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DS. Senado, Pleno, núm. 92, de 12/12/2018
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ


Sesión núm. 49


celebrada el miércoles, 12 de diciembre de 2018


ORDEN DEL DÍA






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas de reconocimiento de la labor y protección de los
Jueces, Fiscales y trabajadores del Ministerio de Justicia.


671/000103
Cataluña; Estado de Derecho; autonomía; jurisdicción
superior; profesión jurídica


GPP






MOCIONES




Moción por la que el Senado ratifica su compromiso con la
defensa de la Constitución en el 40 aniversario de su aprobación y con la
defensa de la unidad de España e insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con el orden constitucional.


662/000140
Constitución; conmemoración

GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con la conexión a Internet de alta
velocidad, con especial incidencia en zonas rurales, pequeñas poblaciones
y áreas de baja densidad demográfica.


662/000141
Internet; región rural

GPP





Moción por la que se manifiesta la posición del Senado sobre
la Jefatura del Estado y se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con la misma.


662/000139
jefe de Estado; política gubernamental

GPMX






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY




Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal
consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela
(Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco.


622/000027
Derecho consuetudinario; Orihuela (Alicante/Alacant);
gestión del agua; jurisdicción judicial; protección del
patrimonio


GPMX





Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal
consuetudinario y tradicional al Tribunal del Comuner o del Rollet de
l'Horta de Aldaia (Valencia/València).


622/000028
Aldaia (Valencia/València); Derecho consuetudinario;
gestión del agua; jurisdicción judicial; protección del
patrimonio


GPMX






DICTÁMENES DE COMISIONES




Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en
aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de
género.


624/000011
consenso político; ley orgánica; modificación de la
ley; poder judicial; violencia doméstica


Justicia





Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


624/000012
ley orgánica; modificación de la ley; poder
judicial


Justicia





SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS DE RECONOCIMIENTO DE LA LABOR Y PROTECCIÓN DE LOS
JUECES, FISCALES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.


671/000103

GPP


La señora Muñoz de la Iglesia defiende la moción.


El señor Navarrete Pla defiende las seis enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa del señor Mulet García y
del propio señor Navarrete Pla.


El señor Comorera Estarellas defiende las cuatro enmiendas del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor Rodríguez Esquerdo defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Muñoz de la Iglesia expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen el señor Alegre Buxeda, el
señor Navarrete Pla y la señora Castilla Herrera, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Estradé
Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor
Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Muñoz de la Iglesia, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 244;
votos emitidos, 243; a favor, 148; en contra, 20; abstenciones, 75.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO RATIFICA SU COMPROMISO CON LA
DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL 40 ANIVERSARIO DE SU APROBACIÓN Y CON LA
DEFENSA DE LA UNIDAD DE ESPAÑA E INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL ORDEN CONSTITUCIONAL.


662/000140

GPP


El señor Pérez Pastor defiende la moción.


El señor Mulet García defiende las veintiséis enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, presentadas por iniciativa de este senador y del
señor Navarrete Pla.


La señora Julios Reyes defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).


El señor Antich Oliver defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Pérez Pastor expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen el señor Mulet García y la
señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la
señora Pascal Capdevila y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz
Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Castel Fort, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana;
el señor Espinar Merino, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea; el señor Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Pérez Pastor, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 246;
votos emitidos, 244; a favor, 144; en contra, 42; abstenciones, 58.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA CONEXIÓN A INTERNET DE ALTA
VELOCIDAD, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN ZONAS RURALES, PEQUEÑAS POBLACIONES
Y ÁREAS DE BAJA DENSIDAD DEMOGRÁFICA.


662/000141

GPP


La señora Clemente Muñoz defiende la moción.


El señor Navarrete Pla defiende las seis enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa del señor Mulet García y
del propio señor Navarrete Pla.


El señor Arrieta Arrieta defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


La señora Nasarre Oliva defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Clemente Muñoz expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la número 2 del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada por iniciativa del señor Mulet García y
el señor Navarrete Pla.


En turno de portavoces intervienen el señor Navarrete Pla y la
señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; el
señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición
Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Azamar Capdevila,
por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Arrieta
Arrieta, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea; la señora Nasarre Oliva, por el Grupo Parlamentario Socialista, y
la señora Serrano Argüello, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda número 2
del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por iniciativa del señor Mulet
García y el señor Navarrete Pla, con el siguiente resultado: presentes,
246; votos emitidos, 246; a favor, 149; en contra, 88; abstenciones,
9.









MOCIÓN POR LA QUE SE MANIFIESTA LA POSICIÓN DEL SENADO SOBRE
LA JEFATURA DEL ESTADO Y SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA MISMA.


662/000139

GPMX


El señor presidente informa a la Cámara de que han sido
inadmitidas las enmiendas 2 a 17, del Grupo Parlamentario Mixto,
presentadas por iniciativa del señor Navarrete Pla y el señor Mulet
García.


El señor Iñarritu García defiende la moción.


El señor Mulet García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto presentada por iniciativa de este senador y del señor Navarrete
Pla.


La señora Domínguez de Posada Puertas defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de esta
senadora.


El señor Iñarritu García expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo
Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor Navarrete Pla y
el señor Mulet García.


En turno de portavoces intervienen el señor Mulet García, la
señora Domínguez de Posada Puertas y el señor Iñarritu García, por el
Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Ahedo
Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Ayats i Bartrina, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la
señora Mora Grande, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea; la señora Lima Cid, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Lucas Giménez, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 248;
votos emitidos, 248; a favor, 41; en contra, 202; abstenciones, 5.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE
TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE
ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y PUEBLOS DE SU MARCO.


622/000027

GPMX





PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE
TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL TRIBUNAL DEL COMUNER O DEL
ROLLET DE L'HORTA DE ALDAIA (VALENCIA/VALÈNCIA).


622/000028

GPMX


Por acuerdo de la Junta de Portavoces, se procede a un debate
conjunto.


El señor Navarrete Pla defiende la toma en consideración de las
dos proposiciones de ley.


En turno de portavoces intervienen el señor Navarrete Pla, por el
Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz
Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Picornell Grenzner, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana;
la señora Jiménez García, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea; el señor Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y las señoras Pedrosa Roldán y Torrado de Castro, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se pospone la votación.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SOBRE MEDIDAS URGENTES EN
APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.


624/000011

Justicia


El señor Altava Lavall, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor Navarrete Pla defiende las enmiendas 1 a 4, presentadas
por el señor Mulet García y el propio señor Navarrete Pla, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Comorera Estarellas defiende las enmiendas 5, 7 a 11 y
20, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


En turno en contra interviene la señora Lima Cid, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno a favor hace uso de la palabra la señora Camarero
Benítez.


En turno de portavoces intervienen el señor Navarrete Pla y la
señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué
Roura y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista
Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Etxano Varela,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Pérez
Esteve, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora
Freixanet Mateo, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea; la señora Berja Vega, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Tortonda Gordillo, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se pospone la votación.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL.


624/000012

Justicia


El señor Altava Lavall, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


En turno a favor, hace uso de la palabra la señora Ayala
Santamaría.


En turno de portavoces interviene la señora Fernández Muñoz, por
el Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza el debate del articulado.


El señor Navarrete Pla defiende las enmiendas 3 a 6, 8 a 11, 13 a
16 y 18, presentadas por este senador y el señor Mulet García, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Marcos Arias defiende las enmiendas 70 a 96, 99 y 102 a
109, de este senador, el señor Alegre Buxeda, el señor Crisol Lafront y
la señora Roldán Suárez, del Grupo Parlamentario Mixto.


La señora Julios Reyes defiende las enmiendas 21 a 24, 27, 28, 30
y 31, de esta senadora y el señor Rodríguez Cejas, del Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).


El señor Bagué Roura defiende las enmiendas 33 a 42, del señor
Cleries i Gonzàlez y el propio señor Bagué Roura, del Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).


El señor Estradé Palau defiende las enmiendas 43 a 45, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


El señor Comorera Estarellas defiende las enmiendas 46, 49, 51 a
53, 55, 56 y 68, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.


La señora Fernández Muñoz defiende la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número
112 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y por la incorporación
de una nueva disposición transitoria relativa al proceso de renovación
del Consejo General del Poder Judicial.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez
Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Navarrete Pla, por el
Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz
Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Estradé Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el
señor Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea; la señora Fernández Muñoz, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Ayala Santamaría, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se pospone la votación.









TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE
TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE
ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y PUEBLOS DE SU MARCO. (Votación).


622/000027

GPMX


El señor presidente informa a la Cámara de que ha sido autorizado
para votar telemáticamente el senador Mateos Yuste, que ha emitido su
voto en sentido favorable.


Se procede a votar.


Se aprueba la toma en consideración, con el siguiente resultado:
presentes, 247 más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247 más 1 voto
telemático, 248; a favor, 247 más 1 voto telemático, 248.









PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE
TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL TRIBUNAL DEL COMUNER O DEL
ROLLET DE L'HORTA DE ALDAIA (VALENCIA/VALÈNCIA). (Votación).


622/000028

GPMX


El señor presidente informa a la Cámara de que ha sido autorizado
para votar telemáticamente el senador Mateos Yuste, que ha emitido su
voto en sentido favorable.


Se procede a votar.


Se aprueba la toma en consideración, con el siguiente resultado:
presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto
telemático, 249; a favor, 248 más 1 voto telemático, 249.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SOBRE MEDIDAS URGENTES EN
APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
(Votación).


624/000011

Justicia


Se procede a votar.


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes de la
proposición de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la
votación anterior.


Se aprueba, en un solo acto, el resto de la proposición de
ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo
90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Votación).


624/000012

Justicia


Se procede a votar.


Se aprueban las enmiendas 84 y 102 a 104, del Marcos Arias, el
señor Alegre Buxeda, el señor Crisol Lafront y la señora Roldán Suárez,
del Grupo Parlamentario Mixto.


Se aprueba la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de
vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda número 112 del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado y por la incorporación de una nueva disposición transitoria
relativa al proceso de renovación del Consejo General del Poder
Judicial.


Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro
número 137551.


Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes de la proposición
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.


Se aprueba, en un solo acto, el resto de la proposición de
ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo
90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.


Se levanta la sesión a las dieciocho horas y veinte minutos.








Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS DE RECONOCIMIENTO DE LA LABOR Y PROTECCIÓN DE LOS
JUECES, FISCALES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.


671/000103

GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
se han presentado once enmiendas: seis del Grupo Parlamentario Mixto, por
iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, cuatro del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y una del Grupo
Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra por tiempo de cinco
minutos la senadora Muñoz.


La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.


Como sus señorías saben, este grupo parlamentario, el Grupo
Parlamentario Popular, está horrorizado por cómo se está tratando por
parte del Gobierno a la justicia y a los profesionales que trabajan en
ella, pero, sobre todo, por parte de la que es, incomprensiblemente
todavía, ministra de Justicia, Dolores Delgado. Porque, fíjense,
señorías, ¿saben ustedes quién es la única ministra que todavía no ha
comparecido en esta Cámara de los diecisiete ministros que hay? La
ministra de Justicia. Fíjense, la triplemente reprobada ministra de
Justicia, la ministra que más ha mentido, la ministra que más
explicaciones tiene que dar es la única ministra que todavía no ha
comparecido en esta Cámara.


Nosotros no entendemos ni compartimos, y desde luego llevamos
meses denunciándolo, las presiones que se hacen a jueces y fiscales por
parte del Gobierno cuando se pone en tela de juicio su trabajo o la
dejación de funciones de este Gobierno, que no protege a los jueces y
fiscales en Cataluña de las amenazas, coacciones, ataques y señalamientos
por parte de los radicales nacionalindependentistas. Estamos denunciando
la utilización de la Abogacía del Estado con fines partidistas; estamos
denunciando las coacciones y amenazas a jueces y fiscales si osan
protestar contra una ministra que lleva cinco meses en el cargo; estamos
denunciando la inacción de una ministra que se niega, y no entendemos por
qué, a pagar los siete millones de euros contemplados en los Presupuestos
Generales del Estado para pagar a jueces, fiscales y letrados.


Hemos presentado preguntas orales, preguntas escritas, hemos
preguntado al secretario de Estado y hemos interpelado a la ministra, y
nunca contestan nada. Al secretario de Estado, que hace unas semanas
compareció en la Comisión de Justicia, le pregunté por las medidas que
pensaba tomar el Gobierno socialista para evitar la huida de jueces y
fiscales de Cataluña —en lo que va de año se han ido más
de 50—, y lo que me contestó el secretario de Estado es que el
Gobierno no considera que haya una huida de jueces y fiscales, pero que
sí tienen pensada y programada alguna visita a Cataluña para que vean que
el Gobierno está en Cataluña. ¡Hombre, señorías! Me imagino a la ministra
de Justicia cogiendo el AVE, yendo a Cataluña, les da una palmadita en la
espalda y para Madrid otra vez. Pero los que se quedan allí siendo
señalados, y viendo cómo son señaladas sus familias, son los jueces y
fiscales.


En la interpelación de hace unas semanas, de la que es
consecuencia esta moción, le hablé a la ministra de todo esto. De todo
esto le hablé a la ministra: le traje frases y citas textuales del
Gobierno presionando a jueces y fiscales, le traje pruebas de sus
reiteradas mentiras en esta Cámara y también en los medios de
comunicación; traje comunicados de asociaciones de jueces y fiscales
denunciando la dejación de funciones del Gobierno, traje comunicados de
asociaciones de jueces y fiscales que denunciaban las amenazas por haber
ido a la huelga. ¿Y saben lo que me contestó? Por el fragor del debate no
me acordaba exactamente de qué es lo que me había dicho, por lo que me
fui al Diario de Sesiones para ver exactamente, de todo lo que yo le
hablé, qué me contestó. ¿Y saben sus señorías qué me contestó la ministra
de Justicia? Me habló de la supuesta descomposición del PP —claro,
esto unos días antes de ver lo que pasó en las elecciones de
Andalucía—; me habló de los mensajes que nos mandamos en el PP, de
la corrupción, de las propuestas que el PP lleva al Congreso de los
Diputados, que parece que no le gustan a la señora ministra; nos habló de
Rajoy, nos habló de Casado, nos habló de los grupos de comunicación que
tenemos en el PP; me llamó frívola y me dijo que yo no tenía fundamento.
Tengo que reconocerles que ya estoy acostumbrada a que la señora ministra
me insulte cada vez que no tiene argumentos o que afloran sus
inseguridades.


Pero de todo lo que yo le dije en los diez minutos de exposición,
no me comentó nada. En cuanto a las mentiras, entiendo que no venga a
decir: Sí, mentí. Entiendo que no diga nada, pero de pagar los siete
millones de euros a jueces, fiscales y letrados no habló nada; de las
coacciones que está emitiendo el Gobierno con sus declaraciones no dijo
nada; de pagar a la abogacía el turno de oficio como hacía el Partido
Popular mes a mes no habló. No habló de nada de eso, no habló de nada, y
es muy difícil que esta señora se dedique a lo suyo si se dedica
solamente a pensar en el PP. Parece que sueña con el PP, y la ministra
tiene que trabajar por la justicia de este país, no por el PP.


Por eso presentamos esta moción, señorías. Una moción que tiene
peticiones más que razonables para todos aquellos que defiendan un poder
judicial independiente y que no esté coaccionado por los
radicalnacionalistas en Cataluña; una moción que viene a decir que hay
que abonar los siete millones de euros que se destinaron en los
Presupuestos Generales del Estado, que se cumpla con pagar mes a mes a la
Abogacía del Estado, proteger con eficacia a jueces y fiscales destinados
en Cataluña y respetar los derechos laborales de los trabajadores de
Justicia que se han visto amenazados por intentar ir a una huelga.


Nadie que quiera una justicia independiente puede decir que no a
esta moción. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa, señorías.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Navarrete.


El señor NAVARRETE PLA: Senyories, des de Compromís hem presentat
sis esmenes. Ja que el grup proponent fa una barreja de conceptes en
l’exposició de motius i en les propostes posteriors, nosaltres
també ho fem, i esperem que aquesta vegada no ens diguen aquella cosa tan
sofrida de «no va con el tema de la Moción». Perquè, senyories del Partit
Popular, vostés barregen, per exemple, protecció de jutges i fiscals
davant de les pressions amb drets laborals dels funcionaris de justícia.
Per tant, això és un totum revolutum, que nosaltres també hem aprofitat
per a presentar esmenes que siguen també una mica totum revolotum.


En l’exposició de motius diuen vostés coses com que es posa
en dubte el treball dels jutges i fiscals quan es parla d’indults
als presos del Procés. Vostés, el Partit Popular, de veritat diuen coses
com les que veiem consultant l’hemeroteca? Coses com: «El PP
arremete contra el juez de la Audiencia Nacional y contra el PSOE», «El
Partido Popular lanza dudas sobre la parcialidad de un magistrado por
dictar el auto sobre Pedro Antonio Sánchez» o «El PP critica al juez por
tomar decisiones basándose en prejuicios». Qué mala es la hemeroteca.
Resulta curiós que vostés ara acusen a la resta de pressions.


Diuen també, en la seua exposició de motius, el canvi de criteri
de l’advocacia de l’estat o les pressions als jutges de
Catalunya davant del Procés, o la falta de recolzament al Magistrat
Llarena davant dels atacs rebuts.


Fins aquí, no tindrien res a dir, perquè seria una moció més del
Partit Popular que ens té habituats, plenari sí i plenari també, a
parlar-nos de la unitat d’Espanya, de Catalunya, de Veneçuela, de
Cuba, etcètera. Tot molt interessant, però no sé si el que els espanyols
voldrien com a debat en aquesta cambra de representació territorial. Però
en un quiebro que ni Messi faria també, intercalen en l’exposició
de motius la vaga dels jutges i fiscals i els incompliments del Govern
dels seus compromisos amb els jutges i fiscals.


Per tot això, nosaltres també hem aprofitat per a fer esmenes que
vagen en un totum revolotum. La primera esmena demana estudiar i obrir un
procés de negociació amb les organitzacions sindicals del sector, en el
marc d’un procés de millora de les retribucions dels cossos al
servei de l’administració de justícia, en set punts, els quals
diuen el que demanem. Tots ells estan consensuats amb algunes centrals
sindicals que ens van vindre a demanar expressament que aprofitéssem que
el Pisuerga pasa por Valladolid i féssem aquestes esmenes en aquesta
moció.


La segona esmena demana harmonitzar les retribucions dels cossos
al servei de l’administració de justícia a les comunitats autònomes
i els cossos funcionarials administrats pel Ministeri, perquè hi ha un
desequilibri força evident.


La tercera esmena demana establir uns mecanismes
d’especialització i formació en els jutjats de violència sobre la
dona amb complements retributius específics que incentiven la permanència
d’aquest personal en aquests jutjats.


La quarta demana incrementar el complement retributiu
d’insularitat a les Illes Balears fins a igualar-lo al de les Illes
Canàries.


La cinquena demana estudiar les problemàtiques que tenen els
jutges i magistrats de totes les comunitats autònomes, no en Catalunya,
els seus requeriments de trasllats, i activar, si és necessari, una
coordinació en un pla integral de prevenció i millora dels jutges i
magistrats, perquè així sàpiguen que tenen un suport de
l’administració i sapiguem quins problemes tenen i per què volen
demanar el trasllat, com deia abans, no només a la Comunitat Autònoma de
Catalunya, sinó a altres comunitats autònomes.


La sisena demana iniciar —perquè creiem que fa falta—
un procés de diàleg sincer, obert i clar amb les forces socials i
polítiques de Catalunya per a tractar de normalitzar la situació actual,
perquè el «y tú más» i «jo ho faig millor» i «jo no em moc
d’aquesta posició» no soluciona absolutament res. Per tant, caldria
fer un procés obert, sincer i que no tanqués les portes a cap tipus
d’expectativa ni de mesura.


Totes aquestes esmenes esperem que siguen acceptades pel grup
proponent, tant les de caràcter laboral, perquè aprofitem que vostés en
demanen de caràcter laboral, com les de caràcter social, que és la
negociació amb la gent de Catalunya, perquè resulta evident que alguna
cosa s’ha de fer. Si vostés comproven que cada vegada que fan la
mateixa acció, provoquen la mateixa reacció, tal volta hauríem de fer
altres coses. Per tant, esperem que accepten aquestes esmenes, tot i que
sóc bastant escèptic, perquè ja vam tindre una xerrada ahir i crec que no
l’hauré convençut en aquest petit discurs que he fet avui. Però a
l’espera estem. Espero que no se situen en la posició
d’enrocament, que dialoguen una miqueta més i que ens les
accepten.


Moltes gràcies.


Señorías, Compromís ha presentado seis enmiendas. Ya que el grupo
proponente hace una mezcla de conceptos en la exposición de motivos y en
las propuestas posteriores, nosotros también lo hemos hecho, y esperemos
que esta vez no nos digan eso tan sufrido de que no va con el tema de
esta moción.


Señorías del Partido Popular, ustedes mezclan protección a los
jueces y fiscales ante las presiones con derechos laborales de los
funcionarios de Justicia. Esto es un totum revolutum que hemos
aprovechado para, también, presentar nuestras enmiendas.


En la exposición de motivos dicen cosas como que se pone en duda
el trabajo de jueces y fiscales cuando se habla de indultos a los presos
del proceso y ustedes, en el Partido Popular, dicen cosas —hemos
consultado la hemeroteca— como que el PP arremete contra el juez de
la Audiencia Nacional y contra el PSOE, que el Partido Popular lanza
dudas sobre la parcialidad de un magistrado por dictar un auto sobre
Pedro Antonio Sánchez o que el PP critica al juez por tomar decisiones
basándose en prejuicios, etcétera. ¡Qué mala es la hemeroteca! Resulta
curioso que ustedes ahora acusen de presiones al resto.


Hablan también en su exposición de motivos sobre el cambio de
criterio de la Abogacía del Estado, sobre las presiones a los jueces de
Cataluña ante el proceso o de la falta de apoyo al magistrado Llarena por
los ataques recibidos.


Hasta aquí no tendríamos nada que decir porque es una moción más
del PP, a las que nos tienen habituados Pleno sí y Pleno también, para
hablar sobre la unidad de España, de Cataluña, de Venezuela, etcétera.
Esto es muy interesante, pero no sé si los españoles lo que más quieren
es que hablemos de esto en esta Cámara de representación territorial.
Pero en un quiebro que ni Messi haría tan bien, intercalan en la
exposición de motivos la huelga de jueces y fiscales y los
incumplimientos del Gobierno en sus compromisos con estos.


Nosotros también hemos aprovechado para presentar unas enmiendas
que suponen un totum revolutum. La primera es para abrir un proceso de
negociación con las organizaciones sindicales del sector en el marco de
un proceso de mejora de las retribuciones de todos los cuerpos de la
Administración de Justicia. (Pausa en la interpretación). Todo ello
concentrado en unas centrales sindicales.


La segunda enmienda pide armonizar la retribución de los cuerpos
al servicio de la Administración de Justicia en las comunidades autónomas
y de los cuerpos funcionariales del ministerio, pues resulta que hay un
desequilibrio muy evidente. (Pausa en la interpretación).


En la cuarta solicitamos incrementar el complemento retributivo de
insularidad en las islas hasta igualarlo con el de las Islas
Canarias.


En la quinta proponemos estudiar las problemáticas de los jueces y
magistrados en todas las comunidades autónomas, no solo en Cataluña, así
como sus requerimientos de traslado y, si fuera necesario, activar una
coordinación en un plan integral de prevención y mejora de jueces y
magistrados para que sepan que cuentan con el apoyo de la Administración
y conocer de este modo qué problemas tienen y por qué quieren pedir estos
traslados no solo en Cataluña, insisto, sino también en otras
comunidades.


En la sexta enmienda se propone iniciar un diálogo —pues
creemos que es necesario— sincero, abierto y claro con las fuerzas
sociales y políticas de Cataluña para intentar normalizar la situación
actual, porque el tú más y yo lo hago mejor y no me muevo de esta
posición no soluciona absolutamente nada. Por tanto, deberíamos iniciar
un diálogo sincero, pues lo demás no nos lleva a ningún lado ni a tomar
ninguna medida.


Esperamos que todas estas enmiendas que hemos presentado sean
aceptadas por el grupo proponente, tanto las de carácter laboral
—puesto que ustedes hablan de temas laborales— como las de
carácter social y de negociación con Cataluña, pues resulta evidente que
hay que hacer algo. Si ustedes comprueban que cada vez que hacen lo mismo
provocan la misma reacción, seguramente deberían hacer otras cosas. Por
lo tanto, esperamos que acepten estas enmiendas, aunque soy bastante
escéptico, porque en la charla que mantuvimos ayer no pudimos
convencerles con nuestro discurso. No obstante, estamos a la espera.
Confiamos en que no se queden en esta posición de enrocamiento y que
dialoguen un poco más para que así podamos avanzar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarrete.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador
Comorera.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.


Bon dia. Una moción sobre justicia del Partido Popular y el
senador portavoz del wasap, el de controlar la sala segunda por detrás,
sigue sin dimitir. Esa es su credibilidad para hablar sobre la
justicia.


La interpelación de la que trae causa esta moción decía así:
Interpelación sobre las declaraciones de los miembros del Gobierno que
intentan influir en el tribunal de la causa del proceso independentista
y, sin embargo, en su moción nos traen cuatro puntos que no tienen
ninguna relación con el título de la interpelación, lo que por sí mismo
debería haber supuesto, en nuestra opinión, la inadmisión a trámite de la
moción, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo de la norma
supletoria, de fecha de 30 de noviembre de 1993, sobre tramitación de
mociones consecuencia de interpelación.


Como es habitual en el grupo proponente, vuelven a mezclar
Cataluña con compromisos retributivos para así instrumentalizarlos, en
este caso, en relación con los operadores jurídicos, igual que ya
hicieron con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; unos
compromisos retributivos a los que dedican cinco líneas en la exposición
de motivos. Lo demás, que si indultos, que si la calificación de la
Abogacía del Estado, los ataques a jueces y fiscales en Cataluña, si el
Ministerio de Justicia defendió o no defendió lo suficiente al juez
Llarena, es decir, la cantinela que nos traen cada Pleno.


Ustedes utilizan de relleno lo que sea en sus mociones para acabar
hablando de Cataluña, de la causa del procés y de los independentistas;
lo hacen en cada Pleno para seguir con la crispación, para que no se
apague, porque, por lo visto, les va bien para sus cálculos electorales.
Y ya les anticipo, para que no vayan por ahí, que nuestro grupo condena y
rechaza cualquier amenaza, pintada o ataques personales contra jueces y
fiscales que ejercen dignamente su labor, sea en Cataluña, en el Campo de
Gibraltar o en la Audiencia Nacional. Pero no dibujen escenarios
catastrofistas que no se corresponden con la realidad, haciendo creer que
en Cataluña los jueces se enfrentan en su día a día a una situación
insoportable de coacciones y amenazas.


Como ustedes han convertido en otra cosa una moción que, en
teoría, hablaba de la intención del Gobierno de influir en el tribunal de
la causa del proceso independentista, la mayoría de nuestras enmiendas
inciden en hablar de las reclamaciones de los operadores jurídicos.
Porque si hablamos de condiciones difíciles para ejercer su función, la
principal es la que tienen que sufrir jueces y fiscales por la carga de
trabajo que sufren, algo a lo que, por cierto, su partido no para de
contribuir con casos de corrupción.


Por ello, nuestra primera enmienda de sustitución del punto tres
reclama mejorar esas condiciones para que puedan ejercer sus funciones
modernizando la Administración de Justicia, y ello debido a la falta de
medios personales y materiales fruto de años de recortes y de desinterés
por dotar convenientemente a la Administración de Justicia, el patito feo
de los poderes del Estado, el que a ningún Gobierno le ha interesado que
funcione como debiera. Además, solicitamos que se refuerce la
independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal.


La enmienda número dos sustituye al punto cuatro eliminando lo de
las coacciones y amenazas a los trabajadores del Ministerio de Justicia.
No sabemos a qué viene eso de las coacciones y amenazas a los
trabajadores del Ministerio de Justicia, pero si existen y ustedes lo
saben, les recomiendo que vayan ahora mismo al juzgado de guardia a
denunciarlas en vez de escribirlo en una moción.


La tercera enmienda es para instar a la inmediata derogación de
los plazos máximos de instrucción de las causas penales del artículo 324
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de una reclamación
prácticamente unánime de todos los operadores jurídicos.


El pasado 6 de diciembre no solo celebramos el 40 aniversario de
la Constitución, sino también el inicio de la vía de impunidad de graves
delitos, particularmente los de corrupción, al vencer el plazo máximo de
vencimiento de las prórrogas de las causas complejas para instruir las
causas incoadas antes de su entrada en vigor. Y todo ello gracias a esa
inútil reforma del Partido Popular, cuya derogación detiene en bloque,
junto a sus socios naranjas, en el Congreso de los Diputados, por la vía
de la fijación y ampliación de los plazos de enmiendas —54 veces
para una reforma que tiene doce palabras—.


A los jueces y fiscales hay que permitirles y no impedirles
perseguir los delitos con medios adecuados y sin medidas legales que
puedan favorecer la impunidad de los presuntos delincuentes. Esa es la
mejor manera de protegerlos con eficacia.


Y, finalmente, dejen de trasladar al sistema judicial conflictos
que deben resolverse desde la política. Si ustedes creen que trayendo a
cada Pleno del Senado una moción instando al Gobierno a emprender
acciones relativas a Cataluña, y así piensan que van a convencer a los
dos millones de personas que ya han desconectado de España y a apaciguar
el conflicto catalán, están muy equivocados. Pero está claro que eso no
les interesa.


Les pedimos que dejen de canalizar por la vía policial o judicial
un conflicto que es político, irresoluble policial o judicialmente. Hoy
se lo repetimos. Dejen la confrontación, la bronca, el ruido...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Termino.


Desinflamemos ya de una vez y busquemos una salida constructiva,
responsable y democrática al conflicto, que para eso estamos los
políticos. Esa debería ser nuestra función.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenos días, señorías. El Grupo Socialista presenta una enmienda
de modificación a su punto número 3 porque consideramos que hacer
política con los tribunales, hacer política desde los tribunales, solo
crea más problemas. Son el Ministerio del Interior y la consellería,
señorías, los que tienen que llevar a cabo las actuaciones y las labores
necesarias para garantizar la seguridad no solo de los edificios
judiciales, sino también de los jueces, magistrados, fiscales y del resto
del personal de la Administración de Justicia para que puedan desempeñar
sus funciones con dignidad, tranquilidad y libertad. Pero nos gustaría
dejar clara una cosa. Este Gobierno comenzó su andadura hace poco más de
seis meses. Durante los últimos siete años han gobernado ustedes, que yo
sepa, y tenemos la impresión de que la situación planteada en su
iniciativa viene produciéndose bastante antes de que tuviera lugar la
moción de censura. Esto no lo digo yo, lo dicen también el Consejo
General del Poder Judicial y el propio Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña al indicar que las actitudes de acoso y los escenarios no
propicios se vienen dando desde hace unos años. Sin embargo, yo a ustedes
no les he oído nunca poner de manifiesto esta situación, y mucho menos
tomar ninguna de las medidas que ahora exigen al Gobierno de Pedro
Sánchez. No les he oído nunca decir eso.


Los socialistas, señorías, deslegitimamos los discursos que
arremeten contra los jueces de Cataluña y sus familias; los socialistas
condenamos los ataques que se han realizado contra algunas sedes
judiciales; los socialistas condenamos el acoso y el menosprecio a la
justicia en Cataluña, pero también les pedimos que dejen a los jueces
hacer su trabajo, que no les pongan en el ojo del huracán para hacer su
política o por un puñado de votos. Dejen que los conflictos políticos se
resuelvan políticamente, y a los jueces déjenles fuera del debate
político, que los problemas de seguridad se resuelvan por quien tiene la
obligación y tiene la competencia para resolverlos.


¿O que ustedes están hablando de otra cosa?, ¿están hablando de
otros estímulos?, ¿están hablando de un régimen retributivo?, ¿están
hablando de equiparar a los jueces de Cataluña con los colectivos vascos
en Euskadi o en Navarra cuando vivíamos bajo el terrorismo de ETA? ¿Están
hablando de eso, verdad?


Yo llevo varios días oyendo a su nuevo jefe hablando de la kale
borroka catalana y de la aplicación del 155 de la Constitución. Señorías,
solo les puedo decir que con esto no se frivoliza, y se lo dice un
senador vasco que ha vivido doce años escoltado. En el último periodo,
entre los años noventa y el 2011, el cuerpo de la Ertzaintza, por
ejemplo, y sus familias sufrieron 23 atentados directos y 1335 acciones
de violencia callejera, de kale borroka en Euskadi. Comercios, entidades
bancarias, empresas, oficinas de correos, estaciones de tren, batzokis o
casas del pueblo sufrían ataques cada tres días por la kale borroka.
Jueces, fiscales, periodistas, empresarios o políticos sufríamos en
Euskadi la presión de la kale borroka, nosotros y nuestras familias. Por
eso, les pido que no banalicen con la violencia callejera. Una cosa es
levantar barreras de la autopista o tirar estiércol en los juzgados y
otra son los cócteles molotov y las bombonas de camping gas en las
puertas de los domicilios.


Ahora que en Euskadi los jueces han recuperado la normalidad, no
predispongan a Cataluña a una situación similar, porque una cosa es meter
miedo y otra la guerrilla urbana. De ahí nuestra enmienda para que el
Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad en Cataluña y las
fuerzas de seguridad del Estado sigan haciendo su trabajo; para que el
Gobierno y el propio Ministerio de Justicia sigan reconociendo la
encomiable labor que realizan los jueces y fiscales ante la tensión
existente; para que se mantengan los escenarios propicios y los jueces
desarrollen su labor con la serenidad necesaria, como ha pedido el propio
presidente del Tribunal de Justicia en Cataluña.


Señorías, es indecente apelar a Eslovenia a estas alturas, pero
también es indecente y poco procedente crear una alarma social con la
kale borroka y la batalla urbana actuando sobre la judicatura. Bastante
agitada está la situación por el desafío soberanista para que incluyan a
los jueces en un debate que no traería nada bueno.


Señorías del Partido Popular, se lo digo por experiencia: la mecha
se enciende muy rápido, pero en apagar el incendio se tarda mucho.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.


Tiene la palabra la senadora Muñoz para indicar si acepta o no las
enmiendas.


La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Señor Navarrete, sabíamos
perfectamente cuál iba a ser la posición de su grupo porque hablé ayer
con usted. Hay algunas de las enmiendas, por ejemplo la tres, la cuatro y
la cinco que ya le dije que podrían ser fruto de otra moción y que, en
ese caso, podríamos trabajar y hablar sobre ellas.


En la enmienda número 6 ustedes hablan de iniciar un proceso de
diálogo, proceso que lleva mucho tiempo abierto pero que no está
recogiendo sus frutos porque algunos no quieren dialogar, algunos quieren
simplemente hacer lo que ellos quieren hacer, lo que creen que están
destinados a conseguir. Por lo tanto, como le avanzaba ayer, vamos a
votar en contra de todas las enmiendas.


Señor Comorera, que Podemos hable de cinismo al Partido Popular,
ustedes que son los del chalet, los que pagan en B a la gente que trabaja
en casa, ustedes que son los que azotarían hasta hacer sangrar a la
gente, que ustedes hablen de cinismo..., a mí me parece increíble; de
verdad, señor Comorera, de verdad. (Aplausos).


Yo entiendo su posición. Ustedes siempre están ahí en la
equidistancia, siempre más hacia un ladito que hacia otro. Bueno, pues
ustedes sabrán lo que hacen, ustedes sabrán cuál es su postura.


En su última enmienda hablan de no trasladar al sistema judicial
los conflictos, ese mantra que repite Podemos continuamente de que se
está judicializando la política. En España la política no está
judicializada, en España hay políticos que tienen problemas judiciales,
que es diferente. Es lo que tiene intentar dar un golpe al Estado, que
luego tienes problemas judiciales. Es que claro, usted está hablando de
unas cosas...


Señor Rodríguez Esquerdo, precisamente usted, por todo lo que aquí
nos ha relatado y que todos conocemos, es el que debería estar alertando
al Gobierno socialista sobre lo que está empezando a pasar en Cataluña
(El señor Rodríguez Esquerdo: ¡Cuidado!). ¿Cuidado? Claro que sí, mucho
cuidado. Por eso usted debería empezar a hablar con el Gobierno
socialista.


¿Ustedes han visto los vídeos de este fin de semana, de vecinos
aterrorizados gritando desde los balcones porque las calles estaban
tomadas por radicales nacionalindependentistas y su Gobierno estaba
exigiendo a las fuerzas de seguridad que no hiciesen absolutamente nada?
¿Usted ha visto eso? A usted igual no le da miedo, pero a mí sí, a mí me
da miedo que eso pase en territorio español.


Ustedes nos plantean una enmienda que dice: seguir protegiendo,
pero para seguir protegiendo a jueces y fiscales ustedes deberían estar
haciéndolo, y no lo están haciendo. Yo no culpo al Gobierno socialista de
que los jueces huyan de Cataluña, les culpo de inacción, de no hacer nada
para evitarlo, pero lo hacemos yo y el Consejo General del Poder
Judicial. No solo es el Partido Popular, es el Consejo General del Poder
Judicial el que ha emitido un comunicado el 7 de diciembre reclamando a
su Gobierno y al Gobierno de la Generalitat que les protejan. No es el
Partido Popular, el Partido Popular hace de altavoz del Poder Judicial
porque ustedes no le escuchan.


Por lo tanto, señor Esquerdo, no venga aquí a hacer un discurso
poniendo al Partido Popular a la altura de los radicales. No fuimos
nosotros los que este fin de semana cortábamos las autopistas y poníamos
en riesgo la seguridad de los ciudadanos. No sea usted de los
equidistantes que ponen a unos y a otros en el mismo lugar porque no es
cierto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Alegre.


El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. Senadora Muñoz, a mí me hubiera gustado, y
se lo digo sinceramente, que esta moción hubiera llevado en su
argumentación un solo punto, el tercero. Me hubiera gustado que se
hubiera limitado a ese punto y no hubiera mezclado, porque creo que la
situación que se está viviendo en mi tierra no es nueva, no es de esta
semana pasada. No hay que olvidar que el año pasado el propio presidente
del TSJ, como consecuencia de la aprobación de las leyes de desconexión
por los señores golpistas que gobiernan en Cataluña —y digo
golpistas—, tuvo que pedir auxilio a la Policía Nacional porque se
sentían desprotegidos con los Mossos d’Esquadra. Y se cambió la
guardia del Palacio de Justicia, de los Mossos a la Policía Nacional,
porque no sentían garantizada su seguridad con las instrucciones que
había dictado el Gobierno golpista.


Me sabe mal que usted hoy haya intentado mezclar las cosas, porque
la situación que se está viviendo en Cataluña —y perdone, senador
Rodríguez Esquerdo— yo no digo que sea igual que la que ustedes
vivieron en el País Vasco, pero se está aproximando excesivamente.
(Protestas). Sí, excesivamente, porque hay unos señores que instan
permanentemente desde las instituciones a la celebración de un golpe de
Estado, y eso es muy grave.


Nosotros votaremos a favor de la moción, pero le voy a dar un
consejo, senadora, y también a su grupo, y es que esto está muy bien,
pero lo que está mal es que luego intenten hacer cambalaches para
repartirse las sillas del Consejo General del Poder Judicial con los
señores del PSOE, a los que critican, y con los señores de Podemos, a los
que critican. Dejemos ya de meter las zarpas en el Consejo General del
Poder Judicial.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.


Tiene la palabra el senador Navarrete.


El señor NAVARRETE PLA: Gràcies, senyor president.


Llàstima que novament no hagen acceptat les nostres esmenes.


Continue en castellà.


Gracias, señor presidente.


Lástima que de nuevo no hayan aceptado nuestras enmiendas.


Voy a continuar en castellano.


Me ha hecho mucha gracia que en su intervención haya hablado de
Cataluña, Cataluña y Cataluña porque, ¿dónde están los derechos laborales
que se piden en la moción? Tanto defender que no van a aceptar nuestras
enmiendas ni las del resto de grupos, pero resulta que de temas
laborales, de los que sí hablan nuestras enmiendas —y que recogen
literalmente lo han pedido los sindicatos de la Administración de
Justicia— no hemos hablado. ¿Casualidades de la vida? Quizá
no.


Como les decía, ustedes hacen un totum revolutum y nos piden que
no presionemos a los jueces ni a los fiscales, que expresemos nuestra
repulsa sobre las presiones que reciben en Cataluña esos jueces, que se
van, etcétera, pero son ustedes mismos los que, cuando les conviene,
presionan a los jueces. Cuando les conviene, dicen que lo hacen muy mal
los que juzgan la trama Gürtel o acusan en vano de que son un ente,
llamémosle mafioso, etcétera. Por tanto, no utilicen una doble vara de
medir: o presionan a todo el mundo o no presionan a nadie.


Me hace gracia también que su concepto de la ley del embudo: ancho
para ustedes, estrecho para los demás. Resulta que se puede presionar
cuando les conviene y que tenemos que enfadarnos cuando ustedes lo
consideran conveniente.


Compromís rechaza y condena cualquier tipo de ataque y presión al
estamento judicial, pero también respetamos el resto de derechos
fundamentales: la libertad de expresión y la libertad de manifestación.
En este sentido, les pregunto: ¿Es libertad de expresión o es presión
cuando algunos políticos ponen en tela de juicio la imparcialidad de los
jueces? ¿Es presión o es derecho de manifestación cuando la ciudadanía
sale a la calle para protestar contra sentencias judiciales que la
mayoría de la población no entiende o que resultan incomprensibles?
Vayamos con cuidado al pedir que no se presione a la justicia porque
quizá nos pasaremos tres pueblos y no podremos ni expresar que no estamos
de acuerdo con esas sentencias por no ser acordes con nuestras
posiciones.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.


Tiene la palabra la senadora Castilla.


La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.


Leyendo la parte dispositiva de la moción, me asaltan una serie de
dudas, tal y como han comentado algunos compañeros que me han precedido
en el uso de la palabra. Por un lado, mezclamos un conflicto político con
la independencia, la objetividad y el trabajo del Poder Judicial; este
tercer sector tan importante. Creo en la separación de poderes, en que
debemos trabajar para lograrla y, desde luego, si no creemos nosotros,
los ciudadanos tampoco van a creer. Por tanto, espero que entre todos
hagamos efectiva esa separación de poderes, tal y como señaló
Montesquieu.


Por otro lado, también tengo dudas en lo que se refiere a la
huelga de funcionarios que se ha producido recientemente. Es evidente que
faltan muchos medios materiales y recursos humanos, pero no podemos ser
hipócritas y pensar que es propio del Gobierno socialista porque también
pasaba con el Gobierno del Partido Popular; da igual el color político.
Soy abogada, ejercí como abogada durante la etapa del Partido Popular y
vi a diario que en los juzgados había carencia de medios materiales, que
todo el personal de la Administración de Justicia estaba sobrecargado
—no solo los jueces, también el personal de auxilio procesal—
y, al fin y al cabo, esto afecta no solo al desempeño profesional de su
labor sino también a sus vidas personales, que también tenemos que
proteger, y afecta también a todos los ciudadanos porque no olvidemos que
tenemos que garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todos
y cada uno.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora CASTILLA HERRERA: Voy terminando, señor presidente.


Por todo ello, y porque estoy de acuerdo con la parte dispositiva
de la moción en el sentido de que tenemos que apoyar al Poder Judicial,
la Agrupación Socialista Gomera votará a favor de su moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el
senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president. Bon dia.


Aquesta moció que presenta el Partit Popular, una vegada més, en
aquest cas la senadora Muñoz, ha perdut una ocasió magnífica de tenir un
to assossegat i un to tranquil en l’exposició d’una moció. De
fet, ja s’ha dit, barreja qüestions laborals i reivindicacions
sindicals del món de la justícia amb el comodí de Catalunya que és el
punt assegurat que tenim sempre.


Després d’escoltar-la, un podria pensar que estem a la
Franja de Gaza o que estem a Beirut, o que estem en una situació molt
complexa a Catalunya i, feliçment, li puc desmentir que hi hagi cap
situació ni de violència, ni cap situació tremendista com la que vostè
està pintant. De tot el que vostès estan parlant, hi ha un cas que un
jutge —i aprofito l’ocasió com ja hem fet des del Partit
Demòcrata per condemnar-ho amb rotunditat— li van pintar amb
pintura groga la porta del seu domicili. Això, que ho condemnem —i
aprofitem l’avinentesa per condemnar-ho amb rotunditat— és el
que cas que fa que vostès aprofitin per dir tot aquest reguitzell de
coses.


I crec que si els polítics volem ser responsables hem de tendir a
asserenar el clima i no a comparar-ho amb el País Basc. Amb una mica de
respecte, la situació dramàtica que va viure el País Basc fa 15, 20, o 25
anys enrere, doncs no és de rebut voler-la comparar ni amb Kale borroka
ni amb cap situació de violència física perquè no s’ha produït ni
es produirà. La societat catalana és intrínsecament pacífica, els valors
cívics estan arreladíssims i, per tant, això no passarà.


El que passa és que el PP fa el que sol fer sempre; amb altres
casos també ho fa. Amb els temes de la llengua també ho fa.
S’inventen una mentida, la van repetint tothora, la tècnica
Goebbels, i al final aconsegueixen que una bona part de la població se
l’acabi creient simplement per reiteració. Vostès, com a PP
—i de vegades amb cert seguidisme del PSOE, de vegades sí, de
vegades no, perquè la posició del PSOE de vegades és una mica
acomplexada— diuen una falsedat i la van repetint. Vostès es deuen
pensar que acaba sent certa.


Però el delírium màxim és que després facin iniciatives
legislatives sobre la mentida. És a dir, que algú digui una mentida i que
la repeteixi, doncs mira, és la seva responsabilitat, però que després
tiri endavant iniciatives legislatives és una mica delirant perquè fan
iniciatives legislatives sobre una mentida. A Catalunya, per més que
vostès vagin repetint, no hi ha situació de violència. S’






ha produït
un cas, aquest que ara he esmentat, i que torno a aprofitar per
condemnar, en què s’han fet unes pintades a la façana del domicili
d’un jutge, això és l’únic que ha passat.


I va haver una altra situació: l’estiu passat el jutge
Llarena, molt conegut pels catalans i també per la resta d’Espanya,
va sopar amb un polític que es diu Fernández Díaz de cognom, en un
restaurant de la Costa Brava, i hi va haver uns assistents en aquell
sopar, unes taules més enllà, que el van xiular. El van xiular! Aquesta
és tota l’agressió i tota la kale borroka que es va produir, aquest
estiu, a la Costa Brava, a Palafrugell, això és el que va passar. Aquesta
és tota la situació abertzale que vostès volen comparar amb el que estem
dient.


Barregen, com hem dit, i manipulen i distorsionen la realitat. I
jo els faig una pregunta que és molt senzilla de respondre. Durant vuit
anys que s’han produït manifestacions multitudinàries amb motiu,
per exemple, de la Diada nacional de Catalunya, de l’11 de
setembre, quina violència hi ha hagut? Quins problemes hem tingut? Vuit
anys consecutius amb manifestacions milionàries, un milió i mig, un milió
dos-cents, depèn de l’any, quin problema hi ha hagut? Quan ha
començat la violència a Catalunya? Va començar quan hi havia uns elements
que eren policies de dia i civils de nit, que desplegaven porres, i que
tenien activitats, dirien, estranyes. Quan hi hagut violència del 2000
al 2018 per part dels catalans? Quantes ocasions hi hagut perquè es
produïssin situacions de violència? Ni una.


Gracias, señor presidente. Buenos días.


Una vez más, el PP —en este caso, la senadora Muñoz—,
ha perdido una ocasión magnífica para exponer su moción con un tono
sosegado y tranquilo; de hecho, ya se ha dicho, mezcla cuestiones
laborales y reivindicaciones sindicales con el mundo de la justicia, con
el comodín de Cataluña, que siempre es un punto asegurado.


Después de escucharla, uno podría pensar que estamos en la Franja
de Gaza, en Beirut o en una situación muy compleja en Cataluña y,
felizmente, le puedo desmentir que haya ninguna violencia, crispación, ni
ninguna situación tremendista como la que usted está pintando. De todo lo
que ustedes están hablando, hay un caso, el de un juez —y aprovecho
la ocasión, como ha hecho el Partido Demócrata, para condenarlo con
rotundidad—, al que le pintaron con pintura amarilla la puerta de
su domicilio. Este hecho que condenamos —e insisto en hacerlo con
rotundidad— es el caso que ustedes aprovechan para decir toda esta
ristra de cosas.


Si los políticos queremos ser responsables, debemos tender a
serenar el clima y no a compararlo con el País Vasco. Debemos mostrar un
poco de respeto a la situación dramática que vivió el País Vasco quince,
veinte o veinticinco años atrás. No es de recibo que se pueda comparar ni
con la kale borroka ni con ninguna situación de violencia física, porque
no se ha producido ni se producirá. La sociedad catalana es
intrínsecamente pacífica, los valores cívicos están muy enraizados y, por
tanto, eso no pasará.


Sin embargo, el PP insiste en lo que suele hacer —también en
otras ocasiones, por ejemplo, con la lengua—, se inventan una
mentira, la repiten, la repiten sin cesar y, al final, consiguen que una
buena parte de la población se lo acabe creyendo, simplemente por
reiteración. El PP, y a veces el PSOE, en unas ocasiones sí y en otras no
—con una posición un poco acomplejada a veces del PSOE—,
dicen una falsedad, la repiten y, al final, ustedes se deben pensar que
acaba siendo cierta.


El delirio máximo es que después presenten iniciativas
legislativas sobre la mentira. Es decir, que alguien diga una mentira y
la repita, es su responsabilidad, pero que después saquen adelante
iniciativas legislativas es un poco delirante porque lo hacen sobre una
mentira. En Cataluña, por mucho que ustedes repitan, no hay una situación
de violencia. Se ha producido un caso, el que acabo de citar
—aprovecho, de nuevo, para condenarlo—, en el que se hicieron
unas pintadas en la fachada del domicilio de un juez. Es lo único que ha
sucedido.


El verano pasado, se produjo otra situación. El juez Llarena, muy
conocido por los catalanes y también por el resto de España, cenó con
Fernández Díaz en un restaurante de la Costa Brava, y unos asistentes a
ese restaurante, que estaban unas mesas más allá, le silbaron. Esa fue
toda la agresión y toda la kale borroka que se produjo este verano en la
Costa Brava, en Palafrugell. Esta es toda la situación abertzale que
ustedes quieren comparar con lo que estamos diciendo.


Como he dicho, mezclan, manipulan y distorsionan la realidad; y yo
les hago una pregunta muy sencilla de responder: durante los ocho años
que se han producido manifestaciones multitudinarias con motivo, por
ejemplo, de la Diada nacional de Cataluña, el 11 de septiembre, ¿qué
violencia ha habido? ¿Qué problemas ha habido? Ocho años consecutivos,
con manifestaciones de millones de personas —millón y medio, millón
doscientos, dependiendo del año—, ¿qué problema ha habido? ¿Cuándo
ha empezado la violencia en Cataluña? Cuando unos elementos ejercían de
policías de día y civiles de noche, que desplegaban porras y digamos que
tenían actividades extrañas. ¿Cuándo ha habido violencia entre 2000
y 2008, por parte de los catalanes? ¿Cuántas situaciones de violencia ha
habido? Ni una.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BAGUÉ ROURA: I per més que vagin insistint, com els he
dit, la societat catalana és cívica i és profundament pacífica. Per tant,
no aconseguiran que arreli aquest missatge.


Moltes gràcies. (Aplaudiments)


Termino.


Por mucho que insistan, como he dicho, la sociedad catalana es
cívica y profundamente pacífica. Por tanto, no conseguirán encarnizarse
con eso.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Egun on, mahaiburu jauna.


Egia esan, mozio honetaz eztabaidatzea ez da erraza. Ez da erraza,
zeren gauza bat da mozio honek proposatzen duena, baina beste gauza
guztiz ezberdina da zertaz eztabaidatu den.


Nik ohar garrantzitsu bat adierazi nahiko nioke Ciudadanosi, eta
aldi berean, hemen zaudeten guztioi. Izugarrizko arduragabekeria
iruditzen zait Euskadi eta Katalunia alderatzea, izugarrizkoa, eta zentzu
horretan, erabat ados nago Tontxo Rodriguezekin —gainera,
elkarrekin egin dugu lana alkate guztiekin, Euskadiko alkate
guztiekin—, eta esaten baldin badizuet benetan izugarrizko
arduragabekeria dela Euskadi eta Katalunia konparatzea da Euskadin
zortziehun eta berrogeita hamabi pertsona, zortziehun eta berrogeita
hamabi pertsona hildako eman direlako, zortziehun eta berrogeita hamabi,
ehunka zauritu, bahituak, milaka kaltetu. Benetan iruditzen al zaizue bi
egoera horiek guztiz konparagarriak direla?


Muñoz anderea, aipatu duzu beldurra ematen dizula Katalunian
gertatzen ari dena Euskadin gertatu zenarekin bihurtzea edo horrantz
joatea. Bada, zuek ere zeregina baduzue, baita ere. Hausnarketa hori
bada, nik ez dudana partekatzen, nire ustez, zeregina baduzue. Azken
finean, zuen ardura handia da egun gauden egoera. Eta ez dugu egingo
azkeneko urteetan, 2006. urteaz geroztik gertatu denaren inguruan, ez
dugu egingo ibilbide hori, baina zuek ardura handia duzue, eta horren
beldurra baldin badago, benetan merezi du lan bat egitea, eta merezi du
bai alderdi sozialistarekin gehi beste indar politiko guztiekin lan bat
egitea, nahi ez ditugun egoerak eman ez daitezen.


Aipatzen baldin badugu mozioa bera, nire ustez, entsalada bat da,
eta aipatzen denean mozio horretan presioa, eremu judizialari presioa,
bueno, nik aipatzen dudanean edo ikusten dudanean presioa eta Alderdi
Popularra benetan iruditzen zait izugarrizko kontraesana, zeren hemen
norbait egon baldin bada epaileak presionatzen hori Alderdi Popularra
izan da. Eta ikusi besterik ez dago zer gertatu den Kontseiluarekin, eta
Marchena epailearekin, alegia, bertako Kontseiluak, edo bai Senatuak, bai
Kongresuak Kontseiluko kideak aukeratu aurretik jada Marchena epailea
presidentea edo burua izango zela bagenekien. Beraz, hori al da Alderdi
Popularrak aipatzen duen independentzia?


Bigarrena, Audientzia Nazionalak erabaki zuenean Rajoy jauna
Gurtelarekin auzitegietara eramatea, ez al zen izugarrizko presioa egon
Alderdi Popularraren aldetik? Hori ez al da epaileak edo justizia
presionatzea? Hau da, nire ustez, benetan presioa egon baldin bada
justiziarekiko, hori izan da Alderdi Popularrak urte askotan egin
duenarengatik.


Esaten da baita ere, badaudela epaileak eta Kataluniatik alde egin
nahi dutenak. Badaude, baina orain, eta esaten denez, baita ere, aurreko
urteetan, baina ez bakarrik epaileak, baita Ogasun Ministerioko
langileak.


Buenos días, señor presidente.


La verdad es que no es fácil debatir sobre esta moción porque una
cosa es lo que propone esta moción y otra totalmente diferente es sobre
qué se ha debatido.


A mí me gustaría hacer un comentario bastante importante a
Ciudadanos y, a su vez, a todos los que están presentes y es que me
parece una irresponsabilidad enorme comparar Euskadi y Cataluña; me
parece una irresponsabilidad enorme. En ese sentido, estoy totalmente de
acuerdo con Tontxu Rodríguez y, además, hemos trabajado junto con todos
los alcaldes de Euskadi. Si les digo que es una irresponsabilidad enorme
comparar Euskadi y Cataluña es porque en Euskadi se ha asesinado a 852
personas, repito, 852 personas, ha habido cientos de heridos y
secuestrados, y miles de perjudicados. ¿Realmente les parece que se
pueden comparar esas dos situaciones?


Señora Muñoz, ha mencionado que le da miedo que lo que está
ocurriendo en Cataluña pueda convertirse en lo que ocurrió en Euskadi y,
en este sentido, ustedes tendrán ya algo que hacer al respecto. Si usted
plantea esa reflexión, que yo no comparto, creo que ustedes también
tendrían que hacerla porque, al fin y al cabo, la situación que vivimos
hoy en día es también responsabilidad suya. No vamos a hacer el recorrido
de lo que ha ocurrido desde 2006, pero ustedes también tienen una gran
responsabilidad sobre ello. Si reconocen esa responsabilidad, merece la
pena que trabajen, junto con el Partido Socialista y el resto de los
partidos políticos, para que no se produzcan situaciones que no queremos
que se den.


Si hablamos sobre la propia moción, creo que es una ensalada, es
un totum revolutum. En este sentido, cuando oigo hablar al Partido
Popular de que se está ejerciendo presión sobre el estamento judicial, me
parece una gran contradicción porque si aquí ha habido alguien
presionando a los jueces ese ha sido el Partido Popular y solo hay que
ver lo que ha ocurrido con el Consejo y con el juez Marchena porque antes
de que el Congreso y el Senado eligieran a los miembros del Consejo, ya
sabíamos que el juez Marchena iba a ser nombrado. Esa es una muestra de
la independencia de la judicatura.


Por otro lado, cuando la Audiencia Nacional decidió llevar al
señor Rajoy a los tribunales por el caso Gürtel, ¿no hubo gran presión
del Partido Popular? ¿Eso no es presionar a los jueces o a la justicia?
Si realmente ha habido presión a la justicia ha sido por la labor que ha
desarrollado el Partido Popular durante muchos años.


También se ha dicho que ha habido jueces que querían huir de
Cataluña. Sí, los hay hoy y también los ha habido en años anteriores, y
no solo jueces, sino funcionarios del departamento de Hacienda.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BILDARRATZ SORRON: Bi, justiziak arazo bat dauka,
justiziaren benetako arazoa zein da?: baliabideak, baina arazo hori orain
eta lehen ere bazegoen, aipatu besterik ez dago Europako Kontseiluak
atera duen txostena Espainiarekiko,


Hay muchos funcionarios del departamento de Hacienda que quieren
huir, y esa es una reflexión que viene haciéndose desde hace muchos años.
¿Y qué es lo que hace el Partido Popular al respecto con esta moción? Si
hay un problema en Cataluña que hay que resolver, como hemos dicho muchas
veces, hay que dialogar.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente.


Bi, justiziak arazo bat dauka, justiziaren benetako arazoa zein
da?: baliabideak, baina arazo hori orain eta lehen ere bazegoen, aipatu
besterik ez dago Europako Kontseiluak atera duen txostena
Espainiarekiko,


¿Cuál es el problema real de la justicia? Los medios, pero ese
problema existe hoy y existía antes también. En este sentido, hay que
mencionar el informe que ha publicado el Consejo de Europa sobre
España.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente.


Eta horrek esan nahi du, bataz bestekoa alderatuz, ez garela ezta
ere Europan gertatzen denaren erdira iristen, eta hori da benetako
arazoa.


Eskerrik asko


No llegamos ni a la mitad de las medidas que plantea Europa y ese
es el problema real.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Estradé.


El señor ESTRADÉ PALAU: Senyor, president, senyories, bon
dia.


Ja és significatiu que un senador feixista i espanyolista de
Ciutadans titlli de colpista a un partit que va estar durant 40 anys
perseguit pels únic colpistes que hi ha hagut en aquest país i que, a
més, mai no ha condemnat el seu partit. (Aplaudiments). Això només pot
passar a l’Estat espanyol.


