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DS. Senado, Pleno, núm. 34, de 14/06/2017
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ


Sesión núm. 18


celebrada el miércoles, 14 de junio de 2017


ORDEN DEL DÍA






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DEBATE DE TOTALIDAD




Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 148.1 DEL
REGLAMENTO DEL SENADO.


621/000002
presupuesto del Estado; proyecto de ley

Presupuestos







TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO




Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y
los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia
de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la
evasión fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992,
que fue hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2015. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000032
relación bilateral; evasión fiscal;
México









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de asistencia jurídica gratuita. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


624/000004
asistencia judicial; modificación de la
ley


Justicia





Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de
julio, de Jurisdicción Voluntaria.


624/000003
ayuda a los discapacitados; política social;
jurisdicción; juez; interés legítimo


para las Políticas Integrales de la Discapacidad





Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DEBATE DE TOTALIDAD





PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL
AÑO 2017. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 148.1 DEL
REGLAMENTO DEL SENADO.


621/000002

Presupuestos


Comienza el debate de las impugnaciones de las secciones, que se
tramitan como propuestas de veto.


Sección 01.


La señora Gorrochategui Azurmendi defiende la impugnación número
42, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


La señora Cortès Gès defiende la impugnación número 60, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Altava Lavall,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 03.


La señora Palencia García defiende la impugnación número 43, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández
González, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 04.


La señora Castel Fort defiende la impugnación número 61, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ramírez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 06.


El señor Ayats i Bartrina defiende la impugnación número 62, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo
Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 08.


La señora Cánovas Essard defiende la impugnación número 44, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Ayala
Santamaría, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 12.


El señor Gil García defiende la impugnación número 23, del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Villanueva Ruiz defiende la impugnación número 45, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor Martí Deulofeu defiende la impugnación número 63, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


El señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la impugnación número 2.


En turno en contra hacen uso de la palabra la señora Lucio Gómez
y la señora Sánchez Zaplana, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Sección 13.


El señor Rodríguez Esquerdo defiende la impugnación número 24,
del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Comorera Estarellas defiende la impugnación número 46,
del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor Estradé Palau defiende la impugnación número 64, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


La señora Abad Giralt defiende la impugnación número 8,
presentada por esta senadora y el señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Muñoz de la
Iglesia, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 14.


El señor Álvarez Villazán defiende la impugnación número 25, del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Vilà Galán defiende la impugnación número 47, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor Castellana Gamisans defiende la impugnación número 65,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


La señora Abad Giralt defiende la impugnación número 9,
presentada por esta senadora y el señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez
Comendador Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 15 y sección 36.


El señor Rubio Ruiz defiende la impugnación número 26, del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Martínez Ruiz defiende la impugnación número 48, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


La señora Pérez Esteve defiende la impugnación número 66, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


El señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende las impugnaciones números 3 y 7.


En turno en contra hacen uso de la palabra el señor Martínez
Arcas y el señor Valverde Menchero, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Sección 16.


La señora Iglesias Parra defiende la impugnación número 27, del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Mora Grande defiende la impugnación número 49, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor Masih Nahar defiende la impugnación número 67, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


La señora Abad Giralt defiende la impugnación número 10,
presentada por esta senadora y el señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hacen uso de la palabra el señor Represa
Fernández y el señor Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.


Sección 17.


El señor Delgado Jiménez defiende la impugnación número 28, del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Garrido Gutiérrez defiende la impugnación número 50,
del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


La señora Castel Fort defiende la impugnación número 68, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


El señor Bagué Roura defiende la Impugnación número 13,
presentada por este senador y el señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sánchez Díaz,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 18


El señor Menacho Villalba y el señor Montes Jort defienden la
impugnación número 29, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Arrieta Arrieta defiende la impugnación número 51, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor Picornell Grenzner defiende la impugnación número 69,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


El señor Bagué Roura defiende la impugnación número 14,
presentada por este senador y el señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hacen uso de la palabra el señor
Soler-Espiauba Gallo, la señora Torrado de Castro y la señora Mallol Gil,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 19 y Sección 60.


El señor Oñate Marín y el señor Varela Sánchez defienden las
impugnaciones números 30 y 36, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Mesón Miguel defiende las impugnaciones números 52 y 57,
del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor Rufà Gràcia defiende las impugnaciones números 70 y 76,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


La señora Rivero Segalàs defiende las impugnaciones números 15 y
19, presentadas por el señor Cleries i Gonzàlez y la propia señora Rivero
Segalàs, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno en contra hacen uso de la palabra la señora Rodríguez
Rueda y la señora Soto Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Sección 20.


La señora Delgado Oval defiende la impugnación número 31, del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Jiménez García defiende la impugnación número 53, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor Castellana Gamisans defiende la impugnación número 71,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


La señora Abad Giralt defiende la impugnación número 11,
presentada por esta senadora y el señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hacen uso de la palabra el señor Pascual
Madina, el señor Almodóbar Barceló y el señor Ramis Socías, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 23.


La señora Víboras Jiménez y el señor Palomo García defienden la
impugnación número 32, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Angustia Gómez defiende la impugnación número 54, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor Aubà Fleix defiende la impugnación número 72, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


La señora Rivero Segalàs defiende la impugnación número 16,
presentada por el señor Cleries i Gonzàlez y la propia señora Rivero
Segalàs, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno en contra hacen uso de la palabra el señor Cotillas
López y la señora Pons Vila, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Sección 25.


El señor Rodríguez Esquerdo defiende la impugnación número 33,
del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Cortès Gès defiende la impugnación número 73, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


El señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la impugnación número 4.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández
González, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 26.


El señor Martínez Olmos defiende la impugnación número 34, del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Freixanet Mateo y la señora Palencia García defienden
la impugnación número 55, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.


La señora Azamar Capdevila defiende la impugnación número 74, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


La señora Rivero Segalàs defiende la impugnación número 17, del
señor Cleries i Gonzàlez y la propia señora Rivero Segalàs, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hacen uso de la palabra la señora Sánchez
Torregrosa, la señora González López y el señor Alarcó Hernández, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 27.


El señor Caballos Mojeda defiende la impugnación número 35, del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Martínez Ruiz defiende la impugnación número 56, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor Rufà Gràcia defiende la impugnación número 75, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


La señora Rivero Segalàs defiende la impugnación número 18,
presentada por el señor Cleries i Gonzàlez y la propia señora Rivero
Segalàs, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno en contra hacen uso de la palabra la señora Contreras
Olmedo y la señora Serrano Argüello, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.


Sección 31.


El señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la impugnación número 5.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández
González, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 32.


El señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la impugnación número 6.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Valverde
Menchero, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Alegre Buxeda y el
señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Cortès
Gès, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor
Martínez Ruiz, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea; el señor Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y
el señor De las Heras Muela, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para el senador señor Pérez Pastor, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en
sentido contrario a las impugnaciones de las secciones.


Se procede a votar.
...................................................................................


Se rechazan todas las impugnaciones de las secciones.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA
Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA
DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y PREVENIR EL FRAUDE Y LA
EVASIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 1992,
QUE FUE HECHO EN MADRID EL 17 DE DICIEMBRE DE 2015. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000032



No se han presentado propuestas a este protocolo.


El señor Martí Deulofeu manifiesta que el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana se abstendrá en la votación.


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para el senador señor Pérez Pastor, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en
sentido favorable.


Se autoriza este protocolo, con el siguiente resultado:
presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 240 más 1 voto telemático, 241; abstenciones,
15.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/1996, DE 10
DE ENERO, DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


624/000004

Justicia


El señor Altava Lavall, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Comorera
Estarellas, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.


En turno de portavoces intervienen el señor Estradé Palau, por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Comorera
Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, y el señor Represa Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Comienza el debate de los votos particulares.


La señora Abad Giralt defiende las enmiendas 6 a 11, presentadas
por el señor Cleries i Gonzàlez y la propia señora Abad Giralt, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Navarrete Pla defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto números 1 a 5, inicialmente presentadas por el señor
Mulet García y el propio señor Navarrete Pla.


El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 27 y 28, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Estradé Palau defiende las enmiendas 12 a 26, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


El señor Comorera Estarellas defiende las enmiendas 29 a 37, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez
Comendador Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Abad Giralt, el
señor Rodríguez Cejas, la señora Domínguez de Posada Puertas y la señora
Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz
Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Estradé Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la
señora Cánovas Essard, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Represa Fernández, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se procede a votar.


Se rechazan todas las enmiendas.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales la proposición de
ley.









PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/2015, DE 2
DE JULIO, DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.


624/000003

para las Políticas Integrales de la
Discapacidad



El señor Goñi Merino, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Martí Deulofeu defiende las enmiendas 13 a 17,
presentadas por el señor Estradé Palau y el propio señor Martí Deulofeu,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


La señora Rivero Segalàs defiende las enmiendas 1 a 4, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Cleries i
Gonzàlez y la propia señora Rivero Segalàs.


La señora Ahedo Ceza defiende las enmiendas 7 y 18 a 20, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


En turno en contra hace uso de la palabra la señora González
López, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Anuncia la
presentación de la propuesta de modificación del dictamen.


En turno de portavoces intervienen la señora Rivero Segalàs y la
señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la
señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana; la señora Gorrochategui Azurmendi, por el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor De Lara
Guerrero, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Acedo Reyes,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar.


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 47319.


Se aprueban aquellas partes de la proposición de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.


El señor presidente informa a la Cámara de que, tal como dispone
el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.


Se levanta la sesión a las veinte horas y veinte minutos.








Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DEBATE DE TOTALIDAD





PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL
AÑO 2017. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 148.1 DEL
REGLAMENTO DEL SENADO.


621/000002

Presupuestos


El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate de las impugnaciones
que se tramitan como propuesta de veto. En primer lugar,
sección 01.


Para la defensa de la impugnación número 42, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
senadora Gorrochategui. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la
Presidencia).


La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Gracias, presidente.


Buenos días, senadoras y senadores. Disminución del gasto público
y reducción en gastos sociales.


Estos presupuestos siguen la tendencia a la baja, implacable, que
se inició ya en los presupuestos del año 2010. Y no es porque la crisis
económica se esté superando, como dice el Gobierno, en el sentido de que
las desigualdades sociales no necesiten ser equilibradas por medio del
gasto público. No lo es, porque el 28 % de la ciudadanía vive en riesgo
de pobreza y exclusión social. Además, desde el inicio de la crisis,
España es uno de los países de Europa en los que más ha aumentado la
desigualdad. Así que, si no es por eso, ¿por qué no utilizar el gasto
público para reducir la fractura social? El ministro Montoro nos explicó
ayer que era porque no había suficientes ingresos.


A pesar de que ha habido una espectacular subida del empleo, los
ingresos por rentas de trabajo no han sido suficientes para paliar esa
falta de ingresos públicos. Podríamos hablar de por qué no hay
suficientes ingresos, pero no es el momento. Es el momento de decir que,
ante esa falta de ingresos suficientes para reducir la fractura social,
el Gobierno ha creído, sin embargo, que sí había dinero para aumentar la
asignación a la Casa Real. Son 40 millones de euros de aumento para la
Casa Real. Y ello a pesar de que la Corona no es, en teoría, una
institución de poder político. Sin embargo, a pesar de no tener poder
político y de no cumplir funciones de poder político, el rey, el titular
de la Corona, merece un aumento sustancial en sus ingresos que le coloca
en una posición asalariada, a costa del dinero público, mejor que la del
presidente del Gobierno.


¿Por qué el rey necesita tanto dinero? El rey es una persona
rica. Era rico ya con el dinero público a cargo de los presupuestos; era
rico. ¿Por qué necesita dinero? No es porque no pueda encender la
calefacción algunos días en invierno. No es porque su cesta de la compra
no esté llena de alimentos de calidad. No es porque le falten metros
cuadrados de techo. No es porque la escuela de sus hijas carezca de
recursos materiales o de personal suficientemente preparado. No es porque
tenga que elegir entre trabajar o cuidar de su familia. No es porque no
tenga quien cuide a sus ancianos padres, por ejemplo, o a quien tenga una
dependencia importante. No es porque tenga que planificar cuándo va a ir
al dentista, si es que va, al margen de la necesidad que tenga. No le
faltan las vacaciones ni la práctica de los deportes que le gustan, todos
ellos. No tiene dificultades para acceder a la cultura ni al ocio. Es
rico. Lo tiene todo a costa del dinero público. Entonces, ¿por qué el
Gobierno ha creído que el rey merece aumentar sus ingresos mientras la
ciudadanía no merece que se le aumente el gasto social? (Aplausos).


Senadoras y senadores, estamos en el siglo XXI, en una democracia
constitucional; 1789 queda demasiado lejos como para estar pensando en
reyes y reinas que viven a costa de la cosecha del pueblo.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Termino, presidente.


Es tiempo de que el Estado garantice una sociedad igualitaria en
la que sus ciudadanos vivan de forma libre y con todas sus necesidades
materiales suficientemente cubiertas.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para defender
la impugnación número 60, tiene la palabra la senadora Cortès.


La señora CORTÈS GÈS: Buenos días, presidente, señorías.


Año tras año, Esquerra Republicana presenta una enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado cuestionando la asignación que recibe
la Casa Real. Año tras año, gobierne el Partido Popular o gobierne el
Partido Socialista, el grupo parlamentario del Gobierno zanja el debate
afirmando y reafirmando que la cantidad asignada es la que se le ha
asignado siempre, actualizada, claro está, porque el coste de la vida
sube también para los reyes y para los príncipes, y que no hay motivos
para no modificarla.


Con esta actitud lo que hace el Gobierno es negar el debate,
cuando el debate de hoy es precisamente cuánto dinero cobra el jefe del
Estado. Lo cierto es que a nosotros, a nuestro grupo parlamentario, nos
parece algo excesivo que el jefe del Estado cobre 21 419 euros al
día, 7 818 000 euros al año, y que en este presupuesto se le haya
incrementado el sueldo en 43 850 euros, cantidad que muchas familias no
cobran al año, ni mucho menos. ¡No está mal el sueldo! Más aun teniendo
en cuenta que ni paga el Palacio de la Zarzuela, ni ninguno de los
frecuentes viajes, ni sus convites, ni sus cenas, ni los actos a los que
asiste. Repito: 21 419 euros al día o, lo que es lo mismo: Felipe de
Borbón cobra en un día tanto como la media de ingresos netos de las
familias de España en todo el año. (Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Popular: ¡Mentira!). ¡Verdad! (Aplausos). Aunque el Partido
Popular exprese desde su bancada que estamos diciendo una mentira, no es
ninguna mentira, es verdad. Este es el precio que tienen que pagar por
votar a favor de sus presupuestos. En cinco días, cobra más que el
presidente del Gobierno en todo el año. Sí, señores, sí, y todo ello
sabiendo que palacios, jardines y castillos —de uso exclusivo de la
familia real— son pagados y mantenidos por toda la ciudadanía, al
margen de los 8 millones de euros que tiene asignada la Casa Real. Para
ello, ya está la partida de más de 6 millones de euros de apoyo a la
gestión administrativa de la Jefatura del Estado del Ministerio de
Presidencia —la que votan la bancada de los populares—, de la
misma manera que para los viajes oficiales también existe una partida en
el Ministerio de Asuntos Exteriores y que la Guardia Real la paga el
Ministerio de Defensa, o que sus palacios de El Pardo, Marivent o La
Mareta los paga Patrimonio Nacional, y sin tener en cuenta tampoco que el
rey no paga impuestos. Qué bien, ¿no? Su riqueza, gracias al Gobierno, se
incrementa con este presupuesto. No obstante, como ustedes están tan en
desacuerdo, les vamos a proponer una transacción: restamos de la partida
de Casa Real de los presupuestos del Estado los casi 300 000 euros que
cobran Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia y les asignamos una
pensión por jubilación, eso sí, si es que han cotizado. Si no han
cotizado, que cobren la pensión no contributiva. ¿Qué les parece, se
conformarían los dos con 400 euros al mes? ¿Subimos un poco más y lo
dejamos en 700 euros al mes en catorce pagas, es decir, 9800 euros al
año? Esto es lo que cobran la mayoría de los pensionistas, y algunos no
llegan ni a cobrar esto. Por lo tanto, en vez de decir tantas mentiras,
nosotros les decimos: ¡menuda poca vergüenza tienen ustedes!


En conclusión, vamos a mantener la enmienda a los presupuestos de
la Casa Real.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (San Alonso): Gracias, senadora
Cortès.


Para el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Altava.


El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.


En primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero
desear la pronta recuperación del senador Antich. Esperamos verle muy
pronto entre nosotros. (Aplausos).


Señorías, año tras año —any rere any, como diría alguno de
nosotros—, nos encontramos con los mismos argumentos para el
rechazo; y nosotros, desde luego, con los mismos argumentos —y
alguno más— para su defensa.


Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, como puso ayer
de manifiesto el señor ministro y todos los portavoces que intervinieron,
pretenden afianzar la consolidación del crecimiento económico, la
creación de empleo, garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas
y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Y
al cumplimiento de esos objetivos, señorías, contribuye también el
presupuesto de la Casa Real.


No es cierto lo que se dice en la enmienda 43, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y tampoco lo que
dice la enmienda 65, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana,
respecto a las propuestas de veto.


Señorías, la Casa de Su Majestad el Rey no es ajena a la realidad
de España. En momentos de crisis, se congeló su presupuesto, en 2010;
en 2011 se recortó un 5,2 %; en 2012, un 2 %; en 2013, un 4 %; en 2014
—añadido a todo lo anterior—, un 2 %; y se volvió a congelar
en 2015 y en 2016. Ahora, solo ahora, en 2017, tiene un incremento
del 0,5 %, 43 000 euros más. No como dice la enmienda del Grupo
Parlamentario Podemos, en su propuesta de veto, en la que figura un
incremento de más de 40 millones de euros. No es verdad, señorías. Hay
que leer bien el presupuesto, desde luego, de manera bien intencionada.
No se aumenta en más de 40 millones de euros, solo en 43 000,
un 0,5 %.


El rey, señorías, es la cabeza de la Casa Real, y el presupuesto
no lo recibe personalmente sino de manera global para la Casa Real, tal y
como establece el artículo 65.1 de la Constitución. Y el, como jefe de
esa casa, lo distribuye libremente. Por tanto, no es solo el sueldo del
rey, es la asignación anual a la casa del rey y, por tanto, contra ese
presupuesto van los salarios, retribuciones, gastos y prestaciones
sociales de todo el personal, incluyendo altos cargos, funcionarios y
personal laboral, así como gastos corrientes, no solamente los de
protocolo o de viajes sino de mantenimiento, reparaciones y otros. En
otras palabras, como cualquier otra institución del Estado tienen su
propio presupuesto autónomo. La enmienda 43, de Podemos, pretende dejar a
la Casa Real con un 25 % de su actual presupuesto. Y la propuesta de veto
de Esquerra Republicana propone dejar a la Casa Real con un 1 % del
actual presupuesto.


La Casa Real, señorías, desarrolla la labor reconocida en el
Título II de la Constitución, como bien conocen, artículos 56 a 65,
asumiendo la más alta representación del Estado, y eso se puede comprobar
porque la actuación del rey es ejemplar en todo el mundo, según se
reconoce en foros internacionales, y cumple con sus obligaciones
constitucionales dadas por todos en la Constitución como jefe de Estado.
Además, señorías, la Casa de Su Majestad el Rey actúa con total
transparencia. Podría no tener, pero tiene, desde el año 2014
—ustedes reconocen la transparencia en su propuesta de veto—,
una auditoría anual a través de la Intervención General de la
Administración del Estado. En la propia página web, que es pública, a la
cual pueden acceder, hay una pestaña que se llama: transparencia que, si
se abre, aparece la información organizativa y de aplicación, la
normativa que rige la Casa de Su Majestad el Rey, y la información
económica, presupuestaria y estadística, con una subpestaña de solicitud
de información abierta para cualquier ciudadano que tenga interés en
alguna partida en concreto; por cierto, todo eso aprobado con la
Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, firmada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y
sancionada por el rey emérito Juan Carlos I.


Señorías, en el primer informe que ha elaborado el Consejo de
Transparencia y buen Gobierno, la Casa de Su Majestad el Rey ha
conseguido 9,42 puntos sobre 10, siendo así la cuarta institución del
Estado en transparencia detrás del Tribunal de Cuentas, el Consejo
General del Poder Judicial y del Banco de España. Sería deseable que
todas las instituciones tuviéramos esa misma obligación y transparencia
que tiene la Casa Real.


En resumen, señorías, la Casa de Su Majestad el Rey es una
institución recogida constitucionalmente, que tiene su presupuesto, que
se ha visto reducido y congelado durante los últimos siete años, y que
después obtiene un ligero incremento del 0,56 % para realizar una labor
de Estado propia de la posición institucional que ocupa, en cumplimiento
de las obligaciones constitucionales que tiene asignadas. La Casa de Su
Majestad el Rey tiene un presupuesto cuya finalidad es que el jefe del
Estado pueda ejercer, con la independencia que le corresponde, su labor
constitucional y, además, en cumplimiento de la legislación vigente, es
una institución transparente, como ustedes mismos también reconocen, y
consecuente con la realidad social y económica del país.


Por eso, señorías, señor presidente, el presupuesto de la Casa de
Su Majestad el Rey contribuye también a alcanzar esos compromisos de
consolidación de la recuperación económica, de empleo y de reducción del
déficit público, que he puesto de manifiesto, y, por ello, vamos a
rechazar las dos propuestas de veto presentadas a la sección 01. Tampoco
vamos a aceptar la transaccional sorpresiva que hoy mismo se nos acaba de
plantear.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Altava.


Pasamos a la sección 03.


Para la defensa de la impugnación número 43, por el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
senadora Palencia.


La señora PALENCIA GARCÍA: Muchas gracias.


Señorías, antes de comenzar, quiero mandar un afectuoso saludo y
todos los ánimos al senador Antich de parte de nuestro grupo, Podemos-En
Comú Podem-En Marea.


Nosotros hemos presentado una enmienda a esta sección, una
sección que se ocupa del Tribunal de Cuentas, porque creemos que es un
órgano fundamental para la lucha contra la corrupción. Un órgano
fundamental para la lucha contra la corrupción no puede sufrir una merma
en su presupuesto. La ley define al Tribunal de Cuentas como el órgano
supremo fiscalizador de las cuentas del Estado, así como fiscalizador de
la actividad económica de los partidos políticos.


Pues bien, el panorama actual de corrupción política y falta de
transparencia, principalmente por los casos de corrupción que abandera el
Partido Popular, hace, si cabe, más necesario reforzar la acción de los
organismos que fiscalicen las cuentas públicas y mejoren la calidad
democrática de nuestro sistema. En este punto, el Tribunal de Cuentas
debe jugar un papel fundamental con recursos suficientes, que devuelva la
credibilidad a nuestro sistema democrático. Destinar escasos recursos a
un órgano vital para nuestro sistema democrático podría entenderse como
una forma de evitar o impedir la detección de irregularidades, tanto del
propio Tribunal de Cuentas como de aquellos partidos que, precisamente,
apoyan esta escasez de recursos y, a su vez, están incursos en procesos
de corrupción.


Es evidente que el gasto fijado para el Tribunal de Cuentas es
insuficiente y, además, hay que añadirle las numerosas quejas de cómo se
gestiona este insuficiente presupuesto. Estas quejas se centran, en
primer lugar, en la gestión arbitraria y opaca de las gratificaciones y,
además, denuncian el abuso de los procedimientos de contratación por
libre designación. Esto último no lo decimos nosotros, lo dicen
diferentes sentencias de diferentes tribunales de justicia. En segundo
lugar, resulta incomprensible el incremento de gastos superfluos como
aquellos destinados a algunas publicaciones o prensa y, en cambio, otros
gastos de mayor importancia para el personal, como puede ser el de
formación, se han reducido drásticamente en los últimos años. Un
funcionario insuficientemente formado y sin recursos dificulta seriamente
el trabajo de fiscalización, tanto de las cuentas del Estado como de la
fiscalización efectiva de la actividad económica de los partidos. Si bien
es cierto que la partida presupuestaria destinada a personal aumenta, es
cierto también que la destinada a la Seguridad Social no. En
consecuencia, aunque se actualizan los salarios de personal, dicha
partida no destina recursos a la contratación de nuevo personal, con lo
que se garantizaría una mejor fiscalización de las cuentas públicas.


Nosotros creemos que es necesaria y prioritaria la regeneración
de la institución. El Tribunal de Cuentas tiene que dejar de ser un
instrumento politizado, infrafinanciado y con una gestión puesta en duda
por los tribunales de justicia, que ha propiciado un campo de cultivo
ideal para que la corrupción campe a sus anchas por las filas del Partido
Popular.


En definitiva, apostar por la transparencia, eficacia y honradez
en las instituciones, no es romper discos duros a martillazos para
destruir pruebas y obstruir la acción de la justicia, ni utilizar de
forma partidista las instituciones del Estado. Apostar por la
transparencia, eficacia y honradez en las instituciones es dotar de
recursos suficientes a los órganos fiscalizadores y gestionar estos
recursos de una manera eficaz y transparente.


Muchísimas gracias.(Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Palencia.


Para el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Fernández González.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenos días, señorías. Por supuesto, nos sumamos a los deseos de
pronta recuperación del senador Antich.


Paso ahora a analizar y a señalar nuestra oposición a este veto
de la sección 03.


La sección 03 del presupuesto se refiere, como aquí se ha
indicado, al Tribunal de Cuentas que gestiona el programa relativo al
control externo del sector público, a través del cual el Tribunal de
Cuentas desarrolla sus actividades y sus funciones. Con este presupuesto,
al igual que en años anteriores, se garantiza que el funcionamiento del
Tribunal de Cuentas sea plenamente satisfactorio —así lo está
siendo hasta la fecha y, de hecho, en el funcionamiento del Tribunal de
Cuentas no se ha planteado ningún problema de insuficiencia
presupuestaria—.


Por lo que se refiere a su labor de fiscalización externa de la
actividad económica financiera del sector público, es cierto que el
Tribunal de Cuentas viene realizando su labor fiscalizadora de forma cada
vez más intensa y que cada vez abarca más ámbitos de dicha actividad y
además, se va poniendo al día y va actualizando sus informes de
fiscalización. Esta misma semana el presidente del Tribunal de Cuentas
tuvo ocasión de explicarnos en la comisión mixta los informes relativos a
las elecciones autonómicas de 2015, y eran informes que ya se hicieron en
el año 2015, es decir, se ha puesto de manifiesto que el Tribunal ya
aprueba sus informes en un plazo de tiempo muy razonable, y eso es porque
cuenta con medios personales y materiales para ello.


Por lo que se refiere a la función de enjuiciamiento, los datos
relativos a la tramitación de los asuntos relativos a la función
jurisdiccional hablan por sí solos. Durante 2016 han ingresado en la
Sección de Enjuiciamiento un total de 1236 asuntos y se han
resuelto 1338; es decir, con un presupuesto similar a este, el Tribunal
de Cuentas es capaz de resolver más asuntos de los que entran. Por tanto,
entendemos que el presupuesto correspondiente a esta sección garantiza el
correcto funcionamiento de una institución tan importante como la del
Tribunal de Cuentas.


Pero, por otro lado, hay que decir que este veto no ofrece ningún
argumento serio por el cual debería vetarse el presupuesto de esta
sección. Se limitan ustedes a afirmar que les parece extremadamente
insuficiente. A todos nos gustaría que en todos los programas hubiese más
fondos, pero precisamente para eso están los presupuestos, para repartir
esos fondos de forma equilibrada y eficiente. Lo cierto es que la única
razón que ofrece Podemos para sostener esta extrema insuficiencia es que,
según ustedes, no se piensa destinar más recursos para la contratación de
personal para dotar al Tribunal de Cuentas de los recursos humanos
necesarios para luchar contra la corrupción y el despilfarro en las
administraciones. Pues mire, señoría, esta razón es pura y llanamente
falsa. Precisamente durante los tres últimos años, con presupuestos
similares a este, el Tribunal de Cuentas ha sacado adelante convocatorias
para cubrir plazas en esa institución. Les voy a dar cifras y no meras
frases de propaganda como las suyas: en el año 2014, el Tribunal de
Cuentas convocó las siguientes plazas del Grupo A: 5 de letrados, 5 del
Cuerpo superior de auditores y 15 plazas del Cuerpo técnico de auditores.
En 2015 se convocaron 2 plazas de letrados, 10 del Cuerpo superior de
auditores y 15 del Cuerpo técnico de auditores. En 2016 —porque por
primera vez se hicieron convocatorias tres años seguidos— se
convocaron 5 de letrados, 5 del Cuerpo superior de auditores y 20 del
Cuerpo técnico de auditores. En 2017 la propuesta de empleo —que ya
se elevó al pleno del Tribunal, solo está pendiente de la aprobación de
estos presupuestos— prevé 8 plazas del Cuerpo superior de auditores
y 15 del Cuerpo técnico de auditores. ¿Y sabe por qué ya no convocan
plazas de letrados? Porque se ha llegado al número máximo que la Ley de
funcionamiento del tribunal establece para los letrados. Es decir, ya no
puede haber más plazas de letrados.


Por tanto, señoría, la realidad y los hechos demuestran que nada
más lejos de la verdad que lo que ustedes arguyen para fundamentar el
veto en esta sección. El Tribunal de Cuentas ha destinado todos los
recursos necesarios para cumplir su función.


Pero lo más llamativo del veto es que ustedes se basan en quejas
sobre cómo se gestiona el presupuesto. Ustedes se quejan porque creen
—y aquí lo han puesto de manifiesto— que hay una asignación
opaca, una asignación insuficiente y un abuso de procedimientos de
contratación; dicen incluso que hay gastos superfluos como los libros,
las publicaciones y las revistas —que no son revistas de
entretenimiento, son revistas técnicas—. Si ustedes no entienden
que hay que gastar dinero en libros para que una institución como el
Tribunal de Cuentas cumpla su función, no voy a venir yo a explicarles lo
importantes que son los libros en esta materia.


Son temas sobre cómo se ejecuta el presupuesto. Entonces, ¿qué
hay que hacer? Como se ejecuta mal el presupuesto, ¿lo que hay que hacer
es no aprobarlo? No, señoría, hay que ser coherente. Ustedes podrán estar
en desacuerdo con una sección, con un presupuesto por su contenido, no
por cómo se va a ejecutar después. Es como si ustedes dijeran que no
están de acuerdo con una ley porque no están conformes en cómo se va a
desarrollar después el reglamento que la ejecuta, o que no están de
acuerdo con el Tribunal de Cuentas porque no les gusta sus informes.
Ustedes tendrán que cuestionar por el contenido del presupuesto y no por
cómo se ejecuta.


En cualquier caso, me alegra que ustedes finalicen
diciendo...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Termino, señor presidente.


Me alegro de que terminen diciendo que es una institución
fundamental para el Estado de derecho y que necesita unos presupuestos
acordes con su relevancia. Y me alegro que digan esto porque yo tuve que
oírles decir en la Comisión Mixta que proponer al Tribunal de Cuentas
fiscalizar al sector público era como poner al zorro a cuidar de las
gallinas. Desde luego, ahora me alegro de que cambien esa forma de
entender el Tribunal de Cuentas y muten considerando que es lo que
realmente es: una institución fundamental para el Estado de derecho.


Como estamos convencidos de que con estos presupuestos el
Tribunal de Cuentas va a poder seguir funcionando a pleno rendimiento,
por ello nos oponemos al veto de esta sección —03— del
presupuesto. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Fernández
González.


Pasamos a la sección 04.


Para la defensa de la impugnación número 61, de Esquerra
Republicana, tiene la palabra la senadora Castel.


La señora CASTEL FORT: Buenos días.


Los y las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana presentamos enmienda a la totalidad a la sección 04,
correspondiente al Tribunal Constitucional, del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para este año 2017 y solicitamos su
devolución al Gobierno español.


Estos presupuestos refuerzan la instrumentalización política de
un tribunal que debería ser pulcramente independiente. Sin embargo, se
trata de un tribunal que, tras las reformas introducidas por el Ejecutivo
español, inadmite el 99 % de los recursos presentados. Se trata de un
tribunal que, tras las reformas introducidas por el Ejecutivo español,
provoca que la propia Comisión de Venecia, del Consejo de Europa,
dictamine que tiene dañada su independencia —repito, la Comisión de
Venecia dictaminó que el Tribunal Constitucional, tras la última reforma,
tiene dañada su independencia— porque se trata de un tribunal que
tiene la capacidad de hacer ejecutar sus propias sentencias. Se trata de
una fórmula que en Derecho Comparado es una auténtica excepción. La
Comisión de Venecia rechaza asimismo que el Tribunal Constitucional pueda
suspender cargos públicos porque atenta contra la neutralidad de la que
debería estar imbuido. Se trata de un tribunal que refuerza la represión
política, que refuerza la represión judicial del debate independentista
de Cataluña —repito, del debate, de debatir, de razonar, de hablar,
de intercambiar ideas—. Se trata de un tribunal que ha vuelto
ordinaria la convocatoria extraordinaria de plenos. Se trata de un
tribunal que admite recursos judiciales contra actuaciones políticas. Se
trata de un tribunal que suspende leyes aprobadas por el Parlament de
Catalunya —donde reside la soberanía del pueblo catalán— con
el único objetivo de reprimir a los adversarios políticos del Ejecutivo
español. Se trata, en definitiva, de un tribunal que se ha erigido en el
brazo ejecutor de la represión política. De manera que el Gobierno de
Mariano Rajoy intenta ganar con sentencias lo que es incapaz de ganar con
las urnas, porque se trata, en conclusión, de un Gobierno demofóbico y
demoescéptico, que teme las urnas y prefiere manipular las instituciones
para callar y hacer enmudecer las ideas políticas diferentes a las suyas.
Pero los catalanes, señorías, no enmudeceremos, no callaremos; les
aseguro que nos escucharán alto y claro.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Castel.


Por el Grupo Parlamentario Popular, para el turno en contra,
tiene la palabra el senador Ramírez Rodríguez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.


La actual enmienda, la número 61, de los Presupuestos Generales
del Estado, es una impugnación que eleva Esquerra Republicana de Cataluña
a la sección 04 sobre los presupuestos del Tribunal Constitucional.


Señorías, el Tribunal Constitucional cuenta con autonomía
presupuestaria y su presupuesto constituye la sección 04 de gastos de los
Presupuestos Generales del Estado.


Con arreglo a lo previsto en el artículo 10, apartado 3, de la
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el
Tribunal en pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano
constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección
independiente dentro de los Presupuestos Generales del Estado. En
consecuencia, el pleno del Tribunal procede a la aprobación del proyecto
de presupuestos de cada ejercicio para su incorporación a los
Presupuestos Generales del Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a
las Cortes Generales para su aprobación a través del Ministerio de
Hacienda y Función Pública.


Cuando en su momento se dieron a conocer las conclusiones de la
Comisión de Venecia, del Consejo de Europa, que emitió un informe sobre
la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 2015,
ustedes, los miembros de Junts pel Sí, se apresuraron a trasladar la
imagen de que dicho informe suponía un varapalo a la reforma y que
desautorizaba la instrumentalización del Tribunal Constitucional, que,
según ustedes, además también se pretendía. Cuando se pudo disponer del
texto completo del informe, se comprobó que lo que dice la Comisión de
Venecia no se correspondía con lo que ustedes deseaban, con lo que a
ustedes les convenía, lo que vendría a ser acorde con el mensaje que
ustedes envían en su impugnación. Al revés, el informe es un alegato
contundente a favor del necesario cumplimiento de las decisiones del
Tribunal Constitucional, y si se desautoriza a alguien es a quienes
pretenden situarse por encima de ellas y no acatarlas. La impresión que
se saca es que se trata de uno de los textos más lúcidos que se han
producido sobre la espinosa cuestión de la ejecución de las sentencias
del Tribunal Constitucional.


A nadie le cabe duda de que el efectivo cumplimiento de las
resoluciones del Tribunal Constitucional ha planteado dificultades de
cierto calado. Sin embargo, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional del año 2015 intentó dotar al alto tribunal de nuevos
instrumentos para la ejecución de sus resoluciones. Las dudas que, sin
embargo, algunos planteaban a la reforma acabaron materializándose en una
petición por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
para que la Comisión de Venecia examinara la adecuación a la reforma. La
conclusión del informe es que la reforma no contradice ningún estándar
europeo y, en ese sentido, avala la modificación efectuada.


Esta sería, de alguna manera, la emisión de la música y de la
letra de un disco rayado. Por mucho que ustedes se empeñen en el texto de
su impugnación en hablar de un tribunal político, en hablar de que este
es una especie de tribunal ad hoc, eso no se compadece en absoluto con la
realidad, como puede desprenderse del estudio de cualquiera de las
sentencias del Tribunal Constitucional, que no solamente le quita la
razón a un grupo, que no solamente se dedica a quitarles la razón a los
que van contra la ley —en este caso, los nacionalistas
independentistas catalanes—, sino a aquellos que no están
cumpliendo las leyes y la Constitución.


El Tribunal Constitucional es independiente y, en su función como
intérprete supremo de la Constitución, está sometido a la propia
Constitución y a dicha ley, a la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, atendiendo siempre a los principios de libertad,
igualdad, justicia y pluralismo político.


Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en
contra de esta impugnación, como hacemos cada año y se podría decir que
ya es tradición.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Ramírez.


Pasamos a la sección 06.


Para la defensa de la impugnación número 62, por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador
Ayats.


El señor AYATS I BARTRINA: Gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo parlamentario presenta este veto a la deuda
pública teniendo en cuenta que hace tiempo que ya supera el billón de
euros y se sitúa en torno al cien por cien del PIB, una deuda que se ha
reducido levemente por la caída de los tipos de interés gracias al Banco
Central Europeo —es cierto— y que también es verdad, se ha
cronificado.


Según el Gobierno, el endeudamiento conjunto de las
administraciones públicas será del 99 % del PIB este 2017. Se producirá,
pues, el segundo año de una leve disminución de la deuda pública después
de siete años de aumento debido a la crisis económica. En este periodo,
la deuda ha pasado del 35,6 % del PIB en 2008 hasta el 101 % en el primer
trimestre de 2016. Insisto, se producirá este leve descenso si se cumplen
las previsiones, previsiones sobre las que tenemos nuestras dudas, igual
que ha manifestado la Airef o el gobernador central respecto del
optimismo hacia los ingresos. En cualquier caso, una deuda que incluye la
producida por el rescate bancario —cerca de 90 000 millones de
euros—; la deuda del sector eléctrico, de más de 30 000 millones de
euros; la deuda producida por la construcción del AVE, de más de 24 000
millones de euros; o la deuda militar producida por la compra de
armamento obsoleto, que supera los 30 000 millones de euros. Es decir, un
conjunto de deudas que el Estado no ha permitido —y es una de las
razones básicas de este veto— que fueran auditadas públicamente por
autoridades independientes para conocer el detalle y la profundidad de
las mismas.


Como decía, y gracias a la balsámica intervención del Banco
Central Europeo, el tipo medio que paga España por la deuda ha caído en
picado en los últimos años. Como consecuencia, el Estado se
gastará 32 171 millones de euros en intereses —un 3,9 % menos y
lejos de los casi 37 000 millones destinados a esta partida en 2014;
cierto—, pero, eso sí, la cifra duplica más de los 16 000 millones
de euros que España pagaba en intereses al inicio de la crisis en 2008. Y
a esto se deben añadir posibles nuevos retos. Identificamos de momento
dos: demográficos —las generaciones futuras serán menos, por tanto,
serán menos a pagar— y porque algún día, más pronto que tarde, van
a subir los tipos de interés, y cuando suban los tipos de interés, este
problema se va a multiplicar.


En resumen, para ir terminando, no conocemos los detalles y el
alcance de nuestra deuda, ya que nunca se han permitido auditorías. Sobre
todo quiero insistir en que estos presupuestos no responden a estos retos
y desafíos que existen en la actualidad y que perpetúan un mismo modelo
de Estado que no compartimos, y así lo expresaremos democráticamente en
las urnas el próximo 1 de octubre.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias,
señoría.


Turno en contra.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
la senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


¡Qué desparpajo hace falta, señor Ayats, para ser uno de Esquerra
Republicana y venir aquí a cuestionar la deuda del presupuesto de 2017!
Hace falta, no ya valor, desparpajo (Aplausos); porque, claro, con lo que
tienen ustedes en Cataluña,... Una deuda que los gobiernos en los que
siempre ha estado Esquerra Republicana han hecho que pase del 12,7 %
al 35,4 % del PIB. Ustedes tienen credibilidad cero en materia de deuda,
deuda que no solo no reducen sino que siguen aumentando. Una deuda que
tiene la calificación 4 escalones por debajo del bono basura, señorías.
Una deuda que no compra ni el Banco Central Europeo —la deuda
catalana—. Y ustedes han estado siempre en esos gobiernos que han
dejado todo a deber y que han confiado en ese Estado español y en los
mecanismos de liquidez que ha puesto a disposición de las
administraciones territoriales el Gobierno del Partido Popular para que
puedan pagar los gastos de las medicinas de los catalanes, los gastos de
los hospitales de los catalanes, los gastos de las escuelas de los
catalanes y los gastos de las prestaciones en dependencia de los
catalanes. (Aplausos). Y ha merecido la pena, señorías, pero ustedes
tienen que decir la verdad.


Yo entiendo que es mucho más fácil ir con esos discursos, generar
esos debates políticos para tapar la realidad del desastre de unas
cuentas en las que ustedes, los de Esquerra, siempre han sido
indiscutibles protagonistas. Lo principal que ha aumentado la deuda han
sido los mecanismos de liquidez, que han supuesto que las comunidades
autónomas hayan recibido en estos años —desde
el 2012— 236 000 millones de euros. Pero, fíjese, de esos
doscientos y pico mil millones de euros, 67 000 millones de euros han ido
a pagar los servicios públicos fundamentales de los catalanes, porque
mientras el Gobierno catalán gasta en propaganda independentista, otros
tienen que ir a pagar las facturas que ustedes han dejado a deber de
forma sistemática. El Gobierno catalán se ha ahorrado en intereses 9000
millones de euros. Ojalá para ustedes fueran una prioridad, como lo es
para el Gobierno de España, la sanidad, la educación, la atención a las
personas, ojalá lo fueran, señorías. Porque tienen ustedes mucho que
aprender de deuda y no venir aquí a vetar la sección de deuda de los
Presupuestos Generales del Estado.


No entiendo muy bien qué es lo que quieren vetar. Ustedes dicen
en su veto que el Gobierno español está reduciendo la deuda. Claro, con
sus antecedentes, es eso lo que les parece mal;






como ustedes la quieren
subir indefinidamente, eso les parece mal. Pero, fíjense, nosotros
tenemos un horizonte. Está bajando la deuda —lo dicen ustedes en su
papel— hasta el 98,8 en 2017 y hasta el 92,2 en el año 2020.


Ustedes están en contra de la deuda porque, de hecho, presentan
enmiendas que plantean otra vez un gasto incontrolado —como han
hecho siempre— que no se sustenta en ingresos existentes. Eso es lo
que ustedes saben hacer. No nos han dicho tampoco que la deuda, con su
aplauso a aquellos gobiernos del señor Zapatero, subió entre 2007 y 2011,
la duplicaron, y que, aun así, no sirvió para nada, porque con una mala
política económica dejaban todo a deber, y nos dejaron al borde del
rescate. Aun así, los titulares decían que España era incapaz de ajustar
el déficit —que estaba en más de un 9 %, en 90 000 millones de
euros—, y ni siquiera decían la verdad sobre él ya que
dejaron 40 000 millones a deber en Fomento, 17 000 millones a deber en
Sanidad. Y ustedes esas políticas socialistas, como no puede ser de otra
forma, las aplaudían y las jaleaban. Cómplices también de todo eso.


Hoy ustedes plantean un veto. ¿Para qué? ¿Para que no baje la
deuda? Creo que fue más sincera ayer su portavoz, la senadora Cortès.
Ella decía que iban a vetar este presupuesto porque tenían otras
prioridades, y es verdad. La prioridad del Partido Popular es la creación
de empleo, más de medio millón de puestos de trabajo cada año —que
es lo que estamos haciendo porque es en lo que creemos—, esa es la
prioridad del Partido Popular, y por eso, porque lo hemos hecho, hoy
vemos cómo el Banco de España nos anuncia ya un crecimiento del 3,1 %
—6 décimas superior a lo que aparece en los presupuestos
generales—. Pero parece que a ustedes que vaya bien España
—Cataluña incluida, porque es parte de España— les molesta;
les molesta porque, como dice hoy el diario El País, la creación de
empleo marca récords; la demanda interna apenas pierde fuelle; las
exportaciones están en máximos históricos; se reduce la deuda privada y
mejora la competitividad de la economía española; y el crecimiento se
asienta sobre fundamentos sólidos y no sobre aquellos brotes verdes que
ustedes aplaudían y jaleaban con tanto entusiasmo.


Para terminar, señorías, les diré que la deuda la estamos bajando
y que estamos mejorando todas las variables económicas. ¿Saben por qué?
Es cuestión de credibilidad y de confianza; de una credibilidad y de una
confianza que está llegando de la mano de las reformas, de la mejora de
la competitividad y de las políticas económicas del Gobierno. ¿Eso no les
parece importante? Pues debería parecérselo, porque hoy pagamos 7000
millones menos en intereses de esa deuda porque hay confianza, porque
tenemos acceso a los mercados —no como el bono basura de la deuda
catalana—, porque pagamos menos intereses y tenemos mejores
condiciones de financiación. Y así podemos dedicar al gasto social 50 000
millones más de lo que en 2007. Yo creo que ustedes también en el fondo
confían en las políticas económicas del Gobierno español…


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.


Ustedes han oído hablar del informe Junqueras, ¿no? Lo que
ustedes mandan a los inversores internacionales en un informe remitido
por un departamento que depende del señor Junqueras, de la Generalidad de
Cataluña, es que confíen en que la Generalitat devolverá, que la
Generalitat responde, porque hay un mecanismo en España que se llama
fondo de liquidez autonómico. Lo que no les han dicho a los inversores es
que ese fondo de liquidez…


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: ... lo pone a disposición y responde
de él el Gobierno de España del Partido Popular.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Angulo.


Pasamos a la sección 08.


Para la defensa de la impugnación número 44, por el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
senadora Cánovas.


La señora CÁNOVAS ESSARD: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días.


Vamos a impugnar en concreto esta sección, la relativa al Consejo
General del Poder Judicial, porque el presupuesto que nos presenta el
Gobierno es aparentemente beneficioso pero engañoso en realidad. Uno de
los argumentos que defiende el actual modelo del consejo, diseñado, como
bien saben, por los señores Ruiz-Gallardón, Carlos Lesmes, Díez-Picazo,
es que supone un enorme ahorro para los contribuyentes, y atribuyen este
ahorro al diferente estatuto de los vocales, al esfuerzo de austeridad de
sus administradores, argumento que es absolutamente demagógico.


Si miramos más lejos, las cantidades globales de presupuesto para
el Consejo General del Poder Judicial en la época anterior a su reforma
—es decir, antes de la Ley 4/2013— rondaban unos 77 millones
de euros frente a los 56,5 millones que se presupuestan para este
ejercicio. Desde una perspectiva cuantitativa poco se puede decir al
respecto —¡menudo ahorro para los contribuyentes!—. Pero no
es así, porque, no en vano, una de las críticas que más firmemente se
esgrimen respecto a este nuevo consejo es la falta de autonomía
presupuestaria. Y hay que traer a colación varias cuestiones: que dicha
autonomía financiera incluye la capacidad de aprobar su propia
presupuesto, sus modificaciones, sus normas anuales de ejecución
presupuestaria, además de llevar un programa concreto de rendición de
cuentas.


El informe que elaboró el Consejo General del Poder Judicial
anterior a la reforma del 2013 nos decía que «Resulta de difícil
comprensión que el consejo general, órgano que mejor conoce las
auténticas necesidades de la justicia y su situación, ya no solo no tenga
competencias, sino que no tenga ni siquiera posibilidad de confeccionar
el presupuesto de la Administración de justicia y no pueda, por tanto,
dar ningún tipo de respuesta a la urgencia necesaria a veces de
sobrecarga de trabajo de ciertos juzgados y tribunales, con las
consecuencias que ello deriva para la Administración de justicia.»
Además, desde el año 2013, el control previo del gasto del Consejo
General del Poder Judicial se lleva a cabo por la Intervención General
del Estado y el control externo, por el Tribunal de Cuentas.


Debe destacarse que la Intervención General del Estado es un
órgano integrado en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y la
función que desempeña este órgano perteneciente al Ejecutivo en sí mismo
afecta a la independencia necesaria que debe ostentar este órgano del
Consejo General del Poder Judicial. No lo decimos nosotros, lo dice la
asociación de jueces Foro Judicial Independiente —y no se trata de
una asociación precisamente de izquierdas sino más bien de
derechas—, y está haciendo un llamamiento a la huelga de jueces,
exponiendo como primer punto reivindicativo que el Consejo General del
Poder Judicial recupere su autonomía presupuestaria. No son pocos los
jueces de toda ideología que reivindican que a ello se añada la inclusión
de una partida que afronte el pago de los sueldos de jueces y
magistrados, para asegurarse realmente la independencia del ministerio.
También existen argumentos que dicen que se contribuye al ahorro, según
afirma el propio consejo, porque se paga menos cantidad de sueldos.


Bueno, seamos sinceros; de los 20 consejeros, solamente 13 no son
permanentes, con lo cual no tienen derecho a cobrar ningún sueldo ni a
ningún coche oficial ni a gastos de ningún tipo. Por tanto, este
argumento es engañoso. Tenemos menos consejeros permanentes, y,
naturalmente, menos gasto.


Y, para añadir más realidad a lo que estamos diciendo, que le
falta independencia a este máximo órgano judicial, lo último que ha hecho
es crear los juzgados para las cláusulas suelo. Y lo ha hecho de la mano
del Ministerio de Justicia, a espaldas de las asociaciones de jueces, de
fiscales, y, como siempre, a espaldas de la ciudadanía y de los derechos
del consumidor.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora CÁNOVAS ESSARD: Por tanto, impugnamos expresamente esta
sección 08 de los presupuestos generales presentados por este
Gobierno.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Cánovas.


Para turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra la senadora Ayala.


La señora AYALA SANTAMARÍA: Buenos días, señorías.


Senadora Cánovas, no entiendo cómo se puede empezar diciendo que
un presupuesto es aparentemente beneficioso cuando en realidad lo es.
Usted intenta generar la polémica diciendo que es aparentemente
beneficioso para que parezca perjudicial. Y no lo es. Además, habla usted
de la autonomía. Me parece muy interesante que hable del tema, porque yo,
cuando he tenido que acudir a los responsables de realizar esta sección,
a quien he acudido no ha sido al Ministerio de Justicia; he acudido, o
mejor, me ha proporcionado los datos directamente el Consejo General del
Poder Judicial; o sea, que le niego la mayor. No es verdad. Por otro
lado, estoy absolutamente segura de que usted estará de acuerdo, por
mucho que una o varias asociaciones de jueces digan en un momento
determinado algunas cosas, en que tienen que tener, como órganos
constitucionales que son, un cierto control del Estado. Lo que no podemos
permitir es que no tengan ningún control presupuestario, porque todos los
órganos constitucionales lo tienen. Me parece que eso va de suyo.


Decía Séneca que no hay viento favorable para el que no sabe
dónde va. Y ustedes, lo que nos dicen en distintos momentos —y lo
manifiestan así en su escrito de impugnación a esta sección— es que
no tenemos rumbo. Hablan también de la selección y de la formación de
jueces, y dicen que la cuantía destinada para ello disminuye un 30 %. Es
curioso que no se lo haya oído decir aquí, cuando se lo oí decir en el
Congreso y cuando, además, va en su escrito de impugnación. Claro que es
verdad que a veces uno baja aquí y no le da tiempo a todo. Pero,
ciertamente, no he encontrado ese dato en ningún lugar, porque en todos
los sitios donde he mirado para documentarme sobre el tema de la
selección y formación de jueces, lo que he visto es que las
transferencias corrientes de este año aumentan en un 10,31 %; con lo
cual, no puedo entender que este sea uno de los motivos de impugnación de
su veto. Creo que sus datos son equivocados.


Ustedes utilizan dos acusaciones absolutamente contradictorias,
porque, por un lado, dicen que no tenemos rumbo, pero, por otro, hablan
de continuidad. Nosotros estamos orgullosos de que hablen de continuidad,
porque el ministro Catalá, en su tercer presupuesto, tiene un 17 %
incrementado el presupuesto de Justicia. Y este esfuerzo deja muy a las
claras lo que queremos en el Ministerio de Justicia. Porque sabe usted
que el 80 % va dedicado a personal. ¿Dónde queremos ir? Tenemos, desde
luego, una hoja de ruta. Creemos que hay un viento favorable cuando se
sabe dónde ir; y nosotros sabemos dónde ir. Y el Consejo General del
Poder Judicial sí sabe, por lo que nos cuenta cuando nos habla de los
presupuestos, dónde ir. Porque tiene unos objetivos clarísimos, que están
en la memoria que usted habrá podido consultar sin ninguna duda. Habla de
transparencia, habla de la web y de formación a los jueces en materia de
transparencia. Seguro que sabe que España es uno de los países modelo y
que hay 5840 resoluciones judiciales públicas a disposición de cualquiera
que las quiera consultar. Y esto nos coloca en un lugar de referencia
entre los países de nuestro entorno. Además, la estadística judicial es
fundamental para la transparencia. Si no hay medios, entre otros,
tecnológicos —y usted sabe a la perfección que la apuesta de este
año son, precisamente, las nuevas tecnologías—, la estadística
judicial no puede funcionar adecuadamente. La austeridad es otro de los
obligados. Porque para controlar el déficit tenemos que tener,
obligatoriamente, un control del gasto y gastar mejor. Y, en ese caso, el
gasto corriente baja. La independencia, la responsabilidad y la
profesionalidad son la única garantía de que, efectivamente, la justicia
funciona.


Ustedes, y otros grupos parlamentarios representados en esta
Cámara, se han limitado a repetir una y otra vez un mantra que no se
corresponde con la realidad, y es el de que la justicia no es
independiente. Pero le voy a ser sincera, sí que hay un problema de
percepción, sí se percibe que eso es así, porque se está repitiendo
tantas veces que, al final, ese mantra acaba empapando. Y, por eso,
tenemos que trabajar conjuntamente, por lo que los esfuerzos de todos los
grupos serán bienvenidos.


Entre los objetivos está la cooperación internacional, entendida
como auxilio judicial, para evitar la impunidad en temas penales, pero
también para cooperar en los civiles, por ejemplo, que es absolutamente
necesario, y también con los países de nuestro entorno. Hay que generar
esa cultura de occidente que se fundamenta en que la justicia es algo
respetado y un valor absolutamente independiente. El Consejo General del
Poder Judicial contribuye al desarrollo legislativo; digamos que antes
del prelegislador tiene informes para procurar una mejora
legislativa.


Ustedes utilizan como filosofía mantras constantes que, con
sinceridad se lo digo, no corresponden a la realidad, porque de los
números hablan poco y, cuando lo hacen, se equivocan en su
interpretación, porque hablan de la generalidad y de cosas que son una
mala ayuda para nuestro sistema, para lo que significa.


Ustedes hablan también de que no hay un correcto diagnóstico de
los problemas de la Administración de Justicia y no es cierto, porque el
ministro, cuando vino aquí, expuso un programa en el que casi todos
estuvimos de acuerdo. Lo que necesitamos es el pulso de todos. Y le miro
a usted también, señor Esquerdo; miro a todos los grupos que están
representados en esta Cámara, porque lo que necesitamos es el impulso
conjunto para trabajar y modernizar la justicia.


Y modernizar la justicia —voy terminando ya— es lo
que va a hacer este presupuesto. En nuevos ordenadores se van a
invertir 24 734 millones de pesetas —lo traduzco a pesetas, porque
creo que es importante—; y no solo en nuevos ordenadores, sino en
nuevas salas de grabación, en el expediente judicial, en conseguir una
gestión única procesal...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.


La señora AYALA SANTAMARÍA: Termino.


Tenemos claros los objetivos y el viento nos tiene que ser
favorable, porque tenemos clara esa hoja de ruta: mejorar medios
materiales, mejorar en personal, mejorar en tecnología.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Ayala.


Pasamos a la sección 12.


Para la defensa de la impugnación número 23, tiene la palabra,
por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Gil.


El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, solo tengo cinco minutos, por lo tanto, la parte de
elogios al Gobierno me la voy a saltar.


Voy a comentar una cuestión previa y cinco razones que justifican
la presentación de este veto a la sección de Exteriores y Cooperación al
Desarrollo.


En mi grupo queremos primeramente solidarizarnos con la situación
que viven muchos trabajadores y trabajadoras del Servicio Exterior. La
semana pasada, el día 29, trabajadores y trabajadoras del Servicio
Exterior en Argentina iniciaban una huelga motivada por la situación de
inestabilidad que sufren a causa de la pérdida de poder adquisitivo; una
huelga secundada también en otras embajadas del mundo, de Canadá,
Finlandia y Australia, por ejemplo; además, no hace mucho tiempo también
los trabajadores y trabajadoras del Instituto Cervantes en Brasil se
movilizaban por la misma cuestión. Por eso, quiero instar al Gobierno a
que resuelva esta cuestión cuanto antes, porque no podemos ir dando
lecciones por el mundo si no empezamos a tratar mejor a nuestros
trabajadores, a aquellos que dan la cara por nosotros en distintos
países.


Señorías, hemos presentado este veto a la sección 12, porque,
esencialmente, estos presupuestos son un remedo de los anteriores, porque
son reincidentes en un error y, en definitiva, porque no sirven para
atender con solvencia las necesidades y retos de España en el exterior. Y
no lo son porque no abordan la precariedad de los trabajadores del
Servicio Exterior de España que citaba; porque no soportan una estrategia
global que sirva para afrontar los grandes desafíos de nuestra política
internacional; porque no ofrecen ni asignan recursos para que nuestro
país tenga capacidad de maniobra ante los reordenamientos geoestratégicos
que ocurren a nuestro alrededor; porque no revierten los enormes recortes
acumulados durante los últimos años en una de nuestras banderas de la
política exterior, que no es otra que la Ayuda a la Cooperación al
Desarrollo, que ha soportado, señorías, un 70 % de recortes acumulados
desde el año 2011; y porque, señorías, no apuntalan aquellos asuntos de
actualidad en los que España debe tener una presencia fuerte y, sobre
todo, capacidad de anticipación, como pueden ser nuestra influencia en la
Unión Europea ante el desafío del brexit, la nueva administración Trump,
el terrorismo internacional, el drama de los refugiados —poco
estamos oyendo hablar al Grupo Popular del drama de los refugiados en
estos presupuestos y en este debate—, el inicio incipiente de un
proceso de diálogo y de paz entre Israel y Palestina, la defensa de los
derechos humanos en todo el mundo y, en particular, los derechos de las
mujeres allí donde se han vulnerado.


Por si esto fuera poco, la peor política exterior y el peor
espectáculo en la escena internacional que está dando este país son los
innumerables casos de corrupción que está protagonizando este Gobierno y
que, junto a la declaración del presidente del Gobierno ante un tribunal
—eso sí, como testigo, como presidente de un partido imputado por
corrupción—, están haciendo un daño tremendo a la imagen exterior
de España que no habrá presupuestos que lo soporten.


La cooperación al desarrollo, para la que ahora han decidido
congelar los hachazos, tiene una importancia estratégica que este
Gobierno no sabe o no quiere ver. Estos presupuestos están consolidando
los brutales recortes anteriores en las partidas destinadas a
instrumentos de gestión de fondos como el FONPRODE o a la propia Aecid.
El FONPRODE, por ejemplo, baja considerablemente, un 46,87 %. Por su
parte, la Aecid, aunque es verdad que incrementa sus recursos en 31,68
millones de euros, suma un total de 587,71 millones de euros menos desde
el año 2011.


En definitiva, señorías, estos presupuestos, en el mejor de los
casos, congelan sobre lo recortado y, en el peor, recortan sobre lo
necesario. Por todo ello, no podemos y no vamos a darles nuestro apoyo.
Con estos presupuestos y estas cuentas en las manos, nadie en el
Ministerio de Asuntos Exteriores podrá decir que España ha vuelto, como
escuchábamos hace poco. Aquí lo único que ha vuelto son los recortes, los
hachazos y la insolidaridad internacional del Gobierno de Mariano Rajoy.
Por todo ello, el Grupo Socialista no dará su apoyo a esta sección
número 12 de los Presupuestos Generales del Estado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Gil.


Para la defensa de la impugnación número 45, por el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
senadora Villanueva.


La señora VILLANUEVA RUIZ: Buenos días. Egun on.


Los presupuestos que hoy tenemos aquí no dejan de ser una
constatación, con sus propios datos, de que el Partido Popular carece de
proyecto en política exterior. Hay una ausencia total de planificación
estratégica que solo profundiza en una subalternidad a otros intereses
ajenos a la ciudadanía de nuestro país. Profundiza también en el intento
de seguidismo a otras potencias sin ningún tipo de rumbo. No hacemos más
que caer en los rankings de presencia global.


Estos presupuestos distan muchísimo de estar a la altura de las
necesidades y desafíos geopolíticos globales que tenemos. No contemplan
ni la adaptación ni la reorientación de las políticas seguidas hasta
ahora a los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos y representan la
continuidad de la línea de actuación que se ha revelado ineficaz y
fallida.


Nuestro país se enfrenta a la mayor ola de transformaciones
geopolíticas de la última década, a desafíos múltiples, que abarcan desde
la urgencia de reorientar nuestro modelo productivo para paliar el cambio
climático a la necesidad de frenar la espiral de guerras y amenazas que
desafía el derecho internacional y la pervivencia del multilateralismo
democrático. Nos encontramos también ante una oportunidad histórica para
reforzar y reorientar nuestra política exterior y erigirnos así como un
actor político que abandere una nueva agenda en la defensa de la paz, los
derechos humanos, la igualdad y el desarrollo sostenible. Por un lado,
tenemos a millones de compatriotas viviendo fuera de nuestras fronteras
expulsados por la crisis, por las políticas de recortes, por la falta de
oportunidades en el mercado laboral. Sin embargo, estos presupuestos
vuelven a dejar a todos estos millones de personas fuera. Siguen ustedes
negando su existencia y, mediante esta exclusión, siguen negándoles sus
derechos fundamentales económicos, políticos y sociales. Es necesario
reforzar el sistema de atención consular y de servicios consulares.


