El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
se han presentado doce enmiendas: cinco del Grupo Parlamentario Mixto,
por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete; seis del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y una del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta moción
consecuencia de interpelación al todavía ministro de Justicia, y la
presentamos, si cabe, con más profundidad después de escuchar al señor
Catalá hace quince días y después de que el sistema LexNET sufriera una
nueva incidencia el pasado 19 de septiembre, hace tan solo ocho
días.

Lo ocurrido el pasado 27 de julio y 1 de septiembre fue para el
reprobado ministro de Justicia, según sus palabras en esta Cámara, una
serpiente de verano ya que, como en estas fechas no hay noticias, se
distorsiona y se magnifica lo sucedido. Fue, para el reprobado ministro,
una brecha de seguridad que se generó por una actualización del sistema
en el mes de julio —dicho sea de paso, la 23 actualización—.
Fue, para el agotado y todavía ministro de Justicia, un fallo por una
manipulación, porque nadie está libre de la ciberdelincuencia, y lo del
pasado día 19 fue una disfunción intermitente.

En definitiva, señorías, según el señor Catalá lo ocurrido el 27
de julio, 1 de septiembre y 19 de septiembre tan solo fueron falsedades y
exageraciones, es decir, todos somos unos exagerados que extremamos lo
sucedido, porque fue una brecha, una distorsión intencionada del sistema
o una incidencia intermitente, como sucedió hace una semana.

Señorías, esto es poco serio, ¿no? ¿De verdad creen ustedes que lo
ocurrido en julio y en septiembre fue una brecha? ¿De verdad piensan
ustedes que es algo esporádico? Lo ocurrido fue un gran despropósito en
la seguridad del sistema de Justicia. La indolencia y la desidia del
ministro provocaron que el sistema estuviera parado más de tres días.
Según datos del propio ministro, multipliquen ustedes: 45 000
comunicaciones a la hora por más de 72 horas parado. Y la última caída
fue desde la mañana del 19 hasta, al menos, primera hora del
miércoles 20. Y esto para el señor Catalá fue una brecha, una
intermitencia. Señorías, un poquito de por favor. Esto fue un pedazo de
grieta, una gran fisura que evidenció que el sistema no funciona y no es
fiable. ¿Fue un error inadmisible que a todas las administraciones se les
cayeran y colapsaran los sistemas, incluso la página web de Barakaldo, en
fiestas, en 2010? Esto no es disculpa.

Señorías, se perturbó la seguridad jurídica, se accedió a datos de
terceros y se expuso el sistema. Lo primero que debe hacer el ministerio
es reconocer que existe un problema porque, si no, nunca podrá ser
resuelto.

En la interpelación se lo dijimos al todavía ministro: los
socialistas queremos que la justicia funcione, y que funcione bien;
queremos que la justicia sea ágil; queremos que la justicia se modernice,
pero para eso hay que hacerlo bien, y eso les toca a ustedes; y ustedes,
lamentablemente, lo están haciendo francamente mal.

Señorías, el sistema LexNET de comunicaciones, que gestiona los
expedientes judiciales, debe facilitar el trabajo a los abogados y
procuradores, tiene que dinamizar los procedimientos, pero, hoy por hoy,
es un problema más que una solución. El mal ambiente entre abogados y
procuradores es general, y lo peor es que lo fue ya desde su implantación
obligatoria en 2015, porque el señor ministro lo implantó/obligó
—permítanme la expresión— deprisa y corriendo, con
inseguridad y desconocimiento, y tan solo por cumplir con la máxima de
papel cero, por lo que, a costa de lo que fuera, aceleraron y se
precipitaron.

Señorías, la digitalización de la justicia no puede esperar más.
Desde 2004 hasta hoy se han producido 350 millones de comunicaciones a
través de LexNET. Esto es un éxito. Piensen cómo hubiera sido ese éxito
si el sistema fuera seguro y eficaz; piensen lo que hubiera sido sin
parcheos cada dos por tres; piensen lo que hubiera sido sin problemas
estructurales y con medidas de seguridad. Se lo dijimos hace quince días:
la transformación tecnológica de la justicia es un desafío del Estado, y
por ello presentamos esta moción en esta Cámara, que, entiendo, debería
asumir el grupo mayoritario.

Lo primero que pretendemos nosotros es que a LexNET se le dote de
medios técnicos, económicos y humanos que garanticen el funcionamiento,
operatividad y fluidez, y el señor Catalá afirmó en este Pleno que es
necesario invertir más en LexNET para que tenga un mejor servicio.

En segundo lugar, solicitamos que el sistema informático tenga
capacidad para que el objetivo papel cero sea posible —papel cero
fue el proyecto estrella del señor Catalá en 2016 y, por lo tanto,
supongo que estarán de acuerdo con él— y para evitar, como él
decía, los colapsos casi diarios, o para que el sistema, como digo yo, no
sea de informática casera.

En tercer lugar, y último punto, solicitamos que se abra un
diálogo con los agentes vinculados con la justicia. El propio todavía
ministro, hace quince días, avanzó que se había comprometido con
abogados, procuradores y graduados sociales para trabajar juntos.

Por tanto, señorías, no me queda otra opción que suponer que el
grupo mayoritario de la derecha aceptará esta moción.

Para acabar, señor presidente, la informática debe dar seguridad y
ofrecer agilidad. El papel cero no debe quedarse en papel mojado, y para
eso hay que tener voluntad política para realizar inversiones necesarias
que modernicen la justicia al cien por cien; voluntad política para que,
reconociendo los errores y los fallos, estos no se conviertan en
rutinarios; voluntad política, señorías, para que las nuevas tecnologías
se desarrollen bien, simplemente bien. Todos, en el ámbito de la
justicia, están esperando esa voluntad política de ustedes, y hoy,
señorías, tienen una buenísima oportunidad para demostrar que tienen
voluntad política necesaria y suficiente, y que esta Cámara tiene también
voluntad política para que no se perturbe nuevamente la seguridad de la
justicia y el tráfico jurídico en España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gràcies, senyor president.

Senyories, LexNET és simplement un correu electrònic absolutament
obsolet, que ve utilitzant-se des de fa anys per notificar les
resolucions als procuradors. Aquest projecte va costar ni més ni menys
que 7 milions d’euros i a dia d’avui segueixen sense
complir-se les expectatives esperades per tan gran inversió. A finals
de 2015 i a començament del 16 s’establia aquesta plataforma per
part del Ministeri de Justícia per a la presentació de documents relatius
a totes les qüestions professionals de la justícia. Aquest intent de
modernització judicial ha quedat en això, simplement un intent, que ha
dut problemes i ha provocat infinitat de qüestions i incidències.

Aquesta moció conseqüència d’interpel·lació presentada pel
Grup Socialista es va presentar com a resposta a la pífia monumental que
va passar el mes passat de juliol. El sistema LexNET va fallar, i durant
unes hores el Ministeri de Justícia va donar accés a advocats i
procuradors a casos judicials de la resta de professionals. És a dir,
qualsevol persona amb accés a LexNET va poder descarregar documentació
judicial de qualsevol tipus de cas.

Des de Compromís ens sorgiren diverses preguntes: podríem
assegurar que va ser una errada? Podríem pensar que darrere de tot això
hi va haver interessos secrets maquillats en una errada? Però el govern
no ha esbrinat qui va accedir, a quins expedients no permesos va accedir,
i durant quant de temps. Quines conseqüències ha tingut aquesta possible
intromissió en els casos? Qui és el responsable de l’errada? Qui ha
assumit eixes responsabilitats? Algú ha dimitit per eixes
responsabilitats? La resposta del Ministeri va ser la de sempre: per un
costat, la passivitat, i que tot i ser responsables de la funcionalitat i
custòdia del sistema, com diu l’article 15 del reial decret que
dictamina l’entrada en vigor del reglament de LexNET; i, per un
altre costat, donant les culpes a tercers, el ministre va dir que va ser
una fallada, i que li tira la culpa a la nova actualització, la
vint-i-tresena, de LexNET. Però la culpa d’eixa fallada, per culpa
d’eixa fallada, perdó, s’ha vulnerat el dret de protecció de
dades i de confidencialitat. Des de Compromís segueixen sorgint-nos més
preguntes. Quina sanció s’ha posat al Govern de l’Estat
espanyol per incomplir la Llei de protecció de dades? A vore si només es
pot multar per la Llei de protecció de dades Catalunya.

Des de Compromís hem presentat cinc esmenes, amb la idea de
millorar i esperant que s’accepten en esta moció. La primera és la
millora tècnica per a donar més informació i més seguretat al text. La
segona demana la coordinació entre els diferents sistemes de gestió
processal existent en cada comunitat autònoma per a que puguen
intercomunicar-se i interactuar entre ells (actualment això no passa). La
tercera és eliminar l’ambigüitat i es concreta la necessària
inversió econòmica i no només la modificació del sistema informàtic, cal
modificar el sistema informàtic però cal donar-li diners per a fer-ho. La
quarta, creiem que es fa necessària la regulació de les possibles
vulneracions i sancions que hi puga haver pel mal funcionament del
sistema LexNET: veient els precedents creiem que es fa necessari. I la
cinquena, i molt important, intenta donar resposta a una qüestió molt
important, que és la separació de poders. Perquè en un estat democràtic,
social i de dret com suposadament és l’Estat espanyol, LexNET es
troba en mans del poder executiu, el Ministeri de Justícia, i no del
poder judicial. No creuen els senyors del PP en la separació de poders?
LexNET atempta contra la separació de poders, contra la independència de
la justícia. El Govern té gestionant LexNET, té una informació que mai
abans havia pogut tindre; és un atac contra els drets dels ciutadans,
LexNET és un mecanisme de control del Govern, que té siga del partit que
siga per a vore-ho tot de qualsevol manera.

En aquest moment el que demanem és, per part del Compromís,
l’eliminació, el trasllat d’este domini al poder judicial.
L’executiu és l’encarregat de tractar les dades: què hem
d’entendre per tractar dades? Segons una sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, respecte a Google, el tractament de dades és
qualsevol operació efectuada amb les dades personals: recollida,
registre, etc. A més, diu que el responsable del tractament estiga
determinat per disposicions legals, com és el cas, és el Govern de
l’Estat, en aquest cas, el Ministeri de Justícia. Per tant, no és
qüestió de si el Govern mira o no mira les dades de LexNET, que també ho
és, sinó que, al tindre la funció de tractar les dades, se’l fa
responsable del tractament de les dades de l’Administració de
justícia, i per tant vulnera totalment la separació de poders, perquè mai
baix cap concepte hauria de fer-se càrrec el Ministeri de Justícia
d’aquestes dades, sinó que hauria de ser el poder judicial.

Per tot això demanem al Grup Socialista que accepten les nostres
esmenes per a millorar eixa moció i esperant que siga de consens.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, LexNET es simplemente un correo electrónico
absolutamente obsoleto que se utiliza desde hace años para notificar las
resoluciones a los procuradores. Este proyecto costó, ni más ni menos, 7
millones de euros, y a día de hoy siguen sin cumplirse las expectativas
para tan gran inversión. A finales de 2015, ya inicios de 2016, se
estableció esta plataforma por parte del Ministerio de Justicia para
presentar documentos relativos a todas las cuestiones profesionales de la
justicia. Este intento de modernización judicial ha quedado en eso, en
simplemente un intento que ha traído problemas e infinidad de cuestiones
e incidencias.

Esta moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista se presentó como respuesta a la pifia monumental
que tuvo lugar el pasado julio. El sistema LexNET falló, y durante varias
horas el Ministerio de Justicia dio acceso a abogados y procuradores a
casos judiciales del resto de profesionales. Es decir, cualquier persona
con acceso a LexNET pudo descargar cualquier tipo de documentación
judicial.

En Compromís nos surgieron varias preguntas: ¿podían asegurar que
fue un error? ¿Podíamos pensar que detrás de todo esto había intereses
secretos maquillados en un error? Pero el Gobierno no ha averiguado quién
accedió, a qué expedientes no permitidos y durante cuánto tiempo. ¿Qué
consecuencias ha tenido esta posible intromisión en los casos? ¿Quién es
el responsable del error? ¿Quién ha asumido esas responsabilidades?
¿Alguien ha dimitido por tales responsabilidades? La respuesta del
ministerio fue la de siempre: por un lado, la pasividad, a pesar de ser
responsables de la funcionalidad y custodia del sistema, como dice el
artículo 15 del real decreto que dictamina la entrada en vigor de LexNET;
y, por otro, echar las culpas a terceros. El ministro dijo que fue un
fallo y le echa la culpa a la nueva actualización, la número 23, de
LexNET, pero por culpa de este fallo se ha vulnerado el derecho de
protección de datos y confidencialidad. En Compromís nos surgen más
preguntas: ¿qué sanción se ha puesto al Gobierno del Estado español por
incumplir la Ley de protección de datos? A ver si solo se puede multar
por esta ley a Cataluña.

Compromís ha presentado 5 enmiendas con la idea de mejorar y
esperar que se acepte tal moción. La primera es la mejora técnica para
dar más información y más seguridad al texto. La segunda pide la
coordinación entre los diferentes sistemas de coordinación procesal que
existe en cada comunidad autónoma para que puedan intercomunicarse e
interactuar, cosa que actualmente no sucede. La tercera es eliminar la
ambigüedad y concretar la necesaria inversión económica, ya que no solo
hay que modificar el sistema informático, sino que hay que hacerlo
dándole dinero. La cuarta dice que hay que regular las posibles
vulneraciones y sanciones que pueda haber por el mal funcionamiento del
sistema LexNET; viendo los precedentes, es necesario. Y la quinta intenta
dar respuesta a una cuestión muy importante, que es la separación de
poderes, porque en un Estado democrático, social y de derecho, como
supuestamente es el español, LexNET se encuentra en manos del poder
ejecutivo, el Ministerio de Justicia, y no en el poder judicial. ¿No
creen los señores del PP en la separación de poderes? LexNET atenta
contra la separación de poderes, contra la independencia de la justicia.
El Gobierno, al estar gestionando LexNET, tiene una información que nunca
antes había podido tener. Es un ataque contra los derechos de los
ciudadanos. LexNET es un mecanismo de control del Gobierno, sea del
partido que sea, para verlo todo de cualquier manera.

En este momento lo que pide Compromís es la eliminación o el
traslado de este dominio al poder judicial. El Ejecutivo es el encargado
de tratar los datos. ¿Qué entendemos por tratar los datos? Según una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo respecto de Google,
el tratamiento de datos está determinado por disposiciones legales, y ha
de ocuparse el Gobierno del Estado, en este caso el Ministerio de
Justicia. Por lo tanto, no es cuestión de si el Gobierno mira o no los
datos de LexNET, que también lo es, sino que al tener la función de
tratar los datos se le hace responsable del tratamiento de los datos del
Ministerio de Justicia y, por tanto, vulnera totalmente la separación de
poderes, porque nunca, bajo ningún concepto, tendría que hacerse cargo el
Ministerio de Justicia de estos datos, sino que tendría que ser el poder
judicial

Por todo ello, pedimos al Grupo Socialista que acepte nuestras
enmiendas para mejorar esa moción y esperamos que sea de consenso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador
Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente. Bon dia.

Ya digo, de entrada, que estamos a favor de la moción, porque
ahora mismo LexNET solo se puede calificar de desastre de corte
tercermundista, en palabras de la decana del Colegio de Procuradores de
Valencia.

El pasado día 19, solo siete días después de que el ministro nos
glosara sus virtudes en esta Cámara, LexNET volvió a caerse, dejando a
los profesionales horas y horas sin poder utilizarlo, a pesar de hacerlo
de forma legal y ética, y lo que es peor, sin que Justicia ni siquiera
informara del fallo, limitándose a decir que el justificante de su mal
funcionamiento ya está disponible para los profesionales que lo
necesitan. Insultante.

Por eso, nos parece que su moción, a pesar de que compartimos el
objetivo, se queda muy corta y genérica, y de ahí nuestras enmiendas.
En 3 de ellas solicitamos que se proceda a realizar una auditoría externa
al ministerio a fin de verificar el estado del servicio, su solvencia
técnica, el código fuente y su configuración técnica actual; analizar los
motivos de los fallos ocurridos desde su implementación y que se
propongan las mejoras y medios necesarios que permitan garantizar su
funcionamiento, operatividad y fluidez.

¿Por qué una auditoría externa? Porque, que sepamos, se han
invertido ya, como mínimo, 7,28 millones de euros en LexNET, han
intervenido en su desarrollo la empresa pública Isdefe y múltiples
subcontrataciones, como Avalon, Satec, Novasoft o Indra, y los problemas
continúan o, lo que es peor, se acrecientan.

El sistema es un proyecto informático público más que ha acabado
desarrollándose entre múltiples grandes consultoras informáticas, que a
su vez han subcontratado a empresas de informática para hacer el trabajo
y, al final, el trabajo lo acaban haciendo las llamadas cárnicas del
software, un sector enterrado desde hace tiempo en la precariedad y la
subcontratación, pero ese es otro debate.

Total, que hay mil manos diferentes tras la programación del
sistema, lo que ha provocado que, en vez de solucionar los fallos en el
código de raíz, se hayan puesto parches y más parches, pero nadie ha
evaluado los potenciales fallos y vulnerabilidades de LexNET. Ahora,
después del desastre de julio, se anuncia una inversión de 61,2 millones
de euros más para solucionar los problemas derivados de LexNET, pero,
dados los antecedentes, no nos fiamos, y menos que lo haga la propia
Subdirección General de Nuevas Tecnologías, cómplice del desastre de
LexNET. Hay que parar el sistema y empezar de cero, pues, como dicen los
expertos, LexNET, quizás, tiene solución como idea, pero el código es
deficiente y hay que diseñar un nuevo sistema. Para eso, el primer paso
debe ser certificar su seguridad con una auditoría externa completa que
permita mejorar el estado de la seguridad de la información jurídica que
contiene LexNET y disponer de medidas y controles para garantizar su
protección y seguridad, no solo ante fallos del propio sistema, sino
también ante posibles ciberataques que pueda sufrir.

Una cuarta enmienda completa el punto 3 de la moción e incide en
la participación de todos los agentes vinculados a la justicia para
detectar las necesidades de formación, recursos y anomalías
técnico-legales. Hay que recordar que en una de las últimas
actualizaciones de LexNET se introdujo la obligación de identificar un
representante legal de las personas jurídicas a las que demandas, incluso
su número de DNI, y, si no lo haces, el sistema no te dejaba presentar la
demanda, obligación que no consta en ningún texto legal.

Otra de las enmiendas es para instar a reclamar, en el caso de que
la auditoría externa advirtiera graves errores del sistema imputables a
las empresas o entidades adjudicatarias del proyecto LexNET, los daños y
perjuicios correspondientes, algo lógico. Ya está bien de que en este
país nadie responda por las chapuzas y acabemos siendo los ciudadanos los
que tengamos que terminar pagando.

La última enmienda es sobre otro problema estructural de LexNET,
su dependencia del Ministerio de Justicia, algo que no suena muy
higiénico en una democracia, que es un clamor por parte de muchos
operadores jurídicos. Es un debate muy interesante que ya tuvimos en la
Comisión de Justicia, donde el PSOE se posicionó a favor, con buenas
aportaciones en el discurso del senador Rodríguez Esquerdo. La respuesta
y argumentación del PP fue la de siempre cuando no tiene argumentos:
Venezuela.

Vamos a hablar de separación de poderes. El sistema LexNET es un
ejemplo perfecto de la ausencia de reflexión sobre cómo debe diseñarse la
separación de poderes en la era digital. El ejemplo se refiere al
concepto acuñado por el filósofo estadounidense Langdon Winner en 1978,
denominado sonambulismo tecnológico, para aludir a la falta de
conocimientos tecnológicos básicos en aquellos líderes con
responsabilidades de gobierno. El sistema LexNET atenta claramente contra
la separación de poderes, pues el poder ejecutivo dispone de toda la
información que entra y sale del poder judicial en lo que se refiere a
los procedimientos judiciales. Necesitamos otra arquitectura de la
información para el Estado del siglo XXI, y no la que irreflexivamente
nos han implantado. Por la vía de la mera actuación tecnológica no cabe
dotar al ejecutivo de una información nuclear sobre otro poder del
Estado.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Acabo, señor presidente.

La separación de poderes es esencial para el buen funcionamiento
de la democracia, la justicia, la garantía de los derechos humanos y la
protección institucional y social contra la corrupción. Por ello, estoy
seguro de que el señor Rodríguez Esquerdo va a aceptar nuestras
enmiendas, pues completan en mucho su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Delgado.

El señor DELGADO CÁCERES: Gracias, señor presidente. Buenos
días.

Senador Rodríguez Esquerdo, de verdad que lamento mucho el tono
utilizado en su primera intervención, puesto que nadie está exento de
sufrir ataques informáticos, ni siquiera ustedes, señoría, ni siquiera
don Antonio Jiménez, al que usted conocerá mejor que yo, pues el pobre
hombre tuvo que lidiar con hasta dos fallos en sistemas totalmente
distintos, y le hablo de la sede digital del Partido Socialista, en la
calle Ferraz, cuando hablábamos de la plataforma de afiliación. Eso por
un lado. Y por otro, también hablamos del portal de transparencia de la
Junta de Andalucía, que también sufría fallos y también se caía en
determinados momentos. No sé si habría algo que ocultar a ese respecto,
pero ese no va a ser el debate de hoy, como tampoco lo será que a lo
mejor algunos no somos, senador Comorera, expertos en materia
informática, y por eso nos apoyamos en quien conoce y en quien sabe del
asunto. Igual es que ustedes saben demasiado, y por eso han tenido que
dimitir miembros de su propio partido por haber intentado hakear cuentas
en el momento de procesos electorales internos en Podemos. (Aplausos).
Igual es que algunos saben demasiado.

El Grupo Popular pretende un debate propositivo, y agradece al
Grupo Socialista que haya traído hoy aquí esta moción consecuencia de
interpelación, de verdad que sí. Y se lo agradecemos porque creemos que
la digitalización de la justicia es, sin duda alguna, un gran reto que
tenemos por delante.

Senador Rodríguez Esquerdo, estoy plenamente convencido de que
tanto usted como yo queremos que ese reto sea un logro, y también
queremos mejorar el sistema de digitalización de la justicia a través del
sistema procesal común que tenemos, que es LexNET, así como el resto de
la digitalización de la Administración de Justicia que, además, es fruto
de aquel pacto de Estado para la reforma de la justicia del año 2001, un
espíritu en el que seguimos coincidiendo todos. Por eso, señor Rodríguez
Esquerdo, proponemos enriquecer su texto, proponemos clarificar su texto,
plantear una mejora a corto y a medio plazo y, desde luego, coincidimos
con ustedes en que LexNET no será para siempre. Recuperemos, pues, como
decía antes, el espíritu con el que se firmó aquel pacto de Estado, sin
duda alguna la ambición lógica de mejorar y avanzar hacia ese objetivo de
papel cero en la justicia, pero con transparencia, señor senador, con
agilidad, con modernidad, con eficacia y, sobre todo, con algo muy
importante, con seguridad.

El motivo de nuestra enmienda viene originado porque lo que
plantean ustedes es sencillamente la sustitución del sistema, y eso no es
viable en este momento porque, además de ser una cuestión técnica,
también es una cuestión política después de todos los esfuerzos que han
hecho los distintos gobiernos, incluidos los suyos, los de la etapa
socialista, y del compromiso del Gobierno del Partido Popular por seguir
manteniendo un programa informático como LexNET.

Además de todos esos datos, le doy una breve cifra de lo que ha
supuesto LexNET en los últimos años: más de 211 millones de mensajes
entre órganos judiciales y profesionales, o más de 125 millones de actos
de comunicación, entre otros datos, lo que hace que la sustitución del
sistema sea inviable.

Por otra parte, señor senador, en el marco presupuestario se han
destinado para este ejercicio importantes mejoras para proyectos
tecnológicos de forma global, y se están adoptando medidas para reforzar
e incrementar los controles de seguridad. Ello hace, senador, que nuestro
grupo apueste por lo que es lógico y razonable, que es sencillamente
reforzar el sistema en lugar de replantearlo.

En segundo lugar, el otro punto de la enmienda va encaminado a
simplificar el número de sistemas de gestión procesal. Como su señoría
sabe, en España concurren hasta 9 sistemas distintos. Lo que mi grupo
propone, senador, es que se vaya trabajando con todos los agentes de la
Administración de Justicia en un sistema de gestión procesal común en el
seno de la propia Administración. Por eso, senador Rodríguez Esquerdo, le
propongo que apoye nuestra enmienda para fortalecer y no replantear el
proyecto; para apostar por un único sistema de gestión procesal y no por
varios, que difícilmente son compatibles entre sí; y sobre todo, y muy
importante, esta posición del Grupo Popular es fruto de las reuniones
sectoriales que hemos mantenido con quien conoce el sector, con quien
sabe de informática. Desde luego, nosotros sí que nos ceñimos a lo que
ellos nos dicen y no a los cantos de sirena del Partido Socialista.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Delgado.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo, para indicar si
acepta o no las enmiendas.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Intentaré ser breve ante las doce enmiendas presentadas. Por
empezar por el final, respecto a la presentada por el Grupo Popular,
tengo que agradecerle que esta vez la enmienda no tenga infinitivos ni
gerundios. También le agradezco que cite a Ferraz y a Andalucía, porque
sería extraño que ustedes no lo hicieran.

Después de oír al todavía ministro pensé que aprobarían la moción,
pero ya veo que no, porque ustedes presentan una enmienda que pretende
modificar el espíritu de la moción consecuencia de interpelación
presentada por el Grupo Socialista. Los socialistas proponemos replantear
el sistema LexNET en cuanto a su funcionamiento y operatividad, pero yo
no he hablado en ningún momento de solicitar su sustitución. Entiendo que
es pronto por la mañana y el despertar puede ser más tardío, pero nunca
he hablado de sustitución del sistema, sí de reformulación.

La moción, señor senador, pretende consensuar con los operadores
jurídicos y con los agentes vinculados con la justicia para hacer un
sistema adecuado en un mal llamado sistema común. Por eso no aceptaremos
su enmienda.

Con respecto a las cinco enmiendas de los senadores Mulet y
Navarrete, aceptaríamos añadir un segundo apartado en el primer punto de
la moción, ya que complementa nuestra propuesta, con número de
entrada 58368. Aceptaríamos, también, añadir un nuevo punto para proteger
los derechos de los usuarios de la justicia, con número de entrada 58370,
y no aceptaríamos 3 enmiendas con números de entrada 58367, 58369
y 58525, ya que la primera no se ciñe estrictamente a nuestra propuesta,
la segunda está incluida en el punto primero de la moción y sobre la
tercera, que es aceptable, consideramos que hay una enmienda del Grupo
Unidos Podemos que, en lo referente al poder judicial, es más
acertada.

Por último, en referencia a las cinco enmiendas del grupo del
cambio, no aceptaríamos las enmiendas con números de
entrada 58552, 58553, 58554 y 58556, ya que se fundamentan en la
necesidad de una auditoría externa.

Querido señor Comorera, por el aprecio que le tengo entiendo su
propuesta perfectamente, porque no se fía de este Gobierno, y nosotros
tampoco nos fiamos del Gobierno ni del todavía ministro de Justicia. Son
muchos los ejemplos que podemos tener, incluso a lo largo de estos días.
Pero el ministerio cuenta con una serie de técnicos y servicios
específicos en nuevas tecnologías, y tenemos la obligación de pensar en
la imparcialidad de técnicos y funcionarios para detectar con
profesionalidad las deficiencias del sistema y las incidencias del propio
sistema en el replanteamiento de LexNET.

Por el contrario, sí aceptaríamos la enmienda con número de
entrada 58 555, que amplía y mejora el petitum de nuestro tercer punto, y
la enmienda número 58 557 como un nuevo punto porque —y acabo,
señor presidente—, tal y como defendimos en la Comisión de
Justicia, creemos que es necesaria la confidencialidad de LexNET y la
evidente separación de poderes en la España del siglo XXI.

Por lo tanto, recapitulando, señor presidente, de las doce
enmiendas aceptaríamos dos de los senadores Mulet y Navarrete, de sus
cinco enmiendas, y dos del Grupo Unidos Podemos, de sus seis
enmiendas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenos
días, señorías.

Ciberataques, problemas con la actualización de los programas y
enormes fallos de seguridad es la realidad con la que nos hemos ido
encontrando. Estos han sido los titulares relacionados con LexNET a lo
largo de todo el verano, con el consiguiente caos e imposibilidad de
presentar documentos. Ocurre justo en el momento en el que más lo
necesitan abogados y procuradores —parece que el mundo se va a
acabar—, que es siempre a finales de julio, y si no solucionamos el
problema puede suceder también en diciembre, justo antes y después de las
merecidas vacaciones, dado que, como todos conocen, agosto es mes inhábil
para los juristas. No se reciben notificaciones ni se presentan demandas.
Como resultado de esto, muchos profesionales de la justicia se vieron
apuradísimos para presentar los documentos en el último día hábil de
julio, o peor aún, se fueron tranquilos pensando que los habían
presentado en tiempo y forma y luego descubrieron que se les había pasado
el tiempo para poder cumplir el plazo reglamentario y legal.

El día 1 de septiembre, primer día de notificaciones tras las
vacaciones de verano, hubo otro ataque masivo que provocó bloqueo y
problemas con las notificaciones, que se recibieron incluso los
sábados.

Estos problemas se suman a las ya conocidas dificultades en la
operatividad y fluidez. Tal y como refleja el Plan de mejora LexNET, de
la Subdirección de Nuevas Tecnologías de la Justicia, de 29 de abril
de 2016, este sistema adolece de importantes defectos en cuanto a rapidez
de acceso, capacidad, lentitud y compatibilidad con otros programas
informáticos. De hecho, y pese a conocerse desde hace más de un año los
problemas relacionados con la caducidad de Java en los navegadores, lo
cierto es que, sin ir más lejos, la semana pasada, los abogados y
procuradores de nuestro país fueron advertidos a fin de que no
actualizaran sus ordenadores, no actualizaran Java, dado que LexNET no se
encontraba preparado para la nueva versión.

Señorías, la actualización no solo implica avances en las
tecnologías, sino que también es absolutamente necesaria para trabajar en
un entorno seguro. Tener los equipos desactualizados significa estar
desprotegidos, en un entorno vulnerable, en el que cualquier atacante
externo puede aprovecharse para entrar en el sistema y hacerse con todos
los datos que por él circulan. La desactualización es inseguridad
jurídica, sin lugar a dudas, y se conculca así el derecho a la tutela
judicial efectiva de todos los ciudadanos. Debemos mejorar el sistema,
como se plantea en esta moción, y debemos garantizar la operatividad y
fluidez sin menoscabo de la seguridad. Debemos tener un acceso rápido,
seguro y eficaz desde cualquier dispositivo, porque no tiene sentido que
las partes personadas en un litigio solo puedan presentar los documentos,
esperando, eso sí, una eternidad a que se carguen en el sistema desde un
ordenador en los tiempos que vivimos, en los de las nuevas tecnologías.
La seguridad de la tecnología debe ser compatible con el acceso a LexNET
desde cualquier punto del mundo, sin que sea necesaria la presencia
física de un ordenador concreto, a través de los teléfonos móviles y
tablets. Debe compatibilizarse la seguridad de la plataforma con un uso
propio del siglo en el que estamos, el de las tecnologías.

Y qué decir del objetivo del papel cero. Desgraciadamente, no se
ha cumplido y mucho me temo que en un futuro a corto plazo se cumpla.
Ojalá sí. Estamos en la misma línea que el Grupo Parlamentario Socialista
y que el Grupo Parlamentario Podemos de que se tiene que dotar de más
recursos, de medios materiales, económicos, personales, para que esto
pueda suceder. En algunos juzgados he observado que todavía no solo
tienes que registrarlo vía LexNET, sino que, además, luego tienes que
llevar las copias en papel al decanato oportuno para el resto de partes
personadas, porque no está implementado debidamente en todas las
administraciones. Obviamente, los funcionarios no pueden hacerse cargo de
todos estos problemas, pero los órganos legislativos y el Ejecutivo sí
pueden adoptar todas las medidas para conseguir el objetivo papel cero y,
por supuesto, necesitamos más recursos para mejorar el sistema, para
mejorar la justicia, para mejorar la digitalización de la justicia y, por
supuesto, para garantizar los derechos de todos los españoles.

La Agrupación Socialista Gomera, cómo no, va a apoyar la presente
moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

¿Alguna intervención más? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Egun on, mahaiburu jauna.

Nahiz eta Euskadin gure sistema informatikoa beste bat izan,
Justizia SIP, %100eko zabalkundea daukana, gure operadore juridikoentzat
ere, LexNET arazo bat da, batik bat kanpoan aritu behar direnean.

Beraz, lehenengo gauza , onartu eta eskertu egiten dugu Alderdi
Sozialistak planteatu duen mozioa, guztiz onargarria delako planteatzen
dituen helburu eta asmoetan. Kontutan hartu beharra daukagu uztailean
gertatutako arazoak oso- oso larriak izan zirela. Akats horien eraginez,
edozein erabiltzaile beste erabiltzaile batzuen profiletara sar zitekeen
inongo arazorik gabe. Edozein profesionalen dokumentuetan sar zitekeen
edonor. Abokatuen espedienteetan, identifikazio pertsonaletan, bankuetako
hainbat kontu korronte zenbakietan ...