Senyora Muñoz de la Iglesia, quan llegeixo la seva moció i la
comparo amb l’actuació que té el seu partit cada dia i que ha
tingut durant anys, només puc concloure que constitueix un exercici de
cinisme polític colossal. Li diré una cosa: si vostè de veritat creu en
la imparcialitat dels jutges i en la divisió de poders, ha de fer dues
coses de forma immediata. La primera, demanar la dimissió del senyor
Cosidó. (Aplaudiments). Això és el que ha de fer de forma immediata,
perquè un senyor que, mitjançant un missatge de whatsapp, diu que el seu
objectiu i el del seu partit és controlar el Tribunal Suprem, aquest
senyor no es mereix formar part d’aquesta Cambra i aquest senyor no
es mereix poder tenir aquestes responsabilitats. Això és el que ha de
fer. Però encara ha de fer una altra cosa, senadora. Ha de demanar la
dimissió dels dos membres del seu partit que estan designats com a vocals
del Consell General del Poder Judicial perquè, tenint carnet de partit i
havent tingut càrrecs tan significats, és impossible que aquests vocals
no traslladin a la justícia espanyola les consignes de partit.


Vostès no creuen en la divisió de poders. Vostès no creuen en la
imparcialitat dels jutges. I ho demostren cada dia amb les seves
declaracions. I ho van demostrar quan a Catalunya, la Junta de Fiscals,
va recomanar que no es procedís contra les persones que havien organitzar
les consultes del 9 de novembre i, malgrat tot, vostès en van fer cas
omís i van rellevar un dels fiscals, i van fer tot el contrari del que
els fiscals que coneixien la realitat catalana els recomanaven.


I vostès no creuen en la imparcialitat de la justícia ni en la
separació de poders, vostès creuen en el repartiment del poder per
posar-lo al servei d’un projecte d’Estat molt ideologitzat,
per posar-lo al servei dels seus interessos partidistes, per tapar la
corrupció, això és que vostès fan. Doncs quan vostès van rellevar el
Fiscal General de Múrcia perquè no investigués un cas de corrupció
relacionat amb el seu partit van tornar a demostrar que no creuen en la
divisió de poders. I això és el que han estat fent dia sí i dia també.
Per això, els jutges i els fiscals s’han hagut de manifestar,
protestant per les lamentables condicions laborals i retributives a les
quals vostès els han condemnat, protestant pel poc respecte que els
tenen, per les interferències contínues en les seves decisions, en les
seves interlocutòries, protestant per la forma com han fet els
nomenaments, com han traslladat fiscals, protestant contra tot això.


Mirin, a Catalunya no n’hi ha cap de problema amb els jutges
i els fiscals. La immensa majoria de jutges i fiscals a Catalunya poden
fer la seva tasca amb total tranquil·litat i tenen el respecte de la
societat, i tenen el respecte dels partits independentistes. El que hi ha
a Catalunya és un estat d’indignació davant d’algunes
interlocutòries i decisions de la cúpula del poder judicial, de
l’alta jerarquia, d’aquesta cúpula instrumentalitzada per
vostès, manipulada per vostès, a la qual vostès pensen encarregar la
solució d’un problema que és d’arrel política. Contra aquesta
minoria sí que hi ha protesta, i en seguirà havent. Pacífiques. Al menys,
és el que nosaltres demanarem. Pacífiques i utilitzant la lliberta
d’expressió.


Nosaltres tampoc compartim que es tiri pintura contra ningú que
s’envaeixi el domicili o la propietat privada de ningú, però ja li
avanço que, malgrat que no compartim aquest tipus d’accions, no
acatarem les decisions del Tribunal Suprem si estan dictades amb criteris
ideològics i polítics, no les acatarem, protestarem de forma pacífica i
democràtica, ja ho poden tenir segur.


Bon dia. (Aplaudiments.— Protestes).


Señor presidente, señorías, buenos días.


Ya es significativo que un senador fascista y españolista de
Ciudadanos llame golpista a un partido que durante cuarenta años fue
perseguido por los únicos golpistas que ha habido en este país y que,
además, nunca han sido condenados por su partido. (Aplausos). Esto solo
puede pasar en el Estado español.


Señora Muñoz de la Iglesia, cuando leo su moción y la comparo con
la actuación de su partido cada día, que ha mantenido durante años, solo
puedo concluir que constituye un ejercicio de cinismo político colosal.
Le tengo que decir que si usted de verdad cree en la imparcialidad de los
jueces y en la división de poderes debe hacer dos cosas de forma
inmediata: la primera, pedir la dimisión del señor Cosidó. (Aplausos).
Eso es lo que debe hacer de forma inmediata, porque un señor que mediante
un wasap dice que su objetivo y el de su partido es controlar el Tribunal
Supremo no se merece formar parte de esta Cámara ni tener estas
responsabilidades; esto es lo que debe hacer. Y, la segunda, senadora,
debe pedir la dimisión de los dos miembros de su partido que hoy están
designados como vocales del Consejo General del Poder Judicial porque,
teniendo carnet de partido y habiendo tenido cargos tan significados, es
imposible que no trasladen a la justicia española las consignas de
partido.


Ustedes no creen en la división de poderes, ustedes no creen en la
imparcialidad de los jueces y lo demuestran cada día; lo demuestran con
sus declaraciones, y lo demostraron cuando, en Cataluña, la Junta de
Fiscales recomendó que no se procediera contra las personas que habían
organizado las consultas del 9 de noviembre y, a pesar de ello, hicieron
caso omiso y relevaron a uno de los fiscales e hicieron todo lo contrario
de lo que ellos, que conocen la realidad catalana, aconsejaron.


Ustedes no creen en la imparcialidad de la justicia ni en la
separación de poderes; creen en el reparto del poder al servicio de un
proyecto de Estado muy ideologizado, al servicio de sus interesen
partidistas y para tapar la corrupción. Eso es lo que ustedes hacen. Así,
cuando relevaron al fiscal de Murcia para que no investigara un caso de
su partido, demostraron una vez más que no creen en esa división de
poderes, y eso es lo que están haciendo día sí y día también. Por eso los
jueces y los fiscales se han tenido que manifestar, protestando por esas
lamentables condiciones laborales y retributivas a las que ustedes les
han condenado, protestando por el poco respeto que les tienen,
protestando por las continuas interferencias en sus decisiones, en sus
interlocutorias, protestando por la forma en la que han hecho los
nombramientos y por el traslado de fiscales; protestando contra todo
eso.


En Cataluña no hay ningún problema con los jueces y los fiscales.
La inmensa mayoría de jueces y fiscales en Cataluña pueden hacer su
trabajo con total tranquilidad y cuentan con el respeto de la sociedad y
de los partidos independentistas. Lo que hay en Cataluña es un estado de
indignación ante algunas interlocutorias y decisiones de la cúpula del
Poder Judicial, de la alta jerarquía, de esta cúpula instrumentalizada
por ustedes, manipulada por ustedes y a la que ustedes piensan encargar
la solución de un problema que es de raíz política. Contra esta minoría
sí hay protestas, y seguirá habiéndolas, pero protestas pacíficas; al
menos eso es lo que nosotros pediremos, que sean pacíficas y utilizando
la libertad de expresión.


Nosotros tampoco compartimos que se tire pintura contra nadie ni
que se invada ningún domicilio ni la propiedad privada de nadie, pero ya
le avanzo que, a pesar de que no compartimos este tipo de acciones, no
acataremos las decisiones de un Tribunal Supremo si están marcadas por
criterios ideológicos y políticos. No las acataremos y protestaremos de
forma pacífica y democrática. Esto ténganlo por seguro.


Buenos días. (Aplausos.— Protestas).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.


Señorías, guarden silencio.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Comorera.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, señor presidente.


Tengo que reconocer que estuve viendo el video de la interpelación
a la ministra de Justicia detenidamente, y que sentí mucha vergüenza por
el tono y el contenido; me dio mucha tristeza ver el daño que el
bipartidismo ha hecho a la independencia judicial. Más que interpelar a
la ministra sobre las declaraciones de los miembros del Gobierno que
intentan influir en el tribunal de la causa del proceso soberanista, lo
que hizo la senadora Muñoz fue una especie de causa general contra la
ministra de Justicia.


Ya les digo que no seré yo quien vaya a defenderla, pero hoy nos
traen una moción que, como he dicho antes, poco tiene que ver con la
interpelación inicial en relación con las declaraciones de los miembros
del Gobierno. Hubiera tenido más sentido una moción centrada en la
independencia judicial, en la autonomía de la Fiscalía o en la separación
de poderes, y no lo que ustedes nos han traído.


Respecto a los dos primeros puntos de la moción: abonar las
mejoras retributivas de los jueces y fiscales y el cumplimiento del
compromiso en cuanto al pago mensual de las actuaciones de los abogados
de oficio, no hay nada que decir. Evidentemente nuestro grupo lo apoya.
Sin embargo, como ya he dicho en el turno de enmiendas, son ustedes un
poco trileros al incluir estas reclamaciones en esta moción. Y no solo
eso, porque por más que diga, senadora Muñoz, son ustedes los campeones
del cinismo. En este sentido, manda narices que nos hablen ustedes de
pagos en B. (Aplausos.— Protestas). Ustedes, además, han estado
gobernando durante los últimos siete años y han estado maltratando
durante años al turno de oficio con unas remuneraciones indignas y
prácticamente nunca les han pagado mensualmente, sino que han ido
acumulando meses y meses de retraso; y no solo en el territorio
ministerio, sino también en comunidades donde llevan años gobernando,
como en Madrid. Me parece excelente que ahora reclamen esos pagos
mensuales, pero sabemos de dónde venimos, y que tenga la desfachatez de
decir en el último Pleno, desde esta tribuna, que con el Partido Popular
los abogados estaban cobrando mensualmente, creo que va a provocar que a
muchos les dé la risa. Hay que tener valor para decir según qué cosas en
esta tribuna.


Les recuerdo que en recursos económicos invertidos en justicia y
en capital humano nos encontramos bastante por debajo de la media de la
Unión Europea. El gasto público destinado a los tribunales en España es
de 27 euros por persona, frente a una media en la Unión Europea de 50,4
euros.


Y vamos con el tercer punto: proteger con eficacia a los jueces y
fiscales destinados en Cataluña que están ejerciendo su labor en
condiciones muy difíciles debido a la tensión provocada por el desafío
soberanista catalán. La tensión existe, pero la provocan unos y otros. Lo
primero que podrían hacer ustedes para rebajar esa tensión sería dejar de
convertir cada Pleno en un ataque a Cataluña, o que el señor Casado deje
de pedir, día sí y día también, como un disco rayado, que se aplique
otro 155 más duro. I al president de la Generalitat que deixi de parlar
de víes eslovenes i deixi de estar desconectat de la realitat del país i
de la majoría de les necesitats de la gent.


Respecto a la protección, si hablamos de asignación de escoltas,
les diré que es una medida que se está aplicando desde el pasado mes de
marzo. En todo caso, será el Ministerio del Interior y, sobre todo, la
conselleria de Interior los que deberán determinar —porque esa es
su responsabilidad— si es preciso aumentar esa protección a tenor
de los últimos hechos y no con mociones que solo buscan inflamar una vez
más. Si lo que se solicita es una protección más institucional o
simbólica por parte del Ejecutivo, es evidente que no procede más allá de
reiterar el absoluto y escrupuloso respeto a la división de poderes.


Y si hablamos de presiones al Poder Judicial, saque usted la
libreta, señora Muñoz, y apunte que si alguien ha criticado y presionado
a los jueces ha sido su partido. Hace unos días un diputado del PP
insultaba en sede parlamentaria al juez De Prada, el juez de la Gürtel,
diciendo que es bueno para la justicia española que deje de hacer lo que
estaba haciendo, que deje de poner sentencias; frase que, además, se
repetía en el wasap del señor Cosidó. En el Congreso, hace unos meses,
pedían que el Consejo General del Poder Judicial vigilase a los jueces
que llevan sus casos Gürtel y Bárcenas. Además, calificaron en un
comunicado de abuso de derecho la citación de Mariano Rajoy para declarar
en el caso Gürtel. La secretaria de Estado de Justicia de su Gobierno
llamó a la jueza del caso Máster para saber si iba a pedir la imputación
de Casado. El también reprobado ministro de Justicia Catalá cargaba
contra los fiscales del caso Púnica. Son unos cuantos ejemplos de esta
misma legislatura, y ustedes vienen aquí a darnos lecciones.


Un último deseo, dejen de utilizar ese lenguaje bélico de
traiciones y traidores, de hablar todo el día de golpistas sin respetar
la presunción de inocencia.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Acabo, señor presidente.


¿No es eso también presionar a los jueces sobre una determinada
condena?


Traigan mociones constructivas sobre lo que necesita la justicia y
tendrán nuestro apoyo, pero para seguir su juego de cada Pleno, una
excusa para cargar contra Cataluña y seguir inflamando el conflicto, no
cuenten con nosotros. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, el pasado 20 de noviembre vivimos en esta Cámara una
interpelación a la señora ministra de Justicia que fue un totum
revolutum, por calificarlo de alguna manera. Una interpelación cargada de
teatralidad, infundios, enredos, improperios y agravios y, en la
intervención de hoy, demagogia y populismo popular. ¿Yo equidistante,
señora Muñoz? ¡Que yo no lo he vivido desde un balcón! ¡Que lo he vivido
yo! Y no le voy a permitir ni una lección con esto, ni una tontería con
esto. No se lo permito yo ni ningún socialista vasco, señora Muñoz. No se
lo permitimos. (Aplausos).


Una interpelación, señorías, que cuestionaba no ya a la ministra
de Justicia sino a medio Gobierno, incluso al Partido Socialista Obrero
Español como organización política. Tenga muy claro que no les vamos a
consentir a ustedes que hablen de ningún partido político porque no están
legitimados para ello. En su mochila tienen tanta degradación y tanta
falta de honradez, que sus palabras lo único que producen es sonrojo y
vergüenza a la sociedad española.


En su interpelación ustedes hablan de traición al Poder Judicial,
a los jueces, a los fiscales y a todos los españoles. Ustedes, los del
wasap para controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo. (Aplausos).
Ustedes, los que durante su estancia en la calle San Bernardo relevaron y
destituyeron a fiscales. Hoy ha dicho usted que son portavoces del
Consejo General del Poder Judicial pero se ha confundido, eran la mano
que mecía la cuna a los jueces y a los fiscales. Eso es lo que eran, no
portavoces. (Aplausos). Ustedes daban instrucciones directas a la
Fiscalía y se quitaron de encima al fiscal jefe de Murcia. ¡Ustedes, los
de la Púnica y la Gürtel nos vienen a dar lecciones de lealtad!;
lecciones de injerencia, de intromisión, de mangoneo, de hipocresía, de
manipulación de la justicia española, de todo eso sí, pero de otra cosa
no pueden dar ni una lección.


Presentan una moción con una exposición de motivos que refleja
bien a las claras lo que es. Pretenden imputar al Gobierno el indulto de
unos presos, ignorando a las claras la independencia judicial, e intentan
mediatizar a los jueces encargados de juzgar la causa, cuando, dicho sea
de paso, todavía no se ha producido ni sentencia para que haya indulto;
recargan contra el Gobierno las huelgas de funcionarios de justicia, de
los jueces y de los fiscales, pero ¿han olvidado ustedes que han
malgobernado este país en siete años? ¿Que el señor Catalá fue, por
desgracia, ministro de Justicia? ¿Saben cuál es la herencia recibida en
Justicia? Un solar, señora Muñoz. Hoy la justicia está politizada más que
nunca; para muestra ahí tienen el wasap del señor Cosidó, que sigue
sentado en su escaño, aunque ahora no esté.


Hablan de compromisos presupuestarios y aprovechan nuevamente la
ocasión para utilizar al juez Llarena. Dejen de manipular ya, señorías.
Para que les quede muy claro de una vez, a los socialistas no nos gustan
los frentes y no vamos a jugar a su apuesta de desgaste. Y si hasta ahora
he hablado de su tétrica exposición de motivos ha sido por sus cuatro
propuestas. Vamos a verlas. Sobre la primera, las mejoras retributivas a
las jueces por 7 millones, debieran saber mejor que nadie que esta
partida está en el capítulo 1, que se recoge en una enmienda
transaccional de los socialistas vinculada a programas de modernización y
que la propia ministra en esta Cámara dijo que se iba a abonar de forma
lineal antes de fin de año, pero no escuchan. El segundo trampantojo de
su propuesta es que ustedes conocen mejor que nadie el origen del
problema con la justicia gratuita y el turno de oficio. El señor Catalá
tuvo que ampliar un convenio con el Colegio de Abogados de Madrid para
pagar a los abogados de oficio de la Gürtel. Hoy, las cantidades han sido
devueltas, las subvenciones pendientes se han desbloqueado, ya se han
pagado los meses de julio, agosto y septiembre, y en estos momentos se
está tramitando el mes de octubre, y por primera vez, señorías, en 15
años, con las actualizaciones y revisiones incluidas, con un aumento
del 24 %. En su cuarta propuesta —como ya antes se habló de los
ataques a los jueces no voy a volver a ello— hablan de derechos
laborales. ¿A qué se refieren con amenazas y coacciones? ¿Por qué no han
acudido a la vía penal para la denuncia? ¿Hablan ustedes de los
trabajadores que hicieron la huelga hace unos días? ¿Les tenemos que
recordar que las modificaciones en las condiciones laborales eran una
ilusión del señor Catalá? ¿Les tenemos que recordar que ha sido el
Partido Socialista quien ha tenido que presentar una enmienda que veremos
luego, para modificar el apartado 3 del artículo 21 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial ante el ataque sin precedentes que ustedes planteaban
a las condiciones laborales de los trabajadores? No lo dude, señora
Muñoz, el Ministerio de Justicia vela por la protección y por la garantía
de los derechos laborales de los trabajadores.


Para terminar, el pasado día 26, usted, señora Muñoz, dijo en la
comisión de Justicia que esta Cámara le estaba haciendo bullying. Supongo
que se refería a mobbing, porque el bullying es un acoso físico en el
ámbito escolar, y esto no es colegio, que yo sepa, ni un instituto; esto
son las Cortes Generales, aunque es verdad que a veces parece un patio de
colegio.


El señor PRESIDENTE:






Vaya terminando, señoría.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Termino.


Si usted, señora Muñoz, se ha sentido así, de verdad que lo
lamento mucho. Pero para mobbing, señora Muñoz, lo que le están haciendo
a la ministra de Justicia, a la ministra Delgado, acosándola,
descalificándola, hostigándola, denostándola y censurándola. ¿Saben lo
que están consiguiendo con esto? Que la ministra tenga más ilusión que
nunca, más fuerza y más ánimo para garantizar la separación de poderes,
la independencia judicial y el acatamiento...


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: ... a nuestra Constitución
—termino, señor presidente—, y para hacer de la justicia de
verdad un servicio público. Mi grupo se abstendrá ante su iniciativa,
porque, aunque podemos coincidir en algunos elementos, estos desaparecen
tan pronto como se aprecian sus intenciones espurias, señora Muñoz.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Muñoz.


La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.


Senador Alegre, me decía usted que me daba un consejo y que
cumplir la ley y la Constitución para reformar el Consejo General del
Poder Judicial, que era lo que pretendía el Partido Popular, es pasteleo.
Le voy a devolver el consejo: pasteleo es repartirse TV3 con Esquerra
Republicana, como ha hecho Ciudadanos en Cataluña.


Senador Bagué, como me hablaba usted de serenar el clima, yo le
pregunto: ¿lo que hace el señor presidente de la Generalitat, cuando
habla de la vía eslovena para alcanzar la independencia, es serenar el
clima? Dígame exactamente qué es eso para usted, porque creo que usted
vive en una realidad paralela.


Señor Estradé, ¿se acuerda usted, ya que ha dicho que el Partido
Popular no cree ni en la división de poderes ni en el poder judicial, del
portavoz que tenía aquí al inicio de la legislatura, del señor Santiago
Vidal, que se vanagloriaba porque iban a elegir ustedes a los jueces
independentistas cuando fuesen una república? ¿Pero usted se acuerda de
eso? Además, viene aquí y dice que no van a cumplir las sentencias del
Tribunal Supremo. Señor Estradé, ¿pero esto qué ha sido? De verdad, no
entiendo nada. (Rumores).


Señor Comorera, le voy a dejar bien claro lo que se dice en esta
moción porque creo que no lo ha entendido. Esta moción no carga contra
Cataluña. El Partido Popular jamás carga contra Cataluña. (Protestas).
No, no, no. Les pasa a ustedes como a Susana, la de Andalucía, que se
piensa que cuando nos metemos con su gestión, nos metemos con los
andaluces, y no es verdad. No lo es. (Aplausos). No es verdad.
(Aplausos). Criticar al Gobierno de la Generalitat, criticarles a ustedes
por lo que están haciendo que es enfrentar a Cataluña, no es criticar a
los catalanes. (Varios señores senadores: ¡Nooooo!). Al revés, es
defenderlos. (Protestas.— Aplausos). Estamos haciendo lo contrario,
señorías, lo contrario. (Protestas.— Aplausos).


Señor Rodríguez Esquerdo, usted ha traído aquí un tema personal,
pero le voy a contestar porque ya sabe que yo voy de frente. Yo no dije
que esta Cámara estuviese haciéndome bullying; si quiere usted saber lo
que estaba pasando pregúntele a la portavoz de su partido en la Comisión
de Igualdad. Jamás pensé que el mayor ataque que yo recibiría
políticamente vendría de mujeres, jamás. Pregúntele y sabrá a qué me
refería.


Dice usted, también, que no acepta lecciones del Partido Popular,
pues yo le voy a dar una, una lección de lealtad. Se la voy a explicar;
fíjese qué rápido se la voy explicar. ¿Sabe lo que es lealtad, la que le
debe el Gobierno a la oposición? Pactar un 155 teniendo mayoría absoluta
con los grupos de la oposición. (Rumores). ¿Sabe lo que es lealtad?
Mantener informado continuamente al portavoz de la oposición de todo lo
que se está haciendo en Cataluña. (Rumores). ¿Cuántas veces ha llamado el
señor Pedro Sánchez a Pablo Casado? Cero (Aplausos); cero. (Rumores).
¡Lealtad! (Protestas.— Aplausos). Lealtad, señor Rodríguez
Esquerdo.


Señorías, nuestro país está viviendo un momento histórico. Nuestra
democracia, nuestra convivencia y nuestro Estado de derecho es algo que
debemos proteger y preservar por encima de las diferencias ideológicas,
por encima de lo que pensemos unos y otros. Porque el ataque frontal a
los cuarenta años que llevamos construyendo democracia y libertad nos
exige, señorías, responsabilidad, rigor, coraje y determinación, porque
la generación de políticos que vivió la Transición estuvo a la altura de
lo que se esperaba de ellos, y la generación de políticos que nos metió
en el proyecto europeo también; y la gente en la calle, señores
socialistas, lo que se pregunta es si nosotros vamos a estar a la altura
del desafío secesionista que tenemos planteado ahora mismo.


Nunca, señorías, nunca, nunca en cuarenta años, un representante
del Estado en ninguna comunidad autónoma, como es el señor Torra, nunca
jamás, alentó el enfrentamiento civil; nunca en cuarenta años un
representante del Estado había hablado de una solución bélica para
alcanzar sus objetivos políticos; nunca, señorías, en cuarenta años. La
situación es muy grave y el Gobierno de la Generalitat está fuera de
control. Y lo más grave, está poniendo en grave riesgo la seguridad y la
libertad de los ciudadanos en Cataluña.


Señorías del PNV, les voy a ser muy sincera, este no es un momento
para mantenerse de perfil; no lo es. Ni yo ni el Partido Popular hemos
dicho que la situación en Cataluña sea como la que vivió el País Vasco,
pero comienza a parecerse. Ustedes saben lo que es tener miedo a opinar;
ustedes han vivido lo que es tener miedo a expresarse, a salir a la calle
y decir tus ideas políticas. Ustedes lo han vivido, y en los peores
momentos de ETA las instituciones se mantuvieron leales a la ley y al
Estado de derecho, es decir, leales a los ciudadanos.


Esta moción no va de competencias, ni va de lo que opinen ustedes
del Estado ni de lo que opinamos nosotros; esta moción va de proteger y
dar seguridad a los que tienen que defender las libertades y los derechos
de los ciudadanos; y ahí, señores del PNV, tenemos que estar todos. Yo
les he escuchado muchas veces decir —cuando algún dirigente europeo
habla de que el nacionalismo acaba como acaba— que todos los
nacionalismos son iguales; hoy es un buen momento para demostrar que no
todos son iguales, señores del PNV.


Termino, señor presidente.


Señores socialistas, ustedes se abstienen. Esta es una muestra muy
clara de cuál es su posición. Se quedan en tierra de nadie...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: ... porque tienen miedo de perder
el Gobierno y no pueden no contentar a sus socios.


He oído decir que esta moción es un totum revolutum, pero lo que
exige esta moción es que se pague a estos jueces lo que se les debe, que
se los proteja de los ataques que están sufriendo y que no se los amenace
si quieren ir a la huelga. Es muy sencillo; aquí todos nos vamos a
retratar.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Ustedes sabrán dónde quieren estar,
señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido
presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244;
votos emitidos, 243; a favor, 148; en contra, 20; abstenciones, 75.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO RATIFICA SU COMPROMISO CON LA
DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL 40 ANIVERSARIO DE SU APROBACIÓN Y CON LA
DEFENSA DE LA UNIDAD DE ESPAÑA E INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL ORDEN CONSTITUCIONAL.


662/000140

GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado veintiocho
enmiendas: veintiséis del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de
los senadores Mulet y Navarrete; una del Grupo Parlamentario Nacionalista
Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC) y una del Grupo
Parlamentario Socialista. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Abandonen el hemiciclo en silencio y con rapidez, por favor.
(Continúan los rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Para la defensa de esta moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Pérez Pastor.


El señor PÉREZ PASTOR: Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado trae a esta sesión plenaria una moción
que dado su enfoque y planteamiento generalista resulta oportuna,
pertinente y necesaria, (Rumores) necesaria como el pan de cada
día...


El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Pérez Pastor.


Señorías, guarden silencio, por favor. Si quieren hacer tertulia,
salgan al pasillo. (Continúan los rumores).


No me gustaría tener que llamar la atención a los senadores por su
nombre, porque luego queda constancia en el Diario de Sesiones, pero no
me va a quedar más remedio que hacerlo. (Pausa).


Continúe.


El señor PÉREZ PASTOR: Como les decía, esta es una moción que
resulta necesaria como el pan de cada día, que dejó escrito Celaya, más
que nunca.


En la vida no hay que olvidarse de los cumpleaños de los seres
queridos ni de las efemérides de las cosas que se aman. Yo sé cuándo
nacieron mis padres y mi mujer, sé cuándo nacieron mis hijas. Y sé
también que este mes se cumplen cuarenta años de la ratificación de la
Constitución española, una Constitución que ha dado lugar al periodo de
mayor estabilidad política y prosperidad económica de nuestro país. La
Constitución española es fruto de la madurez política de aquellos
partidos que tuvieron altura de miras para dejar atrás viejos rencores y
alcanzar un gran consenso. Este consenso alcanzado por la Constitución,
que consolidó la transición, siempre ha sido visto desde fuera con
admiración, y ha sido utilizado como modelo por otros países en la
elaboración de sus propios textos.


Nuestro país ya sabía algo de eso. La maravillosa aventura que
iniciaron las Cortes de Cádiz en la isla de León tuvo gran repercusión
por todo el Mediterráneo. Los españoles somos históricamente
constitucionalistas y no tenemos que dejar que nadie nos haga creer lo
contrario. Por su parte, la transición, en lo que a los verdaderos
demócratas de refiere, fue pacífica y ejemplar. En ella los españoles,
los españolitos de Machado, se dieron la mano para aprender de un pasado
difícil, para cerrar heridas y para volver a albergar un futuro de
concordia, de paz y de libertad; para que ninguna de las dos Españas les
volviese a helar el corazón; es más, para que no hubiese dos Españas,
sino comunidades autónomas cercanas a la gente y garantes de sus
particularidades.


La concordia, señorías, fue posible. La concordia nos ha traído el
periodo de paz más largo que se ha disfrutado en esta piel de toro desde
los tiempos de Atapuerca. La Constitución española es consenso y
democracia, es igualdad y libertad, es defensa de la unidad y respeto de
la diversidad, es solidaridad entre regiones. La Constitución de 1978 fue
un texto en el que todos los españoles pudieron verse representados.


En un momento en el que algunos están cuestionando qué significó
aquel 6 de diciembre de 1978 y todo el proceso constitucionalista, en un
momento en el que afloran revisionismos desmemoriados e interesados, y en
el que algunos tratan de quebrantar los pilares del orden democrático y
constitucional, es necesario reivindicar que ese espíritu de concordia,
que presidió la aprobación de nuestra Constitución, sigue vigente. La
Constitución tiene todavía mucho desarrollo por delante para seguir
prestando servicios a España y a los españoles.


Por tanto, lo que esta moción propone es que el Senado de España
ratifique su compromiso con la defensa de la Constitución en el cuarenta
aniversario de su aprobación y con la defensa de la unidad de España, de
la libertad y de la igualdad de todos los españoles. Mediante esta moción
se quiere, igualmente, reivindicar la transición democrática en España,
basada en los principios de concordia, diálogo y búsqueda de consensos
básicos, principios que hoy siguen siendo imprescindibles para garantizar
nuestra convivencia en libertad, aún más, que vuelven a ser lo
imprescindible para seguir adelante.


A la par, es importante, ya que estamos en la Cámara Alta, rendir
homenaje a los senadores de las Cortes Constituyentes nacidas de las
elecciones de 1977, que volcaron su trabajo en el objetivo común de la
democracia. Todo nuestro agradecimiento a una serie de grandes políticos,
con diferentes procedencias ideológicas, algunas de ellas en las
antípodas de las otras, que fueron capaces de articular ese gran abrazo
que pintó Juan Genovés.


Debemos instar al Gobierno a garantizar la defensa de la
Constitución y de sus libertades, a defender el respeto a las leyes y a
exigir las responsabilidades necesarias por su cumplimiento. La mera
observancia del marco legal existente sería la solución a muchos de los
retos que plantea el presente. Yo no sé si todo está en los libros, pero
estoy seguro de que en este hay mucho de contenido útil. En el marco
constitucional vigente hay mucho de solución y poco de problema.


Debemos instar al Gobierno a defender que los símbolos que nos
representan como nación y como españoles ocupen sin complejos el espacio
que la Constitución y las leyes les otorgan. Debemos instar al Gobierno a
impulsar las medidas necesarias para mantener el orden constitucional
ante el actual desafío de quienes cuestionan la Constitución y el Estado
de Derecho. Por desgracia, las noticias de estos días no dejan lugar a
dudas de la pertinencia de esto último.


El 22 de diciembre de 1978, día de la lotería —mi
cumpleaños, por cierto— la Junta Electoral Central publicó en el
Boletín Oficial del Estado los resultados del referéndum sobre el
proyecto de Constitución. Ese día puede decirse que tocó el gordo de la
lotería a todos y cada uno de los españoles presentes y futuros y voy a
decir que pasados, porque yo también he sentido el influjo de tantos
esfuerzos y de la entrega de tantas vidas en pos de la libertad. Ningún
premio como la libertad, ninguna meta como la convivencia.


Ayúdenme —me dirijo a todos los grupos parlamentarios—
con su apoyo a esta moción a dejar bien claro varias cosas: la primera,
que viva la Constitución, sin ambages; la segunda, que no hay nada por
encima de la ley, ante la cual todos somos iguales; y la tercera, que es
importante que el Gobierno, cualquier Gobierno, pero en este caso el que
tenemos, cumpla con sus responsabilidades a este respecto.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Pastor.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Mulet.


El señor MULET GARCÍA: Bon dia. Felicitem al senador del Partit
Popular avançadament pel seu aniversari.


La millor manera de defensar la Constitució seria complint-la


Els textos sagrats són més propis de les religions. Són textos
mitològics, en teoria dictats per les divinitats, que marquen dogmes i
són inqüestionables. Les lleis, saben perfectament que no són textos
sagrats, sinó que són els acords del nostre ordenament jurídic que
s’aproven per majoria. Són normes dictades per a ser complides,
interpretades i adaptar-les a la realitat de cada moment.


La Constitució del 78 va ser producte d’una època, de les
seues pors després de 40 anys d’una dictadura genocida. Va ser un
text de renúncies, tot i que també va suposar, efectivament, avanços
importants.


Han passat 40 anys. La majoria de la població avui activa en
Espanya no van poder votar-la. Per tant, és un text que demana a totes
llums una modificació.


Els que no van fer campanya obertament a favor del Sí a aquesta
Constitució va ser l’extrema parlamentària representada en Alianza
Popular. Els que van votar en contra d’aquesta Constitució que hui
s’omplin la boca de parlar-ne va ser l’extrema dreta
parlamentària d’Alianza Popular. Els diputats que es van abstindre
de votar a favor d’aquesta Constitució va ser l’extrema dreta
parlamentària d’Alianza Popular. Sempre han sigut
l’avantguarda, els antidivorci, els anti dret a decidir de les
dones sobre el seu cos, els anti matrimoni homosexual. Per tant, poques
lliçons ens pot donar a nosaltres l’extrema dreta
parlamentària.


L’Estat espanyol ha canviat molt, moltíssim, com tot el món.
Toca, per tant, i venint reclamant, una modificació a fons d’aquest
text, no solament per a salvar bancs, com vostès van aprovar amb
nocturnitat i traïdoria amb el Partit Socialista, sinó per als nous
reptes que té la societat de l’Estat espanyol. Per a vostès, els
que van votar en contra, els seus avantpassats polítics i segurament
familiars, s’omplen ara la boca de constitucionalisme i són els
primers que la incompleixen sempre que poden, la Constitució i, en molts
casos també, el Codi Penal.


Vostés incompleixen, per exemple, l’article 3 de la
Constitució que parla de la protecció de totes les modalitats
lingüístiques espanyoles. Vostés són els primers que incompleixen
l’article 6, de garantir una estructura i un funcionament
democràtic dels partits polítics. Vostés, els dels discos durs a
martellades. Vostés són els primers que incompleixen sistemàticament els
articles 10 i 13 de la Constitució espanyola, quan parlem de Drets
Humans. Vostés són els de les concertines i els dispars als immigrants.
Vostés són els que incompleixen l’article 14 de la Constitució, el
de garantir la igualtat davant la llei de totes les persones. Després
parlarem de com han vetat aquelles esmenes que els molesten sobre la
Corona. Vostés són els que incompleixen l’article 15 de la
Constitució, el dret a la vida de totes les persones sota possibles casos
de tortura o tractes inhumans. No ho dic jo, ho
diu Amnistia Internacional. L’Article 16, garantir el caràcter no
estatal de cap confessió religiosa. L’article 18, garantir la
intimitat de les persones, sobretot referent a les noves tecnologies i
xarxes socials. Què li hem de dir si no al Sr. Cosidó dels Whatsapps.
L’article 20, garantir la llibertat d’expressió i acabar amb
la persecució de còmics, tuiters o altres persones afectades.
L’article 30, garantir la contribució a les arques de manera
igualitària i progressiva, i intentar acabar amb el frau fiscal.
L’article 35, garantir la igualtat en l’ocupació i
l’accés entre homes i dones. L’article 40, garantir
l’equitat, la plena ocupació i els drets laborals per a posar fi a
la desigualtat i a la precarietat laboral. Incompleixen vostés també
l’article 42 així garantir la tornada dels joves i les joves que
vostés han enviat a l’exili forçat a l’estranger.
L’article 44, garantir l’accés a la cultura en igualtat.
L’article 45, garantir el dret al medi ambient. L’article 47,
garantir un habitatge digne i adequat a les persones.


Tenim una Constitució que cal canviar. Per exemple,
l’article 49 parla encara de «disminuïts físics, sensorials i
psíquics». És un text profundament insultant.


L’article 50, vostés l’incompleixen quan han buidat la
caixa de les pensions. L’article 57 també l’incompleixen quan
estan impedint garantir l’elecció democràtica del Cap
d’Estat. L’article 69, garantir el caràcter del Senat com a
Cambra territorial i no el que és ara. L’article 92, garantir la
celebració de referèndums. L’article 103, garantir la
descentralització i desconcentració de les competències de
l’Administració Pública. L’article 119, garantir la gratuïtat
de la justícia. L’article 128, garantir els serveis bàsics de la
ciutadania a través del control dels recursos públics.


Tinc més punts, però no tinc més temps, per tant.


Le deseo felicidades al senador del Partido Popular por su
cumpleaños. La mejor manera de defender la Constitución sería
cumpliéndola. Los textos sagrados son más propios de las religiones, son
textos mitológicos dictados por las divinidades que son incuestionables.
Las leyes saben perfectamente que no son textos sagrados, que son
acuerdos de nuestro ordenamiento jurídico, que se aprueban por mayoría,
que son normas que son dictadas para ser cumplidas, interpretadas y
adaptarse a la realidad de cada momento.


La Constitución de 1978 fue producto de una época, de sus miedos
después de cuarenta años de una dictadura genocida; fue un texto de
renuncias, pero también supuso avances importantes.


Han pasado cuarenta años y la mayoría de la población de España no
pudo votarla. Por lo tanto, es un texto que pide a todas luces una
modificación. Los que no hicieron campaña abiertamente por el sí fueron
los de la extrema derecha parlamentaria con Alianza Popular. Los que
votaron en contra de esta Constitución, que hoy se llenan la boca de
constitucionalismo, fueron los de la extrema derecha. Los diputados que
se abstuvieron de votar la Constitución eran de la extrema derecha
parlamentaria de Alianza Popular. Siempre han sido la vanguardia, los
anti divorcio, los anti derechos a decidir de las mujeres sobre su
cuerpo, los anti matrimonio homosexual. Por lo tanto, pocas lecciones nos
pueden dar a nosotros.


El Estado español ha cambiado mucho, como todo el mundo, y, por lo
tanto, toca reclamar una modificación a fondo de este texto, y no solo
para salvar a los bancos, aquella que ustedes aprobaron con nocturnidad y
alevosía, sino para afrontar los nuevos retos que tiene la sociedad del
Estado español. Pero ustedes, los que votaron en contra, se llenan la
boca de constitucionalismo y son los primeros que incumplen la
Constitución y también, en muchos casos, el Código Penal. Por ejemplo,
ustedes incumplen el artículo 3 de la Constitución que habla de la
protección de todas las modalidades lingüísticas del Estado español.
Ustedes son los primeros que incumplen al artículo 6 que garantiza una
estructura y un funcionamiento democrático de los partidos políticos,
porque son, por cierto, los de los discos duros a martillazos. Incumplen
los artículos 10 y 13 de la Constitución española, porque son ustedes los
de las concertinas y los de los disparos a los inmigrantes. Incumplen el
artículo 14 de la Constitución, el de garantizar la igualdad ante la ley
de todas las personas —ya hablaremos de las enmiendas que tanto les
molestan sobre la Corona—. Incumplen también el artículo 15 de la
Constitución, que defiende el derecho a la vida de todas las personas
bajo posibles casos de tortura o tratos inhumanos —no lo digo yo;
lo dice Amnistía Internacional—. Incumplen el artículo 16, que dice
que hay que garantizar el carácter no estatal de ninguna confesión
religiosa. Y el artículo 18, que igualmente dice que hay que garantizar
la intimidad de las personas, sobre todo, en lo referente a las nuevas
tecnologías y redes sociales. Incumplen el artículo 20, que garantiza la
libertad de expresión, para acabar con la persecución de cómicos,
tuiteros y otras personas afectadas. Y el artículo 31, que garantiza la
contribución a las arcas de forma igual y progresiva e intenta acabar con
el fraude fiscal. Y el 35, que dice que hay que garantizar la igualdad de
la ocupación entre hombres y mujeres. Incumplen el artículo 40, que
garantiza la equidad, la plena ocupación y los derechos laborales.
También incumplen el artículo 42, para garantizar la vuelta de los
jóvenes que ustedes han enviado al exilio forzoso al extranjero. Y el
artículo 44, que garantiza el acceso a la cultura en igualdad. Y el 45,
que garantiza el derecho al medioambiente. Y el artículo 47, que
garantiza una vivienda digna y adecuada a todas las personas. Tenemos, en
fin, una Constitución que hay que cambiar. Hay que cambiar, por ejemplo,
el texto del artículo 49, que habla de disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, y que es muy insultante. Asimismo, incumplen el artículo 50,
porque han vaciado la caja de las pensiones y el artículo 57 cuando
impiden garantizar la elección democrática del jefe del Estado. Y el 69,
y el 92, que garantiza la celebración de referéndums cuando hay que tomar
decisiones importantes sobre el Estado. Incumplen, igualmente, el
artículo 103, y el 119, que habla de garantizar la gratuidad real de la
justicia; y el 128, que pretende garantizar los servicios básicos. Tengo
muchos más artículos...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MULET GARCÍA: Vostés, que incompleixen sistemàticament la
Constitució, poques lliçons ens han de donar a la resta.


... por lo que ustedes pocas lecciones pueden dar al Estado.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora
Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías.


Coalición Canaria ha presentado una enmienda con texto alternativo
al que nos ha propuesto hoy el Grupo Popular y somos conscientes de que
no va a prosperar. Normalmente no presentamos enmiendas de este tipo,
pero hoy lo hemos hecho por varias razones, principalmente, por la
profunda preocupación que tenemos ante la oscura deriva política en la
que ha entrado, desde hace ya tiempo, la política estatal española,
sumergida, paralizada, en la continua confrontación de un bipartidismo
descarnado que está debilitando nuestra democracia. Presentamos también
esta enmienda, en coherencia con una moción que defendió Coalición
Canaria en esta legislatura en la Comisión Constitucional, presentada en
legislaturas anteriores, para reclamar la puesta en marcha de un proceso
para reformar algunos aspectos de la Constitución, pero nunca han
prosperado estas iniciativas, normalmente por el voto en contra del Grupo
Popular. No obstante, la hemos presentado porque el texto que hoy nos
presenta el Grupo Popular no nos parece una propuesta responsable para
avanzar, para recuperar el diálogo y el consenso. Sí es, por el
contrario, una propuesta que no tiene esa vocación y que, si no me
equivoco, no va a contar, aunque prospere, con la mayoría de este
hemiciclo, por lo tanto de poco va a servir.


Esta iniciativa se hace solo para consumo interno del Partido
Popular y por el miedo a perder a los posibles votantes del Partido
Popular tras la aparición de nuevos partidos de ultraderecha. Este tipo
de iniciativa será buena para ustedes, no lo sé, no lo sé, pero desde
luego lo que sí tengo claro es que no es nada buena para la sociedad; no
busca caminos que nos permitan, con responsabilidad, salir de la muy
difícil situación en la que estamos, del peligroso agujero negro en el
que hemos caído a causa de la actual crisis política que estamos viviendo
en España. Si de verdad queremos hacer un reconocimiento y un homenaje a
los que fraguaron la Constitución, tendríamos, como mínimo, que estar a
la altura de la generosidad y de la altura de miras que tuvieron en
aquella época los responsables políticos, los grupos políticos y las
organizaciones sociales, que con su buen hacer y, repito, su generosidad
antepusieron los intereses generales de una ciudadanía, que en aquel
entonces estaba deseosa de vivir en una España democrática en paz y con
prosperidad, a los intereses políticos, personales o partidistas.


En 1978 hubo capacidad política y voluntad política. Hoy no las
hay. Hoy no se traen propuestas con esa voluntad, con ese interés.
Además, es urgente desde hace tiempo una voluntad política para pactar,
dialogar, consensuar y no una voluntad de confrontar, como estamos viendo
hoy con esta iniciativa que se presenta en esta Cámara. Lo que espera la
ciudadanía es que tengamos voluntad política para el diálogo y el
consenso. Eso es lo que espera la ciudadanía de nosotros y de esta
Cámara, que es la Cámara territorial. Y es que, además, es el único
camino para superar la profunda crisis de valores, la profunda crisis
política y de credibilidad que se está instaurando en la vida política en
España y a la que nos arrastran en todos los territorios y en todas las
comunidades autónomas. Y debemos hacerlo antes de que sea tarde,
señorías, antes incluso de que el daño a nuestra democracia pueda ser
irreparable.


Nuestra Constitución es la octava, si empezamos a contar desde la
de 1812 aprobada en las Cortes de Cádiz, y es bueno recordar que en estos
dos siglos de constitucionalismo en España ninguna se reformó siguiendo
los procedimientos previstos en sus propios textos, todas fueron
cambiadas en situaciones extremas, en situaciones excepcionales, incluso
con levantamientos. Señorías, ¿no creen que debemos aprender de nuestra
propia historia? No se trata de entrar en un nuevo proceso constituyente,
sino de reformar para renovar, para modernizar, para adaptarnos a las
nuevas necesidades, como hace el resto de Estados de Europa.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora JULIOS REYES: Termino, señor presidente.


Nuestra Constitución prevé procedimientos para realizar las
reformas y hemos de utilizarlos de una forma natural, normalizada, como
una sociedad madura que ya somos pero que está esperando que sus
representantes políticos también lo seamos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador Antich.


El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la enmienda de sustitución que hemos presentado desde
nuestro punto de vista muestra una visión más completa del contenido de
la Constitución, así como de los sujetos impelidos a su defensa, que son
todos los poderes públicos; creemos humildemente que es más adecuada y
responsable en su 40 aniversario. Una enmienda en la que compartimos el
compromiso con los principios y valores estructurales de la Constitución,
entre ellos la libertad, la justicia y el pluralismo político y en la que
valoramos la tolerancia, la generosidad y la apuesta por el entendimiento
de la Transición y el trabajo de los constituyentes.


La enmienda insta a la protección del Estado de derecho
democrático y social, de manera que se preserven la separación de
poderes, el cumplimiento de las leyes, el principio democrático como
principio vertebrador y no excluyente de todas las decisiones de los
poderes públicos, incluida la reforma constitucional, y se promueva la
igualdad y una efectiva política social. Además, la enmienda aclara que
la Constitución reconoce el principio de unidad pero también el de
autonomía política como elementos ambos esenciales de nuestro sistema;
principios hoy cuestionados por distintos actores políticos y respecto de
los que estamos firmemente comprometidos en su defensa.


La autonomía constituye la respuesta democrática a la diversidad
que caracteriza España, acerca la democracia a la gente y propicia pesos
y contrapesos políticos que refuerzan la normal separación de poderes.
Como dice nuestro Tribunal Constitucional, la importancia de nuestro
Estado autonómico es tal que no cabe una conceptualización del interés
general que no tome en consideración el respeto a las comunidades
autónomas.


La enmienda recuerda también que la Constitución hace un amplísimo
reconocimiento de derechos fundamentales, erigiendo la dignidad humana en
fundamento del orden político. En palabras de Adela Cortina, la calidad
de una sociedad democrática se mide por el nivel alcanzado en el
reconocimiento y el respeto mutuo de la dignidad. Ella convierte a la
protección de la dignidad en el principal objetivo de los poderes
públicos, de manera que estos deben proteger la igualdad de dignidad de
toda persona frente a todo tipo de ataque y discriminación, algunos de
ellos especialmente preocupantes en estos momentos, como la xenofobia, el
odio al extranjero, o la violencia machista, considerada por el Tribunal
Constitucional la forma más grave de minusvaloración, defendiendo el
avance de sus garantías, como señala el propio tribunal, algo que ocurre
cuando el legislador amplía el derecho individual a contraer matrimonio,
integrando en el mismo respeto a la propia orientación sexual. Una
igualdad de dignidad que implica la obligación de los poderes públicos de
promover la igualdad real de los ciudadanos mediante el adecuado
desarrollo de los derechos sociales que la Constitución española
contiene; ello para conseguir una sociedad más justa y cohesionada y como
antídoto a la insatisfacción y desazón social que produce su
inexistencia, que son caldo de cultivo de populismos y posiciones
extremas. Unas ideas que están poniendo en cuestión el proyecto europeo,
debilitando la defensa de los derechos humanos y la propia democracia;
unas amenazas que necesitan del compromiso y respuesta de todos los
demócratas.


Por último, la enmienda insta a las instituciones a reflexionar
sobre la reforma de la Constitución española como forma de defensa de la
misma. Si las normas quedan desfasadas, corren el riesgo de terminar por
no aplicarse. Es, por tanto, necesario adecuar las normas
constitucionales a la realidad actual, incorporando a la carta magna todo
lo aprendido en estos cuarenta años de experiencia constitucional. En
este sentido, los socialistas hemos planteado reformas para profundizar y
fortalecer el sistema territorial, pero también para reforzar el Estado
social y democrático de derecho. La renovación del pacto de convivencia
es la mejora del proyecto común y una forma de contrarrestar crispación
con ilusión.


Para concluir, la Constitución no es solo un acervo de símbolos y
de respuestas a los desafíos de los que cuestionan nuestros principios y
valores o incumplen las leyes, cuestiones, sin duda, muy importantes. La
Constitución es mucho más, es la democracia basada en valores, es
dignidad humana, es buscar las razones de las desavenencias y enfados
sociales; es una voluntad de convivencia que debe construirse día a día
con tolerancia y diálogo, tal y como se hizo en la Transición.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ANTICH OLIVER: Ya termino, presidente.


Se trata de un proyecto que nos implica a todos y que exige una
gran dosis de generosidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.


Tiene la palabra el senador Pérez Pastor para indicar si acepta o
no las enmiendas.


El señor PÉREZ PASTOR: Gracias, presidente.


Buenos días, señorías. Debo dar las gracias a los grupos
parlamentarios, tanto a los que han presentado enmiendas como a los que
no. Entiendo que en un contexto básico, como el que he planteado, los
grupos que no han presentado enmiendas es porque están de acuerdo con el
texto de la moción o porque están interesados en otros asuntos
particulares, que bien les retratan.


En cuanto a los grupos que han presentado enmiendas, a la vista de
las mismas, debe entenderse que también estarán de acuerdo con la
proposición que les hacemos. El Grupo Socialista —el último en
hablar— debe estar de acuerdo, ya que plantea una enmienda de
sustitución que no es más que una reformulación, una paráfrasis de lo que
se ha presentado y ha explicado nuestro grupo. Lógicamente, no podemos
aceptarla, en la medida en que supone un cambio completo de texto para
acabar diciendo esencialmente lo mismo. Yo les animo a algo más fácil:
apoyen lo presentado.


Coalición Canaria, por su parte, plantea unas disquisiciones sobre
la reforma constitucional que se están volviendo un mantra, al que
volveré en el turno de portavoces, pero que no tienen que ver con lo que
se está tratando aquí, salvo que se refieren a la Constitución. Pero
muchas cosas pueden referirse a la Constitución sin pertenecer
estrictamente al presente debate. Yo les diría que estén tranquilos, que
las reformas constitucionales son posibles, que han sido posibles dentro
de esta Constitución, y que el propio texto establece, como ha señalado
muy bien la senadora Julios, los mecanismos para ello. Por tanto, para
plantear la reforma de nuestra carta magna no hay mejor camino que
reafirmarse en ella y en sus resortes.


Por último, Compromís plantea poner el foco en artículos concretos
del texto constitucional para instar a su cumplimiento. Obviamente, estos
artículos están escogidos con intención sobre aspectos en los que se
interpreta que hay alguna carencia y sobre los que se quiere construir un
discurso propio. Quiero tranquilizar a este grupo señalándole que la
moción pide respetar el orden constitucional, lo cual incluye toda la
Constitución y, por tanto, todos esos artículos que no necesitan
singularizarse.


Me gustaría plantear la idea del establecimiento, en un discurso,
de las relaciones genéticas, tan peligrosas, entre AP y PP. Hay una
diferencia de siglas, hay una diferencia de partidos. ¿Quiénes éramos los
del PP en aquel asunto de los Trastámara? Aquí se nos hace herederos de
una historia y de todas las decisiones anteriores. Estamos tomando
decisiones día a día y es lo que tiene que caracterizar a los partidos,
las decisiones que se toman todos los días y, también, las que se toman
ahora. Señor Mulet, creo que puede apoyar la moción que se ha presentado
sin ningún problema porque esos artículos están reflejados.


Luego, entiendo que cada uno tendrá que hacer su discurso, eso es
normal. El ambiente electoral hace que se retomen posiciones, se acendren
las intervenciones de cada uno, pero en lo propuesto, sin desvirtuarlo,
si los grupos que han planteado enmiendas quieren dejar su miguita, la
mejor manera de hacerlo es en forma de voto positivo a lo que se ha
presentado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Pastor.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, senador Mulet, tiene la
palabra.


El señor MULET GARCÍA: Gracias.


Preguntaba el senador del Partido Popular que quiénes eran AP o PP
en los Trastámara. No sé, en la Transición y ahora continúan siendo los
mismos: la derecha más extremista que ha existido en este
Parlamento.


Sobre lo que veníamos diciendo nosotros, obviamente, escogíamos
puntos concretos de la Constitución que pensábamos que ustedes estaban
sistemáticamente incumpliendo. Ustedes hablan mucho de la unidad
inquebrantable de España, pero en materia social y de derechos y
libertades la incumplen de manera sistemática. Por tanto, la mejor manera
de defender la Constitución es cumpliéndola y ustedes son los primeros
que la incumplen.


Explicaba el senador del Partido Popular el nerviosismo o la
precampaña electoral en la que estamos y, por esto, siempre presentan
mociones para marcar territorio. Ustedes están muy nerviosos porque hay
una escisión moderada de su partido que les está comiendo el terreno y
solo les queda ya el espacio electoral de la extrema derecha, que es el
que alimentan con mociones identitarias como esta. Entiendo su
nerviosismo, pero esto de la fragmentación de la derecha está bien que
por fin aparezca por vía parlamentaria.


Al igual que pasa con la Constitución, pasa con el Código penal;
nos gustaría que fueran los primeros que la cumplieran con el ejemplo.
Cuando vemos que la Policía reconoce ante el juez que durante el Gobierno
de Rajoy se pagó para informar y espiar a la familia Bárcenas, cuando se
reconoce que Interior pagó 10 000 euros de fondos reservados para asaltar
la vivienda del cantante del grupo Taburete, que se dedican a asaltar,
secuestrar, retener y robar, obviamente, nos preocupa que den lecciones
de constitucionalismo a nadie. Solo cumplan con el ejemplo, que ya es
mucho.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.


Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


Señorías, estamos celebrando los 40 años de nuestra carta magna.






En 1978 tuve la suerte de que mi primera vez ante las urnas fuera para
dar el sí a la Constitución, nacida del consenso entre todas las fuerzas
políticas de la época: las de la derecha, representadas por don Manuel
Fraga, y las de la izquierda, representadas por don Santiago Carrillo.
Aquellos hombres fueron capaces de dejar a un lado puntos de vista
radicalmente opuestos en beneficio de todos los españoles para
protagonizar una transición modélica de la dictadura a la democracia.
El 6 de diciembre de 1978 el 88,54 % del censo electoral votaba sí a la
Constitución elaborada por los siete padres constitucionales. Algunos se
olvidan de mencionar que en aquella época había veintisiete mujeres
diputadas y seis senadoras y una de aquellas diputadas era nada menos que
Dolores Ibárruri, la Pasionaria, con lo cual, creo que estaban bastante
bien representadas todas las fuerzas políticas que había. El texto se
aprobó en todas las provincias españolas, aunque en Álava, Guipúzcoa,
Vizcaya, Orense y Lugo ganara la abstención. Y hay que destacar que en
las cuatro provincias catalanas se superó el 90 % de voto afirmativo,
detalle que olvidan los independentistas catalanes y los populistas,
empeñados en dinamitar un ordenamiento jurídico abierto y flexible que
les permite ejercitar su actividad republicana. Tenemos una de las
constituciones más jóvenes de Europa y es una gran Constitución para la
inmensa mayoría de los españoles.


Vivimos tiempos convulsos para el Estado de derecho, donde el
respeto a los valores garantes de la igualdad y la solidaridad flaquean,
dando alas a los enemigos de la Constitución y a los partidarios de su
reforma radical, cuya culpa recae en los gobernantes que ni la defienden
ni la aplican ni la respetan. Bastaría con perfeccionar el artículo 138
de la Constitución para que el Estado haga efectivo el principio de
solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por
el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las
diversas partes del territorio español, y para garantizar que las
decisiones de los gobernantes no pueden implicar en ningún caso
privilegios económicos o sociales. Sin embargo, como bien decía el
pasado 6 de diciembre la presidenta del Congreso de los Diputados en la
celebración de los 40 años, la Constitución no ha de modificarse con
menos consenso que el que la creó, y ello en aras de la defensa de la
unidad de España, de la libertad y de la igualdad de todos los españoles.
Por tanto, Foro va a votar a favor de esta moción del Grupo Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.


¿Alguna otra intervención? (Denegaciones).


Pasamos, pues, al Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.


En primer lugar tiene la palabra la senadora Pascal.


La señora PASCAL CAPDEVILA: Gràcies, senyor president.


Parlaré molt breument perquè ens repartirem el temps amb els
companys de Canàries.


Molt francament, una vegada més, vostès fan un acte propagandístic
sobre la Constitució espanyola. Ja els avanço que nosaltres hi votarem en
contra. Crec que és interessant, per apaivagar una mica els ànims, que
ens preguntem exactament què és una Constitució. Una Constitució són uns
principis generals, un marc general, un perímetre, un camp de joc. I a fe
de Déu que l’any 78 ens vam dotar tots plegats d’aquest marc
general. Però jo em temo que 40 anys després aquest marc general ja no és
vàlid. I no és vàlid després els diré perquè —perquè deixa enrere
molts reptes—, però sobretot no és vàlid perquè vostès —i no
només vostès, també els senyors de Ciutadans, i també amb la
col·laboració de Vox— han potinejat, han utilitzat, han polititzat
una Constitució que havia de ser un marc general. Aquesta Constitució
està caducada de fa temps, i li puc posar exemples. Un exemple comparat:
altres països europeus tenen marcs generals que estan defensant drets que
ara mateix la Constitució espanyola no defensa. Per tant, des d’una
perspectiva europea, aquest és un marc legal que no ens serveix.


Des del punt de vista generacional; la meva generació no va votar
aquesta Constitució i no se la sent seva perquè no els representa, perquè
no resol els temes més fonamentals, com per exemple l’economia
circular, el canvi climàtic o tot allò que faci referència a la
digitalització. I, evidentment, tampoc no ens la sentim nostra des de
Catalunya. Amb aquesta Constitució vostès han avalat el 155, vostès han
avalat el conflicte territorial, vostès han avalat que no es pugui votar,
vostès han avalat una presó preventiva absolutament inacceptable per a
home i dones de pau com són els nostres presos polítics. Per tant, vostès
han avalat que aquest marc general no ens permeti ser ciutadans
lliures.


Fa 40 anys, pràcticament el 90 % de la població a Catalunya va
votar aquesta Constitució. Avui no arriben ni al 30 % les persones que la
voldrien votar. S’han preguntat per què? Vostès s’han
preguntat per què ha passat una cosa així? Doncs segurament perquè han
fet moltes coses malament. La sentència contra l’Estatut de
l’any 2010, la prohibició del 9 de novembre, la prohibició de
l’1 d’octubre, aquestes presons preventives absolutament
inacceptables. Facin-me cas: és bo vanagloriar-se del passat, és bo
acceptat allò que s’ha fet ben fet, però el que no és acceptable és
que davant d’un conflicte polític com el que tenim a Catalunya
s’utilitzi el text constitucional per tergiversar i no es deixi fer
el que tocaria, que és deixar votar la ciutadania de Catalunya.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente. Intervendré muy brevemente porque vamos
a repartir el tiempo con los compañeros de Canarias.


