CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 64

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA

Sesión núm. 15

celebrada el jueves,

16 de noviembre de 2017

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:


Bloque I. Contratación pública:


- Informe de fiscalización de los contratos de obras de importe superior al contrato menor que no sean de remisión obligatoria, celebrados por los organismos adscritos a los ministerios del área político-administrativa del Estado, ejercicios
2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000182 y número de expediente del Senado 771/000181) ... (Página4)


- Informe de fiscalización de la contratación realizada por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000199
y número de expediente del Senado 771/000198) ... (Página4)


- Informe de fiscalización de la ejecución por la autoridad portuaria de A Coruña del proyecto de nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira, ejercicios 2012, 2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000204 y número de expediente del Senado 771/000200) ... (Página4)


- Informe de fiscalización de la contratación de la Corporación Radiotelevisión Española, S.A., ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000203 y número de expediente del Senado 771/000201) ... href='#(Página4)'>(Página4)


- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por FREMAP, mutua colaboradora con la Seguridad Social número 61, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000209 y número de expediente del Senado
771/000209) ... (Página4)

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Bloque II. Prestaciones farmacéuticas:


- Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de la Mutualidad General Judicial, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000155 y número de expediente del
Senado 771/000155) ... (Página14)


- Informe de fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000176 y número de expediente del Senado 771/000172) ... (Página14)


- Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000194 y número de
expediente del Senado 771/000192) ... (Página14)


- Informe de fiscalización sobre la gestión y el control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000214 y
número de expediente del Senado 771/000213) ... (Página14)


Bloque III:


- Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Vélez-Málaga. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000205 y número de expediente del Senado 771/000202) ... href='#(Página22)'>(Página22)


Bloque IV:


- Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000208 y número de expediente del Senado 771/000204) ... (Página30)


Bloque V:


- Informe de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000206 y número de
expediente del Senado 771/000205) ... (Página38)


Debate de las siguientes solicitudes de fiscalización:


- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal una fiscalización integral sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras incluidas en los planes de la minería
1998-2005 y 2006-2012. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000014 y número de expediente del Senado 772/000013) ... (Página46)


- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la fiscalización del Proyecto 'Complejo Residencial de Mayores de la Minería en Felechosa, Aller', acordado dentro de la
distribución de fondos del Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras (Plan de la Minería 2006/2012), y financiado por el Instituto para la Reestructuración de
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000015 y número de expediente del Senado 772/000014) ... href='#(Página46)'>(Página46)

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Debate y votación de las propuestas de resolución:


Bloque I. Organismos, entidades y otros órganos públicos:


- Informe de fiscalización sobre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000032 y número de expediente del Senado 771/000031) ... href='#(Página50)'>(Página50)


- Informe de fiscalización de la gestión de personal llevada a cabo por el ente público RTVE con motivo del expediente de regulación de empleo. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000081 y número de expediente del Senado
771/000079) ... (Página50)


- Informe de fiscalización del Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, periodo 2007-2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000131 y número de expediente del Senado 771/000132) ...
(Página51)


- Informe de fiscalización del organismo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000156 y número de expediente del Senado 771/000156) ... href='#(Página52)'>(Página52)


- Informe de fiscalización del Consejo Superior de Deportes, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000180 y número de expediente del Senado 771/000169) ... (Página53)


- Informe de fiscalización del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento, ejercicios 2009-2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000210 y número de expediente del Senado 771/000211) ... href='#(Página53)'>(Página53)


Bloque II. Reestructuración y supervisión del sistema financiero:


- Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000174 y número de expediente del Senado 771/000180) ... href='#(Página54)'>(Página54)


- Informe de fiscalización del cumplimiento de la legalidad y de sistemas y procedimientos de la función supervisora del Banco de España, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000193 y número de expediente
del Senado 771/000189) ... (Página55)


Bloque III:


- Informe de fiscalización sobre la gestión realizada por las consejerías del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Europa. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000070 y número de expediente del Senado 771/000071)
... (Página55)


Bloque IV:


- Informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas en relación con los planes económico-financieros, planes de reequilibrio y planes de ajuste previstos en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y con la gestión del Plan de pago a proveedores. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000095 y número de expediente del Senado 771/000094) ... href='#(Página56)'>(Página56)


Bloque V:


- Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal, ejercicios 2012
a 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000137 y número de expediente del Senado 771/000136) ... (Página57)

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Votación de las siguientes solicitudes de fiscalización:


- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal una fiscalización integral sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras incluidas en los planes de la minería
1998-2005 y 2006-2012. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000014 y número de expediente del Senado 772/000013) ... (Página58)


- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la fiscalización del Proyecto 'Complejo Residencial de Mayores de la Minería en Felechosa, Aller', acordado dentro de la
distribución de fondos del Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras (Plan de la Minería 2006/2012), y financiado por el Instituto para la Reestructuración de
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000015 y número de expediente del Senado 772/000014) ... href='#(Página58)'>(Página58)


Se abre la sesión a las nueve de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:


BLOQUE I. CONTRATACIÓN PÚBLICA:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DE IMPORTE SUPERIOR AL CONTRATO MENOR QUE NO SEAN DE REMISIÓN OBLIGATORIA, CELEBRADOS POR LOS ORGANISMOS ADSCRITOS A LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, EJERCICIOS
2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000182 y número de expediente del Senado 771/000181).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES DURANTE EL EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000199
y número de expediente del Senado 771/000198).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA DEL PROYECTO DE NUEVAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUNTA LANGOSTEIRA, EJERCICIOS 2012, 2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000204 y número de expediente del Senado 771/000200).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA CORPORACIÓN RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000203 y número de expediente del Senado 771/000201).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR FREMAP, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 61, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000209 y número de expediente del Senado
771/000209).


El señor PRESIDENTE: Buenos días.


Vamos a dar comienzo a esta sesión dándole, como hacemos siempre y no puede ser de otra forma, las gracias y la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas, al cual agradecemos el esfuerzo que de nuevo va a tener que hacer hoy.


Vamos a pasar, sin más dilación, al debate del primer punto del orden del día, que contiene el informe de fiscalización de los contratos de obras de importe superior al contrato menor que no sea de remisión

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obligatoria, celebrados por los organismos adscritos a los ministerios del área político-administrativa del Estado, ejercicios 2013 y 2014. Informe de fiscalización de la contratación realizada por los ministerios del área
político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2014; el informe de fiscalización de la ejecución por la Autoridad Portuaria de A Coruña del proyecto de nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira,
ejercicios 2012, 2013 y 2014; el informe de fiscalización de la contratación de la Corporación Radiotelevisión Española, ejercicios 2014 y 2015; y el informe de fiscalización de la contratación celebrada por Fremap, mutua colaboradora con la
Seguridad Social número 61, ejercicio 2015.