Gure ustez akats larri hauek eta gero, Ministerioa, egin zituen
planteamenduetan, jokabideetan, adierazpenetan, ez zen batere fin, ez zen
batere ondo ibili. Ministerioak akatsa onartu zuen baina aldi berean
konponduta zeudela adierazi zuen. Baina profesionalek erakutsi ziguten
Ministerioak baieztatutakoa ez zela egia. Ministroaren agerraldia eta
gero, beste eraso masibo bat gertatu zen sareetan. Erregistratu gabeko
erabiltzaileak era masibo batez sartzen saiatu ziren, eta horrek erakutsi
zigun berriro LexNETek zituen eta dauzkan ahuldadeak. Justizia
Ministerioak krisi honen aurrean, esan dudan bezala, ez du jokatu gure
ustetan jokatu behar zuen moduan. Eta lehenengo gauza egin beharko
lukeena gure uste apalean izango litzateke benetan onartzea gertatutakoa,
eta horrek duen larritasunaz jabetzea eta eragileekin partekatzea. Eta
partekatuz, konpontzen saiatzea. Horretaz aparte, erabiltzaile askok
sistemaren erabilkortasunari buruzko kexak azaltzen dituzte. Alegia, ez
dela benetan eraginkorra, ez duela kalitatezko zerbitzu bat bermatzen eta
zentzu horretan neurriak hartu beharrean gaudela diotenak.

Paperaren ordez antolatu nahi baldin bada sistema bat, beste
zerbait behar da, izan beharko luke LexNET2, edo LexNET3, edo beste izen
bat izango lukeen tresna bat. Baina egun LexNET dagoen bezala, ez da
guretzat baliogarria eta operadoreentzat, erabiltzaileentzat, ez da, esan
dudan bezala, eraginkorra.

Alderdi Popularrak, talde nagusiak, onartu behar du gertatu dena,
eta neurri batean, aurkeztu duen emendakinarekin Delgado jaunak onartu
egin du baita dagoen akatsa. Ez zait iruditzen emendakin hori aurkeztu
den mozioarengandik hain urruti dagoenik, eta Esquerdo jaunak egin duen
defentsarekin, ez zait iruditzen hain urruti daudenik bi planteamenduak.
Eta planteamendu horiek diote, zerbaitek ez baldin badu ondo
funtzionatzen, era batean edo bestean, konpondu behar dela. Baina baita
ere inportantea, emendakinak onartzen du baliabide nahikoa ez daudela
jarrita eta baliabide horiek onartu beharrean gaudela edo Gobernuak jarri
beharra dauzkala. Ikusi dudanez ez da akordio batera helduko, baina mozio
edo emendakin honekin Alderdi Popularrak daukan nagusitasunarekin
konpromiso bat hartu du. Eta hartu duen konpromisoa izan da LexNETek
benetan funtzionatuko duela.

Muy buenos días, señor presidente.

Aunque en Euskadi el sistema informático es otro, Justizia Sip, y,
además, es un sistema que está funcionando al 100 %, también para
nuestros operadores jurídicos LexNET constituye un problema, sobre todo
cuando tienen que operar fuera de nuestro territorio.

En primer lugar, queremos dar las gracias al Grupo Socialista por
esta moción, que nos parece del todo pertinente por los objetivos que
plantea. Hemos de tener en cuenta que las incidencias ocurridas en julio
fueron muy graves y debido a esos fallos cualquier usuario pudo acceder a
los perfiles de terceros o de otros usuarios sin ningún tipo de problema.
Se posibilitó el acceso a información privada de los usuarios, a
expedientes de los abogados, datos personales de identificación, cuentas
corrientes bancarias, etcétera. Se pudo acceder a toda esa
información.

Tras estos fallos o deficiencias graves, el ministerio hizo una
serie de declaraciones con planteamientos en los que no estuvo muy
acertado. El ministerio reconoció los fallos, pero, al mismo tiempo,
declaró que se habían arreglado. Los profesionales nos mostraron que las
declaraciones del ministerio no eran ciertas. Tras la comparecencia del
ministro hubo otro ciberataque masivo en la red y es que usuarios no
registrados intentaron acceder de forma fraudulenta. Eso nos mostró una
vez más la vulnerabilidad que tenía y sigue teniendo LexNET. Ante esta
crisis, y como he dicho, el Ministerio de Justicia no se ha comportado
tal y como debería haberlo hecho. A nuestro entender, lo primero que
debería hacer sería aceptar sin reservas lo ocurrido y su gravedad; deben
ser conscientes de lo grave que es esta situación y compartirla con los
usuarios para, juntos, intentar solucionarlo.






Además, muchos usuarios
plantean quejas sobre la accesibilidad y facilidad de uso del sistema.
Nos dicen que no es eficaz, que no presta un servicio de calidad, que no
lo garantiza y que habría que tomar medidas en ese sentido.

Si queremos organizar un sistema de papel cero, un sistema que
sustituya el papel, tiene que ser de otro modo: LexNET 2, LexNET 3 o
cualquier otro instrumento con otro nombre. En cualquier caso, LexNET,
tal y como está en estos momentos, para nosotros no es útil y tampoco lo
es para los operadores, para los usuarios. No es un instrumento
eficaz.

El Partido Popular tiene que asumir lo ocurrido, aceptarlo. En
cierto modo, la enmienda que ha presentado el señor Delgado también
reconoce que existen problemas. Me parece que esa enmienda no está tan
lejos de la moción que se ha presentado. La defensa del señor Rodríguez
Esquerdo nos ha mostrado que los dos planteamientos no están muy
alejados. Ambos explican que, si algo no funciona bien, de un modo u otro
hay que arreglarlo. Es importante también ver que la enmienda reconoce
que no hay medios suficientes y que el Gobierno tiene que poner a
disposición los medios necesarios. He visto que no se va a llegar a un
acuerdo, pero con esa enmienda y con la mayoría que tiene el Partido
Popular, creo que sí ha mostrado un compromiso, el de que LexNET
funcione.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, presidente.

Gobernuak benetan giza baliabideak eta ekonomikoak jarriko dituela
azkenean justiziaren onerako, ze justiziak nahiko arazo baditu,
bultzatuko dutela, modernizatu egingo dutela momentu honetan
funtzionatzen ez duen tresna bat, eta benetan lortuko dutela justiziak,
eta ikuspegi digital honetatik, justiziak hobeto funtzionatzea.

Creo que hemos visto el compromiso del Gobierno de poner a
disposición todos los medios, económicos y humanos. Al fin y al cabo, se
trata del bien de la justicia. La justicia ya tiene bastantes problemas.
Con esos medios se trata de modernizar la justicia y un instrumento que
en estos momentos no funciona bien. El objetivo es que la justicia
funcione mejor, también con este planteamiento tecnológico.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias.

Diga lo que diga el ministro, tenemos un servicio público esencial
que trata de dar el salto tecnológico de una justicia del siglo XIX al
siglo XXI a marchas forzadas, sin tener la seguridad de la información
como prioridad absoluta y que, tras dilapidar recursos públicos a
mansalva, descubrimos que tiene más agujeros que un colador.

Mire, señor Delgado, yo no soy experto informático y no tengo a la
Subdirección General de Nuevas Tecnologías detrás, pero lo que no sé, lo
pregunto. Y todo lo que he dicho en mi anterior intervención viene de
conversaciones con abogados, procuradores, fiscales, jueces y letrados de
la Administración de Justicia; y eso es lo que me explican sobre lo que
significa sufrir día a día LexNET. No vale con decir que se han hecho 340
millones de comunicaciones y justificarse en que las aplicaciones a veces
se caen. Seamos serios. Y no es cosa de la oposición. Ayer se reunió el
Consejo Fiscal para analizar el desastre de la justicia digital. La
semana pasada, el Consejo Valenciano de Procuradores y el Colegio de
Procuradores de Valencia pidieron la paralización inmediata del sistema
LexNET y el regreso al papel hasta que pueda operar con garantías para
los profesionales. Muchos ciudadanos y profesionales están ejerciendo el
derecho de petición para que cese la obligatoriedad de presentar escritos
por LexNET hasta que el sistema realmente funcione. El desespero de
abogados y procuradores se puede ver por las redes sociales, cuando se
han de pasar horas y horas delante del ordenador intentando enviar un
escrito para el que tienen plazo o recibir una notificación. ¿Saben
ustedes lo estresante que es esta situación para los profesionales?
Continuas caídas del sistema y numerosas incidencias. El sistema es
inseguro, obliga a ampliar determinados navegadores y aplicaciones como
Java que, además, si la actualizas LexNET deja de funcionar. Esto decía
la cuenta de Twitter de LexNET Justicia el pasado 20 de septiembre: La
versión 1.9 es incompatible y Java te solicitará la actualización a
partir de mañana. Recomendamos no actualizar. ¿Creen que eso es normal?
Pero es que, además, como dicen los expertos, LexNET es antiguo, se basa
en la sincronización de datos, cuando la tecnología está en la tercera
generación de herramientas de cloud computing. LexNET es limitadísimo, el
sistema obsoleto, no permite envíos superiores a 10 megas. LexNET es
ineficiente, su limitadísima capacidad en esos envíos obliga a los
profesionales a presentar en el juzgado al día siguiente copias en papel.
Hace dos años su Gobierno anunció la desaparición del papel en Justicia.
Hoy sabemos que fue pura propaganda, solo un eslogan. Además, en una
pregunta escrita que le hice al Gobierno, me confirmaba lo que todos nos
temíamos: que el consumo de papel y tóner no es que no haya disminuido,
es que ha aumentado desde su magnífico eslogan del papel cero.

La justicia necesita papel cero, pero LexNET no es útil.
Precisamos un sistema cloud computing de nube, mucho más operativo y
barato, que contenga el expediente judicial con capacidad suficiente para
eliminar realmente el papel y que evite envíos, habilitado para cualquier
software y gobernado por el Poder Judicial; un sistema sencillo,
intuitivo y accesible, sin fallos continuos, sin riesgos de
responsabilidad profesional y, sobre todo, para las garantías del
ciudadano que pretende acceder a la justicia. Y lo peor de todo es que
todo el mundo sabe que LexNET volverá a fallar sí o sí, ya que tiene
gravísimos agujeros de seguridad, pero en vez de parar, reconocer que es
una chapuza y realizar una auditoría externa, el Gobierno ha decidido
tirar de chequera y solucionar las graves deficiencias de LexNET de forma
rápida. Pero es que no nos fiamos de que esta nueva inyección de dinero
público consiga evitar que se repita una de las mayores negligencias
informáticas de nuestra historia reciente. Las explicaciones del ministro
de Justicia en el Congreso, o el otro día aquí en el Senado, me parecen
inadmisibles. No ha habido explicaciones reales del problema. Nos habla
de Zapatero o de Barakaldo, pero no sabemos las mejores propuestas de
cara al futuro, aparte de decir que van a invertir mucho dinero público,
únicamente alabanzas del sistema vacías de contenido y acusaciones al
chico que encontró el servidor abierto y a los 49 abogados que
supuestamente entraron. Recuerden que, de conformidad con el
artículo 15 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre
comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito
territorial del Ministerio de Justicia, por el que se regula el sistema
LexNET, el Ministerio de Justicia tendrá la responsabilidad de garantizar
el correcto funcionamiento, la custodia y la seguridad del sistema.

Asuman de una vez el problema. Esto no funciona como debería
funcionar. Sean valientes y si realmente les importa la justicia, aparte
de usarla para resolver conflictos políticos, hagan esta auditoría y, con
la participación de todos los operadores jurídicos, busquemos una
solución a ver si LexNET tiene arreglo o no, y en ese caso buscamos otro
sistema. Porque la mayor parte de los 60 millones de los que hablan se
destinará a las cárnicas y seguiremos con el problema. No es un tema de
dinero, sino un problema de diseño. Cuando el error es de concepción no
sirven parches, hay que rediseñar el sistema.

Por tanto, si realmente les importa la justica para algo más que
para ser el brazo ejecutor de su incompetencia política, apoyen esta
moción. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, permítame que agradezca a los grupos
parlamentarios que han aportado mejoras a nuestra moción por apostar de
verdad por la modernización y la agilización de la justicia y de los
sistemas informáticos, por la protección de derechos y la separación de
poderes, y que también se lo agradezca al resto de grupos que van a
apoyar esta moción. En segundo lugar, lamento una vez más —eso me
temo, senador Delgado— la oportunidad que han perdido su grupo
parlamentario y esta Cámara, con su absoluta mayoría y con su
responsabilidad, para que la justicia española sea más moderna, más ágil
y más transparente. Entiendo que seguramente no apoyarán la moción. ¿Y
saben por qué no la apoyarán? Porque para ustedes el papel cero —se
lo decía antes— es papel mojado; ni siquiera, senador Comorera, es
una declaración de intenciones, simplemente postureo, simplemente
apariencia, simplemente para quedar bien con no sé quién.

Los graves fallos de seguridad de LexNET y el caos producido no
pueden volver a producirse, no deben volver a producirse. Deben abandonar
la apatía, la pasividad, la inacción y el no por el no, tal y como vienen
evidenciando en el ámbito de la justicia día tras día, porque así
tendríamos una justicia de verdad del siglo XXI. Ante los errores
detectados, actúen y sumen esfuerzos, avancen juntos para modernizar la
justicia de verdad. No olvidemos, un servicio público que debe basarse
también en la eficacia, en la eficiencia y en la calidad. Aprovéchense de
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para que el
Ministerio de Justicia por lo menos cumpla con su obligación de propiciar
una justicia eficaz y eficiente en el marco de una atención
integral.

Señorías, la implantación segura de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación debe ser una exigencia para que sea
ágil, eficaz y transparente. Son muchos los esfuerzos que se han hecho a
lo largo de los últimos quince años, y hoy ustedes los están dilapidando
con una nefasta gestión del todavía ministro de Justicia. Cuando hablan
de modernidad de la justicia les queda hasta bonito, cuando el señor
Catalá habla aquí de las bondades de LexNET y de la modernización de la
justicia le queda hasta bonito, pero si hablan de dónde estamos hoy y
hacia dónde va la justicia con ustedes mañana, creo que va a dejar mucho
que desear. Sus posiciones inamovibles son desalentadoras, sus
actuaciones sin apuestas estratégicas en proyectos claves como este son
deprimentes y su proceder en justicia es inseguro, inconexo y torpe.

Señor presidente, para ir terminando, agilizar y modernizar la
justicia es urgente, es necesario un sistema informático seguro para el
siglo XXI. Es obligado para todos, y mucho más para ustedes, porque
todavía gobiernan, aunque espero que sea por poco tiempo, que la justicia
nos ocupe y nos preocupe. A los socialistas desde luego nos preocupa la
justicia y nos ocupa la justicia. A otros grupos parlamentarios se ha
demostrado que hoy también les preocupa y les ocupa la justicia. A
ustedes hoy, veremos, senador Delgado, que ni les ocupa ni les preocupa,
y esto simplemente es muy triste. La justicia española, como
solicitábamos en la moción, necesita más inversión —el señor Catalá
está de acuerdo—, una mejora en el gasto —el todavía ministro
está de acuerdo— y una mejor gestión —el reprobado ministro
está de acuerdo—, pero lo que de verdad necesita la justicia
española es un nuevo ministro de Justicia, este está ya absolutamente
amortizado. (Aplausos).

Cervantes creo que dijo que cuando una puerta se cierra, otra se
abre. Ustedes están cerrando todas las puertas de la justicia española, a
pesar de tener el LexNET gruyer más abierto todos los días. Los grupos
parlamentarios le exigimos al reprobado ministro de Justicia soluciones;
los abogados y procuradores le exigen al todavía ministro de Justicia una
solución definitiva; y el señor Catalá, el Partido Popular y el grupo
parlamentario mayoritario de la derecha en esta Cámara solo ofrecen una
nueva historia interminable.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Delgado.

El señor DELGADO CÁCERES: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Rodríguez Esquerdo, lamento una vez más el tono de su
intervención, el rechazo a las ideas y a las enmiendas que ha presentado
el Grupo Parlamentario Popular con el fin de llegar a un acuerdo sobre
cómo alcanzar la digitalización de la justicia o el papel cero en esa
Administración y en todas las aplicaciones que orbitan a su alrededor. Su
posición y su moción denotan falta de concreción, no profundizan sobre
las medidas a adoptar y proponen poner en serio compromiso el papel cero
en justicia. Tenga la absoluta certeza de que el Grupo Parlamentario
Popular no va a participar de esa medida irresponsable a la par que
electoralista.

El rechazo de nuestras enmiendas solo denota la verdadera falta de
interés y la búsqueda de la crítica de desgaste en beneficio de su grupo
o el suyo propio, algo que difícilmente logrará. Pero le voy a decir una
cosa, señor Rodríguez Esquerdo, sobre justicia no caben vacilaciones,
sobre justicia solo caben debates de cómo mejorarla y cómo plantear eso
que todo el mundo busca: el papel cero. Hay que ser precisos, hay que ser
concretos, hay que profundizar en la mejora, y su moción nada tiene de
eso. Su moción plantea titulares de desgaste en búsqueda de algún rédito
electoral, que desde luego no va a lograr hoy en esta Cámara, y tal vez
—por qué no decirlo— algo de meritocracia propia.

En lugar de sentirse orgulloso de que un Gobierno socialista fuera
el que desarrollara inicialmente el programa LexNET, en lugar de eso,
ustedes ahora lo denuestan, lo rechazan y lo destierran, pese a que ha
habido Gobiernos del Partido Popular responsables que han continuado con
un proyecto que creemos que era necesario por responsabilidad y por
compromiso. Me pregunto, señor Rodríguez Esquerdo, qué pensará el
exministro López Aguilar de su actuación de hoy.

Como todo el mundo sabe, a LexNET no puede acceder cualquiera.
Está cerrado a profesionales, señor senador, con clave personal, con
tarjeta criptográfica, entre otras medidas de seguridad. Por tanto, no
cabe generar alarma sobre este sistema informático. El Gobierno no se ha
quedado de brazos cruzados, señor senador. Lo que ha hecho frente a los
ataques recibidos es hacerles frente, encargar una auditoría, notificar a
la Agencia Española de Protección de Datos el incidente, notificárselo
también al Consejo General del Poder Judicial. Ha trabajado con el Centro
Criptográfico Nacional para seguir fortaleciendo el sistema. Además,
usted ha tenido la oportunidad de hablar con la presidenta de la Comisión
de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial, que le ha
dejado enormemente tranquilo para que usted se suba aquí y diga lo que ha
dicho. En cualquier caso, por eso le hablaba antes de la
meritocracia.

Su moción es sencillamente un brindis al sol, y lo es por algo muy
básico. Primero, porque su propuesta plantea sustituir un sistema que ha
dejado datos tan importantes como los manifestados en el turno de
enmiendas. Le digo más, hay 230 000 usuarios que utilizan esta plataforma
diariamente. Además, es el sistema más extendido en la Administración de
Justicia, sin lugar a dudas. Por ponerle un ejemplo práctico, en los
catorce primeros días de este mes se han registrado más de tres millones
de operaciones, algo que hace inviable la sustitución del sistema. Por
tanto, solo cabe decir que LexNET es un sistema mejorable, sí —y
comparto las opiniones manifestadas por el portavoz del PNV, señor
Bildarratz—. Es un sistema que necesita inversión, también, pero lo
que no cabe decir es que es inseguro, lo que no cabe decir es que no es
estable. Es estable, es seguro y, desde luego, es razonablemente
consolidado.

Señoría, lo que usted plantea hoy aquí dejaría sin alternativas
reales a aquellos que utilizan esta plataforma digital. Sería echar por
tierra los esfuerzos técnicos y presupuestarios y daría al traste con
todo ese reto irrenunciable de la digitalización de justicia, ya que
sería volver al papel y a las notificaciones por correo, algo que hoy es
totalmente inaceptable. En consecuencia, señor senador, no existen
argumentos que justifiquen plantearse esta alternativa a corto plazo.
Como hemos advertido ya, LexNET no es eterno y habrá que plantear
sistemas mejores en el futuro, pero hasta que no llegue eso habrá que
dotarlo de la capacidad suficiente y de nuevas aplicaciones para seguir
garantizando la seguridad.

¿Por qué decimos que su moción es una broma? Decimos que su moción
es una broma —desde luego lo es— porque ustedes cuantifican
su moción en un millón de euros. Un millón de euros, señor senador, no da
ni para comprar ratones. (Aplausos). ¿Qué ha hecho el Gobierno? El
Gobierno lo que ha hecho ha sido aprobar en Consejo de Ministros 62
millones de euros; los más malos, los del postureo, como usted nos
llamaba a nosotros, somos los que hemos aprobado 62 millones de euros en
Consejo de Ministros, que se los voy a desgranar: 36 millones para la
adquisición del material necesario, del equipamiento para reforzar
nuestro sistema; 19 millones para mejorar aplicaciones de LexNET;
y 6 millones para mejorar la administración electrónica de justicia en
las diferentes comunidades autónomas, de las que, desde luego, tanto la
suya, el País Vasco, como la mía, Canarias, se van a ver
beneficiadas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DELGADO CÁCERES: Voy terminado, señor presidente.

Como le decía, señor senador, aquí venimos a trabajar, a resolver
los problemas de la justicia y no a plantear mociones tipo que lo único
que buscan es el desgaste.

Y termino, señor presidente, con la lectura del Diario de Sesiones
del 12 de septiembre de 2017, que decía así —es un pequeño
párrafo—: «Señorías, creo que todos, incluido usted, pensamos que
la transformación tecnológica de la Justicia es un auténtico desafío del
Estado y para todos debe ser un compromiso. Pero ese desafío, ese empeño,
hágase bien, hágase con cabeza, atendiendo a los que saben de
esto...»

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor DELGADO CÁCERES: ... aceptando las críticas. ¿Lo
recuerda? Es suyo. Entonces, ¿a qué se debe esto?

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Delgado.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de
las siguientes enmiendas aceptadas: del Grupo Parlamentario Mixto, las
que tienen número de registro 58368 y 58370, y del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, las que tienen como número de
registro 58555 y 58557. (Rumores). Guarden silencio, por favor.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242;
votos emitidos, 242; a favor, 95; en contra, 146; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

El señor presidente da lectura al punto 4.4.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
se han presentado dos enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado. (Rumores). Señorías, guarden silencio. (Rumores). Señorías,
guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de
cinco minutos, el senador Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, egun on, jaun-andreok. (El señor vicepresidente, Sanz
Alonso, ocupa la Presidencia).

Antes de nada, quiero dar la bienvenida a las dos representantes
que han venido desde el enclave de Treviño, bienvenidas. Ongi
etorriak.

Hoy traigo a esta Cámara el debate sobre un anacronismo histórico,
el de una injusticia actual, como es la situación administrativa del
enclave de Treviño. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señoría, por
favor.

Guarden silencio para que pueda continuar la sesión, por favor.
(Pausa).

Continúe.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Decía que se trata de una injusticia que
debería estar ya resuelta. Como comentaba el otro día, el enclave de
Treviño es ese agujero que aparece en el mapa de otro color, en el
corazón de Álava, una isla en el centro de Álava y, por ello, sus vecinos
y vecinas, desde hace décadas, desde hace siglos, vienen solicitando su
incorporación a ese territorio. ¿Por qué? Pues porque estos vecinos y
vecinas hacen vida, trabajan, estudian y se divierten en Álava, son
alaveses y alavesas, pero hay que hacer posible que así sea también
administrativamente. Es una cuestión de lógica porque Vitoria-Gasteiz se
encuentra a menos de 15 kilómetros del enclave, mientras Burgos capital
está a 100 kilómetros.

Como decía, esta solicitud se viene repitiendo en el tiempo, es
una solicitud continuada que atiende a la lógica y, además, como todos
ustedes conocen, es legalmente posible e incluso así se prevé en la
Constitución. Sin embargo, también es cierto que existe un problema
político que ha provocado que se legisle ex novo, en el nuevo Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, para imposibilitar esa incorporación
—a pesar de conocer cuál es el deseo mayoritario—, reclamando
informes positivos a los representantes de la provincia de Burgos y de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León que sean favorables a la salida de
Burgos de ese territorio y su incorporación a Álava. ¿Qué ocurre? Que
todos conocemos cuál es la voluntad política, y así se imposibilita
legalmente lo posterior. Sin embargo, también sabemos todos que si hay
voluntad política los problemas legales se solucionan y se buscan salidas
de sentido común. Ahí está el bloqueo político que nos encontramos a día
de hoy.

La mayoría de vecinos y vecinas del enclave lo tienen claro, y así
el 23 de junio de este mismo año las corporaciones de los dos pueblos del
enclave, Condado de Treviño y La Puebla de Argazón, solicitaron que
fueran los partidos, que fueran las instituciones, los que solucionaran
el embrollo porque están ya cansados de intentar todas las vías posibles
—legales, administrativas y de consultas— habidas y por
haber. Este es un asunto legal. Además, como decía, estas corporaciones
solicitaron por mayoría absoluta, sin ningún voto en contra, repito, sin
ningún voto en contra —tampoco del Grupo Socialista o del Partido
Popular—, para que fueran las instituciones o los partidos los que
solucionasen este embrollo.

La pelota está sobre el tejado de las instituciones, y por eso
hemos presentado esta moción consecuencia de interpelación, no con ánimo
de monopolizar el debate ni de arrogarnos la representación de estos dos
municipios sino, simplemente, para hacer de altavoces de la solicitud
mayoritaria de ambos municipios.

Ya es hora de que se resuelva lo que es lógico, lo que es legítimo
y lo que es legal. Ya sabemos cuál es la historia, cuál es la legislación
al respecto, y sabemos también cuál es la situación política existente en
el enclave.

Por eso les animo a que escuchen a los vecinos y vecinas del
enclave, para que hagamos posible su deseo de ser alaveses también
administrativamente. Es algo de sentido común.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Iñarritu.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador
Gallastegui.

El señor GALLASTEGUI ALTUBE: Gracias, señor presidente. Egun on
guztioi. Muy buenos días a todas y a todos. El Grupo Parlamentario Vasco
da también la bienvenida a los representantes de Treviño a esta Cámara,
ongi etorriak.

Mi grupo ha presentado dos enmiendas a esta moción consecuencia de
interpelación. La enmienda de modificación deja clara nuestra intención
de aportar una solución final e integral que cumpla los intereses de los
habitantes de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, y esta pasa por
una solución legal mediante la aprobación de una ley orgánica. Como ya
dijo en la interpelación la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, cualquier
alteración de los límites provinciales se debería aprobar por las Cortes
Generales mediante ley orgánica, y eso es justamente lo que reclamamos en
nuestra enmienda.

Por otra parte, la enmienda de adición busca mostrar el apoyo de
esta Cámara a los pasos que están dando, con consenso y acuerdo, los
grupos municipales de los dos ayuntamientos para buscar una solución a
las legítimas aspiraciones de los ciudadanos del enclave de Treviño.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Gallastegui.

Para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra el
senador Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Eskerrik asko, presidente jauna.

Arretaz irakurri ditut Euzko Alderdi Jeltzaleak eginiko
emendakinak, eta onartuko ditut, nola ez.

Gure helburua gaur ez zen monopolizatzea eztabaida hau, baizik eta
ekartzea Ganbara honetara gaia, eta bozgorailu-lana egitea.

Eta nola ez ere, onartzen ditugu, zeren uste dut borondate ona
dagoela Euzko Alderdi Jeltzalearen aldetik.

Eta esan bezala, Trebiñun argi dute denak, berdin du zer alderdi
politikotik datozen zinegotzi ezberdinak zeren denak argi dute arabarrak
izan nahi dutela, eta horretarako eta horregatik, aho batez onartu zen
ekainean, bai Trebiñun eta bai Argantzun, proposamen bat eta proposamen
horrek eskatzen digu alderdiei, erakundeei konpontzea hainbeste urtez
egondako ezbeharra Trebiñun. Trebiñarrak arabarrak dira, baina
administratiboki ere nahi dute arabarrak izan.

Eta horregatik ekarri dugu gaur proposamen hau, eztabaidatzeko,
berriz ere —ez da lehenengo aldia, hainbatetan ekarri da Trebiñuko
gaia Ganbaretara, bai Kongresura, bai hona, badira hiru urte lege
organiko bat eztabaidatu zen Kongresuan eta hor ikusi genituen argudioak,
edo hobe esanda, aitzakiak, aitzakia historikoak, aitzakia
legalak—.

Baina hemen azken batean, lehen aipatu dudan bezala, arazo
politiko bat dago, eta borondate politikoa egonez gero, konponduko da
arazorik gabe. Nola konpondu? Nik argi dut, printzipio demokratikoa
erabiliz. Printzipio legala ere erabili daiteke, bai, zaila da, oztopoak
jarri ziren bere egunean, jakinik zein zen trebiñarren borondatea. Baina
borondate politikoa badago, konponduko da, arazorik gabe.

Horregatik, eskatzen dizuet entzutea trebiñarrek zer eskatzen
duten.

Eskerrik asko, presidente jauna.

Gracias, señor presidente.

He leído con atención las enmiendas presentadas por el Partido
Nacionalista Vasco y les informo de que las aceptaré, cómo no.

Nuestro objetivo hoy no es monopolizar este debate sino traer a
esta Cámara la cuestión, desempeñando nuestra tarea como altavoces de
estos ciudadanos.

Voy a aceptar las enmiendas porque considero que el Partido
Nacionalista Vasco demuestra con ellas su buena voluntad.

Tal y como he dicho, en Treviño lo tienen claro, da igual el
partido político al que pertenezcan: todos tienen claro que quieren ser
alaveses y, por ello, aprobaron por unanimidad en el mes de junio, tanto
en Treviño como en La Puebla de Arganzón, una propuesta en la que
solicitan a los partidos, a las instituciones, resolver el problema que
existe desde hace tantos años. Los treviñeses son alaveses, pero lo
quieren ser también administrativamente.

Hemos traído hoy esta propuesta para debatirlo de nuevo, aunque no
es la primera vez que se aborda este asunto en las Cortes Generales,
tanto al Congreso como aquí. Hace tres años, se debatió una ley orgánica
en el Congreso, y allí conocimos sus argumentos, o mejor dicho, las
excusas históricas y las excusas legales.

En cualquier caso, tal y como he dicho anteriormente, se trata de
un problema político y, por tanto, si hay voluntad política, se resolverá
la situación. ¿Y cómo lo haremos? Yo lo tengo claro: utilizando el
principio democrático. Se puede utilizar el principio legal, sí, pero es
difícil porque en su día se establecieron bastantes obstáculos. Si se
tiene en cuenta la voluntad de los treviñeses, si hay voluntad política,
se resolverá sin ningún problema.

Por tanto, les pido que escuchen la voluntad de los
treviñeses.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Iñarritu.

Por el Grupo Territorial Grupo Vasco Podemos-Euskal Taldea, tiene
la palabra el senador Arrieta.

El señor ARRIETA ARRIETA: Presidente jauna, jaun-andreok.

Lehenengo eta behin gure agurrik beroenak gaur gurekin dauden
Trebiñuko ordezkariei, mila esker ere zuen lanagatik.

Gracias, presidente.

Señorías, antes de nada quiero saludar calurosamente a los
representantes de Treviño. Muchas gracias por su trabajo.

Hablar del enclave de Treviño es hablar de sentimientos, es hablar
de deseos, es hablar de necesidades vitales, es hablar de vecindad, es
hablar de proyectos de vida y de las mejores condiciones. La
reivindicación actual de pertenecer a Araba no se basa en argumentos
históricos sino en las vinculaciones comerciales, culturales,
lingüísticas y administrativas existentes desde hace muchos años.

Los vecinos de Treviño y de La Puebla de Arganzón no se quieren ir
de ningún país, no piden la independencia, simplemente desean pertenecer
jurídicamente al país en el que viven. Seguramente, aquellos y aquellas
que conozcan este enclave puedan sentir mejor y empatizar con la voluntad
ciudadana manifestada de diferentes modos, desde hace más de cien años.
Se trata de respetar la voluntad de los vecinos y las normas jurídicas
existentes, abriendo vías de entendimiento y acercamiento entre la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y de la comunidad autónoma vasca.
En 1949 se decidió que las parroquias del enclave de Treviño pasaran de
la diócesis de Calahorra a la de Vitoria, y no se ha roto la unidad de la
Conferencia Episcopal Española.

Señorías, por tanto, deseo que reflexionen y den un paso adelante
para que no tengamos que esperar otros cien años para volver a plantear
esta cuestión.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Arrieta.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

El otro día, en la interpelación, la vicepresidenta del Gobierno
utilizaba un argumento trampa, y decía que a ver si lo que yo estaba
pidiendo era que interviniera el Gobierno para limitar el autogobierno de
Castilla y León. No, obviamente no es ese el asunto. ¿Cómo voy a pedir yo
al Gobierno de España, con lo recentralizador que es, con lo ocupante de
competencias que es y con lo represor que es, que vaya por esta vía?
(Protestas). Pero no, no era ese el debate, señorías. Simplemente estaba
pidiendo que escuchase a los vecinos y vecinas del enclave de Treviño y
que intentase mediar, que intentase solucionar y que hiciese lo que
estuviera en su mano para solucionar un problema político.

¿Hay algún tipo de obstáculo legal, como decía antes creado ex
novo, a consecuencia de esa voluntad mayoritaria de la ciudadanía de
Treviño? Sí, eso es sabido, lo sabemos todos —seamos
honestos— y por eso se elaboró ese artículo en el nuevo estatuto de
Castilla y León. La verdad es que no existe esa voluntad por parte del
Gobierno en este momento porque, supongo yo, eso crearía problemas
internos en el Partido Popular, como en su día quizá también los creó en
el Partido Socialista, porque es cierto que la opinión del Partido
Popular de Castilla y León no es la misma que la del Partido Popular del
País Vasco, y esto es así desde hace muchísimo tiempo. En cualquier caso,
si atendemos a ese principio democrático, que sean los vecinos y vecinas
los que nos cuenten lo que está ocurriendo y por qué quieren ser
alaveses, una cosa lógica, quizás se podría resolver.