Por otro lado, el mundo vive actualmente una espiral bélica, una
inestabilidad fruto de la geopolítica del desastre, alimentada por las
anteriores administraciones norteamericanas, de la que nosotros hemos
sido cómplices muchas veces con nuestra injerencia en diversos países;
una inestabilidad constitutiva de las nuevas luchas por el reparto de
posiciones globales que supone amenazas enormes para la seguridad del
planeta y la paz de los pueblos. No hay ni una, ni una sola medida, ni un
solo programa, ni una sola iniciativa para fomentar la estabilización de
la gobernanza internacional y su democratización. Necesitamos una agenda
y una diplomacia de paz dotada de los recursos necesarios; tenemos que
favorecer las distintas resoluciones de conflictos en Colombia, Oriente
Medio y liderar la defensa de la paz y los derechos humanos.


Señorías, las desigualdades no dejan de aumentar a lo largo y
ancho del globo y, como las mujeres las sufren, queremos hacer referencia
a sus derechos, porque las mujeres son la principal fuente de desigualdad
y necesitan de una estrategia urgente en política exterior. Es un
escándalo, un escándalo que únicamente sean mujeres el 24 % del cuerpo
diplomático, el 12 % de los embajadores y el 9 % de los cónsules. Es una
vergüenza y totalmente inaceptable.


Y qué decir de la cooperación internacional, que es una de las
más destacadas víctimas de las políticas del Gobierno. Estos presupuestos
no revierten en modo alguno los recortes, que acumulan ya el 70 % durante
los últimos seis años. ¿Y qué significa esto, señorías? Que forma parte
de una realidad: la de no atajar la creciente desigualdad internacional.
Esto es un lastre para el desarrollo y la paz mundial, además de un
peligro medioambiental de dimensiones incalculables. Y así lo afirman
tanto las organizaciones internacionales como todos los actores de la
sociedad civil que trabajan en el sector. Por otra parte, últimamente se
hace algo muy peligroso, se mezcla el concepto de seguridad con el de
defensa, y no es lo mismo, señorías. La seguridad es un concepto mucho
más amplio que la defensa; la seguridad también pasa por cómo se comporta
uno, por cómo trata a los demás, por atajar la desigualdad, y por cumplir
con los compromisos adquiridos; y hablando de compromisos adquiridos, es
una indignidad que España, en los últimos dos años, solo haya reubicado
a 886 personas refugiadas. Esta es una mancha oscura en nuestra historia;
es indigno y alguien tendrá que asumir la responsabilidad de ello. Y como
es indigno hemos propuesto incrementar las partidas de asilo y refugio
para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones
internacionales.


Pero nos dicen que no a todas las medidas y enmiendas que este
grupo propone, y propondrá, porque no hay dinero. Sin embargo, los
compromisos que implican estas medidas, y otras dieciséis más que
proponemos, cuestan poco más de 30 millones de euros; y 30 millones de
euros es un tercio de lo que estos presupuestos destinan a pagar los
intereses de la deuda cada día. Por tanto, la cuestión es de voluntad
política; de voluntad y de tener estrategia en política exterior. No nos
digan que no hay dinero. Este país merece otros presupuestos, merece otro
Gobierno, otra política exterior; y todo ello estamos seguros de que
llegará pronto; espero que no demasiado tarde.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Villanueva.


Para la defensa de la impugnación número 63, por parte del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador
Martí.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado un total de 17
enmiendas a la sección 12, que fundamentan el veto a dicha sección,
correspondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.


En materia de acción exterior y de cooperación al desarrollo ha
habido un incremento del 3,2 % respecto a los presupuestos de 2016,
debido, fundamentalmente, al aumento de la dotación de las cuotas para la
participación en organismos internacionales y no a un aumento real de los
recursos para hacer una verdadera política española de acción exterior y
de cooperación para el desarrollo. La ayuda oficial al desarrollo neta,
sobre la renta nacional bruta, es de un 0,21 %; está lejos del compromiso
internacional de alcanzar el objetivo del 0,7 % reafirmado por España
el 16 de julio de 2015 y de la senda de convergencia con los socios
europeos. La media europea de AOD ejecutada es del 0,51 %.


Comparativamente, debe tenerse en cuenta que los recortes
acumulados en AOD desde 2008 hasta 2015 fueron de un 73,5 %, con un
mínimo histórico de 0,12 % de la renta nacional bruta. Los datos ponen de
relieve la falta de interés del Gobierno por una verdadera política de
cooperación española y su marginalidad, consecuencia del aumento de las
obligaciones de la cooperación multilateral y de los compromisos
internacionales irrenunciables. Las personas más vulnerables deben
situarse en el centro de las políticas de cooperación.


Del total del presupuesto para 2017 del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, unos 1500 millones de euros, sólo un 37 % es
AOD. La principal ejecutora, la Agencia Española de Cooperación
Internacional, Aecid, dispondrá de solo 284 millones de euros más que
en 2016, aunque el recorte presupuestario en el Fondo para la promoción
al desarrollo, FONPRODE, fondo gestionado por la propia Aecid, supone una
reducción general de la partida de cooperación para el desarrollo de,
prácticamente, un 1 %. En conclusión, desde 2011, ha habido una
disminución de más del 70 % de los fondos del Ministerio de Asuntos
Exteriores destinados a este objetivo.


Señorías, parece razonable pensar que, con más de 20 millones de
personas en la actualidad en riesgo de hambrunas y con más de 65 millones
de personas desplazadas huyendo de la pobreza y de conflictos a escala
mundial, el acento debería ponerse más en cuestiones vinculadas
directamente con la preservación de los derechos humanos, que están en
entredicho como consecuencia de una crisis global hasta ahora no resuelta
que ha puesto en jaque los valores fundacionales de la Unión Europea, que
en un tipo de acción exterior excesivamente basada en la diplomacia
económica y en lo que comúnmente se conoce como marca España, a través
del Alto Comisionado del Gobierno para la marca España.


Reclamamos, por tanto, una acción exterior que, en todo caso,
mejore y refuerce la imagen del Estado mediante la promoción de los
derechos humanos, la ayuda humanitaria y el fomento de la paz. Debemos
hacer especial hincapié en la ayuda a los refugiados, diluida en
diferentes ministerios.


Se echa en falta, pues, una hoja de ruta de acción exterior
española, sustentada en una indiscutible diplomacia que persiga la
protección de los derechos humanos allá donde sea, con especial interés
en la equidad del género. Porque las políticas de igualdad y de promoción
de la igualdad se encuentran difuminadas en diferentes capítulos y líneas
que van desde los derechos humanos hasta la promoción de desarrollo o
desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible de la
Agenda 2030 de la ONU, por tanto, también merecerían una atención más
detallada o específica en estos presupuestos, una apuesta más decidida y
valiente en la consecuencia de estos objetivos. La cooperación
internacional decrece hasta los 500 millones de euros. Se trata, por
tanto, de unos presupuestos que se alejan de la lucha contra la pobreza,
utilizando palabras de la coordinadora de organizaciones de cooperación
para el desarrollo. Tampoco parecen prioritarias en plena crisis
humanitaria las actuaciones de mantenimiento y mejora del patrimonio en
el exterior. Nos referimos, por poner un ejemplo que sea fácil de
comprender, a los gastos para la adquisición de obras de arte por valor
de 150 000 euros. Según nuestro humilde parecer, este tipo de gastos son
difícilmente justificables.


Por otro lado, aumenta la dotación en cooperación, promoción y
difusión cultural en el exterior hasta los 131 millones de euros, de los
cuales, 121 los gestiona el Instituto Cervantes para desarrollar su
acción exterior mediante 63 centros y 11 aulas. El Gobierno apuesta,
pues, por el impulso de la lengua castellana, sin atender al carácter
plurinacional y plurilingüe del Estado español. La necesaria colaboración
con el Instituto Ramon Llull merecería una aportación económica que
siguiera la senda de la proporcionalidad de la población que
representa.


Para finalizar, la dotación del programa de protección de
españoles en el extranjero, asistencia social, evacuación,
hospitalización y repatriaciones, con 2,3 millones de euros, se mantiene,
pero parece insuficiente, así como la dotación para la asistencia
jurídica a la ciudadanía...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


El señor MARTÍ DEULOFEU: ... que afronta —voy
acabando— condenas de muerte con unos escasos 30 000 euros.


Muchas gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Martí.


Para la defensa de la impugnación número 2, del señor Cleries i
González, tiene la palabra el senador.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Buenos días.


El Partit Demòcrata presenta esta enmienda a la totalidad, este
veto a la partida del Ministerio de Asuntos Exteriores porque el conjunto
de Presupuestos Generales del Estado da la espalda a Cataluña, a los
catalanes y catalanas. El Gobierno ignora las demandas democráticas de
los ciudadanos de Cataluña. Tenemos un Ministerio de Exteriores que
trabaja en contra de la proyección internacional de Cataluña. Decía ayer
el ministro que estos presupuestos son para el conjunto del Estado
español; pues no es verdad porque la experiencia —nos lo ha dicho
incluso un exministro— demuestra que en el Ministerio de Exteriores
se pagan favores a otros países para hablar en contra del proceso que
vive Cataluña, lo decía el ministro Margallo textualmente. Y en este
ministerio se han contraprogramado y boicoteado actos de la Generalitat
de Cataluña; se paga con dinero de Cataluña para ir contra Cataluña y su
Gobierno democrático. Un ejemplo de los muchos que podría citar es el
convenio firmado entre España y Rusia, que impide vuelos entre Barcelona
y Tokio porque solamente se puede volar encima de Siberia si el vuelo
sale o llega a Madrid-Barajas; si sale de un aeropuerto que el Estado
español considera secundario, como el de Barcelona-El Prat, no se puede
ir a Tokio directamente. Este es el trabajo que hace un ministerio que
dice que trabaja para el conjunto del Estado español. Y si nos fijamos,
por ejemplo, en la política de cooperación, que tiene un presupuesto
del 0,12 % de la renta estatal bruta, vemos que se encuentra en mínimos
históricos y a la cola de Europa. A pesar de la recuperación, del
crecimiento económico, de los acuerdos que se hicieron en la X
legislatura aquí mismo, en el Senado, sobre temas de cooperación
internacional para el desarrollo, el Ministerio de Exteriores no cumple
de ninguna de las maneras y no se han revertido los recortes que se
iniciaron en el momento de la crisis económica.


Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 tampoco
responden a los retos globales para la acción humanitaria. Fijémonos, hay
un incumplimiento de los compromisos contraídos para acoger refugiados.
Aquí mismo, en el Senado, hemos tenido varios debates sobre los
refugiados y el Gobierno ha dicho que se cumplirían los acuerdos con
Europa, pero se incumplen totalmente. Hay incumplimiento también de los
acuerdos de incrementar, como decía antes, la ayuda oficial para el
desarrollo; y de los compromisos del Gobierno para hacer lo que le
corresponde en ayuda humanitaria; y, por tanto, vemos que el Ministerio
de Asuntos Exteriores hace suya la actitud insolidaria de un Gobierno que
se abstrae de la situación internacional que se están viviendo en estos
momentos.


Por tanto, el Partit Demòcrata, con toda la contundencia,
presenta esta enmienda a la totalidad, este veto a la sección del
Ministerio de Asuntos Exteriores porque solo nos faltaría en Cataluña dar
un sí a unos presupuestos que utiliza el dinero de los catalanes y
catalanas en contra de Cataluña.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Cleries.


Para el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra, en primer lugar, la senadora Lucio.


La señora LUCIO GÓMEZ: Presidente, señorías, bos días, buenos
días.


Como bien ha dicho el presidente, este turno en contra de los
vetos a la sección 12, relativos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, nos lo repartiremos la senadora Sánchez Zaplana, que se
referirá a los temas de cooperación, y la senadora que les habla, que me
ocuparé del resto. Por ello, intentaré ser lo más rápida posible en mi
intervención, razón por la cual voy a adelantarles ya que nuestro voto va
a ser en contra de los vetos que ustedes han presentado.


Señor Cleries, ¿qué decirles? Más de lo mismo. Un corta y pega
para todas las secciones. Vetan los presupuestos —y abro
comillas— por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas
del Estado español y, en particular, a las necesidades de Cataluña.


¿Saben ustedes realmente cuáles son las necesidades de España, de
los españoles, de los catalanes? Yo creo que no, pero aun así, y si lo
creyeran, ¿por qué no nos traen propuestas, metas, objetivos? Claro,
ustedes están a lo suyo, como siempre.


Señores de Esquerra, para mí, personalmente, hay demagogia en
general y falta de propuestas en particular. Me gustaría destacar tres
cuestiones a las que ustedes hacen referencia en sus vetos: la dotación
de las cuotas a organismos internacionales, el Instituto Cervantes y la
marca España.


En cuanto a las cuotas a organismos internacionales, su cuantía
aumenta 34 millones de euros, pero, como muy bien dicen ustedes, son
obligatorias. ¿Qué quieren? ¿Que dejemos de pagar? ¿Que no cumplamos con
nuestros compromisos? Se les olvidó decir también en este caso que dicha
cuantía se destina a mantenimiento o para operaciones de paz. ¿Debemos
reflejar el gasto real de nuestro presupuesto, cumplir con nuestros
compromisos internacionales y garantizar la imagen de país fiable y
cumplidor de nuestras obligaciones para con la comunidad internacional, o
dedicarnos a otra cosa, como, por ejemplo, gastar el dinero de todos y de
todas, como ustedes, para un referéndum ilegal?







En relación con el Instituto Cervantes, incrementa su presupuesto
en 5,2 millones de euros y asciende a los 120 millones, pero con una
cuota de autofinanciación —usted no lo ha dicho, pero yo sí lo
hago— del 46 % del presupuesto. ¿Qué creen ustedes? ¿No deberíamos
invertir en diplomacia cultural y promocionar la enseñanza de la lengua
española y de las lenguas cooficiales, como la mía y como la suya? ¿O es
que el problema radica en que no se enseña solo el catalán?


En cuanto a la marca España, nosotros, tanto el Gobierno como el
Grupo Popular en este caso, apostamos por seguir apoyando la
internacionalización de nuestras empresas y la defensa de los intereses
de España en los foros multilaterales económicos y comerciales.


Y, señores de Podemos, les voy a felicitar porque ustedes sí
proponen medidas para la acción exterior, algunas de las cuales
compartimos y otras no, eso es cierto. Pero, como siempre, parece que
este país, España, no ha hecho nada hasta que ustedes han llegado.
Critican supuestas políticas fallidas de los distintos gobiernos de
España, pero para llegar aquí, señorías, otros como ustedes han tenido
que acertar y cometer errores para que hoy España esté tan considerada
como lo está fuera. Porque España sí que cuenta, y los hechos lo
avalan.


También quiero pararme en dos cuestiones que ustedes citan: las
políticas de derechos de las mujeres en la esfera internacional y las
políticas de igualdad en el seno del ministerio que nos ocupa, el de
Exteriores, así como las condiciones de vida de nuestras y nuestros
compatriotas en el extranjero.


En cuanto a las políticas de derechos de la mujer en la esfera
internacional, quiero recordarle que mientras España presidió el Consejo
de Seguridad en 2015 y 2016 se preocupó en profundidad de los derechos de
las mujeres. Y le voy a poner un ejemplo: el propio presidente, Rajoy,
presidió dos reuniones para mí de vital importancia en esta cuestión. Por
un lado, la reunión sobre mujer, paz y seguridad, y por otro, la relativa
al tráfico de seres humanos en situaciones de conflicto, que, por
desgracia, son las mujeres y los niños quienes lo sufren.


En relación con las políticas de igualdad en el ministerio, yo
creo que progresivamente se va aumentando...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Tiene que ir terminando,
señoría. No le va a dejar tiempo a su compañera.


La señora LUCIO GÓMEZ: Voy terminando.


Lo siento, me gustaría haberles comentado algunas cuestiones más,
pero tengo que responder también al portavoz del Grupo Socialista.


Quiero decirle al Grupo Socialista —iba a decir a mi
querido y buen amigo Ander— que el que en su veto nos ponga como
ejemplo de buen gobierno el periodo de Zapatero, donde supuestamente
todas las partidas llevaban más dinero, da como mínimo para reflexionar,
porque dejar un país en bancarrota y gastar el dinero que no
tenemos… Es difícil.


El Grupo Socialista habla en este caso de oportunidades perdidas,
de año en blanco, del debilitamiento de nuestra posición geoestratégica.
Creo que en este caso hay cierta irrealidad, porque hay dos cuestiones
ahora importantes para España: por un lado, la candidatura de España para
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, por otro, la
experiencia tan importante que ha tenido presidiendo el Consejo de
Seguridad de la ONU.


Me gustaría hacer referencia a más cuestiones, pero debo dejarle
tiempo a mi compañera.


Voy a terminar como lo hice el otro día en la Comisión de
Presupuestos, con unas palabras del ministro Dastis, que quiero hacer
mías y de todo el grupo. Decía: Siendo unos presupuestos ajustados los
del Ministerio de Exteriores, nos van a permitir afrontar, tanto nuestros
objetivos tradicionales de política exterior, como los nuevos retos que
nos hemos marcado, con una ambición realista, porque España sí que es
necesaria.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Lucio.


A continuación, tiene la palabra la senadora Sánchez
Zaplana.


La señora SÁNCHEZ ZAPLANA: Muchas gracias.


Me queda poco más de un minuto, con lo cual voy a reforzar la
intervención de mi compañera y referirme simplemente a dos ideas básicas,
de las que hablé en comisión y voy a repetir aquí, en el plenario. Hay
que reconocer que la cooperación internacional y la ayuda oficial al
desarrollo es un tema que nos preocupa y ocupa a todos, a quienes han
presentado vetos y a quienes no lo han hecho. Y en esta Cámara, en el
Senado, tenemos una oportunidad. Y voy a hablar de oportunidades, porque
creo que es importante hacerlo y también reconocer el prestigio de la
cooperación española en el mundo, en todo el mundo. Y en eso tenemos que
trabajar. (El señor presidente ocupa la Presidencia). La oportunidad es
la ponencia de estudio que hemos creado en esta Cámara para trabajar en
la implantación de la Agenda 2030 para los objetivos de desarrollo
sostenible. Les invito a sumarse a esa ponencia, en la que están todos
los grupos parlamentarios y que se aprobó por unanimidad, y a conseguir
objetivos. Nuestro grupo parlamentario no renuncia a que en el año 2018
el presupuesto de la ayuda oficial al desarrollo esté establecido en
el 0,25 %. Y es que ustedes han hablado de 505 millones del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, pero son 2200 millones de euros los
que el Estado español dedica a la ayuda oficial al desarrollo, porque son
muchos ministerios los que trabajan en colaboración con todos los países
y también en la crisis de refugiados.


Apoyen la candidatura de España para presidir el Consejo de
Naciones Unidas de Derechos Humanos 2018-2020, otra oportunidad para
crecer y para defender el prestigio de la cooperación española en el
mundo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sánchez
Zaplana.


Pasamos a la sección 13.


Para la defensa de la impugnación número 24, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez
Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, la sección 13 del presupuesto, que corresponde al
Ministerio de Justicia y a sus organismos autónomos y adscritos, en el
ejercicio de 2017 alcanza 1726 millones de euros. Es cierto, se
incrementa un 7,7 %, pero con eso ustedes están ya plenamente
satisfechos; han cumplido y están encantados de la vida. Pues miren, no.
Los ciudadanos no lo están, los operadores jurídicos, tampoco, ni los
profesionales de la justicia; y el Grupo Socialista mucho menos, porque
estas cifras no van a garantizar lo que el ministro define como una
justicia ágil, eficiente, segura, transparente y rápida. Al contrario,
vuelven a poner de manifiesto que la justicia en España no funciona o lo
hace gracias al esfuerzo de los profesionales de la justicia y no al
reprobado ministro de Justicia, que, dicho sea de paso, hace ya dos meses
que se tendría que haber ido a casa por vergüenza torera o haber sido
cesado por el propio presidente del Gobierno.


Señorías, para 2017, en plena regeneración económica, como
alardean ustedes, presentan unos números que no llegan a las cifras
de 2010 y 2011, con el señor Rodríguez Zapatero de presidente del
Gobierno. Le voy a citar yo, porque seguramente ustedes dentro de un
momentito lo desacreditarán. El señor Zapatero, en el torbellino de la
crisis, tenía 110 millones de euros presupuestados más para la justicia
española.


España necesita una justicia de primera magnitud con vocación de
futuro, una justicia independiente y no politizada. Pero no va a ser así,
porque a ustedes no les interesa la justicia o, mejor dicho, les interesa
solo como paraguas y escudo ante su corrupción. Sus propuestas, señorías,
no refuerzan la Administración de Justicia, no hacen de la justicia un
servicio público, no la mejoran, no la transforman, no favorecen la
creación de plazas de jueces o de fiscales ni perfeccionan su trabajo ni
el de los letrados de la Administración de Justicia. Sus propuestas no
mejoran la organización; siguen siendo deficientes los medios
tecnológicos y son escasos para la formación del personal. Son incapaces
incluso de cumplir con sus propias promesas. Dijeron: habrá 5000 nuevos
funcionarios, disminuiremos la litigiosidad. Pues suspenso absoluto para
sus predicciones. Como Rappel no tienen ustedes futuro. ¿Y saben por qué?
Porque al final les falta creer en la justicia, no tienen ninguna ilusión
por la justicia en España, no la quieren prestigiar como un servicio
público. Ante la falta de medios, de organización, de efectivos y de
voluntad, lo único que ustedes ponen encima de la mesa es politización,
purgas e injerencias. Si ya de por sí los presupuestos generales se
aíslan de la realidad española, los de justicia mucho más, excepto cuando
abren la puerta a los lobbies con privatizaciones y encomiendas.


Tienen a un ministro que ha sido reprobado en funciones y no se
va. Tienen a un fiscal general del Estado reprobado, que tampoco se va.
Nombran a Concha —siempre será Concha— y no pasa nada. Y,
además de esto, a pesar de que basan su propuesta en el papel cero, miles
de papeles se acumulan en los juzgados, los sistemas informáticos se caen
de manera habitual, las conexiones informáticas no son compatibles, la
distribución de trabajo es ilógica y ficticia, no se proveen las
vacantes, no se solucionan los problemas de los ciudadanos. La justicia
no es rápida ni eficiente ni fiable. Y ustedes, con estos números, con
estas cuentas, siguen llevando a la justicia al borde del abismo y al
descrédito del propio sistema judicial español.


Señorías, lo mínimo que se le puede pedir a un Gobierno es que,
más allá del ejercicio del poder, realice un análisis político y una
propuesta presupuestaria eficaz, eficiente y de calidad. Y ustedes
alardean de un incremento presupuestario falto de recursos
administrativos, falto de nuevas tecnologías, falto de inmediatez, falto
de formación, falto de independencia, falto de compromisos y falto de
realidad.


Señorías, ayer, en esta tribuna, el señor Montoro dijo que la
crisis había terminado. Pues si esto es así, debería ser el momento de
redoblar esfuerzos para mejorar un servicio público que adolece de
enormes carencias. España necesita un presupuesto en justicia cuya piedra
filosofal sea la seguridad jurídica, la rapidez y la tutela judicial
efectiva; y los suyos, sus piedras filosofales, son la desconfianza y el
perjuicio. Por tanto, vótenlo ustedes, señorías. Los socialistas no lo
vamos a hacer, ya que no podemos apoyar una simulación de progreso cuando
lo cierto es un engaño más. Señorías, así los ciudadanos van a seguir sin
confiar en su justicia, los operadores jurídicos tampoco van a poder
confiar en su justicia, y los socialistas, por supuesto, no confiamos en
su justicia.


Por todo ello, el Grupo Socialista presenta este veto a la
sección 13. Apoyaremos los vetos presentados por el resto de grupos
políticos, porque hoy tenemos que decir —y termino señor
presidente— que su propuesta económica para justicia carece de
cualquier mérito y cualquier virtud para la justicia española y para los
ciudadanos españoles. Por ello, solicitaremos su devolución.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.


Para la defensa de la impugnación número 46, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el
senador Comorera.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.


Señorías, se nos ha anunciado a bombo y platillo para este
ejercicio 2017 un aumento del 7,6 % de dotación presupuestaria para el
Ministerio de Justicia respecto del presupuesto de 2016, pero lo que no
se dice es que arrastramos una importante reducción acumulada. Para tener
los números claros, el presupuesto de justicia para este ejercicio es
inferior al que se destinó en el año 2010, y eso cuando hablamos de uno
de los tres poderes del Estado, al que ustedes, con estos presupuestos,
siguen maltratando. Nos dicen que desarrollan seis líneas estratégicas:
una justicia más ágil y eficaz, más dotada y mejor organizada, digital,
que crea en sus profesionales, impartida para las personas, fuerte en su
independencia, e implacable en la lucha contra la corrupción. Como
eslogan queda muy bien, pero siento decirles que con estos presupuestos
difícilmente se va a conseguir ninguno de esos objetivos. Y no es que lo
digamos mi grupo o yo, sino que es lo mismo que piensa la mayoría de
operadores jurídicos.


La profunda renovación que necesita la justicia no pasa por
adquirir solo unos cuantos equipos informáticos. La justicia necesita
políticas públicas y una transformación estructural; necesita una
específica dotación de recursos para la investigación y el enjuiciamiento
de delitos relacionados con la corrupción. Ya conocen el último barómetro
del CIS y cómo la corrupción es la segunda preocupación para los
españoles. La alarma social que provoca la incesante aparición de nuevos
casos de corrupción, principalmente en el seno del partido del Gobierno,
convierte en exigencia apremiante la creación y dotación de un cuerpo
técnico forense de adscripción judicial que se convierta en el apoyo
imprescindible para los juzgados que tramitan los delitos más
directamente relacionados con la corrupción: prevaricación, cohecho,
malversación, así como todos aquellos delitos de instrucción compleja,
como, por ejemplo, delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad
Social o delitos contra los derechos de los trabajadores, cuya
instrucción a día de hoy suele resultar lenta e incompleta por falta de
medios personales.


Dejar a su suerte los ya colapsados juzgados de instrucción con
el regalo del artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal para que,
además de sacar adelante el trabajo cotidiano, lidien sin apoyo técnico
con los miles de folios que integran las diligencias de cualquier caso de
corrupción y con su complejidad técnica es continuar apostando por la
impunidad y para coartar las investigaciones. Como dice un compañero
abogado: dime lo que inviertes en justicia y te diré cuánto luchas contra
la corrupción.


Constatamos que la lucha contra la corrupción, revisando su
proyecto de presupuestos, no es una preferencia. Creemos que las
políticas presupuestarias en justicia son ineficaces y no van de la mano
de las reformas legales. Queda muy bien sobre el papel decir: hemos
acortado los plazos, queremos que el fiscal instruya. Pero no dotamos de
medios a los jueces, no conferimos al Ministerio Fiscal una independencia
económica; solo incrementamos con 25 fiscales su plantilla para 2017.
¿Cómo vamos a creer en una Fiscalía independiente, cuando ni siquiera
ello lo reflejan en sus presupuestos?


Se necesita, por otra parte, una mayor dotación para justicia
gratuita. La partida para justicia gratuita es idéntica a la de los
Presupuestos Generales del Estado para 2016: 37 millones de euros y, por
tanto, insuficiente para garantizar adecuadamente el acceso a la justicia
a quienes carecen de medios suficientes para litigar y para retribuir
dignamente a abogados y procuradores. Estoy acostumbrado a oír al
ministro de Justicia loar el trabajo realizado por los profesionales de
la justicia dedicados las veinticuatro horas de los 365 días del año al
turno de oficio, pero el compromiso con ellos no puede quedarse año tras
año solo en palabras. Este presupuesto demuestra cuál es su compromiso
con ellos: otra vez ninguneados. Y les recuerdo que aún estamos esperando
el dinero de las tasas judiciales que prometieron iría a justicia
gratuita. A pesar de que se prevé la creación de 5000 plazas para la
Administración de Justicia, eso no es, una vez más, lo que parece, ya que
no conlleva un real aumento de personal, sino que, tras años de recortes
y graves dificultades para cubrir las plazas vacantes, trata de
consolidar el empleo público ya existente en todos los grupos y niveles
de la Administración de Justicia. No tendremos esa justicia más ágil y
eficaz que dicen perseguir sin un decidido esfuerzo presupuestario en
personal.


Así las cosas, la ecuación: justicia más justa y más rápida sin
más medios, es, además de demagógica, irresoluble. Es alarmante que se
prevea incrementar la plantilla con solo 25 fiscales y unos 65 jueces,
ello sin olvidar a los 549 aprobados de 2015 que siguen sin plaza en la
justicia y cuya situación sigue sin resolverse. Tampoco existe el mínimo
impulso a los presupuestos para justicia restaurativa o infraestructuras
o formación de funcionarios. Y sobre todo echamos en falta una asistencia
jurídica obligatoria para las víctimas de violencia machista, así como un
acompañamiento psicológico. No vemos un reflejo en los presupuestos de
justicia a la altura del problema. No se lucha contra esta lacra con
minutos de silencio, sino con presupuesto.


La secretaria de Estado de Justicia, el otro día, en su
comparecencia, nos emplazaba a dejar de quejarnos sobre la independencia
y la falta de medios y nos instaba a aplaudir este presupuesto.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Termino, presidente.


Pues, ya les digo que no; ni lo vamos a aplaudir ni vamos a dejar
de quejarnos hasta que tengamos una justicia con medios, independiente y
digna de una verdadera separación de poderes.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.


Para la defensa de la impugnación número 64, del Grupo de
Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Estradé.


El señor ESTRADÉ PALAU: Señor presidente, señorías, bon dia.


Antes de entrar a explicar nuestra enmienda a la totalidad del
presupuesto del departamento de Justicia, tengo la necesidad de hacer una
pequeña réplica a la senadora que antes ha defendido la partida destinada
al Instituto Cervantes —como no lo puede hacer el señor Martí, lo
haré yo—. Y es que resulta que defiende que se destinen 120
millones de euros al Instituto Cervantes y, en cambio, solamente 700 000
euros al Instituto Ramón Llull, que tiene la misma misión (Aplausos), que
es promover el conocimiento de la lengua catalana, una lengua que hablan
más de 10 millones de ciudadanos españoles que pertenecen a tres
comunidades, la mallorquina, la valenciana y la catalana, que aportan una
tercera parte de los ingresos del Estado. Esa es su concepción del Estado
español: una única lengua, una única nación; y los demás, que se
conformen con las migajas. (Aplausos).


Bien, hablando del presupuesto del departamento de Justicia, diré
que no nos convence porque, a pesar de que hay un incremento
presupuestario, la justicia española es vista, es percibida por la
sociedad catalana como una justicia lenta, por lo tanto, injusta; como
una justicia poco operativa; como una justicia absolutamente politizada y
al servicio de un proyecto ideológico y de Estado autoritario y rancio; y
como una justicia reacia al fomento y el uso de las lenguas cooficiales,
porque, a pesar de que en más de la mitad de los pleitos las partes
tienen la lengua catalana como lengua habitual, solamente se redactan en
catalán un 8 % de las sentencias.


Es verdad que en el presupuesto se prevé una recaudación de 134
millones de euros en tasas judiciales, pero no se explica cómo se van a
redistribuir. No se establece que Cataluña pueda quedarse con el 15 % de
esas tasas para destinarlas a la asistencia jurídica gratuita y a
formación.


También prevén reformar la Ley de enjuiciamiento criminal para
otorgar la instrucción al Ministerio Fiscal. Les aseguro que en este tema
batallaremos para que no puedan sacar adelante esa reforma, porque todos
sabemos cómo están utilizando la Fiscalía. La están utilizando para
perseguir la disidencia política, para perseguir a los dirigentes
independentistas —es así— y para tapar los casos de
corrupción que afectan a la Corona y al Partido Popular. La están
utilizando de forma partidista. Por lo tanto, no vamos a caer en su
juego.


Asimismo, proporcionan pocos recursos para formar a los
mediadores y los conciliadores. Y es que si queremos favorecer la
mediación para evitar tantos litigios tenemos que formar al personal,
pero yo no he visto ninguna partida que tenga esa finalidad, como no he
visto ninguna partida destinada a la Escuela Judicial de Barcelona para
formar al personal. Y tampoco hemos visto una dotación suficiente para el
fomento y la utilización de la lengua catalana en los juzgados.


Nos parece también insuficiente la partida que destinan a
combatir la violencia doméstica, cuando ustedes saben que, a pesar de los
esfuerzos que se están haciendo, para atajar de verdad este fenómeno se
necesitan más recursos, se necesita más dinero, se necesita mayor
voluntad política.


Y hablando de insuficiencias de estos presupuestos, les quiero
hacer constar que no se prevé una transferencia a la Generalitat de la
parte proporcional de las tasas judiciales, de las consignaciones
judiciales y de las multas, que en el caso de Cataluña representan, más o
menos, el 15 % de los ingresos. Por tanto, tendría que quedar claro que
el 15 % de lo que se ingresa por estos conceptos debería transferirse a
la Generalitat de Catalunya.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ESTRADÉ PALAU: Acabo, presidente.


No vamos a apoyar el presupuesto del departamento de Justicia
porque no va a conseguir que tengamos una justicia rápida, una justicia
eficiente, una justicia transparente, una justicia que no esté politizada
y una justicia concebida como un verdadero servicio público, porque
ustedes trabajan para todo lo contrario.


Por tanto, tendrán nuestro veto y nuestra firme oposición.


Muchas gracias y buenos días. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.


Para la defensa de la impugnación número 8, de los senadores Abad
y Cleries, tiene la palabra la senadora Abad.


La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.


El PDCAT presenta este veto porque, como ha dicho el senador
Cleries, estos presupuestos incumplen con Cataluña y los catalanes y las
catalanas. Estos presupuestos suponen un recorte, un 2,5 % menos que los
de 2016. Son unos presupuestos que no cumplen ni con las comunidades
autónomas, como Cataluña, ni con las corporaciones locales. No suponen un
nuevo sistema de financiación y suponen nuevamente una regresión para los
intereses, el bienestar y el progreso de Cataluña y sus ciudadanos. Y en
el ámbito de la justicia no es diferente.


Hace años que se habla de la modernización y agilización de la
justicia. Hace años que reivindicamos como tema fundamental destinar más
recursos para las personas y no solo para lo material. De nuevo, una gran
decepción. De nuevo, se premia lo accesorio y no lo importante. De nuevo,
se destinan más recursos, más presupuestos a las inversiones y menos para
el personal, para la modernización y la agilización de la justicia. De
nuevo, es un presupuesto obsoleto y continuista.


El PDCAT vuelve a reivindicarlo una vez más. ¿Cuándo la apuesta
por el personal, la modernización y la actualización de la Administración
de Justicia será una prioridad para el Gobierno? ¿Cuándo se tratará como
un servicio público de primera magnitud? El presupuesto de la sección 13
es un agravio importante para los ciudadanos, para las personas. No
genera confianza, sino todo lo contrario. Son los presupuestos de la
desconfianza, del desespero. Y ello, ¿hasta cuándo? Porque, ¿qué prevé
este presupuesto como medidas presupuestarias específicas para arreglar
el problema de las cláusulas suelo? Por no hablar de la justicia
gratuita, el colapso permanente de los juzgados, la falta de presupuesto
para programas de mediación y arbitraje y, por supuesto, programas para
el fomento de la lengua catalana para el personal de nuestros
juzgados.


Y si realmente hablamos de políticas sociales, si estamos en un
Estado social, democrático y de derecho, como dicen que estamos, la
justicia, la mediación o evitar el colapso en los juzgados deben ser
financiados, pero no veo ningún incremento en estos presupuestos para
garantizar este modelo de justicia. Y tampoco veo transferencias
específicas a la Generalitat de Catalunya de los recursos necesarios para
la prestación de un servicio digno y de calidad.


Para terminar, señorías, estos presupuestos se alejan de lo
social. Para nosotros lo primero son las personas y no la politización de
la justicia, y para nosotros lo primero también son aquellos proyectos
que garanticen el uso adecuado y correcto del sistema judicial, y estos
presupuestos, en su sección 13, los ignoran. Por ello, presentamos este
veto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.


Turno en contra.


Tiene la palabra la senadora Muñoz de la Iglesia.


La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.


Señorías, España necesita que aprobemos estos presupuestos. Se
van a cansar de oírlo esta mañana, y es cierto. Concretamente, la
justicia en nuestro país no se puede permitir que estos presupuestos no
salgan adelante.


El incremento del 7,7 %, que todos los portavoces han confirmado,
supone 121 millones de euros más, supone una continuidad al alza de los
últimos 3 presupuestos. Esto es un reflejo de la situación económica
española, que pasada la crisis avanza firme y decididamente hacia la
recuperación de las cuotas de bienestar que tenían los españoles antes de
la crisis.


Lejos de lo que aquí han expuesto algunos portavoces, si algo
pone en evidencia estos presupuestos es que el Ministerio de Justicia
tiene un objetivo claro: una justicia más ágil y más eficaz, que viene
presupuestada con más de 1300 millones de euros destinados a personal y
más de 180 millones de euros destinados a tecnología, transformación
digital y construcción de nuevas sedes. Asimismo, que el Gobierno quiere
una justicia de calidad para todos los españoles, con más de 80 millones
destinados a asistencia jurídica gratuita y a medidas contra la violencia
de género, que, como todos ustedes saben, supone una piedra angular en la
gestión transversal de todo el Gobierno. En definitiva, señorías, unos
presupuestos reales para seguir subiendo peldaños hacia esa justicia que
los españoles se merecen.


Con respecto a los vetos totales que hemos escuchado esta mañana
en relación con Justicia, me gustaría hacer algunos comentarios. Señores
del PDECAT, ustedes nos han presentado un veto que dice textualmente:
Vetamos esta sección de Justicia por no adecuarse a las necesidades
sociales y económicas del Estado español y, en particular, a lo que
necesita Cataluña. ¿Esto es todo lo que tienen que decir ustedes sobre la
sección 13, de Justicia? Señorías, cuando alguien presenta un veto lo
mínimo que puede hacer es explicar por qué lo veta y si tiene alguna
alternativa, y si no la tiene, entonces absténganse y dejen que los que
sí la tenemos mejoremos las cosas en justicia.


Tampoco podemos compartir con ustedes que estos presupuestos no
se adecúan a las necesidades de Cataluña y del resto de España. Si
ustedes en lugar de dedicarse a crear problemas donde no los hay, como
hacen en Cataluña, se dedicasen a resolverlos, se darían cuenta de que
estos presupuestos sí inciden directamente en los problemas de todos los
españoles.


Señores de Esquerra Republica, con respecto a sus dudas sobre la
modificación de la Lecrim, tengo que decirles y recordarles que en países
de nuestro entorno, como Alemania, Italia, Portugal o Francia, incluso al
otro lado del charco, en Estados Unidos, la figura de la instrucción
penal la llevan los fiscales. Tengo que entender —y comprendo su
miedo, teniendo en cuenta las perlas que se le escapaban a su antiguo
portavoz de grupo, al señor Vidal, que decía que en ese Estado utópico
catalán iban a tener controlados a los jueces y los fiscales— que
pueden ustedes pensar que nosotros podemos querer hacer lo mismo. Pero,
señorías, pueden ustedes dormir tranquilos, porque no es esa la intención
que tiene el Gobierno con esta modificación. Lo que queremos es tener una
justicia más eficaz, más eficiente y al servicio de todos los españoles.
(Aplausos).


Señorías, el resto de su veto se puede resumir en más dinero para
Cataluña. Resumiendo, aunque no se lo crean, hay vida más allá del
independentismo, aunque no se lo crean.


Señorías de Podemos, se lo dije el otro día en comisión y se lo
tengo que repetir. Utilizan ustedes la táctica del embudo: o se hace lo
que yo digo o voto en contra de todo. Señorías, tienen ustedes más
soberbia que votos en las urnas, soberbia como la que reflejaron ayer en
la moción de censura fracasada que hicieron en el Congreso. (Aplausos).
Una censura que reflejan en cada una de sus actitudes porque censuran a
quienes no piensan como ustedes, censuran a quienes no les votan a
ustedes, censuran las instituciones que no gobiernan y censuran los
presupuestos que no hacen. ¡Pero si nos censuran hasta lo que tenemos que
beber, señorías, no digan que no! (Aplausos).


Su única propuesta es más dinero. Eso es lo único que nos
proponen, más dinero para cada una de las partidas. Reconocen el carácter
continuista al alza de los presupuestos, pero solo piden más dinero. Todo
les parece poco. ¿Saben por qué, señorías? Porque podríamos traer aquí
más de 1000 millones de euros de inversión y también les parecería poco,
porque para ustedes lo de menos es modernizar la justicia, lo de menos es
que haya más medios, técnicos y humanos. Para ustedes lo importante es
votar en contra del Partido Popular. Señorías, malamente puede avanzar
nuestra justicia con esa actitud. Recapaciten, porque nadie sobra y todos
podemos aportar mucho. Creo que es más constructivo dialogar y llegar a
acuerdos que censurar a todos los que no pensamos como ustedes.


Finalmente, señorías del Partido Socialista, déjenme que les
recuerde el mandato que nos dieron los ciudadanos hace prácticamente un
año: diálogo y entendimiento. Construyamos entre todos nuestro país.
Algunos partidos lo hemos entendido y estos presupuestos son claramente
la prueba de ello, porque otros 6 partidos, junto con el Partido Popular,
han entendido que hacía falta una actitud patriótica, que tuviésemos por
encima de los intereses electorales el interés de España y de los
españoles.


Y quiero aprovechar para dar las gracias a Ciudadanos, a Foro
Asturias, a UPN, a Coalición Canaria, a Nueva Canarias y al Partido
Nacionalista Vasco, porque es así como las naciones avanzan, y España lo
hace gracias a ustedes.


Señores socialistas, como ven, se han quedado solos, vetando
junto a los que no respetan nada y junto a los que quieren romper nuestro
país. Ese es el servicio que los socialistas hacen a los españoles.


Más dinero, como el resto de las quejas, pero les quiero decir
una cosa, señorías: igual de importante es invertir que saber gestionar
bien los recursos, porque el dinero con el que presupuestamos todos estos
gastos se hace con el esfuerzo y trabajo de los españoles, que con su
tributación consiguen que tengamos un Estado del bienestar gratis,
universal y de calidad para todos. La primera lección que hay en
economía, ya sea micro, macro o familiar, es que los recursos son
escasos, y ante la escasez de recursos los socialistas siempre nos
proponen las mismas recetas: presupuestar para luego no ejecutar, como
hacían en esos presupuestos de los que tanto han presumido aquí; y la
otra opción que también suelen tener, que es pedir prestado y endeudar
más a los ciudadanos, que ya vendrán luego otros y pagarán. Señorías,
intentando resolver el problema de la financiación lo que hacen es
agravar más la situación y endeudar a las futuras generaciones fruto de
su incompetencia para gestionar los recursos.


Señorías del Grupo Socialista, tendrán que explicar ustedes por
qué van a votar hoy en contra de los más de 1300 millones de euros
destinados a personal; van ustedes a tener que explicar a los ciudadanos
por qué van a votar en contra de los más de 80 millones para mejorar los
recursos técnicos y por qué van a votar en contra de los más de 80
millones de euros destinados a justicia gratuita; van a tener que
explicar ustedes muchas cosas a los ciudadanos, que no entienden ninguna
parte de ese no es no, en el que están ustedes instalados, a ninguna
política que mejore España.


Yo no quiero acabar mi intervención sin ser constructiva. Aún
están a tiempo. Todavía pueden apostar por mejorar la justicia en España
y ayudar a dotarla de más medios, porque, piénsenlo, señorías, merece la
pena; mejorar la vida de los españoles, siempre, siempre merece la
pena.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz de la
Iglesia.


Pasamos a la sección 14, Ministerio de Defensa.


Para la defensa de la impugnación número 25, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez
Villazán.


El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, no tengan ustedes la menor duda de que al Grupo
Socialista le hubiera gustado apoyar lo presupuestado para la sección 14,
en unos tiempos convulsos en los que están creciendo las amenazas a
nuestra seguridad, pero creemos sinceramente que estos presupuestos no
responden a las necesidades que tienen planteadas hoy nuestras Fuerzas
Armadas para cumplir las misiones que tienen encomendadas y para
garantizar la seguridad nacional.


La principal novedad, señorías, es la incorporación de 1824
millones que se van a destinar a pagar los programas especiales de
armamento, pero como consecuencia de las sentencias del Tribunal
Constitucional que impiden utilizar un real decreto para aprobar un
crédito extraordinario para pagar estos programas. Aquí radica el grueso
del incremento. Pero con lo presupuestado en la mayoría de las demás
partidas no se podrán cumplir los objetivos señalados, y creemos que a
final de año puede que en algunas partidas se produzcan desfases de
entre 800 y 900 millones de euros.


Somos conscientes de que es el momento de abordar la
modernización de nuestras Fuerzas Armadas, sometidas a sucesivos recortes
a lo largo de los años. Necesitamos, es verdad, un plan de modernización
a medio y largo plazo. Pero este plan no puede estar basado, señorías,
exclusivamente en los planes especiales de armamento, porque la
modernización también se basa en disponer del número de efectivos
necesario, en garantizar su formación y su seguridad, en mejorar las
instalaciones, en facilitar medidas de apoyo al entorno familiar y a la
movilidad geográfica, y ese plan de modernización dudamos que se pueda
conseguir con una disminución de un 24 % respecto a 2016 en los programas
de modernización, con una disminución del 2 % en gastos operativos o con
una disminución de un 0,6 % en apoyo logístico.


El presupuesto, señorías, no está equilibrado —es
evidente—, porque si bien los programas especiales de armamento son
básicos, estas otras capacidades a las que me he referido son también
fundamentales para esta modernización. Por ejemplo, en los efectivos de
personal, que han ido descendiendo en estos últimos años en torno al 9 %,
dudamos de que lo contemplado en gastos para personal sea lo que
realmente se necesita, sino que más bien sea lo que hay presupuestado, se
cumpla o no se cumpla.


Creemos que las disminuciones que se contemplan en gastos de
personal, en material y hasta en combustible pueden afectar a la
operatividad de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Creen ustedes que se
garantizan las prácticas de tiro o las horas de vuelo de los pilotos o
las horas de prácticas en el mar de nuestros marinos? Les recuerdo que el
Jemad, en su comparecencia en el Congreso, reconocía que hay un 40 % de
los vehículos pesados paralizados por razones presupuestarias.


El incremento de las partidas para la formación del personal en
casi un 4 % es insuficiente para paliar los efectos de los recortes
continuados que se han aplicado desde 2011. Y no vemos ningún indicio de
que en estos programas de formación se vaya a tener en cuenta también a
la tropa y marinería. Como tampoco vemos qué cantidades se van a destinar
para incrementar ese 12,5 % de participación actual de las mujeres, que
está estancado desde hace ya años.


Por otra parte, la disminución de la partida destinada a la
sanidad militar en un 24 % respecto a 2011 nos hace temer que pueda haber
problemas en la adecuada prestación de este importantísimo servicio. Y
nos preocupa mucho más que en la prestación vinculada a operaciones en el
exterior se hable de garantizar el imprescindible apoyo logístico
sanitario. Podemos entender que se refiere al mínimo apoyo.


Señorías, en un tiempo en que las amenazas terroristas se han
ampliado y diversificado, nos parece gravísimo que haya muy poco
presupuestado para infraestructuras y equipamiento de ciberdefensa. Y no
vemos en el Gobierno una decisión firme de aprobar una ley de
programación plurianual de la defensa nacional.


Así pues, porque pensamos que con la distribución —no con
la cantidad, sino con la distribución— de lo presupuestado para
Defensa no se garantiza la operatividad de las Fuerzas Armadas, y que lo
único que se pretende es mantener las capacidades operativas mínimas e
imprescindibles sin afrontar las necesidades reales, y dejando de nuevo
que se base la operatividad en el esfuerzo y en el sacrificio de nuestros
militares, por todo ello, señorías, presentamos un veto a la sección 14
de estos presupuestos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Villazán.


Para la defensa de la impugnación número 47, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
senadora Vilà.


La señora VILÀ GALÁN: Muchas gracias.


Bueno, parece que los presupuestos de Defensa sí son de los que
más aumentan, pero habrá que ver por qué, cuáles son las razones, porque,
además, lo hacen de forma desmesurada, cosa que llama bastante la
atención.


En 2016 se aumentó el presupuesto en 1395 millones de euros. El
presupuesto inicial era de 5788 millones. Un presupuesto que se engordó,
y ya nos gustaría que las partidas para empleo, para sanidad, para
educación o para cooperación internacional engordaran tanto y tan
sustanciosamente como lo han hecho los presupuestos de Defensa.


En 2017, siguiendo las instrucciones del xenófobo, del populista
Donald Trump, los presupuestos de Defensa aumentan hasta un 0,2 %
oficialmente. Eso oficialmente, porque en realidad el aumento es muy
superior y vamos a ver por qué. En concreto, el aumento es del 32 %
respecto al ejercicio anterior, y esto se debe a una deuda generada en
los conocidos programas especiales de armamento. La realidad es que el
paso por el ministerio del ministro Morenés no solo arrasó con el
presupuesto, sino que generó una deuda para los próximos veinte años. El
crédito extraordinario destinado a programas especiales de armamento fue
puesto en duda por el Tribunal Constitucional con el veto del decreto ley
para aprobar créditos extraordinarios del año pasado. De este modo, se
tuvo que aplazar el pago de 717 millones de euros, destinados a sufragar
esos programas de modernización de las Fuerzas Armadas.


La sentencia del Tribunal Constitucional de 2016 responde a un
recurso impuesto por los grupos políticos contra el crédito de 2014. Esa
sentencia del Tribunal Constitucional pone de manifiesto la falta de
transparencia y la opacidad en el gasto del presupuesto militar. Tenemos
una grave falta de transparencia el en presupuesto militar. Ustedes, en
realidad, son los veritables antisistema, porque acumulan ustedes más
sentencias del Tribunal Constitucional que el propio proceso catalán, y
no es porque no se empeñen en ello, no es porque no se empeñen en
perseguir el proceso catalán, pero son ustedes los que más sentencias del
Tribunal Constitucional acumulan. Son los verdaderos antisistema. Por
eso, nosotros pedimos una auditoría del ministerio, justamente porque sus
presupuestos solo han servido para engordar las empresas armamentísticas,
para saciar los beneficios de las empresas que dirigió el señor Morenés.
En su paso por el ministerio se adjudicaron hasta 115 millones de euros a
empresas como Segur Ibérica, Instalaza o MBDA.


El ministerio no solo compra armas a sus empresas o a las
empresas de sus amigos, sino que también compra armas a países que
vulneran los derechos humanos, como es el caso de Israel. Compra armas
con un sello de tested in combat, testadas en combate. Están probadas
para poder vulnerar los derechos humanos del pueblo palestino. Sabemos
cuántas masacres ha provocado Israel en la población de Gaza, y ese
armamento que precisamente prueba Israel contra el pueblo palestino es el
que después compra España. Vergüenza, señores, vergüenza.


Los presupuestos de Defensa ni siquiera sirven para defender a la
gente. Son ustedes los que se llenan la boca de respeto al Ejército y a
nuestras Fuerzas Armadas cuando les pedimos que no haya presencia de
armas en la ferias de educación para así cumplir con la Ley de fomento de
paz y educación.






Pero ustedes no respetan al Ejército ni a la tropa ni a
la marinería; solo respetan a sus bolsillos. Si respetaran a la tropa y a
la marinería, aceptarían nuestras enmiendas y dejarían de jubilar y dejar
tirados a los soldados después de los 45 años. Si respetaran a la tropa,
contemplarían aumentos de personal, contemplarían salidas dignas para los
más desprotegidos, proporcionarían la formación prometida para una
posible incorporación a la vida civil. Si respetaran al Ejército,
destinarían más presupuesto a las instalaciones denostadas, que se caen a
cachos, y destinarían también más presupuesto a compensar a los
municipios que soportan las servidumbres militares.


Señorías, podemos tener flamantes tanques, fragatas y aviones,
pero a la tropa, que es la parte más vulnerable del escalafón del
Ejército, hay que tenerla de forma digna, en acuartelamientos y en
unidades que estén en condiciones. De nada sirve tanto armamento si no
hay quién sepa usarlo. Pero a ustedes les da igual, porque el fin, para
ustedes, no es defender a la gente, sino a sus empresas. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vilà.


Para la defensa de la impugnación número 65, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador
Castellana.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Muchas gracias, presidente.


Defensa debe ser un instrumento al servicio de la seguridad, y la
seguridad un bien al servicio de las libertades públicas. Pero ¿saben que
sucede? Que ayer se nos volvió a acusar de golpistas y se nos recordó que
el referéndum del próximo 1 de octubre es ilegal. ¡Qué sorpresa! ¡Ilegal!
Pues, obviamente, ¡claro que es ilegal! Porque la legalidad del Reino de
España se ha construido para que este referéndum no pueda existir, para
excluir la propuesta independentista del debate democrático.


Ayer, también el compañero del Grupo Popular habló de la
indisoluble unidad de España. Solamente faltaba recuperar la palabra
sacrosanta para recuperar esa época de la unidad de destino en lo
universal.


¿Qué pasa? ¿No podemos hacer nada? ¿El debate solamente sirve
para hablar y no para poder aplicar proyectos políticos? Permítanme que
aproveche para responder la obviedad expresada por una compañera
—ahora no la veo— cuando nos ha dicho que hay vida más allá
del independentismo. Pues sí, obviamente, hay vida más allá del
independentismo. Si quieren, les contaré un secreto ahora que no nos
escucha nadie: la parte que dedicamos a conseguir la independencia es la
pequeña; la grande es la que dedicamos a diseñar y construir las
estructuras que permitirán mejorar la calidad de vida de nuestra
ciudadanía en la futura república catalana. (Aplausos).


Recuperando el hilo, permítanme que les dirija tres preguntas y,
por favor, les pido que se pongan en el lugar de su interlocutor.
¿Considerarían democrática una legalidad que les excluyese? ¿Aceptarían
ustedes una legalidad que les excluyese, que excluyese su proyecto
político? España tiene su proyecto político. Permitan que una república
catalana también lo tenga. ¿Eso no es exclusión? Son 2 proyectos y los 2
tienen derecho a existir.


Les haré otra pregunta. ¿Dejarían ustedes su defensa en manos de
alguien que les acusa de golpistas? ¿A que no les gustaría? Pero, por
favor, no interpreten esto como que tenemos miedo al uso de la fuerza
contra un proyecto político democrático. No es así, porque creemos que
eso no puede ser. Además, resulta que las clases dirigentes del Reino de
España también son súbditas del gran capital. Y eso no es un brindis al
sol, porque cuando el gran capital pide que se reforme la Constitución
española en veinticuatro horas, las clases dirigentes del Reino de España
lo hacen sin rechistar. Permítanme que adjetive eso con palabras del
presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, que encontrarán en el Diario
de Sesiones de la última sesión de control, quien calificó a los países
que hacen reformas constitucionales en veinticuatro horas como las peores
de las dictaduras.


Por lo tanto, ¿por qué nosotros presentamos este veto? Porque,
por decencia democrática, les pedimos que retiren su lenguaje provocador
e incendiario. La paz y la concordia se construyen comprendiendo y
poniéndose en el lugar de su interlocutor. Esto es necesario. Cuando se
den esas ocasiones, hablaremos de seguridad y de defensa porque, como muy
bien saben, mucha falta nos hace hablar también de ese tema.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Castellana.


Para la defensa de la impugnación número 9, de los senadores Abad
y Cleries, tiene la palabra la senadora Abad.


La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.


Yo no soy golpista. Ustedes nos han llamado golpistas. La
ministra nos llamó golpistas porque no pensamos como ustedes o porque
intentamos poner urnas o porque queremos votar en referéndum —que
votaremos—. En mi partido, el PDECAT, apostamos por un modelo de
defensa en favor de la promoción de la paz y por una política propia que
sea capaz de armonizar nuestros valores, los propios de la sociedad
catalana, que quiere votar y que no es golpista.


Por ello, entre otras muchas, una de nuestras reivindicaciones
históricas ha sido y es la cesión de las infraestructuras militares a las
instituciones de Cataluña, y estos presupuestos no tienen previsto en
ningún lado cumplir con estas reivindicaciones y ceder, por ejemplo, la
Caserna del Bruc, u otros equipamientos que están en desuso, a la
ciudadanía catalana. Esta reivindicación, como he dicho, no está en los
presupuestos generales de 2017, en la sección 14, pues se trata de
presupuestos continuistas que no resuelven ni atienden los problemas
reales ni las aspiraciones reales de los catalanes y las catalanas.


Además, cuando se aprueban —como era de esperar y es
práctica habitual en el presupuesto de Defensa—, estos presupuestos
no son los reales, pues cada año se realizan ampliaciones durante la
legislatura a través de crédito extraordinario, y 2017 no será una
excepción. Por tanto, ¿asume de una vez por todas la ministra que ha de
consignar el presupuesto real en materia de defensa, o será de nuevo una
burla?


Estos presupuestos vienen acompañados de una falta de rigor, de
compromiso y de respeto para el pueblo catalán, y estoy aquí para
defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña. Por ello
presentamos nuestro veto a la sección 14, porque no entendemos ni
aceptamos que no contemplen y respeten los intereses legítimos y propios
de Cataluña.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.


Pasamos al turno en contra.


Tiene la palabra el senador Rodríguez Comendador.


El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Con la venia, señor
presidente. Muy buenos días.


Creía yo esta mañana que veníamos a tratar de la sección 14 y a
hablar del presupuesto de Defensa, pero, por lo visto, sus señorías, en
uso de su libertad de expresión, han hablado de lo que les ha interesado,
excepto de lo que venimos a tratar, que es el presupuesto de Defensa, de
la sección 14. Dicho lo cual, hay que señalar, primero, que la coyuntura
económica actual ha condicionado de forma muy relevante la disponibilidad
de recursos del ministerio para este Proyecto de presupuestos, un
proyecto para los seis meses de año que nos quedan. El doble criterio de
gasto, señorías, ha sido proteger la operatividad de las Fuerzas Armadas
y garantizar la seguridad de nuestro personal dentro de los límites
lógicos que esta actividad permite. En colaboración con el Estado Mayor
de la Defensa y los ejércitos, se han establecido las prioridades para
que este presupuesto se pueda cumplir al cien por cien.


¿Cuáles son los objetivos que persigue este presupuesto? Son dos,
básicamente. Por un lado, dotar a los Ejércitos y a la Armada de las
capacidades y recursos que permitan garantizar la defensa nacional, la
soberanía de nuestro país, su integridad e independencia, las libertades
individuales y colectivas de los españoles y cumplir nuestros compromisos
internacionales. En segundo lugar, contribuir con políticas de austeridad
y racionalización del gasto al esfuerzo que la totalidad del Gobierno y
la nación en su conjunto están realizando para sostener el impulso que
nos está permitiendo abandonar poco a poco la senda de la crisis.


En cualquier caso, señorías, es compromiso del ministerio
realizar un mejor aprovechamiento de los recursos mediante la obtención
de economías de escala y sinergias, estrategias de racionalización de las
capacidades disponibles e implantación de reformas importantes en la
gestión.


En relación con las operaciones de mantenimiento de la paz y la
autorización de participación de las Fuerzas Armadas en operaciones en el
exterior, que se ha criticado que no estén incluidas en el presupuesto,
en realidad a través del Fondo de contingencia tienen absoluta
transparencia. Este no es un presupuesto opaco ni con falta de
transparencia, en absoluto. En esta medida es preceptiva la autorización
para la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones en el
exterior y se realiza en las fechas en que se realiza, puesto que muchas
veces resulta imposible incluir la previsión de gasto de las misiones en
el exterior que se van a desarrollar en el futuro porque a lo mejor
participamos en alguna en la que ahora no participamos y, lógicamente,
hay que incluirlo a posteriori. Eso se hace a través del Fondo de
contingencia, pero con absoluta claridad y nitidez.


En cuanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas, señorías,
se ha dignificado la función y misión del militar profesional. Hoy día,
ser soldado profesional es una profesión dignificada y muy respetada, y
las condiciones en que se presta no solo están protegidas, sino que cada
día lo están más. Los esfuerzos que se están haciendo para dar mayor
protección y estabilidad a las condiciones de trabajo de las Fuerzas
Armadas son dignos de alabanza y no de crítica. Es verdad que todavía
quedan cosas por mejorar, por supuesto, nadie lo discute, pero estamos en
esa senda. Ese es el camino que tenemos que seguir, y esta sección
debería haber sido apoyada por el conjunto de la Cámara al completo.


Con todo respeto a las intervenciones de todos los que me han
precedido en el uso de la palabra, hay cosas que no se pueden compartir.
Señorías, no se puede venir aquí a hacer apología de independencia,
porque es lo que han hecho ustedes, entre otras cosas porque hay muchas,
muchas razones que impiden esa ilusión que tienen algunos de ustedes. Hay
razones jurídicas: la Constitución, que es nuestra Carta magna, no
permite un referéndum consultivo si no es de todos sus ciudadanos
—léanse los artículos correspondientes—. Hay razones
políticas: más de cinco siglos juntos. El demos español incluye al demos
catalán desde hace muchos siglos, por lo que no puede haber una decisión
democrática del demos catalán que no afecte y condicione al demos
español, que debe ser consultado —demos, griego, pueden ustedes
acudir al diccionario—. Hay razones sociológicas, más de cinco
siglos de convivencia unidos; con el intercambio y la mezcla que tenemos
de todos, de todas las regiones de España, al final nos hacen a todos ser
españoles por encima de todo. Hay razones de moralidad pública, señorías,
porque negar a una parte de los españoles el derecho a decidir sobre el
futuro del Estado que llevamos construyendo cientos de años es inmoral.
España es un proindiviso en el que todos formamos parte y todos tenemos
una parte de él. Yo quiero votar también si pasa algo en Cataluña.
Queremos votar todos los españoles lo que nos afecta a todos, no solo una
parte de España. (Aplausos.— Rumores). ¿Existe el derecho a
decidir? ¿Cómo que no existe el derecho a decidir? Claro que existe, lo
que pasa es que el derecho a decidir no es fraccionable, es del conjunto
del Estado, es del conjunto de los españoles, que tenemos que decidir
sobre el futuro de todos.


Señorías, al igual que la sanidad y la educación son servicios
públicos, la seguridad y la defensa constituyen la base indispensable
desde la que promover nuestra prosperidad como nación. No hay posibilidad
del ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades públicas si
no vivimos en una nación segura, señorías. ¡Y España lo es gracias a
nuestras Fuerzas Armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado! (Aplausos).