Muy sinceramente les digo que este es un acto propagandístico
sobre la Constitución española y ya les avanzo que nosotros vamos a votar
en contra. Creo que es interesante, para aplacar un poco los ánimos, que
nos preguntemos exactamente qué es una constitución. Es un marco general
de principios, unos principios generales, un campo de juego, un
perímetro, y es cierto que en 1978 todos nos dotamos de este marco
general, pero me temo que 40 años después este ya no es válido, y no lo
es porque deja atrás muchos retos, pero, sobre todo, porque ustedes, y no
solo ustedes, sino también los señores de Ciudadanos con la colaboración
de Vox, han trasteado, han politizado una Constitución que debía ser un
marco general. Esta Constitución está caducada desde hace tiempo y les
puedo dar ejemplos. Un ejemplo comparado es que en otros países europeos
tiene marcos generales que están defendiendo derechos que ahora mismo la
Constitución española no defiende. Por tanto, desde una perspectiva
europea, este es un marco legal que no nos sirve.


Desde el punto de vista generacional, mi generación no votó esta
Constitución y no la siente suya porque no la representa, porque no
resuelve los temas más fundamentales, como, por ejemplo, la economía
circular, el cambio climático o todo lo que haga referencia a la
digitalización. Y evidentemente tampoco la sentimos nuestra en Cataluña.
Con esta Constitución ustedes han avalado el 155, han avalado el
conflicto territorial, han avalado que no se pueda votar, y han avalado
una prisión preventiva absolutamente inaceptable para hombres y mujeres
de paz, como son nuestros presos políticos. Y por tanto, ustedes han
avalado que este marco general no nos permita ser ciudadanos libres.


Hace 40 años prácticamente el 90 % de la población de Cataluña
votó esta Constitución, hoy no llega ni al 30 % el número de personas que
la votaría. ¿Y se han preguntado el porqué? ¿Se han preguntado ustedes
por qué ha pasado algo así? Pues seguramente porque han hecho muchas
cosas mal: la sentencia contra el Estatuto del año 2010, la prohibición
del 9 de noviembre, la prohibición del 1 de octubre, esas prisiones
preventivas absolutamente inaceptables... Háganme caso, es bueno
vanagloriarse del pasado, es bueno aceptar lo que se ha hecho bien, pero
lo que no es aceptable es que, ante un conflicto político como el que
tenemos en Cataluña, se utilice el texto constitucional para tergiversar
y no se deje hacer lo que habría que hacer, que es dejar votar a la
ciudadanía de Cataluña.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pascal.


Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.


El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero expresar mi respeto y admiración hacia
quienes lograron aparcar las diferencias y gestar la Constitución que nos
ha garantizado el mayor periodo de prosperidad y paz de nuestra historia.
En cambio, señorías del PP, respecto a esta moción tienen credibilidad
cero. Nos traen hoy aquí una vez más una moción carente de propuestas,
que se contradice con lo que ustedes han ido demostrando como partido a
lo largo de la historia reciente de este país y que responde, sin ningún
tipo de dudas, a intereses meramente partidistas y electoralistas. Y les
explico estos razonamientos en el poco tiempo que tengo.


Con esta moción, ustedes no nos traen ninguna propuesta nueva, ni
siquiera contemplan, a corto plazo, la reforma constitucional. Les
recuerdo que más del 70 % de la población actual nació, como yo, con
posterioridad al último referéndum constitucional, población a la que
nadie le ha preguntado qué modelo de país quiere construir. Y retos por
abordar hay muchos, como la revisión del modelo territorial de este país,
la supresión de los privilegios políticos, el papel que debe jugar la
Corona en este nuevo tiempo, la inclusión de derechos como la vivienda,
la sanidad o la igualdad de género o, por qué no, el reconocimiento de la
ultraperificidad de Canarias y la doble insularidad de islas como El
Hierro o La Gomera, tal y como nos reconoce la Unión Europea y el recién
aprobado estatuto de autonomía.


Por otra parte, ustedes han bloqueado durante todos estos años la
necesaria reforma del Senado para que estar sentados en esta Cámara sea
útil, para que el Senado no sea un retiro dorado a costa del dinero
público. Eso también es defender la Constitución y ustedes lo han
impedido.


Y, por último, una vez más, en cuanto a la defensa de los símbolos
nacionales: ¿dónde estaba la bandera española cuando en este país se
recortaba en educación, en sanidad y en políticas sociales? ¿Dónde estaba
el himno nacional cuando en este país se recortaba en dependencia y se
dejaba morir a la gente sin recibir la prestación a la que tenían derecho
por ley? ¿Por qué no sacan la bandera cuando en este país se sigue
desahuciando, día sí y día también, a familias sin recursos que no pueden
hacer frente a su hipoteca y se tira por la borda un derecho fundamental?
Pero no, la bandera nacional la sacamos ahora, como si enrollándonos en
la bandera española se fueran a solucionar los problemas que tiene este
país, entre ellos, el conflicto territorial. Y si la bandera es más
grande que la de Vox, pues mejor. Por cierto, partido con el que ustedes
están dispuestos a pactar...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor RODRÍGUEZ CEJAS: ... y que tira a la basura media
Constitución española. Háganselo mirar. Señorías del Partido Popular, no
se han enterado todavía: dejen de pujar por la derecha, y tanto que
invocan el espíritu de la Transición hagamos política de una vez por
todas, en mayúsculas, y dejemos los símbolos nacionales para cuando haya
algo que celebrar.


Por supuesto, no cuenten con la Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria para este juego irresponsable...


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Termino, señor presidente.


... e irrespetuoso con la ciudadanía de este país.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías del Partido Popular, nunca hubiera dicho que, en un tema
como este del debate sobre la Constitución, en algo pudiéramos estar de
acuerdo ustedes y nosotros, el Partido Nacionalista Vasco. Y es que,
extrañamente, le han dado una importancia singular a los datos de
participación tanto en Cataluña como en Euskadi. Y yo me digo que eso
algo quiere decir para ustedes, es decir, algo quiere decir que, en el
referéndum sobre la Constitución, los datos de participación en Euskadi y
en Cataluña sean importantes. Entonces, los voy a tratar yo también.


En Euskadi, de un censo de 1 552 737 personas, votaron
afirmativamente a la Constitución 479 205, es decir, algo menos del 31 %.
El 30,80 % dijo sí. El resto no apoyó la Constitución.


Eso algo les tiene que dar que pensar, porque ustedes han
subrayado el dato de Euskadi; yo les subrayo el dato de Euskadi. ¿Qué
quiere decir? ¿Qué hay detrás de ese dato? Porque ustedes dicen en la
moción que todos los españoles se sienten representados por la
Constitución. Primero, utilizando su lenguaje, ustedes no son quienes
para hablar por todos los españoles y ya le digo yo que todos los
españoles no se sienten representados por esta Constitución.


Segundo dato, Cataluña, una de las comunidades autónomas en las
que la participación fue más elevada el día 6 de diciembre de 1978. ¿No
les da que pensar que si obtuvieron ese dato hoy haya algo más de 2
millones de personas o por lo menos 2 millones de personas que se sienten
fuera de esta Constitución. ¿Qué ha pasado para que nos encontremos en
esta situación? ¿Está siendo la Constitución capaz de responder a los
dilemas que hay dentro del Estado español? ¿Son ustedes capaces de leer,
de interpretar lo que hay dentro del Estado español, que es
plurinacional? Es decir, hay realidades nacionales que tenemos que
reconocer y en tanto en cuanto no se dé esa situación no van a solventar
ni van a superar los dos datos a los que ustedes han hecho referencia.
Hablan de que es una Constitución que respeta la diversidad; ustedes
mismos la rompieron aprobando la LOAPA, una ley orgánica de armonización
declarada inconstitucional, ustedes rompieron esa filosofía.


Hablan de concordia, diálogo y búsqueda de consensos básicos. ¿Hay
algo más cínico que utilizar esta frase con el clima que estamos viviendo
hoy? ¿Ustedes de verdad creen que nosotros trasladamos este mensaje del
Partido Popular a la ciudadanía? ¿Se creen este mensaje de concordia, de
diálogo y de búsqueda del consenso? Es falso, porque no lo quieren y no
se lo creen, porque no son capaces de aceptar cuál es la realidad dentro
del Estado.


Instan al Gobierno a exigir responsabilidades por su
incumplimiento. Al menos cuando han estado ustedes en el Gobierno,
señores del Partido Popular, han sido los primeros en incumplir las
sentencias del Tribunal Constitucional: transferencias, competencias, han
incumplido la Ley Orgánica del Estatuto de Gernika. ¿Qué es eso? Ustedes
únicamente cumplen la ley cuando les conviene; cuando no les conviene,
no. Ayer vimos una intervención de un senador vasco diciendo que no había
que transferir la competencia de prisiones cuando es literal el texto que
viene en el Estatuto de Gernika. ¿Cómo quieren que nosotros les
creamos?


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente.


¿Cómo quieren que la ciudadanía les crea a ustedes, cuando ustedes
son un partido de cumplir la ley a conveniencia? Para que no se
confundan, miembros del Partido Popular, nosotros, el Partido
Nacionalista Vasco, el grupo de nacionalistas vascos, acatamos la
Constitución, pero no es la nuestra, nosotros no la votamos. ¿Saben cuál
es la duda que tengo?


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor BILDARRATZ SORRON: Es si ustedes, los miembros del
Partido Popular, acatan la Constitución.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra la senadora Castel.


La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.


Quan se’ns planteja una moció per al text constitucional em
ve al cap immediatament l’article 96. Aquest article assenyala que
els tractats internacionals vàlidament celebrats, i un cop publicats
oficialment a Espanya, formaran part de l’ordenament intern. Les
seves disposicions només podran ser derogades, modificades o suspeses en
la forma prevista en els propis tractats, o d’acord amb les normes
generals del dret internacional. Llavors em venen a la memòria uns quatre
tractats ratificats per Espanya, com per exemple la Carta de les Nacions
Unides, exactament l’article 1.2; i nombroses resolucions de
l’Assemblea General de les Nacions Unides. O el Pacte de Drets
Civils i Polítics de les Nacions Unides del 1966; o l’acta final de
Helsinki del 1975; o la Carta de París per a una Nova Europa de
l’OSCE, del 1990. En aquests tractats internacionals es recull una
sèrie de drets humans considerats ius cogens, és a dir, normes de dret
imperatiu, que no admeten ni la seva exclusió ni l’alteració del
seu contingut, de manera que qualsevol acte en contra serà considerat
nul. Amb les normes de ius cogens es pretén emparar els interessos
col·lectius fonamentals, la qual cosa explica perquè aquesta classe de
normes es troben en una disposició jeràrquica superior respecte de la
resta de disposicions de l’ordenament, inclosa qualsevol
Constitució estatal. Com deia, en aquests tractats signats per Espanya i
que per la via de l’article 96 de la Constitució formen part de
l’ordenament intern, contenen articles on es troba reconegut i
emparat el dret a l’autodeterminació dels pobles. Es tracta del
dret de qualsevol poble a decidir les seves pròpies formes de govern per
seguir el seu desenvolupament econòmic, social i cultural, i
estructurar-se lliurement sense ingerències externes. És un principi
fonamental del dret internacional públic, i un dret dels pobles, que té
caràcter inalienable, i genera obligacions erga omnes per als Estats, per
a tothom; és a dir, obligacions respecte a tots i en front de tothom. I
diré més. El Comitè de Drets Humans ha posat de manifest la seva
naturalesa fonamental en assenyalar que és un requisit necessari per a la
plena efectivitat dels drets humans individuals.


Quan demanin defensar la Constitució i les seves llibertats, i
exigir responsabilitats pel seu incompliment, recordin aquest article,
aquests tractats i aquest dret universal fonamental. Només vostès són
responsables del seu incompliment erga omnes.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Gracias, presidente.


Cuando se nos plantea una moción de apoyo al texto constitucional
me viene a la cabeza inmediatamente el artículo 96. Este artículo señala
que los tratados internacionales válidamente celebrados y una vez
publicados oficialmente en España formarán parte del ordenamiento
interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con
las normas generales del derecho internacional. Me vienen a la memoria
cuatro tratados ratificados por España, como, por ejemplo, la Carta de
las Naciones Unidas, exactamente el artículo 1.2, así como numerosas
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas; o el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, de 1966, o el Acta
Final de Helsinki, de 1975, o la Carta de París para una Nueva Europa, de
la OSCE, de 1990. En estos tratados internacionales se recoge una serie
de derechos humanos considerados ius cogens, es decir, normas de derecho
imperativo que no admiten ni su exclusión ni la alteración de su
contenido, de forma que cualquier acto en contra será considerado nulo.
Con las normas de ius cogens se pretende amparar los derechos colectivos
fundamentales, lo cual explica por qué esta clase de normas se encuentran
en una disposición jerárquica superior respecto al resto de disposiciones
del ordenamiento, incluida cualquier constitución estatal. Como decía, en
estos tratados firmados por España y que, por la vía del artículo 96 de
la Constitución, forman parte del ordenamiento interno, entre estos
artículos, se encuentra reconocido y amparado el derecho a la
autodeterminación de los pueblos. Se trata del derecho de cualquier
pueblo a decidir sus propias formas de Gobierno, perseguir su desarrollo
económico, social y cultural y estructurarse libremente sin injerencias
externas. Es un principio fundamental del derecho internacional público y
un derecho de los pueblos que tiene carácter inalienable y que genera
obligaciones erga omnes para los Estados, para todos; es decir,
obligaciones respecto a todos y frente a todo el mundo. Y diré más, el
Comité de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto su naturaleza
fundamental al señalar que es un requisito necesario para la plena
efectividad de los derechos humanos individuales.


Cuando pidan defender la Constitución y sus libertades y exigir
responsabilidades por su incumplimiento, recuerden este artículo, estos
tratados y este derecho universal fundamental. Solo ustedes son
responsables de su incumplimiento erga omnes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castel.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Espinar.


El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.


El Grupo Popular nos trae una moción sobre la Constitución
española de 1978. Como tengo poco tiempo, voy a tratar de ser breve y de
hacer tres cosas: un recorrido, una valoración de presente y una
valoración de futuro.


El pasado 6 de diciembre celebrábamos los 40 años de la
Constitución española y celebrábamos un hito histórico, relevante en
nuestra historia reciente, que trajo avances a nuestro país: nuestro país
pasó a ser una democracia representativa. La Constitución española
de 1978 representó un pacto territorial y de clases para nuestro país y
representó para la mayoría de la población, para la ciudadanía de nuestro
país la conquista de derechos civiles, políticos y sociales. Si esto
sucedió y si el balance histórico de la Constitución es positivo es
porque veníamos de una situación anterior. España vivía bajo una
dictadura. Es sorprendente que todavía hoy, en los homenajes a la
Constitución española, solo aparezcan los que, para las élites actuales,
son los grandes prohombres de aquel proceso. Por cierto, no hay ninguna
mujer; siempre que hablamos de los padres y de los artífices de la
Constitución no hay ninguna mujer que se ponga de relieve en los
análisis. Pero es que hay un fundamento ausente en las celebraciones de
nuestra Constitución que es el pueblo. Cuando los franceses celebran su
república o cuando los americanos celebran su declaración de
independencia, se celebra en la calles y lo celebra el pueblo. En España
se hace una celebración cerrada en el recinto del Congreso de los
Diputados, al que van los reyes, los reyes eméritos y los parlamentarios,
y nada más. Eso tiene que ver con un relato sobre nuestra Transición y
con una construcción de una narrativa sobre nuestro sistema político que
también tiene que ver con cómo se ha configurado nuestra democracia. Hay
avances. En los últimos cuarenta años nuestro país ha consolidado un
sistema público de sanidad fantástico, ha consolidado una clase media que
no existía con anterioridad, ha consolidado un sistema público de
pensiones, ha consolidado una educación pública universal y ha
consolidado una serie de derechos para nuestro pueblo. Pero en el proceso
de transición a la democracia también hay algunos elementos que tienen
que ver con los problemas que tenemos hoy. Se hizo énfasis en la
representación que ha consolidado un sistema de élites políticas que no
deja paso a la participación popular, se hizo énfasis en los padres de la
Constitución del 78 y nunca se habló del papel de las mujeres, y se hizo
demasiado énfasis en la centralidad de los partidos en nuestro sistema
político. Y hoy, de esa centralidad de los partidos en nuestro sistema
político, se deriva la poca participación política, la politización de la
justicia o la politización de Radiotelevisión Española. Cuando se hace un
balance de cuarenta años hay que ponerlo todo en la balanza.


Pero el problema no está en cómo accede nuestro país a la
democracia o en cómo se hace la transición, el problema está, señorías,
en que desde el 78 en adelante lo que debía ser un punto de encuentro se
ha convertido para la derecha de nuestro país en una trinchera. Ustedes
han convertido la Constitución española en un parapeto para utilizarla
contra los que no piensan como ustedes. Para ustedes —seamos
claros—, la moción que presentan hoy no es un punto de encuentro y
de concordia para los españoles; lo que ustedes traen hoy aquí es una
Constitución arrojadiza contra quienes no pensamos como ustedes. Nosotros
pensamos que la Constitución fue un avance histórico para nuestro país,
pero de eso hace cuarenta años, y que hoy hay una división —lo he
expresado en esta tribuna en otras ocasiones— entre la Constitución
formal y la Constitución material, entre lo que dice el texto
constitucional y lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país.
Hoy hay una crisis de representación en España; hoy hay una crisis social
en nuestro país que ha consolidado a un 25 % de nuestros compatriotas en
riesgo de pobreza, deteriorando el acceso a las clases medias de la
mayoría social de nuestro país que se consolidó en los años ochenta y
noventa; y hoy hay una crisis territorial en nuestro país con un modelo
autonómico que está agotado, señorías. Y eso hay que afrontarlo, como hay
que afrontar el hecho de que nuestra Constitución se ha reformado solo
dos veces en los últimos cuarenta años y ninguna de las dos veces se ha
reformado con el concurso de un referéndum y con la participación de la
ciudadanía.


En el año 1996 —y de ahí se deriva la moción que ustedes
presentan hoy— el Partido Popular asume —me van a permitir
que les diga que lo asume de boquilla— como doctrina el llamado
patriotismo constitucional de Jürgen Habermas. En realidad, lo que
ustedes asumen es una suerte de patriotismo de lo que hay. A ustedes les
gusta...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ESPINAR MERINO: Termino.


El senador del Grupo Popular que ha presentado esta moción citaba
a Celaya; a mí me gusta más, señor senador, Juan Ramón Jiménez. Juan
Ramón Jiménez decía: Raíces y alas, pero que las raíces vuelen y las alas
arraiguen. Ustedes, cuando hablan de España y cuando hablan de la
Constitución, solo hablan de raíces porque solo hablan de lo que fuimos,
y solo hablan de lo que se hizo para no hablar de lo que se puede hacer.
Nosotros no creemos en España porque creemos en don Pelayo y en
determinado...


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora ESPINAR MERINO: ... creemos en España porque creemos en
los españoles, creemos en lo que somos y creemos en lo que podemos hacer.
Creemos que la Constitución se puede reformar para blindar los derechos
sociales, para hacer una reforma del sistema electoral, para despolitizar
la justicia y Radiotelevisión Española, para hacer una reforma
parlamentaria que reforme esta Cámara y reforme leyes injustas...


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, senador Espinar.


El señor ESPINAR MERINO: Nosotros creemos que nuestro pueblo se
merece un patriotismo constituyente, un patriotismo de lo que podemos ser
y no un patriotismo de lo que fuimos. Ya les digo: raíces sí, pero no
para cortar las alas a un pueblo que es mejor que su derecha.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Antich.


El señor ANTICH OLIVER: Gracias, presidente.


Señorías, en primer lugar, lamento que no se haya aceptado nuestra
enmienda. Creíamos que en el cumplimiento del 40 aniversario de la
Constitución le daba a la moción una amplitud que no tiene.


La defensa de la Constitución es tarea de todos los poderes
públicos y una visión muy parcial, como la que hace la moción, puede
resultar engañosa respecto al significado del conjunto.


Los socialistas estamos orgullosos como partido de haber
participado activamente en la redacción y aprobación de la Constitución
en una época difícil, en la que se tenían que reconciliar posturas
políticas diferentes y a veces enfrentadas; una Constitución que nos ha
dado estabilidad política y progreso. Los socialistas estamos muy
orgullosos de ello y nos ratificamos en el compromiso con los principios
y valores que la estructuran. Desde esta estima, compromiso y
participación directa en su redacción y aprobación, creemos que no hay
mejor forma de respetarla y darle continuidad que reformándola y
adecuándola a los nuevos retos. Ello, claro está, desde el consenso y por
los procedimientos que pactamos en su día y, por lo tanto, nadie puede
pretender forzar atajos que contravengan estos o el cumplimiento de las
leyes sin encontrarse frente a los poderes del Estado. Al igual que es
lógico que los demócratas no demos juego a aquellos que defienden ideas
que van en contra de la dignidad humana, centro neurálgico de nuestro
ordenamiento político, y en contra de los derechos humanos, como lo que
representa la eliminación de la Ley de violencia de género, la xenofobia
y el odio al extranjero, por ejemplo. En palabras de Avishai Margalit,
una sociedad decente no lesiona el honor cívico de sus miembros y, por
consiguiente, en ella no existen ciudadanos de segunda clase.


Para una verdadera defensa de la Constitución es imprescindible el
trabajo comprometido de los partidos políticos. Un trabajo desde la
lealtad institucional y la responsabilidad, que se debe mantener tanto
cuando uno está en el Gobierno como cuando pasa a la oposición; que
implica que si uno pide el obvio cumplimiento de las leyes, debe procurar
cumplir con ello —cosa que no ocurrió durante muchos años con la
Ley de memoria histórica y que son derechos humanos—; que no
debiera llevarnos a lecturas parciales de la Constitución, por ejemplo,
manteniendo posturas implacables contra quienes cuestionan la unidad de
España y posturas muy condescendientes con los que defienden la
eliminación o restricción del Estado autonómico, cuando ambos principios
son esenciales, dando la impresión a veces de que algunos consideran que
el Estado es solo el Gobierno de España y que las autonomías
—empleando términos futbolísticos— son de tercera regional
preferente. Un trabajo que, siguiendo las enseñanzas de los
constituyentes, nos obliga a que, desde la política, busquemos la raíz de
los problemas y no nos dediquemos solamente a responder a sus efectos,
muchas veces después de dejar que se pudran; nos obliga a que hagamos uso
del diálogo y de la voluntad de entendimiento no solo para hacer
discursos sobre la Transición, como da la sensación que hace la moción,
que empieza loando los esfuerzos de aquella en este sentido y acaba
exigiendo, únicamente al Gobierno actual, que aplique orden
constitucional a los desafíos, exija responsabilidades e ice banderas,
olvidándose por completo del diálogo y de la voluntad de
entendimiento.


Defender la Constitución es incompatible con pulverizar las reglas
no escritas que exigen sentido de Estado y respeto a las reglas de juego,
así como pervertir el funcionamiento y objetivo de las instituciones.
Defender verdaderamente la Constitución es garantizar la dignidad humana
y los derechos sociales, y ello implica darle prioridad como desafío,
para luchar de forma efectiva contra la desigualdad y la precariedad
social que afectan a muchas personas, una materia de gran entidad
constitucional y poco visible en esta moción; una materia —la
desigualdad y la precariedad social— que es campo abonado para el
nacimiento de posiciones extremas.


Defender verdaderamente la Constitución es apostar por más
democracia, es apostar por la política y, por tanto, luchar contra todo
aquello que la restrinja, debilite o crispe. En este sentido, quizá
habría sido muy oportuno que una iniciativa que trata de la Constitución,
¡nada menos que de la Constitución!, hubiera dado lugar a que el Grupo
Popular...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ANTICH OLIVER: ... hubiera hablado con los demás grupos,
hubiera intentando un consenso.


Voy terminando.


Estamos hablando de la Constitución y ustedes han presentado una
iniciativa que no busca aquello que loan en su moción sobre la
Transición, el entendimiento y el diálogo. Ustedes siguen con la
polarización. Siguen marcando diferencias. Ustedes ni siquiera se han
dirigido a nosotros para intentar llegar a un acuerdo.


El señor PRESIDENTE:






Termine, señoría.


El señor ANTICH OLIVER: Esta es la voluntad de acuerdo que tienen
ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Pérez Pastor.


El señor PÉREZ PASTOR: Gracias, presidente.


Señorías, se ha hablado de una moción de consumo interno. Yo
pienso que no. Esta moción la vamos a aprobar entre todos, hasta por los
que voten en contra. Porque en una democracia todos somos hijos de lo que
se vote. Y, senador Bildarratz, de lo que vote la mayoría que vota; es
decir, no se puede interpretar el dato de los que no votan como un dato
contrario. Simplemente, no votan. No podemos pervertir esa franja de
gente que no votó. En cualquier caso, estamos hablando de un momento del
pasado y ahora estamos debatiendo una moción que está ahí, en esa
pantalla, y hay que tratarla en su inmanencia, es decir, en los términos
en los que está, y lo digo para todos los partidos políticos a los que
les gusta utilizar al Partido Popular de sparring más que otra cosa.


Cuando uno se desayuna leyendo noticias como que los CDR han
paralizado tal o cual circulación. Cuando se lee que un CDR interrumpe a
Josep Borrell en Bruselas diciendo no sé qué barbaridades sobre la
Constitución, en lo que antes algún que otro diletante llamó jarabe
democrático de los de abajo, que a todas luces es, cuando menos, una
falta de educación, cuando no una agresión directa. Cuando Quim Torra
habla de Eslovenia a chorro libre y nos tiene pendientes de si en dos
horas se ha tomado o no un bollo. Cuando se habla de que esto es un camp
de joc, pues no, esto no es un juego, esto es algo muy serio. Cuando la
propia ministra Calvo señala que se han cruzado líneas literalmente
inaceptables —y cito con comillas— por parte de este último
señor, Quim Torra. Cuando sucede todo esto, esta moción, la presente el
Grupo Popular o la presente quien la presente, general en sus
planteamientos y ligada a un aniversario —que es el momento de
presentarla; esto no se presentó el año pasado, se presenta ahora—,
cuando se lee todo esto, esta moción toma cuerpo, se sustancia y se hace
necesaria.


Como ya he dicho, servidor nació con la democracia. Mi generación
no le debe nada al pasado anterior, por más que interese —no sé a
quién— seguir avivando no sé qué rescoldos extraños. La
Constitución es el marco en el que hemos crecido, nos hemos formado y
ejercemos nuestras profesiones. Y, créanme, estamos razonablemente
satisfechos con ello. Como a determinados partidos les interesa el río
revuelto, se van diseminando mantras que no están bien planteados. El
primero, que no votamos la Constitución. Algunos de esos partidos olvidan
que tampoco votamos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre o
la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que tanto suelen citar
para dar barniz académico a sus postulados, y que no por ello pasan a ser
textos inválidos. Tampoco descubrimos la penicilina, ya estaba
descubierta. No nacemos por primera vez. Cuando uno nace, nace en unas
coordenadas concretas del tiempo y el espacio y es hijo de ellas. Por
supuesto, esto no implica conformismo.


Pero una Constitución como la nuestra tiene mecanismos de reforma.
Y apunten, que les voy a dar la receta a todos esos partidos que hablan
de la reforma constitucional: solo hay que articularlo de la forma
correcta. Primero, concretando qué se va a dejar del texto, concretando
qué se quiere cambiar —que poco se habla de esto y hay que
concretar— y plasmando todo eso —y aquí viene la madre del
cordero— en un programa electoral que obtenga la mayoría suficiente
para un proceso que, como no se ha ido incorporando en ninguno de los
programas ni se ha votado en estos términos que estoy diciendo, no es una
urgencia prácticamente para nadie. A mí, por lo menos, cuando me paran
por la calle, y me paran para muchas cosas que le preocupan a la
ciudadanía, casi nadie lo hace para decirme: Oye, por favor, la reforma
constitucional, lo primero. Al contrario, mi generación clama por seguir
apuntalando la paz, la concordia —no exenta de alas, señor Espinar,
claro que no— y el entendimiento en esta delicada taracea de
autonomías en las que se fundamenta el equilibrio territorial del que
esta Cámara es foro y que constituye una de las grandes fortalezas de
este país.


Esta moción gira en torno a tres ejes fundamentales, que es lo que
se va a votar, y nada de lo demás que se ha dicho: Uno, reivindicar
nuestra transición democrática, basada en los principios —sí—
de concordia, diálogo y consenso. Dos, rendir homenaje a los senadores
constituyentes. Y, tres, instar al Gobierno a que garantice, como es su
deber, la defensa del orden constitucional y el respeto a las leyes.
Estas tres cosas son las que se van a votar. Es muy fácil: o se está a
favor de todo ello o se está en contra. Los partidos en momentos así
deben retratarse en pares mínimos: o sí o no, es decir, se está a favor
del orden constitucional o se está en contra; la abstención ya sería de
traca, visto cómo han ido las enmiendas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Pastor.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Popular tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246;
votos emitidos, 244; a favor, 144; en contra, 42; abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA CONEXIÓN A INTERNET DE ALTA
VELOCIDAD, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN ZONAS RURALES, PEQUEÑAS POBLACIONES
Y ÁREAS DE BAJA DENSIDAD DEMOGRÁFICA.


662/000141

GPP


El señor presidente da lectura al punto 5.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado diez
enmiendas: seis del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los
senadores Mulet y Navarrete; dos del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea; una del Grupo Parlamentario Socialista; y
una del Grupo Parlamentario Nacionalista, que ha sido retirada.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la senadora Clemente. (El señor vicepresidente, Sanz
Alonso, ocupa la Presidencia).


La señora CLEMENTE MUÑOZ: Gracias, presidente.


Cualquiera que conozca la realidad del medio rural de un pequeño
municipio del interior de España puede comprender perfectamente la
importancia de la moción que debatimos hoy.


Todos nosotros entendemos la vida conectada a internet: términos
como ciudades inteligentes, televisión a la carta, redes sociales,
administración electrónica, todo a un clic cogestionado desde nuestros
propios teléfonos móviles. Muchos de nosotros no podríamos entender el
día a día sin esta tecnología, pero la realidad es que hay muchos
municipios donde no conocen estos términos.


Internet acorta las distancias, es un instrumento extraordinario
para romper la brecha de la distancia y para romper la brecha de la
diferencia entre vivir en una ciudad o en un pequeño municipio. Por eso
es preciso ganar la batalla a la brecha digital, que todavía distancia y
diferencia el medio rural y el medio urbano. (Rumores). Porque es cierto
que España dispone de una de las mejores redes fijas del mundo, que
cubren a cerca del 80 % de la población, y eso es más de lo que suma
Alemania, Reino Unido...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Guarden silencio, señorías,
por favor.


La señora CLEMENTE MUÑOZ: Pero no significa que esa cobertura
llegue a todo el territorio (Rumores), es preciso hacer un esfuerzo
especial en aquellas zonas con menos población...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señoría. Si no
guardan silencio, no se puede continuar el Pleno.


Continúe, señoría.


La señora CLEMENTE MUÑOZ: Como decía, es preciso hacer un esfuerzo
especial en aquellas zonas con menos población o con población más
dispersa, como es mi provincia, Teruel, porque tiene derecho y porque es
un derecho, porque sirve para acortar distancias y para multiplicar las
opciones, para avanzar realmente hacia una verdadera igualdad de
oportunidades.


¿Cómo puede una casa de turismo rural sin internet gestionar las
reservas? ¿Cómo puede un ayuntamiento como el mío ofrecer administración
electrónica o comunicarse electrónicamente si no dispone de internet?
¿Cómo se puede automatizar una explotación ganadera sin internet? ¿Cómo
se puede convencer a un niño de ir a un pueblo si no va a poder utilizar
su tablet? ¿Cómo puede un médico consultar un expediente de un paciente
sin internet? Creo que muchos de nosotros, alcaldes de pequeños pueblos
de diferentes puntos de nuestro país, sabemos las puertas que nos puede
abrir, pero, sobre todo, sabemos también las puertas que se nos cierran
por carecer de una conexión en condiciones. La conectividad ayuda a la
actividad y favorece el crecimiento y la creación de empleo en unas zonas
que necesitan, que demandan, que urgen la fijación y atracción de
población hacia nuestros pueblos. Por eso, internet es también un
instrumento para romper la brecha de la despoblación que a todos nos
preocupa y a todos nos debe ocupar. Y prueba de ello es que la demanda de
conectividad digital es, sin lugar a dudas, una de las más claras en
todos los foros de reflexión y actuación frente a la despoblación. Por
eso, era preciso tomar nota de esta demanda y tomar cartas en el asunto,
y es lo que se ha hecho en los últimos años, es lo que hizo el Gobierno
del Partido Popular. Desde la puesta en marcha del Programa de extensión
de la banda ancha de nueva generación se han venido aportando ayudas,
desde el año 2013, para acelerar la extensión de la cobertura de las
redes de banda ancha, para que llegase a las zonas más alejadas de la
rentabilidad, a zonas con población escasa o dispersa. Pero, conscientes
de la necesidad de un esfuerzo adicional y asumiendo la lucha contra la
despoblación como una prioridad esencial en la agenda nacional, en 2017
se dio un importante impulso a este programa. De hecho, en el
periodo 2013-2017 este programa concedió 216 millones de euros de ayudas
públicas en proyectos para llevar la fibra óptica a 3,5 millones de
viviendas y empresas y sirvió para extender la red de banda ancha
ultrarrápida a 4064 núcleos de población que antes no tenían cobertura.
Pero también poniendo en marcha las ayudas a la contratación de servicios
de banda ancha donde autónomos, pymes, empresas y ayuntamientos con una
población inferior a 5000 habitantes no tendrán que asumir el pago de la
conectividad; unas ayudas que, por cierto, siguen o deberían seguir
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020.


El Gobierno de Mariano Rajoy fue muy consciente de que era
necesario acometer un esfuerzo adicional y asumir un impulso definitivo a
la conectividad en las zonas rurales y poco pobladas. Este es el motivo
por el que en marzo de 2018 se presentó el Plan 300x100, para incrementar
los recursos destinados a financiar la extensión de la banda ancha y para
fijar unos objetivos y plazos concretos que asegurasen este fin. La meta
es la conexión con redes de fibra óptica de 300 megas por segundo del
cien por cien de los núcleos de población con el horizonte temporal
de 2021. Para ello, se incrementaron de nuevo los recursos destinados a
las ayudas a los aforadores, se reservaron fondos hasta 2021 por un total
de 525 millones de euros y se estableció esta fecha como objetivo para
completar la extensión de la banda ancha. Este esfuerzo en la extensión
de redes de muy alta velocidad fue acompañado de otros no menos
importantes en el marco de la lucha contra la despoblación. Hablamos, por
ejemplo, del proyecto de territorios inteligentes, dotado con 50 millones
de euros, para la extensión de las aplicaciones de las nuevas tecnologías
a los servicios públicos. También hablamos de los proyectos de servicios
públicos 4.0 en el mundo rural con otros 10 millones de euros. Porque no
se trata solo de dar herramientas, sino también facilidades, y facilidad
es que los nuevos emprendedores que decidan instalarse en los municipios
de menos de 5000 habitantes tengan también más ayudas, por eso decidimos
rebajar la cuota de autónomos a todos ellos. Facilidad también para el
acceso a la vivienda, con ayudas de hasta 11 000 euros para los que
compren una casa en estos municipios de menos de 5000 habitantes en el
marco del Plan de vivienda, dotado de más de 1400 millones de euros.


Hablamos de compromisos que son realidades, con financiación
comprometida y con medidas en marcha a día de hoy. Porque se intentaron
priorizar las medidas eficaces con implantación inmediata a las promesas
vacías sin financiación asociada. Basta recordar en el tema que nos ocupa
que el Plan 300x100 se puso en marcha de forma inmediata: en apenas unas
semanas desde su presentación se aprobó la primera convocatoria de
ayudas, dotada de 150 millones de euros. Esa convocatoria se acaba de
resolver en los pasados días y por eso es más preciso que nunca que
traigamos aquí esta moción.


Porque hay elementos, actitudes y actuaciones del Gobierno del
Partido Socialista que nos generan dudas. Por eso queremos que se
comprometan aquí a seguir impulsando, implantando y garantizando la
conectividad digital, a asegurar la disposición de fondos y la
implantación de ayudas y a garantizar que lleguen donde tienen que llegar
para que internet llegue a nuestros pueblos. Porque tenemos serios
motivos por los que dudar de su voluntad y de su compromiso con este
objetivo y tenemos motivos igual de serios para desconfiar de su
compromiso con el medio rural. Los tuvimos ya muy pronto: en cuanto
llegaron al Gobierno, en esta Cámara se aprobó una enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado del año 2018 para mejorar la dotación
presupuestaria del Plan 300x100, pero en el Congreso de los Diputados
decidieron tumbarla, decidieron que más fondos para internet no eran
necesarios. Podríamos decir que lo único que han hecho hasta el momento
en su impulso de la agenda digital es resolver la convocatoria que el
Gobierno del PP dejó convocada; en definitiva, reparten los fondos que
dejamos consignados.


Se han otorgado 185 proyectos y se reparten ayudas por valor
de 122 millones de euros —por cierto, tenían margen hasta los 150
que les dejamos presupuestados—. Lo mismo han hecho con otras
ayudas para la despoblación, porque el anterior Gobierno también dejó
consignados 100 millones de euros para ayudas al emprendimiento y al
empleo en los municipios despoblados. ¿Saben lo que ha hecho el Gobierno
actual? Pues ha hecho una convocatoria por valor de 80 millones; no
sabemos qué habrán hecho con los otros 20. Diferencias aparte, eso es lo
único que han hecho: repartir los fondos que el anterior Gobierno dejó
presupuestados. Bueno, eso y algo más, porque cuando han tenido la
oportunidad de fijar a las operadoras las condiciones para cumplir con
sus obligaciones de extensión de la cobertura a 300 megas por segundo en
los pequeños municipios, ¿qué han hecho? Pues rebajar las obligaciones.
En la orden que ha publicado el Ministerio de Economía y Empresa exigen a
las operadoras una cobertura menos potente que la que se planteaba en un
principio; la velocidad de 30 megas será solo nominal, de forma que
bajará en la medida en que se vaya conectando la gente. Las redes solo
deberán dar servicio ahora al 10 % de la población y se reduce el número
de antenas exigidas para dar cobertura a los usuarios. ¿Saben lo que han
hecho, señoras y señores socialistas? Que a la hora de decidir se han
puesto del lado de las operadoras. En cualquier caso, esta obligación de
cobertura no significa que no siga siendo necesario el Plan 300x100, que
es un plan voluntario, abierto a todos y para desplegar fibra con ayudas
públicas, mientras que el plan de 800 megahercios es una obligación
contraída por las tres operadoras que ganaron las frecuencias —y
solo por ellas, sin ayudas públicas— y que establece una cobertura
mínima por cualquier tecnología. Ambos son necesarios, porque el objetivo
de facilitar la cobertura de internet en las zonas rurales y poco
pobladas está por encima de todo.


El problema está claro: el actual Gobierno no apuesta por el medio
rural, no lo hace cuando, en lugar de plantearse incentivos para mejorar
su situación, lo que pretende es abrasarlo a impuestos, subiendo el
diésel o las cuotas de autónomos. Pero, señorías, hemos alcanzando en los
últimos tiempos un consenso que no cabe olvidar, y es la conciencia
compartida de que la despoblación es un problema también compartido y que
la lucha por nuestros pueblos es una cuestión de Estado.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora CLEMENTE MUÑOZ: Ya termino, presidente.


Afirmar este compromiso, asegurar las ayudas al medio rural y
favorecer su conectividad es una necesidad irrenunciable, una
responsabilidad que esperamos que hoy se quede fuera de duda con la
votación de esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Clemente.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor Presidente.


Compromís ha presentat sis esmenes, totes d’addició, a la
moció original, perquè creiem que milloren l’original. Per un
costat, per l’ampliació de l’espectre d’aplicació, per
fer-la més específica tècnicament parlant. L’esmena número 3, per
exemple, parla de modificar les bases del Programa 300x100, perquè el
percentatge que se subvenciona dels projectes aprovats no estiguin en
funció de la comunitat autònoma a on es realitza l’esmentat
projecte, sinó en funció de factors més concrets com la densitat
poblacional, la llunyania, l’orografia, les vies de comunicacions,
etc. Els criteris han de ser consensuats en les administracions, com el
Ministeri, les comunitats autònomes i els representants dels municipis.
Per què ho fem això? Perquè d’aquesta manera creiem que seria un
sistema més just i equitatiu, ja que no es tenen les mateixes condicions
d’accessibilitat als accessos d’internet, en la mateixa
comunitat autònoma o en la mateixa província, com per exemple, la
província a la qual represento, Castelló, en un municipi de prop de la
costa com pot ser La Jana o en un d’interior com Benassal. Els dos
projectes estarien subvencionats en el mateix percentatge, tot i que
l’accessibilitat i el cost no seria el mateix. Per això presentem
aquesta esmena.


L’esmena número 4 demana ampliar l’espectre
d’aplicació del Programa 300x100, perquè arribe al 100 % de la
població i no a l’actual 95 %, que pretén el programa, ja que som
conscients que aquest 5 % és el que tindrà més dificultat per a accedir a
una velocitat. Per tant, no demanem l’aplicació al màxim
d’aquest programa, sinó que com a mínim aquest 5 % arribe a 30
Mbps, perquè si no deixarem despenjada a aquest 5 % de la població.


La cinquena esmena demana modificar també les bases del
programa 300x100 en les seues especificacions tècniques. Com sabran
vostés, en les especificacions tècniques diu que hi ha tres línies
d’actuació: la A, la B i la C. En la A, originalment diu 100 Mbps;
nosaltres en proposem 300. En la B diu que entre 30 i 100 Mbps; nosaltres
diem que entre 30 i 300 Mpbs, i en la C diu 30 Mbps, i nosaltres diem
que 100. Per tant, és una millora simplement tècnica i que creiem que és
bàsicament per millorar les especificacions tècniques, com dic, però
també per a complir amb l’anunci que va fer l’ex President
Rajoy quan va anunciar el Programa 300x100, en el qual va dir que
l’ordre ministerial reflectiria una velocitat de 300 Mbps. Després,
mirem les especificacions tècniques i en cap lloc, en cap de les tres
línies, obliga les operadores a posar eixos 300 Mbps. Com a màxim els
demana 100 Mbps o superior, però la condició mínima són 100 Mbps. Per
tant, en primer lloc, per la coherència de complir amb les promeses, i,
en segon lloc, perquè creiem que és necessari tindre eixa ultra alta
velocitat, presentem aquesta esmena.


La sisena esmena demana modificar també les bases del
Programa 300x100 per afavorir d’alguna manera els nuclis
poblacionals pels quals, tot i estar dintre les característiques
necessàries i exigides per entrar dintre del programa, les operadores han
optat per no presentar-hi un projecte, perquè no tenen un retorn econòmic
suficient o perquè consideren que no està suficientment subvencionat.
Creiem que s’ha de fer algun tipus d’estudi, alguna manera,
perquè les operadores no només es queden dintre dels projectes en les
poblacions que els produeix un retorn més immediat; cal mirar per què no
han optat per aquestes poblacions, i com fer-ho perquè sí que hi
opten.


Per últim, hem presentat la primera i la segona esmena, que són
per a assegurar la reducció de l’escletxa que hi ha entre zones
urbanes i rurals, com pretenia la moció original, però molt més
concretament, i també posar el focus sobre una cosa que ens han reflectit
tant les operadores com els municipis: moltes operadores es queixen
actualment que quan han de realitzar projectes, els falten professionals
qualificats per a fer aquestes instal·lacions. El que hem de fer, a més
d’intentar aconseguir la connexió del món rural amb aquestes línies
d’alta velocitat d’internet, és tindre professionals
preparats. Per tant, en conjunció amb les comunitats autònomes,
intentarem fer uns itineraris educatius per aconseguir tindre
professionals el més ràpidament possible, perquè no ens quedem
endarrerits en els projectes d’execució d’aquestes
instal·lacions no perquè no tinguem subvencions o diners per a fer-ho,
sinó perquè no tinguem tècnics i els haguem de portar d’un altre
lloc.


Bàsicament, aquestes són les nostres esmenes, que creiem que
amplien l’espectre de la moció original i la milloren. Per tant,
creiem que serien raonablement acceptables pel grup proposant.


Compromís ha presentado seis enmiendas, todas de adición, a la
moción original porque creemos que la mejoran y, por otro lado, amplían
el espectro de aplicación. La enmienda número 3 dice: Modificar las bases
del programa 300x100 para que el porcentaje que se subvenciona de los
proyectos aprobados no esté en función de la comunidad autónoma donde se
realicen, sino en función de factores más concretos, como la densidad
poblacional, los medios de comunicación, etcétera. Los criterios deben
ser consensuados entre las administraciones, como el ministerio, las
comunidades autónomas y los representantes de los municipios, porque
creemos que de esta manera el sistema es más justo y equitativo, ya que
no se dan las mismas condiciones de accesibilidad a internet dentro de
una misma comunidad autónoma o provincia. Por ejemplo, de donde procedo
yo, Castellón, en un municipio cerca de la costa, como La Jana, o en uno
de interior, como Benasal, los dos proyectos estarían subvencionados en
el mismo porcentaje, pero el coste no sería el mismo. Por lo tanto,
presentamos esta enmienda.


La número 4 pide ampliar el espectro de aplicación del
programa 300x100 para que llegue al cien por cien de la población y no al
actual 95 %, ya que somos conscientes de que este 5 % es el que tendrá
más dificultad para acceder a la velocidad mínima. Pedimos que este 5 %
llegue a 30 megas/segundo como mínimo, porque si no dejaremos descolgado
a este 5 % de la población. Por tanto, la enmienda pide modificar las
bases del programa en sus especificaciones técnicas.


En la enmienda 5 se especifica que hay tres líneas de actuación:
la A, la B y la C. En la A dice originalmente 100 megas, y nosotros
proponemos 300; en la B dice que entre 30 y 100 megas, y nosotros decimos
que entre 30 y 300; en la C dice 30 megas, y nosotros decimos 100. Por lo
tanto, es una mejora simplemente técnica, que creemos que mejorará las
especificaciones técnicas. También incidiremos en el anuncio que hizo
Rajoy del programa 300x100, en el que dijo que la orden ministerial
reflejaría la velocidad de 300 mesas/segundo, pero en ningún lugar obliga
a las operadoras a esos 300 megas; como máximo, les pide 100 megas o
superior, pero la condición mínima son 100 megas. Por lo tanto, por
coherencia de cumplir las promesas y porque creemos que es necesario,
presentamos esta enmienda.


La enmienda 6 pide modificar también las bases del
programa 300x100 para favorecer a los núcleos poblaciones que, a pesar de
tener las características exigidas para entrar dentro del programa, las
operadoras no han presentado ningún proyecto por no tener un rendimiento
económico o porque no están suficientemente subvencionadas. Creemos que
hay que hacer algún tipo de estudio para que las operadoras no solo se
queden dentro de los proyectos que presentan en las poblaciones que les
generen un retorno más inmediato. Queremos que lo hagan para que opten
por ellas.


La primera y la segunda enmienda pretenden asegurar la reducción
de la brecha que existe entre las zonas urbanas y rurales, y también
poner el foco sobre algo que nos han trasladado tanto las operadoras como
los municipios: muchas operadoras se quejan de que cuando tienen que
realizar proyectos faltan profesionales cualificados para hacer estas
instalaciones. Lo que debemos hacer, además de intentar la conexión de
todo el mundo rural en estas líneas de alta velocidad de internet, es
tener profesionales preparados. Por lo tanto, en conjunción con las
comunidades autónomas, hacer unos itinerarios educativos para conseguir
tener profesionales lo más rápidamente posible para que no nos quedemos
atrás en los proyectos de ejecución de estas instalaciones, no solo
porque no tengamos subvenciones o dinero para hacerlo, sino porque no
tengamos personal.


Básicamente, estas son nuestras enmiendas. Como amplían el
espectro del proyecto original y lo mejoran, creemos que podrían ser
razonablemente aceptadas por el grupo proponente.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Por el Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador
Arrieta.


El señor ARRIETA ARRIETA: Gracias, señor presidente.


Ha llovido mucho, sobre todo políticamente hablando, desde que el
anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara en Teruel un
plan para extender la banda ancha, plan que no contaba cuando lo presentó
con la opinión del resto de las administraciones. Entonces ya, diferentes
formaciones políticas planteamos que eso del 300x100 y los 300 megas de
velocidad se iban a quedar en 100, pero la mayor crítica que se hacía al
plan presentado por el señor Rajoy se centraba en que subvencionar a las
operadoras, tal y como se establecía, supondría que estas invirtieran
fundamentalmente donde les resultara más rentable para sus intereses de
empresa. Por otra parte, tampoco se entendían muy bien los criterios que
se habían seguido, porque en esos momentos se entendía que en esta
faceta, como en otras, fundamentalmente había que plantear medidas de
acción positiva o de discriminación positiva para aquellos municipios más
pequeños, y esto, a nuestro juicio, no lo garantizaba el plan.


Hoy se nos presenta una moción que, de alguna manera, sí intenta
mejorar lo que hace unos meses se planteaba pero, a nuestro juicio, en
algunos aspectos había que puntualizar algo más y por ello presentamos
dos enmiendas muy concretas, enmiendas que van dirigidas fundamentalmente
a garantizar la cohesión territorial y la cohesión social. Por una parte,
planteamos impulsar las reformas necesarias para que Red.es actúe como
operador de comunicaciones de titularidad pública, al amparo de lo
establecido en el artículo 9 de la Ley general de telecomunicaciones, y
que se encargue también de ejecutar y operar en las condiciones que se
determinen conforme a la legislación vigente.


Una segunda enmienda plantea aplicar, a través de Red.es, una
planificación vinculante, una red de comunicaciones que proporcione
servicios de comunicación de banda ancha, conforme a lo establecido en la
disposición adicional decimoctava de la Ley general de
telecomunicaciones, a poblaciones menores de 50 000 habitantes, debido a
la ausencia o insuficiencia de inversión privada, y que la inversión
pública se ajuste al principio de necesidad con la finalidad, como
decíamos, de garantizar la necesaria cohesión social y la necesaria
cohesión territorial.


Eskerrik asko. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Arrieta.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Nasarre.


La señora NASARRE OLIVA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora Clemente, después de oír su exposición, no sé qué estamos
haciendo aquí; si todo lo hizo tan bien el señor Rajoy, no sé lo que
estamos debatiendo.


Coincidimos en que el tema de esta moción es fundamental para el
desarrollo actual. Efectivamente, la conexión a internet de alta
velocidad, acabar con la brecha digital y la accesibilidad, sí, son
condiciones básicas, demandas generales, pero, señorías, se quedan en
titulares grandilocuentes, se quedan en un plan caduco. Ahora, la
obsolescencia política es muy rápida, los grandes titulares no solucionan
problemas, se solucionan con gestión, coordinación e impulso político,
que es lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, un Gobierno del
Partido Socialista. Ya que si profundizamos en la línea de la moción
planteada, vemos que ese plan al que ustedes se refieren, de su Gobierno,
tenía limitaciones. Cuando profundizamos en la ejecución, en la
cobertura, cuando vamos a ver sus objetivos concretos y comprobamos cómo
el primer punto, la orden que piden modificar, no tiene que ver con el
tema al que nos referimos. Su plan 300x100 fue una huida hacia delante,
sin dirección, sin planificación, no aseguraba la implementación. Hay que
ser responsables y apoyarnos en la colaboración de las entidades locales
para cumplir los objetivos de cobertura de banda ancha marcados desde la
Secretaría de Estado para el avance digital.


Por eso, nuestro grupo presenta esta enmienda de cuatro puntos,
donde, en primer lugar —y fundamental—, mostramos nuestro
compromiso con la implantación, y además con plena eficacia, del Plan de
extensión de banda ancha de nueva generación. Consideramos que la
actuación del actual Gobierno de Pedro Sánchez, a través de su secretaría
de Estado, ha efectuado un impulso decisivo. Coincidimos en incidir en
determinadas zonas, como las rurales —que, señorías, conozco muy
bien—, en pequeñas poblaciones y áreas con especiales condiciones.
No podemos consentir que existan localidades donde en un negocio deba
llevar al cliente a 10 kilómetros para poder cobrarle con tarjeta de
crédito. Y eso no es ocasional: en mi provincia, Huesca, se repite; en
determinadas zonas se repite y ante estos hechos no lo vamos a consentir.
Nuestras instituciones tienen claro perfectamente cómo se debe actuar: de
forma eficaz para dar soluciones y de forma coordinada entre todas las
instituciones; hay que realizar las gestiones oportunas para las
convocatorias, para las iniciativas de conectividad.


Señorías del Grupo Popular, llevaban siete años gobernando, y si
comparamos su plan, su ejecución y su viabilidad —no su
nombre— con nuestra gestión e impulso en tan poco tiempo, la
comparación es clarificadora. Por cierto, sí, se respetan los fondos que
dejaron consignados; sí, claro, pero con diferencias de nuestro Gobierno,
señoría: es que se ejecutan de forma real y eficaz, no como otros.


Nuestro Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha actuado y lo va a
seguir haciendo de forma coordinada, colaboradora y realizando las
gestiones oportunas para llevar las infraestructuras del siglo XXI a
todos los lugares de difícil accesibilidad, y poder así garantizar a toda
la ciudadanía una conexión eficaz para todos, ya que esa conexión es
garantía y compromiso de futuro e igualdad de oportunidades.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Nasarre.


Para manifestar si se aceptan o no las enmiendas, tiene la palabra
la senadora Clemente.


La señora CLEMENTE MUÑOZ: Gracias, presidente.


Señor Navarrete, ha presentado seis enmiendas, la mayoría de ellas
sobre cuestiones técnicas que en realidad vendrían a desvirtuar el
sentido del Plan 300x100, pero hay una que sí podemos aceptar, la
número 2, pues enriquece nuestro texto, pidiendo fomentar el apoyo a la
educación digital. Nosotros vemos necesario seguir apoyando el plan de
formación en competencias digitales, dotado con 60 millones de euros, que
a comienzos de este mismo año presentó el Gobierno anterior.


Señor Arrieta, lo que pide en nombre de Podemos dista mucho de
nosotros. Lo que pretende es la intervención del sector de
telecomunicaciones a través de Red.es, que no es una operadora, sino una
empresa pública para el desarrollo de programas de impulso digital, y
mucho menos puede funcionar como una operadora en régimen de monopolio
público. Además, no podemos aceptar la utilización de Red.es como una
planificadora de financiación, que ya existe; lo que precisamente se pide
en esta moción es que se cumpla, que se ejecute.


Señora Nasarre, sin implementación, poco serios y eficaces... Así
nos ha llamado. La respuesta es fácil: podría preguntar a las 4064
poblaciones y a los 3,5 millones de viviendas que de 2013 a 2017, gracias
a la gestión, han llegado a la red. A ellos les podría hablar de cómo ha
sido de eficiente el Gobierno de Rajoy durante estos cuatro años.
(Aplausos). Y como ejemplo de coordinación podríamos poner nuestra
comunidad, esa que gobiernan ustedes, esa en la que han dejado a las
provincias sin ningún tipo de coordinación y encima culpando a los que no
les llega porque no lo han hecho. O sea, lecciones las justas aquí.


Señora Nasarre, el Grupo Socialista lo que ha venido a hacer aquí
es sustituir nuestra moción para eliminar toda la acción del Gobierno
anterior, eliminando la referencia al Plan 300x100; es decir, se trata de
hacer lo mismo, pero que no se note lo que había hecho el Partido
Popular. Y también pretenden obviar la acción de su Gobierno en la rebaja
de las condiciones a las operadoras —de esto nos olvidamos—.
Entenderán que hay que seguir ampliando la banda ancha en nuestro país,
pero sin omitir que el Gobierno anterior fue el que más trabajó en ello y
que su Gobierno tiene ahora que mantener ese compromiso, porque, insisto,
defender el medio rural y luchar contra la despoblación es una tarea de
todos.


Por lo tanto, señorías, dejaremos nuestra moción tal y como está,
añadiendo como un nuevo punto la enmienda número 2 de Compromís.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Clemente.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Navarrete. ¿Alguien más del Grupo Mixto va a intervenir? (Asentimiento de
la senadora Domínguez de Posada Puertas).


Gracias.


El señor NAVARRETE PLA: Intervengo brevemente, primero para
agradecer la aceptación de nuestra enmienda y también para decir que me
ha sorprendido que, cuando nos han explicado por qué no aceptaban las
otras, dijeran que era porque tenían una especificidad técnica muy
contundente. Provengo del mundo de la ingeniería y, por lo tanto, sé de
lo que estoy hablando, de ahí que les hayamos hecho esa precisión tan
técnica. Era importante para nosotros ser muy precisos porque la orden
ministerial lo dejaba de tal manera que las operadoras podían tomarse la
cobertura mínima a la mínima característica y, por lo tanto, no
llegábamos a cumplir la palabra del propio expresidente del Gobierno,
señor Rajoy, que decía que en zonas de España llegaría la ultra alta
velocidad, a 300 megas/segundo. Entonces, creíamos que era necesario y,
por tanto, era importante reflejarlo ahí técnicamente. Nos sorprende que
nos digan que no se aceptan cosas por motivos técnicos, que precisamos
mucho, etcétera.


Paso a la otra valoración que quería hacer. Yo provengo de un
pueblo en el cual actualmente viven cinco personas, que no tenemos el
problema de la cobertura de internet porque la velocidad que tiene
actualmente la línea fija es de 3 megas, ni más ni menos, es que no tiene
ni cobertura de móvil. Sabemos en qué posición del pueblo puede llamar un
abonado de cierta operadora y en qué posición del pueblo puede llamar el
de otra operadora. Por lo tanto, cuando viene un visitante, de los varios
turistas que tiene, y nos dice: Es que no tengo cobertura, ¿cómo puedo
llamar? Le digo: ¿Ves aquel pino de allí? Si eres de Telefónica, allí; si
eres de Orange, allá.


Por lo tanto, venirnos aquí con que hay que mejorarlo, evidente,
pero hay que pisar el terreno y saber qué situaciones tiene cada vecino.
Por eso pedíamos esas mejoras técnicas, que iban encaminadas a esas
poblaciones tan concretas que cuando nos oyen aquí hablar de mejorar la
velocidad, de tener más datos o de poder acceder rápidamente al
streaming, a la televisión online..., les parece fantástico, pero a ellos
les suena raro poderse bajar un archivo PDF de un correo electrónico.
Repito, por eso pedíamos todas esas mejoras técnicas, que creíamos que
eran fundamentales.


Nada más, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Navarrete.


Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


Señorías, Asturias sigue sin un plan de conectividad a internet
por el incumplimiento del Gobierno socialista del mandato de las Cortes
Generales, algo que es muy preocupante cuando se trata de una necesidad
real para el mundo rural, que clama a gritos por poder tener una buena
conexión a internet tanto para fijar población como para desarrollar
empresas. La desidia socialista mantiene abandonados a vecinos y
empresarios de la zona rural asturiana. Pese a los anuncios
grandilocuentes, lo que hay es nula gestión, senadora Nasarre.


Para generar empleo y frenar el éxodo rural, internet es una
necesidad de primer orden. Asturias necesita ser puntera en conectividad
en todo su territorio, lo que llevan prometiendo los socialistas desde
los tiempos del presidente Areces, hoy senador. Empresas de turismo
rural, agrarias, ganaderas, forestales y agroalimentarias, entre otras,
necesitan con urgencia conexión con los mínimos de calidad exigibles hoy.
En un estudio publicado por el portal de redes Asturmix se deja patente
que en los setenta y ocho municipios de Asturias existen zonas con
deficiente conexión, algo que, sin duda, es un inconveniente grande para
poder vivir en la actualidad. Estamos ante una falta de conectividad que
lastra el desarrollo económico, pues para generar empleo y frenar el
éxodo rural la conexión es una necesidad de primer orden, ya que se está
creando una barrera de progreso entre la Asturias urbana y la Asturias
rural, cuyos resultados se miden por el drama de los flujos migratorios
que empobrecen y despueblan nuestras zonas rurales. Por ello es
incomprensible que el Ministerio de Economía y Empresa haya rebajado el
listón a los operadores, permitiéndoles dar una cobertura menos potente y
con menos capacidad que la prevista inicialmente, y me estoy refiriendo a
la Orden Ministerial 1166/2018, de 29 de octubre.