Tiene la palabra el presidente para la exposición de los informes.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


Los dos primeros informes se refieren a sendas fiscalizaciones sobre la contratación en el área político-administrativa del Estado, tanto los contratos de obras de importe superior a 50 000 e inferior a 600 000 euros -que no son menores pero
tampoco están sujetos a la remisión obligatoria al Tribunal de Cuentas-, celebrados por los organismos públicos de dicha área, como la contratación realizada por los respectivos ministerios y sus organismos dependientes.


En el primer caso, entre 2013 y 2014 se celebraron 194 contratos de este tipo, por una cuantía global de 27,4 millones de euros, habiéndose fiscalizado 74 de ellos por el 43% del importe global. Por lo que se refiere al conjunto de la
contratación celebrada en el ejercicio 2014 por los ministerios del área político-administrativa y sus organismos dependientes, se remitieron al tribunal un total de 954 expedientes, por un importe conjunto de 1346 millones de euros, habiéndose
examinado el 44% del citado importe. Todos los entes fiscalizados cumplieron con la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la información preceptiva relativa a su actividad de contratación en el ejercicio 2014. Como incidencias comunes
recogidas en ambos informes, en numerosos expedientes no se justificó adecuadamente la necesidad del objeto de la contratación y se han detectado deficiencias en el cálculo y en la determinación de los presupuestos de licitación, no habiendo podido
comprobarse en ciertos casos si resultaron adecuados a las prestaciones objeto de la contratación. Además, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares no se estableció de forma adecuada la manera en que los licitadores deben acreditar
su solvencia, y la documentación acreditativa de la realización total del contrato es incompleta o presenta deficiencias. Se ha detectado un avance en el grado de cumplimiento de las recomendaciones de informes anteriores y sus correspondientes
resoluciones, si bien algunas de ellas siguen plenamente vigentes.


Respecto de la fiscalización de la ejecución por la Autoridad Portuaria de A Coruña del proyecto de nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira, el objetivo principal de las obras era resolver los problemas medioambientales de
seguridad y de falta de capacidad de ampliación del puerto interior coruñés. El coste global se cuantificó en 630,5 millones de euros, incluyendo los gastos por las expropiaciones, el rescate de concesiones, el traslado, desmantelamiento y
descontaminación del suelo, el coste de los accesos terrestres y ferroviarios, y el de licitación de la obra. Posteriormente, ante la necesidad de completar el proyecto inicial con otras actuaciones, el coste se elevó a 789 millones de euros,
contando con subvenciones comunitarias, por 268 millones, y la futura venta de terrenos, por 200 millones, lo que arroja un déficit de 321 millones que la autoridad portuaria tenía que financiar con recursos ajenos, más otros 283 millones para
atender otros pagos. Finalmente, la financiación de las obras del puerto exterior se obtuvo de los fondos de cohesión, por 266 millones de euros; de un crédito del Banco Europeo de Inversiones, por 130 millones de euros y otro crédito de Puertos
del Estado, por un importe máximo de 250 millones. Al término de la fiscalización aún no se había desafectado ninguno de los terrenos que se iban a enajenar para financiar las obras. Pese a la ampliación de la superficie concesionable, gracias a
la incorporación del puerto exterior, los ingresos en los ejercicios 2012 y 2014 fueron prácticamente los mismos que en 2010. A partir del ejercicio 2015 se recuperaron los ingresos por la ocupación y el aprovechamiento del dominio público y por el
tráfico portuario. Dada la delicada situación financiera en la que se encontraba la autoridad portuaria, suscribió un convenio de normalización financiera con Puertos del Estado en 2011, en el que se determinaron unas medidas de control. Destaca
el compromiso adquirido de no superar un nivel de endeudamiento por encima de los 384 millones de euros y reducir la cifra de endeudamiento en 125 millones, entre 2015 y 2019, mediante la amortización de créditos.

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Respecto al cumplimiento de la normativa por la autoridad portuaria en lo que se refiere a la ejecución del proyecto de Punta Lagosteira, aunque los contratos de mayor relevancia económica fueron adjudicados mediante concurso abierto,
también se acudió a la contratación directa y al procedimiento negociado sin publicidad. La Unión Europea no consideró gastos elegibles parte de estas contrataciones por incumplimiento de la política comunitaria. La financiación real de los fondos
de cohesión se situó en el 53% del gasto total certificado, frente al 71% inicialmente previsto. El contrato principal de las obras se adjudicó por un precio de 370 millones de euros, IVA excluido. Tras la concesión de una prórroga al contratista,
la autoridad portuaria abonó por este contrato 548 millones, de los que 79 millones correspondieron a la revisión de precios y 99 millones a las modificaciones del contrato principal, con una desviación del 27% sobre el importe de adjudicación.


Respecto al contrato de asistencia técnica para el control de las obras de construcción, se adjudicó por un precio de 5,9 millones. El contrato se modificó al alza en un 19% para la incorporación de un facultativo predeterminado, sin
publicidad ni concurrencia. También se adjudicó un contrato complementario por un 10% adicional, mediante un procedimiento negociado sin convocatoria previa, no dándose los motivos previstos legalmente para ello. El coste final de la asistencia
técnica se elevó a 7,7 millones de euros. La autoridad portuaria contrató a un catedrático extranjero y a organismos relacionados con él, o con empresas de su titularidad, por el procedimiento de adjudicación directa hasta en catorce ocasiones, por
un importe global de 0,5 millones de euros. El objeto de todos los contratos era similar, lo que indica un fraccionamiento y muchos no fueron formalizados; dos de ellos responden a un mismo estudio y a una misma factura que se abonó por duplicado.
En el plan de empresa de 2015, el coste estimado de la inversión es de 753 millones de euros, frente a los 630,5 millones iniciales.


Por lo que se refiere a la fiscalización de la contratación de la Corporación Radiotelevisión Española, ejercicios 2014 y 2015, además de los contratos sometidos a la legislación contractual del sector público, se han analizado los contratos
patrimoniales y varios de los denominados contratos de producción o de adquisición de derechos audiovisuales, excluidos de dicha normativa. La entidad fiscalizada ha venido exigiendo en varios expedientes de contratación la suscripción por parte de
todos los licitadores de un acuerdo de confidencialidad, sin justificar su procedencia. En la mayor parte de sus contratos, la corporación introduce una cláusula que denomina 'de buenas prácticas' y que resulta contraria al principio de libertad de
acceso a las licitaciones, a la vez que supone una injustificada restricción a la competencia. En varios expedientes licitados mediante su división en lotes, la corporación no ofrece la justificación exigida por el artículo 86.3 del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público. Se ha apreciado la existencia de diversas incidencias en lo que respecta a la justificación de la necesidad que ha motivado la contratación y, además, los pliegos administrativos o de condiciones generales
no definían o identificaban el procedimiento empleado por la entidad para proceder a la adjudicación del contrato.