Señorías, siguen ustedes con la ilusión —algunos, no todos,
evidentemente— de la independencia. No les vaya a pasar a ustedes
lo que al príncipe Segismundo en La vida es sueño: «Sueña el rey que es
rey, y vive en ese engaño mandando, dirigiendo y gobernando». Porque, al
final, señorías, «... la vida es sueño, y los sueños, sueños son».
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Comendador.


Pasamos a las secciones 15 y 36. Para la defensa de la
impugnación número 26, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Rubio.


El señor RUBIO RUIZ: Gracias, presidente.


Señorías, el Grupo Socialista considera que estos presupuestos
—y se ha reiterado ante esta Cámara— son continuistas y
alejados de la realidad social que vive el país. La política de agresivos
recortes de gasto público del Gobierno del Partido Popular no ha
permitido cumplir cada año los objetivos de déficit y, por el contrario,
ha generado un círculo pernicioso para la economía del país, que ya hace
tiempo apuntaban los informes del propio Fondo Monetario Internacional: a
más recortes, más recesión, con pérdida de la capacidad de ahorro y del
consumo y, por lo tanto, menos demanda de bienes y servicios, menos
producción, más desempleo, menor recaudación de recursos. Por eso en
España tardamos más en iniciar la recuperación, y bienvenida sea.


Los presupuestos nos deberían dar la ocasión para abordar, en
este momento, la reversión de los sacrificios de quienes más han sufrido
la crisis, en primer lugar, por pura justicia y, en segundo lugar, por
estrategia económica. Una sociedad con un 20 % de riesgo de pobreza, una
reducción de la renta media familiar desde un 10 % a un 28 % en los
salarios más bajos, con una todavía elevada tasa de paro, más dramática
en los casos de larga duración y en el empleo juvenil, y un crecimiento
galopante de la desigualdad, esta sociedad, repito, se encuentra lastrada
para empujar y consolidar la recuperación económica. Porque un
crecimiento duradero está vinculado al nivel de bienestar y a la
productividad, hay que conjugar crecimiento con un reparto justo de ese
crecimiento.


Y vayamos al sistema tributario. El Gobierno sigue en la
obediencia incondicional al ajuste y al recorte del gasto, cuando la
verdadera clave está en haber hecho un esfuerzo en los ingresos, ingresos
que la Airef ha calificado, respetuosamente, de optimistas porque calcula
la recaudación tributaria en un mantenimiento del crecimiento que no
tenemos garantizado. Además, siguen haciendo recaer todo el peso de la
recaudación fiscal en los asalariados y en los autónomos: el 84 % lo
soportan las rentas familiares. Hemos perdido, de nuevo, la oportunidad
de redefinir la recaudación fiscal, de manera que las rentas del capital
contribuyan en mayor medida, así como las grandes fortunas y las grandes
empresas. No es de recibo que las grandes corporaciones tributen un 5 % o
menos.


Tampoco se refleja en estos presupuestos un esfuerzo especial en
combatir el fraude y la evasión en paraísos fiscales. Nuestro grupo ha
apostado por un drástico incremento del número de inspectores de la
Agencia Tributaria que trabajan en la lucha contra el fraude. Y el fraude
no está en los autónomos, dejen de marear la perdiz, la chicha está en
otros lugares; el fraude y el delito están en la evasión a paraísos
fiscales, en cuya lucha hace falta empeño, compromiso y promover las
necesarias alianzas internacionales que lleven a la desaparición del
secreto bancario. Pero mal camino hemos empezado cuando hemos promovido a
la más alta magistratura de la Presidencia de la Comisión Europea, al
señor Juncker, que convirtió a su país, Luxemburgo, en un paraíso fiscal
dentro de la Unión. Son, pues, los ingresos, especialmente los
tributarios, sobre los que el Gobierno ha pasado de puntillas.


En otro orden dentro de esta misma sección, la Secretaría de
Estado de Función Pública, los servicios públicos también se han
resentido durante los años de Gobierno del Partido Popular. Mantener la
tasa de reposición de efectivos a cero ha provocado el cierre de plantas
de hospitales, la masificación del número de alumnos en las aulas y la
desaparición de algunos servicios, ya que entre 2012 y 2016 se han
perdido más de 200 000 empleos públicos, la mayor parte en los ámbitos
sanitarios, docentes, de seguridad y servicios sociales. Paralelamente,
la valoración de la calidad de los servicios públicos ha descendido en 20
puntos en el mismo periodo.


Tras muchas presiones...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor RUBIO RUIZ: Termino, presidente.


Tras muchas presiones, el Gobierno acabó publicando el Real
Decreto Ley 2/2017, desbloqueando las convocatorias de empleo público
para los servicios esenciales, que al menos ha servido para paliar el
colapso pero el problema sigue ahí. Solicitamos que la tasa de reposición
se estableciera en el 150 % para revertir la línea de pérdida de empleo
público, pues no, el Gobierno ha optado por el 50 % y solo el cien por
cien en casos muy especiales.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor RUBIO RUIZ: Y otra oportunidad que hemos perdido ha sido
la de restituir de alguna manera a los trabajadores públicos su nivel
retributivo, su capacidad adquisitiva perdida durante la crisis.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rubio.


Para la defensa de la impugnación número 48, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el
senador Martínez.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Buenos días, señorías.


La verdad es que da un poco igual si vemos la sección de Defensa,
de Hacienda o de Exteriores: el discurso del Grupo Popular siempre es
igualmente rancio y casposo. (Protestas). Pero en la anterior sección, de
Defensa, se han coronado ustedes.


En las intervenciones de ayer ya adelantamos que algunos de los
motivos fundamentales que nos llevan a rechazar estos Presupuestos
Generales del Estado para 2017 tienen que ver directamente con la sección
de Hacienda y con las Administraciones Territoriales. En primer lugar,
porque estos presupuestos generales se basan en una previsión no realista
de los ingresos públicos. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen el Banco
de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que han
mostrado públicamente serias dudas sobre las previsiones de ingresos, y
en particular sobre los impuestos directos y el IRPF.


El Gobierno trata de conjugar una reducción acelerada del déficit
con sus contrarreformas fiscales, y por supuesto el resultado no puede
ser otro que este. Las reformas regresivas de 2015 han supuesto una
pérdida de 12 300 millones de euros de recaudación, y los cambios en la
distribución de la renta provocados por la mayor desigualdad y la
devaluación salarial han erosionado la recaudación tanto del IRPF como
del impuesto sobre sociedades. Por eso los ingresos vienen creciendo muy
por debajo de lo que deberían como consecuencia del crecimiento del PIB,
un hecho inédito en al menos las últimas dos décadas. Fíjense en el
contraste, señorías. Los tributos indirectos como el IVA, que se pagan
independientemente de la renta del contribuyente, han ganado cerca de 10
puntos porcentuales de peso en la recaudación del Estado en la última
década, mientras que los tributos directos como el IRPF o el impuesto
sobre sociedades han cedido casi 4 puntos.


La pérdida de peso en los impuestos directos se ve agravada,
además, por el fraude fiscal. En este país, al tiempo que se asfixia a la
mayor parte de la gente que trabaja y paga sus impuestos, los
privilegiados se lo llevan crudo. Los resultados logrados por la Agencia
Tributaria apenas representan un 21,7 % de la evasión total estimada
entre 2012 y 2016. En estos presupuestos la Agencia Tributaria contará
con un presupuesto un 5,2 % menor que en el ejercicio 2010 y con una
plantilla un 10,7 % inferior que en el mismo ejercicio. Este es el
interés que ustedes tienen en perseguir el fraude fiscal. Pero claro, no
se puede esperar otra cosa de un ministro de Hacienda que pone la
alfombra roja a los defraudadores con una amnistía fiscal declarada ya
inconstitucional y tampoco se puede esperar otra cosa de un partido hasta
el cuello de corrupción, como el Partido Popular. ¿Cómo van a perseguir
ustedes la evasión fiscal si los defraudadores están entre sus filas,
entre sus dirigentes? (Protestas). Los niveles de corrupción y fraude que
se dan en España serían completamente inaceptables en el resto de países
de nuestro entorno. Al Partido Popular le encanta hacer gala de un
discurso europeísta, pero solo para lo que les interesa, solo cuando se
trata de realizar recortes y ajustes, solo cuando se trata de maltratar a
nuestra gente.


La renuncia a abordar una reforma fiscal en profundidad para
asegurar la financiación de las políticas públicas provoca que el aumento
de los ingresos sea básicamente el que se deriva del propio crecimiento
nominal de la economía y esto, señorías, nos impide converger con Europa
en presión fiscal y hace que nos encontremos 8 puntos por debajo de la
eurozona.


El atraso de España en materia de fiscalidad se ve claramente en
el desarrollo de los impuestos medioambientales. Fíjense, en el último
informe de la OCDE para España se dice que los ingresos procedentes de
los impuestos medioambientales han disminuido en términos reales desde el
año 2000. El informe de la Comisión Europea publicado este mes de mayo
dice que los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales se
sitúan entre los más bajos de Europa.


Además, las carencias en materia de política fiscal no repercuten
igualmente en el conjunto de las administraciones públicas. Los
presupuestos siguen la misma lógica antimunicipalista y antiautonómica de
los presupuestos anteriores, porque sus principales disposiciones se
basan en la reforma del artículo 135 de la Constitución, en la Ley de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y en La ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, un modelo de
financiación que no garantiza ni la suficiencia ni la autonomía
financiera.


Voy terminando. Además, este año ustedes han elaborado unos
presupuestos generales que reducen el conjunto de las inversiones
territorializadas en un 22,1 % y en algunas comunidades autónomas, como
Andalucía, Asturias o Valencia, se baja hasta un 30 %.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Sí, señor presidente, acabo.


Todo ello caracteriza a estos Presupuestos Generales del Estado
en términos fiscales como regresivos, antieuropeos y recentralizadores, y
todo ello justifica tanto este veto como nuestra oposición frontal a
estos Presupuestos Generales del Estado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.


Para la defensa de la impugnación número 66, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Pérez
Esteve.


La señora PÉREZ ESTEVE: Gracias, presidente. Señorías, buenos
días.


Voy a empezar respondiendo, si me permiten, al senador del Grupo
Popular que ha dicho una verdad: «... la vida es sueño, y los sueños,
sueños son». Pues mire, tiene toda la razón, los sueños, sueños son, pero
se ha olvidado decir que al pobre Segismundo le hicieron creer que la
realidad que había vivido era un sueño, cuando era real. Nosotros, los
catalanes y las catalanas, hace años que soñamos, pero también tenemos
claro, y también lo tendrían que tener ustedes, que el próximo 1 de
octubre vamos a votar y vamos a ganar. (Aplausos.— Protestas).


Siguiendo con mi intervención, nuestro veto a la sección
presupuestaria 15, que corresponde al Ministerio de Hacienda y Función
Pública, es evidente: es el ministerio responsable y principal de la
elaboración de estos invotables presupuestos generales, y más después de
lo que tuvimos que escuchar ayer por parte del ministro y de dos de los
portavoces. Estos presupuestos consolidan su modelo de Estado que se
caracteriza por un nivel de impuestos tributados principalmente por las
rentas de trabajo de las clases medias y bajas y no por las que tendrían
que ser, las del capital, o dicho de otra manera, las de sus amigos. El
esfuerzo fiscal persigue a las pequeñas y medianas empresas y a los
autónomos, al verdadero motor, pero a las grandes empresas les permite
pagar un tipo efectivo mucho menor —muy lógico todo—.


Si analizamos estos presupuestos nos damos cuentas de que se ha
falseado el nivel de ingresos, y no lo decimos nosotros, lo ha señalado
la Airef, y en ningún caso visualiza el esfuerzo que se tendría que hacer
en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal. Se lava la
cara de las cuentas públicas para disimular la realidad: que es un nuevo
año de recortes. El techo de gasto es menor que en 2016. ¿Y por qué? Por
los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno español; eso sí, se
reparte de manera que el Estado tiene mayor capacidad de generar déficit
en lugar de tenerlo las administraciones que llevan a cabo el gasto
social.


El esfuerzo en este gasto público solo va a suponer un 41,3 % del
PIB, cuando en 2016 fue el 42,1 %. ¿Y quién se va a comer este gasto?
Pues va a ser la inflación, situada por consenso por encima del 2 %. Casi
todas las partidas experimentan recortes o subidas inferiores al
crecimiento nominal de la economía, lo que les permite reducir el peso de
los gastos sobre el total del PIB. Siguen manteniendo buena parte de los
ajustes aprobados el año pasado, cuando avanzaron el cierre de los
ministerios en septiembre y aprobaron la no disponibilidad de gasto en
julio, lo que igualmente provocó que no se pudiera gastar en 2016 lo que
no estaba comprometido en esa fecha. La consecuencia fue del todo
desastrosa y aún la estamos sufriendo.


La mayor de las injusticias se la llevan las comunidades
autónomas y las corporaciones locales, que son las únicas
administraciones que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria
y son a las que se les aplica más restricciones: tienen más obligaciones
de gasto social y tienen menos capacidad impositiva y de ajuste; los
límites de deuda para las comunidades autónomas no son equitativos y no
guardan ningún tipo de proporcionalidad. Si nos fijamos en las
administraciones más próximas a la ciudadanía, los ayuntamientos, la cosa
se pone más complicada todavía. Son las administraciones que mejor han
hecho los deberes, a diferencia de la Administración central, y siguen
ofreciendo todos y cada uno de los servicios que tienen que ofrecer y
más; aun así, las siguen ahogando. La evidencia de que los ayuntamientos
no solo han salido de la crisis, sino que la tienen más que superada, es
su superávit. Llevan más de cinco años acumulando superávit y en 2016 la
cifra llegó a los 7083 millones de euros, los cuales —y gracias a
sus políticas— solo pueden destinar a pagar deuda pública, se lo
quedan los bancos, sin poder destinarlo a sus propietarios reales, que
son los ciudadanos y ciudadanas.


Sabemos que la regla de gasto no va directamente ligada a los
presupuestos, pero sí indirectamente, no se engañen. Cuanto mejor vayan
los ayuntamientos, cuanto mejor vayan sus cuentas, más ayudarán a reducir
su deuda pública; deuda pública que aun con su ayuda seguirá sin cumplir
los parámetros que marque la Unión Europea. Entonces, ¿cómo se entiende?
Les respondemos: no se entiende, sus políticas no se entienden, su
presupuesto, desde el punto de vista lógico, no se entiende. Así que, por
todo ello, el Grupo de Esquerra Republicana presenta el veto a esta
sección.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez Esteve.


Para la defensa de las impugnaciones números 3 y 7, del senador
Cleries, tiene la palabra el senador Cleries.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.


Nos encontramos ante esta sección del Ministerio de Hacienda y me
ha sorprendido que antes uno de los portavoces del Grupo Popular dijera:
¿Qué propuestas tienen ustedes? El Partit Demòcrata ha presentado a estos
presupuestos 858 enmiendas y hay un total de 6119 enmiendas del conjunto
de la oposición. ¿Y saben lo que sabemos? Que no se va a aprobar ninguna
de estas enmiendas, que aquí en el Senado no se va a mover ni una coma.
Estaremos hoy discutiendo mucho —en comisión también discutimos
mucho—, estaremos en el próximo Pleno y no se va a mover ni una
coma. ¿Por qué? Porque ayer el ministro nos decía que tiene un acuerdo
tan sólido con distintas formaciones políticas sobre estos presupuestos
que le da miedo que se apruebe una coma en el Senado porque tendrían que
ir de nuevo al Congreso: le da miedo —en catalán decimos que els
tornin a passar el platet— que les vuelvan a pasar el cepillo las
formaciones políticas, que no son el Partido Popular, que dan soporte a
estos presupuestos y que la factura sea mucho más alta. Una factura más
alta que no contribuye a la igualdad de la que ustedes siempre hablan
entre españoles, sino que estos presupuestos consolidan más la
desigualdad entre territorios y el trato discriminatorio especialmente
hacia algunos territorios.


Precisamente, les quiero recordar que desde el año 2014 está
caducado el sistema de financiación autonómica y ustedes no han hecho
nada para ponerlo al día, y mientras las comunidades que están en el
régimen ordinario están saliendo gravemente perjudicadas. Tanto es así en
el caso de Cataluña, que tenemos un déficit fiscal de entre 15 000
y 16 000 millones de euros cada año, y yo cada semana cuando cojo el AVE,
pienso: Cada mañana sale un AVE —no sé cuál es— desde
Barcelona hacia Madrid con más de 41 000 000 de euros que se van hacia el
Estado español y que no vuelven ninguno de estos millones a Cataluña para
nada de nada, para ningún servicio. Este es el gran servicio del Estado
español a Cataluña: un déficit fiscal de más de 16 000 millones de euros,
y no pueden decir que no porque incluso sus grandes expertos lo han
calculado. Y ustedes se extrañan de que la Generalitat no envíe ningún
experto a calcular el sistema de financiación. ¡Si ya está todo
calculado, lo único que hace falta es aplicarlo!


Pero no se preocupen, porque en Cataluña vemos la acumulación de
déficit que tenemos y que incluso nos engañan con las inversiones, porque
nos dicen que se van a invertir unos 1000 millones cada año y después el
mismo Ministerio de Hacienda dice que, por ejemplo, en el año 2016 solo
se han ejecutado —salieron las cifras hace quince días—
un 35,6 %, que quiere decir que en lugar de invertir en Cataluña menos
del 10 %, se ha invertido menos del 3,5 % del conjunto de inversiones del
Estado español. Una auténtica vergüenza. Y encima estamos hartos
—se lo digo así de claro— de escuchar que los servicios
públicos en Cataluña se pagan gracias al Estado español. Oiga, lo que se
paga en Cataluña en servicios públicos es gracias al esfuerzo fiscal de
los catalanes y catalanas, porque el Estado español sí que es
responsabilidad de un expolio fiscal, pero en ningún caso de regalarnos
nada de nada. Esto está bien claro.


Además, no se preocupen: como somos tanto estorbo, nosotros ya
nos vamos. ¿Pero saben lo que ocurre? Que lo que les da miedo es cómo les
van a salir los números sin Cataluña; este es el gran problema que tiene
el señor Montoro sin Cataluña, porque los números le salen muy mal. Este
es el problema del Estado español, pero no se preocupen, nos vamos con
tranquilidad y tendrán unos buenos vecinos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Martínez Arcas.


El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.


Comparto el turno en contra con el senador Valverde, quien
profundizará en los temas de financiación autonómica y territorial. Yo me
voy a centrar en el ámbito específico de lo que concierne al Ministerio
de Hacienda y Función Pública.


Empezaré diciendo que, al margen de la interesante y certera
clasificación que hizo ayer nuestro portavoz sobre la concepción de la
política que tenemos los miembros de esta Cámara —unos que nos
basamos en la construcción y en la estabilidad y otros que lo hacen sobre
la base de la inestabilidad y de la destrucción—, este servidor
también quiere humildemente clasificar a las formaciones políticas del
Senado en dos modelos políticos y de gestión pública distintos. Ambos
modelos son antiguos y con acreditada trayectoria: en unos casos
acreditada trayectoria de éxito y en otros casos de rotundo fracaso. Y
digo bien cuando digo antiguos, señor Martínez, porque algunos de la
izquierda populista se quieren arrogar la invención de un nuevo modelo,
fruto sin duda de esa efebocracia, que diría Ortega, de la que ustedes
hacen gala, pero en el fondo no son más de lo mismo: son antiliberales
disfrazados de folclóricos.


Por lo tanto, dos modelos radicalmente distintos: el suyo, el de
la izquierda, basado en un incremento descontrolado del gasto público
bajo el principio de «si no hay quien lo pague, ya habrá quien lo deba»;
una subida indiscriminada de impuestos, principalmente a la clase media,
a la que ustedes quieren masacrar; en definitiva, intervenir en todos los
aspectos de la vida de los ciudadanos, restringir su capacidad de
iniciativa privada, más impuestos, menor capacidad de gastos e inversión,
más dependencia del poder público y, en consecuencia, lo que a ustedes
les gusta: clientelismo. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la
Presidencia). Un modelo que sin necesidad de ir más allá de nuestras
fronteras, aunque también hay ejemplos que podríamos poner encima de la
mesa, aboca al crecimiento económico negativo, a la destrucción masiva de
empleo, a la bancarrota del sistema administrativo, al impago y a la
quiebra del Estado del Bienestar social.


Son ustedes los del Plan E, los de las facturas sin pagar por
falta de liquidez; los del incremento exponencial de los empleados
públicos; los del actual sistema de financiación autonómica; los del café
para todos; los de, como diría Pedro Sánchez, la nación de naciones, o
como diría Pablo Iglesias, el país de países; los que generaron 3,5
millones de parados nuevos; los que defienden un modelo ineficiente,
ineficaz y peligroso para España.


En el Partido Popular defendemos un proyecto que ha revertido
completamente la situación que nos dejaron en 2011. Un modelo que
—no nos escondemos— considera imprescindible la consolidación
fiscal y el cumplimiento del déficit.






Y lo hace porque eso nos permite
acreditar que somos un país solvente, que pagamos lo que debemos, que
tenemos capacidad para pagar nuestras deudas. Y eso genera confianza, y
esa confianza hace que los inversores inviertan en nuestro país, lo que
ha generado el crecimiento económico que hemos tenido, el doble de la
media comunitaria. Y ese crecimiento económico genera a su vez empleo, a
razón de medio millón de puestos de trabajo al año. Consideramos también
importante cumplir los objetivos de déficit porque, obviamente, implica
una aminoración del endeudamiento; si somos capaces de cubrir los gastos
con los ingresos ordinarios, indudablemente no tendremos que recurrir a
ingresos financieros externos.


En consecuencia, el crecimiento económico con empleo y el menor
endeudamiento implican más ingresos tributarios, mayor recaudación en la
Seguridad Social, menos gastos en intereses y en prestaciones por
desempleo, y en su virtud, lógicamente, más posibilidad de gastar en las
personas que más lo necesitan y en garantizar el Estado de bienestar
social. Para muestra, los presupuestos de este año 2017, en los que el
gasto social, en términos absolutos y relativos, es mayor que ningún
presupuesto de la historia de la democracia.


Además, entendemos que esa consolidación fiscal se puede hacer, y
así lo hemos acreditado, rebajando los impuestos. En los últimos dos
ejercicios, las rebajas fiscales adoptadas por el Gobierno de España han
supuesto poner 12 300 millones de euros en los bolsillos de los
contribuyentes. Y eso no se produce por el milagro de los panes y los
peces, es fruto de una política basada en varios argumentos sólidos. En
primer lugar, un crecimiento económico fiable y prudente —lo decían
el otro día el gobernador del Banco de España y el presidente de la
Airef—, basado en una demanda interna solvente y en una balanza de
pagos muy favorable, en una ligera inflación y también en un incremento
de los salarios. ¿O acaso el incremento del 8 % del salario mínimo
interprofesional no va a repercutir necesariamente en una mayor
recaudación tributaria? Se basa igualmente en la implementación de nuevas
medidas tributarias, como las que se adoptaron al final del
ejercicio 2016, en concreto, en el ámbito del IBEX sociedades, así como
en el incremento de la eficacia en la lucha contra el fraude: más
de 60 000 millones de incremento en la recaudación en la lucha contra el
fraude en los cuatro últimos ejercicios, y 100 millones de euros más que
se van a dotar en este presupuesto de 2017, un 10 % más para luchar
contra el fraude fiscal.


Y, por último, reduciendo el gasto superfluo y gestionando de
manera más eficiente los recursos públicos. Y aquí me van a permitir un
inciso, señores de Podemos. Ustedes están continuamente diciendo que hay
que poner las instituciones al servicio de los ciudadanos. Me parece
correcto, pero no hay que manipular las instituciones, como hicieron
ustedes ayer y hoy en el Congreso de los Diputados presentando una moción
de censura absolutamente infundada y absolutamente injustificada.
(Aplausos). Una moción de censura que para lo único que ha servido es
para hacerles propaganda y publicidad gratuita, pero a costa de todos los
españoles. Eso es poner las instituciones exclusivamente a su servicio.
(Aplausos).


En definitiva, señorías, y voy terminando, tenemos una situación
económica que nos ha permitido también alcanzar un acuerdo histórico con
las centrales sindicales para incrementar un 1 % el sueldo de los
empleados públicos, para crear en este ejercicio de 2017 más de 65 000
nuevos funcionarios y consolidar durante los próximos tres años a 250 000
interinos.


Son dos modelos antagónicos, claramente distintos. Ustedes son de
subir impuestos, de incrementar el gasto público, de no cumplir el
objetivo de déficit, de llevarnos al desastre, de llevarnos a la quiebra
y a la bancarrota. Nosotros, de fomentar la actividad pública, pero como
elemento que garantice el Estado de bienestar y estimule el desarrollo
económico. Somos partidarios de bajar los impuestos y controlar el gasto
público para eliminar el déficit y reducir la deuda. Se trata de gastar
mejor, no de gastar más.


Y, por último, señorías, para que ustedes lo entiendan, esto es
la fábula de la cigarra y la hormiga: mientras nosotros recogemos
provisiones para el invierno, ustedes siguen riendo y cantando.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias,
señoría.


Tiene la palabra el senador Valverde.


El señor VALVERDE MENCHERO: Muchas gracias, señor
presidente.


La verdad es que tengo poco tiempo, pero debo contestar a la
impugnación a la sección 36, que solo hace el PDECAT.


Primero, quiero decirles que es muy simple esa impugnación,
porque dice que no se adecúa a las necesidades del Estado español y, en
particular, a las que necesita Cataluña. La financiación de las
comunidades autónomas y de las entidades locales forma parte de un
sincero diálogo del Estado con estas entidades territoriales; sincero
diálogo que se va a plasmar en esas comisiones de expertos que, fruto de
esa reunión de la Conferencia de Presidentes, deben dar lugar a un nuevo
marco de financiación autonómica y local. Pero hay que significar algunas
cosas: 5400 millones de euros más para comunidades autónomas, y no solo
por un proceso automático de aplicación de la ley, sino por una gestión
eficiente y eficaz de un gobierno, el Gobierno del Partido Popular, que
está permitiendo el crecimiento y el desarrollo económico para que puedan
disponer ahora de ese dinero para la financiación de sus gastos todas las
comunidades autónomas, incluso aquellas gobernadas por partidos políticos
que no van a aprobar estos presupuestos.


En concreto, de los 94 355 millones de euros que percibieron las
comunidades autónomas el año pasado, 17 400 fueron para Cataluña,
el 18,51 % —fue la que más financiación recibió— y en este
año 2017 está previsto nuevamente que sea el 18,60 %, es decir, 18 575
millones de euros. Más de 100 millones de euros de aportación para la Ley
de dependencia; 2000 millones de euros, un incremento del 12,7 %, para
las políticas activas de empleo; acuerdos históricos para la
consolidación del empleo. En definitiva, una apuesta decidida por las
entidades territoriales, por las comunidades autónomas y también por los
ayuntamientos.


Señorías del PDECAT, los fondos de liquidez puestos a disposición
de las comunidades autónomas han permitido pagar gran parte de los
servicios públicos de las comunidades autónomas. En concreto, Cataluña ha
recibido desde el año 2012 62 952 millones de euros, es decir, el 33 % de
la cantidad dispuesta para las comunidades autónomas y entidades locales,
y esto ha significado ahorros que van a llegar a los 16 000 euros...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, lo siento, pero
tiene que ir terminando.


El señor VALVERDE MENCHERO: Termino.


El Estado no roba tanto, señorías del PDECAT y de Esquerra
Republicana, el Estado más bien se convierte en muchas ocasiones en el
ángel salvador de muchas comunidades autónomas, como la de ustedes. En
definitiva, señorías, compromisos cumplidos, fruto del diálogo, y todo
ello dentro del marco de sostenibilidad financiera y estabilidad.


Señorías, estos presupuestos son los que ahora necesita España,
unos presupuestos que siguen garantizando el crecimiento y el desarrollo
de nuestro país y el empleo, y ofrecen la estabilidad y la certidumbre
que todos necesitamos.


Nuestro grupo va a rechazar este veto a las secciones 36 y 15 del
presupuesto presentadas por los diferentes grupos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señoría.


Pasamos a la sección 16.


Para la defensa de la impugnación número 27, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Iglesias.


La señora IGLESIAS PARRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, diferentes representantes del Partido Popular, a lo
largo de su tramitación, han calificado estos presupuestos de
continuistas. Al Grupo Socialista le parece que es una calificación muy
benevolente, pensamos que en muchas políticas vamos para atrás. Con la
sola excepción del programa 131N, de formación, que aumenta en un 31 %,
el resto de los programas o se quedan igual o disminuyen, como ocurre con
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con seguridad vial, con
protección civil y con instituciones penitenciarias. Y esto ocurre en un
escenario de crecimiento económico que ustedes sitúan en el 3,2 % y,
además, para un servicio considerado básico. No quiero ni imaginar qué
presupuesto habrían hecho si no tuviera esta consideración.


Se entiende que un servicio básico debe tener un tratamiento
prioritario, sin embargo ustedes no lo han entendido así. De todos los
servicios básicos, Justicia, Defensa, seguridad ciudadana, instituciones
penitenciarias y política exterior, este ha sido el peor tratado.
Justicia sube más de un 7 %, de lo cual nos alegramos porque
efectivamente ya tocaba; Defensa sube un falaz 0,4 %; política exterior,
un 3 % y la sección que nos ocupa, Interior, solo un 0,1 %. Por tanto, el
crecimiento de los presupuestos de estos servicios básicos se ha
distribuido de forma muy desigual, y no será porque nuestras fuerzas y
cuerpos de seguridad no tengan graves problemas, o no los tenga
instituciones penitenciarias o no tengamos necesidades acuciantes, por
ejemplo, en materia de asilo.


Los presupuestos son la foto de sus intenciones, o más bien la
foto de lo que ustedes quieren que creamos que son sus intenciones,
porque como ya ocurrió el año pasado, seguramente estos presupuestos
tengan poco de reales, ya lo está advirtiendo la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal. En cualquier caso, estos presupuestos
consagran el espíritu de recortes iniciado en 2012 en políticas de
seguridad —un 6 % en seis años—, y que tiene su cara más
visible posiblemente en la reducción de plantillas. Ustedes han tratado
de darle un poco de lustre a estos tristes presupuestos con una medida
que se supone estrella y una medida que ustedes dirían en diferido porque
va a tener efectos dos años después, y es la oferta pública de empleo
para la Policía Nacional y la Guardia Civil. En un primer momento dijeron
que suponía la reposición del 100 % de las vacantes que se iban a
producir en este año; ahora nos dicen que va a ser un poco más, que va a
ser un 20 % más. Si hacemos un acto de fe y nos creemos que efectivamente
esto va a ser así, que se va a superar en un 20 % la tasa de reposición,
nos harían falta veinticuatro años para cubrir las vacantes que existen
según el catálogo, no tres años, como dijo el ministro, señor Zoido, hace
pocos días.


Sacan pecho también con la subida salarial del 1 %, una subida
que ni siquiera alcanzará el IPC, con lo cual se está consagrando que se
siga perdiendo poder adquisitivo. Y hablando de retribuciones, siguen sin
abordar la equiparación salarial entre la Guardia Civil y la Policía
Nacional. Ya sabemos que lo están estudiando, ya sabemos que hay una mesa
constituida, ya sabemos que no saben cuánto cuesta esta medida, pero
entenderán que les reprochemos la calma con que se toman este asunto,
porque ya lo prometieron en 2011. No sé qué han hecho en todo este
tiempo. Y ese retraso, además, legitima cualquier sospecha de que no
tengan ninguna intención de abordar este tema.


Siguen sin dar a los suicidios la importancia que tienen en el
seno de la Guardia Civil. Ahora sabemos por qué, porque ustedes piensan
que la Guardia Civil tiene más problemas de pareja y más problemas
psicológicos que el resto de la sociedad y que los problemas laborales no
tienen nada que ver con este asunto.


Se ha recortado en protección civil, nada menos que un 1,8 %; se
ha recortado en seguridad vial —mientras vuelven a aumentar las
muertes en carretera después de trece años, recortan el presupuesto en 14
millones de euros—; y donde han recortado sin complejos, de manera
más sangrante, es en el capítulo de inversiones reales, que ha visto
reducido su presupuesto en un 4,6 %, 12 millones de euros menos; 12
millones de euros menos para las cárceles, para los centros
penitenciarios, para los CIE, que ya sabemos cómo están.


Ya sabemos —y me lo van a decir, con toda seguridad—
que el Partido Socialista es el último responsable de estos presupuestos,
pero, como les dijo ayer mi compañero Juan María Vázquez, ya está bien;
empiecen a hacerse responsables de lo que son responsables, que es de
seis años de Gobierno y de una subida de la deuda pública de más
del 30 %. Y admítannos una recomendación, pongan fin al nepotismo y a la
corrupción, porque el nepotismo y la corrupción salen muy caros y además
condicionan los presupuestos.


Respecto a las políticas de asilo y apátridas, se ha aumentado el
presupuesto en 100 000 euros, con lo cual ya nos podemos hacer idea de
adónde va a ir el compromiso que contrajimos con Europa y los 15 000
refugiados que están esperando.


Instituciones penitenciarias se ha recortado un 0,4 %, y tenemos
las cárceles con módulos cerrados, cárceles cerradas... Por cierto, hay
un protocolo también para evitar agresiones, cero euros…


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora IGLESIAS PARRA: Termino, señor presidente.


Eso sí, se consignan para estudios y trabajos técnicos 9 millones
de euros, y el secretario no supo decirnos para qué eran.


Les decía, no hay dinero para el protocolo de prevención de
agresiones, no hay 3 millones de euros para paliar la falta de
examinadores de tráfico, pero ya verán cómo no tenemos ningún problema en
encontrar 2000 millones de euros para pagar el rescate de las autopistas.
A ustedes les falla la voluntad de querer arreglar determinados asuntos y
les sobra voluntad para arreglar otros.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Iglesias.


Para la defensa de la impugnación número 49 del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
senadora Mora.


La señora MORA GRANDE: Muchas gracias.


Presentamos veto a la sección 16 del presupuesto destinada al
Ministerio del Interior. El ministerio presenta como objetivos la mejora
de la seguridad, la reducción de la criminalidad, la lucha contra el
crimen organizado y el terrorismo. Sin embargo, estudiando el
presupuesto, vemos dos medidas para esto. Por un lado, se precarizan las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por otro, determinadas
partidas que tienen que ver con reinserción y alternativas a la prisión,
se reducen muy drásticamente.


En cuanto a la precarización de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, lo primero que se hace es reducir partidas de
cuerpos de lucha contra la corrupción, como la UCO y la UDEC. No lo
entendemos. Pensamos que tiene bastante que ver con la idea que tiene el
Gobierno de la lucha contra la corrupción. Y en cuanto a las plantillas
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se mantiene en la
precariedad absoluta en la que están, con una reducción del 9 %
desde 2011. Y con lo poquísimo que se les aumenta este año en el
presupuesto y la escasez en la tasa de reposición, como es obvio, van a
seguir absolutamente mermados. Si a esto se le suma que la partida 483,
destinada a medidas que tienen que ver con alternativas a la prisión,
intervención social y medidas de reinserción, se reduce en un 40 %,
parece que los objetivos que se marca el Ministerio del Interior tienen
más que ver con un milagro divino que con los presupuestos.


Respecto a las partidas destinadas a instituciones
penitenciarias, sabemos que el ministerio se marcaba como objetivo para
este año la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades
autónomas. Además, pretende hacerlo dándoles a las comunidades autónomas
el dinero que tiene en el presupuesto para asistencia sanitaria. Sin
embargo, analizamos el presupuesto y lo que se ha hecho para este 2017 es
vaciar las partidas en materia de asistencia sanitaria. Se reduce un 13 %
en medicamentos, un 32 % en conciertos de asistencia sanitaria y un 2 %
en alimentación. Eso sí, se mantiene la misma partida en protocolo. ¿Qué
va a pasar aquí? Pues, obviamente, que con esta miseria en que se deja a
la asistencia sanitaria en prisión, las comunidades autónomas no van a
querer asumir esta competencia. ¿Y quién va a sufrir las consecuencias?
Pues las personas presas, que tienen una sobrepresentación de
enfermedades y cientos de muertes por enfermedades graves en las
prisiones durante los últimos años. Lógicamente, habrá que preguntarse si
este presupuesto no va a provocar más muertes. Desde luego, no lo podemos
admitir.


Eso sí, hay una partida nueva este año de 1 000 000 de euros
destinado a material coercitivo. Sin embargo, no se destina absolutamente
nada —cosa que exigía la Defensoría del Pueblo— a formación
en materia de resolución pacífica de conflictos y 0 euros en materia de
mediación. Lo que se deduce del presupuesto es que se sigue consolidando
una política que tiene que ver con el castigo, con la retribución, con la
represión, y que se abandonan las posibilidades de reinserción de las
personas presas.


En materia migratoria se mantiene un sistema ineficaz, inhumano,
y que produce sufrimiento. En cuanto a los CIE, se mantiene el modelo,
con el que saben que nosotros estamos absolutamente en desacuerdo. De
hecho, ni siquiera el 42 % de las personas que ingresan en los CIE pueden
ser expulsadas, y tenemos una media de habitabilidad de los CIE del 40 %.
Sin embargo, el ministerio se empeña en crear nuevos CIE. Pero si después
analizamos el presupuesto, no hay partidas para que este año estén los
nuevos CIE. Mientras tanto, como saben perfectamente, hay varios CIE que
se caen a pedazos y que no cumplen las condiciones mínimas de
habitabilidad. Y las partidas destinadas a rehabilitación, desde luego,
no prevén que esto se pueda solucionar. Además, estas condiciones
indignas no solo las sufren los internos, sino también los funcionarios.
Esto supone vulneración de derechos humanos y está dentro del
presupuesto.


En cuanto al sistema de asilo, tenemos un país que recibe un
índice muy bajo de solicitudes con respecto a otros países. Sin embargo,
lo tenemos absolutamente colapsado. Tenemos más de 20 000 expedientes en
stock. Y la partida que se aumenta es tan pírrica —ni 10 000
euros— que es como si nada. Vamos a seguir sin poder acoger a los
más de 15 000 refugiados, algo a lo que nos comprometimos, porque, desde
luego, los números no dan. Está claro que no vamos a llegar ni por asomo,
y más nos valdría destinar dinero, en vez de a vuelos de deportación, a
programas de inclusión.


Presentamos este veto porque lo que se deduce es que sigue
manteniendo un modelo ineficaz, que consolida medidas policiales y
represivas que producen sufrimiento y que no se apuesta en absoluto ni
por la educación ni por la prevención ni por la reinserción ni por la
igualdad de oportunidades ni por el cumplimiento de los derechos
humanos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Mora.


Para la defensa de la impugnación número 67, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador
Masih.


El señor MASIH NAHAR: Gracias, presidente.


Señorías, en Esquerra Republicana no estamos de acuerdo con los
presupuestos del Ministerio del Interior. Hemos presentado impugnación a
la sección 16, Ministerio del Interior, según el artículo 107, del
Reglamento del Senado. No estamos de acuerdo con el presupuesto no
justificable, con el dinero que se gasta innecesariamente en espiar a
otros partidos políticos. ¿Cuántos agentes de policía están destinados a
vigilar e investigar a políticos del Gobierno de Cataluña? Asimismo, se
han destinado más de 6 millones de euros a actividades no
justificables.


No estamos de acuerdo con el presupuesto destinado a encerrar en
los centros de internamiento a los pobres inmigrantes que han venido a
Europa para encontrar una vida mejor, para luchar contra la hambruna y
otras dificultades diarias.


Rechazamos esos presupuestos del Ministerio del Interior, que
destina más de 6 millones de euros a gastos reservados, sobre los que no
hay control efectivo en un contexto de utilización de fondos reservados
para usos legítimos.


Asimismo, rechazamos unos presupuestos que destinan el doble a
gastos y atenciones protocolarias y representativas y actos
institucionales —669 410 euros—, que a contribuciones a Acnur
—270 000 euros—. Y ello sin tener presente que mientras
destinan esos más de 600 000 euros a gastos superfluos, solo
gastan 10 000 euros en atención a la inmigración, partidas que recortan
en dos terceras partes.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha
presentado enmienda de devolución de la sección 16.


Muchísimas gracias.


Si me permite, le quería comentar algo al senador del Partido
Popular que ha dicho antes que aquí no se podía hablar de independencia.
Le recuerdo que hace unos días el presidente de su propio Gobierno invitó
al presidente Puigdemont para declarar y para explicar la independencia
en el Congreso de los Diputados. El presidente Puigdemot no aceptó, pero
dijo que vendría a explicarlo si no tenía que cuestionar y votar. Hoy ha
perdido la memoria y ha dicho que aquí no se puede hablar de
independencia. Yo creo que están muy confundidos.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, céntrese en el
tema. No cambiemos de tema; estamos en presupuestos.


El señor MASIH NAHAR: Solo me queda una palabra. Están muy
confundidos y no saben qué hacer. Se equivocan entre palabras: mejor-peor
y peor-mejor. No saben qué hacer.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señoría.


Para la defensa de la impugnación número 10, del Grupo Mixto,
tiene la palabra la senadora Abad.


La señora ABAD GIRALT: Gracias.


El PDECAT plantea el veto a la sección 16 porque entendemos que
estos presupuestos incumplen con Cataluña y con los catalanes y no
responden a nuestros intereses, prioridades y necesidades. Cuando el
nivel de alerta antiterrorista es de 4 sobre 5, la seguridad es necesaria
y con ella no se juega.


Llevamos desde el año 2009 pidiendo por activa y por pasiva, por
carta, en comisión y con preguntas en el Pleno, la convocatoria de la
Junta de Seguridad y el acceso a las bases de datos policiales. Y, hasta
la fecha, no se nos ha hecho ni caso y estos presupuestos son una prueba
más de ello.


Como he tenido ocasión de reivindicar en su momento, estamos
viviendo un momento importante de alerta antiterrorista en nuestro país.
En Cataluña, tanto el de Mossos d’Esquadra como el de la Policía
Local son cuerpos de policía de primera categoría. En concreto, el cuerpo
de Mossos d’Esquadra está integrado por profesionales de primer
orden formados y especializados en todas sus disciplinas. Es un cuerpo
altamente preparado para garantizar la seguridad de la sociedad catalana
y la lucha contra la amenaza terrorista. A pesar de ello, estos
presupuestos en esta sección 16 no dan respuesta alguna a nuestras
necesidades y reivindicaciones.


No se ha reunido aún la Junta de Seguridad y, por eso, tampoco se
han podido revisar, actualizar y liquidar las aportaciones pendientes al
cos de Mossos d’Esquadra, lo que hace que lleguemos a niveles de
deuda que imposibilitan dar respuesta a objetivos tan importantes como es
el de la seguridad. ¿Hasta cuándo esta situación? No tenemos respuesta
del Ministerio del Interior ni tampoco en estos presupuestos.


Ustedes solo saben interponer recursos de inconstitucionalidad.
Ustedes solo saben utilizar recursos contra dirigentes independentistas
de mi país. Ustedes solo saben debilitar aquello que funciona. Ustedes
solo saben cerrar el grifo y poner en peligro la seguridad de mi país,
Cataluña. Nosotros pedimos lo que es propio. Pedimos tener recursos para
hacer frente a la amenaza. Pedimos la convocatoria de la Junta de
Seguridad. Pedimos recursos propios para garantizar la paz y la seguridad
de nuestros ciudadanos. Pedimos que se invierta en paz, en libertad y en
democracia. En cambio, nos encontramos con unos presupuestos que ponen en
riesgo la seguridad de Cataluña, porque, si bien es cierto que el
presupuesto de Interior es uno de los pocos que se ha incrementado,
también lo es la ineficacia con que el sectarismo obsoleto hace
desaprovechar los medios del Ministerio de Interior.


Por todo ello, presentamos este veto a la sección 16, un veto que
responde a más seguridad, más libertad, porque sin seguridad no hay
libertad y sin libertad no hay democracia.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Abad.


Para turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el senador Represa.


El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Buenos días, señorías. Muchas
gracias, presidente. Voy a utilizar dos minutos nada más.


No he oído ningún argumento de peso presupuestario de ningún
portavoz enmendante para sostener mínimamente estos vetos; ni uno solo,
ni de Esquerra Republicana ni del PDECAT.


El Grupo Parlamentario Podemos dice que rechazan estos
presupuestos por continuistas. Y nosotros, precisamente por esa razón,
vamos a rechazar sus vetos, porque vamos por el buen camino y estamos
consiguiendo los objetivos que España necesita alcanzar. Son
continuistas, sí, pero también rigurosos y realistas.


En el texto de su veto, ustedes dicen: Nuestro grupo
parlamentario defiende la necesidad de un nuevo modelo de Policía. Y yo
les pregunto: ¿a qué se refieren ustedes? ¿A que puedan seguir
emocionándose cuando un encapuchado agrede a un policía nacional? Esa es
la pregunta. ¿Ese es el modelo que defienden ustedes? Nosotros, no.
Nosotros queremos una Policía Nacional como la que tenemos, que es una de
las mejores del mundo y de las mejor formadas.


En estos momentos, creo que a ustedes les importan muy poco los
Presupuestos Generales del Estado, la protección y garantía de los
derechos y libertades de los ciudadanos, la lucha contra la delincuencia
organizada y la lucha contra el terrorismo, la formación y la
especialización de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado.


Permítanme que les diga que ahora ustedes están engolfados en
otros asuntos diferentes, como las mociones de censura que les den
titulares mediáticos. Eso es lo que buscan. Por tanto, menos demagogia y
más seriedad.


Señores del Partido Socialista, no hablen ustedes de oferta
pública de empleo, pues ustedes no solo no reponían ni un solo empleo,
sino que, además, bajaban los salarios. En este sentido, se han convocado
para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 5197 plazas —la
mayor convocatoria desde hace muchos años—: casi 3400 para la
Policía Nacional y más de 1800 para la Guardia Civil, además de la
convocatoria de plazas para Instituciones Penitenciarias —y vendrán
más—, todo ello, con una subida salarial de un 1 %. Otra cosa que
hacían ustedes era contraer deudas y más deudas que nunca pagaban. Pues
bien, con el Partido Popular eso se ha terminado y no volverá a
ocurrir.


Por último —y concluyo—, habrá más y mejores
infraestructuras, mejores equipos humanos, más vehículos, mejores
equipamientos y también chalecos antibalas, tanto para la Policía
Nacional como para la Guardia Civil, demandados por el cuerpo desde hace
tiempo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.


En este turno en contra voy a intentar responder brevemente a los
grupos que han presentado estos vetos que pretenden impugnar el
presupuesto de Interior, y decirles que no podemos coincidir ni en sus
críticas ni en sus argumentaciones.


Para el Grupo Parlamentario Popular y para el Gobierno, el
Ministerio de Interior es un ministerio importante y la política de
seguridad nacional es básica y prioritaria, una política de Estado
fundamental que nos va a permitir ser uno de los países más libres y más
seguros. El objetivo que pretende el Gobierno con su acción política y
con este presupuesto es prevenir y erradicar aquellas situaciones que
pudieran enturbiar la normal convivencia de los ciudadanos en su vida
diaria y hacerlo desde la prevención hasta la intervención, desde la
detención hasta la redención de penas. Con este presupuesto, y con el
oportuno uso que se haga de él y de todos los medios del ministerio, se
podrá dar cobertura a los servicios tan importantes que tiene encomendada
tanto la Policía Nacional, como la Guardia Civil, como Instituciones
Penitenciarias o el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el
Crimen Organizado.


Mi grupo considera que este presupuesto y el Gobierno dan y darán
las mejores y más eficaces soluciones a materias como las que aquí se han
mencionado: seguridad ciudadana, violencia de género, sistema
penitenciario, policía judicial, protección civil, derecho de asilo e
inmigración o seguridad vial, además de prevenir algo tan preocupante
como el terrorismo. Y hablando de terrorismo, quiero decir alto y claro a
las víctimas del terror, y muy especialmente a las víctimas de ETA y a
sus familias, que siempre estarán presentes en nuestra memoria, así como
reconocer, después del atentado de Londres, el heroísmo de Ignacio
Echeverría y trasladar a su familia nuestras condolencias.
(Aplausos).


Con referencia a los vetos del PSOE y de Podemos, ambos
criticaban la escasa dotación presupuestaria. En el PSOE hablaban de un
escuálido incremento y, como consecuencia de ello, ponían en duda la
calidad de la seguridad ciudadana. Al menos, reconocen un incremento. Sin
embargo, nosotros consideramos que vivimos en un país con altos
estándares de seguridad y atención a la ciudadanía. Por eso, a pesar de
las críticas, quiero decirles que lo presupuestado no va a afectar
negativamente al normal funcionamiento de los servicios policiales,
penitenciarios y todos aquellos que atiende el ministerio. Y ya que
hablamos de servicios policiales, yo quisiera manifestar nuestro
agradecimiento a estos colectivos por su trabajo, por su eficacia, por su
esfuerzo y su sacrificio.


En cuanto a las enmiendas presentadas por los senadores de
Esquerra Republicana y el Grupo Parlamentario Mixto, quiero decirles que
votaremos en contra, por entender que sus críticas están fuera de lugar y
centradas en aspectos muy puntuales que nada tienen que ver con las
acciones desarrolladas por este ministerio, sino que siguen la línea de
la demagogia.


En lo referente al veto del PSOE, quiero decir algo que considero
fundamental, y es lo que ha dicho el senador Represa: prioridad absoluta
de los presupuestos de Interior a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, a Instituciones Penitenciarias y a otros cuerpos, con la mayor
oferta de empleo público que se haya realizado en los últimos ocho años,
y esto se viene produciendo así desde hace tres años, con un crecimiento
progresivo de plantillas y un incremento que se producirá en el
futuro.


En cuanto al gasto de seguridad, he de decir que, a pesar de su
crítica, con la adecuada gestión de efectivos disponibles, podemos
permitirnos un país más seguro y más libre, frente a aquellos que
pretenden alterar la seguridad y la legalidad. Estas afirmaciones que les
hago se demuestran con cifras, ya que vivimos en un momento en el que
tenemos un mínimo histórico en materia de delincuencia —lo que
quiere decir eficacia policial— y una importante reducción de
personal recluso y, como consecuencia de ello, un gasto más ajustado en
esta secretaría.


Respecto a la enmienda de Podemos, he de decir que admiro su
capacidad de crítica destructiva y demagógica. Descalifican todo y se
alimentan de las malas noticias. Transmiten con su veto una imagen de
país en el que no funciona nada, y esto no es así. La verdad es que nos
gustaría saber cuáles son sus modelos de seguridad policiales y ver de
dónde se puede aprender, pero no queremos que nos traigan aquellos a los
cuales han asesorado sus dirigentes en el pasado.


Señorías, termino diciendo que estos presupuestos ajustados son
los que van a dar solución a los problemas de seguridad ciudadana. Y por
todos estos motivos mi grupo votará en contra de los vetos presentados al
Ministerio de Interior.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Pérez
Lapazarán.


Pasamos a la sección 17. Para la defensa de la
impugnación número 28, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Delgado.


El señor DELGADO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Señorías, seguramente hay otros ministerios en los que quizá la
falta de inversión afecte menos, pero la realidad es que Fomento es el
ministerio más inversor y, por tanto, aquí mandan los números, y da la
casualidad de que los números del presente presupuesto no acompañan. Con
respecto a lo presupuestado en 2016, les diré, señorías, que hay un
recorte del 3,76 %, y en cuanto a las sociedades dependientes de Fomento,
el recorte es de más del 19 %. En otros ministerios, como he dicho, esa
falta de inversión seguramente se puede suplir con mayor eficiencia y
gestión o quizá con más imaginación. Pero en Fomento no podemos hacer
eso; bueno, sí, podemos imaginarnos los puentes, las carreteras o las
vías de tren. Ahora bien, todo eso que imaginamos hay que hacerlo
efectivo y materializarlo, y aquí, sin inversión, poco uso podemos hacer
de esa imaginación. Son unos malos presupuestos que recortan la inversión
pública más que nunca en los últimos años. Comparan lo presupuestado con
lo ejecutado el año pasado para decir que invierten más, pero no nos
tomen por tontos y no mezclen cosas diferentes para no decir la verdad.
Justifican la falta de inversión diciendo que son unos presupuestos
realistas y continuistas; con lo único que continúan es con los recortes
y la única realidad es la falta de inversión.


La semana pasada escuché en las comparecencias que la falta de
inversión en Fomento es porque se invierte más en políticas sociales.
Tampoco eso es cierto. Señorías, aquí estamos hablando del Ministerio de
Fomento y de inversión en infraestructuras. Con esa falta de inversión,
están renunciando a la reactivación económica de nuestro país, desoyendo,
como he dicho, a organismos internacionales que dicen que en momentos
como el que atraviesa nuestro país, en los que hay liquidez y los
intereses son bajos, es necesaria esa inversión pública para la
reactivación económica; y lo peor de todo, que al mismo tiempo están
renunciando a la generación de miles de puestos de trabajo. Y yo me
pregunto, ¿qué hay más social que generar puestos de trabajo?


Pero vamos más allá y vemos que esa falta de inversión va en
contra del principio de igualdad de oportunidades y de cohesión social.
El Ministerio de Fomento debe propiciar con su inversión la igualdad de
oportunidades de la gente, viva en el territorio que viva. Propiciar el
desarrollo social y económico de los territorios es lo que se consigue
con la inversión pública, y que los presupuestos no inviertan lo
suficiente fue el motivo por el cual todas las comunidades autónomas los
calificaron de decepcionantes.


Otro de los motivos por los cuales estamos en contra de estos
presupuestos es por la falta de objetividad y planificación a la hora de
confeccionarlos. Y como muestra, un botón. Hemos visto lo ocurrido en el
Congreso: el Gobierno realiza concesiones particulares a determinadas
regiones para poder sacarlos adelante. Señorías, de verdad que en este
grupo parlamentario nos alegramos por las inversiones hechas en esas
regiones y, sobre todo, por las hechas en Canarias, pero lo mismo que han
conseguido esas regiones lo queremos para el resto del país. El Gobierno
del Partido Popular ha utilizado el dinero público, el dinero de todas y
de todos para premiar a unas pocas regiones en detrimento de la gran
mayoría. Con esa falta de inversión en infraestructuras, cerca del 20 %
con respecto al ejercicio anterior, no van a ser capaces de hacer nuevas
carreteras, pero tampoco van a ser capaces de mantener las que tenemos.
No van a cumplir con los compromisos, con los corredores ferroviarios ni
con la llegada del AVE a Galicia, Asturias, Murcia, Almería o Granada, y
se olvidan por completo del tren convencional. Dejan a Renfe y a Renfe
Mercancías a su suerte cuando tenían que estar invirtiendo y
fortaleciéndola para el futuro inminente del sector, que no es otro que
su liberalización.


En vivienda, con la inversión que realizan, no son capaces de
hacer frente al mayor problema habitacional que hemos tenido durante los
últimos años, que no es otro que el de los desahucios y, además, con la
cantidad que invierten no creo que sean capaces de hacer efectivo el
derecho de todos y todas al acceso a una vivienda digna.


Un problema latente, que aparecerá más pronto que tarde y que
únicamente está esperando esos tiempos judiciales, es el rescate de las
autopistas de peaje, que ustedes ni siquiera prevén.


Por último, no abandonen a Correos a su suerte. Recortan la
inversión de 180 millones de euros a menos de 60 millones. Acepten las
enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, den tranquilidad a esos
trabajadores y aseguren el futuro de la sociedad.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista no puede
dar su apoyo a estos presupuestos y presenta el presente veto a la
sección 17 del Ministerio de Fomento.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Delgado.


Para la defensa de la impugnación número 50, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
senadora Garrido.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.


Como ya explicábamos en el veto que hemos planteado a la
sección 17, la clave de una buena política de infraestructuras y de
transportes parte de un análisis detallado de los costes y de los
beneficios que tenga en cuenta el verdadero impacto económico, social y
ambiental sobre el territorio y también sobre las personas que lo
habitan, que piense en el desarrollo equitativo y sostenible de los
distintos territorios, así como en los derechos de los ciudadanos. Pero,
curiosamente, este enfoque ha sido totalmente obviado en estos
presupuestos. No se entiende, ¿o sí? Si cambiamos el enfoque, entonces sí
se entiende; si entendemos las infraestructuras como sinónimo de negocio
lucrativo, entonces sí. Ustedes ven las infraestructuras y los
transportes como un negocio y no como un instrumento de cohesión social,
como un mecanismo para conseguir equidad, solidaridad e igualdad de
oportunidades. Para ustedes, estos conceptos no existen.


Conclusión, nos encontramos con dos modelos distintos:






uno es el
que reflejan los Presupuestos Generales del Estado, el de la rentabilidad
económica, el del negocio lucrativo y el de la falta de planificación; y
otro es el que defiende mi grupo, basado en la cohesión territorial, en
el servicio público y en los derechos de los ciudadanos. Su modelo, por
lo tanto, se basa, como siempre, en que lo prioritario son las grandes
infraestructuras, lo que significa apostar por la alta velocidad en
detrimento del tren de proximidad, ese que utilizan millones de
ciudadanos y ciudadanas en España. Voy a poner un ejemplo sobre esta
cuestión y me voy a referir a la Y vasca. En un estudio presentado en
marzo de este mismo año, realizado por investigadores de la Universidad
del País Vasco, junto con investigadores de la Universidad de Barcelona,
se concluye que esta construcción es contraria al interés social y
advierte que esta inversión va a ser irrecuperable y la posibilidad de
lograr beneficios con su explotación es prácticamente imposible. Este
estudio también afirma que la Y vasca tendrá un efecto regresivo sobre la
distribución de la renta en nuestra comunidad. Por otro lado, y como
contrapunto, en Euskadi existen más de 200 pasos a nivel y alrededor
de 100 de ellos están sin barrera. Eso hace que en municipios como
Hernani, Andoain o Areta haya cada año accidentes mortales.


Si hablamos de carreteras, más de lo mismo: mala gestión y cero
planificación. Podemos poner como ejemplo la construcción de la A-57 en
Pontevedra: 68 millones para 6 kilómetros. Todo un despropósito.
Podríamos hablar también del gran impacto ambiental, que tampoco tienen
en cuenta, y además, por si fuera poco, esta vía corre paralela a la
AP-9, que por otro lado no acaban de liberalizar. Esa es su política de
carreteras.


Por último, hablemos de vivienda. Ni el estallido de la burbuja
inmobiliaria ni la gran crisis que estamos sufriendo han hecho que el
Partido Popular cambie su política de vivienda. El PP apostó en su
momento por un modelo productivo basado, como todos sabemos, en el
ladrillo, en la promoción y en la construcción de vivienda. Era su única
estrategia para que España estuviera en el pelotón de los países
desarrollados: construir, construir y construir. Ustedes, el Partido
Popular, en connivencia con las élites políticas y económicas, es decir,
con los bancos, con los constructores, con los promotores y también con
sus políticos corruptos han arrasado económica y medioambientalmente este
país. Construyeron a destajo y lo hicieron en unos pocos años más que en
los últimos cincuenta años de nuestra historia, y por tanto, se cargaron
gran parte del patrimonio natural de nuestros hijos y de nuestras hijas,
y permitieron que las familias trabajadoras y honradas de este país se
sobrendeudaran, asumieran un riesgo que desconocían y firmaran créditos
con cláusulas abusivas. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Pues ninguna; o más
bien una: rescatar las entidades financieras que fueron colaboradoras
necesarias en esto de llevarnos a la bancarrota.


Si analizamos cómo estamos en política de vivienda, podríamos
hablar de tres datos: por un lado, tenemos un 2 % de vivienda pública en
alquiler, mientras que los países de nuestro entorno llegan al 20 %.
Tenemos un alquiler privado inexistente y muy caro. Tenemos el 30 % de
las viviendas vacías, es decir, 3,5 millones de viviendas, mientras que
las familias españolas sufren problemas de emergencia habitacional.
Mientras esto sucede, los fondos buitre van comprando a precio de saldo
nuestros edificios y nuestras viviendas, y ustedes invierten 470 millones
para solucionar todo esto. Se podría hacer un chiste si la cosa no fuera
tan seria. Por tanto, espero que después del plan estatal...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Sí, acabo.


Espero que después del plan estatal que vamos a prorrogar con
esos 470 millones hagan una evaluación de políticas públicas, porque
verán el gran fracaso de ese plan estatal, y eso quizá les lleve a pensar
que por fin ya es necesaria otra política de vivienda en España.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Garrido.


Para la defensa de la impugnación número 68, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora
Castel.


La señora CASTEL FORT: Gracias, presidente.


Señorías, Rajoy anunció en Barcelona una inversión en
infraestructuras por valor de 6630 millones de euros, de los cuales dijo
que en esta legislatura se gastarían 4200, pero la realidad es que la
inversión en Cataluña, según los Presupuestos Generales del Estado de
este año, cae un 3 %, es decir, 30 millones de euros menos. El Estado
destina en Cataluña un 13 % de las inversiones mientras el porcentaje de
población es del 16 % y el del PIB es casi del 20 %, al tiempo que se
incrementa el presupuesto de la Corona y el de Defensa, aquello que
interesa a la gente.


Pero analicemos Fomento. Corredor del Mediterráneo. El corredor
ha presentado tres desafíos que se resisten ustedes a solucionar: el
estrangulamiento de la capacidad con cuellos de botella, falta de
enlaces, pasos a nivel urbanos o saturación; el problema de la
interoperabilidad con diferentes anchos, tensiones eléctricas, cargas de
ejes, sistemas de señalización y poca disponibilidad de material móvil
adaptado; y el problema de la intermodalidad: los accesos a las
terminales así como a los puertos son o deficientes o inexistentes.


Los puertos mediterráneos solo captan el 25 % del tránsito de
Asia por el Canal de Suez porque, debido a las deficiencias del corredor,
las navieras prefieren invertir cuatro días más de viaje y utilizar los
puertos atlánticos europeos. Si se analizan las partidas históricas de
gasto de los presupuestos en el corredor, vemos que el dedicado al
litoral es un 12 %, el 61 % va al tramo de Algeciras-Madrid y el 27 % a
la implantación del tercer carril.


En referencia al tercer carril, Fomento lo introduce con la
voluntad de hacer pasar mercancías, viajeros, cercanías, alta velocidad,
ancho ibérico y ancho internacional, todo, por la misma vía. Además, solo
en una vía, en vía única, siendo una solución cara, compleja y
transitoria que creará congestión, saturación e inoperancia. La propuesta
razonable es, por tanto, el cambio de ancho integral, segregando el
tránsito de mercancías del de viajeros.


