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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 125, de 24/07/2020
cve: BOCG-14-D-125
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de julio de 2020
Núm. 125
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001074 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a impulsar políticas públicas de memoria democrática y acabar con la impunidad de los crímenes de
lesa humanidad cometidos en España ... (Página10)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reprobación de los actos de retirada de monumentos históricos representativos de España y su historia, así como la condena del vandalismo frente a
estos ... (Página12)
161/001079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el respeto a los Derechos Humanos en Bahréin ... (Página15)
161/001097 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Euskal Herria Bildu, Plural, Republicano, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Socialista, sobre esclarecimiento de los hechos
acontecidos en relación a la desaparición del líder saharaui Mohamed Sidi Brahim 'Bassiri' ... (Página16)
161/001099 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar las negociaciones bilaterales para la creación de un acuerdo de inversión entre España y Estados Unidos de América ...
161/001101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a la elaboración del Informe Anual de Acción Exterior, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 37 de la Ley 2/2014, de 25 de
marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, para que, una vez remitido a las Cortes Generales, comparezca la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para dar cuenta del mismo ... (Página20)
161/001108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre promoción de los derechos de las mujeres en la Acción Exterior Española, especialmente en el contexto del COVID-19 ...
161/001110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la retirada de credenciales al representante del régimen de Nicolás Maduro en España ... (Página23)
161/001124 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un nuevo impulso a la lucha contra el racismo tras el homicidio de George Floyd ... (Página24)
Comisión de Justicia
161/001078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la elaboración de una Ley Marco de protección de animales domésticos ... (Página25)
161/001142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la creación de un nuevo partido judicial en la isla de Formentera ... (Página27)
Comisión de Defensa
161/001120 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la mejora de las relaciones con Estados Unidos y el aumento de inversión en Defensa ... (Página28)
161/001131 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos no tripulados CEUS, en Moguer, Huelva ... (Página32)
Comisión de Hacienda
161/001090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la modificación urgente de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ... (Página34)
161/001095 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre apoyo a las entidades catalanas del tercer sector social y para la transferencia a la Generalitat de Cataluña de la recaudación de la asignación
tributaria del porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinado a fines sociales ... (Página35)
161/001133 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la mejora de la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el fin de lograr una mayor transparencia en la contratación pública ...
161/001141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a habilitar un Depósito Franco en la Ciudad del Transporte de Jerez de la Frontera (Cádiz) ... (Página45)
Comisión de Interior
161/001083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a mejorar la situación de la sanidad en los centros penitenciarios ...
161/001102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración y aprobación de medidas destinadas a complementar y mejorar la Campaña Nacional de Prevención y Seguridad orientada a la seguridad de los
peregrinos en el periodo 2020-2021 ... (Página48)
161/001112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la elaboración, con carácter inmediato, de un protocolo de actuación para la protección frente al contagio por coronavirus de todos los
profesionales implicados en la recepción, traslado y custodia de migrantes llegados en pateras, así como para la dotación de los equipos de protección adecuados para los mismos ... (Página49)
161/001125 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas acciones para garantizar una correcta aplicación de las penas impuestas a los
condenados por delitos de sedición y terrorismo ... (Página50)
161/001126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la aprobación de una normativa básica estatal que regule y armonice las características de los distintos Servicios de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento (SPEIS) existentes, así como el reconocimiento y regulación de la profesión de bombero ... (Página51)
161/001136 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a combatir los delitos de odio hacia el colectivo LGTBI ... (Página53)
161/001140 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la construcción de una nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Yecla (Región de Murcia) ...
161/001144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el mantenimiento de la sala del 091 de la Policía Nacional en la comisaría de Cáceres ... (Página56)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/001070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la aplicación, en los aeropuertos españoles y en las líneas aéreas que operan en territorio español, del protocolo de seguridad elaborado
por EASA y ECDC para proteger del contagio por COVID-19 a los usuarios y a los trabajadores del transporte aéreo ... (Página57)
161/001071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre 'la creación de un órgano o comisionado del Gobierno que impulse y coordine las políticas recogidas en el Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta' ...
(Página58)
161/001094 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar en materia de vivienda para mejorar la situación de las personas sin hogar tras la crisis provocada por el COVID-19 ...
161/001096 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implantación de medidas de seguridad en los aeropuertos y bonificación de tasas aeroportuarias ...
161/001098 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la aplicación de medidas para el estímulo y mejora del transporte por carretera ... (Página64)
161/001105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre establecer la adecuación del régimen de infracciones y sanciones para VTC en la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres ... (Página67)
161/001109 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la aplicación de medidas para la mejora del sector de la vivienda en España ... (Página69)
161/001116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre medidas para ampliar el parque público de viviendas en alquiler ...
161/001129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la circulación por la N-340 de los camiones de cuatro o más ejes desde y hacia el primer acceso a la AP-7 disponible en la dirección de
la marcha ... (Página74)
161/001139 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el restablecimiento del servicio público de transporte por autobús entre las localidades de Yecla (Murcia) y Villena (Alicante) ...
161/001143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el convenio de carreteras de Eivissa ... (Página75)
161/001145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la dotación de personal al Punto de Inspección Fronterizo (PIF) del Puerto de Algeciras ... (Página76)
161/001146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la necesidad de que Renfe dote de desfibriladores a los trenes AVE Madrid-Málaga ... (Página78)
161/001147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la instalación con carácter urgente de wifi gratuito en los trenes de la línea Valladolid-Madrid y Medina del Campo-Madrid ...
(Página79)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/001065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar un Plan de tutorías individualizadas online ... (Página80)
161/001072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar la implantación de Ciclos Formativos de Formación Profesional Básicos adaptados a personas con discapacidad ...
161/001084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para la defensa del español en las aulas ... (Página82)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre cumplimiento de los acuerdos de legislatura en materia de legislación laboral y la implicación de la Administración General del Estado en la
reindustrialización y el proceso de negociación con el conglomerado empresarial NISSAN-RENAULT-MITSUBISHI ... (Página84)
161/001115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre teletrabajo y derecho a la desconexión laboral fuera de horario ...
161/001117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de diciembre ... (Página88)
161/001132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el fomento del trabajo a distancia y el teletrabajo ... (Página90)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/001080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre impulso de la cogeneración en el sector industrial ... (Página92)
161/001100 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso del sector turístico de playas ... (Página92)
161/001121 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración urgente de un Plan Nacional para la Industria en España ... (Página93)
161/001149 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la defensa de los puestos de trabajo de las empresas auxiliares de Enel-Endesa en As Pontes ... (Página98)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001122 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la inclusión del Pueblo Gitano y la lucha contra el antigitanismo ante las consecuencias de la crisis
provocada por la COVID-19 ... (Página100)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección del sector primario y de la producción agroalimentaria española y europea ... (Página102)
161/001130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones para la lucha, prevención y ayudas por los efectos ocasionados por el Cotonet de les Valls ...
161/001134 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre medidas de protección de los trabajadores del sector primario frente a los rebrotes del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) de Wuhan (China) ...
161/001137 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la mal llamada plaga 'Cotonet de les Valls' ... (Página107)
161/001138 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la plaga Pulvinaria poligonata ... (Página108)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/001123 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la institucionalización de la Conferencia de Presidentas y Presidentes autonómicos ... (Página109)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación de la Myiopsitta monachus (cotora argentina) y la Psittacula krameri (cotorra
de Kramer) ... (Página110)
161/001066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al apoyo de los entornos rurales para la reactivación y trasformación económica y la lucha contra la
despoblación ... (Página113)
161/001093 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la producción de energía verde como herramienta del reto demográfico ... (Página115)
161/001111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de apostar e invertir en futuro ... (Página117)
161/001113 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a abordar la revisión de los costes regulados del sistema en la factura de la luz, la revisión del IVA y supresión del IEE ...
Comisión de Cultura y Deporte
161/001063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a defender el legado español en los Estados Unidos ... (Página122)
161/001068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a una serie de medidas para el rescate de las artes escénicas y musicales en el contexto de la
crisis COVID-19 ... (Página123)
161/001081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a tomar medidas para impulsar la unidad de la lengua catalana y rechazar el secesionismo lingüístico que sufre el catalán ...
161/001088 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección de monumentos y estatuas de personajes históricos españoles ... (Página125)
161/001092 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de medidas de apoyo al sector taurino como patrimonio cultural de España ... (Página127)
161/001148 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la inclusión del yacimiento arqueológico prehistórico de Los Millares en la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO ... (Página128)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/001107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de un plan para garantizar la cobertura de banda ancha en la provincia de Palencia ... (Página129)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para la creación de un Observatorio de Inmunología viral en los bancos de sangre y en servicios de microbiología con el fin de
proteger la salud de los españoles y de los residentes legales en España frente a futuros coronavirus ... (Página130)
161/001087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la investigación de enfermedades poco frecuentes o raras y de los medicamentos huérfanos ... (Página132)
161/001103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la implementación de un sistema de prevención de efectos secundarios en pacientes afectados por la COVID-19 en el territorio nacional ...
161/001118 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la creación de Centros de Atención Primaria #LibreDeCovid para personas mayores y vulnerables y la implementación de la telemedicina ...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre materia de medidas de impulso a la investigación biomédica y sanitaria ...
161/001075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la profesionalización del Grado en Criminología en las universidades españolas ... (Página139)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/001106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial a las víctimas de violencia de género, en el marco del COVID-19 ...
Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/001073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el compromiso con la convivencia democrática y el rechazo del odio y el fanatismo ... (Página143)
161/001086 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al establecimiento de una evaluación ex ante de la coherencia económica de los programas electorales por la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal ... (Página144)
161/001089 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la profesionalización de los máximos responsables y directivos de las entidades pertenecientes al sector público empresarial ...
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001128 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre prevención y atención de la infancia y adolescencia frente a la violencia en situaciones de confinamiento ... (Página159)
161/001150 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al refuerzo de la asignación económica por hijo o menor a cargo de la Seguridad Social ... (Página160)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001135 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la seguridad de los usuarios vulnerables ... (Página162)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/000418 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre medidas adoptadas para evitar los contagios a policías y primeros intervinientes en las llegadas masivas de inmigración ilegal a las costas de Murcia y
protocolos y medidas previstas para con dichos inmigrantes que puedan venir enfermos de COVID-19 ... (Página164)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000413 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre motivo por el que la Alta Velocidad ferroviaria, AVE, a Asturias no va a llegar a Oviedo, Gijón o Avilés ... (Página164)
181/000416 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre cumplimiento de lo aprobado por el Congreso de los Diputados sobre la ubicación de la estación intermodal de Gijón en el entorno del Museo del Ferrocarril
... (Página164)
181/000419 Pregunta formulada por la Diputada doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC), sobre previsiones acerca de incluir el ramal a puerto de Sagunto en la red de Cercanías de la Comunitat Valenciana dando solución de movilidad a un núcleo
de población de más de 45.000 habitantes ... (Página165)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000417 Pregunta formulada por el Diputado don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), sobre previsiones sobre el impacto de la crisis del coronavirus en términos de PIB en el comercio y sus repercusiones en el empleo ...
181/000420 Pregunta formulada por el Diputado don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), sobre previsiones sobre el impacto de la crisis del coronavirus en términos de PIB en el comercio y sus repercusiones en el empleo ...
181/000421 Pregunta formulada por el Diputado don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), sobre previsiones del impacto de la crisis del coronavirus en términos de PIB industrial, empleo y cierre de centros de trabajo ...
181/000422 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), sobre previsiones en cuanto al impacto de la crisis originada por el virus de Wuhan en términos de PIB en el sector del turismo y sus repercusiones en el
empleo ... (Página166)
181/000423 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), sobre previsiones sobre el impacto del anunciado Plan de impulso para el sector turístico ... (Página166)
181/000424 Pregunta formulada por el Diputado don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), sobre previsiones del Gobierno acerca de modificar el estatuto de consumidores electrointensivo y plazo que maneja para iniciar su tramitación formal
... (Página167)
181/000425 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), sobre motivo por el que la Ministra de Industria, Comercio y Turismo no ha denostado públicamente las declaraciones vertidas por el Ministro Garzón o el
Vicepresidente Iglesias con las que el sector turístico se ha sentido atacado ... (Página167)
181/000426 Pregunta formulada por el Diputado don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), sobre plazos y procedimiento previstos para iniciar la tramitación del anunciado Proyecto de Ley de Industria ...
181/000427 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), sobre características de los 'nuevos turistas' que visitarán España y sus entornos sociales según las previsiones del Plan de impulso para el sector turístico
presentado recientemente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ... (Página168)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000414 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre criterios seguidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se hayan establecido cupos para el año 2020 en la pesca del marrajo
dientuso (Isurus oxyrinchus) ... (Página168)
181/000415 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si el sector agroalimentario va a sufrir nuevos aranceles como consecuencia del Impuesto sobre Determinados Servicios
Digitales ... (Página168)
Comisión de Igualdad
181/000428 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre opinión de la Ministra de Igualdad acerca de si es importante luchar contra el ciberacoso ... (Página169)
181/000429 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre medidas previstas para luchar contra el ciberacoso ... (Página169)
181/000430 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre medidas para combatir el acoso en el entorno laboral ... (Página169)
181/000431 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre opinión de la Ministra de Igualdad acerca de si el acoso en el entorno laboral es una forma de violencia de género ...
181/000432 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si la imagen de mujer adulta que necesita de protección del hombre, que se propugna por parte de sus miembros ayuda a
combatir los estereotipos de género y contribuye al empobrecimiento de la mujer ... (Página170)
181/000433 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre medidas para combatir los estereotipos de género y contribuir al empoderamiento de la mujer ... (Página170)
181/000434 Pregunta formulada por la Diputada doña Margarita Prohens Rigo (GP), sobre opinión del Ministerio de Igualdad acerca de si visionar y custodiar imágenes íntimas de otra persona sin su consentimiento puede ser constitutivo de un
delito de violencia de género ... (Página170)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/015454 Autor: Margall Sastre, Joan
Fondos destinados a la investigación científica, desarrollo y tecnología. Retirada ... (Página171)
184/015885 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes
Seguimiento efectuado a los militares que participaron en unos juegos militares celebrados en la ciudad china de Wuhan y que enfermaron de una 'gripe fuerte' con síntomas compatibles con el COVID-19 ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/001074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley,
para su debate y aprobación en la Comisión Constitucional, para impulsar políticas públicas de memoria democrática y acabar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en España.
Exposición de motivos
La pandemia que ha sufrido nuestro país, provocada por el COVID-19, ha conllevado un sufrimiento generalizado y dramáticas pérdidas personales, lo que ha requerido un esfuerzo sin precedentes de numerosos colectivos profesionales y nuestros
servicios públicos, que han mostrado lo mejor de nuestra sociedad. El agradecimiento colectivo y la voluntad de resistencia se han simbolizado en los aplausos diarios que se han reproducido en el conjunto del Estado español.
La actual pandemia ha tenido una mayor incidencia entre las personas mayores, entre las que se encuentra toda una generación que sufrió las consecuencias del Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la guerra y la prolongada Dictadura
franquista; durante este periodo hemos perdido a referentes de la lucha democrática y por las libertades, mujeres y hombres, muchas de ellas personas anónimas otras más conocidas, todas ellas merecedoras de un agradecimiento colectivo. Entre las
fallecidas están, a título de ejemplo, Rafael Gómez Nieto, el último de los combatientes de La Nueve, la mítica compañía de la segunda división blindada del ejército francés, integrada en su mayoría por republicanos españoles, que fue la primera
unidad militar aliada que entró en París en su combate contra la barbarie hitleriana; mencionemos también a Chato Galante, víctima del franquismo, torturado por Billy el Niño, uno de los portavoces de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella
Argentina y de los impulsores del Intergrupo de Memoria Democrática en las Cortes.
En contraste con los valores de quienes lucharon por las libertades en nuestro país y de quienes han dado un ejemplo de servicio público en los momentos más difíciles, hemos asistido durante estas semanas a una campaña de desinformación
interesada desde la extrema derecha, con llamamientos más o menos expresos a una alteración del orden institucional y con un discurso agresivo que ha pretendido generar un contexto de polarización, que nos recuerdan a las páginas más negras de
nuestra historia y que justifican opciones dictatoriales y represivas. Es preocupante ver cómo, a día de hoy, fuerzas políticas extremistas y xenófobas en España se esfuerzan incluso en distorsionar y esconder hechos históricos, tales como crímenes
contra la humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Estos ataques a la democracia son lamentablemente respaldados por una falta de condena y de memoria que está quebrando la sociedad. Mantener viva la memoria es condición de necesidad
para que estas actuaciones sean llevados a los tribunales, donde se garantice que no vuelvan a ocurrir jamás.
Así lo han entendido tanto nuestros países vecinos, como asociaciones de la sociedad civil en España. A nivel Europeo, el Parlamento ha aprobado una resolución solicitando a los Estados miembros una evaluación clara y basada en los
principios de los crímenes y los actos de agresión. Este ejercicio internacional marca el camino para realizar un esfuerzo aún más profundo en cuanto a la construcción de memoria colectiva y por tanto para reforzar la calidad democrática del
Estado.
Afortunadamente, la estrategia de desestabilización ha tenido poco eco, pero un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla; por todo ello, en el actual momento que va a requerir un esfuerzo colectivo para afrontar las
consecuencias de la pandemia, consideramos que es imprescindible dar un impulso a las políticas de memoria, al reconocimiento de quienes lucharon por la democracia y las libertades, y de condena a las prácticas que en el pasado condujeron al Golpe
de Estado y a la Dictadura. Las carencias en cuanto a los reconocimiento en materia de memoria histórica, propician hoy un ambiente en el que fuerzas políticas con una tradición reaccionaria, conocidas por la aplicación sistemática de la violencia,
la tortura y la persecución de colectivos políticos, sexuales o territoriales gana espacio político y mediático. El trabajo del Gobierno y las instituciones democráticas no podrá desempeñarse con toda la fuerza que requiere el actual momento, si no
se confrontan los discursos desestabilizadores, que en los últimos meses se han venido reproduciendo.
Hoy la memoria es el arma más eficaz para construir un dique de contención contra fantasmas del pasado que vuelven a amenazar el presente y para poner límites a grupos políticos extremistas que utilizan el negacionismo como plataforma de
avance electoral. Concretamente, el pasado mes de enero, en la Comunidad Valenciana, el grupo político de ultraderecha VOX banalizaba y se negaba a condenar el holocausto y exterminio por razones de sexo. Este tipo de acciones, no solo son
peligrosas para la misma democracia, sino que a través de la construcción ficcionada del pasado, pretenden crear una grieta social que propicie la polarización. Este tipo de negacionismo no cabe en una democracia madura como la Española.
Aunque los bulos y las expresiones antidemocráticas han proliferado en el contexto de la actual crisis, forman parte de una deriva anterior muy preocupante. Una de las agresiones que hemos sufrido en los últimos meses son los graves
insultos hacía algunas víctimas de la represión franquista, como los proferidos contra las Trece Rosas por el dirigente de VOX Ortega Smith. Afrontar pasivamente este agravio supondría anteponer el argumentario franquista al reconocimiento debido a
sus víctimas, y acrecentar el daño causado frente a la defensa de los valores universales por los que fueron masacradas y a la imprescindible reparación a sus familiares. Entre 1939 y 1944 casi 3.000 personas fueron asesinadas por la dictadura
franquista en las tapias del cementerio del Este de Madrid (actualmente, cementerio de La Almudena) y entre ellas las Trece Rosas. Se trató de personas de toda condición y procedentes de distintos lugares del país condenadas a muerte por la
jurisdicción militar.
El Ayuntamiento de Madrid decidió en 2018 promover un memorial que recordará a los fusilados en las tapias del cementerio del Este, como los que ya existen en otras muchas ciudades de España. Sin embargo, el nuevo equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Madrid, encabezado por su actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, paralizó el pasado mes de julio la construcción del memorial y tiene decidido modificar elementos básicos del mismo. Meses más tarde, sin previa comunicación
pública, el Ayuntamiento de Madrid retiró las placas de granito con los nombres de las víctimas de la dictadura que formaban parte del proyecto original del memorial, quebrando algunas de ellas lo que supone una grave ofensa a su recuerdo sin
ninguna justificación.
Lamentablemente, este no es un caso aislado. Aún así la magnitud de lo ocurrido en el cementerio del Este, el origen de las víctimas de prácticamente toda España y la repercusión pública de esta actuación, obligan a un pronunciamiento de
las Cortes Generales y, en caso de ausencia de rectificación por el Ayuntamiento de Madrid, de una actuación reparadora por parte de la Administración General del Estado.
España, como país democrático, tiene la misión fundamental de adoptar medidas que eviten una nueva fisura social y política a través de mecanismos de justicia, transparencia y memoria. Para ello los valores democráticos deben primar frente
a los devastadores efectos del régimen franquista y sobre todo deben sobreponerse a las expresiones neo-fascistas que estamos evidenciando.
Es imprescindible que las administraciones públicas asuman y garanticen el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a todas las personas represaliadas, asesinadas o desaparecidas de la resistencia antifranquista
como víctimas de la violencia política; las instituciones democráticas deben reconocer públicamente, nombre a nombre, a todas las víctimas del franquismo. A día de hoy, siguen habiendo valiosos documentos oficiales que podrían demostrar las
circunstancias en
que se cometieron las violaciones a los derechos humanos, tanto de la dictadura franquista como de la transición, clasificados bajo secreto. Estos documentos deberían ponerse a disposición colectiva para para conocer los acontecimientos y
hechos provocados por las múltiples formas de violencia, con el fin de conocer la verdad acerca de lo ocurrido, así como los acontecimientos y motivos que llevaron a las violaciones de los derechos humanos. Realizar modificadores de la ley sobre
secretos oficiales en esta línea es indispensables para que los hechos no queden destinados al olvido, y, por tanto, a la impunidad. En el actual contexto este imperativo moral es urgente y debe concretarse en actuaciones que simbolicen la defensa
de los valores que inspiran nuestra sociedad.
Esta actuación simbólica debe acompañarse con un nuevo marco normativo que impulse las políticas públicas de memoria democrática, que permita superar las carencias detectadas y que combata la impunidad de los crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la Dictadura franquista. El Gobierno y distintos grupos parlamentarios han manifestado la voluntad de trabajar en este sentido, y ya hay registrados varios proyectos de ley. El actual contexto requiere dar un impulso a este
proceso, que se escuchen las demandas de las organizaciones sociales y del conjunto de la sociedad; todo ello contribuirá a profundizar la fortaleza institucional de una sociedad que afronta su futuro sin olvidar su historia, reconociendo a quienes
hicieron posible que la democracia, las libertades, la justicia social y los derechos humanos sean nuestras actuales señas de identidad.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados expresa su reconocimiento a todas las personas que lucharon por las libertades y la democracia en nuestro país, manifiesta su repulsa al intento de modificación y manipulación de la memoria a las víctimas de la
represión franquista, a la vez que manifiesta la importancia y relevancia actual de una nueva ley que ampare a las víctimas de la represión, e insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas oportunas para reconocer a todas las personas que lucharon por las libertades y la democracia en nuestro país por medio de homenajes públicos.
2. Tomar las medidas oportunas para que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática asuma el compromiso de erigir un memorial en reconocimiento de las personas fusiladas por la dictadura franquista en el cementerio del Este en terrenos
de la Administración General del Estado, en el marco de las actuaciones que promuevan en esta materia a la mayor brevedad.
3. Impulsar las políticas públicas de memoria democrática, que permitan superar las carencias detectadas por la normativa vigente y que combata la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura franquista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2020.-Enrique Fernando Santiago Romero y Jaume Asens Llodrà, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, D. Francisco José Contreras Peláez y D. Pedro Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reprobación de los actos de retirada de monumentos históricos
representativos de España y su historia, así como la condena del vandalismo frente a estos, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. Tres semanas después de la muerte de George Floyd -instrumentalizada por la extrema izquierda como confirmación de un 'racismo policial' desmentido por las estadísticas- Estados Unidos está inmerso en una ola de protestas
'antirracistas', a menudo violentas, que han adoptado también la forma de una relectura en clave neomarxista de la historia de aquella nación, y de Occidente en su conjunto: ambas son presentadas como una larga noche de racismo, imperialismo y
supremacismo blanco.
La figura de Cristóbal Colón se ha convertido en uno de los objetivos principales de este movimiento de vil retrospectiva, a pesar de que el explorador genovés nunca pisó el actual Estados Unidos y murió tres siglos antes de la conquista del
suroeste americano. Tras la decapitación y derribo, respectivamente, de estatuas del descubridor en Boston (estado de Massachusetts) y Richmond (estado de Virginia), otra estatua fue derribada ante el Capitolio estatal de Saint Paul en el estado de
Minnesota. En Houston (estado de Texas), otro monumento a Colón amaneció con el rostro pintado de rojo, y en Miami (estado de Florida), las estatuas de Colón y de Juan Ponce de León han aparecido con pintadas.
Segundo. Esta semana supimos que en el Estado de California los Demócratas que dominan el Legislativo californiano han acordado retirar una estatua de mármol que muestra a Cristóbal Colón solicitando financiación a la reina Isabel la
Católica para su viaje a las Américas, después de más de un siglo presidiendo la rotonda central del Capitolio de California, sede del poder legislativo del citado estado desde el ario 1883. Con la inscripción 'Última petición de Colón a la reina
Isabel', tallada en mármol de carrara por el escultor estadounidense Larkin Goldsmith Meade, fue subvencionada por el banquero Darius Ogden Mills, quien dijo en una carta que el monumento conmemoraba 'un hecho de enorme impacto sobre los designios
del mundo occidental'.
Anunciaron su retirada el presidente pro-tempore del Senado californiano, Toni Atkins, y el presidente de la Cámara, Anthony Rendon, entre otros, señalando que 'Colón es una figura muy polémica dado los efectos mortales que su llegada al
continente tuvo sobre los pueblos indígenas'.
Del Partido Demócrata, solo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha defendido la permanencia de la estatua de Colón en Columbus Circle, a los pies de Central Park (Manhattan): 'Comprendo el diálogo que se ha estado produciendo durante
un número de años, pero la estatua de Cristóbal Colón de alguna manera representa el legado italoamericano en este país y la contribución de los italoamericanos a este país'.
Pero la figura de Colón ha sido objeto de controversia desde hace varios años. En 2019, se cambió en numerosas ciudades la festividad del Día de Colón por la de los Pueblos Indígenas, también en Washington DC. Según la norma aprobada por
el Consejo del Distrito de Columbia, Colón 'esclavizó, colonizó, mutiló y masacró a miles de pueblos indígenas en las Américas'.
Esta decisión es una noticia nefasta, pues ya no solo hay una lucha ideológica contra la historia y el legado español en las calles, sino también en las instituciones públicas, en el que se impone un revisionismo de la historia de una manera
sesgada.
Tales aberraciones no son sino un mancillamiento de la imagen de España, de sus navegantes, de sus conquistadores y colonos y de su historia. La hazaña de Colón expandió los límites del mundo conocido y sacó a los pueblos amerindios de la
edad de piedra y de un aislamiento de 15.000 años. En cuanto a la colonización española, recordemos que hace 520 años, la Reina Isabel la Católica añadió, en su lecho de muerte, un codicilo a su testamento en el que rogaba a sus sucesores que 'no
consientan ni den lugar a que los indios [...] reciban agravio alguno en sus personas ni en sus bienes, sino que manden que sean bien y justamente tratados', prohibiendo la servidumbre de los indios y exigiendo a sus sucesores la evangelización y
trato humanitario de los mismos. A la vista de tal documento, el historiador Rafael Altamira (1866-1951), indicaba: 'Fecha memorable para el mundo entero, porque señala el primer reconocimiento del respeto debido a la dignidad y libertad de todos
los hombres, por incultos y primitivos que sean; principio que hasta entonces no se había proclamado en ninguna legislación, y mucho menos se había practicado en ningún país'. Las Leyes de Burgos (1512) y las Leyes Nuevas de Indias (1542) tienen
una inspiración tuitiva y adelantan con siglos de anticipación medidas de protección social y laboral (salarios, prohibición del trabajo de las embarazadas, etc.).
En definitiva, el imperio español sacó a los pueblos precolombinos de la antropofagia, la esclavitud, los sacrificios humanos y la prehistoria tecnológica. Todo ello sin olvidar que el imperio español fue el menos racista de la historia,
pues el mestizaje entre españoles fue intenso desde el principio, y aunque no
exenta de la lacra de la esclavitud 1, la América española contaba con solo un 4 % de población africana en 1800 (compárese con el 90 % de las posesiones inglesas y francesas del Caribe), y su trato era más humanitario, regulado por el
Código Negro Carolino. Ramiro de Maeztu, en su obra la Defensa de la Hispanidad, afirmaba que 'la hispanidad está compuesta por hombre de las razas blanca, negra, india y malaya, y sus combinaciones'.
Tercero. Lamentablemente, esa oleada antiespañola ha llegado también a España, de la mano precisamente de los socios del gobierno. Así, María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, secretaria general de Podemos Andalucía y portavoz del grupo
parlamentario, manifestaba públicamente en La Sexta que: 'La [estatua] de Colón también, y habría que ir a por otros también, que algunas de las grandes fortunas de este país se han constituido en el comercio de esclavos y hay muchas calles de
nuestras ciudades, muchas estatuas hechas a benefactores de la ciudades que sacaban sus fortunas de la trata y el tráfico de esclavos'.
Y añadía: 'No es razonable a día de hoy rendir homenaje a esclavistas españoles y andaluces. Nos parece que es una buena idea tener que dejar de rendir homenajes a esas figuras por respeto a personas de otras razas que han sido víctimas de
esto en otras épocas'.
Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario en Comú Podem en el Parlamento de la Generalidad, Jéssica Albiach Satorres, ha afirmado que desmontar la estatua de Cristóbal Colón en Barcelona 'sería una buena medida', en una entrevista
al diario 'Ara'.
Cuarto. La respuesta del Gobierno, sin embargo, aún no ha llegado. Respecto de la situación en Estados Unidos, la actual embajada española ha guardado un perfil bajo en esta oleada de protestas. En respuesta a una pregunta del medio de
comunicación ABC la semana pasada, un portavoz del Gobierno dijo: 'Respetando y compartiendo el dolor que siente el pueblo americano en estos momentos, lamentamos que se hayan producido ataques a estatuas que representan el legado español en
EE.UU.'.
En España, por su parte, nada ha dicho el Gobierno sobre las manifestaciones de sus socios de gobierno y las intenciones que las mismas promueven. Estimamos que debería haber condenado inmediatamente tales manifestaciones, promoviendo el
respeto a la historia y sus símbolos, de conformidad con lo dispuesto por nuestra Carta Magna, en cuyo artículo 46 se impone el deber de conservación del patrimonio artístico. Así, señala expresamente que 'los poderes públicos garantizarán la
conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados
contra este patrimonio' .
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados declara lo siguiente:
El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español y sede de su Soberanía, expresa su absoluta condena a los actos vandálicos producidos contra las estatuas de Cristóbal Colon en los Estados Unidos de América, así como la
retirada de la 'Última petición de Colón a la reina Isabel' del Capitolio Estatal de California, pues constituyen un atentado contra la imagen y el legado histórico y cultural de España en el mundo.'
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Emitir un comunicado oficial en el que se defienda la historia de España y su legado, condenando la retirada de los monumentos en su honor, así como los actos vandálicos frente a simbología histórica española tanto dentro de nuestras
fronteras como en el exterior.
2. Promover una campaña -a través de la red de embajadas e Institutos Cervantes de todo el mundo- que dé a conocer la labor histórica de España como descubridora, evangelizadora y civilizadora del Nuevo Mundo.
1 Jane Landers en 'La nueva historia de Florida' (University Press of Florida, 1996) destacó que 'la ley y las costumbres españolas garantizaban a los esclavos una personalidad moral y legal, así como ciertos derechos y protecciones que no
se encuentran en otros sistemas esclavistas'.
3. Potenciar la celebración el 12 de Octubre del Día de la Hispanidad como exaltación de la gran realidad histórica de un mundo hispánico de naciones independientes vinculadas por evidentes afinidades culturales y espirituales, fruto de la
presencia española de más de tres siglos en tierras americanas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2020.-Alberto Asarta Cuevas, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Pedro Jesús Requejo Novoa y Francisco José Contreras Peláez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/001079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de las Diputadas doña María Carvalho Dantas y doña Marta Rosique i Saltor, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el respeto a los Derechos Humanos en Bahréin, para su debate en instancia en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde el comienzo de la ola revolucionaria conocida como la 'Primavera Árabe' en 2011, el Reino de Bahréin ha acentuado la represión contra su población. La demanda de reformas sociales y políticas condujo a protestas multitudinarias que
fueron duramente reprimidas por el régimen de la tribu gobernante Al-Khalifa. Se castigó a todo aquel que se atreviera a alzar su voz contra el régimen y a defender cuestiones como la libertad de asociación y de reunión, la libertad de expresión y
los derechos de la mujer. Varios activistas defensores de la democracia y los derechos humanos fueron perseguidos, procesados, encarcelados y castigados con fuertes penas en base a sus opiniones.
Varias organizaciones independientes de derechos humanos, 'Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)', 'Human Rights Watch' y Amnistía Internacional, denuncian que actualmente, la tortura, los juicios injustos, la imposición
de penas desproporcionadas, la revocación de nacionalidad, las desapariciones forzadas y la promulgación de leyes discriminatorias y excluyentes forman parte del modus operandi del gobierno de Bahréin. En particular, los juicios militares,
recientemente rehabilitados, han sido una forma de promover estos medios, siendo constantes las denuncias de tortura y otros malos a los acusados que no se investigan adecuadamente. A pesar de las denuncias por parte de organizaciones
internacionales y de las Naciones Unidas contra el régimen Al-Khalifa, al menos dos personas -Ali Alarab y Ahmed Almalali- fueron torturadas y luego ejecutadas en julio de 2019. El Gobierno de Bahréin también habría detenido y torturado a figuras
de la oposición y a defensores de los derechos humanos como Naji Fateel, Abdulhadi Al Khawaja, el Dr. Abduljalil Alsingace, Hasan Mushaima y Abdulwahab Husain. Desde febrero de 2011, el pueblo de Bahréin ha vivido bajo una cruel dictadura contra
la que debería ejercerse una fuerte presión diplomática, con el fin de obligar al régimen de Bahréin a liberar a todos los prisioneros políticos y lograr un mayor respeto de los derechos humanos.
Las prácticas inhumanas arriba mencionadas se llevan a cabo en las prisiones de Bahréin. La mayor de ellas, la prisión Jau, alberga a la mayoría de los aproximadamente 4.000 presos políticos actualmente encarcelados en Bahréin. Los
testimonios que llegan a través de los familiares de los detenidos denuncian la existencia de castigos arbitrarios, torturas y tratos degradantes incluyendo la privación de alimentos y de sueño, el uso de gases lacrimógenos como castigo, la negación
de tratamiento médico -incluso para reclusos con cáncer o esclerosis múltiple, en violación directa de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, también conocidas como las Reglas de Nelson Mandela- la retención
de medicamentos, la violación de los derechos de visita, el exceso de prisión y las condiciones insalubres de la prisión.
ADHRB, una ONG que promueve los derechos humanos y la democracia en el Golfo Pérsico, y especialmente en Bahréin, expresa su profunda preocupación por la reciente confirmación de las sentencias de muerte de dos víctimas de tortura -Mohamed
Ramadan y Husain Moosa- el miércoles 8 de enero de 2020. Veinte diputados del Parlamento Europeo enviaron una carta al gobierno de Bahréin planteando una seria preocupación por estas penas de muerte y pidiendo el perdón para los dos hombres.
En conclusión, se está llevando a cabo una campaña sistemática para poner fin a todas las formas de oposición política en el país mediante la disolución de todas las sociedades políticas más importantes y la prohibición de que sus miembros
participen en actividades cívicas o políticas. La privación de atención médica por la que está pasando el líder de la oposición política de Bahréin, el Sr. Hasan Mushaima, no es más que una campaña alarmante y sistemática de muerte lenta. La
misma negligencia médica se está produciendo contra el defensor de los derechos humanos y profesor bloguero Dr. Abduljalil Alsingace.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, condenando las violaciones de Derechos Humanos y civiles en Bahréin y exhortando a la liberación de los presos políticos, insta al Gobierno español a:
1. Instar a las autoridades de Bahréin a respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión y de reunión, con la finalidad de liberar a todos los prisioneros políticos.
2. Instar a las autoridades de Bahréin a realizar inmediatamente una investigación exhaustiva e independiente sobre las denuncias de tortura, asegurándose de que los autores son llevados ante la justicia con una mención especial de las
graves denuncias de tortura cometidas por Naser bin Hamad, el príncipe heredero.
3. Instar a las autoridades de Bahréin a iniciar un diálogo con la oposición política encabezada por los líderes de la oposición política, el Sr. Hasan Mushaima y el Sr. Abdulwahab Husain, que es la única solución realista a la situación
de Bahréin.
4. Sumarse a la petición de diversos grupos internacionales que promueven el respeto de los derechos humanos a que se retiren inmediatamente las sentencias de muerte de Mohammed Ramadan y Husain Moosa, instando al rey de Bahréin a que
perdone la sentencia de muerte de Mohammed Ramadan y Husain Moosa.
5. Expresar al Gobierno de Bahréin su preocupación sobre el uso de la pena de muerte, con el objetivo de instituir inmediatamente una moratoria de la misma y conseguir su abolición, ya que las ejecuciones son en todos los casos inaceptables
y contrarias a los derechos humanos fundamentales.
6. Revisar las misiones comerciales y las actividades económicas desarrolladas a través de estas misiones con el Reino de Bahréin.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2020.-María Carvalho Dantas y Marta Rosique i Saltor, Diputadas.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz el Grupo Parlamentario Republicano.
161/001097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el esclarecimiento de los hechos acontecidos en relación a
la desaparición del líder saharaui Mohamed Sidi Brahim 'Bassiri', para su debate en Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 17 de junio se cumplieron cincuenta años desde la desaparición del líder Mohamed Sidi Brahim 'Bassiri' detenido y conducido a una comisaría de policía, tras una multitudinaria manifestación saharaui con Administración colonial, por
orden de las autoridades españolas, en el barrio de Zemla, El Aaiún, capital entonces del Sáhara español, actual Sáhara Occidental. Un número indeterminado de saharauis murieron (cifra aún por determinar) y resultaron heridas durante la represión
desatada por los funcionarios policiales españoles miembros del Tercio Juan de Austria de la Legión.
Cincuenta años han pasado sin saber lo que le ocurrió verdaderamente a Bassiri. Según algunas informaciones, se que fue víctima de torturas durante los interrogatorios y que después fue trasladado hasta las afueras de El Aaiún, donde pudo
ser asesinado y enterrado. El código penal vigente entonces
castigaba las detenciones ilegales, siendo ilegal la detención que se prolongaba más de 24 horas sin poner al detenido a disposición judicial.
Tal y como afirman los firmantes del manifiesto 50 años de la masacre de Zemla, 'desde hace 50 años, los Gobiernos españoles, tanto del franquismo como de la democracia, se han negado a aclarar los hechos, a señalar y castigar a los
responsables y a reparar a las víctimas. Se desconoce el número real de personas muertas y heridas, el nombre y el número de las personas detenidas en torno a los hechos, las circunstancias de su detención y el trato recibido. Ninguna
investigación oficial ha aclarado el destino final de Bassiri, que permaneció en manos de las autoridades españolas durante cerca de un mes y que, según todos los indicios, fue hecho desaparecer por esas mismas autoridades'.
'Ni el tiempo transcurrido ni los cambios ocurridos en la administración y la legislación española pueden para ocultar los hechos y menos para justificar la falta de acción para esclarecer la verdad, ejercer la justicia y reparar a las
víctimas. El Estado español está obligado por los convenios internacionales que ha firmado, por dignidad y por respeto a los derechos humanos a cerrar esta negra página de su historia.'
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer los mecanismos necesarios para el esclarecimiento de los hechos acontecidos en relación a la desaparición del líder saharaui Mohamed Sidi Brahim 'Bassiri' el 17 de junio de 1970 a manos de funcionarios policiales españoles.
En este sentido, insta al Gobierno a hacer públicos todos los archivos que contengan información sobre el líder saharaui.
2. Iniciar un proceso de verdad, justicia y reparación en memoria de Mohamed Sidi Brahim 'Bassiri' y de todas las víctimas de dicho suceso. Todo ello, acorde con los principios y obligaciones del Gobierno con al memoria histórica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2020.-Pedro Quevedo Iturbe, Mireia Vehí Cantenys, Jon Iñarritu García, Néstor Rego Candamil, Ana María Oramas González-Moro y Enrique Fernando Santiago Romero, Diputados.-Mertxe Aizpurua
Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria-Bildu, Laura Borràs Castanyer y Joan Baldoví Roda, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario Plural, Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano y Ana Belén Fernández
Casero, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas y D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar las negociaciones bilaterales para la creación de un acuerdo de inversión entre España y Estados Unidos de América,
para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. Las relaciones entre La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EEUU) tienen una importancia extraordinaria desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo, y están firmemente ancladas en una historia y una base
cultural común, una sólida comunidad de valores y una gran convergencia de intereses múltiples: estratégicos, económicos, comerciales, de seguridad, etc. Ello se ha puesto de manifiesto en las relaciones transatlánticas mantenidas a lo largo de la
historia.
Desde un punto de vista económico, Europa y los Estados Unidos constituyen el bloque más importante del mundo. Entre ambos cuentan con el 42 % de la riqueza mundial, a repartir entre algo más del 10 % de la población del globo, y son
responsables de alrededor del 40 % del comercio exterior. Las economías combinadas de la Unión y los EEUU siguen representando conjuntamente cerca del 50 % del producto interior bruto (PIB) mundial y un tercio del comercio mundial.
Sin embargo, en los últimos años estamos experimentando un empeoramiento de las relaciones existentes, y muy especialmente en lo que concierne a las relaciones económicas.
Segundo. El 2 de octubre de 2019, la Organización Mundial del Comercio (OMC) dictaminó que EE.UU. estaba autorizado a imponer contramedidas dólares anuales. La decisión de la OMC tiene su origen en una controversia arrastrada desde hace
15 años entre ambos bloques por presuntas subvenciones ilegales que dieron Francia, Alemania, España y Reino Unido al fabricante de aeronaves europeo, Airbus, en detrimento de la americana Boeing. La OMC subrayó que las referidas subvenciones a
Airbus supusieron una pérdida de ventas para Boeing, que no se habría producido sin las ayudas públicas de la UE y los Estados miembros.
Posteriormente, el 18 de octubre de 2019 se hacía efectivo la imposición de aranceles a la UE por parte del Gobierno norteamericano, del 10 % a las aeronaves civiles grandes que el bloque comunitario vende a EEUU y del 25 % a una larga lista
de productos agrícolas, como el queso fresco, las aceitunas, el aceite de oliva y productos porcinos de origen español, alemán y británico, entre otros. Los aranceles se impusieron para compensar las ayudas que los citados gobiernos europeos
concedieron a Airbus.
La aplicación del impuesto aduanero del 25 % a los productos españoles está siendo demoledor para el campo exportador español. Se han recortado los márgenes de beneficio, los importadores están acudiendo a otros mercados y los productores
españoles, para no perder cuota de mercado, están bajando precios o asumiendo parte del coste del arancel.
Tercero. Asimismo, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha anunciado públicamente que estudia imponer nuevos aranceles por hasta el cien por cien del valor respecto de una serie de productos por importe agregado de unos 3.100
millones de dólares (2.750 millones de euros) procedentes de España, Reino Unido, Francia y Alemania. Entre los nuevos productos de estos cuatro países amenazados por los aranceles estadounidenses se encuentran las aceitunas, el chocolate y el
cacao, la cerveza, la ginebra y el vodka, así como los camiones autopropulsados con motores eléctricos.
En su anuncio, la Oficina del Representante Comercial incluye una primera lista de productos a los que ya está aplicando aranceles adicionales de entre el 15 % y el 25 %, así como un segundo anexo en el que figuran productos a los que
planteó gravar con aranceles adicionales de hasta el 100 %, pero a los que no aplicó finalmente la tasa, y añade una tercera lista con productos importados desde Alemania, Reino Unido y Francia por un valor agregado de 3.100 millones de dólares
(2.750 millones de euros) para evaluar la posible imposición de aranceles de hasta el 100 % adicional.
Cuarto. En lo que se refiere al caso particular de España, el sector más castigado, una vez más, es el mundo agroalimentario. Cabe destacar que después de la UE, EE.UU. es el primer mercado para las exportaciones españolas de alimentos y
bebidas, con 1.728 millones de euros, según datos de la Federación Española de Industrias Alimentarias (FIAB).
Actualmente, el mercado nacional exporta cada año a EE.UU 2.000 millones de euros en esta categoría de bienes. En concreto, más de 700 millones de euros en vino (299 millones) y aceite (405 millones), según ICEX España Exportación e
Inversiones. Además, en el caso del aceite de oliva, existe una circunstancia añadida porque los recargos van a beneficiar a otros grandes productores europeos que figuran en la lista de Estados Unidos (Grecia e Italia). Los olivareros españoles
denuncian que han sido borrados del mercado estadounidense en apenas tres meses. Exportaban anualmente a ese país unas 120.000 toneladas de aceite.
Según la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington, el monto total de las importaciones afectadas por estos aranceles se aproxima a los 700 millones de euros, lo que supone casi el 5 % del total de las
importaciones procedentes de España, y el número de empresas perjudicadas asciende a unas 2.000.
Quinto. Además, para agravar la situación del mercado exportador español, hay que señalar que las contramedidas arancelarias de EEUU no se están aplicando en todos los países de la Unión Europea de la misma manera. Es el caso de Italia,
que se ha visto favorecida por dicha imposición a los productos españoles, competidores directos, como es el caso del aceite de oliva, ganando, como consecuencia, cuota de mercado.
Respecto a este último caso, tanto Italia como Grecia negociaron con las autoridades estadounidenses las condiciones de los aranceles antes de su entrada en vigor. Dichas negociaciones fueron lideradas de forma separada por cada gobierno y
auspiciadas por las patronales de ambos países. En cambio, aunque en España todos los sectores afectados eran conscientes del escenario perjudicial, el Gobierno español no tomó la misma iniciativa y prefirió confiar la solución a la Unión Europea.
Sexto. La imposición de nuevas barreras arancelarias a los productos españoles sería sumamente perjudicial para el comercio exterior, pues supondría nuevas barreras y limitaciones al comercio, perdiendo, definitivamente, la posición que
teníamos en el mercado exterior. A ello debemos sumar la actual situación de crisis sanitaria y económica ocasionada por la COVID-19, pues según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la economía española será una de
las más castigadas por la crisis de la COVID-19, con una caída del producto interior bruto (PIB) del 11,1 % este año, que será del 14,4 % en caso de que hubiera una segunda ola de la enfermedad, la peor caída de todos los países miembros en la UE.
En definitiva, las repercusiones económicas que supondrán estas nuevas imposiciones arancelarias no harán sino agravar los devastadores efectos socio-económicos de la pandemia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Impulsar las negociaciones bilaterales con los Estados Unidos de América para la creación de un acuerdo de comercio e inversión entre España y EEUU y evitar, en la medida de lo posible, la nueva aplicación o incremento de aranceles sobre
los productos españoles.
2. Elevar a la Comisión Europea la propuesta de formulación de un plan económico para contrarrestar la aplicación de aranceles por los Estados Unidos, con ayudas específicas a los agentes económicos perjudicados por la aplicación o
incremento de los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2020.-Alberto Asarta Cuevas y Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario VOX.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la elaboración del Informe Anual de Acción Exterior, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 37 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo de la Acción y del Servicio Exterior del
Estado, para que, una vez remitido a las Cortes Generales, comparezca la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para dar cuenta del mismo.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de comparecencia contenida en el punto 2 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/001101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas y D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo establecido en
el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta a la elaboración del Informe Anual de Acción Exterior, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 37 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, para que, una vez remitido a las Cortes Generales, comparezca la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para dar cuenta del mismo,
para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. La acción exterior del Estado ha cobrado en los últimos tiempos un protagonismo sin precedentes. Y es que en un mundo globalizado e interdependiente como el actual, la política exterior de un Estado repercute directamente en la
existencia e intereses de los ciudadanos. A ello se añade el proceso de integración supranacional en que la Unión Europea ha subsumido a sus estados miembros, que ha conllevado que la actuación en el plano nacional e internacional queden
estrechamente vinculadas.
La Constitución de 1978 permitió la incorporación de España a foros de los que durante mucho tiempo estuvo excluida, como son la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Alianza Atlántica e, igualmente, conllevó la creación de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones. El marco de la Constitución de 1978, trajo consigo el establecimiento de nuevas fronteras para la Acción Exterior, como la cooperación internacional para el desarrollo. Y el motivo de todo ello son los valores
fundamentales sobre los que se erigen los pilares de las relaciones internacionales, entre los que destacan, como señala la Exposición de motivos de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, la libertad, el
Estado de Derecho, los derechos humanos, la solidaridad, el fomento de la paz, el respeto del Derecho Internacional y el compromiso con el multilateralismo.
Asimismo, la Constitución de 1978, creó el marco jurídico necesario para el reconocimiento a diversos sujetos, entre ellos las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, de competencias en materia de Acción
Exterior, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el de la Acción Exterior en sentido propio. Ello ha comportado un gran enriquecimiento interior y exterior para España, pero conlleva, a su vez, la correlativa necesidad de coordinación para
garantizar una armoniosa convivencia entre la Acción Exterior y la dirección de la Política Exterior por parte del Gobierno.
Segundo. En el título II de la Ley 2/2014, de 25 de marzo de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, se regulan los instrumentos de planificación, seguimiento y coordinación de la Acción Exterior. Los primeros son la Estrategia y el
Informe de Acción Exterior, ambos objeto de aprobación por el Gobierno, cuya elaboración se lleva a cabo conjuntamente por todos los departamentos ministeriales y se completa con las aportaciones de los órganos constitucionales, las Comunidades y
Ciudades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local.
Concretamente, el artículo 37 de la referida Ley regula el Informe Anual de Acción Exterior, en el que se deberá dar cuenta de la ejecución de la Estrategia de Acción Exterior, de las actuaciones realizadas, de los objetivos logrados y de
los recursos aplicados a su consecución. Se elaborará a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, conjuntamente por todos los departamentos ministeriales, y con participación de los organismos y entidades públicas
dependientes de la Administración General del Estado que actúan en el exterior, así como de las Comunidades y Ciudades Autónomas y Entidades Locales.
Asimismo, en los Informes Anuales se dará cuenta de las modificaciones y adecuaciones necesarias de las prioridades y objetivos contenidos en la Estrategia de Acción Exterior, que hayan debido realizarse por circunstancias sobrevenidas y
cambios en el contexto internacional.
El Informe Anual de Acción Exterior será aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros y publicado en el 'Boletín Oficial del Estado', a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previo informe del Consejo de Política
Exterior. Asimismo, se remitirá a las Cortes Generales, para su conocimiento.
Segundo. Pues bien, el último informe disponible es el correspondiente a la aplicación de la estrategia de Acción Exterior del ejercicio 2016. Teniendo en cuenta que la elaboración requiere de tiempo, y habiéndose publicado el informe
referente al ejercicio de 2016, en el mes de junio de 2017, están pendientes los informes de los ejercicios 2017, 2018, y 2019.
La elaboración de este informe reviste especial trascendencia pues, al margen de los objetivos que detalla la propia norma que lo regula, es imprescindible para facilitar la transparencia y el control ciudadano de la proyección exterior de
la administración española. Es el instrumento al servicio de nuestra ciudadanía y nuestra democracia para evaluar la acción política exterior y, por tanto, su fin último es ser remitido a las Cortes Generales, en las que el Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación deberá comparecer para dar cuenta del cumplimiento de la Estrategia de Acción Exterior.