El segundo argumento trampa que utilizó la vicepresidenta es que
no había ningún problema en la gestión administrativa del enclave, que
había ya convenios, acuerdos y protocolos interterritoriales entre
Castilla y León y la comunidad autónoma vasca, así como entre Álava y
Burgos. Pero, insisto, no es que diga yo que hay problemas,
interferencias y retrasos, es que lo dicen los vecinos y las vecinas del
enclave. Si repasamos la hemeroteca, veremos que en los últimos años,
tanto en los periódicos de Álava como en los de Burgos, se recogen
desgracias y problemas que no tenían por qué haber ocurrido, debidos a
retrasos, a interferencias y a problemas de coordinación. Los habitantes
del enclave se encuentran en una situación de precariedad continúa y
esperando para ver si se soluciona por la vía democrática lo que vienen
solicitando de todas las maneras habidas y por haber, a través de todo
tipo de procedimientos.

Decía antes que se intenta justificar siempre esto con la
historia. Bien, sí, la historia nos explica dónde estamos y por qué el
enclave pertenece administrativamente a Burgos, a Castilla y León. Eso
está bien, pero no justifica que no se pueda solucionar por cauces
legales —como estaba previsto— que este enclave pueda
pertenecer al territorio de Álava, como así lo desean la inmensa mayoría
de los ciudadanos y ciudadanas de Treviño.

Además, decía que ante esta provisionalidad y ante esta
precariedad se intenta siempre poner todo tipo de obstáculos, a pesar de
que está previsto y a pesar de que hay un artículo constitucional que así
lo prevé, pero ya vimos cuál fue en 2014 el argumentario que utilizaron:
que si Chindasvinto o Recesvinto; o que se siga el cauce del estatuto de
Castilla y León. Obviamente, se tendrá que seguir ese cauce. De hecho,
los vecinos piden que se lleve a cabo esta modificación por cauces
legales, no una revolución sino que los partidos les escuchen y que hagan
caso a ese sentir mayoritario.

Antes se mencionaba que es un tema de sentimientos, pero no lo veo
así. Es cierto que hay una identidad, como habrá otras identidades, y es
cierto que hay asuntos culturales y lingüísticos, pero se trata de la
gestión del día a día, es el sinsentido de que se rijan por normas de
otra comunidad, de otra provincia, cuando su vida, el día a día lo hacen
en Álava, porque los treviñeses y treviñesas son alaveses y alavesas y
así quieren ser.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Por eso, hagamos posible lo que es
lógico, lo que es legítimo y lo que es legal.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Iñarritu.

¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones). No interviene
nadie.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Gallastegui.

El señor GALLASTEGUI ALTUBE: Gracias, señor presidente.

Señorías, ahora que veo a los de Treviño de frente, ongi etorriak,
bienvenidos.

Quisiera agradecer al señor Iñarritu la acogida de nuestras
enmiendas.

Hoy debatimos acerca del enorme agujero que aparece en el centro
del mapa de Álava, un enclave de la provincia de Burgos y que se compone
de dos ayuntamientos.

Mi grupo comparte el apoyo que se da en esta moción a los acuerdos
que tomaron los ayuntamientos treviñeses el pasado 23 de junio de 2017;
un acuerdo con gran respaldo institucional. No está de más mencionar que
en La Puebla de Arganzón se aprobó la moción por unanimidad y que si en
el Condado de Treviño fue por mayoría absoluta se debió a que dos
concejales se abstuvieron. La moción de estos ayuntamientos solicitaba
que trabajasen los órganos competentes para dar la solución al sistema
jurídico-administrativo y que se iniciasen conversaciones para resolver
los problemas de la ciudadanía del enclave de Treviño mediante su
integración en Araba; y no obtuvo ni un voto en contra en los dos
ayuntamientos.

El grado de colaboración, consenso y diálogo sobre este tema por
parte de los grupos que conforman estos ayuntamientos es muy grande. Por
esto, apelamos a este sentido de colaboración y que se traslade ese
espíritu a esta Cámara.

La petición de integración en Álava de los dos municipios que
engloban el enclave de Treviño no ha decaído, como queda demostrado en
los acuerdos municipales. Esta Cámara debe dar soluciones territoriales y
es aquí donde deben ponerse en marcha las iniciativas que resuelvan
democráticamente este tipo de conflictos.

Este desaguisado histórico, que tiene implicaciones políticas y de
legitimidad de la ciudadanía de Treviño, puede solucionarse con sentido
común. Nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, aportamos un método y
hacemos una propuesta de trabajo que complete así la petición de dichos
ayuntamientos. Hemos debatido infinitas veces sobre este tema en todas
las instituciones donde estamos representados como partido porque, sin
ninguna duda, es responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco abrir
puertas a la integración de Treviño en Álava. Los pasos que se han ido
dando se circunscribían al marco legal pero, en ese camino legal y
político, los y las treviñeses, así como la población alavesa y vasca,
han encontrado una falta de voluntad política de los diferentes gobiernos
y poderes del Estado.

Como he mencionado en la defensa de una de las enmiendas,
necesitamos una solución final e integral que pasa por la solución legal
mediante la aprobación de una ley orgánica. Entendemos que la moción
recoge de manera acertada la reivindicación histórica de Treviño.

El Partido Nacionalista Vasco se ha comprometido siempre con la
octava cuadrilla de Álava, ha estado siempre en todas las acciones
legales, en las peticiones que se han llevado a cabo y, sobre todo, con
las personas que viven en estos dos municipios de Treviño.

Un parlamentario del Partido Popular reclamó en el Parlamento
vasco, en el año 2013, que una iniciativa sobre el enclave de Treviño se
elaborase en el Senado. Dijo así: Se podrían retomar los trabajos en la
Cámara Alta con el fin de aprobar una ley de enclaves, un planteamiento
de desbloqueo de las situaciones ancladas en anacronismos
históricos.

La iniciativa que pedía su compañero de partido ya está aquí.
Esperamos, sinceramente, que hagan caso de sus palabras y sigan su tesis
cuando ese mismo día decía en la tribuna del Parlamento vasco: Treviño es
esencialmente Álava; lo que es seguro es que Treviño, antes o después,
será Álava.

Nosotros, nuestro partido y este grupo, ya lo hemos dicho varias
veces, pero no está de más repetirlo: Treviño es y será Álava.

Por tanto, votaremos a favor de esta moción.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Gallastegui.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Palencia.

La señora PALENCIA GARCÍA: Ongi etorri eta mila esker
etortzeagatik.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, representantes de
Treviño, bienvenidos. Muchas gracias por venir.

Señorías, el contencioso de Treviño parte de una demanda del
Condado de Treviño y de La Puebla de Arganzón, que son los dos municipios
del enclave de Treviño, para integrarse en el territorio histórico de
Araba/Álava. Ha sido una demanda sostenida durante largo tiempo,
reiterada en multitud de ocasiones en distintas épocas, y varias veces
consultada directamente a la ciudadanía, manifestando esta, de un modo
inequívoco y por amplia mayoría, su posición a favor.

Señorías, es inadmisible que en el año 2017 sigamos arrastrando
debates de esta naturaleza, anacronismos administrativos y bloqueos
institucionales, mientras hay varios miles de personas discriminadas en
el acceso a los servicios públicos.

La voluntad de la ciudadanía de Treviño no responde tanto a
cuestiones identitarias o culturales, que también, sino a cuestiones de
carácter práctico y cotidiano, vinculadas a derechos básicos como la
salud, servicios sociales o inversión en infraestructuras. La prestación
de servicios mediante convenios es útil, pero dado que es una situación
territorial obviamente no provisional, deberíamos darle una solución
definitiva. Esto eliminaría los esfuerzos que tienen que realizar las dos
diputaciones implicadas, tanto la burgalesa como la alavesa, y los
errores que se cometen en la planificación y en la ejecución, pero lo más
importante es que esta discriminación en la prestación de servicios ha
dado como resultado que hoy las personas que viven en Treviño se sientan
ciudadanas y ciudadanos de segunda en su propio territorio. Y señorías, a
nadie nos gusta sentirnos ciudadanos de segunda.

Señorías del Grupo Popular, en la interpelación que se debatió en
el pasado Pleno, la vicepresidenta dijo que no eran ciertos los aspectos
sobre la diferencia de calidad que reciben los ciudadanos en Treviño,
pero el miércoles pasado, 20 de septiembre, se debatió a este respecto en
las Juntas Generales de Álava. En este sentido, les voy a leer la
enmienda que presentó la portavoz del Partido Popular: Las Juntas
Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que, en
colaboración con las demás instituciones competentes de la comunidad
autónoma vasca y de Castilla y León, desde el diálogo y la lealtad
institucional, profundicen en los acuerdos interinstitucionales para
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Treviño en materias tales
como servicios sociales, sanidad, educación, infraestructuras, cultura,
agricultura, medioambiente, transporte y demás servicios, a fin de
equipararlos a los alaveses. Todo esto entrecomillado, señorías.

Se habla de equipararlos, luego estamos de acuerdo en que los
servicios que reciben los treviñeses no son los mismos que los que se
reciben en Álava y, además, también estamos de acuerdo en que hay que
darles una solución. Por tanto, esperamos que el Grupo Popular esté de
acuerdo con esta iniciativa, y en consecuencia, con lo expresado en las
Juntas Generales de Álava.

Arazoari konponbidea ematea, horri buruz hitz egiten dugu,
konponbide batek, nahiz eta sinplea izan, elkarrizketa eta akordioak
behar ditu. Baina ez da arazo praktiko bat soilik, baizik eta
identitate-arazo bat ere bada, eta Trebiñuk mendeetan zehar behin eta
berriro erabakitzeko eskubidea eskatu du. Trebiñarrak arabarrak sentitzen
dira, eta Araban Trebiñu zortzigarren koadrila dela sentitzen dugu,
herritarrek beren ordezkariak aukeratzen dituzte beren arazoak konpon
ditzaten, eta gure esku dago Trebiñun biztanleei bizitza hobetzeko
konponbidea ematea.

Estamos hablando de dar una solución al problema. Sin embargo, una
solución, a pesar de ser simple, necesita diálogo y acuerdos. No se trata
solo de un problema práctico sino de identidad; una reivindicación de
Treviño desde hace mucho tiempo. Los treviñeses se sienten alaveses, y en
Álava sentimos que Treviño es la octava cuadrilla. Los ciudadanos apelan
a sus representantes para que resuelvan sus problemas.

Esta es también una cuestión de respeto al derecho a decidir, de
respetar las decisiones de la ciudadanía en lugar de tutelarla o tratarla
como si fuera menor de edad en Treviño, en Cataluña o en cualquier lugar,
señorías.

Como he dicho ya, nuestra propuesta pasa por facilitar un acuerdo
político que busque ofrecer garantías a todas las partes y que ponga en
el centro la voluntad y los intereses de la ciudadanía, en este caso de
los ciudadanos y las ciudadanas de Treviño. Solo es cuestión de voluntad
política, de ponernos a trabajar en una propuesta que sume a las
instituciones implicadas y que, mediante el diálogo respetuoso, alcance
un acuerdo que dé solución al problema, dejando de lado los intereses
partidarios y primando las necesidades de la ciudadanía de Treviño.

Por último, quiero agradecer a los ayuntamientos de Treviño y
Argantzun las iniciativas que llevan a cabo, y a los habitantes de todo
el enclave, su tesón en esta larga lucha, en la que siempre nos
encontrarán a su lado.

Trebiñu ez da Araba izango, izan ere, Trebiñu Araba da.

Eskerrik asko.

Treviño no será Álava, porque, efectivamente, Treviño es
Álava.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Palencia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, representantes de Treviño, un saludo en nombre del Grupo
Socialista.

Vamos a debatir una vez más sobre la integración de los municipios
del condado de Treviño y de la Puebla de Arganzón, que forman parte de la
provincia de Burgos, en la provincia de Álava. Digo que vamos a debatir
una vez más porque no es esta la primera vez que se trata este asunto,
tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados. Un asunto
complejo, con una larguísima historia política, jurídica y parlamentaria
que todos queremos resolver, porque todos estamos de acuerdo en que, al
margen de las razones históricas que cada cual pueda alegar para defender
la pertenencia de estos municipios a una u otra provincia y al margen de
los sentimientos de pertenencia e identidad, lo prioritario es garantizar
los servicios públicos básicos a los que tienen derecho los vecinos y
vecinas de los municipios de Treviño, que no pueden, bajo ningún
concepto, verse afectados por las disfunciones administrativas que puedan
generarse por su localización geográfica. Garantizar estos servicios pasa
por establecer un amplio y profundo diálogo entre la comunidad autónoma
vasca y la de Castilla y León. Primero, para garantizar la prestación de
esos servicios públicos básicos que mencionaba y, segundo, para buscar ya
una solución definitiva a este problema de los enclaves
territoriales.

Para dar una solución a este problema, no creemos que debamos
entrar en disquisiciones de tipo histórico, aunque razones históricas que
justifican que Treviño sea de la provincia de Burgos, como lo ha sido
siempre, las hay y muchas. Pero ni el otorgamiento que Fernán González
hizo al monasterio de San Millán para que cobrara tributos a determinados
municipios de Álava —y en concreto también a los de Treviño—
puede justificar su pertenencia a Álava, ni el otorgamiento perpetuo de
Enrique II en 1366 a su adelantado mayor de Castilla de estos municipios
de Treviño puede justificar el carácter burgalés.

Como decía en 2014 en el Congreso de los Diputados el secretario
general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, no
estamos aquí como historiadores, sino como políticos, y como políticos
tenemos que resolver los problemas de los ciudadanos y ciudadanos desde
la política.

Tampoco, señorías, podemos plantear el problema desde un punto de
vista de la pertenencia e identidad, porque volveremos a caer en errores
del pasado y seguiremos sin resolver el problema. Por supuesto que los
ciudadanos de Treviño hacen vida en Vitoria, esto nadie lo duda, pero
también los de Miranda hacen vida en Vitoria y los del Valle de Mena
hacen vida en Bilbao, pero no creo que esa sea la cuestión.

Tampoco es un problema partidista, como también se ha mencionado
aquí, porque sería irresponsable utilizar un asunto como este para arañar
un puñado de votos, cada uno en nuestro territorio. Yo entiendo que se
trata de una cuestión que tiene que ver más con problemas funcionales,
administrativos y de prestación de servicios. Se trata de ver de qué
manera los vecinos y vecinas de Treviño han de tener garantizadas sus
necesidades por parte de las administraciones en un Estado moderno al que
todos y todas pertenecemos.

Miren, señorías, no sé si recuerdan que en 1995 se constituyó en
el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de esta
Cámara una ponencia sobre los enclaves territoriales. La ponencia aprobó
por unanimidad que era necesaria la constitución de una comisión
integrada por representantes del Gobierno vasco y de la Junta de Castilla
y León que tuviera por objeto buscar una respuesta definitiva a la
cuestión y al cumplimiento de la voluntad de los ciudadanos del enclave
de Treviño de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Estatuto
de Autonomía de Castilla y León y en el Estatuto de Autonomía del País
Vasco.

En aquella Ponencia, en la que estaban los senadores Mario
Onaindía, Octavio Granado, Ramón Rabanera, César Huidobro, Ricardo Sanz,
o Joseba Zubía, bajo los auspicios del entonces presidente del Senado,
Juan José Laborda, se logró un acuerdo unánime de todos los grupos
políticos para avanzar en una solución definitiva a este contenciosos.
Esa, señorías, creemos que es la manera de abordar el problema y no
creemos que haya ninguna otra. El camino es el del acuerdo, el camino es
el del respeto a las previsiones estatutarias, que están perfectamente
amparadas, como ustedes saben, por la sentencia del Tribunal
Constitucional de 11 de julio de 1986. Sería interesante analizar por qué
aquella iniciativa no prosperó.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Termino, señor presidente.

Pero sería más interesante retomarla e iniciar una negociación,
como decía, basada en el consenso, que respete tanto el estatuto de
autonomía vasco como el de Castilla y León para resolver, de una vez por
todas, este asunto.

El Partido Socialista siempre ha mantenido la misma posición sobre
Treviño y lo seguirá haciendo. En estos momentos, entendemos que lo que
no podemos es conculcar el estatuto de ninguna de las dos comunidades
autónomas, ni el de la Comunidad del País Vasco ni el de Castilla y León,
insistiendo en que la solución está en retomar el camino del diálogo que
se inició en 1995.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Álvarez
Villazán.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Contreras.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Bienvenidas, representantes de los dos
municipios del condado de Treviño y de La Puebla de Arganzón.

En primer lugar, en mi intervención quiero matizar y dejar
meridianamente claras varias cuestiones, puesto que el señor Iñarritu ha
deslizado algunas afirmaciones con las que no estamos en absoluto de
acuerdo. Voy a calificar como fea, por no decir cruel, la utilización que
de accidentes y de víctimas ha hecho usted aquí y ha dejado caer sobre
algo que los que estamos en el territorio conocemos perfectamente, y
además existe un expediente médico que así lo indica. En cualquier caso,
quiero dejar meridianamente claro que se han vertido declaraciones sobre
que la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos del condado
por la Junta de Castilla y León no son correctos. La prestación de los
servicios públicos de nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, es magnífica, y no lo decimos nosotros, lo dice la
valoración externa de esos servicios. Recurramos, si queremos hablar de
educación, al informe PISA; recurramos, si queremos hablar de servicios
sociales y de implantación de la dependencia, a la matrícula de honor que
se lleva nuestra comunidad autónoma en la prestación de estos servicios,
y recurramos también a uno de los mejores ratios —que alcanza la
Comunidad Autónoma de Castilla y León— en la prestación de
servicios sanitarios a todos los ciudadanos, residan donde residan. No
olvidemos que hablamos de la comunidad autónoma más extensa de Europa y
que, independientemente de su tamaño, de su dispersión y de su
despoblación, tenemos esta valoración externa en la prestación de los
servicios públicos.

Pero como lo que nos preocupan —y en eso coincido con el
Grupo Socialista y con el señor Arrieta— son las personas, lo que
verdaderamente nos preocupan son los treviñeses, nosotros hemos aparcado
diferencias. Por qué no decirlo, hay diferencias de fondo, claro que sí,
claro que hay diferencias en el concepto, que ustedes califican de
histórico, pero lo que nos importan son las personas. ¿Y qué se ha hecho?
Trabajar y dialogar para conseguir acuerdos. Y se han alcanzado; se han
alcanzado a distintos niveles, por ejemplo, a nivel autonómico, entre la
Junta de Castilla y León y el Gobierno vasco para la prestación de
servicios sanitarios. Acuerdos, algunos de ellos tan recientes como el
que se alcanzó el pasado 23 de abril entre las Juntas Generales de Álava
y la Diputación Provincial de Burgos, que ha sido calificado por el
Partido Nacionalista Vasco como histórico, en el que se va a trabajar en
trece áreas diferentes para mejorar la calidad de vida de los treviñeses
y treviñesas.

Respecto a ese acuerdo de las dos diputaciones, quiero adelantar
que la Diputación Provincial de Burgos está trabajando —me
consta— para la inclusión en los próximos presupuestos de 2018 de
una partida presupuestaria suficiente para ir avanzando en ese acuerdo de
prestación tanto de servicios sociales como de bomberos, transporte
sanitario, viabilidad invernal, etcétera. En eso estamos implicados, en
trabajar por y para las personas, en dejar a un lado las diferencias y
solucionar los problemas.

Señor Iñarritu, me llama la atención que su partido diga que en
este caso los problemas no son identitarios ni históricos. Déjenos sentir
a los castellanoleoneses orgullosos de nuestra historia, orgullosos de
nuestro pasado y orgullosos de Alfonso VIII. Habla del territorio
histórico de Álava. Yo creo que Burgos también merece un respeto. ¿Por
qué no el territorio histórico de Burgos? (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

Me consta que se está trabajando en distintos ámbitos, también en
las direcciones provinciales del Partido Popular, entre la dirección
provincial del Partido Popular de Burgos y la del Partido Popular de
Álava. Existen diferencias, pero se van solventando. Vamos hacia delante
y buscando solucionar estos problemas. Pero, señor Iñarritu, no quiero
aceptar que se incumpla el marco legislativo que nos dimos entre todos.
Permítame que le diga que no se pueden utilizar atajos para incumplir
nuestra ley. Existe un marco legal —se lo explicó hace dos semanas
la señora vicepresidenta— e, igual que nosotros respetamos su
estatuto de autonomía, el Estatuto de Autonomía de Gernika, respeten
ustedes también el nuestro, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
No vamos a renunciar a él.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Sí, señor presidente, acabo.

Existe un marco legal que nos dimos entre todos, el pueblo
español, en las Cortes Generales, con carácter de ley orgánica. Si hay
que reformar y admitir esa modificación, que sea dentro de los cauces
preestablecidos para ello y no con mociones o interpelaciones, que son
atajos al cumplimiento de la ley. Por ello, nuestro grupo votará en
contra de esta moción consecuencia de interpelación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Contreras.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, del senador Iñarritu, con la
incorporación de las dos enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario
Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244;
votos emitidos, 241; a favor, 28; en contra, 209; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, se ha solicitado un cambio en el
orden del debate de las mociones, por acuerdo de los portavoces. En
primer lugar, vamos a ver la moción del Grupo Parlamentario
Nacionalista.

¿Hay algún senador que no esté de acuerdo? (Denegaciones).

Como está todo el mundo de acuerdo, pasamos al debate de la
moción.

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado nueve
enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los
senadores Mulet y Navarrete; tres del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-en Comú Podem-En Marea; y dos del Grupo Parlamentario Socialista.
(Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Continúan los
rumores).

Señorías, guarden silencio; abandonen el hemiciclo en
silencio.

Para la defensa de la moción del Grupo Parlamentario Nacionalista
Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria,
tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, bon dia, president.

El 14 de setembre de 2017, el president de la Generalitat, la
presidenta del Parlament de Catalunya, el vicepresident de la Generalitat
i l’alcaldessa de Barcelona van adreçar una carta al president del
Govern amb còpia al rei Felip VI, que comença amb el text següent: «Els
conflictes polítics es resolen en els sistemes democràtics a través de
propostes polítiques que són conseqüència de negociacions i diàleg. Entre
Catalunya i l’Estat espanyol, en els últims temps, existeix un
evident conflicte polític que ve de lluny i que hem intentat de resoldre
amb el màxim acord.» D’ençà de la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut l’any 2010, des de Catalunya
s’han intentat obrir tota mena de canals de diàleg per a resoldre
el desacord produït per la sentència esmentada. Tots els intents han
estat endebades, tots els intents han estat en va. Una majoria de la
societat catalana ha manifestat el seu rebuig a la sentència esmentada.
Al mateix temps, per part de l’Estat no s’ha fet cap
proposta. No s’ha fet cap suggeriment ni proposta de dir si podríem
encara aquesta situació d’una manera o una altra. Per tant, cap
proposta, cap plantejament des de l’Estat.

Alhora, durant aquests mateixos anys, el PP, de vegades sol i de
vegades amb el suport implícit o explícit del PSOE, s’ha dedicat a
legislar de manera incessant, laminant les competències de les comunitats
autònomes i, de manera ininterrompuda, fent un procés de recentralització
claríssima de l’Estat. A la tardor de 2015, el 27 de setembre, hi
va haver eleccions al Parlament de Catalunya. En aquestes eleccions,
lògicament, van presentar-se diferents opcions polítiques i, dins
d’aquestes, n’hi hagué unes quantes que van incloure al seu
programa l’inici d’un procés d’independència amb
l’objectiu de la constitució d’un estat propi. Ara es
concreta amb la celebració, o la convocatòria, d’un referèndum per
part de la Generalitat per a aquest diumenge 1 d’octubre. Convé
recordar que aquestes eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de
setembre de 2015 van tenir un rècord de participació amb més
d’un 70 % d’assistència per part dels ciutadans. Doncs bé, la
reacció del Govern de l’Estat ha estat d’una extrema
agressivitat. Ha intentat impedir l’expressió de tanta i tanta gent
que vol votar i expressar-se a les urnes amb normalitat, amb
l’objectiu i finalitat d’impedir aquest referèndum, el Govern
de l’Estat està vulnerant de forma gravíssima drets fonamentals que
empara la mateixa Constitució i tota la legislació comunitària europea i
internacional. De fet, el PP ja va fer una reforma de la Llei orgànica
del Tribunal Constitucional per atorgar-li capacitat sancionadora que va
alterar, de manera gravíssima, al nostre parer, tota l’arquitectura
jurídica de l’Estat. Encara alguns recordem aquell darrer ple de la
desena legislatura, l’octubre de 2015, on es va modificar la Llei
orgànica del Tribunal Constitucional amb una extraordinària solitud per
part del PP. Cap altre grup polític li va donar suport. Això sí, per
cert, amb tràmit d’urgència i amb lectura única. No sé si els sona,
això: es va modificar la Llei orgànica del Tribunal Constitucional amb
tràmit d’urgència i lectura única. Tinguem-ho en compte, també. El
PP, per evitar d’afrontar el debat de fons, s’ha limitat a
centrifugar les seves responsabilitats cap a fiscals i jutges. Ha defugit
el debat i s’ha amagat. I davant d’aquesta actitud tan
penosa, des d’un punt de vista polític, hi ha moltes altres forces
polítiques que, com a mínim, han compartit la visió que cal afrontar la
necessitat d’encarar el problema, almenys això.

Anem a buscar experts de prestigi internacional en conflictes
territorials. Un exemple recent és, per exemple, el senyor Alfred-Maurice
de Zayas. Qui és aquest senyor? Doncs un expert independent de
l’ONU per a la promoció de la democràcia arreu del món. Què diu
aquest senyor? Reclama a Juncker que faci de mediador a Catalunya. Es
mostra preocupat per les evidències de violacions dels principis
fonamentals dels drets humans, per l’estat de dret i per
l’autodeterminació. Amb totes les lletres: per
l’autodeterminació. El senyor De Zayas encoratja Juncker a fer
mediació per garantir el respecte de tots els drets humans a Catalunya.
Aquesta carta també ha estat tramesa al senyor Antonio Guterres,
secretari general de l’ONU. El senyor Alfred-Maurice de Zayas en
els escrits expressa el seu suport al recent informe d’experts
internacionals, entre els quals destaca també el del professor de
Ginebra, el prestigiós Nicolás Levrat, en què es constata i es reconeix
el dret d’autodeterminació de Catalunya. Ha fet un comunicat de
premsa on demana a la Comissió Europea que defensi el dret del poble
català a expressar la seva opinió en un referèndum compatible amb la llei
europea i internacional. Més clar, impossible. I recomana a la Comissió
Europea que condemni l’ús directe o indirecte de la força contra
una població que intenta expressar el seu dret a decidir. El Govern del
PP ha volgut evitar el debat amb la imposició de mesures legals i
coercitives, sense cap empara mínimament raonable ni presentable.
S’estan amenaçant centenars d’alcaldes, 742, per la Fiscalia
pel simple fet de poder posar a disposició dels seus veïns urnes perquè
es puguin expressar aquest diumenge.

Han vulnerat la llibertat de reunió, la llibertat d’opinió,
escorcollen revistes i diaris, agredeixen la legislació vigent, la
mateixa Constitució espanyola, de manera absolutament frontal, i fan
persecució política personal de manera descarada. La persecució contra el
president Mas i el seu govern —contra el president Mas, que ja està
jutjat i condemnat a un any i mig d’inhabilitació i una multa
econòmica— fent aparèixer un d’aquests sindicats ultres que
solen estar a l’entorn del PP presentant una denúncia davant del
Tribunal de Cuentas perquè després el fiscal s’hi sumi, això és
persecució política pura i dura, persecució política. Tanquen pàgines
web, es passen el dia perseguint-les, mentre la Fundació Francisco Franco
té la pàgina web perfectament visible i visitable sense cap
problema.

Per cert, és normal que el senyor García Albiol, que és avui aquí
present, senador pel Grup Popular, la vigília d’una operació
policial ens avancés que «demà la Guàrdia Civil ens donarà alegries»? Que
és un càrrec del Ministeri de l’Interior, vostè? Que és un
responsable del Ministeri de l’Interior i no ho sabíem? Això ho hem
llegit tots, declaracions seves. «Demà la Guàrdia Civil ens donarà
alegries.» Perfecte. Jo dic, aquest senyor, no me n’he assabentat,
ja no és senador i l’han nomenat alt càrrec del secretari de
Seguretat o alt càrrec del Ministeri de l’Interior. Veig amb
preocupació que hi continua havent un barrig-barreig entre funcions i
responsabilitats per part de tots.

La Guàrdia Civil arrencant cartells on posa: democràcia.
Fantàstic, estan donant una imatge com a Estat espanyol fantàstic. El
tancament de web que ja he dit. Substracció a particulars de cartells o
propaganda... tot això està fora de la legalitat. Estan desemparant
Espanya enviant milers de policies a Catalunya. I quin problema hi ha a
Catalunya? Hi ha problema d’ordre públic a Catalunya? Jo apel·lo a
tots els senadors presents. A Catalunya hi ha un problema d’ordre
públic per enviar milers de policies nacionals i guàrdies civils, deixant
desemparada la resta de l’Estat espanyol? És una cosa absolutament
extraordinària i inexplicable. El tancament de pàgines web, com deia, és
una altra de les vergonyes.

Estem en un estat d’excepció encobert, amb un abús i un
desbordament de la legalitat per part del Govern central. Nombrosíssims
juristes de prestigi, el magistrat emèrit del Tribunal Suprem, el senyor
Martín Pallín, acaba de dir: «no manoseen el derecho penal», per exemple.
Amnistia Internacional demanar respectar els drets de qualsevol
col·lectiu a expressar-se. José María Mena, exfiscal en cap de Catalunya,
acaba d’afirmar que la convocatòria del referèndum no és il·legal;
és política, però no és il·legal. El doctor Joan Queralt, un altre
reputat catedràtic de dret, també ha denunciat que s’estan
trepitjant obertament drets bàsics com la violació, fins i tot, del
secret postal, del secret de Correus. Javier Pérez Royo, persona de
reconegut prestigi i catedràtic de dret constitucional, ha arribat a
afirmar: «La monstruositat jurídica que s’està cometent no pot ser
més gran». Vostès intenten aconseguir que aquest diumenge no puguem
votar, però el que estan fent, amb tota claredat, és carregar-se
l’estat de dret a tot l’Estat espanyol.

Gracias, presidente. Buenos días.

El 14 de septiembre de 2017, el presidente de la Generalitat, la
presidenta del Parlamento de Cataluña, el vicepresidente de la
Generalitat y la alcaldesa de Barcelona dirigieron una carta al
presidente del Gobierno, con copia al rey Felipe VI, que empieza con este
texto: «Los conflictos políticos se resuelven en los sistemas
democráticos a través de propuestas políticas que son consecuencia de
negociaciones y diálogo. Entre Cataluña y el Estado español, en los
últimos tiempos viene existiendo un evidente conflicto político que tiene
raíces históricas y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo.»
Desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto del
año 2010, en Cataluña se ha intentado abrir todo tipo de canales de
diálogo para resolver el desencuentro producido por la sentencia
mencionada. Todos los intentos han sido en vano. Todos los intentos,
inútiles. Una mayoría de la sociedad catalana ha manifestado su rechazo a
la sentencia mencionada. Al mismo tiempo, por parte del Estado no se ha
formulado ninguna propuesta, no se ha dado ninguna sugerencia para dar
respuesta a esta situación de una forma u otra. Como digo, ninguna
propuesta, ningún planteamiento desde el Estado.

A la vez, estos mismos años, el PP, a veces solo y a veces con el
apoyo implícito o explícito del PSOE, se ha dedicado a legislar de forma
incesante, laminando las competencias de las comunidades autónomas de
forma ininterrumpida, realizando un proceso de recentralización clarísima
del Estado. En otoño de 2015, el 27 de septiembre, se produjeron
elecciones al Parlamento de Cataluña. A estas elecciones, lógicamente, se
presentaron distintas opciones políticas, y entre ellas, unas cuantas
incluyeron en su programa el inicio de un proceso de independencia, con
el objetivo de la constitución de un Estado propio. Ahora se concreta con
la celebración de un referéndum o la convocatoria de un referéndum por
parte del Gobierno de la Generalitat para este domingo 1 de octubre. Cabe
recordar que estas elecciones al Parlamento de Cataluña del 27 de
septiembre de 2015 tuvieron un récord de participación, con más de
un 70 % de asistencia por parte de los ciudadanos. Pues bien, la reacción
del Gobierno del Estado ha sido de una extrema agresividad, ha intentado
impedir la expresión de tantísima gente que quiere votar y expresarse en
las urnas con normalidad. Con el objetivo y la finalidad de impedir este
referéndum, el Gobierno del Estado está vulnerando de forma gravísima
derechos fundamentales amparados por la Constitución y por toda la
legislación comunitaria europea y también la internacional. De hecho, el
PP ya realizó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
para ceder a este tribunal capacidad sancionadora, que alteró de forma
gravísima, a nuestro entender, toda la arquitectura jurídica del Estado.
Algunos aún recordamos el último Pleno de la anterior legislatura, en
octubre de 2015, donde se modificó la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional con una extraordinaria solicitud por parte del PP, porque
ningún otro partido político le dio su apoyo; eso sí, por cierto, por el
trámite de urgencia y con lectura única. No sé si les suena. Se modificó
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por el trámite de urgencia y
lectura única, debemos recordarlo. El PP, para evitar enfrentar el debate
de fondo se ha limitado a centrifugar sus responsabilidades hacia
fiscales y jueces. Ha rehuido el debate y se ha escondido. Ante esta
actitud tan penosa desde el punto de vista político, hay muchas otras
fuerzas políticas que han compartido la visión de que debe plantarse cara
a esta necesidad y dar respuesta al problema, al menos eso.