En los Presupuestos Generales del Estado de 2018 el PEBA-NGA está
dotado con 150 millones y la disposición adicional centésimo
quincuagésimo sexta de la Ley de Presupuestos Generales tiene un programa
de ayudas para la extensión de la banda ancha de nueva generación que
destina 4 073 417 euros con carácter preferente a financiar actuaciones
en el Principado de Asturias. A día de hoy no existe resolución sobre los
proyectos presentados a la convocatoria, por lo que Asturias sigue sin un
plan de conectividad por el incumplimiento del Gobierno socialista de los
presupuestos. Es lamentable tener un gobierno de espaldas a la necesidad
de conectar Asturias a la mayor brevedad y con la mejor tecnología, por
lo que deberá explicar cómo va a garantizar que los más de 4 millones que
Foro consiguió vía enmiendas para dotar de conexión a Asturias se gasten
con la mejor tecnología en los escasos días que quedan del mes de
diciembre.


Por ello, votaremos sí a la moción del Grupo Popular.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Domínguez de Posada.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el
senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Moltes gràcies, president.


Bé, ens trobem davant d’una moció que ens presenta el Partit
Popular amb la finalitat de la qual podem coincidir tots perquè és una
moció que apel·la a l’adopció de determinades mesures en relació a
la connexió a Internet de l’Alta Velocitat especialment en zones
rurals, però ara desgranaré els problemes que veiem i els punts febles en
aquesta moció.


El problema, a l’entendre del Partit el tenim amb
l’eina que ens proposen. El Programa de Extensión de Banda Ancha de
Nueva Generación en primer lloc no pot arribar arreu, no si es fa de la
manera que proposa el Partit Popular, a partir d’una consulta
pública als operadors de telecomunicacions. No hi ha garanties
d’execució i algunes zones poden quedar excloses d’ajuts per
falta d’un pla per part de l’operador.


En segon lloc, hi ha un menysteniment a la competència efectiva.
La intervenció pública passa per subvencionar una xarxa d’un
operador finalista, però no es regula l’accés a la resta
d’operadors. Això, a la pràctica, serveix per potenciar més el pes
de Telefónica en el mercat de la banda ampla que, segons dades recents
del ministeri, rep un 70 % dels ajuts concedits, com deia, a
l’empresa Telefónica.


Estem a favor de les mesures que permeten ampliar el nivell de
cobertura i de competència efectiva de xarxes i mòbils de 4G i
futures 5G. És obvi que s’esperen i estem esperant tots
infraestructures tecnològiques, però ens pot passar com en les físiques,
que encara esperem que l’






Eix Pirinenc ens vertebri, i té un índex
de sinistralitat molt important. O que passi com amb l’Eix
Pirinenc, que està pendent l’N-230 des de l’Alta Ribargorça a
la Vall d’Aran. Hem d’evitar que ens passi el que ens ha
passat amb les infraestructures físiques.


On som? Quines fites tenim? Què fem? Únicament 27 municipis
catalans que representen el 95 % de la població disposes de cobertura
plena de xarxes fixes de nova generació. Pel que fa al nivell de
competència, hi ha un 1 % dels municipis, un 43 % de la població, on hi
ha competència efectiva entre xarxes fixes de nova generació.


El nivell de competència elevat, que hi hagi quatre operadors que
disposen de xarxa, representen una quota de mercat superior al 10 %. I
cap d’aquestes operadores supera el 30 % del total. Quines fites
tenim? Els objectius que marca la Unió Europea: unes xarxes de nova
generació fixes, amb existència almenys de dos operadors amb capacitat
d’ús de la infraestructura física d’accés als usuaris, i
xarxes mòbils de nova generació amb cobertura també d’almenys dues
xarxes mòbils.


I què estem fent? El Pla 2019-2020, un desplegament de fibra
òptica a totes les capitals de comarca i municipis de fins a 50
habitants. Però amb xarxa pública. Aquesta és la diferència i això és
l’important. A partir d’aquest desplegament públic, els
operadors podran desplegar-se a nivell local i contribuir també a crear
riquesa i activitat econòmica. Aquest és, al nostre entendre, en opinió
del Partit Demòcrata, el model correcte, tenir un desplegament de fibra
òptica de titularitat pública que permeti la connexió a tots els
operadors privats que ho vulguin, i que això generi competència entre els
diferents operadors. Aquest és el model de vertebració de territori,
d’equilibri, d’igualtat d’oportunitats.


Fomentem la sostenibilitat i, així, intentem fer des de la
intervenció pública el que sabem que no faran en zones despoblades els
operadors privats. No siguem ingenus. No podem demanar que grans empreses
que busquen, lògicament, benefici econòmic, si no es garanteix des de
l’administració pública que la xarxa tingui titularitat pública i
que es fomenti la competència entre els operadors, no siguem ingenus
perquè acabarem amb monopolis i afavorirem només grans empreses que no
tindran cap interès a continuar amb aquest desplegament.


Per tots aquests motius, creiem que el model és equivocat i que el
correcte és el que hem dit, compartint, això sí, la finalitat anunciada
per aquesta moció.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Nos encontramos ante una moción que nos presenta el Grupo Popular
con una finalidad con la que podemos coincidir todos, porque se trata de
una moción que apela a la adopción de ciertas medidas en cuanto a
internet y la alta velocidad, especialmente en zonas rurales. Pero ahora
voy a desgranar los puntos débiles o los problemas que nosotros vemos en
esta moción.


El problema, al entender del Partit Demòcrata, lo tenemos con la
herramienta que nos propone el programa de extensión de banda ancha de
nueva generación. ¿Por qué? En primer lugar, no puede garantizar llegar a
todas partes, no si se hace como propone el Partido Popular: a partir de
una consulta pública a los operadores de telecomunicaciones. No hay
garantías de ejecución y algunas zonas pueden quedar excluidas de ayudas
por falta de un plan por parte del operador.


En segundo lugar, se desprecia la competencia, y esto es
importante. Se menosprecia la competencia efectiva, la intervención
pública pasa por subvencionar una red de un operador finalista, pero no
se regula el acceso a los demás operadores. Esto en la práctica sirve
para potenciar más el peso de Telefónica en el mercado de la banda ancha,
que, según datos recientes del ministerio, recibe un 70 % de las ayudas
concedidas.


Estamos a favor de las medidas que permiten ampliar el modelo de
cobertura efectiva de redes y móviles 4G y futuras 5G. Es obvio que
estamos esperando todos infraestructuras tecnológicas, pero nos puede
pasar como con las físicas: estamos esperando todavía que el eje
pirenaico, que tiene un índice de siniestralidad muy importante, nos
vertebre; o, como en el eje pirenaico, estamos esperando la N-230 desde
l’Alta Ribagorça a la Val d’Aran. Por tanto, tenemos que
evitar que pase como con las infraestructuras físicas.


¿Dónde estamos y qué objetivos tenemos? Solo 27 municipios
catalanes, que representan el 95 % de la población, tienen unas redes
fijas de alta generación. Que haya un alto nivel de competencia: solo hay
un 1 % de los municipios, un 43 % de la población, en los que hay
competencia efectiva entre redes fijas de nueva generación. El nivel de
competencia elevado, es decir, que haya cuatro operadores que dispongan
de red, representa una cuota de mercado superior al 10 % y ninguna de
estas operadoras supera el 30 % del total.


¿Qué objetivos tenemos? Los objetivos que marca la Unión Europea:
una red de nueva generación fija, con existencia al menos de dos
operadores con capacidad de uso de la infraestructura física de acceso a
los usuarios y redes móviles de nueva generación con cobertura de al
menos dos redes móviles.


¿Y qué estamos haciendo? El Plan 2019-2020, un despliegue de fibra
óptica en todas las capitales de comarca y municipios de hasta 50
habitantes, pero con red pública —esta es la diferencia—, y
esto es importante. A partir de este despliegue público, los operadores
podrán desplegarse a nivel local y contribuir a crear riqueza y actividad
económica. En opinión del Partido Demócrata, este es el modelo correcto:
tener un despliegue de fibra óptica de titularidad pública que permita la
conexión a todos los operadores privados que así lo quieran y que genere
competencia entre los distintos operadores. Este es el modelo de
vertebración del territorio, de equilibrio y de igualdad de
oportunidades.


Fomentamos la sostenibilidad e intentamos que la intervención
pública haga lo que sabemos que no harán los operadores privados en zonas
despobladas. No seamos ingenuos, estas grandes empresas, lógicamente,
buscan un beneficio económico. Si la Administración pública no garantiza
que la red sea de titularidad pública y que se fomente la competencia
entre los operadores, no seamos ingenuos, acabaremos con monopolios y
solo vamos a favorecer a grandes empresas que no van a tener ningún
interés en continuar con este despliegue.


Por todos estos motivos, creemos que el modelo es equivocado y que
lo correcto sería lo que hemos dicho. Compartimos, eso sí, la finalidad
anunciada por esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el
senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Si me lo permite, voy a intervenir desde
el escaño.


Senadora Clemente, en 2004 se diseñó ya el PEBA, Programa de
extensión de banda ancha, precisamente porque se identificó el problema
del que estamos hablando y se intentó poner solución. Por lo tanto, ya
en 2004 sabíamos lo que sucedía y cuál era el problema. Estamos en 2018,
diez años más tarde, después de un Gobierno del señor Zapatero, de un
Gobierno del señor Rajoy y del max mix que tenemos en esta legislatura;
por lo tanto, tiempo ha habido, ha habido mucho tiempo. Lo que creo que
no ha habido es demasiado interés.


Hablan ustedes ahora de la cobertura más o menos potente de las
operadoras. El País Vasco es un territorio pequeño y podemos considerar
que desde el punto de vista de las conexiones de las telecomunicaciones
es un territorio bien desarrollado. Un territorio como otros muchos del
Estado, en el que todas las operadoras invierten y tienen sus proyectos
estrella. Pero la orografía vasca es muy complicada, como en otros muchos
territorios del Estado, por eso siguen quedando zonas blancas que, de
forma natural —hablemos de la presión de las empresas— nunca
van a ser cubiertas, por más que queramos que sea así. Garantizar esa
cobertura solo se puede hacer con el impulso de la Administración
pública, con un compromiso directo de recursos públicos suficientes para
engrasar la inversión privada. Es la única manera de dar cobertura a esas
zonas blancas, porque los intereses empresariales tarde o temprano
terminan no siendo suficientes y las empresas acaban —si lo
queremos decir de manera coloquial— escaqueándose de sus
compromisos. No se trata solo de ver qué porcentaje de población tenemos
cubierto, sino de dar cobertura a ese porcentaje imposible de cubrir de
manera natural; de eso es de lo que tenemos que hablar. Que tengamos
el 95 % de la población cubierta cuando estamos hablando de zonas urbanas
está muy bien, el problema son los porcentajes residuales que no podemos
cubrir. De eso es de lo que estamos hablando y de lo que llevamos
hablando desde hace muchísimo tiempo. En esta Cámara llevamos hablando de
este tema, que yo sepa, dos legislaturas en distintas iniciativas, en
este momento también en la de demografía.


En 2016 el Gobierno vasco diseñó la nueva agenda digital 2020.
Como segunda fase de aquel programa PEBA, en 2017 las diputaciones y el
Gobierno vasco van a invertir 12 millones de euros en tres ejercicios
para ampliar la cobertura en estas zonas blancas, en polígonos
industriales y en empresas —evidentemente empresas industriales,
pero también turísticas— y poder cubrir esas zonas que no se cubren
de manera natural en un territorio como el vasco, que es pequeño y en el
que, por suerte o por desgracia —más por suerte que por
desgracia—, la despoblación no es precisamente un gran problema; en
todo caso, lo contrario. Por lo tanto, se podía haber hecho en general;
solamente hacía falta priorizar y haber tenido claro que este no es un
problema de discusión entre los dos partidos, sino un problema en el que
hay que llegar a un consenso y darle continuidad desde el PEBA de 2004
hasta hoy 2018.


Sinceramente, si esta moción tuviera esa solución y sirviera para
llegar al consenso, nosotros votaríamos favorablemente. Pero nos da la
sensación de que no, de que volvemos a estar otra vez en la eterna
discusión y en la eterna intención de meter el dedo en el ojo el uno al
otro cuando el uno está y el otro no está, cuando ya llevamos
—vuelvo a repetir— un Gobierno del Partido Socialista, un
Gobierno del Partido Popular y el max mix de esta legislatura, y
evidentemente ni unos ni otros han conseguido, no ya solucionarlo, sino
ni dirigir el problema hacia la solución, y por eso estamos hablando de
ello.


Si consideráramos que esta iniciativa iba a ser la solución,
votaríamos a favor. Como nos da la sensación de que no estamos hablando
de eso, sino que estamos hablando de otra cosa, nosotros nos vamos a
abstener. Cuando quieran hablar en serio, cuando quieran que nos sentemos
—y nos hemos sentado siempre—, nos sentaremos a discutir y
pondremos las mejores prácticas de las que disponemos a disposición de
aquel que las quiera escuchar. Mientras sea: yo te meto el dedo en el ojo
cuanto estás y tú me metes el dedo en el ojo cuando no estás, en eso no
vamos a entrar.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Azamar.


La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gràcies, president. Bon dia, senadores
i senadors.


Avui el grup popular ens presenta una moció en què demana
l’adopció de mesures en relació amb la connexió a internet
d’alta velocitat, i amb especial incidència en zones rurals i en
àrees de baixa densitat de població, i només amb el títol ja hi estaríem
d’acord. Però aquesta moció destapa, un cop més, la hipocresia del
Partit Popular que després de set anys al govern i la seva inacció en
certs àmbits, ara ens presenten iniciatives com aquesta, aparentment,
carregada de bones intencions. Així que ja els avanço que no els donarem
suport.


Per què evidentment, compartim la importància de garantir una
connexió a internet d’alta velocitat «per afavorir
l’accessibilitat a bens, serveis i productes». Avui en dia és
imprescindible, per al desenvolupament de les activitats personals i
professionals així com per als comerços, que puguin desenvolupar amb
plenes garanties la seva activitat econòmica. I, precisament per això, no
podem deixar de banda a una part de la població que ja de per si es
marginada en molts àmbits, com les infraestructures viaries, pel sol fet
de viure en zones rurals. Per exemple a l’Alt Pirineu i Aran les
infraestructures viaries, on el tram de carretera més nou és de fa 26
anys i la resta de fa 80 anys, són penoses, però les infraestructures de
telecomunicacions no en queden lluny, tenim zones on ni tant sols hi ha
cobertura de telefonia mòbil encara menys d’internet d’alta
velocitat.


En els últims anys ens hem trobat amb episodis d’averies
importants en pobles, amb conseqüències nefastes per al turisme, del qual
molts viuen i en moltes ocasions no poden ni arribar a fer un cobrament
amb targeta de crèdit. Alguns exemples: a la Val d’Aran és habitual
la inestabilitat de la cobertura i els talls que es produeixen de forma
reiterada en l’accés a internet, perjudicant al sector turístic,
que és el principal motor econòmic de la comarca, a banda, evidentment,
dels veïns. Al municipi de la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà, van
estar quatre dies sense cobertura de mòbil ni internet, i un cop més
perjudicant als establiments turístics, un dels motors econòmics del
municipi, a banda, evidentment, dels veïns. Al municipi de la Vansa i
Fórnols van passar tres dies sense cobertura de mòbil i que també va
afectar a la telefonia fixa, ja que la gran majoria són telèfons que
funcionen a través telefonia mòbil. I és que són habituals les apagades
digitals, és a dir de telefonia mòbil i d’internet, en aquest
territori rural i de baixa densitat de població. On la majoria
d’elles està gestionada per Telefónica.


Per tant, per tot això, som plenament conscients d’aquesta
problemàtica, les seves conseqüències i la necessitat d’aportar
solucions. Garantir la cobertura d’internet d’alta velocitat,
la cobertura de telefonia fixa i mòbil, juntament amb unes
infraestructures viàries segures i dignes, són clau per ajudar a fixar
població als territoris rurals i de baixa població, són clau per mantenir
i tirar endavant aquests territoris.


En la moció que ara debatem el Grup Popular aposta per
desenvolupar el Programa d’Extensió de Banda Ampla de Nova
Generació, impulsat pel govern del senyor Rajoy, però des del meu grup no
creiem ni que sigui l’instrument adequat per assolir aquest
objectiu. Cal recordar que el Programa d’Extensió de Banda Ampla de
Nova Generació se sustenta en els resultats d’una consulta pública
a les operadores de telecomunicacions i, a més, no disposa de garanties
efectives d’execució dels plans anunciats per part de les
operadores. Això pot suposar que determinades zones quedin finalment
excloses de les ajudes per l’existència de plans de desplegament
que al final no es materialitzaran.


Això és el que ens plantegem des del principi: com garantim una
competència efectiva per a què realment aquestes ajudes es materialitzin
en una cobertura efectiva en la totalitat del territori? De fet, aquest
programa només potència el rol de Telefónica com a operadora amb un pes
significatiu en el mercat de banda ampla, en ser la principal
beneficiària de les ajudes. Sense anar més lluny, i com ja s’ha
dit, un estudi del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per als
exercicis 2015-2017 demostra que Telefónica ha estat la beneficiària
del 70 % de les ajudes atorgades, així com també és significatiu que la
Comissió Nacional de Mercats i Competència hagi obert un expedient
sancionador a Telefónica per la presumpta discriminació respecte a les
seves competidores, empitjorant els temps de provisió i resolució
d’avaries en alguns serveis majoristes. Així, aquestes dades ajuden
a visualitzar el poder de mercat d’aquesta companyia i per això
creiem necessària l’aplicació de programes que realment garanteixin
la implementació dels serveis d’internet d’alta velocitat en
la totalitat dels territoris; i així evitar que l’operadora que
disposi de gran poder en el mercat incompleixi els plans establerts.


Gràcies.


Gracias, presidente. Buenos días, senadoras y senadores.


Hoy el Grupo Popular nos presenta una moción que pide la adopción
de medidas en relación con la conexión a internet de alta velocidad, con
especial incidencia en zonas rurales y en áreas de baja densidad de
población. Solo con el título ya estaríamos de acuerdo, pero esta moción
destapa una vez más la hipocresía del Partido Popular, que después de
siete años en el Gobierno y de su inacción en ciertos ámbitos, ahora nos
presenta iniciativas como esta aparentemente cargada de buenas
intenciones. Así que les avanzo que no les brindaremos nuestro
apoyo.


Evidentemente, compartimos la importancia de garantizar una
conexión a internet de alta velocidad para favorecer la accesibilidad a
bienes, servicios y productos. Hoy es imprescindible para el desarrollo
de las actividades personales y profesionales y para que los comercios
puedan desarrollar con plenas garantías su actividad económica. Y
precisamente por ello no podemos dejar de lado a una parte de la
población que ya de por sí está marginada en muchos ámbitos, como las
infraestructuras viarias, o por el solo hecho de vivir en zonas rurales.
Por ejemplo, en el Alto Pirineo y Arán —donde el tramo de carretera
más nuevo es de hace veintiséis años y los demás de ochenta años—
las infraestructuras viarias son penosas, pero las infraestructuras de
telecomunicaciones no se quedan lejos. Tenemos zonas en las que ni
siquiera hay cobertura de telefonía móvil y todavía menos de internet de
alta velocidad.


En los últimos años hemos encontrado episodios de averías
importantes en pueblos, con consecuencias nefastas para el turismo, del
que muchos viven. En muchas ocasiones no se puede llegar ni a hacer un
cobro con tarjeta de crédito. Y pongo algunos ejemplos: en el valle de
Arán es habitual la inestabilidad de la cobertura y los cortes se
producen de forma reiterada en el acceso a internet, perjudicando al
sector turístico, que es el principal motor económico de la comarca,
además de a los vecinos. En el municipio de Torre de Capdella, en Pallars
Jussà, estuvieron cuatro días sin cobertura de móvil ni internet, y una
vez más perjudicando a establecimientos turísticos, uno de los motores
económicos del municipio, aparte, evidentemente, de los vecinos; en el
municipio de La Vansa i Fórnols pasaron tres días sin cobertura de móvil,
que también afectó a la telefonía fija, ya que la mayoría son teléfonos
que funcionan con telefonía móvil. Y es que son también habituales los
cortes digitales, es decir, de telefonía móvil y de internet en este
territorio rural y de baja densidad de población, donde la mayoría está
gestionada por Telefónica.


Somos plenamente conscientes de esta problemática, de sus
consecuencias y de la necesidad de aportar soluciones. Garantizar la
cobertura de internet de alta velocidad, la cobertura de telefonía fija y
móvil, juntamente con unas infraestructuras seguras y dignas son clave
para ayudar a fijar población en los territorios rurales y de baja
población, son clave para mantener y sacar adelante estos
territorios.


En la moción que ahora debatimos, el Grupo Parlamentario Popular
apuesta por desarrollar el programa de extensión de banda ancha de nueva
generación impulsado por el Gobierno del señor Rajoy, pero no creemos que
sea el instrumento adecuado para alcanzar este objetivo. Hay que recordar
que el Programa de extensión de banda ancha de nueva generación se
sustenta en los resultados de una consulta pública a los operadores de
telecomunicaciones y además no dispone de garantías efectivas de
ejecución de los planes anunciados por parte de las operadoras. Esto
puede suponer que determinadas zonas queden finalmente excluidas de las
ayudas por la existencia de planes de despliegue que al final no se
materializan.


Esto es lo que planteamos desde el principio: ¿Cómo garantizamos
la competencia efectiva para que realmente estas ayudas se materialicen
en una cobertura efectiva para la totalidad del territorio? De hecho,
este programa solo potencia el rol de Telefónica como operadora con un
peso específico en los mercados de banda ancha, al ser la principal
beneficiaria de las ayudas. Sin ir más lejos, y como ya se ha dicho, un
estudio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para los
ejercicios 2015-2017 muestra que Telefónica ha sido la beneficiaria
del 70 % de las ayudas otorgadas, así como también es significativo que
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haya abierto un
expediente sancionador a Telefónica por la presunta discriminación
respecto a sus competidoras, empeorando los tiempos de previsión y
resolución de averías en algunos servicios mayoristas, con lo que se
refuerza el poder de mercado de esta compañía. Por eso creemos que es
importante disponer de programas que realmente permitan la competencia en
todo el territorio y evitar que esta operadora incumpla los planes
establecidos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Por el Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador
Arrieta.


El señor ARRIETA ARRIETA: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy nadie duda de que las nuevas tecnologías de la
información, el conocimiento y la comunicación puedan ser un instrumento
eficaz para generar crecimiento económico, crear empleos y mejorar la
educación y la sanidad, así como para promover y acercar el diálogo entre
personas, entre pueblos, entre naciones y entre Estados. Algunos definen
esta nueva época posindustrial como de revolución social, económica,
política y cultural, y esto es importantísimo, pero reconozcamos que hoy
el acceso en desigualdad de las tecnologías de la información y la
comunicación del Estado ha ocasionado una ruptura entre los diferentes
territorios, también denominada brecha digital.


La ausencia de una estrategia sobre la cobertura de banda ancha
ultrarrápida que conozca la situación de provisión de los servicios de
comunicaciones electrónicas de banda ancha y que permita identificar
aquellas zonas donde existen brechas de mercado es, sin duda, el
principal problema para que todavía en 2018 siga sin garantizarse en el
Estado el acceso en igualdad de condiciones para todas las personas. Las
políticas comunitarias de desarrollo del mundo rural establecen unos
criterios de cohesión para afrontar el cambio demográfico, una dirección
que ya marca el propio tratado de funcionamiento de la Unión Europea, en
concreto respecto de la implementación de oportunidades de vida para
fijar población joven en todo el territorio e incentivar el equilibrio
territorial entre zonas urbanas y aquellas con baja demografía. En este
sentido, tanto la Red europea de regiones afectadas por el cambio
demográfico, como el Foro de comunidades afectadas por el cambio
demográfico —por ejemplo: Galicia, Aragón, Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura—
coinciden en que la Unión Europea carece de instrumentos de aplicación
directa para una intervención apropiada. Por ello, en el desarrollo de la
universalización de la banda ancha es el Estado quien debe comprometerse
y debiera atenerse en todo caso a la normativa y orientaciones de la
Unión Europea a este respecto.


En la actualidad, la Ley de telecomunicaciones no está siendo
cumplida en todos sus términos, entre otros, el mandato por el cual, al
menos una vez al año el ministerio del ramo informará al Parlamento sobre
la adopción y cumplimiento de la Estrategia nacional de redes
ultrarrápidas y en especial sobre la evolución del despliegue de las
redes ultrarrápidas y el cumplimiento de los objetivos de
universalización de este servicio, así como la obligación de que el
Gobierno establecerá una estrategia nacional de redes ultrarrápidas que
tenga como objetivo impulsar el despliegue de redes de acceso
ultrarrápido a la banda ancha, tanto fijo como móvil, de cara a lograr su
universalización, fomentando su adopción por ciudadanos, empresas y
administraciones para garantizar la cohesión social y territorial. Una
estrategia actualmente insuficiente que debería enunciar certeramente los
objetivos para toda la ciudadanía y territorios, con especial incidencia
en las comarcas a las que hace expresa referencia la mencionada ley en
numerosas ocasiones.


El acceso a las nuevas tecnologías tiene carácter de necesario,
porque el entorno social actual afecta en todos sus órdenes a la
ciudadanía. La búsqueda de trabajo, las actividades económicas vinculadas
al E-commerce que pongan en valor los territorios más despoblados, el
acceso a contenidos, a la educación y un largo etcétera pueden llegar a
producir la cronificación y la acentuación de las desigualdades sociales
que padece nuestra sociedad, en concreto, aquellas que distancian al
mundo rural de las grandes ciudades. Y deberían también, por qué no,
incorporar la perspectiva de género, dada la especial significación del
papel de las mujeres en la fijación de la población en el territorio,
especialmente en las zonas rurales. A nuestro entender, hasta ahora los
gobiernos han hecho un nulo esfuerzo en los Presupuestos Generales del
Estado. Nosotros hemos presentado enmiendas para ayudar a garantizar el
acceso universal a la banda ancha en las zonas rurales.


Y para finalizar, hay que considerar que el papel de las
administraciones públicas en la lucha contra la desigualdad es ineludible
para lograr combatir un problema de máxima urgencia.


Eskerrik asko. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Arrieta.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Nasarre.


La señora NASARRE OLIVA: Muchas gracias, señor presidente.


Efectivamente, hoy el mundo digital es fundamental. En política
debemos marcar objetivos, pero reales, con hechos. El objetivo de dotar
de cobertura móvil al 90 % de la población es positivo. Por eso no solo
lo apoyamos sino que lo intentamos cumplir. Sepan que este compromiso no
lo ejecutó el Gobierno Popular. Ha sido este Gobierno el que lo ha
impulsado decididamente, ya que ustedes mostraron falta de coordinación
—no me hagan recordarles algún plan paralizado en la provincia de
Teruel—. La conexión de desarrollo es un compromiso para todas las
zonas, pero para las zonas despobladas e inaccesibles además es igualdad
de oportunidades y, sobre todo, es una herramienta eficaz para superar el
reto demográfico que a todos nos preocupa y nos ocupa.


Está claro que después de años de retraso o se restablecían las
condiciones o no se podían cumplir los objetivos. Por tanto, las
instituciones y el actual Gobierno han tenido que solventar los problemas
de cobertura móvil en el medio rural, de lo contrario, no se afrontarían
con plena eficacia y se volvería otra vez a los titulares, a las promesas
y no a la realidad. Que el 70 % de la población tenga acceso a la banda
ancha no implica que el territorio esté cubierto, máxime conociendo los
problemas de población existentes actualmente en España. Buscando un
símil, su plan es como si dijéramos que ya que todas las capitales de
provincia están conectadas con autovías, en cuatro años todas las
localidades de España estarán conectadas por autovías. Como imaginarán,
esto es inviable. Por tanto, hay que trabajar para mejorar
infraestructuras con un objetivo real, no con promesas que confunden e
intentan engañar a la opinión pública y a la ciudadanía.


El Gobierno socialista quiere actuar en cualquier lugar de España
con la máxima eficacia, pero desde la realidad, no haciendo marketing
banal que no soluciona los problemas reales de conectividad que sufren
muchos ciudadanos en este país. Probablemente las inversiones eran y son
insuficientes, pero se está trabajando arduamente en planes de extensión
de banda ancha de nueva generación. A pesar de ello, el Gobierno va a
continuar impulsando el acceso a la banda ancha de nueva generación con
sucesivos planes, que, tal cual se indica, serán coordinados con planes
del resto de entidades públicas: gobiernos autonómicos, diputaciones
provinciales y municipios, generando sinergias fundamentales con
distintas administraciones para una mejor cobertura y planteamientos
específicos dentro de las múltiples necesidades.


Con respecto a este último punto, resulta curiosa ahora su
solicitud de colaborar con otras entidades locales. Nos habría gustado
que hubieran sido igual de ágiles anteriormente.


Permítanme poner un ejemplo de compromiso territorial con el medio
rural: el Plan de extensión de banda ancha de la Diputación provincial de
Huesca, un plan pionero que da acceso de banda ancha a 321 localidades de
esta provincia antes de finalizar 2020, con la solvencia de dar servicio
a los ciudadanos y que puedan contratar las conexiones a internet a las
velocidades ofertadas realmente. Un plan similar estuvo durante el
Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Rajoy, en un cajón durante
un año y tuvo que ser el actual Gobierno el que desbloqueara la
situación. Esto sí es compromiso con el territorio y con la lucha contra
la despoblación. Si de verdad por su parte hubiese existido un compromiso
real de cooperación institucional, quizás la situación actual sería
mejor.


Por parte del Gobierno Socialista actual, desde cualquier
institución existirá un compromiso para apoyar proyectos de las entidades
locales que cumplan con la legislación vigente y que se coordinen con los
planes estatales.


La conexión de banda ancha, la conexión real para todos es
fomentar impacto en la igualdad de oportunidades, no solo en el mundo
rural, sino estableciendo un modelo territorial en conexión vanguardista
que hoy necesitamos para nuestro desarrollo, ya que las conexiones
digitales, señorías, son las infraestructuras del siglo XXI. Seamos
serios.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Nasarre.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Serrano.


La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, presidente.


Señorías, alarma en el mundo rural ante este ataque del Gobierno
Socialista. (Rumores); alarma en el mundo rural ante otro ataque del
Gobierno Socialista. Esa es la razón por la cual nosotros presentamos
esta moción, una moción que es justa y es muy sencilla.


Es justa porque los de los pueblos tenemos los mismos derechos que
los de las ciudades absolutamente en todo. Se lo hemos explicado mil
veces los del Partido Popular: los derechos los tenemos las personas, no
los territorios. Se lo hemos explicado mil veces con el tema de
Cataluña: los mismos derechos en Gerona que en Valladolid, los mismos
derechos los de los pueblos que los de las ciudades. Además, es muy
sencillo, porque es mantener lo que ya teníamos con el Gobierno Popular,
el Plan 300 %, 300 megabits de banda ancha ultrarrápida en el 100 % de
los pueblos y dotado, que no es baladí, con 525 millones.


Por lo tanto, esta moción es justa y es muy sencilla. Y digo
ataque —ante lo que se revolvían ustedes, señorías
socialistas— porque ataque es la Orden 1166 del Ministerio de
Economía de la señora Calviño, donde, como muy bien ha explicado la
senadora Clemente, baja el listón a las operadoras; incluso cuando hay
incumplimiento no se le quita la licencia, se cambia el que se le quita
la licencia por el que se le podrá quitar la licencia, y no se cubre el
total de la población.


Y yo me pregunto ¿qué le habremos hecho los de los pueblos a la
señora Calviño? Nos quita la banda ultrarrápida con la Orden del 29 de
octubre. Cuando estaba de eurofuncionaria en la Dirección General de
Presupuestos, desde su despacho salió una reducción de la PAC del 30 %.
¿Qué le hemos hecho los de los pueblos a la señora Calviño?
(Rumores).


Señorías, ante los despropósitos, desfachateces —bueno, por
decoro parlamentario, si le parece, no digo desfachateces, sino
insensateces—, insensateces (Rumores), sí, sí, del Gobierno; no me
digan que no es una insensatez, por ejemplo, lo del otro día de la
ministra cuando dijo que le gustaban los animales vivos, atacando una vez
más al mundo rural. (Rumores). Yo me pregunto, si le gustan los animales
vivos, ¿cómo se comerá las merluzas y los pollos? ¿Cómo se los come?
(Rumores.— Risas.— Aplausos). ¿Sabe a dónde la voy a llevar?
A un matadero de pollos para que vea que no les cantan La Traviata antes
de matarlos para que nos los comamos. Es una insensatez, porque
supone 187 000 puestos de trabajo en el mundo rural. Es un ataque más al
mundo rural. Y también la ministra Calviño, en la última orden que hizo,
el decreto ley para los actos jurídicos documentados, ¿saben de lo que se
le olvidó? Como lo hicieron tan deprisa para que lo pagasen los bancos,
se olvidaron de las cajas rurales. Otra vez otro ataque al mundo rural,
creando confusión e inseguridad jurídica.


Además, en los fondos de reindustrialización, otro ataque al mundo
rural. Había 811 millones y lo dejan en 400, 200 iban a las zonas
deprimidas, este es otro ataque al mundo rural. Otro ataque al mundo
rural es la política agraria común. Estamos en un momento clave y,
señorías de la izquierda, aunque los agricultores voten al centroderecha,
con la política agraria común no solo se defiende la renta de los
agricultores, que no es poco; con la política agraria común estamos
defendiendo alimentos sanos, seguros y a precios asequibles, que los
agricultores están produciendo por encima del coste, al que después fijan
el precio, precio que además ellos no pueden fijar. Por lo tanto, cuando
tomamos una tapita de queso con vinito estamos todos beneficiándonos de
la política agraria común. La política agraria común es muchísimo más que
la renta de los agricultores.


Pero también ha habido otro ataque al mundo rural con la subida
del impuesto del diésel. ¡Hombre, por favor! Y encima nos intenta
rectificar diciendo:






No, los agricultores usan gasóleo, se han confundido
los del PP. ¡Hombre, por favor! Sube el 11 % el precio del barril de
petróleo y el gasóleo en los cuatro meses que ustedes llevan gobernando
sube el 60 %, pero los agricultores tienen furgonetas y la calefacción no
es de gas natural, es de gasoil. Otro ataque al mundo rural: el
Ministerio de Trabajo cuando a los municipios de menos de 5000 habitantes
les quita la cuota reducida de los autónomos.


Y el gran ataque al mundo rural —el de innovación ni lo
menciono, que esperábamos que hiciera algo en el mundo rural, pero como
dice que no es cosa suya... Pues, bueno, vale—. El mayor ataque al
mundo rural: el presidente del Gobierno (Protestas.). ¿Dónde está la
financiación local? ¿Dónde está la financiación local para la prestación
de bienes y servicios dentro del mundo rural? Señorías, es un ataque
furibundo al mundo rural. Lo tacharía incluso casi de desprecio.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora SERRANO ARGÜELLO: Voy terminando.


Tienen que decirle a la ministra Celaá, que lo ha dicho como
portavoz, que gobernar es atender a la población, no agarrarse al sillón,
porque cuando ha hablado de resistir, de que están aquí para resistir y
no para gobernar, tienen ustedes que resistir el gran terremoto de
Andalucía y van a tener que resistir mucho más las réplicas (Rumores),
van a tener que agarrarse bien.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.


La señora SERRANO ARGÜELLO: Sí, señor presidente, termino con
esto.


Les pido que apoyen esta moción (Protestas), porque es una
cuestión de solidaridad con nuestros pueblos, a donde vamos a tener que
ir todos a respirar como siga Carmena gobernando. (Aplausos.) Es una
cuestión de solidaridad y de igualdad, y solo digitalizando nuestros
pueblos seguirá el gran avance de España.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Serrano.


Llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la
Presidencia).


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Popular con la incorporación de la enmienda aceptada, la número 2, de los
senadores de Compromís, del Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246;
votos emitidos, 246; a favor, 149; en contra, 88; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









MOCIÓN POR LA QUE SE MANIFIESTA LA POSICIÓN DEL SENADO SOBRE
LA JEFATURA DEL ESTADO Y SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA MISMA.


662/000139

GPMX


El señor presidente da lectura al punto 5.3.


El señor PRESIDENTE: La Mesa del Senado, en su reunión del día 4
de diciembre de 2018, no admitió a trámite los puntos 3 y 4 del primer
bloque, así como los puntos 4 y 6 del segundo bloque de la parte
dispositiva de esta moción.


A esta moción se han presentado dieciocho enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto: diecisiete por iniciativa de los senadores Mulet y
Navarrete, de las que han sido inadmitidas las números 2 a 17, y una por
iniciativa de la senadora Domínguez de Posada. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor. Y abandonen el hemiciclo
con rapidez. (Continúan los rumores).


Señorías, abandonen el hemiciclo con rapidez. Y guarden silencio.
(Continúan los rumores).


Señorías, yo no tengo ninguna prisa. Y me imagino que el senador
Iñarritu, tampoco. (Pausa).


Muchas gracias.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Iñarritu.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Con su venia, antes de comenzar, y en relación con el atentado que
hubo ayer en Estrasburgo, je voudrais exprimer ma douleur et je voudrais
exprimer aussi mon soutien, ma solidarité et mon support à toutes les
victimes, à leurs familles et à leurs proches. (Aplausos).


Traigo hoy aquí un asunto que no es nuevo, que tiene que ver con
el modelo de Estado y con la actual Jefatura del Estado. Como ustedes
conocen, España es uno de los pocos Estados en el mundo que mantiene este
residuo del Antiguo Régimen que son las monarquías. Es cierto que es una
monarquía parlamentaria la que está en la Jefatura del Estado, como hay
otras en la Unión Europea; pocas, pero hay otras. Y algunos de ustedes me
dirán: Es cierto, es una antigualla, es una institución antidemocrática.
Pero en países muy avanzados de Europa también hay monarquías
parlamentarias, y todos los conocemos. Dicho esto, y teniendo en cuenta
que cada Estado tiene que gestionar sus contradicciones, la monarquía
española, la Jefatura del Estado, se diferencia en algo del resto de
monarquías.


En primer lugar, no existe en Occidente ninguna monarquía que
tenga un nexo directo o una relación directa con los regímenes
totalitarios que hubo en la Unión Europea, cosa que sí tiene la monarquía
española. Está contaminada en origen. La restauración o la instauración
borbónica —en eso hay debate— fue decisión del dictador
Francisco Franco.


En segundo lugar, esta falta de legitimidad directa de la Jefatura
del Estado choca con lo que ocurrió en Italia, donde primeramente hubo un
referéndum para decidir si querían república o monarquía y posteriormente
se hizo la Constitución italiana. ¿Y por qué? Porque esta monarquía viene
con tocomocho, viene con trampa, controlada desde atrás. Como decía el
propio Adolfo Suárez, como en las encuestas le daba que no iba a salir
esta monarquía, decidieron introducirla directamente en la Constitución
para que fuera aprobada por la puerta de atrás.


Y algo que también diferencia a la monarquía española del resto de
monarquías es que está en cuestión, y no solamente en territorios como
Euskal Herria o Cataluña, donde esta institución se ve como algo ajeno y
fuera de lugar, sino también en la sociedad española. Vemos que se están
celebrando cada vez más consultas y referéndums en diferentes lugares
porque cada vez hay más gente que no ve esta institución útil y mucho
menos ejemplar. Y de ahí que se estén celebrando consultas y de ahí que
el CIS, desde 2015, haya decidido retirar la pregunta directa y clara
sobre la Jefatura del Estado.


Si hablamos de ejemplaridad, que es algo que se presupone a la
monarquía —recordemos que antes era también sagrada—, al
último rey no le echaron tanto por rey como por ladrón. Esta era la cita
que hacía Valle-Inclán sobre Alfonso XIII, un rey que fue un
sinvergüenza, que estas mismas Cortes Generales condenaron. Fíjense
ustedes qué ejemplar era, que apoyó un golpe de Estado, apoyó la
dictadura de Primo de Rivera. Tenía sus negocios oscuros, y por eso,
además, se le abrió un proceso judicial que paró posteriormente el
franquismo. Tenía también cuentas en Suiza, fíjense ustedes. Y varios
hijos ilegítimos, como se llamaban entonces, que no eran reconocidos por
este monarca, que, como digo, aparte de chorizo, era bastante
sinvergüenza. (Rumores).


Pero imagínense ustedes qué ocurriría a día de hoy si ocurriera lo
mismo. Imagínense —Dios no lo quiera— que hubiera un monarca
que estuviera implicado en golpes de Estado, cuentas en Suiza, negocios
oscuros, e hijos ilegítimos. ¿Qué ocurriría? Pues nada, porque es
inviolable. Por tanto, ¿no les parece contradictorio que una familia que
se presupone ejemplar sea inviolable? Si es ejemplar, ¿para qué necesita
esa inviolabilidad? ¿Pero acaso, si no es tan ejemplar, esa
inviolabilidad no se convierte en impunidad? ¿Qué dirían ustedes si
hubiera la mala suerte de tener un monarca involucrado en asuntos tan
turbios? ¿No dirían nada? ¿Dirían que no se puede hablar de esto?
¿Dirían, como ha dicho la Mesa, que hay temas que son tabú, de los que no
se puede hablar en este Parlamento de un Estado miembro de la Unión
Europea en pleno siglo XXI?


Pues el asunto es que quedan muchos asuntos turbios, empezando por
la representación, que es una de las labores principales de la Casa Real,
¿verdad? Y a mí que un representante del Estado vaya a una reunión de
mandatarios internacionales y le diga a otro mandatario ¿por qué no te
callas? me parece poco diplomático, poco protocolario y un poco
impresentable, hablando en términos diplomáticos. Y que se dé un saludo
con un serial killer como es el príncipe heredero de Arabia Saudí creo
que tampoco es de recibo. O el papel que debe cumplir una monarquía. Pero
en ese papel que le guarda la Constitución, de arbitraje y mediación,
discursos de macarrismo real, como el del 3 de octubre, me parece que no
se pueden aceptar. Y, claro, me decía la Mesa: No, esto se retira porque,
como no es una labor de control de Gobierno, no podemos reprobarlo. ¿Cómo
que no? Si en esta Cámara se ha reprobado a Venezuela, a la que tampoco
podemos controlar parlamentariamente. Incluso el Partido Popular ha
presentado una moción para reprobar a un senador. No hay problema para
presentar ese tipo de mociones. Eso sí, cuando se trata de la monarquía,
sigue habiendo tabúes.


Pero hablemos más a fondo. Quedan asuntos, como ese mito, esa
leyenda de que el rey salvó del 23 F a España. Pero yo creo que la
sociedad ya es adulta y que cuarenta años después no tiene sentido que
haya papeles que estén clasificados o sean secretos, para que la sociedad
pueda saber verdaderamente cuál fue el papel de ese monarca. O cuáles son
esos negocios o esas comisiones de las que se habla tanto y la gente da
por seguro. O incluso que el Partido Socialista, hoy en día monárquico,
haya cambiado de opinión y no quiere hacer pública la lista de
amnistiados fiscales porque parece que hay un rey en esa lista, y como
hay un rey es mejor no hacer pública esa lista.


Hablamos ahora de que hay una acusación de que un rey ha hecho una
labor también de macarrismo real, como es presionar a empresas para que
salgan de un territorio, como en Cataluña. Eso no es de recibo. Se debe
poder investigar, se tiene que aclarar, porque, si eso fuera verdad,
tendría que abdicar hoy mismo. Pero como no se puede investigar porque la
figura del rey es inviolable, nos encontramos en pleno siglo XXI con que,
ante acusaciones muy graves, este Parlamento tiene que mirar para otro
lado. Y además de mirar para otro lado, tiene una Mesa que vela por los
intereses supremos y veta asuntos como pueden ser una reprobación a un
acto fuera de lugar, como fue ese discurso de macarrismo real del 3 de
octubre, que no se pueda llamar a comparecer en un Parlamento a un
representante del Estado o que no se puedan aclarar sus cuentas. Porque
uno de esos mitos sobre los que se ha construido la monarquía española es
que es una Jefatura de Estado muy barata, que solo vale 8 o 9 millones de
euros, mucho más barata que cualquier república europea. Mentira; mentira
de libro. Lo que pasa es que cuando uno de los reyes se va a navegar o a
comer marisco a Vigo, el avión lo pone el Ministerio de Defensa, los
jardineros se los pone Fomento, las cocineras o los cocineros se los pone
el Ministerio de Sanidad, y así, como decía un antiguo miembro de esta
Cámara que todos ustedes conocen bien, el señor Anasagasti, se podría
estimar —porque en este Parlamento no se pueden hacer cálculos de
verdad— que el coste de la monarquía en el Estado español a día de
hoy ronda los 40 millones de euros.


Aparte de eso, hay una monarquía que es una de las grandes
fortunas del mundo, como dicen varios medios. Pero tampoco se puede
investigar dónde está el origen de esa gran fortuna, porque, claro, la
monarquía es una institución ejemplar y —en ese mito, en ese relato
que se ha construido— ha hecho magníficas cosas por España de las
que todos y todas las españolas deben estar orgullosísimas. Ya digo: es
una monarquía contaminada en origen por un régimen totalitario. Por
cierto, el monarca anterior juró ante las Cortes Generales cumplir los
principios del Movimiento y además hizo alusión a 1936. ¿Qué ocurre? O
cumplió ese juramento y estamos en una monarquía continuista de ese
régimen o no cumplió su juramento. Ahí habría un problema también: que no
cumplió su palabra.


Pero, dicho esto, falta esa legitimación popular, que es que la
ciudadanía pueda elegir libremente quién es su jefe del Estado, que no
sea una cuestión de fecundación sino una cuestión de elección. Y se está
protegiendo desde grandes instituciones del Estado para que no se pueda
debatir a fondo sobre este asunto. Y yo creo que ya ha llegado la hora,
porque hay una sociedad adulta que debe elegir entre monarquía y
república o repúblicas.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra, en
primer lugar, el senador Mulet.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyor president.


El senyor Iñarritu sap perfectament que compartim l’esperit
de la totalitat de la moció i també de la seua intervenció. Curiosament,
sabíem perfectament que aquesta moció no seria aprovada per aquesta
Cambra. Faig un exercici de clarividència. Ací s’aproven un altre
tipus de coses. De nou, hem vist com la Mesa censura aquells textos que
no li agraden de manera arbitrària, amb la desvergonyia de dir que les
esmenes presentades no tenen res a veure amb la moció. Total, si hi
votaran en contra, què més els té, que es puguen presentar o no? Ha de
ser el portaveu que ha presentat aquesta moció qui diga si accepta o no
les nostres esmenes, i després poden vostés votar, com no pot ser
d’una altra manera.


Censuren part de la moció i part les esmenes. Veten, per exemple,
que el senyor Iñarritu puga acceptar l’esmena per a instar a
reconèixer la legitimitat de la II República i la il·legalitat del
franquisme, dels seus tribunals, de les seues sentències i de les seues
decisions, com la de declarar hereu del règim a l’anterior monarca.
Veten que el senyor Iñarritu puga acceptar o no demanar la derogació,
encara que siga de manera simbòlica, del Decret de Nova Planta, que tant
al Regne de València com a altres regnes de l’Estat espanyol, va
promulgar el primer Borbó, Felip V. Diuen que això no té cap tipus de
rigor hui en dia. Això és mentida. Efectivament, encara estem patint els
efectes del Decret de Nova Planta. Veten que es puga sol·licitar als
Borbons demanar perdó, encara que siga simbòlic, pels excessos i abusos
comesos en els pobles i ciutats i sobre la ciutadania del País Valencià i
altres països i nacions de l’Estat espanyol, des de 1707 fins avui
Veten que el Senat puga instar o no a desclassificar tota la informació
relativa als possibles pagaments o desviaments de fons reservats per a
pagar eixos presumptes favors sexuals d’amistats femenines que
s’han publicat en la premsa, o comprar silencis en l’entorn
de Juan Carlos I. Per exemple, s’ha pagat o no s’ha pagat
dels fons reservats a la vedet Bárbara Rey? Seria interessant
saber-ho.


Veten que el senyor Iñarritu puga acceptar o no una esmena en la
qual es demana investigar els negocis presumptament il·lícits o èticament
reprotxables practicats per Juan Carlos I o les seues amigues especials,
aprofitant-se presumptament del seu càrrec, com les gestions fetes amb el
règim d’Aràbia Saudita, com hem vist tots en les fotos.


Solament n’accepten una, que és que el Senat inste al Govern
a iniciar els tràmits per a la reforma de la Constitució espanyola
referent al Títol II, per a consensuar un model d’Estat democràtic.
Això haurà de ser el senyor Iñarritu qui l’accepte o no. Ja sé que
vostés hi votaran en contra.


Per tant, a Espanya tenim una monarquia anacrònica i històricament
corrupta. Es veu que a vostés no els preocupa gaire que la gent puga
votar si vol o no vol eixe tipus de representació al Cap de
l’Estat.


Gràcies.


Gracias, señor presidente.


El señor Iñarritu sabe que compartimos el espíritu y la totalidad
de la moción y de su intervención. Curiosamente, sabía perfectamente que
esta moción no iba a ser aprobada por esta Cámara. Es un ejercicio de
clarividencia. De nuevo hemos visto cómo la Mesa censura aquellos textos
que no le gustan de manera arbitraria, con la desvergüenza de decir que
estas enmiendas presentadas no tienen nada que ver con el objeto de la
moción. Total, si votarán en contra, ¿qué más les da que se puedan
presentar o no? Tiene que ser el portavoz que ha presentado la moción
quien diga si las acepta o no.


Censuran parte de la moción y de las enmiendas. Vetan, por
ejemplo, que el señor Iñarritu pueda aceptar la enmienda para instar a
reconocer la legitimidad de la Segunda República y la ilegalidad del
franquismo, de sus tribunales, de sus sentencias y de sus decisiones
—como la declaración del régimen del monarca anterior—. Vetan
hacer posible la derogación, aunque sea de manera simbólica, del decreto
de nueva planta del Reino de Valencia, que aprobó Felipe V; dicen que
esto no tiene rigor hoy en día, pero, efectivamente, esto todavía afecta.
Vetan que se pueda instar a los Borbones a pedir perdón por todos los
excesos y abusos cometidos sobre pueblos y ciudades, y sobre la
ciudadanía del País Valenciano desde 1707 hasta hoy. Vetan que el Senado
pueda instar a desclasificar toda la información relativa a los posibles
pagos y desviaciones de fondos reservados para pagar esos presuntos
favores sexuales que ha publicado la prensa —amistades
femeninas— o comprar silencios en el entorno de Juan Carlos I.


Se ha hablado de fondos reservados. Vetan que el señor Iñarritu
pueda aceptar una enmienda para investigar los negocios presuntamente
ilícitos o éticamente reprochables practicados por Juan Carlos I
aprovechándose de su cargo, como, por ejemplo, las gestiones hechas con
Arabia Saudita —han visto las fotos—.


Solamente aceptan una, que es que el Senado inste al Gobierno a
iniciar los trámites para la reforma de la Constitución española relativa
al Título II para consensuar un modelo de Estado democrático. Deberá ser
el señor Iñarritu quien la acepte o no.


En España tenemos una monarquía anacrónica e históricamente
corrupta, y parece que no les preocupe si quieren votar o no este tipo de
representación en el Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.


Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


Señorías, Foro ha presentado una enmienda de sustitución a la
moción de Bildu. No soy ninguna ingenua: evidentemente no la va a
aceptar, pero me da pie a tener algo de tiempo para aclararle algunas
cuestiones.


Para empezar, la monarquía parlamentaria y la figura del rey han
sido refrendadas democráticamente por el pueblo español en dos ocasiones:
el referéndum para la Ley de la reforma política de 1976 y el referéndum
de la Constitución del 78.


Para seguir, la inviolabilidad de la Jefatura del Estado, si se
llegara a un acuerdo parlamentario, tendría que ser sometida a
referéndum, como establece la propia Constitución. Y no quiero dejar de
manifestar nuestra disconformidad con las palabras del presidente Sánchez
sobre este asunto. En cualquier caso, ese será su parecer.


Senador Iñarritu, ¿cómo se atreve a hablar de represión salvaje en
el referéndum del 1-O alguien que representa a una fuerza política que
fue portavoz de una banda terrorista que trató de imponer su régimen a
través del terror? (Fuertes aplausos). Señor Iñarritu, cobra usted como
senador. ¿Por qué lo hace, si reprueba el régimen jurídico constitucional
que ampara sus derechos y su salario? El ordenamiento jurídico español es
tan abierto y flexible que hace posible que formaciones como la suya y
otras, que llaman a salir a la calle ante el resultado de unas elecciones
plenamente libres y democráticas, puedan presentar iniciativas en esta
Cámara, tengan derecho a debatir y puedan vivir del espíritu antisistema
con la contribución de todos los españoles, incluidos los que ustedes
denostan, señalan o señalaron con un dedo acusador durante muchos años
violentos.


Ustedes quieren eliminar la monarquía porque así se cargarán la
Constitución, pero, por fortuna, las cuentas no les salen, y me atrevo a
vaticinar que no les saldrán. En tanto no logren una mayoría cualificada
para modificarla, consensuada y ratificada por la inmensa mayoría de los
españoles, seguirá cumpliendo muchos años. Y muchos seguiremos gritando
¡Viva el rey! Como asturiana, me siento orgullosa de que la familia real
elija una foto en el paradisiaco Parque nacional de Picos de Europa, en
este año de su centenario, para felicitar las Navidades a todos los
españoles; por cierto, una costumbre muy constitucional.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.


Tiene la palabra el senador Iñarritu, para indicar si acepta o no
las enmiendas.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


No he podido seguir a la senadora de Foro Asturias porque yo,
cuando alguien lee todo el rato todo, me aburro enseguida; no sigo, no
continúo. Pero... (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado). ¿Qué les pasa, señores hooligans? ¿Están
nerviosos? ¿Tienen hambre?


El señor PRESIDENTE: Guarden silencio.


Senador Iñarritu...


El señor IÑARRITU GARCÍA: ¿Qué les pasa hooligans? Ultras, ¿qué
les pasa? (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).


El señor PRESIDENTE: Senador Iñarritu, guarde también las formas
un poquito. Ellos van a guardar silencio. Y usted guarde un poquito las
formas.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Hay un grupo de hooligans que me está
interpelando. (Protestas).


El señor PRESIDENTE: Senador Iñarritu, se lo repito. No quiero
llamarle al orden. Ellos no guardan silencio y les llamo la atención. Y a
usted también para que guarde las formas.


El señor IÑARRITU GARCÍA: La Presidencia, además de serlo, debe
parecerlo, debe mantener ese nivel de neutralidad. (Rumores). Dicho
esto...


El señor PRESIDENTE: Me gustaría saber lo que opinan el resto de
los senadores sobre lo que acaba de decir. (Aplausos).


El señor IÑARRITU GARCÍA: En respeto al uso de la palabra, que me
lo están interrumpiendo constantemente.


El señor PRESIDENTE: Continúe, senador Iñarritu.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Lo mitos que crean normalmente las
monarquías... Los Reyes Magos son una leyenda, un mito, por si no lo
sabía. Don Pelayo también es un mito, una leyenda. Y que hay reyes que
son campechanos y preparados también es una leyenda, es un mito, como esa
leyenda que dice que gracias a la monarquía llegó la democracia a España.
No, mentira. La democracia o la cuasidemocracia llegó porque millones de
trabajadores, trabajadoras, pensionistas y estudiantes salieron a la
calle pidiendo libertad y que se acabara con el régimen. Y si esta
democracia es de esta calidad es precisamente porque quedan esos restos
del régimen anterior, ese espíritu de Franco instalado en la monarquía y
en otras instituciones que dan sus últimos coletazos.


Pero lo que parece mentira, y lo decía anteriormente, es que en
pleno siglo XXI se censuren asuntos que se traen a una Cámara diciendo
que no son asuntos parlamentarios. A mí me han vetado cuatro de esas
propuestas, y al senador Mulet le han retirado dieciséis de diecisiete
enmiendas que había realizado. Yo creo que no tiene sentido, señores de
la Mesa. Se han convertido en el grupo del teto: tú lo propones y yo te
lo veto. Es que, constantemente, en cuanto hablamos de monarquía, veto,
veto continuo.


Señorías, la monarquía, a día de hoy, además de ilegítima, de una
antigualla, está puesta en cuestión. Es el momento de que sea la
ciudadanía la que decida. Por eso no aceptaré la enmienda que ha
realizado la señora de Foro Asturias y sí aceptaré, aunque sea
simbólicamente, todas las enmiendas realizadas por Compromís, teniendo en
cuenta que lo primero debe ser dar la palabra a todas y todos los
senadores y aceptar todas aquellas enmiendas o asuntos de los que se
quiera tratar. Somos personas adultas, señores mayores, y se puede hablar
de cualquier cosa si se hace con respeto a todos y a cada uno de los
senadores y senadoras. Por eso, como digo, aceptaré la enmienda que queda
viva y el resto, aunque sea simbólicamente, de las enmiendas de
Compromís.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.


Que le quede muy claro, y no acostumbro a hablar ni a interferir
en los debates: la Mesa lo que ha hecho simplemente, a la vista de su
moción y de las enmiendas que ha presentado el senador Mulet, es aplicar
la Constitución, el Reglamento del Senado, las sentencias que hay del
Tribunal Constitucional y la legislación vigente. ¿Que no está usted de
acuerdo? Esa es otra cuestión, pero la Mesa cumple con su labor.
(Aplausos).


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Mulet.


El señor MULET GARCÍA: Obviamente, también estoy completamente en
desacuerdo con la interpretación que hace la Mesa de la legalidad. Son
interpretaciones, y desde mi punto de vista también completamente
arbitrarias.


El problema, como comentaba el señor Iñarritu, es que cuando se
plagia de Google, en Google hay mucha barbaridad suelta, y a veces se
sueltan auténticas barbaridades también aquí, en esta Cámara.


La Mesa ha vetat les meues esmenes perquè deien que són
irrespectuoses, indecoroses, que «ofendían al sentido de la educación, a
la mínima lògica racional, que no eran ontológicamente acceptables». A mi
el que em sembla indecorós, irrespectuós, que ofén el sentit de
l’educació i la lògica mínima és, per exemple, el que s’està
publicant aquests dies sobre el que s’ha practicat des de les
clavegueres de l’Estat, quan al front del Ministeri de
l’Interior i al front de la Policia Nacional estava el senyor
Cosidó. I aquest senyor encara continua ocupant ací el càrrec de portaveu
del Grup Parlamentari Popular. A mi el que em sembla irrespectuós,
indecorós, contra el sentit de l’educació i contra la lògica
racional és que estiguem pagant una persona perquè vaja pel món a matar
elefants. Viva el Rey, no? Em sembla indecorós, irrespectuós i que
atempta ontològicament contra els principis que paguem una persona perquè
es dedique a assassinar ossos emborratxats. Viva el Rey, també. Em pareix
indecorós i irrespectuós que paguem una persona perquè faça negocis amb
dictadures sanguinàries. Viva el Rey, también. Em pareix indecorós que
paguem amb fons reservats de tots els espanyols la presumpta
incontinència sexual d’un monarca. Això em pareix indecorós i
irrespectuós.


