejorar y modernizar el Mutualismo Administrativo, continuando con el desarrollo del Plan Estratégico de MUFACE.
2. Elaborar un nuevo plan estratégico que abarque el periodo 2020 -2023, en el que se apueste por la digitalización en la prestación del servicio y se refuerce el protagonismo de las direcciones provinciales como punto de encuentro con el
mutualista.
3. Cumplirlos compromisos adquiridos en esta Comisión, y recogidos en los puntos anteriores, por la ministra de Política Territorial y Función Pública en su comparecencia del pasado 27 de febrero de 2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020.-Llanos de Luna Tobarra, Carlos Rojas García, Beatriz Álvarez Fanjul, Beatriz Jiménez Linuesa, Ana Belén Vázquez Blanco, Luis Santamaría Ruiz y Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de
Otazu, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, a iniciativa de su diputado Antón Gómez-Reino Varela y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta esta Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa al Reto Demográfico en las zonas rurales de Galicia.
Exposición de motivos
La Comunidad Autónoma de Galicia ha sufrido un proceso de paulatino despoblamiento durante las últimas cuatro décadas que tiene importantes connotaciones a nivel social, económico y territorial. Siguiendo los datos del INE, si en el año
1982 se alcanzaba el pico de población de esta región, con 2.813.893 habitantes, en 2018 se reduce a 2.700.970 habitantes, esto es, una caída del 4,0% que contrasta con el incremento del 23,3% de la población española en su conjunto para este mismo
periodo.
Este decrecimiento poblacional no ha sido mayor por la entidad de los saldos migratorios positivos experimentados entre los años 2000 y 2010, que compensaron la caída natural de la población derivada de su acusado envejecimiento, altas tasas
de mortandad y bajas tasas de natalidad, si bien estos crecimientos temporales se dieron en centros urbanos muy concretos, mientras que la tendencia al despoblamiento se ha mantenido de manera constante en la mayor parte del territorio gallego.
El caso de Galicia se constituye como un claro ejemplo de lo que ocurre en otras muchas comunidades. El análisis de los datos demográficos aportados por el INE nos permite delimitar de manera más ajustada esta problemática:
- En el año 2017 las tasas brutas de natalidad eran de 8,4 nacimientos por cada mil habitantes en el caso de España, mientras que esta cifra se reducía hasta los 6,8 nacimientos en el caso de Galicia. Esta relación se invierte en la
comparativa de las tasas brutas de mortalidad. Si en España se contabilizaban 9,1 defunciones por cada mil habitantes, en Galicia la cifra se elevaba hasta las 11,8. La edad media de la población en Galicia, en enero de 2018, era de 47 años, por
los 43,1 años de media en España.
- Si comparamos la situación entre municipios de pequeño tamaño de uno y otro ámbito territorial, las diferencias se amplían. Por ejemplo, la edad media de la población en municipios de entre 500 y 1.000 habitantes es de 49 años en España y
58 años en Galicia.
- Esto nos lleva a vislumbrar el problema fundamental que subyace a este fenómeno de progresivo despoblamiento y envejecimiento poblacional. A pesar de que los problemas demográficos son generalizados en toda la comunidad gallega, afectan
de manera más determinante a las zonas rurales frente a las zonas más urbanizadas. Así, las provincias gallegas de perfil más rural, Ourense y Pontevedra, presentan edades medias aún superiores, de 50,5 y 49,7 años, respectivamente, a las medias de
Galicia y España en su conjunto.
- Son precisamente estas dos provincias las que cuentan con menor población, un 11,5% de la población gallega en Ourense y un 12,3% en Lugo, frente a las mayores concentraciones poblacionales en A Coruña (41,4%) y Pontevedra (34,8%). Y son
también las provincias que más población pierden en términos porcentuales: entre 2010 y 2017 la provincia de Ourense perdía un 6,1% de sus habitantes, Lugo un 5,0%, A Coruña un 1,4% y Pontevedra un 0,9%.
- Siguiendo con la comparativa entre zonas urbanas y rurales, aproximadamente el 36% de la población gallega se concentra en las siete principales ciudades (Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra y Ferrol). Ratio
que se eleva hasta el 56% si se suma la población de las comarcas que engloban a estas ciudades.
- Estos datos muestran un proceso histórico por el cual la población ha migrado desde las zonas rurales a las principales áreas urbanas. No obstante, en los últimos años solo 3 de estas áreas metropolitanas han visto aumentada su población
(A Coruña, Santiago y Pontevedra), aunque de manera tenue, dándose descensos generalizados en el resto.
- Las expectativas de futuro no son nada halagüeñas para Galicia. Según las proyecciones de población del INE, entre los años 2018 y 2033 la población en España aumentará en una tasa del 5,1%, mientras que los habitantes de Galicia
disminuirán en un 5,1%, de forma más acusada en las provincias de Ourense (-9,0%) y Lugo (-8,2%).
- En 2032 la tasa bruta de natalidad será, según estas proyecciones, de 8,1 nacimientos por cada mil habitantes para España, mientras que en el caso de Galicia se verá limitada a 5,7 nacimientos. La tasa bruta de mortalidad, por su parte,
será de 9,6 defunciones por cada mil habitantes para el conjunto de España frente a 13,0 defunciones en el caso de Galicia. Así, el saldo vegetativo será de -1,5 en el primer caso y de -7,3 en el segundo. Si se tienen en cuenta los movimientos
migratorios, en 2032 España tendrá un crecimiento de 1,7 habitantes nuevos por cada mil habitantes, mientras que en Galicia se perderán 4,5 habitantes por millar.
- Siguiendo con estas estimaciones, la edad media de la población en España en 2032 será de 46,1 años, mientras que en el caso de Galicia será de 50,3 años. Una vez más, los casos más extremos se dan en aquellas provincias de perfil más
rural: la edad media en la provincia de Ourense será de 53,2 años, y en Lugo será de 51,8.
- Por grupos de edad, los mayores de 65 años serán en España el 25,2% de la población en 2033, mientras que en Galicia esta ratio ascenderá hasta el 31,4%. La tasa de dependencia de la población mayor de 64 años será del 40,8% en España y
del 54,0% en Galicia. Los mayores de 80 años serán el 7,7% de la población en España y el 10,9% en Galicia en 2033. Según datos de la OCDE, en el año 2050 España será el tercer país más envejecido del mundo, solo por detrás de Japón y Corea, con
un 15% de su población por encima de los 80 años.
Uno de los factores de especial incidencia en este proceso es el relacionado con la rigidez de la estructura productiva. La actividad económica en estas comarcas rurales es débil, centrada en el sector primario y algunos servicios básicos,
a los que se suman los servicios turísticos en algunos de estos enclaves. A las carencias en materia de tejido industrial se suma la evolución de la propia actividad agropecuaria en las últimas décadas, que ha avanzado de manera importante hacia la
intensificación de las producciones.
Esto ha supuesto, en primer lugar, un acaparamiento progresivo de tierras y producciones en cada vez menos manos. El tamaño medio de las explotaciones agrícolas se ha incrementado en un 7% desde 2005. Este modelo de producción más
intensiva sustituye a pequeños productores y granjas familiares que producen de forma más respetuosa con el medio y fijan población en el medio rural. Incluso en aquellas comarcas que por su orografía o limitación de recursos no están siendo objeto
de la aparición de
macrogranjas o grandes monocultivos, las explotaciones familiares se ven obligadas a crecer e intensificar su actividad para resultar competitivas, lo que sobredimensiona las cabañas, presiona los ecosistemas, aumenta el factor competencial
y finalmente impide la pervivencia de un tejido social y económico suficientemente amplio en estas zonas.
En estas últimas dos décadas, la población de los municipios de 1.000 o menos habitantes en España ha caído un 8,9%, lo que supone 142.000 habitantes menos. De esta forma, han pasado de concentrar el 4% de la población en el año 2000 al
3,1% en 2018. Esto datos se relacionan con la capacidad de generación de empleo de las economías rurales. En términos de empleo y según datos de la EPA, el número de trabajadores del sector agrario ha pasado de 882.000 en el año 2000 a 749.700 en
2017, 132.300 puestos de trabajo menos, esto es, una caída del 15% en el empleo en solo 7 años, en un periodo en el cual la producción agrícola pasaba de 19.200 millones de euros a más de 25.300 millones, lo que supone un aumento del 31%, según
datos del MAPA.
Esta misma dinámica se extiende a otros sectores económicos. Por cada gran superficie comercial que abre en un pueblo se cierran un número de pequeños comercios que suponen más desempleos que nuevos empleos. La excusa de la creación de
puestos de trabajo ha provocado, en muchas comarcas rurales de Galicia, una caída del tejido económico y un mayor despoblamiento gracias a la implantación de explotaciones de tipo intensivo y de grandes superficies comerciales.
Todo ello nos lleva a inferir otro factor de incidencia en el fenómeno de despoblamiento; la fuga de rentas. Los logros de enriquecimiento y mejora que prometía a los agricultores la denominada 'modernización agraria' han sido bastante
precarios. Aunque la producción final agraria haya crecido exponencialmente, desde mediados de los 70 los precios percibidos por los agricultores han venido creciendo menos que los precios pagados y mucho menos que el coste de la vida. A esto se
suma el hecho de que la industria agroalimentaria y las redes de distribución se llevan la mayor parte del lucro asociado al consumo final de los productos, 1o cual supone que estas rentas no redundan en beneficio de los productores ni de las
comarcas rurales donde operan. La renta agraria per cápita ha permanecido desde entonces estancada o en regresión a pesar del peso creciente de las subvenciones. La actividad agraria aparece como una de las que perciben menos valor añadido por
hora de trabajo y, sobre todo, es la que menos salario/hora cobra. Esto incide directamente en la pérdida y el envejecimiento de la población en muchas comarcas de Galicia.
El abandono de prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio provoca a su vez la mayor aparición y propagación de enfermedades infecciosas y crónicas, la pérdida de fertilidad de las tierras y su biodiversidad, la erosión de los
ecosistemas, el envenenamiento de los acuíferos y, al fin, la desestructuración de un modo de vida, el del rural, que basaba su pervivencia en actividades integradas y respetuosas con su medio natural, a la vez que ofrecía servicios ambientales
fundamentales para la vida.
En este marco, es importante destacar el hecho de que son las mujeres quienes más están sufriendo los problemas en el mundo rural, como las altas tasas de paro, la carencia de inversiones o el abandono en materia de infraestructuras. Las
mujeres tienen un papel fundamental en la 'generación soporte', esa generación activa, en edad productiva y reproductiva que sostiene el mundo rural, pues sobre ellas recae el cuidado de las personas mayores, de la infancia, del entorno y de la
dinamización social.
Resulta de interés, en este punto, analizar las políticas públicas relacionadas con el desarrollo y dinamización de estas zonas rurales. De manera general, en los últimos años se han producido recortes importantes, cuando no un abandono, en
las dotaciones presupuestarias del Estado a programas de gasto que están íntimamente relacionados con el desarrollo rural y la sostenibilidad de la vida en estos entornos.
- La dotación de los programas relacionados con la competitividad y calidad de la producción agraria (412A, 412B, 412C, 412D), programas fundamentales para velar por el desarrollo de la actividad económica en los entornos rurales, ha caído
desde los 188 a los 91 millones de euros en el periodo 2011-2018. Esto significa una caída del 70,3% en las dotaciones presupuestarias para estos fines en el periodo 2007-2018.
- El progresivo abandono por parte del Estado del apoyo a la actividad económica agraria también se hace patente en las inversiones en infraestructuras. El programa de gestión de recursos hídricos para el regadío (414A) ha visto mermadas
sus partidas desde los 203 millones de euros en 2007 a los 59 millones en 2018. O sea, una reducción del 70,9% en el plazo 2007-2018.
- De igual modo y muy relacionado con todo lo anterior, el programa dedicado a la competitividad de la industria agroalimentaria (413A) ha visto mermadas sus partidas desde los 92 a los 32 millones de euros en el periodo 2007-2018, un 65,2%.
- La falta de apoyo creciente al desarrollo de la actividad industrial en los entornos rurales no solo se relaciona con la industria agroalimentaria, sino con todo el conjunto del sector. El programa de incentivos regionales a la
localización industrial (422A) ha sufrido un descenso en su presupuesto desde los 281 millones en 2007 a los 60 millones de euros en 2018. Esto es, un descenso del 79,0% desde el inicio de la crisis hasta la actualidad.
- También el programa dedicado al desarrollo industrial (422B) ha sufrido un abandono por la última administración. Si en el periodo 2007-2011 su dotación aumentaba desde los 45 hasta los 586 millones de euros, a partir de la entrada del
Gobierno popular se cercenaron estas cuentas hasta llegar a 54 millones de euros en 2018, habiendo llegado a caer hasta los 25 millones en los presupuestos de 2017.
- En cuanto a las dotaciones presupuestarias dedicadas al desarrollo del medio rural (414B), estas han caído desde los 1.520 a los 1.233 millones de euros en el periodo 2011-2018, una caída del 18,9% que significa una minoración de 287
millones de euros. En este caso el gobierno socialista había mantenido una política contraria a esta, aumentando los recursos destinados a este programa desde los 944 hasta los 1.520 millones de euros entre 2007 y 2011, un incremento del 61 %.
- La marginación de las políticas de apoyo al rural por parte del último gobierno del Partido Popular se hace más patente en relación al programa de desarrollo rural sostenible (414C). Este programa, que comenzó a ser dotado en el año 2008
con 100 millones de euros, vería doblado su presupuesto hasta los 200 millones en 2011. En los ejercicios siguientes estas dotaciones bajaron hasta los 20 millones anuales y en 2016 desaparecieron.
- Otra línea también fundamental de dotación presupuestaria relacionada con la actividad en el ámbito rural corresponde a los programas de protección y mejora del medio ambiente y del medio natural (456B, 456C). Estos programas han visto
mermadas sus partidas desde los 404 millones en 2007 a los 195 millones de euros en 2018. Esto supone un descenso del 51,7% desde que comenzó la crisis.
- Asimismo, si el mantenimiento y desarrollo de la actividad económica en los ámbitos rurales ha sufrido una merma considerable por las carencias en materia de políticas públicas adecuadas y suficientes, tampoco se han llevado a cabo
políticas sociales que sostengan a la población en estas zonas en época de crisis. El programa de prestaciones a desempleados (251M) ha sufrido un descenso en su presupuesto desde los 30.474 millones de euros en 2011 hasta los 17.702 millones en
2018, un recorte del 41,9%, lo que ha ido acompañado de un descenso en el importe de las prestaciones y el nivel de cobertura de la población desempleada.
- También se ña dado un recorte en las partidas dedicadas a la promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda (261N), desde los 1.126 hasta los 446 millones de euros en el periodo 2011-2018, lo que supone un
descenso del 60,4%. La falta de apoyo al acceso a la vivienda y la escasa cobertura de las prestaciones por desempleo son factores concomitantes con el descenso de la actividad económica y el empleo en las zonas rurales, lo que tiene un efecto
directo: el progresivo abandono del mundo rural y el envejecimiento de su población.