La falta de cumplimiento de la legalidad, en cuanto que dejación de funciones por parte del Gobierno es manifiesta, y supone, necesariamente, una falta de transparencia para con los ciudadanos, que quedan huérfanos del poder de control sobre
los poderes públicos y, en el caso que nos ocupa, sobre todo lo que concierne a la acción exterior de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. A cumplir con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 2/ 2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, elaborando el Informe Anual de Acción Exterior, atendiendo a los criterios dispuestos en el referido
artículo, y procediendo a su remisión a las Cortes Generales, para su conocimiento.
2. A que, una vez remitido el informe a las Cortes Generales, comparezca la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para dar cuenta del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2020.-Alberto Asarta Cuevas y Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Promoción de los Derechos de las Mujeres en la Acción Exterior Española,
especialmente en el contexto de la COVID-19, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
España siempre se ha caracterizado por tener como señas de identidad de su política exterior la promoción de la igualdad y la no discriminación por razón de género, teniendo como marco y horizonte tanto la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing (1995) como la más reciente Agenda 2030.
La no discriminación por razón de género es una prioridad en la política exterior de Derechos Humanos, que se traduce, en particular, en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, y en el desarrollo de la Agenda sobre Mujeres,
Paz y Seguridad (Plan Nacional de Acción 2017-2023), de la que somos principales impulsores desde los orígenes de la Resolución 1325 y subsiguientes.
Estas políticas de igualdad de género son una prioridad declarada del Gobierno de España en lo que se refiere a su acción exterior, especialmente en lo referido a cooperación para el desarrollo, siendo el impulso de una diplomacia feminista
una de las principales líneas de actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para esta legislatura. España debe seguir profundizando en esa perspectiva de respeto a los derechos humanos de las mujeres en la arena
internacional, trabajando contra la discriminación que sufre un colectivo que supone más de la mitad de la población mundial.
En este contexto de discriminación estructural, la pandemia de la COVID-19 está causando estragos entre mujeres, adolescentes y niñas. Según un informe recientemente presentado por el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres,
la COVID-19 podría revertir los limitados avances que se han logrado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.
Cerca del 60 % de las mujeres de todo el mundo trabajan en la economía informal, ganan menos, ahorran menos y corren un mayor riesgo de caer en la pobreza debido a las medidas de confinamiento y distanciamiento social y sus repercusiones
socioeconómicas, como la desaparición de millones de puestos de trabajo de mujeres.
Las medidas aplicadas para luchar contra la pandemia han hecho que el trabajo de cuidados no remunerados de las mujeres haya aumentado de forma exponencial debido al cierre de las escuelas y la mayor necesidad que tienen las personas mayores
y dependientes. Estas tendencias van en contra de los avances de los derechos de las mujeres que se han ido logrando con mucho esfuerzo durante los últimos años, negándoles sus oportunidades.
A su vez, el Secretario General de Naciones Unidas instaba a los gobiernos a poner a las mujeres y las niñas en el centro de sus políticas destinadas a la recuperación tras la pandemia, incorporándolas a los liderazgos y a la toma de
decisiones sobre cómo salir de la recesión, y contando con la perspectiva de género en toda medida de lucha contra la pandemia y de recuperación. Para ello, es necesario ampliar las redes de protección social y reconocer el trabajo de cuidados no
remunerado valorándolo como una contribución vital a la economía.
Del mismo modo, la pandemia también ha dado lugar a un escalofriante aumento de la violencia contra las mujeres. En el pasado año, casi una de cada cinco mujeres de todo el mundo fue víctima de la violencia. Muchas de esas mujeres están
ahora atrapadas en casa con sus maltratadores, intentando por todos los medios obtener servicios que sufren recortes y restricciones.
La COVID-19 no es solo un desafío para los sistemas de salud de todo el mundo, sino también para los avances en los derechos de las mujeres y la lucha contra la discriminación y violencia que sufren. La igualdad de género y los derechos de
las mujeres son esenciales para superar juntos la pandemia, para recuperarnos más rápidamente y para construir un futuro mejor y más justo para todos y todas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que a nivel internacional y en nuestra relación con otros Estados, especialmente en el contexto de la COVID-19, trabaje para:
1. Apoyar e impulsar iniciativas dirigidas a fortalecer la arquitectura institucional que permita la transversalización de la perspectiva de género en los diferentes niveles de la administración y en las diferentes políticas públicas.
2. Promover el intercambio de buenas prácticas en cuanto a la puesta en marcha de leyes, políticas, planes de acción y programas educativos de sensibilización, para prevenir, atender, sancionar y erradicar las diferentes formas de violencia
y discriminación por razón de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, incluidas aquellas con discapacidad.
3. Facilitar la promoción al acceso universal a servicios de salud integrales, in luidos los servicios de salud sexual y reproductiva, accesibles, asequibles y de calidad, así como su financiamiento, para las mujeres, las niñas y las
adolescentes en toda su diversidad, para favorecer su pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
4. Promover medidas que aseguren el derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación para las mujeres, así como la eliminación de obstáculos legales e institucionales para su acceso efectivo a la justicia pronta y
expedita, que pongan fin a la impunidad, y garanticen reparación y que protejan el acceso a los servicios esenciales en casos de violencia, especialmente en casos de violencia sexual.
5. Alentar los esfuerzos sostenidos para aumentar la representación de las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad, en los procesos de toma de decisiones a fin de alcanzar la democracia paritaria, con un enfoque intercultural y
étnico-racial, afianzando la presencia de mujeres en todos los poderes del Estado, niveles y ámbitos de gobierno y en Organizaciones Internacionales.
6. Promover un cambio sistémico a nivel internacional y en nuestra relación con otros Estados en el abordaje de la migración para superar las vulnerabilidades de las mujeres en el ciclo migratorio, con
especial atención a los fenómenos de desplazamiento que se generan en torno a las cadenas globales de cuidado y sus causas estructurales, garantizando los derechos humanos y las condiciones de trabajo decente, la prevención y atención de la
violencia, en particular la violencia sexual, la trata de personas, y el acceso no discriminatorio a los servicios de salud y a la protección social integral para mujeres, adolescentes y niñas migrantes.
7. Apoyar mecanismos de promoción, fortalecimiento y crecimiento de la producción y comercio exterior con perspectiva de género como pilar de un desarrollo económico de los países que promueva la generación de empleo de calidad y
emprendimientos liderados por mujeres, realizando evaluaciones de impacto en los derechos de las mujeres de los acuerdos comerciales y de inversión.
8. Impulsar, en foros como la Unión Europea, la Comunidad Iberoamericana de Naciones y las Cumbres Iberoamericanas, el G20 o las Naciones Unidas, iniciativas que recojan el efecto desigual que la crisis de la COVID-19 ha tenido en las
mujeres, adolescentes y niñas, y que promueva la inclusión de este impacto diferencial en los planes de lucha contra pandemias y en los planes de recuperación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2020.-María Olga Alonso Suárez, Pau Marí Klose, Héctor Gómez Hernández, Noemí Villagrasa Quero, Arnau Ramírez Carner, Laura Berja Vega y Lídia Guinart Moreno, Diputados.-Ana Belén
Fernández Casero, Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la Retirada de Credenciales al Representante del Régimen de
Nicolás Maduro en España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Venezuela vive sumida en una multitud de crisis que afectan a la población venezolana en diferentes niveles. En primer lugar, en el ámbito económico, las políticas llevadas a cabo durante el mandato de Hugo Chávez y, más recientemente, por
parte del régimen de Nicolás Maduro han sumido a Venezuela en una situación límite. Ya el año pasado las estimaciones del Instituto de Finanzas Internacionales arrojaban unas cifras escalofriantes en las que el PIB del país habría caído un 62 %
desde 2013, la mayor caída para un país que no ha sufrido una situación de guerra en las últimas décadas. En los últimos meses, la pandemia de COVID-19 ha afectado de forma excepcional a la población venezolana, especialmente a quienes han tenido
que exiliarse del país por la persecución y la miseria a la que les ha sometido el régimen de Nicolás Maduro.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya ha alertado de la situación en Venezuela y sobre el peligro que supone que el régimen no esté reportando de forma transparente y fiable los datos epidemiológicos de la población venezolana,
lo que impide conocer con exactitud el número de casos, el origen de los contagios y los aspectos más vulnerables. Además, se ha agravado la ya preocupante situación humanitaria que vivían los venezolanos. Por suerte, la generosidad del Presidente
(E) Guaidó ha permitido un acuerdo para que el régimen acepte la entrada de ayuda humanitaria que hasta entonces había bloqueado, permitiendo así dar apoyo a los venezolanos para capear esta nueva crisis.
Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro también ha sumido a Venezuela en una grave crisis institucional. Su ambición por controlar el poder a expensas del Estado de Derecho y de los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos
le llevó a cometer tremendos atropellos contra las instituciones democráticas de Venezuela, así como a falsear unas elecciones presidenciales. Como resultado, el líder de la Asamblea Nacional Juan Guaidó activó el procedimiento constitucional para
declararse como legítimo Presidente Encargado del país hasta la celebración de nuevas elecciones libres, democráticas y acordes con la legalidad y los estándares democráticos internacionales.
Estos abusos han hecho que la comunidad internacional se movilice para aprobar sanciones contra altos cargos del régimen de Nicolás Maduro, principalmente por parte de Estados Unidos, Canadá y
la Unión Europea. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos y desde la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo hemos pedido repetidas veces la ampliación de esas sanciones a más altos cargos del régimen, especialmente teniendo en
cuenta que los abusos contra las instituciones democráticas, el Estado de Derechos y los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos continúan. El pasado 29 de junio, finalmente, la Unión Europea aprobó la ampliación de esas sanciones a
11 nuevos funcionarios del régimen.
Como consecuencia, Nicolás Maduro ha tomado la decisión de expulsar a la Embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, en un plazo de 72 horas. Este tipo de acciones suponen una grave afrenta diplomática que,
tradicionalmente, requiere reciprocidad. Por ello, la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha solicitado la retirada de credenciales de todos los representantes del régimen de Nicolás Maduro en el territorio de la Unión Europea.
Además, Nicolás Maduro ha amenazado al Embajador de España en Venezuela con represalias tras acusarle, de forma infundada, de participar y alentar un alzamiento militar contra el régimen que lidera Maduro. Estas amenazas no vienen sino
fundadas por el hecho de que la Embajada de España en Caracas sirve de refugio al líder venezolano Leopoldo López.
Teniendo esto en cuenta, y en honor a la defensa de los valores democráticos, los derechos y las libertades fundamentales y a los lazos económicos, sociales, culturales e históricos que unen a los ciudadanos españoles y a los venezolanos, el
Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
1. Retirar las cartas credenciales del Sr. Mario Isea Bohórquez, actual representante del régimen de Nicolás Maduro en España, que aún ostenta rango diplomático y, por tanto, se le permite gozar de inmunidad diplomática.
2. Reconocer como representante legítimo Embajador Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España al Sr. Antonio Ecarri Bolívar, permitiéndole recoger sus cartas credenciales para el desempeño de las
funciones de ese cargo de forma plena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre un
nuevo impulso a la lucha contra el racismo tras el homicidio de George Floyd, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 25 de mayo de 2020, George Floyd, un afroamericano de 46 años, desarmado, fue detenido por pagar, supuestamente, con un billete falso y murió en Minneapolis, Minnesota, después de que un agente de policía le presionase el cuello con la
rodilla durante 8 minutos y 46 segundos durante los cuales, George Floyd, advirtió al agente en repetidas ocasiones que no podía respirar.
La muerte de George Floyd se añade así a una amplia lista de casos de abuso excesivo de la fuerza policial a manos de agentes de policía en Estados Unidos provocando, con ello, una nueva ola de indignación contra el racismo en el país y en
el resto del mundo.
En nuestro continente, el último informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA, en sus siglas en Inglés) sobre el incremento de las desigualdades y el acoso en 2019, nos advierte sobre el hecho de que la discriminación y el
acoso por motivos raciales siguen siendo un fenómeno habitual en toda la Unión Europea, donde las minorías raciales y étnicas son objeto en numerosas ocasiones de
acoso, violencia y el centro de un discurso de odio que no habiendo desaparecido de las calles se expande peligrosamente por Internet y determinadas redes sociales poniendo en serio riesgo la convivencia cívica.
Dicho organismo, considera igualmente que creadores de opinión y políticos en toda la Unión Europea están adoptando actitudes racistas y xenófobas que favorecen un clima social propicio para el racismo, la discriminación y los delitos de
odio, actos que son contrarios a los valores europeos comunes que todos los Estados miembros se han comprometido a respetar, y que, lamentablemente, pese a los esfuerzos realizados en las últimas décadas son actitudes que vuelven a producirse en
mayor número cada vez.
Considerando por tanto que debe intensificarse la lucha contra el racismo y la discriminación en nuestras sociedades y que esta es una responsabilidad compartida y conjunta sobre la que todos los países debemos reflexionar urgentemente, esta
Cámara no puede quedar al margen de dicha reflexión, expresando enérgicamente su más rotunda condena por la atroz muerte de Georges Floyd en los Estados Unidos y otros asesinatos similares en el resto del mundo, comprometiéndonos a atajar el racismo
y la discriminación estructural a los que se enfrentan muchos grupos minoritarios, e instando a las autoridades a investigar hasta las últimas consecuencias a los responsables de estos actos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
1. Reclamar al conjunto de la comunidad internacional, en el seno de las organizaciones multilaterales de las que forma parte con relación a la promoción y protección de los derechos humanos, la implementación de medidas decididas para
atajar el racismo y las desigualdades estructurales existentes.
2. Apoyar la petición formulada por 54 países africanos para la celebración de un debate de urgencia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las actuales violaciones de los Derechos Humanos de inspiración racista y
para reflexionar, en el seno de este organismo, sobre la idoneidad de celebrar, en el corto-medio plazo, una nueva Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación Racial como la celebrada en Sudáfrica en 2001, que actualice
los compromisos, los instrumentos y las políticas que combatan el odio racial en las nuevas sociedades resultantes tras la revolución digital en ciernes.
3. Apoyar la petición realizada por el pleno del Parlamento Europeo, en el que se reclama la celebración de una cumbre europea dedicada a la lucha contra la discriminación estructural, la xenofobia y el racismo en la Unión Europea, y la
elaboración de una estrategia comunitaria que comparta esfuerzos en la defensa de valores universales y comunes que deben ser defendidos y promovidos conjuntamente en un mundo cada vez más globalmente interconectado.
4. Hacer un llamamiento por la lucha contra la discriminación en la Unión Europea instando a las instituciones comunitarias a retomar la iniciativa política para desbloquear, en el seno del Consejo Europeo, la Directiva horizontal de no
discriminación que lleva bloqueada desde 2008.
5. Apoyar y liderar, en el seno de la Unión Europea, la puesta en marcha de todo tipo de campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía para evitar un retroceso en materia de valores y reforzar la promoción de los Derechos Humanos, la
democracia, y la igualdad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2020.-Sergio Gutiérrez Prieto, Héctor Gómez Hernández, Arnau Ramírez Carner, Noemí Villagrasa Quero y Pau Marí Klose, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael Simancas Simancas,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/001078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de una ley marco de protección de animales
domésticos, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Real Sociedad Canina de España (RSCE) denunció hace unos pocos días que el abandono de canes había aumentado un 25 por ciento desde el inicio de la desescalada. Según los datos aportados por esta asociación, desde 'finales del pasado mes
de mayo se contabilizaron unos 2.000 abandonos de perros en España coincidiendo con las primeras semanas del proceso de desescalada y ante la cercanía del verano y del final del estado de alarma.' Aunque según la RSCE mayo es el mes durante el cual
se producen más abandonos, los datos de este año probablemente sean 'consecuencia de que muchas personas que aumentaron la familia durante el confinamiento con una mascota se empiezan a dar cuenta de la responsabilidad que conlleva'.
El abandono de animales domésticos no es un problema nuevo en nuestro país. Un estudio publicado por la Fundación Affinity revela que durante el año 2018 fueron recogidos más de 138.000 perros y gatos en refugios y protectoras. Por su
parte, la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal (FAPAM) estima que el número de animales abandonados en España cada año es superior a 300.000. Según el estudio de la Fundación Affinity mencionado anteriormente, las principales
causas que alegan las personas que abandonan a sus animales de compañía son el nacimiento de camadas no deseadas, el fin de la temporada de caza y factores económicos.
En la actualidad, las comunidades autónomas y los municipios regulan de forma distinta las medidas de identificación de animales, sanción a los dueños, el cuidado animal en las protectoras o refugios, así como los supuestos en los que los
animales terminan siendo sacrificados. La ausencia de una ley nacional para la protección de los animal domésticos provoca que cada comunidad autónoma regule de manera distinta esta materia, lo que conlleva importantes vacíos legales, diferencias y
carencias graves en lo referente a su protección. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que las diferentes normativas autonómicas no abordan de forma eficaz la protección de los animales domésticos ya que existen deficiencias en el
control, la recogida y el sacrificio de perros y gatos, y no existen medidas efectivas para la prevención al abandono y la superpoblación de estos animales.
Otro elemento a mejorar es la identificación de estos animales mediante microchip, que a pesar de ser obligatorio en todas las comunidades autónomas, tiene un alcance limitado debido a que las bases de datos autonómicas en muchas ocasiones
no son compatibles entre ellas, lo que impide identificar al animal si proviene de otra región.
En lo relativo a la tenencia de animales salvajes exóticos por parte de particulares, también existen diferencias importantes según el territorio en el que nos encontremos. Mientras determinadas CCAA prohíben la tendencia de algunas
especies, otras no especifican nada al respecto, pese a que el impacto en el medio ambiente puede llegar a ser devastador.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar una Ley Marco de Protección de Animales Domésticos, acorde con la legislación comunitaria e internacional en la materia, en coordinación con las comunidades autónomas y los Entes locales y con respeto a la normativa desarrollada
por estas en el ejercicio de sus competencias, que contemple:
a) Desarrollar un banco de datos nacional de chips identificativos al que puedan acceder tanto profesionales veterinarios, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, protectoras y refugios de titularidad pública o privada.
b) Mejorar los controles y supervisiones sobre los criadores y la procedencia de los animales que se pongan a la venta.
c) Impulsar una serie de medidas concretas destinadas a la concienciación contra el abandono y la promoción de la adopción.
d) Prohibir el sacrificio de los animales abandonados salvo en situaciones de emergencia o peligrosidad. Para ello se creará un servicio coordinado de apoyo entre administraciones y protectoras o refugios que puedan garantizar el bienestar
animal de aquellos animales que se encuentran en protectoras o refugios.
e) Prohibir las mutilaciones de animales, sobre todo aquellas propiciadas por motivos estéticos, excepto las precisas por necesidades médicas, por esterilización o beneficio futuro del animal.
f) Prohibir el regalo de animales como recompensa o premio.
g) Crear un registro de infractores que constate la inhabilitación para la tenencia o actividad con animales.
h) En aquellos concursos públicos en los que se liciten servicios de recogida y albergue de animales, se bareme positivamente las mejoras en el trato y fomento de la adopción de las ofertas que se presenten, así como las actividades de
formación y concienciación que puedan impartir en sus instalaciones.
2. Impulsar, en consonancia con la legislación comunitaria e internacional en la materia y en coordinación con las Comunidades Autónomas y los Entes Locales, las modificaciones legislativas oportunas a fin de aumentar las sanciones y penas
por abandono y maltrato de animales domésticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un nuevo partido
judicial en la isla de Formentera, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Ministro de Justicia, en su reciente comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, se comprometió a impulsar la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial durante esta legislatura. Si esta es su verdadera voluntad,
debería tener muy presente que existen ámbitos territoriales que presentan unas necesidades singulares que deben ser atendidas si se quiere abordar la reforma de la organización territorial de la Justicia con rigor.
La creación de partidos judiciales es siempre el paso previo a la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción allí donde no hubiera una estructura judicial constituida, como es el caso de la isla de Formentera. El artículo
32.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la modificación de los partidos judiciales se hará, en su caso, 'en función del número de asuntos, las características de la población, los medios de comunicación y las comarcas naturales'.
Si atentemos a criterios de población, la isla de Formentera se sitúa cerca de los trece mil habitantes de derecho, a los que hay que sumar un sustancial incremento de población flotante en temporada estival que multiplica notablemente el de
la población censada. Si atendemos a criterios de comunicación, los usuarios de la Administración de Justicia en isla de Formentera deben irremediablemente trasladarse vía marítima a la isla de Ibiza para ser atendidos en sus peticiones o
comparecencias ante el órgano de que se trate, debiendo tener en cuenta que existen determinados días al año en que la meteorología impide o desaconseja esos desplazamientos. Si atendemos a criterios comarcales, resulta una obviedad indiscutible
que la propia realidad insular de la isla de Formentera se integra en las intenciones del legislador a la hora de contemplar el parámetro de comarcas naturales, pues nada más que una isla es susceptible de constituir, por si sola, una entidad
comarcal natural.
Desde distintas instancias políticas, institucionales e incluso judiciales, se ha venido insistiendo desde principios de los años ochenta en la necesidad de que la isla de Formentera cuente con un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
Treinta años después, y tras varias reformas de la Ley 38/1988 de Demarcación y Planta Judicial, la isla de Formentera sigue sin disponer del mismo en su territorio. Si tenemos en cuenta que existen territorios peninsulares con menos población que
cuentan con una infraestructura judicial básica como la que se pretende, sin el agravante y condicionante añadido de la realidad insular, es evidente que en la actualidad no se dan las mínimas en condiciones de igualdad en el acceso a la justicia a
sus habitantes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y, en concreto, al Ministerio de Justicia, a incluir en el próximo proyecto para la reforma de la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial, la creación de un nuevo partido judicial en la
isla de Formentera, de acuerdo con lo establecido en el art. 32.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, otorgando la debida participación previa de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, con arreglo a lo establecido en el artículo 98 de su
Estatuto de Autonomía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-Miguel Ángel Jerez Juan y Margarita Prohens Rigo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/001120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y D. Manuel Mestre Barea, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de las
relaciones con Estados Unidos y el aumento de inversión en Defensa, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. Marruecos está en proceso de refuerzo militar por tierra, mar y aire. Tiene uno de los ejércitos más numerosos (aprox. 200.000 hombres) y más modernos del continente africano. En los últimos diez años, su gasto en defensa ha
aumentado en un 50 % y se prevé que continúe en aumento de aquí a 2022. Está adquiriendo gran cantidad de carros de combate, así como aviones F-16 y fragatas. Pretende también la adquisición de algún submarino.
En pleno proceso de potenciación de las fuerzas armadas, Marruecos puso en órbita el pasado año 2017 su primer satélite espía, cuya construcción y lanzamiento desde la Guayana Francesa estuvo rodeado de gran secretismo, y a final del 2018
lanzó un segundo satélite. Bautizados como Mohammed VI-A y B respectivamente, se trata de instrumentos de alta precisión que, en teoría, se dedicará al reconocimiento de fronteras y el seguimiento de grupos yihadistas.
A ello se suma la reimplantación, hace unos meses y después de doce años, del servicio militar 'obligatorio'. Aunque la entrada en filas se define como obligatoria para los jóvenes de entre 19 y 25 años, será voluntaria para las mujeres y
para los numerosos jóvenes que residen en el extranjero y tienen nacionalidad marroquí, y además estarán exentos los que estén estudiando y los que mantengan a una familia.
El robustecimiento de las FFAA marroquíes responde principalmente a la carrera armamentística que mantiene con su vecino Argelia, que casi ha triplicado su presupuesto militar en los últimos años. Relacionada con esa rivalidad está la
siempre tensa cuestión del Sahara, donde los argelinos apoyan tradicionalmente al Frente Polisario.
Por otro lado, también habría que añadir la lucha contra el terrorismo yihadista y la participación marroquí en acciones militares en la región del golfo Pérsico, donde Marruecos ha intervenido, aunque de manera testimonial, en la guerra de
Yemen en apoyo de Arabia Saudí. Precisamente, este país concedió en enero de 2016 al reino alauí un préstamo de 22.000 millones de dólares para armamento.
En la actualidad, el porcentaje de gasto que Marruecos destina a defensa en proporción a su producto interior bruto (PIB) es casi tres veces mayor al de España, el 3,2 % frente al 1,2 %. De acuerdo con los datos del 'Stockholm International
Peace Research Institute' SIPRI), pasó de 2.297 millones de dólares de gasto militar en 2007 a 3.117 en 2018 y es, solo detrás de Argelia, el país africano que más armamento importa. España, por otro lado gastó en defensa en 2018, 11.172 millones
de dólares.
Segundo. Estados Unidos es el principal proveedor de Marruecos, si bien el país magrebí también ha adquirido armamento a Rusia y China. Es evidente que las relaciones entre Marruecos y Estados Unidos se han estrechado en los últimos años
en todos los aspectos pero destaca especialmente el militar. Estas relaciones son clave para asegurar apoyos en caso de un conflicto con naciones vecinas o para reclamar soberanía sobre territorios o mares cercanos a Marruecos. Estados Unidos
tiene, a su vez, en Marruecos un socio muy fiable para apoyarle en sus intereses en el continente africano.
Como muestra tenemos que durante los pasados años 2018-2019 se celebraron reuniones bilaterales entre EEUU y Marruecos para tratar temas de Seguridad y Defensa relativos a ambos países. Se llegaron a acuerdos en materia de contratos de
armamento y material bélico relativo a lo siguiente:
- Carros de combate Abrams MlAlSA.
- Aviones de combate F-16.
- Helicópteros Bell 412 de guerra antisubmarina.
- Helicópteros Apache AH-64E.
- Sistemas de misiles antitanque TOW-II.
- Sistema de misiles antitanque FGM-148 Javelin.
- Sistema de misiles aire-aire AIM-9X.
Añadimos a estos datos que tras dos años de negociaciones y estudios estratégicos, el pasado 30 de septiembre de 2018 comenzó a funcionar la base militar de Estados Unidos en Marruecos, localizada en Tan-Tan, a unos 25 kilómetros de la costa
atlántica y 300 del archipiélago canario. La instalación, de unas mil hectáreas de extensión, tiene como objetivo hacer frente a las catástrofes naturales, las luchas étnicas y en especial al terrorismo. Un proyecto norteamericano que nació en
2005 y que refuerza la presencia de los Estados Unidos en el continente africano, además de suponer un respaldo a la política del monarca alauita, Mohamed VI.
A nadie escapa que una gran base en el sur de Marruecos permitirá al Pentágono alcanzar objetivos estratégicos de vital importancia para sus intereses:
l. Controlar los movimientos yihadistas en la zona del Sahara/Sahel.
II. Asegurar el tránsito de los superpetroleros que desde el Golfo Pérsico llegan a Europa siguiendo la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Navegan por un corredor de máximo interés estratégico, ya que por el mismo discurre más de la mitad
del crudo que consume la Unión Europea.
III. Vigilar desde la base de Tan-Tan los complejos energéticos del noroeste africano, así como la red de gasoductos que atraviesan el Sahara y el Sahel.
Tercero. Esta fructífera relación comercial ha propiciado una gran sintonía entre Washington y Rabat. A su vez, la actitud del actual Gobierno español hacia nuestro mayor aliado no ha sido la más adecuada para estimular la relación
bilateral. Esta falta de 'tacto' ha propiciado -entre otras cosas- la no elección de Navantia para el diseño de las futuras fragatas estadounidenses, el programa FFG (X).
Las relaciones hispano-estadounidenses viven su peor momento desde la retirada unilateral de las tropas españolas en Irak en el año 2004. Este enfriamiento con Estados Unidos ha venido acompañado por un peligroso acercamiento a los
regímenes bolivarianos de corte totalitario que imperan en Cuba y Venezuela. Buen ejemplo de ello es el exponencial aumento de la deuda que España ostenta con el régimen de Caracas. El pasado 25 de mayo, el Gobierno facilitó el Informe 'La Deuda
Externa del Estado español como acreedor (Datos a 31 de diciembre de 2019)'. En este sentido, uno de los datos más sorprendentes es que la deuda que ostenta España hacia el gobierno de Venezuela ha aumentado un 192 % -concretamente 191,7 %-, de
2018 a 2019.
Además de este exorbitante aumento de deuda en apenas un año, el país iberoamericano se ha convertido en el mayor 'moroso' en cuanto a impagos.
Cuarto. Al margen de este posicionamiento internacional, España sigue sin dotar a sus Fuerzas Armadas de fondos suficientes. Esta infra financiación, se ha convertido en una característica permanente durante la última década. La falta de
recursos, ha propiciado que la ventaja existente entre nuestras Fuerzas Armadas y la de nuestros países vecinos se haya reducido drásticamente.
Por ejemplo, tal y como se ha señalado anteriormente, la diferencia entre España y Marruecos ha pasado de 10 a 1 en 2007, a 3 a 1 en la actualidad. Este dato, pone de relieve cómo nuestro país vecino del sur, está acometiendo un proceso de
rearme -totalmente legítimo-, que sitúa a las Fuerzas Armadas marroquíes a la par que sus contrapartes españolas. Ésta parece ser la 'nueva normalidad'.
Quinto. Por otro lado, este proceso de rearme no solo lo está llevando a cabo Marruecos. También Argelia está siguiendo esta tendencia. Concretamente, la Marina de Argelia ha dado un salto cualitativo en su capacidad de disuasión al
situarse como el único país del Mediterráneo, junto a Israel, con capacidad de lanzar misiles de ataque a tierra desde submarinos, concretamente de sus dos nuevos sumergibles de la clase 636 (versión modernizada de los rusos Kilo).
Ni Francia tiene en estos momentos esta capacidad de lanzar misiles tácticos desde sus submarinos: la Marine Nationale prevé incorporar los misiles Scalp en sus submarinos de la clase Barracuda, pero actualmente solo los puede lanzar desde
las fragatas Freem. Por ejemplo, los nuevos submarinos S-80 españoles podrán tener la capacidad tecnológica de ataque con misiles Tomahawk, pero el Gobierno debe aprobar antes esta capacidad y su posterior compra. Actualmente, en el Mediterráneo
hay ocho países que tienen submarinos: España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Israel, Egipto y Argelia.
El salto cualitativo de Argelia es evidente pues junto a Israel en el Mediterráneo -como hemos comentado- en el mundo solo EE. UU., Rusia, China, Corea del Norte y Reino Unido tienen esa capacidad para lanzar el misil desde un submarino y
destruir objetivos terrestres. Hay que recordar que cada vez que Corea del Norte realiza una de estas pruebas levanta las consecuentes reacciones en los países vecinos.
Argelia se ha volcado en el arma submarina para fortalecer su armada: sin fragatas, sin portaaviones, con apenas corbetas, los submarinos son su punta de lanza. Esta situación se entiende viendo la armada marroquí, que carece de
submarinos. La rivalidad que enfrenta a ambos países, se traslada a una escalada en el proceso de rearme que están llevando a cabo.
En estos momentos, Argelia tiene seis submarinos:
- Cuatro de la clase 636 (variante de los Kilo rusos): dos han sido entregados a Argelia desde los astilleros rusos de San Petersburgo en 2010; y otros dos en enero de este año.
- Otros dos submarinos 877EKM, también de la clase Kilo -más antigua-, entregados en 1987 y 1988, aunque actualizados posteriormente en 1993 y 1996.
Además, el país africano prevé comprar otros dos submarinos de la clase 636.
Sexto. Si bien Marruecos y Argelia son países socios y amigos, entendemos que es imperativo para España mantener su superioridad militar en el área del Mediterráneo Occidental. Concretamente, en la zona que va desde las Islas Baleares a
Canarias, pasando por el Estrecho de Gibraltar. Esta permite a España asegurar su soberanía sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y sobre el archipiélago canario.
En resumen, el Gobierno español debe redirigir sus esfuerzos a restañar la relación con los Estados Unidos de América, cumpliendo con los compromisos adquiridos y manteniendo su imagen y reputación de aliado fiable. España no puede
permitirse que la asocien con regímenes autoritarios, que perpetran crímenes execrables y que, en suma, dañan severamente la imagen exterior de nuestro país.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Mejorar las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de América.
2. Cumplir con el objetivo del 2 % del PIB de inversión en Defensa, acordado en la Cumbre de Cardiff de la OTAN (septiembre de 2014).
3. Elaborar un informe comparativo entre las Fuerzas Armadas españolas y sus contrapartes marroquíes y argelinos, que habrá de ser entregado a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en el plazo de un mes desde su elaboración.
Dicho informe debe estar dividido por capacidades y abarcar el período comprendido entre los años 2007 y 2019.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Manuel Mestre Barba y Carlos Hugo Fernández-Roca Sánchez, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas
Aéreos no tripulados CEUS, en Moguer, Huelva, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El proyecto CEUS (Center of Excellence of Unmaned System) tiene por objeto la creación de un centro de experimentación y certificación de aviones no tripulados y otros sistemas tanto marítimos como terrestres. Su actividad se apoya en las
instalaciones que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 'Esteban Terradas' (INTA) ya posee en el término municipal de Moguer (Huelva), denominadas Centro de Ensayos de El Arenosillo (CEDEA).
CEUS es un proyecto que tiene una gran importancia estratégica y tecnológica para Andalucía, puesto que va a permitir que vehículos aéreos autónomos vayan a ser probados, a nivel de toda Europa, justamente en esa franja de territorio
onubense, debido a que las condiciones climatológicas y de exclusión aérea única en Europa son con diferencia las mejores de todo el continente. Esto va a permitir, adicionalmente, que la posición de liderazgo que ya detenta Andalucía en el sector
aeroespacial sea impulsada y desarrollada, de manera que podamos acercarnos, con el transcurso del tiempo, a las áreas de Hamburgo y Toulouse, que actualmente son las zonas líderes en Europa. Además, este proyecto encaja a la perfección con el
proyecto Euromale que actualmente está desarrollando la Unión Europea, que tiene como objetivo fundamental la construcción y el testeo de grandes drones para usos militares en esta zona.
El origen del Proyecto CEUS data del año 2011, con la firma del Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia e Innovación, para la adecuación de las instalaciones
del CEDEA y para la construcción del CEUS. Nace contando con un presupuesto de unos 38 millones de euros de los fondos FEDER, lo que hacía necesario que el gobierno central, la Junta de Andalucía y el INTA aportaran su parte
correspondiente.
Ciudadanos ha creído e impulsado firmemente este proyecto, considerado como inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía. En el año 2018, cuando CEUS se daba ya por enterrado al no incluirse partida alguna en los Presupuestos
Generales del Estado, el grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso logró la inclusión de una enmienda para destinar 500.000 euros a dicho proyecto, además de otros 500.000 euros que ya habían previsto en los acuerdos presupuestarios con la Junta
de Andalucía para que dicha dotación fuese una realidad. Con consenso, diálogo y acuerdo, se logró desbloquear una iniciativa que conlleva innovación, vanguardia e I+D+i, logrando arrancar el compromiso de los gobiernos implicados. No obstante, en
este mismo año, la firma de un nuevo protocolo entre el INTA y la Junta de Andalucía para establecer un nuevo marco de colaboración, lamentablemente quedó en el mero compromiso de definir futuras actuaciones.
No fue hasta la constitución del nuevo gobierno de PP y Cs al frente de la Junta de Andalucía, cuando la Consejería de Economía Conocimiento Empresa y Universidad, liderada por el consejero naranja Rogelio Velasco, reactiva esta iniciativa,
que recibe un decidido impulso, logrando avanzar significativamente en la tramitación administrativa y ambiental que requiere el proyecto y que, prácticamente, había permanecido paralizado en los ocho años transcurridos desde su planificación en
2011. El proyecto CEUS se retoma en el segundo trimestre de 2019 llevándose a cabo importantes actuaciones en el ámbito de sus competencias. La consejería ECEU ha asumido la coordinación integral del proyecto en el seno de la Junta de Andalucía.
Hay una fecha límite, 9 de octubre del año 2020, para el inicio de la construcción de las infraestructuras que van a estar ubicadas en la zona de El Arenosillo y se han dado pasos importantes para que este límite temporal se supere. En este
sentido, ya se ha procedido a la recalificación de los terrenos del Arenosillo pasando de su carácter forestal al científico-tecnológico y gestionado las pertinentes modificaciones en el Registro de la Propiedad. Una vez superados estos requisitos
se procederá a acelerar los trabajos conjuntos entre la consejería de Economía y el INTA, mediante convenio que establece la participación de cada una de las partes en el proyecto CEUS, porque el compromiso de la Junta es que no se pierda ni un euro
de la inversión prevista para este proyecto que va a situar a Huelva en el mapa de las grandes infraestructuras aeroespaciales y tecnológicas.
La Junta de Andalucía ha cumplido con todo lo que le corresponde y, dado que el tiempo es vital para su desarrollo, este proyecto solo puede avanzar con la colaboración de las dos partes. Deben iniciarse las actividades de forma inminente
para poder cumplir con los requisitos temporales de carácter medioambiental.
Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Que firme, a través del Ministerio de Defensa, el protocolo general de actuación entre el INTA y la Junta de Andalucía para el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos no tripulados CEUS en 'El Arenosillo',
Moguer (Huelva),
2. Que garantice la dotación presupuestaria suficiente, a través del Ministerio de Defensa, destinada a la adquisición de los terrenos para la ubicación del proyecto CEUS, así como que ponga fecha definitiva para la firma de la compra de
los mismos,
3. Que garantice la dotación presupuestaria suficiente, a través del Ministerio de Defensa, destinada a la ejecución y desarrollo del proyecto CEUS,
4. Que garantice, en el ámbito de sus competencias, los inicios de los trabajos del proyecto CEUS antes de que caduque su DIA.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2020.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Hacienda
161/001090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Joan Capdevila i Esteve y Joan Margall Sastre al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la modificación urgente de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para su debate en instancia en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Los ayuntamientos tienen la enorme responsabilidad de responder y dar soluciones a la ciudadanía ante el nuevo escenario de crisis económica derivado del impacto global de la emergencia sanitaria. Pero para ello es necesario dotarlos de más
herramientas, más recursos y más autonomía.
Actualmente existe un amplio consenso respecto a que la respuesta a la crisis que ahora se inicia no puede ser la misma que la que se dio en la crisis del año 2008. Pero la realidad es que aún nos movemos en un marco normativo de austeridad
que precisamente nació de la anterior crisis y que en el actual escenario obligaría a ejecutar recortes, tanto en el año actual como en el próximo y hasta que no se recupere el nivel de actividad y contribución fiscal previo a la pandemia.
La modificación del artículo 135 de la Constitución ponía como prioridad absoluta el pago de la deuda y constitucional izaba la estabilidad presupuestaria como modelo de gobernanza. De dicha modificación se deriva la Ley Orgánica 2/2012, de
estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que básicamente establece los límites de incremento del gasto público y obliga a destinar el ahorro a reducir deuda. Posteriormente, la aprobación de la LRSAL cerraba el círculo de la
austeridad en tanto que laminaba las competencias de los ayuntamientos.
Si tenemos en cuenta que la filosofía que hay detrás de la regla de gasto sería acumular ahorro en períodos de bonanza económica para liberarlo con políticas contra cíclicas en épocas de recesión, y viceversa, el diseño de la actual
normativa no permite que precisamente ahora no se puedan liberar estos recursos o bien, obtener más vía endeudamiento. La misma presidenta de la AIReF defendió hace pocos días en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados la necesidad de
modificar estas reglas, afirmando que 'solo se entendería no hacerlo si se creyera que los ayuntamientos no deben jugar ningún papel en la recuperación'.
La medida recogida en el Real Decreto-ley 8/2020 que permite destinar a gasto social un 20 % del superávit del año 2019, con un máximo de 300 millones para el conjunto de municipios del Estado español resulta totalmente insuficiente si
tenemos en cuenta que solo durante el año 2019 los ayuntamientos obtuvieron un superávit total de 4.000 millones de euros y que los superávits acumulados en forma de remanentes disponibles ascienden a unos 17.000 millones, según datos del propio
Ministerio de Hacienda.
Así, la actual naturaleza de esta crisis, iniciada por un fuerte impacto externo a la economía, justifica aún más una reacción rápida y contundente de todas las administraciones con el fin de acelerar la recuperación, evitando que se acabe
convirtiendo en una crisis estructural de demanda de larga duración.
Por lo tanto, entendemos que es más necesario que nunca poner fin a la política de austeridad recogida en la actual LOEPSF, y todavía más después del anuncio ante la Comisión Europea de activar la cláusula de salvaguarda, que a la práctica
supone la congelación de las reglas fiscales con el objetivo de incrementar el gasto público.
Esta decisión debe ir acompañada con la correspondiente transposición a la normativa de ámbito estatal, evitando que se convierta simplemente en un mayor margen de déficit a distribuir por parte del Estado, sujeto a las actuales directrices
presupuestarias. Así pues, la actual normativa es inadecuada para dar una respuesta a un escenario de recesión económica y particularmente en el caso de su aplicación en la administración local.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Modificar de manera urgente la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con la finalidad de permitir que los ayuntamientos puedan generar déficit
durante los ejercicios presupuestarios en los que se haya dado situaciones que así lo justifiquen y que su solvencia financiera así lo permita.
2. Eliminar la aplicación de la regla de gasto para los ayuntamientos, así como eliminar la obligatoriedad de destinar superávit a reducir deuda.
3. Modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para que los ayuntamientos puedan hacer uso de su capacidad de endeudamiento para financiar déficits corrientes en situaciones de desequilibrio, siempre y cuando se encuentren dentro
de los límites de endeudamiento vigentes.
4. Garantizar la participación de los ayuntamientos en los fondos europeos de reconstrucción en la misma proporción que su peso en el conjunto de gasto público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2020.-Joan Margall Sastre y Joan Capdevila i Esteve, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/001095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Norma Pujol i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a las entidades
catalanas del tercer sector social y para la transferencia a la Generalitat de Catalunya de la recaudación de la asignación tributaria del porcentaje el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinado a fines sociales, para su
debate en la Comisión Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Las entidades del tercer sector social tienen un papel fundamental en la prestación de servicios a menudo públicos de atención a las personas. Estas entidades aportan un valor añadido, que por su naturaleza civil ha ayudado históricamente a
innovar y generar nuevas demandas ciudadanas de atención social y de salud. Su naturaleza de base ciudadana, así como su vocación social, comunitaria y no mercantil, ha generado una confianza ciudadana hacia un tejido asistencial de primer orden en
ámbitos donde la Administración no llega directamente. Miles de entidades del tercer sector social realizan en los Països Catalans un esfuerzo diario y constante en la atención y defensa de las personas y de las situaciones de vulnerabilidad social
que sufren.
En este sentido y para garantizar la viabilidad económica de las entidades, la Generalitat de Catalunya ha manifestado siempre su voluntad de gestionar los fondos provenientes del 0,7 % para programas sociales, de acuerdo con las
competencias exclusivas que le otorga la Constitución en su artículo 149.20 y el Estatuto de Autonomía de Catalunya en su ámbito de las políticas sociales.
En el transcurso de los últimos años Catalunya ha aportado el 25 % de la recaudación estatal del 0,7 % del IRPF para fines sociales, pero solo recibe anualmente el 14 % en forma de programas sociales que tienen lugar en el territorio de
Catalunya. Esto significa que el conjunto de entidades catalanas deje de recibir este año un total de 26,5 millones, con la consecuente pérdida de ayuda y oportunidades para la ciudadanía catalana más vulnerable.
En trece ocasiones distintas en los últimos veinte años, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional habían dictado sentencias estableciendo que el Estado Central no es competente para gestionar y distribuir estas subvenciones, sino que
deben hacerlo las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el pasado 17 de marzo, el Tribunal Supremo ha desestimado un recurso contencioso-administrativo de la Generalitat de Catalunya contra el Real Decreto que regula el sistema de reparto estatal del
de fondo a las entidades sociales mediante el 0,7 % del IRPF. La sentencia del Tribunal Supremo 610/2016, del 17 de marzo de 2016, contradice las 13 sentencias anteriores del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que daban la razón a la
Generalitat en este tema.
Después de la sentencia del Tribunal Constitucional que obligó al Estado a cambiar el sistema de reparto del dinero, Gobierno y Comunidades alcanzaron un acuerdo en el Consejo Territorial de Servicios sociales el pasado 26 de abril de 2017.
En virtud de este acuerdo extraordinario y puntual para 2017, las comunidades autónomas gestionaron el 80 % y el Estado un 20, y no el 100 % como hasta el momento, mediante convocatorias propias para proyectos y programas de entidades sociales a
ejecutar durante el 2018. Una resolución administrativa ha dado cobertura legal a este nuevo sistema.
De esta forma se implantó un modelo de doble tramo que aún subsiste, mediante el cual solamente se distribuye a las CC.AA. el 80 % de los recursos recaudados para ser distribuidos a fines sociales territoriales de las entidades, y un 20 %
es distribuido directamente por el ministerio competente mediante convocatoria directa donde solo pueden aplicar las plataformas sociales estatales para proyectos que no son de naturaleza social, puesto que se trata de una competencia exclusiva de
las CC.AA. Asimismo, el ministerio competente se otorga una parte de la liquidación del 0,7 % del IRPF sin destino aparente, aunque otorga regularmente subvenciones directas a determinadas entidades sociales de carácter estatal consignadas en los
presupuestos generales.
Asimismo, se constata que los criterios con que se distribuyen los fondos del 0,7 % del IRPF no guardan ninguna relación con las decisiones de los contribuyentes en cada territorio al marcar la X solidaria en la casilla del IRPF para fines
sociales que constituye el origen de los fondos para financiar los proyectos sociales de las entidades en cada territorio.
La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales catalanas, ha rechazado la sentencia y ha expuesto que supondrá que unas sesenta entidades sociales catalanas queden excluidas de la
recepción de fondos del IRPF, ya que el modelo actual limita la distribución de estas ayudas a las entidades que sean de ámbito estatal, dejando fuera las que actúan sólo en el ámbito local o autonómico y perjudicando las personas usuarias a las que
atienden.
Las entidades del tercer sector también se han mostrado críticas con el hecho de que en las últimas convocatorias el Estado eliminó el concepto de asistencia social de las bases de las subvenciones para esquivar estas sentencias
desfavorables del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, aunque es evidente que el conjunto de las entidades beneficiarias de estas subvenciones se dedican a la asistencia social, y que los proyectos subvencionados tienen todos relación con
la asistencia social, un materia de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
Por todo ello se presente la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
- Publicar los datos relativos a la recaudación en euros y en número de contribuyentes en cada una de las opciones que tiene el contribuyente a la hora de marcar la casilla correspondiente en la cuota íntegra del IRPF en el momento de la
liquidación. Los datos estarán desglosados por comunidades autónomas, por casillas marcadas (iglesia católica, fines sociales, ambas o ninguna) y por periodo de liquidación.
Se deberán hacer públicos los correspondientes a los ejercicios 2000 a 2018, una previsión para el año 2019 y, periódicamente, los de los años sucesivos con una dilación temporal no superior a un año desde la finalización del plazo para la
presentación de las declaraciones de renta.
- Establecer un nuevo sistema de gestión de los fondos procedentes del 0,7 % del IRPF para fines sociales que elimine el sistema de doble tramo estatal y autonómico, de forma que el 100 % de los recursos se distribuya a las CC.AA mediante
transferencia directa permitiendo a las Comunidades Autónomas fijar las bases para la distribución de fondos y control de la totalidad de los proyectos subvencionados.
- Garantizar que la distribución de dichos fondos entre Comunidades Autónomas se realizará de acorde con lo aportado por los contribuyentes en cada una de ellas por cada periodo de liquidación, considerando un fondo de solidaridad entre
territorios, de forma que en conjunto se respete el principio de ordinalidad de las recaudaciones en concepto del 0,7 % del IRPF, así como la ordinalidad en el número de declarantes que marcan la casilla en cada CC.AA. Revertirá en cada comunidad
el importe recaudado por las declaraciones realizadas por las personas domiciliadas en dicho territorio que hubieran marcado la casilla de fines sociales o ambas casillas, más el importe que le corresponda en beneficio de la solidaridad
interterritorial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2020.-Norma Pujol i Farré, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/001133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. Pablo Juan Calvo Liste y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el fin de lograr una mayor trasparencia en la
contratación pública, para su discusión en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Exposición de motivos
Primero. Principios generales de la contratación pública. Especial incidencia en el principio de transparencia.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ('LCSP')
destaca, en su Exposición de motivos, el papel fundamental que desempeña la contratación pública en el 'crecimiento inteligente, sostenible e integrador' del mercado interior de nuestro país.
Para alcanzar tan alto objetivo, han de respetarse los principios que inspiran el articulado de dicha ley, a saber:
'Una mayor transparencia en la contratación pública y [...] una mejor relación calidad-precio [...], persiguiéndose en todo momento la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación,
transparencia, proporcionalidad e integridad.'
Los principios enunciados deben estar presentes en cualquier tipo de contratación pública, con independencia del procedimiento que esta siga (abierto, restringido, licitación con negociación, diálogo competitivo o asociación para la
innovación).
Especial importancia reviste el principio de transparencia, que el legislador menciona en numerosos artículos de la LCSP:
- Con independencia de las normas llamadas a facilitar la lucha contra el fraude y la corrupción, se incluyen nuevas normas tendentes al fomento de la transparencia en los contratos' (Exposición de motivos).
- 'Se incorpora el régimen comunitario de publicidad de los contratos establecidos en las nuevas directivas, el cual, dentro del margen permitido por estas, se ha intentado simplificar lo más posible para facilitar la labor de los órganos de
contratación a la hora de publicar los distintos anuncios relativos a los contratos que celebren' (Exposición de motivos).
- 'La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores' (artículo 1.1).
- '[...] Con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores' (artículo 64.1).
- 'Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. La contratación no será concebida con la
intención de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a determinados empresarios' (artículo
132).
- 'Los criterios a que se refiere el apartado 1 que han de servir de base para la adjudicación del contrato se establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo, y deberá figurar en el
anuncio que sirva de convocatoria de la licitación, debiendo cumplir los siguientes requisitos:[...] b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios
de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada' (artículo 145.5).
'[...] El procedimiento que se seguirá para negociar, que en todo momento garantizará la máxima transparencia de la negociación, la publicidad de la misma y la no discriminación entre los licitadores que participen' (artículo 166.2).
'Corresponden a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación las siguientes funciones: [...] e) Verificar que se apliquen con la máxima amplitud las obligaciones y buenas prácticas de transparencia, en particular
las relativas a los conflictos de interés, y detectar las irregularidades que se produzcan en materia de contratación' (artículo 332.6).
Segundo. La plataforma de contratación del sector público como vehículo de transparencia en la contratación.
(i) Definición.
Uno de los principales mecanismos de consecución de la transparencia o publicidad en la contratación pública es la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante, la 'Plataforma').
La definición de esta herramienta se recoge en su propia página web (www.contrataciondelestado.es):
'Es el principal punto de acceso a la información sobre la actividad contractual del sector público, facilitando la información sobre las convocatorias de licitaciones y sus resultados de todos los organismos que lo componen.
Ofrece además múltiples servicios que facilitan la contratación electrónica, actuando como punto de comunicación entre los organismos públicos y las empresas que desean contratar con ellos.'
(ii) Regulación jurídica.
Aunque la Plataforma es mencionada de manera recurrente y dispersa en el articulado de la LCSP, hay un precepto dedicado a su regulación pormenorizada: el artículo 347, incluido en el Título III, que lleva por rúbrica 'gestión de la
publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos'. En dicho precepto se recogen los siguientes extremos:
- El órgano del que depende la Plataforma.
'1. La Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública pondrá a disposición de todos los órganos de contratación del sector público una plataforma electrónica que permita la difusión a través de
Internet de sus perfiles de contratante, así como prestar otros servicios complementarios asociados al tratamiento informático de estos datos.'
- La obligatoriedad de los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal de tener un perfil de contratante abierto en la Plataforma.
'2. Los perfiles de contratante de los órganos de contratación de todas las entidades del sector público estatal deberán alojarse de manera obligatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público, gestionándose y difundiéndose
exclusivamente a través de la misma. En las páginas web institucionales de estos órganos se incluirá un enlace a su perfil de contratante situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.'