Vostés tenen por a les urnes, això ho sabem, i tenen por que la
gent puga triar si volen monarquia, corrupta o no, o si volen una altra
forma de cap d’Estat. Que vote la gent lliurement. Jo, i la majoria
d’espanyols, no vam poder votar ni monarquia ni república. El
problema d’aquesta monarquia és que, en primer lloc, la monarquia
en sí, ja com a concepte, és un anacronisme; no és una forma democràtica
que el cap de l’Estat no es puga triar. I, especialment, aquesta
monarquia, els Borbons, des de 1707 fins ara, han donat mostres més que
suficients que, des de Felip V fins a Undargarin, és una monarquia
corrupta, la monarquia més corrupta, segurament, del món, i mira que
n’hi ha moltes. Per tant, volem que la gent puga votar. Sabem que
vostés tenen por a les urnes, però nosaltres no la tenim. Evidentment,
aquesta moció no eixirà endavant, però nosaltres continuarem batallant
per demanar eleccions i demanar que es puga votar.


Gràcies.


La Mesa ha vetado mis enmiendas porque decía que eran
irrespetuosas, indecorosas y que ofendían el sentido de la educación y la
mínima lógica racional, y que no eran ontológicamente aceptables. A mí lo
que me parece indecoroso, irrespetuoso y que ofende a la lógica mínima
es, por ejemplo, lo que se está publicando estos días sobre lo que se ha
practicado desde las cloacas del Estado cuando al frente del Ministerio
del Interior y al frente de la Policía Nacional estaba el señor Cosidó, y
que este señor todavía ostente la portavocía del Grupo Popular. Lo que me
parece irrespetuoso y contra la lógica racional es que estemos pagando a
una persona para que vaya por el mundo a matar elefantes. Me parece
indecoroso, irrespetuoso y que atenta contra los principios que paguemos
a una persona que se dedique a asesinar a osos emborrachados. Me parece
indecoroso e irrespetuoso que paguemos a una persona para que haga
negocios con dictaduras. Me parece indecoroso que paguemos con fondos
reservados de todos los españoles la presunta incontinencia sexual del
monarca. Me parece indecoroso e irrespetuoso todo esto.


Ustedes tienen miedo a las urnas, eso lo sabemos. Tienen miedo a
que la gente pueda elegir si quiere una monarquía u otra forma de
Jefatura del Estado, que pueda elegir libremente. Hoy la mayoría de los
españoles no pueden votar eso. El problema de la monarquía es que como
concepto es un anacronismo, no es una forma democrática que el jefe del
Estado no se pueda elegir. Y especialmente esta monarquía de los
Borbones, desde 1700 hasta hoy, desde Felipe V hasta Urdangarín, ha dado
muestras de que es una monarquía corrupta. Por lo tanto, que la gente
pueda votar en las urnas. Nosotros no tenemos miedo a las urnas.
Seguiremos batallando para pedir elecciones y que se pueda votar.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.


¿Alguna intervención más? (La señora Domínguez de Posada pide la
palabra).


Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


Senador Iñarritu, con todo lo que le he dicho, usted únicamente se
ha dedicado a hacer la gracieta de que le aburre que alguien lea. Pues
mire, siga aburriéndose, porque yo me alegro enormemente. Le he dicho
cosas muy duras que no ha sido capaz de rebatir.


Muchas gracias.






(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.


¿Alguna intervención más? (El señor Iñarritu García pide la
palabra).


Senador Iñarritu, tiene la palabra.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quería dejar claro que yo no tengo ningún
problema con esta Mesa; además, creo que usted hace una buena labor de
presidencia. Lo que denunciaba es que cuando llega cierto asunto a esta
Cámara, como es el asunto de la monarquía, enseguida la gente se pone
nerviosa. Y no es solamente una cuestión de esta institución; también en
este momento el presidente del Gobierno parece que está nervioso porque
va a salir un escándalo —parece— del señor Villarejo que
pondría en riesgo una institución del Estado. Lo que ocurre es que se ha
convertido en un tabú, en un tótem sagrado.


Recientemente, a un cronista real que yo creía que no iba a
nombrar nunca en esta Cámara, el señor Peñafiel, le preguntaban en una
entrevista en el diario El Mundo si él era monárquico, y él contestaba:
No, no, imposible. ¿Cómo voy a ser yo monárquico? Le dijeron: ¿Por qué? Y
respondió: Es que yo les conozco.


El asunto es ese. Es que la monarquía tampoco es ejemplar, todo
responde a un mito. Hay una expresión en castellano: vivir como un rey o
vivir a cuerpo de rey. En España se dice borbonear. Y eso responde a
reyes como Alfonso XIII, del que hablábamos antes, y quizás también a
otros. El asunto es que, a día de hoy, hay una jefatura de Estado
contaminada en origen por un régimen franquista, no legitimada
democráticamente en las urnas —por eso se hizo el tocomocho de
meterla en la Constitución por la puerta de atrás— y que en este
momento está cuestionada. Es hora ya de que la ciudadanía elija qué
modelo de Estado quiere, si quiere monarquía o repúblicas, o república,
que sea la ciudadanía, que es mayor de edad, y que haya control,
transparencia y se pueda hablar tanto en esta Cámara como en cualquier
otro lugar de lo que tiene que ver con esa institución o con
cualquiera.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.


¿Hay alguna intervención más en el Grupo Mixto?
(Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el
senador Cleries.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, president.


En primer lloc, també volem mostrar la solidaritat amb el poble
francès per l’atemptat d’ahir. Hem de ser solidaris quan
també nosaltres ho hem patit i el poble francès ha estat amb nosaltres.
(Aplaudiments.)


D’altra banda, mentre aquí estem parlant, sembla que en una
democràcia hi ha quatre persones en vaga de fam i nou presos polítics i
exiliats polítics. I ja que al Gobierno del senyor Sánchez li preocupa la
dejación de funciones, doncs per la dejación de funciones del Tribunal
Constitucional està passant això. Perquè porten més d’un any per
resoldre un recurs d’empara a persones que estan en presó
preventiva fa més d’un any. Si ets un feixista violent que fas un
recurs d’empara tenint una sentència de quatre anys de presó, en
quatre dies et contesten i t’envien a casa. Aquesta és la
diferència entre ser català o ser feixista; i aquesta és la situació que
es viu en aquesta anomenada democràcia.


A nosaltres també ens ha sorprès que aquesta moció no es pugui
veure sencera, i es fa —i ho deia el president i ho respectem, però
no ho compartim— en nom de la Constitució. Quan l’any 78 es
va votar la Constitució es va fer en nom de la llibertat, no per reprimir
la llibertat. I quan una Constitució, en lloc de ser un espai de
llibertat, passa a ser una gàbia que t’empresona, de poc serveix
com a instrument democràtic.


Hi ha dos punts als quals vull fer referència breument. Un és el
que reprovava el discurs del Cap de l’Estat del passat 3
d’octubre, i diuen que això no es pot tractar. Quan un Cap
d’Estat deixa de ser àrbitre i es posa de part de la repressió, de
part del «a por ellos, per què no en podem parlar? Si aquest senyor
s’ha mullat d’una banda, si ell ha volgut intervenir, si el
Cap de l’Estat ha baixat al que se’n diu l’arena
política, doncs ha de sotmetre’s a l’arena política, i que no
sigui immune i pensi «jo puc dir el que vulgui perquè soc inviolable i
ningú no em pot dir res». Doncs no, si ell ataca el poble de Catalunya,
la majoria del poble de Catalunya, nosaltres el podem reprovar. I encara
que no ho pugui votar, el Partit Demòcrata reprova l’actuació del
Cap de l’Estat en aquell discurs del 3 d’octubre tan
desgraciat. A més a més, també val a dir que la monarquia a l’Estat
espanyol està en una situació de crisi. Abans ho deia el senador
Iñarritu. Avui la monarquia viu pendent del senyor Villarejo. Quan un viu
pendent del senyor Villarejo, per alguna cosa deu ser.


Després diu: «aclarar cuáles fueron las gestiones y presiones
presuntamente realizadas por el Jefe del Estado el pasado año en
Cataluña». Diferents mitjans de comunicació han informat que el rei va
fer trucades a empreses perquè marxessin de Catalunya. Aquesta pressió és
indigna d’un Cap de l’Estat, un Cap de l’Estat que
vulgui ser també Cap de l’Estat de Catalunya. Que sàpiga que a
nosaltres no ens representa un Cap de l’Estat que va contra
l’economia catalana i contra les empreses que estan a
Catalunya.


Avui, per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció
—tot i que lamentem que no tingui tots el punts—, i ho fem
amb la convicció que avui aquesta monarquia ha quedat desfasada, i que
aquesta monarquia no està servint els interessos ni de Catalunya ni del
conjunt de l’Estat espanyol. És una monarquia que no ha sabut
mantenir-se en el lloc que es va prometre en el primer moment. Però és
cert que jo mateix he volgut mirar les imatges de quan es va produir la
promesa de «tenim un nou Cap d’Estat quan desaparegui el dictador
Franco». Quan es van aixecar les Corts Generals va ser quan el senyor
Juan Carlos va dir —i acabo senyor president—: seré fidel
al 18 de julio de del 1936. Allà va demostrar que també era el rei
d’una part i que no volia ser el rei de tots.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, quiero mostrar nuestra solidaridad con el pueblo
francés por el atentado de ayer. Tenemos que ser solidarios cuando
nosotros también lo hemos sufrido y el pueblo francés ha estado con
nosotros. (Aplausos).


Por otro lado, mientras aquí estamos hablando, parece que en una
democracia, hay cuatro personas en huelga de hambre y nueve presos
políticos y exiliados políticos. Al Gobierno del señor Sánchez le
preocupa la dejación de funciones, pues por la dejación de funciones del
Tribunal Constitucional está pasando esto, porque llevan más de un año
para resolver un recurso de amparo a personas que están en prisión
preventiva desde hace más de un año. Si eres un fascista violento que
presentas un recurso de amparo teniendo una sentencia de cuatro años de
prisión, en cuatro días te contestan y te envían a casa. Esa es la
diferencia entre ser catalán o ser fascista; esa es la situación que se
vive en esta llamada democracia.


También nos ha sorprendido que esta moción no se pueda ver entera.
Y esto se hace —lo decía el presidente y lo respetamos, aunque no
lo compartimos— en nombre de la Constitución. Cuando en el año 1978
se votó la Constitución se hizo en nombre de la libertad, no para
reprimir la libertad y cuando una Constitución, en lugar de ser un
espacio de libertad, pasa a ser una jaula que te aprisiona, de poco sirve
como instrumento democrático.


Hay dos puntos a los que quiero hacer referencia brevemente. Uno
de ellos es el que reprobaba el discurso del jefe de Estado del pasado 3
de octubre. Decían: No, esto no se puede tratar. Escuchen, cuando un jefe
de Estado deja de ser árbitro y se pone de parte de la represión, de
parte del «a por ellos», ¿por qué no vamos a poder hablar de ello? Si
este señor se ha mojado por un bando, si ha querido intervenir, si el
jefe de Estado ha bajado a la arena política, tiene que someterse a la
arena política, no puede ser inmune; si no, yo puedo decir lo que quiera
porque soy inviolable y nadie me puede decir nada. Pues no, si él ataca
al pueblo de Cataluña, a la mayoría del pueblo de Cataluña, nosotros
podemos reprobarlo. Y aunque no lo pueda votar, el Partido Demócrata
reprueba la actuación del jefe de Estado en aquel discurso del 3 de
octubre tan desgraciado. Además, también hay que decir que la monarquía
en el Estado español está en situación de crisis. Antes lo decía el
senador Iñarritu: hoy, la monarquía vive pendiente del señor Villarejo.
Pues cuando alguien vive pendiente del señor Villarejo por algo
será.


En otro punto de la moción se dice: aclarar cuáles fueron las
gestiones y presiones presuntamente realizadas por el jefe del Estado el
pasado año en Cataluña. Distintos medios de comunicación han informado de
que el rey hizo llamadas a empresas para que se fueran de Cataluña. Esa
presión es indigna de un jefe de Estado, de un jefe de Estado que quiera
serlo de Cataluña también. Pues que sepa que a nosotros no nos representa
un jefe de Estado que va contra la economía catalana y contra las
empresas que están en Cataluña.


Hoy, por tanto, vamos a votar a favor de esta moción
—lamentamos que no tenga todos los puntos— y lo hacemos con
la convicción de que hoy esta monarquía ha quedado desfasada y no está
sirviendo a los intereses ni de Cataluña ni del conjunto del Estado
español. Es una monarquía que no ha sabido mantenerse en el lugar que se
prometió en un primer momento. Yo mismo he querido ver las imágenes de
cuando se produjo esa promesa: tendremos un nuevo jefe de Estado cuando
desaparezca el dictador Franco. Cuando se constituyeron las Cortes
Generales, el señor Juan Carlos dijo —y acabo, señor
presidente—: seré fiel al 18 de julio de 1936. Allí también
demostró que era el rey de una parte y no quería ser el rey de
todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Ahedo.


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.


Vaya por delante que yo no soy monárquica, no creo en el derecho
divino, menos cuando fue un derecho muchísimo más prosaico el que trajo a
los Borbones a España: una guerra de nada porque el último Austria no
podía procrear. Y divino tampoco es porque un dictador nombró sucesor y
se restauró la monarquía en España. Les recuerdo que no preguntaron a
nadie —ya lo han dicho—, debe ser costumbre la de no
consultar, y esa costumbre viene de largo, formará parte de la
idiosincrasia española.


Pero no estamos hablando de monarquía en general, así que me voy a
centrar en la moción concreta que rebatimos. Señor Iñarritu, respecto al
primer punto, me voy a remitir a una transaccional que aprobó mi partido,
entre otros, hace menos de quince días en el Parlamento vasco y que un en
su punto quinto —leo literal— dice: En una sociedad
democrática todo cargo público de representación de la ciudadanía debe
ser elegido y renovado periódicamente a través de elecciones. Este
principio y valor debe hacerse extensivo a la jefatura del Estado. Con lo
cual, creo que sobre ese punto no tenemos nada más que decir.


Respecto a la inviolabilidad de la figura del rey, nuestra postura
es clara también. El pasado 18 de septiembre se debatió en el Congreso de
los Diputados una iniciativa de Ciudadanos referente a los aforamientos y
el Grupo Vasco, el PNV, presentó una enmienda que pedía la supresión de
los aforamientos sin excepción y, además, la modificación del
artículo 56.3 de la Constitución a fin de suprimir la inviolabilidad del
rey en su actividad institucional. Por supuesto, no se aceptó, pero la
verdad es que no debería haber tenido problema cuando los dos reyes,
porque este país no se priva de nada, han proclamado que todos los
españoles son iguales ante la ley.


Pero esta moción creo que habla fundamentalmente de transparencia,
y si vamos a la Ley de transparencia, la Ley 19/2013, veremos que en su
preámbulo dice: solo cuando la acción de los responsables públicos se
somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman
las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o
bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del
inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder
a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación. La
lectura del preámbulo de la Ley de transparencia me genera una duda
—o más de una— porque la jefatura del Estado, o sea, el más
alto representante del Estado, ese teórico árbitro y mediador del
funcionamiento regular de las instituciones —por cierto, ya hemos
visto muchas veces que es un árbitro no sé si casero o comprado—,
resulta que —al menos así parece— no es un poder público
porque no tiene que hacer todo ese tipo de acciones. Y, claro, al
preparar la moción me surgió una segunda duda, pues pensé: cuando una
entidad de utilidad o interés público recibe una subvención,
obligatoriamente tiene que justificar no solo hasta el último céntimo,
sino también la actividad. Así que si la monarquía no tiene que
justificar absolutamente nada, la lógica me dice que, según la ley, no
parece que sea de utilidad o interés público.


Volviendo a la Ley de transparencia, el preámbulo también dice:
Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye
a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y
eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico. Ahí lo dejo,
creo que no hay que decir nada más.


Finalmente, voy a hablar de la desclasificación de la información
a la que se refiere la moción. En noviembre de 2016 mi grupo presentó en
el Congreso una propuesta de modificación de la Ley de secretos oficiales
para, entre otras cuestiones, fijar plazos máximos para el mantenimiento
del secreto y la reserva. Sin embargo, dos años después, duerme en el
limbo de los justos. Y no solo hemos intentando desbloquearlo nosotros en
el Congreso, sino que ya se intentó en la tramitación de la Ley de
memoria histórica y de transparencia. Pero todavía no ha habido un
Gobierno valiente en España, porque si no, treinta y siete años después,
la información sobre el 23-F sería pública hace ya muchos años.


Por último, quiero volver al preámbulo de la Ley de transparencia,
que dice que en el ordenamiento jurídico español ya existen normas
sectoriales, pero que, sin embargo, esta regulación resulta insuficiente
en la actualidad y no satisface las exigencias sociales y políticas del
momento; ni de aquel momento, en 2013, ni de este momento, en 2018;
ahora, tampoco. Y realmente creo que la más interesada en obrar con
transparencia debiera ser la propia Casa Real. Primero, por ejemplaridad,
pero, sobre todo, al ver cómo baja su índice de popularidad, aunque,
claro, como el CIS no les pasa este dato, a lo mejor no se han enterado
todavía.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora AHEDO CEZA: Nada más.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Ayats.


El señor AYATS I BARTRINA: President, senyories, la monarquia està
qüestionada, per tractar-se d’una institució medieval, per tenir
privilegis com la inviolabilitat, per un sou de gairebé de vuit milions
d’euros anual —aquesta és la part que sabem, perquè com es
deia, l’opacitat que s’ha practicat sempre ens ha deixat
sense conèixer exactament quines altres partides es destinaven a la
monarquia— i, sobretot, perquè mai la ciutadania l’ha votat;
sobretot per això. Per tot això, tal com indica aquesta moció, són moltes
les institucions que rebutgen la monarquia, i cada vegada en són més i
cada vegada en seran més. Aquesta mateixa setmana el ple de
l’Ajuntament de Girona —de la meva ciutat—, un
ajuntament escollit democràticament, revocava l’acord
d’adhesió a la monarquia i al rei emèrit; un acord subscrit el 1975
per un ajuntament no democràtic. I no és una anècdota. Fa poques
setmanes, el Parlament de Catalunya —insisteixo, un parlament
escollit democràticament— votava la reprovació de Felip de
Borbó.


Aquesta moció parla sobretot del rebuig d’Euskadi i
Catalunya, però ja apunta que això va molt més enllà. Per això, des
del 2015, el CIS no pregunta sobre la monarquia; però no ho podran
amagar. Ahir llegíem com el segon diari alemany amb més lectors
assenyalava el rei com el més impopular d’Europa, i feia un repàs
exhaustiu dels escàndols: comissions per mediar a l’AVE, la presó
d’Undargarín, etcètera, etcètera. Molts d’aquests escàndols
tenen a veure amb l’opacitat, i amb la transparència que demana
aquesta moció per tal de deixar-los al descobert. Parla també de
l’error històric del discurs del 3 d’octubre —després
m’hi referiré— i el final d’aquest article és el
principi. Perquè ataca la legitimitat de la monarquia des del minut zero,
perquè és el dictador el qui nomena el rei. Si volien democràcia, havien
d’acceptar el rei Joan Carles I; textualment l’article que
els deia en aquests moments. Que ningú ho oblidi: el rei d’Espanya
accepta la Constitució, sí, després de jurar fidelitat a Franco i a los
principios del Movimiento.


Però parlem de la monarquia avui, i durant el procés que vivim a
Catalunya. Ja s’han referit a les pressions abans de l’1
d’octubre, de la compareixença, la greu compareixença, del 3
d’octubre, on legitimava tota l’acció repressiva. Aquesta
compareixença va tenir detalls brutals, com el quadre de Carles III que
tenia al darrere; un quadre de Carles III amb un bastó; Carles III, fill
de Felip V, també molt estimat pels catalans, i espero que entenguin el
que els vull dir. Felip de Borbó, a més a més, no va demostrar la més
mínima empatia per tots els ciutadans que van ser víctimes dels cops i de
la repressió quan, senzillament, anaven a votar.


Ara ens demanen, a més a més, que aplaudim, que fe cega en la
monarquia i que no preguntem, i que això de la transparència, ja en
parlarem un altre dia. Doncs mirin, la nostra resposta és república, i la
nostra resposta són valors republicans. I un dels principals valors
republicans és la igualtat, sense excepcions. De reis, ni el pare, ni el
fill ni l’esperit de Franco, que està en tots dos.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Presidente, señorías, la monarquía está cuestionada, por tratarse
de una institución medieval, por tener privilegios como la inviolabilidad
o por recibir un sueldo de casi 8 millones de euros anuales. Esta es la
parte que sabemos, porque, como ya se ha dicho, la opacidad que se ha
practicado siempre nos ha dejado sin saber exactamente qué otras partidas
se destinaban a la monarquía. Pero, sobre todo, lo está porque la
ciudadanía nunca la ha votado. Por todo eso, tal y como indica esta
moción, son muchas las instituciones que rechazan la monarquía y cada vez
son y serán más. Esta misma semana, el Pleno del Ayuntamiento de Girona,
mi ciudad, un ayuntamiento elegido democráticamente, revocaba el acuerdo
de adhesión a la monarquía y al rey emérito, un acuerdo suscrito en 1975
por un ayuntamiento no democrático, y no es una anécdota. Hace pocas
semanas, el Parlamento de Cataluña —insisto, un Parlamento escogido
democráticamente— votaba la reprobación de Felipe de Borbón.


Esta moción habla sobre todo del rechazo en Euskadi y Cataluña,
pero apunta que va mucho más allá. Por eso, desde 2015 el CIS ya no
pregunta sobre la monarquía, aunque no lo van a poder esconder. Ayer
leíamos que el segundo diario alemán con más lectores señalaba al rey
como el más impopular de Europa y hacía un repaso exhaustivo de
escándalos: comisiones por mediar en el AVE de la Meca, la prisión de
Urdangarín, etcétera. Muchos de esos escándalos son parte de la opacidad
para la que esta moción pide transparencia, y debería quedar al
descubierto. El artículo también habla del error histórico del discurso
del 3 de octubre —al que luego me referiré— y, al final, se
refiere al principio, pues ataca la legitimidad de la monarquía desde el
minuto cero, ya que fue el dictador quien nombró al rey. Si querían
democracia, debían aceptar al rey Juan Carlos I, decía textualmente este
artículo que acabo de citar. Que nadie lo olvide: el rey de España acepta
la Constitución, sí, después de jurar fidelidad a Franco y a los
principios del Movimiento.


Pero vamos a hablar de la monarquía de hoy y durante el proceso
que vivimos en Cataluña, al que ya se han referido. Hablemos de las
presiones antes el 1 de octubre o de la grave comparecencia del 3 de
octubre en la que legitimaba toda la acción represiva. Una comparecencia
con detalles brutales, como el cuadro que tenía detrás, de Carlos III con
un bastón —Carlos III, hijo de Felipe V, muy querido también por
los catalanes—. Espero que entiendan lo que quiero decirles. Una
comparecencia en la que Felipe de Borbón, además, no mostró la más mínima
empatía por todos los ciudadanos que fueron víctimas de los golpes de la
represión cuando, sencillamente, iban a votar.


Y ahora nos piden que aplaudamos, fe ciega en la monarquía y que
no preguntemos;






que esto de la transparencia, ya lo hablaremos otro día.
Pues bien, nuestra respuesta es: república y valores republicanos. Y uno
de los principales valores republicanos es la igualdad, sin excepciones.
Reyes, ni el padre ni el hijo ni el espíritu de Franco, que está en los
dos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ayats.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Mora.


La señora MORA GRANDE: Muchas gracias, señor presidente.


Tratamos una moción sobre la monarquía, sobre si transitamos o no
a una república, porque tenemos una institución, la jefatura del Estado,
que puede ser antidemocrática, poco transparente o una anomalía
democrática poco transparente y no sujeta a control.


La base de nuestra democracia, según la Constitución, reside en el
pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado
—artículo 1 de la Constitución española—. Sin embargo, sí
tenemos anomalías y a veces la jefatura del Estado se escapa de este
principio fundamental de legitimidad en una democracia. Por ejemplo, en
teoría, una de las funciones del jefe del Estado es ser un alto
representante en las relaciones internacionales. Pero ¿qué pasa si en
esas relaciones internacionales hace un viaje, por ejemplo, a Arabia
Saudí y se dedica, como jefe del Estado, a defender intereses privados en
vez de intereses públicos? ¿Qué pasaría? Pues resulta que nada, porque no
lo podemos investigar ni preguntar. La soberanía popular, representada en
las Cortes Generales, no puede investigarlo ni preguntarlo, ni siquiera
manifestar que nos parece o nos deja de parecer. Es difícil, por tanto,
sentirse representado por una institución a la que ni siquiera podemos
dirigirnos ni podemos controlar, y donde hay una falta de transparencia y
una opacidad absoluta.


¿Qué pasa cuando fuera de sus funciones constitucionales hace
declaraciones políticas de gran calado, como la del 3 de octubre, sin
refrendo? Nada. Porque no podemos preguntar ni controlar ni decir
absolutamente nada. No podemos saber ni investigar si el rey emérito se
llevó comisiones millonarias del AVE a la Meca. No podemos saber ni
preguntar ni investigar si su presunta amante hacía funciones de
comisionista en Arabia Saudí. Tampoco podemos saberlo. ¿Tiene dinero en
paraísos fiscales? ¿Tiene fortuna en el extranjero? ¿Paga impuestos?
Según el New York Times, en 2012 tenía una fortuna de más de 1700
millones de euros. ¿De dónde sale esto? No lo podemos investigar.
¿Tributa? ¿Se le hacen inspecciones fiscales? Sabemos más de lo que
tienen, de lo que no tienen o del armario de la familia real, por las
revistas del corazón de toda la vida que por lo que en la sede de la
soberanía popular podamos averiguar para saber cuál es su patrimonio,
cuál es su dinero —nuestro dinero, con el que pagamos— y qué
hacen con él. Es imposible que nos podamos sentir representados por una
institución así.


De seguir así, nos vamos a encontrar además con situaciones
absolutamente incompatibles con la democracia. Por ejemplo, ¿qué va a
pasar cuando el rey emérito falte porque le llegue su momento? ¿Qué va a
pasar con su fortuna si la tiene en paraísos fiscales? ¿El rey actual la
va a aceptar sin más?, ¿la va a declarar?, ¿va a pagar? ¿Vamos a poder
averiguarlo? ¿Vamos a poder investigarlo? Para colmo, cuando se regula en
la Constitución esta figura, se hace contra el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, como todos sabemos. Ya está tan obsoleta su
regulación que incluso el artículo 58, cuando habla del rey o reina
consorte, impide textualmente que el rey o reina consorte provengan de
una pareja homosexual. Absolutamente obsoleto. ¿Qué pasaría si la
heredera actual al trono tuviera una pareja mujer? Pues resulta que,
según la Constitución, no podría ser nombrada reina consorte de la reina.
Obsoleto ya es poco. Sé que van a decir que fue aprobado por los
españoles en el referéndum de la Constitución de 1978, pero esa
Constitución fruto de la transición se votó en bloque y sabemos
perfectamente por Adolfo Suárez, precisamente, que se hurtó a la
ciudadanía poder votar en referéndum el modelo de Estado, porque se sabía
que mayoritariamente la población española quería una república. A todo
esto, también dijo Adolfo Suárez que en ese momento Felipe González
presionaba a los países extranjeros para que hubiera un referéndum. ¡Anda
que no han cambiado nada desde entonces!


La sociedad actual quiere a un jefe del Estado que se le pueda
votar. En las universidades españolas está habiendo numerosos
referéndums. El CIS deja de hablar —eso es culpa del PP y
PSOE— de la monarquía cuando hay una gran desafección. Queremos un
jefe del Estado que nos represente y que cuando represente sus intereses
privados y haga cosas que no debe hacer se le pueda controlar; que pueda
ser fiscalizado, que sea trasparente, que se le vote en las urnas, que no
se decida por inseminación y que esté sometido al único poder legítimo
que existe, que es la soberanía popular, las Cortes Generales, y eso solo
y exclusivamente puede hacerse con una república.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Lima.


La señora LIMA CID: Gracias, señor presidente.


Señor Iñarritu, nos presenta una soflama. A esto no se le puede
llamar moción. ¿A qué viene tantísima preocupación por la jefatura de un
Estado al cual usted no quiere pertenecer? Ustedes atacan la monarquía,
no por valores republicanos, de lo que poco hablan en su iniciativa; esa
que fue aprobada en nuestra Constitución, refrendada por la mayoría de
españoles y españolas en 1978, esa que ustedes no reconocen cuando toman
su acta de senadores y senadoras.


Nos presenta un compendio de acusaciones y medias verdades, y se
valen de ellas para fundar el rechazo social a la monarquía con un
mecanismo único: para debilitar al Estado, independientemente de que este
fuese monárquico o republicano. ¿De verdad creen que en cualquier tipo de
modelo de Estado ustedes estarían en otra posición?


Señoría, cuando afirma que la monarquía es una institución arcaica
y antidemocrática, además de impuesta, debo recordarle que el hecho de
que la forma de Gobierno de nuestro Estado sea una monarquía
parlamentaria es una decisión constitucional aprobada por un pueblo y no
del régimen franquista. ¿O acaso me está diciendo que democracias
europeas como la de Suecia, Bélgica, Gran Bretaña, Noruega, Dinamarca u
Holanda también son arcaicas? Además, le recuerdo algo. Se refiere al rey
como un cargo público de representación de la ciudadanía, pero este no lo
es, es una institución constitucional que, además, no es electa. Electos
y electas somos nosotros y nosotras, que somos quienes tenemos la
responsabilidad de mejorar la vida de las personas, señor Iñarritu.
(Aplausos).


Tras aclarar estas cuestiones que premeditadamente promueven, me
gustaría, señorías, pedir de una vez por todas que nos ocupemos y
preocupemos de los problemas reales de las personas a las que
representamos. Como representantes políticos de este país, debemos ser
rigurosos, responsables, dejar de jugar con discursos imprecisos y
populistas que se encajan en la sociedad con el único propósito de buscar
o rédito político o enmarañar más la situación. No todo vale. Debemos ser
útiles para quienes esperan mucho más de nosotros y no una carga.
Parémonos un momento a pensar en quienes nos ven desde sus casas, ¿qué
creen que les importará más? ¿Un empleo digno? ¿Pensiones justas? ¿Contar
con un techo? ¿Que los jóvenes tengan presente y futuro? ¿Que se
practique una política decente? ¿O que hablemos del modelo de
Estado?


Pero mi grupo no elude aquello que considera muy necesario, y es
que cuando hablamos de reforma de nuestra Constitución hablamos de
prioridades: modelo de nuestro Estado social blindando derechos. Hablamos
de fortalecer y ampliar los derechos fundamentales. De eso es de lo que
queremos hablar, de una sociedad y de un Estado más democrático. Y cuando
hablamos de territorio, pretendemos que todas personas tengan las mismas
oportunidades vivan donde vivan. Y hablamos también de una vocación
europeísta e iberoamericana. Ahora, eso sí, para llegar ahí hacen falta
dos elementos fundamentales: uno, cumplir con nuestra Carta Magna, que es
la Constitución, y no hay más; y dos, ser generosos por encima de todo.
Porque, señorías, una cosa es que cambiemos la Constitución en un
determinado sentido, y otra hacer propuestas cuya realización supondría
atentar contra ella. En la sesión del Congreso del 11 de julio del
año 2014, en la que se debatió sobre la abdicación del rey Juan Carlos I,
el compañero Alfredo Pérez Rubalcaba nombró a Luis Gómez Llorente, que
dijo algo que hoy, casi cuarenta años después, sería muy actual. Voy a
citarle: Si en la actualidad el PSOE no se empeña, como causa central y
prioritaria de su hacer, en cambiar la forma de Gobierno, es en tanto en
cuanto puede albergar razonables esperanzas en que sean compatibles la
Corona y la democracia, en que la monarquía se asiente y se imbrique como
una pieza de una Constitución.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora LIMA CID: Los socialistas no ocultamos nuestra
preferencia republicana, incluso aquí y ahora, pero sobrados ejemplos hay
de que el socialismo en la oposición y en el poder no es incompatible con
la monarquía cuando esta institución cumple con el más escrupuloso
respeto a la soberanía popular.


Señorías, la prioridad era la convivencia en un Estado
democrático, que los ciudadanos y ciudadanas no fuésemos súbditos, sino
ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora LIMA CID: Termino, señor presidente.


Porque los pactos no te obligan a cambiar tus valores y
preferencias; los pactos, señoría, solo te obligan a mantener la
palabra.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Lucas.


El señor LUCAS GIMÉNEZ: Señor presidente, señorías, intervengo, en
nombre de mi grupo parlamentario, en el debate de esta moción con la
intención, en primer lugar, de defender nuestra posición en relación con
nuestra monarquía, y es que el planteamiento de esta moción nos obliga a
mantener dicha posición, por otro lado clara y conocida; y lo hacemos con
más fuerza, si cabe, porque no podemos concordar con quienes quieren
poner en cuestión una de las instituciones más importantes, mejor
valoradas y más generosas del consenso de nuestra democracia.


En definitiva, más allá de las ideologías absolutamente
respetables de unos y otros, la monarquía constituyó y sigue suponiendo
para nuestro país un indudable elemento de cohesión, unidad y consenso.
El inmenso valor inmaterial de la labor del rey, manifestado en su
inmejorable prestigio internacional que no hace más que aumentar el de
nuestro país, es su auctoritas como interlocutor privilegiado con las
autoridades públicas extranjeras.


En cuanto a abanderar ideales republicanos, veía una nota hace
unos días, que decía: ¿Sería mejor una república? Pues no lo sé. La
última no fue un lecho de rosas. En los cinco años que duró se declararon
veintiún estados de prevención, veintitrés estados de alarma y dieciocho
estados de guerra, causados por todo el espectro político, aunque
fundamentalmente por el anarquismo.


Abanderar ideales republicanos para atacar a la monarquía y
considerarlo un producto, como indica el texto de la moción, propuesto,
impuesto, arcaico y antidemocrático es de todo punto inaceptable. Es
inaceptable, sobre todo, porque, en el mejor de los casos, parte de la
absoluta ignorancia de que si bien el artículo 1.3 de la Constitución
establece que la forma política del Estado español es la monarquía
parlamentaria, los apartados 1 y 2 del mismo artículo configuran a España
como un Estado social y democrático de derecho, en el que la soberanía
reside en el pueblo, del que emanan todos —subrayo— todos los
poderes.


Lo arcaico y regresivo ante la historia y en la política
democrática es pretender socavar los derechos y libertades de todos. Lo
arcaico y regresivo es pretender quebrantar la legitimidad de las
instituciones democráticas, constitucionales y estatutarias. Lo arcaico y
lo regresivo es pretender fracturar y dividir una sociedad. Y lo arcaico
y regresivo es descalificar, como se ha hecho aquí, al adversario y, no
digamos, perseguir su desaparición.


Señor Iñarritu, defiende usted en su moción la adopción de algunas
medidas que nos generan el más absoluto desacuerdo, como eliminar la
inviolabilidad del rey; otras sobre las que se podría debatir, como la
inclusión de una pregunta sobre la monarquía en el CIS, aunque creo que
después del éxito andaluz esto ya no le importa a nadie, porque no sirve
para nada este organismo; y otras que ya ha puesto en marcha la propia
monarquía, como la de implementar la transparencia de su gestión
económico administrativa.


No tengo tiempo, pero voy a hacer un ruego al señor Iñarritu.
Retire usted la moción. Retírela, porque su tenor sonroja no ya a un
estudiante medianamente avezado de primero de Derecho, sino a cualquier
persona con unas mínimas convicciones democráticas. Todo ello es así,
señoría, no porque usted sea republicano y no esté de acuerdo con la
monarquía, lo cual es completamente respetable, sino porque para defender
sus ideas realiza afirmaciones que solo se sostienen desde una ignorancia
supina o desde un malintencionado intento de manipulación
demagógica.


Especialmente sangrante, lacerante incluso, es además, señor
Iñarritu, que usted nos quiera dar lecciones de democracia en este
hemiciclo. Ustedes, cuando su formación es heredera de aquella que
realizó los ataques más infamantes, vergonzosos, cobardes y repugnantes
de todos nuestros valores. (Aplausos). Los que hicieron su historia
volando coches. Los que presumen de democracia, aunque en el fondo buscan
una forma de vivir, aunque sea al estilo de Stalin.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor LUCAS GIMÉNEZ: Termino, presidente.


Si ustedes, y quienes integran la formación que representan se han
pasado al bando democrático y han abandonado el de la imposición de las
ideas totalitarias, bienvenidos sean. Usted debe retirar esta moción por
razones históricas, por razones jurídicas, por razones políticas, por
razones constitucionales, pero también por razones personales porque, si
usted meditara un poco, sabría que este hombre que usted ahora censura,
acompañado por otros hombres, socialistas, comunistas, populares y
nacionalistas —cuando eran nacionalistas y no otra cosa—
todos ellos lograron que usted pueda sentarse en ese escaño...


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor LUCAS GIMÉNEZ: ... y pueda usted presentar hoy aquí esta
moción, con faltas de ortografía, en la que no participamos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lucas.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del senador Iñarritu, del
Grupo Parlamentario Mixto, con la incorporación de la enmienda aceptada
de los senadores Mulet y Navarrete.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248;
votos emitidos, 248; a favor, 41; en contra, 202; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. (Fuertes y
prolongados aplausos).


Señorías, vamos a continuar con el orden del día, pero les anuncio
ya que votaremos a partir de las cuatro de la tarde. (Rumores).


Señorías, guarden silencio. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso,
ocupa la Presidencia).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, guarden silencio
para continuar el Pleno. (Rumores).


Salgan en silencio, por favor. Si no, no podremos continuar.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE
TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE
ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y PUEBLOS DE SU MARCO.


622/000027

GPMX





PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE
TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL TRIBUNAL DEL COMUNER O DEL
ROLLET DE L'HORTA DE ALDAIA (VALENCIA/VALÈNCIA).


622/000028

GPMX


El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los
puntos 6., 6.1., 6.1.1. y 6.1.2.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vamos a hacer un debate
agrupado de las dos tomas en consideración de las proposiciones de ley.
(Rumores).


Para intervenir en la defensa de estos dos proyectos de ley,
tiene la palabra el senador Navarrete cuando ustedes guarden silencio.
(Pausa).


Cuando quiera, señor Navarrete.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.


Señorías, Compromís trae hoy la toma en consideración de un tema
que creemos que es de justicia: el reconocimiento de nuestra historia y
la eliminación de un agravio comparativo entre tribunales
consuetudinarios que están reconocidos por ley y otros que no lo están.
Según la RAE, consuetudinario significa derecho consentido e introducido
por costumbre, basado en tradiciones, valores y convencionalismos típicos
de sociedades premodernas. Los tribunales de este tipo están reconocidos
por la Constitución española en el artículo 125, que introduce la
posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer acción popular y
participar en la Administración de Justicia en dichos tribunales.


Desde hace muchos años, estos tipos de tribunales tienen reflejo
en nuestro ordenamiento jurídico. (Rumores). En el artículo 247 de la Ley
de aguas de...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, senador
Navarrete. (Pausa).


Continúe.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias.


Como decía, en el artículo 247 de la Ley de aguas, de 1879, se
decía que existían antiguos juzgados de riego que continuarían con su
actual organización mientras las respectivas comunidades no la
reformaran. En la actualidad, estos tipos de tribunales están recogidos
en diferentes artículos de la Ley de aguas y en sus diversas reformas: en
el artículo 82.2, en el 84.6 y en el 245, entre otros. Así, la Ley
Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, reconoce el carácter de tribunal de
este tipo al Tribunal de Aguas de Valencia y al Consejo de los Buenos
Hombres de Murcia en la actualidad.


En primer lugar, les voy a hablar del Tribunal del Rollet de
l?Horta de Aldaia que, quizás, es el menos conocido de los dos que
traemos hoy a debate. Su origen se pierde en el tiempo. Hay distintos
historiadores que no se ponen de acuerdo sobre su antigüedad, pero sí lo
hacen en reconocer el primer texto donde se reconoce su existencia, que
es a través de una Orden de 10 de abril de 1262, del rey Jaume I, donde
le otorga el privilegio de Tribunal de Aguas. Del propio texto se deduce
que este tribunal ya existía con anterioridad porque, si traducimos del
latín —y cito literalmente la traducción del latín—: «Lo
tenéis tal como era costumbre hacer desde tiempos antiguos», en tiempo de
los sarracenos. Por lo tanto, deducimos que es anterior a esta fecha de
la que tenemos documentación escrita.


Este tribunal ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hay
referencias múltiples. Por ejemplo, en el Capítulo 13 de las ordenanzas
de 1589, encontramos una referencia a su juez principal, sequier o buen
hombre, como se le llamaba por aquel entonces. Ya en 1747 hay documentos
de reuniones de este tribunal en la plaza del pueblo; hay documentos
también en los siguientes siglos, en el XVIII y en el XIX, y sus últimas
ordenanzas son del año 1960, elaboradas de acuerdo con las leyes que
estaban entonces en vigor.


Este tribunal tiene derecho y obligación de controlar el sistema
de riego, la limpieza de acequias y todos los conflictos que puedan
existir entre los diferentes regantes y usuarios de esa acequia. Este
tribunal, como he dicho, ha estado mucho tiempo paralizado. Desde 1960 no
había habido reuniones hasta 2014, cuando se volvió a reunir para
reactivarlo. Por tanto, quizá por ese motivo no es tan conocido como el
otro tribunal que traemos hoy, que es el Tribunal de Aguas de Orihuela y
de los pueblos de su marco.


Así pues, también tenemos que hablar del Tribunal de Aguas de
Orihuela, quizá, como he dicho, el más conocido de los dos. El Regadío de
la Vega Baja lo conocemos desde tiempos de los romanos y se consolidó en
tiempo de los musulmanes. Este tribunal, tal y como lo conocemos en la
actualidad, fue creado en el siglo XIII por el rey Alfonso X, El Sabio,
que lo segregó en los tribunales de aguas de Almoradí, Callosa de Segura
y Guardamar. Sus ordenanzas provienen de 1625; se adoptaron y aprobaron
en 1836 por la reina regente, María Cristina, y la última aprobación es
de la Confederación Hidrográfica del Segura en 2014. Tanto las ordenanzas
del Juzgado Privativo de Orihuela como del Tribunal de Rollet de
l’Horta de Aldaia tienen una serie de potestades administrativas y
jurisdiccionales sobre el cumplimiento gubernativo y económico de las
aguas de su jurisdicción para poder resolver pleitos entre regantes,
herederos y otros que conciernan siempre al riego y a sus aguas. Por
tanto, sus jefes, sus jueces principales, que son el teniente
sobresequier, en el caso de Orihuela, o el sequier en el de Aldaia, son
los máximos responsables de estos juzgados.


Con estos comentarios, en Compromís hemos pretendido demostrar
que, con antigüedad documental y por tradición, son dos tribunales que
tienen derecho a ser considerados consuetudinarios y, por tanto, decimos
que es necesario reconocerlos y abrir la posibilidad de tomar en
consideración que se les incluya en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Pero no solo lo dice Compromís o la gente del territorio, sino también,
por ejemplo, el Informe Dobris de la Agencia Europea de Medio Ambiente,
que dice que solo existen cinco tribunales de este tipo en Europa: el
Consejo de Hombres Buenos de Murcia, el Tribunal de las Aguas de
Valencia, el de Aguas de Orihuela, el de Rollet de Aldaia y uno más. Por
tanto, creemos que es injusto tener reconocido por ley el de los Buenos
Hombres en Murcia y el de las Aguas de Valencia, pero no el de Rollet y
el de Orihuela.


El pasado 29 de septiembre de 2018, en la Comisión de Justicia se
debatieron dos mociones traídas por Compromís y presentadas por mí mismo
en las que se pedía al Gobierno iniciar el proceso para que estos dos
tribunales fueran reconocidos por la Unesco como bienes inmateriales de
la humanidad, así como para modificar el artículo 19 de la Ley 6/1985,
del Poder Judicial, para añadir dos apartados nuevos en los que se
reconociesen a estos dos tribunales como de este tipo.


En el debate y presentación de las mociones se mencionaron
diversas cosas sobre el Tribunal de Aldaia, y se recordó que, para
reconocerlo como bien de interés inmaterial de la humanidad por la
Unesco, faltaban una serie de cuestiones de coordinación entre
administraciones; faltaba la documentación de las administraciones más
cercanas al juzgado. Como no tuve tiempo en esa intervención de contestar
a la compañera del Partido Socialista, que me decía que hacía falta eso,
le diré que ya se estaba haciendo, y para que estén informados, porque se
puede seguir con esa tramitación, el Ayuntamiento de Aldaia y la
Diputación de Valencia, el 30 de octubre —casualmente los dos el
mismo día—, aprobaron por unanimidad, a propuesta de Compromís, la
solicitud de que se considere bien inmaterial de la humanidad. Por tanto,
se reconocía esa voluntad.


El Grupo Popular también me exigía en esa moción que reconociera
que el Tribunal del Rollet de Aldaia había sido agilizado y vuelto a
reactivar por José Bonet Navarro, presidente de dicho tribunal, y por la
por entonces alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, del Partido Popular. En
Compromís no tenemos ningún problema en reconocer quién tiene
sensibilidad y quién apuesta fuerte por esos temas y, por tanto, se lo
reconocemos a quien me lo pidió, y a quien no tuve oportunidad de
contestar. También me recordaron que a instancias de ayuntamientos,
diputaciones y de las Corts Valencianes, hubo diferentes declaraciones
para reconocer al Tribunal Privativo de Aguas de Orihuela, y que eran
acuerdos previos al 5 de marzo de 2014, en que fueron aprobadas, esa
última en las Corts Valencianes, a iniciativa del Partido Popular y con
gobiernos también del Partido Popular. Pues bien, tienen todo mi
reconocimiento. Se lo digo aquí y cuando quieran.


Y nos preguntaban también ese día dónde estábamos nosotros. Pues
apoyando esas declaraciones institucionales en todas las instituciones en
las que estamos representados. Miren ustedes los Diarios de Sesiones y
verán cómo intervenimos, apoyamos y votamos a favor. Por tanto, ahí
estábamos.


También quiero hacer un poco de memoria histórica y lanzar una
pregunta al viento, una pregunta que me plantearon los vecinos de
Orihuela cuando les fui a visitar para explicarles cómo estaba la
situación y los trámites parlamentarios. Me preguntaron, cuando salí a la
calle, por qué los representantes de la Comunitat Valenciana en el
Congreso y en el Senado, tanto del Partido Popular como del Partido
Socialista, que tenían declaraciones institucionales aprobadas por
unanimidad, sencillas de ejecutar y de amplio consenso, estando en el
Gobierno, se olvidaban de plantearlas en el Congreso y en el Senado, y
por qué había tenido que ser Compromís el que llevase esta reivindicación
territorial a la Cámara. No les supe contestar, cada uno con sus tiempos
y sus velocidades.


En Compromís estamos de acuerdo, como se dijo en aquella
comisión, en no caer en el: y tú más; no quiero caer en eso. Por lo
tanto, solo quiero recordarles unos hitos históricos. Creo que nadie va a
estar en contra de tomar en consideración esta proposición de
modificación de la ley, porque es de dignidad y de justicia, de
reivindicación y reconocimiento del territorio valenciano. Creemos que es
el momento de darle un último empujón en el Senado para que el Congreso
de los Diputados tenga a bien modificar esa ley —algo que creo que
es bastante sencillo de hacer, se podría incluso considerar una
modificación técnica— y la admitan a trámite.


Por último, espero el apoyo unánime de la Cámara porque creemos
que es de dignidad y de justicia.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Navarrete.


¿Alguien va a hacer uso de turno a favor o en contra?
(Pausa).


Pasamos al turno de portavoces.


Señor Navarrete, tiene la palabra de nuevo.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias.


Como supongo que votarán unánimemente a favor, aunque no sé qué
opina el resto de grupos porque la dinámica y mecánica del debate
funciona así, simplemente quiero dar las gracias a los pocos que están en
este momento escuchándome. Espero que salga adelante por unanimidad.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Navarrete.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el
senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.


En nombre del Partit Demòcrata, anuncio que vamos a dar apoyo a
la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial para el reconocimiento del Juzgado Privativo de Aguas de
Orihuela, Alicante, y pueblos de su marco, y también a la proposición
para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el
reconocimiento Tribunal del Comuner o Rollet de l’Horta de Aldaia,
Valencia.


Hemos estudiado la proposición de ley que presenta Compromís. En
primer lugar, queremos felicitar al senador Navarrete de Compromís por
esta iniciativa. Creemos que es muy interesante que se traigan
iniciativas como esta. El Juzgado Privativo de Orihuela obtendrá el
reconocimiento como tribunal consuetudinario que tienen otros tribunales,
como el de las Aguas de la Vega de Valencia o el Consell d’Homes
Bons de l’Horta de Murcia. Esta entidad imparte justicia desde hace
más de mil años; administra los riegos al sur de la provincia de
Alicante, y reclama obtener el rango de tribunal tradicional. Es una
entidad que ha resuelto, durante muchísimos años, conflictos entre
regantes aplicando el derecho no escrito. Queremos, por tanto, felicitar
a los senadores de Compromís y al senador Navarrete por la propuesta que
traen hoy a este Pleno del Senado.


El Tribunal del Comuner o del Rollet de l’Horta de Aldaia,
como dije, es similar al Consell d’Homes Bons de l’Horta de
Murcia. Son órganos tradicionales, consuetudinarios y de origen
inmemorial. En julio de 2018, en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Aldaia, se celebró una jornada titulada: El Tribunal del Comuner del
Rollet Gràcia de Aldaia, tradició i costum jurídica de l’horta. Fue
la primera jornada técnica que permitió profundizar en el conocimiento
del Tribunal del Comuner.


Por estos motivos que he expuesto, vamos a votar a favor de ambas
proposiciones de ley.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Bagué


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.


Tal como nos pronunciamos en la Comisión de Justicia celebrada
el 27 de septiembre sobre la misma cuestión, entonces en forma de moción,
nos posicionaremos favorablemente al reconocimiento de carácter del
tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de
Orihuela y pueblos de su marco, al igual que al Tribunal consuetudinario
y tradicional del Comuner del Rollet de l’Horta de Aldaia.
Entendemos que estas instituciones, con una tradición inveterada, no
merecen más que nuestro respeto, nuestro apoyo y, evidentemente, el voto
favorable a su toma en consideración.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Picornell.


El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, presidente.


Muy rápidamente quiero también añadir nuestro apoyo al
reconocimiento como tribunal consuetudinario al Juzgado Privativo de
Aguas de Orihuela y el Tribunal del Comuner o del Rollet de l’Horta
de Aldaia. Nosotros valoramos muy positivamente la importancia de dichos
tribunales, que son producto, como dijimos ya en la Comisión de Justicia,
de la sabiduría, del trabajo y del buen hacer dels llauradors
valencians.


Estas instituciones de justicia, con muchísima historia detrás,
con muchísimo peso, muchísima importancia, creemos que es nuestro deber
preservarlas, cuidarlas, protegerlas, estar a su lado, estar al lado del
legado histórico de nuestro país. Para nosotros refuerza la identidad
local. De hecho, ya conocemos dos ejemplos muy claros que fueron
reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco, el
caso del Tribunal de les Aigües de València y el Consell d`Hòmens Bons de
Mùrcia.


Por lo tanto, una vez más solo podemos añadir que estamos de
acuerdo con esta propuesta, con esta proposición, y esperemos que se
pueda añadir al artículo 19 de la Ley 6/1985, del Poder Judicial, el
reconocimiento a dichos tribunales.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Picornell.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Jiménez.


La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, presidente.


Señorías, el agua siempre ha sido un bien preciado y,
desgraciadamente, no siempre abundante en tierras valencianas. Por ello
desde la antigüedad fue necesario regular y ordenar el riego para
administrar y aprovechar ese bien tan valioso y tan necesario como es el
agua. Con esta iniciativa que ya les adelanto que mi grupo apoyará, se
pretende el reconocimiento oficial de dos destacables tribunales de
regantes que desde tiempo inmemorial sirven al interés dels llauradors de
la huerta valenciana y de sus comunidades: el Juzgado Privativo de Aguas
de Orihuela y el Tribunal del Comuner o del Rollet de l’Horta de
Aldaia. Ambos comparten la condición de ser tradicionales y
consuetudianarios.


Señorías, al igual que el Tribunal de Aguas de Valencia y el
Consejo de Hombres Buenos de Murcia, ambos ya reconocidos en la
legislación española en su momento, estos tribunales presentan rasgos
comunes que los caracterizan y convierten en verdaderos tesoros de
nuestro patrimonio cultural e histórico: su origen ancestral, su función
y capacidad de resolver conflictos de manera oral, rápida y pública, la
elección democrática de sus miembros y sobre todo que sus decisiones
están basadas en una costumbre que se ha convertido en derecho. Por eso
creemos que es justo y positivo que nuestro ordenamiento jurídico
reconozca estos tribunales, porque las normas consuetudinarias son normas
básicas, culturales e históricas y, además, como ustedes saben, una de
las fuentes del derecho.


Por lo tanto, como ya se ha dicho, este tipo de tribunales tan
antiguos, que forman parte de nuestro patrimonio cultural y jurídico,
tanto el del Comuner como el de Orihuela, tienen un papel de símbolos
visibles de sus comunidades. Para el País Valencià ha sido muy relevante
la existencia de estos tribunales y de estas prácticas ancestrales, que
son resultado del buen hacer dels llauradors valencians, que supieron
ordenar y regular un tema siempre conflictivo, como es la distribución de
un bien escaso como el agua. Por lo tanto, cumplen un importante servicio
como instrumento necesario para ordenar la pacífica y equitativa
distribución de las aguas entre los usuarios y para prevenir
infracciones. Su existencia y reconocimiento oficial merece valorarse
como la recuperación de un valioso patrimonio cultural y jurídico.


El Tribunal del Rollet de l’Horta de Aldaia, documentado
desde 1200, pero cuyo origen se pierde en el tiempo, además de desempeñar
funciones jurídicas es transmisor oral de conocimientos ancestrales,
contribuye activamente a la cohesión de las comunidades de regantes e
incluso, señorías, aporta al acervo lingüístico la riqueza de un
vocabulario especializado propio, salpicado de palabras de origen árabe.
En definitiva, el Tribunal del Comuner es depositario ancestral de una
identidad local, a la vez que brinda un servicio de gran importancia para
la población y para su entorno territorial.


Por su parte, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, como
también se ha dicho, dirige en la vega baja la gestión del agua que se
emplea para el riego tradicional, el llamado a manta o por inundación.
También tiene como función administrar la distribución de los recursos
hídricos desde las presas del río Segura, a través de las acequias, hasta
los huertos. Además de impartir justicia en la huerta del Segura, esta
institución ancestral tiene un valor ecológico y patrimonial, pues
contribuye a poner en valor y salvaguardar un sistema de regadío
tradicional milenario; un sistema complejo, y a la vez sencillo, de
acequias, norias y azarbes con el que se consigue un máximo
aprovechamiento del agua, ya que posibilita que los sobrantes de este
recurso, tan valioso como escaso, se reutilicen una y otra vez.


En conclusión, señorías, este tipo de tribunales tan antiguos
forman parte de nuestro patrimonio cultural y jurídico y debemos
protegerlo y salvaguardarlo. Además, son tribunales de participación
ciudadana, a la vez que depositarios ancestrales de una identidad local y
regional. Por consiguiente, tanto por su labor como por su valor
simbólico, merecen ser reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.


Por todos estos motivos, nosotros vamos a apoyar esta toma en
consideración.


Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Jiménez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, presidente.


Da la impresión de que estemos debatiendo algo relativo al
pasado, una cosa tradicional, cuando realmente no es así. Estamos
discutiendo sobre un tema que es actual, y el contenido de lo que
aprobemos va a tener, aunque sea solo una toma en consideración, una
influencia muy directa sobre la vida de los ciudadanos.


No estamos hablando de la historia y del folclore, sino de la
posibilidad de que algunos tribunales consuetudinarios, es decir,
asociaciones de regantes en realidad, tengan funciones jurisdiccionales
igual que tienen los tribunales ordinarios. Por tanto, insisto, no
estamos hablando del pasado, sino del presente y del futuro. Estamos
hablando de dos tribunales consuetudinarios a los que la toma en
consideración insta a reconocer como tales y, por tanto, a darles
funciones judiciales. Fundamentalmente van a poder juzgar cosas relativas
al agua como si fueran un tribunal más. Repito, no estamos hablando de
folclore, sino, básicamente, de administración de justicia; por tanto, es
importante.


No hace falta —no voy a insistir mucho— señalar el
carácter histórico y consuetudinario de los dos organismos sobre los que
estamos hablando, si bien con diferencias. El Juzgado Privativo de Aguas
de Orihuela hace referencia a una zona muy extensa, aproximadamente
de 7000 hectáreas, creo recordar, y a un número de regantes que supera
los 1500; por tanto, estamos hablando de algo que supera de manera muy
amplia el término municipal de Orihuela para hacer referencia a otros
muchos municipios de alrededor de la comarca. Inicialmente se incluían
muchos municipios que luego se segregaron como, por ejemplo, Almoradí,
Callosa de Segura o el propio Guardamar. Por cierto, las Cortes
Valencianas olvidaron referirse concretamente a Guardamar en la moción
que aprobó declarando el carácter consuetudinario de este tribunal.


En este caso concreto estamos hablando de unas ordenanzas que se
aprobaron probablemente en tiempos de Alfonso X el Sabio, es decir, a
mediados del siglo XIII aproximadamente, y, por tanto, tienen un nivel
claramente histórico, pero al mismo tiempo hay que recordar que siguieron
funcionando regularmente hasta la actualidad. No se interrumpió en ningún
momento su papel jurisdiccional.


Estamos hablando también del Tribunal del Comuner o del Rollet de
l’Horta de Aldaia, que, aunque podamos referirnos también en su
creación al siglo XIII, en este caso concreto fue el rey Jaume I quien lo
reconquistó, y no el de Orihuela, que lo reconquistó, como ustedes saben,
Alfonso X el Sabio. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a un tribunal
que no tiene tan claramente acreditada su continuidad en el tiempo,
aunque es verdad que sus miembros quieren recuperar actualmente esa
actividad.


Estamos hablando de realidades diferentes, aunque, insisto, en un
caso se trata de Alfonso X el Sabio y en el otro de Jaime I.
Posteriormente, el tribunal se cita en las ordenanzas de 1589, pero no se
cita en las de 1574. Por tanto, es evidente que tiene ya el mismo nivel
organizativo, es decir, administrativo, y no de tribunal, que todas las
demás comunidades de regantes, porque así se expresaba en la ordenanza
de 1845. Por otra parte, este tribunal tampoco tiene la petición expresa
de las Cortes Valencianas como el anterior.


En todo caso, insisto, se trata de dos instituciones que tienen
probada su antigüedad. Quiero decir que de lo que estamos hablando en
este caso concreto es de actualidad, y que el reconocimiento de los
tribunales consuetudinarios es un medio para facilitar la participación
de los ciudadanos en la administración de justicia, que es, no cabe duda,
nuestra finalidad. Por tanto, la referencia expresa que se hace al
Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia o al Consejo de Hombres
Buenos de Murcia no tiene por qué ser exhaustiva en nuestra legislación.
Puede perfectamente extenderse a otros muchos tribunales
consuetudinarios, y hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica del Poder
Judicial los podría reconocer.