De estos datos se desprende que existe una relación directa entre la crisis demográfica sufrida por las comarcas rurales de Galicia y otras comunidades y el importante déficit de las políticas públicas dirigidas a mantener y dinamizar la
actividad y la propia vida en estos territorios. Son múltiples y de muy diversa procedencia los estudios y prospectivas que apuntan a una serie de factores desencadenantes del fenómeno de despoblamiento, envejecimiento y empobrecimiento progresivos
que se producen en estas zonas, en buena medida relacionados de manera directa o indirecta con las políticas públicas desarrolladas durante las últimas décadas: el bajo nivel de actividad económica y empleo; la baja rentabilidad y la temporalidad
de la actividad; la presión competitiva de los mercados; el desequilibrio social y territorial de las ayudas dirigidas al medio rural; el progresivo desmantelamiento de servicios públicos básicos (centros educativos, sanitarios, sociales,
judiciales, administrativos, transportes, etc.); la desaparición de servicios privados (bancarios, comercios, etc.); el deterioro y la falta de mantenimiento y mejora de infraestructuras y equipamientos (hospitales, carreteras, estaciones de tren,
etc.); las carencias en materia de telecomunicaciones (TV, banda ancha); o la falta de inversiones públicas en el apoyo a la producción agraria, la actividad económica, la protección y mejora del medio ambiente y del medio natural, el desarrollo
local y, de manera general, a las políticas que podrían promover la sostenibilidad de la vida en estos entornos. Y si la situación de estas comarcas experimenta un deterioro progresivo desde hace
décadas, los recortes realizados desde la última crisis financiera no han hecho sino acelerar el proceso de menoscabo al que se han visto sometidas.
Estos condicionantes han impulsado una dinámica por la que son muchas las personas, sobre todo jóvenes, que abandonan estos enclaves en busca de mejores condiciones de vida, mayores oportunidades de empleo o mayor cercanía a determinados
servicios. Y a la vez suponen limitaciones para la atracción de nuevos residentes o para la creación de nuevos proyectos de índole económica, social o cultural. Todo ello lleva a un progresivo decrecimiento y envejecimiento de la población y al
estancamiento de estas comarcas.
Si se tiene en consideración que son precisamente los territorios rurales los que proveen al conjunto de la población de .alimentos y .otros recursos materiales básicos, así como de los servicios ambientales que sirven al sostén de la vida,
nos encontramos con una situación en la que se da una transferencia neta de riqueza desde estas comarcas a las zonas urbanas que no es compensada de manera adecuada ni suficiente. Esto implica un desequilibrio territorial por el cual las zonas
rurales quedan como meras productoras de recursos y sumideros de residuos, y todo ello siguiendo un modelo que degrada la propia capacidad de estos territorios para la sostenibilidad de su actividad. Así, la reversión del proceso de abandono y
degradación del mundo rural es una cuestión de justicia económica, social y territorial, pero también una necesidad imperiosa de cara a garantizar la sostenibilidad de la vida en el conjunto de nuestra sociedad.
Y, a su vez, es un nicho de oportunidades. El mundo rural ofrece grandes posibilidades en el marco de una apuesta por una economía más sostenible. Las potencialidades que existen ligadas al creciente reconocimiento de los valores
ambientales, sociales y culturales de una actividad agraria y forestal más vinculada al territorio y sus recursos naturales; la adecuada gestión, aprovechamiento y valorización de estos recursos endógenos; o la emergencia de nuevos patrones de
consumo pueden y deben ser aprovechados, mediante políticas apropiadas, para definir un nuevo modelo socioeconómico que ofrezca un futuro digno y próspero para nuestras comunidades rurales. También, la diversificación de las producciones; el
desarrollo de una industria verde que reporte valor añadido a las producciones y promueva la economía circular; la implantación de actividad en la producción de energías no contaminantes; la articulación de sistemas de comunicación que permitan el
teletrabajo y la instalación de empresas de teleservicios; o la apuesta por el empleo público ligado al cuidado de las personas y del medio, aparecen como ejes de actuación política y económica que pueden suponer un revulsivo no solo para estas
comarcas, sino para todo el país en su conjunto.
En suma, el reto demográfico al que nos enfrentamos en las comarcas rurales de Galicia requiere de actuaciones en distintos ámbitos y niveles, que sean coherentes, transversales y que apuesten de manera decidida por la cooperación de los
distintos agentes implicados, para así contar con soluciones efectivas fruto de una visión integral y sostenible.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar e implementar, en colaboración con la Xunta de Galicia y los agentes sectoriales, territoriales y sociales, un Plan de acción por el reto demográfico en Galicia, que incluya líneas de
actuación integradas en relación al desarrollo y mejora de infraestructuras, equipamientos, servicios y prestaciones públicas; que se guíe por criterios de eficiencia, sostenibilidad, integralidad, cohesión territorial y atención al interés
general; y que cuente con las dotaciones económicas adecuadas y suficientes para el efectivo cumplimiento de los objetivos que se determinen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2020.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Cultura y de Deporte
161/001360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la celebración del centenario del nacimiento de la escritora Carmen Laforet, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
En el próximo año 2021 se conmemora el centenario del nacimiento de Carmen Laforet.
Nació, el 6 de septiembre de 1921, en Barcelona, aunque vivió toda su infancia y adolescencia en Gran Canaria. A los dieciocho años regresó a la Ciudad Condal para estudiar Filosofía y Letras y Derecho, sin llegar a terminar ninguna de las
dos carreras. Tres años más tarde se va a vivir a Madrid, donde contrae matrimonio, y donde escribe su debut, 'Nada', ganando con ella, con apenas veintitrés años, el Premio Nadal en su primera convocatoria.
Obtiene un enorme éxito de público (tres ediciones en el mismo año de su publicación) y de crítica, que culminó en 1948 con el premio Fastenrath de la RAE. Esta novela la consagró como la gran revelación de la literatura española de
posguerra, y se convirtió en una autora de culto para varias generaciones.
Durante los años cincuenta y sesenta desarrolló una intensa actividad literaria, mientras colaboraba regularmente en la revista Destino y el diario ABC. Ganó en 1955 el Premio Nacional de Literatura por la novela 'La mujer nueva'. Más
tarde continuó su obra narrativa con varias novelas, cuentos y relatos cortos. 'La insolación', publicada en 1963, es hasta la fecha su última novela y la primera parte de una trilogía que debía titularse Tres pasos fuera del tiempo.
La autora, dominada por la angustia, siguió escribiendo pero el espejismo del rotundo éxito alcanzado por su primera novela no la abandonó nunca. Melancólica y depresiva, insegura y triste, ella misma se autodiagnóstico con una palabra:
grafofobia.
A partir de los años setenta se fue distanciando paulatinamente del mundo literario, y su carrera culminó en el más absoluto silencio, falleciendo en Madrid el 29 de febrero de 2004, cuando contaba con 82 años de edad.
Para finalizar, hay que señalar que en este año, se cumplen 75 años desde que 'Nada' se publicó y ganó el Premio Nadal. Novela que, aunque la trama pertenezca a una época antigua y hayan pasado tantos años desde que salió a la luz, es un
libro con una modernidad aplastante. Esta obra, al ser hija de su tiempo, es una crónica de la España del hambre, pero también tiene un espíritu existencialista que conecta mucho con la actualidad.
En ella, Carmen, que aunque siempre defendió que su novela no era autobiográfica, recrea su llegada a Barcelona pocos años atrás.
Inspirándose en sus vivencias, plasma en ella sus sentimientos más íntimos, vehiculando en sus páginas el conflicto interno al que se ve abocada Andrea, su protagonista, al enfrentarse a la dura sociedad de posguerra, donde primaban la
violencia física y verbal, la miseria y, por encima de todo, la incertidumbre.
Carmen Laforet es una de las escritoras más importantes de la literatura española del siglo XX. Según palabras de Ramón J. Sender: 'Carmen Laforet es una escritora de gran talento, y la primera que en la historia española nos da entera y
sin disfraz el alma femenina desde dentro'. Para muchos es la prueba definitiva de que se puede ser a la vez una escritora muy popular y una escritora realmente secreta.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un programa de actuaciones para la conmemoración en 2021, del Centenario del nacimiento de Carmen Laforet, en coherencia con la importancia de su figura para la literatura española.
Dichas actuaciones, bajo la coordinación del Ministerio de Cultura y Deportes, y con la colaboración de instituciones públicas y privadas, se deben iniciar, en el presente año 2020, con la organización de exposiciones, seminarios y
encuentros en torno al 75 aniversario de la publicación de su principal obra 'Nada', continuando más tarde, ya en 2021, con todo tipo de actos orientados a informar y difundir su creación y figura literaria, así como al fomento de la lectura de su
obra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2020.-Marc Lamuà Estañol, Juan Luís Soto Burillo, Javier Antón Cacho, Julio del Valle de Iscar, María de Gracia Canales Duque, Maribel García López, Miguel Ángel González Caballero,
Fuensanta Lima Cid, José Losada Fernández, Vicent Manuel Sarrià Morrel, Yolanda Seva Ruiz, José Carlos Durán Peralta y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/001383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración del Gran
Premio de Motociclismo de Jerez como evento de especial interés público, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El Gran Premio de España de Motociclismo se celebra, cada año, en nuestro país desde 1950 y, concretamente, en el circuito de Jerez de la Frontera, Circuito Ángel Nieto, desde el año 1987.
Para la celebración anual del Gran Premio de Jerez, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez, han hecho frente anualmente al pago de un canon a DORNA, empresa organizadora de la prueba mundial, con el consiguiente esfuerzo económico
para un ayuntamiento que, como bien conoce el Ministerio de Hacienda, según los últimos datos publicados, es uno de los ayuntamientos más endeudados de nuestro país.
Tradicionalmente, el Gran Premio de España de Motociclismo, arranca en el Circuito de Jerez a primeros del mes de Mayo. El clima, la proximidad de la costa, la magnífica oferta hotelera, la gastronomía de la zona y unos excelentes servicios
y una perfecta organización que garantiza la seguridad en la celebración de la prueba, hacen que, junto al habitual dominio español en las dos ruedas, el Gran Premio de Jerez se convierta en destino obligado para aficionados al motor y en uno de los
eventos más importante del calendario deportivo a nivel nacional.
Efectivamente, en circunstancias normales, son más de 200.000 los aficionados que se acercan al circuito y más de 50.000 los vehículos de dos ruedas.
Reiteradamente, se ha trasladado por parte de las instituciones y de las organizaciones del sector que son más de 50 millones de euros los que se generan únicamente en gasto turístico directo al margen de los beneficios indirectos que el
Gran Premio implica desde el punto de vista de la promoción de la ciudad de Jerez, la provincia de Cádiz y la comunidad autónoma de Andalucía.
Recientemente, hemos podido conocer que el Gobierno de España a través del Consejo de Ministros, ha declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público la celebración de la F1 en Cataluña además, ha manifestado que, 'esta decisión va a
suponer un impulso a un evento que tiene especial significado en el circuito de Barcelona-Catalunya'.
La declaración de un evento con Acontecimiento de Excepcional Interés Público implica, como ya sabemos, representa una gran oportunidad para aquellas empresas que desean obtener beneficios fiscales asociando su imagen a un evento concreto de
tal manera que el gobierno favorece, a través del reconocimiento, la aportación de fondos para la propia organización del evento, lo que reduce la aportación pública, así como la propia divulgación del mismo.
Por todos los motivos antes expuestos, consideramos que el Gran Premio de Jerez de Motociclismo debe ser declarado por parte del Gobierno de España como Acontecimiento de Excepcional Interés Público.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar como Acontecimiento de Excepcional Interés Público el Gran Premio de Jerez de Motociclismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2020.-Marta González Vázquez y María José García-Pelayo Jurado, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón y D. Rafael Férnandez-Lomana Gutiérrez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a declarar la Liga Nacional de Fútbol Sala como Liga Profesional, para su debate ante la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Primero. La presente Proposición no de Ley se presenta con el fin de instar al Gobierno de España a adoptar las primeras medidas para profesionalizar la Liga Nacional de Fútbol Sala (en adelante, LNFS), entidad que en los últimos treinta
años ha generado multitud de actuaciones que le permiten optar a esta calificación.
España tiene mucho que agradecer a nuestros deportistas, tanto a aquellos cuyos deportes gozan de mayor seguimiento en el país, como a aquellos que practican deportes con menor seguimiento por la población. Todos ellos son embajadores de
nuestro país allí donde van y muchos son también referentes y ejemplo de su vida profesional y personal.
Segundo. El fomento del deporte por parte de los poderes públicos constituye uno de los principios rectores de la política económica y social en la Constitución Española. Así resulta del artículo 43.3, que dispone que 'Los poderes públicos
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio'.
El régimen jurídico del deporte y, en particular, del deportista, está formado por una gran profusión de normas y disposiciones que regulan el deporte, la actividad deportiva y el conjunto de actividades más o menos directamente relacionadas
con el mismo.
Tercero. Las Ligas profesionales son asociaciones deportivas que gozan de personalidad jurídica propia y de plena autonomía para su organización interna. Su autonomía se refleja en los Estatutos y Reglamentos internos que han de ser
aprobados por el Consejo Superior de Deportes, previo informe de la Federación deportiva española correspondiente.
Actualmente, en España las únicas Ligas Profesionales son la Liga de Fútbol Profesional (fútbol masculino) y la Liga ACB (baloncesto masculino). Estas ligas son asociaciones de configuración legal en las que es obligatorio integrarse para
participar en competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.
De acuerdo con el artículo 8.e) de la Ley del Deporte, la declaración de una determinada competición como profesional es competencia del Consejo Superior de Deportes.
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley del Deporte, para que el Consejo Superior de Deportes pueda calificar una determinada competición como profesional es preciso el cumplimiento de dos requisitos. Así,
'Serán criterios para la calificación de competiciones de carácter profesional, entre otros, la existencia de vínculos laborales entre Clubes y deportistas y la importancia y dimensión económica de la competición'
En el momento en que el CSD declara una liga como profesional, esta se desliga de la dependencia que mantiene con respecto a su federación correspondiente y asumen un conjunto de competencias que hasta ese momento ostentaba dicha federación.
Conforme al artículo 41.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte son competencias de las Ligas Profesionales:
- La organización de competiciones en coordinación con su respectiva federación y de acuerdo a los dictámenes y criterios del CSD.
- Tutela, control y supervisión con respecto a sus asociados y los clubes que la integren.
- Ejercer la potestad disciplinaria en los casos previstos en las Leyes, Reglamentos y en sus Estatutos.
- Informar previamente los casos de enajenación de instalaciones de las Sociedades Anónimas Deportivas.
Cuarto. La LNFS es una asociación privada, creada en la temporada 1989/1990 y dotada de personalidad jurídica propia, con patrimonio propio e independiente del de sus asociados y sin ánimo de lucro, constituida para promover y organizar la
práctica del fútbol sala.
La LNFS integra todos los Clubes deportivos que participan en las competiciones oficiales de la especialidad deportiva de fútbol sala de la Primera y Segunda División nacional y, en el ámbito deportivo, está integrada en la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF).
Por lo que respecta a la existencia de vínculos laborales entre Clubes y deportistas, la competición de primera división de la LNFS cuenta con 18 equipos, 208 jugadores profesionales y 100 jugadores internacionales de diversas
nacionalidades.
La relación laboral entre clubes y futbolistas se rige por los contratos de trabajo individuales y por el Convenio Colectivo del Fútbol Sala (CC), suscrito con fecha 21 de septiembre de 2016, entre la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) y la
Asociación de Jugadores de Fútbol Sala (AJFS) 9.