- La posibilidad, en el caso de los órganos de contratación autonómicos, de optar entre su inscripción en la Plataforma estatal o bien en servicios similares que se articulen en las propias regiones.
'3. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán establecer servicios de información similares a la Plataforma de Contratación del Sector Público en los que deberán alojar sus perfiles de contratante de
manera obligatoria, tanto sus propios órganos de contratación como los de sus entes, organismos y entidades vinculados o dependientes, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de los mismos y constituyendo estos servicios un punto de
acceso único a los perfiles de contratante de los entes, organismos y entidades adscritos a la Comunidad Autónoma correspondiente.
Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas que no hubieran optado por establecer sus propios servicios de información, y alojen, por tanto, sus perfiles del contratante directamente en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, podrán utilizar todos los servicios que ofrezca la misma, así como participar en su gestión en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan y de acuerdo con los convenios que a tal efecto se suscriban entre el Ministerio
de Hacienda y Función Pública y el órgano de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma.'
- La obligatoriedad, con independencia de la opción escogida por las comunidades autónomas, de publicar la convocatoria y los resultados de las licitaciones en la Plataforma estatal.
'En cualquier caso, e independientemente de la opción elegida por las comunidades autónomas o las ciudades autónomas, de entre las señaladas en los dos primeros párrafos del presente apartado, estas deberán publicar, bien directamente o por
interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información en el caso de que contaran con sus propios servicios de información, la convocatoria de todas las licitaciones y sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
En relación con la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, bien se lleve a cabo directamente o bien por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información, en caso de una eventual discrepancia entre la
información recogida en el servicio de información de la Comunidad Autónoma y la de la Plataforma de Contratación del Sector Público, prevalecerá la primera.
Los órganos de contratación de las Administraciones locales, así como los de sus entidades vinculadas o dependientes podrán optar, de forma excluyente y exclusiva, bien por alojar la publicación de sus perfiles de contratante en el servicio
de información que a tal efecto estableciera la Comunidad Autónoma de su ámbito territorial, o bien por alojarlos en la Plataforma de Contratación del Sector Público [...]'
Además de lo expuesto en referencia a la LCSP, la Plataforma es objeto de regulación en la Orden EHA/1220/2008, de 30 de abril, por la que se aprueban las instrucciones para operar en la Plataforma de Contratación del Estado ( en adelante,
'Orden'). En su Exposición de Motivos se afirma, acerca del contenido de esta, lo siguiente:
'En la Plataforma de Contratación del Estado se publicarán necesariamente los perfiles de contratante de los órganos de contratación de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios Comunes de
la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales. Voluntariamente, además, se publicarán en esta Plataforma los perfiles de contratante de los restantes entes del sector público estatal y de los órganos de contratación de las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales.'
(iii) Incardinación orgánica y dependencia funcional.
La Plataforma es responsabilidad de la Dirección General del Patrimonio del Estado, incardinada en el Ministerio de Hacienda y encargada de coordinar la contratación pública. Sin embargo, la gestión de dicha herramienta está delegada a la
Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica.
Además, el funcionamiento de la Plataforma es supervisado por el Comité de cooperación en materia de contratación pública, creado en el seno de la Junta de Contratación Pública del Estado (órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, que tiene
encomendada por ley la función de regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatal, ex artículo 328 LCSP).
(iv) Función y contenido mínimo.
La función principal de la Plataforma es asegurar la consecución de la transparencia en la contratación. Así se recoge en el artículo 63.1 LCSP:
'Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de contratante, como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el
acceso público a los mismos.'
Para garantizar dicha transparencia, el artículo 63.3 LCSP obliga a que conste en ella, al menos, dicha información en cada expediente de contratación pública:
- 'La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o
del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente.'
- 'El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.'
- 'Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de adjudicación y de formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su justificación, los anuncios de concursos de proyectos y de resultados de
concursos de proyectos, con las excepciones establecidas en las normas de los negociados sin publicidad.'
- 'Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas publicaciones.'
- 'El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, así como todas las actas de la mesa de contratación relativas al procedimiento de adjudicación o, en el caso de no actuar la mesa, las resoluciones del servicio u
órgano de contratación correspondiente, el informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, en su caso, los informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad
a que se refiere el artículo 149.4 y, en todo caso, la resolución de adjudicación del contrato.'
- 'Igualmente serán objeto de publicación en el perfil de contratante la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, la declaración de desierto, así como la interposición de recursos y
la eventual suspensión de los contratos con motivo de la interposición de recursos.'
- 'Deberán ser objeto de publicación en el perfil de contratante, asimismo, los procedimientos anulados, la composición de las mesas de contratación que asistan a los órganos de contratación, así como la designación de los miembros del
comité de expertos o de los organismos técnicos especializados para la aplicación de criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor en los procedimientos en los que sean necesarios.'
- 'En todo caso, cada vez que el órgano de contratación decida excluir alguna información de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá justificarlo en el expediente.'
(v) Relevancia jurídica de la publicidad de los contratos en la Plataforma.
En los puntos anteriores se ha expuesto qué sentido tiene la existencia de la Plataforma, quiénes están obligados a publicar en ella y con qué contenido mínimo. Dicho esto, no debemos menospreciar la importancia de la publicidad que brinda
la Plataforma a los contratos públicos. Tanto es así, que el artículo 39.2 LCSP determina que la falta de esta es causa de nulidad:
'Serán igualmente nulos de pleno derecho los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra alguna de las causas siguientes:
c) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las comunidades autónomas, en el 'Diario Oficial de
la Unión Europea' o en el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135.'
Tercero. Insuficiencia de la configuración actual de la plataforma para garantizar el principio de transparencia.
A pesar de lo dicho, lo cierto es que tanto en la configuración legal de la Plataforma como en el funcionamiento de esta concurren varios déficits que hacen que su función de garantía de la transparencia de los procesos de contratación
pública se vea mermada. Mencionaremos a continuación los más destacables:
- Señala el artículo 134.2 LCSP que 'los anuncios de información previa [del artículo 134.1 LCSP] se deben publicar también en el DOUE o bien en la PCSP o servicio equivalente a nivel autonómico'. Esta misma información consta en la página
web de la Plataforma, donde se dice que en ella' se pueden
consultar las licitaciones del Sector Público Estatal', así como 'las licitaciones de las siguientes comunidades autónomas' (se cita un listado de 12 regiones).
Ello quiere decir que, a la hora de buscar un contrato público autonómico o local, tendremos que: (i) dirigirnos a la Plataforma, (ii) ver si dicha Comunidad Autónoma ha optado por publicar su información en la herramienta estatal o en otra
de nivel autonómico y (iii) continuar la búsqueda en una o en otra sede.
Sería mucho más eficiente y facilitaría más el acceso a la información que todos los contratos públicos se agrupasen en una sola herramienta de búsqueda, con independencia de que los órganos contratantes sean estatales, autonómicos o
locales.
- Entre los criterios de búsqueda del apartado 'perfil de contratante' no se encuentra el nombre de la empresa contratante. Por lo que, si un interesado quiere acceder a la Plataforma para buscar, por ejemplo, cuántas veces ha contratado el
Estado con una empresa concreta, no podrá encontrarlo por esta vía. Solo quedaría la posibilidad de una tediosa búsqueda 'por descarte' de otros criterios a veces también desconocidos, como el procedimiento de contratación seguido, la fecha de la
contratación, el precio de adjudicación, etc. Por tanto, debe incluirse como criterio de filtrado el nombre de la empresa contratante.
- En el apartado 'licitaciones D búsqueda guiada D formulario de búsqueda', muchas veces sucede que, al introducir el número de un expediente de licitación de un contrato, el buscador da 'error'. Y ello, aunque dicho expediente conste
alojado en la plataforma. Por ese motivo, la búsqueda por criterio 'número de expediente' tiene que mejorarse.
- La información alojada en la Plataforma no es homogénea. Así, mientras que en algunos contratos se incorporan al expediente todos los datos exigidos por el artículo 63.3 LSP, en la mayoría de los casos no ocurre así. Se observan
inconcreciones en el objeto del contrato, indefiniciones del domicilio fiscal de la empresa contratante, falta de justificación del procedimiento de contratación escogido o falta de documentos enteros (como la memoria del contrato o el anuncio de
formalización, entre otros 1). En ninguna de estas ocasiones hemos encontrado que, en cumplimiento de lo dispuesto en el referido artículo 63.3, el órgano contratante exponga razones que justifiquen la exclusión de cierta información. Este
fenómeno de información incompleta y asimétrica se ha incrementado exponencialmente en la contratación llevada a cabo durante el estado de alarma. En consecuencia, la información que se publique en la Plataforma, respecto de cada contrato, debe ser
completa y contener todos los elementos que el artículo 63.3 LCSP refiere.
1 Citamos, como ejemplos de contratos con información incompleta en la Plataforma, los siguientes (identificados por su anuncio de formalización en el BOE), adjudicados todos ellos durante el estado de alarma:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-13054. https:/ / contrataciondelestado.es/wps/wcm/ connect/ 41b0cc43-871d-461c-b70a-4b3870df9461/D0C_FORM2020-928212.html?MOD= AJPERES&CACHE=NONE&CONTENTCACHE= NONE.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-13046 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-13054. https:/ /www.boe.es/boe/ dias/2020/04/28/pdfs/BOE-B-2020-13051.pdf. https:/ /www.boe.es/boe/
dias/2020/04/28/pdfs/BOE-B-2020-13055.pdf. https:/ /www.boe.es/boe/ dias/2020/04/28/pdfs/BOE-B-2020-13052.pdf. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-B-2020-13057.pdf. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-B-2020-13056.pdf.
https:/ /www.boe.es/boe/ dias/2020/05/04/pdfs/BOE-B-2020-13191.pdf. https:/ /www.boe.es/boe/ dias/2020/05/04/pdfs/BOE-B-2020-13191.pdf. https:/ / www.boe.es/ diario_boe/ txt.php?lang=es&id=BOE-B-2020-13631.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-B-2020-14125.pdf. https:/ /www.boe.es/boe/ dias/2020/05/25/pdfs/BOE-B-2020-14126.pdf. https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-B-2020-15937.pdf. https:/ / www.boe.es/ diario_boe/
txt.php?lang=es&id= BOE-B-2020-13631.
Cuarto. Contratación en el estado de alarma e 'informe de Supervisión de la publicidad en los contratos' de la OIRESCON.
Ejemplos como los acontecidos durante el estado de alarma, mencionados ya en el Expositivo tercero (vid. N.P. n.º 1), son el paradigma de lo que no ha de ser la contratación pública. Así, hemos tenido ocasión de comprobar cómo se
destinaban ingentes cantidades del erario público a adjudicar contratos de material sanitario en los cuales se producían los siguientes hechos:
- no se ha detallado el uso de los procedimientos excepcionales de contratación ni fundamentado la concurrencia del presupuesto de hecho habilitante;
- no se ha velado por maximizar la relación calidad-precio, sino por aprovechar la coyuntura sociopolítica para repartir prebendas o devolver favores a empresas adjudicatarias de las cuales no se tenía referencia alguna o que tenían
abiertamente una dudosa reputación por estar relacionadas con investigaciones penales abiertas;
- los materiales adquiridos no cumplían con la normativa sanitaria europea;
- otras veces ni siquiera se han llegado a suministrar los materiales, pese a que el pago por parte de España sí había tenido lugar;
- en buena parte de los contratos no se concretaba, en la información publicada en la Plataforma o en la publicada en el BOE, ni su objeto, ni las condiciones del transporte, ni la dirección de la empresa adjudicataria, o se consignaba una
dirección fiscal que después se ha demostrado falsa;
- los precios de adjudicación han sido, en ocasiones, tremendamente superiores a los del mercado;
- la publicación de los contratos no se ha efectuado o se ha hecho de manera incompleta y con incoherencias entre el BOE y la Plataforma.
En síntesis, no se ha respetado ninguno de los principios que, según la LCSP, deben regir toda contratación pública: transparencia, relación calidad-precio, eficiencia en el gasto público, igualdad de trato, no discriminación,
proporcionalidad e integridad. Algunos medios de comunicación han informado puntualmente de la pasmosa realidad de unos políticos que se prevalían de una situación de crisis nacional para sacar partido de la contratación pública.
Tres meses después de la declaración del estado de alarma, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha publicado un Informe Especial de Supervisión de la Publicidad de los Contratos Tramitados por
Emergencia durante el Estado de Alarma derivado del COVID-19 2. En él, la organización encargada de 'velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la
contratación pública' recoge toda una serie de irregularidades en las contrataciones celebradas durante el estado de alarma, al hilo de las que ya hemos mencionado:
'Desde el cierre del primer Informe Especial de Supervisión, el 21 de junio, fecha del fin del estado de alarma, se han supervisado un total de 11.177 contratos tramitados por vía de emergencia frente a los 618 contratos publicados el 27 de
abril en las plataformas de contratación del sector público.'
'Desde un punto del procedimiento utilizado para publicar en las distintas plataformas los contratos tramitados por emergencia, se ha utilizado una pluralidad de opciones por los órganos de contratación, destacando el procedimiento negociado
sin publicidad como el utilizado con más frecuencia en un 53,47 % de los contratos.'
'Se ha identificado que de los 5.922 contratos tramitados por vía de emergencia vinculada a la causa COVID-19 publicados en las Plataformas de Contratación Autonómicas, 1.667 contratos no constan entre los contratos publicados por PLACSP en
sus datos abiertos. En este sentido se recuerda la obligación del artículo 347 de la LCSP en tanto que los resultados de todas las licitaciones deben estar en la Plataforma de Contratación del Sector Público, aunque, deben tenerse en cuenta las
dificultades técnicas para la adecuación de las plataformas de contratación.'
'Se han identificado una serie de publicaciones con anomalías o confusión de conceptos que no permite identificar de forma adecuada la publicación individualizada de cada contrato, y, en consecuencia, la información que debe constar en el
correspondiente anuncio. En este sentido, y dada el creciente y exorbitado volumen de contratación por vía de emergencia como causa de la crisis COVID-19, se recomienda un especial cuidado y detalle en la información de las publicaciones de estos
contratos,
2 La última actualización del Informe fue el 23 de junio de 2020: https:/ /www.hacienda.gob.es/esES/RSC/Paginas/OIReSuC/INFORME-ESPECIAL-(PUBLICIDAD-EMEREGENCIAS-COVID-19)aspx.
puesto que de dicha información depende la verificación posterior de la justificación y adecuación a la norma de estos contratos, así como los derechos que frente a estas adjudicaciones puedan tener los ciudadanos, tales como la
interposición del recurso contencioso-administrativo.'
'Debe insistirse en diferenciar la obligación de publicar los contratos tramitados por vía de emergencia establecida por la LCSP, en sus artículos 63, 151.1 y 154.1, del cumplimiento del principio de transparencia entendido como el derecho
de acceso del ciudadano a la información. Diferencia que debe trasladarse también a las herramientas para el cumplimiento de dichas obligaciones, esto es, las plataformas de contratación de una parte y, de otra, los portales de transparencia,
puesto que cada cual responde a una finalidad y objetivo, no debiendo confundirse.'
'En último lugar, partiendo del cumplimiento en general de la obligación de dar cuenta a los distintos Consejos de Gobierno por parte de las Administraciones Públicas; de los datos comparativos derivados del número de tomas de razón de
dichos contratos por los Consejos de Gobierno y el número de anuncios de contratación de emergencia publicados, se pudiera deducir que algunas Administraciones no están cumpliendo adecuadamente la obligación de publicación o existen ciertos retrasos
en las mismas.'
No es de recibo que las referidas contrataciones se hayan perfeccionado a pesar de suponer una flagrante vulneración de la LCSP. Habrán de exigirse las oportunas responsabilidades.
Pero tampoco lo es que el diseño y el funcionamiento de la Plataforma hayan coadyuvado a ello: en esta web no solo se alojaron dichos contratos incompletos, cuando no abiertamente ilegales, sino que además su difícil manejo ha impedido en
muchas ocasiones un control a posteriori de las adjudicaciones.
Quinto. Iniciativas de la sociedad civil para aumentar la transparencia del funcionamiento de las administraciones.
Como antítesis de la Plataforma en cuanto a su funcionamiento, cabe citar la herramienta que, por iniciativa de la sociedad civil, se ha desarrollado respecto de la contratación celebrada por los entes públicos cántabros: 'el mapa de la
contratación pública en Cantabria' 4.
Partiendo de los datos de la contratación efectuada por dicha Comunidad Autónoma, un ingeniero ha diseñado, 'motu proprio' y con la única intención de que dicha información pública pueda ser conocida y accesible para todos, una base de datos
que incorpora una avanzada herramienta de consulta. El buscador permite, de manera rápida y muy visual, localizar con facilidad los contratos celebrados a través de diversos parámetros, tales como el nombre de la empresa adjudicataria o del órgano
adjudicador, el objeto del contrato (basta con una palabra, no es necesario conocerlo con exactitud), las adjudicaciones más recientes, etc. La herramienta incluso permite descargar en un archivo CSV todos los contratos públicos alojados en ella,
por si el usuario prefiriese tenerlos todos en un mismo documento para procesarlos según otros criterios.
4 El buscador (www.contratosdecantabria.es) es obra de Jaime Gómez Obregón.
Si la Plataforma tuviera un diseño similar a esta herramienta, ello redundaría en una mucho mayor facilidad de búsqueda para los usuarios y, por ende, en una mayor transparencia de la contratación pública.
Sexto. Conclusiones.
El Grupo Parlamentario VOX considera que una herramienta como la Plataforma legalmente diseñada para garantizar una contratación transparente y eficiente es, de facto, un dispositivo de engorroso manejo que, en la mayoría de los casos, más
impide que facilita el acceso a los datos de las contrataciones públicas. Especialmente, si se lleva a cabo por parte de empresas o ciudadanos interesados, que son quienes más necesitan una herramienta pública eficaz y tienen derecho a ello, como
ha recordado la OIReScon.
Las graves irregularidades cometidas en materia de contratación durante el estado de alarma han puesto de relieve la necesidad de que la Plataforma sea eficaz en su fin último de fomento del control ex ante, 'in itinere' y 'ex post' de la
contratación pública. Y ello en todos sus aspectos: procedimiento de contratación escogido, objeto de dicha contratación, decisiones sobre la adjudicación, y aquellos otros extremos que resulten relevantes para comprender y fiscalizar a qué fines
se destina el dinero de todos los españoles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reformar la actual Plataforma General de la Contratación Pública con el fin de dotar de una mayor transparencia a la contratación pública y de facilitar el control exhaustivo de la
contratación 'ex ante', 'in itinere' y 'ex post', en el siguiente sentido:
1. Promover la modificación de la configuración legal de la Plataforma en la LCSP, de modo que todo contrato público, con independencia de la identidad, adscripción o alcance geográfico del organismo contratante, tenga que alojarse
obligatoriamente en la Plataforma. Paralelamente, pero no de forma excluyente a la publicación en la Plataforma estatal, podrán seguir utilizándose las herramientas autonómicas o locales.
2. Con el fin de permitir un efectivo control de la contratación pública, mejorar la configuración de esta herramienta de uso público para garantizar el acceso libre de los ciudadanos a la información, la correcta usabilidad y un manejo
sencillo y ágil. Concretamente:
Imponer que el expediente no pueda ser insertado en la Plataforma si no es con la información completa exigida legalmente, según el tipo de contrato de que se trate. De esta manera se asegura que la información contenida en la Plataforma
está completa y es homogénea entre unos contratos y otros.
Añadir a los actuales criterios y filtros de búsqueda en la Plataforma el nombre de la empresa adjudicataria y el nombre del objeto del contrato.
Unificar el sistema de cita de los números de expediente, de tal forma que estos coincidan tanto en el BOE como en la Plataforma y, dentro de esta, en todos los documentos que obren relativos al mismo expediente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2020.-Eduardo Luis Ruiz Navarro, José María Figaredo Álvarez-Sala y Pablo Juan Calvo Liste, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a habilitar un depósito
franco en la Ciudad del Transporte de Jerez de la Frontera (Cádiz) para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Jerez de la Frontera es una de las ciudades españolas con mayores posibilidades de generar empleo y riqueza. Efectivamente, situada en la provincia de Cádiz, Jerez de la Frontera es la quinta ciudad de Andalucía en número de habitantes y
con un tejido empresarial, agrario, industrial y vinculado al sector de los servicios muy importante tiene grandes oportunidades, con las medidas de apoyo adecuadas, de ser líder en los distintos sectores productivos.
En el año 2015, el ayuntamiento de la ciudad firmó un convenio con la Zona Franca de Cádiz para habilitar un Depósito Franco de 110.000 metros cuadrados. Para ello, se contemplaba una inversión de 25 millones de euros en dos años en la
Ciudad del Transporte de Jerez que ofrecería importantes ventajas fiscales y aduaneras a las empresas que se instalaran en dicho espacio con el objetivo de que se crearan más de 700 empleos.
El inicio de los trámites para que la ciudad contara con dicho Depósito estaba condicionado a que el ayuntamiento recuperara la disponibilidad de unos terrenos que había cedido a una empresa para la construcción de una fábrica de coches que
nunca llegó a instalarse en la ciudad. Desde hace más de un año los terrenos están en posesión del ayuntamiento, por lo que ya no hay ningún obstáculo para el inicio del proyecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento al Protocolo firmado con el ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) el año 2015 e iniciar los trámites para habilitar un Depósito Franco en la Ciudad del Transporte de
Jerez.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-Mario Garcés Sanagustín y María José García-Pelayo Jurado, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/001083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Interior, relativa a mejorar la situación de la sanidad en los centros penitenciarios.
Exposición de motivos
La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto los riesgos que supone para el sistema penitenciario, tal y como se encuentra planteado hasta hoy en la práctica totalidad de países de Europa y el mundo, el desarrollo de una epidemia en el
país, y ello por el riesgo que implica el confinamiento multitudinario cerrado, situación que puede generar una especial problemática sanitaria dentro de los centros penitenciarios. Estos riesgos agravados dentro del sistema penitenciario han hecho
actuar a las administraciones públicas de cara a mejorar la prevención y control de crisis epidemiológicas dentro de los centros penitenciarios para proteger la salud de trabajadores e internos de cada uno de los centros, y así debe seguirse dotando
a los centros de protocolos de actuación, reforzando la asistencia sanitaria de cada centro y el despliegue de diversas medidas que, sin duda, pueden limitar los efectos de una epidemia como la que ha padecido el conjunto del planeta.
Estas medidas de reforzamiento de la calidad de la asistencia sanitaria deben implementarse con el objetivo de dotar al sistema penitenciario de una asistencia sanitaria permanente de gran calidad, acorde con los estándares constitucionales
y legales que a todos los ciudadanos protegen.
Así, debe recordarse que la Constitución Española de 1978 garantiza, en su artículo 14, la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, al
igual que en su artículo 43 la Constitución determina el derecho de todos los españoles a la protección de la salud atribuyendo a los poderes públicos las competencias para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas
y de las prestaciones y servicios necesarios.
Por su parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece, como criterio para la concreción de esos derechos, la necesaria prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente
evaluados y controlados.
Respecto a la población penitenciaria, el artículo 208 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, exige, en relación a las prestaciones sanitarias, que a todos los internos sin excepción se les
garantice una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Asimismo, reconoce el derecho de los internos a la prestación farmacéutica y a las prestaciones complementarias básicas que se deriven de esta
atención.
Si bien se ha trabajado en garantizar el derecho a la salud de las personas presas y se han hecho grandes esfuerzos por parte del Gobierno así como de la Administración penitenciaria para paliar el impacto del COVID-19 no solo entre las
personas presas sino también en relación a los y las trabajadoras, es necesario seguir trabajando en esa línea a fin de mejorar nuestro sistema y fortalecerlo. La aplicación de la Disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que se expresa como sigue, es un pilar fundamental en este sentido.
'Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. A tal efecto, en el plazo de 18 meses
desde la entrada en vigor de esta Ley y mediante el correspondiente Real Decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspasos establecidos por los
estatutos de autonomía.'
Reconocemos los esfuerzos realizados junto a las Comunidades Autónomas para materializar esta disposición y confiamos en seguir trabajando para implementarla lo antes posible.
Esta situación empeora en el caso de las mujeres presas tal y como se recoge en el Informe sobre la situación de las mujeres presas. Tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de España y
Andalucía. Debido a una serie de factores que agravan la situación que viven en las prisiones españolas, diseñadas y pensadas para hombres pese a representar el 7,7 % de la población reclusa.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir trabajando para que, en cumplimiento de la Disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se transfiera
efectivamente a las Comunidades Autónomas los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias con el fin de conseguir su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. En tanto se lleva a
cabo dicha transferencia, adoptar con carácter urgente las siguientes medidas:
1. Seguir aumentando paulatinamente, el personal médico, especialistas vía MIR mediante oferta pública de empleo a fin de garantizar la presencia de médicos durante los fines de semana y días festivos, prestando una atención continua y de
calidad, respetando las condiciones del sistema de salud público. Para este fin ha de establecerse igualdad retributiva entre el personal médico penitenciario respecto del personal médico de atención primaria de los servicios públicos de salud.
2. Reforzar la implementación de las recomendaciones de diversas instituciones para la protección de los derechos humanos. En concreto garantizar la atención psiquiátrica de las personas privadas de libertad que lo necesiten con mayor
frecuencia incluso si ello implica la visita de psiquiatras externos.
En pos de seguir favoreciendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, se atenderá especialmente al favorecimiento de una perspectiva interseccional prestando especial atención a la salud mental de las mujeres en prisión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2020.-Enrique Fernando Santiago Romero, Diputado.
161/001102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Ignacio Gil Lázaro, D. Luis Gestoso De Miguel, D. Francisco José Alcaraz Martos y D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración y aprobación de medidas destinadas a
complementar y mejorar la Campaña Nacional de Prevención y Seguridad orientada a la seguridad de los peregrinos en el periodo 2020-2021, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Camino de Santiago es la denominación que tienen una suerte de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval que se dirigen a la tumba de Santiago el Mayor, situada en la catedral de Santiago de Compostela en Galicia, España. En un
sentido más estricto, se ha conocido históricamente como 'Camino de Santiago' (hoy denominado 'Camino de Santiago francés') a un itinerario que, partiendo de los Pirineos occidentales, recorre el norte de España hasta llegar a la ciudad gallega y
sobre el que acaban confluyendo casi todas las demás rutas jacobeas existentes. Se trata de un 'camino sembrado de numerosas manifestaciones de fervor, de arrepentimiento, de hospitalidad, de arte y de cultura, que nos habla de manera elocuente de
las raíces espirituales del Viejo Continente'. El Camino de Santiago Francés recorre a lo largo del territorio español un total aproximado de 760 kilómetros. Desde el año 1993 es Patrimonio de la Humanidad Cultural y en el año 2019 fue recorrido
por más de 350.000 personas.
A lo largo de la ruta española, la seguridad de los peregrinos se garantiza mediante la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) y Cuerpos de Policías tanto autonómicas como locales. Pero
básicamente, los tramos rurales, un 70 % del total, son vigilados por el cuerpo de la Guardia Civil.
El pasado año 2019, el Ministerio de Cultura y Deporte, la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS) y el Estado Mayor de la Guardia Civil iniciaron la Campaña Nacional de Prevención y Seguridad orientada a la seguridad de los
peregrinos en el periodo 2020-2021, de cara al año santo Jacobeo de este último y que integra tanto cartelería informativa, jornadas técnicas formativas para agentes de las Comandancias de cinco Comunidades Autónomas del Camino y nuevas
funcionalidades de la aplicación de la Secretaría de Estado de Seguridad Alertcops y la aplicación para peregrinos APPCamino de la AMCS, que refuerza la seguridad en el Camino de Santiago y que se denomina 'Guardián Benemérito'. Este sistema
permitirá geolocalizar a los peregrinos que la activen en sus móviles. La Guardia Civil, en 2019, prestó 24.000 servicios relacionados con la seguridad en el Camino de Santiago. Cuenta además con servicios de remonta, ascendiendo a unos 131
caballos en todo el territorio nacional, lógicamente no todos ellos destinados al Camino, por lo que son a todas luces insuficientes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Que dentro del marco de la Campaña Nacional de Prevención y Seguridad orientada a la seguridad de los peregrinos en el periodo 2020-2021, se dote a los miembros de la Guardia Civil con los medios necesarios y suficientes para el
desempeño de su labor de vigilancia y asistencia en el Camino de Santiago, proponiendo especialmente lo siguiente:
a) El aumento significativo de unidades a caballo.
b) Dotación de plazas.
c) La implantación de vehículos eco o eléctricos, quads y motocicletas para garantizar el tránsito por el Camino.
2. Dada la despoblación de los territorios por los que discurre el Camino, se contemple la posibilidad de implantar cuarteles de nueva creación en zonas estratégicas, y caballerizas, lo que además de abundar en la seguridad de los
peregrinos, que prácticamente lo cruzan ya durante todas las estaciones del año y no solo en la estival, ayudaría a proteger a las poblaciones y al vasto patrimonio cultural y natural a lo
largo de la Ruta Jacobea, como son parques naturales, parajes protegidos, iglesias, ermitas y monumentos de gran valor, incluso con la instalación de alarmas y/o cámaras conectadas con los cuarteles que preservarían de los robos y actos
vandálicos protagonizados por mafias organizadas y traficantes de obras de arte, muchos de ellos con conexiones internacionales, por lo que disponen en la actualidad de más medios que los cuerpos policiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2020.-Ignacio Gil Lázaro, Luis Gestoso de Miguel, Francisco José Alcaraz Martos y Francisco Javier Ortega-Smith, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración, con carácter inmediato, de un protocolo de actuación
para la protección frente al contagio por coronavirus de todos los profesionales implicados en la recepción, traslado y custodia de migrantes llegados en pateras, así como para la dotación de los equipos de protección adecuados para los mismos, para
su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Todos los años en verano se recrudece el problema de la inmigración que llega a nuestro país. Esta situación, tan delicada y trágica desde el punto de vista humanitario, resulta especialmente problemática este año, por razones evidentes
asociadas a la pandemia global por coronavirus.
Los migrantes que pretenden llegar a nuestro país, la mayoría de las veces provienen de países que no han llevado a cabo protocolos sanitarios adecuados para la prevención de la expansión de la pandemia y lo hacen, además, en pateras donde,
desgraciadamente, se hacinan decenas o cientos de personas. Lo más realista y probable es deducir que muchas de ellas llegarán a nuestro país contagiadas por un virus que ha contagiado a medio mundo.
La situación es dramática por muchos motivos; no solo por el hecho mismo de la tragedia que es para estas personas deber embarcarse en una patera con destino incierto para lograr huir de un país en guerra o sin futuro, sino por lo que ello
supone en la actual situación de crisis sanitaria global, así como para la seguridad sanitaria en nuestro país, en general, y para la de los funcionarios y trabajadores que están en primera línea de recepción de las personas migrantes, en
particular.
En este sentido, debemos denunciar la falta de protocolos de actuación y de medios de protección adecuados, como EPIs, mascarillas FFP2 o guantes, para todas las personas que reciben a los migrantes desde el primer momento en que entran en
nuestro país. Hablamos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, Salvamento Marítimo, personal que trabaja en los Centros de Atención Temporal de Inmigrantes (CATEs), etc.
En palabras de los principales sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, es necesario un protocolo 'eficaz y operativo enfocado a una correcta y adecuada recepción, detención y primera toma de contacto, traslado y
custodia de los inmigrantes', todo ello teniendo en cuenta los cada vez más habituales casos positivos de coronavirus de los migrantes llegados aglomeradamente en pateras.
La situación es dramática, para las personas migrantes y para quienes deben recibirles. Las personas rescatadas que dan positivo, deberían estar bajo vigilancia, en su caso, de manera aislada, pero no compartiendo espacios físicos muy
reducidos, como celdas, con otras tantas personas, poniendo en grave riesgo sanitario a todas las personas con las que se relacionan.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Elaborar con carácter inmediato y urgente un protocolo de actuación para la protección frente al contagio por coronavirus, de todos los profesionales implicados en la recepción, custodia y traslado de los migrantes llegados en pateras,
como miembros de las FCSE, Protección Civil, Salvamento Marítimo, etc.,
b) Poner a disposición de los mismos, con carácter inmediato, los medios de protección adecuados, como EPIs, mascarillas FFP2 y guantes de nitrilo,
c) Proveer a los migrantes que den positivo por coronavirus, de la asistencia sanitaria necesaria para su cuidado y cura, sin descuidar las medidas de aislamiento necesarias que minimicen el riesgo de contagio tanto para otras personas
migrantes, como para los trabajadores que les atiendan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2020.-Pablo Cambronero Piqueras, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la adopción
de determinadas acciones para garantizar una correcta aplicación de las penas impuestas a los condenados por delitos de sedición y terrorismo, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario Popular del Congreso, comparte la gran preocupación generada en el conjunto de la sociedad española por una serie de decisiones adoptadas por diversas instituciones y que están suponiendo, de hecho, beneficios
injustificables para determinados grupos de presos: los condenados por la sedición orquestada desde las instituciones autonómicas catalanas y los que lo fueron por actos terroristas cometidos de la banda ETA.
Los presos condenados por sedición en sentencia firme del Tribunal Supremo han venido recibiendo de forma generalizada, y prácticamente automática, los beneficios penitenciarios previstos en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario,
dejando de facto en papel mojado las penas impuestas por el alto tribunal por la comisión de unos delitos de especial gravedad. Dicho artículo prevé su aplicación con cárter excepcional e individualizado; sin embargo, como es notorio, en el caso
de los condenados por sedición, las decisiones han tenido un carácter general, aplicado a todos y cada uno de los penados de manera simultánea y uniforme, y no excepcional e individualizado, como establece con carácter obligatorio el citado artículo
del Reglamento Penitenciario. Además, se está obviando que los penados no muestran signo alguno de arrepentimiento por los delitos cometidos y, más aún, afirman públicamente su voluntad de reiterarlos. Se constata, sin duda alguna, que estos
presos no están reinsertados, ni muestran voluntad alguna de hacerlo. Se puede afirmar que nos encontramos ante una aplicación de la norma en claro fraude de Ley ahora agravado por la propuesta de otorgar el tercer grado penitenciario de manera
simultánea a todos los condenados.
Respecto a los presos de la banda ETA, observamos con enorme preocupación cómo se está acometiendo un proceso de acercamiento paulatino a cárceles cercanas a la Comunidad Autónoma del País Vasco y, por tanto, poniendo fin de la política de
dispersión. Si a esto le unimos la posible aplicación de la progresión de grado establecida en el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria para favorecer a los presos de ETA, el anuncio de la transferencia de Prisiones al gobierno vasco y la
posibilidad de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario por las autoridades autonómicas a terroristas que no están arrepentidos, que no colaboran con la Justicia en el esclarecimiento de los crímenes sin resolver y que no
afrontan el pago a las víctimas de la responsabilidad civil derivada de sus actos criminales, la alarma no para de crecer. Creemos imprescindible plantear la urgente necesidad de instar al Gobierno a evitarlo y a no humillar de nuevo a las víctimas
del terrorismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, acciones para garantizar una correcta aplicación de las penas impuestas a los condenados por delitos de terrorismo, sedición y contra la
Constitución. Concretando dicha garantía en las siguientes acciones:
1. Garantizar el cumplimiento real y efectivo de las condenas impuestas a los penados por sedición, impulsando cuantas modificaciones legislativas sean necesarias para garantizar la correcta aplicación por las autoridades autonómicas
catalanas de las normas penitenciarias cuya competencia tienen transferida.
2. Emplear todos los cauces a su alcance para impedir el pase al tercer grado de los condenados por delitos de sedición.
3. Renunciar a cualquier negociación para hacer efectivo el traspaso de las competencias en materia penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
4. Paralizar la política de acercamiento de presos condenados por delitos de terrorismo y revisar todas las decisiones ya adoptadas en este sentido.
5. Impulsar la modificación el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria, para que el acceso a un nuevo grado exija que los penados muestren signos inequívocos de haber abandonado la voluntad de reincidir en los mismos y colaboren
activamente para impedir la comisión de otros delitos análogos.
6. Modificar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para evitar su uso arbitrario, así como los agravios comparativos entre condenados e impedir que se pueda abrir la puerta a la impunidad. Dicha modificación deberá garantizar que
el modelo de ejecución previsto en este artículo sea realmente excepcional e individualizado y en todo caso exija como condición imprescindible para ser aplicado que el penado reniegue de los actos delictivos cometidos, muestre arrepentimiento,
abandone la voluntad de reincidir y colabore en la investigación y prevención de delitos análogos a los que motivaron su condena. El escrito de propuesta de un modelo excepcional de ejecución realizado por el Equipo Técnico deberá acreditar el
cumplimiento por parte del penado de los anteriores requisitos, la Junta de Tratamiento deberá realizar una labor de comprobación de estas circunstancias antes de elevarlo al Juez de Vigilancia para su aprobación. Aprobación sin la que la propuesta
de este régimen no tendrá ejecutividad.
7. Impulsar la reforma del Código Penal para:
- Recuperar el delito de rebelión impropia.
- Introducir el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por rebelión, sedición y terrorismo.
- Restablecer el delito por convocatoria de referéndum ilegal.
8. Impedir de forma efectiva los homenajes públicos a terroristas.
9. Impulsar la modificación de la Ley de financiación de los partidos políticos para que los que tengan dirigentes condenados por rebelión, sedición, colaboración con banda terrorista o apología del terrorismo no puedan recibir fondos
públicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2020.-Carlos Rojas García, Ana Belén Vázquez Blanco y Beatriz Álvarez Fanjul, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la aprobación de una normativa básica estatal que
regule y armonice las características de los distintos Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) existentes, así como el reconocimiento y regulación de la profesión de bombero, para su posterior debate en la Comisión de
Interior.
Exposición de motivos
Los profesionales de los SPEIS (Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento) vienen reivindicando desde hace mucho tiempo, la profesionalización y regulación de los Servicios de Bomberos (SSBB). Así, los que existen hoy en
el Estado se caracterizan por su disparidad en los aspectos más elementales de su regulación, como las características del equipamiento necesario, las escalas y categorías entre ellos, el modo de acceso, formación y promoción en el cuerpo, sus
retribuciones y hasta su denominación.
Actualmente son los municipios, las diputaciones y los cabildos los principales prestatarios del servicio de bomberos, al venir obligados a ello por la Ley de Bases de Régimen Local. Sin embargo, encontrarnos que este servicio en otras
ocasiones viene siendo prestado por las provincias o las comunidades autónomas e incluso por consorcios. Todo ello, unido al hecho de carecer de una norma estatal básica que regule sus aspectos principales, da idea de la enorme heterogeneidad que
existe en la prestación de este servicio público esencial.
De manera reiterada se ha venido solicitando la creación de una legislación estatal específica que establezca unos estándares homogéneos en la regulación de la profesión de bombero y del servicio de extinción de incendios, con unos criterios
técnicos y jurídicos coordinados en todo el territorio nacional. La actual descoordinación solo lleva a la generación de enormes desigualdades entre los profesionales según donde presten el servicio, y a la ineficacia operativa en la prestación del
mismo.
Un ejemplo de lo primero lo encontramos, por mencionar solo un aspecto, en la problemática habida con respecto a la situación laboral de estos profesionales que, solo dependiendo del lugar en el que prestan sus servicios, pueden pasar de ser
considerados funcionarios y agentes de la autoridad, a carecer de esta distinción, o ser meros trabajadores con contrato laboral, sin olvidar los municipios que han externalizado el servicio mediante contratas o voluntarios. Por su parte, un
ejemplo de ineficacia operativa consecuencia de la falta de coordinación global, lo encontramos en la ausencia de principios técnicos a la hora de asignar territorialmente los emplazamientos de los parques, lo que lleva a la absurda y, quizá algún
día, trágica consecuencia de que se vean impedidos a actuar, en ocasiones, bomberos que se encuentran más cerca de un siniestro.
Es decir, no se trata solo de una reivindicación justa del colectivo, sino que la ausencia de una regulación básica común tiene pésimas consecuencias con respecto al modo en el que el contribuyente recibe un servicio esencial que, según los
casos, puede marcar diferencias definitivas dada la naturaleza de los servicios prestados.
No solo las principales asociaciones del sector lo vienen reivindicando, sino que también muchos grupos parlamentarios y partidos políticos parecen compartir esta necesidad, por lo que parece realista pensar que existirá consenso para sacar
adelante una petición que, no solo es de justicia, sino que incide de manera fundamental en la protección del interés general. Es solo, por tanto, cuestión de voluntad política.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Impulsar la aprobación de una normativa básica estatal que regule y armonice las características de los distintos Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) existentes, garantizando la coordinación en la
prestación del servicio en todo el territorio nacional, con atención prioritaria a los criterios técnicos y a los principios de eficacia y eficiencia operativa, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia continúen teniendo otras
administraciones.
b) Incluir en la citada legislación estatal, el reconocimiento de la profesión de bombero, con regulación de sus características mínimas esenciales, como el modo de acceso a la profesión, requisitos de formación, situación laboral y
retribuciones básicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2020.-Pablo Cambronero Piqueras, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para combatir contra los delitos de odio hacia el colectivo LGTBI, para su debate en
la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El 26 de diciembre de 1978 el Congreso de los Diputados despenalizó la homosexualidad en España modificando la Ley de Peligrosidad Social que señalaba que serían declarados en estado peligroso, y que se les aplicaría las correspondientes
medidas de seguridad y rehabilitación, quienes realizaran actos de homosexualidad. El 6 de julio de 2018 el Consejo de Ministros declaró Día Nacional del Orgullo LGTBI el 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Los 40
años que separan ambas fechas son 40 años de transformación de la sociedad española en que la diversidad sexual de nuestra ciudadanía es admitida con toda normalidad. Han sido 40 años de activismo y lucha del movimiento LGTBI por hacer nuestra
sociedad más justa, más digna y más democrática. Hacer del 28 de junio el Día Nacional del Orgullo LGTBI es un hito histórico para la sociedad y la política española que refleja el interés del Gobierno en la defensa de la dignidad y memoria de
todas las personas.
El 2005 el presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero en su defensa del matrimonio del mismo sexo afirmó que 'Un pequeño cambio en la letra que acarrea un cambio inmenso en la vida de miles de compatriotas'. De esta
manera España convirtió en derecho una de las grandes reivindicaciones del activismo LGTBI: el matrimonio entre personas del mismo sexo, Esta ley hizo posible que nuestro país devolviese la dignidad debida a las personas LGTBI. En 2007 el Congreso
de los Diputados aprobó la ley reguladora de la rectificación registra) de la mención relativa al sexo de las personas, facilitando el cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro Civil, cuando dicha inscripción no se
corresponde con su verdadera identidad de género.
Sin embargo, a pesar de los avances legislativos son muchos los logros que quedan por conquistar para conseguir la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI. La reciente investigación de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea 'A long way to go for LGBTI equality' (junio 2020) ofrece datos que reflejan las situaciones de discriminación que sufren las personas LGTBI y demuestra con datos el largo camino que queda por recorrer para conseguir la igualdad efectiva de
este colectivo. Estos datos reflejan que un tercio de las personas LGTBI en España no va a algunos lugares o espacios por miedo y que el 48 % en España evita darse la mano en público con alguien de su mismo sexo por miedo. Esta investigación en la
que han participado 20.180 personas LGTBI españolas señala que 4 de cada 10 personas LGTBI en España afirma haber recibido comentarios, mensajes o correos electrónicos amenazantes u ofensivos, haber sido insultado, amenazado, blanco de gestos
ofensivos o perseguidos en los últimos 12 meses. Las personas trans son las más discriminadas del colectivo ya que el 63 % declara haberse sentido discriminada en el último año ya sea en la búsqueda de empleo, en el trabajo, en la búsqueda de una
casa, por personal sanitario, por personal docente, en cafeterías o enseñando el DNI. Conscientes de esta realidad, el PSOE se ha comprometido a seguir ampliando los logros de libertad, integración social y respeto hacia la diversidad sexual
impulsando una Ley contra la discriminación de las personas LGTBI y dando respuesta a las situaciones de discriminación que sufren las personas transexuales.
Frente a todos estos avances políticos y sociales en los últimos años ha resurgido con fuerza un discurso ultraconservador que pone en peligro los avances conseguidos hasta ahora. Discursos que cuestionan la igualdad de las personas LGTBI y
sus familias. Estos discursos no son inocuos ya que, tal y como indican organizaciones expertas, a los incidentes y delitos de odio siempre les precede un discurso de odio que permite estas conductas. El discurso de odio es una preocupación de los
agentes sociales, políticos y legislativos que no quieren retroceder en el avance hacia la igualdad de colectivos vulnerables ya que el principio de igualdad de trato y la eliminación de toda clase de discriminación es un elemento esencial para la
mejora de la calidad democrática. Sirva como ejemplo como la comisión europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa reconoce que el discurso de odio puede tener por objeto incitar a otras personas a cometer actos de
violencia, intimidación, hostilidad o discriminación contras aquellos a quienes van dirigidas, o cabe esperar razonablemente que produzca tal efecto, y que ello constituye una forma de expresión especialmente grave.
Los delitos de odio contra las personas LGTBI suponen una grave vulneración de derechos humanos que debe tener una respuesta contundente y eficaz por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los operadores jurídicos.
Según datos del Ministerio de Interior, en 2018 se denunciaron 259 delitos de odio por motivos de orientación sexual o identidad sexual. Si bien es cierto que el número de delitos de odio cometidos contra personas LGTBI en España podría ser mucho
mayor que el número de delitos denunciados. Según la OSCE, algunas de las causas que provocan esta tendencia a la infradenuncia por parte de las víctimas pueden ser el miedo a la revictimización o represalias de los agresores, los sentimientos de
humillación o vergüenza que sienten las víctimas o el miedo a desvelar su identidad u orientación sexual.
En enero de 2019 el Gobierno presentó un Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio que mejoraba los instrumentos destinados a este fin y siguiendo una línea marcada por la normativa europea con la Decisión Marco del Consejo de 2008
relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones del racismo y la xenofobia mediante el Derecho penal y la Directiva Europea de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas
de delitos. Este Plan ha supuesto un nuevo enfoque e impulso a la respuesta de los Cuerpos de Seguridad del Estado ante los delitos y los incidentes de odio. El Plan aborda cuatro ejes fundamentales: la formación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, la prevención, la atención a las víctimas de delitos de odio y las respuestas ante este tipo de delitos. El Plan desarrolla procedimientos específicos y herramientas digitales para contrarrestar los delitos y el discurso de
odio también en las redes sociales. Además, el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio ha supuesto la creación de un espacio de colaboración con la sociedad civil para defender conjuntamente los valores democráticos y constituye una guía
renovada para impulsar la lucha contra las conductas de odio que suponen una limitación de los derechos y libertades fundamentales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio de manera que ofrezca una repuesta eficaz a los delitos de odio hacia el colectivo LGTBI.
2. Impulsar la formación en materia de diversidad sexual a los operadores jurídicos y los cuerpos y fuerza de seguridad del Estado.
3. Mejorar los sistemas de seguimiento y registro de los delitos e incidentes de odio.
4. Mejorar el conocimiento en materia de delitos de odio hacia las personas LGTBI a través de investigaciones, estudios y seminarios.
5. Impulsar campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía en materia de delitos de odio para que la ciudadanía sepa identificar un delito de odio, conozca el grave impacto que tiene en las víctimas y sepa cómo actuar ante el delito.
6. Apoyar y colaborar con las organizaciones de la sociedad civil orientadas a la detección, denuncia y reparación de los delitos de odio hacia las personas LGTBI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-Laura Berja Vega, David Serrada Pariente y Susana Ros Martínez, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez, Rafael Simancas Simancas y Adriana Lastra Fernández, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/001140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de una
nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Yecla (Región de Murcia), para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La actual comisaría local del Cuerpo Nacional de Policía en Yecla (Murcia) radica en un inmueble propiedad del Ayuntamiento de Yecla, sito en la calle San Ramón, 34, c/v a calle Rambla, cedido en uso en julio de 1982.
El edificio que consta de sótano y dos plantas, con una superficie total de 840 m2, no reúne en la actualidad las condiciones idóneas para la prestación del servicio público por su reducido espacio, antigüedad, estado de conservación, e
inadecuación estructural.
Con el fin de llevar a cabo la construcción de un edificio de nueva planta para albergar la futura comisaría local del Cuerpo Nacional de Policía en Yecla, la Secretaría de Estado de Seguridad solicitó al Ayuntamiento de la localidad la
cesión de un solar adecuado para dicha finalidad, para su afectación al Ministerio del Interior -Dirección General de la Policía-, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109.2, 110 y 111 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
Dicha solicitud se justifica ya que los servicios públicos que preste el Cuerpo Nacional de Policía, en cada uno de los municipios en los que se encuentre desplegado, tienen un marcado carácter territorial, siendo directos beneficiarios de
los mismos los habitantes y transeúntes del municipio correspondiente y la cesión del inmueble que se solicita resulta necesaria para la construcción de una nueva comisaría local de Policía, en beneficio directo de los vecinos del término municipal.
En la memoria justificativa, de solicitud de la cesión citada, de la Secretaría de Estado de Seguridad, de febrero de 2016, se establece que: 'El objeto de la cesión es destinar el terreno a la construcción de un edificio de nueva planta
para ubicar la nueva sede de la comisaría local del Cuerpo Nacional de Policía en Yecla (Murcia). La entidad cesionaria, Dirección General de la Policía, tiene naturaleza pública al ser un órgano directivo de la Administración General del Estado.
La cesión coadyuvará a la directa prestación del servicio público de seguridad inherente a la función policial en el municipio de Yecla, siendo los beneficiarios directos de dicho servicio público los habitantes y transeúntes del propio municipio'.
Tras la visita realizada por el Técnico del Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General de la Policía, acompañado del Jefe de la comisaría local y Técnicos Municipales, se constató como idóneo para el fin pretendido el inmueble
municipal situado en la Avenida Literato Azorín, 43, antiguas instalaciones del 'matadero municipal', con una superficie de parcela de 1.408 m2 y 628 m2 construidos, por su ubicación, configuración y características urbanísticas del suelo. Dicha
idoneidad fue comunicada al Ayuntamiento por la Secretaría de Estado de Seguridad el 7 de marzo de 2016.
El Ayuntamiento de Yecla, en sesión celebrada el 4 de julio de 2016, acordó ceder gratuitamente a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior, ese inmueble de propiedad municipal, calificado como bien patrimonial, libre de cargas y gravámenes, para ser destinado a la construcción, por la Administración General del Estado, de una nueva sede para la comisaría
local del Cuerpo Nacional de Policía en Yecla.
Asimismo, se acordó condicionar la cesión del inmueble al cumplimiento, en el plazo máximo de cinco años, de la finalidad para la que se otorga la cesión, debiendo mantenerse el destino, como mínimo, durante los treinta años siguientes. La
infracción de ambos condicionamientos dará lugar a la reversión automática del inmueble cedido al patrimonio de esta Corporación, con todas sus pertenencias y accesorios.
Estos acuerdos fueron publicados en el 'Boletín Oficial de la Región de Murcia' en fecha 22 de julio de 2016, siendo de interés público la continuación de todos los trámites necesarios para llevar a cabo la nueva comisaría local del Cuerpo
Nacional de Policía en Yecla, entre otros: la aceptación la Administración General del Estado de la cesión, la redacción del proyecto y la construcción de la edificación.
El proyecto de construcción redactado por técnicos municipales con la supervisión de técnicos del Ministerio se remitió al Ministerio el 23 de diciembre de 2019. Dicho proyecto fue recibido (vía administración electrónica) el 2 de enero de
2020 por un técnico de la jefatura del servicio arquitectura (División económica y técnica) de la Dirección General de la Policía Nacional.