En los expedientes en los que se utilizó el procedimiento negociado, por concurrir motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva, no resulta suficientemente acreditado que el adjudicatario estuviera en poder de tales
derechos o bien no se justifica de forma suficiente que los servicios amparados por la exclusividad fueran los que satisfacían plenamente las necesidades a cubrir. Por otra parte, el protocolo de apertura de los sobres de ofertas supone en la
práctica una merma del principio de transparencia, puesto que se decide si la oferta cumple el pliego de prescripciones técnicas del contrato una vez que ha sido ya conocido el precio ofrecido, llegando incluso a decidirse sobre la capacidad y
solvencia de los licitadores una vez conocida la oferta presentada por estos. En varios de los contratos examinados se incumplieron los plazos de ejecución, sin que correlativamente se exigiera a los respectivos licitadores las penalidades
establecidas. En los contratos patrimoniales se han detectado deficiencias de motivación en algunas operaciones de venta y de arrendamiento de inmuebles, y en los contratos de cesión de derechos audiovisuales sobre una determinada producción, pese
a contemplarse la obligación del estreno de la obra en salas comerciales a cargo de la productora, la no realización del mismo carecía de efectos en el precio que se obligaba a pagar la corporación por la cesión.


Por último, en relación con la contratación celebrada por Fremap, mutua colaboradora de la Seguridad Social número 61, la entidad no remitió de oficio tres de los veintiocho expedientes obligatorios, si bien fueron enviados tras
requerimientos expresos del tribunal. Respecto a los contratos de obras, se observa un posible fraccionamiento del objeto del contrato al haberse adjudicado separadamente dos expedientes el mismo día y a la misma empresa, por un importe conjunto de
6 millones de euros, siendo el objeto de los contratos, en ambos casos, el mismo. Entre los criterios de adjudicación utilizados se incluye la reducción en el plazo de entrega o ejecución, pero en todos los casos el plazo ofertado se incumplió,

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siendo necesaria la ampliación del mismo. No consta la imposición de penalidades económicas por demoras. En cuanto a los contratos de servicios y los contratos de suministro, se han detectado prácticas que no favorecen la transparencia,
como la no justificación de la elección del procedimiento de adjudicación, la no apertura pública previa de uno de los sobres o la falta de publicidad en los boletines oficiales correspondientes.


Finalmente, se han advertido deficiencias en los pliegos, como la fijación de umbrales de saciedad o el establecimiento de criterios de adjudicación no vinculados con el objeto del contrato.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por comenzar explicando -él mejor que nadie- estos informes. Así, desde luego, nos puede clarificar el conjunto de la información que contienen.


El mercado de la contratación pública, como todo el mundo sabe, tiene un volumen que supera los 200 000 millones de euros y de ahí la importancia de promover la transparencia y la competencia en dicho mercado. No obstante, nuestra autoridad
independiente de la competencia, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, estimó en 2015 que un 25% de esa contratación adolecía de falta de competencia y estaba sujeta a lo que en medios académicos denominan captura del regulador y que
nosotros denominamos vulgarmente el capitalismo de amiguetes, ya que esto nos supone unos sobrecostes por falta de competencia en los concursos públicos de 48 000 millones, es decir, prácticamente un 5% de nuestro producto interior bruto. No
tendríamos déficit, podríamos financiar mejor el gasto social y podríamos financiar mejor las inversiones que necesita España. En los informes que nos acaba de relatar el presidente vemos que sigue faltando esa necesaria transparencia y ese
necesario cumplimiento estricto de la obligación a la hora de competir con total libertad y total transparencia.


Las conclusiones de los informes se repiten, dan idea de lo generalizadas que son las malas prácticas a la hora de licitar, ejecutar y realizar concesiones por contratos de obra o servicio en nuestra Administración. En lo referido a los
cálculos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia es necesario determinar con mayor detalle y precisión cuáles son las necesidades reales a satisfacer por la prestación objeto del contrato, y en este caso y, como bien nos decía el
presidente del Tribunal de Cuentas, en la mayoría de ellos no se sabía -sobre todo, en concreto en el puerto de A Coruña- o no vieron claramente la necesidad del objeto, la motivación o la justificación de ese gasto, de la realización de esa obra.
En 104 de 120 expedientes fiscalizados en el área político-administrativa del Estado no figura una memoria o documento de carácter económico que justifique la razón por la que se ha fijado el presupuesto determinado, tal y como sería necesario,
porque eso ya está contemplado en la Ley de Contratos de la Administración Pública. Es decir, los presupuestos de licitación son arbitrarios, ya que no tienen en cuenta la posible variación de los precios dados -esto también viene reflejado en el
informe- o, como mucho, se limitan a coger la referencia del precio adjudicado a los contratos anteriores. ¿Por qué dice el tribunal que no se pudieron comprobar -y esta es una pregunta para usted, señor Álvarez de Miranda- los resultados adecuados
a la prestación objeto de la contratación? ¿No es ese, al final, el quid de la cuestión? Queremos saber si realmente era necesario realizarlo y si el objeto que se buscaba con esa contratación se había cumplido.


En los pliegos de las cláusulas administrativas no se estableció adecuadamente la forma en que los licitadores deben acreditar su solvencia. Acaba de decirnos que en algunos casos incluso la acreditación de la solvencia se realizaba a
posteriori a la apertura del sobre, lo cual vulneraba el procedimiento normal y regulado que tenemos en nuestro ordenamiento. La documentación acreditativa de la realización total del contrato a satisfacción de la Administración es incompleta o
presenta deficiencias. En el caso concreto del puerto de A Coruña, el sobrecoste que estamos analizando supera los 600 millones; había un presupuesto inicial para, por ejemplo, ejecución de obra de 370 millones, que una parte del mismo fue
aumentada porque hicieron una modificación del proyecto inicial pero, en otros casos, por otros gastos. Ustedes han hablado de otros gastos y yo le querría preguntar si tienen conocimiento de la naturaleza de esos otros gastos, que han supuesto
cientos de millones de euros del erario público. También me extraña la contratación de catedrático extranjero -debe ser que en nuestras universidades no tenemos catedráticos cualificados para poder realizar este trabajo- catorce veces y por un
importe de medio millón de euros. ¿Sabemos exactamente cuál era la naturaleza de la función que se le había encomendado a

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ese catedrático? Debía ser tan especial y extraordinario como para no poder contar con los cientos catedráticos que tenemos en las universidades españolas.