En función de los contratos suscritos entre los clubes de la LNFS y los propios jugadores, los salarios oscilan entre el importe correspondiente al Salario Mínimo Interprofesional y los cerca de 500.000,00 por temporada.
En cuanto a la dimensión económica de la LNFS, puede resaltarse claramente:
1. Explotación audiovisual: En septiembre de 2018, la LNFS firmó un contrato de venta de los derechos audiovisuales con LaLigatv donde se obliga a televisar en cada jornada un partido en una televisión nacional en abierto, otro partido en
la app gratuita de LaLigatv y varios en las tv autonómicas de los equipos locales que, además, se televisan en simulcast por la app mencionada.
El reparto entre los clubes lo decide una comisión de clubes de Primera y Segunda división y luego es ratificado en Asamblea General.
2. Explotación comercial: en los últimos años principalmente por los contratos de patrocinio y colaboraciones asociados a la propia marca y que, en la temporada 2019/20 ha ascendido a 450.000,00 .
3. Otros ingresos, tales como la venta de derechos de tv a cadenas extranjeras, servicios de asesoramiento a otras ligas extranjeras, cursos online, etc. En la temporada 2019/20 los ingresos por este concepto han sido de 100.000,00.-.
4. El presupuesto global de los clubes asciende a 20.787.167 millones de euros. Además, los clubes perciben subvenciones públicas, cuya cuantía se determina en función del presupuesto. También se generan ingresos a raíz de la venta de
derechos audiovisuales a cadenas de televisión extranjeras, así como el asesoramiento puntual a otras ligas internacionales.
Quinto. El seguimiento social del fútbol sala también se ha incrementado en los últimos años. Esto se debe, entre otros motivos, a la decisión tomada por la dirección de la LNFS de mantener la emisión de sus partidos en abierto (GolTV,
Forta y LaLiga SportsTV), rechazando así ofertas de medios privados para hacerse con los derechos audiovisuales. En este sentido, cada temporada, la LNFS tiene una audiencia media de casi 3,5 millones de espectadores.
También se ha producido un aumento de los espectadores que acuden a presenciar partidos de fútbol sala. Así, actualmente asisten una media de 3.000 espectadores a los partidos de fútbol sala y el récord de asistencia es de 12.635
espectadores.
El retorno mediático ha sido analizado por la prestigiosa empresa Kantar Media, quien estima el mismo en un total de 138.404.732 euros por temporada, lo que supone un retorno medio por club de 8.141.454 euros.
Las seis marcas patrocinadoras principales de la LNFS son las siguientes: Kelme, LaLiga SportTV, Rehab Medie, Besoccer, Seur y Ecovidrio. Las mismas obtienen un retorno mediático estimado en 98.763.548 euros, aportando los mismos 450.000
euros mensuales.
El total de seguidores en las redes sociales es de 883.910, destacando el Facebook oficial, con cerca de 250.000 usuarios. En cuanto al seguimiento por redes de los clubes que forman la liga, el montante total de usuarios asciende a
7.026.238.
Por otro lado, según el último informe elaborado por la RFEF 10, el número de licencias federativas de fútbol sala asciende a 144.097, lo que da una idea del alcance de esta disciplina deportiva en nuestro país.
9 1Sindicato constituido mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo de 10 de noviembre de 2000 (BOE núm. 286 de 29 de noviembre de 2000, pág. 15859).
10 https://cdnl.sefiitbol.com/sites/default/files/pdL19.-_licenciasnumero_y_tipos.pdf
En definitiva, todo ello pone de manifiesto y justifica que, desde el Grupo Parlamentario VOX, entendamos que es preciso que los órganos competentes del Gobierno de España realicen un análisis detallado de los motivos por los cuales aún no
se ha declarado como profesional la Liga Nacional de Fútbol Sala, en una clara desventaja con respecto al resto de ligas profesionales que cumplen con exactamente los mismos criterios, fijados en la Ley 10/1990, del Deporte y, en su caso, inicien
los trámites para que se declare esta Liga como deporte profesional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
a) Realizar un análisis detallado de la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley del Deporte para que la Liga Nacional de Fútbol Sala pueda calificarse como profesional.
b) Declarar, en su caso, y de acuerdo con el artículo 8.e) de la Ley del Deporte, la Liga Nacional de Fútbol Sala como deporte profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2020.-Rafael Férnandez-Lomana Gutiérrez y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/001361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Inés Cañizares Pacheco, D. Víctor Guido González Coello de Portugal, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, D. Rubén Manso Olivar y D. Rodrigo Jiménez Revuelta, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ampliación del plazo de
rescate de planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para que se debata en la Comisión de Asuntos Económicos.
Exposición de motivos
Los españoles utilizan los planes de pensiones como un vehículo de inversión privado usado como complemento a la pensión pública al alcanzar la edad de jubilación.
A 31 de agosto de 2020, los Planes de Pensiones individuales contaban con un patrimonio de 77.601 millones de euros, con un total de 7,47 millones de cuentas de partícipes (Fuente: Inverco). El patrimonio total ha recuperado los niveles
previos a la pandemia COVID-19.
Los planes de pensiones en España se rigen por el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, el
Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero y el Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, que modifica aspectos de las citadas normativas.
Existen una serie de circunstancias especiales en las que sus beneficiarios pueden rescatar los fondos antes de la jubilación:
- Enfermedad grave.
- Fallecimiento.
- Desempleo de larga duración.
- Invalidez.
- Desahucio de la vivienda.
- Pasados 10 años de la primera aportación: supuesto que entró en vigor en enero de 2015 y que establece que el dinero aportado antes de esa fecha podrá ser rescatado a partir de 2025.
La crisis económica motivada por la pandemia del coronavirus ha originado una oleada de despidos en forma de ERTE,s y ERE,s que hará que la capacidad de gasto de muchas familias se vea comprometida al reducirse las rentas percibidas.
En la situación actual es clave que las familias puedan hacer uso de sus ahorros para cubrir necesidades básicas y tener un remanente de liquidez para futuras compras una vez se retome la normalidad.
El Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en su Disposición adicional vigésima establecía la posibilidad de disponer de
los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El Real Decreto-ley 11/2020 fue posteriormente completado por el artículo 23 del Real Decreto-ley 15/2020, de
21 de abril. Esta Disposición establecía un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para hacer efectivos los derechos consolidados de los planes de
pensiones.
En el punto 5 del Real Decreto-ley 11/2020 se establece que 'El Gobierno, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, podrá ampliar el plazo previsto en el apartado 1 para solicitar el cobro de los planes de
pensiones, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la situación derivada de las circunstancias de la actividad económica provocadas como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19'.
El 14 de septiembre se ha cumplido el plazo de 6 meses establecido, no existiendo constancia de que el Gobierno haya ampliado este plazo.
Nos encontramos ante un rebrote de la pandemia y de una situación económica difícil que está tensionando la liquidez de nuestros ciudadanos, por lo que es necesario activar todas las posibilidades para que puedan disponer de sus ahorros de
manera inmediata y sin penalización fiscal.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
a) Extender el plazo de seis meses inicialmente marcado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, seis meses más, revisables en caso de que los efectos económicos negativos de la pandemia perduren.
b) Eliminar el carácter de 'rendimiento de trabajo' de los rescates realizados en el marco de los supuestos contemplados en el Real Decreto-ley 11/2020, de tal forma que la totalidad del rescate pueda ser utilizada por el ahorrador.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso de Muñumer, Rubén Silvano Manso Olivar y Rodrigo Jiménez Revuelta, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora del instrumento de
ayudas mediante modificación de la actual Orden ETD/348/2020 que establece las Bases Reguladoras de la Concesión de Ayudas con Cargo al Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), para su debate en la Comisión de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
España tiene una de las mejores coberturas de banda ancha de Europa. No obstante, todavía existen algunas zonas o territorios donde esta capacidad no existe o es insuficiente. Desde el año 2013 se desarrolla, con apoyo de fondos FEDER, una
serie de iniciativas tanto estatales como de comunidades autónomas tendentes a mejorar esta cobertura.
La importancia de dotar de cobertura de banda ancha al 10% de la población que aún no dispone de ella es fundamental para evitar la discriminación rural y resolver el problema de la España vaciada.
Este objetivo se ve reforzado como consecuencia de la COVID-19 ya que el teletrabajo y la teleformación están siendo fundamentales para conseguir paliar parcialmente los problemas planteados por la pandemia y la necesidad de salvaguardar la
salud.
La necesidad de dotar de banda ancha universal a todos los ciudadanos responde a múltiples criterios: el desarrollo económico, la garantía de un desarrollo homogéneo y la disminución de la brecha digital en estos territorios, haciendo
posible el desarrollo económico de zonas hasta ahora aisladas.
Sin embargo, el actual panorama de las ayudas a la banda ancha que se han puesto en marcha a través del gobierno mediante la reciente orden de bases y convocatoria no son la apuesta más adecuada para instrumentar los objetivos de desarrollo
de estas infraestructuras.
La actual Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, establece las Bases Reguladoras de la Concesión de Ayudas con Cargo al Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) para el período 2019-2021, dando continuidad al plan
de ayudas que lleva más de un lustro en funcionamiento a través de la Orden IET/1144/2013, de 18 de junio, modificada por la Orden IET/241/2014, de 13 de febrero, por la Orden IET/275/2015, de 17 de febrero y por la Orden ETU/275/2017, de 22 de
marzo. Pero esta continuidad de la nueva orden de bases, se rompe en un aspecto fundamental: el ámbito territorial mínimo al que un potencial beneficiario debe optar. Hasta ahora, un operador de comunicaciones electrónicas podía solicitar una
ayuda para una entidad singular de población (un municipio o un ámbito territorial menor), pero con esta nueva orden, dicha posibilidad desaparece, obligando a que el operador opte, como mínimo a desplegar redes de alta velocidad en todas las
entidades singulares identificadas susceptibles de ayuda, dentro de una provincia.
Es obvio que esta restricción no supone una mejora de la calidad de los proyectos presentados y supone un impedimento a los pequeños operadores de telecomunicaciones, generando un efecto contrario a la libre competencia, puesto que no todos
los operadores prestan sus servicios en toda una provincia y la posibilidad de no hacerlo así, reduce la valoración de muchos operadores (Art. 21.3). Además, existen otros requisitos excluyentes de solvencia económica de la orden (Art. 21.2.d).
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar la actual orden de bases que regula el PEBA de forma que se elimine el ámbito provincial de los proyectos a presentar y se sustituya por la obligatoriedad de presentar proyectos por la demarcación territorial más pequeña que se
pueda definir como susceptible de ayuda.
2. Que no se establezca en las convocatorias como requisito un presupuesto mínimo, considerando que cada demarcación tendrá unas exigencias diferentes y que se trata de ámbitos territoriales pequeños.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020.-Teodoro García Egea, Juan Luis Pedreño Molina y Mario Cortés Carballo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer las prioridades
presupuestarias de los fondos Covid de procedencia europea destinados a la transformación digital de España, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El 21 de julio, la Unión Europea aprobó un fondo anticrisis de 750.000 millones de euros de los que España recibirá 140.000 millones, cantidad solo superada por Italia.
Para ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá enviar un plan de inversión y reformas a Bruselas antes del 15 de octubre basadas en las recomendaciones de política económica de la UE: reforma laboral, medidas para garantizar
la sostenibilidad de las pensiones, pacto educativo o la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado, sobre todo después de haber defendido que las condiciones se centrarán en la transición digital y verde, en lugar de en reformas macroeconómicas.
Así pues, el Gobierno debe ahora establecer una financiación para incentivar lo que expertos definen como Revolución 4.0 o Revolución Digital que consiste en el desarrollo de las nanotecnologías, neurotecnologías, robots, inteligencia
artificial, biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D, y estiman la creación de cinco millones de puestos de trabajo en los quince países más industrializados del planeta. Avances como Internet de las cosas (loT),
big data, blockchain o la inteligencia artificial forman parte de un ecosistema que cambiará la forma de vivir y trabajar de las personas. La aceleración de la digitalización y la reducción de costes ya está generando nuevas necesidades de
innovación, no solo en el ámbito público sino también en el sector privado personal.
El mundo laboral afronta ahora nuevos retos. Los avances en la robótica supondrán la automatización de muchas tareas que realizan ahora los trabajadores y las nuevas tecnologías cambiarán el modelo de organización empresarial. Pero no se
destruirá empleo, sino que aumentará la demanda de profesionales con alta retribución y cualificación en puestos creativos. Por esto, es fundamental que España recupere los 'talentos fugados' a empresas extranjeras y les garantice un mejor futuro
profesional creando un ecosistema de PYMES que demande empleo especializado y ayude a digitalizar el tejido productivo.
Es evidente que esta revolución conlleva una necesaria adaptación de los planes educativos escolares, universitarios y de formación profesional, por lo que resulta urgente introducir en ellos el aprendizaje digital.
Pero la Cuarta Revolución Industrial no solo es un reto para las empresas sino también para las Administraciones Públicas que deben garantizar a los ciudadanos españoles sus derechos digitales, protegerles de los ciberataques y facilitarles
el acceso a esas tecnologías para superar la brecha digital y crear unos servicios públicos más ágiles y eficientes, sin olvidar la importancia de proteger a los menores del mal uso de las tecnologías.
La crisis sanitaria del Covid-19 ha llevado a miles de empresas a tener que adaptarse, en tiempo récord, a una nueva realidad marcada por el teletrabajo, pero no todas las organizaciones estaban preparadas para afrontar una situación de
estas características.
Con el fin de incentivar el proceso de digitalización de las empresas españolas, es importante definir claramente las partidas presupuestarias de los fondos Covid europeos destinadas a la transformación digital de las empresas españolas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas que sean necesarias para priorizar las siguientes actuaciones en las partidas de los presupuestos Covid:
1. Ofrecer ventajas fiscales a las empresas que inviertan en la digitalización de sus procesos y en la recualificacion de sus empleados.
2. Crear una línea de ayudas a la modernización de los procesos de fabricación en las plantas industriales para mantener la eficiencia y garantizar la competitividad de nuestra industria.
3. Promocionar la utilización de la Inteligencia Artificial como herramienta de mejora de la eficiencia y potenciar las empresas de servicios de computación y data centers en el territorio nacional.
4. Implantar la tecnología blockchain en todos los sectores de la sociedad española.
5. Potenciar el despliegue de las infraestructuras e incentivar la producción de coches conectados, vehículos autónomos y vehículos aéreos no tripulados para uso comercial y de transporte de mercancías.
6. Apoyar la implantación del hogar digital y las ciudades inteligente y potenciar la teleasistencia y las competencias digitales de la población.
7. Incentivar la Revolución digital en el medio rural.
8. Promocionar el uso de la robótica en todo el sistema productivo español estableciendo las bases regulatorias ayudas directas para su rápida implantación.
9. Fomentar la retención del talento.
10. Establecer el aprendizaje digital en todo el sistema educativo español.
11. Aumentar las becas de investigación tecnológica e innovación.
12. Financiar la formación digital de los trabajadores.
13. Dotar de dispositivos y formar en competencias digitales a los colectivos más necesitados para afrontar esta Transformación Digital.