Vamos a buscar expertos de prestigio internacional en conflictos
territoriales. Un ejemplo reciente es el señor Alfred-Maurice de Zayas.
¿Quién es este señor? Este señor es un experto independiente de la ONU
para la promoción de la democracia en todo el mundo. ¿Qué nos dice este
señor? Reclama a Juncker que actúe de mediador en Cataluña, se muestra
preocupado por la evidencia de violaciones de los principios
fundamentales de los derechos humanos, del Estado de derecho y la
autodeterminación —con todas las letras: autodeterminación—.
El señor De Zayas alienta al señor Juncker a realizar esta mediación para
garantizar el respeto de todos los derechos humanos en Cataluña. Esta
carta también ha sido remitida al señor Guterres, secretario general de
la ONU. El señor Alfred-Maurice de Zayas en su escrito expresa su apoyo
al reciente informe de expertos internacionales —entre los cuales
destaca el profesor de Ginebra, el prestigioso Nicolas Levrat—, en
el que se hace este reconocimiento del derecho de autodeterminación de
Cataluña. Ha realizado un comunicado de prensa en el que pide a la
Comisión Europea que defienda el derecho del pueblo catalán de expresar
su opinión en un referéndum, compatible con la ley europea y la ley
internacional. Más claro imposible. Recomienda a la Comisión Europea que
condene el uso directo o indirecto de la fuerza contra una población que
intenta manifestar su derecho a decidir. El Gobierno del PP ha querido
evitar el debate imponiendo medidas legales y coercitivas sin ningún tipo
de amparo razonable ni presentable. Se está amenazando a centenares de
alcaldes, 742 alcaldes, amenazados por la fiscalía, por el hecho de poner
a disposición de sus vecinos urnas para que se expresen este
domingo.

Han vulnerado la libertad de reunión, la libertad de opinión;
registran revistas y periódicos; agreden la legislación vigente, la misma
Constitución española, de forma absolutamente frontal, y realizan
persecución política y personal con descaro. Persiguen al presidente Mas
—que ya ha sido juzgado y condenado a un año y medio de
inhabilitación y a una multa económica— y a su Gobierno. Hacer
aparecer un sindicato ultra de estos que suelen estar en el entorno del
PP, presentando una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que luego
el fiscal se sume a ella, es persecución política pura y dura; repito,
persecución política. Por otra parte, cierran páginas web, se pasan todo
el día persiguiendo páginas web mientras la Fundación Francisco Franco
tiene su página web perfectamente visible y visitable sin problema
alguno.

Por cierto, ¿es normal que el señor García Albiol, hoy aquí
presente y senador por el Grupo Popular, en vísperas de una operación
policial, nos adelante que mañana la Guardia Civil nos va a dar alegrías?
¿Es usted un cargo del Ministerio del Interior? ¿Es responsable usted del
Ministerio del Interior y no lo sabíamos? Porque esto lo hemos leído
todos en declaraciones suyas: «mañana la Guardia Civil nos va a dar
algunas alegrías». Perfecto. Entonces pensé que este señor ya no es
senador y que ha sido designado alto cargo del secretario de Seguridad o
del Ministerio del Interior. Veo con preocupación que sigue existiendo la
mezcolanza entre funciones y responsabilidades.

La Guardia Civil ha arrancado carteles en donde reza: Democracia.
Fantástico. Estamos dando una imagen del Estado español fantástica: la
Guardia Civil arrancando carteles en los que pone democracia, la clausura
de páginas web, la sustracción a particulares de carteles y propaganda.
Todo está fuera de la legalidad. Están desamparando a España al mandar a
miles de policías a Cataluña. ¿Qué problema hay en Cataluña? ¿Tenemos un
problema de orden público en Cataluña? Apelo a todos los senadores
presentes a que me digan si existe un problema de orden público en
Cataluña como para mandar a miles de guardias civiles y policías
nacionales, dejando desamparado el resto del Estado español. Esto es algo
absolutamente extraordinario e inexplicable. El cierre de páginas web es
otra vergüenza más.

Estamos en un estado de excepción, con un abuso, un desborde de la
legalidad por parte del Gobierno central. Son múltiples, numerosísimos
los juristas de prestigio, como, por ejemplo, el magistrado emérito del
Tribunal Supremo, señor Martín Pallín, que acaba de afirmar: «no manoseen
el Derecho Penal». Amnistía Internacional pide respetar los derechos de
cualquier colectivo a expresarse. José María, ex fiscal jefe de Cataluña,
acaba de afirmar que la convocatoria del referéndum no es ilegal; es
política, pero no ilegal. El doctor Joan Queralt, otro reputado
catedrático de Derecho, también ha denunciado que se están pisoteando
abiertamente derechos básicos, como la violación incluso del secreto
postal, el secreto de correos. Javier Pérez Royo, persona de reconocido
prestigio y catedrático de Derecho Constitucional, ha llegado a afirmar:
«La monstruosidad jurídica que se está cometiendo no puede ser mayor».
Ustedes intentan lograr que este domingo no podamos votar, pero lo que
están haciendo, a todas luces, es cargarse el Estado de derecho en todo
el Estado español.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BAGUÉ ROURA: Concluyo enseguida, presidente.

Tot aquest arsenal per intimidar i per impedir que tants milers de
catalans puguem expressar-nos aquest diumenge votant. Buscant, com ho
estan fent, la persecució de càrrecs públics, s’estan carregant
totes les garanties democràtiques i els quedarà una democràcia de
baixíssima qualitat.

Nosaltres diumenge que ve votarem amb normalitat, de forma cívica,
pacífica, com sempre fem, i no hi ha ningú capaç d’aturar tanta
democràcia.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Todo este arsenal jurídico para intimidar e impedir que tantos
miles de catalanes podamos expresarnos este domingo votando y con esta
persecución de cargos públicos están dando al traste con todas las
garantías democráticas y va a quedar una democracia de muy baja
calidad.

Nosotros este próximo domingo vamos a votar con normalidad, de
forma cívica y pacífica, como siempre lo hacemos. Y no hay nadie capaz de
detener tanta democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el señor Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Bon dia.

Bé, al Partit Popular vore un sobre l’altera moltíssim. Si
eixe sobre ve de la seu de Génova, els brillen els ullets com si foren
els xiquets en la festa de Reis o el Papa Noël, però si eixos sobres ixen
de la Generalitat de Catalunya per a que la gent puga votar,
s’alteren i es converteixen en homes llops. Eixa és la diferència,
no?

A mi també m’inquieta i m’altera molt el que està
passant, i és molt trist, lamentable, preocupant, veient el que estem
veient estos dies. Podríem tindre una certa distància i molta en tot el
procediment que va tindre el Parlament català estos dies, donant passos
moltes vegades que pareixien cap al buit, sense massa prudència. Però la
resposta del Govern espanyol ha sigut el despropòsit més absolut
possible. Diuen que actuen per a que no es malversen diners públics en el
referèndum, els mateixos que no tenen cap tipus de problema a desplaçar
totes les forces militars a Catalunya, que imagine que això debades
tampoc no és. Quant ha costat el barco del Piolín? Quant ha costat el
setge de Catalunya? Era precís? Jo entenc perfectament que això no era
precís.

No poden combatre vostès el possible malbaratament de diners
públics malgastant encara més, i desprotegint altres part de
l’Estat. La via, entenem, no pot ser la força, perquè pot ser que
vostès impediran el dia 1 d’octubre que la gent puga acudir a
votar, però el dia 2 tindran el mateix problema:






la societat catalana, i
també l’espanyola, estarà més polaritzada, més dividida, hi haurà
gent expedientada, gent sancionada, gent castigada, gent reprimida, i no
hauran parat el malestar, tant dels que estan a favor del referèndum com
dels que estaven en contra del mateix. Perquè la via, i continuem
dient-ho, per a nosaltres, era el diàleg, era l’única via
possible.

Són vostès un govern que aplica l’article 155 per la porta
de darrere, són un govern que permeten que s’entre en impremtes,
que es permeta per exemple que es puga fer campanya pel no, i que estiga
prohibida la campanya pel sí. Són un govern que permet que se citen 700
alcaldes, el setge policial a seus de partits polítics sense cap tipus
d’ordre judicial, el setge ridícul amb el barco de la Warner... Tot
per a què? Tot per a crispar i dividir més la societat catalana. Vostès
actuen com un govern amb mesures pròpies de Torrente, i no d‘un
estat modern, aconseguint que milers de ciutadans, que podrien tindre
instàncies en tot el procés com s’ha dut, al final acaben
donant-los l’esquena. Pensem que fa falta parlar molt, i el diàleg
ha de ser l’única via possible.

Però no hem de parlar únicament de Catalunya, hem de parlar del
model territorial que tenim. Dels pobles de l’Estat que ens sentim
maltractats econòmicament, de què fem per a que ningú tinga ànsies per a
separar-se, de què han fet vostès per a que ningú vulga anar-se’n
d’Espanya... La solució quina és, el palo?, la policia?, la
repressió?, enviar el Pato Lucas com estan fent? Així evidentment no ho
arreglaran. Perquè facen el que facen el dia 2 el problema continuarà
damunt de la taula, continuarà encara pitjor del que estava, i caldrà
buscar solucions.

Jo em negue a parlar de problema català, perquè és un problema
d’estat. Tenen la barra d’eixir un ministre dient que això es
podria arreglar via Pressupostos de l’Estat. De nou, diners damunt
la taula, i de nou a pagar el pato, i no el Lucas, sinó el pato, els
plats trencats, els de sempre. No estem parlant d’això, estem
parlant que després de 40 anys en un estat de les autonomies òbviament fa
falta reformar-lo; fa falta parlar de per què estan passant estes coses,
però vostès no, vostès en lloc de buscar solucions volen aprofundir
l’escletxa, perquè creuen que això els funcionarà electoralment.
Vostès volen mà dura, palo, i la seua base més radical, alimentar-la i
que no se’n vaja a altres partits. Perquè vostès són hereus
directament de l’anterior règim. M’agradaria preguntar per
exemple a on estaven els policies, el passat diumenge quan ens
insultaven, ens agredien, ens amenaçaven a Saragossa, també per part de
militants del Partit Popular, perquè vostès utilitzen les forces
seguretat de manera vergonyant. Ahir a moltes ciutats, també a Castelló,
per exemple, vaig vore, avergonyit també com quan eixia la Guàrdia Civil
en direcció a Catalunya, centenars de persones els aplaudien i deien «a
por ellos, a por ellos». Pregunte: «a por ellos»? A per qui?, no? Això és
el que han aconseguit: polaritzar i dividir més la societat.

Per això a vostès els demanaria, a vostès, els neofranquistes, i
perdonen vostès per això de «neo», perquè de neo en tenen ben poquet, els
demanaríem que rectificaren, i les nostres esmenes van en eixa via:
demanar diàleg i demanar que rectifiquen. Perquè el dia 2 d’octubre
açò no s’ha acabat, volem diàleg, volem solucions, volem que es
puga parlar del model d’Estat que volem.

No volem parlar únicament de Catalunya, volem parlar de tot
l’Estat, volem parlar de què està passant a Catalunya, per què
vostès ens maltracten al País Valencià, i quina solució li donarem a la
solució del futur d’este Estat que ha de ser per a nosaltres un
futur compartit i on tot el món estiga content i a gust.

Gràcies.

Buenos días.

Al Partido Popular, cuando ve un sobre, si ese sobre viene de la
sede de Génova, le brillan los ojos, como si fueran niños en la fiesta de
Reyes o de Papá Noel; pero si esos sobres salen de la Generalitat de
Catalunya para que la gente vote, se alteran y se convierten en hombres
lobo. Esa es la diferencia

A mí también me inquieta y me altera mucho lo que pasa. Es muy
triste, lamentable y preocupante lo que estamos viendo estos días.
Podríamos poner una cierta distancia a todo el procedimiento del
Parlament de estos días que parecería estar dando pasos hacia el vacío,
sin mucha prudencia, pero la respuesta del Gobierno español ha sido el
despropósito más grande posible. Dicen que actúan para que no se malverse
dinero público en el referéndum los mismos que no tienen ningún tipo de
problema en desplazar a todas las fuerzas militares a Cataluña, que
imagino que eso gratis tampoco sale. ¿Cuánto ha costado el barco del
Piolín? ¿Cuánto ha costado el asedio a Cataluña? ¿Era necesario? Yo
entiendo que no era necesario.

Ustedes no pueden combatir el presunto derroche de dinero público
malgastando, aún más, y desprotegiendo a otras partes del Estado. La vía
no puede ser la fuerza. Quizá ustedes impedirán el día 1 de octubre que
la gente acuda a votar, pero el día 2 tendrán el mismo problema. La
sociedad catalana y también la española estará más polarizada, más
dividida. Habrá gente expedientada, gente sancionada, castigada,
reprimida y no habrán parado el malestar, tanto de los que están a favor
del referéndum como de los que están en contra. Porque la vía,
continuamos diciéndolo, es el diálogo.

Son ustedes un Gobierno que aplica el artículo 155 por la puerta
de atrás. Un Gobierno que permite que se entre en imprentas, que se pueda
hacer campaña por el no y que prohíba la campaña por el sí. Un Gobierno
que permite que citen a 700 alcaldes, que permite el acoso policial a
sedes de partidos políticos sin orden judicial, el asedio, el acoso
ridículo del barco de la Warner, todo para crispar y dividir más a la
sociedad catalana. Ustedes actúan como un Gobierno con medidas propias de
Torrente y no de un Estado moderno, consiguiendo que miles de ciudadanos,
que podríamos tener instancia en todo el proceso conforme se ha llevado,
al final acaben dándoles la espalda. Hace falta hablar mucho, y el
diálogo tiene que ser la única vía posible.

Pero no tenemos que hablar solo de Cataluña, tenemos que hablar
del modelo territorial que tenemos, de los pueblos del Estado que nos
sentimos maltratados económicamente, de qué hacemos para que nadie tenga
ganas de separarse, de qué han hecho ustedes para que nadie se quiera ir
de España. ¿Cuál es la solución? ¿El palo, la represión, enviar al pato
Lucas? Evidentemente, así no lo lograrán porque, hagan lo que hagan, el
día 2 el problema continuará sobre la mesa. Continuará peor de lo que
estaba y habrá que buscar soluciones.

Me niego a hablar de problema catalán porque es un problema de
Estado. Tienen la cara de decir que eso se podría arreglar con los
Presupuestos Generales del Estado. De nuevo, dinero sobre la mesa, y de
nuevo, a pagar el pato —no el pato Lucas, sino el pato— los
de siempre. Estamos hablando de que después de 40 años en un Estado de
las Autonomías no hace falta reformarlo, sino hablar de por qué pasa
esto. Pero ustedes no, ustedes quieren profundizar en la brecha porque
creen que ello les funcionará electoralmente. Ustedes quieren mano dura,
palo, y alimentar su base más radical para que no se vaya a otros
partidos. Porque ustedes son herederos directos del anterior régimen. Me
gustaría preguntar dónde estaban los policías el pasado domingo cuando
nos insultaban, agredían, amenazaban en Zaragoza, también por parte de
militantes del Partido Popular. Porque ustedes utilizan las fuerzas de
seguridad de manera vergonzante en muchas ciudades. Ayer, por ejemplo, en
Castellón también vi con vergüenza cómo cuando salía la Guardia Civil en
dirección a Cataluña cientos de personas aplaudían gritando: a por ellos,
a por ellos. ¿A por ellos?, ¿a por quién? Eso es lo que han conseguido:
polarizar y dividir a la sociedad aún más.

Por ello, les pediría a los neofranquistas —perdonen ustedes
por lo de neo, porque de neo tienen bien poco— que rectifiquen. Y
nuestras enmiendas van en ese sentido, piden diálogo y rectificación,
porque el día 2 de octubre esto no se acaba. Queremos diálogo, queremos
soluciones, queremos que se pueda hablar del modelo de Estado que
queremos.

No solo queremos hablar de Cataluña, sino de todo el Estado. ¿Qué
pasa en Cataluña, por qué ustedes maltratan al País Valenciano, y qué
solución daremos al futuro de este Estado? Para nosotros tiene que ser un
futuro compartido y donde todo el mundo esté contento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Vilà
Galán.

La señora VILÀ GALÁN: Gràcies, president.

Catalunya, en aquests moments, viu un conflicte sense precedents
en democràcia, un conflicte que ha comportat crispació i ara és més
necessari que mai el diàleg, la negociació, l’entesa entre les dues
parts, entre l’Estat i la Generalitat. I, en aquest sentit, hem
presentat tres esmenes a aquesta moció, que ens sembla del tot pertinent,
però que volem completar amb qüestions que ens semblen imprescindibles
tant per a la pau social com per al respecte a l’autonomia.

En primer lloc, és urgent que el Partit Popular cessi la seva
política d’excepcionalitat i de repressió cap a Catalunya. I no
impedir que l’1 d’octubre els ciutadans i les ciutadanes de
Catalunya s’expressin com considerin oportú i de forma pacífica
davant de l’immobilisme del Govern de Mariano Rajoy. Impedir la
llibertat d’expressió, de reunió o de mobilització és creuar una
línia vermella i és una amenaça per a les llibertats fonamentals,
constitutives en democràcia.

En segon lloc, creiem que el Govern de l’Estat ha de
dialogar amb la Generalitat i amb tot el conjunt d’actors polítics
per buscar solucions polítiques i democràtiques, que passen
necessàriament per un referèndum acordat i amb garanties.

No ens val que el Govern del Partit Popular s’excusi amb què
un referèndum és inconstitucional. Ja en tenim prou de polítics que
deriven a la legislació vigent el que ha de caure sota la seva
responsabilitat. Si hi hagués hagut acord, si hi hagués hagut diàleg, si
hi hagués hagut negociació, com és en el cas d’Escòcia o és en el
cas de Quebec, ara no seríem en aquest pols de força que ningú no sap com
pot acabar. Però el que sí que sabem és que pot arribar a pertorbar la
pau social i l’estabilitat econòmica que s’ha trigat anys en
aconseguir. El que sí que sabem és que en aquest conflicte hi perdran els
de sempre. La classe treballadora. Els més humils. Que acabaran essent,
segurament, una arma llencívola entre ambdues bandes, per a mantenir el
pols i això no ho podem permetre de cap manera. La classe treballadora
catalana ja ha patit excessivament la crisi econòmica en els darrers anys
i les polítiques de retallades del Partit Popular, però també dels
successius governs de Convergència i Unió.

Finalment, el Ministeri de l’Interior i el fiscal de
l’Estat hauria de respectar allò que estableix l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya en el seu article 164.1, en matèria de
seguretat pública. Respectar aquest article vol dir respectar les
competències dels mossos de la Generalitat, dels Mossos d’Esquadra,
i vol dir que els cossos de seguretat imposats pel Ministeri de
l’Interior són una vulneració d’aquestes competències i, per
tant, el ministre Zoido hauria de retirar totes les forces que han
imposat als mossos sense previ acord ni autorització per part de la
policia catalana. I continuar deixant la coordinació de la seguretat en
mans dels Mossos d’Esquadra tal i com estableix aquest article de
l’estatut d’autonomia.

En definitiva, el que demanem en aquesta moció, a banda del que
demana també el PDeCAT, òbviament, és aturar la repressió i el conflicte,
deixar votar l’1 d’octubre, dialogar i pactar un referèndum
que pugui gaudir de totes les garanties i respectar l’autogovern de
Catalunya, especialment les competències dels Mossos d’Esquadra, ja
que la imposició de la força per part del govern només pot portar a
agreujar la crisi i a trencar la pau social.

En una paraula, el que demanem és responsabilitat.
(Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Cataluña en estos momentos vive un conflicto sin precedentes en
democracia, un conflicto que ha comportado crispación y ahora es más
necesario que nunca el diálogo, la negociación y el entendimiento entre
las dos partes, entre el Estado y la Generalitat. Y en este sentido hemos
presentado tres enmiendas a esta moción que nos parece muy pertinente,
pero que queremos completar con cuestiones que nos parecen
imprescindibles para la paz social y el respeto a la autonomía.

En primer lugar, es urgente que el Partido Popular cese en su
política de excepcionalidad y de represión hacia Cataluña y no impedir
que el 1 de octubre los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña se expresen
como consideren oportuno y de forma pacífica ante el inmovilismo del
Gobierno de Mariano Rajoy. Impedir la libertad de expresión, de reunión o
de movilización es cruzar una línea roja y una amenaza para las
libertades fundamentales constitutivas de la democracia.

En segundo lugar, creemos que el Gobierno del Estado debe dialogar
con la Generalitat y con el conjunto de actores políticos para buscar
soluciones políticas y democráticas que pasen necesariamente por un
referéndum acordado y con garantías.

Ya no nos vale con que el Gobierno del Partido Popular se excuse
con que un referéndum es inconstitucional. Ya hemos tenido bastantes
políticos que niegan a la legislación vigente lo que tiene que recaer
bajo su responsabilidad. Si hubiera habido un acuerdo, diálogo,
negociación, como en el caso de Escocia o de Quebec, ahora no estaríamos
en este pulso de fuerza que nadie sabe cómo puede terminar, pero lo que
sí sabemos es que puede perturbar la paz social y la estabilidad
económica que hemos tardado años en conseguir; lo que sí sabemos es que
en este conflicto van a perder los de siempre, la clase trabajadora, los
más humildes, que van a terminar siendo un arma entre ambos bandos para
mantener el pulso. No lo podemos permitir. La clase trabajadora catalana
ya ha sufrido excesivamente la crisis económica de los últimos años y las
políticas de recortes del Partido Popular y también de los sucesivos
gobiernos de Convergència i Unió.

Finalmente, el Ministerio del Interior y el fiscal del Estado
deberían respetar aquello que establece el Estatuto de Autonomía de
Cataluña en su artículo 164.1 en materia de seguridad pública; este
artículo obliga a respetar las competencias de los Mossos
d’Esquadra, y las fuerzas impuestas por el Ministerio del Interior
son una vulneración de estas competencias. El ministro Zoido debería
retirar todas las fuerzas que han impuesto a los mossos sin previo
acuerdo, sin autorización de la policía catalana, y dejar la coordinación
de la seguridad en manos de los Mossos d’Esquadra como se establece
en este artículo del estatuto de autonomía.

En definitiva, lo que pedimos en esta moción, aparte de lo que ya
solicita el PDECAT, es parar la represión y el conflicto, dejar votar
el 1 de octubre, dialogar y pactar un referéndum que goce de todas las
garantías y respete el autogobierno de Cataluña, especialmente las
competencias de los Mossos d?Esquadra, ya que la imposición de la fuerza
por parte del Gobierno a lo único que nos puede llevar es a agravar la
crisis y a romper la paz social.

En una palabra, lo que pedimos es responsabilidad.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vilà.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Senyor president, senyories.

Intervinc en nom del Grup Socialista per a la defensa de les
nostres esmenes a la moció presentada pel PDeCAT. Ho faig —no ho
puc evitar— expressant una gran preocupació pels fets que estan
passant a Catalunya i que tots coneixem.

Nosaltres no volem contribuir ni en la més mínima mesura a
augmentar el clima de tensió que estem vivint, tot el contrari, el que
més necessitem ara és tranquil·litat, serenitat i prudència. Tots vostès
m’han sentit en nombroses ocasions defensar l’opinió del meu
grup en el sentit que el problema català —o, millor dit, el
problema espanyol de l’articulació territorial del nostre
Estat— no és un afer menor ni conjuntural. Som davant d’un
problema de fons que requereix solucions de fons, que només poden
assolir-se per la via de la política, cosa que també ha entès el Govern
d’Espanya. Però no resoldrem els problemes reals del nostre
autogovern, senyories del PDeCAT, al marge de l’estat de dret. No
es resoldran vulnerant els drets fonamentals, però tampoc la Constitució
que els reconeix i els protegeix ni a l’Estat que desenvolupa i
amplia els drets del conjunt de ciutadans de Catalunya.

Vostès han optat, al meu parer, per una via que porta a la
confrontació, però no a construir solucions acceptables per a tots. A la
seva moció, senyories, fan referència als drets fonamentals, però no ens
enganyem: això és només l’enunciat, l’excusa. Això no va de
drets fonamentals, va d’independència. Afortunadament per a tots,
els drets fonamentals no estan en qüestió i, si fos així, vostès saben
que comptarien amb nosaltres, i amb molts altres, per a defensar-los.
Però els hem de dir amb tota la rotunditat que no vam saber apreciar per
part de vostès aquesta voluntat quan al ple del Parlament del passat 6
i 7 de setembre van trepitjar dels drets dels diputats i diputades dels
grups de l’oposició.

Creuen vostès que és respectar el dret a la participació en els
afers públics impedir que els grups parlamentaris puguin presentar
esmenes a la totalitat dels projectes de llei? Creuen vostès que és
legítim i respectuós amb els drets dels diputats i les diputades
impedir-los la sol·licitud del dictamen previ del Consell de Garanties
Estatutàries? Vostès van torçar els procediments parlamentaris de manera
tan evident que això qüestiona la seva legitimitat per parlar de la
defensa de drets, i ho van fer sabent el que feien, reconeixent
explícitament la seva voluntat de vulnerar el reglament del Parlament,
malgrat l’advertiment dels lletrats de la cambra i dels dictàmens
del Consell de Garanties, prescindint de les garanties establertes al
nostre Estatut, de les previsions constitucionals i de les disposicions
del Tribunal Constitucional. Vostès saben perfectament que, per modificar
el nostre Estatut vigent, cal una majoria qualificada de dues terceres
parts dels escons. Vostès saben perfectament que, en matèria de règim
electoral, la majoria necessària és de dues terceres parts. Vostès, sense
cap escrúpol, van liquidar l’Estat i la Constitució en 48 hores,
pràcticament sense debat parlamentari i amb només 72 diputats. El mateix
president de la Generalitat ho ha reconegut explícitament. No ho podíem
fer de cap altra manera, va dir.

No creuen vostès que això és vulnerar drets? Fan vostès una llarga
llista de principis i referències legals en les quals, per descomptat,
hem de coincidir amb vostès i, sense cap dubte, la majoria de senadors
aquí presents. Però les referències legals han de ser completes. No poden
agafar una part de l’ordenament legal i prescindir del que no els
interessa. El marc legal i els principis en què es basa la nostra
democràcia i la de la resta de països del nostre entorn és un tot. No és
disponible per parts. Miri, no poden, no podem tots invocar aspectes de
la nostra Constitució, del nostre Estatut, prescindint d’allò que
no ens interessa com fan vostès.

Per aquestes raons hem esmenat la seva exposició de motius, a la
qual hem afegit referències no esmentades per vostès, com per exemple
l’article 1 de l’Estatut, que és perfectament vigent i que
estableix que el nostre autogovern es basa en aquest Estatut i en la
Constitució de 1978. Afegim també a l’exposició de motius una
reflexió sobre el caràcter polítics dels problemes d’encaix de
Catalunya a Espanya i una doble afirmació que, al nostre parer, està
carregada de sentit comú: contra la llei, no; només amb la llei, tampoc.
Esmenem també la part dispositiva de la moció proposada recordant
l’obligació de tots els poders públics de respectar i de fer
respectar les lleis que garanteixen l’exercici dels drets
fonamentals, als quals vostès fan referència.

Expressem, tanmateix, la nostra confiança en la feina de la
Comissió d’Avaluació i Modernització de l’Estat Autonòmic que
acaba de crear el Congrés dels Diputats i instem el Govern a incentivar
l’inici al més aviat possible dels seus treballs. I acabem la
nostra esmena amb una crida a la serenitat. Els governs i les
institucions cal que siguin capaços de trobar solucions i de proposar-les
als ciutadans. Aquesta és la seva principal missió. Nosaltres encara hi
confiem.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
para la defensa de nuestras enmiendas a la moción presentada por el Grupo
PDECAT, y lo hago —no puedo evitarlo— expresando una gran
preocupación por los hechos acontecidos en Cataluña, que todos
conocemos.

Nosotros no queremos contribuir en la más mínima medida a aumentar
el clima de tensión que estamos viviendo; todo lo contrario, lo que más
necesitamos ahora es tranquilidad, serenidad y prudencia. Todos ustedes
me han escuchado en muchas ocasiones defender la opinión de mi grupo
parlamentario en el sentido de que el problema catalán —mejor
dicho, el problema español de la articulación territorial de nuestro
Estado— no es un asunto menor ni coyuntural. Nos encontramos ante
un problema de fondo que requiere soluciones de fondo, y que tan solo
puede alcanzarse por la vía política, algo que tampoco ha entendido el
Gobierno de España. Pero no vamos a resolver los problemas reales de
nuestro autogobierno, señorías del PDECAT, al margen del Estado de
derecho, no se van a resolver vulnerando los derechos fundamentales, pero
tampoco la Constitución, que los reconoce y los protege, ni el estatuto,
que desarrolla y amplía los derechos del conjunto de los ciudadanos de
Cataluña.

Ustedes han optado, a mi entender, por una vía que lleva a la
confrontación, que no construye soluciones aceptables para todos. En su
moción hacen referencia a los derechos fundamentales, pero no nos
engañemos, esto es tan solo el enunciado, la excusa, esto no va de
derechos fundamentales, va de independencia. Afortunadamente para todos,
los derechos fundamentales no están en cuestión, si fuera así, ustedes
saben que contarían con nosotros, y con muchos más para defenderlos. Pero
tenemos que decirlo con absoluta rotundidad: no supieron apreciar esta
voluntad cuando en el Pleno del Parlamento del 6 y 7 de septiembre
pisotearon los derechos de los diputados y diputadas de los grupos de la
oposición.

¿Creen ustedes que es respetar el derecho a la participación en
asuntos públicos impedir que los grupos parlamentarios puedan presentar
enmiendas a la totalidad de los proyectos de ley? ¿Creen ustedes que es
legítimo y respetuoso con los derechos de los diputados y diputadas
impedir la solicitud del dictamen previo del Consejo de Garantías
Estatutarias? Ustedes retorcieron los procedimientos parlamentarios de
forma tan evidente que cuestiona su legitimidad para hablar de la defensa
de derechos, y lo hicieron a sabiendas de lo que hacían, reconociendo
explícitamente su voluntad de vulnerar el Reglamento del Parlamento, a
pesar de la advertencia de los letrados de la Cámara y los dictámenes del
Consejo de Garantías, prescindiendo de las garantías establecidas en
nuestro estatuto para las provisiones constitucionales y las
disposiciones del Tribunal Constitucional. Ustedes saben perfectamente
que para modificar nuestro vigente estatuto se requiere una mayoría
cualificada de dos terceras partes de los escaños. Ustedes saben
perfectamente que en materia de régimen electoral la mayoría necesaria es
de dos terceras partes. Ustedes, sin escrúpulos, liquidaron el estatuto y
la Constitución en cuarenta y ocho horas, prácticamente sin debate
parlamentario y con tan solo 72 diputados. El mismo presidente de la
Generalitat lo ha reconocido explícitamente: No podíamos hacerlo de otra
forma, dijo.

¿No creen ustedes que esto es vulnerar derechos? Ustedes nos dan
una larga lista de principios y referencias legales en las que, por
supuesto, debemos coincidir, ustedes, y, sin duda, la mayoría de los
senadores aquí presentes, pero las referencias legales deben ser
completas. No pueden ustedes tomar una parte del ordenamiento legal y
prescindir de aquello que no les interesa. El marco legal y los
principios en los que se basa nuestra democracia y la de los demás países
de nuestro entorno es un todo, no se puede disponer de él por partes.
Señorías, no podemos invocar aspectos de nuestra Constitución y de
nuestro estatuto prescindiendo de aquello que no nos interesa, como
ustedes hacen.

Por estos motivos hemos enmendado su exposición de motivos, a la
que hemos añadido referencias no mencionadas por ustedes, por ejemplo, el
artículo 1 del estatuto, que es perfectamente vigente y que establece que
nuestro autogobierno se basa en este estatuto y en la Constitución
de 1978. Añadimos también en la exposición de motivos una reflexión sobre
el carácter político de los problemas de encaje de Cataluña en España y
una doble afirmación que, a nuestro entender, está cargada de sentido
común: contra la ley, no; tan solo con la ley, tampoco. Enmendamos
también la parte dispositiva de la moción recordando la obligación de los
partidos políticos de respetar y hacer respetar las leyes que garantizan
el ejercicio de los derechos fundamentales a los que ustedes hacen
referencia.

También expresamos nuestra confianza en la labor realizada por la
Comisión de Evaluación y Modernización del Estado autonómico, acabada de
crear por el Congreso de los Diputados, e instamos al Gobierno a
incentivar lo antes posible el inicio de sus trabajos. Y terminamos con
nuestras enmiendas haciendo un llamamiento a la serenidad. Los gobiernos
y las instituciones deben ser capaces de encontrar soluciones y
proponerlas a los ciudadanos. Esta es su principal misión. Nosotros
todavía confiamos en ella.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Para indicar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra el
senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.

Bé, les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista
no les podem compartir. Almenys obren la diagnosi de dir que hi ha un
problema polític, val més això que res, però no les podem acceptar,
perquè, esclar, posar al mateix nivell, per exemple, que es garanteixi el
suport a tots els alcaldes creient-se la mentida aquesta que difon el PP,
que s’estan perseguint alcaldes no favorables al referèndum quan
tenim 742 alcaldes perseguits, sembla una broma.






Si em permet
l’expressió, sembla humor negre. La Fiscalia està perseguint 742
alcaldes a Catalunya de 900 i escaig i resulta que hi ha una pretesa
persecució a uns alcaldes... Escolti, els fiscals han cridat a declarar
només als que jo he fet referència.