Vamos a hablar de una toma en consideración y vamos a ver, por
tanto, cómo puede ser ese reconocimiento y qué requisitos tienen que
cumplir para que así sea, pero hay que ser conscientes en este caso de
que pueden ser muchos los tribunales que se puedan reconocer tanto en los
regadíos de la Comunidad Valenciana como en los regadíos de Murcia, y
seguramente en muchos sitios más, porque a poco que se investiguen las
comunidades de regantes nos daremos cuenta de que muchas de las que
actualmente existen tienen esa posibilidad de ser tribunales
consuetudinarios, pero, eso sí, ser reconocidos no es algo exhaustivo,
como se cita actualmente, pero sí que hay que tener en cuenta unas
características. Y estas características son, naturalmente, que no se
regulen por normas escritas y que ejerzan una función judicial y no
meramente arbitral, como también se especifica respecto a otra
institución tradicional valenciana en un auto del Tribunal
Constitucional, de 8 de enero de 1986, que negó la condición de tribunal
consuetudinario al Consulado de la Lonja de Valencia. Estos son los
requisitos.


Otra cuestión importante es que, como se solicita el
reconocimiento de la Unesco, y tal y como la propia Unesco reconoce en
los otros casos, la trascendencia de las instituciones históricas de las
que estamos hablando va más allá de funciones jurídicas. Nos referimos
ahora a otra cuestión diferente a la anterior, y es que son símbolos de
las comunidades, contribuyen a la cohesión de las comunidades de regantes
y, sobre todo, velan por oficios tradicionales y transmiten conocimientos
orales que de otra forma se perderían. Por tanto, creo que estamos en el
buen camino para reconocerlos como tribunales constitucionales, pero,
insisto, siempre que se rijan por normas no escritas y ejerzan una
función judicial y no meramente arbitral.


Nosotros apoyaremos —como ya hicimos con otra parte de la
cuestión en las Cortes valencianas— la toma en consideración de la
proposición de ley que ha presentado Compromís.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Lerma.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Pedrosa.


La señora PEDROSA ROLDÁN: Gracias, presidente.


Como ya saben, la postura del Partido Popular en cuanto al
reconocimiento del carácter consuetudinario y tradicional al Juzgado
Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco es inequívoca y
contundente, pero no es de ahora, sino de siempre. Nuestro apoyo,
respaldo y ayuda a los regantes agricultores de la Vega Baja, el vergel
de mi provincia, Alicante, ha sido una constante del Partido Popular en
todas las instituciones a lo largo de los últimos años. De hecho, ha sido
el Partido Popular el que siempre ha tomado la iniciativa de poner en
valor ese tribunal, un ejemplo de la tradición y la justicia social
impartida por hombres justos y buenos desde hace más de mil años.


Hoy es un día para congratularse, pues por lo que hemos podido
escuchar aquí vamos a estar todos de acuerdo y es previsible el consenso
en este tema. Este es el momento de hacer un gesto de reconocimiento y
admiración a todos los que tradicionalmente han utilizado el Juzgado de
Aguas de Orihuela, jueces y usuarios que, dando un ejemplo de lealtad y
compromiso, han acatado las sentencias de este órgano. Se trata, pues, de
hacer justicia —nunca mejor dicho— con aquellos que han
avalado durante siglos este tribunal, mostrando y demostrando el más
profundo respeto a la legalidad y a la palabra dada sin necesidad de
alargar litigios amparándose en la debilidad de su forma jurídica y
legal.


El Partido Popular no solo se ha mostrado a favor de apoyar la
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y
tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su
Marco, sino que, además, nuestro grupo incluyó una enmienda a la
propuesta inicial en la Comisión de Justicia, con el fin de enriquecerla
y ajustarla a lo que piden los regantes, denominando a este tribunal como
lo que realmente es, un elemento esencial de un sistema de regadío
tradicional, milenario, de vital importancia para el desarrollo de la
huerta de la Vega Baja del Segura, al que contribuye a poner en valor y
salvaguardar, como ya explicó en la comisión nuestra compañera, la
senadora Guijarro Carrillo.


Hemos de tener en cuenta que estamos ante la institución más
antigua de la Vega Baja. Por lo tanto, lo que se busca es un
reconocimiento expreso y poner en valor la importancia que para el
regadío de la Vega Baja ha tenido y tiene este tribunal. Pero el apoyo
del Partido Popular al Juzgado de Aguas de Orihuela no se ciñe
exclusivamente a esta Cámara. Debo reconocer y recordar el apoyo de las
instituciones alicantinas a este juzgado. El más reciente, el pasado mes
de noviembre, con la concesión por parte de la Diputación Provincial de
Alicante de una subvención de 355 000 euros, que permitirá llevar a cabo
tres importantes actuaciones para mejorar la eficiencia y el uso del
agua. El trabajo de la diputación y de su responsable de ciclo hídrico,
nuestro compañero oriolano, Paco Sáez, le hizo merecedor recientemente
del escudo de oro del Juzgado de Aguas de Orihuela, impuesto por el
presidente de esta institución en un acto al que también asistió el
alcalde de la ciudad, Emilio Bascuñana, un alcalde volcado en el apoyo a
sus regantes, como lo demuestran acciones como la firma de un convenio
que regula la cesión de las norias gemelas al Ayuntamiento de Orihuela
por parte del Juzgado Privativo de Aguas con la finalidad de aprovechar
el espacio, ya que Emilio Bascuñana siempre ha insistido en poner en
valor el sistema de regadío, al que tanto le debemos y que es un símbolo
de nuestra agricultura.


Muestra de este apoyo constante es que el propio juez de Aguas
hizo entrega al alcalde de Orihuela de una insignia del Juzgado Privativo
de Aguas. Este gesto es un reconocimiento al apoyo institucional que el
Ayuntamiento de Orihuela mantiene con todos los miembros del Juzgado
Privativo de Aguas y con los regantes que lo conforman. Además, incluyó
la firma de Bascuñana en el libro de honores y distinciones de esta
institución, lo que demuestra que nuestros compañeros del Partido Popular
realizan su trabajo en beneficio de sus ciudadanos. Un trabajo bien hecho
y una responsabilidad que, en este caso, se ve reconocida por los
implicados en su propia tierra.


Pero, además, un mes antes de todo esto, a finales del pasado
septiembre, el propio presidente de la diputación, César Sánchez,
participó en un acto de reconocimiento jurisdiccional del Juzgado
Privativo de Aguas de Orihuela. Quisiera expresar unas palabras del
propio César Sánchez, el responsable provincial, cuando avalaba que esta
entidad jurisdiccional formaba parte del patrimonio cultural e histórico
de los alicantinos y de sus señas de identidad, ya que durante años ha
permitido solventar conflictos entre regantes aplicando el derecho no
escrito.


En la actualidad, el salón de actos de la sede acoge una media de
cinco juicios a la semana, lo que se traduce en un centenar de sentencias
anuales. El juez, junto a ocho vocales que representan a cada una de las
ocho acequias de las que se abastecen —son 8000 regantes—,
deliberan y emiten una resolución después de escuchar a las partes. Pese
a que actualmente no son un tribunal consuetudinario, la parte declarada
culpable no recurre a otras instancias, por lo que queda en evidencia el
respeto que los regantes siguen teniendo al Tribunal de Aguas de
Orihuela. El hecho de que este tribunal sea reconocido como
consuetudinario tiene una doble trascendencia para estas tierras. Por un
lado, significaría el reconocimiento moral al situarlo en la misma
categoría que otros tribunales de aguas. Y, por otro lado, desde el punto
de vista jurídico, avalaría sus resoluciones o sentencias, que solo
podrían ser recurridas ante el Tribunal Constitucional.


Y ya, para finalizar, les recuerdo, señorías del PSOE y de
Compromís, socios de Gobierno en la Generalitat Valenciana, su deber
moral de defender y atender las todavía pendientes reivindicaciones del
Juzgado de Aguas de Orihuela. Está en su mano formalizar las ayudas
necesarias para mejorar la dignidad y el valor de estas instituciones,
que es una de las joyas históricas de nuestra provincia, Alicante; de la
Comunidad Valenciana, y, sin duda, de España.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Pedrosa.


Tiene la palabra la senadora Torrado.


La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señor presidente.


Señorías, todos los valencianos conocemos el Tribunal de las
Aguas de Valencia, sin duda alguna la más antigua de las instituciones de
justicia existentes en Europa. Su semanal reunión todos los jueves del
año en la gótica Puerta de los Apóstoles, de la Catedral de Valencia,
constituye cita obligada para turistas, visitas escolares o simples
viandantes que se congregan a su alrededor a la espera de que las vecinas
campanas del Micalet de la seu den las doce horas para contemplar su
funcionamiento. No debemos llegar a la errónea conclusión de que se trata
de un organismo folclórico e inoperante que la tradición nos ha legado,
pues tras esa sencillez y simplicidad de funcionamiento, carente de
complicados protocolos y fórmulas jurídicas, se esconde un modelo de
justicia que todas las personas que trabajan en la huerta han respetado,
siendo una milenaria institución que ha sobrevivido a todas las reformas
legislativas.


También quiero recordar que en nuestro país hay otro órgano
similar, más al sur de mi comunidad, de mi tierra, de la Comunidad
Valenciana, concretamente el llamado Consejo de Hombres Buenos de la
Huerta de Murcia. Efectivamente, estos dos tribunales son los más
importantes, pero en modo alguno los únicos destacables entre los
tribunales de regantes del Mediterráneo español. Entre ellos, merece una
mención especial el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, como muy bien
ha explicado mi compañera, la senadora Pedrosa. Y también otro tribunal,
el del Comuner o Rollet de l’Horta de Aldaia, ese gran desconocido
fuera del término municipal de Aldaia, en la provincia de Valencia.


Y si merecen una especial atención es porque todos estos órganos
comparten la condición de ser tradicionales y consuetudinarios. El
Tribunal del Comuner también aspira a que se reconozca lo que es, con
todas sus particularidades, un órgano tradicional y consuetudinario. Su
ámbito territorial es relativamente pequeño, aunque muy importante, pues
se trata de una parte del terreno de huerta del municipio valenciano de
Aldaia.


Todo ello ha sido posible gracias a la iniciativa del Partido
Popular, concretamente del gobierno municipal popular del Ayuntamiento de
Aldaia, porque el 5 de agosto del año 2014, en la plaza de la
Constitución, en un acto muy emotivo e institucional, se recuperó,
después de siglos, el tradicional Tribunal del Comuner, un hecho de
enorme trascendencia histórica, donde Aldaia escribió en la historia, con
esta recuperación, una joya del patrimonio cultural de este municipio
valenciano que hasta ese momento no estaba en funcionamiento. Esto fue
así, como les decía, gracias al impulso dado por el Partido Popular y por
su alcaldesa, Carmen Jávega, que, como presidenta de honor y durante su
mandato, recuperó la extensión más importante de la huerta de Aldaia,
integrada por una comunidad muy antigua conocida tradicionalmente como el
Rollet de Gràcia o Comuner, documentado en un privilegio otorgado el 10
de abril de 1268 por el rey Jaume I. Así, Aldaia contó nuevamente,
después de siglos, con un organismo para solventar las disputas generadas
entre el Rollet de regantes o entre los mismos regantes de la zona. Para
facilitar así la resolución de los conflictos, el procedimiento de
actuación es público y verbal y se caracteriza por la inmediación, es
decir, los miembros del tribunal escuchan a las partes y emiten el fallo
bajo los criterios de rectitud e imparcialidad. Además, este verano,
también en el salón de plenos del Ayuntamiento de Aldaia, se celebró una
jornada técnica, que fue una magnífica oportunidad para profundizar en el
conocimiento de lo que es este tribunal.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora TORRADO DE CASTRO: Termino ya.


Por todo ello, tenemos hoy aquí, en el Senado, una oportunidad
inmejorable para poder conocer y, por tanto, valorar el importante
patrimonio con el que contamos, relevante no solamente para el municipio
de Aldaia, sino también para la Comunidad Valenciana. No en vano, en el
artículo 36 de nuestro estatuto de autonomía se habla de que la
Generalitat debe coadyuvar en la organización de estos tribunales.
También es relevante para España como corporación de carácter público, y
esperemos todos que en un futuro próximo como órgano jurisdiccional
reconocido por la Ley Orgánica del Poder Judicial y hasta, incluso, para
toda la humanidad como patrimonio inmaterial.


Por todo eso, el Grupo Popular votará a favor, porque es bueno
que se conozca,...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.


La señora TORRADO DE CASTRO: ... es bueno que se divulgue y, por
tanto, que se valore el mucho patrimonio que tenemos los valencianos y
también los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Torrado.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SOBRE MEDIDAS URGENTES EN
APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.


624/000011

Justicia


El señor presidente da lectura al punto 6.2. y 6.2.1.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, senador
Altava.


El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.


Paso a la presentación del dictamen de la Proposición de Ley
Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en
materia de violencia de género.


La proposición de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el procedimiento
ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 2 de noviembre de 2018,
fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.


El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba,
inicialmente, el día 15 de noviembre, fue ampliado hasta el día 21 de
noviembre de 2018.


A esta proposición de ley se presentaron veintiséis
enmiendas.


El día 4 de diciembre la comisión ratificó la ponencia, que quedó
integrada de la siguiente manera: don Joan Bagué Roura, del Grupo
Parlamentario Nacionalista; doña Laura Berja Vega, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña Susana Camarero Benítez, del Grupo
Parlamentario Popular; don Joan Comorera Estarellas, del Grupo
Parlamentario Podemos; don Miquel Àngel Estradé Palau, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana; doña María Dolores Etxano Varela, del
Grupo Parlamentario Vasco; doña Fuensanta Lima Cid, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Jordi Navarrete Pla, del Grupo
Parlamentario Mixto, y doña María Teresa Tortonda Gordillo, del Grupo
Parlamentario Popular.


La ponencia se reunión el día 4 de diciembre para emitir su
informe, en el que se introducían modificaciones en el texto remitido por
el Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el
mismo día 4 y emitió dictamen de conformidad con el informe de la
ponencia. Han presentado votos particulares a este dictamen los señores
Navarrete Pla y Mulet García, del Grupo Parlamentario Mixto, y el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Altava.


No se va a utilizar el turno de debate a la totalidad y vamos a
pasar al debate de las enmiendas.


En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador
Navarrete.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.


Compromís ha decidido mantener las cuatro enmiendas que fueron
debatidas y rechazadas tanto en ponencia como en comisión. Nuestras
enmiendas pretendían mejorar el texto básicamente en conceptos de
formación específica para el personal de la Administración de Justicia en
violencia contra las mujeres y algunas cositas más. Aunque no las
aceptaron entonces, y supongo que tampoco en esta ocasión, les voy a
explicar su contenido.


La primera enmienda proponía adicionar un punto h) en el
punto 1.º del artículo 87 de la ley orgánica, añadiendo, entre las
competencias del juzgado de violencia sobre las mujeres en el orden
penal, la instrucción de las causas relacionadas con las violencias
sexuales.


Las enmiendas 2 y 3 incidían en la necesidad de que tanto los
fiscales como los jueces tengan conocimientos mediante temarios
específicos sobre este tipo de violencia y acreditar esos conocimientos
mediante pruebas selectivas que tuviesen preguntas específicas sobre ese
tema.


Y la enmienda 4 concretaba conceptos y añadía un párrafo final
que pretendía conocer las necesidades exactas de los juzgados
especializados de violencia de género y de violencia sexual y, una vez
conocidas, actuar de manera urgente y de manera eficaz para crear nuevos
juzgados especializados donde hicieran falta.


En Compromís somos conscientes, y así nos lo hicieron saber el
resto de grupos en el debate de ponencia y en el debate de comisión, de
que no quieren cambiar violencia sobre la mujer por violencia machista, o
en algunas enmiendas por violencia sexual. Pero voy a hacerles la
siguiente reflexión, y espero convencerles.


La Ley 1/2004, la ley integral que regula toda la violencia sobre
la mujer, en su artículo 1 especifica que la violencia sobre la mujer es
aquella que se ejerce sobre la mujer por la pareja o expareja. Pero el
Convenio de Estambul expresa otras condiciones en la violencia sobre la
mujer y pone el foco en todos los tipos de violencia, la violencia
machista y la violencia sexual. Por lo tanto, creemos que han de quedar
encuadradas en un marco total, no la podemos circunscribir solo a la
pareja o a la expareja, sino a cualquier tipo de violencia.


Hemos tenido hace poco una conversación con otros senadores sobre
que quizás este no sea el camino correcto y que sería necesario modificar
la Ley de 2004, pero nosotros creemos que, como estamos hablando de este
tema y de la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de
género, podría aceptarse y enmarcarse también en esta ley.


Espero que acepten las enmiendas y que hayan sido capaces de
recapacitar y cambiar de opinión por lo que les he planteado, aunque lo
dudo, pero la esperanza es lo último que se pierde.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Navarrete.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Comorera.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.


Nuestras enmiendas, como ya dijimos en la Comisión de Justicia,
además de algunas mejoras en el texto se basan en dos puntos: todas las
violencias contra la mujer y juzgados específicos.


La primera enmienda es para adicionar al apartado primero del
artículo 87 ter) una nueva letra h), añadiendo entre las competencias de
los juzgados de violencia sobre la mujer en el orden penal la instrucción
de las causas relacionadas con las violencias sexuales. Efectivamente,
como ya se nos dijo en comisión, no es un cambio menor sino un intento de
modificar el concepto de violencia de género; pues claro, así lo hemos
defendido y lo seguiremos defendiendo en cada iniciativa legislativa.
Además, reabriremos el debate cada vez que sea necesario porque hay que
trasladar a nuestro ordenamiento jurídico el Convenio de Estambul, un
tratado internacional suscrito por España hace ya cuatro años y que
apenas ha entrado en vigor.


No solamente podemos hablar de violencia de género en el ámbito
de la pareja o la expareja. No podemos conformarnos con tener
consideración en cuanto a la sensibilización y prevención sobre estas
otras violencias, no. Queremos que se juzguen por juzgados específicos
todas las violencias contra la mujer y no podemos esperar a una futura
ley de trata o a una ley de violencia sexual cuando con esta ley teníamos
la oportunidad de que todas las causas relacionadas con las violencias
sexuales fueran instruidas por los juzgados de violencia sobre la
mujer.


Cualquier tipo de violencia contra la mujer, aun cuando no se
produzca dentro del marco de relaciones afectivas o sentimentales, ha de
quedar encuadrada en el marco de la instrucción penal de los juzgados de
violencia contra la mujer. En concreto, cualquier tipo de delito con
contenido de violencia sexual, haya tenido o no la víctima vínculos
afectivos o sentimentales con el agresor, incluso siendo un perfecto
desconocido, ha de ser instruido por los juzgados de violencia contra la
mujer, toda vez que es evidente que la violencia sexual es ejercida
contra la mujer, precisamente por el mero hecho de serlo, porque la
incorporación como añadido y no de forma estructural comporta un riesgo,
que sigamos teniendo víctimas de primer y segundo orden, y ese, desde
luego, no es el espíritu del Convenio de Estambul. Por otro lado, es
ahora, más que nunca, cuando debemos combatir ese mensaje tan perverso de
la extrema derecha, con la que algunos se están planteando pactar, que
quiere derogar la Ley de violencia de género y que cargó contra el pacto
de Estado.


Las enmiendas números 7 y 8 son mejoras técnicas con las que
creemos que queda mucho más claro el redactado.


La enmienda número 9 da un nuevo redactado al apartado 5 del
artículo 433 bis porque se hace necesario garantizar por la ley la
periodicidad anual de los cursos de formación específicos de la escuela
judicial, así como que la perspectiva de género sea una formación que
atraviese todos y cada uno de los ámbitos formativos de los operadores
jurisdiccionales.


En la enmienda número 10, relativa a la comisión de selección
para el acceso a la carrera judicial y fiscal, y sin perjuicio de las
competencias de la comisión de selección para proponer el temario de
acceso, consideramos necesario especificar que obligatoriamente dicha
propuesta ha de contener materias concretas que se refieran a la
formación jurídica integral sobre violencia contra la mujer, y
especialmente sobre la perspectiva de género en la interpretación y
aplicación de la legislación y el derecho.


En la enmienda número 11 se modifica el apartado 5 del
artículo 307 a fin de que al menos un mes de las prácticas tuteladas de
los jueces en prácticas deba prestarse en un juzgado especializado de
violencia contra la mujer. Se nos dice al respecto que es especificar
demasiado en la ley y que es mejor dejar estos temas tan concretos al
futuro reglamento que la desarrolle. Efectivamente, se puede hacer así,
pero si todos estamos de acuerdo en que no es suficiente con la teoría y
que son necesarias las prácticas, no vemos cuál es el inconveniente en
establecer un mínimo en la ley, que luego pueda ser desarrollado en ese
futuro reglamento.


La enmienda número 20, respecto a la disposición adicional de
revisión de plantas judiciales, pretende garantizar por ley la creación
de juzgados destinados al enjuiciamiento de delitos de violencia de
género y violencias sexuales, hoy absolutamente insuficientes, siendo
imprescindible que la red judicial de enjuiciamiento especializado en los
delitos relacionados con la violencia contra la mujer abarque todo el
territorio del Estado. A día de hoy, de los 345 juzgados de lo penal
existentes, solo 26 se encuentran especializados y no existen en todas
las comunidades autónomas, situación que entendemos debe cambiar, y de
ahí nuestra enmienda. Es cierto que ello implicaría un esfuerzo
económico, pero creemos que es un esfuerzo necesario e imprescindible.
(El señor presidente ocupa la Presidencia).


No quiero acabar sin dar las gracias por el tono y por el
espíritu de búsqueda de consensos entre los miembros de la Ponencia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.


Turno en contra.


Tiene la palabra la senadora Lima.


La señora LIMA CID: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, hoy estamos ante un nuevo impulso al cumplimiento del
Pacto de Estado contra la violencia de género; digo un nuevo impulso
porque ya son muchos y porque desde que el Partido Socialista llegara al
Gobierno, este pacto ha tenido un carácter urgente y prioritario en su
agenda política, y con esta proposición de ley, lo prioritario es
incorporar la formación especializada en igualdad de género y violencia
en las carreras judiciales y fiscales; cuestión que ha defendido este
grupo, que exigen las expertas, y más importante aún, que demandan las
víctimas.


El texto que el Congreso remitió a esta Cámara llegaba con un
amplio consenso que el Partido Socialista ha querido respetar; por ello
es por lo que decidimos no presentar enmiendas. Aun así, el Grupo
Socialista, durante la ponencia, ha participado del proceso de acuerdo
para que las modificaciones sean altamente consensuadas.


Las enmiendas incorporadas sobre las propuestas del Cermi y la
enmienda número 11 de Podemos han contado con nuestro apoyo; sin embargo,
hemos considerado que el resto de enmiendas quedaban fuera del marco
regulativo que debe contemplar esta proposición de ley.


Hemos debatido ampliamente cómo deben regularse las violencias
sexuales en el marco del pacto de Estado, y consensuamos que fuera a
través de una ley específica. Es en el marco de esta futura ley donde
debemos articular la estructura judicial especializada. Este
posicionamiento ya lo defendió mi grupo en el Congreso, y hoy lo
reiteramos en el Senado. El Partido Socialista en el Gobierno está
cumplimentando el pacto de Estado con las prioridades que nos detallaron
las comparecientes de la ponencia. La dotación económica es, por fin, una
realidad; y lo es porque ya cuentan con financiación para ponerlo en
marcha nuestras comunidades autónomas. En seis meses, este Gobierno ha
dado pasos firmes y veloces para cumplir con las víctimas y con el pacto
de Estado. He dicho por fin porque, después de los movimientos engañosos
y falaces del Partido Popular sobre la financiación del pacto, es una
gran noticia que las comunidades autónomas cuenten hoy con fondos para
desarrollar las medidas.


El texto del pacto que aprobamos hoy articula también otros temas
esenciales que tienen como filosofía cuestiones tan importantes como que
las dependencias judiciales no deban ser espacio de confrontación entre
víctima y agresor, como la revisión de las medidas en los procedimientos
de violencia de género, proponiendo que le corresponda a la jueza o al
juez que dictó las iniciales o como mejorar la información. Este es un
paso más, necesario pero no suficiente. El despliegue de esfuerzos para
erradicar la violencia de género ha de ser máximo.


Por tanto, no queremos un discurso complaciente. El nuestro, el
discurso socialista, seguirá siendo reivindicativo en esta materia;
reivindicativo, exigente y responsable.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.


Senadora Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, con esta reforma de la Ley Orgánica del poder judicial
aprobamos la primera y única de las medidas legislativas del pacto de
Estado y que incide sobre una de las materias en las que, desde el primer
momento, nos pusimos de acuerdo todos los que trabajamos en aquel pacto:
la mejora de la formación de los operadores jurídicos.


Por tanto, hoy todos deberíamos estar de enhorabuena por el
avance conseguido y, sin embargo, algunos tenemos un sabor agridulce
porque creemos que no todos estamos siendo igual de leales con el pacto.
En este sentido, algunos lo impulsamos, lo trabajamos, lo defendimos y
nos comprometimos con él, convencidos de que era un elemento fundamental
en la lucha contra la violencia de género. Algunos lo estábamos haciendo
en el Gobierno, y seguimos con el mismo compromiso, la misma
responsabilidad y la misma voluntad de que todas y cada una de
las 268 medidas aprobadas en esta Cámara vean la luz. Señora Lima, hemos
dejado el dinero para poner en marcha estas medidas, un dinero que aprobó
el Grupo Parlamentario Popular con sus votos y con los votos en contra
del Grupo Socialista. Nosotros dejamos el dinero y esperemos que ustedes
se lo gasten. (Aplausos).


Decía que estamos tan de acuerdo con las medidas y con el pacto
de Estado que aprobaremos esta reforma de la Ley Orgánica del poder
judicial, que entró como entró en el Congreso y salió, gracias a las
enmiendas del Grupo Popular, muchísimo mejor y con más claridad. Por eso,
nos preocupan también algunas de las enmiendas que han presentado tanto
Podemos como Compromís porque, señorías, reabren debates ya superados,
que pueden confundir a la ciudadanía en ese mensaje de unidad que
intentamos trasladar con la aprobación del pacto; un pacto que aprobaron
todas sus señorías en esta Cámara.


Tanto las enmiendas de Compromís como las de Podemos se pueden
agrupar en dos grandes bloques. Como se repiten muchas de ellas, las
vamos a valorar de manera conjunta. Como se ha dicho, las que pretenden
modificar la denominación y el concepto de violencia de género no las
vamos a apoyar porque creemos que hay un concepto perfectamente
interiorizado, consensuado y no genera ningún tipo de confusión ni de
problema. Además, durante los debates del pacto ya decidimos cuál era el
concepto y se trataba, como ha dicho el señor Navarrete, del que figura
en el artículo 1 de la Ley integral 1/2004. En aquel pacto decidimos
dejar el artículo 1 tal y como estaba, de manera que la definición fuese
la siguiente: aquella violencia que se produce sobre la mujer por su
pareja o su expareja; y, también, señor Navarrete, se le ha olvidado
mencionar la que se ejerce sobre los hijos e hijas menores de las
víctimas, algo que introdujo el Gobierno del Partido Popular, también con
la abstención del Partido Socialista. Dejemos esa denominación y sigamos
trabajando en el resto de las violencias que regula el Convenio de
Estambul.


Hagámoslo mejorando la educación. Por cierto, al Partido
Socialista se le ha olvidado la reeducación y, en los seis meses que
llevan en el Gobierno, no han traído ni una sola medida para mejorar la
educación destinada a las víctimas y a la sensibilización de las víctimas
de violencia de género. Trabajemos en las medidas de sensibilización, de
concienciación, de prevención, entre otras, a través de campañas como las
que el Gobierno del Partido Popular lleva años poniendo en marcha y
trabajemos en la formación, porque de eso trata esta reforma de la Ley
Orgánica del poder judicial. Así se ha establecido en la propia ley, a
través del artículo 307, del artículo 310 o del artículo 433 bis de la
Ley Orgánica del poder judicial, que dicen, específicamente, que se
formará a los operadores jurídicos en todas violencias, también en
aquellas que regulan los convenios y acuerdos internacionales.


En el Grupo Parlamentario Popular y en el Partido Popular tenemos
tan claro que hay que trabajar en todas las violencias que establece el
Convenio de Estambul que fuimos nosotros, y no otros, quienes ratificamos
el Convenio de Estambul en 2014; y fuimos nosotros, y no otros, los que
aprobamos una estrategia nacional donde, por primera vez, se reconocían
como violencia de género la trata, la violencia sexual, la mutilación
genital femenina o los matrimonios forzados. Por tanto, no decimos que no
haya que mejorar y trabajar en otras violencias, sino que hay que hacerlo
con rigor.


Algo parecido pasa con el bloque de enmiendas destinado a
modificar la instrucción y las competencias de los juzgados de violencia
sobre la mujer. Nuestra respuesta es: Así, no. ¿Hay que reforzar los
juzgados? Evidentemente, con más medios materiales y personales; entre
otros, con unidades forenses de valoración. ¿Hay que mejorar la
especialización de los juzgados de lo penal? Tanto que hay una enmienda
del Partido Popular aprobada en el Congreso que así lo regula en el punto
IV del Preámbulo de esta ley. ¿La violencia sexual es una prioridad para
el Partido Popular? Sí. ¿Nos preocupa mucho el incremento de los delitos
y, también, su forma y su gravedad? Sin duda. Pero de esto hablamos en el
pacto de Estado y, ¿qué acordamos? Que todo lo que tuviésemos que regular
en la parte penal lo dejásemos para una futura ley específica de trata o
de violencia sexual, donde se regularían las competencias de los órganos
judiciales.


El señor Comorera dice que no podemos esperar y yo le aconsejo
que hable con sus socios del Partido Socialista y les diga que traigan
ya, de forma inmediata, una ley de violencia sexual donde se regulen
todas las modificaciones necesarias de forma transversal, coherente y
articulada, de manera que se modifiquen tanto las leyes específicas, la
Ley de violencia de género, como las leyes sustantivas, el Código penal,
la Ley de enjuiciamiento criminal y, también, la Ley Orgánica del poder
judicial. No empecemos la casa por el tejado y no hagamos chapuzas ni
pongamos parches que puedan provocar descoordinación e inseguridad.


Termino ya, señor presidente, pero quiero aprovechar los últimos
segundos que me quedan para agradecer a los grupos parlamentarios el
apoyo a las enmiendas presentadas por el Partido Popular y que han sido
incorporadas al dictamen: todas las que hacen referencia a las
necesidades específicas de las mujeres y menores con discapacidad, tanto
la mejora de los espacios físicos para que sean accesibles, como de los
temarios, reconociendo la múltiple discapacidad, y también su
reconocimiento en las estadísticas.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Termino ya.


También quiero destacar el apoyo a las enmiendas que propusimos
en la ponencia para poner en valor el trabajo que ha hecho esta Casa, el
Senado, en cuanto al pacto de Estado, con la aprobación de 268 medidas
por unanimidad en esta Cámara, y el trabajo que tendrá que seguir
realizando la comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento de
dichas medidas, reforzando con ello el papel del Senado y demostrando que
esta segunda vuelta a lo que viene del Congreso puede mejorar, y mucho,
las leyes que nos llegan de aquella Cámara.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Camarero.


Pasamos al turno de portavoces. El tiempo de este turno será
de 10 minutos por intervención, según lo acordado.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Navarrete.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.


A pesar de disponer esta vez de mucho tiempo, no me voy a
explayar mucho.


Antes de nada quiero agradecer a los servicios de la Cámara que
nos hayan hecho un poco menos complicada la tramitación de esta
modificación y, en especial, al secretario sus aportaciones y
aclaraciones sobre ciertas cuestiones que no teníamos muy claras en
algunos momentos del debate.


También quiero agradecer al resto de formaciones su buena
voluntad para alcanzar acuerdos y de explicarnos el porqué no aceptaban
nuestras enmiendas y cómo sería el planteamiento alternativo para hacerlo
y reflejarlo de otra manera en nuestra normativa legal.


La modificación de la Ley Orgánica del poder judicial que estamos
intentando llevar a cabo para encajar el Pacto de Estado contra la
violencia de género, en nuestra opinión, es un intento de tapar fisuras
de nuestro sistema judicial, en lugar de arreglarlo de forma definitiva.
En Compromís creemos que estamos encajando el citado pacto en nuestro
ordenamiento, pero no en toda su amplitud. Hay que educar a nuestras
futuras generaciones, observar los datos preocupantes que arrojan
nuestras encuestas y hacer hincapié, sobre todo, en la formación de
nuestros jóvenes, pero también de nuestros letrados y de nuestros jueces.
Y esa era la idea en alguna de nuestras enmiendas.


Como decía, hay que educar en las escuelas en igualdad, pero
también tenemos que ser capaces de identificar los problemas y las
necesidades de las más vulnerables y esforzarnos. Por cierto, me han
dicho que no me había acordado de los niños, también víctimas de la
violencia, y ha sido simplemente por falta de tiempo. Ahora que tengo más
tiempo, por supuesto que me acuerdo de ellos.


Tenemos que romper las inercias sociales, económicas, legales,
culturales y judiciales sobre este tema porque es necesario.


Entiendo el posicionamiento de los grupos mayoritarios cuando
dicen que no podemos encajar el Convenio de Estambul de esta manera y que
quizá tendríamos que intentar algo distinto, como a través de otra
modificación de la ley. Como digo, les comprendo, pero no lo comparto.
Creo que podemos intentar hacerlo aquí porque en otro tipo de leyes, y
como se suele decir, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sí
se han introducido cuestiones que no iban literalmente con el enunciado.
Por tanto, también podríamos haber actuado del mismo modo.


Con esta modificación empezamos a conseguir que las víctimas de
violencia machista sean atendidas por un personal especializado, que
empatice con su problemática.


En Compromís creemos que es un grave error focalizarlo solo en
parejas y ex parejas, pero es lo que hay porque nos dicen que en esta
modificación no corresponde.


Evidentemente Compromís va a votar a favor de esta modificación,
aun cuando no se haya aceptado ninguna de nuestras enmiendas, porque
cualquier paso que se dé en contra de la violencia machista, por pequeño
que sea, es positivo. Por tanto, repito, vamos a votar a favor de esta
modificación.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.


¿Desea intervenir algún otro portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto? (Pausa).


Tiene la palabra la senadora Castilla.


La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenas
tardes, señorías.


Vaya por delante que hoy estamos de celebración porque, desde
luego, estamos dando un paso muy importante en la lucha contra la
violencia de género. Por ejemplo, hemos implementado medidas para mejorar
la formación de jueces y fiscales, algo en lo que trabajamos en la
ponencia en el Senado de forma muy minuciosa. Repito que hay que
celebrarlo y hay que tirar para adelante.


Desgraciadamente, en los últimos tiempos, todos hemos conocido
sentencias en las que, precisamente por falta de formación de los jueces
a los que ha tocado enjuiciar la cuestión, se han incluido algunos votos
particulares muy desagradables, por no llamarlos de otra manera, y con
los debidos respetos al poder judicial.


Aparte de la celebración, me gustaría también ser un poco crítica
con esta proposición porque, aunque es verdad que damos un paso muy
importante, todavía queda muchísimo por hacer. En primer lugar, considero
que no estamos aplicando completamente el Convenio de Estambul. De hecho,
en la primera sesión que celebramos de la ponencia de estudio en el
Senado, el primer debate que se planteó entre los grupos parlamentarios
fue el relativo al ámbito de aplicación del artículo 1, y no todos
entendían que el artículo 1 debía quedar tal cual estaba, sino que se
tenía que aplicar a todo tipo de violencia contra la mujer. Se dejó de
lado porque consideramos que lo importante era volcarnos en la unanimidad
y en las víctimas para mandarles un mensaje definitivo y contundente;
pero me gustaría poner de relieve esta salvedad, en el sentido de que
este documento no cumple del todo el Convenio de Estambul.


En segundo lugar, se ha hablado de que ha faltado un poco de
lealtad en el debate de esta materia, y a mí me gustaría también
mencionar la falta de lealtad hacia nosotros mismos porque en una de las
medidas del documento del Senado se habló de la creación de una comisión
mixta de diputados y senadores para el seguimiento del pacto de Estado.
Sin embargo, no se ha creado y lo que más me sorprende de todo es que en
el texto de la norma —es que me indigna muchísimo— se
ningunea una vez más al Senado. En concreto, en el artículo tres, en el
que se añade un nuevo artículo 87 quater con la siguiente redacción en su
apartado 2.: «Anualmente se elaborará un informe sobre los datos
relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y
remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del
Pacto del Estado contra la Violencia de Género —¡ojo!— del
Congreso de los Diputados.» El Senado aquí no está. (Denegaciones de la
señora Tortonda Gordillo). Yo no lo vi. Si está, luego me dicen dónde,
pero yo no lo he visto. A mi juicio, se ningunea una vez más al Senado
como Cámara de representación territorial y, además, a las comunidades
autónomas en esta materia.


Por último, simplemente quiero decir que entendemos que este
documento es positivo y, por tanto, lo vamos a apoyar, desde luego,
porque la materia es de consenso. Creo que no debe tener ningún tinte
político ni debemos sacar el «y tú más» en este debate. Por tanto,
contará con el voto favorable de la Agrupación Socialista Gomera.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.


¿Alguna intervención más? (Pausa). No hay más intervenciones del
Grupo Mixto.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el
senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.


Intervengo para fijar posición en nombre del Partit Demòcrata.
Vamos a apoyar esta proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, sobre medidas
urgentes en aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de
género.


Como ya ha comentado algún otro portavoz, estamos ante una
aplicación del Convenio de Estambul, que se firmó en 2011 y que fue
ratificado por el Reino de España en 2014. Por lo tanto, nos inspiramos
en este Convenio de Estambul que he mencionado.


Ha habido varios meses de trabajo, tanto en el Congreso como en
el Senado. A modo de resumen de esta ley, podría mencionar que se impulsa
la formación especializada de los profesionales, que garantiza la mejor
respuesta asistencial, ampliando estos contenidos a jueces y jueces de
familia y de menores, además de los juzgados de violencia de género.
También se ha introducido la capacitación en derecho antidiscriminatorio,
así como la inclusión de la perspectiva de género y la transversalidad en
la oposición a la escuela judicial y la formación continua. Todas estas
materias pasan, por fin, a ser obligatorias y evaluables. Estas mejoras,
a nuestro entender, son importantes porque resultaban muy
necesarias.


También se han introducido materias específicas en las pruebas de
selección, de formación especializada en la escuela judicial, en la
formación continua de fiscales y jueces, así como pruebas de
especialización para acceder a juzgados de violencia sobre las
mujeres.


La violencia de género constituye una lacra vergonzosa y este
pacto de Estado es un paso necesario, y en la buena dirección; pero sin
mayor determinación política y, sobre todo, sin mayor presupuesto para su
erradicación, vamos a quedarnos a medio camino. Un dato muy lacerante es
que, solo en 2018, 45 mujeres han sido asesinadas.


La modificación de esta ley viene precedida de un gran acuerdo en
la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, donde obtuvo un amplio
apoyo parlamentario, sin contar con ningún voto en contra.


En cuanto a las enmiendas introducidas en la tramitación en el
Senado, pensamos en la enmienda transaccional 622, que recoge un acuerdo
entre PSOE, PP y Unidos Podemos, pero entendemos —como señaló una
senadora del PNV en comisión— que son competencias de las
comunidades autónomas y de las administraciones de justicia y no tanto
del Consejo General del Poder Judicial, cuyas funciones deben ser
únicamente gubernamentales.


En resumen, como dije al inicio de la intervención, para el
Partit Demòcrata la vía del consenso es la única que tiene sentido en una
cuestión tan acuciante y tan sensible como esta. Por lo tanto, anunciamos
nuestro voto favorable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.


El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente para manifestar nuestro posicionamiento. En
esta materia no se pueden poner trabas ni piedras en el camino. Por lo
tanto, vamos a avalar esa unanimidad de la que ha gozado el dictamen de
la ponencia, pero también vamos a dar nuestro voto favorable a las
enmiendas planteadas; y vamos a hacerlo porque van en concordancia con
las diferentes iniciativas que la Agrupación Herreña Independiente y
Coalición Canaria han registrado al respecto.


Por ejemplo, hemos defendido siempre que en el sistema judicial
se debe incorporar la perspectiva de género, que se debe dotar al sistema
judicial de los recursos suficientes, contemplando en sus sentencias
todas las formas de violencia. También hemos reivindicado en diferentes
ocasiones que los órganos judiciales cuenten con equipos psicosociales
cualificados e independientes, para prestar una correcta y adecuada
atención a las víctimas menores. Además, consideramos necesarias otras
muchas medidas como, por ejemplo, la incorporación de la educación en
igualdad y dotar de los recursos necesarios para facilitar y promover,
también por qué no, la formación del personal sanitario en materia de
prevención. También consideramos que la prestación de los servicios no
debe depender solamente de la voluntad de las víctimas de denunciar ni de
emprender acciones legales contra cualquier autor de delito porque
consideramos que estamos cargando una vez más toda la responsabilidad
sobre las víctimas.


Consideramos que la violencia machista es un problema totalmente
estructural que requiere de soluciones desde todas las esferas y no nos
podemos limitar simplemente a poner parches porque lo que debemos
perseguir es combatir desde la raíz estos tipos de violencias. Todas
estas demandas no las inventamos nosotros, son medidas acordes con la
aplicación del Convenio de Estambul; un convenio que, por cierto, España
ha aplicado, si se puede decir así, de forma muy insuficiente.


Por lo tanto, estamos de acuerdo con el dictamen de la ponencia,
votaremos a favor, y también apoyaremos las diferentes enmiendas, porque
consideramos que si no se incorporan, el resultado quedará un tanto
descafeinado o incompleto, y tenemos que ir a lo máximo. En consecuencia,
apoyaremos las enmiendas y el dictamen.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Cejas.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Etxano.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente. Arratsalde on
guztioi.


Tratamos hoy la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en la
aplicación del pacto de Estado en materia de violencia de género. Con
esta reforma, se trata de aplicar algunas de las medidas que contiene el
pacto de Estado sobre violencia de género; en este caso serían las
medidas del eje 5: el impulso de la formación para garantizar la mejor
respuesta asistencial. Se aplican las medidas 225 y 226 del documento de
trabajo, el consolidado, y se trata de aplicar diez medidas aprobadas en
la ponencia en el Senado y en la subcomisión del Congreso.


Lo primero que quiero hacer —lo han hecho el resto de
portavoces— es poner en valor el trabajo realizado tanto en el
Senado, en la ponencia de estudio para la elaboración de la estrategia
contra la violencia de género, como en el Congreso, en la subcomisión del
pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Durante los meses de
trabajo, se recuperó —este era uno de los objetivos— el
compromiso político firme para la erradicación de la violencia contra las
mujeres. Con esta reforma, se aprueban medidas para ampliar la formación
especializada que reciben las y los profesionales de la Administración de
Justicia en lo relativo a la prevención de la violencia contra las
mujeres, ampliando estos contenidos también a jueces y juezas de familia
y de menores, además de a los juzgados de violencia de género. Esto
último resulta especialmente necesario para la coordinación de los
distintos procedimientos que se ven en distintos juzgados. También se
incorpora en esta reforma la necesidad de introducir la capacitación en
derecho antidiscriminatorio, así como de incluir la perspectiva de género
y la transversalidad en oposiciones, Escuela Judicial y en la formación
continua que imparte el Consejo General del Poder Judicial, materias que
con la incorporación de esta ley pasan a ser obligatorias y evaluables.
Se incluyen materias específicas en las pruebas de selección y formación
especializada en la Escuela Judicial y la formación continua de las
carreras fiscal y judicial, y también el establecimiento de pruebas de
especialización para acceder a órganos judiciales especializados en
violencia sobre la mujer y en el impulso de la especialización de los
juzgados de lo penal, ampliándose su número e implantación a todas las
provincias de manera exclusiva o compartida.


La modificación de esta ley ha venido precedida de un gran
acuerdo en la Cámara Baja, donde obtuvo el apoyo mayoritario de todos los
grupos parlamentarios, sin votos en contra. En el trámite de esta Cámara
se han incorporado al dictamen varias enmiendas. Hemos manifestado en la
ponencia nuestras dudas sobre la transaccional a la que llegaron el Grupo
Socialista, Podemos y el Grupo Popular. Seguimos pensado —así lo ha
manifestado también el compañero del Partido Demócrata de Cataluña—
que estaríamos hablando de competencias de las comunidades autónomas y de
la Administración de Justicia, no del Consejo General del Poder Judicial,
que solo tiene funciones gubernamentales. El resto de las enmiendas, como
la que propone incorporar indicadores de discapacidad en mujeres y
menores, o la que alude al artículo 87 quáter, apartado 2, en la
referencia a la ponencia de estudio de esta Cámara tanto en lo que se
refiere a la aprobación del informe como a los informes que deben ser
enviados por el Consejo General del Poder Judicial, nos parecen también
acertadas. En cualquier caso, la duda sobre la transaccional incorporada,
como ya comentamos en comisión, no sería suficiente para cambiar el
sentido de nuestro voto, ya que entendemos que uno de los retos más
importantes a los que nos enfrentamos las democracias en el siglo XXI es
el de acabar con la desigualdad entre mujeres y hombres, cuya
manifestación más brutal es la violencia estructural que se ejerce contra
nosotras. En esto creo que estaremos todos y todas de acuerdo. Así lo
hemos acordado en el pacto de Estado en materia de violencia de género y
así lo vienen recogiendo organismos internacionales como la ONU, el
Consejo de Europa, la Unión Europea y también el Estado y las distintas
comunidades autónomas.


La Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la Cedaw, obliga a los Estados que la
hayan ratificado —y España la ha ratificado— a condenar la
discriminación contra la mujer en todas sus formas y a seguir por todos
los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar
las discriminaciones contra las mujeres. Asimismo, la Asamblea General,
en su resolución 48/104, de 20 de diciembre de 1993, reconoció que la
violencia sobre las mujeres es un obstáculo para el logro de objetivos de
igualdad, desarrollo y paz, manifestando también que esa violencia viola
y menoscaba el disfrute de las mujeres que la sufren de sus derechos
humanos y libertades fundamentales, reconociendo que la violencia contra
la mujer constituye una manifestación consecuencia de las relaciones de
poder, históricamente desiguales, entre la mujer y el hombre que se
manifiesta en tres ámbitos: maltrato en el seno de las relaciones de
pareja, agresión sexual en la vida social y acoso y discriminación en el
medio laboral. En el artículo 4.i de esta resolución ya instaban en 1993
a adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la
ley y los funcionarios y las funcionarias que han de aplicar las
políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra
la mujer recibieran formación especializada.


Posteriormente, dos años después —todavía estamos
en 1995—, la Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, marcó
un importante punto de inflexión para la Agenda Mundial de Igualdad de
Género. En ella se reivindicaban los derechos de la mujer como derechos
humanos y se adquirían compromisos y objetivos estratégicos para llevar a
cabo acciones específicas para asegurar el respeto de estos derechos. Y
ya más recientemente —esto es muy importante— contamos con el
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer del 11 de mayo de 2011, el Convenio de
Estambul, que es la primera herramienta verdaderamente vinculante que
aborda de forma integral la violencia género, ratificado por el Estado
español en el año 2014. El Convenio de Estambul considera cualquier
violencia contra las mujeres, con los agravantes que ello podría
implicar, una grave vulneración de derechos humanos y una forma de
discriminación arraigada en la desigualdad entre mujeres y hombres. El
acuerdo no solo aborda la prevención y la protección de las víctimas,
sino también la persecución y el castigo para los agresores,
convirtiéndose en una herramienta vital en la lucha contra el machismo.
La violencia contra la mujer se reconoce como una violación de los
derechos humanos y como una forma de discriminación. Esto significa que
considera responsables a los Estados si no responden de manera adecuada a
este tipo de violencia. Estamos, por tanto, hablando de derechos humanos,
de libertades fundamentales y de que la violencia ejercida contra las
mujeres es consecuencia de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres y de las obligaciones de los
Estados.


Los poderes públicos no podemos ser ajenos a esta violencia. Por
tanto, estamos obligados a remover obstáculos que impidan el disfrute en
plenitud por las mujeres de sus derechos fundamentales, tales como la
libertad, la igualad en la vida, la seguridad y la no discriminación. En
el Estado también se han dado pasos: la Ley Orgánica 11/2003, que recoge
medidas referidas a la violencia de género; la Ley 27/2003, reguladora de
la orden de protección; la ley 1/2004, de la que ya hemos hablado todas
las «portavozas»; la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. Hay que añadir también en cada caso los pasos dados
por todas y cada una de las comunidades autónomas. En Euskadi, la
comunidad que más conozco, tenemos la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para
la igualdad de mujeres y hombres; la Ley 12/2008, de servicios sociales,
que incorpora la información a las mujeres víctimas de violencia y la
atención, así como los mecanismos de coordinación interinstitucionales de
atención a las víctimas de violencia de género o regulaciones de recursos
de acogida a las mujeres. Pero aunque los poderes públicos, la misma
sociedad y especialmente el movimiento feminista están respondiendo de
manera creciente y constante, su respuesta todavía es insuficiente, ya
que la violencia contra las mujeres se sigue produciendo en el seno de
nuestra sociedad y, por tanto, sigue siendo una tarea pendiente.


Las leyes y políticas constituyen la base de un enfoque integral
y coordinado para erradicar la violencia contra las mujeres y, como
vemos, en la actualidad existe un número elevado de leyes y políticas
para erradicarla. Pero tan necesario como las leyes deben ser las medidas
para fortalecer la implementación eficaz, que deben incluir la
capacitación de funcionarios y funcionarias que se ocupan de los casos de
violencia contra las mujeres, la aplicación de mecanismos de monitoreo,
la evaluación del impacto, así como la rendición de cuentas, y una mejor
coordinación. También es esencial que se asignen recursos humanos y
financieros suficientes.


A la hora de adecuarlas a las normas relativas a los derechos
humanos, las leyes y políticas pueden desempeñar una función muy positiva
para lograr un cambio de comportamientos y actitudes a largo plazo,
especialmente cuando están acompañadas por estrategias complementarias,
tales como la concienciación sobre la erradicación de la violencia. Una
vez que las leyes entran en vigor transmiten un mensaje firme: que la
violencia contra las mujeres no es tolerada y que toda mujer tiene
derecho a una vida libre de violencia.


Finalizo. La iniciativa legislativa que ahora se toma en
consideración, pretende cumplir alguna de las medidas del pacto de Estado
en materia de violencia contra las mujeres. En concreto, las que
conciernen a la formación especializada que garantice una mejor respuesta
de la Administración de Justicia. Este es, por tanto, un paso más que
viene a sumarse a otros pasos que se han ido dando en la lucha para
erradicar las distintas violencias que se ejercen contra las mujeres.
Podríamos decir que se podría haber ido más lejos en la aplicación de
otras medidas del pacto de Estado, como la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Pero también consideramos necesario adoptar sin demora
cualquier medida que incida en la mejora de la respuesta en el ámbito
jurisdiccional que reclaman las víctimas de violencia de género, mujeres
y menores. Por tanto, se trata de un avance más, aunque no suficiente. De
lo que se trata es de seguir dando pasos para conseguir el objetivo
principal, que es el logro de la libertad de las mujeres, de la igualdad
real entre mujeres y hombres.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora ETXANO VARELA: Termino, presidente.


Apoyaremos la iniciativa, y, en coherencia con los acuerdos
alcanzados, votaremos también a favor de las enmiendas.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Etxano.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra la senadora Pérez Esteve.


La señora PÉREZ ESTEVE: Gracias, presidente.


Senadoras, senadores, estamos debatiendo esta proposición de ley,
consecuencia directa de la aprobación por unanimidad del informe de la
Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la
violencia de género con 267 medidas. Entre ellas, esta, para avanzar
hacia una efectiva formación y especialización en violencia de género de
los profesionales que trabajan en el ámbito del Poder Judicial, por ser
un elemento imprescindible para dar una adecuada respuesta judicial y que
va a recibir el apoyo de nuestro grupo.


Esta semana he recibido un paquete que me ha dejado perpleja.
Seguramente, algunos de los presentes también lo habréis recibido. Una
pequeña caja con una piedra dentro; esta que les muestro; hecha por
Amnistía Internacional, que tiene grabado un hashtag: No más piedras.
¿Qué significa esto? Pues lo significa todo. Las víctimas de violencia se
encuentran cada día con piedras en su camino que le dificultan todo; una
de estas piedras es la Justicia. Durante las más de 50 comparecencias que
recibimos en la Ponencia de estudio del Senado, uno de los temas más
reiterativos ha sido la poca formación judicial en casos de violencia
machista. ¿Cómo una víctima de esta lacra puede recibir Justicia justa si
el propio juzgado es machista? Tenemos muchísimos ejemplos sobre la poca
sensibilidad y formación de algunos de los profesionales juristas, pero
voy a nombrar dos. El despreciable —repito— despreciable voto
particular que emitió el juez de La Manada. La absolución de los cinco
violadores, injustificable desde todos los puntos de vista. O los casos
del juez Francisco Javier Martínez Derqui, titular del Juzgado de
Violencia sobre la Mujer número 7, aquí, en Madrid, que ha humillado, que
ha insultado y que se ha mofado de las víctimas de violencia machista,
incluso, de las propias letradas.


Las víctimas de violencia machista tienen derecho a un proceso
con todas las garantías. Tienen derecho a no ser cuestionadas. Tienen
derecho a que no se les quite relevancia a sus declaraciones. Todas las
víctimas tienen todos estos derechos y más. Y nosotros, desde aquí,
tenemos la obligación de hacerlo posible. Los jueces y magistrados deben
tener una sensibilidad especial hacia este tema, y una formación
específica que asegure que las víctimas vean garantizados y protegidos
sus derechos. Porque la única manera de erradicar para siempre esta lacra
es que todos y todas seamos conscientes no solo ya de que existe, sino de
que tenemos el deber de hacer lo que esté en nuestras manos, y más, para
acabar con ella. Y en esto no valen según qué discursos políticos. En
esto no vale amañar declaraciones de unos y otros para usarlas en favor
de nadie o de modo partidista. Seamos responsables y démosles la
importancia que tienen, apartando los colores políticos. No nos maltratan
por ser de derechas o de izquierdas. No nos agreden por nuestra cultura.
No nos matan por nuestras ideas. Lo hacen, única y exclusivamente, porque
somos mujeres.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez Esteve.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Freixanet.


La señora FREIXANET MATEO:






Senadoras, senadores, yo quiero
empezar hablando del momento que estamos viviendo de auge de las mujeres
en lucha por su libertad de género y de la reacción machista que está
existiendo como consecuencia de ese avance. Por eso, quiero dirigirme al
Partido Popular y a la senadora Camarero para hablar con responsabilidad
sobre esta cuestión. Usted sabe bien que su partido se encuentra
actualmente en una encrucijada: o se dejan arrastrar por la reacción
machista, por aquellos que hablan de ideología de género, buscando
mantener el privilegio, por quienes arropan la idea de que las mujeres
sistemáticamente mienten en los juzgados, aunque los datos lo desmientan,
o se dejan llevar por quienes minimizan la violencia. Esa pulsión está
ahí; es eso o asentarse en el respeto a la ley, en el respeto al sentido
común, en el respeto al pacto de Estado, a los acuerdos, y en la
responsabilidad de terminar con el hecho ineludible de que no pasan las
semanas sin que en este país un hombre asesine a una mujer, en que no
pasan ocho horas en este país sin que un hombre viole a una mujer. Por
eso, sencillamente, les pedimos responsabilidad, que sé que usted la
tiene, pero se la pido a su partido, porque todos y todas debemos tenerla
y para ello hemos trabajado de forma intensa.


Me gustaría pasar a leerles la página 67 del documento del Senado
para el pacto de Estado, documento que escribimos, trabajamos,
consensuamos y aprobamos aquí. Dice así: La violencia de género es la
violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo y tiene su
raíz en el machismo. Constituye un atentado contra la integridad, la
dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en
el que se produzca. La violencia de género, también llamada violencia
machista o violencia contra las mujeres, designará, como establece la
ONU, todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
las mujeres, inclusive la amenaza, coacción o privación de libertad tanto
como si se produce en la vida privada como en la vida pública; todo acto
de violencia basado en el género que dañe a las mujeres,
independientemente del ámbito en el que se produzca en la vida pública o
en la vida privada.


Partiendo de ahí, voy al tema: lo que este Senado aprueba hoy es
tan imprescindible como insuficiente. Votaremos a favor de lo que se
propone, obviamente, e insistimos en la urgencia de abarcar la inmensidad
que falta. Y en ese sentido le tomo la palabra, senadora Camarero: espero
el voto favorable del PP a nuestra propuesta de ley por la libertad
sexual contra las violencias sexuales.


Hoy reformamos una pequeña pieza del engranaje, que es el sistema
de lucha contra la violencia machista, formación en género a los
operadores jurídicos para no repetir violencia institucional. Todas las
senadoras aquí presentes que trabajamos en el pacto de Estado, todas,
sabemos de forma específica y contrastada lo que todo el mundo conoce de
forma mediática, general y cotidiana, que existe una problemática grave
en la respuesta judicial que todavía reproduce machismo. Las
comparecencias de las expertas fueron claras y dieron alertas muy
preocupantes: demasiadas veces las mujeres no somos creídas, demasiadas
veces se ignora cómo funciona esa violencia, cómo reacciona la víctima,
la dependencia, el miedo o el sometimiento como forma de sobrevivir;
demasiadas veces se subestima el riesgo; demasiadas veces se minimiza la
violencia, y demasiadas veces seguimos siendo nosotras las juzgadas. Lo
que tratamos de atacar aquí es, al final, la revictimización.


Así pues, formar en materia de género es crucial y lo mismo piden
las expertas, la calle, las asociaciones de profesionales y hasta el
comité Cedaw de Naciones Unidas, que sigue suspendiendo a España en
respuesta judicial, que exigen y exigimos una formación seria,
continuada, estructural, especializada en materia de género a todos los
operadores jurídicos. Así, que salga adelante la reforma de ley orgánica
del poder judicial que trabajamos hoy es positivo y significa que
compartimos parte del diagnóstico y parte de la urgencia. La reforma
busca la adquisición de conocimientos sobre igualdad, no discriminación y
violencia de género en las instituciones a la carrera judicial, en los
cursos de la escuela judicial y en la formación continuada impartida por
el Consejo. Aprobado este texto, pasará a estar en manos del Gobierno.
Señorías del PSOE, hay que trabajar para hacer real lo que el papel
aguanta. A lo formativo se añaden cuestiones materiales elementales, como
dependencias judiciales que impidan la confrontación de víctima y
agresor, y vía enmiendas solicitamos todo aquello relacionado con la
accesibilidad, que nos parece fundamental; evidentemente, estamos a
favor, lo increíble es que esto no sea ya así.


Dicho esto, entendemos que esta reforma se queda corta y pido que
se reconsideren nuestras enmiendas. La reforma se queda corta en lo
tocante a la cobertura de todas las violencias machistas, que es algo que
la España de 2018 ya debería tener perfectamente atajado. Entendemos que
esta reforma debería abarcar todas las violencias machistas, porque es ya
evidente que los juzgados especializados no pueden centrarse, otra vez,
solo en la violencia que se da en el marco de la pareja o la expareja.
Fundamental es ya que todas las víctimas de violencia machista sean
atendidas en juzgados especializados y levantar para todas esas víctimas
el mismo nivel de protección y acceso a recursos. Esta reforma se queda
corta también a la hora de cumplir nuestros compromisos internacionales,
empezando por el Convenio de Estambul, firmado y ratificado por España,
que exige dar cobertura a todas las violencias machistas. Esta reforma se
queda además corta por lo poco que abarca. Hoy enfocamos la formación en
género de jueces y fiscales, que es capital, pero también lo es asegurar
juzgados especializados suficientes, disponer de tiempo y medios humanos
y materiales que permitan impartir una justicia que pueda llamarse así y
la revisión del circuito entero: los protocolos policiales, el
acompañamiento a las víctimas, la efectividad de los sistemas de
protección y los recursos económicos y habitacionales para poder salir
del riesgo. Claro que eso vale dinero, señorías, vale dinero, pero esto
lo merece. Y, finalmente, se queda corta entendida como aplicación del
pacto del Estado, porque ha pasado un año tras su firma y estamos dando
cabida a una muy mínima parte de lo acordado en ese pacto de Estado, a
unos pocos artículos de los más de 200 que contiene el pacto, que ya era
de mínimos. Urge, pues, todo lo demás y no comprendemos por qué no se
está priorizando, por ejemplo, el aspecto educativo, que es el camino
para que la violencia no se produzca. Seguimos en lo reactivo, cuando la
violencia ya se ha producido. La transformación, obviamente, está en
nuestro lado, está en la construcción de identidades y de relaciones
libres de machismo.