Sin embargo, en fecha 21 de enero de 2019, en respuesta a Diputados del Grupo Parlamentario Popular en relación con el estado de tramitación de la nueva Comisaría de Policía en Yecla, el Gobierno afirmó: 'cabe informar que se ha elaborado
la Memoria de Necesidades y que el correspondiente Proyecto de Obras se encuentra pendiente de redacción'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con todos los trámites necesarios, conjuntamente y en colaboración con el Ayuntamiento de Yecla, para llevar a cabo la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva comisaría
local del Cuerpo Nacional de Policía en Yecla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el mantenimiento de la Sala del
091 de la Policía Nacional en la Comisaría de Cáceres, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En la actualidad, la Comisaría de Cáceres cuenta con una Sala del 091 (en funcionamiento 24 horas al día, 365 días al año) que atiende a una población de casi 140.000 personas.
Estas Salas son el órgano de coordinación operativa por excelencia, como servicio más próximo al ciudadano, que recibe los avisos de los ciudadanos y distribuye los efectivos policiales, y están dotadas de avanzados equipos de comunicaciones
y medios técnicos para afrontar con eficacia las situaciones de emergencia.
En el área de telefonía, los agentes atienden las llamadas, recogen los datos precisos y activan de forma telemática los recursos necesarios para resolver la incidencia. El tiempo medio de espera de las personas que solicitan el auxilio
policial a través del 091 hasta que su llamada es atendida se sitúa en torno a los 6 segundos.
La zona de radio es la que recibe la información del suceso a través de los operadores y se encarga de contactar con las patrullas más próximas al lugar donde se requiere la presencia de agentes con el objetivo de disminuir los tiempos de
respuesta policial.
Los operadores de la sala del 091 son los responsables de comisionar los servicios y requerimientos operativos a las unidades y dotaciones en servicio. También centralizan y dan respuesta a las peticiones y consultas a las bases de datos de
interés policial solicitadas por los agentes en servicio, y transmiten las instrucciones oportunas relativas al cumplimiento de las normas de aplicación de las órdenes judiciales de alejamiento y protección de las víctimas de violencia de género.
Además, desde este centro de operaciones se asume la coordinación operativa en caso de situaciones de riesgo inmediato, emergencias y dispositivos especiales.
Tenemos noticias, a través de los sindicatos policiales y de los vecinos afectados, de que el Gobierno pretende trasladar a Badajoz la Sala del 091 de Cáceres, lo cual mermaría de manera importante la respuesta y eficacia de este servicio,
en detrimento de la seguridad en ambas ciudades, debido a la cercanía y al conocimiento que deben tener los agentes de la zona de influencia, ya que este es un servicio que requiere de proximidad para que el tiempo de reacción sea lo más rápido
posible, con un conocimiento exacto del territorio.
Además, las Comisarías de Policía Nacional de Cáceres y Plasencia cuentan con un déficit de 62 agentes, lo cual hace necesario y urgente cubrir el total de las plantillas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener la Sala del 091 de la Policía Nacional en la Comisaría de Cáceres y a incrementar los medios humanos y materiales con los que cuentan las dos Comisarías de la provincia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-Alberto Casero Ávila y Carlos Rojas García, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/001070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para impulsar la aplicación, en los aeropuertos españoles y en las líneas aéreas que operan en territorio español, del protocolo de seguridad elaborado por EASA y ECDC para proteger del contagio por COVID-19 a los usuarios y a los trabajadores del
transporte aéreo, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El 15 de abril de 2020, la Comisión Europea, en cooperación con el Presidente del Consejo Europeo, presentó una Hoja de ruta europea conjunta que establece recomendaciones sobre el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19.
Como se solicitó en la Hoja de ruta, el 13 de mayo de 2020, la Comisión presentó nuevas directrices sobre cómo restaurar progresivamente los servicios de transporte, la conectividad y la libre circulación tan rápido como lo permita la situación
sanitaria, al tiempo que se protege la salud de trabajadores y pasajeros.
La Comunicación de la Comisión ordenó a la EASA y al ECDC que emitieran conjuntamente orientaciones técnicas operativas más detalladas para el sector de la aviación.
La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) y el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) publicaron el pasado 20 de mayo de 2020, un documento conjunto que define las medidas para garantizar la seguridad
sanitaria de los usuarios del transporte aéreo y del personal de aviación una vez que las compañías aéreas reanuden los horarios regulares de vuelo tras la grave interrupción causada por la COVID-19.
El propósito de ese documento elaborado por EASA y ECDC es servir como protocolo de seguridad para garantizar la protección de la salud en el transporte aéreo y proporcionar orientación a los gestores de los aeropuertos, las compañías aéreas
y las autoridades nacionales para que puedan proteger la salud de los usuarios así como del personal y la tripulación que los atiende, garantizando la seguridad en el transporte a la vez que se minimiza el riesgo de transmisión por COVID-19.
Como señala EASA y ECDC en el propio documento, estas recomendaciones se evaluarán y actualizarán periódicamente de acuerdo con los cambios en el conocimiento del riesgo de transmisión, así como con el desarrollo de otras medidas de
diagnóstico o prevención (incluidas las tecnológicas) y la evolución de la pandemia.
El pasado 26 de mayo, EASA ya puso en marcha un programa para supervisar la aplicación de sus directrices operativas COVID-19 en situaciones reales, invitando á los operadores de los aeropuertos, a las líneas aéreas europeas y a las
autoridades nacionales a aplicar las nuevas normas e informar sobre su experiencia, con el objetivo de ajustar las directrices y desarrollar las mejores prácticas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la aplicación de las medidas para proteger la salud de los usuarios del transporte aéreo y del personal de aviación recogidas en el documento
'Covid-19 Aviation Health Safety Protocol. Operational Guidelines far the management of air passengers and aviation personnel in relation to the COVID-19 pandemic', en los aeropuertos españoles y en las líneas aéreas que operan en
territorio español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre 'la creación de un órgano o comisionado del gobierno que impulse y coordine
las políticas recogidas en el Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta', para su debate en la Comisión de Transportes Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus obliga a replantearse la política de movilidad urbana, ante una previsible reducción del número de desplazamientos en el transporte colectivo por la obligación de respetar el distanciamiento
social para evitar el contagio. Esto ayudaría a dar un espaldarazo al nuevo modelo de movilidad sostenible en las ciudades, no solo para los próximos meses sino también de cara a un nuevo tiempo que viene marcado por los desafíos de la emergencia
climática.
La recuperación de la crisis sanitaria de la COVID-19 viene acompañada de una importante crisis económica y social. En este escenario, favorecer la movilidad en bicicleta permitirá un retorno progresivo y saludable a la actividad económica,
cumpliendo con los criterios de protección sanitaria.
La COVID-19, pandemia global que afecta especialmente al sistema respiratorio, está incidiendo con una mayor gravedad en los espacios urbanos que padecen un aire más contaminado por culpa de los vehículos motorizados, hecho que corroboran ya
diversos estudios científicos y de universidades de todo el mundo. Por tanto, habrá que evitar que el vehículo privado motorizado vuelva a ocupar la práctica totalidad de los viales en muchas de nuestras ciudades. Es el momento de tomar decisiones
desde las diferentes instancias de gobierno, apostando por facilitar la movilidad segura en bicicleta. Y más teniendo en cuenta que, según el último Barómetro de la Bicicleta, el 72 % de los hogares españoles dispone de por lo menos una bici.
El primer Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta (PEEB) que contó con la participación y aportaciones de diferentes organizaciones sociales y entidades vinculadas a la bici, nació en 2019 con el propósito de iniciar un proceso de trabajo
propositivo que tiene por misión la de definir las políticas sobre la bicicleta que debieran aplicar los gobiernos y el conjunto de las administraciones públicas competentes.
La Estrategia ha sido elaborada por la DGT, con el apoyo de la Red de Ciudades por la Bicicleta, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Mesa Española de la Bicicleta, Conbici y los Ministerios para la Transición Ecológica;
Fomento; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura Pesca y Alimentación, y Sanidad y Consumo, así como el organismo Agenda 2030 del Gobierno de España. Por cierto la bicicleta puede hacer una contribución relevante al cumplimiento de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible, especialmente en su Objetivo 3: 'Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las ciudades'.
El eje central del PEEB consiste en promover el uso de la bicicleta como alternativa habitual de transporte en los municipios con garantías de seguridad, con una oferta de conexiones amplias y como parte de una política de transporte
integral y sostenible. Este Plan Estratégico requiere un marco estable de diálogo y coordinación entre todas las partes implicadas, para la concreción de un horizonte temporal determinado de objetivos precisos, programas de actuación, asignación de
recursos económicos, fijación de plazos, sistema de cooperación entre las administraciones, planes con empresas del sector y agentes implicados, mecanismos de evaluación, etc.
Las prioridades de la Estrategia Estatal por la Bicicleta incluyen alcanzar una mayor cuota de uso de la bicicleta en los desplazamientos diarios por las ciudades y poblaciones en general, mejorar la salud de las personas gracias al uso
cotidiano de la bicicleta, facilitar las actividades de ocio y deporte en bicicleta,
consolidar e impulsar una oferta nacional de turismo en bicicleta y, sobre todo, articular la gobernanza y la colaboración de instituciones públicas y privadas.
Por ello, la Estrategia articula una estructura de 6 ejes de actuación 13 áreas estratégicas y 30 instrumentos cuya ejecución se asigna a diferentes instituciones participantes. Para ellas se plantea un esquema de financiación que aprovecha
al máximo los programas de ayuda e instrumentos financieros de ámbito nacional y europeo.
La complejidad y la extensión del ámbito del Plan Estratégico para la Bicicleta, hace necesario contar con mecanismos de gobernanza que gestionen las relaciones entre las diferentes partes interesadas, impulsen y coordinen su actuación,
asegure la coherencia de sus proyectos con la Estrategia y se encarguen de la revisión del Plan. En tal sentido, el Plan Estratégico plantea la creación de una Oficina General de la Bicicleta, una red interadministrativa de asuntos relacionados con
la bicicleta, un Comité Director de la Bicicleta y un Comité Consultivo de carácter participativo.
La creación de un sistema de gobernanza para la bicicleta va dirigido a facilitar una acción institucional cohesionada, integral y efectiva, por parte de las administraciones públicas cuyas competencias sean relevantes para el impulso de la
bicicleta. Este sistema participativo ofrecería a las administraciones y a otros actores interesados en la bicicleta, una estructura y un canal de relación e interacción, de modo que cada uno pueda hacer su mejor contribución al impulso de la
bicicleta y pueda defender legítimamente sus derechos e intereses. Se trata de que la bicicleta sea tenida en cuenta como parte de la solución en la configuración de un sistema de movilidad urbana sostenible, planificando y desarrollando redes de
infraestructuras exclusivas para el uso de la bicicleta.
En lo que se refiere a los sectores privados, en la actualidad existen algunos programas de colaboración público-privada y de apoyo a empresas del sector de la bicicleta. También hay empresas privadas y públicas que están promoviendo
programas de movilidad en bicicleta entre sus empleados. No obstante, sería necesaria una mayor coordinación y apertura de las administraciones tanto al sector empresarial de la bicicleta como a la participación ciudadana, enfocada en la promoción
y desarrollo de la bicicleta, y amparada por un sistema de gobernanza institucional que garantice la unidad de visión y de objetivos señalados en el Plan Estratégico.
Por tanto, como primer paso para poder llevar a cabo las estrategias y objetivos recogidos en el PEEB, el Gobierno de España debe contar con u n organismo de referencia, una oficina específica o una figura política responsable para que estén
coordinadas, a nivel interadministrativo, todas las acciones que requieran la promoción en bicicleta. Además, a corto plazo, aguarda la tarea urgente de impulsar el uso de la bici en los municipios ante los problemas surgidos en el transporte
colectivo como consecuencia de la COVID-19 y las medidas de distanciamiento para la protección personal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a crear y poner en marcha el órgano estatal o figura comisionada para la bicicleta que actúe como una instancia de gestión transversal e interinstitucional y de referencia en el mundo de la bicicleta, con la
función de coordinar actuaciones e impulsar la aplicación y el seguimiento de las medidas contenidas en el Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta, para promover el uso de la bici en España como una alternativa de transporte y movilidad habitual,
segura, saludable y sostenible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2020.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas y José Zaragoza Alonso, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre las medidas a adoptar en materia de vivienda para mejorar la situación de las
personas sin hogar tras la crisis provocada por la COVID19, para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El conjunto de las Administraciones Públicas ha abordado la situación de las personas sin hogar durante la crisis del COVID 19. Desde los municipios y las CC.AA., así como desde las ONGs titulares de recursos, poniendo en marcha
alojamientos colectivos con las distancias de seguridad recomendadas por el Ministerio de Sanidad. Desde el Gobierno de España, articulando una serie de recomendaciones para los gestores de recursos dirigidos a la erradicación del sinhogarismo,
modificando el Plan Estatal de Vivienda para dar cabida a las personas sin hogar o activando la UME para atender las necesidades básicas de las personas sin hogar en la calle. Se estima que, en un tiempo récord, se han habilitado más de 5000 plazas
adicionales para hacer frente al problema del sinhogarismo durante el período de la pandemia. Hay que reconocer este esfuerzo colectivo. Pero esta respuesta ha estado condicionada por la actual estructura de servicios y recursos dirigidos a las
personas sin hogar, basada en plazas en alojamientos colectivos, que suponen el 63 % del total, atendidos en su mayor parte por voluntarios. Las medidas se han centrado en alargar los tiempos de estancia en estos centros colectivos, aumentar sus
aforos, reordenarlos para aumentar la distancia de seguridad y generar nuevas plazas.
En una situación de crisis frente a la que había que reaccionar con celeridad seguramente no se podía hacer otra cosa. Sin embargo, la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de un cambio de paradigma en la lucha contra el sinhogarismo,
que ya venía larvándose y que ahora se hace más imprescindible si cabe. La crisis del COVID-19 ha puesto de relieve que una vivienda normalizada en un entorno comunitario es la mayor y mejor protección posible. Ha acelerado la necesidad de abordar
política orientadas a la vivienda -Housing Led y Housing First- como la mejor forma de ayudar a las personas sin hogar. Son enfoques que llevan tiempo demostrando una mayor eficacia que los sistemas tradicionales. Después del COVID19, este tipo de
iniciativas, que se han desarrollado desde hace varios años a nivel europeo, deben consolidarse en España.
El Gobierno, en plena lucha contra la pandemia, ya ha dado los primeros pasos. En el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19 y en la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo. En ambas disposiciones, se incorpora el sinhogarismo al Plan Estatal de Vivienda a través de la sustitución del programa de ayudas a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual por el
'programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables'. Además, se modifica puntualmente el programa de fomento del parque de
vivienda en alquiler lo que permite a las Administraciones Públicas y a las ONG recibir ayudas para la compra de viviendas dispersas siempre y cuando se destinen al alquiler social.
Son medidas que van en la buena dirección para enfocar la lucha contra el sinhogarismo en el acceso a una vivienda normalizada en un entorno comunitario. La mejor y más eficaz de las respuestas que el Estado le puede facilitar a una persona
sin hogar es evitar la pérdida de la vivienda y, en caso de que esta se haya perdido, facilitarle el acceso a una alternativa habitacional y apoyos profesionales para poder superar la situación de exclusión social en la que se encuentra. La
seguridad que ofrece la vivienda es la mejor forma de impulsar la autoestima, expectativas y voluntad de la persona sin hogar, así como de garantizar su integridad física y psicológica. Además, es una política que a medio plazo ahorra costes y
permite una acción pública más cohesionada y eficaz. Los resultados en aquellos países que han aplicado este tipo de políticas muestran mejoras cualitativas en la reducción del uso general de servicios públicos (como emergencias sanitarias,
traslados en ambulancias, instituciones penitenciarias, hospitalizaciones, visitas a centros para alcoholismo), y mejora de la calidad de vida. Es, por tanto, necesario que la vivienda adquiera, en la transición hacia una realidad post-COVID19, una
importancia determinante en la lucha contra el sinhogarismo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Coordinar las políticas de vivienda del conjunto de las Administraciones Públicas en el desarrollo de un Plan de transición que dé respuesta a la situación del sinhogarismo tras la crisis de la COVID19.
2. Aprovechar esta transición para transformar el sistema de atención al sinhogarismo en España, enfocándolo a generar una red fuerte basada en viviendas normalizadas en entornos comunitarios y orientada a la solución del problema mediante
la adopción de los enfoques conocidos como Housing Led y la metodología Housing First.
3. Incorporar a las Conferencias Sectoriales de Vivienda el desarrollo normativo concreto en cada CCAA de las modificaciones recogidas en el RDL 11/2020 para el Plan Estatal de Vivienda en materia de sinhogarismo, para hacerlas operativas
lo antes posible.
4. Elaborar una regulación sectorial en materia de vivienda directamente enfocada a la lucha contra el sinhogarismo, a través de la incorporación en el futuro Plan de Vivienda de un programa específico para la provisión de viviendas, que
vaya unido a la Estrategia estatal de erradicación del sinhogarismo.
5. Establecer mecanismos de colaboración con entidades privadas para movilizar inmuebles vacíos pertenecientes a grandes tenedores, con el objetivo de aumentar el parque de vivienda disponible para personas en situación de vulnerabilidad,
como las personas sin hogar.
6. Promover la construcción y rehabilitación, para la transformación en dispositivos de pequeños apartamentos, de los recursos colectivos de la red de atención a las personas sin hogar.
7. Favorecer que las personas alojadas en infraestructuras colectivas, como albergues, pabellones o polideportivos, en la crisis de la COVID19 puedan hacer una transición ordenada a programas de acceso a vivienda normalizada.
8. Incluir una partida presupuestaria específica, en el marco de las prioridades de gasto y dentro de las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para ayudara las entidades sin ánimo de
lucro y a las Administraciones Públicas a la compra de viviendas para su incorporación al Parque Social del alquiler.
9. Reorientar los fondos no consumidos en la actual ronda del FSE (Fondo Social Europeo) y FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a las Personas más Desfavorecidas) para que las CCAA y el Estado puedan cofinanciar actuaciones centradas en la vivienda
(Housing Led o en la metodología Housing First) en la lucha contra en sinhogarismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2020.-Eva Bravo Barco y Sonia Guerra López, Diputadas.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implantación de medidas
de seguridad en los aeropuertos y bonificación de tasas aeroportuarias, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El pasado 9 de junio, se publicó el RDL 21/2020, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, supuestamente, el último de este estado de alarma donde se
regula el tránsito hacia la 'nueva normalidad'.
En dicho Real Decreto-Ley se establece, a través de la Disposición adicional primera, lo siguiente:
'Disposición adicional primera. Controles sanitarios y operativos en aeropuertos gestionados por Aena.
1. Aena S.M.E., S.A. (en adelante, Aena), como gestora de la red de aeropuertos de interés general, pondrá a disposición de los servicios centrales y periféricos de Sanidad Exterior de modo temporal los recursos humanos, sanitarios y de
apoyo, necesarios con el fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales en los aeropuertos gestionados por Aena, en los términos que, de común acuerdo, se dispongan entre Aena y el Ministerio de Sanidad.
A tal efecto, ambas partes formalizarán, con carácter previo al inicio de su colaboración, un convenio en el que se detallen los medios necesarios, aeropuertos en los que existirá el servicio, los procedimientos
de coordinación, los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes. Las contrataciones que Aena realice en ejecución de ese convenio deberán utilizar el procedimiento de emergencia.
En todo caso, los datos de salud y cualquier otro conexo obtenidos en el ejercicio de estas funciones de control sanitario serán de exclusiva titularidad del Ministerio de Sanidad, no pudiendo, en ningún caso, Aena almacenar, acceder ni
tratarlos por cuenta del Ministerio de Sanidad.
2. Aena tendrá derecho a recuperar los costes en los que incurra como consecuencia de la colaboración con las autoridades sanitarias prevista en este artículo y de las restantes medidas operativas de seguridad e higiene que deban adoptar
como consecuencia de la pandemia COVID-19.
A estos efectos, en el cálculo de la recuperación de los costes efectivamente incurridos por la colaboración en la realización de los controles de sanidad en el entorno aeroportuario y las medidas operativas de seguridad e higiene adoptadas,
se descontarán las posibles subvenciones u otro tipo de ayudas económicas que eventualmente pueda recibir Aena para llevar a cabo estas actividades.
Dichos costes se recuperarán en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y, por ello serán analizados y supervisados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia durante el proceso de transparencia y consulta
recogido en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Si estos costes no pudieran recuperarse en el marco del DORA 2017-2021, con el objetivo de minimizar el impacto de su aplicación sobre el sector, podrán ser recuperados, debidamente capitalizados, en cualquiera de los siguientes DORAs. En
este último caso, a los costes que se traspasen a los siguientes DORAs no les será de aplicación lo previsto en el apartado 1, 2.b) y 3.c) de la disposición transitoria sexta de la Ley 18/2014, de 15 de octubre.
El RDL de referencia anuncia un futuro convenio con el Ministerio de Sanidad para llevar a cabo las medidas protocolarias de implantación de seguridad sanitaria en los aeropuertos, para afrontar gastos sanitarios y adoptar medidas de
seguridad e higiene, que abren la puerta a un aumento de tarifas aeroportuarias, puesto que se anuncia la recuperación del mencionado gasto a través de una revisión del DORA 2017-2021.
Esta medida ha generado gran preocupación ya que traslada parte de los costes derivados de los controles de seguridad sanitaria que se realicen en el entorno aeroportuario a las compañías aéreas, y al sector aéreo en su conjunto y abre la
puerta a subidas de las tarifas en el futuro, y puede traducirse en un aumento del precio final de los billetes a los usuarios.
Por otro lado, desde el inicio del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, hemos asistido a todo de tipo de declaraciones del presidente de Aena, desde el anuncio de la merma de ingresos debido a las restricciones de movilidad, la
paralización de las principales inversiones previstas en el DORA 2017-2021, la recuperación de su ritmo inversor después de dos meses y medio retomando los trabajos para terminar las obras comprometidas en 2020 y 2021, el lanzamiento de campañas
comerciales, llegándose a anunciar como palanca impulsora de la economía como principal órgano de contratación de España. Asimismo, desde finales de mayo, se anuncia la reactivación de inversiones por 1.200 millones y la continuación de las obras
en Tenerife Sur y en los aeropuertos de Barajas y de El Prat, después de haber suspendido contratos dentro de un plan de ajuste tras caer el tráfico un 95 %.
Ya el jueves 18 de junio, una semana después de aprobarse el RDL 21/2020, se anuncia en prensa por parte de AENA una bajada de tasas a las aerolíneas en pro de una 'recuperación vigorosa', instando a las compañías a 'poner en marcha, cuantos
más aviones mejor' y anunciando la rebaja de las tasas de pasajeros y de aterrizajes, medida no acorde con la subida anunciada para años venideros sin la constancia cierta de como será el ritmo de recuperación del turismo y de las aerolíneas.
La vinculación de las aerolíneas al turismo es indisociable. De hecho 68,7 millones de turistas que visitaron España en 2019 lo han hecho en avión. El querer incentivar el turismo, tendrá que ir ligado necesariamente a un sistema de
incentivos y ayudas, no solo a la subsistencia de las aerolíneas sino a medidas para que den un servicio de calidad y la preservación de puestos de trabajo. La situación del sector turístico es preocupante ante el vaticinio de caídas de 80.000
millones de euros con respecto a 2019, siendo la actividad que representa un 12 % del PIB; en Canarias un 35 % y un 40 % del empleo.
Teniendo en cuenta que el principal modo de transporte para los viajeros que llegan a España es el avión, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos absolutamente necesario que se establezca, en colaboración con las aerolíneas, un
mecanismo incentivador, necesario para salvar una de nuestras principales industrias, los puestos de trabajo ligados al sector aeroportuario, la actividad turística y la conectividad sobre todo de los territorios extrapeninsulares.
Por otro lado, se ha anunciado después de varias semanas de incertidumbre, la apertura de fronteras tras 98 días de restricción. El día 21 de junio los aeropuertos españoles han reanudado su actividad con 650 operaciones, bajo la promesa de
constituirse como destinos y aeropuertos seguros. El día 22 de junio las medidas no iban más allá de una mera declaración responsable por parte de los pasajeros.
Las tarifas aeroportuarias son las contraprestación que tiene derecho a percibir AENA por cada uno de los servicios aeroportuarios básicos en cada uno de los aeropuertos de la red. Debe haber proporcionalidad entre la inversión, el servicio
prestado y la tarifa que paga finalmente el pasajero. La finalidad no ha de ser otra que tener aeropuertos y empresas de transporte aéreo competitivas. En definitiva, ser un destino competitivo, todo ello como fuente de riqueza y generación de
empleo.
Canarias y los territorios extrapeninsulares son muestra objetiva del efecto positivo de la bonificación de tasas. Se ha mejorado la competitividad de Canarias como destino turístico, bonificando ciertas tarifas, inversión que se ha
recuperado incrementando el porcentaje de revisión de las tarifas no bonificadas.
Así, se han subvencionado dentro de las bonificaciones por interés general para el periodo 2017-2021:
- Tráfico peninsular e interinsular para los vuelos en los aeropuertos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Consiste en una bonificación en las tarifas de salida de pasajeros, PMR, seguridad y aterrizaje del 70 % en los vuelos
interinsulares y del 15 % en el caso de los vuelos con la Península.
- Los días valle en los aeropuertos canarios. Se aplica al 50 % de la tarifa de aterrizaje y de salida de pasajeros, correspondientes a las operaciones que se realicen los días de la semana con menor concentración de tráfico, excluyendo
vuelos interinsulares.
Estas bonificaciones persiguen la vertebración y cohesión territorial y el fomento de la conectividad del transporte de pasajeros, prestando especial atención a las regiones no peninsulares en las que el modo aéreo desempeña un papel
fundamental e insustituible para garantizar la movilidad de sus ciudadanos.
Durante el periodo de aplicación del DORA, Aena podrá establecer incentivos que, siendo compatibles con la Ley 18/2014, tengan un efecto positivo sobre la demanda y fomenten el establecimiento de nuevas rutas o el fortalecimiento de las
existentes. Según se especifica en el propio DORA, dichos incentivos podrán articularse a través de un plan plurianual de incentivos, que tengan por objeto la mejora de la demanda.
Toda esta filosofía de bonificaciones y equilibrio de tasas, y de incentivo de la oferta turística con criterios de transparencia, que se hizo bajo el Gobierno del Partido Popular, pierde sus fundamentos en ciertas disposiciones del RDL
21/2020, y en la incertidumbre que genera la inactividad del Gobierno, que ha desatendido a un medio de transporte tan importante como el aéreo y que no ha sabido implantar medidas sanitarias durante toda la crisis en sus vuelos mínimos,
independientemente de que se les ha ido de las manos el necesario equilibrio entre los servicios prestados por AENA, las tasas aplicables a las aerolíneas y el precio final que abona el usuario. Equilibrio absolutamente necesario para reconstruir
un modo de transporte esencial para nuestra industria turística y para el desplazamiento diario de territorios extrapeninsulares.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que la acción del Gobierno genera una doble incertidumbre ante el anuncio de apertura de fronteras unido a un anuncio de medidas incentivadoras del turismo, que no debería pasar por un aumento
de tasas aeroportuarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a:
1. Implantar medidas de seguridad sanitaria y un protocolo específico para garantizar los corredores de tránsito de viajeros seguros, que debe comenzar por implantación test de detección de COVID en origen.
2. Especificar con criterios de transparencia los términos del Convenio con el Ministerio de Sanidad al que se alude en el RDL 21/2020 para la aplicación de protocolos sanitarios por AENA.
3. Clarificar el marco generador y de aplicación de las tasas aeroportuarias.
4. Bonificar las tasas aeroportuarias como medida general para incentivar la conectividad y restablecer la movilidad aérea, no solo la tasa de aterrizaje, sino todas aquellas susceptibles de mejora, sobre todo en CC.AA. como Canarias donde
el avión es el principal medio de transporte.
5. Vigilar el mantenimiento del equilibrio entre estas bonificaciones, servicios y tarifas finales a abonar por los usuarios, de forma que no se traduzca en aumento de los precios.
6. Clarificar qué inversiones y en qué medida de las previstas en el DORA se llevarán a cabo y en qué plazos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2020.-Ana María Zurita Expósito, Guillermo Mariscal Anaya, María Auxiliadora Pérez Díaz, Sebastián Jesús Ledesma Martín, Andrés Lorite Lorite y Mario Garcés Sanagustín,
Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias y D. Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la aplicación de medidas para el estímulo y mejora del transporte por carretera, para su discusión en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. El sector del transporte por carretera tiene una importancia estratégica fundamental para el desarrollo económico y social en España, contribuyendo, en gran medida, al crecimiento económico y a la creación de empleo.
El sector de transportes de mercancías se divide, en orden de importancia, en medios terrestres (que engloba tanto el transporte por carretera como el ferroviario), en medios aéreos y en medios marítimos.
El transporte por carretera representa el 94 % del total de la cuota de mercado del sector. La distribución radial de las carreteras españolas y la fuerte inversión que se hizo en su mejora desde el año 2000, han hecho que este sector sea
el que más ha crecido en los últimos años. Asimismo, el auge del comercio electrónico y las nuevas características del mercado, hacen que la innovación y las nuevas prácticas impulsen al mismo.
El subsector de transportes de mercancías por carretera supone casi un 5 % al PIB, da empleo a 600.000 trabajadores y cada año aporta 15.000 millones de euros al Estado. Asimismo, el sector aglutina más del 95 % de la cuota del transporte
de mercancía y garantiza la provisión de bienes esenciales, incluidos alimentos y suministros médicos, así como una amplia gama de materiales de los que las empresas y los consumidores dependen. En definitiva, no solo hace una contribución
importante al crecimiento económico y la creación de empleo, sino que también evita la escasez de bienes esenciales.
Segundo. Sin embargo, desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia internacional la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico de COVID-19, muchos países europeos han impuesto
restricciones al tránsito nacional y/o cerrado cruces fronterizos para servicios de transporte de mercancías por carretera, lo que está afectando gravemente al comercio y a la cadena de suministros, provocando un impacto negativo en todos los países
de nuestro entorno.
En España, el Gobierno aprobó el 14 de marzo del mismo año el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), en el que se
adoptaron una serie de medidas que tuvieron, y están teniendo, un impacto muy relevante en el sector de transportes, a pesar de que se eximió al subsector del transporte de mercancías de muchas restricciones de movilidad, al ser considerada
actividad esencial para garantizar el suministro de alimentos y otros productos básicos.
Según datos de algunas asociaciones dedicadas al transporte de mercancías por carreteras, el suministro de alimentos y materias de primera necesidad no se han visto tan afectadas por la crisis, pero
suponen aproximadamente el 30 % del total de las mercancías que se transportan en nuestras carreteras. El otro 70 % de mercancías transportadas se ha visto seriamente afectado, y así lo demuestran los datos de los meses de marzo y abril, ya
que el descenso de las operaciones y de la facturación de las empresas ha sido más que evidente.
En lo relativo al número de operaciones durante la vigencia del estado de alarma, la media de la actividad del transporte de mercancías por carretera se ha visto reducida en un 43 %, donde los autónomos sufrieron un descenso de casi el 60 %
y las empresas con una flota inferior a 20 vehículos la reducción del número de operaciones fue del 50 %. Estos datos se traducen en 55.000 puestos de trabajo que están en riesgo de desaparición, siendo los autónomos y las pymes con pequeñas flotas
de vehículos, una vez más, los mayores perjudicados.
Tercero. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un informe publicado el 20 de abril de 2020, bajo la rúbrica 'Directrices sobre la promoción del trabajo decente y la seguridad vial en el sector del transporte', reconoció el
fuerte impacto sufrido por la actividad del transporte de mercancías por carretera a causa del nuevo coronavirus.
Según el citado informe, el sector del transporte por carretera, incluidos los pasajeros de larga distancia y carga, está bajo severas restricciones financieras y operativas como resultado de la pandemia de COVID-19. En el caso del
transporte de carga, ciertos segmentos están casi paralizados, incluido el transporte de piezas de automóviles, flores, ropa y materiales de construcción. Otros operadores de transporte por carretera, incluidos aquellos que transportan bienes
esenciales, han visto cómo sus ingresos disminuyen hasta en un 40 por ciento debido a la falta de nuevos contratos o se están quedando vacíos con mayor frecuencia (hasta 40 por ciento más).
Asimismo, la OIT advierte en su informe del efecto que ha tenido el nuevo coronavirus en las condiciones laborales de los trabajadores del transporte, debido a las singularidades específicas de su lugar de trabajo. El informe de la OIT
señala que la adopción de medidas para prevenir y contener la propagación del COVID-19, como el cierre de áreas de descanso de vehículos comerciales, instalaciones de bienestar y no esenciales, incluidos restaurantes y talleres de reparación, han
tenido un impacto negativo en sus condiciones de trabajo, dejándolos sin acceso, muchas veces, a servicios básicos como el aseo personal o la comida. Asimismo, las restricciones en los cruces fronterizos han provocado, igualmente, un impacto
negativo en las condiciones de trabajo en términos de tiempos de espera, cuarentena forzada, pruebas obligatorias, etc. Es necesario, por tanto, que el Gobierno, trabajadores y empleadores se coordinen para reducir el impacto negativo de los
retrasos innecesarios y procedimientos de control descoordinado, garantizando, así, la entrega a tiempo de los bienes esenciales.
Cuarto. Por otro lado, cabe señalar que los gobiernos, los agentes sociales y las partes de la cadena de transporte por carretera tienen la responsabilidad compartida de proteger al público, a los pasajeros y demás usuarios de la carretera
frente a accidentes y otros peligros prevenibles, incluidos aquellos provocados por el déficit de trabajo en condiciones óptimas padecido por los conductores de vehículos comerciales. Los riesgos que puede representar para otros usuarios de la
carretera ese déficit de trabajo en condiciones laborales óptimas de los conductores de vehículos comerciales, así como otros factores que pueden repercutir en la seguridad vial, constituye una preocupación para las autoridades públicas.
Según datos de la OIT, cada año mueren en el mundo alrededor de 1,3 millones de personas, y hasta 50 millones sufren traumatismos no mortales como consecuencia de los accidentes de tránsito en las carreteras. Entre el 10 y el 22 por ciento
aproximadamente de todos estos accidentes de tránsito se producen con vehículos comerciales 5.
Quinto. En relación con lo expuesto, la OIT ha señalado que la digitalización y las innovaciones organizativas pueden contribuir a reducir el número de accidentes y a comprender sus causas.
Igualmente, la aplicación de la tecnología para este sector es una buena alternativa para mejorar la eficacia en la automatización de procesos e incentivar la recuperación económica y reactivación del sector. La integración de tecnologías
para optimizar rutas o gestionar cargas es una buena medida para el impulso y crecimiento del mismo. Es obvio que la tecnología es fundamental a corto, medio y largo plazo en los diferentes ámbitos de la sociedad y sería un grave error que el
transporte de mercancías por carretera se quedara rezagado. Por tanto, es necesario, igualmente, una interlocución social efectiva, así como la elaboración de políticas de formación profesional que ayuden a los trabajadores del transporte a
adaptarse y prepararse a las nuevas condiciones de trabajo.
5 OCDE: Moving Freight with Better Trucks: Improving Safety, Productivity and Sustainability, 2011, págs. 169-203.
En definitiva, el diálogo social puede allanar el camino para conciliar la competencia de mercado, la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores del transporte, y la seguridad vial.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para la mejora y el estímulo del sector del transporte por carretera:
- Promover e implementar la digitalización de la logística y de los documentos del transporte por carretera para prevenir los accidentes y ayudar a comprender las causas de los que se produzcan siempre respetando la ética y privacidad de los
trabajadores.
- Impulsar el uso de las nuevas tecnologías en otros ámbitos del sector del transporte por carretera, no incluidos en el anterior apartado, desde un enfoque centrado en las personas, de manera que se mejoren aspectos tales como la
optimización de rutas, la gestión de cargas, los sistemas eficaces de gestión de almacenes, la tecnología a bordo o la mejora de sistemas GPS permitiendo así agilizar procesos, reducir costes y responder con una mayor rapidez y flexibilidad a las
posibles oscilaciones del mercado.
- Facilitar la realización de la inspección de los vehículos del sector mediante el establecimiento de un trato preferencial para los vehículos del mismo a la hora de solicitar cita previa, de forma que se evite la paralización de una gran
parte de la flota de vehículos destinados a esta actividad al no haber podido cumplir los tiempos al pasar la ITV, de acuerdo con las medidas establecidas en la Orden SND/413/2020.
- Establecer políticas orientadas hacia la mejora continua de la capacitación de los trabajadores del transporte, con el objetivo de adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo, de forma que se garantice la seguridad y formación de estos
trabajadores.
- Vigilar de manera efectiva y contundente el cumplimiento de la legislación nacional y los convenios colectivos aplicables, de forma que los conductores no se vean, en ningún caso, obligados a incumplir los tiempos de conducción o trabajo
estipulados ni a dejar de cobrar las compensaciones o remuneraciones convenidas.
- Establecer un diálogo continuo, activo y eficaz con las asociaciones del sector y cualquier otro tipo de representantes de los conductores, con el objetivo de conocer los asuntos que amenazan al mismo a fin de poder anticiparse a ellos,
corregirlos a tiempo o minimizar su impacto.
- Mejorar y priorizar la calidad de los servicios de inspección y el cumplimiento efectivo de la legalidad, debido a que la existencia de una legislación no garantiza que no se produzcan situaciones de explotación laboral o de abusos que
menoscaben los derechos de los trabajadores y que afecten a la seguridad vial.
- Establecer sistemas fiables que recopilen estadísticas sobre el empleo, tiempo de trabajo, tasas de rotación, ingresos y cualquier otro tipo de información pertinente a fin de que se establezca una base de datos mediante la cual se pueda
establecer una comparativa con otros sectores y poder tomar medidas para la mejora de la actividad.
- Promover la implantación de medidas, como por ejemplo un sistema de información y asesoramiento personal a fin de aumentar el atractivo del sector, establecer una estrategia nacional u otras disposiciones orientadas hacia la captación de
nuevos trabajadores y retención de estos empleados, para combatir la escasez de transportistas así como la elevada tasa de rotación.
- Estudiar la viabilidad de establecer políticas destinadas a incentivar el sector del transporte por carretera para implantar e integrar sistemas y equipos de seguridad en los vehículos.
- Aplicar de forma eficaz los sistemas de gestión de seguridad adoptando una cultura de prevención en el ámbito de la seguridad, promoviendo esta cultura tanto a los empleadores como a todas las partes implicadas en la cadena de transporte.
- Asegurar que los conductores puedan notificar problemas de seguridad sin miedo a represalias, sanciones u otro tipo de consecuencias y hacer que sea esencial su contribución a la mejora de la seguridad vial en general y la de los sistemas
de transporte en particular.
- Efectuar investigaciones sobre las enfermedades profesionales que afectan a los conductores de vehículos profesionales para establecer una mejora en la formulación de políticas y elaboración de reglamentos e instrumentos de prevención.
- Construir zonas de estacionamiento destinadas al uso de vehículos dedicados al transporte por carretera y evitar el cierre de áreas de descanso y zonas de estacionamiento de vehículos, con la intención de paliar la escasez de estas
instalaciones y combatir el estrés, la fatiga y otros síntomas que perjudiquen la seguridad que esta situación puede ocasionar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2020.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Tomás Fernández Ríos, Cristina Alicia Esteban Calonje, Rubén Darío Vega Arias y Patricia Rueda Perelló,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para establecer la adecuación del
régimen de infracciones y sanciones para VTC en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda urbana.
Exposición de motivos
Durante los últimos cinco años el sector del taxi ha sufrido una competencia desleal en la prestación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas y un serio incremento del intrusismo en dicho segmento del
transporte que, junto con el transporte colectivo urbano, es el más utilizado por los ciudadanos.
La aparición de empresas digitales disruptivas con estrategias de monopolio que amenazan el servicio público de transportes, en unos casos como redes de transporte bajo la falsa apariencia de economía colaborativa, ha contribuido a la
generación de un 'efecto llamada al intrusismo' en este sector de la actividad económica. Estas empresas han sido catalogadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de fecha de 20 de diciembre de 2017 asunto C-434/15) como
empresas de transporte a pesar de presentarse fraudulentamente como servicios de intermediación tecnológica y resistirse a cumplir la legislación de transportes vigente en España y en toda la Unión Europea.
Estas plataformas han irrumpido en el mercado con prácticas y modelos de negocios que precarizan las condiciones laborales de sus propios trabajadores, muchos de ellos contratados bajo un régimen de falsos autónomos. Además han implementado
una serie de prácticas de competencia desleal en el mercado, creando una economía sumergida, con esquemas tributarios de elusión fiscal y causando un notorio perjuicio a los usuarios del servicio público de transporte de viajeros en vehículos de
hasta nueve plazas.
Como respuesta a la lucha del sector del taxi en defensa del servicio público, se puso en vigencia el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, cuyo objetivo fue fijar un marco estable regule las condiciones de prestación de los servicios de las VTC, en especial sobre precontratación, solicitud de servicios, captación de
clientes, recorridos mínimos y máximos, retorno a base, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo.
El Gobierno modificó la regulación del arrendamiento de vehículos con conductor mediante el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, para completar la regulación aprobada en abril de ese mismo año (Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de
abril) que se había revelado insuficiente para atender los problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales que el elevado incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo estaba ocasionando en los principales
núcleos urbanos de nuestro país.
Desde entonces, se ha puesto en marcha el Registro electrónico de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, operativo desde abril de 2019, en el que ya se han inscrito más de 1.713 titulares de VTC y más de 16.249
autorizaciones, cuyo objetivo final no es otro que el de garantizar una competencia leal entre el sector del taxi y el del alquiler de vehículos con conductor, facilitando el control del cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios
VTC.
También se ha constituido el grupo de trabajo técnico con las Comunidades Autónomas (previsto en la Disposición Adicional Segunda del citado Real Decreto ley 13/2018, de 28 de septiembre) para compartir buenas prácticas y coordinar las
diferentes políticas públicas y las regulaciones que pretendan aprobar las Administraciones con competencia en la materia.
En estos momentos, está previsto retomar el anteproyecto de Ley para adecuar el régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) a las condiciones de prestación de los servicios de arrendamiento de vehículos con
conductor establecidas en el Real Decreto-ley 13/2018, que habilita (Disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 13/2018) para incrementar las sanciones previstas cuando los servicios se presten en un ámbito territorial distinto al que
corresponda o se incumplan las limitaciones relativas a la prestación habitual del servicio en el territorio en que esté domiciliada la autorización, a la comunicación por vía electrónica de los datos relativos al registro de los servicios o a la
recogida de clientes que no hayan contratado previamente el servicio.
No obstante, hay que tener en cuenta, además de la actual situación sobre COVID19, las recientes sentencias del Tribunal Supremo a dos recursos presentados sobre el Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, y que anulan el artículo 2,
'Medidas de control', que contenía la obligación de notificar los servicios VTC a un registro electrónico, hacen necesaria una revisión del proyecto normativo puesto que estaban previstas sanciones por no comunicar los servicios a dicho registro.
Lamentablemente, la falta de un régimen sancionador adecuado ha limitado seriamente las facultades de las administraciones públicas competentes (local, autonómica y estatal), cuyos cuerpos de inspección han reiterado en múltiples ocasiones
la falta de medios e instrumentos legales para sancionar las malas prácticas y el peligro a la seguridad vial que suponen, las actuaciones de los propietarios de VTC y las plataformas digitales que los auspician.
Por ejemplo, la más reciente sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, a propósito de recurso N.º 0000015/2017 de fecha 17 de enero de 2020, declaró válida el Artículo 24 de la Orden FOM/36/2008, que obliga a
las VTC a llevar a bordo del vehículo la hoja de ruta. Esta norma permite imponer sanciones administrativas (multas) a las VTC que se encuentren 'estacionadas' sin la correspondiente hoja de ruta (sin servicio). Esta sentencia surge a propósito de
varias multas recurridas por las VTC que cuestionan la capacidad de las autoridades para imponer sanciones administrativas por incumplir las condiciones de uso del servicio alegando que la Ley no contempla tales facultades. Este caso es una muestra
más de la necesidad de reformar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y determinar un régimen sancionador que no pueda ser cuestionado por efectos de legalidad y que a su vez homologue e integre todas las normativas secundarias vigentes
en la actualidad.
Resulta necesario establecer sanciones disuasorias para quienes están practicando este intrusismo y que favorezcan el control de quienes tienen la obligación legal de controlarlo (policías y cuerpos de inspección de transportes, consumo
etc.), favoreciendo la detección de estos vehículos allí donde más difícil resulta a estos agentes como son las vías urbanas e interurbanas.
Asimismo, es necesario inspeccionar las condiciones de prestación de los servicios de las VTC con el objetivo de vigilar que se cumplan las medidas de seguridad para los usuarios de estos servicios y sobre las condiciones en que viajan los
pasajeros. Es fundamental que las autoridades controlen y hagan efectivo el régimen de precontratación de los servicios a los que están sometidas las VTCs, de manera tal que se vigile que se cumplan con las condiciones de circulación y se verifique
que los usuarios están contratando con una empresa autorizada legalmente para prestar esta actividad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir con la Disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos
con conductor y presentar ante las Cortes un Proyecto de Ley de modificación del régimen de infracciones y sanciones para arrendamiento de vehículos con conductor-VTC que modifique la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y permita
perseguir las conductas que ponen en peligro el servicio público de taxi por medio del intrusismo y de prácticas monopolistas.
2. Analizar las recientes sentencias del Tribunal Supremo relativas al Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, con objeto de, cuando las circunstancias extraordinarias del COVID19 lo permitan tramitar un Proyecto de Ley para, de acuerdo
a los criterios generales que ya recogía el Real Decreto Ley 13/2018, cambiar la calificación de graves a muy graves de determinadas infracciones y tipificar nuevas infracciones en relación con el incumplimiento de otras condiciones del servicio,
estudiando también la posibilidad de inmovilizar el vehículo hasta el pago de sanciones muy graves, e incluso, la posibilidad de revocar la autorización VTC por la comisión de infracciones de naturaleza muy grave en un año.
3. Establecer instrumentos legales adecuados y suficientes que permitan a los cuerpos de inspección y de policía locales de las administraciones públicas competentes (local, autonómica y estatal) sancionar adecuadamente los incumplimientos
sobre hoja de ruta, retorno a base, restricción de circulación, pre-contratación, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2020.-Rafael Mayoral Perales, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/001109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias y D. Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la aplicación de medidas para la mejora del sector de la vivienda en España, para su discusión en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La declaración del estado de alarma el 14 de marzo mediante el Real Decreto 463/2020 ha dado lugar a la peor crisis económica de España desde la Guerra Civil. Se paralizaron muchos sectores fundamentales de la economía (turismo, industria,
comercio, consumo...) y los que no se detuvieron, redujeron su actividad de forma sustancial. En este contexto de crisis económica, el sector de la construcción puede ser un motor que sirva para impulsar la economía española, pero deben plantearse
medidas y salir de la complacencia e inacción actual. El propio Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, D. José Luis Ábalos Meco, en su comparecencia en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana manifestó que el sector de la
construcción iba a ser un motor fundamental para salir de la crisis.
En el entorno de la actual crisis provocada por el virus chino SARS-CoV-2, la caída en la compraventa de viviendas en abril ha sido impactante. Si atendemos a datos del INE, en abril han caído un 39,2 % en términos interanuales, pero si
observamos los datos del Consejo General del Notariado todavía son más desalentadores, ya que reflejan que las operaciones de compraventa de vivienda que se firmaron ante notario en abril cayeron en 71,3 % en términos interanuales.
La construcción es una actividad clave en nuestra economía. Así lo reflejan los datos de 2019, en los que el sector de la construcción representó para la economía española un 5,5 % del PIB nacional. En cuanto a niveles de ocupación, en
2019 esta actividad supuso el 6,5 % del total de ocupados, es decir, aproximadamente trabajaron 1.270.000 personas en este sector. Cada euro invertido en construcción genera 1,9 euros y por cada millón de euros invertido en el sector se producen 14
puestos de trabajo.
Con esta evidente importancia del sector de la vivienda en nuestro país, existen problemas a la hora de construir vivienda. Uno de ellos es el de las licencias urbanísticas, cuya concesión se alarga durante meses. Esta demora en los
tiempos de concesión supone un incremento en los costes de acceso a la vivienda, que se puede encarecer de media unos 25.000 euros, alcanzando en algunas provincias los 40.000 euros.
Otro problema que tiene el sector de la vivienda es la elevada carga fiscal, ya que según cifras del sector, del precio final que paga una persona por la compra de una vivienda, el 25 % lo invierte en pagar cargas tributarias a las
diferentes administraciones competentes, muy por encima de la media europea. Obviamente, estas desorbitadas cargas fiscales van en detrimento del sector y del acceso a un bien de primera necesidad como es la vivienda. Actualmente, el tipo
impositivo del IVA de la compra de la primera vivienda con carácter general está establecido en un 10 %, rebajar este tipo impositivo sería una medida que serviría para fomentar tanto el acceso a la vivienda por parte de las familias como la
construcción de estas.
Por otro lado, existe una relación directa entre viviendas vacías y la España vaciada, es decir, que no se debe caer en el prejuicio ideológico de imponer mayores cargas fiscales o sanciones a los propietarios de viviendas vacías. No sólo
por el hecho de que la Constitución protege el derecho a la propiedad sino también porque, analizando fríamente los datos, según el censo de 2011 del INE aproximadamente sólo el 10 % de las viviendas vacías se encuentra en las ciudades de más de
500.000 habitantes, y el 70 % de las viviendas vacías se encuentra en localidades de menos de 100.000 habitantes. Es decir, que cualquier tipo de medida coercitiva en relación con las viviendas vacías no sólo no va a ayudar al mercado, sino que
sería contraproducente, ya que favorecería la disminución de población en las zonas más despobladas.
El mercado de la vivienda es rígido. Si a eso le añadimos el intervencionismo actual, se crea un caldo de cultivo propicio para que aumenten los costes de producción de la vivienda que lleva aparejado un incremento en los costes del acceso
a la vivienda. Flexibilizar las normas urbanísticas, reducir los plazos y mejorar los trámites administrativos debería ser una prioridad para la administración. A este respecto, la digitalización y la aplicación de nuevas tecnologías sería una
forma eficaz de mejorar todos estos procesos administrativos, simplificarlos y reducir los plazos, con la evidente reducción de costes que conllevaría.
Otro dato desalentador para el sector, es la escasa producción de vivienda protegida, muy inferior a la media europea. En 2018 se construyeron más de 63.000 viviendas protegidas, mientras que en 2018 sólo 3.500, es decir, hay una clara
dejadez y falta de inversión por parte de la Administración en relación con la vivienda protegida. En ese sentido, la cooperación entre entidades públicas y privadas sería una buena forma de mejorar la creación de este tipo de vivienda.
Por último, se debe destacar que pese a que como ya se ha mencionado el sector de la construcción genera más de 1,2 millones de puestos de trabajo, lo que supone el 6,5 % de la población activa, este sector tiene un déficit de mano de obra.
Las empresas de construcción tienen serios problemas a la hora de encontrar trabajadores cualificados dentro del sector, lo que aumenta también los costes de producción.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para la mejora del sector de la vivienda en España:
- Promover la simplificación de los trámites en la obtención de licencias con el objetivo de estimular la producción de vivienda.
- Promover la reducción del IVA de la compra de la primera vivienda al 4 %, llevando a cabo las actuaciones necesarias para que se proceda a la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el
marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006 relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, de forma que se fomente la compra de vivienda y se facilite el acceso tanto a jóvenes que desean emanciparse como
a familias que no pueden disponer de una vivienda en propiedad.
- Evitar la adopción de medidas con respecto a las viviendas vacías que puedan suponer un menoscabo del derecho de propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución.
- Fomentar políticas que aumenten la productividad del sector estableciendo una colaboración entre la Administración Pública y las entidades privadas, así como la reducción de los costes de producción para lograr el objetivo de producir
vivienda de nueva construcción a precios asequibles.