Otro dato ilustrativo es que la partida presupuestaria destinada
al corredor para el año en curso es de 715 millones de euros y la partida
para el CNI es de 261 millones de euros, es decir, un 37 % de lo que
piensan invertir en el corredor. Por lo tanto, el CNI ha incrementado,
además, la partida en un 8 %, que es el incremento más grande de todos
los organismos públicos, porque el Gobierno del Partido Popular prefiere
espiar más y mejor en lugar de conectar España y fomentar la
competitividad de empresas y puertos españoles.


Red viaria estatal en Cataluña. N-340, arteria de comunicación
del corredor del Mediterráneo que registra la mayor siniestralidad de
Cataluña; la alternativa razonable sería la finalización de la conversión
en A-7 o, mejor aún, el rescate de los peajes de la AP-7. N-240, vía de
altísima siniestralidad, o se liberaliza la concesión de la AP-2 que
discurre paralela o se desdobla la vía. Nosotros preferimos el rescate de
los peajes: disponibilidad inmediata de la infraestructura, menor impacto
medioambiental y económicamente más ventajoso. N-2, otro punto negro
negrísimo de la red viaria a la cual Fomento le da la espalda. N-260, una
de las más peligrosas del Estado, eje pirenaico que se debería desdoblar
y convertirse en A-26; la inversión ha sido inexistente o, peor,
insultante. A-27, de los 6 tramos previstos solo están en
funcionamiento 3. El túnel del Coll de Lilla, que debería propiciar el
tránsito de mercancías ADR, todavía se encuentra en fase de estudio
técnico o, mejor, en fase de hibernación, no lo sabemos. N-420, carretera
que ha sufrido una falta de ejecución de partidas presupuestarias desde
el año 2008; año tras año se sigue el patrón de comportamiento del
Gobierno ante las infraestructuras territorializadas en Cataluña:
movimiento cero. N-230, enlaza Lleida con la Val d’Aran: 65
kilómetros con tramos de riesgo muy elevado; debería convertirse en la
A-14, pero solo dispone de 6,5 kilómetros.


Los catalanes estamos hartos de comprobar cómo año tras año las
propuestas de licitación de proyectos y obras de infraestructuras acaban
en el agujero negro de las inversiones no ejecutadas, en concreto
el 56 %. Es la estrategia del trilero.


Cercanías. Entre 2012 y 2016, 1600 incidencias con 45 400 trenes
implicados y 5,5 millones de personas afectadas. La estación de
clasificación de Tarragona ha sufrido 13 descarrilamientos con la
activación de las alarmas del Plan Plaseqcat de seguridad química; más
de 90 puntos de limitación de velocidad porque no se han hecho las
inversiones necesarias —y añado— ni piensan hacerse. La R-13
goza de trenes de una antigüedad de veinticinco años; la R-12 también
veinticinco años y déficit de mantenimiento; la R-15 y la R-16 múltiples
limitaciones de velocidad y trenes de cuarenta y tres años de
antigüedad.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora CASTEL FORT: Sí, voy terminando. Son trayectos de 176
kilómetros que se hacen en tres horas.


En resumen, desinversión en recursos técnicos y humanos y en
mantenimiento y revisión de las instalaciones en perjuicio de la
seguridad y la regularidad de la circulación. Falta de tirafondos,
traviesas en mal estado, rotura de carriles, sobreancho de los carriles,
rotura de bridas...; es decir, un panorama desolador.


Finalizo con un apunte en referencia a los aeropuertos. El
inexplicable acuerdo entre España y Rusia para impedir vuelos
internacionales directos entre Barcelona y Tokio; la falta de servicios
de vuelos hospital en el aeropuerto de Reus; o la falta de efectivos
policiales para el control de pasaportes que provocan centenares de
viajeros secuestrados e inmovilizados, que lo dejo para el ministro del
Interior.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Castel.


Para la defensa de la impugnación número 13, del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president. Bon dia. Muchas
gracias. Buenos días.


La presentación del veto a la sección 17, que corresponde al
Ministerio de Fomento, está razonada por los argumentos que expusimos en
buena parte de nuestra intervención al veto general como representantes
del Partit Demòcrata. La intervención ahora mismo de la senadora Castel
me ahorra bajar al detalle y dar la relación de todo lo que tenemos
pendiente en Cataluña, que es muchísimo.


Estos presupuestos son continuistas, no resuelven ni atienden los
problemas reales de los catalanes. En Cataluña somos el 16 % de la
población, llegamos casi al 20 % del producto interior bruto;
representamos el 25 % de las exportaciones, pero se programan inversiones
sobre el 9 o 10 %; y, lo peor de todo, se ejecuta un 4 % como media
anual. Y respecto al año 2016, se produce un descenso de 2,7 puntos,
descenso al que se refería la senadora Castel. (El señor presidente ocupa
la Presidencia).


Estamos ante unos presupuestos que no ofrecen ningún tipo de
credibilidad precisamente porque el porcentaje de ejecución que realizan
año tras año es escandaloso. Por tanto, presentamos veto a esta sección.
El mejor resumen de lo que podemos entender como corredor mediterráneo es
que en la partida para el corredor mediterráneo se cuadruplican vías
entre Torrejón de Velasco y Atocha, por ejemplo, mientras que entre
Tarragona y Vandellós seguimos con una vía única. Es una desfachatez
atribuir y asignar recursos públicos, en este caso de la Unión Europea,
para cuadruplicar vías en el entorno de Madrid. Como dije ayer en la
presentación del veto general, hay una concepción antieconómica,
anticuada, obsoleta que, a nuestro entender, al entender del Partit
Demòcrata, es puro siglo XIX: todo empieza, todo transcurre y todo acaba
en Madrid. No entienden otro modelo que no sea este.


Muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


¿Turno en contra?


Tiene la palabra el senador Sánchez.


El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Gracias, presidente.


Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular respecto a los vetos a la sección 17. Nosotros
vamos a votar en contra. No creo que les haya sorprendido mi declaración.
Y votamos en contra por varias razones. Una la dijo el ministro ayer:
estos son unos presupuestos elaborados con mucha dificultad, entre mucha
gente y muchos grupos. Son unos presupuestos que cuentan con la mayoría
de la Cámara y sería muy difícil ahora que una sección particular pudiese
echarlos atrás. Por lo tanto, por sentido común, votaremos en contra.
Pero votaremos en contra también por convicción, porque cuando el Partido
Socialista y su buen portavoz nos dicen que los presupuestos son un
desastre, que no hay inversiones y que no son solidarios, uno se queda
pasmado cuando recuerda el año 2010, en que se paralizaron todas las
inversiones con el Gobierno de Zapatero, y el año 2011, en el que se
paralizaron hasta las pensiones. ¿Qué decían ustedes entonces? ¿Salían a
decirle a Zapatero: oiga, cómo nos para todas las obras? ¿Por qué no
llega el AVE? Se callaban la boca, aplaudían y decían que eran los
mejores presupuestos que se podían hacer. Posiblemente era verdad porque
no había dinero. Y aquello provocaba que unas 3000 o 4000 personas
diarias se fueran al paro, y ustedes son igual. (La señora Víboras
Jiménez: Igual que ahora.). No, igual que ahora, no; porque ahora
hay 500 000 trabajadores más cada año.


Usted no lo cree porque usted siempre estuvo trabajando, pero hay
muchos chavales que sí lo creen, porque están trabajando ahora, después
de diez años de esperar un empleo. (Aplausos). Yo sé que no les gusta
creerlo, porque acaba con su discurso. Dicen que España va fatal y que
esto es muy malo. Pero los datos son otros: que se está creando empleo,
que hay empleo y que hay solidaridad.


Respecto al debate, dicen: es que se está invirtiendo en el AVE;
no hay solidaridad en España. ¿Hay mayor solidaridad que el hecho de que
llegue el AVE a todas las provincias españolas? ¿O es que quieren que no
llegue? ¿Por qué no dicen en sus provincias que quieren que no llegue? Y
se lo digo a los de Podemos, que dicen: Es que invierten en el AVE. Vayan
a Asturias y digan que no quieren el AVE; vayan a Granada y digan lo
mismo; vayan a Galicia y digan que no lo quieren, que ustedes quieren el
tren tradicional; vayan a Almería; vayan a esas regiones y digan: el AVE
es un desastre. No lo dicen porque saben que es un éxito el AVE para toda
España, para la solidaridad española.


Contraponen dos conceptos que yo no entiendo. Dicen que en el
tren convencional van 400 millones —muy bien— y que hay que
mejorar el tren convencional. En el AVE van 38. Pero es que los que van
en el AVE también van en el tren convencional. ¿O es que aquí hay dos
Españas, unos solo viajan en el AVE y otros solo en el convencional? Eso
no es así. España es una unidad en la que se utilizan todos los recursos
que tiene. Por lo tanto, creemos que son unos muy buenos presupuestos, y
si alguien no los puede criticar, son ustedes.


Ustedes dicen de Podemos: Es que pactaron con otros partidos.
¿Ustedes qué hacían cuando no tenían mayoría absoluta? ¿No pactaban con
el PNV? ¿Y en el País Vasco qué hacen? ¿Y no pactaban con Convergencia?
Antes estaba bien y ahora está mal ¿no? Cuando lo hace el PP está mal y
cuando lo hacen ustedes está bien. Pactamos porque tenemos capacidad de
diálogo. (Rumores.— Aplausos).


Cuando teníamos mayoría absoluta, decían que no nos entendíamos
con nadie, que estábamos solos. Es verdad, éramos 186, estábamos solos en
el Congreso, pero contentos. (Aplausos). Ahora pactamos con 7 grupos, y
también estamos solos. No hay quien les entienda. Va a ser muy difícil
que vuelvan al Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sánchez.


Pasamos a la sección 18, Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.


Para la defensa de la impugnación número 29, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Menacho.


El señor MENACHO VILLALBA: Gracias, presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista presenta un veto a la
sección 18 porque es un presupuesto que, primero, no responde a la
demanda de la comunidad educativa y, segundo, continúa en la línea de
recortes que se inició en el año 2012 con el peor decreto que se ha hecho
en la historia de la educación en España, que fue el 14/2012. Se decía en
la introducción de ese real decreto que la coyuntura económica de aquel
momento obligaba a tomar esas decisiones, que serían reversibles en el
momento en que la situación económica lo permitiera.


Escuchamos ayer al ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, señor Montoro, decir que la crisis ha acabado. La economía en
España está creciendo alrededor del 3 %. Por lo tanto, no tiene sentido
que cuando la situación económica se ha revertido, no se reviertan
también los derechos a los profesores, a las familias y a los alumnos y
el presupuesto aumente solamente un 1,7 %.


El secretario de Estado de Educación decía el otro día en la
comisión que el presupuesto, de 2523 millones, sube un 9,78 % respecto
a 2013. Pero en 2013 estaba gobernando el Partido Popular. Compárenlo con
el último proyecto del Partido Socialista que fue en el año 2011.


Este presupuesto supone 421 millones menos, en total un 14 %, y
esto incide en algo tan importante como es el derecho efectivo a la
educación, con recortes presupuestarios en las partidas de educación
compensatoria para los que menos tienen, que ha pasado a 4 millones,
de 65 millones que había en 2011, y sobre todo en las becas. Por tanto,
este presupuesto va en contra de los que menos tienen, en contra de las
familias.


Es un presupuesto que no arregla la cuestión de las tasas
universitarias, por mucho que hable de precios públicos. Por mucho que
diga el ministerio que este año se ha solucionado, sigue habiendo una
diferencia abismal entre lo que paga un alumno en Andalucía o Galicia y
lo que paga un alumno en Cataluña o en Madrid. Es un presupuesto que va
en contra de los universitarios.


En materia deportiva este presupuesto no soluciona los problemas
que viene demandando el mundo del deporte. Es una partida que ha
disminuido un 50 % desde 2011, disminuye un 70 % para el comité
paralímpico y disminuye en el deporte escolar, fundamental para el futuro
de la salud de nuestros niños, en más de 500 000 euros respecto al año
pasado, y disminuye también en proyectos —de los que ha hablado
mucho el ministro y con cuya filosofía estamos de acuerdo— para
acabar con el sedentarismo y la obesidad de los chavales y chavalas en
los colegios. Pero para ello hace falta presupuesto, que, sin embargo, no
ponen.


Por tanto, es un presupuesto que va en contra de las familias y
que no revierte los recortes que se hicieron en 2012. Por eso vetamos
este presupuesto.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Menacho.


Tiene la palabra el senador Montes.


El señor MONTES JORT: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en defensa de la enmienda de devolución
presentada por el Grupo Socialista a los presupuestos referidos a
Cultura. Unos presupuestos que, un año más, siguen siendo tremendamente
injustos y negativos, y es que con el Gobierno del Partido Popular no hay
recuperación para la cultura, que con una dotación para 2017 de 801
millones de euros disminuye cerca del 1 % respecto a 2016 y supone 250
millones de euros menos que en 2011.


Se trata de una enmienda absolutamente justificada y obligada,
aún más, si cabe, después de escuchar al secretario de Estado de Cultura
decir que está conforme y contento con estos presupuestos; conformismo
que no tenía ni su antecesor en el cargo, el señor Lassalle, que
reconoció que los presupuestos que nos presentaba no eran los adecuados
para Cultura. ¿Cómo se puede estar conforme y contento con 250 millones
de euros menos que en 2011, año en que, con un Gobierno socialista,
fueron 1050 los millones de euros destinados a Cultura? ¿Cómo se puede
estar conforme cuando a esa disminución de la cuarta parte en términos
relativos ha pasado de representar el 0,3 % del total presupuestado
al 0,2 %?


Es una enmienda a los presupuestos porque impedirán desarrollar
el Plan cultura 2020 que han presentado el secretario de Estado y el
ministro y que será, como el anterior Plan 2012-2017, otro fracaso. Es
una enmienda a unos presupuestos que no responden al derecho
constitucional de los ciudadanos de acceso a la cultura. Es una enmienda
a unos presupuestos que renuncian al valor educativo, vertebrador y
cohesionador de nuestra cultura, renuncian a la cultura como motor de
nuestra economía y generadora de empleo.


Ya no vale —y se ha oído a lo largo de otras
intervenciones— la coartada de la crisis, ya no pueden escudarse en
ella. Sus decisiones no se justifican por economía, se justifican por
ideología.


Estos presupuestos son una muestra más del maltrato del Gobierno
del Partido Popular a la cultura, que oscila entre el castigo y el
olvido. El Gobierno del señor Rajoy y el señor Montoro venden
recuperación pero bajan la inversión en cultura, que sigue desaparecida y
sin defensa en el Consejo de Ministros. Baja la inversión pero no el IVA
para el cine.


Señorías —me dirijo al Grupo Popular—, evalúen las
negativas consecuencias de su política cultural.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor MONTES JORT: Termino, señor presidente.


Sean conscientes del efecto multiplicador de invertir en cultura
y rectifiquen. No hablamos ni de un gasto ni de un lujo, hablamos de una
inversión en el presente y para el futuro; un futuro que con más cultura,
más formación y más educación será, sin duda, más sostenible y solidario.
Hablamos de la cultura como derecho, como valor y como recurso.


En definitiva, rectifiquen, porque hablamos de justicia y de
igualdad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montes.


Para la defensa de la impugnación número 51, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el
senador Arrieta.


El señor ARRIETA ARRIETA: Señor presidente, señorías, un senador
del Grupo Popular hace unos minutos decía que el Estado no roba tanto.
Entonces, robar, roban, aunque no tanto, aunque sea un poco.


Señoría, soy de lo que ustedes llaman izquierda populista, esa
izquierda que ayer demostró con la moción de censura que otro país, otra
España es posible. (Aplausos).


Señorías, si estos presupuesto tuvieran rostro, sería de mujer.
Si a las secciones de este presupuesto les llamáramos Marina, Loli o
espartanas, seguramente serían diferentes, serían progresistas y
responderían a las necesidades de la ciudadanía, porque los más de
doscientos días de huelga que llevan las trabajadoras de las residencias
de Vizcaya o la lucha de las espartanas de Coca-Cola tiene un común
denominador: luchar por la dignidad, luchar por unas condiciones de vida
y trabajo que posibiliten que ellas y sus hijas puedan desarrollar
proyectos de vida que nadie trunque, porque ellas forman parte también de
esa comunidad educativa que lleva muchos años hablando alto y claro de la
educación que quieren. Estos no son los presupuestos que ellas desean, no
son los presupuestos que la ciudadanía necesita.


Señorías, el presupuesto en Educación es de 2523 millones, muy
lejos de la financiación que manejaba el Ministerio de Educación en 2010,
que era de 3100 millones. Señorías, el 20 % de los chicos y chicas de 18
a 24 años en España ha dejado de estudiar tras la educación obligatoria.
Del 40 % más pobre de la población, el 68 % no tiene ninguna formación
posobligatoria. Entre 2009-2010 y 2013-2014 el alumnado en centros
públicos aumentó un 7,09 % y el profesorado se redujo un 2,91 %. La
distribución del alumnado extranjero en educación primaria en el
curso 2013-2014 fue del 87 % en centros públicos y un 13 % en centros
concertados. Señorías, hoy no puede estudiar quien lo desea. Hay muchas
piedras en el camino: una política de becas insuficiente; la eliminación
de la financiación para la subvención de plazas públicas en la
educación 0-3; descensos presupuestarios en formación del profesorado, en
educación especial y en compensatoria. Sí, en educación compensatoria,
porque ustedes hicieron un recorte brutal en la educación compensatoria,
que promueve la equidad junto a la calidad. Les voy a facilitar algunas
cifras: en 2012 se presupuestaron 170 millones de euros; en 2016
fueron 5,1 millones, y en 2017 —señorías, agárrense—, 4,6
millones.


Ese no es el camino. Hay que aumentar el gasto público en becas y
ayudas al estudio; hay que definir un plan de política educativa en la
lucha contra la segregación escolar; hay que erradicar la violencia
machista trabajando en normas de respeto e igualdad desde la escuela; hay
que erradicar el acoso escolar; hay que garantizar la equidad, y para
ello la educación debe ser cien por cien pública; hay que primar las
inversiones y los presupuestos para la escuela pública.


Decía Eduardo Galeano que en la escuela son obligatorias las
clases de impotencia, amnesia y resignación. Ustedes esperan que la
impotencia nos amilane, que la amnesia se inculque en el imaginario de
nuestra sociedad y que la resignación nos aboque a la pasividad y nos
durmamos en la desesperanza. Estos son los presupuestos de la tristeza,
la tristeza de ver que nada cambia; presupuestos liberales, neoliberales
que arrastran los pilares del Estado de bienestar. Señorías, queremos
recuperar un sistema educativo que siente las bases de las generaciones
futuras. Ustedes no dicen la verdad a la ciudanía, hablan de ajustes, que
son recortes; no dicen la verdad a la comunidad educativa; no dicen la
verdad a los niños y las niñas. Ustedes no quieren mejorar el sistema
educativo, ustedes no tienen intención de que España deje de estar en la
cola de Europa por inversión educativa, ni siquiera les avergüenza los
niveles de corrupción. Ustedes no tienen vergüenza.


Es un presupuesto que no avanza y no hace mejor al país. Por todo
ello, decimos que son unos presupuestos que consolidan la desigualdad,
recortan partidas importantes y desmantelan los servicios públicos. Son
unos presupuestos tristes, muy tristes para el país y sus mayorías
sociales. Por favor, no se ofendan.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrieta.


Para la defensa de la impugnación número 69, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador
Picornell.


El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, presidente.


Señorías, Esquerra Republicana presenta una impugnación a la
sección de uno de los ministerios que a priori no debería servir para
nada. Se quejan de que la Generalitat derrocha dinero pero ustedes
traspasan las competencias y no reducen gasto alguno; es más, no solo no
reducen el gasto, sino que, en vez de ayudar a las comunidades autónomas,
se quedan lejos de ello. Estamos delante de uno de aquellos colosales
ministerios que tiene como objetivo hacer más grande la educación y la
cultura, eso sí, la educación españolizadora y la cultura solo española.
Por cierto, ayer un senador aún se empeñaba en lo que dijo el ministro
Wert, y dijo: No hace falta españolizar a los niños catalanes porque ya
lo son. Pues les invito a venir a Cataluña a conocer nuestra educación y
nuestra cultura, verán lo españolizados que están. Es una educación que,
como decía, no ayuda a las comunidades autónomas, unas políticas
educativas centralizadas y que no quieren dejar espacio en la gestión de
sus recursos. Eso nos pasa, por ejemplo, con el traspaso de la gestión de
becas, que su Tribunal Constitucional ya ha reconocido que la Generalitat
debe gestionar. Ustedes, que hacen tanto caso a ese tribunal, ¿por qué no
le hacen caso esta vez?


Entro en materia cultural.






¿El ministerio hace las políticas
teniendo en cuenta de igual manera todas las culturas existentes en el
Estado? ¿Son unas políticas que ayudan a desarrollar todas las
instituciones culturales? ¿Acaso son unas políticas que enorgullecen a
los consumidores? Nada de esto, señorías. Ni son unas políticas iguales
para todos, ni ayudan a instituciones culturales, ni, mucho menos, son
unas políticas que puedan enorgullecer a los consumidores. Todo lo
contrario.


Poner grandes nombres a proyectos vende mucho de cara a la
galería; que tengamos un plan llamado Cultura 2020 suena a maravilla y
alguien puede pensar: el Estado español tiene visión de futuro, mira más
allá. Pero ¿más allá, dónde? ¿Para seguir haciendo lo mismo? Ustedes
dirán, Esquerra Republicana no puede esta vez hacer demagogia con este
presupuesto; este año la inversión para Cataluña en cultura está muy
bien, hemos hecho un gran esfuerzo. Pero ¿de dónde venimos? Si venimos de
una situación de total injusticia, ¿cómo pueden vendernos que ahora hemos
mejorado? No. Deberían reconocer que es un escándalo lo que pasa con los
grandes equipamientos del Estado. El secretario de Estado de Cultura dijo
en una comparecencia que el ministerio se sentía cómodo con estos
presupuestos. Pues nosotros no. Esquerra Republicana no se siente cómoda,
en absoluto.


Nos sorprende que expliquen las grandes inversiones. Pero quiero
recordar que la diferencia entre los grandes museos del Estado —el
Prado y el Reina Sofía— y todos los otros es, como mínimo,
aberrante. Se destinan más de 84 millones de euros, frente a los cerca,
aún no, de 4 millones de euros en todos los museos de Cataluña;
insisto, 84 frente a 4. Si el Gobierno español se siente cómodo con este
presupuesto, nosotros no.


En el Congreso de los Diputados ya les explicamos nuestra receta
para revertir la situación. Teniendo en cuenta que las comunidades
autónomas tienen plena competencia en el ámbito cultural, una manera de
equilibrar y, por tanto, de enriquecer el modelo cultural del Estado
sería transferir proporcionalmente a la población de cada comunidad
autónoma un porcentaje del presupuesto. Pero el problema va más allá de
una cuestión presupuestaria, es una cuestión de ideología, de primar una
cultura y no primar otra, y no solo de primar, también de dar acceso
óptimo a todos los consumidores. Y esto, señores del Grupo Popular, no se
hace solo desde Madrid, ni tampoco con una diferencia del 95 % entre la
inversión madrileña y la inversión catalana. Radial, centralizadora, en
fin, ya nos han oído decir muchas veces estos adjetivos, y si están
cansados de escucharlos tienen en su mano cambiarlos. Por cierto, si
hablamos de acceso a los deportes, podemos hablar del IVA en los
servicios deportivos prestados por particulares y empresas, que hemos
pedido que se baje.


Respecto a los impuestos, nosotros pedimos la exención del
impuesto sobre sociedades prevista para entidades sin ánimo de lucro.
Tampoco recogen esta propuesta. Lo que sí han hecho es bajar el IVA
cultural para los espectáculos en directo. No lo han hecho como pedíamos
nosotros, pero un paso es un paso. De acuerdo. Pero no digan que han
bajado la totalidad del IVA cultural, como intentaron colar a la prensa.
Queda mucho trabajo en este sentido. ¿Y saben qué es lo peor? Que el
Gobierno no explica sus planes en materia cultural. Sí, Plan
cultura 2020, pero ¿qué hay detrás? Señorías, nosotros no vemos nada, y
si lo hay, que nos lo cuenten.


Y termino, presidente. Según ustedes, el presupuesto en materia
cultural es un buen presupuesto. Si quieren, les damos otra oportunidad.
Les lanzo la pregunta: ¿Qué garantía tiene el ministerio de que otro
ministerio, el de Hacienda, deje cumplir los compromisos adquiridos? Es
decir, ¿el ministro Montoro dejará pagar al ministro de Cultura?


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor PICORNELL GRENZNER: Termino ya, presidente.


¿O pasará como el año pasado, que cerró la caja y ya no pagó a
algunos organismos, que quedaron con el agua al cuello? Si ustedes me
pueden garantizar esto hoy aquí, será un breve alivio para el
sector.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Picornell.


Para la defensa de la impugnación número 14, de los senadores
Bagué y Cleries, tiene la palabra el senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president. Bon dia.


La posición de los senadores del Partit Demòcrata en lo relativo
a la sección 18 continua siendo, lógicamente, la presentación de este
veto, que ayer ya explicamos de manera resumida en la presentación al
veto global a los presupuestos.


En Educación estos presupuestos son continuistas y no resuelven
ni atienden los problemas reales de los catalanes. Esta frase la hemos
repetido como un mantra, pero es la verdad, es lo que creemos. Son unos
presupuestos continuistas que, en ningún caso, van a resolver los
problemas reales de los catalanes.


La LOMCE creó una grave distorsión entre los docentes y sus
equipos directivos. Ante esta situación, el Gobierno del PP plantea
para 2017 un aumento del 1,7 % más en educación. Es decir, plantea un
aumento por debajo de la inflación prevista, según los propios cálculos
del Gobierno. Valiente forma tenemos de dar importancia a la educación si
la previsión de aumento es inferior a la previsión de inflación.


Con respecto a las becas, siguen sin dar cumplimiento a 13
sentencias, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional; la
primera, de 1994. Son sentencias que dan la razón a la Generalitat en
cuanto a que es esta la que tiene que gestionar las becas para los
estudiantes. En becas, España se sitúa en un 0,11 %, a un tercio de la
media de los países de la Unión Europea, donde está en un 0,31 %. España
se encuentra en un 0,11 %. Y en este punto concreto, se plantea el
aumento en los presupuestos para 2017 de un irrisorio 1,4 %. Por lo
tanto, muy lejos de la mitad del objetivo que marca la Unión
Europea.


Hay una segunda cuestión, a la que se refería el senador
Picornell: la frase del portavoz del Grupo Popular de españolizar a los
alumnos catalanes. Esto lo expresó, en su día, el ministro Wert. Y
queremos destacar dos cosas. Primero, que una frase así desprende un tono
de actitud colonialista absolutamente impresentable. Y, segundo, que si
tienen que españolizar a los alumnos catalanes, pregúntense qué han
estado haciendo mal durante estos cuarenta años de democracia
restablecida para que en Cataluña nos sintamos tan poco españoles. Seamos
valientes y llamemos a las cosas por su nombre.


En Cultura estamos un 44 % por debajo respecto a 2011, primer año
en que se produjeron ajustes en las partidas de Cultura.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BAGUÉ ROURA: Sí.


La desproporción entre las cantidades asignadas a los grandes
equipamientos culturales de Barcelona respecto a los de Madrid es
absolutamente impresentable. Les recuerdo la proporción que ya dije ayer:
dos tercios del presupuesto total de Cultura se destinan a los
equipamientos culturales de Madrid y al Instituto Cervantes; un tercio,
al resto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


Turno en contra.


Senador Soler, tiene la palabra.


El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: Gracias, señor presidente.


A nadie le va a sorprender que anunciemos nuestra oposición a los
vetos que se han presentado aquí esta mañana. Y ya que es un debate
presupuestario, pediría a todos los grupos que fuéramos un poco
respetuosos con los datos, las cifras y los hechos exactos.


Se ha puesto varias veces como referencia que 2011 era el
presupuesto al que teníamos que hacer referencia y hay que recordar que
el presupuesto de 2011 no era realista, porque no se compadecía con los
ingresos que iba a haber, ni era real. Con ese presupuesto de 2011 se
dejaron los cajones llenos de facturas sin pagar. Por eso nos encontramos
con lo que nos encontramos y las reformas, reestructuraciones y ajustes
de 2012 y 2013 tuvieron que ser lo fuertes que fueron.


Por lo tanto, hoy es importante saber que en referencia a 2013,
que es el año en que termina la crisis, hemos tomado una dirección
diferente, una dirección mucho mejor para los intereses de la educación,
porque podemos invertir más, mejor y con un conocimiento superior al que
se tuvo cuando se elaboraron los presupuestos de 2011, a los que tanto
hacen referencia.


En segundo lugar, y por llamar la atención a la cuestión
relacionada con datos, hechos y cifras, señorías, les quiero recordar que
tanto en cultura como en educación, el 95 % de lo que se gasta depende de
competencias transferidas a las comunidades autónomas. Además, tengo que
recordar que cuando las transferencias, por ejemplo, en tasas
universitarias, se han hecho a las comunidades autónomas salvando los
ajustes que se hicieron en presupuestos anteriores, algunas comunidades
autónomas —¿verdad, señor Menacho?— no han aplicado los
reajustes positivos.


Por lo tanto, señorías, nos oponemos al veto, sobre todo por la
falta de rigor al explicar por qué se presenta el veto y por la falta de
claridad al exponerlo, porque se toma solamente una parte de los hechos
reales para explicar situaciones anteriores.


Señorías, me van a seguir en el uso de la palabra otros senadores
que, dentro de esa misma sección, defienden asuntos diferentes referidos
a cultura y a deporte. No me quiero ir sin recordar tanto al senador de
Esquerra Republicana como al senador del PDECAT, del Grupo Mixto, que no
quieran imponer al PP la imagen de que no nos interesa la cultura
catalana. Falso. A mí no me van a enseñar ustedes quién es Josep Pla,
Salvador Espriu, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig ni ninguno de los
grandes aportes que supone Cataluña para el conjunto de la cultura
española. Y no digan que queremos españolizar a los niños catalanes,
porque, como muy bien dijo ayer el portavoz de presupuestos, los niños
catalanes no tienen que españolizarse, son españoles y hablan en español
tanto cuando hablan castellano como cuando hablan catalán (Aplausos). Y,
desde luego, piensan en español.


Señorías, muchas gracias. Me sigue en el turno la portavoz de
cultura.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Soler.


Tiene la palabra la senadora Torrado.


La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, presidente. Bon dia.


Creo que no estamos hablando de los mismos presupuestos. Señorías
hay que leerlos bien, porque los presupuestos en el ámbito de la cultura
incorporan importantes partidas y acentúan el compromiso por el potencial
creativo de nuestro país y por sus creadores.


En estos presupuestos se reafirma el apoyo a la industria
cultural y, en particular, a los creadores y sus derechos, porque eso
implica contribuir al crecimiento económico. Si se gestiona bien, como
está haciendo este Gobierno, se produce un efecto multiplicador y se van
creando empleos y empresas culturales, que es el mayor termómetro de la
eficiencia a la hora de gestionar. Lo importante es que este presupuesto
respalda la hoja de ruta plasmada a través de las 150 medidas previstas
en el Plan cultura 2020, que podrían ser el inicio de un gran pacto de
Estado por la cultura.


El presupuesto cultural para el ejercicio 2017 se ha incrementado
hasta los casi 543 millones de euros, un 1,44 % más con respecto al año
pasado. De ellos, más de 84 millones, un 10 % más que el año anterior, se
van a destinar al cine. El mayor incremento se produce en el fondo de
protección de la cinematografía, que llega a 70 millones de euros, lo que
supone un compromiso con el cine español; y, además, atiende a su
petición de sustituir el anterior sistema.


Por su parte, las artes escénicas incrementan su presupuesto
en 152 millones de euros, un 1,65 % más. En este punto destaca la cuantía
destinada al programa de música y danza, que supone el 66 % del
presupuesto, con una apuesta muy importante por las actuaciones sociales,
como el programa Platea de artes escénicas, que celebra ya su cuarta
edición y cuenta con una financiación de 5 millones de euros. Se trata de
un programa específico para acercar la cultura a toda la ciudadanía y que
se está desarrollando con gran éxito. Destaca también la gran labor
social que realizan diferentes instituciones culturales, como es el caso
del Teatro Real.


Además, se ha bajado el IVA del 21 % al 10 % en los espectáculos
en directo. Y la partida para la promoción del libro cuenta con más de 8
millones de euros.


Este Gobierno y el Grupo Popular estarán siempre al lado de los
creadores y de los artistas españoles, porque sabemos que la gran amenaza
para el mundo del libro, del cine y de la música es la piratería. Por eso
se han incrementado los medios del Registro General de la Propiedad
Intelectual.


Termino mencionando el presupuesto de la Dirección General de
Bellas Artes y Patrimonio Cultural, que superará los 100 millones de
euros.


Por todo esto, pensamos que la cultura española atraviesa un buen
momento. Creemos de verdad que los presupuestos de cultura son los que
este país necesita y que van a dar respuesta a muchas reivindicaciones
del sector cultural. Por eso, vamos a rechazar su veto.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torrado.


Senadora Mallol, tiene la palabra.


La señora MALLOL GIL: Gracias, presidente.


Señorías, voy a intentar rebatir las propuestas de veto
presentadas por los diferentes partidos en materia de deporte.


Ustedes dicen que el deporte ha sufrido un recorte considerable,
pero yo digo que no. Señorías, para intentar desvirtuar los presupuestos
en materia de deporte e intentar hacer ver que no se han incrementado, se
remontan a 2011; sin embargo, señorías, la comparativa presupuestaria
debe realizarse con el año inmediatamente anterior y no con 2011. El
ejercicio anterior, 2016, fue además año olímpico y paralímpico y, por
tanto, con dotaciones excepcionales. En este contexto, se debe poner en
valor el esfuerzo presupuestario de mantener en un año posolímpico,
el 2017, los mismos niveles de inversión que en 2016. El presupuesto
para 2017 —hay que decirlo bien alto y claro—, en las
partidas para el deporte español ha aumentado un 1,2 %, 1 millón de
euros, les guste o no.


Ustedes dicen que la partida que mayor recorte ha sufrido es la
destinada al Comité Olímpico Español. La cantidad reflejada para el
Comité Olímpico Español debe compararse con la de 2015, año anterior a
los Juegos Olímpicos, y se puede comprobar que se produce un incremento
de más del 53 %. Por lo tanto, es falso que se haya reducido en estas
partidas presupuestarias.


Por último —porque no tengo más tiempo—, ustedes
dicen que hay infrafinanciación del deporte escolar y universitario, pero
la promoción del deporte en edad escolar y universitaria no es una
competencia ni mucho menos exclusiva del Consejo Superior de
Deportes.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora MALLOL GIL: Acabo, señor presidente.


La Ley del deporte establece que el Consejo Superior de Deportes
debe coordinar con las comunidades autónomas la programación del deporte
escolar y universitario y, para esa coordinación se ha previsto una
partida presupuestaria de 1 108 000 euros, superior a 2016 y a 2015.


Por lo tanto, pido el voto en contra de estos vetos porque,
reitero, el presupuesto para 2017 en el ámbito del deporte se incrementa
un 1,2 % respecto a 2016, a pesar de haber sido un año olímpico, lo que
demuestra que el Gobierno ha hecho una apuesta clara por el deporte
español.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mallol.


Señorías, para su información, no vamos a detener el Pleno para
el almuerzo. Seguiremos con el debate de las impugnaciones a las
secciones, con el tratado internacional y con los dictámenes de proyectos
y proposiciones de ley. En cualquier caso, no se votará nada antes de las
cuatro.


Pasamos al debate de las impugnaciones a las secciones 19
y 60: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Seguridad Social.


Para la defensa de las impugnaciones números 30 y 36 del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Oñate.


El señor OÑATE MARÍN: Gracias, señor presidente. (El señor
vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).


Me corresponde explicar el destino de 1000 millones de euros por
segundo y, por lo tanto, tendré que recordar que este presupuesto tenía
dos grandes objetivos: corregir el déficit y pensiones dignas; y que
fracasaremos en ambos. El año 2106, el quinto de la legislatura de Rajoy,
fue el peor de todos; el déficit aumentó hasta cerca de 19 000 millones
de euros, pero los datos propios de los que ya disponemos en 2017, los
informes de la Airef y otros organismos, nos dicen que este año aún será
peor. Pronto, la Seguridad Social se convertirá en el único motivo de
déficit público y en el mayor centro creador de deuda pública. Si hasta
ahora estábamos debilitados para el debate interno, el Partido Popular
coloca una diana en el pecho a la Seguridad Social, para que fijen su
atención los organismos internacionales; y esto es así por la mala
calidad de las cotizaciones. Presumían ayer y presumen hoy, pero les daré
un dato: 600 000 cotizantes más que en 2011; eso sí, 1800 millones menos
de ingresos que en 2011. La afiliación de mayo ha sido récord, como ya se
ha señalado, pero no se ha dicho que también hemos batido el récord en un
solo día, el último, de caída de afiliación: 155 000 bajas en un
día.


En cuanto al empleo, vivimos en una gran mentira estadística.
Báñez se ha convertido en la ministra de la posverdad. La reforma laboral
sigue haciendo estragos y su derogación es urgente también por lo que
respecta a las pensiones.


Los presupuestos para 2017 no contemplan medidas que compensen
este déficit. Solo se va a agotar el Fondo de reserva y un préstamo del
Estado a la Seguridad Social de 10 000 millones de euros, a devolver en
diez años. ¡Más madera para el déficit de la Seguridad Social! Así, se
convertirá en una asignatura crónica.


Es verdad que este escenario —y con esto termino—
favorece lo que ya sabíamos, que mantener la Ley de 2013 llevará a unas
pensiones pobres, como ya dijimos. Además, los datos que acompañan al
presupuesto —el informe de la Airef y el propio Programa de
estabilidad del Gobierno— nos desvelan obscenamente las cifras: en
treinta años, y con datos de IPC de 2016, los pensionistas habrán perdido
un 55 % de capacidad adquisitiva en sus pensiones. Sé que Báñez tiene
hechos alternativos, lo que nosotros tenemos es un veto para que este
presupuesto no prospere.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Oñate.


Senador Varela, tiene la palabra.


El señor VARELA SÁNCHEZ: Señor presidente, señorías, intentaré
reflejar en dos minutos nuestro veto en relación con el primer problema
de los ciudadanos de este país: el paro.


Decía ayer el portavoz del Partido Popular, el señor Barreiro,
que el PP había pilotado un proceso de recuperación para los españoles.
Sin embargo, esto es intrínsecamente falso; no es cierto, señorías.


Desde el primer momento, la opción del Partido Popular fue
distinta. Puso en marcha un proceso de segregación social, de exclusión
social, de apartheid de una parte muy importante de los españoles. No
resolvieron el problema, señorías, lo que hicieron fue invisibilizarlo.
Ustedes no han resuelto la vía de agua del barco, lo que han hecho es
tirar por la borda el peso muerto, soltar lastre. No existen, están
excluidos, no aparecen en los presupuestos y, por tanto, no hay problema
y hemos resuelto la crisis.


Señorías del Partido Popular, Gobierno del Partido Popular, han
apostado por el país de los tres tercios, engordando y empobreciendo más
el tercio de los abandonados, de los auténticos parias, de los invisibles
de nuestro país. Han materializado y diseñado un modelo de exclusión
social que sitúa a personas y grupos en un limbo que no permite que sean
considerados como miembros de pleno derecho de la sociedad. La exclusión,
señorías, va mucho más allá de la pobreza y mucho más allá de la
desigualdad.


Y digo esto, señorías, porque ustedes han situado a más de 7
millones de españoles en la exclusión social, y en estos presupuestos
consolidan esa situación: más de 4,5 millones de parados, 3 millones sin
protección; más de 2 millones de parados de larga duración sin
expectativa ni esperanza, a los que estos presupuestos no dan una
solución; 2,7 millones de españoles con trabajo a tiempo parcial que
quieren trabajar a tiempo completo, que ingresan menos de 400 euros
mensuales, a los que estos presupuestos no dan una solución; 600 000
jóvenes menores de 25 años sin empleo, sin formación y sin esperanza, a
los que estos presupuestos no dan una solución; 850 000 jóvenes se fueron
de nuestro país, y estos presupuestos no plantean nada para que puedan
volver; 2 700 000 mujeres paradas, sin esperanzas, sin oportunidades de
empleo, a las que estos presupuestos no dan una solución; y 600 000
hogares sin ningún ingreso, donde viven más de 1 300 000 personas sin
oportunidades, y estos presupuestos no les dan solución.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.


No han resuelto el problema de esas capas de nuestra población
que estás castigadas, simplemente, las han apartado, las han hecho
desaparecer de los presupuestos.


Por tanto, señorías, consideramos justo y adecuado vetar estos
presupuestos, porque son profundamente injustos e insolidarios.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Varela.


Para la defensa de las impugnaciones números 52 y 57, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el
senador Mesón.


El señor MESÓN MIGUEL: Gracias, presidente. Buenas tardes.


En materia de empleo, la política presupuestaria que nos presenta
esta ley es continuista con la línea marcada por el Gobierno del Partido
Popular desde 2012, caracterizada por una subordinación del gasto social
en políticas de empleo a las políticas económicas de austeridad.


Entre la Ley de presupuestos del año 2011 y la que ahora se
presenta, sin considerar la partida correspondiente al préstamo a la
Seguridad Social, la cuantía del total consolidado de la sección 19
destinado a la financiación de políticas públicas de empleo se ha
desmoronado, con un descenso del 35,81 % de la inversión. Hay que señalar
que la línea política de contención del gasto en políticas públicas de
empleo ha ido acompañada de una política legislativa de desregulación de
las relaciones laborales, marcada por las reformas laborales adoptadas en
nuestro país en los últimos años por los sucesivos gobiernos.


Las políticas de ajuste adoptadas por el Gobierno en materia de
empleo se enmarcan en la peor situación posible, caracterizada por el
aumento de la pobreza estructural, el incremento de la desigualdad
social, una tasa de paro juvenil superior al 40 % y el incremento, sin
precedentes, de trabajadores pobres, de modo que se puede hablar de
quiebra del Estado social. Según la encuesta de condiciones de vida del
INE, de 2016, existen 13,3 millones de personas en España en riesgo de
pobreza o exclusión social; 1,3 millones de personas sobreviven en
unidades familiares sin ningún ingreso regular, y 10,2 millones de
personas viven bajo el umbral de la pobreza. Para mantener y mejorar los
servicios públicos esenciales se necesitan más ingresos, pero este
Gobierno, en vez de tomar medidas en ese sentido, realizó una amnistía
fiscal declarada ilegal recientemente por el Tribunal
Constitucional.


La apuesta decidida por la regulación laboral ha generado un
crecimiento del empleo sobre la base de la precariedad y la temporalidad.
El modelo protagonizado por la política de recortes y las sucesivas
reformas laborales, junto con el desmontaje de las políticas de atención
a la dependencia, han perjudicado en mayor medida a las mujeres
trabajadoras que, en parte, ni tan siquiera computan como activas para el
cálculo de la tasa de paro por haber retornado a la ocupación de atención
y de cuidados a niños y a personas dependientes.


El presupuesto para la protección del desempleo que nos presenta
el Gobierno continúa por la senda de la promoción de la pobreza
estructural iniciada en 2012. Según la EPA del primer trimestre de este
año, hay 4 255 000 personas en paro en España con disposición para
trabajar, muchas de las cuales se encuentran en situación de desempleo de
larga duración.


Mi grupo parlamentario no puede sino rechazar un proyecto de ley
que insiste en castigar al colectivo más vulnerable de la población. Si
tenemos en cuenta que, en la actualidad, casi 2 millones de trabajadores
activos se encuentran en situación de desempleo de larga duración, no
encontramos explicación que justifique la inaplicación del presupuesto
previsto en 2016 —es decir, que no se han gastado muchas
partidas—, así como la reducción del programa para este año.
Contrariamente a las indicaciones de la OIT, el 46,3 % de la inversión
pública para el fomento de la inserción y estabilidad laboral se destina
a la financiación de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad
Social, en lugar de priorizar estrategias de orientación y cualificación
de personas desempleadas y en el fortalecimiento de los servicios
públicos de empleo.


El Proyecto de Ley de presupuestos presenta un levísimo
incremento de la dotación de acciones a favor de los inmigrantes, pero
solo en un 0,2 % con respecto a 2016. Entendemos que es necesario no solo
cumplir con la financiación presupuestaria, sino además incrementar la
dotación para este año en 50 millones de euros, con el fin de cumplir con
los acuerdos para la acogida y garantía de los derechos de personas
inmigrantes y refugiadas llegadas a España.


La principal partida del programa 231B, sobre acciones a favor de
los inmigrantes, es la destinada a prestaciones por razón de necesidad a
emigrantes españoles en el extranjero pero, desde el año 2009, esta
partida se ha reducido un 57 %. Además, desde el año 2009 en adelante, la
partida destinada a la vigilancia y control del fraude de las relaciones
laborales no ha dejado de descender. Aunque este proyecto de ley presenta
un leve incremento del presupuesto para la Inspección de Trabajo y la
Seguridad Social respecto a la de 2016, lo cierto es que, con respecto al
año 2009, la dotación se ha reducido en 164 millones.


Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a las
secciones 19 y 60 del Proyecto de Ley de presupuestos, toda vez que
consideramos que manifiestan la continuidad de políticas públicas de
empleo regresivas y antisociales, subordinadas a programas de ajuste
económico ineficaces, que condenan a los colectivos más vulnerables de la
sociedad y no cumplen con los mínimos en materia de salvaguarda de los
derechos humanos de las personas refugiadas.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.


El señor MESÓN MIGUEL: Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Mesón.


Para la defensa de las impugnaciones números 70 y 76, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador
Rufà.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Gracias, presidente.


Agradezco al senador Soler-Espiauba que conozca a varios autores
catalanes de literatura, pero quisiera que me indicara en cuántas
universidades españolas, fuera de los països catalans, se enseña
literatura catalana, porque yo le podría decir que en muchas menos que en
Francia o Alemania. Este es un ejemplo de cómo la cultura se extiende por
este país. (Aplausos).


En cualquier caso, me voy a centrar en los presupuestos de
Trabajo y Seguridad Social. Los Presupuestos Generales del Estado
para 2017, relativos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, exigen a
los ciudadanos un acto de fe en relación con la previsión del Gobierno
vinculada a la recuperación del empleo; por ello, la disminución de esta
sección se puede reducir sin discusión, dado que no habrá que hacer
frente a tantas prestaciones por desempleo. Pese a todo, respecto al
dinero que supuestamente ya no hay que dedicar a los desempleados, más
de 2500 millones de euros, solo se incrementa la partida de pensiones no
contributivas y para protección familiar en 42 millones. Se incrementa
solo un 5,5 % el presupuesto para fomentar el empleo y solo se
incrementan las pensiones un 0,5 %, lo que supone una pérdida. Además, se
reduce el presupuesto para los subsidios de discapacidad en un 13,9 %. En
nuestra opinión este dato no es bueno, aunque los Presupuestos Generales
del Estado para este año prevean mantener el agujero de la Seguridad
Social, porque los gastos superarán a los ingresos en 2017, con un
diferencial de más de 32 000 millones de euros.


Este año, como los seis anteriores, no tendrán suficiente con la
recaudación para hacer frente a las prestaciones, así que, como en años
anteriores, tendrán que recurrir a fuentes de financiación
extraordinarias, hasta ahora cubiertas por el Fondo de reserva. Sin
embargo, este año el Ejecutivo ha renunciado a gastar todos los ahorros
de la hucha de las pensiones y ha preparado un préstamo de más de 10 000
millones entre las administraciones de Hacienda y Seguridad Social.
Después del vaciado del Fondo de reserva, y ante la previsión de su
segura liquidación, el Ejecutivo ha decidido optar por la fórmula del
crédito, aunque ni tan siquiera con el crédito podrá afrontar el
instituto previsor todas sus obligaciones, y por tanto, los presupuestos
contemplan que los gastos superen en 16 650 millones a los ingresos. No
es la primera vez que el instituto previsor recibe dinero de presupuestos
para equilibrar sus cuentas; sucedió ya entre 1994 y 1997, pero con una
diferencia sustancial: entonces la Seguridad Social, también en números
rojos como ahora, se hacía cargo de las pensiones no contributivas, de
los gastos de servicios sociales, de la dependencia y de la sanidad.
Ahora, en cambio, el dinero de este crédito de equilibrio —nombre
técnico—, será para pensiones contributivas.


El Gobierno está liquidando con su gestión el sistema de la
Seguridad Social española y, por tanto, abriendo la brecha entre las
clases trabajadoras y las grandes fortunas, por lo que seguimos
preocupados por estos presupuestos. Se debe medio millón de euros a los
afiliados, a los cotizantes de la Seguridad Social, que con nuestro
salario diferido hemos financiado durante décadas partidas
presupuestarias que nada tienen que ver ni con las pensiones ni con la
Seguridad Social. Es decir, que son transferencias directas de los
cotizantes a los presupuestos del Estado; esas sí que eran directas y, en
cambio, las que se hacen ahora, nos las devuelve el Ministerio de
Hacienda en forma de préstamo.


La Constitución concede a las organizaciones sindicales una
relevancia fundamental dentro del Estado social y democrático,
concediéndoles un papel básico en el desarrollo de las políticas
económicas. Sin embargo, hoy las aportaciones públicas son insuficientes
para cubrir lo que los sindicatos aportan solo en partidas de
representación a todos los trabajadores, afiliados o no a los diferentes
sindicatos. La financiación sindical en España es un 30 % inferior a la
de los países de la Unión Europea que tienen el mismo modelo. En 2012, la
aportación pública a los sindicatos se rebajó en un 50 %. Por ello
pedimos a los grupos parlamentarios que voten a favor de nuestras
enmiendas, con el fin de recuperar la financiación sindical para el
año 2017 en cuantías, como mínimo, iguales a las del año 2012.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana presenta enmienda a la totalidad de las secciones 19 y 60,
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Seguridad Social, del Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su
devolución al Gobierno.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Rufà.


Para la defensa de las impugnaciones números 15 y 19, de los
senadores Cleries y Rivero, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.


El Partit Demòcrata ha presentado el veto a las secciones 19 y 60
por algunos de los motivos que ya avanzamos cuando sustanciamos el veto a
la totalidad.


En nuestra opinión, estos presupuestos no dan respuesta a los
problemas de los catalanes; son continuistas y, como en los últimos cinco
años, no van a cumplir objetivos de déficit en la Seguridad Social.
Además, no cumplen con empleo: menor inversión en políticas de empleo; la
garantía juvenil falla, y ustedes lo saben porque la Comisión Europea se
lo ha recordado; el modelo de formación de empleo falla, los
interlocutores sociales nos lo dicen cada día; asilo y refugio fallan,
porque no cumplen con los compromisos de la Unión Europea; la Comisión
Europea indica que están gastando mal los recursos del FAMI, y ustedes lo
saben; y respecto a las pensiones y a la Seguridad Social, también fallan
porque las pensiones no aumentan al nivel del IPC, con un 0,5 %, que está
llevando al empobrecimiento de los pensionistas.


Señorías, según el Partido Popular en Cataluña, la independencia
te quita la pensión y, añaden: Valientes para decir la verdad... No
entraré a debatir su verdad porque ya hemos hablado de Segismundos; pero,
respecto a su valentía, sí que diré que hay que ser valiente para sacar
estos eslóganes, justamente ustedes que han vaciado el cajón de la
solidaridad entre generaciones, y han dejado los 66 000 millones de euros
en 8 748 000 euros, y con préstamos a 10 años.


Hemos tenido que oír en este Pleno que nos gastamos dinero en
propaganda independentista, pero debe ser poco porque ustedes no han
entendido nada. Ustedes niegan la realidad; ayer dijeron que no habría
proceso, pero el proceso al que usted se refería se ha terminado y
culminará con una votación el 1 de octubre. Nosotros estamos en otro
proceso, estamos haciendo campaña por el sí; sí a poder votar. En cambio,
el Partido Popular en Cataluña hace campaña contra la independencia y nos
manda dos mensajes: primero, que es posible y, segundo, un mensaje de
miedo. Nos dicen que, con la independencia, 3 de cada 10 jubilados en
Cataluña no van a cobrar. No será que han hecho ustedes sus cuentas y no
les salen, por eso apelan al miedo y no a los argumentos. Pues vayan
haciendo campaña porque nosotros vamos a votar. No somos golpistas, somos
demócratas, vamos a poner las urnas y les invitamos a que hagan su
campaña con argumentos.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Rivero.


En el turno en contra, tiene la palabra la senadora
Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ RUEDA: Gracias, señor presidente.


Señorías, un año más las pensiones son la principal partida de
los presupuestos, con 139 647 millones de euros; un 12 % del PIB. Estamos
ante unos presupuestos en los que se consolida la separación de las
fuentes de financiación del sistema de la Seguridad Social, de manera que
el Estado aporta más de 13 000 millones de euros para dar cobertura a
todo el ámbito no contributivo, así como a los complementos a mínimos,
que tienen una dotación superior a los 7000 millones de euros.


Además, se incrementa la partida de atención a la dependencia en
más de un 8 %, y esto es importante porque les recuerdo que el Gobierno
del Partido Popular y, por ende, el presupuesto de todos los españoles,
tuvo que hacer frente en los momentos de mayor dificultad económica a los
más de 1000 millones de euros que el anterior Gobierno Socialista dejó
sin pagar en relación con las cotizaciones sociales de los cuidadores no
profesionales de la dependencia. Pero, señorías, como siempre, solucionar
los problemas es el trabajo del Gobierno del Partido Popular.


Para poder sufragar los gastos sociales que derivan de los
presupuestos es importante que todos sepamos cuáles son nuestras
obligaciones y derechos, porque la caja de la Seguridad Social se nutre
de las cotizaciones y las pensiones dependen de ellas. De manera que
cuando se emplea a un trabajador, como parte de sus derechos esenciales,
procede darle de alta en la Seguridad Social para que cotice, señorías
del Grupo de Podemos. La economía sumergida atenta contra nuestro sistema
público de pensiones. No sé si están de acuerdo con esta afirmación o,
como algunos de los miembros de su partido, olvidan lo que predican o
predican con el ejemplo —que también puede ser—, pero en ese
caso no vengan a darnos lecciones sociales.


Por otra parte, el Grupo Socialista nos ha ilustrado con su
teoría del déficit. Es curioso, porque parece que no se acuerda de que el
déficit del sistema de la Seguridad Social se inicia en el año 2009.






En
un año se pierden más de un millón de afiliados y hay un desplome de los
ingresos por las cotizaciones sociales. A pesar de que los datos de la
existencia de la crisis eran tozudos, el entonces Gobierno Socialista
adoptó medidas económicas que se demostraron erróneas por cuanto que
llevaron a millones de ciudadanos al paro y a los pensionistas a ver
congeladas las pensiones. Ese es el origen del déficit: el desempleo.
Saben ustedes que la caja de la Seguridad Social se nutre del empleo y de
la afiliación —lo saben—, pero saben, y lo digo una vez más,
que solucionar los problemas es el trabajo del Gobierno del Partido
Popular.


Ustedes no han explicado todavía por qué los excedentes del
sistema de la Seguridad Social correspondientes a los años 2008, 2009
y 2010 no se incorporaron en su totalidad al Fondo de reserva. No han
explicado cuál ha sido el destino de los 14 000 millones de euros de
excedentes que nunca se ingresaron en el Fondo de reserva. Dotaron al
Fondo de reserva por debajo de lo que debería haberse hecho, y si
hubieran cumplido con la ley hoy el fondo dispondría de esos 14 000
millones de euros cuya finalidad, única y exclusiva, es el pago de las
pensiones contributivas.


También se ha hablado del préstamo del Estado a la Seguridad
Social y, señorías, no entiendo por qué se rasgan las vestiduras con
esto. No es la primera vez que se tiene que pedir un préstamo, y les
pongo en antecedentes. Cuando gobernaba el señor González hubo que pedir
préstamos para poder pagar las pensiones y en el año 1996 cuando el
Partido Popular llega al Gobierno tiene que pedir un préstamo de más
de 3000 millones de las antiguas pesetas porque, como siempre, el Partido
Socialista había dejado la Seguridad Social en números rojos. Gracias al
esfuerzo de todos los ciudadanos, y con las reformas llevadas a cabo en
estos años de Gobierno del Partido Popular, se está creando empleo: más
de 600 000 empleos en el último año; se están incrementando los recursos
del sistema, se ha mejorado el nivel de protección se han ampliado las
prestaciones, y con estos presupuestos las pensiones están aseguradas,
con las cotizaciones sociales y con el Gobierno de España.


Señorías, hay que decirlo claramente. Estos presupuestos mejoran
las pensiones y demuestran el compromiso del Gobierno con la defensa y el
respaldo de nuestro sistema público de reparto contributivo y de
solidaridad intergeneracional; por lo tanto, los presupuestos son, aunque
no lo quieran reconocer, los presupuestos de la recuperación económica,
de la creación de empleo y del gasto social.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Rodríguez.


Senadora Soto, tiene la palabra.


La señora SOTO RICO: Gracias, señor presidente.


Señorías, ustedes insisten en negar lo obvio y es que en España
hoy se crea empleo, y se crea empleo a un ritmo del 3 % anual. También
ustedes niegan que en el año 2014 nuestro mercado laboral comenzó una
andadura de crecimiento y de creación de empleo que se intensificó
en 2015 y en 2016, en los que se llegaron a crear 1,5 millones de puestos
de trabajo gracias al esfuerzo, al trabajo y al sacrificio de toda la
sociedad española y gracias a la gestión del Gobierno de España, gracias
a la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy.


Ustedes hablan de la calidad en el empleo y yo les voy a hacer
una afirmación que ha hecho en muchísimas ocasiones la ministra Báñez: la
calidad del empleo empieza por un empleo. Además, ustedes saben que desde
el Gobierno de España se ha estado trabajando para impulsar el trabajo
indefinido y que hoy en nuestro país 3 de cada 4 personas que trabajan lo
hacen con un contrato indefinido. ¿Que hay que seguir trabajando? Hay que
seguir trabajando. Por eso cobran todo el sentido precisamente las
secciones 19 y 60 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para este año.


¿Cuáles son los dos grandes bloques del presupuesto en materia de
empleo? Uno, las políticas activas de empleo, y el otro, las políticas
pasivas. En cuestión de políticas activas, ¿qué hacen las secciones 19
y 60? Incrementar un 5 % todos los programas que han demostrado que están
funcionando bien y que están generando la creación de empleo en España.
Además, se incrementa un 6,36 % si incluimos el plan de garantía juvenil
y hasta un 16 % si incluimos los programas de trabajo autónomo. ¿Qué se
hace en el otro gran bloque, el de las políticas pasivas? Se presupuesta
un partida de 18 000 millones de euros para no dejar a nadie atrás, para
las prestaciones por desempleo. Y aquí voy a pararme un segundo para
rogarle, por favor, al señor Varela que no llame de forma despectiva
parias a las personas que lamentablemente lo están pasando tan mal en
nuestro país y que tienen que acudir a las prestaciones por desempleo y a
los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos. (Aplausos). Por
favor, no llame usted parias a las personas y no estigmatice a las
personas que tan mal lo están pasando. Me parece que no es justo.
Señorías, nosotros vamos a seguir trabajando.


También hay algo que quiero decirle a Podemos: me parece que son
ustedes demasiado desahogados hablando y criticando la gestión que ha
hecho el Gobierno de España en materia de Inspección de Trabajo. Me
parece que hay que ser desahogados, cuando, gracias al impulso de la
Inspección de Trabajo, más de 450 000 empleos que no estaban dados de
alta a la Seguridad Social han aflorado, uno de ellos el de su líder
Echenique con la grave contratación irregular de su asistente.
(Aplausos). Hay que ser desahogado. Solamente faltaría que lo propusieran
como ministro de Empleo; solamente faltaría eso.


Señoría, el Gobierno de España con este presupuesto está haciendo
lo que tiene que hacer: impulsar, incentivar e incrementar todos los
programas de política activas de empleo para seguir creando empleo en
España, que es lo que estamos haciendo hasta ahora, y también, señorías,
proteger a las personas que todavía no han encontrado un puesto de
trabajo.


Yo les pido responsabilidad y altura de miras; si no quieren
ustedes apoyar este presupuesto para que se siga creando empleo en
España, por lo menos no obstruyan el trabajo del Gobierno de España.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Soto.


Pasamos a la sección número 20.


Para la defensa de la impugnación número 31 del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Delgado.


La señora DELGADO OVAL: Muchísimas gracias, buenas tardes.


El Grupo Socialista veta el presupuesto referido a la sección 20,
porque considera que no recoge la transformación energética, el impulso
digital y la renovación del sector turístico que este país necesita.


Son unos presupuestos poco ambiciosos para afrontar los retos en
política energética. Estamos inmersos en un proceso de transición ligado
a la protección del planeta, en el que hemos adquirido una serie de
compromisos que no están reflejados en estos presupuestos.


Con este presupuesto vamos a tener muy difícil cumplir con
nuestros objetivos de reducción de emisiones en un 40 % en el año 2030 y
aprovechar la lucha contra el cambio climático para crear empleo,
crecimiento económico y, subrayo, garantizar un precio asequible para
este suministro básico. No presentan ni un solo cambio en el modelo de
financiación ni destinan ingresos para la fiscalidad ambiental y tampoco
promueven una política energética más sostenible. Reflejan la escasa
voluntad del Gobierno para continuar estimulando los procesos de I+D+i en
el sector energético y, además, no cumplen con los compromisos
establecidos en el marco de actuación para la minería del carbón en las
comarcas mineras.


El Gobierno, además, parece que no tiene las ideas claras con la
agenda digital y presenta unos presupuestos con recortes en esta materia,
que ampliarán la brecha digital en las zonas rurales y nos seguirán
alejando de Europa. La realidad, según los indicadores, es que estamos
por debajo de la media europea en competencias digitales básicas:
conectividad, uso de Internet y confianza digital. El acceso a Internet
debería ser un derecho fundamental, y ustedes repiten, una y otra vez,
que este país está experimentando una recuperación económica y que las
cuentas mejoran. Precisamente este es un sector primordial para el
desarrollo de nuestra economía para potenciar el cambio del modelo
productivo, para generar empleo de calidad y de futuro.


En definitiva, esta falta de impulso en materia digital reduce la
capacidad de España para incorporarse a una economía moderna como sí
desarrollan otros países del norte de Europa, y podríamos ser líderes,
pues tenemos excelentes profesionales en el sector, que son reconocidos
mundialmente, pero sus políticas les obligan a abandonar este país.