Con todo, este cambio legal busca la especialización en género de
operadores jurídicos que están tratando con violencia de género, así que
nuestro sí, nuestro sí, siendo crítico, es mayúsculo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Freixanet.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Berja.


La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, senadores y senadoras.


Señorías, desde que el Grupo Parlamentario Socialista presentara
esta proposición de ley en el Congreso de los Diputados en abril de este
año, se han sucedido muchos acontecimientos, pero hay uno que ha marcado
tanto esta iniciativa como el resto de iniciativas vinculadas al pacto de
Estado, y ese hito es la llegada al Gobierno del Partido Socialista.
Frente al inmovilismo del Partido Popular en el Gobierno, los socialistas
y las socialistas hemos impulsado el pacto de Estado en un tiempo récord;
en tan solo seis meses se han producido modificaciones legislativas muy
relevantes para el pacto, como esta, pero también se han recuperado
órganos garantes de la igualdad, e incluso el presupuesto del pacto de
Estado ha llegado a las comunidades autónomas. Señora Camarero, no
estaban en sus presupuestos, se incorporaron con una enmienda del Grupo
Socialista porque en sus presupuestos no estaban (Rumores.—
Aplausos). ¿Y qué hizo el PP de Rajoy a partir de la aprobación del
pacto? Hicieron una sola cosa: ralentizar la puesta en marcha de las
medidas, frenar su cumplimiento.


La proposición de ley que hoy nos ocupa hace alusión a un tema
muy trabajado en esta Cámara, concretamente en la ponencia de estudio de
estrategias contra la violencia de género. Recordarán ustedes, las
ponentes, que el denominador común en todas las comparecencias de las
expertas de la sociedad civil y de los y las representantes
institucionales era precisamente la ausencia de formación especializada
en género en todos los operadores jurídicos que intervenían directamente
con las víctimas de violencia machista. He rescatado algunas de las
expresiones de las comparecientes. Doña María Luisa Soleto, presidenta de
la Fundación Mujeres nos decía en su comparecencia que el principal
problema de la ejecución de la ley —se refería a la Ley
Orgánica 1/2004— reside en la administración de justicia. Y ello
—nos decía la señora Soleto— porque en no pocas ocasiones el
propio proceso judicial tiende a agudizar el problema, generando una
victimización secundaria. Una posible explicación a este fenómeno es que
la legislación sobre violencia de género todavía sigue resultando extraña
a toda la arquitectura judicial.


Doña Virginia Álvarez Salina, responsable de investigación y
política interior de Amnistía Internacional, nos insistió en la falta de
perspectiva de género en la Administración de Justicia. La
especialización a la que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004 no es una
realidad en el mundo jurídico, nos decía doña Virginia Álvarez Salina,
que hablaba también del déficit de formación en género de toda la
judicatura y de la Fiscalía.


Para terminar, doña Marta del Pozo Pérez, profesora titular de
Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, nos explicaba que el
problema no es el órgano judicial, el juzgado, sino el titular del mismo,
el magistrado o la magistrada que adolece de falta de perspectiva de
género. Y así, como ustedes saben, todas las comparecientes.


Pues bien, como era imprescindible dar forma a todas estas
manifestaciones, el Grupo Socialista en el Congreso impulsó esta
proposición de ley que hoy, gracias al trabajo de todos los grupos
políticos y a la defensa vehemente que mi grupo ha hecho de esta
cuestión, hay un texto que espero saldrá aprobado por unanimidad.


Señorías, el Pacto de Estado contra la violencia de género
consiguió en esta Cámara un respaldo unánime de todos los grupos
políticos. Me gustaría que esta dinámica de acuerdo, de consenso y
predisposición en la lucha contra la violencia de género continuara. Pero
tengo que confesarles que me preocupan, y mucho, algunas manifestaciones
del Partido Popular en esta Cámara y fuera de ella sobre la violencia
machista, que voy a concretar en dos. La primera de estas manifestaciones
tuvo lugar en el debate de la Comisión de Justicia de hace casi un mes,
donde el Partido Popular expresó muy desafortunadamente su visión sobre
el consentimiento en las relaciones sexuales, aludiendo a una situación
personal y haciendo un comentario jocoso sobre el tema. La violencia
sexual es una grave agresión dirigida hacia las mujeres: es una violencia
que merece de esta Cámara un rechazo rotundo y sin vacilación. No se
puede permitir que esta Cámara banalice la situación por la que pasan las
víctimas de violaciones. No se puede consentir en esta Cámara un discurso
que atenta contra el consenso del pacto de Estado. Pero claro que se
puede diferir en el modo de posicionarnos sobre cómo regular las
agresiones sexuales; lo que no es de ningún modo permisible, porque es
totalmente reprobable, es utilizar el humor y la relativización para
hablar de la situación de una mujer víctima de una agresión. Y la segunda
manifestación preocupante del Partido Popular es su reiterado uso de la
expresión «ideología de género», expresión que el líder popular, Pablo
Casado, ha abrazado con efusividad y que comparte con los líderes de la
extrema derecha y de Vox.


Señorías del Partido Popular, deambulan ustedes por un terreno
muy peligroso. La única ideología de género, la única ideología de parte,
es la que conocemos, y muy bien, las feministas. La única ideología de
género que existe es el machismo. (Aplausos). No caigan en la trampa
patriarcal de utilizar expresiones que son cómplices con el
machismo.


Es una triste noticia que el Partido Popular haya cambiado su
discurso en materia de igualdad entre mujeres y hombres, sobre todo
porque el discurso parlamentario de las ponentes que trabajaron en el
desarrollo del documento del pacto creaba espacio para el diálogo y el
acuerdo, pilares sobre los que hemos diseñado un documento muy válido.
Solo espero que este discurso nuevo que nos ha tocado escuchar
últimamente solo sea una anécdota, una triste anécdota que quedará
reflejada en el Diario de Sesiones.


Señorías, frente a las propuestas de la extrema derecha y de Vox
de derogar la Ley de violencia de género, los partidos del pacto de
Estado tenemos que reivindicar más recursos para su aplicación. No
contribuyan ustedes con sus posibles pactos en Andalucía a blanquear una
marca que se desmarca del histórico momento de conquista de derechos de
las mujeres de este país; una marca que se desmarca contribuyendo a la
misoginia y al machismo más recalcitrante. ¿Quieren PP y Ciudadanos ser
el suavizante de la extrema derecha en este país? Pues, señorías, sus
posibles aliados de Vox ni lavados con Perlan quedan limpios de
xenofobia, de homofobia y misoginia. Piensen bien dónde quedarían ustedes
de apoyarse en ellos.


Señorías, el sistema judicial revictimiza a las mujeres, las
cuestiona, no las cree y en muchas ocasiones las desprotege. Es
imprescindible que la justicia patriarcal para que deje de serlo
incorpore la perspectiva de género. Sí, que incorpore la perspectiva de
género, señora Tortonda, tal y como dice la Ley de igualdad y la Ley
contra la violencia de género. Es fundamental que los juzgados sean una
fuente de protección para las mujeres y no el infierno donde no se las
entiende. Con esta ley, contribuimos a irrigar todo el sistema judicial
de conocimiento igualitario.


Señorías, voy terminando. Hoy llevo colgado un árbol de la vida,
un detalle de una asociación de mujeres víctimas de violencia de género
de Priego, en Córdoba. Espero que ellas y todas, a partir de ahora, noten
el cambio en sus difíciles procesos por los juzgados, porque de eso se
trata, señoría, de transformar para facilitar lo que ya en sí es
tremendamente duro.


Por último, quiero decir que esta mañana se ha hecho alusión a mi
grupo y a mi portavocía en un debate anterior, sobre el que solo voy a
decir una cosa. Este grupo, el Grupo Socialista, tiene incorporada la
sororidad en su comportamiento. Es una filosofía de vida para nosotras y
para muchas mujeres de esta Cámara: practicar la hermandad entre las
mujeres, lo que nos permite libre y vehementemente denunciar los
discursos que van en contra de la libertad, la seguridad y la igualdad de
las mujeres, lo diga quien lo diga, porque, señorías, el machismo, a
veces, utiliza altavoces muy engañosos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Berja.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
la senadora Tortonda.


La señora TORTONDA GORDILLO: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. Señora Berja, ¿y el pacto de Estado,
para cuándo? (Aplausos). ¿Para cuándo las 268 medidas que fueron
aprobadas aquí, en el Senado? ¿Para cuándo las 214 medidas que fueron
aprobadas en el Congreso? Seis meses ocupando el Gobierno, señorías, seis
meses de incumplimiento, seis meses de confusión, y seis meses faltando a
la verdad.


Ustedes dicen que practican la sororidad, pues más vale que se la
hubiesen aplicado ya, porque pretenden callar a las mujeres, a todas
aquellas mujeres que no comulgan, señorías, con su forma de pensar y de
ver las cosas. (Aplausos). Podrán gustar más o menos las maneras de
decirlo, pero nunca prohibir lo que podemos llegar a pensar, eso era en
otra época, donde teníamos que tener la firma del marido para sacar
dinero, y ustedes, con su comportamiento, quieren volver otra vez a esa
forma de vivir.


Nadie banaliza la violencia de género en el Partido Popular,
señoría. ¿Qué han hecho ustedes en esos seis meses? Esta es la primera y
única ley que han traído aquí, señorías, que lo único que pretende
—que es muy importante, y no vamos a decir lo contrario, porque,
entre otras cosas, este grupo estuvo de acuerdo en firmar ese pacto de
Estado— es la profesionalización de los jueces y que tuviésemos más
juzgados especializados en violencia de género. Nada más, señoría. ¿Sabe
lo que decía la ministra, la vicepresidenta del Gobierno? «Nos hemos
autoimpuesto un calendario y llegar a final de año con las modificaciones
legales cerradas». ¿Dónde están? De 268 medidas, el 22 %, señorías,
necesitan una modificación legal. Escuchen, porque luego no lo hacen y no
lo aplican, y tenemos que estar escuchando aquí las barbaridades que nos
han dicho, entre otras cosas, que somos mentirosos y falaces. ¿Así se
habla en un pacto de Estado, señorías?


Yo le preguntaba hace mucho tiempo qué había cambiado. Claro que
han cambiado muchas cosas. Ustedes ahora están en el Gobierno, y tienen
que aplicar el pacto de Estado. Sí, señoría, 200 millones de euros, 1000
millones de euros, el mayor presupuesto que ha tenido en este país la
violencia de género, y ahora ustedes tienen la responsabilidad de
situaciones muy injustas que han pasado en este país.


¿Dónde están? ¿En qué se ha priorizado? ¿Qué han hecho las
comunidades autónomas? Entre otras cosas, de los 20 millones de euros que
había para las entidades locales —ahora hablaremos de las entidades
locales—, no han recibido ni un céntimo de euro, señorías.
(Aplausos). No han recibido ni un céntimo de euro y hoy es 12 de
diciembre. No han recibido esa cantidad, señorías, porque ustedes no lo
han querido. ¿Para qué hablar de la importancia de las entidades locales
y tener que volverles a dar esas competencias? Si no les dan el dinero,
es imposible que lleguen a cumplir con las funciones y competencias que
les hemos vuelto a dar entre todos, no solo el Partido Socialista. Por
cierto, se las hemos vuelto a dar entre todos porque hubo una persona, un
presidente, el presidente Rajoy, que impulsó este pacto de Estado y
ustedes se sumaron para que nos pusiésemos de acuerdo y no tener estos
debates para ver quién hace más y quién hace menos, para que no nos
tuviésemos que escuchar que somos unos mentirosos y unos falaces, como
aquí se nos ha dicho hoy. ¿Para qué les han devuelto ustedes las
competencias a las comunidades autónomas, señorías, si no pueden cumplir
con ellas?


Les hablaba de la lentitud y la desidia del Gobierno feminista de
Sánchez, pero también les hablaba del silencio absoluto y cómplice de la
oposición. Como bien dicen en mi tierra, la misma culpa tiene el que la
mata que el que agarra la pata. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos decían
que es necesario tener voluntad política? Esa era una expresión muy suya,
señora Berja. ¿Qué ha sido de esa voluntad política ahora? ¿Qué ha sido
de esa reivindicación, señora Freixanet, de un cronograma y un calendario
para controlar al entonces Gobierno de Mariano Rajoy y para controlar al
PP? (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia). ¿Dónde
están esas reivindicaciones, señorías? ¿Dónde está la reivindicación,
como usted bien decía, de una metodología seria del trabajo? ¿Dónde está
la reivindicación del presupuesto? Aquí no he oído absolutamente nada, ni
una crítica, aunque fuese una crítica positiva y constructiva.


Ninguna medida en prevención. Bueno, sí, para ser verdaderos, en
prevención han hecho ahora tres campañas, que las acaban de presentar una
detrás de otra porque no les da tiempo, se les pasa el tiempo, señorías.
Por cierto, estas tres campañas las dejó cerradas y, también,
presupuestadas el anterior Gobierno. (Aplausos). Claro que sí.


Ninguna medida en educación. ¿Dónde están las medidas en
educación? Sobre todas esas medidas que ustedes han puesto en marcha,
usted no las ha dicho aquí porque, si las hubiesen hecho, ya le digo que
nos lo hubiesen vendido porque, al final, en ustedes todo es marketing;
hay poca seriedad y poca contundencia, pero mucho marketing.


No han tomado ninguna medida en sanidad y, sobre todo, ni una
nueva ley. Había doce nuevas leyes recogidas en ese pacto de Estado.
¿Dónde y para cuándo estará lista la ley integral contra la trata de
seres humanos? ¿Para cuándo la ley de violencias sexuales? Señora Berja,
dígaselo al Gobierno, entre otras cosas, porque la ministra todavía no ha
comparecido en esta Cámara, comparece mañana. Después de seis meses, ya
nos tendrá que decir todas esas medidas y acciones que han ido poniendo
en marcha sobre el tema de violencia de género.


¿Qué ha cambiado en violencia de género desde que la izquierda de
Sánchez ha llegado a la Presidencia? ¿Sabe qué ha cambiado? Que ya no hay
reivindicaciones, ya no se pide nada, ya no llamamos al alboroto en las
calles porque el PP ya se fue, porque la derecha rancia, casposa y
montaraz ya se ha ido. Entonces, ya estamos todos tan bien. (Aplausos).
Eso es lo que ha cambiado, señorías. ¿Saben por qué nos presentan esta
proposición de ley? Lo hacen al calor de lo que produjo la sentencia de
La Manada y la presentan para acallar la sublevación en las calles, pero
ustedes no tienen un programa de consenso, ustedes no tienen un proyecto
de país, y muchísimo menos un proyecto para poder alcanzar las mayores
cotas de igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres de
este país.


Decía la señora Calvo —y voy terminando, señor
presidente—: Hemos llegado al Gobierno para hacer políticas de
mujeres y para mujeres. Error, señorías. Error. Aquí nosotros venimos a
legislar, pero cualquier Gobierno que se precie de ser un Gobierno
democrático tiene que hacer políticas de igualdad entre hombres y
mujeres. (Aplausos). No queremos que se nos trate como si fuésemos un
sector, el sector de las mujeres. ¡Pero dónde vamos a parar, señorías? No
queremos que se nos trate como a un gueto; no, señorías. Queremos
contribuir a la riqueza de este país, queremos ser personas que
contribuyen a la riqueza, al crecimiento y a la grandeza de este país por
nuestra valía, señoría, que esa es otra. (Aplausos). Queremos que sea por
nuestra valía, y además, con todos nuestros derechos y con todos nuestros
deberes reconocidos en esa Constitución, por mucho que algunos aún no se
hayan enterado que desde hace 40 años en este país no existen diferencias
por razón de sexo. Eso es lo que quiere el Partido Popular. ¿Y saben
dónde va a estar el Partido Popular? Donde siempre ha estado: en el
cumplimiento estricto del pacto de Estado, y ustedes lo saben. Pero ahora
les toca a ustedes gestionar, y ni saben ni quieren.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Tortonda.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL.


624/000012

Justicia


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, pasamos a la
siguiente Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


Para la presentación del dictamen tiene la palabra el presidente
de la comisión, el senador Altava.


El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.


Presentación del dictamen de la Proposición de Ley Orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.


La proposición de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el procedimiento
ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 7 de noviembre de 2018,
fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.


El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 20 de
noviembre de 2018. A esta proposición de ley se prestaron 114
enmiendas.


El día 4 de diciembre la comisión ratificó la ponencia, que quedó
integrada de la siguiente manera: doña Cristina Ayala Santamaría, Grupo
Parlamentario Popular; don Joan Bagué Roura, Grupo Parlamentario
Nacionalista; don Joan Comorera Estarellas, Grupo Parlamentario Podemos;
don Miquel Àngel Estradé Palau, Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana; doña María Dolores Etxano Varela, Grupo Parlamentario Vasco;
doña María José Fernández Muñoz, Grupo Parlamentario Socialista; don
Antonio Morales Lázaro, Grupo Parlamentario Socialista; don Jordi
Navarrete Pla, Grupo Parlamentario Mixto, y don Jorge Alberto Rodríguez
Pérez, Grupo Parlamentario Popular.


La ponencia se reunió el día 4 de diciembre para emitir su
informe, en el que introducía modificaciones al texto remitido por el
Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el mismo
día 4 y emitió dictamen de conformidad con el informe de la
ponencia.


A este dictamen han presentado votos particulares los señores
Navarrete Pla, Mulet García, Marcos Arias, Alegre Buxeda, Crisol Lafront
y la señora Roldán Suárez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora
Julios Reyes y los señores Rodríguez Cejas, Cleries i Gonzàlez y Bagué
Roura, del Grupo Parlamentario Nacionalista, y los grupos parlamentarios
de Esquerra Republicana, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y
Socialista.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Altava.


¿Alguien quiere intervenir en el debate a la totalidad? (La
señora Ayala Santamaría: En el turno a favor). ¿Alguien más quiere
intervenir en turno a favor? (Pausa).


En turno a favor, tiene la palabra la senadora Ayala.


La señora AYALA SANTAMARÍA: Gracias, señor vicepresidente.


La verdad es que subir aquí y tener un desahogo de diez minutos,
cuando normalmente las intervenciones van tan justas, le da ganas a una
de consumir los diez minutos, aunque no caeré en esa tentación.


Lo primero que quería es agradecer el trabajo que todas las
personas han desarrollado durante la tramitación de esta ley. Creo que
han participado prácticamente todos los grupos en una compleja
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La primera persona en
la que quiero encarnar el agradecimiento tiene que ser en el letrado, el
señor Javier Ballarín. Su ayuda ha sido imprescindible. Nos ha ayudado a
hacer un mejor texto; nos ha hecho propuestas cuando, en un momento
determinado, estábamos atascados. Con lo cual, quiero que conste mi
agradecimiento, en primer lugar, a su persona. También quería agradecer,
como no puede ser de otra forma, a mi compañero de ponencia Jorge
Rodríguez Pérez y también el trabajo que ha realizado Luis Rogelio
Rodríguez Comendador, que también ha hecho distintas propuestas. Por
último, quiero dar las gracias a todos los compañeros de ponencia porque,
así como hoy ha sido bastante menos agradable, he de reconocer que el
trabajo en ponencia fue muy satisfactorio y el ejemplo de lo que debe ser
un debate en un Parlamento: distintos grupos políticos que hacen
distintas propuestas y, sin ningún tipo de traba ni prejuicio, se debate
sobre lo que cada uno propone y se llega a bastantes acuerdos.


Vamos a comenzar por decir que esta ley comenzó siendo una
propuesta que hacía el Partido Popular, entonces el grupo de apoyo al
Gobierno, hace bastantes meses en el Congreso de los Diputados. Comenzó
siendo una modificación de ley bastante sectorial, porque solo iba a
hacer referencia a permisos y licencias para después ir añadiendo temas
bastante más complejos, casi todos relativos al personal de la
Administración de Justicia. Y aquí les voy a solicitar que me permitan
hacer una digresión, porque creo que es importante saber cuáles son las
circunstancias que en su momento llevaron a la aprobación del Decreto
Ley 20/2012, de 13 de julio.


En mi impresión, señorías, lo que nos pasa a veces —y creo
que nos pasa a todos— es que olvidamos demasiado deprisa. Hemos
olvidado demasiado deprisa lo que pasó hace apenas ocho años, y creo que
recordarlo puede ser una vacuna para no volver a cometer los mismos
errores que cometimos en su momento. Por lo menos, que conste que el
Grupo Popular advierte de que esos errores pueden volver a ser cometidos,
en este caso, por el Gobierno del Partido Socialista. Nos parece nuestra
obligación y nuestra responsabilidad advertir sobre ello. Lo digo porque
el señor Sánchez, en su discurso de investidura, ya nos informó de que su
modelo a seguir era el presidente Zapatero, y lamentablemente parece que
sigue el mismo camino al desastre que el señor Zapatero. Ya que se les ha
olvidado, permítanme recordarles que el Gobierno de Zapatero es uno de
los gobiernos que pasará a la historia por hacer una de las peores
gestiones económicas de nuestro pasado reciente. ZP fue el presidente que
dejó a nuestro país al borde de la pérdida de la soberanía económica; el
presidente que dejó más de 5 millones de desempleados en nuestro país; el
presidente que generó un agujero presupuestario de dimensiones
monumentales. (Rumores). Veo que al Partido Socialista le molesta que
hablemos de estas cosas, y lo entiendo, entiendo que les moleste,
(Aplausos) pero permítannos que les recordemos que esto fue lo que dejó
el señor Zapatero, que ahora es el modelo del Partido Socialista.


Eso sí, he de reconocerles un mérito: han repetido tantas veces
lo de los recortes de Rajoy que parece que ha calado. E, insisto, se les
ha olvidado lo que hizo el Gobierno de ZP que, primero, fue el que
generó, con su gasto desbocado y electoralista, el agujero económico, es
decir, él lo provoco. Segundo, fue el protagonista del mayor recorte de
gasto social hasta mayo de 2010, exactamente por importe de 15 000
millones de euros. Tercero, fue el presidente que protagonizó la mayor
subida de impuestos de la historia reciente en los presupuestos generales
del 2010.Cuarto, ni siquiera le sirvieron esas medidas de ajuste. Después
de gastar y pedir sacrificios a los españoles ni siquiera les sirvió
porque perdónenme, en nuestra impresión, son tan malos gestionando la
materia económica que ni siquiera subiendo los impuestos, ni siquiera con
todas esas medidas de recorte les bastó para encauzar la economía. Tras
unos meses de una cierta apariencia de mejoría, nuestro país cayó en una
profunda y larguísima recesión. Quinto, el señor Zapatero ni siquiera
hizo los presupuestos de 2011 porque sabía que si hacía los presupuestos
de 2011 iba a tener que contemplar nuevos ajustes, ni siquiera los
presentó y pasó la patata caliente al siguiente Gobierno, que fue el
Gobierno de Rajoy.


A partir de ahí, el Gobierno de Rajoy pidió un esfuerzo
importante, que fue lo que se gestó en ese real decreto ley del que
hablábamos. Les pidió un esfuerzo especial a los funcionarios y también a
los funcionarios de justicia, porque entendió que todavía tenían los
funcionarios la suerte, que no tuvieron 5 millones de españoles, de
conservar un empleo. Se les pidió un esfuerzo especial y hoy es día de
agradecérselo, hoy es día de agradecer el esfuerzo de todos esos
funcionarios. (Aplausos). Así que creo que es de ley que efectivamente lo
hagamos con ellos, porque gracias a su esfuerzo y a la nada fácil gestión
del Gobierno de Rajoy esos esfuerzos hoy pueden revertirse. Gracias a
todo ese inmenso trabajo y a ese esfuerzo es por lo que hoy podemos decir
que se revierten todos esos permisos y licencias que en su momento
quedaron atrás. A partir de ahí, creo que era necesario hacer esta
digresión para saber que hoy a lo que nos enfrentamos es a una
modificación legal que lo que hace es devolver derechos a los
funcionarios. Son los temas cruciales de los que hablamos en esta
modificación legal.


Otro de los temas cruciales de los que hablamos en esta
modificación legal es adaptar las exigencias del informe Greco del
Consejo de Europa, que vienen siendo algo que nuestro país tiene que
hacer, porque queremos seguir estando en el club de los países mejores,
en el club de los veinte países que tienen una democracia plena. Por
tanto, una de las cosas que nos pedía el Greco, de las cuales hablaremos
en el siguiente turno, será del tema de la elección de los jueces por sus
propios pares, que es una propuesta que hace el Partido Popular en la
reforma que hoy traemos. Otra de las más importantes era objetivar,
cuando hay nombramientos por parte de los jueces, el mérito y la
capacidad para ocupar los puestos. También hemos abordado la limitación
de mandatos y la igualdad y la paridad a la hora de nombrar miembros del
Consejo General del Poder Judicial. También hemos presentado enmiendas
que tienen que ver con la mejora de la transparencia, introduciendo, por
ejemplo, la declaración de intereses para distintos cargos del Poder
Judicial y también la mejora del acceso a la transferencia, a la
información y a la estadística judicial por parte de los ciudadanos.


En lo tocante a la Cámara alta, han sido 113 enmiendas las que
hemos estudiado. Mientras hemos estado en ponencia, creo que de verdad ha
sido un ejemplo el trabajo que ha realizado esta Cámara. Incluso mi
compañero de Compromís que está ahí arriba se sorprendía y nos decía en
ponencia lo contento que estaba de que se le hubieran aprobado tantas
enmiendas. No hizo como otros compañeros que se sientan a su lado, como,
por ejemplo, el senador de Bildu, que en este momento no está, que ni
siquiera participa en este tipo de debates. Para tirar la monarquía, todo
lo que sea necesario, pero para mejorar la Ley Orgánica del Poder
Judicial, para eso nunca podemos contar con ellos, y ya lo sabemos.
Efectivamente, en esta ponencia se quiso decir que tratábamos de sumar,
que tratábamos de mejorar. Eso es lo que hemos hecho como, por ejemplo,
el complemento de carrera profesional de los cuerpos de la Administración
de Justicia, con la regulación de las bajas por enfermedad, con una de
las propuestas que nos hacía Compromís en el tema de los interinos de que
solo pudieran estar seis meses. Uno de los artículos que ha dado muchos
quebraderos de cabeza y que todos los grupos aprobaron el pasado octubre
en el Congreso ha sido el artículo 521 de la LOPJ, respecto al centro de
destino. Un artículo que hemos modificado aquí entre todos.


De la parte de la elección de los jueces, ya les hemos anunciado
que lo que pedimos es que efectivamente los jueces sean quienes elijan a
sus propios pares. Agradeciendo todo lo que ha sido el debate en
ponencia, dejo la palabra a quien siga en el turno.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Ayala.


En el debate a la totalidad, ¿alguien más quiere intervenir o
podemos pasar al debate de enmiendas?


Como no hay turno en contra, en turno de portavoces, ¿desea
intervenir el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


Estamos en el debate a la totalidad. Yo quería pasar al turno de
enmiendas, pero, si quieren, entramos en el debate a la totalidad.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, ¿desean invertir?
(Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿desean hacer uso de la
palabra? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿desean
intervenir ahora o en el siguiente turno? Tiene la palabra el senador
Estradé.


El señor ESTRADÉ PALAU: ¿Este turno es para debatir las
enmiendas?


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): No.


El señor ESTRADÉ PALAU: Perdón, le había entendido mal.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Hay un turno de totalidad,
que ha utilizado el Grupo Parlamentario Popular a favor, y otro en
contra. Si quieren que el turno de portavoces lo hagamos en el turno de
enmiendas, avanzamos.


El señor ESTRADÉ PALAU: De acuerdo. Perdone, le había entendido
mal.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): ¿Algún grupo quiere
utilizar el turno de portavoces? (La senadora Fernández Muñoz pide la
palabra).


Senadora Fernández, tiene la palabra.


La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Muchas gracias, presidente. Buenas
tardes, señorías.


Voy a intentar, señora Ayala, que estos diez minutos no supongan
ningún desahogo —los desahogos prefiero hacerlos fuera de esta
sala— y centrarme única y exclusivamente en lo que hoy nos trae
aquí, que es un tema vital y fundamental y dejar para el mal recuerdo
todo lo que usted nos ha dicho en su intervención.


Ciertamente, no queremos recordar los recortes producidos hace
unos años porque fueron principalmente para la clase trabajadora y los
funcionarios públicos. Por tanto, me voy a centrar en lo que creo que
debe ser el tema central esta tarde, que es intentar mejorar un texto de
reforma que no sea ninguna contrarreforma, sino que suponga una mejora de
la justicia y que signifique lo que dice el título de la propuesta de
modificación: devolver derechos a los trabajadores públicos, a los más
de 50 000 trabajadores públicos del sector de la justicia. Para que nunca
al Partido Socialista nos puedan decir que no cumplimos nuestra tarea,
hemos hecho lo que era nuestro deber: presentar dos enmiendas al texto
que nos enviaba el Congreso, dando respuesta a asuntos tan fundamentales
como la modificación del artículo 521 para resolver un asunto como son
los centros de destino. Asunto que afecta muy directamente a las
condiciones de trabajo, que afecta a la reposición y a la redacción
anterior a esta reforma, que consideran los propios trabajadores, el
conjunto de funcionarios, vital para el mantenimiento actual de sus
condiciones laborales.


Señorías, yo pediría a todos, también a mí misma, que demos un
ejemplo de responsabilidad y rigor; que traslademos a esos funcionarios
públicos la certeza de que nuestra preocupación y ocupación, la de todos
sin excepción, es dar respuesta a sus inquietudes y problemas. En este
caso, demos respuesta a la petición que nos hacen los más de 50 000
funcionarios públicos que prestan un servicio esencial en nuestro Estado
de derecho. Señora Ayala, dejemos a un lado cualquier interés partidista,
cualquier interés electoralista y retomemos el acuerdo, el consenso y el
diálogo. Eso significa, en la reforma que debatimos hoy en el Senado,
recuperar el espíritu del inicio de la reforma en el 2007, la que nos
planteó en ese momento el Partido Popular, la que nos planteó el señor
Catalá, que no era otra que, mediante la presentación de esta propuesta,
restituir los derechos laborales injustamente arrebatados en el 2012 con
la excusa de la crisis. Situémonos hoy en el requerimiento de la
reversión de esos derechos laborales. Me atrevo a pedir a las señorías
del Grupo Popular lo mismo que le han pedido de manera reiterada los
representantes sindicales. Textualmente, les indicaban, nos han indicado
a todos que es necesario que todos los grupos políticos abandonemos las
pretensiones de introducir en este texto otras enmiendas que nada tienen
que ver con el objeto de esta reforma. Enmiendas que, bien saben sus
señorías del PP, en estos momentos no cuentan con el consenso mayoritario
para ser aceptadas. Además, manteniendo esas enmiendas están ustedes
poniendo en riesgo la recuperación de esos permisos y esas licencias y la
modificación de ese artículo 521 en alusión a los centros de destino,
impidiendo con su cabezonería abrir una puerta al traslado forzoso, al
traslado arbitrario, despreciando de una manera fundamental la formación
específica de esos empleados públicos que están despreciando la
negociación colectiva.


Señorías, no insistan injustificadamente, no bloqueen esta
modificación del artículo 521. Señorías, no rompan un acuerdo y un
consenso que ya manifestó el Congreso en la reforma de esta proposición
de ley. Permitan ustedes, señorías del PP, reparar una situación laboral
dañina para el buen servicio y labor de estos empleados públicos.
Desistan de esa actitud obstruccionista. Los empleados públicos no se
merecen eso, merecen, señorías, que cumplamos con la palabra dada, la que
le ha dado el señor Catalá a los sindicatos mayoritarios de esos 50 000
funcionarios y que entenderían —y así se lo han manifestado—
como una auténtica hipocresía la actitud que el Partido Popular mantiene
en este asunto, cuyas únicas víctimas serían exclusivamente los
trabajadores de la justicia.


Esta misma mañana, señorías, su grupo parlamentario, el Partido
Popular, pedía la adopción de determinadas medidas de reconocimiento de
la labor y protección de los jueces, fiscales y trabajadores del
Ministerio de Justicia y pedía en una moción mejorar las condiciones
laborales y respetar a los trabajadores. Pues, señorías, permitan ustedes
que esta reforma, que hoy aquí debatimos y que hoy aquí hemos mejorado
con el acuerdo y el consenso de todos de modificar el artículo 521, salga
adelante. No la boicoteen, no la dinamiten, retiren ustedes por
responsabilidad las enmiendas planteadas, la enmienda 112. Retiren la
incorporación de la nueva disposición transitoria relativa al proceso de
renovación del Consejo General del Poder Judicial. Están cometiendo
ustedes los mismos errores del pasado, es decir, meter enmiendas deprisa,
sin consenso, sin diálogo, sin acuerdo, para dinamitar esa mejora de la
justicia que tanto necesitamos y que tanto nos requieren los actores del
mundo judicial. No modifiquen la exposición de motivos de esta reforma.
No utilicen su rodillo en esta Cámara para desvirtuar el trámite
legislativo. Permitan ustedes que se apruebe la reforma tal como fue
planteada por el grupo proponente y mejorada en el Congreso y, recuerdo,
era una Proposición de Ley Orgánica de modificación parcial del régimen
de permisos y licencias. Permitan, con las mejoras que ya se aprobaron en
el Congreso y las modificaciones hechas en esta Cámara, que nacen con el
respaldo de todos los trabajadores públicos y que concitan el acuerdo
mayoritario de esta Cámara, que esta reforma salga adelante.


Señora Ayala, otros asuntos importantes sin duda para mejorar la
calidad y la independencia de nuestro sistema judicial requieren,
señoría, un debate sereno, riguroso, serio, responsable y necesario,
donde van a encontrar siempre al Gobierno socialista y a este grupo. No
seremos nosotros los que cuestionemos esa necesidad, pero, señoría, no
hagamos un tótum revolútum, no es este el momento procesal, corrijamos
aquellos aspectos perjudiciales para los funcionarios públicos donde
existe consenso unánime que es objeto de esta reforma. Avancemos y no
encallen estas medidas con otros asuntos por interés única y
exclusivamente partidista.


A mi modo de ver, señorías, la enmienda planteada no justifica el
juego de unos wasaps, el dinamitar unos acuerdos. Eso, únicamente
justifica la dimisión del que los provocó. La transparencia y la
independencia del Poder Judicial necesitan acuerdo y consenso y espero
que el Partido Popular lo favorezca en la tarde de hoy. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Fernández.


¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones).


Pasamos, ahora sí, al debate de las enmiendas.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Navarrete.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.


Primero, me sumo al agradecimiento al letrado de la comisión por
facilitarnos el trabajo. Segundo, quiero agradecer a los compañeros de
ponencia la flexibilidad para ponernos de acuerdo en muchos puntos.
También quiero reconocer, como ya hice en ponencia y en comisión, mi
grata sorpresa por la aceptación de ciertas enmiendas, pues en Compromís
no estamos lo suficientemente acostumbrados a esto y me alegro por ello.
En Compromís lo único que hemos hecho ha sido mantener las enmiendas que
no nos aceptaron para poder defenderlas aquí y —llámenme
iluso— para intentar convencerles en este Plenario. Quizás, con
cuatro o cinco días más, han tenido la oportunidad de recoger alguna de
nuestras ideas y aceptarlas.


La enmienda número 3, de modificación del artículo 301.3 y 301.4
de la ley, pretende recuperar los derechos perdidos en el apartado de
promoción interna del personal funcionario al servicio de la
Administración de Justicia. Hacemos una mejora para que exista una
promoción interna que, según el punto de vista de algunos sindicatos, no
es del todo correcta tal como se está haciendo ahora.


La enmienda número 4, al artículo 442.2 de la ley, pretende
modificar el tanto por ciento de promoción profesional dentro de la misma
carrera de la Administración de Justicia. Es una propuesta directa de
ciertas centrales sindicales, solo somos una correa de transmisión.


Las enmiendas números 5, 14 y 18 van dirigidas a aclarar el
concepto de carrera profesional. La enmienda número 5 modifica el punto
c) del apartado 1 del artículo 495. La enmienda número 14 añade un nuevo
artículo 490 bis. Y la enmienda número 18 añade un nuevo punto c) al
apartado 1 del artículo 516. Todas ellas están referidas a conceptos de
carrera profesional horizontal, de lo que ya hablamos en comisión y nos
dijeron que no veían bien traer a trámite ese concepto aquí.


La enmienda número 6 pretende la modificación del artículo 98.2.
No podemos olvidar que la medida que propone este artículo, según la
actual redacción, es que debe ser aplicada de manera excepcional y
limitada en el tiempo. La modificación que nosotros proponemos refleja
esa situación y elimina la posible mala interpretación e inseguridad
sobre si es excepcional y limitada en el tiempo,


La enmienda número 8, de modificación del artículo 347 bis,
propone, en el punto 5, un cambio de redactado en el penúltimo párrafo,
porque resulta evidente que un juzgado no solamente es un juez, es todo
lo que rodea al juez, tanto material como personal y, por lo tanto, si
creamos un juez excepcional, llamémosle un juez de sobrecarga de trabajo,
pero no creamos un juzgado de sobrecarga de trabajo, tendremos un
problema, porque si estamos creando un juez para la sobrecarga, los
funcionarios que trabajan con él sí que estarán sobrecargados, porque no
les damos más funcionarios en esa posición. Para resumir, creemos un
juzgado de sobrecarga y no un juez de sobrecarga. Tenemos varios
ejemplos. En el plan que creó el Consejo General del Poder Judicial para
la atención de las demandas de las cláusulas abusivas de créditos
hipotecarios, si aprobamos esta enmienda tal como está redactada,
crearemos nuevos jueces, pero no juzgados para tramitar ese tema. Por lo
tanto, crearemos un problema nuevo al apretar y sobrecargar de trabajo a
cierta parte de la Administración de Justicia.


La enmienda número 9 pretende la modificación del artículo 437.2
para hacer mucho más concreto el texto. Sabemos que las unidades
procesales de apoyo directo no tienen una jurisdicción, sino una sede,
por lo que no pueden extenderse ni reducirse y están en un lugar
concreto. En nuestro texto queda claro que la medida se limita a los
juzgados del mismo partido judicial, que en el texto original no quedaba
lo suficientemente delimitado.


La enmienda número 10 propone la eliminación del artículo 464.1
para que quede como está en el texto actual, que va a cambiar con la
previsible reforma, porque el texto que propone el Congreso y el que
propone la ponencia da la opción a que un letrado de la Administración de
Justicia pueda pasar directamente desde la tercera categoría a ocupar una
plaza como secretario de Gobierno de primera categoría. Creemos que esta
situación queda mejor con el texto anterior: que los candidatos tengan
consolidada la categoría segunda con un mínimo de diez años de
antigüedad.


La enmienda número 11 elimina también el artículo 466.2 para que
quede como antes de la previsible reforma, porque la propuesta del
Congreso pretende cambiar la actual exigencia de tener consolidados al
menos cinco años de antigüedad en la categoría número dos por un simple
«haber ocupado puestos de dicha categoría, pero sin ostentarla». Creemos
que es necesaria.


La enmienda número 13, de modificación del artículo 490.1 y 490.2
de la ley, la presentamos porque, según nuestro punto de vista, es más
concreto y más preciso. Pero los puntos vista son subjetivos.


La enmienda número 15, de modificación del artículo 522.2, la
presentamos porque el texto en vigor limita gravemente la capacidad de
las comunidades autónomas para crear, diseñar y organizar sus oficinas
judiciales de acuerdo con el artículo 438 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.


En la enmienda número 16, de modificación de la disposición
transitoria, de secciones y subsecciones, cambiamos dos palabras como
mera mejora técnica y de precisión.


Por último, la enmienda número 20 simplemente es de concordancia.
Si aceptan las modificaciones que nosotros planteamos, habría que
modificar también esa disposición final única y por eso la
presentamos.


Creemos que todas estas enmiendas que ha presentado Compromís
mejoran la proposición de ley orgánica que estamos debatiendo. Espero que
sean aceptadas, aunque viendo cómo se han producido los debates, supongo
que no será así; pero, en fin, quizás hayan tenido tiempo de ver que es
mejor el redactado y que algunas de nuestras enmiendas no iban con
segundas intenciones y, por lo tanto, tengan a bien aprobarlas.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Navarrete.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el portavoz de
Ciudadanos, el senador Marcos.


El señor MARCOS ARIAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, antes de defender las enmiendas que mantuvimos en la
ponencia los senadores de Ciudadanos, me gustaría agradecer la actitud
siempre profesional de Javier Ballarín, que ha estado, sobre todo hoy,
soportando muchas preguntas al respecto, y agradecer también el talante
de los diferentes grupos de la ponencia.


Hoy se ha producido algo que a Ciudadanos nos parece paradójico,
y es que hemos intentado transaccionar —lo sabe la senadora
Ayala— una parte del texto para, desde nuestro punto de vista,
enriquecer el dictamen, pero ningún grupo ha querido firmarla, excepto el
Grupo Mixto, con el que implícitamente tenemos un acuerdo donde lo
importante es participar, lo importante es votar. Yo entiendo que cada
grupo se reserva la potestad de firmar o no firmar una transaccional,
pero hoy se ha impedido precisamente ese caso.


Señorías, en julio de este año, Ciudadanos registró una
proposición de ley para despolitizar el Poder Judicial y asegurar de una
vez por todas su independencia y profesionalización. Nuestra intención
era debatir esta reforma con más tiempo y de manera independiente, pero
la indignación despertada por el pasteleo del Partido Popular, del
Partido Socialista y de Podemos, que se incorpora también para repartirse
el Poder Judicial, abre una ventana de oportunidad histórica para la
separación de poderes en nuestro país. Por eso, estamos obligados a
actuar con la mayor celeridad posible, aprovechar la ocasión y arrancar
un compromiso a los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el
Partido Socialista, con las reformas que Ciudadanos viene defendiendo
desde hace años, y que, ante ese sonrojo, quienes han manoseado a su
gusto el Poder Judicial durante décadas, tomen la decisión de aprovechar
esa oportunidad.


Señorías, el reparto de los veinte vocales del Consejo General
del Poder Judicial y, lo que es peor, del presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder Judicial, ha resultado tan vergonzoso y
tan bochornoso que no podemos permitir que esto vuelva a suceder. Por esa
razón, hemos decidido transformar nuestra ley con cuarenta enmiendas que
se presentaron aquí a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que hoy debatimos. Como ustedes saben, la
Constitución dispuso la creación de un órgano de autogobierno, el Consejo
General del Poder Judicial, que estaría formado por el presidente del
Tribunal Supremo y veinte vocales, doce entre jueces y magistrados de
todas las categorías judiciales y ocho entre abogados y otros juristas de
reconocida competencia. No cabe ninguna duda de que la voluntad del
constituyente era que el Poder Judicial y, por tanto, también su órgano
de gobierno, fueran independientes. Sin embargo, el bipartidismo ha
optado desde siempre por capturar y quedarse la justicia. En efecto, el
Partido Socialista y el Partido Popular han tratado siempre de controlar
el órgano de gobierno de los jueces. A través de este, a su vez, el
Partido Popular y el Partido Socialista han tratado de influir
indirectamente en el nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial.
Recientemente, en un determinado wasap se hablaba de controlar la Sala de
lo Penal, de influir en las renovaciones futuras o en nombramientos del
Poder Judicial, vitales para el PP, para el futuro de España. Todos,
señorías, lo conocen.


El poder político se inmiscuye así en la cúpula judicial, la que
ha de gobernar a los jueces. Y así, el Poder Judicial queda
indirectamente vinculado al Gobierno y a la división de poderes. Esa
división de poderes se resiente y a esa captura, a esa apropiación de la
justicia, en la que tradicionalmente también han participado los partidos
nacionalistas, últimamente se ha apuntado un nuevo agente, que es
Podemos. Pero es que, además, en el reparto de los vocales del Consejo
General del Poder Judicial existe un problema relacionado con lo
anterior, que es la provisión de plazas de nombramiento discrecional en
los órganos judiciales. El último Informe Greco, del Consejo de Europa,
ha llamado la atención sobre la inobservancia por parte de nuestro país
de la recomendación de establecer criterios objetivos de evaluación para
el nombramiento de altos cargos en la carrera judicial, a fin de
garantizar que el proceso de selección de los mismos no genere dudas en
cuanto a su independencia, imparcialidad y transparencia. Europa,
señorías, nos exige asegurarnos de que la carrera judicial esté basada en
criterios de mérito y capacidad, y no de afinidad política.


Todos los problemas previamente referidos han culminado en un
descrédito generalizado de la justicia, esto es, han generado una sombra
de sospecha sobre la imparcialidad de los jueces. Y esta apariencia de
independencia es fundamental para mantener la credibilidad de la
institución. Esto lo demuestran diversos informes internacionales sobre
independencia judicial que nos colocan, sistemáticamente, en los últimos
puestos. España se encuentra entre los países europeos con peor
percepción de la independencia judicial; repito, con peor percepción. Los
datos ofrecidos por la Comisión Europea en el cuadro de indicadores de la
justicia en la Unión Europea de 2017 reflejan que el 39 % de los
españoles considera la independencia judicial como mala y, como muy mala,
el 19 %. Y a este respecto, de los veintiocho países, solo tres se
encuentran más desfavorecidos: Bulgaria, Croacia y Eslovaquia. Pese a
todo ello, ninguno de los dos viejos partidos ha querido nunca que esta
situación cambie. Sin embargo, el Partido Popular nos ha comunicado
recientemente —quizás, no lo sabemos, por ese pacto implícito que
quiere romper hoy el Partido Socialista con Podemos— que asume
algunas de las tesis que Ciudadanos había implementado en su proyecto, en
su modelo. Y, señorías, no podemos por menos que celebrarlo con
entusiasmo, porque negarse durante años a aceptar un modelo alternativo a
la despolitización del Consejo General del Poder Judicial nos parece
primordial y porque no a través de un corta y pega de la Ley Orgánica del
Consejo General del Poder Judicial de 1980 y después de aprobar las
enmiendas que Ciudadanos presenta hoy para reformar el Poder Judicial
creemos que esto se puede resolver. Desde luego, en Ciudadanos celebramos
enormemente que se acepte este principio de modelo que venimos
defendiendo desde hace años. Consideramos que es lo más conveniente para
los ciudadanos en su conjunto, lo más conveniente para nuestros votantes,
no lo más conveniente para el Partido Popular o para Ciudadanos ni para
usted, señoría, ni para mí, sino lo más conveniente para la opinión
pública, para el conjunto de los ciudadanos.


En el día de hoy, el paquete de enmiendas que hemos presentado,
que mejoran la proposición, serán apoyadas por el Partido Popular, pero
lo que no sabemos es qué hará el Partido Socialista o, quizá, sí lo
sabemos.


Respecto al Partido Socialista, ya conocemos su tramposo
argumento, y es que a los jueces los han elegido los políticos porque
estos representan al pueblo español. ¿Dónde queda, señorías del Partido
Socialista, la separación de poderes? No cuela ya, señorías del Partido
Socialista. Algunos podrían engañarles antes del cambalache del que hemos
sido víctimas estas semanas con el obsceno reparto de los vocales del
Consejo General del Poder Judicial, pero ahora, gracias a ustedes,
sabemos perfectamente cuáles son sus intenciones. No es representar al
pueblo, a los votantes, de ninguna manera; su intención es colocar a los
suyos en altos cargos de la justicia para tener controlados los casos de
corrupción que les atañen, para no dejar, precisamente, que los jueces
hagan su trabajo. De modo que no intenten mentir a la ciudadanía y, por
favor, sean responsables ya.


Señorías del Partido Socialista, se presenta para ustedes una
oportunidad histórica para resarcirse de sus errores y aprobar una
reforma que contribuye a la regeneración del Poder Judicial y al refuerzo
de la separación de poderes, es decir, al refuerzo de la democracia.


Señorías del Partido Socialista, las cuatro asociaciones
judiciales sin excepción nos han pedido que se reforme el sistema de los
vocales del consejo general, las cuatro; nos han pedido que
despoliticemos su órgano. Entonces, ustedes van a desoír las demandas de
la carrera judicial; entonces, ustedes van a seguir manteniendo su poder
clientelista. Les pido que no se queden solos en esta reforma; vuelvan al
constitucionalismo de la mano de Ciudadanos, que somos la casa común de
los constitucionalistas; vuelvan antes de que sea tarde. Esta reforma ha
de aprobarse, evidentemente, con el consenso de los partidos
constitucionalistas. Nuestra Constitución lo exige, nuestros jueces lo
exigen, las asociaciones profesionales lo exigen, pero es que la opinión
pública también lo exige. ¿Van ustedes otra vez a desoír a todos aquellos
que siguen manteniendo su cuota de poder? Necesitamos, señorías,
fortalecer nuestras instituciones ante los retos que se avecinan, ante
los continuos ataques a la democracia. Elijan de qué lado están, aunque
ya sabemos de qué lado están, y hagan el favor de elegir bien de una
vez.


Sobre Podemos, les transmito exactamente lo mismo: esperamos que
sepan entender que un Poder Judicial independiente y no controlado por el
poder político es mejor, mucho mejor para la democracia y los intereses
de la ciudadanía. Ustedes supuestamente entraron en política para cambiar
el modo en que el bipartidismo hacía las cosas y, sin embargo, en cuanto
les han dado la primera ocasión, una mínima oportunidad, han actuado del
mismo modo que el Partido Popular y que el Partido Socialista,
participando del cambalache de reparto de vocales del órgano de gobierno
de los jueces.


Señorías, los políticos tenemos que ser valientes y reformar la
justicia para que sea independiente y se pueda luchar eficazmente contra
la corrupción. Tenemos una ocasión idónea para avanzar en la regeneración
de nuestro país. No podemos permitir que la losa del bipartidismo o del
viejo bipartidismo impida nuevamente despolitizar las instituciones. Por
esta razón, en Ciudadanos consideramos que nuestras enmiendas abordan una
reforma crucial para el Estado de derecho, que recogen además una demanda
ciudadana y una exigencia histórica de la carrera judicial, las reformas
que proponemos en nuestra ley, ahora transformadas en cuarenta enmiendas
a la ley que hoy debatimos aquí: Que la elección de los doce vocales del
Consejo General del Poder Judicial que proceden de la carrera judicial se
lleve a cabo directamente por y entre los jueces y magistrados, como
exige la Constitución, y no por el Congreso y el Senado, para garantizar
la representatividad de toda la carrera en el Consejo General del Poder
Judicial y no solo de los asociados. Los candidatos podrán presentarse
reuniendo veinticinco avales o un aval de una asociación profesional y
cada juez podrá votar a un máximo de seis candidatos, mediante listas
abiertas y voto personal, libre, igual, directo y secreto. Todos los
vocales del Consejo General del Poder Judicial tendrán dedicación
exclusiva. La supresión de los magistrados de designación autonómica en
los tribunales superiores de justicia para evitar también que los
políticos nombren a aquellos magistrados que, en su caso, tendrán que
juzgarles. La regulación de límites a las puertas giratorias entre la
política y la justicia. La limitación de mandatos: dos mandatos para el
presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial, del
presidente de la Audiencia Nacional, de los presidentes de los tribunales
superiores de justicia y de las audiencias provinciales. El
establecimiento de una carrera judicial basada en el mérito y la
capacidad. La objetivación de los criterios para ascender en la carrera
profesional, que serán iguales para todos y que elegirán en un concurso
de méritos público y transparente basado en tres criterios: antigüedad,
especialización y evaluación continua. Por lo que respecta a los cargos
esencialmente gubernativos, que los propios jueces y magistrados elijan
de manera democrática los cargos de presidente de la Audiencia Nacional,
de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales
por voto directo y secreto de todos los magistrados del órgano
judicial.


Señorías, son estas medidas y no otras las que queremos aprobar,
las que les proponemos. Creemos sinceramente que debemos llegar al
consenso, y es importante que desde el consenso estemos de acuerdo con
estas propuestas. Señorías, tengan en cuenta que nos jugamos mucho con
esta reforma para el futuro. Insisto en lo que les he trasladado al
principio: no es una reforma para ningún partido, es una reforma para el
conjunto de la ciudadanía, para los profesionales.


En los años venideros la credibilidad de la justicia se va a
poner en cuestión, ya lo está y se va a seguir poniendo en cuestión
repetidamente, y lo mejor que podemos hacer los políticos, la
representación de los ciudadanos españoles, es recuperar su fortaleza,
recuperar su vitalidad, fundamentalmente a ojos de los ciudadanos, y no
seguir practicando un juego trilero que no nos lleva a ninguna parte y
que al final del camino nos hará daño, un daño terrible, a todos, al
conjunto de la ciudadanía.


Por lo tanto, les pido que apoyen nuestras enmiendas y que no
perdamos la perspectiva. Insisto, estamos hablando de regeneración, de
profesionalización de la carrera judicial y estamos hablando de algo
útil, de política útil para la ciudadanía.


Muchas gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Marcos.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la
senadora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenas
tardes, de nuevo, señorías.


Paso a defender las enmiendas que quedan vivas de Coalición
Canaria. Hemos presentado un conjunto de enmiendas dirigidas a mejorar
las condiciones de trabajo de los profesionales de la Administración de
Justicia. Entendemos que son enmiendas que tienen unas particularidades
muy concretas y, desde luego, no rompen ninguno de los consensos con los
que vino este texto del Congreso. Después, en el turno de portavoces,
daré mi opinión sobre el conjunto del dictamen tal como va a quedar.


Hay algunas enmiendas en relación con la carrera profesional, en
concreto sobre los diferentes estamentos de la Administración de
Justicia, que nos parecía importante que quedaran recogidas, pero
entendemos que con lo que hemos corregido entre todos ya ha quedado bien.
En este sentido, también quiero agradecer el trabajo del letrado de la
ponencia y de la comisión.


Mantenemos viva una enmienda de modificación al apartado 16. Este
apartado habla de la función de refuerzo de los jueces de adscripción
territorial y nosotros proponemos que se quite el párrafo donde dice que
los órganos judiciales reforzados lo harán sin que la dotación del
refuerzo pueda conllevar además asignación de medios materiales o
personales distintos a aquellos con los que cuenta el juzgado al que se
adscribe dicha función de refuerzo. Nosotros entendemos que este último
apartado hay que suprimirlo porque con frecuencia se nombran varios
jueces de refuerzo para juzgados que no podrían ser atendidos con la
plantilla que tiene el juzgado, y no nos parece que esto pueda ser
operativo. Por ejemplo, juzgados de los denominados de cláusula suelo,
donde no se podrían seguir celebrando señalamientos si no se incrementan
los auxilios judiciales, o qué decir de lo que pudiera ocurrir en los
juzgados de lo social, donde asignar varios magistrados haría que, de
alguna manera, este esfuerzo de asignación pudiera ser baldío, puesto que
si no hay más personal de apoyo los temas no se podrían resolver.


Presentamos otra enmienda al apartado 16. En este caso, en el
punto seis se dice que los desplazamientos del juez de adscripción
territorial darán lugar a una indemnización por razones de servicio y que
se determinará reglamentariamente. Nosotros lo que decimos es que debería
quedar: ... reglamentariamente —y a continuación— por la
comunidad autónoma donde estén destinados. ¿Por qué decimos esto? Porque
quien abona es la comunidad autónoma y lo que pretendemos, por lo menos
en mi comunidad autónoma, es que no se establezcan diferencias entre los
funcionarios de distintas administraciones dentro de nuestra comunidad
autónoma. Por lo tanto, nos parece que debe ser la comunidad autónoma la
que haga este desarrollo reglamentario teniendo en cuenta las necesidades
y las funciones.


Otra de las enmiendas, en este caso al apartado veintiocho,
plantea una modificación. Estamos hablando del artículo 466, que trata
del secretario coordinador por provincia. Tal y como está recogido
actualmente en la ley, establece una diferencia concreta: para las islas
Baleares, que pueda haber un coordinador en las islas de Menorca e Ibiza,
y en la Comunidad Autónoma de Canarias, otro en la isla de Lanzarote y la
isla de La Palma. Nosotros proponemos un texto alternativo que diga: ...
la isla de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Porque es lógico, la isla
de La Palma y la isla de Lanzarote geográficamente están muy distantes,
no se puede tener presencia en la isla de Lanzarote y a su vez en la isla
de La Palma; en cambio, Lanzarote y Fuerteventura sí, porque están una al
lado de la otra. Por eso proponemos este pequeño cambio.


Presentamos otra enmienda al punto treinta y tres. Proponemos una
modificación en la redacción del artículo 489, en el apartado que hace
referencia a las circunstancias que permiten el nombramiento de
funcionarios interinos, que tal como está recogido establece que pueda
ser el exceso o acumulación de asuntos en los órganos judiciales por un
plazo máximo de seis meses dentro de un periodo de doce meses». Nosotros
planteamos una modificación que ponga un límite: hasta un plazo máximo de
tres años ¿Por qué?






Porque es la indicación que hace el Tribunal Europeo
para tener que estabilizar un puesto de trabajo. Es el tiempo que se
supone que ya debe ser suficiente para conocer si, efectivamente, estamos
hablando de una situación de eventualidad o debería abordarse no como un
refuerzo, sino como un incremento de plantilla.


Hay otra enmienda al artículo 402, que es una especificidad en
relación con las vacaciones, en la cual planteamos que se permita que se
adapte a lo regulado en cada comunidad autónoma, o si no, en nuestro
caso, lo que planteamos es que los funcionarios destinados en Canarias
puedan acumular en un solo periodo las vacaciones correspondientes a dos
años, porque es así como los propios letrados de la Administración de
Justicia disponen reglamentariamente de este derecho.


Por último, señor presidente, presentamos dos enmiendas referidas
al apartado treinta y siete, que tienen que ver con el centro gestor,
concretamente el centro de destino. Nos preocupa que, tal como está
recogido, se pueda forzar una movilidad —forzada, por así
decir— del personal que rompa las expectativas de todos aquellos
funcionarios que han concursado a un determinado puesto de trabajo, ya no
solo por sus circunstancias personales, sino por los conocimientos
especializados que requería y por el cual concursaron. Estas dos últimas
enmiendas van dirigidas a acotar un poco estas características que están
recogidas en la ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Julios.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, voto particular de los
senadores Cleries y Bagué.


Tiene la palabra, senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes.


El Grupo Nacionalista, en concreto el Partit Demòcrata, ha
presentado diez enmiendas, de la 33 a la 42, y su contenido intenta
mejorar y precisar la propuesta. Debo tener también unas palabras de
agradecimiento para el letrado, el señor Ballarín, por su trabajo,
cualitativamente muy alto y apreciable.


Primera enmienda, la número 33. Con el planteamiento que figura
en la propuesta, se pasaría a hacer una regulación que permitiría al
consejo general crear, a través de especialización, juzgados sin una
vigencia temporal limitada y con el territorio y competencias que
decidiese ese consejo. Entendemos que esto no es conveniente porque, en
concreto, la segunda clave de la reforma sería el abandono de hecho del
partido judicial como demarcación cercana a los ciudadanos.


La segunda enmienda, la 34, simplemente añade: «... o de la
Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia...» Es decir,
es una mejora técnica y el informe favorable debe corresponder a la
administración que ejerza las competencias en materia de justicia.