- Promover la flexibilización, reducción y mejora de los procedimientos y cargas administrativas en relación con la construcción de viviendas para establecer un entorno menos rígido e intervencionista.
- Promover la digitalización y la aplicación de las nuevas tecnologías para la tramitación de licencias con el fin de disminuir los plazos administrativos y aumentar la efectividad del sistema, evitando dilaciones innecesarias.
- Promover la disminución de la presión fiscal existente en un bien de primera necesidad como es la vivienda.
- Aumentar la inversión destinada a la construcción de vivienda de protección oficial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Tomás Fernández Ríos, Cristina Alicia Esteban Calonje y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre medidas para ampliar el parque
público de viviendas en alquiler, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda urbana.
Exposición de motivos
El derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada sigue siendo hoy una asignatura pendiente en el Estado español. La política de vivienda ha sido, con toda probabilidad, una de las políticas públicas más débiles del Estado de
Bienestar.
Las consecuencias de la formulación de una política de vivienda donde ha primado la perspectiva económica sobre este bien, frente a su carácter social, nos llevó hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria del 2008. El impacto de esta
crisis sobre las condiciones de vida de la ciudadanía fueron enormes: altos índices de paro (un país con una economía dependiente del ladrillo), desahucios, deudas perpetuas, etc.
Entre 2007 y 2013 tuvieron lugar más de medio millón de ejecuciones hipotecarias en el Estado según el Consejo General del Poder Judicial. Hoy, desgraciadamente, seguimos con los desahucios, ahora de alquiler, por impago de rentas o los
llamados desahucios invisibles, por subidas abusivas de los alquileres. Según datos del Consejo General del Poder Judicial en 2018 se efectuaron un 53.857 ejecuciones hipotecarias, mientras que en 2019 se registraron un total de total de 56.349
ejecuciones, lo que implica un descenso de cifras frente a los peores años de la crisis. El negocio especulativo se ha trasladado de la construcción y venta de vivienda al mercado del alquiler, que se recalienta al alza por el aterrizaje de fondos
de inversión, fondos buitres y fenómenos como el de la turistificación. La historia se repite. Una vez más, las familias de nuestro país tienen que hacer un mayor esfuerzo económico para disfrutar de una vivienda. La política de no intervención
pública sobre el mercado de la vivienda ha generado una tendencia alcista de los precios y una crisis de accesibilidad a este bien que ha provocado la expulsión de los sectores de la población con menos recursos.
Frente a este escenario, durante la XIII legislatura y la actual legislatura el Gobierno ha emprendido varias medidas para controlar esta tendencia alcista de precios, especialmente la regulación del año 2019 en materia del alquiler, el Plan
20.000 de vivienda en alquiler en provincias como Madrid, Málaga y Valencia, los programas de ayuda a la vivienda contemplados en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, el anunciado Sistema de Índices de Referencia y de la limitación de precios, así
como también las medidas aprobadas durante la crisis de la Pandemia por el COVID-19 tales como moratorias de alquiler, moratorias de hipotecas, paralización de los lanzamientos, la prórroga de los contratos, entre otras.
La crisis del coronavirus agravará esta situación. Con la paralización de gran parte de la actividad económica por culpa de la epidemia del COVID-19, muchas de las personas que están pagando una hipoteca o viviendo de alquiler van a tener
francas dificultades para seguir haciéndolo. Si antes las familias sufrían la asfixia de los precios del alquiler y del endeudamiento que ya arrastraban de la crisis anterior, ahora el panorama resulta alarmante: la salida del confinamiento abre
un escenario lleno de incertidumbre ante la posible subida de la tasa de desempleo y la caída del crecimiento económico. En este escenario,
se multiplican la dificultad en el acceso a una vivienda, de endeudamiento familiar o directamente de pérdida de la casa, especialmente para las familias más vulnerables.
La crisis del coronavirus y su impacto sobre el mercado inmobiliario debe servir para reivindicar la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 CE y también para revertir las políticas de
mercantilización, dibujando un horizonte normativo en el que la vivienda cumpla su función social y no sea mera mercancía o un activo objeto de especulación. Es, ahora, cuando se nos presenta la oportunidad de articular un verdadero sistema público
de vivienda.
A falta de cifras oficiales más actualizadas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2011 había 3,5 millones de viviendas vacías. Sin embargo, hoy en día el parque público de vivienda en alquiler no alcanza el 1,5 % del total
del parque de viviendas según datos del INE y Housing Europe; muy por debajo de los porcentajes de Holanda (32 %), Austria (23 %) o Francia (17 %). España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1 %
sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32 %), Austria (23 %), Reino Unido (18 %) o Francia (17 %). Además España acumula el 30 % de las viviendas vacías de Europa (más de 3,4 millones de viviendas vacías según datos del Instituto
Nacional de Estadística, en su comparación del estado de las viviendas vacías en 2001 y 2011).
Considerando que el Estado español tiene un parque total de viviendas de 25 millones, si queremos un parque público de vivienda equiparable a los países de nuestro entorno, es decir, como mínimo, de un 10 %, necesitamos 2,5 millones de
viviendas que lo conformen. La vivienda es un bien de primera necesidad y su función social debe ser preservada por las instituciones públicas por encima de cualquier otra consideración.
Según los datos del Colegio de Arquitectos y del Ministerio de Fomento, entre los años 1952 y 2016, se construyeron más de 6,8 millones de viviendas protegidas, en algunas de sus diferentes modalidades. Esto significa que un 26,6 % del
total de las viviendas, en España, han sido construidas con apoyo público. Existieron diferentes presentaciones: las viviendas subvencionadas, sociales, de renta limitada, protección oficial, protección pública, de precio tasado y también otras
denominadas concertadas.
La VPO podría ser destinada a uso propio, arrendamiento, venta al contado o con precio aplazado, acceso diferido a la propiedad o cesión de ella.
Entre los años 2011 hasta mayo de 2018 se ha producido un abandono absoluto de la política de vivienda pública en nuestro país. Según datos del Defensor del Pueblo en su informe de 2019 titulado 'La vivienda protegida y el alquiler social
en España', en el año 2012 se habían calificado como viviendas protegidas un total de 53.332 unidades, mientras que en el año 2017, tan solo se entregaron 4.938 pisos sociales en toda España, lo que supone un 9,2 % de todas las casas terminadas.
Los datos correspondientes a 2018 (último dato disponible) sitúan el número de las 'definitivas' en 5.167 viviendas sociales en toda España, lo que sitúa a la política de vivienda en el peor resultado desde 1950.
Como consecuencia, los ayuntamientos no pueden dar respuesta a la emergencia diaria de los desahucios, las ocupaciones de viviendas vacías o la infravivienda, ni tampoco ofrecer una solución a aquellas personas que necesitan acceder a una
vivienda a precios inferiores a los del mercado. Mientras tanto, la SAREB acumula viviendas vacías de entidades financieras rescatadas con dinero público que, en su gran mayoría, vende o traspasa su gestión a fondos de inversión, inmobiliarias u
otros gestores de vivienda. La SAREB también ha suscrito convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la sesión de inmuebles. Según los últimos datos facilitados por la propia SAREB, hasta marzo de 2020, tan solo 2.400 viviendas de su
cartera han sido cedidas a administraciones autonómicas y ayuntamientos. Una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que en junio de 2014, declaraba tener en aun cartera más de 45.000 viviendas residenciales.
La inexistencia de un parque público de alquiler a causa de las nefastas políticas de vivienda desarrolladas en España durante, como mínimo, los últimos 30 años; las dificultades de acceso al crédito hipotecario y la consecuente creciente
demanda de alquiler; la oportunidad de nuevos negocios especulativos para inversores que compren paquetes de pisos vacíos a Bancos, promotores o inmobiliarias en quiebra.
La legislación en materia de Sociedades Anónimas Cotizadas De Inversión En El Mercado Inmobiliario (SOCIMI) ha impulsado durante los últimos la rentabilidad que ofrecen frente otros productos de inversión y han convertido la vivienda en
alquiler en un suculento producto especulativo. En este sentido son significativos los últimos datos publicados por el Banco de España, que indican que, hasta el último trimestre de 2019, la rentabilidad media de la vivienda en alquiler era del 7,4
%. Una cifra que se ha mantenido estable desde finales de 2015 en adelante. Mediante la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, el Gobierno del
Partido Popular emprendió una reforma fiscal específica que otorgaba nuevos privilegios
fiscales, financieros y legales a las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMIS). Curiosamente, coincidiendo con la modificación de la duración de los contratos de alquiler, en dicha reforma también se
redujo de 7 a 3 años el plazo durante el cual los bienes inmuebles promovidos por las SOCIMIS debían mantenerse en arrendamiento. A eso hay que sumarle en la supresión total de la renta básica de emancipación, el final de las irrisorias reducciones
fiscales a las personas arrendatarias y el aumento de la presión fiscal a las personas arrendadoras.
En la actualidad seguimos sufrimos las consecuencias de un modelo inmobiliario-financiero alentado por grandes promotoras inmobiliarias, fondos de inversión y bancos, que no resuelve los principales problemas del país, sino que continúa
alimentando expectativas de enriquecimiento y prácticas especulativas. Por ello, es necesaria la reconversión de este modelo hacia horizontes territoriales y urbanos sostenibles y más saludables para la mayoría social, donde el acceso y disfrute de
una vivienda digna y adecuada pueda ser una realidad.
Esta reconversión requiere un verdadero pacto de Estado para evitar que la inercia especulativa siga agravando las necesidades de vivienda insatisfechas y vulnerando derechos. En el escenario post-burbuja se ha trasladado el problema, las
acciones especulativas, del mercado propietario al mercado de alquiler. Se han hecho muchos esfuerzos y se han emprendido acciones para mejorar este escenario, pero aún queda mucho trabajo por hacer. La situación es grave en muchas ciudades y la
ciudadanía organizada (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Asambleas de Vivienda, Asociaciones de vecinos y otras) hace años que reclama un parque público de alquiler y una nueva regulación que permita que vivir de alquiler sea una opción
estable, segura y asequible.
Finalmente es necesario atender además problemas sociales puntuales como por ejemplo un pacto para las personas sin hogar. Es un buen momento para hacer una revisión de la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020,
aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de noviembre 2015, la cual debe ser actualizada y mejorada para incluir nuevos enfoques de política pública en este sector. La Pandemia de COVID-19e ha demostrado todavía más la vulnerabilidad de
estas personas, ya que difícilmente pueden acogerse a las medidas de ayuda que se han desarrollado para esta pandemia. El problema de las personas sin hogar no es un fenómeno aislado, sino que está muy relacionado con otros fenómenos sociales como
el desempleo, las dificultades de acceso a la vivienda o la ruptura de los lazos familiares. Se trata de un fenómeno complejo, cuyo análisis ha avanzado mucho, tanto en los diagnósticos como en los modelos de atención.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un nuevo Plan Estatal de Vivienda que cuente con suficiente dotación presupuestaria para hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna. En este plan se recogerá como actuación protegida que los ayuntamientos y
Comunidades Autónomas puedan adquirir viviendas para ampliar su parque público de alquiler, así como también las asociaciones sin ánimo de lucro, con la condición de que destinen las viviendas al alquiler social.
2. Aumentar el gasto público de vivienda y tender a equipararse hacia la media europea. Estos recursos públicos irán destinados a ampliar el parque público de alquiler.
3. Abordar la protección de la venta de vivienda pública en alquiler en la próxima Ley de vivienda, estableciendo criterios para evitar que se generen procesos especulativos.
4. Promover un Plan de Rehabilitación de la Vivienda para fomentar la economía social mediante programas de acceso y mantenimiento de viviendas, y para dignificar las condiciones habitacionales, con especial atención a la promoción de la
eficiencia energética. Se dará prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas, conforme a las garantías de justicia social y territorial. Así mismo, se fomentará la rehabilitación de viviendas para
su puesta en alquiler. Esta política deberá incluir el análisis de controles públicos del precio de los alquileres de las viviendas movilizadas con estos fines, durante determinado plazo.
5. Aprobar programas e instrumentos que posibiliten la cesión en usufructo de los propietarios a la Administración Pública de viviendas para incrementar la oferta de alquiler a precio asequible.
6. Reconocer y promocionar nuevas formas de tenencia, como la cesión de uso, las cooperativas de alquiler, alojamientos dotacionales, co-housing, etc. El objetivo es generar una economía social, en torno
a este bien de primera necesidad, que permita fomentar o crear (según los casos) entidades públicas al servicio de la vivienda o asociaciones sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro limitado que gestionen vivienda asequible en consonancia
con las políticas públicas.
7. Seguir promoviendo los diálogos sociales con las Asociaciones de Inquilinos en toda España, con el fin de proteger los intereses de estos colectivos en relación con el mercado (mejores servicios) y las administraciones (más y mejores
ayudas).
8. Continuar impulsando planes específicos de vivienda para colectivos con necesidades habitacionales urgentes como migrantes, jóvenes, mujeres víctimas de violencia machista, personas mayores, personas sin hogar, familias monoparentales,
personas con diversidad funcional.
9. Crear una Mesa de Trabajo y seguir manteniendo reuniones con representación del Estado, comunidades autónomas, municipios, asociaciones de vivienda pública, tercer sector, asociaciones de inquilinos, etc. con el objetivo de establecer
un Plan de choque para hacer frente a las necesidades urgentes de vivienda de manera coordinada.
10. Potenciar el Observatorio de Vivienda, desarrollando actuaciones para mejorar la información sobre vivienda, investigando y analizando la situación del mercado de la vivienda en España, el mercado de alquiler, vivienda vacía, vivienda
social, caracterización de la demanda, etc, y que permita generar una auditoría sobre la oferta y calidad de las viviendas públicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2020.-Pilar Garrido Gutiérrez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/001129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la circulación por la N-340 de
los camiones de cuatro o más ejes desde y hacia el primer acceso a la AP-7 disponible en la dirección de la marcha, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La supresión temporal de estas restricciones durante el estado de alarma ha demostrado como esta petición es totalmente viable y razonable, además de contar con el apoyo de los municipios de la comarca que han aprobado en pleno municipal
esta reivindicación.
Finalmente remarcar que la norma contempla que 'no obstante, ambas partes aceptan que la DGT y el SCT podrán permitir excepcionalmente y por causas justificadas, la circulación de vehículos pesados por dichos tramos de carreteras', situación
en la que se encuentran.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a permitir la circulación por la N-340 a los camiones de cuatro o más ejes desde y hacia el primer acceso a la AP-7 disponible en la dirección de la marcha en los siguientes supuestos:
- Entrada y salida del domicilio del vehículo o del conductor.
- Entrada y salida del lugar de carga y descarga de las mercancías transportadas.
- Entrada y salida a los servicios situados fuera de la autopista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2020.-Mario Garcés Sanagustín y Óscar Clavell López, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el restablecimiento del servicio
público de transporte por autobús entre las localidades de Yecla (Murcia) y Villena (Alicante), para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La localidad de Yecla, con una población de 35.000 habitantes y situada en el Altiplano murciano, se encuentra sin conexión de servicio de transporte público por autobús con la localidad alicantina de Villena desde hace aproximadamente 5
años.
El servicio de línea que unía anteriormente a ambos municipios se prestaba mediante una concesión administrativa dependiente del Ministerio de Fomento, al tratarse de un sistema de comunicación establecido entre dos comunidades autónomas
distintas.
A día de hoy existe una fuerte demanda social en Yecla para el restablecimiento del servicio, pues ello supondría para los yeclanos el tener acceso mediante transporte público a la cercana estación ferroviaria de Villena, con parada de AVE
de la línea Alicante- Madrid.
En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento de Yecla se ha hecho eco de esta demanda, respaldada asimismo por las firmas de miles de vecinos, y recientemente ha aprobado por unanimidad una propuesta para solicitar el restablecimiento de la
conexión por autobús entre ambas localidades.
A tal fin, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que la opción más viable para llevar a cabo esta pretensión es que la nueva concesión administrativa que tiene previsto sacar a concurso el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, para cubrir la ruta por autobús entre Madrid y Alicante, contemple la obligación de la empresa adjudicataria de prestar un servicio diario entre Yecla-Villena y otro entre Villena-Yecla, lo que además de facilitar la conexión entre
éstas dos localidades permitiría igualmente la comunicación de los 35.000 habitantes de Yecla tanto con Alicante como con Madrid.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a promover las acciones necesarias que permitan el restablecimiento del servicio de transporte público por autobús entre las localidades de Yecla y Villena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y José Luis Pedreño Molina, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el convenio de carreteras de
Ibiza, para su debate en Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En fecha 14 de mayo de 2009 tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Consell Insular de Ibiza en materia de carreteras, modificado por adendas de 18 de octubre de 2011 y 15 de diciembre de 2014.
El 7 de febrero de 2018 tuvo lugar la reunión de la Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y Control del convenio en la que se puso de manifiesto la necesidad de tramitar una tercera adenda al convenio a fin de reajustar las
anualidades supeditadas a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. Del mismo modo, se estimó conveniente prorrogar el convenio hasta el año 2021 ante la previsión de incidencias en el transcurso de las obras.
La cláusula undécima del este convenio establece lo siguiente: 'Su vigencia se mantendrá hasta la finalización de las actuaciones previstas y completa justificación de las aportaciones realizadas. En el año 2019, o en el que resulte de las
prórrogas que puedan acordarse mediante suscripción de la correspondiente modificación del convenio de colaboración, previo cumplimiento de todos los trámites y requisitos que resulten preceptivos, el Consell Insular de Eivissa someterá a la
Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento Control, una liquidación definitiva de Convenio a los efectos de lo previsto en la segunda cláusula'.
Sea como fuere, lo cierto es que las obras contempladas en el mencionado convenio está previsto que concluyan en el transcurso del año 2020. Sin embargo, desde la firma de la última adenda no se ha modificado el convenio a fin de prorrogar
su programación y justificar las actuaciones realizadas hasta la fecha. En consecuencia, resulta imprescindible la convocatoria de la Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y Control del convenio a fin de prorrogar su vigencia hasta
el año 2021 ante la posibilidad de que existan incidencias que en la evolución de las obras.
Con intención de promover la convocatoria de la Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y Control del convenio, a los efectos de lo expuesto en el apartado anterior, el Consell Insular d'Eivissa se ha dirigido hasta en tres
ocasiones distintas a la Subdirección General de Coordinación, dependiente de la Dirección General de Carreteras, sin que haya obtenido respuesta en sentido alguno,
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a convocar, con carácter de urgencia, la Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y Control del convenio de fecha 14 de mayo de 2009, de
colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Consell Insular de Ibiza en materia de carreteras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-Mario Garcés Sanagustín, Miguel Ángel Jerez Juan y Margarita Prohens Rigo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la dotación de personal al
Punto de Inspección Fronterizo (PIF) del Puerto de Algeciras/para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El Puerto de Algeciras es uno de los motores principales de generación de empleo y riqueza para el Campo de Gibraltar y, por tanto, para Cádiz, una de las provincias con tasas de desempleo más elevadas de España.
El Puerto de Algeciras encara unos momentos complejos derivados, por un lado, de los efectos negativos que el Brexit puede provocar en la Comarca y, de otro. por la fuerte amenaza de otros puertos internacionales de su entorno que tienen un
gran apoyo por parte de sus Estados.
Este escenario obliga a las Administraciones Públicas a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la competitividad de este puerto siga creciendo en eficiencia y agilidad, de tal manera que pueda asumir con excelencia operativa los
incrementos de tráfico actuales así como los que se pudieran derivar en el futuro de la atracción de nuevos clientes que quieran usar esta infraestructura como punto de importación y exportación de sus mercancías.
Uno de los elementos más importantes de la cadena logística de importación y exportación del Puerto de Algeciras es el Puesto de Inspección Fronterizo (PIE) que es el lugar en el que los distintos servicios llevan a cabo el proceso de
inspección de mercancías.
Sin embargo, el Puerto de Algeciras padece un déficit importante de plantilla en el servicio de Sanidad Vegetal, en el servicio de Sanidad Exterior, en el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones (SOIVRE)
y en el propio equipo de trabajo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
Es imprescindible, que el PIF esté dotado completamente a nivel de recursos humanos en todos los servicios de inspección. Por ello, es urgente que se adopten las siguientes medidas en los distintos servicios:
Sanidad vegetal:
- Cubrir las 2 plazas vacantes del perfil de inspectores de mañana.
- Aumentar la plantilla de inspectores 24 horas en 5 plazas.
- Incrementar el número de administrativos de 24 horas en 8 plazas.
Sanidad exterior:
- Cubrir la plaza vacante del perfil de inspector de mañana.
- Cubrir la plaza vacante del perfil de inspector 24 horas.
- Cubrir 2 plazas vacantes del perfil de técnico de inspección de mañana
- Cubrir una plaza vacante del perfil técnico de inspección 24 horas.
- Incrementar el número de técnicos de inspección de 24 horas en 3 plazas.
- Incrementar el número de técnicos de inspección de mañana en una plaza.
SOIVRE:
Incremento de la plantilla, dada la elevada carga de trabajo que soporta.
Equipo de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras:
- Incorporación de 4 nuevos técnicos de operaciones y servicios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para incrementar las plantillas de Punto de Inspección Fronterizo (PIF) del Puerto de Algeciras en los servicios de Sanidad Vegetal, Sanidad Exterior, Servicio
Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones y del equipo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras a fin de dotar de una mayor agilidad y eficiencia a los procesos de inspección.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-María José García-Pelayo Jurado, José Ortiz Galván y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de que Renfe
dote de desfibriladores a los trenes AVE Madrid-Málaga, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El AVE Madrid-Málaga se ha convertido en una de las principales conexiones de Málaga con la capital de España. De acuerdo con los datos de Renfe, solo en 2019 utilizaron este medio de transporte 2.575.500 personas. Es decir, el ejercicio
cerró con 49.800 viajeros más que en 2018 (un incremento porcentual del 1,9 %).
El principal trayecto de esta relación es el punto a punto, es decir, los desplazamientos que se realizan entre Madrid y Málaga. De hecho, el 76 % del total de viajeros del año pasado se movió entre ambas capitales. Miles de malagueños,
por tanto, utilizan a diario este modo de transporte bien sea para desplazamientos motivados por trabajo u ocio.
Recientemente hemos conocido a través de la pregunta formulada a título particular por una ciudadana a Renfe, acogiéndose al derecho de acceso a la información que contempla la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno aprobada en 2013, que estos trenes carecen de sistemas de cardioprotección a los que acudir en caso de que alguno de los pasajeros o tripulación sufra una parada cardiorespiratoria. En concreto, el presidente de Renfe, Isaías Táboas
Suárez, que firma la respuesta, explica que 'Los trenes de alta velocidad que prestan servicio en la relación Madrid-Málaga (series 102, 103 y 112), no están dotados de desfibriladores automáticos (DEA)'.
Si bien Renfe indica que para los casos de emergencia sanitaria existe un Plan de Actuación, Evacuación y Rescate -no cabe esperar menos, por otra parte- resulta llamativo que estos trenes que usan miles de pasajeros a diario no estén
dotados de desfibriladores automáticos, cuyo coste, en relación al beneficio que pueden suponer, no es excesivamente elevado.
Estos dispositivos ya han demostrado su eficacia y su utilización ha permitido salvar vidas. Así ha ocurrido, por ejemplo, en nuestra ciudad, cuando el desfibrilador instalado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena fue
utilizado en 2018 con éxito para reanimar a un hombre que entró en parada cardiaca en las proximidades del Estadio de Atletismo.
Málaga ha dado importantes pasos en materia de cardioprotección, en el convencimiento de que la Administración debe poner todos los medios a su alcance para evitar que una emergencia, que en ocasiones puede tener un final feliz, termine con
un triste final solo porque no se ha realizado la inversión precisa para contar con dispositivos que se han demostrado clave ante este tipo de situaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Dotar paulatinamente y a partir de este mismo año de desfibriladores automáticos (DEA) en los trenes AVE que realizan el trayecto Madrid-Málaga para una mayor seguridad tanto de pasajeros como de la tripulación de estos trenes, así como a
que garanticen que se imparte la formación adecuada a estos últimos para el manejo de los dispositivos en caso de emergencia.
- Ofrecer de forma clara y visible, tanto en los trenes como en su página web, información acerca de la ubicación de los desfibriladores que se instalen para que pueda ser consultada y tenida en cuenta por la ciudadanía en caso de que
necesiten usar un DEA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-Pablo Montesinos Aguayo, Carolina España Reina, Mario Cortés Carballo y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/001147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la instalación con
carácter urgente de wifi gratuito en los trenes de la línea Valladolid-Madrid y Medina del Campo-Madrid, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Diariamente miles de viajeros utilizan las conexiones ferroviarias entre Valladolid y Madrid, y Medina del Campo y Madrid, muchos de ellos por motivos laborales. La cobertura móvil y de datos en el interior de los trenes es prácticamente
inexistente, tanto en los trayectos de túnel como en general por la creación de una 'jaula de Faraday' en los vagones. Ello provoca problemas para personas que necesitan conexión a internet para trabajar durante el trayecto o mantener
conversaciones telefónicas.
Para ello, la mejor solución es la instalación de wifi gratuito en los trenes. RENFE ya ha promovido esta en numerosas líneas españolas, como es el caso de los siguientes trayectos:
Madrid-Sevilla.
Madrid-Málaga.
Madrid-Granada.
Madrid-Valencia-Castellón.
Madrid-Alicante.
Madrid-Huesca.
Madrid-Barcelona-Girona-Figueres.
Barcelona-Sevilla/Málaga.
Barcelona-Zaragoza -Granada.
Valencia-Sevilla.
Trenes internacionales Madrid-Marsella y Barcelona-Lyon.
Sin embargo, ningún tren del noroeste español cuenta con este servicio y, entre ellos, ninguno en la provincia de Valladolid.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instalar con carácter urgente el servicio de wifi gratuito en los trenes que realizan el trayecto Valladolid-Madrid, como ya existe en muchos otros trayectos ferroviarios en España.
2. Instalar con carácter urgente el servicio de wifi gratuito en los trenes que realizan el trayecto Medina del Campo-Madrid, como ya existe en muchos otros trayectos ferroviarios en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-Eduardo Carazo Hermoso y José Ángel Alonso Pérez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/001065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar un Plan de tutorías individualizadas on line, para
su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El cierre de los colegios como consecuencia de la crisis provocada por SARS-CoV-2 y la COVID-19 ha puesto de manifiesto la desigualdad existente entre el alumnado en el acceso a los medios y materiales necesarios para acceder a Internet y
realizar clases a distancia. La brecha digital no ha sido la única manera en la que se ha manifestado la falta de igualdad de oportunidades en el sistema educativo durante el confinamiento. También cabe tener en cuenta que no todos los padres,
madres y tutores han podido ayudar a sus hijos de la misma manera a realizar sus tareas durante este tiempo.
Los estudios realizados hasta la fecha por diferentes académicos y profesionales de la educación que han analizado las consecuencias educativas de la pérdida de clases por parte del alumnado, apuntan a que esta situación puede haber tenido
un impacto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes. Por citar algún ejemplo, teniendo en cuenta el estudio realizado por Woessmann (2003), 'perder un 10 % de horas lectivas podría llegar reducir en un 1,5 % el aprendizaje de los
alumnos, lo que en términos de PISA representaría el 20 % del curso escolar respecto a otros países en el caso de España'.
Del mismo modo, el confinamiento puede haber ahondado la desigualdad que existe entre el alumnado derivada de las condiciones económicas de los hogares en los que viven. En el caso del sistema educativo de España, el origen familiar y las
circunstancias económicas del alumnado sigue determinado claramente el nivel educativo que puede acabar alcanzado y sus expectativas laborales una vez finalizados sus estudios. Las diferencias educativas, 'la disponibilidad de recursos
tecnológicos, las habilidades no cognitivas', el tipo de trabajo y la situación laboral son factores que inciden de manera directa en el proceso de aprendizaje del alumnado, por lo que todo hace apuntar que la 'situación económica y laboral en los
hogares más afectados por esta crisis sanitaria también se transmitirá al rendimiento académico, la capacidad de estudio y concentración de los hijos'.
Una de las propuestas realizadas hasta la fecha para paliar esta situación, propone impulsar tutorías individualizadas al alumnado por tal de reforzar las competencias y el aprendizaje del alumnado. Simon Burgess, en un artículo publicado
recientemente, apunta a que las políticas públicas en materia educativa deben ir dirigidas a mitigar el impacto a largo plazo de la COVID-19 en los resultados académicos del alumnado y en sus expectativas profesionales y vitales. Según su opinión,
una forma de reparar el daño causado sería impulsar tutorías de carácter individual, en grupos reducidos, lo cual constituye un método efectivo, con un bajo coste, asumible en su desarrollo y que podría estar operativo en un periodo relativamente
corto de tiempo para evitar un grave perjuicio a los estudiantes españoles derivado del cierre de los centros escolares.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación al impulsar un Plan de apoyo educativo para estudiantes de todos los tramos educativos anteriores a la universidad para los cursos 2020-2021 y 2021-2022 que consistirá en la
realización de tutorías individualizadas, o en grupos reducidos, y tendrá como objetivos apoyarles en las tareas escolares y reforzar el contenido y competencias de los cursos anteriores. Las características principales de este Plan serán las
siguientes:
a) Las tutorías individualizadas serán impartidas preferentemente por profesores que se encuentren en las Bolsas de Trabajo para Interinos, personas que estén cursando un Máster Habilitante para dar clases en Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas o que se estén en posesión de esta titulación, pero se encuentren en situación de desempleo y alumnos de último año de Magisterio.
b) Los profesores que se encuentren en las Bolsas de Trabajo para Interinos, las personas que estén cursando un Máster Habilitante para dar clases o que ya estén en posesión de esta titulación, pero se encuentren en una situación de
desempleo, y los alumnos universitarios de último año de Magisterio encargados de realizar las tutorías serán contratados por las Comunidades Autónomas para realizar este Plan por un periodo de dos años. El Estado sufragará el 60 % del coste de la
contratación.
c) Las tutorías deberán ser individualizadas o realizarse en pequeños grupos. Se realizarán fuera del horario escolar y tendrán carácter voluntario.
d) El Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración con las Comunidades Autónomas, pondrá a disposición de los tutores online el material académico que deberán utilizar para realizar el refuerzo educativo.
e) El Ministerio de Educación y Formación Profesional establecerá, de la forma que determine, que los estudiantes universitarios o de máster puedan convalidar las horas trabajadas por créditos universitarios o de máster.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para instar al Gobierno a impulsar la implantación de Ciclos Formativos de Formación Profesional Básicos adaptados a personas con discapacidad, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que, únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos y todas, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor
cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el alumnado sin excepción.
El artículo 71.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece que las Administraciones educativas dispondrán los medios
necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley. El mismo artículo, en su punto 2, dispone que 'Corresponde a
las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que el alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado'.
Por otro lado, en su artículo 75.1, establece que con la finalidad de facilitar la integración social y laboral del alumnado con necesidades educativas especiales que no pueda conseguir los objetivos de la educación obligatoria, las
Administraciones públicas fomentarán ofertas formativas adaptadas a sus necesidades específicas.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social destina el artículo 17 a desarrollar el apoyo de estas
personas para la actividad profesional, indicando que la formación, readaptación o recualificación profesional que podrá comprender en su caso, una preformación general básica, promoverá la adquisición de experiencia laboral en el mercado de trabajo
y se impartirá
de acuerdo con el itinerario personal y la orientación profesional prestada con anterioridad, conforme a la decisión tomada por la persona con discapacidad, y siguiendo los criterios establecidos en el artículo 15 con respecto a la atención,
tratamiento y orientación psicológica.
La Formación Profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Tiene por
finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía
democrática y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida.
La disposición adicional 4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece que a efecto de
dar continuidad a los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales, y responder a colectivos con necesidades específicas, las Administraciones educativas podrán establecer y autorizar otras ofertas formativas de formación profesional
adaptadas a sus necesidades. Estos programas podrán incluir módulos profesionales de un título profesional básico y otros módulos de formación apropiados para la adaptación a sus necesidades. Esta formación complementaria seguirá la estructura
modular y sus objetivos estarán definidos en resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos, según lo establecido en la normativa vigente. Por otro lado, dispone que la duración de estos programas será variable, según las
necesidades de los colectivos a que vayan destinados.
Este análisis normativo supone un soporte vital para atender al alumnado con necesidades educativas especiales y a las personas con discapacidad que necesitan y precisan poder completar su formación educativa para así acceder al mundo
laboral y profesional.
La Formación Profesional Básica adaptada son el puente necesario para que estas personas puedan obtener una cualificación profesional de nivel 1 que le permita acceder al mundo laboral con todas las garantías, dando una respuesta ajustada,
inclusiva, dentro de los itinerarios de Formación Profesional para el alumnado con necesidades educativas especiales que hasta ahora carecía de una titulación dentro del sistema educativo español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar y actualizar la normativa vigente referida a la Formación Profesional Básica con la intención de adaptar estas enseñanzas al alumnado con necesidades educativas especiales.
2. Potenciar en colaboración con las Comunidades autónomas la implantación de las enseñanzas de fa Formación Profesional Básica Adaptada en sus territorios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2020.-María Luz Martínez Seijo, Alfredo Sancho Guardia, Maribel García López y Lázaro Azorín Salazar, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Georgina Trias Gil, D. Joaquín Robles López, D.ª Reyes Romero Vilches, José Ramírez del Río, D.ª Teresa López Álvarez y D.ª Mireia Borrás Pabón en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para la defensa del
español en las aulas, para su debate ante la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Primero. La lengua es una de las principales conexiones entre territorios y supone, sin ninguna duda, una de las claves esenciales para la identificación de un pueblo con su historia. El artículo 3 de la Constitución Española dispone lo
siguiente:
'1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.'
Los apartados dos y tres del mencionado artículo regulan la cooficialidad de las otras lenguas existentes en el reino de España en sus respectivos territorios y la protección de estas como parte de la riqueza cultural e histórica de nuestra
nación.
Sin embargo, siendo el castellano la única lengua que es oficial en todo el territorio español, en los últimos años se han aprobado normas autonómicas e incluso locales que limitan, restringen o -en la práctica- imposibilitan la aplicación
de esta realidad constitucional en algunas zonas de España.
Segundo. Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior, es una realidad inconfundible que a lo largo de los últimos años algunas Comunidades Autónomas, en cuyos territorios el castellano es cooficial a otra lengua, han adoptado
decisiones que, directa o indirectamente, han relegado el castellano a un segundo plano, incluso dificultado su uso por quienes utilizan el castellano como lengua (vehicular) habitual. No cabe duda de que determinados partidos políticos han
utilizado las lenguas cooficiales como herramienta política y por eso se proscribe el castellano con la intención de avanzar en la consecución de esta finalidad. La inmersión lingüística no tiene por objeto la consolidación de las respectivas
lenguas cooficiales, sino la extirpación del español en las regiones en las que se utiliza, con el consiguiente perjuicio para las familias que tienen la lengua oficial como primera lengua que, a través de esta marginación, se convierten en
ciudadanos de segunda. Igualmente, afectan a la población inmigrante procedente de Hispanoamérica, que encuentra en esta inmersión obligatoria en una lengua que le es ajena un impedimento más para su integración.
Desgraciadamente, esta situación de marginación del español se ha repetido en muchos ámbitos en los que se prestan servicios públicos. Sin ir más lejos, medios de comunicación y ciudadanos han denunciado situaciones de este tipo en la
Administración de Justicia, en el acceso a las funciones y cargos públicos, en la rotulación de locales y establecimientos comerciales y, por supuesto, en el ámbito educativo (entre otros), pues es en este ámbito en donde el adoctrinamiento en
beneficio de los procesos separatistas se hace más evidente.
En este punto es preciso recordar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas Sentencias, como la 31/2010, de 28 de junio, y la 11/2018, de 8 de febrero, señalando que el castellano no puede ser postergado, arrinconado y
mucho menos eliminado del uso normal de las administraciones españolas.
Tercero. De acuerdo con el ya citado artículo 3 de la Constitución española, el castellano y las lenguas existentes en Comunidades Autónomas reconocidas en los Estatutos de Autonomía son cooficiales, lo cual significa que los ciudadanos
tienen el derecho de utilizar cualquiera de las lenguas en sus relaciones con las Administraciones Públicas y el correlativo deber de estas de responder en la misma lengua.
En el ámbito de la enseñanza, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la enseñanza en la lengua cooficial que deseen forma parte de la libertad de enseñanza (art. 27 CE). Por ello, es preciso garantizar y hacer efectivo este
derecho de los padres y, en su caso, de los alumnos.
Un sistema en el que dos lenguas son simultáneamente oficiales debe girar sobre el principio de libertad de elección; es decir, sobre el derecho de opción lingüística de los ciudadanos, lo que supone una correlativa obligación de los
poderes públicos de uso de la lengua de elección del ciudadano, sea esta el castellano o la otra lengua oficial en la Comunidad Autónoma. En todo caso, tanto el Ministerio de Educación como el resto de administraciones educativas, en el marco del
artículo 3.1 de la Constitución, deben velar por el cumplimiento de sus obligaciones y garantizar que todos los españoles, con independencia de la región en la que vivan, conozcan el español que es la lengua oficial y que hablan más de 500 millones
de personas en todo el mundo.
Por estos motivos, las instituciones públicas deben garantizar que en todas las administraciones del Estado el español se utilice comúnmente, sin perjuicio de la utilización de las demás lenguas cooficiales. Y, particularmente, en lo
referido a los aspectos educativos, se debe garantizar que todos los alumnos españoles conozcan la lengua oficial de España, no vetando así la posibilidad de utilizar una lengua universal de una riqueza incomparable, tanto en la dimensión literaria
como en la científico técnica y filosófica.
Y es que el sistema que vienen empleando algunas Comunidades Autónomas con lengua cooficial, caracterizado por el relevo del castellano a una situación meramente anecdótica, prescindiendo de las preferencias lingüísticas de los alumnos,
obstaculiza, como es lógico, el proceso de aprendizaje académico. Por ello, con independencia de los diferentes métodos educativos en la enseñanza de lenguas que garanticen el conocimiento de ambos idiomas oficiales en las respectivas Comunidades
Autónomas con régimen de cooficialidad lingüística, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, los ciudadanos deben tener el derecho a elegir, entre las oficiales en el territorio, la lengua vehicular en que van a recibir
la enseñanza en cualquiera de sus etapas y modalidades, respetando siempre el derecho y la necesidad de aprender la lengua española.
En este sentido, el Estado español debe garantizar el derecho de los padres y de los alumnos a recibir la enseñanza en la lengua que elijan (art. 27 y el art. 3 de la Constitución, en relación con el art. 14 y el art. 10.1 CE), así como
el deber de todos los españoles de conocer el castellano (art. 3.1).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean precisas para garantizar un sistema de enseñanza con libre elección de lengua, reconocido ya desde la Sentencia 137/1986, de 6 de noviembre, del Tribunal
Constitucional, que supone que: (i) en los territorios en los que existan dos lenguas oficiales, los padres de los alumnos menores de edad tendrán derecho a elegir la lengua oficial en la que sus hijos reciban la enseñanza en todas las etapas
educativas y cualquiera que sea el tipo de centro educativo, público o privado concertado y (ii) los alumnos mayores de edad ejercerán por sí mismos el derecho de elección de lengua vehicular sin que, en ningún caso, esto pueda ir en menoscabo de la
lengua oficial de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2020.-Georgina Trías Gil, Joaquín Robles López, María de los Reyes Romero Vilches, José Ramírez del Río, María Teresa López Álvarez y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch y del Diputado Gabriel Rufián Romero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para el cumplimiento de los acuerdos de Legislatura en materia de Legislación Laboral y la implicación de la Administración General del Estado en la reindustrialización y el proceso de negociación con el conglomerado
empresarial Nissan-Renault-Mitsubishi para su debate en instancia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Estado Español sufre, por lo menos desde la década de los años 80, un proceso de desindustrialización grave. Esto tiene implicaciones económicas y, en consecuencia, también sociales. Tal circunstancia se hace evidente observando los
sueldos medios y el menor impacto de la crisis económica de 2008 sucedidos en los territorios del estado con mayor industrialización.
Lo cierto es que los países con condiciones similares y geográficamente cercanos al Estado Español, han seguido procesos comparables. Ello no obstante, la pérdida de peso del sector industrial en el conjunto de la economía es especialmente
acusado en este estado: el 1975 suponía un 30 % del total y hoy, a duras penas alcanza un 16 %. Además, esta tendencia se continúa acentuando a día de hoy. Para tener una visión más cercana, se puede concretar que, en 2008, la industria
representaba el 16,5 % del PIB y, diez años después, esta cifra descendió cuatro décimas hasta el 16,1 %.
Estos parámetros económicos, por supuesto, tienen su traslación social: la industria empleaba a más de tres millones de personas antes de la crisis de 2008 y, una década después, apenas se superan los 2,7 millones. Como consecuencia
directa de este cambio de modelo, al mismo tiempo se puede apreciar como el conocido como 'sector servicios', en esta misma década, ha incrementado el número de personas empleadas en 770.000 trabajadores y trabajadoras que, desgraciadamente, sufren
unas condiciones salariales, de parcialidad, de temporalidad y de economía sumergida, muy peores.
Partiendo de estas circunstancias del sector industrial, ha llegado la crisis sanitaria del COVID-19 que, como es bien sabido, está dando lugar al mismo tiempo a una crisis económica y social de gran magnitud. El tejido productivo del
Estado puede verse seriamente comprometido por la pandemia del COVID-19. Las previsiones más catastróficas a nivel económico plantean caídas del 13 % del PIB con la destrucción del tejido empresarial que puede conllevar. Este es un escenario que
desgraciadamente ya no se limita a meras especulaciones sino que se va concretando día a día: informaciones de cierres definitivos de negocios, empresas que están aplicando ERTEs y ven imposible la recuperación del nivel productivo, etc.
Enmarcada en estos dos contextos de, por un lado, proceso de desindustrialización histórico del estado y, por el otro, unas severas consecuencias de la crisis del COVID-19, durante las últimas semanas ha saltado una catastrófica noticia: la
pretensión de cierre de plantas en Catalunya por parte de la corporación Nissan-Renault-Mitsubishi.
La dirección de la corporación de matriz japonesa, anunció el cierre y despido de toda su plantilla hace unas semanas. Un cierre que, de concretarse, afectaría a más de 3000 empleos directos y alrededor de 20.000 indirectos, además del
perjuicio irreparable al tejido productivo e industrial. La compañía lo hizo público a través de un medio de comunicación japonés y sin que los agentes sociales, el comité de empresa ni los gobiernos autonómico ni español lo supieran tuvieran
comunicación oficial de la decisión. Con la confirmación posterior, el Gobierno español dijo públicamente que estaba trabajando para evitar el cierre y que habían presentado un plan de viabilidad a la dirección. Sin embargo, este supuesto plan
nunca se ha hecho público y se desconoce por completo su contenido y detalles. A día de hoy, no se conocen avances en la negociación ni detalles respecto a las formas, plazos y condiciones de los cierres que pretende realizar la dirección de la
empresa.
La absoluta falta de respeto y consideración de la mercantil japonesa para con el diálogo social es flagrante. El futuro de decenas de miles de personas trabajadoras se encuentra en el aire, con una incertidumbre imposible de gestionar por
unas personas de clase trabajadora que, al mismo tiempo, estaban padeciendo los efectos de la pandemia mundial del COVID-19. A mayor abundamiento, como es bien sabido, nos encontrarnos ante una corporación privada subsidiada ampliamente por las
administraciones públicas durante los últimos años. Concretamente, desde el año 2009, entre el gobierno del Estado y la Generalitat de Catalunya, se habían concedido ayudas públicas por importe de casi 180 millones de euros.
Sin embargo, junto con la falta de compromiso de la dirección de la compañía con el buen futuro de las plantas de producción sitas en Cataluña, existe otro hecho más criticable todavía por tratarse de una decisión política: las reformas
laborales del Partido Popular y el Partido Socialista. Posteriormente a la crisis del 2008, los distintos gobiernos del Estado en manos del PP y del PSOE presentaron y aprobaron sendas reformas laborales que tuvieron como consecuencia el
abaratamiento de los despidos, la pérdida de fuerza y eficacia de la negociación colectiva y, en definitiva, el desgaste de los derechos sociales y laborales causando una mayor precarización de la clase trabajadora.
Más específicamente, el artículo 18.3 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, reformula el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores relativo a los despidos colectivos. Así,
amplía las causas económicas y organizativas que permiten llevar a cabo este tipo de extinciones masivas de contratos de trabajo; elimina la obligación empresarial de justificar la razonabilidad de la medida; y resultando especialmente lesivo,
suprime el permiso previo de la autoridad laboral competente como requisito para efectuar el despido colectivo. De esta forma, al no ser necesario el acuerdo con los representantes de los trabajadores para eludir la autorización de la
administración pública, se debilitó sobremanera el papel de estos agentes sociales.
Las consecuencias de esta reforma y, específicamente permitir que las empresas libremente y de forma unilateral, pudieran practicar despidos colectivos, se evidenciaron rápidamente: durante el primer semestre de 2012, aumentaron un 567 %
los ERES no pactados con los Representantes Legales de los Trabajadores.
Ya son varias las entidades sociales, sindicatos y asociaciones que han dado voces de alarma ante el temor que ante esta nueva crisis, las empresas se sirvan del presente marco legislativo 'contra-operario' para adoptar decisiones sin
atender a la responsabilidad social que les corresponde ni practicar el tan vaciamente reclamado 'diálogo social'. La desprotección que sufren los trabajadores y trabajadoras nos sitúan en un escenario realmente cercano al despido libre. Y esto,
de por si injusto, resulta más perjudicial aún en economías como la del Estado Español donde la estacionalidad es elevadísima; existe preponderancia de sectores productivos con menos valor añadido y se sufre un terrible paro estructural.
Encontrándose esta situación, los dos grupos que formaron gobierno en esta presente legislatura, acordaron la derogación de las reformas laborales. Así lo establece el acuerdo de coalición de gobierno entre PSOE y UP por el que teóricamente
se debe regir la política del actual Consejo de Ministros. Además, reiterativamente, durante el estado de alarma y ante la también alarmante evolución del mercado de trabajo, el gobierno renovó este compromiso con otras fuerzas políticas y
acortando todavía más los plazos de derogación. Cabe esperar, pues, que se emprenda de una vez por todas el camino para la derogación urgente de las reformas laborales, algo que el socio minoritario conjuntamente con los demás grupos políticos que
hicieron posible que la legislatura echara a andar reclaman incesantemente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
- Derogar por medio de Real Decreto Ley en el plazo máximo de 15 días el artículo 18.3 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral por el que se modifica el artículo 51 del Estatuto
de los Trabajadores.
- Cumplir con las promesas electorales y los compromisos adoptados y derogar íntegramente en el plazo máximo de 2 meses el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
- Derogar íntegramente en el plazo máximo de 2 meses la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
- Publicar el plan presentado a la dirección del conglomerado japonés Nissan-Renault-Mitsubishi para asegurar la viabilidad de las plantas productivas de Catalunya y así evitar el despido masivo de miles de trabajadores y trabajadoras y la
pérdida de decenas de miles más de forma indirecta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2020.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/001115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el derecho a la desconexión
laboral fuera del horario de trabajo, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Proposición no de Ley sobre teletrabajo y derecho a la desconexión laboral fuera de horario.
Exposición de motivos
Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 un gran número de trabajadores y trabajadoras, se han visto abocados a teletrabajar desde sus domicilios en un contexto de confinamiento de la población. Esta situación ha provocado un
aumento repentino y masivo del teletrabajo, pasando de ser una situación prácticamente marginal de la actividad a una situación generalizada, sobre todo en el sector terciario. Así
de repente, se ha producido un cambio drástico en las relaciones laborales sin que haya habido de por medio una regulación que lo propicie ni un proceso de adaptación o una evolución en las formas. Teniendo en cuenta el contexto actual, la
situación de este nuevo teletrabajo se ha tenido que compatibilizar con la conciliación familiar en la gran mayoría de casos, haciendo más difícil si cabe esta nueva situación.
El teletrabajo, en su regulación tradicional, se basa en una manera de organización del trabajo que se lleva a cabo fuera del centro laboral y que generalmente implica la utilización de 'las tecnologías de la información', según recoge el
Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 2002.
De la situación actual podemos extraer una conclusión empírica que ya se intuía en estudios realizados con anterioridad a nivel teórico: la implantación generalizada del teletrabajo aportaría 'ventajas', como favorecer la conciliación, el
desarrollo sostenible (por la menor movilidad de trabajadores y lo que esto supone en emisiones de vehículos), la integración de personas con discapacidad, y la reducción del absentismo laboral, entre otros.
No obstante, hay que tener en cuenta que la implantación generalizada del teletrabajo sin una adecuada regulación podría dar lugar a que esas teóricas 'ventajas' desaparecieran. Como hemos comprobado durante estos meses, pueden darse
situaciones de abuso de horarios, aportación de medios propios, confusión total entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio o para la conciliación familiar, permanente puesta a disposición de la empresa del trabajador, etc.
En el contexto actual de crisis, las empresas han seguido funcionando en muchas ocasiones con los propios medios que han aportado los trabajadores (ordenadores y dispositivos móviles principalmente). Dicha circunstancia, que se puede
entender como una medida excepcional dado el contexto de crisis, no puede generalizarse en el futuro rompiendo la regulación típica de la relación laboral en la que la empresa aporta los medios para la realización del trabajo. De esta manera, se
hace necesaria una regulación por la que se establezca qué medios materiales debe entregar la empresa (o bien compensar por su uso) en casos de teletrabajo, así como su consideración a efectos salariales y fiscales.
Otro aspecto importante de la regulación del teletrabajo que se ha de abordar es la cuestión relativa a los problemas en el tratamiento de la información que en determinados supuestos podría poner en peligro la confidencialidad. El problema
se puede enfocar desde dos puntos de vista: la seguridad relacionada con la transmisión de datos a través de una red informática, por un lado; y la seguridad física frente a pérdidas por robo, destrucción o extravíos de documentación. Es
necesaria una regulación clara y precisa sobre la responsabilidad en la custodia y tratamiento de datos (físicos o informáticos) que determine los derechos y deberes específicos del trabajador en este ámbito.
Que el teletrabajo sea una opción laboral es una medida útil y esencial para fomentar la conciliación dado que la falta de flexibilidad provoca que haya trabajadores que pidan bajas para ausentarse del trabajo cuando en realidad lo que
tienen es un problema de conciliación familiar que se resolvería fácilmente eliminando la cultura del 'presentismo'. Los discursos anacrónicos basados en la falta de rendimiento de los trabajadores a distancia quedan hoy en día desfasados y
ridículos. Mucho más en el actual contexto en el que se ha constatado que las empresas funcionan a pesar de la falta de medios y protocolos adecuados para llevar a cabo el trabajo de forma telemática.
La otra cara de la moneda es la necesaria regulación de un derecho a la desconexión digital, que haga efectivo el derecho al descanso y a la realización de la jornada laboral efectiva que se tiene contratada. Las últimas reformas laborales
han facilitado mecanismos de desregulación y dilatación de las jornadas de trabajo. Si bien es cierto que las nuevas tecnologías aportan nuevas oportunidades de flexibilidad y de comunicación en grupo, no lo es menos que también borran las
fronteras entre la vida personal y la profesional, generando por ello tiempos de disponibilidad que no deberían existir pues no respetan las jornadas pactadas y remuneradas, y que además, pueden llegar a tener un impacto negativo en la salud de los
trabajadores y trabajadoras.
Legislar la desconexión laboral fuera del horario haría explícito y adecuaría a los tiempos un derecho que en principio ya tienen reconocido las trabajadoras y trabajadores, pero que los nuevos usos tecnológicos están poniendo en peligro.