14. Incentivar el emprendimiento y la creación de empresas de base innovadora y de startups.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020.-Teodoro García Egea, Juan Luis Pedreño Molina, Mario Cortés Carballo y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/001371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la digitalización de las Pymes,
para su debate en Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
En España, las empresas de menos de 250 trabajadores, incluidas en la definición de pyme, representan el 98% del tejido empresarial. Por lo tanto, el sostenimiento de la economía española se lo debemos a ellas. Son el pilar básico que crea
el 74% del empleo de nuestro país y sitúan nuestra economía como una de las más dependientes de las pymes de toda Europa, con un 65% del valor añadido bruto. Según los datos publicados por CEPYME, solo Malta, Letonia, Estonia y Bulgaria tienen más
empleo que España en pequeñas y medianas empresas.
Otro aspecto importante a tener en cuenta, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es que, en la mayoría de los países, las diferencias de productividad laboral entre las pymes y las grandes empresas son
altas, sobre todo en los sectores de manufacturas y servicios. Esto quiere decir que tamaño y productividad van de la mano, aunque no por ello las empresas más grandes son las más productivas. De hecho, el Banco de España señala que la
productividad es la que hace crecer a las empresas y no al contrario.
Son las nuevas tecnologías las que pueden ayudar a dar el gran salto a las pymes, poniendo a su alcance herramientas capaces de ayudarles a ganar productividad. En este sentido, es de suma importancia la digitalización de las pequeñas y
medianas empresas.
Lo normal cuando el empresario de una pyme tiene que enfrentarse a los conceptos de digitalización o e-commerce, es que su pensamiento se dirija a los sueldos que ha de pagar a fin de mes o si va a poder abrir su comercio, y esto se debe a
que la expresión 'transformación digital' le suena caro, raro, difícil, y parece que fuera solo para las grandes empresas. Por ello, es necesario ayudar al cambio de la cultura empresarial que debe acompañar a la transformación digital.
Hay que poner en valor que por cada dos puestos de trabajo que se pierden en la economía previa a la digitalización, se crean cinco nuevos empleos en la economía de internet y, por tanto, ya que estamos inmersos en una revolución digital que
crea nuevas posibilidades al empleo, nuestras pymes se encuentran ante una gran oportunidad.
De los estudios que existen en relación con la digitalización de las pymes, el informe DESI (Digital Economy and Society Index) ofrece un seguimiento de los avances realizados por los Estados miembros en materia de digitalización, y está
estructurado en cinco capítulos:
1. Conectividad: banda ancha fija, banda ancha móvil y precios.
2. Capital humano: uso de internet, competencias digitales básicas y avanzadas.
3. Uso de servicios de internet: uso por parte de los ciudadanos de los contenidos, las comunicaciones y las transacciones en línea.
4. Integración de la tecnología digital: digitalización de las empresas y comercio electrónico.
5. Servicios públicos digitales: administración electrónica y sanidad electrónica.
Según este informe, España ocupa el puesto número 11 de los 28 estados miembros de la UE, con una amplia penetración de la banda ancha, pero con un bajo nivel de concienciación y preparación de la pequeña y mediana empresa en cuanto a la
necesidad de innovar, con un conocimiento muy limitado de los beneficios de la Cuarta Revolución Industrial, y carencia de los recursos financieros y humanos para innovar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar que Internet llegue a todo el territorio nacional, a todos los pueblos de España, por pequeños que sean, mediante un Plan Nacional 5G.
2. Aprobar programas destinados especialmente a las Pymes para dar apoyo a la transformación digital de las empresas.
3. Regular la fiscalidad en el marco de la OCDE y de la Unión Europea para evitar la utilización de los entornos digitales como fuente de elusión tributaria.
4. Impulsar la l+D+i para aumentarla inversión pública y privada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020.-Juan Luis Pedreño Molina, Miguel Ángel Castellón Rubio y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la formación digital de
las empresas, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
En el año 2017 el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital puso en marcha una consulta pública para el desarrollo de una nueva estrategia nacional (provisionalmente denominada 'Estrategia para una España inteligente'), que era una
versión actualizada de su Agenda Digital con objetivos y ámbitos políticos más amplios, de acuerdo con las propuestas y objetivos para 2025 de la Estrategia para el Mercado Único Digital.
No obstante, nuestro país está todavía lejos de aprovechar las ventajas de la economía digital. La Cámara de Comercio de España, en su informe 'La digitalización como palanca de competitividad de la pyme', establece que la economía digital
representa hoy día el 5,6% del PIB de España y que solo se está aprovechando el 13,5% de su potencial digital.
Por tanto, existe un amplio margen de mejora que implicaría un cambio sustancial de nuestro modelo productivo, en el que las grandes empresas españolas son ya parte activa de ese proceso de digitalización y que, en muchos casos, lideran a
nivel internacional. Pero la clave está, por un lado, en implicar a las pymes por el peso que tienen en el tejido empresarial español, puesto que su nivel de digitalización afecta de forma importante a la economía española y a su propia posición
competitiva; por otro lado, hay que adoptar las medidas necesarias para promover la formación de profesionales en competencias digitales.
Se ha demostrado que la Cuarta Revolución Industrial, basada en la transformación digital, va a generar nuevas fuentes de ventajas competitivas determinantes para la industria del siglo XXI. Los nuevos
desarrollos tecnológicos y la hiperconectividad plantean retos y oportunidades históricas para el desarrollo de la 'Industria inteligente'.
Los expertos definen la Revolución 4.0 como el desarrollo de las nanotecnologías, neurotecnologías, robots, inteligencia artificial, biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D, y estiman la creación de cinco
millones de puestos de trabajo en los quince países más industrializados del planeta.
Así pues, avances como Internet de las cosas (loT), big data, blockchain o la inteligencia artificial forman parte de un ecosistema que cambiará la forma de vivir y trabajar de las personas. La aceleración de la digitalización y la
reducción de costes ya está generando nuevas necesidades de innovación, no sólo en el ámbito público sino también en el sector privado personal.
El mundo laboral afrontará nuevos retos. Los avances en la robótica supondrán la automatización de muchas tareas que realizan ahora los trabajadores y las nuevas tecnologías cambiarán el modelo de organización empresarial. Pero no se
destruirá empleo, sino que aumentará la demanda de profesionales con alta retribución y cualificación en puestos creativos. Por esto, es fundamental que España recupere los 'talentos fugados' a empresas extranjeras y les garantice un mejor futuro
profesional creando un ecosistema de Pymes que demande empleo especializado y ayude a digitalizar el tejido productivo.
Es evidente que esta revolución conlleva una necesaria adaptación de los planes educativos escolares, universitarios y de formación profesional, por lo que resulta urgente introducir en ellos el aprendizaje digital.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar planes nacionales de Formación de Trabajadores en competencias digitales para empresas, profesionales de la medicina, funcionarios públicos, profesorado, etc.
2. Impulsar el empleo juvenil mediante planes de formación digital.
3. Fomentar el aprendizaje digital en la Formación Profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2020.-Teodoro García Egea, Juan Luis Pedreño Molina, Mario Cortés Carballo y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/001381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para facilitar el proceso de
transición de la industria española hacia la industria 4.0 para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
España se enfrenta en el siglo XXI a la Cuarta Revolución Industrial y, por consiguiente, a la implantación de la Industria 4.0. Los retos de esta revolución han de ser afrontados con determinación, puesto que se trata de un nuevo paradigma
que evoluciona a gran velocidad y se asienta sobre una tecnología en continuo cambio.
En la actualidad, la Cuarta Revolución Industrial está llamada a introducir importantes cambios económicos y sociales, y a exigir una transformación en la estructura, formación y reglas de juego del mundo empresarial. El software para las
empresas, el uso de los ordenadores y la llegada de Internet, que permite conectarse las 24 horas, han transformado la productividad y los canales de compra, a la vez que las redes sociales lo han hecho con el modo de relacionarse las personas.
La digitalización de nuestras vidas gana cada vez más impulso y se refleja en el surgimiento de 'ciudades inteligentes', la disminución del papel de los intermediarios en la economía, la creciente
competencia entre las plataformas digitales y la banca clásica, etc. La economía mundial va hacia un tipo completamente nuevo de producción industrial, que se basará en los llamados grandes datos y análisis relevantes.
Así pues, avances como Internet de las cosas (loT), big data, blockchain o la inteligencia artificial forman parte de un ecosistema que cambiará la forma de vivir y trabajar de las personas. La aceleración de la digitalización y la
reducción de costes ya está generando nuevas necesidades de innovación, no sólo en el ámbito público sino también en el sector privado personal.
El mundo laboral afrontará nuevos retos. Los avances en la robótica supondrán la automatización de muchas tareas que realizan ahora los trabajadores y las nuevas tecnologías cambiarán el modelo de organización empresarial.
Ya hay muchos ejemplos que muestran cuáles serán las realidades de la economía en la era de la cuarta revolución industrial, como la aparición de plataformas financieras y tecnológicas, las criptomonedas de Bitcoin, las tecnologías
Blockchain, etc.
El atractivo de los modelos de negocios de nuevas empresas financieras y tecnológicas lleva al hecho de que su valor estimado sea a menudo más alto que la capitalización de los grupos de banca de inversión tradicionales. Por ejemplo, la
capitalización de PayPal, que cotiza en NASDAQ, supera los 44.000 millones de dólares, mientras que el líder tradicional de banca de inversión global, Deutsche Bank, capitaliza alrededor de 21.000 millones de dólares.
Por otra parte, la consecuencia inevitable de esta revolución industrial es el poderoso desarrollo que las energías alternativas están teniendo, de manera que el peso de las energías que provienen de combustibles fósiles va disminuyendo
paulatinamente. Las fuentes de producción de energía a través de la tecnología solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa, biogás, flujos de marea, geotérmica, son cada vez mayores.
Además, la cuarta revolución industrial abre grandes oportunidades de crecimiento para la economía mundial, pero al mismo tiempo plantea desafíos absolutamente nuevos. El desarrollo de tecnologías y los nuevos sistemas de producción
modifican las estructuras económicas existentes, las empresas se ven obligadas a adaptarse a las cambiantes demandas de los consumidores, y surge la paradoja de que mientras la economía puede crecer, los puestos de trabajo pueden disminuir motivado
principalmente por la robotización y la falta de personal cualificado. La automatización de la producción, solo en Alemania, puede llevar a una reducción de hasta 610.000 empleos en el medio plazo. Una economía basada en nuevas realidades necesita
cada vez más especialistas altamente cualificados que creen nuevas tecnologías y menos trabajadores sin o con poca cualificación, Por lo que el diseño que se haga de la formación educativa va a ser importante a la hora de contribuir a la creación de
nuevos empleos. En el futuro, dos tercios de nuestros estudiantes tendrán empleos que no existen aún. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Pero no se destruirá empleo, sino que aumentará la demanda de profesionales con alta retribución y
cualificación en puestos creativos.
Tenemos que considerar también los sistemas de inteligencia artificial que se están diseñando para complementar a la inteligencia humana, y ver su repercusión en el mundo real. Desde la prevención de enfermedades hasta la participación en
sociedad de modo más activo de aquellas personas con discapacidad, así como desarrollar modos más sostenibles de utilización de los escasos recursos de nuestro planeta.
Todo lo anterior presenta un futuro lleno de esperanza, pero también de incertidumbres que obliga a investigadores, responsables políticos, empresas y sociedad civil a articular un marco ético para la inteligencia artificial.
Es evidente que España tiene pendiente una apuesta legislativa que armonice la necesaria seguridad jurídica con la agilidad y flexibilidad del objeto de la regulación. Se trata de simplificar procedimientos, impulsar la productividad y
avanzar con determinación, asegurando que las normas produzcan verdaderos beneficios para la sociedad española y protejan efectivamente a los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar el marco regulatorio que facilite el proceso de transición de la industria española hacia la industria 4.0 y conducir a la sociedad hacia la digitalización.
2. Diseñar un Plan Nacional para la Digitalización en España que garantice la formación de los ciudadanos en el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías, así como la colaboración entre las empresas y universidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2020.-Teodoro García Egea, Juan Luis Pedreño Molina, Mario Cortés Carballo y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/001389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Inés María Cañizares Pacheco, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Rodrigo Jiménez Revuelta, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, D. Rubén Silvano Manso Olivar y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la fusión de
la multiplicidad de instrumentos del Estado para el apoyo financiero a empresas, para su discusión en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Primero. El Estado tiene una sorprendente multiplicidad de Instrumentos para la financiación de empresas y proyectos.
1. La Administración General del Estado dispone de un gran número de instrumentos y entidades que tienen como principal objeto el apoyo financiero a proyectos empresariales: internacionalización y exportación, desarrollo tecnológico,
seguros y reaseguros o reafianzamiento están entre los objetos principales de estas herramientas. Nos referimos a ellas en los siguientes apartados.
2. La principal entidad del Estado a este respecto es el Instituto de Crédito Oficial, EPE ('ICO'), banco público con la forma jurídica de entidad pública empresarial que tiene el carácter de Agencia Financiera del Estado. Capta
financiación en los mercados nacionales e internacionales y las deudas y obligaciones que contrae gozan de la garantía explícita, irrevocable, incondicional y directa del Estado frente a terceros 11. En sus Estatutos se señala que 'son fines del
Instituto de Crédito Oficial el sostenimiento y la promoción de las actividades económicas que contribuyan al crecimiento y ala mejora de la distribución de la riqueza nacional'.
ICO está adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
3. Dentro del grupo ICO se encuentran, además, la Fundación ICO y Axis Participaciones Empresariales, SGEIC, SA, SME (Axis), gestora de capital-riesgo a cargo de tres fondos: FOND-ICOpyme (que invierte en empresas pequeñas y medianas para
financiar sus necesidades de crecimiento), FOND-ICOinfraestructuras II (para financiar inversiones en infraestructuras que prioritariamente se desarrollen en los sectores de transporte, energía y medioambiente, infraestructura social y servicios) y
FOND-ICO Global (para promover la creación de fondos de capital riesgo de gestión privada que realicen inversiones en empresas españolas en todas sus fases de desarrollo).
4. Otro de los instrumentos esenciales y más conocidos es ICEX España Exportación e Inversiones, EPE, MP ('ICEX'), entidad pública empresarial que tiene por misión 'la promoción de la internacionalización de la economía y de la empresa
española y la mejora de su competitividad, así como la atracción y la promoción de las inversiones extranjeras en España'. ICEX dispone de 30 Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio repartidas por la geografía española y de cerca de
100 Oficinas Económicas y Comerciales repartidas por todo el mundo. Ello le permite, según el propio ICEX, 'conocer de primera mano las principales oportunidades de negocio de los distintos países en los que opera que mejor pueden ser aprovechadas
por las empresas españolas, así [como] desarrollar estrategias para atraer inversión directa de alto valor añadido. Su tercera pata es la formación de capital humano para la intemacionalización'. Para prestar servicios 'de información,
asesoramiento y capacitación empresarial',
11 https://www.ico.es/web/ico/que-es-ico.
'de apoyo a la exportación', 'de apoyo a la implantación', 'deformación' y 'de atracción de inversiones extranjeras', además de realizar labores de 'cooperación institucional para la internalización', ICEX cuenta con distintos programas:
ICEX Influencer (para apoyar a las empresas españolas de los sectores de bienes de consumo para que inicien su camino en una nueva forma de promoción de sus productos, participando en un Plan de Influencers con paquetes especiales para los mercados
de Alemania, Rusia, EE. UU., México y China); ICEX Next (programa de ICEX para PYMES españolas que desean crecer internacionalmente, ayudándolas en todas las fases de su proyecto); conecta2 a ICEX (para tener una primera conversación de hasta 30
minutos* con los expertos de la red de casi 100 Oficinas Económicas y Comerciales distribuidas por todo el mundo); o ICEX IMPACT+ (para apoyar a las empresas españolas en la diversificación de los mercados de destino de su actividad comercial y de
inversión, abordando nuevos mercados).