Volvemos a ver que se está vulnerando claramente la obligación de publicidad y de transparencia; se reincide en la contratación directa y en los procedimientos negociados, todo ello con falta de transparencia y, además, sin justificación.
Por ello, Ciudadanos ha reclamado una oficina nacional de evaluación que estudie la viabilidad económica y social de las infraestructuras bajo estrictos criterios técnicos. Creemos que esta es la única fórmula para que, de una vez por todas, el
dinero público sea gastado de la forma más eficiente y que no repitamos de forma sistemática lo que nos encontramos en casi todos los informes que realiza brillantemente el Tribunal de Cuentas, en los que se refleja falta de transparencia, falta de
competencia y la vulneración de forma sistemática de la regulación en la contratación de servicios públicos.


En el caso de Fremap, solo quiero incidir en la existencia de un posible fraccionamiento para saltarse la ley, algo que es totalmente irregular; los plazos ofertados como capacidad, como elemento a la hora de elegir una oferta en lugar de
otra, son incumplidos, es decir, estiman que van a realizar la ejecución en un tiempo mucho menor del que al final utilizan realmente, pero es que, además, esa valoración no tiene una penalización por incumplimiento. Nuevamente hemos de incidir en
la falta de transparencia y volvemos a observar que hay criterios que no son los óptimos para la gestión de los caudales públicos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su exposición. Aquí nos encontramos con informes de fiscalización sobre la contratación pública de diferentes entidades, y nos estamos acostumbrando a encontrar continuamente las
mismas irregularidades detectadas, que vienen a retratar ese dato que ya conocemos y que dio la CNMC hace un par de años sobre el coste que tienen las ineficiencias en contratación pública en nuestro país, un cálculo que dice que podría rondar los
48 000 millones de euros al año. Parece que nos hemos acostumbrado a esto, pero es un dato que debería hacer que nos lleváramos las manos a la cabeza cada vez que se presenta un informe.


Por entrar en materia, los informes relacionados con el área político-administrativa y con Fremap, tienen características que los unen o el informe del Tribunal de Cuentas revela prácticamente los mismos datos en cuanto al establecimiento de
redes clientelares a través del abuso de las funciones ejecutivas de estos organismos. En el caso de la contratación menor, el informe de fiscalización pone de relieve las malas prácticas que desde distintos ministerios se han venido realizando;
una política que posiblemente continúe hasta la fecha en lo relativo a la mala adjudicación de subvenciones, así como a la opacidad con la que se trabaja. Estas malas prácticas en el uso de recursos públicos que ha venido empleando el Gobierno está
constatada en los informes: no se justificó adecuadamente el objeto de contratación, la documentación que acredita el cumplimiento del contrato por parte de la entidad de la que fue adjudicada es incompleta o contiene deficiencias y, asimismo,
existen deficiencias en el cálculo y la determinación de los presupuestos de licitación. Tampoco se establecieron claramente cláusulas en los pliegos de los contratos para acreditar la solvencia y cumplimiento de los mismos, etcétera. Además, es
especialmente grave la cantidad de contratos que no tienen una justificación exhaustiva o donde ni siquiera hay una justificación adecuada a los proyectos que supuestamente han desarrollado. Esto demuestra la falta de control que existe con el
dinero público en estos ministerios, ya que este conjunto de prácticas constituye el modus operandi habitual; son un entramado de prácticas sistemáticas por las que eludir el control público en la adjudicación de recursos. Por eso, le pregunto si
se siguen realizando este tipo de prácticas con la impunidad que reflejan en el informe, si cree que esto puede cambiar con la actual reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y cuáles son las sanciones producidas a raíz de las
recomendaciones establecidas en el informe.


Por otro lado, entrando en el informe de la contratación realizada por los ministerios del área político-administrativa, los organismos dependientes conforme a la Ley de Contratos del Sector Público tienen consideración de administraciones
públicas y, por tanto, nos encontramos en el mismo marco del informe anterior. Aquí se señalan cuestiones relativas a la justificación adecuada de la necesidad de los contratos y la relativa a un mayor seguimiento en la ejecución de los contratos;
se señala que no se justificó

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adecuadamente la necesidad del objeto de contratación; no figuran, asimismo, memorias que justifiquen el gasto de dinero público de las fundaciones, y no se establecieron claramente cláusulas en los pliegos de los contratos para acreditar
la solvencia y el cumplimiento de los mismos. Además, la documentación que acredita el cumplimiento del contrato por parte de la entidad a la que fue adjudicada es incompleta o contiene deficiencias.


Entrando en el informe de Fremap, esta no envió a tiempo los expedientes que se requirieron; se produjo un fraccionamiento indebido del objeto del contrato; la convocatoria pública exigía una serie de requisitos ad hoc para impedir la
concurrencia competitiva de las convocatorias; no había transparencia en los criterios de adjudicación, etcétera.


En cuanto al informe de Radiotelevisión Española, presenta características un poco diferentes, aunque entran dentro del mismo marco que relatamos al principio. Los contratos analizados se producen en la época de dos presidentes distintos,
ambos nombrados por el Gobierno del PP, que realizan las mismas prácticas, con un afán de externalización injustificado, según señala el propio tribunal. De hecho, Televisión Española no está cumpliendo la ley, el mandato-marco en cuanto a
porcentaje de producción propia. Es la base fundamental para la construcción de una redacción paralela, como ya se ha señalado en la Comisión de control de Radiotelevisión Española, afín a la ideología del Gobierno, donde se produce un trasvase
permanente de fondos públicos al sector privado, sin que redunde en un mejor servicio para la ciudadanía. Además, se señala la opacidad de los procesos de externalización y la mala gestión del patrimonio, que se ve especialmente reflejada en el
caso de los Estudios Buñuel, la joya de Televisión Española por sus características técnicas y logísticas, que se malvendió, suponiendo un impacto negativo en las cuentas de la corporación.


En el caso de Galicia, vemos numerosas incidencias y malas prácticas en el puerto de A Coruña, en la obra de Punta Langosteira. Hay indicios de fraccionamiento de contratos. En definitiva, los típicos males y problemas de los que adolece
nuestro sistema de contratación pública, cuyas consecuencias vinimos a relatar al principio. Nos gustaría saber si estas prácticas se han venido reproduciendo en el tiempo, en los siguientes años, y si se han desprendido del informe de
fiscalización acciones por parte de la fiscalía y cuál ha sido el resultado de las mismas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente.


Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su comparecencia y su exhaustiva exposición. Estamos hablando de cinco expedientes y yo diferenciaría los que son de control de legalidad del sistema y del procedimiento de contratación
-los dos de los ministerios político-administrativos y sus organismos, y también el de Radiotelevisión Española y el de la Fremap- del expediente de fiscalización de la instalación portuaria de Punta Langosteira, que es una fiscalización integral,
no solamente de control de legalidad, sino también operativa y funcional. En relación con el primer tipo de expedientes, los de legalidad, se reiteran las anomalías que se suelen producir en este tipo de contrataciones, desde el fraccionamiento de
los contratos hasta la utilización de negociados sin publicidad, las bajas temerarias, los pliegos de condiciones en los que no se establecen los sistemas de baremación o el incumplimiento de lo acordado y formalizado en los contratos sin requerir
ningún tipo de penalización. En todos los procedimientos y expedientes se reiteran las mismas anomalías y observaciones. Estamos hablando de los ejercicios de 2014 y 2015, y espero que todo esto se pueda salvar con la implantación de la nueva Ley
de Contratación del Sector Público, en la que se han tenido muy en cuenta todas estas anomalías que se vienen produciendo de forma reiterada y que están entrando en una normalidad administrativa inadmisible. Por tanto, me gustaría saber si el
Tribunal de Cuentas cree que la nueva ley podría poner remedio a todas estas observaciones, anomalías e irregularidades que se vienen produciendo en la contratación pública. Insisto en que son reiteradas y bastante generalizadas.


Parece que solamente hay un expediente en donde hay un posible indicio de responsabilidad contable, que es el expediente de Fremap; en concreto, en las obras del Hospital de la Mutua de Barcelona. Me gustaría saber en qué situación está,
si la sala jurisdiccional ha procedido a la apertura y en qué situación se encuentra ese expediente. Es una anomalía de una cuantía considerable y, desde luego, nos gustaría conocer los pormenores del informe tanto de la fiscalía como del abogado
del Estado al respecto.

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Luego está el expediente de contratación de Radiotelevisión Española, que por su cuantía económica en cuanto a los contratos quisiera hacer algún tipo de observación al respecto. Se salen de lo normal algunas de las anomalías o
irregularidades detectadas, como es el establecimiento de un sistema de selección previo al de contratación y con ofertas abiertas con el que Radiotelevisión Española estaba excluyendo, al parecer, a aquellas que podrían ser las más ventajosas. Es
un procedimiento que se inventa Radiotelevisión Española, lo cual es una anomalía muy excepcional y por eso quiero poner especial énfasis en esta cuestión. Radiotelevisión Española se inventa un procedimiento previo al de contratación, abre las
distintas ofertas y elimina de entre estas ofertas justamente las más ventajosas, impidiendo que puedan entrar en el procedimiento de contratación reglado. Lo que me extraña es que la fiscalía o la Abogacía del Estado no encuentren ningún indicio
de responsabilidad contable, porque es especialmente anómalo. Además, se salta todos los procedimientos de contratación pública haciendo uso del derecho de exclusividad en muchas contrataciones de asistencia técnica, de asesoramiento y, en
definitiva, de servicios, porque al darles ese carácter se eliminan de todo procedimiento reglado a efectos contractuales.


Quiero poner especial énfasis en otro expediente que no es exclusivamente de control de legalidad sino de fiscalización integral, que es el de las instalaciones portuarias de Punta Langosteira. Me ha llamado muchísimo la atención, porque es
escandaloso el resultado de este informe. En el informe se pone de manifiesto que se pretende hacer una obra importante por parte de la autoridad portuaria, inicialmente de algo más de 500 millones de euros, que acaba en casi 1000 millones de
euros. Pero no es esa la cuestión; la cuestión es que se establece un sistema de financiación autosuficiente por la venta de una serie de terrenos que se liberan y que, sin embargo, no se han vendido, con lo cual se tiene que echar mano de
subvenciones públicas y de financiación del Banco Mundial. Es una casuística de una irregularidad extraordinaria.


El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene usted que ir acabando ya.


El señor HURTADO ZURERA: Voy a concluir ya.


El colmo de males es que, al parecer, según el informe de la Comisión Europea, ni tan siquiera se llega a utilizar -por lo menos hasta el año 2015- y la conexión que se sigue utilizando entre la refinería y la instalación portuaria es el
mismo sistema de canalización subterránea que había, que pasa por debajo de la ciudad. Es una cosa increíble.


Concluyo. Ahí sí hay dos indicios de responsabilidad contable, tanto por parte de la Abogacía del Estado como de la fiscalía, con relación a los contratos de prestación de servicios de redacción del proyecto, del estudio de viabilidad y de
suficiencia de resistencia de los contenedores. Me gustaría saber en qué situación están estos indicios y si han prosperado de alguna forma en la sala jurisdiccional.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Bravo tiene la palabra.


El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente y muchas gracias, presidente del Tribunal de Cuentas, por su explicación.


Yo traía una explicación de lo que entendía que debía intentar exponer, pero ante las afirmaciones del resto de partidos políticos creo más necesario ir contestando, porque se ve que a algunos no nos gusta leernos las alegaciones o el
informe completo. Cuando hablamos del informe del puerto exterior de A Coruña, hablan del objeto. Creo que hay que destacar de este informe el intenso trabajo que hace el Tribunal de Cuentas, pero no menos extenso es el informe de alegaciones que
realiza el puerto, en el que se entiende perfectamente, a través de una relación de hitos temporales, cuál es el objeto. Se lo digo a Ciudadanos, porque dicen que no saben cuál es el objeto. Ahí les viene explicado que el objeto es eliminar los
tráficos de mercancías potencialmente peligrosas o contaminantes; hablamos de graneles sólidos y productos petrolíferos, también del conflicto medioambiental producido -vamos a recordar el Prestige, sin ir más lejos, por ser sumamente conocido- o
simplemente del conflicto que se establece entre la ciudad y el puerto.


Habla también el señor Hurtado, del PSOE, en cuanto al puerto, de que no se ha vendido ninguno de los terrenos. Si usted se leyese las alegaciones podría observar que explica por qué no se han vendido los terrenos. Esos terrenos no han
pasado a manos de nadie raro, no se ha hecho ninguna