Es necesario reconocer el derecho a desconectar con el objetivo de respetar las jornadas pactadas y remuneradas, y combatir el estrés que provoca el alargamiento camuflado de la jornada laboral.
Por último, es importante destacar que la necesidad de defender algo tan básico como es el respeto de períodos de descanso adecuados y las jornadas pactadas es una consecuencia más de la aplicación de una reforma laboral injusta que
desequilibró la relación laboral en favor del empresario/a, porqué aunque no hay obligación de trabajar fuera del horario laboral, este tiene, gracias a la reforma laboral,
más herramientas para modificar las condiciones de trabajo de forma unilateral, lo que lleva irremediablemente a la desprotección y a un incremento de la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar una regulación legal específica del teletrabajo que dé respuesta a los problemas que se plantean en la relación laboral respecto a, entre otros, la aportación de medios para la realización del trabajo, la compensación adecuada
por los gastos que la persona trabajadora pueda sufrir por la aportación de dichos medios, la confidencialidad en el tratamiento de datos y los sistemas de verificación de horarios que eviten abusos empresariales.
2. Impulsar una regulación legal del uso de las tecnologías de la comunicación (mensajería y correos electrónicos o dispositivos móviles) fuera de la jornada laboral con el objetivo de garantizar el derecho a la desconexión y así evitar que
los trabajadores y trabajadoras puedan continuar trabajando después de finalizar su jornada laboral; así como garantizar la seguridad y salud en el trabajo y el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral y el respeto a las
vacaciones y tiempos de libranza de las personas trabajadoras.
3. Impulsar la creación de un plan de uso de las tecnologías de la comunicación fuera de la jornada laboral con el objetivo de regular las relaciones entre tanto empresa trabajadores y trabajadoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2020.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.- Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/001117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D. Juan José Aizcorbe Torra y D.a Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de diciembre, para su debate en la Comisión de Trabajo y Economía Social.
Exposición de motivos
Primero. España vive uno de los momentos más duros de su historia reciente debido a la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), que está afectando de forma especial a nuestro país tanto a nivel económico como sanitario. A día 2 de julio, la
crisis sanitaria producida por COVID-19 ha causado en España la muerte a más de 28.000 personas y ha contagiado a más de 249.000.
Debido a la crisis sanitaria originada por el coronavirus, el pasado 14 de marzo de 2020, el Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19.
Desde el momento en que se ha declarado el estado de alarma y ante el parón de la actividad empresarial, son muchas las empresas que se han acogido a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor; otras,
minoritarias, lo han hecho por causas técnicas, económicas, organizativas y de producción (STOP).
Segundo. Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) son un procedimiento por el que se comunica la suspensión de los contratos de trabajo o la reducción de jornada de los mismos. La regulación de este tipo de procedimiento se
prevé en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y desarrollado reglamentariamente mediante el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
A raíz de la declaración del estado de alarma, el Gobierno de España ha ido aprobando diversas disposiciones legales, algunas de las cuales afectan a las normas reguladoras de este procedimiento, estableciendo determinadas especialidades.
En este sentido, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, dispone que 'las medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de
contratos y reducción temporal de la jornada (ERTEs) persiguen evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo'.
Tal y como han señalado expertos en derecho laboral, concurre la fuerza mayor cuando, como consecuencia de la COVID-19 y del estado de alarma, se produzca una disminución tal de actividad que implique la suspensión o cancelación de
prestación de servicios o provisión de productos, cierre de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte y en la movilidad de las personas y/ o las mercancías, falta de suministros que impidan continuar la actividad, o bien
situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, señala que la existencia de fuerza mayor deberá ser constatada por la autoridad laboral.
La principal novedad que incorpora este Real Decreto-ley respecto a la regulación ordinaria de los ERTE es la exoneración al empresario de abonar las cuotas a la Seguridad Social en los términos previstos en el artículo 24. De este modo, se
reducen drásticamente los gastos empresariales vinculados a personal y, por extensión, se facilita el mantenimiento de la empresa.
Tercero. Posteriormente, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo que, entre otras medidas dispone la posibilidad de prorrogar los ERTE por causa de fuerza mayor
-junto con la exoneración al empresario del pago de las cuotas a la Seguridad Social- hasta el pasado 30 de junio de 2020 para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad. Las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad podrán
acceder a la incorporación de personas trabajadoras afectadas por ERTE, en términos de reducción de jornada.
El Real Decreto-ley citado también incluye la modificación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que garantiza el compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las empresas, en un plazo de
seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla.
Cuarto. La situación de emergencia sanitaria causada por la COVID-19 sigue produciendo efectos para las empresas y el empleo, que exigen mantener las medidas extraordinarias previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, así como en el Real
Decreto-ley 18/2020. Con el fin de dar respuesta a las necesidades de empresas y trabajadores, en los últimos meses se han mantenido reuniones entre CEOE, sindicatos, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
El reciente acuerdo alcanzado entre Gobierno, patronal y sindicatos se ha materializado en la aprobación del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de
competitividad del sector industrial, por el que, entre otras medidas, se prorroga la duración de los ERTES de fuerza mayor y se posibilita que los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción (STOP) disfruten de
exoneraciones en las cuotas de Seguridad Social a partir de 1 de julio de 2020.
En efecto, el Real Decreto-ley aprobado incluye dos novedades:
- La posibilidad de mantener los ERTE por causa de fuerza mayor solicitados con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición normativa hasta el 30 de septiembre de 2020. La extensión de este tipo de ERTE también incluye la
exoneración al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad Social en los términos previstos en el artículo 4.
- La exoneración del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta a los empresarios que hubieran suspendido los contratos de trabajo o reducido la jornada por causas
económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con
el COVID-19. En este caso la exoneración se produce en los porcentajes previstos en el art. 4 del Real Decreto-ley citado.
Consecuentemente, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, las empresas podrán continuar beneficiándose de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno de España.
No obstante, los indicadores económicos y laborales y expertos en la materia prevén que el 55 % de las empresas que han tramitado ERTE a causa del COVID-19 no puedan mantener la totalidad de los contratos de trabajo suspendidos si las
medidas extraordinarias finalizan el 30 de septiembre de 2020. Esta situación provocaría que los ERTE actualmente suspendidos se convertirían en Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con el consiguiente despido masivo de trabajadores. Del
mismo modo, también se viene denunciando la necesidad de adoptar medidas que apoyen el mantenimiento de las empresas, su actividad y los empleos inherentes a las mismas. Por esta razón, una de las medidas que se vienen exigiendo al Gobierno es la
prolongación de las medidas extraordinarias previstas para los ERTE hasta finales de año.
De acuerdo con todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX es consciente de la necesidad y urgencia de esta medida, motivo por el cual presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a prorrogar de forma automática los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) tramitados a causa del COVID-19 hasta el 31 de diciembre de 2020, manteniendo las medidas extraordinarias
inherentes a los mismos y, en particular, la exoneración al empresario del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, de acuerdo con los porcentajes previstos en el Real
Decreto-ley 24/2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2020.-Juan José Aizcorbe Torra y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento del trabajo a distancia y el teletrabajo, para su debate
en la Comisión de Trabajo y Economía Social.
Exposición de motivos
La pandemia provocada por la COVID-19 ha propiciado que en España miles de trabajadores hayan tenido que realizar su trabajo desde sus hogares debido a las restricciones impuestas en el estado de alarma y la limitación del derecho a la
libertad de circulación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (NE), el número de trabajadores ocupados que realizaron sus labores a través de esta modalidad se incrementó hasta el 34 % del total de personas ocupadas, mientras que en el
año 2019 solo un 4,3 % se conectaba a distancia para desempeñar su puesto de trabajo. Estos datos van en la misma línea que los publicados por la encuesta realizada por Eurofund, donde un 30,2 % de las personas empleadas en España aseguraba haber
comenzado a teletrabajar a raíz de la situación creada por la pandemia.
Por desgracia, en esta materia, igual que en muchas otras, partimos en una situación de desventaja en relación a los países de nuestro entorno. Según la misma mencionada anteriormente realizada por Eurofund, el 9,7 % de los ocupados
teletrabajaba antes de la irrupción de la covid-19, mientras que Holanda lo hacía el 17,6 % y en Francia el 16,7 % de las personas empleadas. La ausencia de una Ley que regule de una forma más extensa esta modalidad de trabajo también resulta
llamativa habida cuenta de los pronunciamientos judiciales que destacan que este tipo de relación laboral 'mejora la calidad de vida de nuestra sociedad y permiten nuevas formas de relacionarse', además de los numerosos beneficios que podría
reportar al medio ambiente la generalización de esta modalidad contractual en determinados
sectores o para la corrección de desequilibrio económico y poblacional existente entre la España vaciada y las grandes ciudades de nuestros país.
En la actualidad, el desarrollo normativo de esta forma de organización y/o de realización del trabajo es tremendamente parco en el marco de la legislación laboral, lo que plantea una serie de interrogantes y vacíos legales sobre los que
será necesario legislar. El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores establece que 'tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del
trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa'. Por otra parte, en su artículo 34.8 se contempla la conversión del trabajo a distancia como medida 'para
hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores'.
Del mismo modo, durante estos meses de confinamiento por la crisis sanitaria causada por la COVID-19, se aprobó el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, cuyo artículo 5 establecía el trabajo a distancia como la modalidad preferente de
organización del trabajo en las empresas durante la vigencia de la situación de emergencia sanitaria.
Aunque la redacción actual del Estatuto de los Trabajadores, establece una serie de derechos y garantías, la consolidación de esta modalidad de trabajo durante estos meses plantea una serie de interrogantes y dudas que no resuelve la
legislación actual y que por el momento se están resolviendo parcialmente a partir de los convenios colectivos y los protocolos desarrollados por las propias empresas, por ejemplo, relativas al carácter voluntario, o no, de esta modalidad de trabajo
para la empresa y el trabajador, o relativas a la aplicación de las disposiciones en materia de tiempo de trabajo o prevención de riesgos laborales.
Partiendo de esta premisa, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha presentado un anteproyecto de ley del trabajo a distancia, que tiene por objeto impulsar una nueva regulación que dé respuesta a estas cuestiones y desarrolle
la regulación del trabajo a distancia, en particular del teletrabajo. Sin embargo, determinados preceptos de esta propuesta legal hacen temer que la nueva regulación pudiera generar un desequilibrio de las relaciones laborales, lo que hasta el
momento ha hecho saltar las alarmas respecto a la viabilidad de la propuesta en la que trabaja el ejecutivo, que, de aprobarse, podría hacer que el teletrabajo como modalidad pasase a ser insostenible en muchos casos.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos siempre hemos defendido la necesidad de impulsar el teletrabajo como modalidad que permite aprovechar al máximo el potencial de las últimas tecnologías, favorecer la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, e incluso, contribuir a la mejora de la movilidad y la sostenibilidad ambiental, al evitar desplazamientos entre el hogar y el centro de trabajo, en muchos casos en vehículos privados.
Sin embargo, igual que somos conscientes de todas las ventajas de esta modalidad y de la necesidad de dar una respuesta a las actuales lagunas jurídicas que lastran su implantación en nuestro país, también lo somos de que cualquier
regulación del teletrabajo que no pase por una concepción de interés, equilibrio y beneficio mutuo entre la empresa y el trabajador nacerá viciada y hará que el teletrabajo deje de ser una opción para muchas empresas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar una regulación sobre el trabajo a distancia, incluido el trabajo remoto o teletrabajo, que favorezca y fomente la implantación de esta modalidad de trabajo en un marco de
relaciones razonable, equilibrado y beneficioso para las empresas y los trabajadores, con el objetivo aprovechar al máximo el potencial sobre la productividad que ofrecen las últimas tecnologías, favorecer la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral y contribuir a una movilidad más eficiente y sostenible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2020.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/001080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso de la
cogeneración en el sector industrial para su debate en instancia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La cogeneración de alta eficiencia está estrechamente vinculada a industrias esenciales tales como la agroalimentaria, petroquímica, farmacéutica, textil, industrias encargadas de reducción de residuos, así como la protección de estaciones
depuradoras de aguas residuales, entre otras. La aplicación de estas tecnologías aumenta la eficiencia y el ahorro de sus procesos industriales permitiendo a las empresas industriales ser más competitivas.
Por ello, esta tecnología resulta esencial para la competitividad y el mantenimiento del empleo industrial en tanto que la energía supone uno de los mayores costes estructurales para el tejido industrial.
Asimismo, es un instrumento clave para la eficiencia energética al reducir el consumo de energía primaria y los gases de efecto invernadero a la vez que aporta seguridad en el suministro por suponer una fuente de generación previsible y
garantizada.
Por ello, el Gobierno debe considerar la aprobación de medidas con la finalidad mantener el apoyo a la industria a la vez que se avanza en el proceso de transición energética. Estas medidas actuarían como motor de inversión, innovación,
desarrollo económico y creación de empleo sin renunciar a alcanzar los objetivos en materia de transición energética.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
1. Establecer un marco normativo que ofrezca seguridad jurídica a las cogeneradoras y fomente la inversión en las mejores técnicas disponibles para aumentar la competitividad del sector industrial, a la vez que se contribuye a alcanzar los
objetivos en materia de transición energética de mayor eficiencia y menores emisiones.
2. Desarrollar el programa para la renovación de las plantas de cogeneración y residuos contemplado en la disposición adicional vigésima de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2020.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/001100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D.a Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.a Mireia Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.a María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso del sector
turístico de playas, para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El turismo hace una de las contribuciones al PIB más importantes de la Industria Española, con un 12,3 % para el año 2019. De igual forma, el turismo generó más de dos millones y medio de puesto de trabajo, siendo casi el 13 % del empleo
total de España.
Las expectativas creadas en 2019 se han visto drásticamente afectadas debido a la aparición del virus de Wuhan y la crisis económica y social que ha provocado. Así, en su comparecencia ante la Comisión para la Reconstrucción Social y
Económica de España tras el COVID-19 en el Congreso de los Diputados, el Gobernador del Banco de España anunció unas previsiones de caída del PIB como mínimo del 9 %, siendo esta previsión el escenario más optimista.
En idéntica línea, el FMI, en su informe 'Perspectiva Económica Mundial' correspondiente al mes de junio de 2020, sostiene que la contracción de la economía española será del 12,8 %, casi un 5 % más que las previsiones hechas en el mes de
abril. Es preciso advertir que, en lo peor de la crisis de 2008, la contracción de la economía española fue en tomo al 3 %. Esto nos da una visión de la magnitud de la crisis en que estamos inmersos y que hace necesaria medidas extraordinarias.
Las expectativas creadas para la reactivación del turismo, una vez levantado el estado de alarma, se están viendo seriamente afectadas por varios motivos, entre los que destacan la negativa del Gobierno a la prórroga de los ERTEs hasta
diciembre y la aparición de rebrotes del virus de Wuhan en determinadas zonas de España y de Europa, otorgadas por la organización FEE (Foundation for Environmental Education), que tiene repercusión internacional y cuenta con el apoyo de numerosos
organismos oficiales como la Organización Mundial del Turismo o la UNESCO entre otros. Este distintivo que luce en muchas de nuestras playas tiene gran repercusión internacional, aunque en las anteriores circunstancias se hace necesario algún tipo
de complemento más allá de los requisitos de las banderas azules.
Es necesario, en consecuencia, crear algún tipo de distintivo que asegure la observancia de protocolos de seguridad sanitaria adaptados a las nuevas circunstancias provocadas por el virus de Wuhan.
Durante el último mes, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha ido desarrollando una serie de protocolos para diferentes actividades turísticas que completaban las medidas de Sanidad, en cuyo objeto no se encuentran las playas.
Si bien existen unas 'Recomendaciones para la apertura de playas y zonas de baño tras la crisis del COVID-19' publicadas por el ministerio de Sanidad, sería relevante llevar a cabo su actualización con fines turísticos, creando un sello que
garantice el cumplimiento de estos protocolos para dar seguridad a los visitantes. Estos protocolos se pondrían a disposición de los municipios con el fin de promover su aplicación y poder lucir el referido sello de garantía.
Por todo ello, el grupo parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para mantener los servicios turísticos en las playas españolas:
1. Eximir del canon de ocupación y aprovechamiento del Dominio Público Marítimo Terrestre para el 2020 a los titulares de autorizaciones y concesiones de servicios de temporada y establecimientos expendedores de comidas y bebidas.
2. Promover la creación de protocolos de seguridad para las playas españolas, atendiendo a criterios sanitarios, creando un sello de garantía con el que asegurar a los visitantes el cumplimiento de determinadas medidas estándar de
seguridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración urgente de un Plan Nacional
para la Industria en España, para su discusión en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
Primero. Durante la vigencia del estado de alarma, declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se ha puesto de manifiesto la debilidad del sector industrial
español y su fuerte dependencia de los mercados internacionales. La falta de material sanitario y la imposibilidad de abastecerse de productos esenciales para afrontar la crisis provocada por el nuevo coronavirus ha sido una muestra de ello. El
actual contexto proporciona una buena oportunidad para reflexionar sobre un nuevo y urgente Plan Nacional para la Industria en España.
Segundo1. La industria es un sector esencial en el conjunto de la actividad económica en todos los países desarrollados. Su impacto positivo sobre la balanza comercial; su notable aportación al progreso tecnológico, tanto a través de la
generación de innovaciones de producto y de proceso, como por su mayor consumo de innovaciones tecnológicas generadas por otros sectores; su mayor capacidad para generar empleos de calidad, con niveles de cualificación más elevados que el promedio
y mejor remunerados; su efecto tractor, vía demanda, sobre los servicios de mercado y, en especial, los avanzados, o la mayor productividad de las empresas industriales, son las razones que explican su relevancia.
1. La Industria en España: propuestas para su desarrollo. Consejo Económico y Social. España.
En España, el sector industrial es la segunda rama de actividad más importante de la economía, tras el sector servicios, tanto por su contribución al PIB, como en términos de empleo. En el año 2018, las ramas manufactureras representaban el
12,6 por 100 del PIB a precios corrientes y el 11,5 por 100 del empleo equivalente a tiempo completo. Además, las exportaciones de bienes manufactureros suponían el 90 por 100 de las exportaciones totales de productos y el 21 por 100 del PIB.
Asimismo, hay que tener en cuenta su efecto arrastre sobre el resto de la economía, en tanto que se trata del sector que más consumos intermedios requiere por cada unidad de producción y genera notables efectos indirectos en otros sectores.
Considerando dicho efecto indirecto e inducido de la actividad industrial, diferentes estudios estiman su contribución al PIB en torno al 43 por 100, y un 30 por 100 en el caso del empleo.
En relación con los principales países de su entorno, España mantiene una posición intermedia, por debajo de la media de la Unión Europea, donde alcanza un porcentaje del 14,5 por 100 del PIB y, especialmente, de Alemania, con cerca del 21
por 100, si bien supera la participación industrial de economías como las de Francia o Reino Unido.
Tercero. Sin embargo, en la última década el sector industrial español ha sufrido una significativa pérdida de peso en el conjunto de la actividad económica, debido a diversos factores, principalmente, por la tercerización de las economías,
así como por los propios efectos de la crisis económica de 2008, efectos que se verán agravados a causa de la crisis sanitaria ocasionada por el brote epidémico del COVID-19.
En este contexto, es necesario detener el vigente proceso de desindustrialización, mostrar una mayor capacidad de resistencia y adaptación para hacer frente a la actual y futura crisis económica y renovar el interés por la Industria. Por
todo ello, es necesario elaborar de forma urgente un nuevo Plan Nacional para la Industria en España, en virtud del cual se promueva una política industrial coherente, en colaboración con las distintas administraciones públicas y con los agentes
sociales implicados.
Cuarto. Por otro lado, La Comisión Europea ha señalado en los últimos años la necesidad de establecer una política industrial europea que consiga que Europa tenga un sector industrial más fuerte, por ser fuente de empleo de calidad y
tecnológicamente avanzado.
En enero de 2014, la Comisión presentó la comunicación titulada 'Por un renacimiento industrial europeo'. Esta comunicación se centraba en invertir la tendencia del declive industrial y alcanzar el objetivo del 20% del PIB para las
actividades manufactureras de cara al año 2020 en todos los países miembros. La Comisión afirmaba que, para atraer nuevas inversiones y crear un mejor entorno empresarial, la UE necesitaba unas políticas más coherentes en el ámbito del mercado
interior, en particular en lo que se refiere a infraestructuras europeas como las redes de energía, transporte e información, así como para los bienes y servicios. Igualmente, se mencionaba la importancia que reviste la mejora de la cooperación en
los ámbitos de la administración pública de calidad, el comercio, la investigación y las materias primas. La citada política se completó en 2016 con la comunicación 'Digitalización de la industria europea: aprovechar todas las ventajas de un
mercado único digital', que se centra en la transición digital, la normalización de tecnologías de la información y la comunicación y las competencias digitales.
Quinto. El tejido empresarial español está constituido esencialmente por pequeñas y medianas empresas, en comparación con otros países de nuestro entorno, lo que condiciona, en definitiva, la productividad del mercado español y dificulta,
en determinadas ocasiones, la profesionalización, el crecimiento y la expansión internacional de algunos sectores. Además, nuestra estructura empresarial, por el tamaño de las empresas, es muy sensible a las crisis, y de hecho para los expertos va
a ser una de las causas de la dureza de la crisis que se avecina.
Es necesario, por tanto, impulsar de forma activa el crecimiento y la agrupación de las PYMEs españolas, especialmente las que desarrollan su actividad en el sector industrial, facilitando, así, su acceso a las ventajas derivadas de una
mayor escala y aumentar su competitividad y la calidad de su gestión.
Sexto. Por otra parte, el sector industrial juega un papel clave en el impulso de I+D+i en España, siendo el sector que realiza un mayor esfuerzo en este ámbito. Según los agentes sociales, el 40 % de las
inversiones que se realizan en nuestro país en Investigación, Desarrollo e innovación se lleva a cabo por el citado sector, cuando su peso económico es de apenas el 14 %. Sin embargo, España sigue situándose por debajo de la media de la UE
en cuanto gasto en I+D+i en relación con el PIB. El gasto en I+D+i en España fue de 14.945 millones euros en 2018, lo que representa un 1,24 % del PIB, mientras que la media europea se sitúa en un 2,11 %. Los puntos débiles de España en materia de
innovación son, entre otros, la escasez de pymes con su propio departamento de innovación o con productos o procesos innovadores y el reducido gasto privado de las empresas en I+D+i.
La inversión en I+D+i es imprescindible para el crecimiento de la competitividad y del desarrollo económico y social. Por tanto, es necesario crear un marco que favorezca las actividades de I+D+i de las empresas, mejorar la productividad
del gasto en la materia y aumentar la participación del sector privado en estas actividades. A largo plazo es clave que el I+D+i se enfoque en actividades que redunden en una producción de mayor valor añadido, fomentando el empleo de mayor calidad
e incrementando la competitividad de la economía española.
Séptimo. En cuanto a nuestras exportaciones, cabe señalar que España exporta una gran variedad de productos industriales, lo cual incrementa la dependencia exterior de nuestro sector. La industria es la responsable del 92 % de las
exportaciones de mercancías. Sin embargo, desde el año pasado se está produciendo una desaceleración de las exportaciones en España. Las exportaciones españolas de mercancías aumentaron en 2019 en apenas un 1,8 %, frente al incremento que
sufrieron en 2018, que fue de un 3,3%, y un 7,7 % en 2017. Tras el impacto del COVID-19, España ha sufrido, en el primer cuatrimestre del año, una caída del 12 % en dato interanual-de las exportaciones, según datos del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. La pandemia del coronavirus ha supuesto un shock sin precedentes para las grandes economías mundiales y sus efectos están siendo letales para la producción y el consumo.
Por tanto, es más necesario que nunca adoptar medidas de apoyo a las empresas industriales españolas en su actividad exportadora tanto a la UE como a países de alto potencial fuera de la UE. La política exterior es un instrumento clave para
la defensa y promoción de la industria española.
Octavo. La crisis del COVID-19 en España está teniendo un impacto significativo en el consumo de productos industriales. Además, la contratación de la demanda interna de bienes industriales no solo afecta a la actividad de las empresas del
sector sino que, dado el elevado valor añadido de este tipo de productos y su efecto multiplicador sobre otros sectores, supone un freno para la recuperación del conjunto de la economía española. El Índice General de Producción Industrial (IPI),
cuya finalidad es medir la evolución en el corto plazo del valor añadido en las ramas industriales, varió un -33,63 % en el mes de mayo de 2020 respecto al año anterior. Por esta razón, es necesario priorizar los productos que por su
posicionamiento en la cadena de valor ejerzan un efecto de arrastre sobre otros productos o sectores de actividad.
Asimismo, es necesario fomentar el consumo de productos fabricados en España, lo que contribuirá a aumentar la cuota de mercado de los productos españoles, favoreciendo la reactivación de la actividad industrial y el fortalecimiento de
nuestra balanza comercial. Por este motivo, es preciso diseñar un nuevo sistema de etiquetado de productos 'Made in Spain' y una campaña de publicidad, en coordinación con las empresas interesadas, para informar a los consumidores españoles de los
beneficios de consumir productos fabricados en España. En definitiva, que el posible menor coste de producción en otros países se vea compensado por un Made in Spain que sea garantía de seguridad, calidad e innovación fundada en el talento.
Noveno. Según el Global Competitiveness Index, España ocupa la sexta posición dentro de la Unión Europea y la décima del mundo dentro de su ranking de infraestructuras. Respecto al sistema ferroviario español, tenemos uno de los sistemas
más avanzados del mundo. Sin embargo, España dispone de la peor cuota de mercancías transportadas por ferrocarril de la Unión Europea: un 4 % de todas las toneladas-kilómetro, en línea con la estrategia de potenciar el transporte de viajeros.
Todo esto pone de manifiesto la necesidad de seguir reforzando esta ventaja competitiva desde el punto de vista del transporte de mercancías, aprovechando toda su potencia como dinamizador de la actividad industrial e incentivo para la inversión
extranjera.
El ferrocarril tiene, como características intrínsecas, la eficiencia energética, la seguridad y la capacidad de transporte y es un modo preferente para la protección del medio ambiente y el desarrollo del transporte.
Décimo. Por otro lado, cabe señalar que en los últimos años el consumo energético del sector industrial en España ha aumentado considerablemente. La realidad del panorama actual demuestra que los elevados precios de la energía en general
en España ponen en peligro la competitividad de toda la
industria española. El diferencial de precios de la energía con otros países competidores no solo representa un mayor coste estructural para las empresas españolas, sino que se está convirtiendo en un factor determinante a la hora de tomar
decisiones sobre nuevas inversiones y creación de empleo. Es necesario, por tanto, buscar mecanismos que permitan asegurar la competitividad del coste de la energía para las empresas industriales españolas. El acceso a fuentes de energía
competitivas es un argumento fundamental en la toma de decisiones de inversión en nuevas instalaciones productivas, y determina la competitividad de las empresas en los mercados internacionales.
Undécimo. Por último, señalar que es preciso mejorar la valoración del marco regulatorio español y asegurar la unidad de mercado para atraer nuevas inversiones, de manera que España debe seguir apostando por la simplificación de su marco
regulatorio y reforzar su compromiso con la estabilidad normativa a través, entre otros, de mecanismos que garanticen la protección de los inversores ante eventuales modificaciones legislativas. La seguridad y la sencillez y homogeneidad del marco
regulatorio son necesarios para la recuperación de la inversión extranjera.
Duodécimo. Actualmente, la mayoría de nuestras grandes empresas son lo que en el mundo anglosajón se denomina 'utilities' , pues proveen de servicios al conjunto de la economía, energía, financiación, construcción, pero no son capaces de
producir y exportar como las grandes empresas de los países avanzados y, sobre todo, salvo excepciones, no son líderes en innovación y tecnología.
Si alguna lección nos ofrece la actual crisis del COVID-19 es que debemos potenciar la industria y proteger mejor nuestras cadenas de suministros. Está demostrado que los países con un mayor peso de su industria en el PIB son más sólidos a
los ciclos económicos adversos. La reindustrialización de España, la apuesta decidida por la transformación digital y la formación tiene que llevarnos a situar la tasa de desempleo entre las más bajas de Europa. Nuestro país debe situar el sector
industrial en el centro de su agenda económica y política.
En definitiva, el futuro de España depende de que seamos capaces de hacer de España un país atractivo para la inversión, fecundo para la industria y favorable al emprendimiento y el empleo.
Es por ello, que el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un Plan Nacional para la Industria, que recoja los siguientes objetivos:
- Tamaño de las Empresas: Establecer medidas de fomento de la consolidación de las PYMEs y reforzar la colaboración de las mismas para la ejecución de proyectos conjuntos. Impulsar medidas de fomento de la financiación no bancaria, así
como mecanismos de ayuda urgente para el crecimiento y la consolidación de las PYMES industriales, cuyo tamaño limita su acceso a los mecanismos de financiación no convencionales.
- Formación: Promover y dignificar la Formación Técnica Profesional, íntimamente ligada a las necesidades de reindustrialización y el futuro laboral de nuestros jóvenes. Es necesario desarrollar programas de mejora de la percepción de la
formación profesional. Resulta paradójico que por falta de una política adecuada de formación en un país como es España con un paro estructural alto, el sector señale de forma reiterada que uno de los principales problemas es la falta de personal
cualificado. Asimismo, es necesario reforzar la colaboración entre las empresas y la universidad.
- I+D+i: Fomentar la orientación comercial de los proyectos de I+D+i, e incentivar y reforzar el uso eficiente de los recursos destinados a la inversión en esta materia. Asimismo, es necesario fomentar la colaboración público-privada en
I+D+i.
- Exportaciones: Adoptar medidas de apoyo a las empresas industriales españolas en su actividad exportadora tanto a la UE como a países de alto potencial fuera de la UE. Es necesario crear una lista de países prioritarios y sectores con
mayor potencial de incremento de las exportaciones fuera de la UE, y fortalecer las relaciones comerciales entre España y dichos países (EE.UU., Canadá, Japón, entre otros).
- Política exterior: Adoptar medidas de apoyo y defensa de los intereses industriales españoles en el ámbito internacional, así como llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer la posición internacional de España en materia
económica y comercial. Es preciso reforzar las medidas de control de productos industriales de terceros países en las aduanas y asegurar el cumplimiento de la normativa nacional y europea.
- Producción: Optimizar y reforzar programas de estímulo de productos industriales con mayor efecto multiplicador en la economía. Fomentar, a su vez, el consumo de productos industriales fabricados en España (Made in Spain), y a tal fin
diseñar un nuevo sistema de etiquetado de productos españoles y una campaña de publicidad, en coordinación con las empresas interesadas, para informar a los consumidores españoles de los beneficios de consumir productos fabricados en nuestro país y
su contribución a la economía nacional. Igualmente, es necesario promover a España como sede de eventos internacionales, tras el COVID-19, y reforzar medidas de apoyo y fomento de la inversión extranjera.
- Infraestructuras: Establecer medidas de homogeneización y deducción del coste logístico y de transporte. Es necesario fomentar e impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril. El ferrocarril tiene, como características
intrínsecas, la eficiencia energética, la seguridad y la capacidad de transporte y es un modo preferente para la protección del medio ambiente y el desarrollo del transporte.
- Energía: Desarrollar medidas que permitan el aprovechamiento de fuentes de energías autóctonas y competitivas, así como garantizar la competitividad del suministro energético a las empresas industriales españolas y diseñar medidas de
eficacia energética en procesos industriales.
- Sobrerregulación normativa: Reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español. Es necesario abordar un proceso urgente de simplificación normativa. La seguridad y la sencillez y homogeneidad del marco regulatorio son
necesarios para la recuperación de la inversión extranjera.
- Fiscalidad: Promover medidas de reducción de la carga fiscal de la industria a todos los niveles administrativos.
- Digitalización: Fortalecer las condiciones de apoyo a las inversiones tecnológicas y la potenciación de las actuaciones encaminadas a la digitalización. Supone un reto y una gran oportunidad para la industria y los servicios
complementarios. Una acción decidida por el Gobierno en consonancia con el sector privado, el establecimiento de clústeres de digitalización de empresas afines, incentivos fiscales, ayudas a la inversión y fomento de la actividad y, finalmente, el
respeto a los derechos de propiedad intelectual son claves para establecer un entorno inmejorable para generar una potente oferta en este campo. La transformación tecnológica va a alterar las posiciones competitivas de las empresas y los
incrementos de productividad asociados a las nuevas tecnologías pueden favorecer a la industria en España que creará empleos de alto valor añadido. Aprovechemos el proceso de digitalización para hacer de la administración española un factor de
competitividad para la economía española.
- Establecer un sistema de seguimiento y monitorización del uso de ayudas al I+D+i y de su impacto económico real.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, María de la Cabeza Ruiz Solás y Pablo Sáez Alonso-Muñumer,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la defensa de los puestos de trabajo de las empresas auxiliares de Enel-Endesa en As Pontes para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El plan de cierre y desmantelamiento de la Central Térmica de Endesa en As Pontes iniciado administrativamente por la propietaria, sin participación y consenso alguno, no ya con la parte social, tampoco con las administraciones públicas
competentes y/o afectadas por tal decisión, afecta, entre otros sectores, a los trabajadores de la industria auxiliar, tal y como se expone a continuación:
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados ista al Gobierno a:
1. Impulsar, con urgencia y a la mayor brevedad posible, la constitución y convocatoria de la Mesa de las Auxiliares de As Pontes.
2. Comprometer el mantenimiento del empleo en la industria auxiliar reflejado en la tabla de la parte expositiva mientras no se alcancen compromisos en tal sentido en la mencionada Mesa.
3. Demandar la implicación y colaboración de la Xunta en el ejercicio de sus obligaciones competenciales en la materia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2020.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad sobre la Inclusión del Pueblo Gitano y la lucha contra el Antigitanismo ante las consecuencias de la crisis provocada por la COVID-19.
Exposición de motivos
La comunidad gitana en el Estado español es una de las más numerosas de toda la Unión Europea. Además de ser la minoría étnica mayoritaria en todo el Estado, es a la vez la que enfrenta mayores niveles de discriminación.
Las cifras estadísticas oficiales constatan la situación de exclusión crónica en ámbitos como la educación, el empleo, la vivienda o la salud que vive la comunidad gitana. A esta preocupante situación, se añade la grave discriminación
sistémica que padece esta comunidad. Según un informe del 2014 del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el 90 % de las personas gitanas entrevistadas se percibían como una comunidad representada por los medios de
comunicación de forma muy sesgada, a través de prejuicios y estereotipos. Según el Eurobarómetro de 2019, en España, el 82 % de las personas entrevistadas creen que la integración de los gitanos y gitanas no sería beneficiosa para la sociedad.
En España, estudios recientes realizados por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, revelan la existencia de 2.604 barrios segregados habitados mayoritariamente por población gitana. Barrios correspondientes a 1.069
municipios repartidos por todo el territorio del Estado. Estas áreas se encuentran geográficamente segregadas de los núcleos urbanos. Estos barrios segregados, en términos generales, tienen tasas de desempleo más altas que el resto de barrios,
presentan pocos o ningún servicio público, viviendas de calidad inferior en ocasiones calificadas como infravivienda. Y sumado a todo esto, estos barrios segregados están marcados por una alta estigmatización en el imaginario colectivo de nuestra
sociedad. Según estudios recientes de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 98 % de las personas gitanas entrevistadas tienen ingresos inferiores al umbral nacional de la pobreza, mientras que en el resto de la población
española la cifra promedio es del 26 %. Asimismo, un estudio de la Red contra la Pobreza señala que la tasa de pobreza infantil gitana se sitúa en torno al 89%, mientras que la cifra promedio para el resto de la población es del 31 %.
Investigadores de reconocido prestigio internacional como Sigona, Vermeersch, Kostka, Kocze, Rostas y Picker explican que la discriminación antigitana se deriva fundamentalmente de una situación sistémica de segregación residencial y
transmisión intergeneracional de la pobreza. En la última década, la noción de 'antigitanismo' ha recibido una atención creciente de los ámbitos políticos y académicos. Como resultado, se han propuesto las siguientes definiciones diferentes (y
complementarias) desde el nivel institucional y desde la sociedad civil:
- El antigitanismo es una forma específica de racismo, una ideología fundada en la superioridad racial, una forma de deshumanización y racismo institucional alimentado por la discriminación histórica, que se expresa, entre otras cosas, por
la violencia, el discurso de odio, la explotación, la estigmatización y el tipo más flagrante de discriminación (Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia [ECRI], 2011).
- El antigitanismo es una forma específica del racismo dirigido hacia las personas gitanas, de forma similar al antisemitismo: i) es persistente tanto histórica como geográficamente (es permanente y no disminuye); ii) es sistemático (es
aceptado por prácticamente toda la comunidad) y iii) a menudo va acompañado de actos de violencia y discriminación (Consejo de Europa [CoE], 2012).
- El antigitanismo es una forma compleja -construida históricamente- de racismo tradicional contra grupos sociales identificados bajo el estigma 'Gitano [Gypsy]' u otros términos relacionados e incorpora: 1. Una percepción esencializante y
homogeneizadora de estos grupos. 2. La atribución de características específicas a dichos grupos. 3. Estructuras sociales discriminatorias y prácticas violentas que surgen en ese contexto, que tienen un efecto degradante y de exclusión y que
reproducen las desigualdades estructurales (Alliance Against Antigypsyism, 2017).
La crisis generada por la COVID-19 nos hace ser más conscientes aún de la necesidad de acometer transformaciones estructurales en nuestro modelo social y económico para no dejar a nadie atrás. El reciente informe del Relator de Naciones
Unidas para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston, después de su visita a España informaba de que la palabra que más escuchó durante su visita es 'abandonados'. Ésta sería la situación de los grupos de población que sufren una
discriminación estructural más severa, en su opinión: familias gitanas, personas migrantes sin documentación, niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, menores migrantes no tutelados y trabajadoras domésticas. Además, afirmaba que las
altas tasas de pobreza y exclusión en España (entre las más altas de la Unión Europea) responden a una 'elección política'.
En el caso de España, tan pronto como se declaró el estado de alarma, el Gobierno reconoció la particular situación de vulnerabilidad que afecta a un segmento significativo de la población gitana, inscrita en el contexto de las desigualdades
estructurales preexistentes a la pandemia. En consecuencia, se diseñó un escudo social para garantizar unos ingresos básicos, así como el suministro de alimentos, agua, gas y electricidad, a las familias necesitadas; medidas que han servido de
tabla de salvación para muchas familias gitanas en mitad del naufragio social y económico que ha causado la crisis derivada de la COVID-19.
Las medidas sociales y económicas han de ir acompañadas de medidas antidiscriminatorias. Desde el comienzo de la pandemia, diferentes federaciones gitanas han denunciado, en repetidas ocasiones, el uso de un lenguaje racista que ha
retratado a las comunidades gitanas como una amenaza para la salud pública. La sociedad civil gitana incluso ha denunciado el alto nivel de odio propagado por algunos medios de comunicación muy influyentes: insultando, ridiculizando y difamando a
las comunidades gitanas.
Tales mensajes de odio tuvieron consecuencias peligrosas e inmediatas: ha habido iniciativas anónimas alentando, a través de las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea, pogromos contra algunas comunidades gitanas señaladas
como posibles vectores de transmisión del virus.
La Comisionada Europea para la Igualdad, Helena Dalli, llamó recientemente a los Estados miembros de la UE a 'hacer todo lo posible para evitar que las minorías nacionales o étnicas, en particular los gitanos, se conviertan en chivos
expiatorios de la crisis actual'. Estas declaraciones abrieron un debate necesario sobre una forma específica de racismo con largas raíces históricas, cuya espina sigue clavada en el corazón del presente: el antigitanismo. Al hablar del
antigitanismo, hablamos de un racismo profundamente arraigado en Europa que se manifiesta con especial virulencia en contextos de crisis, cuando la ansiedad y el descontento social buscan canales de expresión contra un chivo expiatorio. Y los
gitanos han demostrado históricamente ser un blanco fácil, en estos contextos, debido a la impunidad vinculada a una forma ampliamente aceptada de racismo.
Con el objetivo de profundizar en las medidas destinadas a la Inclusión del Pueblo Gitano y la Lucha contra el Antigitanismo, contempladas en el Plan Operativo 2018-2020 de la Estrategia Nacional de Inclusión Gitana 2012-2020; y continuando
la línea abierta por la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, sobre los aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo; el Grupo Parlamentario
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a:
1. Promover un Pacto de Estado contra el antigitanismo.
2. Movilizar todos los recursos necesarios para garantizar los derechos de la infancia gitana, especialmente el derecho a la educación: minimizando el impacto de la brecha digital; apoyando programas de mentoría y acompañamiento
educativo; asegurando el éxito en la transición del alumnado gitano hacia la modalidad digital; facilitando al alumnado gitano el acceso a internet y a dispositivos TIC.
3. Vigilar los fenómenos de discriminación, discurso de odio, hostilidad y/o señalamiento contra personas gitanas que puedan llegar a convertir a este colectivo en el chivo expiatorio de la crisis social y sanitaria causada por la COVID-19.
4. Mejorar la colaboración en los programas de inclusión social y en la lucha contra la discriminación racial de gitanas y gitanos con los diferentes agentes y entidades (organizaciones representativas de las gitanas y los gitanos,
voluntariado, ONG del tercer sector de acción social, los sindicatos y las empresas). El personal especializado y los recursos de estas entidades son considerados en estos momentos, al igual
que el de los servicios sociales públicos, esenciales para desarrollar actuaciones con las personas y familias afectadas por el impacto social de la crisis ocasionada por el COVID-19.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2020.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Manuel Mariscal Zabala y D. Ángel López Maraver, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la protección del sector primario y de la producción agroalimentaria española y europea
para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El principio de preferencia comunitaria, derivado del Tratado de Roma (1957) y de la Conferencia Agrícola de Stresa (1958), establece la preferencia por parte de los países miembro en el aprovisionamiento de productos agrarios
comunitarios frente a los no comunitarios. De esta forma, aparece vinculado a la Política Agraria Común (PAC) desde los orígenes comunitarios y debiera de guiar la política agroalimentaria de los Estados miembro. Es más, la jurisprudencia
comunitaria (Asunto 5/67, de 13 de marzo de 1969) reconoció explícitamente el carácter básico del principio de preferencia comunitaria más allá de los límites de la propia PAC al configurarlo como 'uno de los principios del Tratado'.
Más tarde, con motivo de la Ronda de Uruguay en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en inglés, GATT) se recogía la apertura al comercio internacional de la agricultura europea y ello obligó tanto al entonces
Consejo de la Comunidad Económica Europea (hoy Consejo de la Unión Europea) como a la Comisión Europea a pronunciarse y a comprometerse a velar por el principio de preferencia comunitaria.
Segundo. En 1995, se firma el Proceso de Barcelona (desde 2008, Unión para el Mediterráneo) por los países de la Unión Europea y doce países del norte de África y del Mediterráneo con el objetivo de establecer para el año 2010 una Zona de
Libre Comercio entre la Unión Europea y otros países del Mediterráneo y que conllevaba una serie de medidas que favoreciese el comercio entre los firmantes. Por ejemplo, entre otros, una reducción de los aranceles e igualdad de trato comercial de
la Unión Europea para con Marruecos y Egipto como si se tratasen de países europeos.
También, en apoyo al desarrollo de los países extracomunitarios de la Unión por el Mediterráneo, la Unión Europea ha impulsado y financiado dos proyectos agrícolas faraónicos: el Proyecto Toshka en Egipto y el Plan Verde en Marruecos para
la transformación de zonas de desierto en regadíos. Estos proyectos hacen que la producción hortofrutícola, cítrica y olivarera en estos países aumento año a año, al tiempo que la producción española desciende.
Por otro lado, en 2008 se adoptó una Asociación de Adhesión entre la Unión Europea y Turquía (otro gran competidor con los productos españoles y europeos) en materia de librecambio comercial y, en 2016, acuerdos en el mismo sentido con
países del África meridional (Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Mozambique, Suazilandia y Lesoto), que por su situación geográfica y por estos acuerdos se convierten en peligrosos competidores para los productos agroalimentarios y hortofrutícolas
españoles y europeos.
Finalmente, el 28 de junio de 2019, la Unión Europea y MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) cerraron un Acuerdo de Libre Comercio, a falta aún de ratificación por los gobiernos nacionales de los Estados miembro y del Parlamento
Europeo.
Tercero. Todos estos acuerdos internacionales tienen importantes consecuencias para la producción agroalimentaria y hortofrutícola española y europea. En primer lugar, porque los costes de producción de todos los países con los que la
Unión Europea ha firmado los acuerdos de librecomercio son muy bajos en comparación con los de los países comunitarios:
- El salario mínimo interprofesional es muy bajo: En Sudáfrica 221 euros, Marruecos 209 euros, Brasil 240 euros, Argentina 264 euros o Uruguay 308 euros.
- Con el fin de corregir sus balanzas comerciales y favorecer la exportación, todos estos países juegan con su moneda devaluándola.
- Imponen bajos impuestos, fuertes subvenciones a la agricultura y poseen laxa o inexistente legislación fitosanitaria.
Cuarto. De esta forma, podemos observar que los acuerdos de libre comercio que la Unión Europea ha firmado con estos países está perjudicando al sector agroalimentario y hortofrutícola español debido a que no todos juegan en las mismas
condiciones que los países europeos. Además, todas estas ventajas, unidas a la liberalización del mercado con la Unión Europea, no benefician a la agricultura familiar local, sino a grandes fondos especulativos y compañías agroalimentarias
mundiales, pero sobre todo europeas, que atraídas por esas ventajas han adquirido o alquilado grandes superficies de tierra en todos estos países.
Mientras esto se produce, ario tras ario, los agricultores españoles y europeos se están arruinando y están abandonando sus campos. España pierde producción y superficie cultivada mientras estos otros países la ganan a través de un proceso
de sustitución de los productos agroalimentarios españoles y europeos por productos importados de peor calidad y menor respeto sanitario.
La Unión Europea no exige reciprocidad fitosanitaria, lo que conlleva a que en esos países se empleen determinados productos fitosanitarios que están prohibidos en Europa, bien porque sean dañinos para el medioambiente, bien para la salud de
los consumidores. No obstante, la Unión Europea permite su entrada por lo que está atentando directamente a la salud de los ciudadanos europeos y favoreciendo daños al ecosistema de dichos países extracomunitarios.
Quinto. Al mismo tiempo, se produce un gran daño medioambiental innecesario dado que se están transportando desde miles de kilómetros enormes buques de transporte de mercancías ultracontaminantes con productos que producimos en Europa (de
mejor calidad), pero que ante la imposibilidad de competir con ellos, los agricultores españoles y europeos arrancan sus explotaciones, afectando al ecosistema. Como dato orientativo, los quince (15) buques más grandes del mundo contaminan tanto
como setecientos sesenta millones (760.000.000) de vehículos.
Otra de las consecuencias que se derivan del escaso o nulo control europeo de los productos agroalimentarios importados son las plagas ya que, junto con estos productos, viajan también plagas endémicas de esos países para las cuales ni
nuestro ecosistema está preparado (falta de depredadores naturales) ni existen agentes de control biológico en Europa para hacerlas frente.
Además, estos acuerdos comerciales solo vinculan la dimensión comercial, pero no establecen requisitos en otros ámbitos. A través de los mismos se es, indirectamente, cómplice de la explotación laboral, explotación infantil, de la
discriminación hacia las mujeres en esos países y de la falta de derechos de todo tipo, pero también del fraude fiscal, ya que las grandes compañías agroalimentarias, normalmente europeas, cultivan allí con esas prácticas y venden en Europa evitando
los impuestos de producción.
Por otro lado, este sector se enfrenta a dos problemas adicionales con dos países fundamentales para el sector como son Rusia y Estados Unidos. El primero impulsó en 2014 un embargo (veto ruso) en respuesta a las sanciones de la Unión
Europea por el conflicto ucraniano, y el segundo ha establecido aranceles del 25 % a determinados productos agroalimentarios españoles en respuesta a las subvenciones encubiertas a la industria aeronáutica europea (caso Airbus). Es por tanto
necesario que se adopten medidas que ayuden a revertir esta situación.
Sexto. Nuestra soberanía alimentaria no puede estar en manos de otros países. Los poderes públicos no pueden hacer una dejación de funciones, sino que deben adoptar las medidas que sean necesarias para proteger el producto agroalimentario
y hortofrutícola español y europeo (que es de gran calidad y respetuoso con el medioambiente) y defender a nuestros agricultores que han demostrado ser un pilar esencial digno del mayor reconocimiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Exigir en las instancias europeas la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten. La Unión Europea debe
aplicar las defensas comerciales apropiadas que defiendan su agricultura, de modo que los precios en el campo tengan una rentabilidad digna, estableciendo a los países extracomunitarios cupos de volumen que eviten la sobreoferta, aranceles
compensatorios lógicos que igualen costes de producción y ventanas que respeten las campañas agrícolas europeas.
2. Exigir a la Unión Europea la aplicación de unos protocolos de control sanitario en frontera que garanticen que el producto importado está libre de patógenos y plagas, al mismo tiempo que se establezca el principio de reciprocidad y no se
permitan residuos de principios activos prohibidos en la Unión Europea.
3. En línea con lo anterior, exigir que se informe al consumidor de las sustancias prohibidas por la Unión Europea y que terceros países están utilizando, lo que está generando que el coste de producción se abarate.
4. Que a través de la Unión Europea se llegue a acuerdos con mercados alternativos (países extracomunitarios) para conseguir colocar el exceso de demanda que tenemos actualmente en España. Para ello, también es necesario que se incluyan
los productos excluidos de la lista de productos por el veto ruso.
5. Seguimiento serio e independiente del impacto en el mercado de las importaciones de países terceros para la aplicación, en tiempo, de la salvaguardia prevista en los Tratados que se deberán solicitar con tiempo suficiente a la producción
de daños.
6. Exigir a la Comisión Europea la revisión urgente de los Tratados de librecomercio citados para negociar la extracción de aquellos productos agrícolas que, según el estudio de impacto, se demuestre que están siendo perjudicados por la
importación desde esos terceros países.
7. En tanto se renegocian los acuerdos internacionales, promover la compensación con fondos europeos de la PAC, en la cuantía que se estime, el perjuicio causado a la producción española y europea.
8. No ratificar MERCOSUR con la actual redacción. Los productos agroalimentarios y sus transformaciones industriales deben salir del acuerdo o que aparezcan como productos sensibles y se les marque -unos cupos limitadores apropiados que no
perjudiquen la producción europea.
9. Reactivar las negociaciones bilaterales y de la Unión Europea con las autoridades estadounidenses, al igual que hicieron otros países como Italia o Grecia, para conseguir levantar los aranceles impuestos a los productos agroalimentarios
españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, Manuel Mariscal Zabala y Ángel López Maraver, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la lucha, prevención y ayudas por
los efectos ocasionadas por el Cotonet de les Valls, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Delottococcus aberiae, conocido como Cotonet de Les Valls, se ha convertido en una plaga devastadora para los cítricos, de forma que en la próxima campaña 2020-2021 va a inutilizar la práctica totalidad de la cosecha en la mayor parte del
territorio de la Comunidad Valenciana, especialmente en el norte de la provincia de Valencia y el sur de la de Castellón.
El tratamiento efectivo contra esa plaga son los clorpirifós o metil-clorpirifós, de uso prohibido desde este año por la Unión Europea.
Pese a haberse convertido en tratamientos prohibidos, los fitosanitarios basados en clorpirifós o metil-clorpirifós son de uso común en otros países productores de cítricos, donde esos tratamientos están permitidos y resultan, como
resultaban en España hasta ahora, muy eficaces contra esa plaga.
Lo injusto de la situación es que, pese a estar prohibidos los tratamientos en la Unión Europea, no existen barreras de acceso a los cítricos producidos en otros países que hayan sido sometidos a esos tratamientos, con lo que se obtiene una
desventaja competitiva insalvable para los cítricos españoles frente a los cítricos extracomunitarios.