Pel que fa al que diu que va passar al Ple del 6 i 7 de setembre,
és veritat que és una imatge que no agrada, un ple del Parlament, o de
qualsevol cambra, en què uns diputats s’absenten... És evident que
no agrada. Però, si som honestos políticament, hauríem de mirar com hem
arribat aquí. Esclar, fixem-nos en una cosa: resulta que el Grup
Socialista, el Grup de Ciutadans i el Grup Popular van tenir
l’oferta per part del grup majoritari de fer una ponència conjunta,
van dir que no i van anar al Tribunal Constitucional per impedir que es
tiressin endavant les lleis. Home, doncs quin altre recurs ens queda o
ens deixen? Si anem al Tribunal Constitucional per impedir el debat
raonable i assenyat que hi hauria d’haver hagut, és evident que
s’estan posant problemes que no vindrien al cas.

D’altra banda, la posició del Partit Socialista que,
l’hi reconec, almenys ho descriu com un problema polític, val més
això que res, però per la resta dir que no es pot fer res més i apel·lar
només a la llei, la llei i la llei, quan vostès mateixos van assistir
aquí, i vostè, president Montilla, hi era, quan el PP va imposar una
reforma de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional l’octubre
de 2015 i va quedar sol, perquè no hi va haver cap altre grup amb el
valor i el coratge polític de fer-los seguidisme. Home, posar dins del
mateix sac, al mateix paràmetre, aquestes coses considerem que no es
raonable, si m’ho permet.

Pel que fa a les esmenes del Grup de Podem, les hi acceptem,
perquè totes tres són raonables i entenem que són bones, i també les del
Grup de Compromís les assumim per bones.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista no
las compartimos, pero, al menos, reconocen que existe un problema
político; más vale eso que nada. Pero no podemos aceptarlas porque poner
al mismo nivel garantizar el apoyo a todos los alcaldes, creyendo la
mentira que está difundiendo el PP de que se está persiguiendo a alcaldes
no favorables al referéndum, cuando hay 742 alcaldes perseguidos, parece
una broma; si me permite la expresión, humor negro. La Fiscalía está
persiguiendo a 742 alcaldes de Cataluña, de novecientos y pico, y resulta
que existe una pretendida persecución a algunos alcaldes. Los fiscales
han llamado a declarar tan solo a los alcaldes que he mencionado.

En cuanto a lo que afirma del Pleno celebrado los días 6 y 7 de
septiembre, he de decir que es verdad, es una imagen que no gusta; es
verdad que no gusta una imagen, en un Pleno del Parlamento o de cualquier
Cámara, en la que se contemple la ausencia de unos diputados. Es
evidente, pero si somos honestos políticamente, deberíamos ver cómo hemos
llegado hasta aquí. Fijémonos en que a los grupos Socialista, Ciudadanos
y PP se les ofreció la posibilidad, por parte del grupo mayoritario, de
celebrar una ponencia conjunta. Dijeron que no, y fueron al Tribunal
Constitucional para impedir que se llevaran a cabo las leyes. Entonces,
¿qué otro recurso teníamos? ¿Qué nos dejaban? Porque si acuden al
Tribunal Constitucional para impedir el debate razonado y juicioso que
debería haberse producido, es evidente que se están planteando problemas
que no vienen al caso.

Por otro lado, reconozco que, al menos, el Partido Socialista da
una descripción de un problema político. Como he dicho, más vale esto que
nada, pero decir que no se puede hacer nada más y apelar tan solo a la
ley, la ley, la ley, cuando ustedes mismos asistieron —usted,
presidente Montilla, también— a la imposición del PP para llevar a
cabo la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en
octubre de 2015 —por cierto, se quedó solo, porque no hubo ningún
otro grupo con el valor o el coraje político de seguirles—, y poner
en el mismo cesto, con los mismos parámetros, ambas situaciones, no es
razonable, si me lo permiten.

En cuanto a las enmiendas del grupo de Podemos, he de decir que
las aceptamos porque las tres son razonables y buenas, así como las del
grupo de Compromís.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

A continuación, tiene la palabra la representante del grupo
territorial del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, la senadora Vilà.

La señora VILÀ GALÁN: Gràcies, president.

Com dèiem abans, Catalunya està vivint uns moments
d’excepcionalitat que no pensàvem que mai poguéssim tornar a
reviure. Alcaldes i alcaldesses cridats a declarar, acusació de sedició
contra la gent que s’ha manifestat aquests dies, intervenció de les
finances de la Generalitat, intent de prendre el control dels Mossos
d’Esquadra, registres d’impremtes, requisa de material,
detencions de càrrecs de Govern i treballadors públics, obligats alguns a
declarar, emmanillats, fins i tot davant del jutge.

Si fa dues setmanes el Partit Popular hissava la bandera de la
democràcia perquè al Parlament de Catalunya s’havien vulnerat els
drets de les minories, la setmana passada va perdre tota la legitimitat.
Amb les mesures coercitives i sense precedents. Ja sabem que el PP no és
un partit que pugui treure gaire pit en l’acompliment de la
legalitat pels múltiples casos de corrupció, però també per múltiples
sentències del Tribunal Constitucional que acumula per fer les coses
sempre de forma maldestra. Ho vèiem en els pressupostos, però, pel que fa
al cas català, dos exemples. Nombrosos juristes, entre ells catedràtics
de dret penal, han afirmat que el delicte de sedició en cap cas és
aplicable al que està passant a Catalunya. La denúncia ha estat
presentada pel fiscal general de l’Estat que ha estat reprovat, a
més, pel Congrés de Diputats. Aquest senyor, el que hauria de fer, és
dimitir de forma immediata. I, un altre exemple. L’intent de
controlar els Mossos d’Esquadra —ho dèiem abans. Un fiscal no
pot decidir que quedin a les ordres del Ministeri de l’Interior.
Perquè l’estatut, en el seu article 164 —que el Tribunal
Constitucional no va anul.lar, per cert— estableix que els Mossos
d’Esquadra mantenen la seguretat a Catalunya i depenen de la
Generalitat. I això s’ha de respectar. Per part del fiscal i per
part del Ministeri de l’Interior. I, per això, el Grupo Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea ahir va presentar un contenciós
administratiu per a suspendre cautelarment la intervenció de facto que
està aplicant el Govern de l’Estat a les institucions
catalanes.

És obvi que el govern del Partit Popular està aplicant el 155 per
la porta del darrera, vulnerant els drets dels senadors i de les
senadores —inclosos els del grup del Partit Popular. Legitimitat i
lliçons cap n’hi una, no estan en condicions. Per què el Partit
Popular no porta a debat al Senat el 155? Està clar que té majoria per a
guanyar-lo. Però potser no li interessa repetir la foto que es va produir
fa dues setmanes al Congrés dels Diputats, on Partit Popular i Ciutadans
es van quedar sols votant una moció de Ciutadans que donava suport al
Govern actual per les mesures coercitives contra Catalunya. Això els
hauria de fer reflexionar. Potser les coses i l’opinió pública i
dels partits està canviant. Potser està canviant la manera de concebre
l’Estat. Però, en comptes de reflexionar, el que fa el Partit
Popular és governar per als seus votants. Per a aquells que són més
reaccionaris. Aquells votants que, per cert, ens van venir a saludar a
Saragossa per dir-nos tota mena d’insults, el més maco que li van
dir a aquesta senadora va ser: puta.

L’aplicació encoberta del 155 l’ha denunciat el
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier
Pérez Royo. I diu així: «Rajoy no quiere decir ni el qué ni el cómo de lo
que pretende hacer. Su propósito es crear una suerte de vacío que le
permita actuar sin control jurídico alguno. La monstruosidad jurídica no
puede ser mayor, por no hablar del destrozo que supone para nuestro
sistema democrático.»

Aquest atac a l’autogovern de Catalunya és inadmissible i
afecta, a més, a totes les persones que vivim a Catalunya. Les que volen
la independència i les que voldrien mantenir la vinculació amb Espanya
amb una relació federal o confederal. Les que consideren que el
referèndum que es farà l’1 d’octubre té garanties i les que
considerem que no té garanties. Les que volen anar a votar l’1
d’octubre i les que dubten o fins i tot que no hi volen anar. Ens
apel.la a tots.

Però aquesta anarquia jurídica a què ens ha portat el Partit
Popular afecta també els drets de la ciutadania de tot l’estat
espanyol, no només la de Catalunya. Ja hem vist actes prohibits a Madrid,
a València o a Saragossa. I el delicte de sedició, a més, es podria
aplicar arreu, no només a les mobilitzacions catalanes. No obstant, hi ha
una cosa amb què el Partit Popular no compta, i és que, davant de la
repressió, la solidaritat s’estén com una taca, dins i fora de
Catalunya. I ho hem vist amb les manifestacions arreu de l’estat,
cridant: Catalunya, no està sola! La solidaritat també s’estén cap
a la comunitat internacional. Hi ha una cinquantena d’eurodiputats
que demanen que no es vulnerin els drets bàsics dels catalans i de les
catalanes i la Comissió Europea comença a dir que li preocupa la situació
a Catalunya.

Vés que la supèrbia del PP, que ens va portar a la guerra
d’Iraq i li va fer perdre unes eleccions, no ens torni a portar un
canvi de govern a favor d’aquells que estem per buscar solucions
polítiques. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Como decíamos antes, Cataluña está viviendo unos momentos de
excepcionalidad que no pensábamos que pudiéramos volver a vivir: alcaldes
y alcaldesas que tienen que declarar; acusación de sedición contra la
gente que se ha manifestado; intervención de las finanzas de la
Generalitat; intentar tomar el control de los Mossos; registros de
imprentas; requisa de material; detenciones de cargos de Gobierno y
trabajadores públicos, obligados algunos a declarar, esposados, incluso,
ante el juez.

Si hace dos semanas el Partido Popular levantaba la bandera de la
democracia porque en el Parlamento de Cataluña se habían vulnerado los
derechos de las minorías, la semana pasada perdió toda la legitimidad con
las medidas coercitivas y sin precedentes. Ya sabemos que el PP no es un
partido que pueda sacar demasiado pecho en el cumplimiento de la
legalidad por los múltiples casos de corrupción, pero también por
múltiples sentencias del Tribunal Constitucional que acumula por hacer
las cosas siempre muy mal. Lo decían en los presupuestos, pero también en
el caso catalán. Dos ejemplos: muchos juristas, entre ellos algunos
catedráticos de derecho penal, han afirmado que el delito de sedición en
ningún caso es aplicable a lo que está pasando en Cataluña. La denuncia
la ha presentado el fiscal general del Estado, que ha sido reprobado,
además, por el Congreso de los Diputados. Lo que tendría que hacer este
señor es dimitir de forma inmediata. Otro ejemplo: el intento de control
de los Mossos d? Esquadra. Lo decíamos antes, un fiscal no puede decidir
que queden a las órdenes del Ministerio del Interior porque el estatuto,
en su artículo 164, que el Tribunal Constitucional no anuló, establece
que los Mossos d?Esquadra mantienen la seguridad en Cataluña y dependen
de la Generalitat y eso se tiene que respetar por parte del fiscal y del
Ministerio del Interior. Es por ello por lo que el Grupo Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó ayer un contencioso
administrativo para suspender cautelarmente la intervención de facto que
está aplicando el Gobierno del Estado a las instituciones catalanas.

Es obvio que el Gobierno del Partido Popular está aplicando el
artículo 155 por la puerta de atrás, vulnerando los derechos de senadores
y senadoras, incluso los del Grupo Popular. Legitimidad y lecciones,
ninguna, no están en condiciones. ¿Por qué el Partido Popular no lleva a
debate el artículo 155? Tiene mayoría para ganarlo, pero tal vez no le
interese repetir la foto que se realizó hace dos semanas en el Congreso,
donde Partido Popular y Ciudadanos se quedaron solos cuando se aplicaban
las medidas coercitivas sobre Cataluña. Esto nos tendría que hacer
reflexionar. Está cambiando la opinión pública sobre la forma de concebir
el Estado, pero ¿qué hace el Partido Popular en vez de reflexionar?
Solamente gobierna para sus votantes, aquellos que nos vinieron a saludar
en Zaragoza, lanzando todo tipo de insultos. Lo que se me dijo a mí fue
puta.

La aplicación encubierta del 155 la ha denunciado el catedrático
Javier Pérez Royo, de la universidad de Sevilla, y dice así: «Rajoy no
quiere decir ni el qué ni el cómo de lo que pretende hacer. Su propósito
es crear una suerte de vacío que le permita actuar sin control jurídico
alguno. La monstruosidad jurídica no puede ser mayor, por no hablar del
destrozo que supone para nuestro sistema democrático.»

Este ataque al autogobierno de Cataluña es inadmisible y afecta a
todas las personas que vivimos en Cataluña, las que quieren la
independencia y las que quisiéramos mantener la vinculación con España,
una relación federal o confederal; las que consideran que el referéndum
que se hará el 1 de octubre tiene garantías y las que consideramos que no
tiene garantías; las que quieren ir a votar el 1 de octubre y las que
dudan o las que no quieren ir. Nos apela a todos.

Pero esta anarquía jurídica a la que nos ha llevado el Partido
Popular también afecta a los derechos de ciudadanía de todo el Estado
español, no solo a los de Cataluña. Hemos visto actos prohibidos en
Madrid, Valencia o Zaragoza y el delito de sedición, además, se podría
aplicar por todas partes, no solamente en las movilizaciones catalanas.
Pero hay una cosa con la que el Partido Popular no cuenta, y es que ante
la represión está la solidaridad, que se extiende como una mancha dentro
y fuera de Cataluña y lo hemos visto en las manifestaciones por todo el
Estado, donde se apelaba a que Cataluña no está sola. La solidaridad
también se extiende a la comunidad internacional. Hay 50 eurodiputados
que piden ya que no se vulneren los derechos básicos de catalanes y
catalanas. La Comisión Europea se está preocupando ya por la situación en
Cataluña. A ver si la soberbia del PP que nos llevó a la guerra de Irak
no nos lleva a un cambio de Gobierno a favor de esos que estamos a favor
de buscar soluciones políticas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vilà.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gràcies, senyor president.

Senyor Bagué, de català a català, no anem bé. Ho dic seriosament,
no anem bé. Estava convençut que avui el seu grup ens presentaria una
moció a favor d’això que vostès anomenen referèndum.
M’imagino que no s’han arriscat, un cop més, a sotmetre el
seu parer a una cambra democràtica com ho és aquesta, el Senat. Se senten
més segurs, més còmodes, en una cambra com el Parlament de Catalunya, on
es vulneren els drets dels representants de Catalunya, com abans ha
esmentat el president Montilla. Aquesta és la diferència, senyor Bagué.
Vostè té l’oportunitat avui, la setmana que ve i l’altra, de
venir aquí a exposar les seves idees i, en canvi, els nostres diputats i
diputades al Parlament de Catalunya no ho poden fer perquè vostès
l’han tancat.

Abandonin, els ho demano seriosament, aquesta ficció i tornin a la
realitat, respectin l’estat de dret, l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i la Carta dels Drets Fonamentals de la
Unió Europea. Han escoltat en algun moment cap mandatari europeu o
internacional que digui a Espanya, com ho diuen vostès, que no compleix
amb l’estat de dret? Jo no n’he sentit cap. Vostès tampoc,
perquè no n’hi ha hagut. Vostès s’han saltat l’estat de
dret en 72 hores. Vostès són els que anomenen súbdits els catalans i les
catalanes que han decidit no participar en un referèndum il·legal; vostès
ens han dit súbdits. Vostès amenacen alcaldes i alcaldesses que no estan
d’acord amb les seves idees. Vostès adoctrinen els infants a les
escoles de Catalunya enviant-los a manifestacions. Vostès destinen diners
públics de tots els catalans a finançar un acte il·legal.

Un país democràtic, senyor Bagué, senyors senadors del PDeCAT, com
Espanya permet les discrepàncies i bona prova d’això és que vostè
avui ha manifestat les seves, faltaria més, però no que se saltin les
regles del joc, les lleis, l’estat de dret. Aturin, els ho demano
sisplau, aquesta bogeria. Convoquin eleccions i posin les urnes de debò i
obrim una nova etapa de diàleg i enteniment. Evidentment, jo estic a
favor que Catalunya continuï formant part d’aquest gran país, que
es diu Espanya. Per això, el dia 1 no hay nada que votar.

Gràcies, senyor president. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

Señor Bagué, de catalán a catalán, no vamos bien. Se lo digo en
serio, no vamos bien. Estaba convencido de que, hoy, su grupo nos iba a
presentar una moción a favor de esto que ustedes denominan referéndum. Me
imagino que no se han arriesgado, una vez más, a someter su opinión a una
Cámara democrática como es esta, el Senado. Se sienten ustedes más
seguros, más cómodos en una Cámara como el Parlamento de Cataluña, donde
se vulneran los derechos de los representantes de Cataluña, como antes ha
mencionado el presidente Montilla. Esta es la diferencia, señor Bagué.
Usted tiene la oportunidad hoy, la semana que viene y la próxima de venir
aquí a exponer sus ideas; en cambio, nuestros diputados y diputadas en el
Parlamento de Cataluña no pueden hacerlo porque ustedes lo han
cerrado.

Se lo pido en serio, abandonen esta ficción, regresen a la
realidad y respeten el Estado de derecho, el Estatuto de Cataluña y la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Han escuchado
en algún momento a algún mandatario europeo o internacional que le diga a
España, como afirman ustedes, que no cumple con el Estado de derecho? Yo
no lo he escuchado a nadie decirlo y ustedes tampoco porque no se ha
producido. Ustedes se han saltado el Estado de derecho en 72 horas;
ustedes son los que llaman súbditos a los catalanes y catalanas que han
decidido no participar en un referéndum ilegal; ustedes nos han llamado
súbditos; ustedes amenazan a alcaldes y a alcaldesas que no están de
acuerdo con sus ideas; ustedes adoctrinan a los niños en las escuelas de
Cataluña mandándoles a manifestaciones; ustedes destinan dinero público
de todos los catalanes para financiar un acto ilegal.

Un país democrático como España, señor Bagué y señores senadores
del PDECAT, permite las discrepancias y una buena prueba de ello es que
usted hoy ha manifestado sus discrepancias, ¡faltaría más!, pero no que
se salten las reglas del juego, las leyes, el Estado de derecho.
Detengan, se lo pido encarecidamente, esta locura, convoquen elecciones y
pongan urnas de verdad, abramos una nueva etapa de diálogo y
entendimiento. Evidentemente, yo estoy a favor de que Cataluña siga
formando parte de este gran país que es España y, por eso, el día 1 no
hay nada que votar.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alegre.

¿Alguien más desea intervenir por el Grupo Parlamentario Mixto?
(La senadora Domínguez de Posada Puertas pide la palabra).

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, creo que no necesito adelantar el voto negativo de Foro
a esta moción, pero sí quiero hacer algunas puntualizaciones. El Estado
tiene que defender la Constitución y debe hacer todo lo que esté en su
mano para que aflore el pluralismo en Cataluña, que tanto le molesta al
independentismo, que aprobó leyes fundamentales con media Cámara vacía,
cercenando los derechos de los diputados de la oposición.
(Aplausos).

Por cierto, señorías, quiero hacer un inciso. Ayer escuchamos
estoicamente sus intervenciones y hoy, cuando nos toca hablar a los
demás, sus escaños están vacíos. Ese es el diálogo que predican.
(Aplausos).

Han de saber que, en España, el fracaso de la democracia no es una
opción, Cataluña forma del Estado y, por ello, ha de someterse a las
normas que nos dimos todos los españoles.

Ha sido por mandato del Poder Judicial, independiente del
Ejecutivo, por el que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
llevaron a cabo una amplia operación para desarticular la organización
del referéndum de autodeterminación y detener a los cabecillas de la
rebelión contra la Constitución. No existe el Estado represor.

Señorías, estamos en presencia de un golpe de Estado a semejanza
del intento de golpe de 1981 —cuya única diferencia ha sido cambiar
las pistolas por leyes de referéndum y de desconexión, claramente
inconstitucionales—, perpetrado por los nacionalistas y
separatistas que gobiernan las instituciones catalanas. Las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado tuvieron que irrumpir en el corazón de la
Generalitat para hacerse con material probatorio del plan sedicioso y
detener a los principales responsables, con 41 sedes registradas y 14
detenidos, a los que el avezado politólogo, Pablo Iglesias, llama presos
políticos —qué ironía y qué pena cuando no reconoce a los presos
políticos venezolanos—, y 10 millones de papeletas incautadas, más
de dos por cada votante potencial.

El aparato del Estado funciona en España y, por tanto, en
Cataluña. La democracia española sabe defenderse. Sí, las leyes, los
jueces, los fiscales, las fuerzas de seguridad y el Gobierno están para
defender un sistema de libertades como el nuestro, del que apenas
disfrutan muy pocos países en el mundo. Un sistema que garantiza a los
catalanes un autogobierno más pleno que el de cualquier otra región
europea, un modelo de Estado y de país que dio la mayor etapa de
crecimiento...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. Aún tiene que
intervenir el senado Iñarritu.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Concluyo, señor
presidente.

Como digo, un modelo de Estado que dio la mayor etapa de
crecimiento y prosperidad a España desde el siglo XVI, donde nuestra
Constitución de 1978 logró el mayor porcentaje de voto favorable
precisamente en Cataluña con más del 90 %.

Señorías, a los independentistas solo les queda una baza, que es
un macrobotellón de emociones y sentimientos en la calle para ocultar sus
trampas, ilegalidades y deslealtades.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.

Tiene la palabra el senador Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

«Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan,
entonces has ganado.» Mahatma Gandhi.

Es curioso cómo estos días algunos, para defender la Constitución
—tan sagrada para ellos—, se la están saltando en sus
derechos fundamentales para cumplirla al mismo tiempo. ¡Qué mal está
Turquía, ¿vedad, señorías?! 120 webs cerradas. ¡Qué mal está Corea del
Norte, ¿verdad, señorías?! Pues 800 alcaldes perseguidos y 14 miembros
del Govern detenidos. ¡Qué mal está Venezuela, ¿verdad?! Fatal, sí. Tres
barcos con tropas para ocupar policialmente Cataluña. Esto ya ocurrió
antes en Cuba. ¿Y cómo acabó aquello? Incluso envían una división verde
con «A por ellos, oé», como ya enviaron una División Azul hace tiempo. Y
todo esto para conseguir por la razón de la fuerza lo que no se puede
lograr por la fuerza de la razón. ¿O cómo era aquello?

Esto es excepcionalidad, ocupación militar y represión ante una
ciudadanía que quiere votar libremente. Una mayoría de la ciudadanía
quiere votar su futuro institucional, y además estoy seguro de que lo van
a hacer libremente, democráticamente, pacíficamente y cívicamente. ¿Y
ustedes siguen haciendo el ridículo internacional y mostrando que esa es
su única oferta para Cataluña? Pues continúen así, que van a hacer
independentista hasta a Piolín.

Para acabar, señor presidente,...

Gràcies, senyor president.

Quin és l’Estat de la Unió Europea que incompleix més
legislació? L’






estat espanyol. El que incompleix més legislació
europea, transposició de directives —ho fa tard, ho fa malament,
l’Estat espanyol. Ho dic perquè, quan sento algunes frases
grandiloqüents d’alguns oradors —sobretot del Partit
Popular— doncs una mica de modèstia perquè estem amb un rànquing
espectacularment baix pel que fa a acompliment de normatives legals.

Quin és l’Estat que fabrica proves —i això s’ha
acreditat i és un acord del Congrés dels Diputats a través d’una
comissió d’investigació— quin és l’estat que fabrica,
s’inventa proves contra adversaris polítics i que queda demostrat
que és una infàmia absoluta com s’ha fet, per exemple, contra el
president Mas, en plena campanya electoral, o contra en Xavier Trias,
quan era alcalde de Barcelona? Això s’ha demostrat que va ser així
i que es va fer un ús indegut i absolutament impresentable de les
clavegueres, d’allò que se’n diuen les clavegueres. És a dir,
un informe sense signar, apareix en un mitjà, d’aquests, dels
habituals, és a dir, dels del seu entorn, i després, en plena campanya, a
quatre dies de les eleccions, es fa una injúria i es fa una difamació
d’aquesta magnitud contra personalitats polítiques, totes elles
honorables i respectables.

Consideren normal entrar al govern de la Generalitat, a les
oficines, i emmanillar alts càrrecs? Sense haver passat per cap jutjat,
per ordre de fiscalia? Directament. secretaris de Govern, emmanillats, un
fins i tot estava acompanyant les seves filles a l’escola. Vostès
creuen que això és una actuación proporcionada, que vaig llegir alguna
vegada que deia el president Rajoy?

Vostès, al seu Govern, tenen dos ministres reprovats, dos, pel
Congrés dels Diputats, que encara estan en actiu —que això és una
vergonya democràtica— perquè qualsevol país raonable, on la
democràcia estigués assentada, dos ministres reprovats no podrien
continuar formant part del Govern, i també el fiscal general de
l’Estat. És a dir, vostès de lliçons sobre comportament democràtic
i de bones pràctiques democràtiques, poques.

El senyor fiscal ens va dir que buena parte de los catalanes están
abducidos. Doncs, escolti. Un 82 % dels catalans, la darrera mostra
demoscòpica, diu que volem votar. 82. No un 20 o un 30, 82. Doncs estamos
abducidos. Sí, sí, entre TV3 i les escoles i totes aquestes llegendes
urbanes que vostès creen, que s’inventen i que se les acaben
creient, resulta que tenim a tothom convençut. Quan TV3 té un rànquing
d’audiència baixíssim, per cert, tristament, no sé com anem
adoctrinant. El PP és aquella força política que té de president de la
Comissió General de Comunitats Autònomes un senador, president de la
Ciutat Autònoma de Melilla, que ens titlla de desviados. Aquest senador
deu ser amb una mostra de bon fer ... El president de la Comissió General
de les Comunitats Autònomes titlla els catalans de desviados. Doncs,
perfecte. En aquest context, i fa tants segles que estem esperant el
federalisme que no arriba, han d’entendre que nosaltres ens
n’hem cansat.

Per tant, nosaltres el diumenge decidirem, tranquil.lament,
pacíficament i cívicament, com saber fer.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

¿Cuál es el Estado de la Unión Europea que incumple más
legislación? El Estado español; es el que incumple más legislación
europea —trasposición de directivas,...—. Y lo hace tarde y
mal. Lo digo porque escucho algunas frases grandilocuentes de algunos
oradores, especialmente del Partido Popular, a los que me gustaría
pedirles un poco de modestia porque estamos en un ranking
espectacularmente bajo en cuanto a cumplimiento de normativas
legales.

¿Cuál es el Estado que se inventa pruebas contra adversarios
políticos y que queda demostrado que es un infamia absoluta, como se ha
hecho, por ejemplo, contra el presidente Mas en plena campaña electoral o
contra Xavier Trias, cuando era alcalde de Barcelona? Esto se ha
acreditado a través de un acuerdo del Congreso de los Diputados en una
comisión de investigación. Se ha demostrado que se hizo un uso indebido y
absolutamente impresentable de aquello que se llaman las cloacas. Un
informe sin firmar aparece en un medio —de los habituales— de
su entorno y, después, en plena campaña, a 4 días de las elecciones, se
hace una injuria y una difamación de esta magnitud contra personalidades
políticas honorables y respetables.

¿Consideran normal entrar en las oficinas de la Generalitat y
esposar a los altos cargos sin haber pasado por ningún juzgado por orden
de la Fiscalía? Directamente, secretarios de Gobierno esposados. Uno
estaba acompañando a sus hijas al colegio. ¿Esto es una actuación
proporcionada como decía me parece el presidente Rajoy?

Ustedes en su Gobierno tienen dos ministros reprobados por el
Congreso de los Diputados que todavía están en activo. Esto es una
vergüenza democrática porque en cualquier país razonable, donde la
democracia estuviera asentada, dos ministros reprobados no podrían
continuar formando parte del Gobierno. Y también el fiscal general del
Estado. Ustedes lecciones sobre comportamiento democrático y de buenas
prácticas democráticas pueden dar pocas.

El señor fiscal nos dijo que buena parte de los catalanes están
abducidos. Pues bien, la última muestra demoscópica dice que queremos
votar un 82 % de los catalanes. Un 82 %. Sí, sí, estamos abducidos. Entre
TV3 y las escuelas y todas estas leyendas urbanas que ustedes inventan y
que se acaban creyendo tenemos a todo el mundo convencido. Pero TV3 tiene
un ranking de audiencia muy bajo, ¿verdad? No sé cómo ven ustedes que
estamos adoctrinando. El PP es esa fuerza política que tiene de
presidente de la Comisión General de Comunidades Autónomas a un senador y
presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla que nos tilda de desviados.
Este señor debe ser una muestra de buen hacer, el presidente de la
Comisión de Comunidades Autónomas. Entenderán que en este contexto el
federalismo no llega, y nos hemos cansado.

Por esta razón, nosotros el domingo vamos a decidir pacífica y
cívicamente, como sabemos hacerlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata
Agrupación Herreña Independiente-Coalición, tiene la palabra el señor
Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: En aquests dies, tot el suport, solidaritat
i admiració de l’esquerra basca, independentista basca, amb els
demòcrates de Catalunya, que són la majoria.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

En estos días, todo el apoyo, solidaridad y admiración de la
izquierda independentista vasca hacia los demócratas de Cataluña, que son
la mayoría.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Gracias, señor presidente. Buenos
días.

Si hoy, señorías, estamos en esta tesitura, obligados a escoger
entre dos pésimas opciones —una mala, como ignorar el derecho a
decidir de Cataluña dentro de la legalidad, y otra también mala, como no
buscar alternativas a la realidad catalana—, si estamos en este
callejón sin salida, señorías, es por varias razones. Una importante, no
haber querido afrontar a tiempo no solo la cuestión catalana, sino
consensuar, como se hizo en 1977, una reforma de la Constitución española
adaptada a los nuevos tiempos, a la Europa de las regiones, donde todos
nos encontremos cómodos.

Señorías, esto, desde luego, nos implica a todos, pero la
responsabilidad en exclusiva de no haber avanzado por ese camino es de
los dos grandes partidos estatales que han estado gobernando España
durante estos más de 40 años de democracia.

Coalición Canaria defiende que retomemos este camino, y este es el
momento, no mañana ni pasado; debió haber sido ya. Es el camino a
recorrer.

Coalición Canaria, con el más absoluto respeto, no va a apoyar
esta iniciativa pues no vemos en ella una solución a este difícil
momento, en donde el conflicto está desbordando los límites controlables.
Desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición, entendemos que urge
buscar soluciones, y estaremos apoyando aquellas iniciativas que, con
consenso, busquen soluciones al actual momento.

Nos preocupa mucho el día 1, pero mucho más el día de después, y
nos preocupa porque, de seguir así, el día 1 habrá una mayor frustración,
una mayor fractura social...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora JULIOS REYES: Voy terminando, señor presidente.

... y un fracaso de la política.

Señorías, estamos también en esta tesitura porque el Partido
Popular no ha asumido la responsabilidad política en el desencadenamiento
de esta situación. Hoy están recogiendo ustedes lo que sembraron con
decisiones erróneas,...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora JULIOS REYES: ... como haber judicializado una decisión
democrática tomada en el Parlamento catalán y en las Cortes españolas,
como fue el Estatuto de Autonomía.

Concluyo. Coalición vuelve a hacer un llamamiento al sentido común
para parar esa espiral peligrosa. Midamos las consecuencias de las
decisiones que se están tomando, no solo por nosotros, sino por las
próximas generaciones. No va a haber vencedores, no va a haber vencidos,
todos vamos a perder.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora JULIOS REYES: Señorías, es responsabilidad de todos
recuperar el diálogo, es lo que nos están pidiendo, entendemos, la
mayoría de la ciudadanía y la mayoría de los partidos políticos. Volvamos
al diálogo, a recuperar el consenso entre el Gobierno de España y el
Gobierno catalán.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Aristóteles nos decía que para poder soltar un nudo, primero
teníamos que saber cómo estaba hecho. Les digo esto, y alguna vez he
utilizado este dato, porque la Comunidad Autónoma de Cataluña fue la
comunidad que tuvo mayor participación en el referéndum de las
Constitución y fue la comunidad donde más síes hubo en el referéndum de
la Constitución. Alguien se tendrá que preguntar por qué una comunidad
que apoyó mayoritariamente el sí a la Constitución, en estos momentos se
encuentra en esta situación.

La cuestión es: ¿Tiene el Partido Popular, el Gobierno central, el
Ejecutivo central alguna responsabilidad en la situación que estamos
viviendo hoy día? Todavía, en el Pleno en el que estamos debatiendo
principalmente este tema, no he oído ni la más mínima crítica del Partido
Popular sobre su gestión y sobre la situación que estamos viviendo estos
días en Cataluña.

Yo creo que una de las situaciones más preocupantes que se está
produciendo es que el Partido Popular no ha creído ni cree en el sistema
autonómico. No lo creyó en el debate constitucional, tal como se pudo
ver, y no se lo ha creído a la hora de desarrollar los estatutos de
autonomía. Además, aderezado con un nuevo dato y es que en esta
legislatura el Grupo Popular ha perdido la mayoría absoluta en el
Congreso aunque aquí la siga manteniendo.

¿Eso a dónde nos lleva? Eso nos lleva a que, estos días, en esta
nueva legislatura, el Grupo Popular dice una cosa y hace otra. Dice que
hay que cumplir la ley, pero, por ejemplo, ¿está cumpliendo la ley a la
hora de gestionar el conflicto en Cataluña? ¿Está ajustado a derecho que
la Guardia Civil y la Policía Nacional, llevadas desde otros puntos del
Estado en cometidos de orden público, vayan en estos momentos a Cataluña?
¿Está ajustado a derecho? (Varios señores senadores: ¡Sí!) No, no está
ajustado a derecho, porque, si bien es cierto que los artículos 38 y 42
de la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad cubren el propósito de una
intervención directa de la Guardia Civil y Policía Nacional fuera de sus
competencias en Cataluña, el nuevo estatuto, en su artículo 164
—que ustedes enmendaron en el Parlament, pero no consiguieron que
saliera adelante su enmienda—, imposibilita precisamente la
ejecución de esos artículos, cuestión que ustedes no llevaron al
Constitucional y cuestión que está vigente en estos momentos.