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oferta de especulación rara, todo lo contrario, el propio puerto hace un análisis de cuál ha sido la evolución del mercado inmobiliario y de por qué no se han vendido -creo que ustedes conocen perfectamente cuál es la situación del mercado
inmobiliario en España desde el año 2007-. El propio puerto entiende que el momento de venta deberá ser aquel en el que el mercado inmobiliario acredite poder recuperar aquellas cuantías iniciales. Usted habla de irregularidades extraordinarias
-ahora analizaremos un poquito más del puerto-, pero sobre todo habla de que se sigue utilizando el mismo sistema de tuberías. Quizá tendría que analizar un poco más las alegaciones y entender por qué se sigue utilizando el mismo. Solamente se ha
desplazado una parte y si se hubiera preocupado de ponerse en contacto con el puerto, a lo mejor sabría que a día de hoy más de un 40% de ese tráfico ya está desplazado y que parte de este ejemplo de tubería que usted ponía ha sido totalmente
superado. Hablaba también de los sobrecostes. Es verdad que el tribunal hace una referencia a un sobrecoste del 27% y el puerto alega, siendo real lo que dice el Tribunal de Cuentas, que hicieron una previsión y que hubo una oferta a la baja que
se aceptó, pero que posteriormente se incrementó. Sí, se incrementó, pero la previsión del puerto era superior. Si hay una oferta más baja, todo el mundo entiende que la tendríamos que coger. Cuando se acepta esa oferta la realidad es la de los
informes de los técnicos del puerto. Si a esto le sumamos que hubo dos fallecimientos y que la Inspección de Trabajo exigió una mayor inversión en materia de seguridad, nos llevaría a que el incremento real que se ha producido respecto a la
previsión inicial de 630 millones de euros es un 8,7%. En una obra de 800 millones de euros se habla de una desviación de un 8,7, además con esta peculiaridad de la Inspección de Trabajo -creo que nadie discutirá que no se gaste más dinero en
proteger a los trabajadores-. También hablaba de una desviación de 600 millones de euros del puerto de A Coruña. No son 600 millones; si el presupuesto han sido algo más de 800 millones, difícilmente tendríamos una desviación de 600. Y se les ha
olvidado decir que se ha hecho un ahorro de 33 millones de euros por un lado y de 50 millones de euros por otro lado, y que además se han hecho contrataciones con distintas entidades que han permitido hacer todo el traslado. Se ve que aquella parte
positiva del informe no era tan interesante ponerla en valor.


Respecto al Fremap, tanto Ciudadanos como Podemos, incluso PSOE, han hablado de fraccionamiento. Les animo a que se lean las páginas 7 y 17 de las alegaciones en las que se explica, respetando el criterio emitido por el propio Tribunal de
Cuentas, que ellos entienden que no es fraccionamiento porque son dos objetos distintos, obra civil e instalaciones, y basándose en eso ellos lo fundamentan. A ustedes, evidentemente, les parece que todo está muy mal porque lo hace el Partido
Popular, no así si lo hacen los demás, pero hay una justificación suficientemente acreditada. Distinto es que el tribunal no lo considere, pero por lo menos creo que no es un contrato de fraccionamiento; de hecho, que yo sepa no existe
responsabilidad exigida en esta materia.


Se pone de manifiesto un problema en relación con Radiotelevisión Española que ya se comentaba anteriormente -me gustaría saber cuál considera usted que puede ser la solución-, y es que hay un presidente que es responsable pero que ya no
está al frente de la corporación y eso de alguna manera le dificulta la posibilidad de hacer alegaciones en su defensa. Y también es importante destacar las extensas alegaciones y justificaciones.


En cuanto a otras materias en el área político-administrativa, nos encontramos con algunas dificultades en cuanto a su planteamiento, y le explico. Ustedes reflejan la necesidad de una memoria o documento de carácter económico pero, por
ejemplo, el Ministerio de Defensa hace referencia a que hay un informe del grupo de evaluación de costes, que es el órgano que ellos tienen para valorar. ¿Cómo podríamos hacer posible que ustedes se sintiesen cómodos con esa valoración y la diesen
por válida y el órgano que tiene que hacer la contratación también se pueda apoyar en la misma? En otro caso, el Ministerio del Interior manifiesta: oiga, mis expedientes han sido revisados tanto por la Abogacía del Estado como por la intervención
delegada del Ministerio del Interior y, sin embargo, ustedes les ponen reparo. Creo -ya apuntábamos antes esta incidencia- que aquí tendríamos que ser capaces de coordinarnos para que, repito, ustedes se sientan cómodos y cubiertos en esa materia y
también lógicamente el órgano que contrata.


En cuanto a Fremap, lo más importante ya lo hemos apuntado. Quizá hay que subrayar la afirmación que hacen en cuanto a que muchas de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas han sido incorporadas y lo prolijo de las alegaciones.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Bravo.

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El señor BRAVO BAENA: Voy, presidente.


Esta justificación tan importante en las alegaciones creo que pone en valor el informe del Tribunal de Cuentas, el esfuerzo que hace y la valoración que realiza la otra parte de ese esfuerzo del tribunal; por ello, le da tantísima
importancia y lo intenta.


Permítame que termine, señor presidente del Tribunal de Cuentas, haciendo referencia a algo que dije en una intervención anterior pero quizá no fui suficientemente claro en mi explicación y por ello le pido disculpas. Igual que tenemos
otras entidades que sirven de elemento de control, de apoyo al funcionamiento de la contratación de la Administración -y hablo de la Airef, etcétera-, yo le planteaba por qué no hacíamos un informe muy resumido de las principales propuestas que
ustedes ven a lo largo del año que es necesario rectificar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las memorias que ustedes hacen, a la apertura de sobres -que en algún momento también ven irregularidades-, a la conformidad con la finalización o no y
las consecuencias y penalidades que se establecen, a los plazos de ejecución incumplidos, etcétera. Usted me contestaba que sí hay un informe del Tribunal de Cuentas, que es este y que yo conocía (Muestra un libro), pero lo que ustedes aquí hacen
es como un resumen muy bueno de cada expediente, de lo que se ha hecho a lo largo del año, pero yo no me refiero a eso. A lo mejor podrían hacer tres o cuatro folios en los que ustedes dijeran: Administración, os estáis equivocando en esta
materia; abogado del Estado o interventor, estamos teniendo problemas en esta materia. Seamos capaces entre todos de solucionarlo. Cuando hablábamos de las tasas, ustedes pedían a AESA en un momento dado que solucionara un problema de tasas
cuando realmente correspondía al Ministerio de Hacienda. Quizás si eso lo plasmásemos en un resumen -igual que hacen este magnífico trabajo-, podría ser más productivo, más fácil para el conjunto de las administraciones, ya que su trabajo es muy
importante para todos y así se demuestra en lo prolijo de las alegaciones.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo.


Para dar cumplida respuesta a sus cuestiones, tiene de nuevo la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


Intentaré contestar a las múltiples cuestiones que me plantean, empezando por algunas que me ha dirigido el señor Ramírez relativas a los expedientes presentados. Una de las preguntas se refiere a la contratación de un catedrático
extranjero. En este caso nuestra crítica no es tanto por el hecho de que la persona seleccionada sea nacional o extranjera, sino porque la contratación debería haber sido por un procedimiento distinto al de la adjudicación directa. Esa es la
verdadera crítica que incorpora el informe, cuando además hemos visto que se ha repetido esa contratación exactamente en catorce ocasiones. Eso es lo que hemos querido resaltar en nuestro informe.