Los vientos de cola, a los que ustedes siempre se refieren, no
van a impulsar ni el cambio del modelo energético ni la agenda digital
que este país necesita. Esto requiere de planes, compromiso e
inversión.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Delgado.


Tiene la palabra el senador Mármol.


El señor MÁRMOL SERVIÁN: Gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve. Continuamos con el veto a la sección de
Turismo, aunque en estos momentos el hemiciclo está prácticamente
vacío.


En estos presupuestos hay una reducción para el área de Turismo
de más de 11 millones de euros que el Gobierno de España justifica
diciendo que sube un 2,4 % porque el año pasado no se gastó el dinero que
estaba presupuestado. Nos referimos a un sector que está tirando de la
economía en este país, con un récord de turistas, pero con un modelo
turístico que el Partido Popular sigue exprimiendo sin tomar ningún tipo
de medidas, un modelo obsoleto que lleva años dando muestras de un
agotamiento y sobre el que es necesario actuar.


Acaba de hablar la senadora Soto de la calidad del empleo. Es
necesario abordar el empleo en el sector turístico teniendo en cuenta que
en la mayoría de las ocasiones los contratos son de un día, y muchas
veces incluso de una sola hora. Si eso es calidad en el empleo, calidad
en el sector turístico, y es un orgullo para el Partido Popular, no
estamos nada de acuerdo.


¿Qué propone el Partido Socialista? El Partido Socialista propone
un plan de promoción del turismo nacional, también un plan de
reactivación del turismo rural, especialmente una dotación muchísimo
mayor para el área de Paradores, teniendo en cuenta su importancia como
dinamizador del turismo y que fomenta la cohesión territorial, que es tan
importante. Por supuesto, un plan de rehabilitación y reconversión
integral de destinos de primera generación. Hay que tener en cuenta que
tenemos un turismo prestado, entre 6 y 8 millones de turistas, que ha
dejado de ir a los países mediterráneos, que tenemos que trabajar para
fidelizarlo y para que siga viniendo a nuestro país; estamos hablando de
un gasto en torno a 6000 millones de euros, pero el Partido Popular sigue
mirando hacia otro lado porque piensa que el turismo es la gallina de los
huevos de oro que puede seguir exprimiendo sin tomar ningún tipo de
medida. Y, por supuesto, proponemos un plan específico que fomente el
turismo para todos y el turismo senior, medidas que el Gobierno del
Partido Popular no tiene en cuenta y sigue maximizando los niveles de
llegada de turistas. Pero tenemos un modelo turístico que no es de
calidad ni supone un modelo sustentable que fomente la gobernanza
turística, un empleo de calidad y también la desestacionalización.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Mármol.


Para la defensa de la impugnación número 53, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
senadora Jiménez.


La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, los presupuestos que nos presenta el Gobierno en
materia de Energía, Turismo y Agenda Digital son unos presupuestos
continuistas, cuyo objetivo es apuntalar el patrón caduco, insostenible e
irresponsable de los últimos años, y que, además, vienen con recortes.
Estos presupuestos suponen un nuevo golpe a la política energética y un
nuevo freno a las posibilidades de un sector que podría liderar el cambio
de modelo productivo de nuestra economía y nos permitiría pasar a un
motor de desarrollo económico no basado ni en la precariedad laboral ni
en la especulación.


Estos presupuestos suponen un paso atrás en el cumplimiento de
los objetivos internacionales de España en materia de cambio climático,
objetivos con los que el Gobierno afirmó comprometerse; un compromiso que
resulta poco creíble a la vista de las cifras que nos presentan. El
Gobierno destina la mayor partida en energía a fortalecer y ahondar en
las medidas correctoras del déficit garantizando, eso sí, los beneficios
del oligopolio eléctrico, en lugar de auditar para saber los costes
reales del sistema y potenciar un sistema eléctrico verdaderamente
competitivo.


En estos presupuestos hay una ausencia total de planes para
impulsar la sostenibilidad y la rápida reducción de emisiones en nuestro
tejido productivo. Nuestro planeta y nuestro futuro necesitan que
reduzcamos las emisiones de CO2 pero esa reducción solo se conseguirá si
un Gobierno responsable le dedica programas, partidas y dotación
suficientes. Dicen apoyar la descarbonización, pero las partidas
destinadas a reconvertir y reindustrializar las zonas mineras se reducen
un 32 %. ¿Cómo piensa este Gobierno que las comarcas mineras van a poder
abordar ese desarrollo alternativo?


En lugar de apostar por un plan nacional de transición
energética, que impulse un nuevo modelo energético y reduzca el peso de
aquellos sectores insostenibles y con mayor emisión de CO2, sus
presupuestos nos indican con claridad que la transición para el cierre de
las plantas nucleares no entra en los planes del Gobierno, que no van a
fomentar el autoconsumo y que no apuestan por la generación
distribuida.


Señorías, estos presupuestos no conducen a España hacia un nuevo
modelo descarbonizado, sino que nos dejan a la cola de nuevo y consolidan
el desmantelamiento del autoconsumo y las renovables. Tampoco son unos
presupuestos que nos permitan afrontar nuestros retos como país ante las
crecientes desigualdades sociales. Ni una partida han asignado ustedes a
erradicar la pobreza energética.


En materia de agenda digital, también hay recorte. Estos
presupuestos, con las cantidades que ustedes asignan, no van a solucionar
el problema de la brecha digital y tenemos un tercio de nuestra población
que está desasistida en materia digital. Esa brecha digital determina que
haya ciudadanos de primera y de segunda. Se necesita una intervención
directa del sector público para garantizar el acceso a Internet a toda la
ciudadanía, viva donde viva y aunque no sea rentable.


Finalmente, en materia turística la dotación presupuestaria
vuelve a descender un año más. No se asignan partidas suficientes para
incentivar la calidad ni la formación, ni se proponen medidas para
mejorar la calidad del empleo en el sector turístico. Este punto nos
preocupa especialmente, pues el sector, como saben, denuncia condiciones
laborales en muchos casos alarmantes. El modelo turístico que reflejan
estos presupuestos carece de un plan de sostenibilidad del turismo, que
fomente un turismo responsable y sostenible.


En definitiva, estos presupuestos son un paso atrás y una ocasión
perdida. Recortan partidas, no garantizan la cobertura necesaria para
cumplir realmente con aquello que dice el Gobierno que son sus objetivos
de desarrollo para el sector. Por el contrario, ahondan en el modelo
existente, no permiten el desarrollo alternativo de un nuevo modelo de
futuro y, por tanto, demuestran que el Gobierno tiene escaso interés por
trabajar para que el futuro energético, turístico y tecnológico de
nuestro país sea limpio, sostenible y motor de un nuevo y necesario
modelo productivo de crecimiento.


Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea ha presentado una enmienda de totalidad a la sección
presupuestaria 20, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Jiménez.


Para la defensa de la impugnación número 71, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador
Castellana.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Gracias, presidente.


Señorías, después de las intervenciones de los grupos Socialista
y de Unidos Podemos, que comparto en su práctica totalidad, seré breve y
simplemente apuntaré los temas clave y que no volveré a explicar.


De los tres bloques, en energía tenemos lo de siempre, ya que se
mantiene un modelo energético que tiene uno de los costes energéticos
para las pymes más elevados de nuestro entorno, con el lastre que
significa eso para la competitividad. No existe el contrato estacional
para potenciar a las pymes, no hay nada de las redes cerradas y la rebaja
de tarifas de media tensión no es una cuestión que afecte a todo el
territorio, sino a alguno que ha negociado mejor que otros. Es un modelo
basado otra vez en las energías fósiles, aun en el tiempo que estamos. No
hay nada en relación a trabajar en la reducción de la dependencia nuclear
y sabemos que el tiempo corre. Finalmente —afectando no solo a la
cuestión energética, sino también a la humana— se reducen las
partidas destinadas a la reconversión y reindustrialización de las zonas
mineras.


Tenemos más reducciones, como la reducción a la protección a la
propiedad industrial. En relación con la sociedad de la información y de
la agenda digital, hay reducción en la innovación tecnológica, en el
gasto en telecomunicaciones, en I+D, en la sociedad de la información y
en los créditos destinados a las empresas.


Finalmente, un apunte sobre turismo. No me extenderé en lo que ya
han comentado mis compañeros, simplemente quiero constatar —y
estamos de suerte— que el cambio de un modelo turístico de mayor
valor añadido no depende exclusivamente del Gobierno; si no, mal
iríamos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Castellana.


Para la impugnación número 11, de los senadores Abad y Cleries,
tiene la palabra la senadora Abad.


La señora ABAD GIRALT: Gracias.


¿Por qué nuestro veto? Porque estos presupuestos no tienen en
cuenta ni nuestros intereses ni nuestras propuestas ni nuestra voluntad
de transformación del modelo energético con la mirada puesta en 2020.
Pero no es solo eso, es más, estos presupuestos son un agravio flagrante
a las empresas y a los usuarios de Cataluña. Por ejemplo, en materia de
energías renovables hay una interrupción de la retribución y una
inseguridad jurídica. La política de renovables del Gobierno, con el paro
de las pymes a las renovables y la modificación de las retribuciones
vigentes, ha paralizado la implantación de las nuevas instalaciones y ha
generado inseguridad jurídica en el sector. La reforma eléctrica que ha
llevado a cabo el Gobierno español no sigue la misma dirección que la
política energética de Cataluña. Como ustedes saben, el Estado invade
constantemente las competencias de la Generalitat en lo relativo a la
regulación y ejecución de las actividades de transporte y distribución de
energía.


Gestión estatal del Fondo nacional de eficiencia energética. La
imposibilidad de participar las comunidades autónomas en este fondo
supone el inicio de un proceso recentralizador, donde las comunidades
autónomas no juegan ningún papel y se rompe, una vez, más la recuperación
de la democracia en nuestro país.


El caso Castor —terrible, mala gestión, por decirlo de
alguna manera— ha supuesto el encarecimiento de la factura de
consumo de gas como consecuencia del reconocimiento de los costes de la
inversión fallida. Seguimos defendiendo que no se puede imputar a los
ciudadanos el coste de 1350 millones de euros de indemnización; los
costes no deben repercutir en los ciudadanos y en las empresas
consumidoras de gas a través de un aumento de las tarifas de este
servicio. Esto es una vergüenza, y por ello hemos solicitado una comisión
de investigación con el fin de depurar responsabilidades, como también lo
es, para finalizar, el pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el PP
que elimina la tarifa intermedia en el País Vasco. Esta medida, por
supuesto, no tendrá efecto en las 5800 empresas de toda España, la mitad
de ellas en Cataluña.


Hablamos, pues, de desigualdad y agravio, hablamos de unos
presupuestos generales que no ayudan a las personas, a los usuarios del
sistema, hablamos de un modelo que no es el nuestro, nuestro modelo es el
de la energía como factor clave para la competitividad de nuestra
economía, como también lo es para la sostenibilidad ambiental de
Cataluña. Nuestro modelo mira al futuro: defendemos las energías
renovables, el vehículo eléctrico, la rehabilitación energética de los
edificios y el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico. Estos
presupuestos castigan a nuestro país, a nuestra gente y nuestros nobles
valores, y por ello nuestro veto y votaremos sí el 1 de octubre.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Abad.


Turno en contra.


Senador Pascual, tiene la palabra.


El señor PASCUAL MADINA: Gracias, señor presidente.


Intervendré yo en la parte de Energía y en la de Turismo y Agenda
Digital intervendrán otros portavoces.


Este presupuesto en la parte de Energía viene a ser una
continuidad de las políticas energéticas del Partido Popular en gobiernos
anteriores, que son políticas que han funcionado y que, evidentemente, no
podemos cambiar por otras que no van a funcionar con toda seguridad, y
por eso nuestro voto va a ser en contra.


La parte de Energía tiene tres áreas básicas. Primera, continuar
con el control del déficit y la reducción de la deuda del sistema
eléctrico, lo cual redunda en beneficio del ciudadano, sobre todo del
ciudadano más vulnerable, de las pymes y de las empresas, y eso,
señorías, es hablar de recuperación económica y de creación de empleo.
Hacen ustedes referencia en sus argumentos de impugnación a que el
conjunto del presupuesto baja en un 2,52 %, 139 millones de euros. Les
voy a dar un dato, las partidas destinadas a la financiación del sistema
eléctrico, esas partidas únicamente, ya se reducen en 149 millones de
euros. Es decir, en un contexto en el que la demanda de la energía
eléctrica está aumentando, la excelente gestión del Gobierno del Partido
Popular ha conseguido reducir las partidas de financiación del sistema
eléctrico en 149 millones de euros, que ya es más que esos 139 millones
de euros del conjunto del presupuesto. Segunda, cumplir con el marco de
actuaciones 2013-2018 del sector del carbón, donde podemos destacar la
partida de medidas sociales de 247 millones de euros y donde,
evidentemente, hay más partidas. Y, tercera: Apoyo al ahorro, a la
eficiencia energética y a las energías renovables. 207 millones de euros
en el Fondo nacional de eficiencia energética; 59 millones de euros en el
Programa de ayudas para la rehabilitación energética; partidas para la
movilidad eficiente; planes para el aprovechamiento de energías
renovables y uso eficiente de la energía; planes Renove para la
hostelería; pymes; etcétera.


Hacen ustedes referencia constante en su veto al escaso
compromiso del Gobierno con las energías renovables. Vamos a ver,
señorías, una vez ordenado el caos que se encontró el Gobierno anterior
en el año 2011, con un déficit anual de casi 6000 millones de euros y una
deuda de 27 000 millones de euros que vamos a pagar todos los españoles
durante décadas y de la que no tuvieron la culpa el despliegue y las
primas a las renovables —que había que hacer—, sino la falta
de rigor y de control sobre su despliegue, ahora sí podemos pensar en una
implantación lógica y sensata, al máximo ritmo que nos permita la
tecnología en cada momento, y, desde luego, siguiendo las directrices de
la Unión Europea en cuanto a coste-eficiencia. La prueba la tienen en
los 3000 megavatios subastados con enorme éxito y en la próxima subasta
de otros 3000 megavatios. Aquí el Grupo Socialista ha sido el más
prudente cuando ha dicho que este Gobierno no va llegar a 2040 en sus
objetivos, porque sabe que en el año 2020, que es el primer hito a pasar,
vamos a cumplir perfectamente. El resto de grupos parlamentarios, o no lo
saben, o no se lo han estudiado, o lo han obviado, o no han querido decir
la verdad.


Esto, señorías, viene reflejado en los presupuestos. Y, como ve,
no vamos a apoyar su veto, pero sí vamos a apoyar e impulsar la
implantación de energías renovables.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Pascual.


Tiene la palabra el senador Almodóbar.


El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias, señor
presidente.


Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 en materia
turística amparan unas políticas que siguen promoviendo y acentuando el
éxito turístico permanente de España. Porque, señorías, al final, los
hechos, que son muy tozudos, las cifras, las estadísticas, también la
percepción que tienen la mayoría de los españoles, dinamitan todos los
discursos que hacen otros grupos políticos, fundamentalmente, el Partido
Socialista. Esos discursos derrotistas, como el de hoy, de poner peros a
las políticas del Gobierno y a sus presupuestos, sin ser capaces de
reconocer los esfuerzos que se han hecho y que nos han llevado a obtener
los mejores resultados de nuestra historia con unos presupuestos más
contenidos. Eso se llama eficiencia.


Señores, lo que hace daño a nuestro turismo no son nuestras
políticas. Todo lo contrario. Lo que hace daño es que mientras se trabaja
intensamente por lograr que vengan más turistas, que gasten más, que
seamos un destino más competitivo y que nuestras empresas puedan
invertir, mejorar o crear empleo, otros pretendan imponer tasas,
promuevan moratorias a la inversión o pretendan demonizar al sector
ahuyentando a nuestros turistas, poniendo en riesgo la competitividad del
sector y afectando negativamente al empleo turístico, a las inversiones y
al turismo en general.


Como saben, el turismo es una actividad tremendamente
transversal, donde, prácticamente, todos los departamentos ministeriales
tienen su incidencia. Hablamos de formación, de seguridad ciudadana
—esta semana se ha presentado el Plan Turismo Seguro, por el que
este año se van a duplicar los efectivos en materia de seguridad para
proteger a los turistas que nos visitan en nuestros destinos—, de
política de visados, de las conexiones aéreas —de esos incentivos a
las tasas para que podamos tener más conexiones—, etcétera. Como
ven, la inversión en otros departamentos también afecta al turismo y
tiene sus consecuencias.


Decía el portavoz socialista que no le prestábamos especial
atención al turismo, que estaba obsoleto. Pues menos mal. Señorías, hace
solo cinco años éramos el octavo país más competitivo del mundo en
materia turística. Hoy somos el primero por segunda vez consecutiva. Por
algo será. En estos años hemos favorecido el impulso a la inversión en el
sector. En lo que llevamos de año hemos recibido más de un 12 % de
turistas que en el anterior. El gasto ha aumentado un 15 % y las
previsiones de este año son espectaculares debido a la apuesta del
Gobierno por este sector, convirtiéndolo, además, en una auténtica
prioridad.


Señorías, de Paradores no hablaré porque tengo que terminar para
dejarle tiempo al compañero. No hablaré, aunque, cuando quieran, lo
hacemos. Pero creo que ustedes no quedarían en muy buen lugar.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Almodóbar.


Tiene la palabra el senador Ramis.


El señor RAMIS SOCÍAS: Muchas gracias, señor presidente.


Estamos aquí para defender el veto a la sección 20. Yo creo que
hay dos bloques de vetos: El del Grupo Socialista, que ha tratado de
argumentar diciendo que en temas de agenda digital teníamos poco interés,
que se había disminuido un 17 % el presupuesto de la sección, o que
dentro de los índices europeos estábamos en una posición intermedia,
la 14.


Quiero decirles que saben ustedes perfectamente que ese 17 % está
en el Ministerio de Economía, en la iniciativa empresarial, y que dentro
del ranking europeo estamos por encima de la media y estamos subiendo. Yo
puedo entender sus argumentos, pero no puedo compartirlos. Sí que quiero
compartir con ustedes que las estrategias digitales deben redefinirse
siempre.


Paso al bloque de vetos a la totalidad de Podemos, Esquerra
Republicana y el PDECAT. ¿Qué quieren que les diga? Tenemos modelos
diferentes, es verdad. El modelo de Podemos es un modelo bolivariano,
diferente del que tenemos en España, es diferente, y el modelo de
Esquerra Republicana o del PDECAT es el de la independencia frente al
modelo de la solidaridad. Es lo que hay. La portavoz del PDECAT lo ha
dicho muy claro, sus intereses y su modelo. Nosotros tenemos un modelo
diferente, tenemos un modelo que está fundamentado en la tecnología
digital, que es la que marca toda la Agenda Digital. Y conforme vaya
avanzando la tecnología digital, tendremos que replantearnos siempre la
estrategia digital, y nunca estaremos satisfechos, nunca habrá acabado la
tendencia a mejorar, a tratar de llegar.


Señores de la oposición, el Partido Popular está trabajando en la
Agenda Digital con estrategias de futuro, replanteándolas siempre. Para
ustedes, señores de la oposición, dejamos la pancarta, el titular
mediático, la vacuidad de aportaciones e ideas. Nosotros seguiremos
trabajando.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Ramis.


Pasamos a la sección 23.


Para la defensa de la impugnación número 32, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Víboras.


La señora VÍBORAS JIMÉNEZ: Señor presidente, señorías, el Grupo
Socialista formula la siguiente impugnación a la sección 23, Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y esta última,
como he comentado al señor presidente, la defenderá otro de mis
compañeros.


El presupuesto del ministerio para 2017 es claramente
insuficiente, señorías, por mucho desparpajo que pongan ustedes en la
defensa de estos presupuestos. El recorte en el presupuesto del Partido
Popular vuelve a castigar al sector alimentario en lugar de apostar por
un sector que hemos de cuidar, mimar y apoyar —es el segundo
ministerio que más ve recortado su presupuesto—, el otro,
sorprendentemente, el de empleo y la economía.


El gasto del ministerio supone un 1,1 % del total del
presupuesto, muy alejado del 2,7 % que llegó a alcanzar en el último
presupuesto socialista. El gasto del ministerio para 2017 supone un
recorte de 151,9 millones de euros respecto al presupuesto de 2016. Lo
dicho, un recorte de un 8,1 %. Tal es así que de los 20 programas que
conforman el presupuesto, solamente 3 han sufrido un ligero cambio. El
resto, todos, o se han mantenido o han bajado.


Por tanto, la recuperación de la que alardea o vocea el Partido
Popular tampoco ha sido reflejada en el sector de nuestra agricultura,
ganadería y pesca. Mal presupuesto, señorías, para la totalidad de las
comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, se reduce un
—37,4 % respecto a lo presupuestado en el ejercicio 2016, aunque
ustedes dicen que mantienen los compromisos con las comunidades
autónomas. Mentira. Mal por no apoyar la competitividad y la calidad de
la producción y los mercados, donde se les olvida, una vez más, la
financiación y apoyo a la modernización de la maquinaria agrícola. Mal en
el programa de competitividad y calidad de la sanidad, y, ojo, está ahí
acechando tanto la Xylella fastidiosa como la tuberculosis bovina.
Cuidado con esto. Mal por la apuesta floja no, muy floja del fomento de
la industrialización y de la comercialización. Ahora vendrá el Partido
Popular y nos dirá que, a cambio, han subido las exportaciones y la renta
agraria. Es obvio, porque los empresarios, ante la crisis, se han tenido
que espabilar y buscar mercado en un mundo globalizado. Por tanto, no ha
sido por el fomento del Partido Popular, sino porque el propio empresario
se ha tenido que buscar la vida. Como el incremento del 15 % de la renta
agraria, del que yo me alegro, que se lo han quedado fundamentalmente la
industria y la distribución, poco ha llegado al sector y al eslabón más
débil, que es nuestra agricultura. Por eso, señorías, les digo: mal, muy
mal presupuesto.


En pesca no hay nada nuevo y nada bueno, todo ello a pesar de
que, desde 2015, los Presupuestos Generales del Estado incluyen como
fondos estructurales fondos europeos, que antes se gestionaban
directamente. Nula apuesta por 2 programas de pesca que disminuyen
un 13,55 %. Este sector tan nuestro y tan importante, ¿tan poco han
sabido ustedes defenderlo? No se ría, señor Cotillas. Nada. Si lo
comparamos con lo que invertía el Grupo Socialista, hay un 50 % menos en
este presupuesto.


Por todo ello, señorías, solicitamos que devuelvan estos
presupuestos. La agricultura, la ganadería y la pesca necesitan apoyo,
mimo y, sobre todo, sobre todo, sensibilidad, algo que ustedes no han
demostrado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Víboras.


Tiene la palabra el senador Palomo.


El señor PALOMO GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Intervengo en este turno para hablar de la sección referida al
medioambiente y, naturalmente, para ratificar el veto que hemos propuesto
a estos presupuestos, que, para el año 2017, implican unas bajadas muy
significativas respecto a los presupuestos del año 2016. En concreto, hay
un descenso de más de 256 millones de euros, un 13 % menos que los
presupuestos para el año 2016. Este descenso presupuestario continúa la
dinámica del Gobierno, que, año tras año, ha ido recortando los
presupuestos destinados a medioambiente y al combate contra el cambio
climático, de tal manera que, en este momento, hemos llegado a la
siguiente situación: hay recortes en gestión e infraestructuras del agua;
en ordenación territorial de los recursos hídricos —en este caso,
del 67,9 %—; en el programa de calidad del agua; en programas de
protección y mejora del medioambiente; en protección y mejora del medio
natural —del 12,8 %—; en actuación en la costa y en
actuaciones para la prevención de la contaminación y del cambio
climático, recorte del 45,6 % con respecto al presupuesto del año 2016, a
su vez recortado con respecto al del año 2015.


En el caso de la lucha contra el cambio climático y la
contaminación, el descenso de 23,21 millones respecto al año pasado lleva
a los presupuestos al nivel del año 2007 y suponen un auténtico hachazo y
una señal política muy negativa de falta de compromiso en el cumplimiento
del Acuerdo de París. Sin embargo, este mismo Gobierno reconoce que
España es un país muy vulnerable a los impactos del cambio climático y
que estos se agravarán. Así lo dice el informe del Mapama.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Tiene que ir terminando,
señoría.


El señor PALOMO GARCÍA: Sí, acabo ahora mismo. Gracias, señor
presidente.


Todo lo que aparece en los Presupuestos Generales del Estado para
cambio climático son dos transferencias de 3 y de 2,5 millones de euros a
comunidades autónomas, sin más especificación.


En resumen, ya sabíamos que la protección del medioambiente y la
lucha contra el cambio climático no eran las prioridades de Rajoy y
Montoro, pero, una vez más, han vuelto a sorprendernos con sus recortes.
El optimismo macroeconómico que sistemáticamente se utiliza en esta
tribuna no tiene ningún reflejo presupuestario, tampoco en materia de
medioambiente y cambio climático. Por eso reiteramos nuestro veto.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señor
Palomo.


Para la defensa de la impugnación número 54, de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Angustia.


La señora ANGUSTIA GÓMEZ: Gracias, presidente. Boas tardes,
señorías.


El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta enmienda a la sección 23, Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Se trata de un presupuesto en el que, de
los 20 programas del ministerio, 16 ven reducidas sus partidas
presupuestarias para este 2017.


La sección 23, siguiendo la deriva de estos años, sufre un nuevo
recorte, en este caso, del 3,16 %, con respecto a los presupuestos del
año 2016. Grave, pero mucho más grave si tenemos en cuenta que la
ejecución del capítulo 6 del presupuesto de 2016, inversiones reales, fue
de solamente del 62,4 %. Es el presupuesto más bajo de su historia
reciente y es vergonzoso este esfuerzo en un ministerio en el que el 80 %
de los gastos operativos se nutre de recursos exteriores. Por tanto,
impugnamos la ausencia total de una política de Estado para nuestro medio
rural, para el sector primario y para nuestras políticas
medioambientales. Grave de nuevo, pues la población agraria tiene una
renta de partida un 45 % más baja que la media del resto de sectores
productivos. En relación con el Programa de prevención de riesgos para
las producciones agrarias y pesqueras, y dado que el Programa nacional de
seguros es la única política agraria de Estado, es inaceptable que su
dotación siga estancada en 200 millones de euros y que, por lo tanto,
siga un 14,3 % más baja de lo previsto en el año 2012. No presupuestan,
pero también rechazan el incremento de 34 millones que proponíamos,
imprescindible para productores agrarios y ganaderos que cumplen tareas
esenciales de cuidado de nuestro entorno rural. Bloquean todas las
enmiendas de apoyo a la mujer rural, de incorporación de jóvenes o
relativas a la innovación y diversificación productiva. No presupuestan y
rechazan todas las propuestas que permiten el desarrollo rural y la
aplicación de la Ley 45/2007. Reactivar la Ley de desarrollo sostenible
es imprescindible para revertir la situación económica de muchas
comarcas. Dotamos de partidas un fondo de contingencia especial para el
sector lácteo que frene la destrucción de los últimos años. Señorías, en
Galicia, principal productor del Estado, cada día se cierra una
explotación. Entenderán, por supuesto, entonces, que impugnemos su
sección.


Vamos con la pesca. El único esfuerzo reseñable de la señora
Tejerina y su gabinete en materia de pesca fue haber devuelto la P al
acrónimo en el nombre del ministerio. Este es el único esfuerzo que ha
hecho la señora Tejerina. Todos los programas de pesca ven reducido su
presupuesto. Sin embargo, pesca y marisqueo son esenciales para la franja
cantábrica, mediterránea y atlántica. El mar es fuente de riqueza
natural, pero también de riqueza económica y social. Frente a su nuevo
recorte del 18 % en políticas pesqueras, nosotros proponemos un plan de
apoyo a la pesca artesanal;






proponemos apoyos a los paros biológicos de
embarcaciones de menos de 12 metros; proponemos 20 millones para un plan
de seguros en pesca y 10 millones para un programa de reservas
marinas.


Galicia, señorías, que representa el 46 % de la flota estatal y
que realiza de media anual más del 54 % de los desembarcos en puertos
españoles, ha visto mermada desde 2008 su capacidad pesquera un 23 %.
¿Por qué no se recoge en los presupuestos un plan de apoyo a las comarcas
pesqueras de Galicia? ¿Por qué los pescadores españoles deben seguir
esperando las compensaciones por el reparto de caballa? ¿Por qué no
tenemos un plan integral de aprovechamiento de las rías gallegas? ¿Por
qué descartan un plan de saneamiento integral de las rías?


Miren, señorías, ustedes no sanean las rías gallegas, pero su
Gobierno en funciones prorroga sesenta años Ence en la ría de Pontevedra.
Señorías del Partido Popular, colocar en el consejo de administración
—a Isabel Tocino, ex ministra de Medio Ambiente, y a Carlos del
Álamo, exconselleiro de Medio Ambiente en la Xunta de Galicia—,
esto, señorías, además de favorecer la contaminación de Ence, es
corrupción; eso es lo que es.


Sus políticas no solo no conservan nuestras rías sino que,
además, impiden la biodiversidad y la racionalización del aprovechamiento
pesquero.


¿Por qué los paros biológicos no están contemplados en sus
presupuestos? Miren, pocos espacios hay tan ricos como las rías, es
cierto, pero tenemos muchas más preocupaciones que los saneamientos
integrales. Nos preocupa que el contexto de cambio climático requiera de
una reconsideración de nuestro modelo productivo, nos preocupa que
necesitamos coherencia con los compromisos internacionales adquiridos. Y
lo que ustedes nos ofrecen a cambio es un recorte en calidad de aguas
del 12 %; un recorte en protección y mejora del medioambiente del 11 %;
un programa de actuación para la prevención de la contaminación del
cambio climático, con menos de un 45,64 % del presupuesto; un recorte al
organismo autónomo de Parques Naturales; un recorte a la Oficina española
de cambio climático, que no tiene siquiera el presupuesto necesario para
desarrollar la ley de cambio climático y transición energética.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora ANGUSTIA GÓMEZ: Voy terminando, presidente.


No presupuestan, pero tampoco debaten ni incluyen ninguna
propuesta fuera de su marco ideológico. El Gobierno del Partido Popular y
ustedes, señorías del Partido Popular, el grupo parlamentario que
sostiene este Gobierno, quieren institucionalizar el recorte cubriéndolo
de austeridad en sus presupuestos y en su día a día gobernando. Esto es
lo que enfrenta nuestras propuestas, señorías.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Angustia.


Para la defensa e impugnación número 72, del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Aubà.


El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta el veto a
la sección 23, Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, del
Proyecto de Ley de presupuestos de 2017. Supone un engranaje más de la
concepción del Partido Popular del medioambiente al servicio de la
economía y de la producción frente a la que tendría que ser una visión
más integrada del medio natural de nuestra sociedad.


El proyecto de ley no contempla una serie de partidas
presupuestarias que Esquerra Republicana considera imprescindibles para
el desarrollo de la política del medioambiente en Cataluña, así como
tampoco incluye un conjunto de actuaciones de protección y mejora del
medio rural y natural. Se trata, pues, de unos presupuestos que pretenden
incentivar la inversión económica mediante la suspensión de derechos
conseguidos a nivel ambiental.


Se argumenta que la Ley de unidad del mercado elimina trabas
burocráticas y marañas institucionales, olvidando que las trabas
burocráticas son derechos conseguidos y las marañas institucionales, el
Estado descentralizado. Buena parte de este olvido es la falta de
planificación estratégica en lo que respecta a la lucha contra la
regresión del litoral mediterráneo, que, año tras año, queda expuesto a
merced de la meteorología sin una planificación estratégica ni una
dotación presupuestaria que termine de una vez por todas con la actual
política de parches. A este efecto pongo un ejemplo: el camí de guarda
dels Alfacs —sobre el que tuve la ocasión de discutir en la
comisión— se dota con 800 000 euros para el año 2017. Si calculamos
que vale 15 millones de euros, vamos a estar más de 15 años para la
consecución de un cordón que evite la regresión del delta. Creo que no
vamos a llegar, pues dentro de 15 años ya no existirá parte del delta. Y
como decía en la sesión anterior, el turismo es muy importante. El delta
del Ebro se considera una zona húmeda de gran importancia turística. Si
no actuamos de una vez por todas, y rápido, este medio lo vamos a
perder.


Del mismo modo hay un olvido evidente en todo lo que se refiere a
conservación del medio rural y medioambiente, con una falta de
inversiones y transferencias económicas a los entes locales y las
comunidades autónomas para la conservación y mantenimiento de diferentes
caminos rurales o vías verdes. Este presupuesto lleva consigo un recorte
de un 3,16 % en relación con el del año 2016, pero, a lo largo de los
años, desde 2009 hasta ahora, se ha recortado un 28,31 %. Es importante
que un sector agrario como el primario no tenga estos recortes. La
situación que ustedes plantean en estos presupuestos es que, gracias al
mayor aumento de la inversión, existen partidas que se pueden mejorar.
Pues bien, la agraria es una de ellas.


Tampoco recogen ni han tenido en cuenta las demandas de los
sindicatos —especialmente, las de uno que tiene un 32 % de
representación— incluidas en las diferentes enmiendas.


Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
presenta una enmienda a la totalidad en la sección presupuestaria de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señor Aubà.


Para la defensa de la impugnación número 16, de los senadores
Cleries y Rivero, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyor president. Gracias,
señorías.


Hemos presentado veto a esta sección. Estamos en una legislatura
donde ha habido muchas iniciativas aprobadas en este Parlamento, tanto en
la Cámara alta como en la Cámara baja, así como declaraciones
institucionales que dan apoyo al sector primario. No vemos que estas
iniciativas, estos mandatos parlamentarios estén reflejados en estos
presupuestos. Es cierto que el presupuesto para el sector primario ha ido
perdiendo peso progresivamente en los Presupuestos Generales del Estado
hasta estar en este momento en un 2,14 %.


Tenemos muchas razones y poco tiempo para exponerlas. Me voy a
referir a tres incumplimientos, a tres pactos, a tres cosas que están
pactadas que no vemos reflejadas en estos presupuestos. En primer lugar
hubo un compromiso referente al Plan anual de seguros agrarios, que no ha
sido atendido. En segundo lugar, compromisos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro para mantener caminos y traspasarlos, caminos de su
titularidad en Suchs, Raimat, Alcarràs, Almacelles y Gimenells que están
robando oportunidad a estas zonas agrarias. En tercer lugar, compromisos
de las obras de compensación por el embalse de Rialb, compromisos que
vienen de 1995. Se ha hecho alguna cosa, pero, en estos momentos, todos
estos compromisos deberían ser atendidos; no vemos en este presupuesto
que puedan serlo.


También ustedes han tomado decisiones como la reforma catastral.
Hemos intentado enmendar en este sentido porque esto está creando
dificultad a este sector, está creando daños en cuanto a los IBI, a las
becas de los hijos de las agrarias, a las granjas prioritarias, a las
transmisiones patrimoniales. Señorías, no vemos que den respuesta a este
sector.


Tampoco vemos el tema de medioambiente, sobre el que está muy de
moda hablar y todos parecemos muy sensibles a él —seguramente lo
somos—, habrá que traducirlo a presupuesto para tomar medidas.
Ustedes bajan el presupuesto en un 10 %. ¿Me van a decir cómo van a
reducir la emisión de CO2 para el año que viene? Les recuerdo que en
España han crecido los gases de efecto invernadero desde 1990 a 2015 y
somos 1 de los 5 únicos países de la Unión Europea que está en esa
situación. ¿Vamos a atenderlo con menos presupuesto? Nosotros no lo
vemos. Si los presupuestos son la expresión de la voluntad política,
nosotros aquí no la vemos. Si, además, la ejecución es la prueba de
esfuerzo de esta voluntad política, nosotros ya no confiamos.


Señorías, por eso nosotros presentamos este veto a la sección
correspondiente a Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Rivero


Para el turno en contra tiene la palabra el senador
Cotillas.


El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Compartiré este turno con la señora Pons.


Señorías, se han presentado 4 vetos. A los senadores Rivero y
Cleries les daré una respuesta tan larga como los motivos de su veto.
Nosotros sí creemos adecuado el presupuesto a las necesidades sociales y
económicas de España, por tanto, de Cataluña y de todas y cada una de las
demás comunidades autónomas, porque en todas hay territorio rural y
personas con iguales derechos que también quieren tener las mismas
oportunidades.


Esquerra Republicana de Catalunya no ha presentado veto a nada
que tenga que ver con agricultura y alimentación, por lo tanto, entiendo
que les gusta este presupuesto.


Señorías de Podemos, les diré sobre la deriva que nosotros
entendemos que va en la buena dirección. Y señora Víboras, del Partido
Socialista, apoyo, mimo y sensibilidad, pero también resultados porque,
con sus políticas, la renta agraria siempre baja, y si baja la renta
agraria, baja la capacidad adquisitiva de los agricultores y su capacidad
de crecer económicamente y de crear empleo. Para el Grupo Popular el
presupuesto del Estado es la herramienta política que consolida la
recuperación económica, impulsa el crecimiento económico y el empleo,
protege y mejora las políticas sociales, y todo ello saneando las cuentas
y el déficit público, y lo hace también en la sección 23, Mapama. Con
estos presupuestos se garantiza el aumento de renta de nuestros
agricultores y ganaderos. Lo hacemos tras una buena negociación de la
PAC, con 5633 millones de euros en ayudas directas este año. Lo hacemos
con las políticas de desarrollo rural transfiriendo a las comunidades
autónomas 1062 millones de euros —y esperemos que sepan usarlo y
que no lo tengan que devolver, como ha ocurrido, por ejemplo, en
Castilla-La Mancha, donde se perdieron más de 150 millones de euros con
el Gobierno del señor García-Page, del Partido Socialista—. Lo
hacemos también impulsando la política de seguros agrarios, financiada
desde el Estado con 211 millones de euros en una partida, además,
ampliable. Y lo hacemos impulsando políticas de apoyo al sector, a su
competitividad, a su capacidad de generar productos de calidad y ganar
mercado y precio. Se apuesta por la competitividad de la industria con 25
millones de euros; por la internacionalización y la búsqueda de mercados
con 39 millones de euros; por el incremento y mejora de los regadíos
con 55 millones de euros; por la incorporación de jóvenes y mujeres al
sector agroalimentario con más de 8 millones de euros, además de las
ayudas directas y el segundo pilar de la PAC. Se apuesta por potenciar el
turismo agroalimentario y la difusión de la dieta mediterránea; por la
solidaridad con los más vulnerables con 102 millones de euros en ayuda
alimentaria distribuida por las ONG. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Se mantienen, señorías, las partidas económicas destinadas
a sanidad animal y vegetal, y el control de enfermedades y plagas, con
casi 36 millones de euros, política clave para apoyar la comercialización
en el exterior, la salubridad y la calidad de nuestros productos.
Apostamos por la integración cooperativa con 4 millones de euros;
apostamos por el crecimiento de la AICA con un 6 % más de presupuesto
hasta los 6174 000 euros para ayudar a mejorar la transparencia, el buen
funcionamiento de la cadena alimentaria y el equilibrio entre todos sus
eslabones —son políticas que ha hecho el Gobierno del Partido
Popular—; y seguimos apostando por la lucha contra los incendios
forestales con más de 112 millones de euros.


Pero no solo se trata de poner números en el papel, sino de
gestionar y hacerlo eficazmente y con éxito. Las políticas del PP
gobiernan, y cuando gobierna el PP funcionan. La renta agraria crece
un 15 %. Con ustedes, que se ríen, señora Víboras, desciende un 16 %.
Crecer un 15 % es mejor que descender un 16 %, lo ponga como lo ponga. Se
incrementa el peso del sector agrario en el PIB; tenemos récord histórico
en exportaciones con más de 45 000 millones de euros el año pasado;
récord histórico en capital asegurado en la política de seguros. Eso es
trabajar por los agricultores y ganaderos, y también por la pesca, donde
hay 55,4 millones de euros, que consideramos que son fondos para poder
llegar a cumplir los objetivos. Parte de ellos se dedica a la protección
de los recursos pesqueros y el desarrollo sostenible, y a potenciar la
investigación y la conservación de los recursos marinos. Se prevé la
ejecución de proyectos enfocados a la reducción de descartes; se dota con
más de 17 millones de euros para apoyar la paralización temporal y
definitiva de la actividad pesquera, y también se apoya la acuicultura, a
las organizaciones de productores y el mecanismo de almacenamiento. Por
eso nosotros vamos a votar en contra de sus vetos y a favor del
presupuesto.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.


Tiene la palabra la senadora Pons.


La señora PONS VILA: Gracias, señor presidente.


Voy a referirme muy brevemente a algunas de las cosas que se han
dicho en cada uno de los vetos.


En el caso del Grupo Socialista quisiera decir al señor Palomo
que no es cierto. Sí, el presupuesto se reduce y lo reconocemos, pero no
en la cuantía que usted dice, sino en un 5,70 %. Reducimos el presupuesto
de medioambiente porque se reduce la llegada de fondos europeos y
evidentemente porque hay una reducción en el conjunto de la política de
inversión, ya que dedicamos el 70 % del presupuesto al gasto social. Con
lo cual sí admitimos la reducción, pero no con las cifras que usted ha
dicho, seamos sinceros.


Dice usted que el presupuesto de la Oficina de cambio climático
disminuye, pero no es debido a que nosotros hagamos menos, sino a que el
crédito lo dirigimos a las direcciones generales, que es donde se van a
realizar las inversiones. Con lo cual, mantenemos el presupuesto para la
lucha contra el cambio climático, aunque mejoramos a nuestro juicio su
operatividad y su transparencia. Es el mismo dinero que simplemente
cambia de partida, señor Palomo.


Le diré al Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea en cuanto a la bajada en Parques Nacionales que usted nos achaca en
el presupuesto —que tenemos que reconocer que es así, no hay ningún
problema en decirlo— que se debe a que no hay disponibilidad en
fondos europeos y a que se ha conseguido una reducción en partidas.
Además, y no sé si usted lo sabe o no lo ha querido comentar, en el
debate del Congreso se ha aprobado una enmienda de 3 millones más en
Parques Nacionales, con lo cual algo más hemos mejorado en el trámite de
enmiendas.


Le diré respecto a ese comentario de que no hay financiación para
la ley del cambio climático que ya expliqué en las comparecencias que esa
ley todavía no existe; es un proyecto en el que estamos trabajando.


Si todavía no sabemos de qué va a ir la ley difícilmente vamos a
poder poner una partida en estos presupuestos que solo tienen una
vigencia de seis meses. Primero vamos a hacer la ley y cuando esa ley
esté consensuada y aprobada hablaremos de la financiación. El Grupo de
Esquerra Republicana nos dice que no hacemos nada en el litoral de
Cataluña, pero el presupuesto sí que recoge, para abordar la regresión de
la costa de Cataluña, un incremento de inversión para el control de la
regresión en Barcelona. Además, está previsto que se inicien las obras
siguiendo la estrategia de producción de El Maresme, que era una obra
largamente esperada.


El PDCAT, del Grupo Mixto, nos dice que no invertimos nada en
Cataluña y este año tenemos 26,7 millones para agua y, como he dicho
antes, se va ya a poner en marcha la estrategia de protección de la costa
de El Maresme y la estrategia de protección del Delta del Ebro.


Para finalizar, quiero decirles que este Gobierno sí tiene una
política medioambiental que implementa y logra resultados, y que
cumplimos nuestros compromisos internacionales y asumimos cada vez
mayores retos. No me cansaré de contarles que cumplimos el protocolo de
Kioto y que hemos firmado el acuerdo de París, y que cuando otros países
se están saliendo, nosotros, evidentemente, implementamos políticas para
cumplirlos. Cosa distinta es que a algunos grupos políticos no les guste
nuestra política medioambiental y, por eso, ni siquiera quieren reconocer
que tiene algunos efectos positivos.


Además, como ya les dije en la comparecencia de la comisión, en
respuesta a ese qué hay de lo mío que todos reclamamos, que,
evidentemente, todos representamos territorios, que todos querríamos
tener inversiones en ellos y que nuestros problemas fueran los primeros
de la lista, pero nosotros tenemos un proyecto global de país y
priorizamos, porque gobernar es priorizar. Estamos dedicando al
medioambiente la disponibilidad presupuestaria que podemos, y,
evidentemente, por esos motivos y porque pensamos que la línea política
es buena, aunque a ustedes no les parezca así, vamos a rechazar los vetos
presentados y vamos a seguir implementando las políticas medioambientales
en beneficio de todos y cada uno de los españoles, residan donde
residan.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.


Vamos con la sección 25, Ministerio de la Presidencia y
Administraciones Territoriales. Para la defensa de la impugnación
número 33 del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista y,
fundamentalmente, en nombre del senador Antich Oliver que, como ustedes
saben, se encuentra hospitalizado desde ayer. Acabo de hablar con él, le
están haciendo pruebas y está con ánimo, y me ha pedido que les agradezca
expresamente el apoyo que todos los grupos le han dado esta mañana.
(Aplausos). Tengan en cuenta que él es un balear curtido en mil batallas;
nació en Venezuela así que fíjense, y estamos seguros de que esta también
la va a superar. (Risas).


Señorías, con respecto a la sección 25 hemos presentado una
enmienda de devolución porque entendemos que no responde a los objetivos
y prioridades que han de regir este departamento. Desde 2011, y también
con estos presupuestos, se ha producido una importante reducción de las
cuentas dedicadas al programa que se refiere a la organización
territorial del Estado y al desarrollo del sistema de colaboración. Esto
es absolutamente ilógico en un país descentralizado como el nuestro en el
que se necesita reforzar los instrumentos que facilitan la gestión y el
funcionamiento de la descentralización y, por lo tanto, la cooperación de
las instituciones. No nos parece muy serio. No lo es en este momento en
el que, además, padecemos una problemática territorial importante que
afecta a Cataluña y que ustedes en sus presupuestos, en sus cuentas, no
han tratado con la atención que merece.


Señorías, con su actitud presupuestaria en vez de reforzar un
funcionamiento más federal han ido por la senda de la recentralización,
fijando objetivos de déficit más duros a las comunidades autónomas si los
comparamos con el Estado, reduciendo las transferencias para servicios
básicos, incumpliendo las denominadas inversiones estatutarias o
alargando un sistema de financiación a pesar de su insuficiencia, cuya
fecha de reforma era 2014; cuestiones que se mantienen, casi todas, en
las cuentas que estamos debatiendo.


Respecto del sistema de financiación autonómica, existe un pacto
fruto de la reciente Conferencia de presidentes que se celebró en este
Senado para reformar el sistema este año, pero este presupuesto no prevé
ningún fondo especial para la mejora de este sistema y nosotros no
sabemos cómo lo van a hacer. Es cierto que la mayor recaudación hará que
el sistema vigente reparta más dinero, pero no es menos cierto que en
este momento se ha compensado con una reducción equivalente de las
inversiones territorializadas del Estado en las comunidades
autónomas.


Tampoco estamos de acuerdo con el trato que se les da a las
entidades locales, reduciendo su participación en los tributos del Estado
con la aplicación de una regla para el superávit que ha perjudicado a las
administraciones más cumplidoras, por lo que esperamos una solución. Es
incomprensible el desinterés que tienen por las entidades locales,
reduciendo la cooperación económica local y manteniéndola lejos de lo que
se invertía en el año 2011. Han desaparecido dos programas: los planes
insulares y provinciales de cooperación y el fondo especial para la
financiación de los municipios más pequeños y con menos recursos,
predominantemente en el mundo rural, que antes se destinaba a los
municipios menores de 20 000 habitantes y que ustedes eliminaron
en 2012.


Señorías, mantienen la aportación a la Federación Española de
Municipios y Provincias de dos millones de euros —la misma que el
pasado año—, muy por debajo de la que se recibía en 2011, que era
de 3 200 000 euros, bajo la Presidencia de su presidente favorito en la
democracia española José Luis Rodríguez Zapatero.


Por último —tengo que hacer referencia a ello—, no
estamos de acuerdo con que hayan eliminado la memoria histórica de este
ministerio. Una cuestión importante y transversal como esta se merece
estar en el ministerio que coordina la acción de Gobierno porque la
aplicación de la ley necesita la implicación de distintos ministerios.
Por eso, una vez más, traemos a debate esta sección presupuestaria. Pero,
además, no solamente la han eliminado del ministerio, sino que han
eliminado la partida del ministerio de la Presidencia y no la han creado
en ningún otro sitio, incumpliendo absolutamente lo que dice la Ley
de 2012. Se limitan simplemente a que el Ministerio de Justicia mantenga
una página web, y poco más. Para colmo, el reprobado ministro de Justicia
reconoce también en esta Cámara que no tiene partida asignada para la
aplicación de la ley.


Señorías, en vez de estar mejorando la acción de Gobierno y la
legislación, tal y como nos piden los informes de la ONU, para crear
comisiones de la verdad, bancos de ADN, facilitar el acceso a los
archivos o ayudar a las víctimas, están incumpliendo la legislación
vigente negando, por ejemplo, la resignificación del Valle de los Caídos
o las ayudas a las exhumaciones en uno de los países con más
desapariciones forzadas que existen en el mundo; lo que contrasta sin
duda con el esfuerzo que están haciendo las asociaciones de víctimas y
muchas comunidades autónomas y ayuntamientos. Su postura, señorías, es
absolutamente ideológica. Pasan ustedes —si me permiten la
expresión— de las políticas de reconciliación; su forma de actuar
sigue siendo absolutamente distante de la de los países europeos que han
tenido situaciones similares, y nos dejan en muy mal lugar a la hora de
defender los derechos humanos.


Por todo esto, señorías, el Grupo Socialista solicita la
devolución de esta sección y apoyaremos todos los vetos que se
presentan.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.


Para la defensa de la impugnación número 73, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora
Cortès.


La señora CORTÈS GÈS: Señorías, en este presupuesto el Partido
Popular aumenta en más de 20 millones de euros la partida presupuestaria
del CNI, la de los agentes secretos que persiguen a políticos de
diferente ideología a la suya, sobre todo si son independentistas y que
actúan a las órdenes del partido que tiene el mayor número de
delincuentes o procesados por presunta delincuencia en toda Europa.
Aquellos implicados en una auténtica trama de corrupción que lleva años
robando ponen a los agentes secretos a inventar pruebas fraudulentas
contra otros partidos y a pagar con fondos reservados los silencios de
quien chantajea con explicar las eméritas juergas monárquicas.


La prensa española, en concreto EcoDiario.es, el día 30 de enero
de 2017 publicó el siguiente titular y la correspondiente noticia: «La
policía acusa al CNI de negociar con Pujol para que no desvele un
supuesto vínculo del rey Juan Carlos con Gürtel». Ustedes sabrán. Ustedes
lo sabrán mejor que nosotros, porque nosotros no sabemos nada. Utilizan
fondos reservados para pagar a los espías de las cloacas del Estado con
la intención de frenar la democracia. Ustedes están formando una
democracia de baratija con toda esta flota de espías que no necesitamos
para nada. En vez de invertir en cultura, en educación, en sanidad,
utilizan los fondos reservados para cepillarse la sanidad catalana, por
ejemplo. ¿Les suena de algo esto? ¿Les suena la Operación Cataluña? ¿Les
suena? En vez de gastar en políticas de vivienda, ustedes gastan en
defenderse de las urnas.


No necesitamos ni tantos espías ni tantos micros ni tantas
brigadas patrióticas. Necesitamos más libros, más hospitales, más becas y
más urnas para que el pueblo pueda decidir su futuro. Pero ustedes
destinan 20 millones de euros para salvaguardar la soberanía y la unidad
de la patria ante el mayor acto de la democracia, que es poner las urnas
para que el pueblo pueda decidir. Y mientras que la Generalitat de
Cataluña compra urnas a plena luz del día para servir a la democracia,
ustedes siguen alimentando las cloacas del Estado para intentar frenar la
democracia. Un Estado que necesita a tantos mortadelos y filemones para
defenderse de las urnas, perdonen, pero es un Estado de pacotilla.


Por todo ello, por esta guerra sucia contra la democracia nos
oponemos a un incremento de cerca del 10 % de los presupuestos del CNI y,
por extensión, de los presupuestos de toda esta sección.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cortès.


Para la defensa de la impugnación número 4 del senador Cleries,
tiene la palabra el senador Cleries.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.


En referencia al veto a esta sección —esto sucedió ayer o
anteayer—, la vicepresidenta del Gobierno y titular de este
ministerio dijo que lo que estaba sucediendo en Cataluña era un rollo.
Este es el interés que tiene el Gobierno del Estado por lo que sucede en
Cataluña, el que tiene la responsable de Administraciones Territoriales.
Porque fíjense cuál es la preocupación de un Estado que está
recentralizando, que Cataluña es la única comunidad que, habiendo
reformado su estatuto de autonomía, tiene un estatuto que quedó
modificado por una sentencia del Tribunal Constitucional hace siete años.
En el Estado español nadie, en siete años, ha respirado para dar una
solución a este tema. Y después nos preguntan que por qué queremos irnos.
Pues nos queremos ir porque nos sentimos expulsados del sistema
constitucional español, en el cual ya no nos sentíamos cómodos. Cuando se
hacen estas preguntas es bueno comprarse un espejo y mirarse.


Nos queremos ir porque sufrimos el mal servicio de la
Administración del Estado en todo lo que depende de la delegación del
Gobierno en Cataluña; porque padecemos los problemas en el aeropuerto de
Barcelona, El Prat; y las largas colas y el caos que hay a menudo cuando
llegan vuelos internacionales, por ejemplo, de Estados Unidos; y el
tiempo de espera para renovar el carnet de identidad o el pasaporte, que
es tanto que tiene que haber personas durmiendo en la calle o en las
oficinas en las que se han de renovar el carnet de identidad; sin olvidar
la falta de examinadores del carnet de conducir. Todo esto es lo que
depende del Estado que funciona tan bien en Cataluña. Estas son las
poquitas cosas que les quedan a ustedes en Cataluña y ya ven cómo
funcionan. Pero hay más: el trato que se da al aeropuerto de Barcelona,
El Prat, como aeropuerto secundario, en el que se bloquean los vuelos
internacionales; o todos los recursos que ha planteado Administraciones
Territoriales contra todas las iniciativas del Govern de Cataluña y del
Parlament para dar respuesta a las necesidades reales de los catalanes y
catalanas, por ejemplo, la lucha contra la pobreza energética, la
emergencia habitacional o los programas de igualdad de hombre-mujer,
también impugnados en el Tribunal Constitucional; o las no reuniones de
la junta de seguridad, poniendo en peligro a los ciudadanos de Cataluña
porque los Mossos d?Esquadra, que es la policía ordinaria en Cataluña, no
tienen toda la información sobre temas terroristas. Este es el trato que
dan ustedes a los catalanes y catalanas, su manera de darles seguridad.
También he de mencionar la falta de reuniones de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado. Ustedes, con su recurso en el Tribunal Constitucional
de hace más de siete años, porque hace siete años de la sentencia, nos
expulsaron del sistema constitucional español, y nosotros, ejerciendo
nuestra libertad, el 1 de octubre votaremos para irnos de este Estado del
que nos expulsaron, y se lo agradecemos mucho, porque gracias al Tribunal
Constitucional todo empezó allí mismo.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.


Turno en contra. Tiene la palabra el senador Fernández
González.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por la
mejora del senador Antich, que espero se vaya confirmando en días
sucesivos.


El Grupo Parlamentario Popular se opone a los tres vetos a la
sección 25 de los presupuestos relativa al Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones Públicas. En el caso del Grupo Parlamentario
Mixto, el veto se fundamenta exclusivamente, como suele ser habitual, en
que esta sección 25 no se adecúa a las necesidades sociales y económicas
del Estado español, y, en particular, a las que necesita Cataluña. A lo
largo de la mañana hemos podido comprobar que este mismo argumento se
utiliza para vetar varias secciones, aunque, obviamente, se refieran a
cuestiones distintas. En definitiva, se trata de una fundamentación que
igual les vale para un roto que para un descosido y evidencia la ausencia
de motivación real para formular estos vetos.


En el caso del Grupo Parlamentario Socialista, el veto se
fundamenta en que la sección 25 no responde, a su juicio, a los objetivos
y prioridades que han de regir la actividad de este departamento
ministerial. Hay que preguntarse entonces cuáles deberían ser entonces, a
juicio del Grupo Parlamentario Socialista, los objetivos y prioridades
que han de regir la actividad en este departamento ministerial que
justifican la presentación del veto. Y de ahí nuestra sorpresa a la hora
de comprobar los reproches que se hacen a esta sección y en los que se
basa el veto.


En primer lugar, porque el veto se basa en la desaparición de
todo tipo de partida llamada a financiar la implementación y aplicación
de la Ley de la memoria histórica. Y digo que es sorprendente este
reproche a la sección 25, esto es, a la sección correspondiente al
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas porque,
como bien sabe el Grupo Parlamentario Socialista, y ya se explicó
reiteradamente en la tramitación parlamentaria de los presupuestos en el
Congreso de los Diputados, la memoria histórica es una cuestión que pasa
a ser competencia exclusiva del Ministerio de Justicia en ejecución de
las medidas propuestas por la Comisión para la reforma de las
administraciones públicas.


Por tanto, señorías, han ido ustedes a llamar a la puerta que no
corresponde, pues difícilmente en esta sección se podrían haber incluido
partidas para aplicar y desarrollar la Ley de la memoria histórica cuando
la competencia no corresponde a este Ministerio de la Presidencia y para
las Administraciones Públicas sino al Ministerio de Justicia. Ustedes ya
lo saben y, sin embargo, siguen insistiendo. Allá ustedes, pero no
esperen que les demos ahora una respuesta distinta de la que le hemos
venido dando.


En segundo lugar, porque el veto se basa en que dentro de la
sección 25 se echa en falta la existencia de partidas presupuestarias que
fueron eliminadas a partir del año 2012 por el Gobierno de Rajoy y que
son de gran valor para las entidades locales; se trata de programas de
cooperación económica local del Estado que han quedado sin dotación.
Tampoco en este caso tiene fundamento el veto socialista porque la
cooperación económica local del Estado se mantiene con el programa 942A,
que recoge actuaciones dirigidas básicamente a mejorar el sistema de
financiación para las infraestructuras y equipamientos de las
corporaciones locales y a mejorar los servicios públicos locales en todas
las pequeñas poblaciones; se trata de que todos los habitantes y todos
los ciudadanos de estas pequeñas poblaciones tengan acceso a todos los
servicios, y, en particular, a los servicios mínimos obligatorios que
recoge el artículo 26 de la Ley de bases de régimen local. Esta
cooperación no ha desaparecido, sino que se mantiene con planteamientos
distintos y se estructura en torno a actividades distintas: el
seguimiento de los programas operativos comunitarios, las inversiones de
carácter inmaterial y los fondos estructurales de inversiones europeos,
las subvenciones por los daños producidos por catástrofes naturales o la
aportación a la Federación Española de Municipios y Provincias. Hay que
tener en cuenta que la mayor partida que gestiona el Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales es precisamente el
reparto de fondos europeos entre entidades locales destinados a financiar
inversiones de dichas entidades.


Ha llegado el momento de reconocer, señorías, que las fórmulas
socialistas para impulsar la cooperación económica local supusieron
inversiones que se caracterizaron por resultar improvisadas, ineficaces e
improductivas, y que solo nos sumergieron más en esa terrible crisis
económica que ustedes nos dejaron en el año 2011. Y en este punto, el
resultado de sus actividades en esta materia se condensó en una idea
tremendamente amarga y dura, pero que hizo fortuna en su momento y que
venía a poner de manifiesto que su sistema de cooperación económica local
lo único que consiguió es que millones de nuevos parados españoles
pudiesen pasear su enorme frustración por aceras recién renovadas. Hoy,
por fortuna, hay unas nuevas políticas económicas que están consiguiendo
reducir drásticamente el número de parados. Y entre esas nuevas políticas
económicas, las formas de cooperación económica local del Estado que
recoge la sección 25 contribuyen a alcanzar estos objetivos y estos
logros. Por eso, entenderán que nos opongamos a su veto en relación con
esta sección.


En el caso de Esquerra Republicana, el veto se basa en que
consideran que el incremento de 20 millones de euros del presupuesto del
CNI les parece inadmisible por perjudicar los intereses nacionales
catalanes. Creo que estamos ante un veto que podíamos llamar de ciencia
ficción, que nada tiene que ver con la realidad. Hoy lo ha explicado
aquí. A juicio de Esquerra Republicana, el incremento del presupuesto del
CNI nada tiene que ver ni con las amenazas del terrorismo yihadista ni
con los peligros de los ciberataques informáticos, con la ciberseguridad.
A su juicio, el único problema de seguridad que nos preocupa a los
españoles es el procés. Señoría, cuando en la memoria del programa se
dice que la misión del CNI es proporcionar al Gobierno la información e
inteligencia necesarias para prevenir cualquier amenaza que afecte a la
independencia e integridad de España, la memoria no está pensando en lo
que hoy ocurre en Cataluña, sino que se limita a transcribir lo que dice
la ley que regula el CNI, una ley aprobada hace ya 15 años. Claro que en
su delirio ustedes pueden llegar a pensar que hace quince años se creó el
CNI precisamente para perjudicar a los intereses catalanes quince años
después.


Este veto lo que demuestra es una absoluta desconexión, eso que
les gusta tanto, pero no una desconexión con el Estado, sino una
desconexión con la realidad. Creo que viven ustedes en un universo
paralelo y, por eso, nos separa todo un universo intelectual. Ustedes
viven ajenos a la realidad y la sustituyen por su propia versión de la
realidad, y eso les lleva a vetar una sección como esta con el argumento
ciertamente surrealista de que se incrementan los fondos del CNI para
perjudicar los intereses nacionales catalanes. Dado que ustedes parten de
estos planteamientos, considero absolutamente inútil tratar de
explicarles las bondades presupuestarias de la sección 25. Ustedes
seguirán a lo suyo, con sus obsesiones, con una manía persecutoria
realmente preocupante, que demuestran con la presentación de este veto y
nosotros seguiremos a lo nuestro, que en este caso consiste en dotar
presupuestariamente al CNI, fundamentalmente para que destine esos 16
millones, la mayor parte del incremento de los 20 millones, a inversiones
en el ámbito de la renovación tecnológica. Seguiremos, por otro lado,
aumentando y mejorando la seguridad de los ciudadanos españoles frente a
nuevos retos en materia de seguridad, como son el terrorismo yihadista y
la ciberseguridad; en definitiva, seguiremos a lo nuestro para sacar
adelante el presupuesto de esta sección 25, que permitirá al Ministerio
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales alcanzar los
importantes objetivos recogidos en dicho presupuesto.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
González.