Nosotros le dijimos ayer a la vicepresidenta y a ustedes hoy que
ni la imposición ni la vía judicial y mucho menos la vía penal van a
solventar el problema que está viviendo en estos momentos Cataluña.
Ustedes son, como siempre, el partido del no. (Un señor senador: ¡Venga,
hombre!) No, no, no. Escuchen. Dijeron que no al Estatut, dijeron que no
al Parlament, dijeron que no a las Cortes Generales, dijeron que no a la
sociedad catalana que votó mayoritariamente por ese Estatut. Dijeron que
no al pacto fiscal, dijeron que no a una solución política. ¿Me pueden
decir algo a lo que hayan dicho que sí? (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor BILDARRATZ SORRON: Les digo dos cosas. Ayer les pedía
solo un gesto, porque es verdad que de aquí al día 1 queda mucho tiempo,
pero del día 2 en adelante todavía nos va a quedar mucho más. Y lo que
hace falta es generosidad y, sobre todo, escucha. Está muy bien que hagan
gestos, pero no resuelven en nada el problema que tenemos entre
manos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Lo que sí va a resolverlo es que sean
capaces de entender y ponerse en el lugar del otro, para así entender qué
se ha podido hacer mal y cómo se ha podido construir este nudo, y así, si
quieren y tienen voluntad, colaboren para deshacerlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no hay
intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Guardingo.

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Buenos
días.

Primer, Sr. Bagué, sap que el nostre grup no comparteix la
convocatòria d’un referèndum unilateral, que nosaltres apostàvem
per un referèndum acordat; sap que no ens ha agradat com s’han fet
les coses, la sessió del 6 i 7 de setembre, però ha de saber que
nosaltres en la defensa de l’autogovern de Catalunya estarem en la
primera línia, i per això votarem a favor d’aquesta moció que
presenta el seu grup.

Primero, señor Bagué, sabe que nuestro grupo no comparte la
convocatoria de un referéndum unilateral, sabe que no nos gustó cómo se
hicieron las cosas el 6 y el 7 de septiembre. Pero tiene que saber que
nosotros, en la defensa del autogobierno de Cataluña, estaremos en
primera línea. Por eso apoyaremos la moción que presenta su grupo.

Segundo, y en relación con los alcaldes, nuestro grupo
parlamentario se solidariza con todos los alcaldes catalanes, con los
perseguidos por la Fiscalía y con los señalados en carteles y con
pintadas en los portales de sus casas, pero también con alcaldesas como
Laura Campos, de Montcada i Reixac, citada por la Fiscalía y señalada en
carteles. Nos solidarizamos, sobre todo, con esos alcaldes.
(Aplausos).

Tercero, el fondo de la cuestión de esta moción. Ayer, el señor
Montoro negaba que se hubiera intervenido, que se hubiera suspendido la
autonomía de Cataluña. Aquí hay muchos expresidentes autonómicos y a mí
me gustaría preguntarles si ustedes creen que hay autonomía sin finanzas.
¿Ustedes creen que hay Gobierno sin poder acceder a la tesorería?
Evidentemente no hay ningún Gobierno sin acceso a la tesorería.

Se ha suspendido la autonomía de Cataluña y se ha hecho con una
orden ministerial. Eso es absolutamente infumable y les sitúa fuera de la
Constitución. Por supuesto que están ustedes fuera de la Constitución
cuando suspenden la autonomía de Cataluña sin las garantías que da la
Constitución española. No nos gusta el artículo 155, pero mucho menos que
se publique una orden en el Boletín Oficial del Estado de un ministro
para suspender una autonomía y el autogobierno de Cataluña. Se ha
suspendido. Y hay casi 300 entidades —lo pueden encontrar en la web
de Hacienda— que se encuentran hoy sin poder acceder a sus
finanzas, poniendo en jaque a la Hacienda de Cataluña; entidades que van
desde la Administración General de la Generalitat al Institut Català de
la Salut —que gestiona los centros de salud en Cataluña—,
fundaciones, el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña, el Institut
de Recerca, L’Agencia Catalana de l’ Aiguas; así hasta 300.
Infumable, con una orden ministerial.

Ustedes, y eso es lo preocupante —y hace 15 días que ya dije
aquí que estaba muy preocupado por lo que pueda pasar el domingo en
Cataluña—, han sido incapaces de dar una respuesta no ya
democrática, sino simplemente una respuesta que pudiera parecer
democrática.

Señorías, el domingo se puede repetir esta imagen que les muestro:
esta es la plaza mayor de Vic en 1973. Esta no es una respuesta
democrática. Ocupar Cataluña con la policía armada de Carlos Arias
Navarro no es una respuesta política, no es una respuesta democrática.
(Aplausos).

Ustedes apuestan por el repliegue nacionalista español, y no hace
falta dar explicaciones de historia para saber lo que significa en Europa
un choque de nacionalismos, un choque de nacionalismo español frente a
otro nacionalismo. Con las imágenes que hemos visto de filas y filas de
policías y guardias civiles avanzando por la A-2 ustedes parecen
pretender reconquistar Cataluña y aprovechar a su paso para volver a
recuperar plazas que les ha dolido perder: les dolió perder la plaza de
Cádiz, les dolió perder Madrid, les dolió perder Zaragoza, les dolió
perder A Coruña, les dolió perder Valencia. Entonces quieren llevar a
cabo un repliegue nacional y nacionalista para ver si, en el avance hacia
Cataluña, recuperan también estas plazas. Y les tengo que decir que no lo
van a conseguir, no les vamos a dejar y, sobre todo, no vamos a dejar que
lo hagan en nombre de España. Ante esta intención, nosotros vamos a
contestar sin ningún pudor Visca Cataluña y viva la España democrática,
que es la opuesta a ustedes. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guardingo.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Senyor president, señorías, nosotros
no votaremos favorablemente la moción presentada por el PDECAT, y no solo
lo haremos porque no se han tenido en cuenta nuestras enmiendas, sino,
sobre todo, porque esta es una moción algo tramposa. Si hubiera
violaciones de los derechos fundamentales, ustedes contarían con nuestro
apoyo, pero lo que buscan es utilizarlos como cortina de humo para
esconder la liquidación del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la
Constitución, que es lo que hacen las leyes del referéndum y de
transitoriedad aprobadas abruptamente por el Parlament y declaradas
inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

No les hemos escuchado decir nada sobre la desobediencia a las
sentencias interlocutorias del Tribunal Constitucional, ni sobre las
presiones a los alcaldes, propiciadas por el Gobierno de Cataluña
—si el señor Baguè no conoce alcaldes, yo le presentaré a unos
cuantos (Aplausos)—, ni sobre la vulneración de la Ley de
protección de datos. Por cierto, los datos de muchos catalanes figuran en
estos momentos en una web facilitada por el Gobierno de Cataluña, situada
en un paraíso fiscal y administrada por piratas. No sé si eso es proteger
mucho los derechos.

El gran error del presidente del Gobierno, el señor Rajoy, ha sido
su incapacidad para el diálogo durante todos estos años y el gran error
del independentismo ha sido y es romper con la legalidad y persistir en
ello —unos incapaces de dialogar y otros saltándose la ley—.
Pero el mayor aliado que ha tenido el independentismo estos años,
señorías, ha sido el inmovilismo. Ahora bien, la única respuesta no puede
ser judicial y policial. Nosotros llevamos tiempo diciendo que estamos
ante un problema político que requiere una solución política. El Gobierno
no puede delegar sus funciones y esconderse detrás de los tribunales. Sin
ley no hay salida, pero sin política tampoco. Es legítimo que el Gobierno
intente impedir la celebración de un referéndum declarado ilegal por el
Tribunal Constitucional, pero nuestra lealtad es para con el Estado de
derecho y para con las instituciones. Para ello cuenten con nosotros. No
es para con el Gobierno y sus decisiones —porque unas las podemos
compartir y otras no—, no es, por tanto, un cheque en blanco a
favor de nadie. Y lo que en ningún caso podríamos hacer es aceptar la
vulneración de los derechos de los ciudadanos. Nosotros en ningún caso
estaríamos al lado de los que quieren limitar derechos de las personas.
¿Saben por qué? Porque hemos trabajado como los que más para conseguir la
democracia, por eso.

Para nosotros la gente que no piensa como nosotros no es nuestro
enemigo, si acaso pueden ser adversarios políticos, algunos temporales y
circunstanciales. Unos quieren votar sin dialogar y otros quieren
dialogar sin votar, y nosotros queremos dialogar y votar, no la
independencia, sino un nuevo acuerdo con una reforma constitucional
incluida. Nosotros no queremos el referéndum, no solo porque es ilegal,
sino porque no queremos divisiones ni enfrentamientos. No queremos
vencedores ni vencidos en un tema que afecta a la identidad de las
personas. No queremos que los ciudadanos de Cataluña se dividan por
mitades, señorías, y eso es lo que algunos de los aquí presentes están
consiguiendo. La gran mayoría de los ciudadanos de Cataluña no quiere
esas divisiones y enfrentamientos ni romper vínculos con el resto de
España.

El problema no radica solo en evitar la secesión de Cataluña como
piensa el Gobierno de España, sino también en recuperar el prestigio y la
adhesión ciudadana para con las instituciones, para con las españolas y
las catalanas. Señorías, también para recuperar afectos perdidos, una
labor a la que todos deberíamos contribuir.

Lo que ha impedido encontrar una fórmula de acuerdo durante estos
últimos cinco años ha sido tener dos gobiernos incapaces de dialogar,
claro que el señor Rajoy ya tenía antecedentes. ¿Recuerdan la campaña del
estatuto? Pero, bien, miremos al futuro, porque tenemos dos gobiernos que
más que pensar en el futuro de España, de Cataluña y de sus ciudadanos,
siempre han pensado en sus próximas elecciones.

Señorías, si la mayoría parlamentaria que da apoyo al Gobierno de
Cataluña sigue el camino de una declaración unilateral de independencia,
cometería no solo una barbaridad, sino que estaría poniendo en peligro
las instituciones de autogobierno, cuya recuperación tanto esfuerzo,
sangre, sudor y lágrimas han costado. Señorías, ustedes no tienen derecho
a hacerlo, no en nombre de Cataluña, ustedes no son Cataluña sino una
parte, porque Cataluña lo somos todos. También a los que dicen que el 1
de octubre se puede echar a Rajoy les voy a recordar que hace un año
tuvimos una excelente ocasión para hacerlo...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MONTILLA AGUILERA: Acabo, señor presidente.

... Y votaron lo mismo que el Partido Popular.

Señorías, política quiere decir diálogo, negociación y pacto. Esa
es la solución, en ella trabajamos y esperamos encontrarnos con todos
aquellos que están preocupados por España, por Cataluña y por el
bienestar y el futuro de sus ciudadanos.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
García Albiol.

El señor GARCÍA ALBIOL: Señor presidente, señorías, he escuchado
con mucha atención los argumentos que nos han expuesto los senadores que
han presentado esta propuesta y tengo que decirles con toda sinceridad
que me produce mucha pena; me produce mucha pena y tristeza y, a la vez,
indignación escuchar cómo se insulta, cómo se maltrata a este nuestro
país. Nuestro país no es un régimen totalitario ni se está vulnerando la
democracia. Gracias a esa democracia, de la que nos sentimos muy
orgullosos, hoy en la silla de la Presidencia de la Generalitat hay un
presidente que está intentando perpetrar un golpe a la democracia y a la
libertad, y la democracia y el Estado de derecho están protegiendo sus
derechos. Por tanto, les pido que maticen, que sean exactos y respetuosos
con esa situación y con lo que representa nuestro país porque están
ofendiendo a muchas personas.

Quiero recordarles que el modelo constitucional de nuestro país se
sustenta en el reconocimiento del derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que integran la nación española y la
solidaridad entre todas ellas. En virtud de este modelo, los Gobiernos
autonómicos, por tanto, el de Cataluña también, ejercen amplias
competencias, con un techo más elevado que el de la inmensa mayoría de
los Estados descentralizados de Europa. Asimismo, por ejemplo, las
lenguas españolas diferentes al castellano gozan de especial protección,
de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional.

Señoras y señores senadores que presentan esta moción, deberían
tener muy presente que las apelaciones a la legitimidad democrática de
las aspiraciones independentistas en Cataluña con ignorancia al respeto y
a la legalidad nos retroceden a tiempos oscuros de imposiciones por la
fuerza. Lo que está ocurriendo en Cataluña, además de ser un despropósito
jurídico y legal, es una tendenciosa manipulación de la realidad social e
histórica de nuestra tierra. Además, significa una clara ofensa a los 47
millones de españoles, entre los que nos encontramos también los
catalanes que, más allá de nuestra ideología o forma de pensar, nos
sentimos profundamente orgullosos de ser españoles.

Decía el profesor italiano Claudio Magris, flamante Príncipe de
Asturias de las Letras, que contraponer la legitimidad a la legalidad
apelando a valores cálidos, la comunidad o la inmediatez efectiva en
contra de la frialdad de las democracias significa destruir las reglas
del juego político que permiten a los hombres luchar por los valores que
consideran sagrados. Y añado yo: las declaraciones de independencia que
desprecian el derecho interno son también incompatibles con los
propósitos y principios de la declaración aprobada por consenso en la
Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 23 de octubre de 2015. En
esa declaración se reitera que el respeto a la soberanía y a la
integridad territorial de los Estados es un pilar básico para asegurar la
paz y la seguridad internacional.

Señoras y señores senadores, los episodios que estamos viviendo en
Cataluña, lejos de reforzar los derechos políticos de todos, pretenden
privar de ellos a miles de ciudadanos, que nos veríamos reducidos, en
contra de nuestra propia voluntad, a la condición de extranjeros en
nuestra tierra. Permítanme que les diga que resulta paradójico que cuando
el Gobierno de la Generalitat lleva dos años gobernando solo para esa
parte de catalanes que son independentistas, ignorando y convirtiendo en
invisibles a la mayoría de catalanes que no lo somos, ahora, en estos
momentos en los que ustedes han provocado la peor crisis institucional,
política y social que ha vivido nuestro país desde el golpe de Estado del
año 1981, vengan con la osadía de hablar en nombre de todo el pueblo de
Cataluña. ¡Qué atrevimiento!

La actitud del Gobierno de la Generalitat durante las últimas
semanas, incumpliendo leyes, vulnerando derechos de la oposición,
ignorando a los órganos consultivos de la propia Generalitat, señalando a
periodistas, marcando a jueces, llamando a la movilización callejera,
buscando la coacción a las fuerzas de seguridad y a la justicia,
demuestran la imperiosa necesidad de poner punto y final a una etapa
decadente que están viviendo las instituciones catalanas.

Voy finalizando. Señorías, la Generalitat actual hace ya mucho
tiempo que nos ha dejado de representar a la mayoría de catalanes. Diré
más, cada palabra buscando el enfrentamiento, cada gesto provocando la
crispación es un paso que les aleja más y más de una parte muy importante
de la sociedad catalana. Por todo ello, en el Partido Popular queremos
trasladar nuestro total apoyo a las fuerzas de seguridad, a los jueces, a
los fiscales, a los funcionarios, a los alcaldes y concejales y al
Gobierno de la nación, con su presidente Mariano Rajoy a la cabeza.
(Aplausos).

Y finalizo. Señores del PDECAT, los ausentes de Esquerra
Republicana y todos aquellos que les dan apoyo, por más que nos insulten,
por mucho que nos quieran callar, tenemos las ideas muy claras.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GARCÍA ALBIOL: Tenemos la fuerza de la democracia para
seguir defendiendo con energía a todos los catalanes que no queremos que
nos obliguen a dejar de ser españoles.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Albiol.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición
Canaria, con la incorporación de las enmiendas aceptadas: 4 del Grupo
Parlamentario Mixto y 3 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241;
votos emitidos, 241; a favor, 33; en contra, 207; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

El presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una propuesta
de modificación firmada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Vasco. Es decir,
decaen las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y la
enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, y quedan vivas trece enmiendas
del Grupo Parlamentario Mixto —doce por iniciativa de los senadores
Mulet y Navarrete, y una por iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y
Marcos—, y una del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la senadora Aparicio.

La señora APARICIO CALZADA: Buenos días, señorías.

No resulta desconocido que en los últimos tiempos estamos
asistiendo a un incremento de problemas relacionados con la usurpación de
viviendas; por una parte, lo sufren las personas que se ven privadas
ilegalmente del disfrute de su propiedad privada y, por otra parte, las
personas que residen en los inmuebles en los que se producen ocupaciones
ilegales de viviendas convirtiéndose en víctimas indirectas de este hecho
delictivo.

La ocupación ilegal choca frontalmente con el cumplimiento del
artículo 33 de nuestra Constitución, privando al legítimo propietario del
derecho a la propiedad privada. Pero, señorías, aquí tenemos que
distinguir dos casos claramente diferentes de ocupaciones; por una parte,
aquellas ocupaciones realizadas por necesidad, por familias que se
encuentran en una situación de desamparo... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora Aparicio.

Hagan el favor de guardar silencio.

Continúe, señoría.

La señora APARICIO CALZADA: Sí, presidente.

Decía que tenemos que distinguir entre dos tipos de ocupaciones
bien distintas. Por una parte, están aquellas ocupaciones que son
realizadas por necesidad, por personas que se encuentran en una situación
de desamparo, que tristemente se han quedado sin nada y que necesitan una
vivienda para poder subsistir; y este caso hay que diferenciarlo de
aquellas ocupaciones realizadas por grupos antisistema, por mafias, por
personas que pretenden ocupar las viviendas en beneficio propio. Sin
duda, el primero de los casos necesita de la ayuda de las
administraciones y del Estado y de la sociedad en general para proveerles
de las ayudas necesarias, pero tampoco podemos olvidar que no solo la
propiedad privada de las personas está siendo vulnerada, sino que bienes
públicos y suelo público también han sido ocupados por grupos
antisistema.

Este delito viene recogido entre los delitos contra el patrimonio
y el orden socioeconómico y, por tanto, podríamos decir que el bien
jurídico protegido es el patrimonio inmobiliario, pero, debido a la
alarma social que genera actualmente este tipo de delitos y la
inseguridad en el tráfico inmobiliario, incluso podríamos encajarlo
dentro de un delito en contra del orden público. Actualmente, nuestro
ordenamiento jurídico no está suficientemente adaptado para dar respaldo
tanto a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
como a los tribunales de justicia y para hacer frente a la problemática
de la ocupación ilegal de viviendas en sus diferentes formas y
modalidades, algo que hoy en día afecta a un sector creciente de la
sociedad y crea evidentes perjuicios y limita y vulnera el pleno
ejercicio de sus legítimos derechos.

Estos hechos delictivos provocan que los propietarios de las
viviendas ocupadas tengan que iniciar un penoso y largo procedimiento
judicial para poder recuperar la posesión de sus viviendas y proceder al
desalojo de los ocupantes, que como mucho van a ser sancionados con una
multa que en la mayoría de los casos ni siquiera se hace efectiva, lo que
genera en la ciudadanía una sensación de impotencia e indefensión.

Aunque la pena del delito de los ocupas no ha sido modificada
desde el año 1995, sí que hubo una reforma de la ley en el año 2015 en
cuanto a la gravedad de dichos delitos, pasando de ser delitos menos
graves a delitos leves, lo que trae consecuencias en el ámbito judicial
en cuanto a los plazos de prescripción y, sobre todo, consecuencias
procedimentales. En primer lugar, con respecto a la adopción de medidas
cautelares de desalojo inmediato, dado que en el artículo 13 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal no está previsto expresamente y que, tras la
reforma del año 2015, al ser un delito leve no existe una fase de
instrucción previa, por lo que no se toma declaración al investigado
antes del juicio y únicamente se podría acordar el desalojo como
consecuencia de la sentencia condenatoria. En la práctica jurisprudencial
nos encontramos casos de juzgados que encuentran amparo en este
artículo 13 para poder realizar desalojos cautelares, pero tampoco
estaría estrictamente recogido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
como he dicho.

Ante esta situación, necesitamos realizar una reforma del marco
normativo para crear una actuación homogénea por parte de todos los
juzgados. Por regla general, es necesario practicar diligencias previas
en este tipo de delitos pero, como he dicho, ello es incompatible con la
naturaleza del delito leve del que estamos hablando. Es habitual que una
persona que está realizando una ocupación diga a la policía: yo pasaba
por allí, yo no vivo en este piso, es de otra persona, etcétera, lo cual
provoca que en la investigación haya que realizar interrogatorios a los
vecinos, que haya que buscar prueba documental de los gastos de luz,
agua..., lo cual ocasiona que quien se tiene que ocupar de este tipo de
actuaciones, que es la policía judicial, realmente no tenga respaldo
legal para poder hacerlo, porque estamos hablando de un delito leve, con
lo cual finalmente al juez no le queda otra solución que archivar el
procedimiento. Consecuencia: indefensión para el legítimo propietario de
la vivienda.

Otro problema planteado por la normativa actual es cuando en la
vivienda viven menores. Previamente a la reforma, el juez instructor
podía tomar medidas respecto a esos menores para derivarlos a los
servicios sociales; ahora, tras la reforma de 2015, no es posible porque
no es compatible con el tipo de delito leve del que estamos hablando.
Igualmente, como ya he dicho, este tipo de delitos conlleva muchas veces
otro delito de defraudación de fluido eléctrico, que también está
previsto como delito leve, con lo cual es muy difícil perseguirlo.

Antes de la reforma de 2015, señorías, cabía la posibilidad de
tramitar estos hechos como procedimientos rápidos, ya que estas conductas
tenían encaje en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que regula el enjuiciamiento rápido de delitos menos graves. Sin embargo,
tras la reforma del año 2015, los únicos delitos leves que se pueden
enjuiciar de forma inmediata son los contemplados en el artículo 962 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo en el que no pueden encontrar
encaje estos delitos, ya que no se hallan recogidos.

También hay que poner de manifiesto —no lo podemos
olvidar— los problemas que sufren los vecinos que viven en los
inmuebles ocupados, que en muchos casos están viviendo situaciones
completamente insostenibles debido al clima existente en las comunidades;
están sometidos a actos vandálicos y comportamientos incívicos de muchos
de los ocupantes, por lo que requieren la intervención de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, que, debido al marco legislativo actual,
no pueden actuar a no ser que se trate de realizar alguna intervención en
casos de flagrante delito.

Tenemos que recordar que estas ocupaciones están siendo
principalmente realizadas por mafias y bandas organizadas que están
convirtiendo las ocupaciones en un negocio propio, ya sea para
extorsionar a los verdaderos propietarios de la vivienda, para que les
paguen dinero por su desalojo, o para alquilar o vender estos bienes a
otras personas.

En alguna comunidad autónoma, como la de Madrid, se ha promovido
un acuerdo bilateral con la Delegación del Gobierno y Fiscalía para que
los delitos relacionados con la ocupación sean tratados en juicios
rápidos; además, se han acordado otros compromisos, como la
identificación de los edificios usurpados, promover la pronta denuncia
por parte de los propietarios y la petición de medidas cautelares de la
Fiscalía para obtener el desalojo inmediato de los ocupantes. En este
sentido, Fiscalía se ha pronunciado y dice que es posible la adopción de
medidas cautelares, al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que
restituyan el inmueble a su legítimo propietario, dado que la privación
del ejercicio del derecho de propiedad a su titular se prolonga demasiado
en el tiempo hasta que es dictada una sentencia condenatoria del
usurpador. Ahora bien, como he dicho anteriormente, se observa en los
juzgados una disparidad de criterios a la hora de adoptar estas medidas
cautelares, por lo cual es necesario realizar esta modificación
legislativa para que de forma expresa sea determinada la manera de
adoptar esas medidas cautelares.

En esta misma línea se manifestó en abril la defensora del Pueblo
en una reciente recomendación dirigida al Ministerio de Justica para
—leo textualmente— prever los cauces necesarios para la
adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan al titular del
mueble la posesión y disfrute urgente del mismo mediante la tramitación
de un procedimiento judicial rápido. El Ministerio de Justicia, por medio
de su ministro, se ha comunicado con la defensora del Pueblo y le ha
transmitido que, evidentemente, en el momento en que se afronte esta
reforma legislativa, que es necesaria, serán tenidas en cuenta las
medidas recogidas en su informe.

Para finalizar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista
y al Partido Nacionalista Vasco la posibilidad de poder llegar a un
acuerdo en esta moción porque es algo que nos atañe a todos. No tiene
nada que ver con la ideología que cada uno tenga, es un derecho de todos
los españoles.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aparicio.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros hemos presentado una enmienda a la moción del
Grupo Parlamentario Popular, defendida hace un momento por la senadora
Aparicio, para modificar el punto 1.b) de la moción. En ella proponemos
una redacción nueva con el objeto de instar al Gobierno a la reforma de
la Ley de enjuiciamiento civil y de la Ley Orgánica de protección de la
seguridad ciudadana a fin de mejorar el texto.

Lamento profundamente, como le he dicho hace un momento, senadora,
que no acepten nuestra enmienda porque su contenido no es otro —y
lo digo aquí, públicamente— que el acuerdo que alcanzamos todos los
grupos políticos en el Congreso de los Diputados. Ustedes, nosotros, el
Grupo Socialista y el Grupo de Podemos votamos afirmativamente una parte
de eso en el Congreso y el resto lo aprobamos el Partido Popular,
Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. Repito, lamento
profundamente que hoy no sea posible incorporar a su moción ese texto que
fuimos capaces de acordar en el Congreso de los Diputados.

Dicho esto, no vamos a dejar de votar afirmativamente la moción,
aunque no hayan querido recoger nuestra pequeña aportación.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.

Tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Compartimos el espíritu de la necesidad de abordar el problema,
pero pensamos que es una propuesta que se queda a medio camino.
Usurpación de inmuebles también es lo que han hecho los bancos
—rescatados con dinero público— a miles de familias
desahuciadas, golpeadas por una crisis que no han ocasionado ellas;
usurpación de inmuebles también son las inmatriculaciones de la iglesia,
por ejemplo; usurpación de inmuebles también es lo que hizo Ana Botella
con los fondos buitres, etcétera. Por tanto, obviamente, compartimos la
idea de que se garantice el derecho a recuperar las viviendas en caso de
usurpación, con una legislación ágil, efectiva y que proteja sus
derechos, pero sin olvidar su origen. Hay muchos tipos de usurpación,
ustedes son expertos en eso; en muchos casos, esa usurpación de viviendas
es causa directa de una política cruel como la que ustedes han venido
practicando. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional,
recogido en el artículo 47, que ustedes no están respetando.

A nosotros nos llaman radicales porque vamos a la raíz de los
problemas y no nos quedamos únicamente en la superficie. Por ello,
queremos ir al origen e intentar que esta no sea una moción que
únicamente castigue a la gente que muchas veces no tiene más remedio que
quedarse en un inmueble que no puede pagar, sino que se les dé una
solución. Para ello, hemos presentado una serie de enmiendas, y nos
gustaría que alguna de ellas fuera aceptada porque está bien lo que
ustedes proponen pero se quedan a medio camino.

Queremos aprobar una legislación que regule los desahucios y
desalojos y que garantice que no se podrá echar de la vivienda a ninguna
persona sin una alternativa habitacional digna y adecuada a su nivel de
renta; queremos derogar y declarar la nulidad de las ventas de inmuebles
públicos de los fondos buitres; queremos reconocer que el derecho
constitucional a la vivienda supone el reconocimiento de disponer de un
techo estable, reconocido como una necesidad humana de primer orden;
queremos la eliminación de las cláusulas abusivas de los contratos de
préstamos hipotecarios; queremos reformar el procedimiento de ejecución
hipotecaria para garantizar a las personas deudoras la plenitud de
ejercicio de los mecanismos generales de defensa y prueba; queremos
paralizar de urgencia los desahucios de primera vivienda a las familias
que no tengan alternativa habitacional, especialmente a las personas
mayores que avalaron a familiares con un crédito hipotecario y queremos
dedicar al alquiler social viviendas procedentes de entidades bancarias
rescatadas.

Por lo tanto, sus medidas están bien, pero se quedan, como saben,
a medio camino. Ustedes se preocupan más por los bancos que por las
personas, desgraciadamente. Queremos ir al origen y queremos respetar
tanto, por una parte, el derecho a la propiedad, que obviamente lo
defendemos, como el derecho a la vivienda. Ojalá tuvieran ustedes la
misma sensibilidad en un caso y en otro.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Mulet.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el
senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.

Es cierto que existe un malestar generalizado en la sociedad que
afecta a los propietarios de viviendas vacías, que ven de forma impotente
cómo la posesión de su propiedad es usurpada y deben iniciar
procedimientos judiciales para su recuperación, que en muchos casos les
genera costes importantes, además de encontrarse los desperfectos que
puedan causarse en la vivienda. Por ello creemos que el derecho penal
debe dar respuesta, intentando persuadir estas acciones ilegales y, si se
cometen, las respuestas ante este ilícito penal no deben ser baladíes. En
el Código Penal vigente es un delito leve y esta consideración está
beneficiando a grupos organizados, que están negociando con la usurpación
de la propiedad privada. Entendemos, por tanto, que esa modificación
puede dar respuesta a la situación de desprotección y desamparo en la que
se puede encontrar el propietario y, por otro lado, al endurecer este
tipo penal, afectará a la delincuencia organizada.

Sin embargo, queremos dejar claro en nuestro posicionamiento que
no defendemos en ningún caso la penalización de la ocupación ilegal que
algunas familias, por necesidad, están llevando a cabo, tal y como
defienden las plataformas antidesahucios. Por todo lo expuesto, nos
atrevemos a sugerir la redacción de dos puntos que se pueden añadir a
esta moción con el fin de atender a las familias vulnerables que se vean
en esta situación y de generar fórmulas desde el Estado, que las hay,
para lograr que la gran cantidad de viviendas en manos de los bancos y
sus filiales afloren al mercado en régimen de compraventa y arrendamiento
a precios asequibles.

Por todo ello, proponemos la inclusión en esta moción de dos
puntos con la siguiente redacción: por un lado, proponemos que esta
reforma del Código Penal vaya acompañada de medidas económicas e
instrumentos financieros que permitan a las comunidades autónomas
recuperar la capacidad de inversión perdida en los últimos años para la
promoción de viviendas de promoción pública, atendiendo así a las
necesidades de vivienda de las familias vulnerables. Por otro lado, esta
reforma del Código Penal debe ir acompañada de medidas para que las
entidades financieras que dispongan de un parque de viviendas derivado de
esta grave crisis económica determinen un cupo que retorne a la sociedad
mediante su salida al mercado a precios de renta y compraventa
sociales.

Esperamos que el grupo proponente acepte nuestras enmiendas, que
solo tienen como objetivo proteger a todas las personas, a todas,
proponiendo alternativas concretas para paliar una situación tan dolorosa
para todas las partes, como es la ocupación ilegal de las viviendas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez
Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para manifestar si acepta o no
las enmiendas, tiene la palabra la senadora Guijarro.

La señora GUIJARRO CARRILLO: Gracias, señor presidente. Buenos
días a todos.

A la vista de las enmiendas presentadas a esta moción del Grupo
Popular, hay una idea clara: que todos los grupos políticos —por lo
menos así lo entendemos en el Grupo Popular— estamos de acuerdo en
que necesitamos adaptar la actual regulación respecto de la ocupación
ilegal de las viviendas a la situación que estamos viviendo. De ahí que
el Grupo Popular haya considerado necesario presentar esta
iniciativa.

Con esta moción se pretende debatir en la Cámara esta cuestión
principalmente desde el punto de vista penal. Hemos estudiado las
diferentes enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y su
viabilidad para ser incorporadas a la moción y llevarlas a cumplimiento,
siempre en la medida en que puedan enriquecer y mejorar la iniciativa que
el Grupo Popular ha presentado en esta materia.

Y estamos de enhorabuena, ya que, tal y como ha avanzado mi
compañera, se ha llegado a acuerdos con el Grupo Socialista y con el
Grupo Parlamentario Vasco. Así pues, lo que se presenta esta mañana aquí
es una moción fruto del consenso, del acuerdo, una moción transada. Y
aunque hayan decaído las enmiendas presentadas por ambos grupos puesto
que ya forman parte de la moción que se va a votar, quiero referirme, por
un lado, a la admisión de la enmienda del Grupo Socialista, de la que se
han admitido los puntos 1 a) y 1 c) y se han transado y consensuado el
resto de puntos y, por otro, a la enmienda presentada por el Grupo Vasco,
de la que ha sido transado el punto 1 c). (El señor vicepresidente, Sanz
Alonso, ocupa la Presidencia).

En cuanto al resto de enmiendas presentadas por los grupos
parlamentarios, el Grupo Popular rechaza la enmienda presentada por
Coalición Canaria al entender que su propuesta está ya integrada en el
texto definitivo que se presenta esta mañana en la Cámara.

Y por lo que se refiere a Ciudadanos, antes de nada, agradezco el
respaldo a la moción. Pero, como bien ha explicado su representante,
entendemos que la moción que se presenta esta mañana se aborda desde un
punto de vista penal, mientras que la enmienda presentada por Ciudadanos
pertenece al ámbito civil y ya en el Congreso obtuvo el respaldo del
Grupo Popular.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

La señora GUIJARRO CARRILLO: Sí, señor presidente.

En relación con las enmiendas presentadas por Compromís,
entendemos que no son viables, por lo que son rechazadas.