En relación con Fremap también me ha planteado el tema del fraccionamiento del eventual contrato, y aprovechando las preguntas que usted y el resto de intervinientes me han formulado relativas a Fremap, he de decir que, de todos los informes
que les presento hoy, el de Fremap es el único que tiene una petición distinta a la responsabilidad contable, ya que se formula una petición por eventual responsabilidad penal por indicios de fraccionamiento fraudulento del objeto contractual,
precisamente de unas cuestiones que alguno de ustedes ha señalado, que es la contratación de la obra de la reforma del hospital de Fremap en Barcelona y también de la obra de las instalaciones de ese mismo hospital. En los dos casos el fiscal ha
solicitado la remisión de testimonio de particulares a la fiscalía correspondiente. Me han preguntado también respecto de Fremap por el eventual tratamiento de los expedientes, desde el punto de vista interno del tribunal, por responsabilidad
contable, y he de decirle que en estos momentos no constan antecedentes en la sección de enjuiciamiento, es decir que no están abiertos ninguno de los procedimientos que en su momento podría haberse pensado que deberían abrirse.


El señor González me pregunta por algo por lo que también han preguntado otros intervinientes, y es que nosotros señalamos un catálogo de incumplimientos y lo que le interesa a esta Comisión, lo que les interesa a ustedes es en qué medida se
siguen manteniendo estos mismos defectos o estos mismos incumplimientos y en qué medida la nueva Ley de contratos es un instrumento válido para resolver buena parte de los defectos de contratación que hemos estado viendo. Es indudable que la nueva
Ley de contratos supone una gran mejora. Lo ha sido tradicionalmente a lo largo de estos últimos años, en la medida en que las reformas de la legislación de contratos lo que han venido a realizar es la trasposición

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de directivas comunitarias que cada vez van perfilando más el sentido de lo que debe ser una contratación administrativa realizada de manera correcta y en la que se eviten todos los vicios que muchas veces acompañan a este tipo de
contrataciones. Por lo tanto, creo que sí, aunque todavía es pronto para ver los efectos de la nueva Ley de contratos, entre otras razones porque, como digo, está recientemente aprobada y su aplicación práctica en la contratación la vamos a empezar
a ver en los próximos ejercicios. Me ha pedido alguno de ustedes mi opinión sobre la nueva Ley de contratación. Indudablemente, nosotros no la vamos a juzgar desde un punto de vista ni teórico ni doctrinal, no es nuestra misión; nos corresponderá
determinar, cuando estudiemos los efectos de la contratación y analicemos, efectivamente, en qué medida resuelve los problemas que generalmente nuestra contratación administrativa tiene, si se ha producido una mejora o no. Hoy por hoy no podemos
afirmarlo, aunque es indudable que la intención de la nueva Ley de contratos indudablemente es mejorar la gestión contractual, es decir, gran parte de las cuestiones planteadas por los diferentes organismos que revisan la contratación
administrativa. Lo que sí hizo el tribunal en su día, cuando nos fue remitido por parte del Gobierno el anteproyecto de la nueva Ley de contratos, fue emitir un informe, pero exclusivamente referido a cómo en la nueva Ley de contratación se señalan
las funciones y los cometidos del Tribunal de Cuentas a la hora de la revisión de todos los expedientes de contratación y la obligación de rendición y de información por parte de todos los afectados al Tribunal de Cuentas. En esa cuestión el
tribunal emitió la opinión correspondiente al Gobierno. Lo que sí les puedo decir en cuanto a la nueva Ley de contratos es que, en la medida en que facilita la división en lotes, verdaderamente se va a poder promover una mayor concurrencia con
empresas de menor dimensión. Este es un elemento que seguramente tendrá efectos positivos porque es indudable que la existencia de una mayor concurrencia en la contratación administrativa permitirá obtener un abanico más amplio de soluciones y
valorar cuál es la mejor de todas ellas.


También me han planteado, en relación con la Corporación RTVE, las principales características que concurren en la contratación de esta entidad. Indudablemente RTVE se encuentra ante un mercado -y eso es un hecho objetivo- en el que,
primero, se quiere preservar la confidencialidad porque se entiende que, desde el punto de vista de Radiotelevisión Española, puede ser un elemento contrario a su competitividad, dado que compite con empresas privadas que no están obligadas a dar
esa información contractual sobre la actividad que desarrollan y, por lo tanto, los directivos de RTVE alegan esa razón para acogerse a principios de confidencialidad que no proporcionen una ventaja a sus competidores. Por otra parte, esa misma
razón de la competencia con otras cadenas puede llevar a que determinados proveedores se consideren necesariamente excluidos de una determinada contratación, dado que pueden ser competidores especialmente privilegiados en otras cadenas y se pueda
entender que esa razón les puede suponer dificultades para el desarrollo de su gestión. Estas son las razones que dan los gestores; las razones que dan las personas que tienen la obligación de llevar adelante estos contratos. Les doy esta pequeña
explicación porque, desde el punto de vista de la presentación de estos informes, buena parte de las preguntas que ustedes me hacen en realidad quienes las pueden responder son los gestores afectados. Es decir, que serían los responsables de
Radiotelevisión Española los que deberían decirles a ustedes por qué han hecho lo que han hecho y qué es lo que van a hacer para rectificar su mala praxis, desde el punto de vista de nuestro informe. A mí me resulta difícil realizar esta labor
porque no me puedo poner a la vez en el papel de fiscalizador y de ofrecer las explicaciones que puedan tener los gestores. Se ha hecho referencia a lo que dicen las alegaciones y efectivamente yo creo que hay que tener en cuenta lo que dicen
dichas alegaciones porque, en definitiva, es lo que dicen los gestores. Quizá para su propio trabajo sería interesante escuchar lo que podamos decir los que tenemos la obligación de controlar, pero también, mucho más, escuchar a aquellos que han
sido criticados y que ellos les den a ustedes sus razones. En ese equilibrio seguramente se producirá un mejor resultado del trabajo que realizamos entre todos.


Me han planteado también el caso de Punta Langosteira que, como bien se ha dicho, posiblemente será de todos los informes el que tiene un importe más significativo ya que hace referencia a una operación económica de gran dimensión, parecida
a la que ya hemos visto aquí del puerto de Gijón. Son dos ampliaciones portuarias del más alto nivel. Lo único que les pudo decir en relación con este informe, igual que en relación con el del puerto de Gijón, es que habría que verlo en función de
la evolución nacional de la actividad portuaria. Se ha decidido realizar grandes inversiones y ampliar una serie de puertos por razones diversas; es decir, se ha incrementado esa oferta pública de actividad portuaria incrementando la superficie
portuaria en un porcentaje muy significativo y lo que habría que preguntar es cómo han evolucionado los ingresos y la actividad. ¿Se ha incrementado la actividad portuaria? ¿Los ingresos que

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se derivan de esa actividad compensan las inversiones que se han realizado? Tenemos presentado ante esta Comisión Mixta un informe que va a valorar esas cuestiones y que seguramente será muy importante tenerlo en cuenta sobre cómo han
evolucionado los diferentes puertos nacionales en estos años. Sobre esa reflexión se podrán resolver gran parte de las cuestiones que ustedes han planteado.