Los tratamientos sustitutivos frente a la plaga, hasta el momento, o son ineficaces o no están desarrollados y listos para ser aplicados, por lo que, salvo intervención inmediata, es previsible una continua expansión de la plaga y una
debacle en la producción en las próximas campañas. Las organizaciones agrarias calculan que las pérdidas superaran los 113 millones de euros esta campaña.
Recientemente se ha solicitado, según se ha publicado en algunos medios de comunicación, la autorización extraordinaria de uso de los productos basados en clorpirifós o metil-clorpirifós y por el Ministerio de Agricultura no se ha accedido
pese a, como se ha dicho antes, no existir tratamientos alternativos.
Se hace pues necesaria una intervención urgente en varias vías: autorizar excepcionalmente el uso de clorpirifós o metil-clorpirifós, acelerar el desarrollo y autorización de tratamientos sustitutivos en el menor plazo posible y establecer
una línea de ayudas para los agricultores afectados por la plaga que no han podido luchar contra la misma al no permitírseles usar los tratamientos apropiados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Realizar un estudio pormenorizado que detecte el origen del problema.
2.º Instar a la Unión Europea a aumentar el período de gracia que aparece en la normativa que impide el uso de clorpirifós o metil-clorpirifós hasta que se desarrollen tratamientos alternativos efectivos contra el Delottococcus aberiae.
3.º Autorizar con carácter urgente y extraordinario el uso de clorpirifós o los metil-clorpirifós para luchar contra la plaga de Delottococcus aberiae', conocido como 'Cotonet de Les Valls'.
4.º Acelerar al máximo los trámites para autorizar y permitir el desarrollo de los tratamientos alternativos al uso de clorpirifós o los metil-clorpirifós para luchar contra esa plaga.
5.º Elaborar un estudio que contenga toda la información necesaria sobre el uso de estos productos en países productores e importadores de cítricos, además de analizar el impacto de esta importación de dichos productos en la comercialización
de cítricos españoles.
6.º Prever medidas compensatorias de ayuda económica a los productores de cítricos afectados por esta plaga para paliar los efectos económicos que la falta de tratamiento va a suponer en las cosechas, pérdidas que las asociaciones agrarias
calculan aproximadamente en 113 millones de euros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2020.-Marta González Vázquez y Óscar Clavell López, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Manuel Mariscal Zabala, D. Ángel López Maraver y D. Luis Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley de medidas de protección de los trabajadores del sector primario
frente a los rebrotes del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) de Wuhan (China), para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Desde que comenzó la crisis vírica producida por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) de Wuhan (China), una de las preocupaciones principales ha sido la de proteger a los ciudadanos y a los trabajadores que han tenido que continuar trabajando
durante el confinamiento. En este sentido, uno de los sectores que no ha paralizado su actividad es el sector primario español, reafirmando así que es un sector esencial de la actividad económica de España.
Ante esta preocupación, la respuesta del Gobierno fue la de sostener en numerosas ocasiones que se estaban cumpliendo las medidas sanitarias necesarias y que la seguridad en el sector agroalimentario y hortofrutícola estaba garantizada 'en
su totalidad', según las palabras del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas.
Por ello, no es de extrañar que los rebrotes que se están produciendo en determinadas zonas de España, y que tienen como focos sectores agroalimentarios, hagan dudar de las medidas que adoptó el Gobierno y del cumplimiento de las mismas, ya
que no parece que se trate de hechos aislados, menos aun cuando ya son cientos de trabajadores contagiados, lo que supone un riesgo de salud pública.
Hace unos días conocíamos una serie de brotes del virus en Aragón relacionados con el sector hortofrutícola que han obligado a tres comarcas de Huesca a retroceder a la fase 2. En palabras del Ministro de Sanidad, don Salvador Illa, 'es el
[brote] que más nos preocupa'. Y también conocimos que este brote estaba relacionado con el que días más tarde tuvo lugar en Lérida.
Ya hay más de doscientos cincuenta (250) contagiados que no se ubican solo en las comarcas aragonesas, sino también en la zona colindante de Lérida, debido al desplazamiento común de los temporeros entre las provincias. Y en la Región de
Murcia son diez (10) temporeros contagiados tras el último brote de un grupo llegado de Francia.
Según las últimas investigaciones, tanto los casos de Aragón-Cataluña como el de Murcia se deben a la llegada de jornaleros, bien procedentes de otros países y que se han sumado a las campañas de verano en España, bien españoles que, tras
acabar la campaña en otros países, han vuelto a España. Pero, en uno u otro caso, estos rebrotes del virus en el sector agroalimentario ponen de manifiesto que los mecanismos de control han fallado, ya que no hay un sistema adecuado de vigilancia
sobre la movilidad entre trabajadores del campo que acuden desde zonas donde hay transmisión comunitaria, como ha ocurrido en el sur de Francia.
Además, aparte de un problema de salud pública, estos rebrotes del virus SARS-CoV-2 causan un riesgo económico al sector agrario. En el caso de Aragón, las tres comarcas mencionadas (Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera) son, junto con las
comarcas vecinas de Caspe y el Bajo Aragón, las zonas hortofrutícolas más potentes de esta Comunidad Autónoma, y los nuevos brotes ponen en riesgo la continuidad de este sector esencial para la zona y para España, máxime sabiendo que se están
produciendo rebrotes en el mismo sector (agroalimentario y hortofrutícola) en otras zonas de España donde también es esencial, como Murcia.
Ante estos hechos, podemos observar que el Gobierno no ha actuado correctamente, y que la seguridad sanitaria del sector agrario no estaba del todo garantizada. En especial porque, según se señala, estas comarcas han atraído a más de tres
mil temporeros para la recogida de fruta, lo que obliga a incrementar los controles de movilidad e implementar otras medidas frente al virus para garantizar la salud de dichos temporeros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Establecer mecanismos de control sanitario en frontera frente al virus SARS-CoV-2 para los trabajadores que se incorporen a las campañas de recogida en España.
2. Dispensar equipos de protección individual (EPIs) y cualesquiera otros medios de protección sanitaria e higiene para que puedan continuar su trabajo sin poner en riesgo su salud durante esta crisis sanitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, Manuel Mariscal Zabala, Ángel López Maraver y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/001137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mal
llamada plaga 'Cotonet de les Valls', para su debate en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Exposición de motivos
La mal llamada plaga 'Cotonet de les Valls', científicamente denominado Delottococcus aberiae, y que debería llamarse 'Cotonet de Sudáfrica' dado que es de allí su procedencia; es una plaga foránea, no existente ni en la Comunidad
Valenciana, ni en España con anterioridad al 2009.
Dicha plaga entró en nuestro territorio por importaciones procedentes de terceros países. Es en los primeros meses de 2009 cuando se detecta en la población de Benifairó de les Valls (València) se observan unas deformaciones muy intensas en
los frutos de naranjos y clementinas y se comunica al servicio de protección de vegetales de la Conselleria de Agricultura. Como es de suponer la plaga llegó unos años antes y fue implantándose en esa zona, hasta llegar a notarse sus daños con
intensidad. Es en ese momento, el de la constatación de los graves daños, se procede a estudiarla para identificar al insecto que los provocaba, llegando los expertos a la conclusión de que nos encontramos ante la especie Delottococcus aberiae.
Esta es una especie originaria del África Subsahariana, por lo que se llega a la deducción que su entrada en España se ha producido por la importación de cítricos de Sudáfrica que se habían realizado años antes por el Puerto de Sagunto.
Lo primero que hay que aclarar es que se ha producido una mala fe importando frutos con plagas de otros países. Segundo, que el control de entrada en frontera es competencia estatal; la inspección fitopatológica en España corresponde al
Ministerio de Agricultura. Por lo que la falta de rigurosidad en el control de las importaciones, sin quitar responsabilidad a los exportadores de Sudáfrica y a los importadores de esa fruta, es negligencia del Ministerio. Por lo tanto, sin medias
tintas, debemos afirmar que consecutivamente los diferentes gobiernos han fallado a la agricultura. Y ahora, su falta de buena gestión ha repercutido y repercute contra nuestros agricultores.
Aprovechamos para señalar que, actualmente, nos encontramos ante peores circunstancias en el control de entrada de productos hortofrutícolas en otros puertos europeos, como pasa con Rotterdam, por donde nos están entrando nuevas plagas que
destrozan nuestra agricultura. Y una vez más debemos advertir que ni el Gobierno central de Madrid, ni la Comisión Europea en Bruselas, se han mostrado preocupados por solucionar y establecer un control exhaustivo en fronteras de entrada a la Unión
Europea.
Cuesta creer que una plaga habiendo sido detectada técnica y oficialmente en el 2009, no haya sido todavía tenida en cuenta y no se haya hecho nada por pararla. Desde la detección de la plaga, se ha los diferentes gobiernos se han
conformaron con el uso de plaguicidas como única herramienta de acción. Obviando que las plagas pueden hacerse resistentes a los venenos que se emplean contra las mismas y que sus efectos secundarios pueden repercutir negativamente sobre insectos
útiles o sobre mamíferos, entre los que se encuentra la salud de los humanos.
Si recordamos lo ocurrido en el caso de la mosca blanca de los cítricos, fue la introducción de un parasitoide llamado Cales noacki, la solución definitiva a esta plaga. Gracias a su aclimatación, hoy, la mosca blanca no supone un riesgo
gracias a este pequeño insecto, que se encuentra en todas las épocas del año y en todos sus estados de desarrollo.
En definitiva, esta experiencia nos confirma que las políticas de control de plagas han de realizarse con visión de futuro. En ese camino ha estado Compromís desde que se formó gobierno en el 2015, y en el 2016 con el presupuesto nuevo pudo
iniciar nuevas líneas de solución. Concretamente, es en ese momento cuando empieza a estudiarse más a fondo esta plaga y a valorarse la posibilidad de control mediante parasitoides o predadores. En ese sentido se firmaron dos convenios con la
Universidad Politécnica de Valencia que han dado resultados clarificadores, la sintetización de una feromona atrapadora del Delottococcus aberiae y la búsqueda de un depredador del mismo. Si la Conselleria de Agricultura, gestionada por Compromís,
no hubiera iniciado esas dos líneas de investigación contra la plaga del cotonet de Sudáfrica, ahora nos encontraríamos con los plaguicidas prohibidos por la UE y sin solución. En cambio, tenemos dos soluciones viables de lucha contra la citada
plaga.
Sin embargo, ahora necesitamos que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca autorice y ayude a combatirla con esas dos herramientas efectivas, y que no provocan tanto daño medioambiental y a la salud de las personas.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, desde Compromís presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La urgente autorización por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la suelta masiva del parasitoide Anagyrus aberiae, que se ha demostrado eficaz con la lucha contra de la plaga Delottococcus aberiae.
2. Establecer un presupuesto para ayudar a los perjudicados por esta plaga y para dotar de ayudas para construir con urgencia insectarios de reproducción del parasitoide que combate el Delottococcus aberiae.
3. Aumentar del control en los puertos y aeropuertos, de productos hortofrutícolas tanto en los nacionales como en los europeos, principalmente el de Rotterdam, por el que entran los mayores volúmenes de cítricos sudafricanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/001138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la plaga
Pulvinaria poligonata, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Una nueva especie de cochinilla fitófaga, la Pulvinaria poligonata, que afecta recientemente a una superficie importante de cítricos de la provincia de Alicante, ha sido introducida en nuestro país. Se estima que ya se han visto afectadas
alrededor de 5.000 hectáreas de la comarca de la Vega Baja, siendo el cultivo del limonero el más dañado, seguido de naranjos y mandarinos. Para colmo se viene observando una alarmante expansión hacia el Sur y Norte, que acabará afectando a toda la
citricultura española.
Nos encontramos, por tanto, ante una nueva invasión de insectos dañinos procedentes de importaciones de terceros países que no solo destruyen nuestras cosechas, sino que se instalan en las explotaciones obligando a que los agricultores
aumenten los costes de cultivo con nuevos tratamientos. Estas nuevas plagas no solo afectan a una ya maltrecha rentabilidad, sino que, inevitablemente, inciden sobre el medio ambiente y la salud de las personas que se ven obligadas a usar
pesticidas para combatir la plaga. Es hipócrita que desde la Unión Europea se lancen documentos y propuestas de reducción del uso de pesticidas en la agricultura, cuando la negligencia de la misma y de los Estados miembros que tienen competencia en
inspección de fronteras, esté provocando que no paren de entrar nuevas plagas a territorio europeo.
Desde el gobierno valenciano, ya se ha informado a los agricultores sobre sus peligros y los métodos de control, puesto que viene haciéndose un seguimiento desde su detección en campo. Durante este seguimiento se ha comprobado la eficacia
de un predador natural ampliamente conocido por los agricultores, dado que su uso ha sido habitual contra la conocida plaga de otra cochinilla, el Planococus citri, comunmente llamado 'cotonet'.
Este predador, útil en la plaga citada se ha comprobado también eficaz sobre la plaga de Pulvinaria polygonata, y se trata del Cryptolaemus montrouzieri. El inconveniente es que este insecto útil no se aclimata adecuadamente, por lo que es
necesario la cría en insectario y su suelta anual en los cultivos, y se requiere de inversión en instalaciones destinadas al efecto.
Por consiguiente, con todo lo antedicho, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Destinar una nueva partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado para combatir la plaga Pulvinaria polygonata para el acondicionamiento y cría del insecto útil y su reparto, evitando así mayores costes a los
agricultores y el impacto de los tratamientos sobre el medio ambiente, hasta que podamos erradicar la nueva plaga.
2. Aumentar el control en los puertos y aeropuertos, de productos hortofrutícolas tanto en los estatales como en los europeos, principalmente el de Rotterdam, por el que entran los mayores volúmenes de cítricos sudafricanos, pero también de
otros países terceros, potenciales transmisores de organismos nocivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/001123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
institucionalización de la Conferencia de Presidentas y Presidentes autonómicos, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
La Conferencia de Presidentes es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y ocupa la cúspide del conjunto de órganos de cooperación multilateral. Está formada por el Presidente del
Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las diecisiete Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
La creación de la Conferencia de Presidentes ha sido la iniciativa más importante de los últimos años, tanto política como institucional, para el desarrollo de la cooperación, ya que culmina el sistema de Conferencias Sectoriales e incorpora
a las relaciones interadministrativas en España un instrumento ampliamente desarrollado y que ha probado su eficacia en otros países de estructura política compuesta. Se constituyó el 28 de octubre de 2004. Dada la naturaleza y el nivel político
de la Conferencia, su ámbito de actuación es abierto y tiene por finalidad debatir y adoptar acuerdos sobre asuntos de especial relevancia para el sistema autonómico.
Este órgano tiene atribuidos tres grandes objetivos:
- Debatir las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales, de asuntos de importancia relevante para el Estado de las autonomías que afecten a los ámbitos competenciales tanto estatal como autonómico.
- Potenciar las relaciones de cooperación del Estado con las Comunidades Autónomas.
- Impulsar y orientar los trabajos de las conferencias sectoriales y otros órganos multilaterales de cooperación.
Estos objetivos tienen que ser la piedra angular del sistema de cooperación territorial que sirva para seguir construyendo.
La conferencia dispone de un Reglamento interno de funcionamiento que fue adoptado en la IV reunión celebrada el 14 de diciembre de 2009, modificado en la VI reunión celebrada el 17 de enero de 2017. El mismo la dota de capacidad operativa,
pero se cree necesario dotarla al mismo tiempo de instrumentos,
esto es, de un soporte organizativo y sobre todo de una cultura de participación que le de fortaleza de manera permanente.
Desde su creación en 2004 hasta la pasada legislatura que acabó en septiembre de 2019 la Conferencia de Presidentes había celebrado seis reuniones,
I Conferencia de Presidentes. 28 de octubre de 2004.
II Conferencia de Presidentes. 10 de septiembre de 2005.
III Conferencia de Presidentes. 11 de enero de 2007.
IV Conferencia de Presidentes. 14 de diciembre de 2009.
V Conferencia de Presidentes. 2 de octubre de 2012.
VI Conferencia de Presidentes. 17 de enero de 2017.
Cada una de las reuniones de la Conferencia de Presidentes ha servido para avanzar en la aprobación de numerosas acciones que ponen de manifiesto el fundamento de lo público y la necesidad y buen fin de las relaciones tanto multilaterales
como bilaterales. De ahí la importancia de promover la institucionalización de la Conferencia de Presidentas y Presidentes Autonómicos, estableciendo una reunión anual de sus sesiones, así como estableciendo un órgano permanente de apoyo y
asistencia a la misma.
La situación de crisis sanitaria sufrida en nuestro país como consecuencia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la verdadera utilidad de este órgano y la importancia que el gobierno de Pedro Sánchez le otorga, así se han celebrado hasta 14
reuniones de la Conferencia de Presidentas y Presidentes autonómicos en apenas tres meses, entre abril y junio de este año. Esta cifra de reuniones tiene una especial trascendencia por cuanto representa más del doble de las que se había celebrado
hasta ese momento y algo tremendamente importante: con la participación de todos los presidentes y presidentas.
Nunca antes se habían celebrado tantas conferencias de presidentes al inicio de una legislatura. Es una muestra más de la voluntad de este gobierno de dialogar y llegar a acuerdos con las autonomías, mostrando su compromiso firme y su
respeto con el estado autonómico.
Dado que la última Conferencia presencial tuvo lugar el 17 de enero de 2017, y el comité preparatorio de impulso y seguimiento se reunió el pasado 30 de enero de 2019, a la vista de la situación que vive nuestro país por la crisis sanitaria,
social y económica, y teniendo como principal reto afrontar la reconstrucción del país, se hace más necesario y urgente que nunca proceder a su convocatoria presencial a la mayor brevedad, contando con la presencia de todos los representantes de los
diferentes gobiernos autonómicos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar la reunión de la Conferencia de Presidentas y Presidentes Autonómicos a la mayor brevedad y de manera presencial, contando con la presencia de todos los representantes de los diferentes gobiernos autonómicos, para avanzar en la
aprobación de acciones que tengan como principal objetivo la reconstrucción social y económica de nuestro país.
2. Impulsar la institucionalización de la Conferencia dotándola de los instrumentos necesarios, como soporte organizativo y cultura de participación que le de fortaleza de manera permanente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 junio de 2020.-Josefa Andrés Barea, Diputada.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Manuel Mariscal Zabala, D. Ángel López Maraver Y D. Luis Gestoso De Miguel, en sus respectivas condiciones
de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación de la Myiopsitta Monachus (cotorra argentina) y la Psittacula Krameri (cotorra de Kramer), para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Según el artículo 2 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras, una especie exótica invasora es la especie exótica que se introduce en un ecosistema o hábitat
natural o seminatural, y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética.
La introducción de especies exóticas se lleva realizando desde tiempos inmemoriales de forma voluntaria o accidental. Los problemas aparecen cuando algunas de estas especies son capaces de establecerse y expandirse por los nuevos
territorios en un periodo de tiempo relativamente corto.
Desde hace varios años España viene sufriendo la invasión de dos especies de aves psitaciformes de la familia Psittaculidae, la cotorra argentina (Myiopsitta Monachus) y la cotorra de Kramer (Psittacula Krameri), que pone en serio riesgo el
ecosistema español por su potencial capacidad invasiva siendo capaz de colonizar con gran rapidez cualquier terreno. Además, comportan problemas de salud para la población.
Segundo. La cotorra argentina es una especie originaria de Sudamérica y la cotorra de Kramer de África (Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea-Bissau, Etiopía, Yibuti, Somalia) y de Asia (Pakistán, Nepal, India, Sri Lanka, Bangladesh,
Myanmar y sureste de China) que han sido tradicionalmente comercializadas como aves de compañía e introducidas en España a mediados del siglo XX con esa finalidad. Por lo tanto, los estudios afirman que su presencia en el ecosistema español se debe
a aquellos ejemplares que o bien se escaparon o bien fueron liberados. De esta manera, desde entonces tanto la cotorra argentina como la cotorra de Kramer se han adaptado perfectamente y han sabido colonizar numerosas zonas de España.
Tercero. Son aves que han sabido adaptarse al clima español gracias al tamaño de sus nidos que son muy gruesos y a que se alimentan de cualquier basura, resto de comida o vegetal. Además, debido a su mayor envergadura, consiguen expulsar a
otras especies autóctonas en la lucha por el territorio.
Cuarto. En España, según la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife), existen unos 27.000 ejemplares de cotorras argentinas y de Kramer, de las cuales la mitad se encuentran en la región de Madrid (donde cuentan con algunos núcleos
reproductores de cierta entidad) y el resto están repartidas por Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia, poniendo de relieve que se trata de un problema nacional en plena expansión.
Quinto. ¿Qué problemas comportan la cotorra argentina y la cotorra de Kramer? Por un lado, el daño al ecosistema dado que se trata de dos especies con un gran potencial colonizador y con capacidad para alterar ecosistemas enteros al
desplazar a especies autóctonas como, por ejemplo, los gorriones, ya que se ven incapaces de competir por el alimento frente a estas aves de mayor envergadura. Ello repercute en el propio medio natural porque los gorriones son insectívoros mientras
que las cotorras no, lo que puede causar un aumento de larvas, gusanos y otros parásitos, con el consiguiente riesgo de salud pública.
Si observamos los datos que aporta SEO-Birdlife, en los últimos diez años la población de gorriones ha descendido un 7 % (400.000 ejemplares), mientras que el número de cotorras aumenta en 20.000 ejemplares cada año, pero pudiera llegar a
más debido a que su crecimiento es exponencial. Lo cual pone de relieve la magnitud del problema al que nos enfrentamos.
Sexto. Además, la cotorra origina importantes daños en la vegetación y puede ser transmisora de enfermedades para la fauna y las personas como la psitacosis, una infección con síntomas parecidos a la neumonía. Sin olvidar que también son
un peligro sus nidos ya que ponen en riesgo la vida de miles de personas al construirlos en zonas elevadas, en torno a los 40 y 50 metros, que junto con su peso (hasta 200 kg), hace que el golpe en caso de desprendimiento sea letal.
Séptimo. Ambas especies se encuentran en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras1, regulado por el Real Decreto 630/2013, y, por tanto, su comercialización se encuentra prohibida en España, ya que la inclusión de una especie en el
catálogo, de acuerdo al artículo 64.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, conlleva la prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos, que pudieran sobrevivir o reproducirse,
incluyendo el comercio exterior. Sin embargo, siguen produciendo crías no controladas de estas especies que luego se venden de manera ilegal. Además, aparte de que las administraciones han obviado este problema desde hace años, cuando algunas sí
lo han hecho no se han adoptado soluciones nacionales para todo el territorio lo que generará, según SEO-Birdlife, pérdidas millonarias y una mayor devastación del medio natural.
Octavo. Algunos ayuntamientos ya han tomado medidas contra esta molesta plaga invasora. El ayuntamiento de Zaragoza procedió a su erradicación en 2016 y el ayuntamiento de Madrid anunció en octubre de 2019 que aprobaba un plan para cazar y
sacrificar en torno a unas 12.000 cotorras argentinas. El problema, sin embargo, reside en que no fija entre sus objetivos reducir el número de estas especies a cero en la capital, sino que acepta que puedan quedar hasta 600 ejemplares sin
capturar, con lo que no se soluciona nada debido a su rápido ciclo de reproducción.
Noveno. La presencia de estas especies invasoras en España comportan, también, un riesgo para la población por las enfermedades que pueden transmitir, por la construcción de sus enormes nidos y por los ruidos que ocasionan y que afectan a
los ciudadanos.
Así pues, solo cabe que los poderes públicos presten atención a este problema y pongan en marcha soluciones generales para todo el territorio nacional. A su vez, es necesaria la coordinación entre las diferentes administraciones. Por
tanto, es preciso adoptar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación de la (Myiopsitta Monachus), así como de la (Psittacula Krameri), aves que están dañando gravemente el ecosistema
español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Adoptar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y dentro del marco de sus competencias, un Plan Nacional de prevención, lucha, control, y erradicación de la Myiopsitta Monachus, así como de la Psittacula Krameri, a fin de proteger
el ecosistema español frente a la invasión de estas especies de ave conocidas, respectivamente, como la Cotorra Argentina y la Cotorra Kramer.
1. En el catálogo se incluyen las especies exóticas para las que exista información científica y técnica que indique que constituyen una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los
recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural.
2. Reforzar el sistema de control de las vías ilegales para evitar la comercialización de esta especie animal en el mercado negro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, Manuel Mariscal Zabala, Ángel López Maraver y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/001066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa al apoyo de los entornos rurales para la reactivación y transformación económica y la lucha contra la despoblación.
Exposición de motivos
La densidad poblacional española muestra importantes desequilibrios en la concentración de habitantes frente a la despoblación. Estos desequilibrios poblacionales son a la vez consecuencia y motivo de la falta de recursos e infraestructuras
de los municipios menos poblados, lo cual conlleva una importante merma de oportunidades respecto a los más poblados y, con ello, a su vez, provoca más despoblación. El 90 % de las personas que habitan nuestro país, residen solo en el 30 % del
territorio. Solo el 10 % (4,7 millones de personas, aproximadamente) vive y sostiene el 70 % del territorio, según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
En España, aproximadamente la mitad de los municipios (48,4 %) tienen una densidad de población de 12,5 habitantes por km, margen a partir del cual la Unión Europa las considera poblaciones de densidad baja. Estas poblaciones con baja
densidad, se encuentran en riesgo de despoblación, el cual se dispara a partir de los municipios de 5.000 o menos habitantes, con especial incidencia en poblaciones de 1.000 habitantes o menos.
Actualmente, como desde hace décadas, las personas que viven en los entornos rurales se marchan a poblaciones más grandes o a las ciudades donde esperan conseguir un mejor trabajo, con mejores condiciones horarias y económicas, que le
permitiera desarrollar un proyecto de vida, además del acceso, a unos sistemas sanitarios y educativos con más recursos y más cercano, a la cultura o al ocio. Pero también para huir de la escasez de redes sociales y de la soledad de la
despoblación. Esta situación es especialmente significativa para los jóvenes, pero también para las mujeres. Ellas mantienen toda la estructura de cuidados familiar y comunitaria además de la realización de un trabajo productivo en muchas
ocasiones no reconocido o invisibilizado y algo muy importante, con un menor acceso a la propiedad de la tierra y, en general de los medios de producción y las tareas de dirección, que siguen estando mayoritariamente en manos de los hombres.
A esta situación se suma la lógica llamada urbanocentrista que es de alguna manera causa de la desagrarización, y el abandono institucional de los entornos rurales. Esta acumulación de realidades ha provocado no solo la despoblación, sino
además un aumento el índice de masculinización de los entornos rurales, ya que las mujeres migran a núcleos poblacionales mayores en busca de un mejor puesto de trabajo, una mejora de su calidad de vida emancipada, pese a tener que perder la, por
muchas querida, vida en las zonas rurales.
En la actualidad, la situación económica y de empleo en las zonas rurales sigue siendo mucho más dura que en otros territorios de España. La concentración de la actividad financiera, turística, industrial y comercial en los grandes núcleos
poblacionales y sus periferias y el abandono institucional complica especialmente la vida en las pequeñas zonas rurales. En 2017, mientras la tasa media de desempleo en España rondaba el 16,5 %, en las zonas rurales era del 19% según datos de EAPN.
Si vivir en un entorno rural implica una mayor probabilidad de desempleo, esta situación no mejora para quienes sí desarrollan una actividad laboral. Así, según datos del Ministerio de hacienda, la renta media de los municipios de menos de
1.000 habitantes, que son aquellos con más riesgo de despoblación, era muy
inferior a la de los municipios de más habitantes. En concreto, la renta media de los municipios de más de 1.000 habitantes era de 20.791 euros en 2017, último año en que hacienda registra datos, mientras que en los de menos de 1000
habitantes era de 13.417 euros, esto es, las personas que viven en un municipio de menos de 1000 habitantes tienen unos ingresos un 64,5 % inferior a los otras ciudadanas y ciudadanos españoles. En concreto, según los últimos datos desagregados por
tipo de urbanización recogidos por Eurostat, relativos a 2014, la tasa de pobreza en las zonas rurales es un 10 % superior a la de las ciudades (aproximadamente un 35 % frente al 25% respectivamente). En conclusión, vivir en la España vaciada
significa tener muchas más posibilidades de ser pobre, incluso teniendo ingresos.
La estructura económica en las zonas rurales es, en gran medida débil, estacional y muy sensible a las crisis. El Programa de desarrollo rural sostenible (2010-2014) del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, hacía una comparativa
y análisis del peso de los sectores económicos los entornos rurales y urbanos con datos referidos a un estudio de Caja España de 2008 y evidenciaba que, la construcción suponía un 16 % en el entorno rural, mientras que en el entorno urbano tenía un
peso del 12 %, la industria, un 19 %, frente al 13 % del entorno urbano, el agrario, un 25 %, frente al 3 % del medio urbano y el sector servicios, un 40 %, frente al 72 % del medio urbano.
La importancia del turismo ha ganado mucho peso a lo largo de los años, especialmente el que tiene que ver o implica de alguna manera al turismo gastronómico, pero es indudable la especial importancia de la agricultura en la economía rural
española. La aportación al PIB en 2017 de la industria agroalimentaria y pesquera y las actividades indirectas tales como insumos, transporte y distribución), aporta más del 10% del PIB. Sin embargo, el sector agrícola es uno de los más
maltratados por la economía. Así, nuestras y nuestros agricultores, pescadores y ganaderos, han tenido que hacer grandes desembolsos económicos y se han tenido que endeudar para modernizar la maquinaria y técnicas de producción para adaptarse a un
modelo global cada vez más competitivo, a la misma vez que reciben míseros pagos por sus productos, por parte de las grandes centrales comercializadoras y canales intermediarios, siendo obligados en muchas ocasiones a realizar ventas a pérdidas o a
resultas. En este sentido, es muy importante el paso dado por el gobierno a través de la publicación del Real Decreto-ley 5/2020 de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, en cuanto al objetivo de evitar las malas prácticas en la
cadena alimentaria, a la misma vez que es urgente la trasposición de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la
cadena de suministro agrícola y alimentario.
Además, la actividad agrícola se ve muy afectada por la climatología que puede provocar malas cosechas o la pérdida completa de la producción, lo que puede llevar a gran endeudamiento para los agricultores y agricultoras propietarios así
como a una importante pérdida de empleo.
Está demostrado que las zonas rurales que tienen distritos industriales, son más prósperas económicamente y también afianzan mayor población. Sin embargo, la especialización industrial suele estar centrada en sectores ligados a la
construcción textil, industria agroalimentaria, agrupando dichos sectores casi el 80% de la actividad industrial, sectores en su mayoría que presentan altos grados de estacionalidad, precariedad y alto grado de vulnerabilidad frente a las crisis
económicas.
El actual contexto de pandemia y declaración del Estado de Alarma debido a la COVID-19, está suponiendo una merma muy importante en la economía española que se ve fuertemente agravada para la economía de las zonas rurales. Las actividades
agrícolas, pesqueras y ganaderas están sufriendo fuertes pérdidas especialmente en las actividades productivas que iban dirigidas a hoteles, restaurantes y cafeterías así como en los cáterin (HORECA). Además, las actividades turísticas, comerciales
e industriales se encuentran en situación de parálisis temporal total en algunos casos como en lo que respecta al turismo y con una gran pérdida de actividad en otros.
Es necesario salir de esta crisis apostando por las infinitas capacidades económicas de los entornos rurales para proporcionar a la población una mejora de sus condiciones de vida, pero también para evitar la despoblación y equilibrar la
densidad poblacional, además de para por el gran valor de la fijación de población para la conservación medioambiental.
Para ello, hace imprescindible la diversificación de la actividad económica apostando por sectores industriales de alta intensidad en I+D+i, que generen gran valor añadido, apoyando a las actividades agrícolas, pesqueras y ganadera,
especialmente a aquellas más afectadas por las consecuencias económicas del COVID-19, a las actividades turísticas y apoyando la creación de nuevas empresas y actividades. Todo ello, pensando especialmente en las pequeñas empresas, en las
actividades familiares, así como en el apoyo a mujeres y jóvenes en la inserción laboral y en la actividad empresarial.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Tomar medidas urgentes para la simplificación de los trámites administrativos para la creación de empresas y de aquellos otros que se dan durante la vida empresarial, en el marco de la transposición de la Directiva 2019/1151 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 por la que se modifica la Directiva 2017/1132, para la implantación de empresas y la actividad económica en las zonas afectadas por la despoblación.
2. Ampliar la red de banda ancha y cobertura móvil que permita culminar la extensión de la banda ancha de nueva generación en el territorio rural, y aumentar la calidad de los servicios para la transformación digital, de manera que permita
un importante aumento de oportunidades para las empresas y una mayor calidad de vida de la ciudadanía.
3. Potenciar la inversión en la industrialización de las zonas rurales en actividades de fuerte presencia de I+D+i que sean respetuosas con el medio ambiente así como con la salud de la población, como la industria ligada al cambio de
modelo energético y abastecimiento interno a través de las energías renovables.
4. Implementar medidas de apoyo a la reactivación económica de las actividades agrarias, pesqueras y ganaderas, con especial incidencia en el sostenimiento de aquellas más afectadas por la COVID-19, a través de moratorias, bonificaciones,
campañas publicitarias y favorecer la compra pública o privada en actividades de alimentación colectiva, entre otras.
5. Fomentar y fortalecer las redes de distribución agroganadera de proximidad, compromiso de la administración para favorecer en los procesos de compra pública alimentaria a las producciones de proximidad con especial esmero en el
fortalecimiento de las estructuras de comercialización de la economía de pequeña y mediana escala y los productores del modelo familiar agroganadero.
6. Favorecer la producción, transformación y venta de productos ecológicos y de proximidad.
7. Garantizar una producción estadística con periodicidad mínima de un año, con desglose de datos suficientes que permita, salvaguardando el secreto estadístico, un análisis pormenorizado de la situación económica así como poblacional y de
calidad de vida y de servicios públicos en los entornos rurales y según grados de urbanización, por parte de instituciones oficiales estatales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2020.-Isabel Franco Carmona, Diputada.- Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/001093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para impulsar la producción de energía verde como herramienta del reto demográfico, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El impulso de la producción de energía verde, debe y puede servir como una de las principales herramientas para afrontar el reto demográfico. Hasta ahora el modelo imperante se ha basado, en parte, en aprovechar los recursos naturales (sol,
viento, agua) muy presentes en el entorno rural, para producir energía verde, que es consumida mayoritariamente en entornos urbanos, siendo pocos los casos en que ello haya revertido en la generación de desarrollo y de puestos de trabajo en las
zonas rurales.
Es cierto que actualmente las zonas rurales pueden aprovechar sus recursos naturales para tener una ventaja competitiva a través del autoconsumo energético, algo que se impulsó eliminando el conocido impuesto al sol, entre otras muchas
modificaciones normativas que se han llevado a cabo en los últimos
años. Pero se hacen necesarias otras modificaciones y acciones para impulsarlo más decididamente y que tenga una implantación mayor.
El modelo imperante hasta ahora nos ha llevado a que gran parte de la producción de energía se de en lugares muy alejados de los puntos de consumo, haciendo con ello más ineficiente el sistema por las pérdidas que se producen en el
transporte de la energía. Paradójicamente los consumidores que están cercanos a los puntos de producción pagan la energía al mismo precio, incluso mayor, que los grandes centros de consumo más alejados. Esto está provocando que muchas de estas
plantas que podrían servir de esperanzas de futuro para los habitantes de zonas que se despueblan a gran velocidad puedan generar enfado al ver como ocupan grandes superficies mientras ellos ven como sus municipios se mueren.
Nos encontramos ante una oportunidad única para impulsar un nuevo modelo que permita un mayor desarrollo y creación de empleo en las zonas rurales a través de su potencial en el desarrollo de las energías renovables. Un modelo que a través
de producción de energía distribuida, sea más eficiente y ayude a impulsar el desarrollo de las zonas donde se instalan estas plantas.
Este cambio de modelo no debe sustituir en ningún caso a los impuestos que pagan a los ayuntamientos del término municipal donde se instalan, ya que estos son imprescindibles, y más ahora, para sostener los servicios públicos y garantizar la
viabilidad económica de esos ayuntamientos. Debe ser compatible y complementario, estas medidas en ningún caso va a restar competitividad ni frenar el desarrollo de proyectos de energías renovables.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando el desarrollo de las zonas rurales a través de su potencial en la generación de energías renovables con las siguientes actuaciones y filosofía:
1. Facilitando e impulsando que, en las zonas en las que se instalan las grandes plantas de generación renovable, se pongan en marcha proyectos de autoconsumo colectivo para las instalaciones públicas y privadas allí ubicadas. Esto
permitiría que estos entornos tuvieran menores costes energéticos y con ello una ventaja competitiva para impulsar su desarrollo y creación de empleo, a través de un sistema más eficiente al eliminar las pérdidas que se producen en el transporte.
2. Potenciando que los grandes proyectos de energías renovables lleven aparejados proyectos empresariales en la zona donde se instalan, creando empleo estable y continuado en el tiempo, a parte del creado para el funcionamiento de las
plantas de renovables.
3. Estudiando el modo de facilitar y garantizar el acceso de proyectos ciudadanos participativos, de alto valor socioeconómico para zona, a los puntos de conexión a la red disponibles en la misma para evacuar la energía producida en las
plantas de generación de energía renovable.
4. A través de un gran plan del impulso de los contratos de servicios energéticos que incida en los ahorros energéticos a través de la eficiencia energética y las instalaciones de autoconsumo. Potenciando la movilización de grandes
cantidades inversión privada con impulso público que pueda generar un importante número de empleos en sectores como el de las reformas, instaladores, etc. Además de potenciar que la sociedad en su conjunto sea más eficiente energéticamente y
respetuosa medioambientalmente.
5. Impulsando la generación eléctrica renovable a través de las tecnologías que creen más empleo en las zonas rurales, como es el caso de la biomasa, entre otras, que además permiten luchar contra los incendios forestales al garantizar la
limpieza de los bosques.
6. Impulsando la producción de hidrógeno verde, facilitando que este se pueda inyectar en las redes de gas, facilitando con ello el transporte. Aprovechando parte de la producción en las zonas donde se genere para garantizar el
abastecimiento por fuentes renovables en las horas sin sol o viento, a través de pilas de hidrógeno. Además de aprovechar los subproductos como ventaja competitiva para industrias, empresas, administraciones públicas y particulares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2020.-Antidio Fagúndez Campos, César Joaquín Ramos Esteban, Isabel Leal Fernández y Germán Renau Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/001111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de apostar e
invertir en futuro para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
España ha adquirido el compromiso de limitar o de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kioto, como en el de la Unión
Europea.
Los objetivos de reducción de emisiones para 2030 quedan recogidos en las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014. En estas se aprobó el Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030 ('Marco 2030') con el fin de
dotar de continuidad al Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático.
Por su parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, documento de referencia en España, define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de
eficiencia energética.
El PNIEC establece:
- 40 % de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GED respecto a 1990.
- 32 % de renovables sobre el consumo total de energía final bruta.
- 32,5 % de mejora de la eficiencia energética.
- 15 % interconexión eléctrica de los Estados miembros.
La Hoja de ruta, realizada por la Comisión Europea en el año 2011, nos coloca en el camino hacia una economía baja en carbono y competitiva en 2050. En esta se establecen los elementos clave que deberían estructurar la acción climática para
que la Unión Europea pueda convertirse en una economía baja en carbono y competitiva de aquí a 2050. Si bien no establece objetivos vinculantes, indica cómo la Unión Europea debe reducir sus emisiones un 80% por debajo de los niveles de 1990 a
través de reducciones domésticas, estableciendo hitos intermedios (reducciones del orden del 40% en 2030 y 60% en 2040), para la consecución de dicha economía baja en carbono.
Por otro lado, la crisis derivada del COVID-19 está planteando un nuevo escenario que desde la UE quiere impulsarse con el denominado 'Green Deal', un paquete de ayudas extraordinarias para impulsar la modernización y reactivación de las
economías europeas mediante inversiones adicionales a las previstas en materia de transformación energética y ecológica y en materia de transformación digital. En este momento, está en trámite parlamentario el Proyecto de Ley para la Economía
sostenible, que debe considerar dicha actualización y la necesidad de acelerar los procesos de cambio con mentalidad industrial, para favorecer la investigación, la innovación y la generación de empleo de calidad.
En resumen, tenemos que revisar los planes y políticas para ser más ambiciosos en la transformación, aprovechando las ayudas europeas para generar con más energías renovables, mejorar la eficiencia energética para 2030 y conseguir la
neutralidad climática en 2050, que no se emitan más gases de efecto invernadero que los que se puedan asumir, tiempo que se consigue reactivar nuestra economía en sectores industriales de vanguardia.
La energía eólica marina es un factor fundamental en la transición energética. No solo por la disponibilidad de recursos y su competitividad en coste frente a otras tecnologías tradicionales, sino también porque la población a nivel mundial
se concentra en el ámbito costero, y porque existe una creciente concienciación social y medioambiental que favorece la exploración de vastas extensiones en el espacio marítimo susceptibles de ser explotadas.
Los costes de la energía eólica marina siguen cayendo según se va cumpliendo su curva de aprendizaje. 1 MW de nueva capacidad eólica terrestre ahora requiere solo 1,4 millones de euros de gasto, en comparación con los 2 millones de euros en
2015. Y 1 MW de nueva capacidad eólica marina requiere 2,5 millones de euros, frente a los 4,5 millones de euros en 2015, con precios finales de la energía generada en muchos casos inferiores al que ofertado por tecnologías tradicionales. Según
WindEurope, en 2019 se tomaron decisiones de inversión en Europa en 4 nuevos parques eólicos marinos: 1.400 megavatios de capacidad y 6.000 millones de euros en inversiones.
Por su parte, la Comisión Europea estima que Europa necesitará entre 230 y 450 GW de energía eólica marina para 2050 para cumplir con el Pacto Verde. Y, según la asociación europea de la industria eólica, para conseguirlo deberían
instalarse siete gigavatios (7 GW) de nueva potencia eólica marina cada año hasta 2030 y más del doble anual desde 2030 (18GW) hasta 2050. Ahora mismo, en Europa están instalados poco más de 3,5 gigavatios anuales, o sea, la mitad de lo que sería
preciso.
España ha sido pionera y uno de los grandes líderes en el ámbito de la energía eólica a nivel europeo y mundial, pero dicho liderazgo no se ha traducido a un equivalente en lo que la energía eólica marina se refiere.
La industria eólica europea ha instalado en 2019 hasta 10 nuevos parques eólicos (502 aerogeneradores) en Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Bélgica y Portugal. Europa cuenta ahora mismo con 22.072 MW de potencia eólica marina (5.047
aerogeneradores distribuidos por las aguas territoriales de 12 países). Reino Unido y Alemania tienen las tres cuartas partes. Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos se reparten prácticamente todo lo demás. Portugal ha instalado solo 8 MW, pero
son muy significativos, porque corresponden a un parque flotante, y puede marcar tendencia en investigación e innovación que pronto será plenamente operativa a nivel comercial, El lanzamiento del proyecto flotante portugués WindFloat Atlantic,
financiado por el programa NER300 de la UE, ha elevado en 2019 la potencia eólica marina flotante europea hasta los 45 MW. Ahora mismo, Francia, Reino Unido, Noruega y Portugal desarrollan proyectos flotantes.
Los proyectos de eólica marina flotantes son solo la última expresión de la constante evolución tecnológica en el sector; la distancia media a la línea de costa no ha cesado de crecer a lo largo de los últimos diez años. Los parques
eólicos marinos europeos distaban del litoral una media de poco más de 10 kilómetros en 2010 y alcanzaron una media de 60 kilómetros en 2019. Y en cuanto a la profundidad de las aguas, se observa también una tendencia similar, mejorando las
capacidades de instalación con aguas cada vez más profundas. Y la tecnología flotante viene a revolucionar esos hitos.
En el PNIEC, para el desarrollo de la energía eólica marina en España, se hace referencia a 'La Comisión Europea concibe la Especialización Inteligente como un instrumento fundamental para garantizar la contribución de la política de
cohesión a la política de crecimiento de la Estrategia Europa 2020, buscando la especialización en ámbitos potencialmente competitivos y generadores de desarrollo en el marco de un contexto global. Así, se ha establecido el desarrollo de las
Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) como una condición previa de las regiones y de los Estados miembros para optar a los fondos estructurales en el periodo presupuestario 2014-2020. En consecuencia,
es imprescindible que las regiones identifiquen las áreas de especialización susceptibles de recibir financiación comunitaria durante este periodo para la realización de proyectos de I+D, innovación y TIC'.
España está contribuyendo de forma significativa al desarrollo eólico marino haciendo gala de un músculo industrial relevante, que principalmente se localiza en el Norte de España. Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco se están
beneficiando de su proximidad geográfica, así como de una alta especialización industrial, lo que está permitiendo a estas regiones del norte competir con éxito en la eólica marina.
Ahora bien, España tiene que apostar e invertir en futuro y eso pasa inexorablemente por invertir en I+D+i, afrontando retos como la explotación del recurso en grandes profundidades y a grandes distancias de la costa o en tecnología
flotante, sin penalizar la viabilidad técnico-económica de los parques. También hay que hacer frente a unas condiciones medioambientales muy agresivas. El mar es un entorno hostil, no solo por la acción del oleaje o las corrientes, sino también
porque desde el punto de vista del comportamiento de los materiales es un entorno corrosivo, en donde sufren importantes procesos de degradación.
La singularidad del entorno marino tiene sin duda un impacto sobre el coste. No obstante, las ventajas que el mar ofrece han contribuido a un desarrollo tecnológico que optimiza cada vez más el diseño y la explotación de los activos. Un
marco regulatorio claro y estable, que favorezca los mecanismos de mercado, debe permitir una hoja de ruta clara y sostenible para el despliegue de todo el potencial de la energía eólica marina española.
Las ventajas no son despreciables, ya que además de una disponibilidad muy importante de recurso eólico es preciso señalar que su calidad es más elevada que en tierra, tanto por intensidad como por turbulencia. Esto contribuye a la mejora
de los factores de capacidad y, por lo tanto, en el retorno de la inversión.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Apostar firmemente por la energía eólica marina, estableciendo una hoja de ruta sostenible, con objetivos, plazos y ubicaciones, para el desarrollo de la energía eólica marina y las energías del mar, con un marco regulatorio claro,
estable, transparente y sencillo para permitir el despliegue con arreglo a mecanismos de mercado de todo el potencial de la energía eólica marina y siempre garantizando la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico español.
2. Caracterizar el área eólica, contemplando los requisitos del Plan de Ordenación del Espacio Marino (POEM).
3. Establecer mecanismos que permitan la interacción, entre el desarrollo y el acceso a las redes eléctricas, con la generación de energía marina renovable.
4. Apoyar e invertir en proyectos de I+D, innovación y TIC en energía eólica marina.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2020.-Elena Castillo López, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz, César Sánchez Pérez, Diego Gago Bugarín, Carmen Navarro Lacoba, José Ángel Alonso Pérez, Paloma Gázquez
Collado, José Alberto Herrero Bono, Tomás Cabezón Casas y Diego Movellán Lombilla, Diputados.- Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ángel López Maraver y D. Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a abordar la revisión de los costes regulados del sistema en la factura de la
luz, la revisión del IVA y supresión del IEE para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
España tiene una de las facturas eléctricas más caras de Europa, solo por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda. Si se pone en relación con el poder adquisitivo nacional, España es el tercer país europeo en dónde la luz cuesta
más al bolsillo de los ciudadanos. Durante los últimos 15 años se ha incrementado su precio un 61,3 %, como ha puesto de manifiesto el análisis de FACUA- Consumidores en Acción. (2/1/ 2020).
Entre los distintos conceptos que se abonan en la factura de la luz, existe una parte variable que depende del consumo realizado; pero también se pagan otros conceptos independientemente del consumo, que dificulta que los consumidores
puedan reducir el montante a abonar. El término fijo en España supone el 40 % de la misma, un peso muy superior al de otros países vecinos como se observa en el siguiente gráfico de Unión Española Fotovoltaica -UNEF- (2019).
Los costes regulados del sistema eléctrico involucran un gran número de conceptos, entre los que se encuentran los siguientes:
- Primas a las energías renovables: A partir del año 2004, mediante el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial, y especialmente mediante el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, las energías renovables se incentivaron
económicamente para formar parte del mix energético español1.
- Anualidad del déficit de tarifa: El déficit tarifario es la diferencia entre el monto total recaudado a través de peajes de acceso a las redes y cargos -precios regulados que fija la Administración y pagan los consumidores por acceder al
Sistema-, y los costes reales asociados a las tarifas -transporte, distribución, subvenciones y otras actividades y servicios que se retribuyen con cargo al sistema-. Esta diferencia se origina por errores de estimación y objetivos político/
económicos de los sucesivos Ejecutivos, quienes en último término establecen los peajes. Actualmente, el déficit tarifario está titulizado y se paga a plazos año tras año. En 2014, la deuda superó la cifra de 30.000 millones de euros. Sin
embargo, ha ido disminuyendo en los últimos años. A finales del 2019 la deuda era de 16.602 millones de euros.
No existe equivalente en los países de nuestro entorno. Para evitar la insostenibilidad de la situación para empresas y soluciones, se hace necesario realizar una auditoría de la deuda para establecer su origen y composición y, en caso de
que fuera procedente, anular la parte del déficit que se considere ilegítimo.
Los españoles, que han pagado la curva de aprendizaje global por el esfuerzo realizado en integrar las energías renovables, necesitan que se les libere en la factura de la luz tanto de las primas a las energías renovables como del déficit
tarifario. La cantidad resultante habría de ser asumida por los Presupuestos Generales del Estado (en adelante PGE) por tratarse de un coste de índole político, no energético.
- Servicio de Interrumpibilidad: Se trata de un servicio que presta principalmente la gran industria -gran consumidora de energía-, por el que, en caso de picos de demanda u otras incidencias del sistema, Red Eléctrica Española ejecutaría
la orden de reducción de potencia con el fin de evitar posibles cortes en el suministro o contener los precios. De esta manera, el servicio se paga entre o no en funcionamiento. Sin embargo, en España tenemos un sistema eléctrico que está
sobredimensionado, es decir, tiene un exceso de capacidad instalada. Se trata de un mecanismo de capacidad con un elevado coste, cuestionándose en Bruselas que realmente se trate de ayudas de Estado o subvenciones no autorizadas a la gran empresa.
- Incentivos a la disponibilidad y a la inversión: Las centrales de gas y carbón obtienen una remuneración, con independencia de las horas de funcionamiento. No serían necesarios si España tuviese capacidad de interconexión. Resulta
imprescindible que dichos incentivos sean analizados y recortados, en pos de la competitividad y, a la postre, de un menor coste en la tarifa eléctrica.
- Compensación a insulares y extra-peninsulares: En Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla llevan aparejados costes de explotación mayores que las peninsulares. Sin embargo, para mantener el principio de equidad y que todos los consumidores
satisfagan un precio igual independientemente de su lugar de residencia, se crea esta compensación, que supone unos 1.800 millones /año.
Curiosamente, este concepto tampoco es transferido a los PGE como, sin embargo, sí se transfiere en el ámbito marítimo y aéreo de pasajeros, la bonificación del transporte a ciudadanos residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias,
Islas Baleares y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla con el resto del territorio español. Se trata de una política social no energética, por lo que esta cantidad ha de ser asumida por los PGE.
Asimismo, se hace imprescindible elaborar un Plan Eólico y Fotovoltaico como el de Canarias, que integre las energías renovables para reducir notablemente la dependencia del fuel, y consecuentemente, el déficit insular, recortar los tiempos
de tramitación y promover instalaciones o aprovechar las existentes.
Transporte y Distribución: Por el mismo, se paga a Red Eléctrica de España y a las empresas distribuidoras -principalmente a Iberdrola, Naturgy y Endesa- el transporte de la energía desde el lugar de generación hasta el de consumo.