La enmienda 35 considera como adscripción territorial para hacer
un refuerzo que esta deba acompañarse también de un refuerzo de medios
materiales y personales, no solo con el titular del juzgado, porque si no
se produce una disfunción. En cualquier caso, también previa aprobación
por el Ministerio de Justicia o de la comunidad autónoma con competencia
en materia de justicia, en el mismo sentido que habíamos comentado
anteriormente.


La enmienda 36 es simplemente una mejora de redacción.


La enmienda 37 abre la opción a que existan dos secretarios
coordinadores. Se entiende que en demarcaciones con un alto número de
casos —por ejemplo, en la demarcación de Barcelona, en grandes
provincias o en provincias con muchos habitantes— puede ser
necesaria la figura de un segundo secretario coordinador. Entendemos que
si hay un gran número de órganos judiciales puede ser interesante que,
como mínimo, exista esta opción.


La enmienda 38 es simplemente de supresión, porque entendemos que
es mejor el redactado actual.


Lo mismo ocurre con la enmienda número 39. Planteamos supresión
por cuanto consideramos que el redactado actual es manifiestamente mejor
que el propuesto.


La enmienda 40 establece que el supuesto de la acumulación de
asuntos en órganos judiciales no quede limitado por plazos de carácter
temporal. En concreto, el punto c) recoge el supuesto de exceso de
acumulación de asuntos en órganos judiciales por un plazo máximo de seis
meses dentro de un periodo de doce meses. Entendemos que es excesivo, que
es poco práctico establecer un periodo de seis meses dentro de un periodo
de doce porque es muy reducido y, a menudo, insuficiente.


La enmienda 41 también es de supresión, porque entendemos que es
mejor el redactado actual.


La enmienda 42, que es la penúltima, establece la excepción para
los juzgados de paz en la provisión de puestos de trabajo; es decir, que
cuando regula la provisión de los puestos de trabajo, queden excluidos,
queden aparte los juzgados de paz. Y ello porque entendemos que, tal como
se plantea el artículo, se impide hacer algún tipo de reordenación de
efectivos en los juzgados de paz, y si todas las plazas son ocupadas por
funcionarios titulares no hay posibilidad de destinarlos a ningún otro
órgano o servicio de la Administración de Justicia en el mismo municipio.
Por tanto, creemos que es mejor tal como lo planteamos.


La última enmienda la presentamos porque se podría producir una
paradoja o un contrasentido, y es que por decisión administrativa
surgiría un nuevo órgano jurisdiccional, la sección, sin que hubiese
habido ninguna decisión legislativa o gubernamental. Las secciones que
contempla nuestra legislación son divisiones internas de los órganos
judiciales colegiados, no órganos judiciales en sí mismos considerados.
Por lo tanto, entendemos que la atribución al Ministerio de Justicia de
la competencia para crear órganos judiciales contradice, de manera
flagrante en este caso, la Ley 38/1988 y la propia ley orgánica. Se
produciría también un contrasentido porque según la proposición, si no se
limita al mismo partido judicial, podría ocurrir que todos los juzgados
de un mismo orden jurisdiccional de una provincia pudieran integrarse en
una sola sección, de modo que podría haber una sección civil de la
provincia única o una sección penal única, teniendo en cuenta que en este
caso ni siquiera se excluyen de esta medida los juzgados de
instrucción.


Estas son las diez enmiendas que hemos presentado como Partit
Demòcrata y, aun cuando sabemos ya la intención que tiene el grupo de la
mayoría, las sometemos a su aprobación porque entendemos que mejorarían
el texto propuesto.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Bagué.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para la
defensa de las enmiendas 43 a 45, tiene la palabra el senador
Estradé.


El señor ESTRADÉ PALAU: Muchas gracias, señor presidente.


Senadora del Grupo Popular, si usted quiere tener un mínimo de
autoridad moral y política para hablar de la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, lo que tiene que hacer inmediatamente es pedir la
dimisión del señor Cosidó. (Aplausos). Porque el señor Cosidó cree que el
Consejo General del Poder Judicial es un botín del poder, un botín que
hay que utilizar para hacer prevalecer el proyecto ideológico y
partidista del Partido Popular, para perpetuar el bipartidismo en
decadencia y para tapar su corrupción. Por lo tanto, hasta que no haga
eso, para nosotros usted no tendrá ninguna autoridad ni moral ni
política. Pero vayamos a las enmiendas.


Nosotros hemos presentado tres, una hace referencia a los casos
de especialización y lo que nosotros decimos en nuestra enmienda es que
la especialización de un juzgado para atender a necesidades puntuales
solamente puede tener un carácter excepcional y temporal, porque si no
correríamos el riesgo de modificar la planta y la demarcación judicial,
cosa que el Consejo General del Poder Judicial no puede hacer porque esa
es una atribución del legislador o del Gobierno.


La otra enmienda va en una línea parecida, porque habla de las
unidades de apoyo procesal, y aquí decimos lo mismo: se pueden crear
unidades de apoyo procesal, pero siempre que no conduzcan a modificar ni
la planta ni la demarcación, porque esa también es una competencia
reservada al legislador o, en su caso, al Gobierno, pero nunca puede ser
una atribución del Consejo General del Poder Judicial.


Y la tercera y última enmienda trata también de la creación de un
nuevo órgano jurisdiccional, cosa que por una vía indirecta podría
producirse si no se enmienda el artículo 51, porque entendemos que
encargar a más de un juzgado que se haga cargo de una serie de
competencias podría conducir a la creación de un nuevo órgano
jurisdiccional, es decir, de una sección, sin que hubiese habido con
antelación una decisión legislativa. Por lo tanto, por esa vía tampoco
podemos permitir que se modifique la planta y la demarcación
judicial.


Por último, anuncio que en el próximo turno me referiré a unas
enmiendas que presentamos en el Congreso y que aquí no hemos mantenido,
pero que para nosotros también son importantes.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Estradé.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Comorera.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.


Lo primero, queremos sumarnos a la felicitación al letrado de la
comisión y agradecer también al Grupo Popular que haya admitido alguna de
nuestras enmiendas. Como decía el senador Navarrete, es una novedad y no
estamos acostumbrados, con lo cual, muchas gracias.


La idea inicial de esta proposición de ley era revertir los
recortes del Gobierno del Partido Popular de los derechos laborales de
trabajadores y funcionarios a cuenta de la excusa de la crisis económica,
como se había hecho ya con otros sectores de la Administración. De hecho,
ese era el título de la proposición de ley cuando se presentó por parte
del Grupo Popular en el Congreso: de reforma parcial del régimen de
permisos y licencias; título que al llegar al Senado, curiosamente, ya
había desaparecido por el de: reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial a secas.


Evidentemente, apoyamos y defendemos esa recuperación de
derechos. No nos gusta —y así lo dijimos en la comisión—,
aunque solo sea por técnica legislativa, difuminar propuestas
legislativas introduciendo cosas que no tienen nada que ver. Tampoco nos
gusta cómo en la Mesa del Congreso y en la del Senado se decide que unas
enmiendas sí tienen que ver con la reforma de la ley y otras no, que son
inadmitidas, según quién las presente. O que se presenten enmiendas in
voce en el último momento en la misma ponencia o incluso en este Pleno,
que luego van a ser aprobadas por esa mayoría absoluta que hace que aquí
funcionemos a su ordeno y mando. Esta forma de legislar deja mucho que
desear, la verdad.


También era imprescindible, como se ha hecho con la introducción
de una enmienda en el texto de la ponencia, revertir la reforma del
artículo 521, pues posiblemente no se midieron las consecuencias de la
reforma de este artículo, que afecta a los centros de destino, y que es
una reivindicación de prácticamente todo el funcionariado judicial. No se
puede hacer una reforma así pasando por encima de la negociación con los
representantes sindicales, al ser una sustancial modificación de las
condiciones de trabajo. No se podía ratificar una reforma que podía dar
lugar a una movilidad forzosa y arbitraria de los funcionarios, y que es
contraria a la conciliación laboral.


Además, se han incluido en el dictamen otras enmiendas que
valoramos muy positivamente, como la instauración de la carrera
profesional, la eliminación del cese de los refuerzos a los seis meses,
la eliminación de los descuentos retributivos por incapacidad transitoria
para el personal de todos los ámbitos territoriales y la actualización de
las retribuciones durante las licencias por enfermedad, incluidas las
correspondientes a los nuevos trienios. Hasta ahí bien, pero en esta
reforma también se introdujo, por razones evidentes de urgencia al
finalizar el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial, el
cambio de modelo. Pero de eso ya hablaré después en el turno de
portavoces.


Y centrándonos en nuestras enmiendas, la 46 —que otros
grupos también han presentado en forma similar— modifica el
artículo 347 bis en su punto 5. Es evidente, porque es imposible que los
jueces de refuerzo puedan realizar su labor sin el personal auxiliar
correspondiente. Si hay necesidad de nombrar jueces de refuerzo es porque
hay juzgados especialmente sobrecargados de trabajo y con la redacción
aprobada en el Congreso se produciría una nueva sobrecarga insoportable
para el personal con el trabajo que desarrolle el juez de refuerzo. Si no
hay personal para hacer el trabajo auxiliar, poco refuerzo supondrá un
juez de refuerzo. Por ejemplo, en los juzgados de cláusula suelo, donde
se están asignando jueces de refuerzo dado el colapso, también se han
asignado funcionarios de refuerzo. Con la redacción que se plantea esto
no se podría hacer, lo cual es ridículo.


Las enmiendas 49 y 68 introducen mejoras técnicas.


Las enmiendas 51 a 53 son relativas a la promoción interna del
personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, a fin
de revertir las restricciones que se introdujeron en la Ley
Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Así, en la 51 se introduce la previsión
de que el 50 % de las plazas que se saquen se reserven al sistema de
promoción interna, acreciendo a las convocadas por oposición libre las
que no se cubran por aquel. En la enmienda 52 se recoge en el apartado 1
la actual denominación del cuerpo de letrados de la Administración de
Justicia. Se añade un párrafo segundo, conforme al cual la convocatoria
comprenderá todas las plazas vacantes, así como un número adicional para
cubrir las bajas que se prevean hasta la siguiente convocatoria. En el
apartado 2 se eleva del 30 % del texto vigente al 50 % el número de
plazas reservadas a promoción interna y se suprime la autorización del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que establece la norma
en vigor para dicha reserva. Además, para el caso de no existir oferta de
empleo público se establece la convocatoria por el ministerio de un
proceso de promoción interna del 50 % de las plazas vacantes, mientras
que la norma en vigor las limita al 15 %. Se elimina para este caso la
excepcionalidad que establece la norma vigente, así como la autorización
previa del citado ministerio.


La enmienda 53 añade en el apartado 1 una referencia al acceso
desde el cuerpo de facultativos del Instituto Nacional de Toxicología al
de médicos forenses o viceversa. Y en el apartado 2 se establece que se
reservarán para promoción interna el 50 % de las plazas vacantes, y se
añade un párrafo segundo conforme al cual, de no existir oferta de empleo
público, el ministerio convocará un proceso de promoción interna
específico con el 50 % de plazas vacantes.


Las enmiendas 55 y 56 vienen a reconocer el derecho a la
progresión en la carrera profesional horizontal del personal de la
Administración de Justicia y, por tanto, también al concepto retributivo
aplicable, como ocurre en el resto de administraciones públicas de ámbito
estatal, autonómico o local, que sí lo tienen reconocido.


Agradecemos que se haya modificado la enmienda relativa al
artículo 495, apartado 1, eliminando el añadido de la letra m), porque
creemos que redundaba en el derecho a la carrera profesional, que ya se
reconocía en la letra c) de la versión actualmente vigente.


Finalmente, quiero mostrar también nuestro apoyo a las enmiendas
números 6, de Compromís, y 43, de Esquerra Republicana, sobre el
artículo 98.2. Entendemos que dicha medida debe ser excepcional y por
tiempo determinado, y aun así no nos gusta si se toman decisiones a su
amparo, como la de la creación de los llamados juzgados de cláusula
suelo, con la concentración en un solo juzgado de la capital de cada
provincia de todos los litigios de esa provincia relativos a la
impugnación de cláusulas de contrato de préstamos hipotecarios, con un
resultado bastante desastroso y con el colapso que están sufriendo. Pero
es que dejar tan abierto el artículo 98.2 es un peligro si se tienen
intenciones o tentaciones de eliminar partidos judiciales de localidades
pequeñas. Con la redacción que propone la reforma, eliminando la
excepcionalidad y la temporalidad, se abre una puerta peligrosa a la
desaparición de los juzgados de localidades pequeñas y medianas, con la
que nosotros tampoco estamos de acuerdo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Comorera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ. Gracias, presidente.


Señorías, mi grupo ha solicitado voto particular para que se
mantenga el texto que nos fue remitido del Congreso, en el sentido de que
se supriman las enmiendas 112 del Grupo Popular y la enmienda in voce que
introducía una nueva transitoria.


Señorías, en una proposición de ley que nada tiene que ver con
esta materia el Grupo Popular introduce una enmienda aquí en el Senado,
sin debate alguno y de forma precipitada, sobre uno de los pilares de
nuestro Estado de derecho, esto es, sobre cómo elegimos el órgano del
Poder Judicial. Una enmienda que cambia radicalmente el sistema de
elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder
Judicial; sorprendentemente, sistema que ellos mismos, con su mayoría
absoluta, aprobaron en 2013, el mismo que venían defendiendo hasta 24
horas antes de que se presentara esta enmienda y de que hubieran acordado
la renovación del actual Consejo General del Poder Judicial. Señoría
Ayala, como usted decía ayer: ¿Dónde va? Manzanas traigo. Eso mismo. De
un sistema mixto, en el que los jueces proponen y el Parlamento, como
único representante directo de la ciudadanía, elige, pasan con esta
enmienda a un sistema de elección puramente corporativista, en el que son
los propios jueces, sin ninguna conexión con la voluntad popular
representada en estas Cortes, los que eligen a sus órganos de
gobierno.


Señoría, está claro que el actual sistema debe mejorarse, claro
que sí, y además hacerlo de manera valiente, pero la reforma no puede
realizarse a costa de que la ciudadanía española, representada en estas
Cámaras, se vea excluida de participar en la elección de la mayoría de
los miembros de un órgano de gobierno de un poder del Estado.
(Denegaciones de la senadora Ayala Santamaría).


Señor Marcos, los socialistas somos unos constitucionalistas
convencidos, defendemos desde el artículo 1 al último de la Constitución.
Algunos de ustedes ponen énfasis en algunos artículos y en otros
muchísimo menos. Pues en defensa de esta Constitución, en defensa del
artículo 1 de la misma, que señala que todos los poderes del Estado
emanan del pueblo español, representado en este voto popular, por eso
hemos presentado este voto particular, y en defensa también de un mínimo
de decoro a la hora de legislar, señora Ayala.


Han utilizado una buena ley —que hemos mejorado aquí, en el
Senado— para garantizar los derechos de los trabajadores, para por
la puerta de atrás introducir una reforma que nada tiene que ver con su
objeto.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Por ello, el Grupo Socialista presenta
este voto particular. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Fernández.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Rodríguez Pérez.


El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías.


Destaco desde el primer minuto de mi intervención que estamos
ante una modificación muy relevante de una ley esencial y clave de la
justicia española para adaptarla a los requerimientos del tiempo actual
que vivimos, del siglo XXI. Y está siendo posible a partir de la
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, en primer lugar, concebida para la recuperación de derechos
económicos y derechos sociales del personal de la Administración de
Justicia, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.
Pero se ha avanzado mucho más, es verdad. Esta reforma normativa ayuda a
mejorar nuestra Administración de Justicia, las condiciones laborales de
sus profesionales, los instrumentos, los cauces, los procedimientos... En
fin, todas aquellas vías que han de incrementar la confianza y la
credibilidad de nuestra justicia.


Se han incorporado demandas profesionales, demandas de
organizaciones internacionales como el Grupo Greco para alcanzar mejores
niveles de percepción de la independencia judicial, establecimiento de
parámetros objetivos de mérito y capacidad, condiciones para el acceso a
los cargos de nombramiento discrecional, limitación de mandatos,
condiciones de retorno a la jurisdicción de jueces y magistrados, plazos
de caducidad para los expedientes sancionadores, instrumentos de
cooperación en materia de recursos humanos entre ministerio y comunidades
autónomas, fomento de la especialización material de cada jurisdicción,
con ampliación competencial en lo que llamamos secciones de instancia y
modificación de la organización del Consejo General del Poder Judicial,
entre otros.


Repito, todo un conjunto de medidas para una progresiva
adaptación y transformación imparable de la Administración de Justicia a
estos tiempos actuales. Se ha hecho un gran trabajo, señorías, un gran
trabajo parlamentario en el Congreso y también un gran trabajo
parlamentario aquí, en esta Cámara, en el Senado y el resultado es una
propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial mejor que
la que inició la andadura para su modificación en el Congreso de los
Diputados.


Ya nos manifestamos, señorías, en la ponencia y en la comisión
respecto a las enmiendas que aquí se han vuelto a reproducir por los
grupos enmendantes y nuevamente hemos de rechazarlas. Sí, sí, hemos de
rechazarlas, a excepción de las enmiendas números 84, 102, 103 y 104, del
Grupo Mixto, concretamente de Ciudadanos, que aceptamos en los términos
en que han sido formuladas. Hay que decir, señorías, que muchas de las
que ahora vamos a votar en contra podrían haber sido admitidas; sin
embargo, hemos estimado que es más adecuado que sean nuevamente tenidas
en cuenta en el desarrollo normativo de esta ley. Destaco, no obstante,
el importante número de enmiendas que han sido aceptadas o transadas en
ponencia, también en comisión; estamos hablando de alrededor de 24 o 25
enmiendas de las 114 que se habían presentado.


Miren, señorías, es un mecanismo absolutamente legítimo dentro de
la vida parlamentaria este de establecer un sistema diferente de
magnitudes de la discrepancia y de esa forma no querer poner encima de la
mesa un compromiso. Pero creo que esta contradicción nos debe llevar a la
reflexión de si en estos momentos no deberíamos todos hacer un verdadero
esfuerzo para intentar alcanzar consensos duraderos en asuntos que
considero que son de Estado. El debate que estamos celebrando aquí esta
tarde tiene que ver, y mucho, con elementos absolutamente vitales, como
el diálogo, la responsabilidad y la voluntad sincera de consolidar una
arquitectura institucional sólida, funcional y operativa bajo la cual los
españoles puedan desarrollar sus proyectos de vida y sus proyectos de
convivencia. Es una necesidad sentida y es una necesidad requerida.


Es verdad, señorías, que hay asuntos en los que, por razones
ideológicas, es muy difícil que exista acuerdo y consenso entre los
distintos grupos que aquí representamos a los ciudadanos y a las
comunidades autónomas. Pero estamos en presencia de una de esas leyes
sobre las que, con independencia y al margen de la ideología que
profesemos cada uno de nosotros, podemos y debemos ser capaces de estar a
la altura de las circunstancias. Hemos demostrado haber trabajado con la
fórmula del consenso en torno a las cuestiones más polémicas del
proyecto. En muchas, ciertamente nos hemos entendido, y nos hemos
entendido con las diferencias que manteníamos, y en otras, como en el
sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial, no ha sido posible.


Señorías, las estructuras del Estado, del aparato productivo y de
muchas de nuestras instituciones están siendo sometidas a una profunda
reforma, a una profunda revisión, por la necesidad imperiosa que tiene
España de dotarse de una mayor iniciativa, de más eficacia, de un
dinamismo real hacia una situación de estabilidad. Tenemos que hacer las
reformas necesarias para abordar los tiempos que vienen. No hay
Administración que esté al margen del ejercicio de autocrítica y no hay
razón por la cual el órgano administrativo y político que gobierna el
Poder Judicial haya de quedar fuera de ese esfuerzo colectivo,
demostrando así su capacidad de adaptarse a los cambios y de evolucionar
junto a la sociedad.


Nuestra aportación, la aportación del Grupo Parlamentario
Popular, ha consistido, señorías, en hacer más operativo este órgano de
Gobierno, y para ello hemos contado con el más eficaz de los
instrumentos, la Constitución, señorías, en cuyo artículo 122 se
encuentra cuanto necesitamos para ello. Se respetan escrupulosamente las
competencias atribuidas al Consejo General del Poder Judicial, que son,
siguen siendo inamovibles. El artículo 122 tiene por objeto, entiéndanme
bien, el consejo, no el Poder Judicial, sino el órgano de Gobierno del
Poder Judicial, puesto que este no reside en nada distinto, nada más que
en el pueblo y se administra por sus titulares, es decir, por cada juez y
por cada magistrado cuando dicta un resolución y juzga y hace ejecutar lo
juzgado, en tanto que poder queda definido en el artículo 117, que, como
no puede ser de otra manera, garantiza la independencia judicial y lo
preserva de toda influencia, ya sea política, mediática o de cualquier
otra naturaleza desde el momento mismo en que establece que los jueces
son independientes, son inamovibles, responsables y sometidos al imperio
de la ley.


Señorías, la reforma de la justicia es inaplazable y el Grupo
Parlamentario Popular quiere una justicia independiente, pero
independiente para cada juez y autónoma para el Gobierno del Consejo
General del Poder Judicial, porque el Poder Judicial por sí mismo no
puede ser independiente. Independientes son los jueces, independiente es
el juez que dicta su sentencia a la vista de la prueba practicada en el
juicio. La autonomía sí se debe predicar del Consejo General del Poder
Judicial; el órgano constitucional es el que deber ser autónomo respecto
a los otros poderes del Estado, pero la independencia que ustedes tanto
han alegado y tanto han invocado y predicado, también aquí esta tarde, es
precisamente la de cada juez individual.


Es esta una ley no solo importante, señorías, sino también
necesaria, muy necesaria, y los grupos políticos estamos aquí para ser
correa de transmisión de lo que la sociedad nos pide. El Grupo
Parlamentario Popular ha hecho justamente lo que tenía que hacer. Había
un problema determinado y ha hecho una propuesta determinada para
solucionarlo en el lugar en el que podía hacerlo, aquí, en el
Senado.


No estamos modificando, señorías, una ley cualquiera, sino
justamente la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estamos convencidos de que
esta va a ser una reforma útil, una reforma eficaz y ofrece, sin duda
alguna, un modelo válido para afrontar las necesidades del Gobierno del
Poder Judicial durante estos próximos años, durante este siglo. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).


Debo insistir en el objetivo principal de esta reforma, que no es
otro que la modernización y la transformación de la justicia. Un
objetivo, señorías, que no es nuevo, lo sé. Desde hace ya quizá más de
una década se viene demandando una justicia que actúe con rapidez, con
eficacia y con calidad en la que los tiempos de respuesta sean razonables
y se alcancen los máximos niveles posibles de profesionalización y
especialización. Esta reforma va en esa dirección.


Es el artículo 1 de la Constitución española que nos dimos
en 1978, señorías, el que establece los cuatro valores superiores del
ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político. La justicia nos la dimos como valor superior del
ordenamiento jurídico y es la propia Constitución y la misma Ley Orgánica
del Poder Judicial las que se encargan principalmente de regular todo
aquello que tiene que ver con la justicia y con la Administración de
Justicia. Ahí es donde se encuentra el estatuto orgánico del Poder
Judicial, que en este momento estamos reformando.


Por lo que hemos oído en las precedentes intervenciones, da la
impresión de que quieren aprovechar cualquier reforma en materia de
justicia para hacer un juicio a la justicia. Vale todo para juzgar a la
justicia, y la documental, la pericial y la testifical que ustedes
presentan siempre es la misma: ver si por fin logran que se condene a la
justicia. Nosotros, por el contrario, señorías, lo que queremos es
mejorar la justicia, mejorar el funcionamiento de la justicia. En lugar
de criticarla y de hacer un juicio a la justicia, señorías, les pido a
todos que se sumen a estar a favor de la justicia.


Repito, se ha trabajado mucho y bien en ponencia y en comisión.
Lamentamos la posición del no de algunos grupos parlamentarios, pero el
resultado, créanme, será una ley que desarrolla e incorpora instrumentos
y mecanismos que inciden en más justicia, mejor justicia, justicia ágil y
por todo ello justicia de calidad.


En fin, la discrepancia, señorías, es legítima, es saludable,
ayuda a la reflexión y a alcanzar la mejor solución o respuesta. Sin
embargo, el negacionismo basado en el principio y la exclusión, señorías,
no sirve para nada; no sirve de nada. Por lo tanto, el Grupo
Parlamentario Popular, va a votar en contra de las enmiendas que han sido
mantenidas y defendidas por los grupos enmendantes a excepción de las que
he referido anteriormente.


El Grupo Parlamentario Popular no ha retirado ni retira ninguna
enmienda de las presentadas en su momento. Las presentadas por nuestra
parte, señorías, a los artículos 570, 578 y 586, relativas a la elección
de los jueces, ahí están y se incorporarán al texto, a excepción de las
que afectan, como digo, a los artículos 567, 572, 574 y 575, y será así
por la aceptación de las enmiendas 84, 102, 103 y 104 del Grupo
Ciudadanos. Hemos intentado hasta el último momento transar un mejor
texto junto con el Grupo Ciudadanos, pero no ha sido posible por la
negativa del resto de grupos parlamentarios. Espero que en otro momento y
en otra instancia pueda la redacción pulirse mejor de lo que va a salir
de esta Cámara.


El Grupo Parlamentario Popular, y termino con ello, señor
presidente, deja constancia, como han hecho quienes me han precedido en
el uso de la palabra, de su agradecimiento a todos los que han
contribuido al buen trabajo en la tramitación de esta ley. Al trabajo de
todos, sin exclusión, señorías; sin duda también al letrado de la
comisión por su siempre excepcional trabajo y, por supuesto, a mi
compañera de ponencia Cristina Ayala.


Mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, está convencido de que
con esta ley se va a avanzar en la mejora del servicio público de la
justicia y en un mejor funcionamiento del órgano de gobierno del Consejo
General del Poder Judicial.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Navarrete.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente para decirles que Compromís tiene
sensaciones encontradas con el tema que debatimos hoy. Es claro y
evidente que la reforma enriquece la relación de utilización de medios
electrónicos, la transparencia, la provisión de plazas, la recuperación
de algunos derechos de los trabajadores de la Administración de Justicia,
e igualmente interesante es la equiparación de paridad entre los vocales,
etcétera. Pero, como les decía, nos produce una sensación
encontrada.


Hoy mismo hemos debatido aquí una moción del Grupo Popular, que
no ha querido aceptar nuestras enmiendas porque, según ustedes, no iban
con el tema: una moción que hablaba de derechos laborales de los jueces y
fiscales. También hemos debatido aquí una modificación de la Ley Orgánica
del Poder Judicial para encajar el Pacto nacional de la violencia de
género y no han tenido a bien aceptar ciertas enmiendas nuestras porque,
según su criterio, cambiar violencia de género o contra la mujer por
violencia machista no entraba en el tema del debate de esta ley, por lo
que debía ir en otra modificación legislativa.


Estos dos debates nos han hecho reflexionar a la gente de
Compromís. Nos han hecho pensar para poder decidir cuándo sí o cuándo no
nos van a decir que un tema tiene relación con una moción o con una
proposición de ley. Por eso les pregunto: ¿Incluir derechos laborales en
una moción de juzgados del Grupo Popular que pedía el reconocimiento de
derechos laborales pactados es coherente o no? ¿Va con el tema o no?
¿Hablar de violencia machista o sexual en una proposición de ley que
habla de la violencia sobre la mujer es coherente o no? ¿Es hablar del
tema o no? En cambio, ¿incluir una reforma de calado del método o sistema
de elección del Consejo General del Poder Judicial va con el tema o no?
¿Va con el tema hablar de derechos laborales, de transparencia, de nuevas
tecnologías, de recuperar derechos perdidos de los trabajadores de la
Administración de Justicia? Según ustedes, a veces sí, a veces no. Por
eso les decía lo de los sentimientos encontrados.


Nos preguntamos por qué si un sistema de elección del Consejo
General del Poder Judicial que estaba bien diseñado, según la opinión del
Partido Popular, hasta un curioso wasap de cierta persona, después, en un
giro copernicano, es nefasto e inútil. Por tanto, ustedes deberían
pensarlo un poquito. Senadores del PP, les pillaron con aquel wasap y, en
una coreografía muy bien orquestada, han pedido la ruptura del pacto, el
señor Casado ha propuesto un nuevo sistema de renovación del Consejo
General del Poder Judicial y, como tenían poco tiempo y supongo que pocas
ideas, se les ocurre hacer cortas y pegas. A Compromís le resulta
sorprendente.


En Compromís no estamos en contra de cambiar el sistema de
elección del Consejo General del Poder Judicial. Pero necesita un debate
sosegado, no puede hacerse ahora, ya, rápidamente. Es necesaria la
búsqueda de amplios consensos; eliminar la politización de la Justicia,
por supuesto, y que respete lo establecido en la Constitución. ¿Recuerdan
aquello de que la Justicia emana del pueblo? Quizás por eso el nuevo
sistema tendría que basarse no únicamente en una decisión corporativa,
sino que debería ser un nuevo sistema, más democrático, más
representativo, de toda la sociedad, más transparente y más claro, para
que las personas tuvieran la certeza de que va a ser transparente y sin
interferencias políticas.


Por todo ello, como le he dicho anteriormente, tenemos
sensaciones encontradas. Antes de leer las enmiendas del Grupo Popular
estábamos a favor. Ahora, después de esta cacicada, no tenemos la misma
sensación de apoyo.


Por último, antes de acabar, porque me queda poco tiempo, quiero
hacerles una reflexión, sobre todo a la Mesa de la Cámara: cuando ciertos
grupos parlamentarios o senadores presentan enmiendas se les pide que
tengan relación con el tema de debate, que justifiquen el porqué de esas
enmiendas y razonen los motivos para que se puedan tramitar o debatirse,
mientras que otros grupos parlamentarios se permiten justificar reformas
de calado con un refuerzo de la independencia judicial o pretenden
cambiar algo tan polémico como el sistema de elección del Consejo del
Poder Judicial con una justificación de mejora técnica. Sinceramente,
hagámonoslo mirar, por favor.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el
senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidente. Buenas tardes.


El Partit Demòcrata va a votar en contra de las modificaciones
que se introdujeron en ponencia y en comisión y nos vamos a abstener en
la proposición de ley orgánica tal como venía del Congreso. Este es un
texto que —ya se ha dicho— proviene del Congreso y cuya
tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado, ha sido muy
trabajada. Salió del Congreso con 262 votos a favor y ninguno en contra
—creo que también es significativo este dato—, y en el
Congreso hace pocos días se ha aprobado una moción consecuencia de
interpelación, a propuesta del Partit Demòcrata, para que en el plazo
máximo de seis meses se produzca la renovación del Consejo General del
Poder Judicial y dejemos de dar esta imagen tan lamentable de pasteleo y
de cuotas en el reparto de este órgano.


Los grupos mayoritarios quieren aferrarse a un bipartidismo ya
inexistente para salvaguardar sus prebendas y sus cuotas. A nuestro
entender, no existe una separación real, auténtica de poderes, y lo
decimos con tristeza pero lo comprobamos cuando se producen abusos, como
la prisión preventiva de más de un año para presos políticos catalanes
que no han sido juzgados, y cuando vemos, con asombro, que, por ejemplo,
el Tribunal Constitucional, para impedir la investidura de un diputado
electo, en veinticuatro horas y en fin de semana se reúne con todas
celeridad. Es evidente que nada puede contrastar más una situación que
este ejemplo.


Se instrumentaliza claramente la cúpula judicial y se deja en
manos de los grandes partidos el reparto de la cúpula. Se reduce o
menoscaba el peso de las minorías, tanto territoriales como en su
conjunto, queriendo hacer prevalecer un modelo de reparto bipartidista,
que quizá tenía sentido en los años ochenta o noventa, pero que ahora ya
no tiene sentido, tiene muy poca credibilidad y deberían tomar ejemplo
del Consell de Justicia de Catalunya, que tiene un 90 % de apoyo
parlamentario y que no es objeto del triste espectáculo al que nos
someten el Partido Popular y el Partido Socialista.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


Tiene la palabra la senadora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Coalición Canaria tampoco va a apoyar las modificaciones
introducidas en este texto en el proceso de la ponencia y de la comisión.
Nos sorprende, además, que el Partido Popular reclame consensos, desde
luego poco creíbles, cuando es él el que ha roto los consensos y
especialmente en esta materia, y nos sorprende que se introduzcan, cuando
estamos hablando de la modificación de una ley que el propio Partido
Popular negoció y consensuó en su paso por el Congreso de los Diputados,
una ley que en la exposición de motivos deja claro que lo que pretende es
recuperar los derechos perdidos por los trabajadores de la Administración
de Justicia, que es necesario y es urgente recuperar. Insisto, no nos
parece que se persiga el consenso cuando se rompen los consensos, y no
nos parece serio, parece más una decisión tomada buscando un impacto
mediático y cortoplacista, pues es evidente que la mayoría absoluta que
tiene el Grupo Popular en esta Cámara, en el Senado, no la va a tener en
el Congreso cuando este texto vuelva a esa Cámara. Esta victoria va a ser
flor de un día. Y nos preguntamos, ¿creen que vale la pena, señorías,
romper el consenso por el titular de un día? Nosotros pensamos que no.
Nos preocupa que no se tenga en cuenta lo que nos piden los trabajadores
de la Administración de Justicia, que no mezclemos sus reivindicaciones,
incluso laborales, con la politización de la Administración de
Justicia.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora JULIOS REYES: En cuanto al contenido, pretender hacer
modificaciones profundas sobre cómo elegir el Consejo General del Poder
Judicial sin que el Partido Popular y otros grupos hayan hablado con
nadie no nos parece la mejor forma de construir consensos en la
Administración de Justicia, que es y debe ser un pilar fundamental en una
democracia.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Arratsalde on. Buenas tardes.


Cuando el senador Cosidó comunicó a su grupo de wasap que
personalmente y en primera fila participó en las —vamos a llamarlo
eufemísticamente así— negociaciones —que en realidad son una
serie de lavados de cara— para la renovación del Consejo General
del Poder Judicial, se está inculpando del contubernio del actual sistema
de designación de los vocales del consejo. Quizá alguna persona ingenua,
inocente, pensando que el consejo no posee funciones jurisdiccionales,
consideraba que la designación de los vocales del consejo era un problema
de identidad menor que desde la perspectiva de los derechos y libertades
solo requería una protección refleja o una protección vamos a llamarla de
segundo grado, ya que esta composición y designación no influía en la
actividad jurisdiccional.


El magistrado Marchena, renunciando a su condición de presidente
del consejo in pectore, nombrado sin todavía haber sido elegidos siquiera
los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en su comunicado
puso de manifiesto que la razón de su dimisión es su renuencia a
determinar el curso y final de un proceso concreto, el procés.


La actividad parlamentaria en relación con el Consejo General del
Poder Judicial consiste principalmente hoy en renovar algo de lo que
escasea, que es su credibilidad, y esa es nuestra responsabilidad.
Consiste en acabar con una serie de atrofias democráticas que se están
produciendo, como la consistente en que, una vez volatizado el pacto
entre el Partido Popular y el Partido Socialista, el Partido Popular
imponga como condición política para la renegociación de dicho pacto, la
dimisión de la ministra Delgado. Luego hablaremos del sistema de
designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial y diremos
que no está politizado. Alguien se ha querido cobrar dos piezas y, lo más
grave, la propia credibilidad del Consejo General del Poder Judicial: el
control de la Sala Segunda, de la jurisdicción penal y el control de la
Sala del 61 que, como ustedes saben, entiende sobre la ilegalización de
los partidos políticos, de lo que en Euskadi algo sabemos.


Señorías, venimos de un acuerdo ampliamente trabajado. Cuando
este texto entró en el Congreso de los Diputados eran unos apartados de
un artículo único, dos folios. Y fue un proyecto que se desarrolló, se
trabajó y se acordó, y al que creo que el Partido Nacionalista Vasco,
además, algo ha aportado.


Les voy a leer el texto que hace referencia —precisamente
el texto acordado— al Consejo General del Poder Judicial, que es
uno de los temas que más nos preocupa y ocupa a nosotros, como Partido
Nacionalista Vasco. El texto acordado entre las fuerzas políticas, entre
las cuales incluyo al Partido Popular, dice lo siguiente: Los veinte
vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las
Cortes Generales del modo establecido en la Constitución —del modo
establecido en la Constitución— y en la presente ley orgánica,
atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y
mujeres.


Bien, ¿qué ha pasado para que lo que ya era un amplio acuerdo se
convierta en papel mojado? Y que el Partido Popular no nos traslade la
idea de que ha sido algo muy meditado y pensado, porque todos somos
conocedores de cómo se introdujo la enmienda en el Senado, una enmienda
que ha tenido que vivir una serie de correcciones de errores...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BILDARRATZ SORRON: Termino.


... algo graves que hacían referencia a una terminología de los
años ochenta, y que de una manera terriblemente rápida e improvisada han
tenido que corregir.


Tengo muchas más reflexiones, pero lo que verdaderamente nos
importa...


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor BILDARRATZ SORRON: Termino.


... es que lo que era un acuerdo se ha roto, sin debate, sin
intento de construir otro tipo de mayorías y sin respeto a lo
precisamente trabajado entre todos los grupos parlamentarios.


En consecuencia, nosotros votaremos en contra de esta proposición
de ley...


El señor PRESIDENTE: Debe terminar, señoría.


El señor BILDARRATZ SORRON: ... porque nos quedamos donde
estábamos antes. Y nos abstendremos en todas las enmiendas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Estradé.


El señor ESTRADÉ PALAU: Gracias, señor presidente.


Señorías, buenas tardes. La actuación del señor Cosidó es el
síntoma... (Rumores). Sí, viene a cuento porque estamos hablando de la
proposición de ley para reformar el Consejo General del Poder Judicial.
Decía que es un síntoma de una profunda descomposición ética, política e
institucional, de una profunda descomposición que va a conducir, si no
hay un giro de 180 grados, a la implosión del Estado español. Porque lo
que está haciendo el Partido Popular, a veces con la ayuda del Partido
Socialista, desgraciadamente, porque el señor Cosidó con alguien debió
pactar, supongo, el obsceno reparto del poder, indica que el proyecto que
tienen los dos grandes partidos —porque aquí estamos hablando de
perpetuar un bipartidismo que la sociedad española ya ha rechazado y ha
puesto en cuestión— es perpetuar ese bipartidismo para favorecer
unos determinados intereses económicos, sociales y políticos para que no
haya cambio. Para que las fuerzas que propugnan un cambio en clave
social, como puede ser, por ejemplo, Podemos, no tengan acceso a los
grandes poderes del Estado. Para que las fuerzas que proponemos un cambio
en clave social y territorial, como puede ser Esquerra Republicana, no
tengamos acceso a los grandes poderes del Estado. Es decir, ustedes, a
veces con la complicidad del Partido Socialista, quieren apropiarse,
usurpar el Estado, apropiarse de la Constitución, apropiarse del Tribunal
Constitucional, apropiarse de la Corona, apropiarse de los cuerpos de
seguridad del Estado, utilizándolos para operaciones de Estado contra el
independentismo, como se ha demostrado. Es decir, lo que están haciendo
es una utilización ilegítima y una instrumentalización partidista para
sus finalidades ideológicas y para tapar la corrupción de todas las
instituciones del Estado.


Pues bien, vamos a votar en contra, claro que sí. Primero, porque
ustedes traicionaron el consenso que se estableció en el Congreso; lo han
traicionado, porque el texto llegó consensuado y, después, ustedes, de
forma unilateral, han roto ese consenso. Y, segundo, porque ustedes
piensan seguir controlando, instrumentalizando el Consejo General del
Poder Judicial. Y mientras no haya voluntad de poner las instituciones al
servicio de aquellos partidos que la ciudadanía ha votado libremente aquí
habrá una dictadura encubierta. Se respetarán algunas formalidades
democráticas, pero la utilización del poder se hará sin respetar el
verdadero espíritu de la democracia.


Por último, voy a hablar del Consell Català de Justícia, que fue
un asunto que se sometió también a debate en el Congreso y que fue
rechazado. Lamento que el Partido Socialista no se comprometiese, como
mínimo, a que en una futura reforma se pudiera incluir la creación de un
Consell Català de Justicia, como el PSC apoyó en Cataluña cuando
elaboramos el Estatuto del 30 de septiembre de 2005. Y lamento también
que en Podemos, que sé que es favorable a la creación del Consell Català
de Justicia, no hubiese un compromiso más claro para abordar su creación,
porque al menos sus antecesores ideológicos votaron a favor de esa
cuestión. Sin un Consell Català de Justícia no habrá verdaderamente un
Estado plurinacional.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ESTRADÉ PALAU: Termino ahora mismo.


Porque de la misma manera que para que haya un Estado
plurinacional de verdad tiene que haber un Ejecutivo y un Legislativo,
tiene que haber un Poder Judicial propio. Por cierto, en el año 32 la
Generalitat ya tenía la opción...


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor ESTRADÉ PALAU: ... de participar en la designación de
los jueces.


Por tanto, por todas esas razones, vamos a votar que no.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Comorera.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.


En el Congreso se llegó a un acuerdo apoyado por 294 votos a
favor que, aunque a nuestro grupo no le acababa de convencer ni era la
ley que le hubiera gustado, al menos suponía el certificado de defunción
de la Ley 4/2013 del ministro Gallardón, que deriva en un funcionamiento
del consejo cuyo presidencialismo y falta de transparencia nos ha llevado
a una situación ciertamente caótica y seguramente al peor momento de
descrédito de la justicia en España, culminada con el bochornoso
espectáculo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el impuesto sobre
los actos jurídicos documentados.


Además, la reforma que vino del Congreso incorporaba de una vez
por todas la paridad, para tratar que no se reproduzcan esas fotos de
togas negras de señores en una carrera judicial con una mayoría de
mujeres, y otras medidas de anticorrupción y transparencia.


Y a partir de ahí llegamos al espectáculo radiado: PP y PSOE
llegan a un acuerdo sobre la composición de los vocales del Consejo, como
siempre, antes de que los candidatos ni siquiera se sometan al escrutinio
de la Comisión de Nombramientos del Congreso. Es más, incluso aparece en
la prensa quién será el futuro presidente antes de ser designados los
vocales que deberían elegirlo. Todo un desaguisado fruto de los acuerdos
de despacho del bipartidismo, que es lo que ha desfigurado cualquier
forma de elección del consejo que sobre el papel podía ser un buen
sistema. Pero, bueno, todo más o menos como siempre han hecho PP y PSOE,
hasta que aparece el famoso wasap de Cosidó, un Cosidó que a estas horas
sigue ahí —no aquí sentado, porque no está ahora mismo—, un
homenaje a la independencia judicial: Obtenemos lo mismo numéricamente,
pero ponemos un presidente excepcional, un gran jurista con una capacidad
de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11/10 sino
próximas al 21/0 y, además, controlando la Sala Segunda desde detrás y
presidiendo la Sala 61. Fenomenal, ¿no? Sigue el wasap: Ha sido una
jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las
renovaciones futuras de dos terceras partes del Tribunal Supremo y
centenares de nombramientos en el Poder Judicial vitales para el PP y
para el futuro de España.


A partir de ahí, se produce la escenografía, la ruptura del
pacto, y el señor Casado defendiendo un cambio en el sistema de
renovación del consejo. Nos hacen un corta y pega a toda prisa de la Ley
Orgánica de 1980, con las audiencias territoriales y los juzgados de
partido y de distrito incluidos, y nos justifican todo eso en una
enmienda motivada como una mejora técnica.






Tremendo. Y no nos vengan,
señorías del Partido Popular, con la cantinela de que se han dado cuenta
de que había un problema con el modelo, porque ya somos mayorcitos, que
sin el wasap, aquí paz y después gloria.


La reforma del sistema de elección del consejo necesita un debate
sosegado y un amplio consenso para buscar un sistema que despeje de una
vez la politización de la justicia y sea respetuoso con lo que establece
el artículo 117 de la Constitución, que algunos parecen olvidar: que la
justicia emana del pueblo. Y guste más o guste menos, nosotros somos sus
representantes. Y, señor Marcos, no nos venga dando lecciones, porque lo
único que han hecho ustedes en Cataluña ha sido pactar con Junts per
Catalunya y Esquerra Republicana un sillón en el consejo de TV3.


El problema del consejo no es la participación del Parlamento,
sino la partitocracia y la perversión del sistema por el bipartidismo. El
problema es que el sistema de selección del PP y del PSOE ha sido pagar
favores o hacer favores para que sean debidos. En democracia, el respeto
a los procedimientos legales en la elección de cargos tan importantes no
es una mera cuestión de forma, sino de principios. Nosotros creemos que
el sistema de elección debe tener, sobre todo, una base democrática, y
por eso no defendemos un sistema basado únicamente en la designación
corporativa, como el que ahora, deprisa y corriendo, nos proponen. Pero
tampoco defendemos el sistema bipartidista que se sigue desde 1985, en el
que se negocia a espaldas de las Cortes entre PP y PSOE y se nombra a
personas a las que se les debe algo o para que deban algo. Entendemos que
debería ser un proceso abierto y transparente en el que se elija a
personas que van a desempeñar su cargo con independencia de
interferencias partidarias, aunque, obviamente, el consejo ha de recoger
el pluralismo social.


Por todo ello, no podemos apoyar el dictamen mientras se incluyan
las enmiendas del Grupo Popular cambiando la forma de elección del
Consejo General del Poder Judicial, algunas introducidas in voce el mismo
día de la ponencia. La verdad es que el daño que han hecho ustedes a la
justicia en estas pocas semanas costará mucho rehabilitarlo. Y hoy
seguimos con un Consejo General del Poder Judicial en funciones y sin
legitimidad, pero que sigue haciendo actos y nombramientos
discrecionales, sin tener en cuenta los méritos y la capacidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Gracias, presidente.


En primer lugar, en mi último turno de intervención, me gustaría
agradecer su trabajo a los servicios de la Cámara, a los miembros de la
ponencia, a los miembros de la Comisión de Justicia y a todos los que han
facilitado la tarea en el desarrollo y elaboración de esta proposición no
de ley.


En segundo lugar, quiero manifestar que mi grupo va a votar a
favor de enmiendas técnicas planteadas por el Grupo Mixto, el PDeCAT o
Unidos Podemos concretamente a las enmiendas
números 24, 79, 68, 49, 86, 96 y 106 por entender que vienen a mejorar el
texto que nos ha remitido el Congreso.


Dicho esto, me gustaría finalizar mi intervención diciendo que la
proposición de ley que hoy debatimos se circunscribía inicialmente a la
modificación única y exclusivamente de cinco artículos de la Ley Orgánica
del Poder Judicial con la única finalidad de superar o revertir medidas
restrictivas dictadas por razones presupuestarias en los años anteriores,
o así al menos nos lo transmitió el ministro Gallardón. Pasamos, de una
reforma que pretendía únicamente devolver a los jueces y magistrados y al
personal del Ministerio de Justicia aquellos permisos, derechos y
licencias suprimidos en el 2012, a hacer, con un gran trabajo y un gran
esfuerzo —desde mi punto de vista, en mi humilde opinión— de
todo el arco parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, unos
cambios de calado que afectan a cuestiones de tanta trascendencia como
las facultades judiciales, la organización de la Oficina Judicial, el
proceso de digitalización de la justicia, la reorganización y
modificación parcial del Consejo General del Poder Judicial, entre
otras.


Como digo, todos estos asuntos de gran calado contaron con un
gran respaldo, con un gran consenso en el Congreso, consenso que el
Partido Popular se está encargando de romper y dinamitar aquí esta tarde
sobre la base de la improvisación. Una improvisación que no es únicamente
de esta tarde, sino la misma que han desarrollado a lo largo de toda la
tramitación. Por ejemplo, a esta proposición no de ley que ustedes mismos
plantearon le presentaron cincuenta enmiendas, y el trabajo serio y
riguroso del resto del arco parlamentario ha hecho que la propuesta que
se nos ha enviado venga enriquecida.


Sin embargo, señorías, y reconociendo todos la responsabilidad
que nos toca —es bueno siempre reconocer la responsabilidad—,
no nos percatamos de que esas modificaciones estaban suponiendo una
modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los
funcionarios. Eso justifica la enmienda que se ha planteado, y
agradecemos el acuerdo al que han llegado todos los grupos, dando
respuesta, como digo, a esa reivindicación.


Pues bien, a pesar de que ese debate se ha enriquecido, de que es
mucho mejor el texto que hoy se concluye que aquel con el que se inició,
a pesar de la enmienda al artículo 521 que ha planteado el Grupo
Socialista atendiendo a las reivindicaciones del conjunto de los
trabajadores, muy a nuestro pesar, vamos a abstenernos, como han hecho el
resto de fuerzas políticas. Y lo hacemos ante la barbaridad que el PP de
nuevo nos pretende imponer, manteniendo la enmienda 112 sin debate,
habiéndose presentado de forma precipitada, sobre lo que es uno de los
pilares del Estado de derecho, sobre cómo elegir al órgano de gobierno
del Poder Judicial.


Señores del PP, señora Ayala, les pido que recuperen la cordura.
No es de recibo que quieran imponer una reforma que nada tiene que ver
con el objeto de esta proposición. La irresponsabilidad manifiesta del
señor Cosidó —insisto: del señor Cosidó— con su mensaje de
wasap, poniendo en jaque el sistema judicial, poniendo en jaque la
independencia del sistema judicial y su credibilidad, únicamente
justifica su dimisión inmediata, y no, señores del PP, como están
haciendo, el incumplimiento de los acuerdos parlamentarios y de respeto a
los empleados públicos, como están haciendo. En mi pueblo, como en el de
usted, los acuerdos se mantienen, no se rompen unilateralmente por
intereses particulares de una fuerza política.


Señorías del PP...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: ... para construir una justicia mejor,
que estoy convencida que es la que ustedes, yo y el resto del arco
parlamentario necesitamos, son necesarias varias cosas. Se necesita,
señorías del PP, una actitud de generosidad en la negociación.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Perdone, presidente. Termino.


Se necesita, señorías, situar el interés general por encima de
los intereses partidistas. Se necesita, señora Ayala, apostar por el
diálogo. Se necesita practicar el consenso. Se necesita respetar los
acuerdos, algo que se echa mucho de menos en la bancada del Partido
Popular en los últimos tiempos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Ayala.


La señora AYALA SANTAMARÍA: Vamos allá. Buenas tardes de
nuevo.


Empezando por el principio, ya que varios portavoces han hecho
referencia a ello, quiero decir que el señor Cosidó, nuestro portavoz del
Grupo Popular, tiene todo nuestro apoyo. (Aplausos).


Y continuamos con otra cosa que es muy importante, porque creo
que el Senado hoy es punta de lanza en proponer la independencia
judicial. Y no les entiendo, señorías. Ustedes están diciendo, por un
lado, que no hay separación de poderes y, por otro, que no se nos ocurra
separarlo. No hay quien entienda su discurso. O lo uno o lo otro. Como
decimos en mi pueblo, como usted dice, señora Fernández: sopas y sorber,
no puede ser.


Lo que el PP ha hecho hoy y lo que hizo cuando introdujo esta
enmienda fue realizar un diagnóstico y ofrecer una solución. Llevamos con
un modelo que ha estado vigente treinta y tres años, y creo que el
diagnóstico es claro. Hoy podemos afirmar, y creo que en eso va a
coincidir todo el arco parlamentario, que en España hay un problema de
percepción de la independencia judicial. Si tomamos como referencia el
cuadro de indicadores de la Comisión Europea vemos que en 2018, aunque
mejoró en 8 puntos sobre 2017, un 39 % de los españoles dicen que la
independencia es buena o muy buena, pero casi la mitad está diciendo que
es mala o muy mala. ¿Qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿Hacemos como
que no pasa nada o en un momento determinado tomamos una decisión? Lo que
ha hecho el Partido Popular es, ni más ni menos, tomar decisiones, que es
lo que tienen que hacer los partidos políticos. Porque, señorías,
nosotros no somos tertulianos, no somos cronistas de actualidad. Lo que
tenemos que hacer precisamente es intervenir en la legislación, porque
para eso somos Poder Legislativo.


Quiero también hacer mención a lo que ha ocurrido esta mañana,
porque me ha parecido bastante feo por parte de todos los grupos que ni
siquiera nos hayan firmado la posibilidad de que pudiéramos debatir unas
transaccionales. No nos han podido bloquear, por mucho que lo hayan
intentado —y de verdad lo han intentado—, y hemos aceptado
sin más cuatro de las propuestas que presentaba Ciudadanos sin necesidad
de transaccionarlas.


Tras esta parte, creo que podemos optar por distintas cosas en
este debate. Podemos optar por echarnos los trastos a la cabeza entre
todos. Podemos optar por decir que Podemos ha pasado de pedir que los
jueces fueran elegidos por los ciudadanos a decir que fueran designados
según su compromiso y su adhesión al Gobierno saliente. O pedir cuatro
puestos en el Consejo General del Poder Judicial. Es que ni San Pablo con
su conversión. ¿Ustedes piden un debate sosegado? Porque han pasado por
tres posturas distintas. Lo que están diciendo no tiene ningún
sentido.


Podemos seguir echándonos los trastos a la cabeza y manifestar
las barbaridades que dicen los grupos independentistas haciendo, por
ejemplo, referencia a ese Consell de Justicía, que ha sido declarado
inconstitucional, señor Estradé, por una sentencia de 2010. Podemos
seguir enfangando el terreno y decir que con este fallido proceso del
Consejo General del Poder Judicial la tres veces reprobada y todavía
ministra filtró interesadamente el nombre del que podía ser el presidente
del Consejo General del Poder Judicial porque con eso ajustaba cuentas
respecto a su compañero Garzón.


Pero, sencillamente, nos parece que echarnos los trastos a la
cabeza no sería una posición inteligente porque eso es lo típico del «y
tú más», que es precisamente lo que nos reprochan los ciudadanos. Creemos
que los partidos políticos —se lo dije en la comisión— tienen
que ser la correa de transmisión de lo que sucede en la sociedad. Sabemos
que ese problema existe, lo sabemos todos. Y si todos sabemos que ese
problema existe, tomemos decisiones. No seamos cronistas ni tertulianos,
tomemos decisiones en lo que aquí nos afecta; para eso somos el
Legislativo, para proponer. Y lo que hemos hecho, en la modificación de
la LOPJ, es proponer una enmienda que cambiaba la elección de los jueces,
y que decide, en ese paso decidido para la independencia judicial, que
sean los jueces los que elijan a sus pares.


Les pido que reconsideren su voto, porque creo que lo que podemos
aprobar aquí es histórico y, sobre todo, necesario. No solo lo decimos
nosotros, que al final solo somos un grupo político que en este momento
tiene mayoría en el Senado y también en el Congreso, lo dicen las cuatro
asociaciones judiciales. Ayer emitieron un comunicado diciendo que todos
están a favor. También lo dice la opinión pública. Por cierto, señora
Fernández, usted me hablaba de los trabajadores. Trabajadores son tanto
los cinco mil jueces como los muchos miles que trabajan en la
Administración de Justicia.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora AYALA SANTAMARÍA: Termino ya, presidente.


Protejámosles a todos.


En fin, hoy hemos hecho un diagnóstico y damos una solución. Esa
es nuestra obligación.


Gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ayala.


Llamen a votación. (Pausa).









TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE
TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE
ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y PUEBLOS DE SU MARCO. (Votación).


622/000027

GPMX


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Sometemos a votación, en primer lugar, la toma en consideración
de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal
consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela,
Alicante, y pueblos de su marco.


Para esta toma en consideración ha utilizado el voto telemático
el senador Rafael Mateos, que ha votado afirmativamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247
más 1 voto telemático 248; votos emitidos, 247 más 1 voto
telemático, 248; a favor, 247 más 1 voto telemático, 248.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica
de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el
carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo
de Aguas de Orihuela, Alicante, y pueblos de su marco. (Aplausos).









PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE
TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL TRIBUNAL DEL COMUNER O DEL
ROLLET DE L'HORTA DE ALDAIA (VALENCIA/VALÈNCIA). (Votación).


622/000028

GPMX


El señor PRESIDENTE: A continuación, sometemos a votación la toma
en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el
carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Tribunal del
Comuner o del Rollet de l’Horta de Aldaia, Valencia.


También el senador Rafael Mateos ha hecho uso de la votación
telemática y ha votado afirmativamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248
más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto
telemático, 249; a favor, 248 más 1 voto telemático, 249.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el
carácter de Tribunal Consuetudinario y tradicional al Tribunal del
Comuner o del Rollet de l’Horta de Aldaia, Valencia.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SOBRE MEDIDAS URGENTES EN
APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
(Votación).


624/000011

Justicia


El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las enmiendas de la
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto
de Estado en materia de violencia de género.


Votamos, en primer lugar, las enmiendas de los senadores Mulet y
Navarrete números 1 a 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 34; en contra, 209;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
votamos las números 5 y 7 a 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 34; en contra, 210;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 11.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 81; en contra, 146;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 25; en contra, 208;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes de la
proposición de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la
votación anterior.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 248.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Aplausos).


Por último, votamos en un solo acto el resto de la proposición de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 247.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).


Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Votación).


624/000012

Justicia


El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación, votamos las
enmiendas de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


Comenzamos votando las enmiendas de los senadores Mulet y
Navarrete números 3, 4, 10, 11 y 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 19; en contra, 203;
abstenciones, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las números 5, 6, 9, 14 a 15 y 18.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 31; en contra, 204;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 8 y 16.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 13; en contra, 220;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De la senadora Julios y el senador Rodríguez Cejas, del Grupo
Parlamentario Nacionalista, votamos las enmiendas 21 a 23 y 31.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 37; en contra, 204;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 24.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 83; en contra, 146;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 27.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 20; en contra, 221;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 28.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 9; en contra, 203;
abstenciones, 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 30.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 26; en contra, 204;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De los senadores Bagué y Cleries, del Grupo Parlamentario
Nacionalista, votamos la enmienda 33.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 17; en contra, 223;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 34 a 36 y 39 a 42.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 37; en contra, 204;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 37 y 38.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 17; en contra, 203;
abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los senadores Alegre, Roldán, Crisol y Marcos, votamos, en
primer lugar, las enmiendas 70 a 75 y 80.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247; votos emitidos, 246; a favor, 22; en contra, 211;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 76, 77 y 81.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 23; en contra, 201;
abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 78.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 5; en contra, 213;
abstenciones, 30.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 79.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 63; en contra, 155;
abstenciones, 29.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 82, 83, 85, 87 a 90, 92 a 95, 105, 107
y 108.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 6; en contra, 231;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 84 y 102 a 104.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 147; en contra, 91;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la número 86.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 63; en contra, 173;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 91, 99 y 109.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 6; en contra, 220;
abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 96.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 80; en contra, 157;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 106.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 62; en contra, 163;
abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, votamos las
enmiendas 43 a 45.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 33; en contra, 203;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
votamos las enmiendas 46, 55 y 56.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 28; en contra, 204;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 49.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 75; en contra, 147;
abstenciones, 26.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 51 a 53.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 18; en contra, 204;
abstenciones, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 68.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 89; en contra, 147;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la vuelta al texto
del Congreso en lo modificado por la enmienda 112 y por la incorporación
de una nueva disposición transitoria relativa al proceso de renovación
del Consejo General del Poder Judicial.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 240; en contra, 3;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos, finalmente, la propuesta de modificación con
número 137551, firmada por todos los grupos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 148; en contra, 16;
abstenciones, 83.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes de la
proposición de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la
votación anterior.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 149; en contra, 17;
abstenciones, 81.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Señorías, votamos en un solo acto el resto de la proposición de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 208; en contra, 10;
abstenciones, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución,
se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de
los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa
a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.


Buenas tardes, señorías.


Se levanta la sesión.


Eran las dieciocho horas y veinte minutos.