Impugnaciones a la sección 26, Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.


En primer lugar, para la defensa de la impugnación número 34, del
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Martínez
Olmos.


El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.


Permítanme que haga, primeramente, por el hecho de ser senador
por la provincia de Granada, mención al asesinato machista que ayer
ocurrió en mi provincia, en Las Gabias —sé que represento a la
opinión del conjunto de la Cámara—, para mostrar nuestro rechazo y
nuestra mayor repulsa por unos hechos que nos recuerdan que hemos de
seguir profundizando en las políticas de prevención de la violencia de
género. (Aplausos).


Dicho esto, entro ya en el asunto, en el veto del Grupo
Parlamentario Socialista a esta sección. Lógicamente, señoras y señores
del Grupo Popular, nosotros tenemos que plantear un veto a este
presupuesto porque no responde a las necesidades de cohesión que tiene
que representar y defender el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. No podemos, por ejemplo, dar apoyo, en el ámbito de los
servicios sociales, a un presupuesto que continúa careciendo de políticas
eficaces de prevención o de actuación en casos de dependencia. Tenemos,
aproximadamente, 300 000 personas esperando todavía ser admitidas para
recibir la prestación que requieren. Las cuidadoras, fundamentalmente
mujeres, siguen sin tener respuesta a una decisión que adoptó
unilateralmente el Gobierno: excluirlas de la cobertura de la Seguridad
Social; tampoco tienen una respuesta adecuada en este presupuesto todas
las organizaciones no gubernamentales que previenen la pobreza, y
especialmente la pobreza infantil. Estos son algunos de los argumentos
que nos avalan cuando hablamos de los servicios sociales, porque hoy
tienen un 33 % menos de presupuesto que en el año 2011.


En materia de igualdad se pueden decir muchas cosas, pero todas
ellas pueden concretarse en la exigencia de políticas mucho más eficaces,
precisamente cuando la actualidad nos golpea todos los días y nos echa en
cara que la prevención de la violencia de género es vital; de ahí que
nuestro grupo reproche a este presupuesto su contención, puesto que se
disminuye la capacidad de gestión de los ayuntamientos y, por tanto, las
posibilidades que tienen los municipios de recibir apoyo del Gobierno y
prevenir la violencia de género; se disminuye, por ejemplo, la
partida 232B. Hay una enorme reivindicación social para incrementar los
esfuerzos y prevenir la violencia de género. El manifiesto de impacto de
género lo apoyan más de 100 asociaciones o grupos que quieren luchar
contra de la violencia de género. Pero serían necesarios más de 120
millones de euros para luchar contra esta violencia de una manera mucho
más eficaz.


¿Y qué les voy a decir de las responsabilidades que tiene el
Ministerio de Sanidad en el ámbito del Sistema Nacional de Salud? El
ministerio invierte hoy, si nos referimos a las competencias más
relevantes del Ministerio de Sanidad, si aludimos a la equidad, a la
cohesión y a la coordinación del conjunto del Sistema Nacional de Salud,
un 30 % menos que hace seis años. Especialmente relevante es la ausencia
de recursos, aunque hayan rectificado al crear un Fondo de cohesión
sanitaria que habían eliminado injustamente en el año 2012, que estaba
dotado con alrededor de 100 millones de euros, y que ahora vinculan a
este presupuesto dándole 3 millones de euros. No obstante, es
absolutamente insuficiente para responder a las necesidades que tiene el
Sistema Nacional de Salud y para hacer frente a las competencias del
Ministerio de Sanidad. Aquí no se trata de hablar de si el sistema es
mejor o peor, porque su gestión, en la medida en que haya cosas
positivas, depende fundamentalmente de las comunidades autónomas, pero lo
que tiene que ver con la equidad, con la cohesión, con las dificultades
que tienen los pacientes para moverse en el entorno del conjunto del
Sistema Nacional de Salud, compete al ministerio; es el ministerio el que
tiene que dar respuestas, y, para estos objetivos, es absolutamente
insuficiente este presupuesto.


Estas son las razones, estos son los argumentos que nos hacen no
plantear otra cosa que un veto a esta sección, porque el Gobierno del
Partido Popular sigue, desde el punto de vista ideológico, sin creer en
algunos elementos que nos unen a todos en las declaraciones globales pero
que en la práctica están desmantelando algunos elementos fundamentales
del Sistema Nacional de Salud.






Por lo tanto, mi grupo parlamentario
plantea el veto a esta sección y pide el apoyo de los grupos
parlamentarios a estos planteamientos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Olmos.


Para la defensa de la impugnación número 55, por el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
senadora Freixanet.


La señora FREIXANET MATEO: Señorías, en materia de lucha contra
la violencia machista estos presupuestos son de suelo presupuestario, y
ello tras presentar enmiendas en una Cámara donde ustedes ya han perdido
el rodillo. Si violencia es de mínimos, igualdad es para
llorar: 20 millones; en 2006 eran 51; y ahí, en igualdad, malvive el
Instituto de la Mujer, vaciado y olvidado. Mientras no inviertan en
igualdad, habrá violencia, señorías. Nos dirán que invierten en igualdad
desde otros ministerios, pero repásenlos: no encontrarán presupuesto ni
para cumplir la ley.


¿Dónde está la formación curricular en igualdad en todas las
etapas educativas? ¿Dónde está la formación permanente al personal
docente, social y sanitario? ¿Y la investigación y las grandes campañas
comunicativas? ¿Dónde está el dinero para lo estructural? Con estos
presupuestos ustedes ni siquiera van a cumplir la ley, ni la de igualdad
ni la de violencia. Con estos presupuestos no van a poder desplegar
Estambul, pese a ser obligatorio. ¿Cómo van a atender todas esas
violencias machistas que ahora no caben: la violación en la calle, la
prostitución forzada, la mutilación genital, el acoso laboral? ¿Cómo van
a ampliar cobertura si no hay dinero? Es imposible. Obviamente, con estos
presupuestos ustedes amputan el pacto de Estado. ¿Cómo van a dotar el
sistema judicial y policial de los recursos, el personal y la formación
que requieren? ¿Cómo van a dar techo y ayudas dignas a mujeres y menores
supervivientes? ¿Qué sentido tiene que estemos diciendo que el
asesoramiento legal, psicológico y de traducción debe acompañar sí o sí a
todas las víctimas, hayan denunciado o no, si luego en el presupuesto que
ustedes nos proponen hay cifras vergonzosas que no lograrían cubrir ni a
un 5 % de las víctimas que hay en España? ¿Qué sentido tiene que hablemos
de aumentar la protección, la atención, la recuperación, si no va a haber
dinero para ello?


Estamos ahora negociando el pacto de Estado, tras meses de
trabajo conjunto y constructivo, y estos presupuestos insultan ese pacto,
a las senadoras y también a las diputadas que trabajamos en ese pacto,
incluso a las del Partido Popular. Pero sobre todo insultan a las
entidades, juezas, policías, abogadas, educadoras, trabajadoras sociales
y de salud expertas y organizaciones feministas que han comparecido, que
han venido aquí con su conocimiento, su tiempo y su esperanza. Y sobre
todo insultan a las mujeres y a los menores víctimas y a sus entornos. Es
una falta de respeto al conjunto de las mujeres y de la sociedad, a las
que se les ha prometido que un solo asesinato es demasiado y que tienen
derecho a vivir de forma libre de sexismo. Les pido que enmienden este
presupuesto y traigan aquí unos números para igualdad acordes con la
prioridad que dicen darle a la vida.


Dejo el turno a mi compañera Conchi, para que hable de sanidad.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Freixanet.


Tiene la palabra la senadora Palencia.


La señora PALENCIA GARCÍA: Muchísimas gracias, presidente.


Brevísimamente, voy a explicar la parte del veto a esta sección
que mi grupo ha presentado en lo correspondiente a sanidad, servicios
sociales y consumo. En materia de sanidad, estos Presupuestos Generales
del Estado perpetúan un Sistema Nacional de Salud excluyente, que deja
fuera a parte de la población por razón de nacionalidad, e incluso a
algunos nacionales cuando salen al extranjero. Y no garantizan la
equidad. Están muy lejos de garantizarla porque, si bien se recupera el
fondo de cohesión, que llevaba unos años sin dotar, sufre una bajada
—desde la última— de un 95 % y pasa a tener 3,7 millones,
cuando en 2011 tenía 87 millones. Es francamente insuficiente. Además,
este Gobierno tiene una nula voluntad en el abordaje de género en
investigación, aspecto este que debe ser un eje fundamental en nuestra
sanidad. Este presupuesto nos aboca a un sistema sanitario y de
investigación que sigue manteniendo y aumentando el sesgo de género.


En materia de consumo, se olvidan ustedes de que los consumidores
son la parte más débil del mercado y que los poderes públicos deben
habilitar medidas y aprobar regulaciones tendentes a equilibrar
posiciones y no para acrecentar la desigualdad.


En materia de servicios sociales, estos presupuestos dejan a
cientos de miles de personas dependientes en la lista de espera y
muestran un desprecio enorme a la hora de dotar presupuestariamente la
atención a la dependencia. Muchas de esas personas van a morir en esa
lista de espera, esperando a que les prestemos los cuidados que
necesiten. (Rumores). Sí, van a morir, señor Alarcó; muchas de ellas,
miles, cientos de miles van a morir.


También dejan de lado el abordaje de la pobreza infantil.
Infancia y pobreza, justo donde presupuestariamente tendríamos que estar
más presentes, justo ese lugar. Frente a su visión caritativa de los
servicios sociales, nosotros hacemos una apuesta clara por la defensa de
un sistema público, universal y de calidad de servicios sociales. En
cambio, el Gobierno del PP ha implantado un modelo de fiscalidad tan
débil y regresivo, que el 85 % del esfuerzo fiscal recae sobre las
familias, y con esos mimbres resulta muy complicado sufragar un Estado
que vele por los derechos sociales de las personas.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora PALENCIA GARCÍA: Porque en un Estado que proteja y mire
a su ciudadanía los presupuestos deberían servir para revertir las
desigualdades sociales y modelar una sociedad más justa y equitativa.
Para ello, las políticas de sanidad, servicios sociales, igualdad y
consumo deberían ser fundamentales. Pero estos presupuestos no solo no
sirven para mejorar la vida de las personas, sino para perpetuar un
sistema que produce desigualdades graves.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora PALENCIA GARCÍA: En resumen, estos son unos
presupuestos de muerte, pobreza y desigualdad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Palencia.


Para defensa de la impugnación número 74, por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora
Azamar.


La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gracias, presidente.


Senadoras, senadores, llevamos varios días escuchando que los
Presupuestos Generales del Estado para el 2017 son los de mayor gasto
social que jamás se haya visto. Esquerra Republicana no lo cree, y por
eso presentamos este veto. ¿Cómo pueden decir que son los presupuestos de
mayor gasto social, cuando el aumento del gasto militar es del 32 % y el
social, solo del 1,7 %?


La aportación más significativa de los Presupuestos Generales y
que evidencia la verdadera orientación de estos es el gasto militar. Toda
una declaración de intenciones. Resulta sorprendente y, a la vez,
escandaloso que se destinen más de 1800 millones de euros a programas
especiales de armamento, en muchos casos a la fabricación de tanques,
submarinos, barcos y aviones completamente desfasados y tecnológicamente
obsoletos. Un auténtico sinsentido, teniendo en cuenta que el Estados
sigue sin financiar adecuadamente, como es su responsabilidad legal, la
Ley de dependencia. Solo destinan 1355 millones de euros al sistema de
autonomía y atención a la dependencia. Pueden justificar el aumento en el
gasto militar en la necesidad de defender España, pero de las banderas no
se come, y muchas personas en este país están en situación de dependencia
o discapacidad y necesitan atención sanitaria y social; y muchas
personas, niños también, están en situación de pobreza.


Según estudios elaborados por distintas comunidades autónomas
presentes en la Comisión de estudio para el análisis de la Ley de
dependencia, serían necesarios unos 2000 millones de euros más para poder
financiar correctamente la Ley de dependencia en todo el Estado. Pero con
el presupuesto para dependencia que presentan no se pueden cubrir
necesidades ni tampoco el 50 % al que se comprometieron para financiar la
ley. Y tampoco hay, ni mucho menos, una partida que pueda reducir
sensiblemente la lista de espera.


Mientras el porcentaje de pobreza infantil supera el 30 % en todo
el Estado, el Gobierno español tiene previsto destinar en 2017 solo 200
millones a la lucha contra la pobreza infantil, cuando, por otro lado,
tiene previsto gastar más del triple en la adquisición de aviones de
combate.


En materia de lucha contra la violencia de género el crecimiento
presupuestario es simbólico. Y en igualdad queda congelado. Nos presentan
una nueva partida, dotada con algo menos de 4 millones euros, para la
equidad en la compensación para la asistencia sanitaria por enfermedades
raras a pacientes derivados a otras comunidades para su atención, lo que
vendría a ser el fondo de cohesión, que se eliminó de los presupuestos
en 2012, pero con mucha menos financiación. Y presentan otra partida para
reasentamiento y reubicación de refugiados, dotada con tan solo 1 750 000
euros.


Como ya dijeron mis compañeros en el Congreso de los Diputados,
el Partido Popular tiene la concepción centralista de ver los servicios
públicos como algo que han de prestar las comunidades autónomas, a las
que transfieren menos recursos de los necesarios y menos de los que tiene
comprometidos, convirtiendo estas obligaciones en deuda a través del FLA.
Es decir, presta lo que tendría que haber transferido. Las autonomías
reciben menos de lo que necesitan para tener una buena sanidad y buenos
servicios sociales. Por eso hemos presentado medio centenar de enmiendas
a esta sección, reclamando todo aquello que el Estado ha dejado de
aportar a las autonomías.


En resumen, ni se financian aquellos viejos programas que
funcionaban y desaparecieron ni se hace nada nuevo; solo se mueven
partidas de años anteriores de aquí para allá. En conclusión, presentamos
este veto a esta sección presupuestaria porque esta implica una regresión
en lo que supone el gasto social del Estado, ya que entre 2009 y 2016 la
inversión pública se ha reducido en un 58 %, situándose en el 2,2 del
PIB, el de menor peso desde finales del siglo XX.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azamar.


Para la defensa de la impugnación número 17, de los senadores
Cleries y Rivero, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.


Hemos presentado veto a esta sección, como hemos manifestado en
nuestro veto a la totalidad y a las demás secciones, porque estos
presupuestos no dan respuesta a los problemas de los catalanes y son
continuistas. En la OMS se reconoce a Cataluña como un referente
internacional en políticas de salud pública. Podríamos decir que a pesar
de ustedes; y podríamos decirlo, porque algunos de sus ministros nos
acusan de ser malos gestores, mientras otros se jactaron de querer
reventar nuestro sistema sanitario. Eso, aparte de estar muy mal, nos
legitima para ser desconfiados, señorías. Ustedes tampoco van a cumplir
el objetivo de déficit, como no lo han hecho durante estos últimos cinco
años, a pesar de hacerlo descansar en las comunidades autónomas, que son
las que llevan el peso del Estado del bienestar.


Los Presupuestos Generales del Estado deberían incorporar una
aportación de recursos al Sistema Nacional de Salud para compensar el
déficit estructural de la sanidad, que no prevén. ¿Dónde está el fondo de
cohesión sanitaria con recursos suficientes para cubrir la asistencia
sanitaria a pacientes desplazados de comunidades autónomas y pacientes
extranjeros en estancia temporal pertenecientes a la Unión Europea o a
países con acuerdos bilaterales de asistencia?


Son demasiadas las decisiones que se adoptan en el Estado y que
pagan las comunidades autónomas. Se ha modificado la Ley del IVA,
incrementando los tipos para los productos sanitarios. Lo ha hecho el
Estado y lo pagan las comunidades autónomas. Se aprueban nuevos
medicamentos y tratamientos, como el de la hepatitis C, y lo pagan las
comunidades autónomas. ¿Cómo va a compensar el Estado a las comunidades
autónomas las decisiones de gasto que les afectan? Nosotros no lo vemos
reflejado.


En cuanto a la financiación de la dependencia, según su redacción
inicial debía ser al 50 %. El PP se cargó la financiación del nivel
acordado, y hoy, en Cataluña, el Estado tiene que cubrir el 80 % del
coste. ¿Para cuándo el restablecimiento del nivel de financiación
convenido? ¿Para cuándo el aumento del nivel de financiación mínimo?
¿Para cuándo el restablecimiento de la cotización a la Seguridad Social
de cuidadores no profesionales?


Y les hablo ahora de pobreza infantil. Aquí se han dado datos:
más del 30 %, 2,5 millones de menores, están por debajo del umbral de la
pobreza, pero no vemos partidas que puedan dar una solución a esto. Los
datos, señorías, son alarmantes. No tengo más tiempo, pero lo que les he
dicho nos sobra para presentar el veto a esta sección.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Sánchez
Torregrosa.


La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Gracias, señor presidente.


Señorías, no mientan más. Los cuatro vetos que se han presentado
se refieren a la sección del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Y con datos del ministerio en la mano —como los que aquí
tengo—, no con los que me ha elaborado ningún asesor de mi partido
político, de Génova, con datos del Ministerio de Hacienda, digo, a los
que ustedes tienen acceso, se comprueba que el presupuesto del Ministerio
de Sanidad y Servicios Sociales es el que más se incrementa de todos los
ministerios: un 8 %. La senadora de Esquerra Republicana decía que el de
Defensa aumentaba el 32 %. Haga bien las cuentas, senadora: un 0,6 %. Por
tanto, no mientan.


Señorías, se ha hablado aquí de pobreza infantil y de
dependencia, y yo lo voy a hacer también. En cuanto a la pobreza
infantil, es muy fácil subir aquí, hablar de pobreza infantil y darse
golpes de pecho. La diferencia con mi grupo parlamentario es que nosotros
lo hemos demostrado con hechos, con cifras, con dinero. En el año 2014 se
creó un fondo dedicado a las familias con hijos que atraviesan más
dificultades, con 17 millones de euros. En 2015 se incrementó hasta
los 32 millones de euros. En 2016, hasta 48 millones de euros. En 2017,
hasta 60 millones de euros. Esto, unido a la promoción de los servicios
sociales básicos, supone 100 millones de euros. Aun así, el Grupo Popular
ha presentado, junto con Ciudadanos, una enmienda en el Congreso para
contar con 10,7 millones de euros más. Nosotros le estamos dedicando
dinero a la pobreza infantil. Es una prioridad para este Gobierno.


Y en los veinte segundos que me quedan voy a hablar de
dependencia. En los vetos del Grupo Socialista se decía que desde que
está el Partido Popular tenemos un sistema desmantelado. No, señorías; un
sistema colapsado, complejo y desigual es el que ustedes dejaron en el
año 2011, y así lo reflejó el Tribunal de Cuentas. El Partido Popular,
desde el año 2012, junto con las comunidades autónomas, que hicieron un
esfuerzo grandísimo, ha conseguido un sistema justo y solidario en el que
tenemos más beneficiarios con prestación —más de 143 500 que
en 2011—; más beneficiarios incorporados al sistema —731 600
dependientes—; más servicios profesionales —11 puntos más que
en 2011—; y más empleo —56 600 nuevas afiliaciones
desde 2011—. Y lo más importante, señorías —y acabo—:
la garantía de que están atendidos los que más lo necesitan, los mayores
dependientes, con una tasa de cobertura de 14 puntos más que en 2011. Eso
se hace con dinero, con compromiso y con un Gobierno del Partido Popular
que está comprometido con los que más lo necesitan.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sánchez
Torregrosa.


Senadora González López, tiene la palabra.


La señora GONZÁLEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el papel lo aguanta todo. ¿Y por qué digo esto? Pues,
precisamente, porque en el veto registrado por el Grupo Parlamentario
Socialista, en su afán de reconciliarse con los ayuntamientos, se destaca
que el presupuesto de este ejercicio, 2017, ataca con virulencia las
políticas de igualdad ejercidas desde el ámbito local. Sin acritud,
señorías: si atacar con virulencia las políticas llevadas a cabo en
materia de igualdad por los ayuntamientos es transferir
adicionalmente 5300 millones de euros a las comunidades autónomas para
que estas, a su vez, las ordenen, las transfieran a los ayuntamientos
para atender los servicios de proximidad, las políticas más necesarias de
los ciudadanos —sanidad, educación y servicio sociales—, ¿qué
significa entonces lo que ustedes hicieron con los ayuntamientos, cuando
los dejaron al borde de la quiebra, y no solamente a ellos, sino también
a sus proveedores? Ese modelo de gestión, señorías, es la diferencia
entre ustedes y nosotros.


En sus argumentos de veto, señorías, también han hablado
—aquí, esta tarde, también se ha dicho— de que este
presupuesto en materia de violencia de género es un insulto y un
obstáculo al trabajo parlamentario. Como sabrán ustedes, muchas de las
señorías presentes aquí están trabajando codo con codo con la senadora
que les está hablando, y para nada es un obstáculo ni un insulto al
trabajo parlamentario. Porque si el Estado invirtiera solo 31,7 millones
de euros —es lo que se presupuesta en el ejercicio para 2017—
para luchar contra la violencia de género, mi grupo parlamentario y yo en
primer persona entenderíamos que les pareciese, igual que a nosotros,
insuficiente, poco serio, un insulto y un obstáculo al trabajo
parlamentario. Pero ustedes saben —como yo sé que saben, y también
saben que yo lo sé, señorías— que las políticas en materia de
violencia de género son transversales —se pongan como se pongan,
son transversales—, y no solamente se presupuestan en el
programa 232, sobre violencia de género. Son transversales, porque se
presupuestan en el Ministerio de Sanidad, en el Ministerio de Educación,
en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Justicia… En
todos, señorías. Son más de 266 millones de euros, y eso es lo que
ustedes no cuentan. Focalizar el veto y sus impugnaciones a esta sección
por rédito político y por estrategia política solamente en la acción del
Gobierno dirigida solamente a ese programa, señorías, no es veraz, como
les he dicho. Y además es una irresponsabilidad.


La violencia de género no es una cuestión de siglas, lo dije en
la comisión y lo repito ahora. No voy a dar estadísticas, porque no es mi
forma de ser ni mi estilo. Es cuestión de Estado y estamos trabajando en
ello, señorías. Es cuestión de Estado. Fíjense: estamos trabajando
alejados de las cámaras, de los micrófonos y del espectáculo político. Y
así es como se trabaja, señorías, dentro del Pacto de Estado. Así lo
estamos haciendo. Cuento con la predisposición de todas sus señorías,
también de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular. Vamos a llegar a un
acuerdo unánime que refuerce el trabajo que todos, sin excepción, han
hecho en la lucha contra la violencia de género en los últimos años. Ese
es el mensaje —ese, y no otro— de esperanza que debemos dar a
las víctimas: el de la unidad y el del consenso. En ese camino siempre
encontrarán a mi grupo y a mí personalmente.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora González
López.


Senador Alarcó, tiene la palabra.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Me he quedado sin tiempo, pero ha merecido la pena, porque
nuestras compañeras han hablado de lo social de forma importante. Yo me
siento profundamente orgulloso de estar en un país y en una Cámara Alta
que va a aprobar unos presupuestos que son sociales en un 63 %. Me siento
orgulloso de ser español y de estar en un país que tiene un Estado del
bienestar que es de los mejores del mundo. Me siento orgulloso de tener
una sanidad que es una historia de éxito permanente, que pertenece al
acervo de todos nosotros y que es de las mejores del mundo. Me siento
orgulloso de estar en un país con una Cámara Alta que apuesta por unos
presupuestos que permiten que haya más de 105 000 ciudadanos que,
independientemente de su ideología, tienen un órgano trasplantado y más
de 500 000 españoles que tienen alguna célula donada por algún otro
ciudadano, por un acto de generosidad.


Me siento profundamente orgulloso, y se me ha acabado el tiempo,
pero no me puedo ir sin decir algo. Senadora Palencia, usted tiene que
retirar, porque creo que ha tenido un mal día, lo de que en España mueren
cientos de españoles, cientos de miles de españoles en lista de espera.
Eso es falso, y no se lo merecen los miles de profesionales de la sanidad
pública que tenemos. (Aplausos).


En definitiva, me siento profundamente orgulloso de pertenecer a
un partido como el Partido Popular, que ha presentado unos presupuestos,
con siete partidos más, que van a hacer que este Estado del bienestar
siga siendo de los mejores del mundo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.


Pasamos a la sección 27, Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.


Para la defensa de la impugnación número 35, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Caballos.


El señor CABALLOS MOJEDA: Gracias, señor presidente.


Estamos en la sección 27, Ministerio de Economía. Como sabemos
todos, en términos generales, la economía y el empleo en España están
ligados al ciclo económico y a factores externos, como viene reconociendo
en sus informes el Banco de España, así como prácticamente todos los
organismos internacionales. Y el consenso de los expertos nacionales e
internacionales atribuye a los llamados vientos de cola entre la mitad y
dos tercios del crecimiento y el empleo en los últimos años. Es en ese
mismo sentido en el que a los socialistas nos preocupa tanto la
vulnerabilidad como la sostenibilidad de un crecimiento que se ha basado,
en buena parte, en la depreciación del euro, la política expansiva del
Banco Central Europeo, el aumento del turismo, el crecimiento de la
economía mundial por encima de las previsiones, el precio del petróleo o
la devaluación salarial en la que se ha basado gran parte de la
competitividad y, por tanto, de la mejora de las exportaciones, entre
otras causas.


Nos preocupan también, a futuro, uno: el escasísimo aumento de la
productividad aparente del factor trabajo, en particular, y en general de
todos los factores; dos: las escasas inversiones en I+D+i, ciencia y
tecnología, así como para potenciar la industria; y tres: la inversión
pública, que está por los suelos, según palabras textuales del gobernador
del Banco de España. Nos preocupa, en fin, no solo la vulnerabilidad y
sostenibilidad del crecimiento en la economía española que estamos viendo
en los últimos años, sino que este crecimiento sea inclusivo, esto es,
que llegue hasta abajo y, en concreto, que ese crecimiento se reparta con
equidad, justicia social e igualdad de oportunidades, pues crecer y
repartir al mismo tiempo se ha conseguido otras veces en España. Nada de
esto vemos ni en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 en
general ni tampoco en la sección 27, Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.


No lo vemos, señorías, primero, en lo que se destina al tejido
industrial y pymes, que se reduce 118 millones de euros sobre el año
pasado. Si lo comparamos con los presupuestos para 2011, la reducción es
de 723 millones de euros. Incluso en relación con el primer presupuesto
del Gobierno Rajoy, en 2012, la reducción alcanza los 245 millones de
euros. Segundo: no lo vemos en cuanto a la I+D+i. Durante 2016 solo se
ejecutó el 38 % de lo presupuestado. Tercero: nos parecen claramente
insuficientes las dotaciones consignadas para apoyo al emprendimiento, la
internacionalización de la economía o las transferencias al Instituto de
Comercio Exterior para operaciones de capital que fomenten la presencia
internacional de nuestras empresas, entre otras partidas. Y cuarto, y
último: hay un escaso apoyo a la ciencia y la tecnología, por lo que a
este ritmo, señorías, no se cumplirá el objetivo de alcanzar el 2 % del
PIB en 2020, a lo que se comprometió a bombo y platillo el ministro de
Economía, señor De Guindos.


Por ello, y por muchas razones más que no me da tiempo a exponer,
presentamos este veto a la sección 27, del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Caballos.


Para la defensa de la impugnación número 56, del Grupo
Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra
el senador Martínez.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, los presupuestos generales para este año son una prueba
más de que la política industrial de este Gobierno es puro postureo. Esto
no puede sorprendernos, porque no viene de nuevas. La ejecución de los
presupuestos para 2016 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se
situó en un 75 %, mientras que el Ministerio de Economía y Competitividad
apenas llegó al 50 %, dos de los porcentajes más bajos del conjunto de
las secciones de los Presupuestos Generales del Estado. Cito estos dos
ministerios, porque hasta 2016 la cartera de Industria estuvo en manos de
un personaje tan cuestionable y oscuro como Manuel Soria, y desde su
salida no solo ha desaparecido el Ministerio de Industria, sino que ni
siquiera existe una Secretaría de Estado.


Como reflejo de los grandes éxitos del Partido Popular en
política industrial, me gustaría leerles dos citas del informe de la OCDE
de este año para España. La primera: España lleva tiempo padeciendo un
crecimiento muy bajo de la productividad, lo cual ha limitado el aumento
de los niveles de vida. La asignación del capital hacia empresas de baja
productividad y la escasez de inversión en innovación han lastrado la
productividad. Segunda: el insuficiente nivel de inversión destinado al
capital basado en el conocimiento frena el crecimiento de la
productividad. El gasto de las empresas en investigación y desarrollo es
bajo y existe una elevada fuga de investigadores cualificados.


Estas, señores del Partido Popular, son las consecuencias de un
Gobierno que reniega de la necesidad de un cambio de modelo productivo
que no nos reduzca al papel de periferia en la economía europea.


Les daré tres datos que explican estas afirmaciones de la OCDE.
Primero: a pesar de la caída de los tipos de interés, la formación bruta
de capital fijo continúa en un nivel un 30 % más bajo que antes de la
crisis. Segundo: el índice de producción industrial es un 25 % inferior
al anterior a la crisis. Y tercero: el gasto en I+D+i se ha reducido
en 3141 millones de euros desde el año 2009.


Señorías del Partido Popular, estos presupuestos generales
dedican a industria apenas 1500 millones de euros, reducen las
inversiones del Estado casi un 20 % y aplican recortes de un 15 % en los
programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa y de un 14 % en la
promoción comercial e internacionalización de la empresa. Estos datos
demuestran que ustedes no tienen proyecto de país, que no tienen ninguna
estrategia para el desarrollo económico de este país.


Nosotros tenemos propuestas que poner encima de la mesa, aunque
sepamos de antemano que van a rechazarlas. Se trata de 3 medidas urgentes
para avanzar en el cambio de modelo productivo: primero, un pacto de
Estado por la industria que, entre otras cuestiones, promueva el
desarrollo de clústeres, permitiendo comenzar a revertir el proceso de
desindustrialización de nuestra economía; segundo, un plan de rescate de
la ciencia que impulse las actividades de I+D+i, fomentando la
innovación; y, tercero, una mejora del sistema de financiación pública
del aparato productivo que fortalezca, entre otras empresas, a las pymes
y a aquellas de la economía social.


Señorías, los objetivos de la Unión Europea para España
establecen que para 2020 la industria pese en el conjunto de la economía
un 20 %; ahora mismo estamos en un 16 % y, previsiblemente, no
alcanzaremos el objetivo. Así que, por favor, déjense de poses y afronten
una política industrial a la que merezca la pena dar ese nombre. Este
país lo necesita y lo demanda.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.


Para la defensa de la impugnación número 75, por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador
Rufà.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Gràcies, president. Bona tarda.


Los presupuestos para 2017, en lugar de fomentar la economía
productiva basada en las pymes como fundamento para impulsar la
innovación y la internacionalización de la industria y el turismo de
valor añadido, continúan construyendo un modelo productivo basado en la
especulación financiera, en el comercio, en el turismo low cost y en el
apoyo a las grandes corporaciones empresariales y grandes instituciones
financieras.


El proyecto de estos presupuestos consolida un modelo productivo
que prioriza el fomento de un comercio mayorista y destructor del modelo
de proximidad, con las consecuencias económicas, sociales, urbanísticas y
laborales que todo ello conlleva. Además, todas las partidas de los
programas de comercio, turismo y pymes disminuyen, en conjunto, más de
un 13 %.


Los presupuestos siguen sin tener presente que las competencias
en el ámbito comercial corresponde desarrollarlas a las diferentes
comunidades autónomas. Las actividades de promoción comercial e
internacionalización de la empresa se reducen en un 13,75 %, cuando
deberían potenciar al máximo la capacidad de exportación del sector
industrial.


Las actividades de ordenación comercial también se reducen
un 66 %, especialmente las ayudas al comercio minorista; en cambio, se
activa un plan integral de apoyo a la competitividad del comercio
minorista a través de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de España, una entidad que no solo no representa al
territorio, sino que, además, lleva implícita la promoción de grandes
distribuidores comerciales en contra del comercio minorista. También se
reduce la aportación al programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa,
mostrando así la voluntad inequívoca de potenciar solamente a las grandes
corporaciones.


Los presupuestos presentan los números de forma engañosa. Si bien
es cierto que nominalmente la inversión crece, en la práctica no será
así. Lo que sube es la partida de dotación de créditos, que aumenta
un 9,2 %, pero la de las subvenciones directas baja un 2,6 %. En 2016
solo se ejecutó la tercera parte, y se ha quedado sin gastar cerca de la
mitad de algunos apartados, lo que en la práctica se convierte en un
recorte de I+D+i.


Además, el CSIC verá disminuido su presupuesto un 0,9 %, algo
relevante teniendo en cuenta que se encarga, a través de sus 131 centros
y sus 17 grandes instalaciones, del desarrollo de la ciencia y de la
formación del personal científico. Además, el Instituto Carlos III, que
financia toda la investigación de salud, reducirá su presupuesto
un 0,8 %, y este no será el único organismo público de investigación que
vea mermado sus fondos, pues el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria recibirá un 32 % menos; el Instituto
Español de Oceanografía, un 7 % menos; el Instituto Geológico y Minero de
España, un 4,2 % menos; el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, un 4,2 %; y el Instituto de Salud Carlos
III sufrirá una reducción de 270 millones de euros.


Estos presupuestos, para nosotros, tampoco son capaces de
implementar una estrategia a largo plazo que permita desarrollar la
I+D+i, independientemente de las agendas políticas.


Finalmente, los presupuestos suponen un año más de precariedad
también en la ciencia. No tienen presente la calidad de los recursos
humanos para garantizar el éxito de la investigación. Para ello son
necesarios sueldos competitivos, continuos. Se necesita crear plazas con
empleo estable en investigación, atrayendo y reteniendo investigadores y
dando perspectivas futuras de estabilidad.


En resumen, el esfuerzo en I+D+i aumenta solo un 1 %, pero por
debajo del incremento previsto del IPC. Además, burocratiza y precariza
la investigación y la hace depender de la financiación externa en lugar
de aumentar los fondos públicos. Es complejo oponerse al discurso del
Gobierno si uno atiende a la literalidad de sus deseos, difíciles de no
compartir en tanto que son deseos, pero, una vez realizada la lectura
atenta, nos lleva a sostener que los presupuestos continúan construyendo
un modelo productivo basado en la especulación financiera, el comercio y
el turismo low cost, como he dicho anteriormente.


Hay 3 argumentos esenciales para definir nuestro voto:






en primer
lugar, una dotación presupuestaria que se reduce en un 5 % con respecto a
lo presupuestado en 2016, lo cual se suma a los recortes producidos
anteriormente. En segundo lugar, la incapacidad de su ministerio para
invertir lo que se presupuesta.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Ahora acabo, presidente.


Y, en tercer lugar, la contradicción que se produce cuando
hablamos de la retórica de la importancia de la industria.


Por esos tres motivos, nuestro grupo parlamentario votará en
contra de esta sección.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rufà.


Para la defensa de la impugnación número 18, de los senadores
Cleries y Rivero, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.


El Partit Demòcrata presenta el veto a esta sección. Suscribo y
comparto el discurso del senador que me ha precedido respecto de aquellas
partidas que tienen menos financiación, porque con el tiempo que tengo no
se las voy a comentar todas.


Para nosotros, estos presupuestos no cumplen con el sector
productivo, especialmente con las pymes. Los programas de apoyo a las
pymes descienden un 14,6 %, la promoción comercial internacional
un 13,8 %, los programas de coordinación y modernización del turismo
un 3,1 %, de los autónomos no vemos ni rastro en este presupuesto y en
cuanto a I+D+i creemos, a pesar de haber aumentado un 1 %, que es
insuficiente. Si tenemos en cuenta que en plena época de crisis, y para
salir de ella, mientras en Europa se implementaban partidas en I+D+i para
cambiar el modelo productivo, aquí lo llegamos a disminuir hasta un 24 %.
Modelos como el Castor a nosotros no nos gustan. Estos modelos no son de
éxito, están confrontados con el territorio y, además, después de su
fracaso nos van a costar 15,7 millones de euros a todos los
contribuyentes, a los que queremos votar y a los que no también.


Como reguladores del sector energético, aquí también tenemos que
hacer una mención. Ustedes se permiten pactos de unificación de tarifas
que, a nuestro entender, van a causar un agravio comparativo para con
algunas empresas catalanas por el hecho de trabajar con 25 kilovatios y
no con 30. Nosotros hemos dicho que, aparte de poder vulnerar la
competitividad de estas empresas, también pensamos que puede repercutir
en el sistema eléctrico general y afectar a empresas y ciudadanos. Como
no tengo más tiempo, faltaría a la verdad si no dijera que el señor
Montoro, en una visita a Cataluña, nos dijo que no íbamos a notar el
pacto de la unificación tarifaria y no iba a ser negativo en Cataluña.
Esperamos que así sea. Estamos acostumbrados a anuncios y que detrás de
estos anuncios no lleguen las soluciones. Esperemos que esta vez sea
verdad. Si es así, lo celebraremos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


En turno en contra, tiene la palabra la senadora Contreras.


La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, presidente. Buenas
tardes.


Subo a la tribuna para posicionarme en el turno en contra de los
vetos que se han planteado a la sección 27. Voy a compartir el tiempo con
mi compañera, la senadora Serrano.


Respecto a la secretaría de Estado y a la sección sobre
investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico se han
vertido una serie de falacias, como decir que se ha disminuido el
presupuesto en esta legislatura. No es verdad. Ha habido un incremento de
un 1 % y, además, deberían ustedes saber que desde el año pasado está en
funcionamiento la Agencia Estatal de Investigación, lo que supone una
derivación de los fondos de ese 67 % que se ha mencionado aquí.


Desde que entró en funcionamiento la Agencia Estatal de
Investigación no se han visto más que ventajas en este campo: el modelo
de mejora de la planificación de las actuaciones, tener una estabilidad
en las convocatorias, que haya una potenciación de la cofinanciación
público-privada de los proyectos está dando unos resultados magníficos a
nuestra investigación y desarrollo. Sin ir más lejos, nos deberíamos
sentir orgullosos de lo que está haciendo España en estos momentos.


El incremento de los retornos supone que nuestro país es ahora
mismo el cuarto de la Unión Europea por investigación, desarrollo e
innovación; insisto, es el cuarto y pisando los talones al tercero, que
es Francia, siendo en primer lugar Alemania y en segundo lugar el Reino
Unido los que encabezan estos retornos. Así que, señorías, deberíamos
tener un poco más de apoyo a nuestro mundo de la ciencia, a nuestro mundo
de los investigadores, y sentirnos orgullosos de lo que significan.


Con estos presupuestos, señor Caballos, hacia los que usted era
un poquito escéptico, vamos a conseguir lo que el otro día se planteó
aquí, ese acuerdo para llegar a ese pacto de Estado de alcanzar la cifra
del 2 % del PIB en inversión en I+D+i. Con estos presupuestos es posible
porque estamos consolidando esa recuperación económica, nos estamos
consolidando y afianzando en esa materia de fiscalidad para poder
contribuir al crecimiento de nuestro país. Proyectos que a nuestros
investigadores, a nuestros científicos les están llevando a unas cotas de
verdadera significación dentro de la comunidad científica.


Quiero decir, simplemente, que en la época de la ministra
Cristina Garmendia quedaron, por ejemplo, 1000 millones de euros por
gastar en este campo de investigación y desarrollo. No es cuestión de
presupuestar, es cuestión de gastar lo justo, de gastar bien —se ha
dicho a lo largo de esta mañana—; no se trata de gastar más, sino
de gastar correctamente, de hacer más con menos.


Y cedo la palabra a mi compañera Arenales.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Contreras.


Tiene la palabra la senadora Serrano.


La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, presidente. Buenas
tardes.


Utilizo este turno del Grupo Parlamentario Popular para decirles
nítida y claramente que no a sus vetos. Y le digo que no al veto
presentado por la antigua Convergència i Unió porque ellos entienden que
estos presupuestos no responden a las necesidades del territorio. Señora
Rivero, ¿cuándo lo van a entender? Los territorios no tienen necesidades,
los territorios no tienen derechos, los derechos los tenemos las
personas. Pero le voy a decir más: su territorio no es mejor que el mío.
(Aplausos).


Y le decimos también que no al veto presentado por Esquerra
Republicana porque lo argumenta en su exposición hablando de especulación
y de precariedad. ¿Le parece poca especulación a Esquerra Republicana
querer construir un país con independencia del resto de España? ¿Le
parece poca precariedad a los miembros de Esquerra Republicana a lo que
están conduciendo con eso a los catalanes? Señorías de la izquierda
republicana, si no han sido capaces de gestionar una región, una
comunidad autónoma, ¿cómo van a gestionar un país? Por lo tanto, eso
sería no solamente una especulación, sino, como decía mi compañero esta
mañana, una clarísima ensoñación.


Les decimos también que no al veto que nos presenta Podemos, y a
las señorías de Podemos les quiero decir tres cositas, si me permiten. La
primera, que hablan de productividad, y para hablar de productividad hay
que trabajar. (Aplausos). La segunda cosa que les quiero decir es que
ustedes hablan ahí de que el Gobierno del Partido Popular quiere volver a
un modelo basado en el ladrillo y que tiene que haber un cambio de modelo
productivo. Pues bien, señorías de Podemos, si aún no se han enterado, y
creo que ha habido bastantes comparecencias de miembros del Gobierno y
hay muchos informes que lo avalan, a los que ustedes pueden acceder desde
su iPad, nos están diciendo que el modelo de crecimiento español está
basado en las exportaciones, que estamos en el 33 %; que, además, el
primer sector de las exportaciones es el de bienes de equipo; que el
modelo basado en el ladrillo, es decir, el del sector de la construcción,
ha bajado 5 puntos porcentuales sobre nuestra riqueza nacional; y que,
además, estamos recuperando el peso del sector industrial y ya estamos en
el 16 %. Tienen ustedes los datos tan trasnochados como su propia
ideología, del siglo XIX. Revísenla, por favor. (Aplausos).


Les decía que les quería decir tres cositas. La primera es que
tienen que trabajar, la segunda es que tienen que trabajar en serio y la
tercera —que me enseñó mi madre en casa— es que si no
trabajas, por lo menos no gastes, porque ¡la que han montado los Iglesias
ayer! ¿Cuántas decenas de miles de euros nos ha costado a los españoles
solo para que hablen, y hablen, y hablen los Iglesias? Inadmisible,
absolutamente inadmisible. Se trata de dedicarnos a los problemas de los
españoles.


En cuarto y último lugar, quiero decirles que no al veto
presentado por el señor Caballos, del Grupo Socialista, porque ellos nos
hablan sistemáticamente de desigualdad, y les sorprende que después de
crecer 13 trimestres consecutivos, que son 39 meses, señorías, todavía
haya gente a la que le afecta la crisis. ¿Sabe por qué hay gente a la que
todavía le afecta la crisis, señor Caballos? Porque ustedes gastaron, y
gastaron, y gastaron, y en vez de un agujero eso es un socavón. Por eso,
todavía hay gente que, desafortunadamente, está sufriendo la crisis.


Además, hablan ustedes de contrato precario, pero ¿saben lo que
es mucho más precario? No tener contrato. Además, ustedes están hablando
aquí de sueldos bajos, pero ¿saben lo que es mucho más bajo que un
sueldo? No tener el propio sueldo. ¿Y saben ustedes cuál es el mayor
factor de la desigualdad? No tener empleo, el paro.


Por lo tanto, señorías, —y con esto voy ya
terminando— gracias a los 6 partidos políticos que nos están
apoyando.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora SERRANO ARGÜELLO: Sí, presidente.


Además, como decía Churchill, el precio de la grandeza es la
responsabilidad, por eso les pido a los cuaatro partidos de la izquierda,
a la izquierda radical de Podemos; a la izquierda menos radical, espero,
del Partido Socialista; a la izquierda independentista de Esquerra
Republicana, y a los independistas, que ya no sé si de izquierda, de la
antigua Convergència, que entre todos hagamos un número redondo de 10
partidos políticos apoyando estos presupuestos, como las 10 victorias del
domingo de Nadal y que, con la misma responsabilidad y el mismo esfuerzo,
lo hagamos por la grandeza de España. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Serrano.


Pasamos a la sección 31. Para la defensa de la
impugnación número 5, del senador Cleries, tiene la palabra su
señoría.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.


Señorías, me quedo sorprendido con algunas intervenciones, como
la que acabamos de escuchar. Somos el Partit Demòcrata de Cataluña, yo no
soy la antigua Convergència i Unió. Yo también les podría llamar a
ustedes la antigua Alianza Popular (Aplausos). Y si me remito a más
antigüedades, tal vez les saldrían todos los colores, porque si hablamos
de antigüedades, a algunos su historia se remonta…, se remonta.
(Risas). Por tanto, según qué, les pido que respeten a las formaciones
políticas, porque no se puede venir aquí y faltar al respeto a la nación
catalana (Rumores). Hay naciones milenarias y naciones inventadas.
(Aplausos). Y les recuerdo también que las víctimas de los golpes de
Estado siempre son las urnas y la democracia, y cuando ustedes tachan de
golpe de Estado lo que está sucediendo en Cataluña, ustedes son aquellos
del mundo al revés, porque con urnas y democracia no se hacen golpes de
Estado, sino que se construye un Estado soberano, que será la futura
Cataluña. Esto es lo que vamos a hacer.


Fíjense, señorías. En estos presupuestos —lo sabemos por el
Banco de España y la Airef— han exagerado la previsión de ingresos.
Hacen una previsión de ingresos tributarios un 7,9 % superior a 2016,
mientras el crecimiento previsto de la economía es del 2,5 %, con una
inflación del 1,6 %.


Quiero destacar en este punto, porque no lo he podido hacer
antes, la persecución tributaria contra las pequeñas y medianas empresas
que está practicando el Gobierno del Partido Popular. Han incrementado
los pagos a cuenta a las empresas que facturaban más de diez millones de
euros y han prohibido el aplazamiento de impuestos a las pequeñas y
medianas empresas; además, a partir del 1 de julio, un elevado número de
pequeñas y medianas empresas deberán declarar el IVA en tiempo real, lo
que conlleva costes elevados.


Les pediría que, igual que nosotros criticamos estos presupuestos
—y lo hemos hecho en todas las intervenciones— con el máximo
respeto, ustedes también respetaran a todas las formaciones
políticas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Fernández González.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, el veto del Grupo Parlamentario Mixto a esta sección 31
se fundamenta, una vez más, en entender que esta sección no se adecúa a
las necesidades sociales y económicas del Estado español y, en
particular, a lo que necesita Cataluña. Como ya se ha visto a lo largo de
la mañana, este mismo argumento se utiliza por el Partido Demócrata de
Cataluña para vetar varias secciones, aunque se refieren, obviamente, a
cuestiones distintas.


En cualquier caso, y dado que ustedes vetan esta y otras
secciones del presupuesto porque según ustedes no se adecúan a las
necesidades sociales y económicas del Estado español, déjenme que, por
supuesto con el máximo respeto, les agradezca de forma expresa su enorme
y sincera preocupación por las necesidades sociales y económicas de esta
gran nación que es España. Ciertamente, resulta conmovedora esta renovada
preocupación de España por su parte, y dado que están tan preocupados por
lo que necesita España, les preguntaría: ¿creen que de verdad lo que
España necesita es un referéndum ilegal e inconstitucional? (Aplausos).
¿Eso es lo que ustedes creen que necesita España ahora? Porque nosotros,
señoría, creemos que no, y sinceramente es lo que considero que piensa la
inmensa mayoría de los españoles.


Pero volvamos al veto a la sección 31. La sección 31 es, como ya
va siendo conocido, la que se refiere a gastos de diversos ministerios, y
en ella, dentro del programa 929M, existe una partida, la de otros
imprevistos, a la que, aunque contiene únicamente 15 millones de euros,
se pretende imputar un total de hasta 47 000 millones de euros.


De este modo, durante la tramitación parlamentaria parece que
entre todos están empeñados en convertir la sección 31 en una especie de
área 51, es decir, igual que en esa mítica base americana, donde según la
imaginación de algunos en ella cabe de todo. Pero al final, como ocurre
siempre con la realidad, ahí cabe lo que cabe y hay lo que hay.
Curiosamente, para añadir más morbo, la partida mágica de la sección 31
es la partida 51, que es la relativa a otros imprevistos. Está dotada
con 15 millones y, sin embargo, se le pretenden imputar hasta 47 000
millones.


Lo que no podemos hacer, señoría, es convertir a la sección 31, y
en particular a la partida de otros imprevistos, en una especie de bolso
de Mary Poppins, donde puedes meter y sacar a conveniencia todo lo que se
nos ocurra. El problema es que aquí no se trata de entretener a la gente
ni con un cuento infantil ni con una historia de misterios, sino que lo
que se está haciendo es algo más grave, se está engañando a la gente al
decirle que se pueden incluir enmiendas irreales con cargo a una partida,
sabiendo que en realidad no se puede hacer porque la partida no está
prevista para eso.


Creo que es razonable dejar esa partida como está y destinarla
para lo que fue creada, y no para convertirla en una especie de genio que
te concede todo lo que pides, porque por desgracia, señorías, esto no es
un cuento, esto son las cuentas…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Ya termino, señoría.


Esto va de cuentas, no de cuentos.


En conclusión, a diferencia de lo que opinan ustedes, creo que
esta sección sí se adecúa a las necesidades sociales y económicas del
Estado español y sí va a permitir cumplir las finalidades de su objeto.
Por eso, nos oponemos a su veto a la sección 31.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
González.


Pasamos a la sección 32.


Para la defensa de la impugnación número 6, del senador Cleries,
tiene la palabra su señoría.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.


Tal como hemos venido recordando, y creo que es bueno hacerlo
también en esta partida, desde el año 2014 el sistema de la financiación
autonómica está caducado, y quiere decir que el Gobierno del Estado ha
incumplido, una vez más, una ley. Lo que pasa es que cuando el Gobierno
del Estado incumple leyes no pasa nada; en cambio, si no eres del
Gobierno del Estado español e incumples una ley, te persiguen los
tribunales. Incluso para aumentar la persecución a una consejera del
gobierno de la Generalitat, si el domingo acudió a un acto del referéndum
es un agravante. Esta es la democracia que hay hoy en el Estado
español.


También le quiero recordar al portavoz del Partido Popular que
ahora ha intervenido, que el proceso de Cataluña y el referéndum que
vamos a celebrar es un mandato democrático del pueblo de Cataluña. El 27
de septiembre, en las últimas elecciones que hubo en Cataluña, este fue
el mandato democrático que nos dio el pueblo de Cataluña. Ya sé que a
ustedes esto les importa poco porque no están acostumbrados a cumplir los
programas electorales, pero a nosotros nos parece lo más lógico. Por
tanto, estamos respondiendo con fidelidad a lo que nos pidió el pueblo de
Cataluña, y así lo vamos a hacer el 1 de octubre.


El portavoz que ha intervenido nos decía que siempre decimos lo
mismo. Claro, porque el conjunto de estos Presupuestos Generales del
Estado no responde a las necesidades reales de los catalanes y catalanas
y creemos que tampoco al conjunto del pueblo del Estado español. ¿Por
qué? Porque en políticas sociales, en políticas de ocupación, en
políticas de atención a las personas dependientes, en el conjunto de
políticas del Ministerio del Interior o de Defensa, no se prioriza poner
a las personas por delante. Ustedes ponen la bandera por delante y con
esta bandera no dejan ver a las personas. Lo que importa son las
personas.


También quiero decir que cada uno de los territorios,
contrariamente a lo que se ha dicho, sí que tienen necesidades;
necesidades en inversiones que facilitan la vida de los ciudadanos y, por
tanto, esta también es nuestra prioridad.


Evidentemente, en nuestro servicio a Cataluña nosotros también
tenemos un compromiso conciudadano, con todos los ciudadanos del Estado
español y con los ciudadanos de Europa, es un compromiso con todo el
mundo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.


Turno en contra.


Senador Valverde, tiene la palabra.


El señor VALVERDE MENCHERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes.


Señor Cleries, señores del PDECAT, yo creo que técnicamente se
podría decir que ustedes viven en un solipsismo, es decir, solo están
seguros de su propia realidad, pero no son capaces de reconocer la
realidad que les rodea, porque su intervención ha sido machaconamente
repetitiva.


Y me quedo con lo último: ustedes dicen que los señores del
Partido Popular, que el Gobierno no ha puesto por delante a las personas.
Yo creo que eso se lo podrían aplicar ustedes, porque han puesto esas
ansias secesionistas precisamente para justificar que no han estado al
lado de las personas, que eso es lo que está pasando en Cataluña
(Aplausos).


Señorías, este veto a esta enmienda dice poco más, porque siempre
dice lo mismo: que no se cumple con el conjunto del Estado español ni
tampoco con la comunidad autónoma. Por tanto, como es una sección que
hace referencia también a la financiación de entidades territoriales, yo
voy a repetir parte de lo que he dicho esta mañana.


Sí que se ha cumplido y ha habido medidas: se mantienen las
transferencias a las entidades locales y no solo se mantienen las
transferencias a las comunidades autónomas, sino que se aumentan en 5386
millones de euros, y de eso van a disfrutar todas las comunidades
autónomas, también Cataluña, gracias a las políticas del Gobierno del
Partido Popular que han dado como consecuencia una mayor crecimiento, un
mayor empleo y, por tanto, una mayor recaudación que ahora se puede
repartir entre todos los territorios. Más de 100 millones de euros más de
ayudas a la dependencia. Otras medidas que van en el camino de garantizar
la liquidez y la solvencia a las entidades locales y también a las
comunidades autónomas; particularmente interesante es la medida que va a
permitir a las entidades locales reinvertir el superávit que se ha
obtenido en el año 2016: 7000 millones. No para el Estado, como se decía
esta mañana —creo que era una senadora de Esquerra
Republicana—, para el Estado no, para que se invierta en todos los
territorios de España, en los más de 8000 municipios de España.


Más medidas. El Fondo de liquidez autonómico, que desde el
año 2012 ha inyectado más de 189 000 millones a las comunidades
autónomas, en Cataluña, en concreto, 62 952 millones, el 33 %, para pagar
servicios públicos, sí, para pagar servicios públicos —¿qué hubiera
sido de estas comunidades si no se hubiera podido inyectar esta cantidad
de dinero?—, con unos ahorros que en la Comunidad Autónoma de
Cataluña van a llegar a los 16 300 millones de euros. Reducción sensible
del periodo medio de pago y reformas en el sistema de financiación
autonómico y local —sí, está caducado, pero hay un compromiso de
llegar a un acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica y
también local—.


En definitiva, muchas medidas que favorecen y que demuestran la
apuesta seria del Gobierno de España por todas las entidades
territoriales. Un control del déficit que ha hecho que se reduzca a la
mitad el de las comunidades autónomas y que haya pasado a ser un
superávit el de los ayuntamientos, olvidando esas políticas…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor VALVERDE MENCHERO: Termino ya, señor presidente.


Decía, olvidando esas políticas de desenfreno del gasto público
que nos condujeron a tener que perder hasta 3 500 000 empleos.


Señorías, la aprobación de estos presupuestos supone afianzar la
estabilidad y la certidumbre para seguir avanzando en la recuperación, el
crecimiento y el empleo. Ser hoy responsable como parlamentario que
representa al pueblo español es ofrecer estabilidad, certidumbre y
confianza a todos los españoles, y eso ahora se hace votando a favor de
estos presupuestos.


Por todo ello, nuestro grupo, que va a favor de estos
presupuestos, va a votar en contra de este veto a esta sección.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Valverde.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Alegre.


El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, presidente.


Llegamos al final de este largo debate del día de hoy, en el que
ha habido 14 vetos del Grupo Socialista; 16 del Grupo Podemos; 16 también
del Grupo de Esquerra; 17 de Convergència; 1 de Compromís y otro de
Bildu.


Me gustaría empezar diciendo qué consecuencias tendríamos si
aceptáramos los vetos que hoy se han planteado aquí. Hay dos tipos de
vetos: los de los grupos que abanderan el postureo, como el caso de
Podemos o la antigua Convergència, ahora PDECAT, y el del Grupo
Socialista, debatiéndose en una extraña situación para encontrar su
camino en un futuro, espero no muy lejano. Pero la realidad es que si no
tenemos presupuesto, si no hay este nuevo presupuesto, las comunidades
autónomas dejarán de recibir 5583 millones de euros. Si no hay
presupuestos, necesariamente habrá recortes en las plantillas en el
sector público —el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes
sociales, Comisiones, UGT y CSIF, para una consolidación del empleo
público—. Si no tenemos presupuesto, la Seguridad Social no podrá
pagar las pensiones en los últimos meses de este año.


Por lo tanto, necesitamos —lo dije ayer— tener unas
cuentas, necesitamos habilidad a la hora de negociar unos presupuestos.
Unos presupuestos que Ciudadanos ha intentado mejorar con respecto a la
primera presentación que hizo el Ministerio de Hacienda. Lo hemos
desglosado en 2 frentes. Por un lado, hemos introducido mejoras en los
presupuestos que inicialmente manejaba el Ministerio de Hacienda en un
paquete para la recuperación de la clase media trabajadora,
destinando 500 millones como complemento salarial para jóvenes menores
de 30 años; extendiendo la tarifa plana para nuestros autónomos; un plan
de lucha contra la pobreza infantil, con 342 millones de euros; 258
millones de euros para parados de larga duración; 235 para los permisos
de paternidad y 100 para revertir los recortes en atención a la
dependencia, lo que representa un monto de 1945 millones.


Por otro lado, 2142 millones de euros para lo que nosotros
llamamos innovación y economía del futuro; 1200 millones más para la
formación para el empleo; 30 millones para el plan contra el fracaso
escolar; 50 millones de euros para un plan de gratuidad de los libros de
texto; 100 millones para el plan de modernización de la justicia; 500
millones para la Red Cervera de transferencia tecnológica; 100 millones
para al plan de lucha contra el fraude fiscal; 97 millones para el
impulso de la economía digital; 45 millones para…


El señor PRESIDENTE: Senador Alegre, perdone, el senador Bagué
también ha pedido intervenir.


El señor ALEGRE BUXEDA: ¿Sí, ahora también? (Risas). No estaba
previsto. (Risas). Perdón, no lo sabía. Pido disculpas, porque en un
principio no intervenía el senador Bagué.


En todo caso, esta es la realidad de los vetos a la ley de
presupuestos. Lo único que lamento, y con esto termino, señor presidente,
es la cantinela permanente de algunos grupos, como el caso de la antigua
Convergència, ahora PDECAT, todo el día con el monotema de la
independencia de Cataluña cuando estamos hablando de presupuestos, así
como algunas afirmaciones que se han hecho en esta tribuna acusando al
Gobierno de recortar en dependencia, en discapacidad. Y lo hace el señor
Cleries, que es la persona que más ha recortado en este país cuando fue
consejero de bienestar y familia, que se llevó por delante la
discapacidad (Aplausos) y viene hoy a criticarlo. (Aplausos). Me resulta
incomprensible. Uno es prisionero de sus actos, señores del PDECAT, uno
es prisionero de sus actos.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.


Senador Bagué, tiene la palabra.


El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president. Bona tarda.
Buenas tardes.


A modo de conclusión, en el turno último de portavoces, quiero
hacer tres consideraciones. En primer lugar, en toda la exposición del
veto en ningún momento hablé de independencia, en ningún momento, señor
Alegre, en ningún momento hablé de independencia porque estaba hablando
de presupuestos


En segundo lugar, Cataluña representa el 16 % de la población,
el 19 % del PIB, el 25 % de las exportaciones y recibe una inversión
pública en infraestructuras cercana al 10 %, de la cual se ejecuta en el
mejor de los casos un 4 %. Esta es la ficha resumen, es la fotografía
resumen de la situación. Los presupuestos, aunque hay algún portavoz que
pretenda darles un toque naranja, yo más bien pensaría que son unos
presupuestos del PP, continuistas puramente, con una pincelada vasca y
canaria, pero en ningún caso unos presupuestos naranja; en todo caso,
calabaza, pero naranja seguro que no.


En tercer lugar, cuando hablan de la LOFCA, senadores del Grupo
Popular y de Ciutadans, no hablen como si graciosamente se diese un
dinero que generosamente el PP da a las autonomías, es la aplicación de
una ley que hace cuatro años que está caducada y sobre cuya aplicación,
dos años después del ejercicio, se liquida a las autonomías. Por lo
tanto, no den explicaciones respecto a la liquidación ordinaria entre
administraciones como si fuese una dádiva graciosa que se está dando por
el Gobierno magnánimo de Mariano Rajoy. Eso no es así.


Según criterio del Partit Demòcrata, estos presupuestos no
responden a las necesidades reales y además pecan de un extraordinario
triunfalismo cuando no tienen en cuenta que 8,5 millones de personas,
como recordé en mi primera intervención, han sido atendidas en 2016 por
los servicios sociales municipales. Ojo con el dato: 8,5 millones de
españoles atendidos por los servicios sociales municipales del
conjunto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿desean intervenir?
(Denegaciones). No hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra la senadora Cortès.


La señora CORTÈS GÈS: Señorías, entre ayer y hoy el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado sus vetos a los
Presupuestos Generales del Estado del Partido Popular, que demuestran sin
lugar a dudas la falta de inversión en infraestructuras en cada una de
las comarcas de Cataluña, del País Valencià y de les Illes por parte del
Estado español.


No es suficiente que el ministro de Fomento y Mariano Rajoy
desembarquen en Cataluña para hacerse una foto con algunos empresarios y
alardeen de falsas verdades y de falsas inversiones en Cataluña para
sacarse solo una foto propagandística. Con cifras: prometió una inversión
en infraestructuras por valor de 6630 millones de euros, de los cuales
dijo que en esta legislatura se gastaría 4200 millones de euros. El
primero en desmentir esto fue el ministro Montoro y la realidad es que la
inversión en Cataluña, según los presupuestos del Estado de este año, cae
en un 3 %: 30 millones de euros menos. El Estado, pues, destina a
Cataluña un 13 % de las inversiones, mientras que el porcentaje de la
población es del 16 % y el porcentaje del producto interior bruto en
torno al 20 %.