Para terminar, repito que estamos de enhorabuena porque
presentamos una moción fruto del consenso y de los acuerdos en un tema
que debemos abordar con el consenso de todos los sectores implicados para
proporcionar a los ciudadanos mecanismos necesarios para proteger al
propietario y para atender a las familias necesitadas.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Guijarro.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Mixto va a intervenir alguien? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el
senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Intervendré de manera rápida desde mi escaño. Como he dicho en el
turno de defensa de las enmiendas, creemos que la reforma del Código
Penal que se propone con esta moción puede ser muy beneficiosa para
combatir la acción de grupos organizados que, desgraciadamente, se
aprovechan de esas situaciones, en las que se encuentran muchas personas
y familias en nuestro país. Pero, una vez que no se han incluido nuestras
enmiendas, quiero manifestar que seguimos echando en falta medidas
concretas —no algo tan genérico como lo que se nos presenta—
que en absoluto vemos reflejadas en esta moción. Hablo de medidas como la
que proponíamos para la mayor implicación de las entidades financieras
con el fin de poder disponer de esas viviendas que tienen y sacarlas para
alquiler social o compraventa. O como la de dotar a las comunidades
autónomas de mayores instrumentos y una mayor financiación para ayudar a
las personas que se encuentran en la calle. Por todo ello, señorías, la
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria hoy no puede apoyar
esta moción.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez
Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Senadores del Grupo Popular, sin que sirva de precedente, tengo
que felicitarles por la moción que han traído hoy, porque verdaderamente
hablamos de una preocupación que la sociedad tiene en el día a día y este
tipo de mociones dan sentido a la labor que intentamos llevar adelante en
esta Cámara. Y es que recoger los problemas y las preocupaciones del día
a día es importante. Todos habremos sido testigos de algún caso, de algún
problema por la ocupación de un inmueble; por ejemplo, el de una persona
mayor que se ha ido de vacaciones y cuando ha vuelto tenía unos okupas en
su vivienda y ha tenido que esperar largos meses hasta que ha podido
rescatarla. Parece mentira. Y cuando la gente pide explicaciones se
pregunta cómo es que no puede disponer de su vivienda, de su vivienda de
toda la vida. Pues a esos dramas personales se intenta dar solución de
una u otra manera a través de esta moción. Esa es nuestra labor, y por
eso digo que, en ese sentido, y sin que sirva de precedente, les
felicito.

El legislador penal no apreció en el año 2015 ni en las anteriores
reformas del Código Penal la dimensión de lo que venía a ser un fenómeno
criminológico nuevo como el que he descrito: la ocupación de viviendas,
no por personas en situación de exclusión o marginalidad extrema, sino
por organizaciones mafiosas que, tras cuadricular el mapa de las ciudades
y los municipios, destina a alguno de sus miembros a vigilar los pisos
vacíos susceptibles de ser ocupados mediante la correspondiente patada en
la puerta y ofertarlos como si estuviéramos ante sistemas inmobiliarios o
de promoción no formales y fenómenos como el okupa, que rayan en la
desobediencia civil.

El último caso que hemos conocido estos días es el de un palacete
en la zona de Begoña, en Bilbao. Y lo llamativo de las declaraciones de
los ocupantes es que, con su falta de formación, y habiendo sido ordenado
su desalojo por el juzgado de instancia, afirman que tienen la
posibilidad de recurrir en apelación ante la Audiencia y en casación ante
el Tribunal Supremo, con la ilegítima prolongación del tiempo de
ocupación que la no adquisición de firmeza de la sentencia provoca.

Ese era el sentido de la enmienda que presentamos y que ha sido
recogida en la transaccional que hemos firmado. Y también estamos muy
cómodos con las propuestas realizadas por el Grupo Socialista. Vuelvo a
repetir que creo que esta moción es un ejemplo. Instar al Gobierno a
realizar algo no tiene ningún problema, no se le critica por un déficit,
sino que hablamos de un fenómeno nuevo que hay que atender. Y, como ven,
con el diálogo, con la aportación, con la reflexión y con el debate poco
a poco se consiguen dar pequeños pasos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Bildarratz.

¿Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Garrido.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.

Señorías, vamos a ir a la raíz de las cuestiones que se plantean
en esta moción, a las verdaderas razones. Esta moción va de derechos; y
hablo de derechos, y en plural, porque no solo está en juego el derecho a
la propiedad, sino otro derecho constitucional: el derecho a una vivienda
digna, del que se olvidan los autores de esta moción. Miren, el enfoque
de esta moción tiene un doble error. Por un lado, entienden la vivienda
como un bien patrimonial cualquiera, y no es así, es el objeto de un
derecho constitucional que cubre una necesidad básica como es la de
servir de alojamiento. Por otro, la Constitución española no protege
cualquier tipo de propiedad, sino solo aquella que cumple su función
social —artículo 33.2 de Constitución—. Es de las dos
premisas que acabo de citar de donde deben partir las iniciativas en este
sentido, y no es así.

Señorías, España es un Estado social, y los poderes públicos
pueden delimitar el contenido de la propiedad. Esto significa que no
todas las formas de ejercicio de la propiedad deben ser protegidas, solo
aquellas que cumplen la función social, es decir, servir de alojamiento.
Incluso algunas deberían ser penalizadas, como, por ejemplo, la vivienda
vacía, más aún con la situación de emergencia habitacional que sufrimos
en nuestro país. No podemos vivir en una sociedad que denominamos
avanzada y democrática cuando el 30 % de las viviendas vacías de toda
Europa se encuentra en España, mientras muchos ciudadanos y ciudadanas no
tienen casa, no tienen cobijo, no tienen techo.

Como ustedes han expuesto, en los últimos años ha crecido mucho la
ocupación de vivienda. Y la pregunta es por qué. ¿Creen que se ha puesto
de moda ocupar viviendas o puede ser más bien que vivimos una gran crisis
y, por tanto, existen familias con niños y niñas que no tienen otra
alternativa que ocupar, porque si no ocuparan una vivienda estarían
viviendo en la puñetera calle?

Esta moción no pone sobre la mesa ninguna medida que vaya a
resolver el tema de la vivienda y la ocupación de la vivienda. Si
ustedes, los gobernantes, los partidos que gobiernan, ofrecieran una
alternativa habitacional a los ciudadanos y ciudadanas con esa carencia
de vivienda, ¿creen que las ocuparían? Todos entendemos que no. Por
tanto, facilitar el desahucio y los desalojos y castigar penalmente a los
que las ocupan no nos lleva a ningún sitio, son medidas ineficaces. Les
voy a poner un ejemplo: acuérdense de la modificación de la Ley de
arrendamientos urbanos, del desahucio exprés, ese desahucio que iba a dar
más seguridad a los propietarios y fomentaría el alquiler. ¿Qué ha
conseguido? Tenemos los resultados encima de la mesa: ha conseguido que
no haya más alquiler, pero sí que suban los precios de las rentas y
también que haya más desahucios porque las familias no pueden pagar ese
alquiler.

Estas medidas son, como siempre, represivas, que persiguen a la
parte más débil y encima son ineficaces. Aquí no han traído ninguna
medida, por ejemplo, que persiga la vivienda vacía y permita tener un
parque de alquiler público más amplio. Tampoco se les ha ocurrido aprobar
en los presupuestos ayudas importantes para los pequeños propietarios con
el fin de que tengan seguridad y puedan alquilar sus viviendas a un
precio asequible y así ganen, por un lado, los propietarios y, por otro,
los demandantes de vivienda.

Unidos Podemos no está de acuerdo con penalizar, castigar y
perseguir la ocupación. Existen instrumentos civiles para que los
propietarios puedan, por supuesto, proteger su propiedad.

Por tanto, penalización, favorecer los desalojos, una especie de
ley de patada un poco light que se cuela también en la moción... Por otro
lado, intentan dar una vuelta a la moción de forma que parezca que no se
van a dar los desalojos sin alternativa habitacional. Pero sean claros:
prohíban los desalojos sin alternativa habitacional y acabarán con una
cuestión que vulnera, como ya he dicho en más de una ocasión, derechos
fundamentales y derechos humanos. Traigan aquí propuestas, propuestas que
vayan en favor del derecho a la propiedad, de la función social de la
propiedad, de la defensa del derecho a la vivienda de todos y todas, y
entonces nos encontraremos y votaremos a favor.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Garrido.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Moreno.

La señora MORENO RUIZ: Gracias, señor presidente.

Lo primero que quiero hacer, como no puede ser de otra manera, es
agradecer muy sinceramente el esfuerzo que han realizado la senadora
Aparicio y la senadora Guijarro para aceptar una buen parte de las
enmiendas. Nos sentimos muy identificados con la transaccional —en
algunos casos, con una aceptación literal—, con el enfoque con el
queríamos mejorar una iniciativa que nos parecía oportuna y que hemos
empezado compartiendo en algunos supuestos.

Desde ese punto de vista —ya se ha dicho aquí—,
creemos que una parte del fenómeno de la ocupación de viviendas está
íntimamente relacionada con las situaciones personales más sangrantes que
se han producido en los sectores más débiles de la sociedad, aquellos
verdaderamente maltratados por la crisis económica. Quienes han perdido
el empleo, quienes han perdido la vivienda, quienes lo han perdido todo,
sin duda han protagonizado muchas ocupaciones de vivienda. Y nosotros no
justificamos esas ocupaciones, pero, desde luego, entendemos que hay
situaciones que no debieran producirse nunca, como el hecho de que una
familia verdaderamente en exclusión social se vea en la calle.

Hay ocupaciones que se basan en la necesidad de la vivienda, y los
jueces lo saben; por eso, los jueces ya están aplicando la eximente de
estado de necesidad para no castigar aquellas ocupaciones que están
basadas en el estado de verdadera exclusión social y necesidad de las
familias. También ocurre que en este momento los jueces no saben
distinguir los límites entre la Ley de seguridad ciudadana, que sanciona
la ocupación de vivienda con una sanción meramente administrativa, y la
sanción penal del artículo 245.2. Luego todo eso hay aclararlo. No
podemos dejarlo al arbitrio de los jueces; que unos castiguen y otros,
no, que el que tenga sensibilidad no ponga penas y el que no la tenga se
agarre a la punición. Todo esto merece la pena aclararlo. Y, si me
permite, señora Aparicio, podrían haberlo hecho un poquito mejor en la
reforma del Código Penal, porque fue suya. Hace dos años que se reformó
el Código Penal y ya empieza a hacer agua. La verdad es que esto se tenía
que haber tocado de otra manera, y para esto estamos aquí; y para que,
además, con el consenso del Senado pueda ser viable un consenso más
necesario que aquí en el Congreso de los Diputados.

Así pues, pensamos que hay una parte de la ocupación relacionada
con la situación social, de desgracia social de muchas familias, pero
también hay ocupaciones que no responden a la necesidad social. Hay un
movimiento okupa decidido a protestar y que cuestiona el sistema causando
daños en bienes ajenos. Y nosotros no estamos ahí, porque consideramos
que ni la libertad de expresión ni la libertad de manifestación pueden
justificar en ningún caso la lesión de derechos de terceros, la lesión
del derecho a la vivienda, a la propiedad, que tiene cualquier familia o
cualquier institución pública o privada. Consideramos que en este, como
en tantos otros casos, ningún ciudadano ni colectivo puede salirse del
Estado de derecho, porque fuera del Estado de derecho no hay nada más que
la fuerza bruta: la fuerza bruta del dinero, la fuerza bruta de las
entidades financieras, la fuerza bruta de los extremismos, la fuerza
bruta del autoritarismo o la fuerza bruta de la patada en la puerta de mi
casa, privándome de un bien que puede ser mío, que puede ser para mis
hijos, que puede ser una segunda vivienda heredada de mis padres…
En fin, situaciones del mundo real, que tenemos que solucionar.

Tampoco podemos ignorar, en un tercer gran bloque de situaciones,
que hay mafias —como ya se ha señalado aquí— que trafican con
viviendas ajenas, especializadas en cambiar la cerradura, en enganchar
suministros de manera ilegal y aprovecharse después de la buena fe o de
la necesidad de otras familias.

Por tanto, estamos ante situaciones diferentes que requieren una
respuesta penal, administrativa y civil diferente. Desde luego, creemos
que, tanto en lo civil como en lo penal, hay que agilizar el desalojo de
las viviendas para restituir los derechos a la mayor brevedad. Y, sobre
todo —ese es el motivo de esta mejora y de nuestras
enmiendas—, que hay que aclarar la situación judicial, que hay que
hacer compatible el principio de intervención mínima del derecho penal
con el principio de legalidad, que está generando mucha confusión en los
juzgados.

Termino. Nos hubiera gustado, y también formaba parte de nuestras
enmiendas, remarcar más el aspecto social. Tenemos que hacer
verdaderamente compatible el derecho a la propiedad con el derecho a la
vivienda. Los socialistas no queremos un mundo okupa, pero tampoco
queremos criminalizar la exclusión social. No queremos que ninguna
familia tenga que ocupar una casa ajena ni que ninguna familia tenga que
soportar la ocupación de sus propiedades. Así de sencillo. Y creemos que
esta moción puede contribuir a conseguir ese objetivo.

Muchas gracias por el buen trabajo realizado, señora Aparicio.
Espero que, con este clima de consenso, podamos mejorar una situación que
agobia a muchas familias, sin olvidar que con esta moción se abre un
debate y que hay otros ámbitos, no el de la reforma de la Código Penal,
sino los de los programas y políticas sociales, en los que, naturalmente,
los socialistas vamos a seguir defendiendo el derecho a la vivienda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Moreno.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Aparicio.

La señora APARICIO CALZADA: Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos hablando de un tema muy serio. Estamos hablando
de familias que no pueden acceder a sus viviendas después de volver de
unas vacaciones; de segundas residencias compradas con los ahorros de
toda una vida y de las que ya no podrán disfrutar; o de equipamientos
públicos que son de todos y son utilizados de forma egoísta por unos
pocos y para lo que ellos deciden. En definitiva, estamos hablando de una
violación sistemática de la propiedad.

Señorías, quiero dejar bien claro —que vaya por
delante— que el Partido Popular siempre va a estar al lado de las
personas en situación de vulnerabilidad y de las personas que vean
violado su derecho a la propiedad.

Ahora voy a intentar ser, de verdad, lo más pedagógica posible
para explicar a los señores de Podemos la diferencia entre gobernar para
todos y crear inseguridad por medio de un Gobierno. Como ejemplo de un
Gobierno para todos podemos poner el del Gobierno de España. (Rumores).
En el caso de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión
social, lo importante es facilitar el acceso a una vivienda digna, la
protección hipotecaria y la coordinación con los servicios sociales. En
el Gobierno central tenemos el Plan estatal de vivienda, que se ha
prorrogado hasta el año 2017 y que fomenta el alquiler y la
rehabilitación de los edificios y viviendas en tramos urbanos. (Rumores).
Tranquilos, cálmense. Es un plan, por cierto, que se ha mejorado con la
nueva redacción para el periodo 2018-2021, que entrará en vigor a
principios de 2018. En cualquier caso —les doy datos—, solo
en el periodo que llevamos del plan anterior podemos hablar de más
de 100 000 familias que han recibido ayudas de alquiler —estoy
hablando de las políticas del Gobierno central— y de 70 000
familias que continúan recibiendo ayudas para la subsidiación de
préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda
protegida.

En relación con la protección hipotecaria, desde el año 2012 hemos
adoptado medidas para hacer frente a la situación de vulnerabilidad que
afectaba a numerosas familias como consecuencia de la crisis. Así, desde
dicho año se han aprobado tres reales decretos que han suspendido
lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente
vulnerables, hasta el año 2020. También se está trabajando con la Sareb y
con entidades financieras para la puesta a disposición de viviendas, lo
que da lugar a ayudas que vienen en gran parte determinadas por lo que
digan los servicios sociales de los ayuntamientos y las comunidades
autónomas.

Y ahora vamos a comparar este tipo de Gobierno con su desgobierno.
En los llamados ayuntamientos del cambio, sus ayuntamientos, donde
ustedes gobiernan —porque ustedes están gobernando—,
casualmente hay un aumento del número de desahucios. Ustedes mintieron
cuando llegaron a esos gobiernos. ¿Y saben por qué lo digo? Porque yo lo
vivo en mi ciudad, donde está gobernando el señor don Xulio Ferreiro.
¿Saben por qué? Porque la solución que da el señor Ferreiro para los
sintecho o los indigentes es que, por ejemplo, el puente de acceso a A
Coruña, el puente de Alfonso Molina, sea adecentado para que puedan
dormir debajo, señorías. No me lo estoy inventando, está recogido un plan
redactado por el ayuntamiento de A Coruña, donde, repito, ustedes están
gobernando. (Aplausos). En vez de dar soluciones desde la Administración
Local, ustedes mandan a la gente necesitada a dormir debajo de los
puentes. (Protestas.— Aplausos). Repito que no me lo estoy
inventando. Hablen con su compañero, el señor Ferreiro. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).

El fenómeno de la ocupación ilegal llega ya a unos límites
completamente insospechados. No es difícil encontrar manuales del
perfecto okupa, alguno editado por aquellas personas que, casualmente,
increpaban a los turistas este verano; y, casualmente, publicaciones
elaboradas conjuntamente con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
casualmente liderada, hasta que fue alcaldesa de Barcelona, por la señora
Colau. Y no es chocante que la señora Colau haya aprobado en el
Ayuntamiento de Barcelona un procedimiento de desalojos privados en
bienes inmuebles, sobre cómo debe actuar la guardia urbana para que no se
produzcan esos desalojos. Pero voy más allá. En las ciudades del cambio,
como, por ejemplo, Santiago de Compostela, en vez de tomar medidas contra
la ocupación y los actos violentos de okupas del 30 de junio en esa
ciudad, el señor Noriega apoyó los actos violentos que allí estaban
sucediendo, donde se utilizaron piedras, palos y tornillos. Señores de
Podemos, donde ustedes gobiernan no se preocupan por los padres, las
madres o los niños que puedan estar en algún riesgo, sino, al contrario,
se ocupan de aquellos que violan la propiedad, de aquellos que causan
inseguridad a sus vecinos haciendo imposible la convivencia. Señorías,
están con las mafias, que lo único que hacen es especular con la pobreza
de aquellos que lo necesitan, de los realmente necesitados.
(Protestas.— Aplausos). Esas mafias que en muchos casos
imposibilitan el acceso a pisos sociales...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora APARICIO CALZADA: ... a familias en riesgo de exclusión
social. (Protestas).

Voy terminando.

Señorías, la presente moción es en favor del Estado de derecho,
una moción que pretende recuperar la propiedad privada, que pretende que
se cree un marco normativo con las suficientes garantías para reponer en
sus derechos a los propietarios de los inmuebles usurpados, para una
convivencia social y pacífica, para que las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado se encuentren amparadas…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora APARICIO CALZADA: ... para poder intervenir ante actos
vandálicos, como ha venido sucediendo últimamente, y comportamientos
incívicos de muchos ocupantes.

Termino agradeciendo al Grupo Socialista y al Grupo Vasco las
aportaciones realizadas, que sin duda han enriquecido la moción que a
continuación se va a aprobar, que, como he dicho, afecta a todos los
españoles, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de
vista de la propiedad.

Gracias. (Fuertes aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aparicio.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación a la
moción del Grupo Parlamentario Popular, firmada por el Grupo
Parlamentario Popular, el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237;
votos emitidos, 236; a favor, 210; en contra, 20; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).

El señor presidente da lectura al punto 5.3 del orden del
día.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado siete
enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto —tres por
iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, y una a iniciativa de los
senadores Alegre, Crisol y Marcos—; una del Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición
Canaria; y dos del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Marí. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, senador Marí.

El señor MARÍ TORRES: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.

Las políticas educativas que desarrollan las diferentes
administraciones son básicas para garantizar una sociedad equitativa,
democrática, justa, activa, cohesionada y competitiva. En una sociedad
moderna como la española las administraciones tienen que establecer
mecanismos que permitan ofrecer las mismas oportunidades a todos los
ciudadanos, independientemente de sus circunstancias personales,
familiares o sociales. El avance de una sociedad depende en gran medida
de una buena educación. Por ello, ofrecer a los niños que provienen de
situaciones desfavorecidas la posibilidad no solo de asistir al colegio
con las mismas condiciones que cualquier otro niño, sino ofrecerles todo
el apoyo necesario para que alcancen el nivel que les corresponde según
sus aptitudes innatas en materia educacional lograría que sus
oportunidades futuras se multiplicasen. Hay que saber sacar el potencial
de cada alumno desde su singularidad. Todo el mundo tiene unas
capacidades, pero no tienen por qué ser las mismas.

Señorías, la escuela debe atender a la diversidad para compensar
los efectos de la desigualdad que surge por contextos económicos o
sociales diferenciados en el alumnado. La educación es una herramienta
clave para favorecer la igualdad de oportunidades entre el alumnado
socialmente más desfavorecido. Una educación de calidad que contemple
medidas que favorezcan la atención a la diversidad es un elemento
esencial para el éxito social y para el progreso de una sociedad. El
sistema educativo que no dé respuesta a esta realidad es una barrera a la
prosperidad de todos los ciudadanos, señorías.

Según diferentes estudios, las medidas que se pueden contemplar
para hacer frente a esta realidad pueden ir dese el uso de las nuevas
tecnologías, TIC, para reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje
hasta los programas de apoyo, los planes de fomento a la lectura, el
acceso adecuado a internet de todos los centros educativos, el refuerzo
de la acción tutorial, la formación del profesorado y facilitar el
intercambio de experiencias y buenas prácticas, entre otras. La
estrategia más adecuada es aquella que apuesta por la autonomía de los
centros y la negociación de las soluciones con la administración
educativa.

Señorías, la reducción del fracaso escolar y la atención a la
población más desfavorecida es uno de los objetivos prioritarios de este
Gobierno. Muestra de ello es el nuevo crédito de 30 millones de euros
presupuestados en los Presupuestos Generales del Estado de 2017
destinados a la formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado,
para refuerzo educativo y para atender mejor a la población escolar más
desfavorecida.

Para reducir la tasa de fracaso escolar es imprescindible el
compromiso de todas las comunidades, pues son estas las que tienen las
competencias educativas, de ahí la necesidad de la cooperación
territorial, la coordinación entre administraciones. En este sentido, no
podemos entender cómo algunas comunidades se cierran al diálogo al no
asistir a las Conferencias de Presidentes. Si queremos que el fracaso
escolar de hoy no sea el problema del mañana, todas las comunidades
autónomas, todas las administraciones, todos los partidos políticos
debemos trabajar unidos para conseguirlo.

Otro elemento esencial para frenar el fracaso escolar en la
población más desfavorecida es la necesidad de propiciar la autonomía de
los centros, autonomía que, además, se ajuste con sus propuestas a su
propia realidad y a sus necesidades, estableciendo sus propios planes de
mejora que les permitan tomar decisiones para poder adaptar las medidas
compensatorias a la realidad particular de cada niño, basándose en un
análisis exhaustivo de las fortalezas y debilidades del centro.

Señorías, cuando un escolar no está recibiendo adecuadamente un
tratamiento y no rinde como toca es necesario y urgente investigar las
causas, dejando al margen partidismos y discusiones políticas estériles,
buscando lo que nos une en beneficio de toda la sociedad. Tenemos que ser
capaces de encontrar juntos el punto donde converge la coordinación de
todos los profesionales relacionados con el desarrollo y la atención
integral de los adolescentes. Por eso la existencia de un protocolo
determinado en cada centro educativo determinará y ayudará a los alumnos
que sufran fracaso escolar por diferentes causas: obtener un diagnóstico
correcto —permítanme el símil con la medicina— permitirá
aplicar un tratamiento eficaz.

Gracias al esfuerzo de todos los españoles hemos conseguido por
primera vez en la historia reducir el abandono escolar hasta tasas
del 18,2 %. Comunidades como Madrid y Castilla y León, que presentan una
tasa de abandono escolar que se acerca a los objetivos europeos
para 2020, son modelos de éxito que debemos exportar a otras comunidades,
en donde se da una atención individualizada, con programas de refuerzo
específico, con metodologías de aprendizaje más innovadoras, con una gran
oferta de formación profesional.

El objetivo de España para 2020 es reducir la tasa de abandono
escolar hasta el 15 %. El Gobierno del Partido Popular es consciente de
que nos queda mucho por hacer, pero se está yendo por el buen camino,
señorías, se está yendo por el buen camino implantando medidas que ayudan
a reducir el fracaso escolar y mejoran el sistema educativo, le pese a
quien le pese, señorías. Al menos así se desprende del último informe
sobre el panorama de la educación española, elaborado a partir de los
indicadores de la OCDE de 2017.

Como ya comentó nuestro compañero Laureano León ayer, el Gobierno
está comprometido con la mejora del sistema educativo incrementando sus
recursos económicos —quiero recordar que el gasto público en
educación en 2017 se ha incrementado un 9,47 %— , como también
reforzando los programas de cooperación territorial, como el aprendizaje
de lenguas extranjeras, salud escolar, apoyo al refuerzo educativo, que
se ha hecho con un total de 23 millones de euros. Y además, en 2017 el
programa de financiación de libros de texto y material escolar se ha
incrementado, señorías, hasta unos 48,5 millones de euros, esto es,
el 50 % respecto a 2016. Asimismo, el Gobierno está dispuesto a revisar
la concesión de becas y ayudas al estudio que, por cierto, han
tenido 1420 millones de euros en el presupuesto de 2017, el presupuesto
más grande de la historia en cuanto a becas y ayudas al estudio. El plan
nacional de lucha contra la violencia escolar y el futuro pacto social y
político por la educación sin duda ayudarán a mejorar estos resultados.
Eso sí, si trabajamos todos los partidos políticos, administraciones,
agentes educativos, actores sociales y todas las comunidades autónomas de
manera conjunta y coordinada.

Señorías, esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular
es una moción en positivo, como la moción que presentamos contra el acoso
escolar, con el convencimiento de que contaremos con el apoyo del resto
de grupos parlamentarios de esta Cámara; con la absoluta convicción de
que en temas tan cruciales como este no caben los partidismos políticos,
no cabe el uso del profesorado, de las instituciones y entidades
educativas, y mucho menos, señorías, el uso de menores con intereses
políticos, (Aplausos), el uso de menores con intereses político como, por
desgracia, estamos viendo en estas últimas semanas.

Señoría, la única bandera legitimada para abanderar la educación
es el progreso de la sociedad española, y bajo esta bandera, no lo duden,
señorías, debemos estar todos. Ha quedado claro que el Gobierno tiene el
compromiso con la mejora de la educación: es evidente en el aumento de la
inversión, en los nuevos planes iniciados, en el refuerzo a los programas
de cooperación territorial y, además, lo ratifican los datos de la
OCDE.

Tan solo me queda dar las gracias a los diferentes grupos
parlamentarios por sus enmiendas —se han presentado siete, que
posteriormente mi compañera Ana González pasará a debatir— y
agradecerles sus propuestas y aportaciones. Solo una cosa: llama la
atención que algunos partidos políticos no hayan presentado ninguna
enmienda a nuestra moción. Esperemos que no sea porque se trata de una
moción del PP o porque se quieren ratificar en el «no es no», ya que con
los datos objetivos en la mano los ciudadanos no entenderían que no
lleguemos a acuerdos en positivo por el interés general.

Y quiero acabar con una frase de Federico García Lorca que expresa
claramente el sentimiento de un niño o una niña ante el fracaso escolar:
el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la
esperanza muerta.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marí.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Hay dos datos que creo que el senador del Partido Popular, del
grupo proponente, ya conoce: España es el segundo país con la tasa de
abandono más alta de la Unión Europea y cerca del 20 % de los jóvenes
entre 18 y 24 años abandonan los estudios, con lo cual estamos abocados a
dos palabras que se repiten mucho en su moción, que son el fracaso y el
abandono. Y otro fracaso sistemático del sistema educativo español: a las
personas con discapacidad, con diversidad funcional, tampoco se les
atiende adecuadamente en los centros ordinarios. Fracaso y abandono,
señorías, del Partido Popular.

Por eso nosotros seguimos insistiendo en la enmienda que hemos
presentado en que hay una ponencia en curso, un pacto educativo aquí en
el Senado, y hay una subcomisión del pacto de Estado en el Congreso que
tiene que actuar con el consenso de todos para superar el abandono y el
fracaso de estos alumnos; para que el conjunto de los partidos políticos
—usted lo ha dicho y recojo también sus palabras— abandonen
las posiciones enfrentadas, que abandonen los enfrentamientos y los
bucles, porque si el conjunto de los partidos políticos fracasamos con la
educación estaremos fracasando y haciendo fracasar a todo el sistema,
consiguiendo que el fracaso y el abandono —en este caso abandonar
nuestra responsabilidad en estas dos comisiones— sean un hecho. De
ahí que hayamos presentado una enmienda de adición que completaría el
texto para poner el foco en ese pacto de Estado de educación que supere
de una vez el fracaso y el abandono de la educación en nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Tiene la palabra el señor Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Senyories, una vegada més una moció relativa al sistema educatiu,
concretament al fracàs escolar. Crec que estarem tots d’acord en
instar el Govern per a impulsar mesures per a reduir al mínim el fracàs
escolar. Per això dic que des de Compromís estem d’acord en el fons
i en els objectius d’aquesta moció, però sempre amb esperit
constructiu hem presentat esmenes.

Senyors del PP, aquesta nova moció pretén frenar el fracàs escolar
després de les seves retallades, i a més acompanyar-la d’una
dotació pressupostaria o no-dotació pressupostària... en què quedem? Es
manifesten a favor de la reducció del fracàs escolar però no aporten més
pressupost. Posa de manifest com de poc els importa en el fons aquesta
qüestió. També ho demostra que mentre en la moció diuen: «se aseguren la
formación del profesorado» o «que doten con recursos materiales y humanos
adicionales», però s’haurien d’aclarir vostès. Diuen això
però després segons les dades del Ministeri d’Educació la inversió
en educació compensatòria per a aquest any ha sigut de 4,7 milions
d’euros, el 9 % menys que l’any anterior, i la despesa en
formació del professorat de 2,7 milions d’euros, 17 % menys que
l’any anterior. Senyors del PP, sense fons poca cosa s’ha de
poder fer.

Ara explicaré per els motius de demanar la eliminació del punt
primer, concretament en el seu apartat tercer. Un equip educatiu cobra
una nòmina pel seu treball i es suposa que treballa per voler millorar
l’educació i lluitar contra el fracàs escolar, com quelcom inherent
a la condició de docent. Per tant, més incentius professionals per un
esforç no és necessari; el que cal fer és reconèixer el seu esforç i
avalar-lo. Els treballadors del sector públic d’altres sectors no
reben un incentiu compensatori pel seu treball, siga quin siga la seva
efectivitat en el mateix.

Les altres següents esmenes són dos, que s’inclouen dins del
punt número 1, que demanen coses molt concretes, com ampliar el
finançament per a poder implementar el PMAR a 4t de l’ESO o
destinar fons a les comunitats autònomes per als programes d’aula
compartida, destinat a l’atenció de la diversitat. Aquest programes
deuen tindre com a objectiu treballar amb l’alumnat de risc
d’exclusió social i que presenta conductes disruptives, que aboquen
al fracàs escolar i a l’absentisme escolar. Per tant, molt adients
en aquesta moció.

I la tercera demana és garantir els fons necessaris a les
comunitats autònomes per a poder reduir ràtios, donar més autonomia als
centres educatius i per organitzar els continguts, tractar la
transformació de l’FP, i millorar la comprensió lectora i
l’orientació acadèmica per als estudiants.

Des de Compromís esperem que accepten estes esmenes perquè
milloren la moció, perquè simplement reflecteixen la necessitat
d’aportar més finançament a eixes funcions que vostès diuen que hem
de fer, i perquè, com fa el Govern del Botànic al País Valencià, que des
de la seva entrada som el territori (per cert, al senyor del Partit
Popular se li ha oblidat recordar entre les comunitats autònomes el País
Valencià) a l’entrada del Govern del Botànic, és el territori que
ha reduït més el fracàs escolar en este temps, per tant prioritzant
recursos econòmics i fent realment polítiques per a la gent nosaltres
demostrem que sense posar la mà a la caixa i sense balafiar en
macroprojectes i fastos som capaços de revertir el fracàs escolar amb el
mateix finançament que tenim actualment, eixe infrafinançament que des
del País Valencià reivindiquem contínuament.

Gracies, senyor president.

Señorías, una vez más una moción relativa al sistema educativo,
concretamente al fracaso escolar. Creo que estaremos todos de acuerdo en
instar al Gobierno para adoptar medidas para reducir al mínimo el fracaso
escolar. Por eso digo que Compromís está de acuerdo tanto en el fondo
como en los objetivos, pero siempre con intención de mejora hemos
presentado enmiendas.

Señores del PP, esta nueva moción pretende frenar el fracaso
escolar tras sus recortes y, además, acompañarla de una dotación
presupuestaria. ¿O no dotación presupuestaria? ¿En qué quedamos? Se
manifiestan a favor de la reducción del fracaso escolar, pero no aportan
más presupuesto. Esto pone de manifiesto lo poco que les importa en el
fondo esta cuestión. También lo demuestra que dicen en la moción: que
mientras se asegure la formación del profesorado o que doten con recursos
materiales y humanos adicionales. Pero se tendrían que aclarar ustedes,
porque dicen esto pero después, según los datos del Ministerio de
Educación, la inversión en educación compensatoria para este año ha sido
de 4,7 millones de euros, el 9 % menos que el año pasado, y el gasto en
formación del profesorado de 2,7 millones de euros, un 17 % menos que el
año anterior. Señores del PP, sin fondos poca cosa se podrá hacer.

Ahora explicaré los motivos de pedir la eliminación del punto 1,
apartado tercero. Un equipo educativo cobra una nómina por su trabajo y
se supone que trabaja porque quiere mejorar la educación y lucha contra
el fracaso escolar como algo inherente a la función de docente. Por
tanto, más incentivos profesionales para un esfuerzo no son necesarios;
lo que hay que hacer es reconocer su esfuerzo y avalarlo. Los
trabajadores del sector público y de otros sectores no reciben un
incentivo compensatorio por su trabajo, sea cual sea su efectividad en
él.