Su régimen jurídico se contiene en el Real Decreto 1636/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). ICEX cuenta con un Consejo de
Administración compuesto por 12 miembros.
ICEX está adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
5. Otro de los instrumentos en manos del Estado es SEPI Desarrollo Empresarial, SA., SME ('SEPIDES'), que 'tiene como objetivo prioritario, la dinamización de la actividad empresarial mediante dos vías: (i) actividad empresarial: la
promoción y apoyo de inversiones privadas participando en el capital de sociedades y concediendo préstamos que generen riqueza y puestos de trabajo; (ii) actividad inmobiliaria: realizando operaciones inmobiliarias y urbanísticas entre las que se
encuentran el desarrollo de programas de revitalización económica a través del diseño, urbanización y promoción, en cooperación con organismos oficiales o deforma más directa, de parques empresariales'. SEPIDES presta, asimismo, 'servicios de
gestión y asesoramiento inmobiliario a SEPI y sus empresas con el objetivo de optimizar el patrimonio del holding'.
SEPIDES dispone de tres fondos activos para ayudar a empresas españolas: (i) Fondo Consolida Adelante CLM, FICC (orientado a empresas españolas en fase de desarrollo inicial o expansión y con potencial de crecimiento, con preferencia en
inversiones ubicadas en Castilla-La Mancha); (ii) Fondo Ingenio CLM, FICC (orientada a empresas en fase de desarrollo inicial y a aquellas que, habiendo superado las primeras fases de implantación, realicen inversiones para impulsar su crecimiento
españolas, con preferencia en inversiones ubicadas en Castilla-La Mancha); y (iii) Fondo Enisa, Fond-ICOpyme, Sepides para la expansión de la PYME, F.I.C.C. (orientada a empresas españolas, con preferencia a las inversiones ubicadas en regiones
'convergencia' y 'phasing out'. La inversión se realizará en sociedades no cotizadas, en fase de desarrollo inicial, y también aquellas que habiendo superado las primeras fases de implantación, realicen inversiones para impulsar su crecimiento).
SEPIDES se integra en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ('SEPI'). En consecuencia, está adscrita al Ministerio de Hacienda.
6. Por su parte, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, EPE ('CDTI') es una entidad pública empresarial que 'promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las
solicitudes de ayuda y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional' 12. En su virtud: (i) 'concede a la empresa ayudas económicas propias y facilita el acceso a la de terceros'; (ii) 'presta apoyo a
la empresa para desarrollar en cooperación internacional'; o (iii) 'gestiona y apoya la consecución, por parte de empresas españolas, de contratos industriales de alto contenido tecnológico generados por diferentes organizaciones nacionales y
europeas'. Para realizar estas funciones, el CDTI pone a disposición de las empresas españolas una red de oficinas o representantes en el exterior.
El CDTI dispone asimismo de un Consejo de Administración compuesto por un presidente, un director general y diez vocales.
Está adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación.
7. La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, SA, SME ('COFIDES') es una sociedad mercantil estatal creada en 1988 que 'facilita financiación a medio y largo plazo a proyectos privados viables de inversión que contribuyan, con
criterios de rentabilidad, tanto al desarrollo de los países receptores de las inversiones como a la internacionalización de la economía y de las empresas españolas' 13. COFIDES utiliza sus recursos propios para financiar proyectos de inversión en
países
12 https://www.cdti.es/index.asp?MP=6&MS=5&MN=l&r=1536*864.
13 https://www.cofides.es/quienes-somos.
emergentes o en desarrollo; y gestiona, por cuenta del Estado dos fondos: (i) el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX), que elige 'proyectos viables de carácter privado en el exterior en los que exista algún tipo de interés español'
14; y (ii) el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME), que selecciona 'proyectos de pymes en el exterior en los que exista algún tipo de interés español' 15.
COFIDES también cuenta con un Consejo de Administración compuesto por 12 miembros.
Está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
8. La Empresa Nacional de Innovación, SME, S.A., ('ENISA') se dedica a prestar 'apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas que quieren impulsar sus proyectos de emprendimiento innovador'. En este sentido, se busca apoyar 'proyectos
empresariales viables a través de una alternativa de financiación que permita diversificar las fuentes a las que acudir, sirviendo como opción complementaria a otras fuentes de inversión públicas o privadas'. El instrumento financiero es el
préstamo participativo.
ENISA tiene tres líneas de financiación: (i) para jóvenes emprendedores (dirigida a pymes y startups de reciente constitución creadas por jóvenes para abordar las inversiones que precisa el proyecto empresarial en su fase inicial); (ii)
para emprendedores, en general, independientemente de su edad; y (iii) de crecimiento (para apoyar los proyectos empresariales de compañías interesadas en expandir su negocio o lograr una mejora competitiva).
ENISA también es dirigida por un Consejo de Administración compuesto por nueve miembros.
Está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
9. En materia de seguros, la Administración General del Estado dispone de la compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, Compañía de Seguros y Reaseguros, SME ('CESCE'), 'cabecera de un grupo de empresas que ofrece
soluciones integrales para la gestión del crédito comercial en parte de Europa y Latinoamérica. CESCE es también la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) española que gestiona el seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado en
España' 16. Para ello, CESCE proporciona seguros de crédito, como Máster Oro, Fácil (para pymes con ventas a crédito), Classic, Quantum, Póliza Verde (ligada al medio ambiente) e Industrial. También se prestan soluciones de apoyo a la financiación
para empresas y seguros de caución, estos últimos en diversas modalidades: garantías de licitación y ejecución (de obras, suministros o prestación de servicios), anticipos y acopios públicos, obligaciones ante las autoridades aduaneras, garantías
por contratación de tiempos publicitarios y garantías ante el Fondo Español de Garantía Agraria. Asimismo, ofrece servicios de diagnóstico de los riesgos políticos y comerciales que afectan a las operaciones de comercio e inversión en el exterior
(Riesgo País) y CESCE Connect, que conecta el sistema de gestión de la empresa con el de CESCE.
CESCE da entrada en su accionariado no solo a la Administración General del Estado (50,25 %), sino también a entidades privadas (como los grupos BBVA y Santander, entre otros bancos, así como compañías de seguros).
CESCE tiene un Consejo de Administración formado por 15 miembros.
10. Hemos de referirnos, asimismo, a la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, SA ('CERSA'), cuya misión es 'facilitar a las pymes y autónomos en España la obtención de todo tipo de financiación, con especial incidencia en las empresas
de reciente creación y menor tamaño y, por tanto, con mayores dificultades de acceso a recursos ajenos'. Ello se lleva a cabo a través de los avales para las pymes y autónomos otorgados por el Sistema de Garantía: CERSA da soporte a través de su
cobertura por reafianzamiento al Sistema de Garantía en España integrado por CERSA, las 18 sociedades de garantía recíproca (SGR) y SAECA (Sociedad Anónima Española de Caución Agraria). Los riesgos asumidos por estas sociedades de garantía están
respaldados por el Estado a través de CERSA.
CERSA dispone de un Consejo de Administración de nueve miembros.
Está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
11. Otras herramientas de apoyo a la internacionalización son: (i) el convenio de ajuste recíproco de intereses o CARI, gestionado por el ICO y que es un sistema de apoyo a las exportaciones españolas de bienes y servicios que se asemeja a
un seguro de tipo de interés, mediante el cual se incentiva la concesión, por parte de las entidades financieras, de créditos a la exportación a medio y largo plazo y a tipos de interés fijos; (ii) el Fondo para la Internacionalización de la
Empresa, FCPJ (FIEM), instrumento gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio y creado en 2010 con el objetivo de ofrecer apoyo
14 https://www.cofides.es/financiacion/instrumentos-financieros/fondo-para-inversiones-exterior-fiex.
15 https://www.cofides.es/fmanciacion/instrumentos-financieros/fondo-para-operaciones-inversion-exterior-pequena-mediana.
16 https://www.cesce.es/quienes-somos.
financiero oficial a la internacionalización de las empresas españolas en línea con los nuevos retos y necesidades del comercio internacional; y (iii) el Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización de la Economía Española,
FCPJ (FRRI), gestionado y administrado por el Consorcio de Compensación de Seguros.
12. Por último, debe mencionarse el nuevo instrumento para 'aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial de empresas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19 que sean consideradas estratégicas para el
tejido productivo nacional o regional' 17, inicialmente dotado con 10.000 millones de euros. Este fondo utilizará distintos instrumentos para prestar esa ayuda, tales como la adquisición de deuda subordinada, la concesión de préstamos
participativos o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital.
El fondo está adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado por un Consejo a través de la SEPI.
Segundo. La dispersión de instrumentos de apoyo empresarial dificulta su acceso, perjudica el emprendimiento e incrementa los costes para los solicitantes.
13. Como se extrae del Expositivo anterior, es sorprendente la variedad de entidades que realizan, mutatis mutandis, labores similares o directamente redundantes. Todo ello, sin contar con los instrumentos similares que existan en las
administraciones de las 17 comunidades autónomas y en las corporaciones locales.
14. La financiación de compañías de pequeño tamaño y en vías de crecimiento y el apoyo a la internacionalización de empresas españolas que desean o necesitan expandirse al exterior son loables objetivos que deben ser respaldados por la
Administración General del Estado. La labor estatal, si fuese eficiente y proactiva, constituiría una gran aliada para el crecimiento económico de estas compañías y, en consecuencia, para el país. Por tanto, la existencia de una parte del Estado
al servicio de estos fines es imprescindible.
15. Sin embargo, lo anterior no legitima que existan decenas de sociedades, herramientas o programas con fines cuasi idénticos y sin unidad de dirección, de gestión ni de acción. Los instrumentos y entidades referidos dependen de distintos
Ministerios, disponen cada una de sus propias estructuras directivas y orgánicas, tienen diferentes equipos y están sujetas a criterios y a procedimientos excesivamente reglamentistas e incompatibles con la volatilidad y rapidez de la realidad
empresarial.
16. El recurso al apoyo financiero del Estado se convierte, en consecuencia, en un camino tortuoso para las empresas (PYMES, en su mayor parte) 18, que deben incurrir en costes de contratación de asesores financieros o de empresas externas
para poder gestionar la maraña normativa e institucional existente con el fin de acogerse a estos instrumentos de ayuda. Se resiente la capacidad de esas compañías para dedicar sus esfuerzos a la generación de negocio, a la investigación de
mercados y a la atracción del talento. Se abandona, por cuestiones burocráticas, la función principal de estas herramientas.
Tercero. Es necesario aglutinar todas las anteriores herramientas e instrumentos bajo una sola entidad que se dedique a hacer una verdadera política de desarrollo empresarial.
17. Por todo lo anterior, es clara la necesidad de subsumir todas las figuras mencionadas en el Expositivo en una sola entidad. Esta habrá de tener forma jurídica de sociedad mercantil estatal (SME) de las reguladas en el artículo 111 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Dispondrá de un equipo directivo experto, formado por una combinación equilibrada de trabajadores expertos en cuestiones económicas y, en su caso, legales, así como por
profesionales de prestigio en el mundo financiero y empresarial.
18. Esta sociedad tendrá como misiones: (i) simplificar y reducir la actual estructura expuesta; y (ii) asumir en exclusiva la implementación de una verdadera política de desarrollo empresarial unificada del Estado, que obedecerá a
criterios económicos y de rentabilidad. Entre sus acciones se incluirán la llevanza, gestión, resolución y concesión de la totalidad de ayudas a la inversión por parte del Estado, la realización de políticas de inversión de capital inteligentes
(smart money) y prospectivas o la promoción y ayuda, con carácter exclusivo, de las acciones de comercio exterior, exportación e internacionalización de las empresas.
17 https://www.sepi.es/es/sala-de-prensa/noticias/fondo-de-10000-millones-para-apovar-las-empresas-estrategicas-afectadas-por#:~:text=Se%20trata%20de%20un%20nuevo,el%20tejido%20productivo%20nacional%20o.
18 Un 54 % de las empresas españolas tiene menos de tres trabajadores y un 86 %, menos de diez.
19. Una división de la sociedad anteriormente referida se dedicará específicamente a catalizar inversiones en start-ups y habrá de funcionar al estilo de la Yozma israelí. En este sentido, se dedicará, de forma prioritaria, a identificar
las necesidades del ecosistema emprendedor y a poner las condiciones para el fortalecimiento de una industria de venture capital y business angels que inviertan en 'capital semilla'.
Como condicionantes de esta inversión en fondos de venture capital podrían plantearse los siguientes: (i) la Administración General del Estado aportará un porcentaje máximo del fondo inferior al 50 %; (ii) la participación restante estará
abierta a la entrada de fondos extranjeros con un historial probado de inversiones exitosas en start-ups; (iii) de las entidades extranjeras referidas habrán de excluirse aquellas provenientes de países no democráticos o que estén, en última
instancia, controladas de facto por Gobiernos o Ejércitos de regímenes totalitarios, como las chinas, bien inviertan por sí mismas, o bien por medio de sucursales en España o de filiales participadas directa o indirectamente, cualquiera que sea el
país de su sede social; (iv) se darán facilidades para que el fondo recompre la participación que ostente el Estado, de forma que este abandone su accionariado, el fondo se privatice al completo y, en consecuencia, se monetice y optimice la
inversión efectuada con dinero público; y (v) el Estado tomará preferentemente una participación minoritaria, ostentando amplios derechos de información, aunque sin derecho de voto y sin influencia en la gestión ordinaria del fondo.
20. La entidad de nueva creación no se adscribirá al Ministerio de Hacienda ni dependerá orgánicamente de la SEPI. Este Ministerio ha de ejercer funciones de control y de equilibrio presupuestario, algo incompatible con una gestión
empresarial, que en ocasiones exige incurrir en desequilibrios financieros. Por ello, la adscripción de esta sociedad mercantil estatal debería encontrarse en los Ministerios de Economía o de Industria, de tal manera que también orgánicamente se
favorezca la búsqueda y consecución de objetivos empresariales que interesen al Estado y a la economía nacional.
Cuarto. El sector público empresarial está sobredimensionado y la labor del Estado no se dirige al cumplimiento de objetivos empresariales y económicos, sino a su mero control presupuestario y como agencia de colocación.
21. El sector público empresarial español, en su conjunto, no es ajeno a la burocratización y al sobredimensionamiento. No en vano, supone la mitad del volumen del sector público estatal en cuanto a número de entes 19. Desde el punto de
vista jurídico, está formado por tres figuras diferenciadas (ex art. 3.2 LGP):
a) Las entidades públicas empresariales, definidas en el artículo 103 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ('LRJSP').
b) Las sociedades mercantiles estatales, reguladas en el artículo 111 LRJSP.
c) 'Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica no incluidos en el sector público administrativo'.
22. Las entidades referidas en los apartados anteriores desarrollan la actividad empresarial del Estado a través, principalmente, de dos pilares básicos: el Grupo SEPI y el Grupo Patrimonio. Ambos grupos dependen del Ministerio de
Hacienda.
(i) Grupo SEPI.