Ustedes consolidan su modelo de Estado de derecho manteniendo una
España radial, centralizadora e, incluso, recentralizadora del poder del
Gobierno de España en detrimento de los gobiernos autonómicos, con un
déficit extraordinario en las inversiones en carreteras y en trenes de
Rodalies, enquistados en la defensa de un corredor mediterráneo que pase
por Madrid, con un aumento del presupuesto destinado al mantenimiento de
la Corona y a Defensa, que promueve una justicia politizada que utiliza a
la fiscalía para perseguir al independentismo y tapar la corrupción del
PP y de la Corona, manteniendo, en general, una estructura estatal
gigantesca, despilfarradora y centralista.


Nosotros venimos aquí a defender la democracia, la emancipación
nacional y la justicia social y a cambio recibimos insultos y abucheos
por parte de la bancada del Grupo Popular. Hemos escuchado que nosotros
somos unos golpistas, y llaman golpistas a los ciudadanos y ciudadanas
que salen a la calle hartos de las políticas del PP para reivindicar sus
derechos políticos, económicos y sociales, sin ni tan siquiera estropear
una papelera —a esto le llaman golpismo—. Que creamos
problemas donde no los hay; pues pónganse las gafas, porque ustedes
tienen un problema gordo en Cataluña que contratacan con la fuerza bruta,
la fuerza de los tribunales, escudándose en la ley, en la ley y en la
ley. (Protestas). Intentan aplicar la política del miedo con sus
continuas amenazas. Pues, señores, no les tenemos miedo ni a ustedes ni a
sus jueces ni a los tribunales ni al presidente Mariano Rajoy ni a la
vicepresidenta ni a las leyes retrógradas españolas. (Protestas).


Cuando las leyes están desfasadas, cuando sirven para ir contra
la ciudadanía, es necesario cambiarlas y adecuarlas a las necesidades. En
ningún momento hemos escuchado que aprobaron una amnistía fiscal
declarada inconstitucional, que permite y ha permitido el fraude masivo.
Tampoco hemos escuchado nada acerca de la operación Cataluña, centrada en
las maniobras policiales y judiciales contra los líderes
independentistas. ¿Alguien va a asumir la responsabilidad algún día?
Hemos escuchado que nosotros solo pedimos dinero. Por supuesto, estamos
hablando de presupuestos, pedimos dinero para reparar el grave déficit de
inversión en Cataluña, les Illes Balears y el País Valencià. Nosotros
hablamos de democracia y voluntad política.


Para finalizar, haré unas aclaraciones sobre la deuda y a nivel
económico. En Cataluña hay un crecimiento superior al déficit y esto
reduce la deuda. De las exportaciones que presumen una y otra vez,
el 25 % son de Cataluña, el 25 %, y si quieren hablamos del crecimiento
de la industria catalana o de la creación de empresas o del sector
turístico, que el 25 % está en Cataluña, señores.


Lo que vamos a hacer nosotros es otra cosa. Pero antes, les diré
que ustedes sí tienen autoridad para hablar de una cosa: de
productividad. Cuando se habla de corrupción, ustedes son los campeones
de Europa en corrupción; en esto sí que tienen productividad. Y lo que
vamos a hacer nosotros en Cataluña el día 1 de octubre es votar, y de
esta manera, si es que en las urnas gana el sí, gestionaremos,
afortunadamente, nuestros propios recursos. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora CORTÈS GÈS: Gracias.


Decía que no dejaremos nuestros propios recursos en manos de
aquellos que trabajan en contra de Cataluña, en contra de un pueblo que
reivindica sus derechos y en contra también de las clases populares
españolas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cortès.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Martínez.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Hoy el Gobierno ha tenido 2 turnos de defensa: el del Partido
Popular y el de Ciudadanos. (Protestas).






Dice el senador Alegre que
Ciudadanos ha intentado mejorar los presupuestos. Bueno, lo han intentado
y no lo han conseguido. En cualquier caso, lo importante es participar.
(Risas.— Aplausos). Tampoco es nada nuevo atendiendo a que, en su
corta trayectoria, jamás han cambiado nada, pero es que para eso es para
lo que están, para que nada cambie. Ese es su papel.


Ante de empezar, quiero contestar brevemente a la senadora
Arenales Serrano, que ha cuestionado nuestro trabajo aquí en la Cámara.
Ustedes, señores del Grupo Popular, tienen 149 senadores en esta Cámara y
nosotros 20. Cuando quieran, cuando quieran comparamos las iniciativas
presentadas por cada grupo, en cantidad y en calidad, porque hay que ver
las chapuzas que presentan ustedes tan a menudo. (Aplausos). Más de 2000
enmiendas presentadas por nuestro grupo a estos Presupuestos Generales
del Estado, más de 2000 enmiendas. (Protestas). Ese es nuestro trabajo.
¿Cuál es el suyo, aparte de hacer de cancerberos del Gobierno, señores
del Partido Popular? (Aplausos.— Protestas).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Ustedes, señores del Partido Popular, han
usado el debate presupuestario para vender una situación idílica de la
economía. Durante las comparecencias han dicho ustedes que la economía
estaba boyante y que somos la envidia de toda Europa. Ayer, el ministro
Montoro añadió que España es uno de los países que más crece de todo el
mundo, no de toda Europa, de todo el mundo. ¿De qué mundo? ¿En qué mundo
viven ustedes? (Rumores). Porque no es el mismo en el que viven el resto
de los y las españolas.


Hacen ese discurso con unos datos sociales escandalosos de
pobreza, precariedad y desigualdad. La tasa de paro en España, señores
del Grupo Popular, casi dobla la de la media de la zona euro; la renta
per cápita es un 32 % inferior; hay un 40 % de paro juvenil y el 25 % de
los trabajadores jóvenes son pobres; la tasa de temporalidad en estos
cinco años ha aumentado en 6 puntos. Esos los resultados de sus
políticas. (Rumores).


Las líneas fundamentales de estos Presupuestos Generales del
Estado se resumen básicamente en dos vías. Primero, consolidación de los
recortes y ajustes adicionales maquillados. En estos presupuestos se han
consolidado 5000 millones de recortes y se han tomado medidas adicionales
de ajuste, entre las que quiero resaltar la reducción de las pensiones en
términos reales. Decía una portavoz de su grupo que las pensiones han
aumentado un 0,25 % y no es cierto; en términos reales disminuyen porque
la inflación aumenta por encima del 1,5 %.


Segundo, estos presupuestos generales sirven para profundizar en
un modelo económico periférico dentro de Europa basado en la devaluación
salarial y en la precarización de derechos. Se reducen las inversiones
del Estado en un 20 % y los recortes acumulados en I+D+i suman más
de 3000 millones desde 2009.


Estos son unos presupuestos continuistas y ustedes no han dejado
de repetir que son unos presupuestos continuistas, y eso lo que significa
es que lo que ustedes vendían como medidas excepcionales no lo eran, no
lo eran en absoluto. Sus recortes y sus ajustes no dependían de la
coyuntura económica, dependía de su convicción ideológica.


Estos presupuestos generales, como les decía, marginan las
políticas públicas dirigidas a transformar nuestro modelo productivo. Eso
sí, luego, con su retórica, se embadurnan ustedes con un discurso sobre
la innovación y el emprendedurismo; solo les falta hablar de coaching y
recomendar algún libro de autoayuda. Nos dicen que nosotros defendemos
políticas viejas, del siglo XIX. ¡Ustedes, el partido de los mileniales!
Antes, un portavoz del Grupo Popular decía que nosotros queremos más
Estado porque queremos más clientelismo. ¿De verdad? ¿De verdad van a
venir ustedes a hablarnos de clientelismo? ¿De verdad quieren hablar
ustedes de clientelismo? Soy valenciano, cuando quieran hablamos de
clientelismo en la Diputación de Castellón, en la de Valencia, en la de
Alicante; hablamos de clientelismo en Madrid; hablamos de los 900
imputados que tienen ustedes. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Sí, señor presidente.


Creo que no se lo han pensado ustedes bien.


Nosotros queremos unas instituciones que estén al servicio de la
gente, que sirvan para garantizar los derechos de todas y todos. Ustedes
usan las instituciones para enriquecer a los suyos y para blindarse en el
poder.


Acabo. Hoy han conseguido en el Congreso bloquear la moción de
censura que habíamos presentado (Rumores), y somos conscientes de que van
a usar su rodillo aquí en el Senado para evitar que hagamos algún cambio
a los Presupuestos Generales del Estado.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Pero lo hacen cada vez en peores
condiciones. Están ustedes completamente a la defensiva. El cerco empieza
a cerrarse, el tiempo se les acaba y llega el cambio.


Muchas gracias. (Aplausos.— Protestas).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.
(Rumores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Vázquez.


Guarden silencio, señorías.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente,
señorías.


El 6 de junio se publicó en el boletín de esta Cámara el
presupuesto general para el año 2017. Hemos pasado una semana de
comparecencias, este Pleno en el que previsiblemente se rechazarán todos
los vetos, continuaremos con las enmiendas la próxima semana y volverá
aquí para su votación. Previsiblemente, el 28 o el 29 el presupuesto
aprobado irá directamente al Boletín Oficial del Estado.


Alguien podría pensar que hemos perdido el tiempo, yo creo que
no. Las comparecencias nos permiten un contacto directo con el Gobierno.
En este debate, tan amplio, no solamente se han debatido los vetos
generales y la valoración general del presupuesto, sino que se ha hecho
sectorialmente; en las secciones se ha permitido que haya un debate no
solo sobre las cuentas de cada uno de los ministerios, sino sobre sus
políticas, lo cual también nos enriquece.


Al final, ¿qué es un presupuesto? Está claro que es una relación
de ingresos por un lado y de gastos por otro, pero en el fondo esconde
también una ideología. Los que hemos hecho presupuestos en el ámbito
local sabemos que hay una parte rígida del presupuesto que no se puede
mover, pero hay otra parte de disponibilidad que la aplicamos según
pensemos, con nuestro programa, con nuestra ideología. Y esto es lo que
se hace aquí también.


A mí modo de ver, hay dos grandes ejes estructurales para valorar
un presupuesto. Uno es el modelo de crecimiento que se impulsa, y este
presupuesto —tengo que repetirlo— en este aspecto no avanza
nada, se mantiene en ese modelo de crecimiento basado en la construcción,
en los servicios y en el turismo, que no crea empleo de calidad y no
apuesta por la investigación y la formación. Señorías, no puede ser que
España ocupe el último lugar en inversión en I+D+i de toda la eurozona,
no puede ser. Esto lo pagaremos en un futuro y evidencia que no hay una
apuesta clara por nuevos patrones de crecimiento para un desarrollo
sostenible.


El otro factor estructural importante es la política fiscal, el
cómo se obtienen los recursos. Esto es importantísimo y lo hemos debatido
muchas veces. ¿De dónde sacamos los ingresos? Hay un nuevo mantra que
repiten constantemente con una cierta apariencia lógica, y lo utilizan
peligrosamente para hablar, por ejemplo, de las pensiones: si no hay
dinero para pagar las pensiones, habrá que reducirlas o habrá que
incrementar los ingresos o ambas cosas. Yo digo que no, y esta es una de
las cuestiones a la que, repito, no he tenido todavía respuesta ni del
Grupo Popular ni del Gobierno: ¿Por qué no intentar acercarnos a la media
de ingresos públicos que tienen los países de la eurozona? ¿Por qué no
lograr esos 6 o 7 puntos del PIB diferenciales y tendríamos dinero para
garantizar todos los servicios y todas las pensiones? Esa es la cuestión
que no responden. Claro, esto necesita una nueva política fiscal,
necesita también unos objetivos presupuestarios de apoyo a la lucha
contra el fraude fiscal y de mayores recursos a la Agencia
Tributaria.


El último portavoz del Partido Popular que ha intervenido nos
hablaba del desenfreno del gasto público.


Hablaba el señor Montoro de lo de la borrachera. Señorías, si
consideran que lo que hacen las comunidades autónomas con sus nuevos
gobiernos al eliminar los copagos farmacéuticos a dependientes y mayores
—que estableció el Gobierno de Partido Popular—, o al reabrir
servicios de urgencia rurales, escuelas rurales, todo lo que cerraron
cuando gobernaban ustedes, si consideran que eso es despilfarro, si
consideran que es gastárselo en copas, creo que están muy
equivocados.


Señorías —y termino—, al final, para poder aclararnos
tenemos que compararnos con otros países, con aquellos con los que
queremos estar. Así es como veremos realmente si ustedes hacen un
presupuesto de apoyo a la cultura, a la educación, a la sanidad o a los
servicios sociales, al comparar qué parte de su PIB dedican los países de
nuestro entorno a cada una de estas materias, a cada uno de estos
sectores. Así nos podríamos poner de acuerdo. Antes de perdernos en el
debate de cifras —donde cada uno aporta las que considera que le
vienen mejor a su posición—, es necesario hacer esa comparativa y
realizar un estudio serio y riguroso para ver si, presupuestariamente,
estamos en la onda de los países de nuestro entorno. El Partido Popular
no lo está, se lo decía en mi anterior intervención. Es su modelo de
sociedad, su modelo de poco Estado, de pocos ingresos públicos y, por
tanto, de poco gasto público, lo que pretenden...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.


... no es el nuestro y creemos que España está en condiciones de
tener otro modelo más avanzado, más moderno y más solidario.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
de las Heras.


El señor DE LAS HERAS MUELA: Señor presidente, señorías, muchas
gracias. Seré bastante breve.


En un turno inicial deseo, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, una pronta recuperación al senador Antich.


Haré tres apuntes respecto de parte de las intervenciones de los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, un
agradecimiento y una frase para la historia. Y finalizo con ello este
debate de los vetos sectoriales, porque ya está prácticamente todo dicho;
todo dicho salvo algún apunte.


Senadora Cortès, yo le doy un consejo a usted y al grupo
parlamentario al que representa: a este Parlamento se viene ya llorado de
casa, porque si no...


Senador Picornell, no ha entendido lo que le decía la senadora
Arenales. No se trata de la cantidad, sino de la calidad. Pasa como con
el gasto: no se trata de gastar más, sino de gastar mejor.


Senador Vázquez, este presupuesto es manifiestamente mejorable,
estoy completamente convencido, como lo es prácticamente todo en esta
vida. Pero lo que de verdad echo en falta es alguna propuesta razonada,
motivada y suficiente para que su grupo hubiera aportado algo a estos
presupuestos. En cualquier caso, agradezco parte de sus palabras.


Finalizo fundamentalmente con el agradecimiento al resto de
portavoces sectoriales del Grupo Parlamentario Popular. Datos, argumentos
y razones frente a descalificaciones e insultos. ¡Vaya pedazo de grupo
parlamentario que tengo el orgullo en este caso de representar!
(Aplausos). Por cierto, os espero a partir del martes en la Comisión de
Presupuestos para rebatir las 6120 enmiendas.


Termino, señor presidente, parafraseando a un paisano: No les
digo que me lo mejoren, iguálenmelo y mayoría absoluta garantizada.


Votaremos en contra de todos los vetos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las Heras.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a hacer la votación separada de todas las
impugnaciones, de todas las propuestas de veto, a las secciones, por el
orden de debate. Como saben ustedes, al igual que ayer en la votación de
las propuestas de veto, para su aprobación se exige la mayoría absoluta
de la Cámara: es decir, 134 votos. Si alguna de las impugnaciones fuera
aprobada, se dará cuenta de dicha aprobación al Gobierno y al Congreso de
los Diputados. Si ninguna fuera aprobada, se dará por concluido el debate
y continuará la tramitación de este proyecto de ley en la Comisión de
Presupuestos.


Igual que ayer, hace uso de la votación telemática el senador
José Luis Pérez Pastor, del Grupo Parlamentario Popular, que ha votado en
contra de todas las impugnaciones, por lo que añadiré su voto a cada una
de las votaciones.


Comenzamos votando la impugnación número 42, del Grupo
Parlamentario Unidos-Podemos, a la sección 01.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 35; en contra, 216 más 1 voto telemático, 217;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos la impugnación número 60, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 34; en contra, 217 más 1 voto telemático, 218;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos la impugnación número 43, a la
sección 03, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 34; en contra, 217 más 1 voto telemático, 218;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, de la sección 04, la impugnación número 61, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 19; en contra, 216 más 1 voto telemático, 217;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 06, votamos la impugnación número 62, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 08, votamos la impugnación número 44, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 38; en contra, 217 más 1 voto
telemático, 218.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 12, comenzamos votando la impugnación número 23,
del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 45, del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253
más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto
telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 63, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 95; en contra, 160 más 1 voto
telemático, 161.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 2, del senador Cleries.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253
más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto
telemático, 254; a favor, 76; en contra, 157 más 1 voto telemático, 158;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 13, comenzamos votando la impugnación número 24,
del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 46, del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253
más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 252 más 1 voto
telemático, 253; a favor, 94; en contra, 158 más 1 voto
telemático, 159.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 64, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253
más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto
telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 8, de los senadores Abad y
Cleries.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252
más 1 voto telemático, 253; votos emitidos, 252 más 1 voto
telemático, 253; a favor, 76; en contra, 157 más 1 voto telemático, 158;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 14, comenzamos votando la impugnación número 25,
del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 47, del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 65, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, a continuación, la impugnación número 9, de los
senadores Abad y Cleries.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 76; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De las secciones 15 y 36 votamos, en primer lugar, la impugnación
número 26, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, a continuación, la impugnación número 48, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 253 más 1 voto
telemático, 254; a favor, 95; en contra, 158 más 1 voto
telemático, 159.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, a continuación, la impugnación número 66, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 96; en contra, 158 más 1 voto
telemático, 159.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, a continuación, la impugnación número 3, del senador
Cleries.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:






presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 75; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, a continuación, la impugnación número 7, del senador
Cleries.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253
más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto
telemático, 254; a favor, 76; en contra, 157 más 1 voto telemático, 158;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 16, comenzamos votando la impugnación número 27,
del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 49, del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 94; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, a continuación, la impugnación número 67, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 10, de los senadores Abad y
Cleries.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 75; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 17, comenzamos votando la impugnación número 28,
del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 50, del Grupo Parlamentario de
Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 96; en contra, 158 más 1 voto
telemático, 159.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 68, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, a continuación, la impugnación número 13, de los
senadores Bagué y Cleries.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253
más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto
telemático, 254; a favor, 76; en contra, 157 más 1 voto telemático, 158;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 18, comenzamos votando la impugnación número 29,
del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 97; en contra, 158 más 1 voto
telemático, 159.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 51, del Grupo Parlamentario de
Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 96; en contra, 158 más 1 voto
telemático, 159.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 69, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 14, de los senadores Bagué y
Cleries.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 75; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De las secciones 19 y 60, comenzamos votando la impugnación
número 30, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 94; en contra, 160 más 1 voto
telemático, 161.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 36, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253
más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto
telemático, 254; a favor, 95; en contra, 158 más 1 voto
telemático, 159.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos la impugnación número 52, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos la impugnación número 57, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos la impugnación número 70, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos la impugnación número 76, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos la impugnación número 15, de los
senadores Cleries y Rivero.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 76; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos la impugnación número 19, de los
senadores Cleries y Rivero.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 77; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 20, comenzamos votando la impugnación número 31,
del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 53, del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253
más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 252 más 1 voto
telemático, 253; a favor, 95; en contra, 157 más 1 voto
telemático, 158.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 71, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253
más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto
telemático, 254; a favor, 96; en contra, 157 más 1 voto
telemático, 158.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 11, de los senadores Abad y
Cleries.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252
más 1 voto telemático, 253; votos emitidos, 252 más 1 voto
telemático, 253; a favor, 76; en contra, 156 más 1 voto telemático, 157;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 23, comenzamos votando la impugnación número 32,
del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 54, del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 72, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 16, de los senadores Cleries y
Rivero.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 76; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 25, comenzamos votando la impugnación número 33,
del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 96; en contra, 158 más 1 voto
telemático, 159.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 73, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 4, del senador Cleries.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 75; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 26, comenzamos votando la impugnación número 34,
del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 96; en contra, 158 más 1 voto
telemático, 159.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 55, del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252
más 1 voto telemático, 253; votos emitidos, 252 más 1 voto
telemático, 253; a favor, 95; en contra, 157 más 1 voto
telemático, 158.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 74, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 17, de los senadores Cleries y
Rivero.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 76; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 27, votamos la impugnación número 35, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 56, del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto
telemático, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 75, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 253 más 1 voto
telemático, 254; a favor, 95; en contra, 158 más 1 voto
telemático, 159.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la impugnación número 18, de los senadores Cleries y
Rivero.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254
más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255;






a favor, 75; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 31, votamos la impugnación número 5, del senador
Cleries.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253
más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto
telemático, 254; a favor, 75; en contra, 158 más 1 voto telemático, 159;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De la sección 32, votamos la impugnación número 6, del senador
Cleries.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto
telemático, 255; a favor, 76; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, habiendo sido rechazadas todas las impugnaciones, se da
por concluido el debate y continuará la tramitación del proyecto de ley
en la Comisión de Presupuestos. (Aplausos).










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA
Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA
DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y PREVENIR EL FRAUDE Y LA
EVASIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 1992,
QUE FUE HECHO EN MADRID EL 17 DE DICIEMBRE DE 2015. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000032



El señor presidente da lectura a los puntos 3., 3.1.
y 3.1.1.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas a este
protocolo.


¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).


Llamen a votación. (Pausa).


¿Se puede aprobar por asentimiento? (El señor Martí Deulofeu pide
la palabra).


Senador Martí, tiene la palabra.


El señor MARTÍ DEULOFEU: El Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana tiene intención de abstenerse.


El señor PRESIDENTE: Por eso había llamado a votación.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a someter a votación el Convenio entre el Reino
de España y los Estados Unidos Mexicanos. Les aviso que ha habido también
uso del voto telemático por parte del senador Pérez Pastor, del Grupo
Parlamentario Popular, que ha votado afirmativamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255
más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto
telemático, 256; a favor, 240 más 1 voto telemático, 241;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda autorizado el convenio. (Rumores).
Señorías, guarden silencio, por favor.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/1996, DE 10
DE ENERO, DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


624/000004

Justicia


El señor presidente da lectura a los puntos 4., 4.1.
y 4.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Justicia, senador Altava.


El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.


Presento el dictamen a la Proposición de Ley de modificación de
la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.


La proposición de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento
de urgencia tuvo su entrada en esta Cámara el día 26 de mayo de 2017,
fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, y el plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 1 de
junio de 2017. A esta proposición de ley se presentaron 37 enmiendas. La
comisión se reunió para dictaminar el día 5 de junio y emitió dictamen de
conformidad con el texto remitido por el Congreso de los Diputados.


Han presentado votos particulares a este dictamen el señor
Cleries i Gonzàlez y la señora Abad Giralt, ambos del Grupo Parlamentario
Mixto, y los Grupos Parlamentarios Mixto, Vasco, de Esquerra Republicana
y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.


Pasamos al debate de totalidad de la proposición de ley. Luego
pasaremos al debate de las enmiendas y del articulado.


¿Algún señor senador desea intervenir en turno a favor?
(Denegaciones).


¿Alguna de sus señorías desea intervenir en turno en contra? (El
señor Comorera Estarellas pide la palabra).


Señor Comorera, tiene la palabra.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes.


El otro día, el portavoz del Grupo Popular decía en la comisión,
al dirigirse a mi grupo parlamentario, que no entendía que esta
proposición de ley no contara con el apoyo de todos y añadía que no
habíamos entendido el objeto de la proposición de ley que hoy debatimos.
Le tengo que decir que sí, que lo entendemos perfectamente, pero que para
resolver el problema que ustedes mismos han creado a través de la
Dirección General de Tributos, proponen una reforma de la Ley de
asistencia jurídica gratuita mal planteada y con un texto que, tal como
está, puede dar muchos problemas puesto que está cambiando el modelo y,
si no, al tiempo. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la
Presidencia). Esto no solo lo decimos nosotros. Asociaciones como ALA,
Altodo Cataluña, Altodo Madrid, Apaem, Red Eureka, Confederación de
Abogados del Turno de Oficio o Confederación de Abogados Jóvenes de
España y hasta diez asociaciones de abogados solicitan que se elimine la
obligatoriedad para los profesionales y que quede muy claro que solo será
obligatorio para los colegios de abogados. ¿Acaso están diciendo que
ellos, que están en el día a día del turno de oficio en nuestro país,
tampoco han entendido la proposición de ley? Insistimos en que el
redactado es muy confuso.


Ayer mismo estas asociaciones calificaban la reforma como ambigua
y chapucera, que únicamente busca la muerte del servicio para poder
privatizarlo. Creemos que ha habido precipitación con esta reforma cuando
el modelo español no tiene nada que ver con el modelo belga o el francés
de turno de oficio, que fueron los causantes de las sentencias del
Tribunal Europeo, y todo por la precipitada y errónea interpretación que
hace la Dirección General de Tributos en relación con el devengo del IVA
en la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita. Como
dijo mi grupo en el Congreso, es generar un problema encima de otro
problema, ya que se podría haber resuelto por el Ministerio de Hacienda y
Función Pública y no por vía de modificación legislativa del sistema en
su conjunto, de la asistencia jurídica gratuita. Es una reforma que no
era necesaria porque era obvio que la prestación de servicios en el turno
de oficio de la justicia gratuita no debía devengar IVA, salvo para los
linces de la Dirección General de Tributos, que da la impresión de que no
tienen ni idea de cómo funciona la justicia gratuita en España. Lo que
están haciendo con esta modificación es militarizar el turno de oficio.
Desde la eliminación del servicio militar obligatorio no había ningún
servicio obligatorio en este país hasta ahora. Significa regresar treinta
años atrás al imponer la obligatoriedad a los abogados. Esta
funcionarización del servicio no es buena y, desde luego, perderá
calidad.


Hablan de consenso y diálogo, pero si realmente hubieran creído
en él, se habrían preguntado por qué tantos grupos parlamentarios
insistimos en modificar que la obligación del servicio es de los colegios
y no de los profesionales. Su respuesta y la del Grupo Socialista ha sido
rechazar todas las enmiendas. No me hablen entonces de consenso. ¿O acaso
ustedes entienden el consenso simplemente como firmar sin rechistar
aquello que ya tienen ustedes pactado? Para evitar la sujeción al IVA,
debería haber bastado con declarar el servicio como una prestación social
realizada por una entidad sin ánimo de lucro, los colegios profesionales,
conforme a la Directiva 2006/112 CE, no como se ha hecho aquí. Y si, como
dicen, la reforma está pensada para blindar la prestación del derecho a
la asistencia jurídica gratuita como servicio esencial para la
ciudadanía, este blindaje debe hacerse a través de otros cauces,
declarándolo como tal en el propio articulado de la norma, cosa que no se
hace; aumentando los mínimos de ingresos familiares para poder acceder a
este derecho —actualmente, menos de 15 000 euros anuales por unidad
familiar—; incrementando los baremos de retribución de los
profesionales del turno de oficio; invirtiendo en formación de los
profesionales y equiparando al alza las condiciones entre las diferentes
autonomías.


Mi grupo parlamentario no va a participar en la aprobación de una
modificación de la Ley de asistencia jurídica gratuita que consideramos
lesiva para los profesionales del turno de oficio. Por eso, y en
consonancia con la posición de mi grupo parlamentario en el Congreso de
los Diputados, votaremos en contra si no admiten nuestras enmiendas o las
similares en el mismo sentido presentadas por otros grupos
parlamentarios.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Por el Grupo Mixto? (Denegaciones).


¿Por el Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Estradé.


El señor ESTRADÉ PALAU: Buenas tardes, señorías.


Mi grupo votará a favor de la propuesta, aunque discrepemos en
algunos de los puntos, porque coincidimos, en este caso parcialmente, con
el portavoz de Podemos, en el sentido de que se tendría que aprovechar la
oportunidad para regular mucho mejor la prestación del servicio de
asistencia jurídica gratuita. Nosotros entendemos que hay que dar mayor
protagonismo a los colegios de abogados, porque han demostrado que son
competentes, que son solventes, que saben prestar el servicio
perfectamente y que están capacitados para resolver los recursos y todas
las incidencias que se produzcan. Pero también estamos convencidos de que
son los colegios los que tienen la obligación de prestar el servicio de
asistencia jurídica gratuita y no los colegiados. Por lo tanto, hay que
dilucidar y diferenciar mejor estas cuestiones.


Es verdad que el Partido Socialista y el Partido Popular se han
comprometido con posterioridad a abordar una reforma del servicio de
justicia gratuita sin las prisas con las que se ha abordado esta. Pero
nosotros, recogiendo muchas propuestas y sugerencias que nos han hecho
llegar los colegios de abogados de Cataluña, creemos que es necesario e
importante seguir insistiendo en una serie de enmiendas, que confiamos
que en el caso de que no se puedan aprobar hoy se puedan aprobar en una
posterior ponencia que se celebre. Porque entendemos que el servicio
público fundamental del que estamos hablando necesita una serie de
correcciones, de aclaraciones, de rectificaciones, de precisiones que lo
hagan efectivo y que estén en consonancia con las capacidades y con el
espíritu de servicio de los diferentes colegiados, pero que de ninguna
manera constituyan una obligación ni una imposición.


Después, en el turno de enmiendas, concretaré mucho mejor lo que
quiero decir.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Estradé.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Comorera.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.


No se pueden solucionar problemas creando otros mayores. Esto es
lo que pasa con esta ley. Ya se ha dicho que existe una resolución de la
Dirección General de Tributos —errónea, desde nuestro punto de
vista— que en un momento determinado crea un problema de
interpretación de la justicia gratuita. Lo crea porque la Dirección
General de Tributos básicamente no tiene ni idea de cómo funciona la
justicia gratuita; en realidad, ni de cómo se estaba implantando. No se
diferenciaba entre el turno de oficio, la justicia gratuita, lo que son
los turnos, lo que son los servicios, lo que es un cliente —entre
comillas— y lo que es el derecho constitucional relacionado con la
tutela judicial efectiva. Y cuando se hacen este tipo de interpretaciones
tecnocráticas, ocurre lo que tiene que ocurrir, que la abogacía de
repente se encuentra con un problema grave que no ha previsto de ninguna
forma y que genera cierta alarma, lo que hace que tengamos que venir
deprisa y corriendo con una proposición de ley de este tipo. Pues bien,
si alguien se lee la exposición de motivos de esta ley, resulta que el
principal problema que se explicita aquí, y que para tranquilidad de toda
la profesión jurídica se dice que se va a solucionar, no aparece en dicha
exposición de motivos. No se dice claramente que se va a solucionar esto.
En la parquedad de esta exposición de motivos, que es casi indigna de
llamarse exposición de motivos, porque no explica ni motiva absolutamente
nada, lo único que se dice, en primer lugar, es que los profesionales
vienen obligados a prestar asistencia con un importante compromiso
vocacional. O es obligatorio o es vocacional. En segundo lugar, se dice
que con esto se pretende afianzar el carácter de servicio público de esta
actividad, garantizando que esté debidamente subvencionada, como si con
una proposición de ley de ocho artículos estuviéramos garantizando,
efectivamente, la subvención de esta ley, cuando hemos visto en los
presupuestos que el incremento de la partida de justicia gratuita es
exactamente cero. Así es como se garantiza propiamente la justicia
gratuita; esto es, que se pueda defender a las personas que no tienen
recursos para poder litigar y que puedan acceder a los tribunales. Por
tanto, desde el primer momento, no se está explicitando lo que quiere
decir esta ley.


Más dudas surgen cuando vamos al artículo 1, que ya augura un
cambio de modelo. ¿Por qué decimos que es un cambio de modelo? Porque
toda la ley navega ambiguamente entre lo tributario y el desconocimiento.
¿Por qué? Porque cuando dejamos a Montoro que haga la ley para que pueda
encajar en su interpretación de los tributos —esta que hace con la
dirección general de las sentencias de la Unión Europea—, maneja
unos términos que solucionan algunos problemas, pero que generan otros
muchos mayores.


Posiblemente tengamos que ir a un modelo de justicia gratuita
diferente, porque la ley es del año 1996 y ya nos cuesta mucho adaptarla
a la realidad que tenemos hoy en día, pero lo que no cabe en ningún caso
es generar parches de este tipo que van a ocasionar muchísimos más
problemas de interpretación que van a tener que solucionar los propios
colegios de abogados. Dice que será obligatorio y que se podrá organizar
el servicio o dispensar al colegiado cuando existan razones que lo
justifiquen. Por tanto, hemos cambiado un modelo estrictamente
vocacional, en el cual los colegiados se inscriben voluntariamente en una
lista, por un modelo obligatorio en el cual, como excepción, los letrados
o procuradores, si el colegio les dispensa por razones que no se sabe
cuáles son, no formarán parte con carácter obligatorio del turno de
oficio. Entonces, ¿cada colegio va a decir cuáles son las razones que
dispensan a un colegiado de pertenecer al tuno de oficio? ¿Se van a
generar desigualdades entre colegios en función de la interpretación que
cada uno de ellos haga de este tema? ¿Cuáles van a ser las dispensas?
¿Con qué razones se van a dar? ¿Se va a garantizar el principio de
igualdad? Con esta ley no sabemos la contestación a ninguna de estas
preguntas.


Por estos motivos, hemos presentado enmiendas a la proposición de
ley que luego explicitaremos. También podríamos no cambiarla, bastaría
con introducir un pequeño párrafo diciendo que no se aplica el IVA en
esta situación, porque estamos hablando de derechos fundamentales que
tienen que ser defendidos de una manera obligatoria por los colegios y de
forma gratuita y tan sencilla.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Comorera.


¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Represa.


El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.


Intervengo desde el escaño. Tan solo voy a hacer un par de
aclaraciones.


Señor Comorera, yo tengo otras informaciones distintas a las que
usted tiene. A mí me llegan de colegios de abogados, de colegios de
procuradores y también de sendos consejos generales las bondades de esta
proposición de ley


Quiero aclararle otra cosa y es que yo creo, de verdad, que no se
enteran. La obligatoriedad no es de los colegiados, es de los colegios
profesionales, de los colegios de abogados y de los colegios de
procuradores, como luego intentaré explicarle en el turno de portavoces.
Y creo también —y luego se lo repetiré— que tampoco se ha
enterado de cuál es el objeto de la ley. Se trata de eximir del IVA las
indemnizaciones que van a recibir por esa prestación de servicio público
los profesionales que están en el turno de oficio en la asistencia al
detenido.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias,
señoría.


A continuación, vamos a proceder al debate del articulado.
Empezamos por los votos particulares.


En primer lugar, enmiendas números 6 a 11, de los senadores
Cleries y Abad.


Para su defensa, tiene la palabra la señora Abad.


La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.


El PDCAT ha presentado seis enmiendas al artículo único, que
modifican en cada uno de los apartados los artículos de la Ley 1/1996. En
concreto, presentamos una enmienda de modificación y otra de adición en
el apartado uno, que se refiere al artículo 1 de la ley; una enmienda de
modificación del apartado tres, que se refiere al artículo 23; una
enmienda de adición de un nuevo apartado tres bis, referido al
artículo 24; un nuevo apartado seis bis, referido al artículo 36 y un
nuevo apartado siete bis, relativo al artículo 38.


Básicamente, el contenido de las 6 enmiendas hace referencia a
tres argumentos principales: en primer lugar, dejar constancia de para
quién es obligatoria la prestación del servicio; en segundo lugar, la
regulación del IVA y las costas, y finalmente, el respeto a las
competencias de las comunidades autónomas que tienen competencia
exclusiva, como es el caso de Cataluña.


Por ello, aparte de las enmiendas de modificación, cuyo objetivo
es aclarar el redactado que queda confuso, hemos presentado propuestas de
mejora a través de enmiendas de adición, con texto nuevo, como son las
correspondientes a los apartados tres bis, seis bis y siete bis. Con
ellas, el PDCAT pretende hacer llegar la voz de los colegios de abogados
y de los procuradores de Cataluña y responder así a sus peticiones
explícitas. Básicamente, nuestra voluntad es mejorar la redacción
equívoca y hasta contradictoria de algunos artículos. El PDCAT entiende
que los colegios profesionales son los que deben establecer cómo
organizar el servicio y garantizar la prestación del servicio de obligada
prestación, y no los colegiados, y así lo ha dicho el ministro en
distintos foros.


Respecto al IVA, dado que la prestación de este servicio tiene
que ser realizada por entidades de derecho público y de carácter social
para estar exento de IVA, entendemos que los colegios profesionales son
los que tienen que dar respuesta a la directiva comunitaria.


Finalmente, hemos presentado enmiendas cuyo objetivo es
garantizar que las comunidades autónomas con competencias en la materia
sean las que desarrollen reglamentariamente el sistema de subvención del
servicio. En el caso de Cataluña, el Departament de Justícia es el
competente para regular dichas competencias y, por tanto, para regular
las subvenciones.


En relación con las subvenciones mencionadas en la ley, sería
lógico que estén garantizadas en las partidas presupuestarias
correspondientes.


Son enmiendas presentadas con la voluntad de mejorar y avanzar en
la concreción del redactado. Con ellas queremos dar respuesta a las dudas
de nuestros colegiados afectados.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Abad.


Para la defensa de las enmiendas números 1 a 5, presentadas por
los señores Mulet y Navarrete, tiene la palabra el senador
Navarrete.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a hacer una breve reseña histórica antes de
empezar. Esta proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996, del 10
de enero, de asistencia jurídica gratuita, es consecuencia de una
resolución de la Dirección General de Tributos, que en su día, tras dos
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpretaba que
se tenía que declarar el IVA derivado de la asistencia jurídica gratuita.
Estamos aquí para arreglar el entuerto creado por la Dirección General de
Tributos cuando sus técnicos, con su interpretación, generan un grave
problema y una grave alarma entre la abogacía.


Pues bien, si alguien lee la exposición de motivos o el preámbulo
de esta ley, comprobará que el problema que explicita y pretende
solucionar no aparece en ningún momento en dicha exposición de motivos.
Se nos dijo que la finalidad de este proyecto de ley era solucionar el
problema de la imposición del IVA sobre las retribuciones de abogados y
procuradores que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita.
Para ello podían haber modificado la Ley del IVA o podían haber aceptado
alguna enmienda que expresa explícitamente la exención del IVA.


Compromís siempre ha estado a favor de la justicia gratuita.
También nos preocupan las libertades civiles, como el derecho de
asociación, incluida su faceta negativa, o sea, el derecho a no
pertenecer a ninguna asociación, derecho en el que este proyecto pretende
retroceder.


El artículo 36 de la Constitución española, que se refiere a los
colegios profesionales, no dice nada de la obligatoriedad de pertenecer a
un colegio. En cualquier caso, esto no debe ser una excusa para que las
administraciones públicas hagan dejación de sus funciones, que es
precisamente lo que parece en esta proposición de ley.


Esta proposición de ley es un poco confusa e incurre en algunas
contradicciones. Por ejemplo, ¿cómo puede decir el artículo 1 que los
colegios profesionales serán los que organicen el servicio y los que
puedan dispensar al colegiado de prestar ese servicio cuando existan
razones que lo justifiquen? Por otro lado, el artículo 22 establece que
los consejos generales profesionales regularán y organizarán este
servicio. ¿En qué quedamos? ¿Pueden o deben? En el artículo 22 tampoco
queda claro a quién se le impone, ¿a los colegios o a los colegiados?
¿Cómo se puede decir que la asistencia jurídica gratuita será obligatoria
y, a renglón seguido, encargarla a los colegios? ¿Por qué no lo hace esta
Administración? ¿Por qué tienen que estar los profesionales sujetos a la
responsabilidad disciplinaria? ¿Juzgada y aplicada por quién? ¿Por los
miembros de las juntas colegiales, que son sus iguales y competidores en
el mercado laboral? ¿Cómo se va a garantizar un trato igual por el
control en situaciones diferentes de distintos colegios de abogados? ¿La
justicia gratuita es obligatoria o es vocacional? ¿Se impone o se le dice
a alguien que puede o debe gestionar ese servicio de forma
voluntaria?


Ustedes hablan de un servicio obligatorio —de esto no cabe
duda—. Dicen que será obligatorio y que se dispensará del mismo
cuando existan razones justificadas según el criterio del colegio. Esto
supone cambiar el modelo y pasar de uno voluntario de colegiados que se
inscriben, a otro obligatorio. Por lo tanto, ¿cada colegio va a decidir
cuáles son las razones por las que se dispensa al colegiado? ¿Se van a
generar desigualdades entre diferentes colegios? ¿Cuáles van a ser las
razones que se van a dar? ¿Se va a garantizar el principio de igualdad?
Y, al mismo tiempo, si un abogado o procurador se ve obligado a entrar en
el turno de oficio, ¿con qué calidad va a defender a las personas? Esto
es una realidad. En el turno de oficio hay muchas personas con mucha
vocación y abnegación. ¿Qué hacemos, nos cargamos esto? Esto es lo que
estamos interpretando y cuestionando aquí.


Otra contradicción en que incurre la ley es la relativa a la
financiación. La ley dice que pretende garantizar la subvención, pero no
aparece ninguna memoria económica que garantice la dotación
presupuestaria, ni en los presupuestos generales de 2017 se recoge un
incremento en esa partida concreta.


En resumen, consideramos que este texto plantea más preguntas que
propuestas de solución. Compromís está a favor de la asistencia jurídica
gratuita y por eso hemos presentado enmiendas, tanto a los Presupuestos
Generales del Estado, para aumentar esa partida, como a esta ley para
mejorar su eficacia y su redactado y para no cerrar la puerta a sistemas
alternativos de aplicación de la asistencia jurídica gratuita. Espero que
las tomen en consideración y las acepten.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Navarrete.


Para la defensa de las enmiendas 27 y 28, del Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra el señor Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.


Con respecto al principal asunto de debate de esta proposición de
ley, creo que, más o menos, todos estamos de acuerdo en la importancia de
solucionar la cuestión del IVA.


Mi grupo se posicionará a favor de esta proposición de ley que
modifica la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, introduciendo
dos matices definidos en dos enmiendas. La primera enmienda se refiere al
objeto mismo de la ley. Proponemos la adición de un párrafo por entender
que técnicamente es más adecuada la interpretación que hacemos,
estableciendo que la Directiva 2006/112 nos da suficientes instrumentos
para posibilitar la clarificación del problema del IVA. En ese sentido,
entendemos que la consideración de esa directiva de que la prestación que
establecen los colegios sea de carácter social, a través de las entidades
de derecho público, ya es elemento suficiente para clarificar el problema
que se nos había planteado.


A partir de ahí, pretendemos clarificar el artículo 25. El texto
presentado plantea que el Ministerio de Justicia actuará de manera
coordinada con las comunidades autónomas competentes en la materia.
Nosotros entendemos que queda mucho más claro si decimos que tanto el
Ministerio de Justicia en su ámbito, y las comunidades autónomas en el
suyo propio, en materias en las que son competentes en sus ámbitos
territoriales, clarificarán los requisitos generales para los mínimos de
formación, especialización, etcétera.


Estas son las dos enmiendas que planteamos. Consideramos que
mejoran el texto, y aunque no fueran aceptadas —tal como hemos
comentado—, votaremos a favor de la proposición de ley
presentada.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Bildarratz.


Para defender las enmiendas números 12 a 26, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador
Estradé.


El señor ESTRADÉ PALAU: Muchas gracias, presidente.


Señorías, lamentamos que no quieran aceptar ninguna de nuestras
enmiendas porque están hechas con mucho sentido común, con muy buena fe,
recogen propuestas y sugerencias de los colegios de abogados y creemos
que ayudan a clarificar, a evitar confusiones y a precisar. Pero, bueno,
estamos convencidos de que tarde o temprano se acabarán recogiendo; de
todas maneras, las vamos a exponer rápidamente.


La primera enmienda es de modificación del artículo 1. Deja claro
que el servicio de asistencia jurídica gratuita será de obligada
prestación para los colegios profesionales, y estos regularán y
organizarán el servicio de manera que garantice su prestación en
condiciones de continuidad, universalidad y calidad; es decir, tal como
han dicho otros portavoces, no es que puedan hacerlo, es que deben
hacerlo.


La segunda enmienda es de adición al artículo 1 también. Incide
en que los servicios prestados por los abogados a los justiciables que
disfrutan de asistencia jurídica gratuita estarán exentos de IVA si se
dan las condiciones exigidas por el artículo 132, apartado 1 g) de la
Directiva 2006/112, que hace referencia a entidades de derecho público de
carácter social.


La tercera enmienda es de modificación del artículo 23. Hace
referencia a que los profesionales inscritos voluntariamente en el
servicio obligatorio de justicia gratuita desarrollarán su actividad con
libertad, independencia de criterio y sujeción a las normas
deontológicas.


La siguiente enmienda también es de modificación del artículo 25.
Hace referencia a que será requisito indispensable para prestar el
servicio de asistencia jurídica gratuita que el abogado y procurador se
encuentre colegiado y disponga de despacho abierto en el ámbito del
colegio respectivo, y en el caso de que el colegio tenga establecidas
demarcaciones territoriales especiales, tiene que tener despacho en la
demarcación territorial.


La siguiente enmienda es de adición al artículo 5, y se justifica
en que los organismos competentes para la decisión de la concesión del
servicio de justicia gratuita serán los colegios profesionales,
sustituyendo a las comisiones de asistencia jurídica gratuita, en
coherencia con el resto de las enmiendas.


La siguiente enmienda es de adición al artículo 9, y se justifica
en que se considera imprescindible simplificar la estructura actual, que
solo aporta confusión, retrasos y disfunciones en el actual sistema de
justicia gratuita. La propuesta pretende simplificar totalmente este
procedimiento y reconocer claramente la realidad actual legitimando a los
colegios de abogados para que resuelvan las solicitudes de justicia
gratuita, sin otorgarles el calificativo de provisional.


La siguiente enmienda, también de adición, es al artículo11.
Pretende que el funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica
gratuita se ajuste a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, para los órganos colegiados. Se
justifica en que la obligación establecida actualmente de que los
colegios de abogados pongan a disposición de las comisiones de asistencia
jurídica gratuita la lista de colegiados ejercientes adscritos a los
servicios, con indicación, en su caso, de especializaciones, solo
aumentará la gestión burocrática.


También es de adición la enmienda al apartado quinto del
artículo 12. Dice que si se acredita que la suma de los ingresos y
haberes patrimoniales de alguno de los solicitantes que deban litigar
bajo una sola defensa o representación superan los umbrales previstos en
el apartado primero, el colegio de abogados podrá determinar cuáles de
las prestaciones establecidas se otorgarán a los solicitantes. También se
justifica en consonancia con la propuesta de otorgar a los colegios de
abogados mayores competencias.


También es de adición la enmienda al artículo 15. Se justifica en
que se propone una redacción de este artículo en consonancia con la
propuesta de otorgar a los colegios de abogados el carácter de órganos de
resolución de las solicitudes. Es decir, abundamos en el concepto de que
los colegios de abogados pueden asumir perfectamente todas esas
competencias.


También es de adición la presentada al artículo 16, sobre la
suspensión del curso del proceso. Propone una redacción que esté en
consonancia con la propuesta de otorgar a los colegios de abogados el
carácter de órganos de resolución de las solicitudes. Se propone, además,
un procedimiento automático de suspensión del curso del proceso judicial
que evitará disfunciones y trámites sin ir en contra de la práctica
habitual.


Igualmente es de adición la enmienda al artículo 17, que se
justifica porque ahonda en una redacción que reconoce explícitamente las
competencias de los colegios de abogados a la hora de recabar los
documentos o datos imprescindibles para la tramitación de la solicitud.
De esta manera, se clarifica una circunstancia paradójica por la que la
ley no reconocía a los colegios de abogados unas competencias cuando, en
realidad y por delegación, estaban necesitados y obligados a obtener
estos datos.


También es de adición la enmienda al artículo 18, y se justifica
en que, de nuevo, se propone una redacción que esté en consonancia con la
propuesta de que las designaciones de los abogados realizadas por los
colegios no tienen carácter provisional, salvo que se hayan realizado por
mandato judicial.


Es de adición, asimismo, la enmienda al artículo 20, que recoge
la intervención de los colegios de abogados cuando se impugnen sus
resoluciones sobre la concesión o denegación del servicio de justicia
gratuito.


Igualmente es de adición la enmienda al artículo 22, que se
justifica en que se debe clarificar que la gestión y responsabilidad
directa de la organización de los servicios de asistencia letrada y de
defensa y representación gratuitas competen a los colegios de abogados en
cuyo seno están los colegiados, abogados inscritos, sin perjuicio de las
funciones de homogeneización que puedan tener los consejos de abogados,
tanto autonómicos como estatales.


Y finalmente, es de adición la enmienda al artículo 38, que trata
de garantizar que cada Administración pública con competencias en la
materia sea la que, en el ejercicio de esa competencia, desarrolle
reglamentariamente el propio sistema de subvención del servicio. Esta
previsión garantiza además la aplicación de los mecanismos que ya se han
establecido de forma eficiente en determinadas comunidades
autónomas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Estradé.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Comorera para defender las enmiendas
números 29 a 37.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.


El grueso de nuestras enmiendas va dirigido a aclarar un problema
que la actual redacción de la proposición de ley no distingue, como ya
hemos comentado, y es la obligación de prestar el servicio respecto de
los y las colegiadas o de los colegios profesionales, que son los
realmente encargados, conforme al artículo 22 de esta misma ley, de
regular y organizar los servicios de asistencia, representación y defensa
jurídica gratuita. Tal y como está redactado, traspasa la obligatoriedad
de la prestación a los profesionales. La obligatoriedad debe alcanzar a
los colegios de abogados, pero para los abogados, la prestación del
servicio debe seguir siendo de carácter voluntario, y el redactado del
texto dice lo contrario.


En el párrafo segundo de la exposición de motivos se establece
que —y leo textualmente— «Con el fin de garantizar la plena
efectividad de este derecho, los profesionales vienen obligados a prestar
asistencia en los términos previstos en la citada Ley 1/1996, de 10 de
enero». De la literalidad se desprende que son todos los abogados los
obligados a prestar este servicio. Pone: los profesionales; no pone: los
colegios profesionales. Con todo el cariño, senador Represa, no sé quién
es el que no se entera, después de leer la exposición de motivos. No se
puede obligar a los profesionales que no quieran prestar ese servicio a
realizar un trabajo que no desean, porque, obviamente, la calidad no
puede ser la misma; no cabrían turnos especializados, y tal vez,
siguiendo al pie de la letra la reforma que proponen, un especialista en
penal podría ser obligado a llevar asuntos civiles, etcétera. ¿Es esa la
justicia gratuita que proponen? La proposición de ley no refuerza el
sistema, lo debilita, quién sabe si intencionadamente.


Y esta interpretación preocupante del cambio de modelo que se
pretende con esta proposición de ley no es únicamente de este grupo
parlamentario, sino que muchas asociaciones del turno de oficio
—que no la abogacía institucional, señor Represa. Yo no he hablado
en ningún momento de la abogacía institucional, sino de asociaciones del
turno de oficio— han mostrado la misma inquietud que nosotros
ponemos de manifiesto. No podemos dar continuamente la espalda a las
preocupaciones de la sociedad civil, sobre todo cuando, como en este
caso, es la que ve los problemas reales y diarios del turno de oficio en
nuestro país. Para arreglar las intempestivas y desproporcionadas
resoluciones interpretativas de la Dirección General de Tributos están
ustedes creando un problema mayor, de ahí nuestras enmiendas
números 29, 30, 31 y 32.


Siendo la asistencia jurídica gratuita un servicio público
obligatorio para el acceso a la justicia —para la eficacia de los
derechos fundamentales de los artículos 24 y 119 de la
Constitución— de quienes acrediten insuficientes recursos para
litigar o cuando la ley lo determina, es patente su carácter de
asistencia social. Las subvenciones públicas a los colegios profesionales
que organizan y prestan el servicio público entran en la consideración de
gasto social. De ahí el último párrafo del artículo 1 que proponemos. Y
eso no es una distorsión, como alega el Grupo Popular, sino todo lo
contrario.


En definitiva, el servicio de justicia gratuita solo debe ser
obligatorio para los colegios profesionales, como entidad de derecho
público que son. Y no olvidemos siempre que estos deben ser previamente
dotados de la adecuada y necesaria asignación presupuestaria, porque, en
caso contrario, tampoco estarían obligados a garantizar el mantenimiento
de un servicio que el propio Estado no garantice, porque los abogados del
turno de oficio no son esclavos.


Nos preocupa mucho también que eliminen la mención a la
aplicación de los fondos públicos puestos a disposición del artículo 22.
Las enmiendas números 33 y 36 plantean que es necesario matizar que, con
independencia del carácter gratuito para las personas beneficiarias del
servicio de asesoramiento jurídico, los profesionales adscritos
voluntariamente a este servicio deben recibir una justa y digna
retribución por los servicios prestados. Los profesionales adscritos
voluntariamente al servicio de asistencia jurídica realizan un servicio
profesional que debe ser remunerado digna y justamente, y no mediante una
indemnización que compense algún daño o gasto. Se debe garantizar el
cobro de honorarios profesionales a los abogados de oficio, pero no se
debe cuestionar el derecho de quienes prestan un servicio público tan
importante a percibir honorarios profesionales. ¿Por qué les da tanto
miedo que en la ley conste que los profesionales designados de oficio
perciban una remuneración digna y justa? ¿Acaso les va bien que sigan
cobrando a 2 euros la hora de trabajo? Eso parece, a la vista de los
Presupuestos Generales del Estado.


La enmienda número 34 es simplemente para cubrir un vacío del
texto legal vigente, que no prevé la obligación de comunicar el cobro de
cualquier cantidad en concepto de costas al colegio profesional
correspondiente y que, evidentemente, mejora el texto legal.


La enmienda número 35 sirve para despejar cualquier duda sobre
cualquier extravagante criterio de las resoluciones de la Dirección
General de Tributos o del Tribunal de Justicia de la Unión Europa,
evitando que sea el profesional adscrito al servicio el que tenga que
financiar la cuota tributaria.


Finalmente, la enmienda 37 introduce una reforma necesaria. A
nosotros nos resulta muy curioso que para según qué, ustedes corran para
reformar la ley, y otras veces no tengan ninguna prisa. Lo digo porque
seguimos incumpliendo el convenio internacional de Aarhus, que forma
parte de nuestro ordenamiento interno, ratificado por España el 15 de
diciembre de 2004 y publicado en el BOE el 16 de febrero de 2005, que
dice que las entidades jurídicas que defienden los intereses generales en
materia medioambiental tienen que tener acceso a la jurisdicción, lo cual
significa justicia gratuita. Por eso nuestra enmienda, y también su
urgencia, porque nos jugamos una sanción. Se excusaba el Gobierno, a
requerimiento del comité de cumplimiento del Convenio de Aarhus, de no
reformar la Ley de asistencia jurídica gratuita por haber estado en
funciones durante trescientos días. Pues bien, con esta enmienda tienen
la oportunidad de arreglarlo para garantizar este derecho a las
organizaciones medioambientales sin necesidad de acreditar la existencia
de recursos para litigar, ni la declaración de utilidad pública. ¿O
seguimos incumpliendo nuestras obligaciones internacionales?


Alegaba el otro día el portavoz del Grupo Popular en la comisión
que las asociaciones declaradas de utilidad pública ya gozan del derecho
de asistencia jurídica gratuita y que, por tanto, es irrelevante volver a
introducirlo, porque ya está claramente definido en la legislación
española. Pero veo que no ha leído el fundamento de nuestra enmienda, o
no la ha entendido, porque el problema es, precisamente, que la exigencia
de acreditar insuficiencia de recursos para litigar excluye, de facto, a
las asociaciones de utilidad pública.


Por otro lado, en el caso de las organizaciones medioambientales
más pequeñas o de ámbito local, aunque puedan acreditar que no tienen
recursos suficientes para litigar normalmente, no están declaradas de
utilidad pública, por lo que igualmente se ven excluidas del derecho a la
asistencia jurídica gratuita. Si, según ustedes, ya está resuelto en la
legislación, ¿por qué el Comité de cumplimiento del convenio de Aarhus de
las Naciones Unidas ha declarado el incumplimiento de España? Crucemos
los dedos para que los ciudadanos no nos tengamos que tragar una nueva
sanción por su mal hacer. Esperemos que rectifiquen el desaguisado que
están haciendo con esta modificación de la Ley de asistencia jurídica
gratuita y acepten nuestras enmiendas, porque la urgencia no justifica
que se introduzcan estas perniciosas modificaciones en el texto
legal.


El turno de oficio tiene muchos problemas, como ya vienen
alertando desde hace muchísimo tiempo las asociaciones de letrados y
letradas del turno de oficio y los colegios profesionales, y entendemos
que ello requeriría una lectura más sosegada de la situación de este
servicio público, dando audiencia a las personas y entidades de la
sociedad civil que conocen y padecen dichos problemas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Comorera.


Para el turno en contra, tiene la palabra el senador Rodríguez
Comendador.


El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.


Traemos a este Pleno una proposición de ley de modificación de la
Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita. Pero no vamos a modificar la
ley entera, es una modificación puntual la que traemos. Una modificación
puntual, además, señorías, que viene avalada por el Consejo General de la
Abogacía y el Consejo General de Procuradores de España. Dice usted que
el Consejo General de la Abogacía es la abogacía institucional; pero es
que la conforman los decanos de los colegios de abogados, que son
elegidos por los colegiados de cada uno de los colegios profesionales.
¿No tiene representatividad el Consejo General de la Abogacía? ¿No es
representativos de lo que opinan los abogados, los 44 000 abogados que
estamos colegiados en España? ¡Hombre, señoría, algo tendrá que ver, digo
yo!


Entrando ya en lo concreto, que son las enmiendas presentadas por
los distintos grupos políticos, en primer lugar hay que decir que esta
modificación legal viene consensuada por tres grupos políticos: el
Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, la inmensa mayoría
de la Cámara. Hemos intentado mejorar algo que había que mejorar y, por
supuesto, buscamos que esa mejora se haga de forma rápida y urgente, por
la situación que sus señorías conocen perfectamente.


Voy a intentar contestar a todas y cada una de las enmiendas
presentadas.


La número 1, del Grupo Mixto, que es una mejora técnica, desde
nuestro punto de vista no se considera necesaria. Respecto a la número 2,
no es objeto de la presente proposición de ley determinar el criterio
para la compensación del coste vía Presupuestos Generales del Estado. La
número 3, también presentada por los senadores Mulet y Navarrete, del
Grupo Parlamentario Mixto —por cierto el senador Navarrete parece
que no está— no se considera necesaria. La número 4, del Grupo
Mixto, que afecta a la competencia profesional sobre los abogados que
prestan el servicio, no es necesaria y además no consideramos procedente
que se elimine la mención a que dichos requisitos sean de obligado
cumplimiento para todos los colegios profesionales. La número 5, también
de los senadores Mulet y Navarrete, del Grupo Mixto, que afecta al
artículo 37, no se considera necesaria. La número 6, de la senadora Abad
y del senador Cleries, del Grupo Mixto, es redundante también, puesto
que, en principio, entendemos que es necesario que la legislación
reconozca el carácter gratuito y obligatorio, de acuerdo con lo previsto
en la proposición de ley y la prestación del servicio, conforme al
principio señalado, que deriva del propio ordenamiento constitucional sin
que resulte preciso traerlo también a la ley.


En cuanto a la enmienda número 7, también del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre el carácter social, entendemos que introducir elementos como
la asistencia social realizada por entidades de derecho público, en
relación con la asistencia jurídica gratuita prestada por colegiados,
introduce un elemento de distorsión sobre los objetivos planteados por
esta concreta proposición de ley.


En cuanto a la enmienda número 8, entendemos que es necesario que
la legislación reconozca el carácter gratuito y obligatorio, de acuerdo
con lo previsto en la proposición de ley.


No se considera necesaria la enmienda número 9.


Sobre la enmienda número 10, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, que afecta al artículo 36.1, consideramos que no es
objeto de la presente proposición de ley regular el mandamiento de pago
del órgano judicial correspondiente, señoría; además, los importes
procedentes de la condena en costas deben tratarse, en caso de que así se
considere oportuno, en el cuerpo legal correspondiente, y no en este
concretamente.


La enmienda número 11, también del Grupo Parlamentario Mixto,
afecta al artículo 38. Mi grupo parlamentario considera conveniente
mantener la actual redacción, en el sentido de que reglamentariamente se
va a establecer el sistema a través del cual se va a subvencionar con
cargo a las dotaciones presupuestarias de las administraciones públicas
competentes. Es que no solo se trata de los Presupuestos Generales del
Estado, es que las administraciones autonómicas también aportan una
cantidad importante al pago del turno de oficio.


La enmienda número 12, de Esquerra Republicana, es igual a la
número 6, del Grupo Parlamentario Mixto; por tanto, doy la misma
justificación para su rechazo.


Considero que ya he explicado nuestra postura en relación con la
enmienda número 13, porque es igual a la enmienda número 7, del Grupo
Parlamentario Mixto.


La enmienda número 14, de Esquerra Republicana, es igual a la
enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Mixto; por tanto, la considero
también contestada.


La enmienda número 15, de Esquerra Republicana, que afecta a la
modificación del artículo 25, no se considera necesaria.


Por lo que respecta a las enmiendas números 16 a 26, voy a dar la
misma respuesta y es que no consideramos necesario ni oportuno introducir
en esta proposición de ley reformas sobre la comisión de asistencia
jurídica gratuita, que requieren además un análisis mucho más sosegado,
mucho más asentado, mucho más racional, y en el marco de otro cuerpo
normativo distinto al que estamos tratando esta tarde.


No se considera necesaria la enmienda número 27, presentada por
el Grupo Vasco.


Tampoco consideramos necesaria la enmienda número 28, del Grupo
Parlamentario Vasco, sobre los consejos autonómicos. Además, no vemos
procedente que se elimine la mención a que dichos requisitos sean de
obligatorio cumplimiento para todos los colegios profesionales.


La enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, que afecta al artículo único. Uno de la ley, como he
comentado anteriormente, entiendo que introducir elementos como la
asistencia social realizada por entidades de derecho público, referido a
la asistencia jurídica gratuita por colegios, introduce un elemento de
distorsión sobre los objetos planteados en esta proposición de ley.


En el caso de las enmiendas números 30, 31 y 32, es necesario que
la legislación reconozca el carácter gratuito y obligatorio de acuerdo
con lo previsto en la proposición de ley.


Por lo que se refiere a la enmienda número 33, consideramos que
la intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia,
defensa y representación gratuita solo podrá ser indemnizada cuando
exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia gratuita,
efectuado en los términos que contempla la proposición de ley.


Respecto a la enmienda número 24, de Podemos, no es objeto de la
presente proposición de ley regular el mandamiento de pago del órgano
judicial correspondiente a los importes procedentes de la condena en
costas, debiendo tratarse, en caso de que así se considere oportuno, en
el cuerpo legal correspondiente.