Las siguientes enmiendas son dos, que se incluyen en el punto
número 1 y que piden cosas muy concretas como ampliar la financiación
para poder aplicar el PMAR a primero de la ESO o destinar fondos a las
comunidades autónomas para los programas de aula compartida, destinada a
la atención a la diversidad. Los programas han de tener como objetivo
trabajar en el alumnado con riesgo de exclusión social y que presenta
conductas disruptivas que abocan al fracaso y al absentismo escolar. Por
tanto, muy oportunas para esta moción.

La tercera demanda es garantizar los fondos necesarios a las
comunidades autónomas para poder reducir ratios, dar más autonomía a los
centros educativos y para organizar los contenidos, tratar la
transformación de la FP y mejorar la comprensión lectora y la interacción
académica para los estudiantes.

En Compromís esperamos que acepten estas enmiendas, porque mejoran
la moción, porque simplemente reflejan la necesidad de aportar más
financiación a esas funciones que ustedes dicen que tenemos que hacer y
porque desde la entrada del Gobierno del Botánico en el País Valenciano
somos el territorio que ha reducido más el fracaso escolar en este tiempo
—por cierto, al señor del PP se le ha olvidado recordar entre las
comunidades autónomas al País Valenciano—. Por lo tanto,
priorizando recursos económicos y haciendo realmente políticas para la
gente, nosotros demostramos que, sin meter la mano en la caja y sin
despilfarrar en macroproyectos y fastos, somos capaces de revertir el
fracaso escolar con la misma financiación que tenemos actualmente, esa
infrafinanciación que desde el País Valenciano reivindicamos
continuamente.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Nacionalista, tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenos días
de nuevo, señorías.

La Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria quiere
aportar a este debate un matiz que consideramos no se debe pasar por
alto, que es el reconocimiento a las particularidades de cada territorio,
de cada comunidad autónoma, así como la necesaria coordinación con los
programas ya existentes en ellas.

No debemos olvidar que estamos en una Cámara de representación
territorial, que debemos darle sentido a esa oportunidad que nos otorgan
la Constitución y el Reglamento de esta Cámara, y por ello consideramos
que estamos en el lugar idóneo para poner en valor el trabajo que se
realiza en cada comunidad autónoma y partir desde cada una de las
realidades existentes. También estamos en el lugar idóneo para instar al
Gobierno a que escuche a las comunidades autónomas a la hora de poner en
marcha este tipo de iniciativas, que son muy loables, pero que no pueden
aplicarse sin una modulación a cada comunidad autónoma en función de sus
especificidades.

Por eso valoramos positivamente la coordinación de la que hablan
en el punto número dos, pero sería mejor aún si fuese previa a la
implantación de las medidas porque hay comunidades autónomas, señorías,
que ya tienen mucho trabajo avanzado en estos aspectos que se detallan.
Por ejemplo, Canarias ha comenzado a aplicar innumerables medidas dentro
del Plan estratégico de atención a la diversidad, con refuerzo de
docentes en los niveles más tempranos, la incorporación de educadores
sociales o el refuerzo de los equipos específicos de orientación
psicopedagógica.

Todos sabemos la continua demanda de recursos que se le hace a la
administración educativa, tanto a la central como a las de las
comunidades autónomas, y por eso debemos ser exquisitos en el gasto de
cada euro, por eso debemos partir de una coordinación previa —y
recalco lo de coordinación previa— que no genere duplicidades en el
gasto y que alcance las mayores cotas de eficiencia, destinándose en cada
lugar a los aspectos que la administración educativa más cercana allá
donde se aplique considere, porque para eso es la que realmente conoce
las necesidades de cada territorio.

Por todo ello, esperamos que tengan a bien incluir nuestra
enmienda en su propuesta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Lima.

La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, no sé muy bien cómo empezar. Hemos presentado dos
enmiendas a este texto y la primera habla justamente de la financiación
porque, lógicamente, si queremos prevenir el fracaso escolar tenemos que
hablar de financiación. Ustedes se han referido a ciertas cantidades, a
una partida de 30 millones de euros —que parece que hayan buscado
una partida a bote pronto y hayan dicho que va estar destinada a
formación del profesorado, a planes de prevención de acoso escolar,
etcétera—, el presupuesto que acompaña a esta moción es de 1,5
millones de euros, etcétera.

Pero les voy a poner un ejemplo para explicarme mejor: estoy
hablando de la partida 322G, relativa a educación compensatoria. La
educación compensatoria previene las desigualdades, evita la exclusión
social del alumnado, es fundamental; es necesaria una partida
presupuestaria para los matices culturales y de la diversidad que
fomentan la convivencia y la cooperación y fortalecen la cohesión social.
Pues bien, desde 2012, cuando esa misma partida de educación
compensatoria contaba con 170 millones, en los últimos años no llega a 5
millones de euros. Por lo tanto, es una situación difícil de imaginar,
difícil de explicar al alumnado, al sistema educativo, a la estructura en
general, a la familia, cuando, por otro lado, la situación de crisis
afecta también al fracaso escolar de los hijos e hijas en el sistema
educativo. O sea, es muy difícil explicar a la ciudadanía cómo sin
inversión se pueden erradicar este tipo de problemas, como el fracaso
escolar. Siempre lo digo y nunca me canso de decirlo: el amor a nuestro
pueblo se demuestra con los presupuestos.

La segunda enmienda —que parece que sí que podría ser
aceptada— habla del respeto a las competencias educativas de las
comunidades autónomas y a la coordinación y colaboración entre
territorios. Reconocerlo es un paso fundamental y por ello hemos
presentado esa enmienda, porque tienen tan interiorizado y tan
naturalizado el centralismo que era lógico presentarla para recordarlo.
Un gobierno con esta ideología centralista es muy difícil que respete la
diversidad que existe en los distintos territorios y pensábamos que era
importante hacerlo explícito con la segunda enmienda.

Voy terminando, señor presidente. Ustedes impulsan la creación de
planes contra el fracaso escolar, pero ya existen; en los centros
escolares ya se han anticipado, como suelen hacer, y ya existen dichos
planes. El problema y lo que se reivindica es esa inversión, esa
financiación, que tiene que aumentar drásticamente. Son los centros
escolares y el profesorado los primeros agentes en detectar el fracaso
escolar y los que pueden mover las fichas para evitarlo.

No quiero que se me olvide que un factor importante que provoca
fracaso escolar es la pobreza infantil, y ustedes no quieren verlo, no
quieren verlo. Es duro, es duro, pero hay que reconocer que somos el
tercer país de Europa, detrás de Rumanía y Grecia, en pobreza infantil;
somos campeones en pobreza infantil. Repito, los factores socioeconómicos
están estrechamente vinculados con el fracaso escolar de nuestros niños y
de nuestras niñas. Termino aquí.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.

La senadora González tiene la palabra, para indicar si acepta o no
las enmiendas.

La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, presidente. Señorías, voy a ir
enmienda por enmienda.

Admitimos la enmienda de adición de Ciudadanos. Aunque esta es una
propuesta específica y detallada, por supuesto que el referente y la
vista está en ese pacto de Estado en el que el Partido Popular cree y por
el que va a apostar y a trabajar durante todo este año para que salga
adelante.

Grupo Mixto. El senador Navarrete, de Compromís, ha planteado dos
cuestiones. La primera consiste en una serie de propuestas y medidas de
tipo general, que entendemos que se ajustan más a las medidas sobre las
que podremos debatir y discutir en la ponencia del pacto de Estado. Ha
hablado usted, por ejemplo, de las aulas compartidas, de ampliar los PMAR
educativos, de la transformación de la FP, pero el objetivo de esta
propuesta es mucho más específico, es un paso concreto, siempre, como le
decía, con el referente del pacto de Estado.

Y habla de financiación. Efectivamente, la financiación es
fundamental. En mi opinión, y así respondo también a la senadora de
Podemos, hay una partida específica de 30 millones de euros, un programa
que se denomina 322L, de la sección 18, que recoge 30 millones de euros
para trabajar contra el fracaso escolar. ¿Le parece a usted poca apuesta
de financiación para atajar el fracaso escolar? Nosotros estamos
convencidos de que es un primer paso, igual que ayer y esta mañana se ha
hablado de las partidas de diciembre de cooperación territorial
precisamente para ese plan contra el abandono escolar.

Al senador Rodríguez, del grupo canario, quiero decirle que nos
parece muy aceptable la enmienda. Mejora el texto, efectivamente. Hay que
tener en cuenta el diagnóstico y los planes que se están poniendo en
marcha. Nos parecen muy interesantes los que ha presentado usted hoy aquí
y se deberían recoger en ese último punto, en el que hablamos de la
plataforma donde se contrasten experiencias. Admitimos igualmente la
enmienda de la senadora de Podemos, que mejora el texto. Esa plataforma
tiene que estar compuesta por las comunidades autónomas y por la
administración educativa del Gobierno.

No puedo admitir la enmienda del senador Navarrete, de Compromís.
Yo tengo puesta la palabra «inherente» a la labor docente, como ha dicho
usted, para atender a la diversidad. Pero nuestros docentes también
necesitan un reconocimiento, nos piden una carrera docente y qué mejor
manera de hacerlo que reconocérselo a aquellos centros educativos, a
aquellos profesores, a aquellos docentes que se comprometan con proyectos
específicos de mejora, porque no solo es fundamental la participación de
la comunidad educativa, sino tener unos profesores comprometidos y sobre
todo reconocidos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora González.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Señorías, para Ciudadanos la educación es una prioridad máxima en
esta legislatura. Lo plasmamos en nuestro programa electoral y lo
exigimos en el acuerdo de investidura. La puesta en marcha del pacto por
la educación en la subcomisión del Congreso y en la ponencia del Senado
auguraba que, por fin, en este país tendríamos una ley acordada por las
fuerzas políticas y sociales. Esperamos que en todos los grupos
parlamentarios estemos a la altura. Urge trabajar en una ley de educación
que combine excelencia e inclusión social; un plan contra el fracaso
escolar para que ningún niño se quede atrás y dejemos de ser el país de
Europa con más repeticiones y abandono escolar.

Acabo, señorías, apuntando tres propuestas en las que deberíamos
avanzar: primero, reformar la carrera profesional de los profesores;
segundo, reducir las desigualdades, como el coste de los libros de texto;
y tercero, premiar e incentivar a aquellas universidades que tienen
mejores resultados en empleabilidad, investigación y docencia.

En todos los países avanzados de Europa la educación se toma como
una política de Estado y no como un arma para resaltar diferencias.
Señorías, les pedimos que expongan su propuesta en el marco de la
ponencia de educación para que puedan ser incluidas en un futuro pacto de
Estado.

Finalizo anunciándoles que los senadores de Ciudadanos vamos a
votar a favor de la moción con la incorporación de nuestra enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gràcies, senyor president, i molt
breument.

Gràcies per les explicacions i el debat inclusiu, positiu i en to
positivista d’esta moció als companys del Partit Popular i només
posar una nota negativa, senyors del PP, una consideració important: si
alguns grups parlamentaris no presenten esmenes, hi ha retrets per la
seua part, i si en presentem, ens ignoren, perquè no ens han vingut ni a
explicar el per què sí i el per què no. M’he assabentat de la
posició del Partit Popular respecte a les nostres esmenes ara, aquí.
Trobo que sent conscients que a altres grups parlamentaris sí que vostès
s’han arrimat a preguntar-los el per què sí i el per què no, i
intentar transaccionar, i a mi m’han ignorat. Per un costat demanen
que presentem esmenes, i per l’altre costat, ens ignoren. Trobo que
hi ha una disfunció prou important.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve.

Gracias por las explicaciones y el debate inclusivo y en tono
positivista de esta moción a los compañeros del Grupo Popular. Solo
quiero poner una nota negativa, señores del Grupo Popular, una
consideración importante. Si algunos grupos parlamentarios no presentan
enmiendas, ustedes lo censuran y, si las presentamos, nos ignoran, porque
no nos han explicado por qué sí y por qué no. Me he enterado de la
posición del Grupo Popular sobre nuestras enmiendas aquí y ahora. Somos
conscientes de que a otros grupos parlamentarios les han explicado por
qué sí y por qué no y han transaccionado, pero a mí me han ignorado. Por
un lado, piden que presentemos enmiendas y, por otro, nos ignoran. Creo
que hay una disfunción bastante importante.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias; senador Navarrete.

Tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, el artículo 26 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a la educación.
La educación debe ser gratuita, al menos, en lo concerniente a la
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada y el acceso a los estudios superiores será igual para todos
en función de los méritos respectivos. Toda persona tiene derecho a la
educación y el acceso a los estudios superiores será igual para
todos.

Y yo les pregunto, señorías: ¿Estamos cumpliendo este derecho
fundamental? ¿España garantiza un sistema gratuito, igualitario y justo?
Me temo mucho que no y, desgraciadamente, nos costará mucho alcanzar este
nivel. Y no voy a reproducir todo lo que dije ayer con ocasión de otra
moción que debatimos aquí, porque con solo un dato es más que suficiente:
recortes de 9000 millones de euros desde 2009 a 2014 en el presupuesto
concerniente a educación. Y la culpa no es solo de la crisis.

España tiene la mayor tasa de abandono educativo prematuro de la
Unión Europea, lo que origina un gravísimo perjuicio, no solo para los
jóvenes que se ven privados de oportunidades, sino también para toda la
sociedad española. Se calcula que el coste de la tasa de abandono
educativo prematuro oscila entre el 5,9 % y el 10,7 % del gasto del
producto interior bruto. Recortar en educación es aumentar la brecha
social, favorecer la injusticia y las clases sociales. Es del todo
preciso aumentar progresivamente el gasto público en educación, priorizar
la política de becas, atender las desigualdades territoriales, adoptar
las políticas que favorezcan la igualdad y la inclusión, como puede ser
asegurar la gratuidad de libros de textos escolares. En este punto me
gustaría destacar la importante labor que hace el Cabildo Insular de La
Gomera en esta y en otras muchas líneas de ayudas al estudio de todos los
jóvenes.

Me agrada el deseo de llegar a acuerdos, de aceptar enmiendas que
he observado en el Grupo Parlamentario Popular en relación con enmiendas
de otros grupos, pero creo que no es del todo suficiente. Estoy de
acuerdo con que hay que luchar contra el fracaso escolar, hay que tomar
más medidas, hay que hacer más dotaciones presupuestarias y, como tampoco
he visto que eso vaya a suceder ahora mismo, la Agrupación Socialista
Gomera se va a abstener en la presente votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, España sigue liderando el ranking de los países europeos
con las más altas tasas de fracaso escolar y abandono prematuro de los
estudios. Decía Óscar González, premio Magisterio en 2013, que el fracaso
escolar es, en realidad, un fracaso social puesto que todos tenemos, en
mayor o menor medida, un cierto grado de responsabilidad: las familias,
los docentes, la Administración, etcétera. Quizás sea el momento de
preguntarnos qué estamos haciendo mal para no seguir cometiendo y cayendo
en los mismos errores. Lo que como Administración no se puede seguir
permitiendo es que exista una relación de causalidad tan directa entre el
nivel socioeconómico de las familias y el rendimiento del alumnado en la
escuela, como así lo corroboran diferentes estudios. De ahí que la
educación sea, quizá, una de esas áreas trasversales que debemos mimar
para poder progresar como sociedad, al igual que otras como el empleo, la
sanidad o la asistencia social.

Esta moción que nos presenta hoy el Grupo Popular, a la cual hemos
presentado una enmienda de adición, ya defendida con anterioridad y que
muy amablemente han incluido en su propuesta, nos parece un complemento
de lo que debe ser el engranaje del sistema educativo. Suena muy bien eso
de poner en marcha medidas para frenar el fracaso escolar en la población
más desfavorecida, pero, ¿qué pasa con la LOMCE, una ley redactada a
espaldas de la comunidad educativa, clasista y segregadora? ¿Qué
políticas pondrá en marcha el Gobierno para frenar el empleo precario y
la pobreza en los hogares españoles? ¿Qué pasa con la pobreza infantil y
con los recortes en las becas? Porque, señorías, todo ello también
repercute en el fracaso escolar y con mayor incidencia en la población
más desfavorecida.

Por todo ello, la Agrupación Herreña Independiente, Coalición
Canaria, apoyará esta moción, pero con los matices, reticencias y
condicionantes que he apuntado durante mi intervención y espero que sean
abordados en un futuro.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, presidente.

En primer lugar, y al hilo de la intervención del senador
Navarrete, quiero decir al Grupo Popular que lecciones de
parlamentarismo, ninguna. Es cierto que se pueden presentar enmiendas,
pero cuando un grupo decide no hacerlo es porque tiene sus motivos.
También es verdad que no nos vamos a sumar a su estilo de presentar
enmiendas, que son prácticamente siempre de sustitución, haciendo que lo
que presenta cualquier grupo de la oposición carezca de sentido para que
sea lo suyo lo que salga adelante.

Ciertamente no entendemos que haya enmienda posible a esta moción;
por eso deben admitir mi sorpresa. Ayer debatimos sobre el tema de
educación, un tema que nos preocupa, y lo digo en castellano, porque ayer
lo dije en euskera y quizá a alguno de ustedes se les escapó el detalle.
Nos preocupa el tema de la educación, sin duda, y nos llama la atención
que, estando en un momento de debate en el ámbito del Pacto por la
Educación, como he dicho en todos esos foros en los que se nos lleva a
debatir sobre ese tema, se traiga una moción sobre un punto tan concreto
y con un asunto que en ocasiones, cuando se presentan enmiendas, se
deriva al Pacto por la Educación para que se debata allí. Cuando no les
interesa aceptarlo, siempre hay algún foro en el que se puede debatir.
Entiendan, pues, mi sorpresa, y se lo dice alguien que es representante
del Partido Nacionalista Vasco, un partido de Gobierno que sabe lo que es
estar en el ejercicio parlamentario con el equipo en el Gobierno. Pero
aunque sea una cuestión de cupo, seamos un poco responsables a la hora de
concretar la moción que se presenta.

Nos plantean medidas para atajar el fracaso escolar. Ustedes
hablan de llegar al objetivo del 15 % porque España está en el 18,2 % y
Euskadi en el 7,3 %. ¿Qué enmienda les voy a presentar yo si la tasa que
tenemos en Euskadi es del 7,3 %? Por tanto, piden ustedes que se
establezcan unas medidas, pero permítanme que les diga que nos llaman
poderosamente la atención porque van a unos niveles que entendemos
básicos. Ustedes dicen: El Senado insta al Gobierno a que ponga en
marcha, coordinando con las comunidades autónomas —y ahora se
acuerdan que estas son sus competencias—, medidas para frenar el
fracaso escolar de la población desfavorecida. Y dentro de esas medidas
nos hablan de lo que todo docente tiene que estar implementando ya,
tenga 18,2 % o 7,3 %, porque los que tenemos 7,3 % también tendremos que
seguir haciendo los deberes y tendremos que seguir sacando adelante a
esos alumnos y alumnas que no llegan, y más aún a los
desfavorecidos.

¿Pero de verdad pueden ustedes pensar que los docentes van a estar
esperando a que el Senado debata en esta moción que se asegure la
formación del profesorado, las TIC, el desarrollo de planes de mejora o
la evaluación de innovaciones? Eso es de facto. Yo no puedo hablar en
nombre de los claustros de toda España, pero sí le puedo decir que eso
tiene que estar ya de base. No hace falta debatir una moción en el Senado
para que se llegue a ello. Nos llama la atención. Y también lo decía la
consejera Uriarte el lunes, cuando se reunió con todos los agentes,
porque ahora parece que hay que escuchar a todos. Ustedes hablan del
compromiso de todas las comunidades autónomas porque tienen sus
competencias. Bienvenidos a reconocer las competencias de las comunidades
autónomas. Y se cierran al diálogo por no asistir a la Conferencia de
Presidentes. ¿Es que ahora hace falta el diálogo?






¿Y qué hacía falta
antes de la LOMCE? ¿Dónde estaba el diálogo? Porque la comunidad
educativa no fue escuchada, señorías del Grupo Popular. Pero además,
¿diálogo para qué, si luego su camino es plantear recursos? Porque les
recuerdo que el Gobierno tiene recurridas las becas. Ayer también lo dije
en euskera, y por si no lo entendieron lo repito: seguimos sin entender
por qué después de muchas décadas en las que ha funcionado no funciona
ahora y se presenta recurso al canto. ¿Dónde está la voluntad de diálogo?
Sinceramente no lo entendemos.

Permítanme que antes de que se me acabe el tiempo les diga las
palabras de la consejera y alguna cosa más. La educación mundial está
experimentando un cambio de paradigma que nos obliga a todas y a todos a
evolucionar. Los cambios metodológicos en la enseñanza y en el
aprendizaje exigen de un análisis, y eso lo compartimos, señorías. El
aprendizaje exige de un análisis de las diferentes visiones que conforman
esa comunidad educativa a la que ustedes no quisieron escuchar, por lo
menos la comunidad educativa vasca sí que considera que debe hacerlo. Así
lo manifestaba, como les decía, la consejera Uriarte el lunes cuando se
reunía con todos.

Permítanme solo un segundo para decirles una cosa respecto al uso
de los menores. Ayer por la noche también escuché en la televisión a
alguien que lo decía, pero yo lo quiero decir alto y claro. Las
educadoras y docentes de Cataluña, como ha mencionado antes algún
compañero suyo, y de Euskadi no adoctrinamos a nuestros alumnos y
alumnas. Yo soy educadora, señor García Albiol; he ejercido durante más
de veinte años mi docencia y no he adoctrinado a los alumnos...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: ... los he educado y he intentado
que tuvieran una educación íntegra para que en un futuro pudieran llegar
a decidir lo que quisieran. Hace un rato se ha hecho alusión en el debate
en esta Cámara —y ayer en televisión se hablaba de Euskadi y de
Cataluña— al uso de los menores, y los discursos que se hacen no
por repetirlos un montón de veces van a ser verdad, porque no se ajustan
a la realidad.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no hay
intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Lima.

La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, presidente.

Como siempre, leo en la moción palabras maravillosas y estupendas.
Hasta me dan ganas de coger sus mociones, enmarcarlas y ponerlas en la
pared de mi despacho. Las declaraciones de intenciones son siempre buenas
y maravillosas, como las que hacemos en año nuevo cuando prometemos dejar
de fumar, correr más, hacer más ejercicio, leer más libros, etcétera,
igual. Pero mientras hacemos textos tan maravillosos, en la vida real
vemos que en los centros escolares no se cubren las necesidades de la
atención a la diversidad con recursos. Jóvenes estudiantes sordos no
tienen acceso el primer día del aula porque no tienen el recurso de la
interpretación de lengua de signos. Y eso está pasando a día de hoy. Lo
digo porque un compañero del Partido Popular antes ha dicho que la
atención a la diversidad estaba incluida y era un pilar de la LOMCE, y
permítanme que lo desmienta. Pido que se haga una reforma urgente de la
ley educativa que tenemos en España.

Volviendo al tema. La organización Save the Children dice que la
educación juega un papel fundamental para paliar la desigualdad y que si
existe desigualdad es la educación la que lo explica perfectamente. En
España, se ha fomentado en las últimas décadas la movilidad social de
amplios sectores de la población. El problema es que en la educación
existen límites dependiendo de las característica e idiosincrasia de los
niños y niñas, y estoy hablando de factores socioeconómicos, culturales,
etcétera. Estos niños y niñas necesitan recursos específicos y concretos.
Y hasta ahora se ha demostrado que la gestión desde el punto de vista
educativo del Partido Popular ha sido nefasta, y eso viene por la falta
de inversión y los recortes que ha habido en educación.

Ahora vamos a hablar de datos. ¿Conocen ustedes la frase de que
una imagen vale más que mil palabras? Pues en las Cámaras son los datos
los que nos completan ese escenario. No lo dice Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, lo dice la OCDC, ya mencionada: desde 2003 a 2012 el
nivel socioeconómico ha influido negativamente en los resultados
educativos en un 24 %. Eso significa que en España la tasa de abandono
escolar ha crecido a los niveles más altos de Europa —repito, de
Europa— y nos da muchísima vergüenza.

¿Saben cuánto nos cuesta el abandono escolar en relación con el
producto interior bruto? Del 5,9 % al 10,7 %. Ese es el coste del
abandono escolar prematuro en nuestro producto interior bruto. Será mejor
que empecemos a invertir, de una vez por todas, en una población con
formación, con un desarrollo vital adecuado, para poder revertir esa
situación.

Para terminar, me gustaría decir que el fracaso escolar es una
muestra de la nefasta gestión, a nivel educativo, del Gobierno actual del
Partido Popular. Proponen una moción para erradicar el fracaso escolar,
pero del fracaso de su gestión no les va a salvar ningún programa ni
ningún plan. Eso lo tenemos claro.

El problema de las tasas que tenemos actualmente en nuestro país
es del Partido Popular y de su nefasta ley, su inefable ley, llamada
LOMCE, que es tan horrible que no puede tener otro apelativo que
inefable. Tiene que desaparecer de inmediato.

Señorías, menos mociones descafeinadas y mucha más inversión en
educación. Vamos abstenernos en esta moción, porque las palabras son
maravillosas, pero esperaremos a los hechos para votar que sí.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Fernández Blanco.

El señor FERNÁNDEZ BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.

Como yo tampoco sé definir esta moción, me voy a ir a ayer. Ayer
decíamos que eran ustedes capaces de votar no a nuestra moción y
presentar esta moción hoy. Y sí, sí han sido ustedes capaces. Han sido
ustedes capaces de votar ayer no a las becas como derecho, a las tasas
universitarias gratuitas e iguales en todas las comunidades autónomas y a
igualar el presupuesto a la media de la OCDE.

Presentan una moción difícil de definir, pero es que es difícil de
definir desde la exposición de motivos, que es una, y que nada tiene que
ver con el petitum de la moción y menos con la intervención del portavoz
aquí, en el Senado. Para todas las medidas que vehementemente ha
defendido el portavoz del Grupo Popular: 1,5 millones de euros; 1,5
millones de euros, sí, no se vaya a esa partida que dice que tienen los
presupuestos porque, evidentemente, esa partida estará ya regulada y
reglada para otras cosas.

Nosotros no hemos presentado ninguna enmienda, porque nuestra
enmienda es de sustitución a la LOMCE. El Grupo Socialista lo que quiere
es colaborar para cambiar esa ley, para cambiar la ley que no quiere
nadie en la comunidad educativa. Aprovecho para decir al señor ministro
que no puede ser un ministro a tiempo parcial; qué no, que se dedique el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que no puede estar enredando
palabras, portavoz aquí, portavoz, allí, y que, además, no utilice el
Pacto educativo como coartada para que la LOMCE siga aplicándose, que es
lo que está haciendo el señor ministro. Es, por tanto, una moción
difícil.

A ustedes, que tanto les gusta hablar de herencia, les voy a decir
lo que heredaron del Gobierno socialista. Programas de cooperación
territorial que servían para cohesionar, para unificar las políticas
educativas, con el fin de que el alumno, independientemente de la
comunidad autónoma a la que perteneciera, tuviera los mismos proyectos
—los mismos—: acceso a programas individualizados,
compensatoria, etcétera. Hablo, por ejemplo, del PROA o del PIRA, así
como de programas de mejora de la calidad educativa como el
Profundiza.

¿Este Gobierno que ha hecho? Recortes económicos, no, tijeretazos,
pero además dejando que cada comunidad autónoma se las arregle como
pueda. Renuncia así a liderar una política de Estado que es lo que tiene
que ser la política educativa.

Respecto a la atención a la diversidad, en 2012 había 77 millones
de euros y, en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, creo que
han sido 4 o 5 millones de euros. En 2011 había 13 programas de
cooperación territorial y ahora existen 7. Eso no tiene más discusión que
la de las palabras, pero no la de los hechos, que son los que son. Hay
menos programas, menos presupuestos y, además, el Ministerio de Educación
está trasfiriendo un 80 % menos de recursos a las comunidades autónomas
para estos programas. Le dijimos ayer que en 2011 Andalucía recibía 113
millones para estos programas y en 2017 recibe 13. Sí, señorías, 100
millones menos para este tipo de programas.

He leído un titular, que creo que es indicativo, de por qué no se
ha seguido ese camino y de adónde vamos. El titular viene del informe
Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español,
de 2017, realizado por la Fundación Ramón Areces y Sociedad y Educación.
El titular es: Los alumnos desfavorecidos sacan mejores notas de las
esperadas. El dato es el siguiente —se lo voy a leer—:
el 39,2 % de los estudiantes de 15 años con desventajas socioeconómicas
son resilientes. En España saca mejores resultados de los esperados un
porcentaje superior al promedio de los países de la OCDE, que es
del 29 %. ¿Saben por qué? Porque entre el 2006 y el 2012 hubo un
programa, el PROA, Programa de refuerzo, orientación y apoyo, con efectos
muy positivos que se ha eliminado con los recortes, pero cuyos beneficios
se han extendido en el tiempo. Es un programa que han dejado ustedes sin
un euro. No tiene un solo euro.

No utilicen el pacto educativo como coartada, pongámonos a hacer
realmente un pacto y pongámonos a cambiar una ley, la LOMCE, que nadie en
la comunidad educativa quiere.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Blanco.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
González.

La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, sinceramente, algunas intervenciones, especialmente las
del Grupo Socialista y PNV, me han dejado perpleja.

Señora Iparragirre, efectivamente aquí la propuesta era concreta,
detallada, específica y con el único objetivo de dar un paso adelante y
mirar hacia el futuro sin reproches y buscando puntos de encuentro.
Ustedes, como siempre, vuelven a los mismos argumentos, que son
fundamentalmente dos. El primero, la LOMCE, que efectivamente ha sido una
ley controvertida. Hemos parado, nos hemos sentado a dialogar y nos hemos
puesto de acuerdo para poner en marcha un pacto de Estado. Respecto a la
excusa del senador socialista cuando se ha metido con el ministro
diciendo que es un ministro a medias, perdóneme que le diga que la LOMCE
es un argumento desfasado que no justifica su posicionamiento para esta
moción.

Y el segundo argumento son de nuevo los recortes. Sí, hemos pasado
momentos difíciles, se tuvieron que hacer ajustes, algunos más acertados,
otros menos, pero en todo momento se pretendió no atentar contra la
calidad educativa. Según han ido pasando los años, hemos mejorado las
partidas presupuestarias. Aunque ustedes digan que no y aunque los
números se puedan mirar de forma diferente, está claro que hay, no una
partida presupuestaria de 1,5 millones, sino 30 millones de euros
dedicados a luchar contra el fracaso escolar.

Ayer, mis compañeros les expusieron todas las partidas aprobadas
en diciembre en el Consejo de Ministros para poner en marcha programas
contra el abandono escolar. Pero ustedes se están posicionando en el
sectarismo político y van a decir que no porque es una propuesta del
Grupo Popular. Nuestros alumnos y el fracaso escolar no deben mirarse con
ningún color político. Estamos hablando de una propuesta concreta y no
entendemos cómo van a poder justificar su voto en contra. No podemos
entender que ustedes voten en contra de fomentar la participación en los
planes de mejora, de fomentar la formación del profesorado, de dotar de
recursos materiales y personales a los centros educativos, de reconocer
el compromiso de los equipos educativos. No sé qué excusa van a dar. La
LOMCE y los recortes son excusas que ustedes ponen siempre encima de la
mesa, pero podrían dejar de mirar por el retrovisor y empezar a mirar
hacia delante. Esta es una medida concreta y muy específica, que sería
muy sencilla de aplicar si ustedes tuvieran la disposición de aprobarla y
sacarla adelante. Su postura es simplemente la de un no porque no, porque
lo presenta el Grupo Popular y porque ustedes lo único que quieren es
abanderar la educación y las propuestas para la educación. Y como le
decía mi compañero, el senador que ha presentado la moción, esto no tiene
nada que ver con el color político, sino con avanzar y seguir hacia
delante. Por supuesto que hay una partida presupuestaria comprometida,
por supuesto que nos encontramos con unos datos de abandono y fracaso que
dejan a España en muy mal lugar, pero también es cierto que durante los
últimos años hemos avanzado. Y no es que el Gobierno se quiera echar la
flor y presumir de ese avance, porque el avance es real y lo es gracias
al compromiso de las comunidades autónomas y de la comunidad educativa,
que apuesta y trabaja por poner en marcha medidas que luchen contra el
fracaso escolar.

Miren ustedes, la ciudadanía nos ha pedido y nos está pidiendo a
gritos un pacto de Estado, un pacto político y social a favor de la
educación. Por eso, creo que no entenderán de ninguna manera que el Grupo
Socialista y el PNV voten en contra de esta propuesta concreta, sencilla,
directa, realizada en coordinación con las comunidades autónomas, y a
favor de avanzar hacia delante y cumplir con los objetivos 2020. Estamos
hablando de personas y de datos y, desde luego, el Partido Popular les
tiende la mano para que recojan y aprueben esta propuesta concreta y
específica, que es un pequeño y primer paso para que este otoño sea un
otoño movido en educación y lleguemos a acuerdos, que es lo que nos está
pidiendo la ciudadanía.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora González.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, después de la votación de esta moción seguiremos con el
orden del día, es decir, no pararemos para comer, pero la primera
votación que haya será a partir de las cuatro de la tarde.

Votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular, con la
incorporación de las siguientes enmiendas aceptadas: la 58527, de
Ciudadanos, la 58538 del Grupo Nacionalista y la 58541 del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241;
votos emitidos, 239; a favor, 149; en contra, 6; abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.— El señor
vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Salgan en silencio,
señorías, para poder comenzar. Salgan en silencio, por favor.