De acuerdo con su propia página web, 'la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial. Su misión es
rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas las actuaciones atendiendo al interés público. De esta forma, la gestión de SEPI debe aunar la rentabilidad económica y la rentabilidad social'.
SEPI es la matriz de un grupo de sociedades formado por 15 empresas participadas de forma directa y mayoritaria, que constituyen propiamente el Grupo SEPI y reúnen una plantilla final superior a 78.000 personas. Entre ellas se encuentran la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME (Correos), Navantia, SA, SME (Navantia) o Mercados Centrales de Abastecimiento, SA, SME (Mercasa).
19 https://hayderecho.expansion.com/2011/12/23/el-sector-publico-empresarial-presente-v-futuro/.
Asimismo, SEPI posee el 100 % de la Corporación RTVE, dispone de una fundación pública tutelada y ostenta participaciones directas minoritarias en nueve empresas (entre otras, Enagás, S.A., Ebro Foods, S.A., o Red Eléctrica Corporación,
S.A.) e indirectas en más de 100 sociedades.
El presidente y el vicepresidente de SEPI son nombrados por el Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta del titular de Hacienda.
(ii) Grupo Patrimonio.
Por su parte, el Grupo Patrimonio reúne 'un grupo heterogéneo de empresas públicas encuadradas en sectores no industriales, que operan como instrumentos flexibles en la ejecución de políticas públicas singulares, o como herramientas al
servicio de las políticas de los Departamentos a los que estén funcionalmente adscritas' 20. Todas ellas están participadas por la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda.
En este grupo se localizan sociedades como Paradores de Turismo de España, SA, SME (Paradores), la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SA, SME (Loterías) o la precitada CESCE.
23. Como se observa, bajo la directa dependencia del poder político y, en particular, de la Ministra de Hacienda, se encuentran un sinnúmero de empresas públicas y semipúblicas. La labor que realizada por la Administración sobre estas
compañías no atiende a criterios empresariales, económicos ni de optimización de sus cifras de explotación para la consecución de ingresos para el Estado.
Quinto. Profesionalizar la dirección pública es imprescindible para lograr una administración del siglo XXI.
24. Muy relacionada con lo señalado en el Expositivo anterior se encuentra la cuestión de la profesionalización de la dirección pública. La ausencia de esta es una de las causas fundamentales de una gestión pública deficiente que provoca,
entre otras cuestiones, que se pierda un enorme porcentaje de los fondos europeos.
25. El Grupo Parlamentario VOX defiende la profesionalización de los cargos directivos de la Administración y de las empresas públicas españolas como única garantía de buen uso de los recursos de todos los ciudadanos. Para ello se
pretende, en primer lugar, que los designados para tales cargos reúnan méritos profesionales suficientes que avalen sus nombramientos.
26. A tal efecto, se propone como ejemplo para el sector público estatal español el sistema desarrollado en nuestro vecino Portugal a raíz de la suscripción del llamado 'Memorándum of Understanding on Specific Economic Policy
Conditionality', por medio del cual la Unión Europea impuso en 2011 al país luso una serie de condiciones para la obtención de la financiación que precisaba en forma de préstamos. Así, en cumplimiento de dicho Memorándum, Portugal aprobó la Ley
64/2011, de 22 de diciembre, de modificación del reclutamiento, selección y provisión de cargos públicos, en virtud de la cual se creaba la CReSAP o 'Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública', entidad independiente
encargada de proceder a la selección de los candidatos a ocupar los puestos directivos superiores tanto de la Administración General del Estado como del sector público empresarial.
De esta manera, se encomienda a una autoridad distinta del órgano de designación del directivo la competencia para llevar a cabo la selección de este, partiendo de los principios de mérito, capacidad e idoneidad, y dentro de un procedimiento
público, transparente y competitivo. Los miembros de la Comisión de Selección actúan de forma independiente en el ejercicio de sus competencias, no pudiendo solicitar ni recibir instrucciones del Gobierno o de cualesquiera otras entidades públicas
o privadas.
27. Con el sistema expuesto, Portugal ha conseguido convertirse en un ejemplo a nivel internacional en la selección de directivos capacitados e independientes del poder político, al eliminar la discrecionalidad absoluta existente hasta
entonces en la designación del cuerpo dirigente de la Administración General del Estado.
28. La creación de una comisión de nombramientos análoga a la portuguesa permitiría a España profesionalizar los altos cargos de las empresas públicas, haciendo prevalecer en ellos los criterios de mérito y capacidad. Ello redundaría, como
ya ha acontecido en el caso luso y en otros tantos países
20 https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Patrimonio%20del%20Estado/Sociedades%20del%20Grupo%20Patrimonio/Paginas/default.aspx.
europeos, en una mejora en la transparencia, en la eficiencia y en la calidad, en suma, de la gestión de las sociedades mercantiles y entidades que conforman el sector público empresarial.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fusionar en una sola entidad la multiplicidad de sociedades, herramientas e instrumentos con los que cuenta la Administración General del Estado para el apoyo financiero a empresas. Esta
nueva entidad absorberá las ahora existentes, homologando sus objetivos, unificando sus órganos de dirección y gestión y aprovechando las sinergias en materia de ahorro, personal y mejor ayuda al ciudadano que se deriven de esta operación.
La sociedad referida habrá de reunir las siguientes características:
1. Adoptará la forma jurídica de sociedad mercantil estatal, de las reguladas en los artículos 111 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. La dirección de la sociedad estará completamente profesionalizada. En este sentido, su designación atenderá a criterios de competencia profesional, probada experiencia, independencia y autonomía de criterio, de conformidad con el
sistema de reclutamiento, selección y provisión de cargos públicos desarrollado por la CReSAP o 'Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública' portuguesa. Los órganos directivos de la sociedad estarán formados por una
combinación equilibrada de trabajadores expertos en cuestiones económicas y, en su caso, legales, así como por profesionales de prestigio en el mundo financiero y empresarial.
3. La sociedad estará adscrita al Ministerio de Economía o al de Industria, y en ningún caso al departamento de Hacienda.
4. La nueva entidad asumirá en exclusiva la implementación de una verdadera política de desarrollo empresarial unificada del Estado, que obedecerá a criterios económicos y de rentabilidad, optimizando y, en lo posible, monetizando las
inversiones con dinero público efectuadas por el Estado.
5. La sociedad establecerá una división a catalizar inversiones en start-ups, que funcionará al estilo de la Yozma israelí y cuya misión consistirá: (i) en primer lugar, en identificar las necesidades del ecosistema emprendedor, ayudándose
para ello de los actores del sector privado más relevantes; y (ii) en segundo lugar, en poner las condiciones para el fortalecimiento de una industria de venture capital y business angels que inviertan en 'capital semilla', sirviendo como
catalizador de la inversión.
6. En materia de start-ups, se creará un fondo de inversión, con la cantidad que se determine, con los siguientes condicionantes: (i) la Administración General del Estado aportará un porcentaje máximo del fondo inferior al 50 %; (ii) la
participación restante estará abierta a la entrada de fondos extranjeros con un historial probado de inversiones exitosas en start-ups; (iii) de las entidades extranjeras referidas habrán de excluirse aquellas provenientes de países no democráticos
o que estén, en última instancia, controladas de facto por Gobiernos o Ejércitos de regímenes totalitarios, como las chinas, bien inviertan por sí mismas, o bien por medio de sucursales en España o de filiales participadas directa o indirectamente,
cualquiera que sea el país de su sede social; (iv) se darán facilidades para que el fondo recompre la participación que ostente el Estado, de forma que este abandone su accionariado, el fondo se privatice al completo y, en consecuencia, se monetice
y optimice la inversión efectuada con dinero público; y (v) el Estado tomará preferentemente una participación minoritaria, ostentando amplios derechos de información, aunque sin derecho de voto y sin influencia en la gestión ordinaria del fondo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez Revuelta, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso
Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre la promoción de la formación continuada de los profesionales sanitarios por
parte de las administraciones sanitarias, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Uno de los activos más importantes del Sistema Nacional de Salud son sus profesionales, caracterizados por un alto nivel de preparación y formación, a lo que contribuye el reputado sistema MIR de formación de especialistas sanitarios y una
cultura profesional que fomenta la investigación y el desarrollo del conocimiento.
La crisis sanitaria derivada de la COVID-19, ha vuelto a poner de manifiesto la excelencia, la profesionalidad, la dedicación y la entrega de todas y todos en el desempeño de su trabajo.
Pero al mismo tiempo, esta crisis ha evidenciado los principales problemas de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y los retos pendientes en materia de planificación de los recursos humanos y profesionales, muy
empeoradas desde el año 2012.
Uno de estos desafíos a abordar es la mejora de la formación continuada de los profesionales sanitarios. Cuestión esta fundamental, por la necesidad de estas profesiones de una actualización permanente de los conocimientos, acordes a la
evidencia científica disponible. La mejora de esta formación, no solo favorece la motivación y satisfacción de los profesionales, sino que es garantía de una mejor atención a los pacientes y de un mejor funcionamiento de la organización.
La formación continuada de los profesionales se define como 'el proceso de enseñanza-aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de
especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades, tanto sociales como del propio sistema
sanitario'. Así está regulado en de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias y en el Real Decreto 1142/2007, por el que se determina la composición y funciones de la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias y se regula el sistema de acreditación de la formación continuada.
Esta formación tiene entre sus objetivos, por tanto, la garantía de la actualización de conocimiento, la mejora permanente de su cualificación y la mejora de la percepción por parte de los profesionales sanitarios de su papel social, todos
ellos elementos favorecedores del desarrollo profesional y de los valores de la profesionalidad y del servicio público.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece en su artículo dieciocho, que corresponde a las administraciones públicas a través de sus Servicios de Salud y de los Órganos competentes 'la mejora y adecuación de las
necesidades de formación del personal al servicio de la organización sanitaria'. Actualmente, los sistemas de salud de las comunidades autónomas realizan esta formación con cargo a sus propios fondos, a los que reciben del Estado y también de otras
entidades.
El Grupo Parlamentario Socialista, considera fundamental incrementar las capacidades de las distintas profesiones sanitarias. Así como entendemos, que en nuestra defensa de un sistema sanitario público más fuerte, se deben de desarrollar
medidas para que las administraciones sanitarias mejoren y promuevan la formación de los recursos humanos del SNS, mediante el impulso de la formación continuada y la financiación pública de la misma, como garantía de la calidad y de la seguridad
asistencial.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, y en el marco de la Comisión de Recursos Humanos y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a:
1. Impulsar y fomentar la formación continuada de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud por parte de las administraciones sanitarias. Asimismo, se establecerán los supuestos y requisitos para la colaboración indirecta de
entidades privadas en esta clase de actividades, con especial atención al régimen de transparencia.
2. Promover la financiación pública de la formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas, y para investigación independiente, divulgación y educación sanitaria y patrocinio de actividades de
asociaciones de pacientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2020.-Ana Prieto Nieto, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas para combatir el riesgo de exclusión financiera en el medio rural, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El cierre de oficinas bancadas ha tenido como objetivo corregir desequilibrios acumulados en el sector bancario español durante la etapa de expansión y burbuja crediticia. Este ajuste, auspiciado por los organismos supervisores para
garantizar la viabilidad del sector bancario español, ha perjudicado la accesibilidad de algunos usuarios a los productos y servicios financieros, llegando a plantearse riesgo de exclusión financiera para algunas personas consumidoras.
Aunque España sigue teniendo una elevada ratio de sucursales bancadas por habitante dentro de la Unión Europea, el ajuste de la capacidad instalada llevada a cabo desde el año 2008 ha dejado a muchos ciudadanos y ciudadanas sin oficina
bancada en su localidad. Las localidades afectadas normalmente pertenecen al ámbito rural donde reside principalmente una población cada vez más envejecida.
Según el informe elaborado por el Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos: 'El acceso a los servicios bancario en España: el impacto de la
reducción del número de oficinas', publicado en marzo de 2017; el número de oficinas bancadas de las entidades de depósito en España se ha reducido un 32 % desde el año 2008, situando el porcentaje de población que no puede acceder físicamente a
los servicios financieros de una oficina bancada en su lugar de residencia en el 2,4 % de la población española (1.128.000 personas aproximadamente).
En la Revista de Estabilidad Financiera, publicada por el Banco de España en mayo de 2018, se ofrecen también otros datos significativos. A finales de 2017, 4.109 municipios carecían de oficina, afectando al 2,7 % de la población española,
localizada principalmente en la región de Castilla y León. El cierre de oficinas no ha afectado de forma lineal a la población española ya que ha sido más acusado en municipios de más de 10.000 habitantes, dificultando el acceso al efectivo al
segmento de población que lo usa como medio de pago principal y único.
Según las encuestas del Banco de España las personas consumidoras emplean el efectivo de forma generalizada para el pago de sus gastos diarios y como depósito de valor y, según el Banco Central Europeo, el efectivo es también el medio de
pago más aceptado y utilizado en todos los países del área del euro. El mantenimiento de una red adecuada de puntos de distribución en el país contribuye a dar respuesta a la preferencia de las personas consumidoras españolas por el efectivo como
medio de pago, preferencia que afecta principalmente a personas consumidoras de edad avanzada en las que el cambio de hábitos de consumo resulta más lento.
Si bien es cierto que el hecho de que un 2,4 % de la población (2,7 % según el Banco de España) no tenga una oficina bancaria en su lugar de residencia no implica que esté financieramente excluida, debido a la existencia de otras vías de
acceso a los productos y servicios bancarios como la banca telefónica o
la banca por Internet, existe un porcentaje importante de población que reside en localidades pequeñas que se ve especialmente perjudicada por el cierre de sucursales ya que, por su edad o por otras razones, carece de una mínima cultura
digital y el acceso a los medios electrónicos les resulta complicado y, a veces, imposible. Además, el desplazamiento a oficinas ubicadas en poblaciones cercanas para la realización de las gestiones necesarias no es una solución siempre factible,
bien porque no se disponga de medios de transporte, por razones de salud o por no poder hacer frente al coste que estos desplazamientos implican.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y las federaciones de municipios, a adoptar, entre otras, las siguientes medidas contra la exclusión financiera en el medio rural:
1. Valorar, en los préstamos u otro tipo de servicios que concierte la Administración local con las entidades financieras, aquellas que asuman un mayor compromiso en la aplicación de medidas para reducir la exclusión financiera.
2. Impulsar el empleo de mecanismos que faciliten la accesibilidad de los servicios financieros de cara a lograr un mayor grado de inclusión financiera entre áreas geográficas y colectivos que lo requieran.
3. Facilitar el uso de instalaciones públicas o empresas locales para prestar el servicio bancario en aquellas localidades que carecen de oficinas bancarias.
4. Promover la alfabetización digital de la población más afectada en línea con la estrategia España Digital 2025.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2020.-Marisol Sánchez Jódar, Andrea Fernández Benéitez y José Ramón Ortega Domínguez, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón y D. Julio Utrilla Cano, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la convocatoria de una licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación de la prestación de los servicios de auditoría sobre la gestión y respuesta
a la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), para su debate ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Primero. El pasado 28 de abril, la Mesa del Congreso de los Diputados acordó la creación de una comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica tras la crisis del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), a propuesta de los
grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comu Podem-Galicia en Común.