No consideramos necesarias las enmiendas números 35 y 36.


En cuanto a la enmienda número 37, señoría, a la que usted ha
vuelto a hacer mención, le doy la misma respuesta que le di en comisión y
es que las asociaciones declaradas de utilidad pública ya gozan del
derecho de asistencia jurídica gratuita, en los términos previstos en la
legislación. Otra cosa será que abordemos de forma profunda una reforma
de lo que significa la justicia gratuita, que no es objeto de esta
proposición de ley y deberá ser objeto de consenso de todos los grupos,
en una tramitación mucho más tranquila, sosegada y más amplia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias,
señoría.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Mixto, ¿cuántos senadores van a intervenir? Disponen
ustedes de seis minutos. (Pausa).


En primer lugar, tiene la palabra la senadora Abad.


La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.


Dispongo de poco más de un minuto, así que seré breve. Mi grupo
votará a favor de la proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996,
aunque no se hayan aceptado nuestras enmiendas. Desde nuestro punto de
vista, es un error que no las acepten, pero votaremos a favor porque
queremos creer en el compromiso futuro de tratar en profundidad esta ley,
en la medida que ahora solo estamos tratando una propuesta de urgencia y
la modificación de alguno de sus artículos.


Insisto, se debe tratar este asunto con mayor profundidad y no
por urgencia, porque se está debatiendo en lectura única una iniciativa
que pretende solucionar y superar las lagunas que han surgido desde la
entrada en vigor de esta ley de 1996, y su actual redactado es confuso y
se debe concretar más.


Dicho esto, y como he comentado en mi anterior intervención, el
PDECAT ha presentado una batería de enmiendas con el objetivo de
esclarecer y ayudar a la comprensión del redactado. No las han aceptado,
pero tenemos la mano tendida para que, en un futuro, se legisle como se
tiene que legislar una ley tan importante para nosotros como la de la
asistencia jurídica, teniendo en cuenta nuestro compromiso con los
colegiados de los colegios de abogados y procuradores de Cataluña de
responder a todas sus peticiones.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso):






Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.


El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.


Un escritor nos regalaba esta reflexión: si la justicia existe,
tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido porque, de lo
contrario, ya no sería justicia.


Espero que con la reforma de esta ley se logre el objetivo de
permitir el acceso de todas las personas a la justicia,
independientemente del lugar donde viven, de sus recursos económicos o de
su situación personal. Igualmente, espero que venga a favorecer la
situación y la labor que ejercen los letrados porque nos merecemos una
justicia de calidad.


Como representante del pueblo herreño en esta Cámara, por la
Agrupación Herreña Independiente y Coalición Canaria, no puedo dejar de
reivindicar una asistencia jurídica especializada en las islas no
capitalinas para asuntos relacionados con la violencia machista o las
cláusulas suelo, por ejemplo. Si esta reforma del articulado de esta ley
ayuda a todo ello, daremos nuestro apoyo, porque de lo contrario y
haciendo alusión a la reflexión con la que iniciaba mi intervención, ya
no sería justicia.


Buenas tardes y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez
Cejas.


Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


En nombre de Foro, reitero los argumentos que esgrimió en el
Congreso mi compañero Isidro Martínez Oblanca, acusando recibo de la
satisfacción que, entre los profesionales, han despertado los cambios
legislativos que se promovieron con un fin concreto, y no con el de abrir
en canal la ley para modificarla sustancialmente.


Esta proposición de ley, con nuevas medidas sobre el mandato y la
garantía constitucional para la prestación de justicia y el derecho a la
asistencia jurídica gratuita, consagrada en los artículos 24 y 119 de
nuestra Constitución, avanza en la regulación del procedimiento para su
mejor reconocimiento y mayor efectividad. Es algo muy importante, como
tantas y tantas veces han advertido y reivindicado los abogados,
procuradores, sus consejos generales y sus colegios oficiales, ya que
estamos ante un elemento de cohesión social que es imprescindible para
que las personas sin medios económicos puedan ejercer su derecho a la
tutela judicial efectiva y puedan acceder a ella quienes acrediten
insuficiencia de recursos para litigar.


Esta modificación legislativa, que Foro apoyará con su voto y el
rechazo a todas las enmiendas presentadas, trata de atenuar las
dificultades de los profesionales de la abogacía, casi 1000 en Asturias,
que prestan asistencia jurídica gratuita y, asimismo, clarifica el
concepto de subvención y precisa el de indemnización por baremo. Con ello
se pone fin a la confusión generada tras considerar equívocamente como
honorarios las percepciones derivadas de la asistencia jurídica y
aplicarles el 21 % de IVA.


Esta modificación legislativa deberá ser parte relevante dentro
de un imprescindible y urgente proceso de modificación de la justicia,
que espero que se produzca con brevedad en nuestro país, por los tiempos
que corren.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora.


Senadora Castilla, tiene la palabra.


La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenas
tardes, señorías.


El artículo 24.1 de la Constitución española consagra el derecho
a la tutela judicial efectiva y establece que todos los ciudadanos tienen
derecho a obtenerla en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. A este
derecho a la tutela judicial efectiva tenemos que unir el derecho a la
igualdad, que también reconoce la Constitución, lo que hace necesario la
conformación de un sistema que permita garantizar estos derechos, aun en
el caso de todas aquellas personas que carezcan de recursos para acceder
a ellos.


En lógica coherencia con tales derechos constitucionales, en el
artículo 119 de nuestra Carta Magna se dispone que la justicia será
gratuita cuando así lo disponga una ley y, en todo caso, respecto de
quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Es esencial que
caminemos con el único fin de mejorar el sistema y garantizar la plena
efectividad de este derecho, incrementando las garantías que nuestro
ordenamiento jurídico ofrece. En materia de justicia gratuita entendemos
que esta proposición de ley así lo hace, tanto para los beneficiarios
como para los prestadores del servicio, esto es, para todos los letrados
y letradas.


En la Agrupación Socialista Gomera estamos convencidos de que
debe existir una justicia gratuita, de calidad y que permita a todos los
ciudadanos el desarrollo pleno y efectivo de la tutela judicial efectiva.
Todo ello pasa por dar la seguridad jurídica y la protección necesaria a
todos los profesionales —los abogados y las abogadas—, que
están pendientes de sus procedimientos y que directamente se ven
beneficiados por esta modificación legislativa.


Por todo lo anterior, la Agrupación Socialista Gomera votará a
favor de la presente proposición de ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Castilla.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. Muy
buenas tardes, señorías.


Tal como les he avanzado en el turno de portavoces cuando he
defendido las enmiendas, nos vamos a posicionar a favor de esta
proposición de ley porque su objeto es muy limitado, pero sus
consecuencias son muy importantes: por una parte, para las personas que
necesitan utilizar este servicio; y, por otra, para aquellos
profesionales que, si no ven solucionado su problema, van a ver reducidos
sus ingresos un 21 %, con lo cual este es un tema muy focalizado pero a
su vez muy importante y con unas consecuencias verdaderamente
serias.


Nuestra base de trabajo a la hora de debatir y de reflexionar
sobre esta proposición de ley ha sido, como les he dicho, focalizar el
problema porque, tal como ha dicho el representante del Grupo Popular, la
Ley de jurisdicción gratuita da para mucho debate y para mejorar la
calidad de la justicia. Hay que abordar de una vez por todas la calidad
de la justicia porque es algo muy importante y que, durante muchas
legislaturas, ha quedado a la cola de las prioridades.


Un elemento imprescindible a la hora de enfocar la calidad de la
justicia es su despolitización. No se puede pretender, por una parte, que
la justicia sea de calidad; y, por otra, que la política y determinados
grupos quieran intervenir en la justicia de una manera considerable. A
modo de ejemplo citaré la sentencia que ayer conocimos del Tribunal de
Derecho Humanos de Estrasburgo, que falló a favor del que fuera
presidente del Parlamento vasco, Juan Mari Atutxa, y también de los
miembros de la Mesa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao porque, tal como dice el
Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo, y más tarde el
Tribunal Constitucional, no dejó defenderse a las personas que antes he
mencionado, provocándoles una clara indefensión. Es decir, que la Corte
europea entiende que el Tribunal Supremo no fue justo al no permitirles
defenderse. Ustedes sabrán que estamos hablando de la disolución del
Grupo Parlamentario Sozialista Abertzaleak que, como estoy diciendo, era
un grupo parlamentario dentro del Parlamento vasco, y la Mesa, su
presidente y dos miembros de esta entendieron que el ámbito de la
justicia no era el adecuado para resolver el conflicto que se había
generado dentro del Parlamento Vasco. Así, después de que el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco archivase hasta en dos ocasiones este
conflicto, el impulso político que recibió el caso tuvo las consecuencias
que ahora mismo les he comentado, y ayer el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos tiró de las orejas a la justicia española, evidentemente con las
consecuencias que eso tiene de cara a la imagen y, sobre todo, a la
credibilidad de tantos y tantos profesionales, de tantos y tantos
operadores jurídicos que están trabajando con total lealtad a la
justicia.


Fíjense lo que decía la sentencia del Tribunal Constitucional
que, al hablar del Supremo afirmaba que ni era constitucionalmente
exigible que los demandantes fueran oídos en la vista de casación ni tal
omisión supuso una privación o una limitación del derecho de defensa,
pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión
adoptada. ¿Saben ustedes quién era el ponente de esta sentencia emitida
por el Tribunal Constitucional? El magistrado Enrique López. Y ¿saben
ustedes quién propuso la designación de este magistrado como miembro del
Tribunal Constitucional? El Partido Popular. Por tanto, si verdaderamente
queremos que la justicia sea de calidad, tiene que haber una clara
disociación de la justicia de la política.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


El señor BILDARRATZ SORRON: Para eso, los grupos políticos, los
grupos parlamentarios y los partidos políticos no es que seamos claves,
es que somos los únicos que podemos hacer que la justicia verdaderamente
sea de calidad, si es que creemos en ella.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Estradé.


El señor ESTRADÉ PALAU: Señor presidente, intervengo solamente
para anunciar que votaremos a favor de la proposición de ley, a pesar de
que no hayan aceptado ninguna de nuestras enmiendas.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Estradé.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Cánovas.


La señora CÁNOVAS ESSARD: Gracias, señor presidente.


Doy por reproducidos los argumentos que ya ha esgrimido mi
compañero.


No obstante, me sorprenden algunas intervenciones, como por
ejemplo la del compañero del Partido Nacionalista Vasco, que ha
mencionado una serie de cuestiones absolutamente ajenas a lo que estamos
debatiendo en estos momentos: la aprobación o no de una serie de
artículos que modifican la Ley de asistencia jurídica gratuita.


Tampoco compartimos el argumento del Grupo Popular en el sentido
de que esto no afecta a los colegiados, a los abogados —nos han
recomendado que leamos la ley porque no lo hemos debido hacer
bien—, sino solamente a los colegios profesionales. Sin embargo,
desde mi punto de vista el que haya redactado esta modificación de la ley
se ha equivocado al escribirla; o estamos ciegos o no saben escribir. Las
cuestiones tienen que quedar claras, y esta ley no lo es. Hay que evitar
posibles interpretaciones sobre todo aquello que pueda quedar
meridianamente claro.


Para concluir, me sorprende que se hable de la justicia gratuita,
de los derechos humanos y, sin embargo, se haya votado a favor de unos
presupuestos que restringen la justicia y su independencia del
Ejecutivo.


Por tanto, votaremos en contra de la proposición de ley por los
motivos expuestos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Cánovas.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, tratamos hoy la modificación de una ley de 1996, que
afecta a los artículos 24, 25 y 119 de nuestro máximo texto legal. No se
trata de modificar o mejorar la Ley de justicia gratuita porque, en ese
caso, los socialistas nos sumaríamos de inmediato para hacer una reforma
en profundidad y, si no, miren el decreto que próximamente presentará la
consejera socialista del Gobierno vasco.


Señorías, hoy tenemos que rectificar la torpeza de la Dirección
General de Tributos que, sin encomendarse a nadie pero con una pérfida
interpretación, entendió sobre dos sentencias, dos resoluciones del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Decía que la Dirección General
de Tributos interpretó, pero no, lo que hizo fue malinterpretar. Así, de
un plumazo, trasmutó y alteró la naturaleza jurídica de un servicio
público que asegura que todas las personas tengan acceso a la tutela
judicial efectiva.


En el ministerio de Hacienda se olvidaron de que la abogacía y
los procuradores han de garantizar la prestación continuada de un
servicio de asistencia jurídica gratuita; es decir, el derecho a la
tutela judicial efectiva de quienes menos recursos tienen para litigar.
Se trata de un ejercicio público, regulado por normas administrativas, y
sometido a distintas disciplinas públicas. Señor Montoro, ante estas
condiciones, el turno de oficio nunca puede estar sujeto a IVA porque la
compensación que se satisface por la asistencia jurídica tiene una
naturaleza análoga a una indemnización o subvención, pero no es una
retribución. ¿O no se han dado cuenta de que el baremo que se establece
para un profesional no depende y no se puede modificar por él mismo? ¿O
no se dan cuenta de que los precios del mercado son diferentes a los que
cobran los abogados de oficio? ¿Por qué antes de aplicar el tipo
impositivo del 21 % los ministerios competentes no han estudiado las
sentencias en profundidad? ¿Por qué de un plumazo el ministerio de
Hacienda se cargó, si me permiten la expresión, una resolución de 1986?
Seguramente estas preguntas quedarán en el olvido. Pero por eso estamos
aquí, para rectificar la decisión del Gobierno de aplicar el IVA al turno
de oficio, ya que afecta a los abogados y a los ciudadanos.


Si el IVA se cargara al sistema público vigente, este sistema se
pondría en riesgo, se burocratizaría de manera importante la prestación
del servicio y se haría peligrar una estructura que está organizada de
esta manera únicamente en Europa, por lo que, a nuestro entender, todavía
podría ser peor. Si se aplicara el IVA, se podría entender como un trato
vejatorio para los ciudadanos que carecen de recursos para litigar porque
se les incrementaría un gasto que no es necesario ni obligatorio y muchas
veces inasumible.


Señorías, consideramos que, por la torpeza —vamos a dejarlo
ahí— de la Dirección General de Tributos no deben pagar justos por
pecadores. Los más de 40 000 abogados, los más de 10 000 procuradores y
los miles y miles de ciudadanos que carecen de recursos para litigar no
van a ser los perdedores, nunca mejor dicho, de este desconcierto del
ministerio de Montoro.


Los datos de 2015, que son los únicos que se conocen, se expresan
por sí solos. En nuestro país se han atendido 1 745 000 asuntos de
asistencia jurídica gratuita. De ellos, 1 000 000 son asuntos que
pertenecen al turno de oficio; 600 000 pertenecen a la asistencia letrada
al detenido; y más de 64 000 al servicio de violencia de género.
Señorías, esto viene a demostrar que a los miles de abogados y
procuradores que trabajan los 365 días del año para atender a los
ciudadanos no se les puede aplicar este desaguisado ni acabar con la
calidad que pueda tener la justicia gratuita, los abogados y
procuradores. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Cuando la
Dirección General de Tributos se enredó y provocó este desbarajuste, el
Consejo General de la Abogacía, las asociaciones de consumidores y los
colegios de abogados protestaron. Hubo reacción y hoy, por fin, vamos a
modificar 8 artículos y 1 disposición final.


Como decía, el sistema de asistencia jurídica gratuita no está
sometido al impuesto. Señorías, al igual que muchos senadores de esta
Cámara, he ejercido el turno de oficio y me van a permitir que les diga
que era un honor hacer ese trabajo, ayudar a muchos ciudadanos
asistiéndoles jurídicamente, haciendo, en muchos casos, más que de
abogado. Por cierto, hablando de las satisfacciones que da el turno de
oficio, aprovecho para solicitar que se tengan también en cuenta las
satisfacciones a las que tienen derecho los abogados de oficio, y que se
asuma con rigor la obligación de las administraciones públicas de abonar
las indemnizaciones fijadas, sin demoras, sin morosidad y que se
actualicen los baremos para todos los letrados.


Señorías, los socialistas creemos en la justicia gratuita. Es un
elemento esencial para nuestro Estado de derecho y consideramos que debe
estar protegida como un servicio público. Por ello, espero que el Senado
devuelva hoy la cordura y el orden al turno de oficio y a la asistencia
jurídica gratuita, para que ningún ciudadano deje de tener acceso a la
justicia.


Por último, señor presidente, quisiera hacer dos últimas
reflexiones. La primera, que exigimos más rigor en la interpretación de
las resoluciones que nos vienen de Europa, sobre todo, señorías, cuando
afectan a los derechos fundamentales de los españoles.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Y la segunda, que la asistencia
jurídica gratuita precisa de una reforma urgente e importante para los
abogados y también para los ciudadanos que la necesitan.


Querida senadora de Podemos, aquí todo el mundo viene a vender su
libro, unos el caso Atutxa y otros lo que haga falta.


En cualquier caso, para solucionar el conflicto que provocó la
Dirección General de Tributos, para corregir y rectificar su error,
lamentablemente no apoyaremos las enmiendas presentadas y votaremos a
favor de la proposición presentada.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Represa.


El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente.


Quiero comenzar mi intervención haciendo un reconocimiento
expreso a todos los abogados y procuradores de España que prestan el
servicio público de asistencia jurídica gratuita.


Como ha dicho el señor Rodríguez Esquerdo, también he estado en
el turno de asistencia durante treinta años y puedo asegurar que siempre,
todos los compañeros, hemos cumplido con profesionalidad y rigor,
sintiéndonos orgullosos de hacerlo sin mirar ni días ni noches ni horas
ni tiempo de dedicación, al lado siempre de los más vulnerables y de las
personas con menos recursos que necesitan acceder a una justicia, a una
tutela judicial, para asistirles y defender sus legítimas demandas.


Actualmente, como ya se ha dicho, son casi 44 000 letrados los
que se encuentran adscritos en toda España al servicio del turno de
oficio, demostrando siempre su firme compromiso con ese servicio público.
Sin duda, esa faceta engrandece la profesión de abogado porque ninguno de
ellos vive de este servicio y lo prestan ejemplarmente los 365 días al
año y las 24 horas al día.


Entrando ya en el debate de la proposición de ley, y por la
importancia que creo que tiene, quiero significar el hecho de que nos
hayamos puesto de acuerdo 3 de los 4 grupos mayoritarios de las Cortes
Generales sobre esta proposición de ley, para modificar la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Y digo que hay que
destacarlo para que los ciudadanos vean que somos capaces de ponernos de
acuerdo y no oponernos por oponernos, simplemente, porque lo dice el
adversario político, como en esta ocasión está haciendo el Grupo
Parlamentario de Podemos.


La única argumentación que tienen —y lo dijeron el otro día
en comisión— es que si no se aceptan sus enmiendas, se añade caos.
O sea, o Podemos o el caos. Y yo creo que Podemos y el caos son lo mismo.
(Aplausos).


No vamos, de ninguna manera, a aceptar sus infundadas exigencias,
pero les pediría un poco de reflexión y que cambien el sentido del voto,
porque van a ser los únicos que no van a apoyar esta proposición de ley.
Yo creo que no quieren enterarse —y permítame que utilice esa
palabra, yo creo que a ustedes les molesta, pero permítanmelo— del
alcance de esta reforma que trata exclusivamente de afianzar el carácter
de servicio público de la actividad prestacional de asistencia jurídica
gratuita, de establecer la responsabilidad de los colegios profesionales
de abogados y procuradores, de la obligatoriedad de prestar el servicio y
la organización del mismo, de establecer el carácter indemnizatorio de
las actividades del baremo para los profesionales que prestan el
servicio, con las consecuencias que ello tiene desde un punto de vista
tributario y la entrada en vigor, que, como conocen sus señorías, es con
efectos del día 1 de enero del presente año.


Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre
el sistema fiscal belga, que nada tiene que ver con el sistema español,
sembró dudas sobre la posible aplicación del IVA a nuestro sistema de
asistencia jurídica gratuita. Por eso, hubo un firme compromiso del
Ministerio de Justicia, del Ministerio de Hacienda, de los colegios
profesionales y consejos generales, junto con el Partido Socialista y con
Ciudadanos, para llevar a cabo una modificación legislativa urgente en el
sentido de que las cantidades percibidas por abogados y procuradores por
esos conceptos no estén sujetas al impuesto sobre el valor añadido. Esa,
señorías, es la esencia de la modificación de esta proposición de
ley.


Ya dije en comisión que nadie discute que existen otras
cuestiones, muchas, que hay que abordar y que hay que modificar en el
ámbito de la justicia. Nosotros hemos propuesto —y se ha
creado— una subcomisión en el Congreso de los Diputados para ello,
para hacer la gran reforma de la justicia, que el ministro Catalá ya
anunció en esta Cámara anteriormente. Pero yo les digo, señorías, que
cada cosa a su tiempo y cada cosa en su sitio. El próximo objetivo en
esta materia va a ser mejorar y consolidar nuestro modelo de justicia
gratuita, porque queremos seguir sintiéndonos orgullosos de este modelo
que tenemos de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio en
España.


Agradezco —y ya concluyo, señor presidente— al
Partido Socialista y a Ciudadanos que hayamos ido juntos en esta
proposición de ley. También al resto de partidos que ya anunciaron en
comisión su apoyo, como son el PDECAT, el PNV y Esquerra. Asimismo a
Foro, que lo ha manifestado en esta tribuna y a los compañeros de las
islas de El Hierro y La Gomera.


Termino, diciéndoles que votar en contra de esta proposición de
ley es dar la espalda a los abogados, a los procuradores y también a los
ciudadanos. Por eso, reitero la petición de reflexión y sensatez y pido
que apoyemos unánimemente esta proposición de ley.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Represa.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas.
Comenzamos votando las enmiendas de los senadores Cleries y Abad.


En primer lugar, votamos la 6 y la 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 36; en contra, 202;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 7 y la 9.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 30; en contra, 201;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Finalmente, votamos la 10 y la 11.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 15; en contra, 221;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Mixto, votamos las enmiendas número 1 y
número 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 244; en contra, 202;
abstenciones, 42.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 19; en contra, 207;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 244; a favor, 1; en contra, 208;
abstenciones, 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 245; en contra, 221;
abstenciones, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos las enmiendas números 27 y 28 del Grupo
Parlamentario Vasco.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 24; en contra, 220;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña,
votamos las enmiendas números 12, 14, 16 y 26.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 34; en contra, 205;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 243; a favor, 40; en contra, 201;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 17 a 25.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 244; a favor, 16; en contra, 222;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 15.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 244; a favor, 16; en contra, 204;
abstenciones, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
votamos las enmiendas números 29 y 30.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 29; en contra, 204;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Finalmente, votamos las enmiendas números 31 a 37.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 21; en contra, 203;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos a continuación en un solo acto el resto de la
proposición de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 244; a favor, 225; en contra, 18;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las
Cortes Generales la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. (Aplausos).









PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/2015, DE 2
DE JULIO, DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.


624/000003

para las Políticas Integrales de la
Discapacidad



El señor presidente da lectura al punto 4.1.2. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente
de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, el
senador Goñi Merino.


El señor GOÑI MERINO: Muchas gracias, señor presidente.


La proposición de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento
ordinario, tuvo entrada en esta Cámara el día 3 de mayo de 2017, fecha,
asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales. El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba
inicialmente el día 16 de mayo, fue ampliado hasta el día 22 mayo
de 2017.


A esta proposición de ley se presentaron 20 enmiendas, de las
cuales, las números 5 y 6, del Grupo Parlamentario Vasco, fueron,
posteriormente, retiradas. La enmienda número 8, del mismo grupo, no ha
sido admitida por la Mesa del Senado por no resultar congruente con el
contenido de la proposición de ley. La comisión se reunió el día 24 de
mayo para designar una ponencia, que quedo de la siguiente manera.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El señor GOÑI MERINO: Doña Sofía Acedo Reyes, del Grupo
Parlamentario Popular; doña Nerea Ahedo Ceza, del Grupo Parlamentario
Vasco; doña Laura Berja Vega, del Grupo Parlamentario Socialista; doña
Severa González López, del Grupo Parlamentario Popular; doña Miren Edurne
Gorrochategui Azurmendi, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea; don Nemesio de Lara Guerrero, del Grupo Parlamentario
Socialista; don Tomás Marcos Arias, del Grupo Parlamentario Mixto; y don
Jordi Martí Deulofeu, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana.


La ponencia se reunió el día 30 de mayo para emitir su informe,
en el que introdujo modificaciones en el texto remitido por el Congreso
de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 30
de mayo, y emitió dictamen de conformidad con el informe de la
ponencia.


Han presentado votos particulares a este dictamen los señores
Martí Deulofeu y Estradé Palau, ambos del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana y los grupos parlamentarios Mixto y Vasco.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Goñi.
(Aplausos).


Pasamos al debate de totalidad.


¿Turno a favor? (Denegaciones).


¿Turno en contra? (Denegaciones).


Como no hay turno a favor ni en contra, no hay turno de
portavoces. Por tanto, vamos a entrar en el debate del articulado.


En primer lugar, para la defensa de las enmiendas números 13
a 17, de los senadores Estradé y Martí, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado 5
enmiendas, de la 13 a la 17. La primera enmienda es de modificación, y
hace referencia al artículo 56, del Código Civil, en el sentido de que el
lenguaje nunca es inocente. La utilización de expresiones que vinculan o
asimilan deficiencia o discapacidad —términos que usa la Convención
Internacional sobre derechos de las personas con discapacidad, ratificada
por el Estado español— con la posibilidad de limitar la capacidad
jurídica resulta discriminatoria. El artículo 12 de la Convención es
claro y preciso, y la interpretación que hace Naciones Unidas ratifica lo
que se argumenta. El hecho de que una persona tenga una discapacidad o
una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad
jurídica y las normas que lo establezcan deben ser derogadas.


La enmienda número 17, de adición, hace referencia a la
modificación del artículo 697, del Código Civil, y resulta precisa para
eliminar restricciones y evitar cargas añadidas a determinas personas con
discapacidad cuando otorgan testamento. Desde hace años, vienen
produciéndose diversas denuncias y protestas de personas con discapacidad
que consideran inapropiada la regulación vigente en materia testamentaria
en el caso de testadores con determinadas discapacidades, visual y
auditiva, a los que se obliga por la legislación civil a ser asistidos
por dos testigos idóneos cuando desean otorgar testamento abierto.


La enmienda número 14, es de adición y se refiere a la
modificación del artículo 708 del Código Civil. Resulta precisa para
eliminar una prohibición absolutamente injustificada y discriminatoria
para las personas con discapacidad visual, que hasta ahora no podían
otorgar testamento cerrado, pues pueden valerse de medios mecánicos o
tecnológicos para su redacción, que no tiene por qué ser manuscrita, y
cumplir el resto de requisitos legalmente establecidos para la validez
del testamento cerrado, tales como la firma en todas sus hojas y al final
del documento.


La enmienda número 15, también es de adición y hace referencia a
la modificación del artículo 709 del Código civil. Incorpora la mención
expresa a las personas ciegas, algo que resulta preciso para permitir su
protocolización válida.


La enmienda número 16, también es de adición y hace referencia a
una propuesta de modificación de la Ley del notariado. La exigencia de
dos testigos idóneos a los otorgantes con discapacidad visual para el
otorgamiento de escrituras y documentos notariales, recogida en el
artículo 180 del Reglamento del Notariado, de 1944, por tanto, estamos
hablando de una normativa predemocrática, supone una discriminación
anacrónica, que vulnera los derechos de las personas con discapacidad
reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas de derechos de las
personas con discapacidad de 2006, ratificada por el Estado español
en 2008.


Si se aprovecha la reforma del Código Civil en materia
matrimonial para incorporar la eliminación de la obligatoriedad de
testigos idóneos en el otorgamiento de testamento abierto —ante
notario— por parte de las personas con discapacidad, resulta
coherente hacer desaparecer esta misma condición del otorgamiento de
cualquier otro documento notarial.


Dado que la reforma de este precepto corresponde al Gobierno del
Estado, creemos conveniente y coherente introducir una modificación
legislativa en la Ley del notariado que elimine ya estas restricciones
discriminatorias y adapte nuestro derecho a la convención, habilitando al
Gobierno para introducir la correspondiente reforma reglamentaria.


Muchas gracias, señorías, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Para la defensa de las enmiendas 1 a 4, del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.


El Partit Demòcrata ha presentado 4 enmiendas a esta proposición
de ley de modificación de la Ley 15/2015, de jurisdicción voluntaria, que
pretenden modificar el artículo 56 del Código civil. Hablamos de subsanar
derechos recogidos en la Convención de Naciones Unidas, ratificada por el
Estado español en 2008, que ya deberían haber sido recogidos en el
momento de legislar en la X legislatura. Hablamos de la igualdad de
oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos civiles de las
personas con discapacidad en lo relativo al matrimonio.


Pues bien, nuestras enmiendas pretenden lo mismo en aquello
relativo al testamento, a la hora de disponer las últimas voluntades.
Creemos que hay que reconocer esta igualdad y el derecho a la intimidad
de las personas con discapacidad a la hora de disponer sus últimas
voluntades. Esto se recoge en los artículos 697, 708 y 709, del Código
Civil que proponemos modificar. También pretendemos modificar la Ley del
notariado, justamente, para otorgar a los notarios la capacidad de
garantizar el ejercicio de los derechos con igualdad de oportunidades a
la hora de hacer el testamento.


En la comisión no nos fueron aceptadas porque apelaron a un
debate más sereno. En la X Legislatura tuvimos pocos debates serenos y
aprobamos muchas cosas, algunas, como es el caso, con algunos errores y
estamos contentos de que hoy podamos subsanarlos. Nosotros creemos
—las enmiendas de Esquerra Republicana y del Grupo Parlamentario
Vasco también van en el mismo sentido—, que aprovechar esta ocasión
para poner en concordancia con esta Convención de Naciones Unidas los
derechos de las personas no está nunca de más.


Además, estos errores pesan mucho en aquellos que cada día ven
cómo sus derechos quedan menguados. Nosotros continuamos apelando a que
acepten estas enmiendas para que se puedan aprobar. En cualquier caso nos
emplazamos para poder volver a traer al debate este tema y poder darle
solución, al igual que lo vamos a hacer hoy con el tema del matrimonio.
Ya saben ustedes que si no hubiéramos reaccionado este mes habría entrado
en vigor la solicitud de un certificado médico de idoneidad a las
personas con discapacidad visual o sensorial en general para poder
casarse, y en este sentido yo agradezco las aportaciones de todos los
grupos. Nos debemos felicitar por subsanar errores que vulneran derechos
y les emplazo a que aprueben nuestras enmiendas para que podamos
subsanar, no solo aquello que se refiere al matrimonio, sino también al
testamento.


Les adelanto que vamos a votar a favor de la proposición de
ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Para la defensa de las enmiendas números 7 y de 18 a 20, del
Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.


Muy buenas tardes a todos y a todas. Debatimos la modificación de
la Ley 15/2015, a la que mi grupo ha presentado 5 enmiendas; la quinta no
fue admitida a trámite por considerar que carece, de manera evidente y
manifiesta, de conexión con el objeto de la proposición de ley que se
tramita. Un argumento curioso cuando en el Congreso sí se admitió y
curioso también cuando ha sido costumbre en esta Cámara aprovechar una
ley para que en sus disposiciones finales podamos cambiar otras 17 o 20
que no tienen absolutamente nada que ver. Y les podría poner como ejemplo
la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que acabó
modificando la del mercado de tabacos, la de sociedades de capital,
etcétera. Creo que quienes son más veteranos que yo en esta Cámara saben
de lo que hablo. Así pues, este procedimiento se ha utilizado de forma yo
creo que abusiva por parte del Gobierno, pero resulta que no vale para
cuando la oposición quiere presentar enmiendas. No entendemos este doble
rasero, pero voy a ir al grano, que es a las enmiendas que sí siguen
vivas.


Hemos presentado la enmienda número 7 porque entendemos que debe
existir pleno ejercicio de derechos también en el ámbito testamentario, y
no me voy a extender más aquí porque hago mías las intervenciones
anteriores a este respecto, tanto en lo que supone que esto se reconozca,
como que sea en este momento y no, como plantea el Grupo Popular, para
que lo abordemos en otro momento, lo que habitualmente quiere decir que
no lo abordaremos nunca o que yo no lo veré aquí.


Luego tenemos tres enmiendas iguales, las números 18, 19 y 20, en
coherencia unas con otras, ya que el mismo párrafo aparece en diferentes
partes de la propuesta de modificación. Aquí lo que planteamos es que,
cuando se dice que el letrado, notario, encargado del registro o
funcionario tramite el acta o expediente cuando sea necesario, podrá
recabar de las administraciones públicas o entidades de iniciativa
social, de promoción y protección de los derechos de las personas con
discapacidad, la provisión de apoyos etcétera, nosotros planteamos que el
letrado, el funcionario o quien tramite el acta o expediente, podrá
recabar la provisión de apoyos que la Administración tendrá habilitados.
Y voy a intentar explicarlo para que puedan entender cuál es la
intencionalidad de esta enmienda, que no es otra que la de que no se
produzcan equívocos.


Para nosotros la inclusión de la discapacidad es un derecho
universal que debe ser transversal y que es responsabilidad de todos,
pero también de todo el sistema. Con la actual redacción se podría
interpretar que una parte de la Administración recaba apoyos, es decir,
deriva directamente al sistema de protección, cuando la provisión de los
apoyos necesarios debe recaer, no exclusivamente en el sistema de
protección, sino en toda la Administración. Si lo hiciésemos de esa
manera o si alguien interpretase ese párrafo de esa manera no haríamos
más que crear una nueva discriminación.


En segundo lugar, cuando en la enmienda proponemos que no
aparezcan las entidades de discriminación social quiero dejar muy claro
que no se trata en absoluto de excluirlas, pensamos que es fundamental
contar con su colaboración y con su asesoría. Pero, fíjense, en la
propuesta dice: «podrá recabar apoyos de la Administración o de las
entidades.» Y con esa letra «o» no queda claro, en absoluto, que la
responsabilidad de la promoción de apoyo corresponda en exclusiva a la
Administración y, además, con esa «o», el funcionario podría recabar los
apoyos directamente de una entidad, entidad que, teóricamente, estaría
obligada a prestarlos por ley, sin saber en qué condiciones. Es decir,
recabaría los apoyos de una entidad y no de la Administración, que es la
real y única responsable,...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora AHEDO CEZA: Termino en un minuto.


... lo cual no quita para que, en esa habilitación de toda la
Administración, esta convenie, colabore y asesore de las entidades de
iniciativa social que están suficientemente preparadas y son
suficientemente solventes.


Solo espero haber sido capaz de haber transmitido el sentido de
nuestras enmiendas y poder recabar el apoyo del resto de los grupos.


Muchas gracias.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.


Para el turno en contra, tiene la palabra la senadora González
López.


La señora GONZÁLEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a referirme en primer lugar en esta intervención a
la propuesta de modificación que ha presentado mi grupo parlamentario,
apoyada —y tengo que decirlo bien alto y bien claro— por
todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, una
propuesta de modificación que modifica a su vez el dictamen aprobado el
pasado 30 de mayo en la recién creada Comisión para las políticas
integrales de discapacidad. Repito, grupos parlamentarios a quienes
agradezco expresamente la voluntad de acuerdo y consenso que han
demostrado en este tema.


Señorías, esta propuesta de modificación de la que les hablo
recoge incluir una excepción muy concreta a la prórroga de un año, que ya
acordamos en esa comisión, para la completa entrada en vigor de la Ley
del Registro Civil del año 2011.


Los miembros de la comisión recordarán que en la ponencia
acordamos que fuera el 30 de junio del año 2018 la fecha prevista para la
completa entrada en vigor de la Ley del Registro Civil, y es precisamente
a ese acuerdo al que mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, con la
firma de todos los grupos parlamentarios, presenta una modificación,
atendiendo sobre todo a una clara demanda social, en el sentido de hacer
una excepción a 2 artículos muy concretos de la Ley del Registro Civil.
Me refiero al artículo 49.2, que es el que hace referencia a la
posibilidad de que los padres puedan alterar el orden de los apellidos de
su recién nacido, y también a otro artículo, el artículo 53 de la Ley del
Registro Civil, que es el que regula el cambio de apellidos por
declaración de voluntad.


Señorías, esta propuesta de modificación que incorporamos al
acuerdo de la ponencia va a hacer que estos 2 artículos entren en vigor
el próximo 30 de junio del año 2017, es decir, dentro de unos días, y no
tengan que esperar —como viene recogido en el mandato de la
comisión— al año 2018.


Señorías, esta es la primera legislatura en la que en el Senado
se constituye una comisión específica para tratar temas de discapacidad.
Me consta que sus señorías han solicitado —porque así he podido
comprobarlo en el registro— las comparecencias de entidades de todo
orden que trabajan día a día por la promoción y la defensa y la
protección de los derechos de las personas con discapacidad —me
estoy refiriendo al Cermi, a la ONCE, a Feaps, etcétera—.


¿Pero saben ustedes, señorías, qué va a ser lo primero que nos
van a demandar en esa comisión? Pues lo primero que nos van a demandar es
lo siguiente: nada para las personas con discapacidad sin las personas
con discapacidad. Es decir, que cualquier modificación, cualquier
decisión —en este caso legislativa, como la que estamos adoptando
aquí esta tarde— que les afecte directamente debe contar con su
participación y, sobre todo, con su consenso.


He creído oportuno hablar de este lema —que para las
personas con discapacidad es un lema— para referirme concretamente
a las enmiendas que han defendido tanto el Grupo Parlamentario Mixto como
el Grupo Parlamentario Vasco y de Esquerra Republicana.


Con respecto al conjunto de enmiendas que hacen referencia al
otorgamiento del testamento, señorías, y que proponen modificar
concretamente el Código Civil y la Ley del notariado, mi grupo mantiene
la misma postura que defendimos en comisión, la postura en contra
lógicamente, pero no porque no estemos de acuerdo en el fondo, que lo
estamos, sino por la forma. Estamos de acuerdo en avanzar conjuntamente
en la modificación de los artículos del Código Civil y de la Ley del
notariado que sean necesarios para adaptar nuestra legislación —no
solo en el caso concreto, como ustedes proponen, de testamentos, sino en
otros muchos— a la Convención Internacional de las Personas con
Discapacidad. Y también el Cermi, señorías, comparte gran parte de sus
propuestas, pero, como dijimos entonces y repetimos ahora, no son objeto
de este debate, que no es otro que evitar que entre en vigor una
legislación injusta con las personas con discapacidad a la hora de
contraer matrimonio.


Y, señorías, tal y como les avanzamos en comisión, se lo
repetimos ahora aquí. Senadoras Rivero y Ahedo, les tomamos la palabra.
Lo dijimos en comisión y lo decimos aquí: desde nuestro punto de vista,
este debate merece ser más amplio, ya no sereno —no sé si la
expresión es la acertada— porque realmente lo ha sido el que hemos
llevado en la tramitación de esta modificación de ley —ha sido un
debate muy sereno y muy cordial—, mucho más amplio del que se nos
ofrecía y en el que también intervenga, como no puede ser de otra forma,
el Cermi dando su opinión, porque —recuerden— nada para las
personas con discapacidad sin las personas con discapacidad.


Señorías, en cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco
—que acaba de defender la senadora Ahedo—, que propone
concretamente la modificación del preámbulo de la ley en un apartado muy
concreto, en este caso tenemos un desacuerdo en la interpretación. Yo la
he entendido perfectamente, pero también quiero que usted entienda a esta
senadora. Según ustedes, tal y como está redactada la parte del preámbulo
que ustedes pretenden eliminar, todos los apoyos recaen según ustedes en
el sistema de protección, es decir, en las entidades que trabajan día a
día con las personas con discapacidad, mientras que nosotros entendemos
lo mismo que dijimos en comisión: ponemos en primera línea de fuego a
todas las administraciones en su conjunto y no a las entidades sociales
como ustedes interpretan; interpretación la nuestra, por otra parte,
senadora Ahedo, que también comparte el Cermi estatal, todo ello después
—no sé si a usted le consta pero a mí sí— de numerosas
reuniones mantenidas con el sector para acordar tanto el texto del
preámbulo como la modificación de la Ley 15/2015, que es la que hoy
estamos debatiendo.


Termino, señor presidente, sin agotar mi tiempo, como empecé,
agradeciendo el consenso alcanzado por todos los grupos parlamentarios en
la tramitación de esta proposición de ley; un texto normativo, señorías,
que va dirigido a un colectivo prioritario para la acción del Gobierno
—y no solo para la acción del Gobierno, porque he visto cómo se ha
tramitado también para toda la Cámara— que no es otro que el de las
personas con discapacidad o con capacidades diferentes, que también lo
son, y tendiendo la mano al resto de grupos parlamentarios para continuar
el camino de este acuerdo y del consenso que hoy hemos emprendido en esta
Cámara.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora González
López.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente para manifestar de nuevo el sentido
positivo del voto del Partit Demòcrata.


Agradezco al Cermi y a la Asociación catalana de personas ciegas
las aportaciones para preparar nuestras enmiendas.


Lamento que no hayan aceptado estas enmiendas, y como pensamos
que no solo se trata de adaptar y no contravenir la convención sino de
mejorar el ejercicio de los derechos reconocidos, consideramos que hemos
perdido una oportunidad no solo de arreglar una cosa que no estaba bien,
sino de arreglar dos en una misma pasada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA HUERTAS: Gracias, presidente.


Estamos ante la reforma imprescindible, urgente y necesaria de
una ley para actualizar y simplificar trámites y procedimientos en
aquellos asuntos para los que sí se necesita la intervención de un órgano
judicial que tutele determinados derechos e intereses relativos al
derecho civil y mercantil. Atañe a los derechos de las personas con
determinadas discapacidades. Con esta iniciativa, se impulsa la
modificación de la Ley de jurisdicción voluntaria para acomodarla a las
exigencias en relación con los derechos de las personas con discapacidad
y singularmente dar cabida a la convención internacional de la que España
es firmante.


Esta propuesta permite que las Cortes Generales atendamos las
numerosas quejas y llamadas de atención de diferentes organizaciones
cívicas relacionadas con la discapacidad, que, tras analizar la reforma
del Código Civil y los artículos que deberían entrar en vigor este mes de
junio, detectaron que ni el Congreso ni el Senado habían caído en la
cuenta de la palmaria discriminación que supone hacia personas
discapacitadas la exigencia de dictamen médico para tramitar el
consentimiento matrimonial en juzgados, registros civiles y notarías.
Esta reforma evitará los equívocos y las interpretaciones ante la
polémica suscitada. Incluso el Ministerio de Justicia hace algunas
semanas trató de explicar la ley mediante una circular en la que se
señalaba que la exigencia de dictamen médico solo se refería a supuestos
absolutamente excepcionales de discapacidad.


Por tanto, Foro va a apoyar esta iniciativa parlamentaria porque
propicia un cambio necesario en el ordenamiento jurídico español, adapta
la Ley de jurisdicción voluntaria a las exigencias de la convención
internacional y aplica los más elementales principios democráticos,
evitando la desigualdad entre españoles y eliminando las trabas y los
muros legales que impedirían a las personas con discapacidad que pudieran
representarse a sí mismas y tuvieran plenitud de derechos ante
determinados actos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Ahedo.


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.


Empiezo diciendo que creo que todos compartimos que es totalmente
necesario y urgente desfacer el entuerto antes de la entrada en vigor de
la Ley 15/2015. Aunque lo que se pretendió —supongo o quiero
suponer— era eliminar la discriminación en aplicación de la
Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad,
seguramente alguien andaría con prisas —las prisas son malas—
y quedó lo que quedó. Con la redacción actual del apartado nuevo de la
disposición final primera de la ley se exige —por mucho que haya
una circular— dictamen médico sobre la actitud para prestar
consentimiento para contraer matrimonio a quien esté afectado de
deficiencia mental, intelectual o sensorial, cuando nosotros entendemos
que lo lógico sería partir de una visión totalmente diferente, de una
visión que entendiese que a priori cualquier persona con discapacidad
está en condiciones de prestar dicho consentimiento libre y pleno y que
el dictamen médico de ser una exigencia debe pasar a ser una excepción en
casos puntuales y concretos. Y en este sentido, y por lo que acabo de
decir, la modificación que se propone nos parece adecuada, aunque
—ya lo hemos manifestado en la defensa de nuestras enmiendas—
pensamos que la redacción puede llevar a equívocos.


Nuestras enmiendas no han sido aceptadas, aunque parece que sí
estamos de acuerdo en lo fundamental, que los mecanismos para ejercer los
derechos en igualdad deben ser intrínsecos a toda la Administración y que
es la Administración la que debe estar habilitada pues es la responsable
de la provisión de los apoyos necesarios para esta inclusión.


Intentamos —todos lo saben— llegar a un acuerdo, no
ha sido posible. Pensamos que habría sido bueno porque, repito, seguimos
considerando que la actual redacción puede llevar a interpretaciones no
deseadas. Sí voy a poner en valor el acuerdo que sí hemos conseguido
entre todos los grupos, por ejemplo el del adelanto en la fecha de
entrada en vigor.


El Grupo Vasco en comisión se abstuvo respecto al informe de esta
proposición, pero consideramos que es totalmente necesario y urgente
arreglar la situación que se generaría en el caso de que la ley entrase
en vigor sin esta modificación. Y, como dijo Voltaire, lo perfecto es
enemigo de lo bueno, y en este momento preferimos algo bueno ahora y no
lo óptimo —no sabemos cuándo—, por lo que, teniendo en cuenta
esa inquietud manifestada, el Grupo Vasco va a votar afirmativamente a
esta proposición de ley.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra
el senador Martí.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, presidente.


Lo primero que me gustaría aclarar, en nombre del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, va en el mismo sentido que una carta
que nos dirigió a los miembros de la Comisión de políticas integrales de
la discapacidad el Consejo General de la Abogacía Española, que ponía de
manifiesto una técnica parlamentaria: modificar 2 leyes —que en
este caso serían el Código Civil y la Ley del Registro Civil— no
mediante la propia modificación directa de las leyes sino a través de una
modificación indirecta, con los problemas que esto puede traer de
interpretación. En este sentido vale la pena hacer un poco de memoria. La
ley se aprobó en la X Legislatura por el procedimiento de urgencia, sin
dobles lecturas, sin pasar por el Senado. Parecía que había una cierta
prisa en todo lo relacionado con la reforma de los registros civiles, con
esa cierta privatización de los registros civiles. Luego creo que el
propio Gobierno se dio cuenta de que necesitaba hacer una prórroga para
conseguir un mayor consenso. Ese fue el motivo por el cual la entrada en
vigor de la mayoría del articulado, que tenía que ser en 2017, mediante
una autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular en el dictamen de la
ponencia de la comisión, se prorrogó hasta el 2019, y parece ser que un
acuerdo verbal entre el Grupo Parlamentario Socialista y el ministro del
Partido Popular hizo que finalmente esa prórroga fuera hasta 2018. Sea
como sea, aunque no estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión
—porque pensamos que la reforma de los registros civiles debería
tratarse de forma más profunda en otra comisión, por ejemplo, en la
Comisión de Justicia—, sí estamos de acuerdo con estos 2 artículos
que van a entrar en vigor el 30 de junio de 2017 y que hacen referencia a
la posibilidad de alterar el orden de los apellidos y al método que se
debe usar, que es una declaración de voluntad, para que esto sea posible.
De hecho, si en Cataluña esto lo pudiéramos hacer a través de nuestro
Código Civil, es decir, si Cataluña ya fuera una república independiente
y un Estado propio, esto nosotros ya lo habríamos hecho.


Esquerra Republicana defiende y reivindica la importancia que
para todas las personas —también para las personas con
discapacidad— tiene la autonomía. La independencia individual,
incluida la libertad y la capacidad para poder tomar sus propias
decisiones está muy en la línea de la ley de autonomía personal que se
está trabajando en la Generalitat de Cataluña. El marco jurídico aún
vigente establece limitaciones a esta capacidad, establece una presunción
de ley en el sentido de no reconocer el respeto íntegro que concede la
Convención de Naciones Unidas, si bien sería bueno que en materia de
otorgamiento de escritura pública y en materia testamentaria hubiera la
posibilidad de hacerlo con intimidad, sin necesidad de testigos
presentes, que, en definitiva, limitan y en este caso vulneran derechos
de las personas con discapacidad.


Esquerra Republicana votará a favor de esta iniciativa. Insisto
de nuevo en que esto es un toque de atención a la forma de legislar, que
esto no debería repetirse, porque dificulta las cosas, aunque nuestra
voluntad de entendimiento sea buena, positiva y constructiva. No se debe
legislar aplicando el rodillo parlamentario y acudiendo de forma habitual
al procedimiento de urgencia cuando determinamos procesos y proyectos
legislativos que requieren cierta serenidad y un análisis de cada una de
las palabras que se incorporan en los preceptos legales que luego deberán
ser aplicables. De todas formas, nuestro voto va a ser favorable a la
proposición de ley porque consideramos que es un avance, quizás no todo
lo significativo que a nosotros nos gustaría, pero sí importante para
seguir trabajando en la buena dirección.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Gorrochategui.


La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Gracias, presidente. Buenas
tardes noches, senadoras y senadores.


La sociedad ha sido lenta cambiando la perspectiva desde la que
afrontar el estatus de las personas con discapacidad. Nos ha costado
comprender que el criterio no debía ser médico, sino que debía estar
fundado en el derecho de igualdad y la no discriminación. Nos ha costado
entender que no es una cosa de boticas, sino de reconocimiento y de
capacitar la accesibilidad. Si la sociedad es lenta, más lo suele ser el
legislativo. Un ejemplo de esa lentitud es la necesidad que tenemos hoy
aquí de reformar un ley que ha sido groseramente discriminatoria. Este
cambio de paradigma de la medicalización a la igualdad y no
discriminación lo asumió en primer lugar la Organización de Naciones
Unidas en 2006 con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Ese convenio fue asumido por el Consejo de Europa, quien,
siguiendo la estela de la Organización de Naciones Unidas, elaboró a su
vez un plan de acción que iba a ser puesto en marcha desde el año 2006
hasta el año 2015. Recientísimamente, ahora, en marzo de 2017, el Consejo
de Europa ha aprobado un plan estratégico, una estrategia para abordar la
cuestión de las personas con discapacidad, para él mismo y para ayudar a
los Estados a respetar los principios de la convención de Naciones
unidas. En esta estrategia, uno de los campos de acción prioritarios que
marca el Consejo de Europa es precisamente asegurar que la personalidad
jurídica de las personas con discapacidad se trate en términos de
igualdad con el resto de las personas. Con eso precisamente tiene que ver
esta reforma que traemos hoy aquí.


Esta reforma es una gota en un mar de iniciativas políticas que
tenemos que abordar para realmente materializar y hacer efectivo lo que
supone ese cambio de paradigma al que aludía al principio. Otra gota, y
con esto terminaría mi intervención, sería ese acuerdo al que ha hecho
referencia la senadora del Partido Popular y al que hemos llegado por
unanimidad todos los grupos parlamentarios para eliminar el sexismo en la
atribución del orden de los apellidos a los recién nacidos.


Por supuesto, vamos a votar a favor del dictamen, así como de las
enmiendas porque nos parece que son buenas. Sean o no oportunas, sea o no
el momento, su contenido es bueno. Así que aprovechemos la ocasión y
aceptémoslas.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Gorrochategui.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador De Lara.


El señor DE LARA GUERRERO: Señor presidente, señoras senadoras y
señores senadores, la Ley 15/2015 modificó el artículo 56 del Código
Civil exigiendo que si en un expediente matrimonial alguno de los
contrayentes estuviera afectado por deficiencias mentales, el funcionario
tramitador exigiría el dictamen médico sobre su aptitud para prestar el
consentimiento.


Esta ley produjo una enconadísima reacción social y política
porque recortaba claramente derechos a y de las personas con discapacidad
que querían contraer matrimonio. Fue una norma retrógrada, atacaba
flagrantemente lo prescrito en la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Meses después, el Gobierno
aclaró que las exigencias planteadas —lo hizo a través de una
resolución-circular— por la malhadada ley se entendían limitadas a
aquellos casos extremos sustancialmente inaceptables, etcétera. Una ley
enmendada por una circular. Estábamos ante una soberana chapuza. El
Gobierno se enmendó la plana y la quiere enmendar ahora antes de que
expire el plazo legal.


El PSOE no quiere analizar ahora otros aspectos diferentes al de
salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad que quieren
quererse y unir sus destinos por la vía del casamiento.


Se han presentado enmiendas, tantas como 13 han llegado vivas a
este Pleno, 9 de las cuales se refieren a derechos de las personas con
discapacidad al otorgar testamentos, escrituras, documentos públicos,
etcétera. Hay una ley que creo que se ha mencionado poco en este Pleno,
la 26/2011, que insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley de
adaptación normativa de todo el ordenamiento jurídico español a lo
contemplado en la Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Han transcurrido cinco años y no ha habido
adaptación de ninguna clase.


La Comisión General de Codificación nos consta que está
elaborando el borrador de una propuesta que cumpla con la mentada ley.
Son muchas las normas que hay que adaptar, muchas, sin embargo, el
momento legislativo ahora es otro. Ahora estamos ciñéndonos concretamente
a la adecuación del derecho a contraer matrimonio a lo prescrito en la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Por tanto, votaremos en contra de las enmiendas que no se
remitan al objeto específico de esta ley, aunque, sinceramente,
coincidamos con lo reflejado en algunas.


A la señora Ahedo le diría que hay tres enmiendas en este
sentido, y que creíamos que iba a traer una propuesta o una oferta de
enmienda transaccional. Hasta que no tengamos claro qué es lo que se
pretende, si es que el funcionario recabe o no informes de la
administración o de las entidades sociales, no podemos votar a
favor.


Hay una enmienda de Esquerra, la número 13, que habla de la
generalización absoluta de la capacidad para contraer matrimonio de
cualquier persona con discapacidad. Tenemos múltiples ejemplos para decir
que esto nos parece una barbaridad, porque el angelismo o la buena
voluntad no reflexionada son peligrosos. Conozco casos —soy
profesional de la educación especial— de personas con discapacidad
profunda que hoy quieren casarse con alguien y mañana quieren hacerlo con
una persona distinta. Mención especial merece la autoenmienda del PP que
asumió en la ponencia y que es consecuencia de diferentes dilaciones
producidas con la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil, que es
de 2011 y que tendría que haber entrado en vigor en 2014. Pero hemos
llegado a 2017 y sigue sin entrar en vigor el nuevo Registro Civil, y la
posibilidad de adaptarlo, de hacerlo más funcional, de permitir a
cualquier ciudadano el acceso electrónico al mismo. Hasta la defensora
del pueblo denunció en 2016 esta provisionalidad normativa. Por tanto, en
seis años el Gobierno ha sido incapaz de cumplir con lo que debería haber
asumido en los tres primeros años. Es importante la reforma del Registro
Civil. Estamos ante un caos absoluto, ante una negligencia absoluta. Esto
no es una vacatio legis, como se dice en clave técnica, sino que, si me
permiten el término, estamos ante una aeternum legis.


En resumen —y termino—, la ley que hoy aprobaremos
corrige dos garrafales errores del Gobierno, rara avis, pero es el propio
PP quien asume sus propias equivocaciones, si bien es cierto que no lo
hace motu proprio, sino en respuesta a la reprobación general provocada.
El primer error es de 2015, y condicionaba la capacidad de las personas
con discapacidad para contraer matrimonio libremente exigiendo el peaje
de un certificado médico. El segundo error es de 2014.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor DE LARA GUERRERO: Termino, señor presidente,


Supuso que no entrara en vigor la ley que modernizaría los
registros civiles que atraviesan por una situación, yo diría que en
muchas ocasiones casi decimonónica. Nunca es tarde si la dicha es buena.
Esto parece una palinodia griega, un ejercicio de retractación del
Gobierno que es agradecible. El PP recibe tirones de orejas y,
finalmente, el propio PP se ha tirado de sus propias orejas. El Grupo
Socialista está de acuerdo con el sentido de ambos tirones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador de Lara.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Acedo.


El señor ACEDO REYES: Muchas gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Antes de comenzar me gustaría felicitar
a las personas ciegas y sordociegas, porque hoy es el Día Nacional de la
lengua de signos en nuestro país, porque lo que hoy vamos a aprobar, con
un amplio consenso además de esta Cámara, les afecta. El Grupo
Parlamentario Popular, y toda la Cámara, felicitan a las personas ciegas
y sordociegas. La proposición de ley que traemos hoy aquí modifica la
Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. Viene a
modificar, concretamente —lo han dicho los compañeros que ya han
pasado por aquí—, el artículo 56 del Código Civil, relativo a los
requisitos de capacidad exigidos a las personas con discapacidad,
artículo que en los términos en los que se encuentra ahora mismo,
entraría en vigor al finalizar el mes de junio y generaría seguramente
una importante desigualdad.


También esta reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que hoy
traemos viene a modificar algunos artículos del apartado 58 de la
Ley 20/2011, del Registro Civil, relativos a las mismas cuestiones de las
que hablaba; es decir, a la prestación del consentimiento, a los
requisitos para contraer matrimonio y a los trámites para llevar a efecto
dicho matrimonio. El objetivo de esta proposición de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Popular, y remitida por el Congreso de los
Diputados por unanimidad, no es otro que favorecer la celebración de
matrimonios entre personas con discapacidad en las mismas condiciones que
el resto. Y para ello, en esta redacción recogemos el reconocimiento de
su derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, pero sobre la base
del consentimiento libre y pleno de las personas con discapacidad...


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por
favor.


La señora ACEDO REYES: ... eliminando —gracias, señor
presidente— cualquier tipo de dudas, que se estaban produciendo, en
la interpretación del concepto de discapacidad en lo que a la prestación
del consentimiento se refería porque podía haber, como decía, una
importante desigualdad o una importante discriminación para con las
personas con discapacidad. Con esta nueva redacción, en el Grupo
Parlamentario Popular queremos diluir la inseguridad jurídica que podría
producir para este colectivo una incorrecta o errónea interpretación de
tales preceptos. También corregimos con esta reforma de la ley de
jurisdicción voluntaria, que es el punto más importante para el Grupo
popular, una discriminación histórica para con las personas con
discapacidad; una discriminación histórica que data del siglo XIX, que se
hace en nuestro Código Civil y que hasta ahora no habíamos abordado. Por
otro lado, con esta reforma atendemos la justa demanda social que clamaba
por la creación de un régimen legal favorecedor para la prestación del
consentimiento y la posterior tramitación del matrimonio civil, si esa
fuese la voluntad de las partes.


Con todo ello, lo que pretendemos es reforzar la protección de
las personas con discapacidad al permitir, invitar y garantizar a la
persona encargada de celebrar el matrimonio, senadora Ahedo, que pueda
recabar la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales, poniendo
en primera línea a la Administración, que intervendría en colaboración
con las organizaciones sociales. Sé que planteamos la posibilidad de
llegar a un acuerdo, que la voluntad existía, y que estamos de acuerdo en
el fondo. Lo que todos pretendemos es que sea la Administración la
principal responsable, prestándoles atención y poniendo los recursos a
disposición de las personas con discapacidad, que es lo que recoge el
espíritu de esta reforma. Se lo quería aclarar, senadora.


Señorías, esta es una deuda histórica y, por tanto, es nuestra
obligación saldarla. Nuestro grupo está convencido de ello y, por eso,
hemos propiciado esta proposición de ley, valga la redundancia.


Dicho esto, señorías, hay algunas cuestiones que sería
interesante destacar en esta tribuna. Hoy todos estamos de enhorabuena,
principalmente las personas con discapacidad, que son las que se van a
beneficiar directamente de esta reforma legislativa. Pero también las
organizaciones sociales, que han sabido llegar hasta nosotros para que
recojamos en esta reforma legislativa las demandas de las personas con
discapacidad. Ellos están de enhorabuena, pero también estamos de
enhorabuena ambas Cámaras, tanto el Congreso de los Diputados como el
Senado, porque vamos a conseguir aprobar por unanimidad una reforma
legislativa que reconoce derechos a quienes no los tenían hasta ahora.
Por tanto, estamos de enhorabuena. Es el primer proyecto que entra en esa
Cámara, en la recién creada Comisión de discapacidad, y con él
respondemos a las demandas de las personas con discapacidad y de los
colectivos y organizaciones sociales que les representan.


En los últimos cinco años se ha llevado a cabo una importante
actividad legislativa para adaptar nuestro ordenamiento jurídico, porque
somos un país moderno y desarrollado, a lo que se recoge en la...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora ACEDO REYES:... Convención Internacional —termino
ya, presidente— para las Personas con Discapacidad. Pero lo más
importante de todo, que me gustaría destacar, es que hemos sabido
incorporar de manera transversal la perspectiva de discapacidad en todas
las normas que hemos aprobado en los últimos años.


No quiero terminar sin agradecer a todos los grupos
parlamentarios su predisposición para llegar a un acuerdo para que hoy
pueda salir de aquí esta reforma legislativa por unanimidad, así como a
las organizaciones sociales que nos han ayudado a redactar esta reforma
legislativa, que han colaborado plasmando la voluntad de las personas con
discapacidad y sus demandas, especialmente, a Cermi.


Muchas gracias, a todos. Creo que estamos de enhorabuena.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Acedo.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Antes de proceder a la votación, informo a sus señorías de que a
continuación se reunirán la Mesa y los portavoces de la Comisión de
Justicia en la sala 20003.


Vamos a proceder a la votación de las enmiendas. Comenzamos
votando, en primer lugar, las enmiendas, de la número 13 a la número 17,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


Comienza la votación.






(Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 37; en contra, 194;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas, de la 1 a la 4, del Grupo
Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 37; en contra, 194;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la 7 y de la 18 a
la 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 232; votos emitidos, 232; a favor, 36; en contra, 194;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan también rechazadas.


Finalmente votamos la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 47319 firmada por todos los grupos
parlamentarios.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 230; en contra, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor. Todavía no hemos
acabado.


Votamos a continuación, en un solo acto, aquellas partes de la
proposición de ley que han sido enmendadas en comisión y no comprendidas
en la votación anterior. (Rumores).


Señorías, todavía no hemos terminado. Queda otra votación.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 232.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Finalmente, votamos en un solo acto el resto de la proposición de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


No abran las puertas. (Risas.—Aplausos).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 233.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados, para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.


Señorías, se levanta la sesión.


Abran las puertas. (Risas).


Eran las veinte horas y veinte minutos.