1. Actualmente, regulado por el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
En cuanto al IVA, la luz está gravada en nuestro sistema con un 21%; en Reino Unido el impuesto asciende a un 5 %. Se trata del cuarto más alto de Europa. No admite discusión que la electricidad es un bien de primera necesidad. La luz no
debería tener IVA alguno. No obstante, si lo tuviera, debería ser el tipo reducido del 4 %, por lo que se hace imprescindible revisar dicha fiscalidad.
También grava la factura de la luz el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE). Implantado en el año 1997, se justificó en la Exposición de Motivos de la Ley 66/1997 como la 'obtención de los ingresos necesarios para compensar la
supresión del recargo sobre la facturación de energía eléctrica, en concepto de ayudas a la minería del carbón'. Desde el 1 de enero de 2015, ya no se incentiva el consumo de carbón nacional. A partir de dicha fecha deja de configurarse como un
impuesto sobre fabricación (Ley 28/2014, de 27 de noviembre) para pasar a ser un impuesto que grava el suministro de energía eléctrica. Actualmente, es un mecanismo de financiación de las comunidades autónomas. El impuesto ya no responde a los
criterios y fines por los que fue creado, supone un incremento y coste de la factura de la luz a los consumidores e implica una doble tributación, por lo que proponemos la supresión del mismo.
Por consiguiente, se trata de realizar una profunda revisión de los costes regulados y de los impuestos que gravan la factura de la luz, para mejorar el acceso a un bien básico como es la energía, incentivar la instalación de autoconsumo y
medidas de ahorro y eficiencia energética, hacer más competitivas nuestras industrias, evitar la deslocalización, impulsar la penetración de la movilidad eléctrica, y, en definitiva, pagar un precio más justo por el suministro de un bien esencial.
La parte regulada del precio de la energía, incluye materias claramente relacionadas con el suministro, como el transporte y la distribución, (que son motivo de análisis y control en cuanto a su modelo de retribución), junto a materias de
índole política y social, para finalmente añadir una cantidad desproporcionada de impuestos a un servicio básico, que además, resulta primordial en la competitividad de una nación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Auditar la deuda correspondiente al déficit tarifario para establecer su origen y composición y, en caso de que fuera procedente, anular la parte del déficit que se considere ilegítimo.
2. Asumir en los Presupuestos Generales del Estado las Primas a las energías renovables, así como el déficit tarifario correspondiente. Asimismo, canalizar dicha deuda como partida de las ayudas europeas recibidas, dado que se enmarca en
los objetivos propuestos por Europa: eficiencia energética y sostenibilidad.
3. Transferir a los Presupuestos Generales del Estado la compensación a los suministros insulares y extrapeninsulares.
4. Estudiar la reforma y reducción del servicio de interrumpibilidad que grava la factura de la luz, cuyo coste es elevado y su necesidad no justificada.
5. Elaborar un Plan Eólico y Fotovoltaico de Canarias que integre las energías renovables con el objetivo de reducir de manera considerable la dependencia del fuel, y consecuentemente, el déficit insular, recortar los tiempos de tramitación
y promover la creación de instalaciones o aprovechar las existentes.
6. Revisar la fiscalidad que soporta la factura eléctrica, estudiar la exención total de fiscalidad o un gravamen de electricidad con el tipo reducido del 4%.
7. Suprimir el Impuesto Especial sobre la Electricidad y poner fin a la doble imposición que supone aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sobre el IEE.
8. Trasladar el grueso de los cargos al término de energía, y no al de la potencia, con el fin de incentivar la eficiencia y el consumo eléctrico en los horarios menos saturados.
9. Estudiar la posibilidad de ofrecer la contratación de dos potencias diferentes, con un precio muy reducido para el horario valle.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2020.-Mireia Borrás Pabón, Luis Gestoso de Miguel, Ángel López Maraver y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Cultura y Deporte
161/001063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para defender el legado español en los Estados Unidos, para su
debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Se están produciendo una serie de movimientos en EE.UU. que mezclan asuntos que no tienen nada que ver, como son el racismo con el legado español en América del Norte.
A raíz de la muerte de George Floyd a manos de un policía, expulsado afortunadamente del cuerpo, y a la espera de que se juzguen los hechos, se ha producido una reacción para condenar el lamentable hecho que denuncia además el racismo que
todavía hunde sus raíces en EE.UU. Pero junto a este movimiento está anidando una idea falsa y perniciosa que señala a algunos personajes españoles o hazañas de nuestro país como origen del racismo en EE.UU.
No es nuevo, ya hace algunos años que se hacen representaciones donde se culpa a España de hechos que nada tienen que ver con ella. Se demonizan personajes como Fray Junípero Serra o Isabel la Católica. Se ha condenado el Descubrimiento y
han atacado estatuas de Colón. En estos últimos días se ha agredido hasta un busto de Cervantes, lo que confirma que estamos ante una ola de hispanofobia.
El revisionismo indocumentado es peligroso. El presentismo también. Si no hacemos nada, la imagen de España en EE.UU. puede quedar seriamente dañada, además de que si iniciará una gran calumnia histórica que de no ser contrarrestada será
cada vez más difícil de parar.
El legado de España en Norteamérica es inmenso y mayormente positivo. Desde Bernardo de Gálvez hasta Ponce de León, de Alvar Núñez Cabeza de Vaca a Fray Junípero Serra. Personajes esenciales para el nacimiento de los EE.UU., como el propio
Gálvez o Luis de Córdova.
No es justo con la memoria de estos personajes y con nuestro pasado, pero sobre todo es perjudicial para nuestro futuro el hecho de que se instale esta falsa historia sobre nuestra nación. Puede afectar no solo a nuestro prestigio como
nación sino también a las relaciones de España con otros países en diversos aspectos, desde el comercial hasta en turístico.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Que a través de la Embajada en EE.UU. se inicien acciones y actividades que defiendan el legado español en aquel país. Así como se realicen gestiones que promuevan la protección de los monumentos y homenajes que versan sobre personajes
españoles o vinculados a España.
2. Que el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española elaboren un plan de difusión de la historia de España en Estados Unidos. Que se promuevan conferencias, actividades y la llegada de obras de autores españoles que narran esta
historia.
3. Que se elabore una estrategia para la difusión de la Historia de España y contra la Leyenda Negra, dentro y fuera de nuestras fronteras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.- Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la
Comisión de Cultura, relativa a una serie de medidas para el rescate de las artes escénicas y musicales en el contexto de la crisis COVID19.
Exposición de motivos
La pandemia del COVID-19 ha dado paso a una crisis sanitaria con un impacto altísimo en el ámbito de la cultura. Dicho sector suma el 3.2 % del PIB y la situación derivada de las medidas de emergencia han posicionado a multitud de empresas
y trabajadores del mundo de la cultura en una situación de parálisis con las consecuencias económicas derivadas. A pesar de ello, durante los días de confinamiento han sido innumerables las personas dedicadas al ámbito de la cultura que han puesto
su obra al servicio de la ciudadanía desde redes sociales o plataformas. Paradójicamente, uno de los ámbitos más golpeados por la crisis es ahora uno de los sectores que más aporta a la salud psicosocial en los hogares.
En España hay registradas 122.673 empresas culturales en los distintos sectores. De estas empresas solo el 7,2 % cuenta con más de seis trabajadores y solo el 0,6 % tiene más de 50 empleados. Hablamos, en general, de autónomos, que, ante
la cancelación de sus proyectos no tienen derecho al paro. En el periodo entre marzo y mayo, el sector de las artes escénicas y la música ha debido hacer frente a la suspensión de unas 30.000 funciones, lo que supone unas pérdidas superiores a los
130 millones de euros, que podrían incrementarse en los próximos meses, según informa la Mesa del sector de las Artes Escénicas y la Música COVID-19. Para las asociaciones y colectivos que integran esta Mesa, la crisis 'ha puesto de relieve
nuevamente la necesidad de que el Estado y sus diferentes niveles administrativos consideren a la cultura en general, y a las artes escénicas y la música, en concreto, como un sector estratégico'. Partiendo de este diagnóstico, creemos que es
fundamental cuidar del sector cultural desarrollando una hoja de ruta que incluya todas las medidas necesarias dirigidas a garantizar los derechos laborales, económicos y sociales de las personas vinculadas al sector.
Por otra parte, la cancelación de giras, espectáculos, bolos, exposiciones, proyecciones, festivales, exhibiciones, rodajes, implica una serie de pérdidas propias de la preproducción, de la planificación de desplazamientos y otros que tienen
que verse urgentemente compensadas. Por tanto, creemos fundamental garantizar la compensación de lucro cesante a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para compañías de artes escénicas y musicales en tanto que 'riesgo extraordinario' (Real
Decreto 300/2004), ayudas de compensación de transferencia directa para personas (autónomas o personas contratadas) y de crédito (ICO) para empresas, además de garantizar el acceso de las trabajadoras y trabajadores al subsidio por desempleo,
especialmente para aquellos en los que el carácter intermitente de su trabajo no tienen normalmente acceso a este subsidio.
Finalmente, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo recoge una serie de medidas en materia de alquiler. Sin embargo, las medidas se adoptaron en relación exclusivamente con los arrendamientos de vivienda habitual, dejando fuera los
locales o estudios con fines de actividad cultural. Por ello, apoyamos la necesidad de hacer extensivas las medidas adoptadas para la vivienda habitual a dichos locales y estudios.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Habilitar el acceso a la prestación del paro con las mismas condiciones que las establecidas en el RD 8/2020 para los y las trabajadoras de estos sectores, con las particularidades de intermitencia del sector cultural.
2. Impulsar una línea de ayudas al alquiler de estudios y otros locales de trabajo que respondan a las especificidades del sector, que no estén contempladas en los supuestos vigentes sin perjuicio de la concesión de otras vinculadas con la
actividad laboral.
3. Habilitar para el período del estado de alarma una aplicación de oficio del Real Decreto-ley 26/2018 que prevé la asimilación al alta para artistas.
4. Garantizar la compensación por cese de lucro mientras duren las restricciones de aforo dirigido tanto a salas como a compañías, garantizando el pago de todos los agentes implicados en el espectáculo.
5. Garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas acordadas en el sector de las artes visuales, así como las políticas de igualdad establecidas en el art. 26 de la Ley 3/2007, desde una mirada interseccional y de cultura democrática,
en la aplicación de todas las medidas descritas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2020.-María del Mar García Puig, Sofía Fernández Castañón y María Márquez Guerrero, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Comúm.
161/001081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión
Cultura, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a tomar medidas para impulsar la unidad de la lengua catalana y rechazar el secesionismo lingüístico que sufre el catalán.
Exposición de motivos
La lengua catalana, hablada desde Salses a Guardamar y de Fraga al Alguer, deriva de una continuidad lingüística milenaria que ha dado lugar a una realidad unitaria dentro de su diversidad, tal como lo reconoce la lingüística románica
partiendo de los criterios científicos habituales. Esta unidad lingüística no se ve en ningún caso cuestionada por la existencia de otras denominaciones territoriales, tradicionales o populares, tales como alguerés, valenciano, mallorquín,
menorquín, ibicenco, andorrano, formentí o fragatí. En todos los casos, estas denominaciones alternativas se refieren a la misma lengua, hoy hablada por más de diez millones de ciudadanos europeos.
En efecto, la existencia de estas denominaciones alternativas no hace sino poner de manifiesto que el catalán es la lengua propia de todos estos territorios: de Catalunya, del País Valencia, de les Illes Balears, de la Catalunya Nort, de la
Franja de Ponent , de l'Alguer y de Andorra.
Esta unidad lingüística ha sufrido, en las últimas décadas, varios intentos de fragmentación por parte de diversas instancias e instituciones públicas hecho especialmente grave, dado que no solo constituye un ataque frontal hacia un
patrimonio lingüístico que debería ser orgullosamente compartido por los estados y regiones de Andorra, España, Francia e Italia, sino también un menosprecio absoluto del rigor científico y académico de los expertos en la materia filológica.
En el caso de las instituciones públicas españolas, ha quedado constatado que la denominación de valenciano, empleada oficialmente en la Comunitat Valenciana, ha servido de pretexto para que la abogacía del Estado considerara que la lengua
propia de este territorio no es la misma que la de Catalunya o la de las Illes Balears. En el mismo sentido, varias páginas web de organismo oficiales como ministerios y otros entes estatales, ofrecen las opciones lingüísticas de catalán y
valenciano separadamente -como si fueran lenguas diferentes-. Esto supone no solo un gasto adicional y superfluo sino también un daño cultural injustificado.
El hecho de que desde las instituciones públicas no se asuma con naturalidad la unidad de la lengua catalana se traduce en una falta de coordinación en las políticas culturales de los diversos gobiernos de los territorios de lengua catalana.
Los centros culturales y académicos de referencia, como el Institut Ramon Llull, deberían poder contar con la participación de todos los gobiernos de las comunidades autónomas donde el catalán es lengua oficial, algo que hoy no es posible
por el temor de que esto pueda generar falsas polémicas a propósito de la unidad de la lengua.
Otra consecuencia de esta falta de coordinación política es que no sea aún posible la reciprocidad total de los medios audiovisuales en lengua catalana en los territorios donde es oficial, más allá de cuestiones técnicas de segundo grado,
por un motivo muy similar. Y, por último, el hecho de no asumir la unidad lingüística en las políticas públicas genera disfunciones como que los contenidos audiovisuales
doblados en catalán por los gobiernos y televisiones públicas de los diversos territorios no puedan compartir recíprocamente, sino que sea necesario, incluso, en algunos casos, doblar dos o tres veces en diferentes variedades dialectales los
mismos contenidos, lo cual es especialmente perjudicial en un sector clave para el fomento del uso social del catalán entre las generaciones más jóvenes como es el audiovisual.
El Segundo Congreso Internacional de la Lengua Catalana, celebrado en 1986, ya reclamó la coordinación entre los territorios de lengua catalana a la manera de la Unión de la Lengua Neerlandesa: una comisión intergubernamental para la
coordinación de las políticas lingüísticas; una comisión interparlamentaria, para velar por la coherencia entre las legislaciones lingüísticas, y un consejo de la lengua y de las letras que agrupe las instituciones académicas y culturales más
relevantes. Esta propuesta, sin embargo, nunca se ha hecho realidad, de manera que la lengua catalana, y sus hablantes, continúan sufriendo esta falta de coordinación política y administrativa.
Por otra parte, en febrero de 2017 los gobiernos de Catalunya, la Comunitat Valenciana y las Illes Balears firmaron la llamada Declaración de Palma, un texto que pretendía poner las bases de una verdadera cooperación cultural y lingüística
entre los gobiernos de estos territorios pero que, finalmente, no se ha materializado en políticas públicas concretas. Ya es hora de cambiar estas dinámicas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados acuerda:
1. Reconocer y declarar la unidad de la lengua catalana, sin que este hecho suponga menospreciar otras denominaciones existentes.
2. Rechazar cualquier medida que imponga impedimentos normativos, administrativos, técnicos o sociales a los ciudadanos de las comunidades autónomas donde esta lengua es oficial y propiciar el poder vivir con normalidad y con garantías esta
unidad lingüística.
3. Instar al Gobierno a reconocer públicamente y oficialmente la unidad de la lengua catalana, a corregir los servicios, entes y políticas públicas que la cuestionan y a velar porque ninguna institución pública o empresa privada del estado
español fomente el secesionismo lingüístico catalán en su actividad.
4. Impulsar las medidas necesarias para garantizar que la comunicación entre los gobiernos territoriales que tienen el catalán como lengua oficial puedan utilizarlo en sus relaciones oficiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
161/001088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Contreras Peláez, D. José Ramírez del Río, D.ª Mireia Borrás Pabón y D. Pedro Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de monumentos y estatuas de personajes históricos españoles, para su
debate ante la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Primero. En las últimas semanas, con la excusa de la muerte de George Floyd en Estados Unidos, se ha desencadenado en todo Occidente una furia de violencia ultraizquierdista contra estatuas y monumentos que conmemoran a importantes figuras
de nuestro pasado. De Cervantes a Julio César, de Cristóbal Colón a Churchill, de Fray Junípero Serra a Bismarck, de Ponce de León a George Washington... nadie se libra ya del anatema de 'racista, imperialista, genocida' decretado por
departamentos universitarios neomarxistas y ejecutado como quema en efigie por hordas de activistas 'antifascistas'.
Con flagrante anacronismo, la izquierda juzga a las personalidades de hace siglos con el rasero moral del siglo XXI. Se trata, sin embargo, de un anacronismo selectivo, aplicado solo a las grandes figuras del pasado occidental. La
severidad implacable empleada contra Colón o Jefferson por 'esclavistas' (directamente delirante cuando se trata de Cervantes, víctima de la esclavitud en su cautiverio argelino, o de Fray Junípero Serra, evangelizador y defensor de los indios
californianos) se vuelve comprensión contextualizadora cuando se trata de los sacrificios humanos sistemáticos y el canibalismo característicos de las culturas precolombinas, la esclavitud practicada masivamente por el Islam y otras civilizaciones
no occidentales (desde antes y hasta después de la perpetrada por Occidente) o las matanzas cometidas por regímenes comunistas en el siglo XX.
Segundo. No se trata, pues, de 'antirracismo', sino de una extraña pulsión de muerte que lleva a una parte de la sociedad occidental a odiar su propia historia y cultura. Una 'tiranía de la penitencia' (Pascal Bruckner) que pone a
Occidente de rodillas por sus ya lejanos pecados de colonialismo y racismo, mientras exculpa a todas las demás civilizaciones. Una 'oikofobia' (odio a lo propio) y 'xenofilia' (exaltación de lo ajeno) que olvida las grandes aportaciones de
Occidente a la humanidad: la democracia y el Estado de Derecho; la igualdad entre los sexos y la medicina moderna; la ciencia y la Seguridad Social; los adelantos tecnológicos que han llevado niveles inéditos de bienestar a todo el planeta; la
abolición de la tortura, de la pena de muerte... y de la esclavitud (practicada por todas las culturas, pero abolida solo, o en primer lugar, por Occidente). El Papa emérito Benedicto XVI diagnosticó muy bien el fenómeno: 'Hay un odio de
Occidente a sí mismo que es extraño y que solo se puede considerar patológico: Occidente se muestra lleno de comprensión hacia los valores de los de fuera, pero ya no se ama a sí mismo; de su historia ve solo lo condenable y destructivo, no lo
grande y puro.[...] La multiculturalidad, que es constante y apasionadamente favorecida e incentivada, es sobre todo abandono y negación de lo propio'.
La extrema izquierda española, caracterizada por un antiamericanismo visceral, tiene sin embargo la costumbre de imitar servilmente las modas culturales llegadas de los Estados Unidos de América: también este antioccidentalismo fanático.
Es de temer, pues, que los ataques a monumentos se extiendan a nuestro territorio, que ya sufrió una primera oleada de iconoclastia legal con la Ley de Memoria Histórica, que obligó a retirar las estatuas de solo uno de los bandos de nuestra Guerra
Civil, mientras se dejaban en su lugar las de personajes del Frente Popular culpables de crímenes igual de graves. La portavoz de En Comú Podem, la Sra. Jessica Albiach, ya ha pedido el desmantelamiento de la estatua de Cristóbal Colón en
Barcelona, propuesta a la que se sumó la portavoz de Adelante Andalucía, la Sra. Teresa Rodríguez, ampliando la lista potencial a otras figuras: 'La de Colón, sí, y habría que ir a por otros también, que algunas de las grandes fortunas de este
país se han constituido en el comercio de esclavos y hay muchas calles de nuestras ciudades, muchas estatuas hechas a benefactores de las ciudades que sacaban sus fortunas de la trata y el tráfico de esclavos'.
Tercero. La estatua de Junípero Serra en la plaza de Sant Francesc de Palma de Mallorca ha aparecido el 22 de junio con una pintada de 'racista'. La estatua de Núñez de Balboa en Madrid fue cubierta de pintadas en febrero de 2019. El
monumento a Colón en Valladolid fue atacado con pintadas en octubre de 2019, y el de Hernán Cortés en Medellín sufrió parecidos ultrajes en 2010. El monumento a Fernando el Católico en Zaragoza fue pintarrajeado en abril de 2018.
En el Grupo Parlamentario VOX creemos que toda nación que quiera sobrevivir debe cuidar su autoestima histórica y honrar su pasado, sin ocultar los lados sombríos, pero sin dejar de valorar y recordar lo mucho que es susceptible de
conmemoración. Es, por cierto, la actitud que ha exhibido el presidente Macron cuando el revisionismo demoledor de estatuas ha llegado al país vecino: 'Me opongo a una reescritura falsaria y odiosa del pasado. [...] La República no borrará
ninguna traza ni nombre de su pasado. No olvidará ninguno de sus hechos. No desmantelará estatuas'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
- Poner en práctica, a través del Ministerio de Educación y en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, una campaña informativa sobre la labor de España en América, desmintiendo los tópicos infundados como el 'genocidio', la
'esclavitud de los indígenas' (prohibida por el testamento de Isabel la Católica, las Leyes de Burgos de 1512 y las Leyes Nuevas de Indias de 1542), y otros.
- Promover que los medios de comunicación públicos pongan en práctica una campaña similar, con documentales ponderados y mesas de debate sobre la labor de España en América.
- Adoptar, en coordinación con las Administraciones locales, las medidas adecuadas para velar por la seguridad de las estatuas y monumentos de figuras de la historia de España, especialmente las asociadas a períodos como la Reconquista o la
hispanización de América.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2020.-Francisco José Contreras Peláez, José Ramírez del Río, Miereia Borrás Pabón y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de medidas de apoyo al
sector taurino como patrimonio cultural de España, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos:
La Ley 18/2013, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, define a la misma como 'el conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que
confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar'. Y añade que la tauromaquia es 'expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español'.
Dicha norma supuso un hito en la protección de la tauromaquia como parte del patrimonio cultural de nuestro país, y por tanto como un arte merecedor de la protección que la Constitución otorga a nuestra cultura en su artículo 46. Este
reconocimiento conlleva además la obligación de los poderes públicos de promover y tutelar el acceso de los ciudadanos a la cultura, como reconoce nuestra Carta Magna en el artículo 47. Además, y tal y como se recogía en el artículo 5 de la propia
Ley, el 19 de diciembre de 2013 la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos aprobó el Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia (PENTAURO), que recoge diferentes objetivos y medidas para el impulso de la tauromaquia.
Esta protección es plenamente respetuosa con una sociedad diversa y plural, en la que los ciudadanos pueden libremente elegir los espectáculos culturales a los que asistir de acuerdo con sus preferencias y sensibilidades, y garantiza al
mismo tiempo el derecho a la libertad de creación artística que ampara el artículo 20 de la Constitución.
La Fiesta Nacional es un espectáculo sin ideología al que acuden millones de personas y que pertenece al pueblo. Los festejos populares taurinos constituyen una parte importante de la historia y tradición de muchos lugares y regiones de
España, un hecho que queda patente en los más de 18.000 festejos anuales, gran número de ellos declarados Fiestas de interés turístico autonómico, nacional e internacional. La fama de los festejos beneficia al turismo local y promueve el desarrollo
económico, además de ser un símbolo del valor cultural, artístico y etnográfico de la propia fiesta. La asistencia a los festejos taurinos por parte de los aficionados españoles y extranjeros supone, además, un elemento sustancial de dinamización
del turismo y la hostelería, como saben perfectamente los miles de hoteles y restaurantes de tradición taurina en los que tantas pernoctaciones y servicios de restauración están vinculados a la celebración de festejos taurinos de todo tipo.
Como consecuencia de la grave situación generada a raíz de la pandemia del COVID-19, que ha supuesto la suspensión de todos los festejos taurinos previstos, este sector atraviesa unas circunstancias muy difíciles. Tanto los ganaderos como
los organizadores de eventos taurinos y los profesionales que de forma directa o indirecta participan en los diferentes festejos, están sufriendo una merma considerable de sus ingresos hasta el punto de poner en riesgo su subsistencia. Además, la
marcada estacionalidad de la actividad taurina es un efecto que viene a agravar las consecuencias de la crisis. Porque si bien todas las industrias y espectáculos culturales van a sufrir unos devastadores efectos por la crisis, la tauromaquia
cuenta con el agravante de que es una industria estacional, que concentra toda su actividad en apenas seis meses. El inicio de la crisis sanitaria ha coincidido precisamente con el comienzo de la temporada
taurina, cuando el sector tenía que comenzar a generar los primeros recursos económicos tras el obligado parón invernal de seis largos meses sin ingreso alguno.
Entidades como ANOET o la Fundación Toro de Lidia han expresado su preocupación y han reclamado ayudas al Ministerio de Cultura. En concreto, la Fundación Toro de Lidia trasladó un documento respaldado por más de 600 entidades que reclama
diferentes medidas de apoyo al sector.
En estas circunstancias, al igual que es necesario que los poderes públicos apoyen el conjunto de industrias culturales, evitando la pérdida de tejido empresarial y empleo como consecuencia de las restricciones forzosas a la oferta cultural
causada por la emergencia sanitaria, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura y Deporte, debe también apoyar al sector taurino y dar así cumplimiento a la Ley 18/2013, excluyendo cualquier tipo de discriminación respecto a las demás
industrias culturales y evitando caer en el sectarismo ideológico de algunas manifestaciones de los miembros más radicales del Gobierno.
Mediante el pleno desarrollo del Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia (PENTAURO) y algunas medidas estructurales adicionales que serían especialmente convenientes en las circunstancias actuales, creemos necesario
intensificar el apoyo del Gobierno de España a la tauromaquia para garantizar la continuidad de esta parte esencial de nuestra tradición cultural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar medidas inmediatas para la protección de la Tauromaquia y los festejos taurinos, que minimicen el impacto de la crisis del COVID-19, concretándose en las siguientes medidas:
- Reconocer de pleno a la tauromaquia como industria cultural, dentro del plan de fomento de industrias culturales y creativas del Ministerio de Cultura. Ampliar la prestación extraordinaria para los artistas de espectáculos a los
profesionales del ámbito de la Tauromaquia, desarrollando unas instrucciones claras para la calificación y simplificación de los trámites del SEPE.
- Instar al Ministerio de Hacienda a la habilitación del gasto de superávit municipal, para la promoción, protección y difusión de las corridas taurinas y festejos populares, reflejo de la cultura e identidad de los gobiernos locales y de la
idiosincrasia de los diferentes lugares.
- Promover líneas de ayuda al mantenimiento de las empresas taurinas (organizadores de espectáculos y ganaderos) y del resto de empresas del sector durante el tiempo de vigencia de la suspensión de la actividad, del mismo modo que se ha
habilitado un fondo para las estructuras relacionadas con las artes escénicas.
- Ampliar las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para empresas del sector taurino y autónomos (empresarios, apoderados de toreros y otros profesionales y empresas accesorias) más allá de la aplicación del
estado de alarma, si una vez desactivado éste se prolonga, bien a nivel estatal y/o autonómico, con medidas de control de concentración de personas que imposibiliten la celebración de los festejos taurinos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2020.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Marta González Vázquez, Carmen Navarro Lacoba, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Milagros Marcos Ortega y Víctor
Valentín Píriz Maya, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la inclusión
del yacimiento arqueológico prehistórico de Los Millares en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
A finales del siglo XIX (1891), durante los trabajos para la construcción del ferrocarril Linares-Almería, se descubrió en el término municipal de Santa Fe de Mondújar, en la rambla de Huechar y a 20 km de la desembocadura del Andarax, el
poblado prehistórico calcolítico de Los Millares.
La noticia de este descubrimiento, afortunadamente, llegó a oídos de un ingeniero belga afincado en Cuevas del Almanzora y experto en prehistoria, Luis Siret, quien junto a su capataz, Pedro Flores, realizó la primera excavación, recogida de
material y descripción de los hallazgos en un diario, cuyas principales conclusiones se recogieron en la publicación titulada 'La España Prehistórica'.
Tras el descubrimiento siguieron años de expolio y abandono hasta que, por fin. se revisa el descubrimiento en los años 40. Esa revisión de los documentos y piezas halladas situó al yacimiento arqueológico al más alto nivel, lo que provocó
que el I Congreso Nacional de Arqueología se celebrara en Almería en 1949 y que los profesores Martín Almagro y Antonio Arribas iniciaran una nueva fase de excavaciones. Desde entonces no se ha dejado de investigar, por lo que, después de 118 años
de estudios, conocemos que el origen del yacimiento se sitúa en torno al año 3.200 a.C. y que fue abandonado en torno al 2.200 a.C., que estuvo formado por un poblado (que llegó a contar con 1.500 individuos), protegido por cuatro murallas
concéntricas y una extensa necrópolis con más de 180 tumbas colectivas. En la actualidad, la comunidad científica es unánime al señalar a Los Millares como el referente de la cultura de la Edad del Cobre que hace más de 5.000 años se extendió por
Europa y el arco mediterráneo.
Los Millares constituye un excepcional y valioso legado que Almería puede brindar a la humanidad y que cumple con todos los criterios exigidos por la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para
promover su protección y preservación como Patrimonio Mundial, algo que ya ha sido solicitado por los ayuntamientos de Santa Fe de Mondújar, Gádor o la Diputación de Almería, así como por numerosos colectivos y asociaciones culturales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar la declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO del yacimiento arqueológico de Los Millares.
2. Respaldar su candidatura, asesorando en la valoración para conseguir dicha Declaración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-Juan José Matarí Sáez y Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/001107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la creación de un plan para garantizar la cobertura de banda ancha en la provincia de Palencia, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La banda ancha es la infraestructura clave para el desarrollo económico en la sociedad de la información y el conocimiento.
La cobertura de banda ancha en la provincia de Palencia es deficitaria respecto al conjunto de la Comunidad de Castilla y León y de España, sobre todo en los niveles de mayor calidad según últimos
datos del Informe de Cobertura de banda ancha en España elaborado por el Ministerio de Economía y Empresa (abril 2019):
En las velocidades más altas: A partir de 100 megas es de 64,30 % y la diferencia de cobertura respecto a España (80,87 %) de más 16 puntos.
En la velocidad de más de 30 megas, la provincia de Palencia se encuentra en el 68,61 % frente a la media nacional que se halla en el 85,07 %, es decir una amplia diferencia. Estos datos indican que a mediad que es mayor la velocidad, es
menor su extensión en la provincia de Palencia y aumenta la diferencia con la media nacional.
La arquitectura de las redes FTTH (Fibre To The Home) se basa en la utilización de la fibra óptica desde la central hasta el domicilio del abonado. La fibra óptica es un medio de transmisión con muy buenas características de propagación,
idóneo para ser utilizado en las redes de telecomunicaciones, que permite prestar servicios de transmisión de datos a velocidades de 100 Mbps o superiores. Sin embargo, la provincia de Palencia muestra unos datos del 64,30%, y mantiene una
diferencia de 13 puntos respecto a la media nacional, 77,39 %.
Asimismo, LTE (Long Term Evolution), también conocido como 4G, es la evolución de las redes 3,5G de comunicaciones móviles. Las características de estas redes las hacen idóneas para soportar los servicios móviles del futuro al poder
proporcionar, en determinadas condiciones, servicios de transmisión de datos con velocidades de pico superiores a los 100 Mb. Si bien es cierto que los datos han mejorado en los últimos años, todavía sigue habiendo una diferencia de más de 3 puntos
en relación a la media nacional que ya alcanza el 99,53 %, una diferencia que se sufre más en las zonas más aisladas de la provincia.
La tecnología proporciona herramientas para salvar los obstáculos de la geografía, que han mantenido sin un acceso adecuado a las infraestructuras materiales de comunicación por ferrocarril y carretera a amplios territorios de montaña o con
otras dificultades físicas y geográficas.
En el momento actual los déficit de acceso en banda ancha a las TIC únicamente están relacionados con la densidad de población, en términos de rentabilidad para los operadores, de modo que los territorios más despoblados de la España
interior se ven inmersos en el círculo vicioso de falta de acceso por falta de población y falta de población por falta de acceso.
Un ejemplo claro es la provincia de Palencia, una de las tres de CyL (con Zamora y León) que ha venido perdiendo población durante todos los años de este siglo, aun en aquellos en que la población española registró sus más altas cuotas de
crecimiento. Actualmente pierde población, como el conjunto de la Comunidad Autónoma, a tasas el doble de altas que las de los años 60 y 70.
La cobertura de banda ancha en condiciones competitivas de acceso es clave para el desarrollo de cualquier territorio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la elaboración de un nuevo plan de conectividad que tenga en cuenta la situación especial, necesidades de infraestructuras de telecomunicaciones y de respuestas al reto demográfico, en
particular, en las provincias más despobladas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2020.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Ignacio Garriga Vaz de Concicao y D. Antonio Salvá Verd, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para la
creación de un Observatorio de Inmunología viral en los bancos de sangre y en servicios de microbiología con el fin de proteger la salud de los españoles y de los residentes legales en España frente a futuros coronavirus, para su discusión
en Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. La propagación silenciosa y arrasadora del SARS-CoV-2 ha puesto en jaque y clara evidencia los sistemas de salud pública y privada de todo el mundo. Esta problemática global subraya la imperiosa necesidad de adelantarnos al caos
sanitario que hemos experimentado desde nuestra primera línea de defensa, los hospitales españoles, implementando cualesquiera medidas sean necesarias para el combate férreo al que nos enfrentamos desde hace ya demasiado tiempo. Actualizar nuestra
manera de enfrentarnos a las enfermedades que ya existen en nuestra sociedad es algo obligatorio y necesario, siendo la preparación previa concepto indiscutible.
Por ese motivo, parece adecuado ejecutar en nuestra sociedad una herramienta de inspección, gestionada por laboratorios microbiológicos de control y prevención nacional unificados bajo una misma dirección central, que monitoree y mida
anticuerpos contra agentes infecciosos existentes en las muestras de sangre de un número estimado en función de los habitantes de una zona geográfica determinada. Asimismo, será imprescindible alimentar de información esta necesaria herramienta
mediante la búsqueda de anticuerpos contra agentes infecciosos en muestras de sangre recolectadas de los bancos de sangre existentes y centros de recolección de plasma.
Nos encontramos en una posición de viabilidad absoluta en este sentido, científicos de la Harvard Medica! School de Boston bajo la dirección de Christian Brander, ya desarrollaron en el año 2015 una nueva técnica, VirScan, que permite
identificar mediante una gota de sangre los distintos virus que han infectado a una persona a lo largo de su vida, siendo posible debido a la huella inmunitaria imborrable que modifica el sistema inmunitario del sujeto al desarrollar anticuerpos.
Este sistema de vigilancia, observación y de actualización permanente, podrá rastrear de manera efectiva y rápida la aparición de todo tipo de enfermedades dentro de las diferentes regiones de nuestra Nación, identificando además las cepas
particulares de una bacteria o virus que infecta dejando una firma de anticuerpos única, permitiendo actuar con rapidez y contundencia en nuestra respuesta sanitaria.
Segundo. Teniendo presente el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica, en su artículo 6, apartado 1, el Ministerio de Sanidad 'velará para que se cumplan las normas básicas
de la vigilancia epidemiológica establecidas mediante el presente Real Decreto, asegurando la homogeneidad de los criterios, garantizando la homologación de la información, el intercambio de la misma y la evaluación del sistema, mediante los
protocolos y guías de procedimiento oportunos'. Asimismo, el artículo 7 de las citadas normas establece lo siguiente: 'Las Comunidades Autónomas en su ámbito competencial desarrollarán esta normativa de forma que se garantice la capacidad
funcional de estas actividades en todos sus niveles administrativos y se asegure el envío al Ministerio de Sanidad y Consumo de la información epidemiológica establecida, con la periodicidad y desagregación que en cada caso se establezca'.
Por otro lado, el artículo 8 añade que ' el tratamiento de la información de carácter personal que se realice como consecuencia del desarrollo y aplicación de este Real Decreto, se hará de acuerdo con lo establecido en los artículos 8.1 y 23
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. En todos los niveles de la Red nacional de vigilancia epidemiológica se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos quedando todos aquellos, que en virtud de sus
competencias tengan acceso a los mismos, sometidos al deber de confidencialidad'.
Tercero. Superando los diferentes obstáculos tanto técnicos como logísticos que lo expuesto supone, obtendríamos un poderoso aliado en la defensa frente a enfermedades similares y brotes víricos futuros. La evidente premura en detección y
actuación que el SARS-CoV-2 nos ha demostrado de la peor forma posible, implica que obviar la actualización metodológica en la aplicación e implementación de esta metodología dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, sería por nuestra parte algo
terriblemente irresponsable.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar todas las medidas y actuaciones necesarias para prevenir la posibilidad de propagación vírica y pandémica futura mediante la
creación de un Observatorio de Inmunología Viral en los bancos de sangre y en servicios de microbiología, bajo el amparo y dirección del Ministerio de Sanidad del Gobierno de la Nación.
- Se establecerá una vigilancia periódica, exhaustiva y actualizada, mediante sistema tipo VirScan o análoga, de anticuerpos contra agentes infecciosos en muestras de sangre recolectadas de los bancos de sangre existentes y centros de
recolección de plasma.
- En el caso de las muestras de microbiologías, se realizará análisis retrospectivo periódico a fin de detectar la emergencia de nuevos coronavirus, ya que la detección de un pico poblacional en anticuerpos polivalentes contra Coronavirus,
podría detectar que está surgiendo un nuevo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Ignacio Garriga Vaz de Concicao y Antonio Salvá Verd, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Ignacio Garriga Vaz de Concicao, D. Antonio Salvá Verd, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la investigación de enfermedades
poco frecuentes o raras y de los medicamentos huérfanos, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Las enfermedades raras son aquellas de carácter crónico y discapacitante, con una prevalencia tan baja que se requieren esfuerzos especiales y combinados, dirigidos a prevenir la morbilidad, la mortalidad temprana o la reducción de
la calidad de vida de las personas que las padecen y sus familias. Una enfermedad es considerada rara cuando afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general. En Europa, se considera que una enfermedad es rara cuando
afecta a 1 persona de cada 2.000.
Por otro lado, se denominan medicamentos huérfanos a aquellos medicamentos dirigidos a tratar las denominadas enfermedades raras. El Reglamento (CE) n.º 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre medicamentos
huérfanos, los define, en su artículo 3, como aquellos destinados al diagnóstico, prevención o tratamiento de una afección que ponga en peligro la vida o conlleve una incapacidad crónica y que afecte a menos de cinco personas por cada diez mil en la
Unión Europea, sin que exista ningún método satisfactorio alternativo o que, de existir, el tratamiento propuesto aportaría un beneficio considerable.
Segundo. El 12 de junio de 2020 el Ministerio de Sanidad publicó la Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2020, por el que se establece el régimen económico de los medicamentos huérfanos, al amparo de la previsión del artículo 3.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos
sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. Es digno de mención la dilación en la publicación del citado Acuerdo del Consejo de Ministros, pues ya han transcurrido tres meses desde que se adoptó el nuevo régimen
económico de los medicamentos huérfanos.
En esta Resolución, se prevé la exoneración de los medicamentos huérfanos del Sistema de Precios de Referencia, aplicado al resto de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS). Debe entenderse, como anteriormente hemos
mencionado, que los medicamentos huérfanos van dirigidos a tratar afecciones tan infrecuentes que los fabricantes no están dispuestos a comercializarlos bajo las condiciones de mercado habituales, que no son desarrollados por la industria
farmacéutica por razones económicas pero que responden a necesidades de salud pública.
El proceso que va desde el descubrimiento de una nueva molécula a su comercialización es largo (10 años de media), caro (varias decenas de millones de Euros) y muy poco seguro (de 10 moléculas ensayadas, solo una suele tener un efecto
terapéutico). Desarrollar un medicamento dirigido a tratar una enfermedad rara no permite, en general, recuperar el capital invertido para su investigación.
En este sentido, deben diferenciarse tres casos:
a) Productos dirigidos a tratar enfermedades raras: Estos productos son desarrollados para tratar a pacientes que sufren afecciones muy graves que no tengan tratamiento satisfactorio. Estas enfermedades afectan a una pequeña proporción de
la población, como se ha señalado anteriormente, con frecuencia desde el nacimiento o la infancia. El número de enfermedades raras que no tienen tratamiento disponible actualmente se estima entre 4.000 y 5.000 en el mundo. De veinticinco a treinta
millones de personas se ven afectadas por estas en Europa.
b) Productos retirados del mercado por razones económicas o terapéuticas: por ejemplo, la talidomida fue muy usada como droga hipnótica hace algunos años y fue retirada del mercado cuando fue descubierto su alto riesgo teratogénico (de
provocar malformaciones fetales). Aun así, esta droga mostró propiedades analgésicas interesantes en enfermedades como la lepra o el lupus eritematoso. Son afecciones que no tienen un tratamiento satisfactorio disponible.
c) Productos que no han sido desarrollados:
- O bien porque derivan de un proceso de investigación que no permite que se patenten.
- O bien porque afectan a mercados importantes que, sin embargo, son insolventes.
Tercero. Debe advertirse que actualmente los medicamentos huérfanos suponen únicamente el 0,5 % de las presentaciones financiadas en el SNS, lo cual presupone tan solo un 5 % del gasto total farmacéutico.
Llega muy tarde, a nuestro juicio, el reconocimiento de la exoneración de los medicamentos huérfanos al sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas en el Sistema Nacional de Salud y determinados sistemas de información en
materia de financiación y precios de los medicamentos y productos sanitarios (prevista en los artículos 3.3 y 96 del texto refundido de la Ley de Garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios), cuando en la prestación farmacéutica
del Sistema Nacional de Salud no exista una alternativa terapéutica o, en el caso de que exista, el medicamento huérfano aporte un beneficio clínico relevante.
El acceso a diagnóstico y tratamiento se configuran como los grandes problemas del colectivo, y es que la inexistencia de un tratamiento en un 13 % de los casos o el elevado precio de un medicamento para casi el 30% de ellos, son algunas de
las principales causas por las que cerca de la mitad de las familias asegura tener dificultades para acceder a los productos que necesita. A estas dificultades se unen las particularidades de acceso a tratamientos off-label, extranjeros, de uso
compasivo y los denominados medicamentos huérfanos, donde solo el 51 % de los autorizados en Europa llegan a comercializarse en España, además de ser un proceso que conlleva más de un año.
Es probable que la medida mencionada permita garantizar a las familias afectadas un mejor y más fácil acceso a esta medicación, tan necesaria para combatir estas patologías, muchas de las cuales cursan afecciones concomitantes y son de orden
psicológico. Sin embargo, resulta insuficiente y debe ser reforzado e implementado mediante una estrategia nacional de protección de estos pacientes. En este sentido, debe tenerse en consideración, tal y como refiere la Federación Española de
Enfermedades Raras (PEDER), que 'Las enfermedades raras son, en su mayor parte, crónicas y degenerativas. De hecho, el 65 % de estas patologías son graves e invalidantes y se caracterizan por lo siguiente:
- Comienzo precoz en la vida (2 de cada 3 aparecen antes de los dos años).
- Dolores crónicos (1 de cada 5 enfermos).
- El desarrollo de déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad de los casos, que originan una discapacidad en la autonomía (1 de cada 3 casos).
- En casi la mitad de los casos el pronóstico vital está en juego, ya que a las enfermedades raras se le puede atribuir el 35 % de las muertes antes de un año, del 10 % entre 1 y 5 años y el 12 % entre los 5 y 15 años'.
En virtud de todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas y actuaciones necesarias para conseguir los siguientes objetivos:
1. Actualizar y reforzar la Estrategia de Enfermedades Raras, aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en junio de 2014. En concreto, deberán reforzarse y dotarse presupuestariamente las siguientes áreas:
- Prevención y atención precoz.
- Atención sanitaria y prestación farmacológica. Atención socios-sanitaria.
- Investigación y formación.
2. Promover, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la elaboración de un Plan Integral de Medicina Personalizada o de Precisión, que contemple la especificidad de las enfermedades raras, integrando en él la
perspectiva de quienes conviven con ellas y contemplando, mientras no exista ni tratamiento ni cura, la posibilidad de las familias de acceder a un abordaje terapéutico y a los productos que necesitan para tratar la enfermedad.
3. Fomentar la inversión en la industria farmacéutica y biotecnológica en la investigación I+D+i destinada a medicamentos huérfanos y su posterior comercialización, garantizando a los laboratorios farmacéuticos suficiencia económica
investigadora con independencia de que sus márgenes de beneficios sean más reducidos que con otros medicamentos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Ignacio Garriga Vaz de Concicao, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Georgina Trías Gil, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Ignacio Garriga Vaz de Concicao y D. Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implementación de un sistema de prevención de efectos secundarios en pacientes afectados por la COVID-19 en el
territorio nacional, para su discusión en Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. El impacto que ha tenido la COVID-19 en España es más que evidente, siendo el significativo número de compatriotas que hemos perdido por el camino -28.325 según cifras aportadas por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de la
Nación-, buena prueba de ello. Dicho lo anterior, teniendo presente que esta catástrofe ha servido para evidenciar la inexistente previsión logística y organizativa de los diferentes responsables al cargo ante la visible propagación de la pandemia
dentro de nuestras fronteras, tenemos un deber de diligencia en la elección inmediata e implantación de un nuevo sistema, de cara a afrontar no solo posibles rebrotes, sino también las consecuencias y estragos que provoca el virus chino de Wuhan en
nuestros pacientes.
Es sabido que la infección pulmonar es uno de los efectos más comunes que sufren los pacientes de la COVID-19 pero, además, aquellos que la experimentan severamente, incluyendo inflamaciones prolongadas y enfermedades crónicas subyacentes,
tienen un elevado y peligroso riesgo futuro de sufrir ataques cardíacos, derrames cerebrales y/o problemática renal.
El proyecto 'CoviDiab Registry', iniciativa conjunta del 'King's College London' y 'Monash University', expone la estricta relación bidireccional entre la COVID-19 y la Diabetes, concluyendo que
puede desencadenar la aparición de esta última en personas sanas y causar complicaciones graves de la diabetes preexistente. El SARS-CoV-2 se une a la proteína ECA-2, actuando como llave y permitiendo el acceso al resto de células humanas,
afectando a los órganos y tejidos que colaboran en el metabolismo de la glucosa, como por ejemplo al tejido de origen mesenquimal conformado por la asociación de células que acumulan lípidos en su citoplasma, páncreas, intestino delgado, hígado o
riñón.
Otra de las consecuencias graves de la infección es la embolia, consecuencia de la trombosis como migración de trombo desde su lugar de origen por el canal circulatorio. La tromboembolia venosa comprende dos afecciones, un coágulo sanguíneo
en las piernas -trombosis venosa profunda (TVP)- o un coágulo sanguíneo en las arterias pulmonares -embolia pulmonar (EP)-. La TVP o flebotrombosis profunda puede causar dolor e hinchazón en las piernas, pero puede estar presente sin síntoma alguno
y su conclusión, en los peores casos, puede ir desde la amputación principal del miembro inferior hasta la muerte del paciente. En relación a la EP es menester dejar constancia de las declaraciones manifestadas por el Jefe del Servicio de
Neumología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, David Jiménez, en relación con los enfermos: 'Estos pacientes requerirán un tratamiento de anticoagulación durante un tiempo mínimo de tres meses y puede que algunos de forma
indefinida, por lo que necesitarán un seguimiento a largo plazo'.
Segundo. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, afirma en su artículo 3, punto 1 y 2: 'Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las
enfermedades' y 'La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva'. Asimismo, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, artículo 28, punto 2, 'Razones de extensión del uso de nuevos servicios y tecnologías, en especial a la sanidad, a la educación, a la acción social y a la cultura', en relación con la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de
conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 2, establece que: 'Son destinatarios de las obligaciones relativas a la conservación de datos impuestas en esta Ley los operadores
que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de comunicaciones'. Asimismo, no podemos olvidar la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, artículo 1.b), 'Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución', artículo 8, punto 2, 'El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado
en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida
por una norma con rango de ley', en relación con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, artículo 16, punto 3, señala: 'El
acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos personales, y en la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clinicoasistencial, de manera
que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos. Se exceptúan los supuestos de investigación previstos en el apartado 2 de la disposición adicional decimoséptima de
la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Asimismo, se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que se considere imprescindible la unificación de los datos
identificativos con los clinicoasistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines
específicos de cada caso. Cuando ello sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro grave para la salud de la población, las Administraciones sanitarias a las que se refiere la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública,
podrán acceder a los datos identificativos de los pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública. El acceso habrá de realizarse, en todo caso, por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona
sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto, previa motivación por parte de la Administración que solicitase el acceso a los datos'.
Tercero. Es fundamental disponer de un sistema de vigilancia, seguimiento y control, que garantice la salud y supervivencia de aquellos que, por culpa de medidas ineficaces, protocolos tardíos y gobiernos
irresponsables, han atravesado este angustioso periodo de enfermedad. Cuanto más avanzamos en el estudio del SARS-CoV-2, salen a la luz un mayor número de efectos secundarios, provocando que la detección previa de afecciones en nuestros
pacientes sea vital para combatirlos de la mejor forma posible, venciendo así a esta horrible tragedia sanitaria. Se lo debemos a nuestros muertos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo, impulsar y promover en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud todas las medidas y actuaciones necesarias para el desarrollo e implantación de un
sistema de vigilancia, control y seguimiento de aquellos pacientes diagnosticados con COVID-19, en aras de prevención de futuros efectos secundarios derivados de la enfermedad, diferenciando entre dos grupos:
- Pacientes leves.
- Pacientes graves.
A. El primer grupo recibirá un servicio de asistencia telefónica sanitaria semanal durante un periodo no inferior a doce meses, mediante el cual un profesional de la salud velará por el avance sanitario del paciente, evaluando la progresión
de su estado de salud, discriminando entre posibles efectos secundarios conocidos y/ o sospechosos que pongan en riesgo su integridad física.
B. El segundo grupo recibirá un servicio de asistencia telefónica sanitaria diaria durante un periodo no inferior a seis meses. Transcurrida esa primera etapa, el servicio será semanal durante un periodo no inferior a doce meses, en las
mismas condiciones expuestas en el apartado anterior. Asimismo, durante la vigencia de este control, en la primera etapa acudirá semanalmente a revisiones hospitalarias, mientras que en la segunda el periodo será mensual.
Este servicio asistencial será de solicitud personal a instancia de los afectados y cumplimiento voluntario durante toda su vigencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Ignacio Garriga Vaz de Concicao y Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Ignacio Garriga Vaz de Concicao, D. Antonio Salvá Verd y D. Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de Centros de Atención Primaria #LibreDeCovid para personas mayores y
vulnerables y la implementación de la telemedicina, para su discusión en Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Atención Primaria.
Las Comunidades Autónomas tuvieron que hacer una redistribución de los recursos sanitarios para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus. Muchos centros de salud se cerraron y sus profesionales sanitarios fueron destinados a
apoyar a sus compañeros de hospital. Sin embargo, tras pasar el pico de la epidemia de COVID-19, todavía hay muchos centros de Atención Primaria que siguen cerrados al público.
Desde el Foro Español de Pacientes se señala que los Centros de Salud son los puntos de atención más cercanos a la sociedad y un gran número de pacientes se encuentran con que el centro de referencia sigue en la actualidad cerrado, situación
especialmente delicada que incide directamente en aquellos colectivos más vulnerables, entre los que destacan los pacientes crónicos, los ancianos y personas con
multipatologías y discapacidad ( en su mayoría con enfermedades concomitantes), reclamándose un plan para que todos estos pacientes que se encuentran en sus casas puedan retomar la normalidad de las visitas, dado que 'la atención telefónica
es insuficiente'.
En muchas ocasiones, no obtienen respuesta cuando llamar al centro de salud para pedir una cita con su médico de cabecera, e igualmente reclaman que se adopten más medidas de prevención en los espacios sanitarios, puesto que no se respeta
distancia de seguridad y hay quien entra sin mascarilla, en muchas ocasiones sin circuitos limpios (#LibreDeCovid). El triaje en la puerta del centro, con circuito diferenciado de atención a pacientes con coronavirus, debe mantenerse.
parte 1
parte 2