La idea de esta Comisión era centrarse en el debate de propuestas de futuro, excluyendo la fiscalización de la actuación del Gobierno de coalición desde el inicio de la crisis. En principio, se estableció un plazo máximo de dos meses de
trabajo, concluyendo con un dictamen que se elevaría al Pleno del Congreso de los Diputados para su aprobación.
Durante semanas, diversos expertos en materias muy dispares comparecieron en la llamada Comisión de Reconstrucción para definir las que, a su juicio, debían ser las decisiones adoptadas en materia sanitaria, social y económica para que
España saliese de la mejor manera de esta crisis.
Finalmente, el pasado 21 de julio, el Congreso debatió y votó, para su aprobación definitiva, las medidas aprobadas por la Comisión para la Reconstrucción social y económica, que trataban de paliar los efectos derivados de la pandemia del
coronavirus.
Segundo. En dicha comisión, comparecieron, entre otros, el señor José María Martín Moreno, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia y doctor en Salud Pública, Epidemiología y Gestión Sanitaria por la
Universidad de Harvard (EE.UU), y el señor Idelfonso Hernández Aguado, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y ex director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social.
Ambos, en calidad de expertos, expresaron la importancia de realizar una auditoría externa e independiente de la crisis de la COVID-19. En opinión del señor Martín Moreno, se debería realizar una 'investigación independiente, liderada por
alguien de prestigio, para saber lo que se hizo bien y lo que se hizo mal'.
Recientemente, hemos conocido como la prestigiosa revista The Lancet publicaba una carta dirigida al director en la que la élite de la investigación española firma un manifiesto para solicitar que se ponga en marcha una comisión de expertos
nacionales e internacionales que ejecute 'un examen imparcial' de la gestión de la pandemia, tanto por parte del Gobierno de España como de las comunidades autónomas.
La señora Helena Legido-Quigley, investigadora y profesora asociada a la Escuela de Salud Pública Saw Swee Hock de la Universidad Nacional de Singapur, es una de las impulsoras de este manifiesto en el que afirma que 'la gran conclusión de
este manifiesto no tiene que ser sacar culpas ni señalar un color político. La lectura que hay que sacar es que más de 15 epidemiólogos y especialistas en salud pública creen que hay que hacer una evaluación por parte de órganos independientes de
Gobierno y autonomías para ver qué ha fallado y que es susceptible de mejora'.
Entre los firmantes del citado texto se encuentran nombres de reconocido prestigio como la señora Margarita del Val Latorre (viróloga e investigadora del CSIC), el señor Rafael Bengoa (experto en salud pública) o el señor Alex Arenas (doctor
en física y asesor científico de la Generalidad de Cataluña), así como varios catedráticos y especialistas en ámbitos tales como la medicina preventiva.
Tercero. En España, las cifras oficiales superan los 300.000 casos diagnosticados, las 28.498 muertes y los 50.000 sanitarios contagiados. Sin embargo, si tenemos en cuenta las cifras que marca el Instituto Nacional de Estadística (INE),
así como el Informe MOMO del Instituto de Salud Carlos III, existen alrededor de 44.000 muertes en exceso.
De igual manera, el secretario general de la Asociación de Empresas y Servicios para la Dependencia (AETSE), don Jesús Cubero, compareció, igualmente, en el Congreso de los Diputados para informar que se habían sentido solos y desprotegidos
por las administraciones, destacando los más de 20.000 fallecidos en las residencias de ancianos en España.
España ha sido el país del mundo con mayor número de infectados por 100.000 habitantes y el país con mayor número de profesionales sanitarios contagiados.
Estos datos evidencian la poca preparación que tenían tanto el Gobierno de España como los diferentes gobiernos autonómicos. Cabe destacar que en plena ola de contagios, el Gobierno central no era capaz de abastecerse tanto de EPIs como de
otros equipos para cuidados intensivos.
Cuarto. Por último, el Gobierno de España, tras sucesivas prórrogas del estado de alarma, anunciaba que se guiaba por los criterios 'de los expertos', llegando a anunciar incluso un equipo de científicos de diversas áreas que se encontraba
elaborando y diseñando los planes de desescalada.
Sin embargo, el pasado 30 de julio, el Ministerio de Sanidad reconoció en una respuesta oficial al Defensor del Pueblo que jamás había existido tal comité de expertos que supuestamente asesoraba al Ejecutivo.
Previamente, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, don Fernando Simón, se había negado en rueda de prensa a revelar las identidades de los supuestos expertos para que no fuesen objeto de 'presiones'.
Es importante señalar que la ocultación de esta información es ilegal, pues tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública, obligan al Gobierno a ofrecer todo tipo de detalles acerca de los asesores que le ayudan en sus decisiones 21.
21 El artículo 11 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, señala expresamente que 'será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos
de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente'.
En definitiva, desde el Grupo Parlamentario VOX hemos intentado desde el inicio de esta epidemia conocer los datos reales de los efectos que ha causado la misma en nuestra población. Hemos denunciado en numerosas ocasiones como se nos
estaba ocultando la realidad de la situación, mientras los medios de comunicación nos llamaban alarmistas. Por lo tanto, consideramos que existe la oportunidad de evaluar los errores cometidos con la intención de esclarecer responsabilidades, así
como aprender de los errores para que no vuelvan a suceder. Un país que no conoce su historia, está condenado a repetirla.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Convocar una licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación de la prestación de los servicios de auditoría sobre la gestión y respuesta a la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en España, de
conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Como criterio de adjudicación del citado contrato de prestación de servicios de auditoría, las ofertas presentadas deberán haber ofrecido un equipo de expertos de reconocido prestigio en la materia, con el fin de analizar las debilidades y
deficiencias en los procesos, protocolos y metodología que se ha llevado a cabo durante la citada crisis sanitaria, especialmente en nuestro sistema sanitario y científico, así como identificar las mejoras necesarias ante otras posibles pandemias,
epidemias o cualquier amenaza sanitaria futura. Para ello, el informe de auditoría deberá recoger, a su vez, las propuestas de mejora en tres áreas principales:
a) Gobernanza,
b) Red de asesoramiento científico y técnico,
c) Capacidad ejecutiva y operativa,
Para las distintas variables:
a) Protocolos de prevención y detección de enfermedades infecciosas
b) Rastreo y Monitorización de los contagios,
c) Gestión y coordinación de protocolos entre las distintas regiones
d) Utilización eficiente a nivel nacional de los recursos humanos y materiales disponibles (hospitales, laboratorios, científicos, etc.)
e) Gestión y coordinación de BIG DATA a nivel nacional para poder elaborar estudios y métricas.
2. El informe de auditoría deberá recoger, igualmente, investigaciones sobre el número total de fallecidos en nuestro país con patología clínica compatible con la COVID-19, así como la identidad de los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2020.-Mireia Borrás Pabón y Julio Utrilla Cano, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley Relativa a medidas para garantizar la
transparencia de la cooperación internacional española, para su debate en la Comisión de Cooperación.
Exposición de motivos
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene entre otros objetivos el de garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad de la toma de decisiones y
establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.
La Ley es de aplicación en todo el sector público estatal y por tanto tiene un carácter vinculante para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En el caso de la cooperación internacional española, dicho compromiso
de transparencia afecta de forma especialmente importante a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, principal instrumento para la dirección, coordinación y ejecución de la AOD española.
El 'Portal de Transparencia' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) debería por tanto ser la fuente de información esencial para que cualquier ciudadano o institución pudiera conocer, en tiempo real,
la estructura, prioridades, presupuesto, ejecución de gasto y previsiones de la cooperación española, pero su funcionamiento puede calificarse de deficiente, cuando no de negligente. La aplicación on-line lnfo@od, concebida para incrementar la
transparencia de la AOD descentralizada, contiene datos igualmente obsoletos.
En el momento de presentación de esta Proposición No de Ley, existe un desfase importante entre la información publicada y la que daría fe del verdadero grado de cumplimiento de los compromisos y ejecución de la cooperación española.
Particularmente interesante es señalar que casi todos los datos disponibles se corresponden con la actuación del gobierno anterior, mientras que existe una casi total opacidad de la gestión de la cooperación española durante los sucesivos gobiernos
presididos por Pedro Sánchez Castejón.
Como reconoce el propio ministerio en su web, 'las memorias son instrumentos clave de transparencia sobre las actividades y los resultados logrados por la institución cada año, integran datos procedentes de los sistemas de la AECID y
facilitan información precisa sobre los recursos gestionados por la institución'.
En concreto, los últimos datos a disposición de los ciudadanos a través del Portal de Transparencia de la AECID son los siguientes:
Cuentas anuales: La transparencia de este instrumento de rendición de cuentas es esencial para que los ciudadanos tengan una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, el resultado económico-patrimonial y la ejecución del
presupuesto. Las últimas cuentas anuales de la AECID (publicadas en el Boletín Oficial del Estado) así como las cuentas completas, son las correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018.
Memoria de AECID: Deja constancia de las actividades ejecutadas por AECID. La última publicada es la correspondiente al ejercicio 2018.
Últimas memorias de la Oficina de Acción Humanitaria:
- Memoria general de respuesta humanitaria: 2016 y 2017.
- Memoria de resultados en América Latina y Caribe: 2016 y 2017.
- Memoria de resultados en África subsahariana: 2016 y 2017 (Sahel).
- Memoria de resultados en norte de África y Oriente Medio: 2016 y 2017 (Palestina, Siria e Iraq, campamentos de población refugiada saharaui).
Planes anuales: El último Plan Anual publicado es el correspondiente a 2019.
Estructura y nombramientos: particularmente llamativa resulta la opacidad respecto al nombramiento de altos cargos de la cooperación internacional y de la idoneidad y méritos profesionales valorados para su selección. Además del reciente
nombramiento de don Magdi Martínez-Solimán como director de AECID, durante 2020 se han producido relevos al frente de las direcciones de los centros de formación de AECID en La Antigua (Guatemala) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia); las
direcciones de los centros culturales en Buenos Aires (Argentina), La Paz (Bolivia), Santiago de Chile (Chile), San José (Costa Rica), Malabo (Guinea Ecuatorial), Tegucigalpa (Honduras), Ciudad de México (México), Lima (Perú), Santo Domingo
(República Dominicana) y Montevideo (Uruguay); así como nueve coordinadores generales de la cooperación.
Planes de evaluación: La participación del Gobierno de España en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) obliga a España a que los planes de evaluación sean públicos, que los equipos de evaluación sean
contratados en base a criterios y procedimientos claros previamente establecidos, y que los principales productos de las evaluaciones resulten accesibles y sean difundidos a todas las partes interesadas a través de los medios adecuados.
Todas estas circunstancias se incumplen en la actualidad, al no haber información disponible para los ciudadanos con posterioridad a la ejecución de la AOD en 2017.
A todo ello cabe añadir que, siete meses después de su nombramiento, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI) no ha comparecido ante la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados. Ni la crisis del COVID-19 ni
la presencia en redes sociales parecen argumentos suficientes para justificar esta ausencia ante el principal órgano de control de la cooperación española.
Cabe finalmente señalar que, en consecuencia con los déficits de información señalados, el índice de transparencia de la ayuda a la cooperación elaborado cada año por Publish What You Fund, califica como 'pobre' la transparencia del sistema
español y sitúa a España en el puesto 39 de los 45 analizados (representan el 98 % de los flujos de ayuda oficial al desarrollo) y describe como 'insuficiente' la información disponible, lo que impide que los países socios y receptores puedan
demandar y planificar adecuadamente la rendición de cuentas por parte del gobierno.
Este índice de transparencia de la ayuda tiene como base la norma de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI), que establece un parámetro de referencia mundial para publicar información prospectiva y completa
sobre la ayuda en tiempo oportuno. Actualmente, 397 organizaciones publican información conforme a la Norma IATI, incluidos los países donantes, las organizaciones multilaterales, las fundaciones, el sector privado y las ONG nacionales e
internacionales. Aunque España forma parte de la Iniciativa, incumple en la actualidad los plazos recomendados por la misma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Remitir a los portavoces de los Grupos Parlamentarios en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo las Cuentas Anuales de la Cooperación y las Memorias aún no publicadas por AECID y las Oficinas de Acción Humanitaria
correspondientes a 2019, así como el Plan de Acción para 2020.
2. Publicar en el portal de transparencia de AECID dicha información a la mayor brevedad posible, para su disposición por todos los ciudadanos.
3. Dar cuenta en el portal de transparencia de AECID de la idoneidad y méritos de las personas designadas para dirigir las centros de formación de AECID en Antigua (Guatemala) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia); los centros culturales de
la cooperación española en Buenos Aires (Argentina), La Paz (Bolivia), Santiago de Chile (Chile), San José (Costa Rica), Malabo (Guinea Ecuatorial), Tegucigalpa
(Honduras), Ciudad de México (México), Lima (Perú), Santo Domingo (República Dominicana) y Montevideo (Uruguay); y los nueve puestos de coordinador general de la cooperación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Elvira Velasco Morillo, María Auxiliadora Pérez Díaz, Óscar Clavell López, Miguel Ángel Jerez Juan, María Teresa Jimenez-Becerril Barrio, César Sánchez
Pérez, Vicente Tirado Ochoa, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Erradicación de la Fístula Obstétrica ante la propagación de la COVID-19, para
su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
En 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 67/147 proclamó el 23 de mayo Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica, instando a la comunidad internacional a crear conciencia e intensificar de
manera significativa las medidas dirigidas a su erradicación.
La fístula obstétrica supone una ruptura de la pared entre la vagina y la vejiga o recto causado por la prolongación u obstrucción de un parto sin recibir tratamiento. A consecuencia de esta lesión, las mujeres y niñas tienden a sufrir
incontinencia urinaria y/o fecal constante que deriva en infecciones y afecciones médicas crónicas, depresión y segregación social por parte sus comunidades.
Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), entre dos y tres millones y medio de mujeres viven con fístulas obstétricas en todo el mundo, mayoritariamente en África Subsahariana, y se estima que cada año se registran
entre 50.000 y 100.000 nuevos casos que contrastan con el gran desconocimiento de su existencia por parte de la sociedad. Pese a la gravedad de esta dolencia y de las cifras que la ¡lustran, la fístula no solo es curable mediante intervención
quirúrgica en la gran mayoría de los casos, sino que puede ser prevenida prácticamente en su totalidad. En efecto, su persistencia es un indicio de la corrosiva desigualdad en el ámbito mundial y de que múltiples sistemas de salud no alcanzan a
proteger los derechos humanos y de salud de las mujeres y niñas en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad.
Es por ello que, y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, resulta imprescindible incidir en las medidas de prevención tanto mediante la realización de actividades de sensibilización que posibiliten la
superación de determinadas prácticas tradicionales nocivas -como el matrimonio infantil- para los derechos de las mujeres y de las niñas (ODS 5, meta 3); como desarrollando servicios obstétricos de calidad mediante la formación del personal
sanitario local y a través de la facilitación del acceso a las consultas antenatales y la atención al parto y, a su vez, asegurando el acceso universal a la salud sexual y reproductiva en conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen (ODS 5, meta 6).
A su vez, tanto la prevención como el tratamiento de la fístula obstétrica contribuyen a cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, que insta a garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades, en este
caso, la salud de las mujeres y las niñas, como elemento asimismo esencial para la promoción del desarrollo sostenible. Concretamente, cabe señalar las siguientes metas:
3.C Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo.
3.D Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.
En pos de ello, diversas ONG de desarrollo como Médicos Sin Fronteras (MSF) vienen alertando sobre la necesidad de no desatender los proyectos de tratamiento de fístula, cuyo coste medio -incluyendo la operación quirúrgica, la atención
postoperatoria y el apoyo para la rehabilitación- ronda únicamente en torno a los 300 dólares por paciente, sin perder de vista la necesidad de invertir e implementar acciones de carácter preventivo. En palabras del cirujano vinculado a MSF, Geert
Morren, 'si bien [las intervenciones] no exigen material sofisticado, sí se requiere tiempo para dominar la técnica y no es algo que interese económicamente porque la mayor parte de las pacientes son pobres. No habrá nunca entonces suficientes
cirujanos para acudir en ayuda de todas las pacientes'.
Asimismo, merecen una mención considerable la fragilidad de los sistemas de salud de los países empobrecidos que, unida al sobreendeudamiento de sus Estados y las debilidades estructurales que padecen sus instituciones, vaticinan un riesgo
de colapso elevado ante la pandemia global de la COVID-19. A medida que el virus avanza en estos países, los servicios de salud se sobrecargan, desvían sus recursos y ofrecen muy limitados servicios para lo que las mujeres y niñas necesitan. Al
mismo tiempo, según datos de Naciones Unidas, se prevé que, a fin de reducir el coste de cuidar a las hijas tras el empobrecimiento de sus familias, se produzcan 13 millones de matrimonios infantiles en el curso de 10 años que conllevarán embarazos
prematuros, mortalidad infantil y un alto riesgo de fístula obstétrica.
En definitiva, con este posible futuro escenario de medidas preventivas en peligro, urge aumentar significativamente la conciencia sobre el problema e intensificar las acciones para terminar con la fístula obstétrica, así como instar a
realizar seguimientos posoperatorios y apoyo a las pacientes que la padecen.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar, en el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo, proyectos dirigidos a la erradicación de la fístula obstétrica a través del fortalecimiento de programas de resiliencia sanitaria de los países en los que se produce esta
dolencia, que contemplen el desarrollo de servicios obstétricos de calidad, la capacitación del personal sanitario, la incidencia y la sensibilización ciudadana para la prevención y la asistencia médico-sanitaria para las mujeres y niñas que padecen
esta dolencia.
2. Garantizar que en la elaboración del Programa Regional de Género para África Subsahariana previsto en el III Plan África, se persiga la erradicación de la Fístula Obstétrica mediante una estrategia coordinada y participada a la altura de
dicha problemática olvidada.
3. Apoyar la actuación del FNUAP para promover e implementar los ODS vinculados al acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres y de las niñas, en conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen; así como políticas gubernamentales basadas en el reconocimiento de esos derechos, a través de un diálogo
político más intenso, una mayor interacción con la cooperación multilateral y bilateral española y un marco financiero estable.
4. Liderar una hoja de ruta global para combatir y erradicar todas las discriminaciones y violencias que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, tales como el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina, la explotación
social, la brecha de género o la falta de medios para atender dolencias olvidadas de fácil restauración como la fístula obstétrica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2020.-María Guijarro Ceballos, Javier Cerqueiro González, José Losada Fernández y Esther Padilla Ruiz, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael Simancas Simancas, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Promoción de los Derechos Humanos de
los Pueblos Indígenas y Tribales desde la Cooperación Española, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Hoy, en todo el mundo, existen al menos 5.000 grupos indígenas y tribales compuestos por 370 millones de personas y constituyen, de acuerdo con Amnistía Internacional, alrededor de un tercio de los 900 millones de personas que viven en
extrema pobreza en las zonas rurales del mundo.
Reconociendo su gran diversidad, los pueblos indígenas y tribales, actuando como 'guardianes', 'custodios' o 'veladores' de las tierras para la siguiente generación, suelen compartir un valor clave: la estrecha relación entre su identidad,
su estilo de vida y sus tierras. Perderlas implica perder su identidad y verse desposeídos de su soberanía y de los medios que posibilitan su vida y que contribuyen a la a la cooperación y comprensión intercultural de la humanidad y a la
sostenibilidad ambiental del planeta. En muchos lugares y gracias a sus reivindicaciones y lucha permanente, la pertenencia de la tierra incluso ha sido reconocido como derecho colectivo de las comunidades.
A fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos originarios, el 25 de septiembre del pasado año 2019, el Parlamento Centroamericano, 'considerando que los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes son víctimas de
manifestaciones de racismo y discriminación racial estructural; que tienen los más bajos indicadores de desarrollo humano, viven en situaciones de pobreza, extrema pobreza, desnutrición infantil y desigualdad social', vino a promulgar la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Centroamérica, ístmica e insular (AP/1397-310/2019) en la que instan en modo imperativo a superar tales realidades 'para fortalecer la paz, la democracia, el desarrollo
sostenible y la tolerancia a la diversidad social y cultural'.
Asimismo, el 'Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible' de Naciones Unidas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus respectivas metas profundizan en la
vertebración de los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas y tribales: 156 de las 169 metas están estrechamente relacionadas con los derechos humanos, al tiempo que 73 de estas metas están vinculadas, de forma significativa, con la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Con la promesa de 'no dejar a nadie atrás' y como consecuencia de la participación activa de los pueblos indígenas y tribales en los procesos que dieron como resultado la Agenda 2030, este marco se refiere explícitamente a los asuntos
relacionados con el desarrollo de sus pueblos y se fundamenta en los principios de universalidad, derechos humanos, igualdad y sostenibilidad del medio ambiente. A su vez, la Agenda 2030 convoca a los pueblos indígenas a participar activamente en
la implementación de los ODS y en el seguimiento y la revisión de los mismos a nivel nacional e internacional.
Precisamente, y en lo referente a la defensa del medio ambiente y protección de la biosfera, según datos de la ONU, los pueblos indígenas y tribales constituyen algo menos del 5 % de la población mundial, pero salvaguardan el 80 % de la
biodiversidad del mundo. Sin embargo, las tierras en las que viven los pueblos indígenas y tribales siguen siendo apropiadas, vendidas, alquiladas o simplemente saqueadas y contaminadas por Gobiernos y empresas privadas que amenazan la conservación
de los ecosistemas.
Todo ello agrava especialmente la situación de las mujeres y niñas que sufren dobles y múltiples discriminaciones entre las que caben destacar por razón de etnia, cultural, edad o ubicación en zonas aisladas o rurales. Según el informe 'Los
pueblos indígenas y el cambio climático' de la OIT, las mujeres y las niñas indígenas desempeñan un papel decisivo en los medios de vida tradicionales y no tradicionales, en el trabajo no remunerado de cuidado de personas y en la seguridad
alimentaria. Fruto de la creciente inseguridad, del expolio de sus medios de vida y de la destrucción de sus tierras, muchas se ven obligadas a huir y buscar trabajo en la economía informal, asumiendo el trabajo agrícola asalariado en las zonas
rurales o el trabajo doméstico en las zonas urbanas.
De este modo, la emergencia climática amenaza con profundizar en la situación de múltiples discriminaciones de muchas mujeres indígenas que, al tiempo que soportan simultáneamente la carga de generar ingresos, realizar las actividades
tradicionales y ocuparse de las tareas del hogar, sufren una mayor exposición a situaciones de marginación, exclusión social y económica, discriminación y concentración en ocupaciones propensas a condiciones de trabajo precarias, explotación y
violaciones de derechos laborales, marginación y violencia de género.
Con todo, la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación de la COVID-19 ha venido a agravar las dificultades de los grupos indígenas y tribales. De acuerdo con el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de Naciones Unidas, además de la pobreza y el estado de salud subyacente, muchos pueblos indígenas viven en comunidades aisladas o remotas, donde los servicios de atención de la salud son difíciles de alcanzar o
simplemente no existen.
Por ello, se hace necesario que el conjunto de actores que componen la cooperación española presten especial atención y contribuyan a la promoción internacional de los derechos de las poblaciones indígenas y tribales del mundo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fortalecer los proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo que tengan como fin la promoción de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y Tribales, posibilitando su empoderamiento y garantizando su capacidad de agencia
sobre las tierras, territorios y bienes naturales que históricamente poseen, han poseído o hacen parte de su hábitat natural.
2. Reforzar los proyectos con población indígena y tribal que posibiliten un aprendizaje mutuo, intercultural y basado en un enfoque de derechos humanos, a fin de que puedan desarrollar sus prácticas de respeto y protección del medio
ambiente en beneficio de sus comunidades y garantizando el ejercicio de sus prácticas sin injerencias, racismo, ni discriminación contra su cultura ni tradiciones.
3. Profundizar en la incorporación de los enfoques de género y diversidad en los proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo con las comunidades indígenas y tribales, con el fin de empoderar y garantizar la plenitud de derechos de
aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad como lo son las mujeres y niñas, las personas racializadas y quienes sufren de discriminación, exclusión o violencia estructural por razón de su orientación sexual, identidad de género,
discapacidad, edad o cualquier otra circunstancia personal o social.
4. Considerar la posibilidad de establecer proyectos de cooperación de reconstrucción post-COVID-19, dirigidos específicamente a los pueblos indígenas y tribales, que apoyen los medios de vida tradicionales de sus economías y el sustento de
sus comunidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2020.-María Guijarro Ceballos, Javier Cerqueiro González, José Losada Fernández y Esther Padilla Ruiz, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael Simancas Simancas, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada doña Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
transferencia a la Generalitat de Catalunya de la competencia en materia de examinación y expedición del permiso de conducir para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Los estudiantes y las autoescuelas viven una situación de insostenibilidad generalizada en el conjunto del estado pero con especial incidencia en Catalunya por la falta de personal administrativo y examinador al que la DGT no ha dado
respuesta. La falta de personal en Cataluña ha devenido crónica y ha generado un colapso en las autoescuelas que no pueden canalizar la demanda de estudiantes de realizar el examen debido a la insuficiencia capacidad de examen que ofrecen las
distintas prefecturas de tráfico.
El pasado 2019 la DGT decretó un plan de choque para el sector, que preveía la dotación de nuevos examinadores y de horas extras para paliar los efectos de las huelgas y de la falta de personal. Pese a
ello la situación derivada de la crisis sanitaria del COVID-19 ha vuelto a poner al sector en una posición de debilidad extrema e insuficiencia de recursos para atender la demanda.
A día de hoy en las 4 prefecturas catalanas es absolutamente insuficiente el número de personal efectivo. No hay el personal administrativo ni examinador suficiente para cubrir la demanda así como para mantener el correcto funcionamiento de
las prefecturas provinciales.
Los distintos agentes del sector han realizado reiteradas peticiones de reforzar el personal para solventar el problema pero hasta ahora la DGT no ha dado respuesta satisfactoria a dichas peticiones.
En comparecencia en comisión parlamentaria el director de la DGT afirmó que tenían problemas para encontrar personal para las prefecturas catalanas, ya que muchos funcionarios no querían ir a trabajar ahí o en su defecto solicitaban el
traslado en cuanto tenían la ocasión. Dichas declaraciones denotan una manifiesta incapacidad de la Dirección de dar una respuesta a una problemática perfectamente identificada y cuya solución pasa por aumentar el personal examinador y
administrativo.
Por todo ello se presenta la siguientes
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Transferir a la Generalitat de Catalunya y al Servei Catalá de Tránsit las competencias para la gestión, examinación y expedición de permisos de conducir recogidas en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
2. Ofrecer a aquellas comunidades autónomas que lo reclamasen la transferencia de las competencias para la gestión, examinación y expedición de permisos de conducir recogidas en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
3. Tomar las medidas necesarias para dotar de personal administrativo y examinadores suficientes el conjunto de prefecturas con el fin de poder satisfacer la demanda de solicitudes de examen.
4. Impulsar una mesa sectorial de trabajo con los distintos agentes implicados (autoescuelas, profesores, examinadores, alumnos y DGT) para elaborar un plan de actuación y rescate ante el grave problema de listas de espera y la falta de
personal examinador.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2020.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Diputada doña Patricia Rueda Perelló, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, doña María Reyes Maroto Illera.
Texto:
¿Qué relación tuvo el desastre en la concesión del Sello 'Responsible Tourism' con el cese de la señora Oliver como Secretaria de Estado de Turismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Diputada.
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género
181/000472
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué actuaciones ha impulsado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para conocer el porcentaje de mujeres menores de 16 años residentes en España que han sufrido o sufren actualmente algún tipo de violencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2020.-Beatriz Álvarez Fanjul, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Justicia, la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/015336.
Núm. registro: 37105.
Autor iniciativa: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX) Sánchez García, José María (GVOX) Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX) De las Heras Fernández, Patricia (GVOX) Fernández Hernández, Pedro (GVOX).
Objeto iniciativa: Criterios seguidos para elegir a los componentes de la Comisión del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, existencia de acuerdos con algún Grupo Parlamentario referentes a la composición de la misma y motivos
por los que el Gobierno no toma en consideración la opinión de más sectores del Derecho para la reforma de dicha Ley.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 108 de 22 de junio de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000474.
184/020517
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Peña Camarero, Esther (GS).
Ramos Esteban, César Joaquín (GS).
Serrada Pariente, David (GS).
Zaragoza Alonso, José (GS).
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de reactivar las frecuencias de los servicios Alvia entre Salamanca y Madrid.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.
184/020518
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Peña Camarero, Esther (GS).
Ramos Esteban, César Joaquín (GS).
Serrada Pariente, David (GS).
Zaragoza Alonso, José (GS).
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de reactivar el servicio ferroviario entre Salamanca y Barcelona.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.
184/021349
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Olona Choclán, Macarena (GVOX).
López Álvarez, María Teresa (GVOX).
Ramírez del Río, José (GVOX).
Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX).
Gestoso de Miguel, Luis (GVOX).
Gil Lázaro, Ignacio (GVOX).
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX).
Reformulación de su pregunta sobre medidas adoptadas para solucionar los problemas que generan unas instalaciones obsoletas, precarias y desbordadas en los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba, así como proyectos
previstos para reparar dichas instalaciones.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª María Teresa López Álvarez, D. José Ramírez del Río, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ignacio Gil Lázaro y D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), en atención a la calificación hecha por los letrados de la Mesa del Congreso con fecha 8 de septiembre de 2020, solicitan la reformulación de la pregunta registrada en la Cámara con el número
51477 el día 1 de septiembre del mismo año, que queda como sigue.
Exposición de motivos
La situación de varios cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba es bastante precaria. Algunos, como el de Adamuz, necesitan obra de manera urgente y otros han dejado de ser utilizados por sus pésimas condiciones. Sin
embargo, en anteriores preguntas realizadas al Gobierno se nos informó que los presupuestos de obras en los cuarteles no se habían utilizado en su totalidad en años anteriores.
Ante esta información, se solicita al Gobierno de España responda a las siguientes:
Preguntas
1. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para solucionar los problemas que generan unas instalaciones obsoletas, precarias y desbordadas en los Cuarteles de la Guardia Civil en esta provincia de Córdoba?
2. ¿Tiene el Gobierno algún proyecto para reparar los Cuarteles de la Guardia Civil con graves problemas en la provincia de Córdoba?
3. En caso afirmativo, ¿cuándo va a ejecutarlo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2020.-María Teresa López Álvarez, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y José Ramírez del Río, Diputados.-Macarena Olona Choclán y Francisco
Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.