Perdónenme porque seguramente me dejo muchas cosas por contestar, pero esto es lo que tengo que decir. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.


BLOQUE II. PRESTACIONES FARMACÉUTICAS:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES FARMACÉUTICAS A CARGO DE LA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000155 y número de expediente del
Senado 771/000155).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DESARROLLADA POR EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD EN RELACIÓN CON EL ÁREA FARMACÉUTICA, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000176 y número de expediente del Senado 771/000172).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES FARMACÉUTICAS A CARGO DEL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000194 y número de
expediente del Senado 771/000192).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE LAS PRESTACIONES FARMACÉUTICAS A CARGO DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000214 y
número de expediente del Senado 771/000213).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del segundo punto del orden del día, que contiene los siguientes informes: informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de la Mutualidad General
Judicial, ejercicio 2014; informe de fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 2014 y 2015; informe de fiscalización sobre la
gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2015; e informe de fiscalización sobre gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, ejercicio 2015.


Tiene de nuevo la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


En primer lugar, haciendo referencia al informe de fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 2014 y 2015, se puso de
manifiesto la inexistencia de manuales de procedimiento en los que se definan las funciones y responsabilidades de las distintas áreas y unidades organizativas competentes en la ejecución de la política farmacéutica. El Real Decreto-ley 8/2010
promovió la reducción de la factura farmacéutica a través de descuentos del 7,5% sobre el precio de venta al público de los medicamentos dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud y sobre las compras realizadas por hospitales, centros de
salud y estructuras de atención primaria. Durante la fiscalización estaban sujetos a techo de gasto doce medicamentos por un importe total aproximado de 1197 millones de euros y plazos que varían entre uno y tres años. Algunas resoluciones
establecieron obligaciones adicionales a los laboratorios que escapaban a las posibilidades de inspección y examen por parte del ministerio y otras fijaron techos de gasto basados en sistemas que entrañaban una importante complejidad para comprobar
el cumplimiento de los límites fijados. El ministerio no realizó cruces de los datos de los medicamentos sujetos a techo de gasto remitidos por los laboratorios con otros datos externos, bien los facilitados por las autoridades

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sanitarias en dichos ficheros relativos a la farmacia hospitalaria o bien solicitando información específica a las comunidades autónomas.


Respecto a la gestión de la información del procedimiento de recetas y del consumo hospitalario de medicamentos, la aplicación informática Alcántara constituye el principal sistema tecnológico para la gestión de la información farmacéutica.
La aplicación recibe información del sistema informático Raefar, desarrollado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para gestionar el registro y autorización de las solicitudes de comercialización de medicamentos y productos
sanitarios. En el proceso de sincronización diaria entre ambos sistemas se han producido errores y disfunciones en elementos compartidos como consecuencia de actualizaciones en la base de datos Raefar. Los informes anuales del Sistema Nacional de
Salud contienen un análisis del gasto generado por la facturación de recetas médicas, si bien no incluye el gasto correspondiente a las mutualidades del Estado, que representan el 4,4% del gasto farmacéutico público. La información del consumo
farmacéutico hospitalario entre 2013 y 2015 recibida de las consejerías de Salud de las comunidades autónomas ha sido incompleta, heterogénea respecto a las unidades de medida y formato, dispar en el contenido y carente de uniformidad en los
periodos de referencia. Ello ha impedido disponer de datos fehacientes del gasto farmacéutico hospitalario. El Comité asesor para la financiación de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud no se había llegado a constituir, a pesar
de estar prevista su creación, en el año 2012. Así, la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, adscrita al ministerio, a la que corresponde fijar los precios de financiación del Sistema Nacional de Salud de medicamentos y productos
sanitarios para los que sea necesaria prescripción médica, no pudo contar con los informes de dicho comité asesor.


Los otros tres informes de fiscalización se refieren a la gestión y al control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de la Mutualidad General Judicial, Mugeju, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Isfas, y de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, Muface, respectivamente. En todos ellos la actualización permanente de información sobre el colectivo protegido presentaba deficiencias, de manera que las comprobaciones de la fecha en el momento del alta
y los cruces de información con la Tesorería General y, en su caso, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social no permitían detectar duplicidades. Tampoco existían suficientes controles relativos a la entrega y reposición de los talonarios de
recetas y Muface no planificó adecuadamente las necesidades de suministros de talonarios al no haber formalizado un contrato nuevo cuando terminó la vigencia del anterior, lo que obligó a una contratación menor con la adjudicataria anterior.
Posteriormente, las deficiencias del segundo contrato imputables a la contratista llevaron a una nueva contratación menor hasta la cesión del contrato a la adjudicataria del anterior. Los conciertos suscritos por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos no se adecuaban a la normativa vigente por haber devenido obsoleto en un caso o por no ajustarse al Real Decreto sobre receta médica y órdenes de dispensación. Mugeju no llevó a cabo revisiones de recetas remitidas en
papel por los colegios oficiales de farmacéuticos. El nivel de defectos detectados por el tribunal en los servicios provinciales de Muface y en las delegaciones de Isfas fue muy superior al de los apreciados por estos. En algunas recetas
correspondientes a Isfas concurren incidencias que debieron haber dado lugar a su anulación total o a la anulación del margen comercial.


Respecto al procedimiento de visado de recetas y su control, un total de 4100 recetas de Mugeju y 1829 de Isfas, facturadas y visadas, no figuraban grabadas en la aplicación informática. Por su parte, Muface no tenía establecidos controles
para la detección de errores que conllevan la anulación de recetas sujetas a visado. En concreto, en 1338 recetas el producto dispensado fue distinto al prescrito, en 4235 recetas el producto dispensado fue de un tamaño superior al visado y en 4817
recetas el número de envases fue superior al que constaba en el visado. Además, 5951 recetas con visado fueron facturadas y pagadas sin comprobar si contaban con informe médico en vigor, 4761 recetas no fueron grabadas en la aplicación informática
ni fueron revisadas por los servicios provinciales, 424 recetas no incorporaron el sello de visado, por lo que debieron de haber sido anuladas, y 76 recetas fueron visadas con informe desfavorable del asesor médico. El Tribunal de Cuentas no pudo
fiscalizar las recetas de las farmacias militares correspondientes a varios meses de 2015 debido a que Isfas, en cumplimiento de su normativa interna, las había destruido. No obstante, tras el requerimiento del tribunal paralizó dicha destrucción
de manera inmediata. Mugeju no había realizado ningún estudio sobre consumo abusivo de medicamentos ni de utilización de recetas por los mutualistas que sobrepasasen los límites establecidos como razonables. En el caso del Isfas, los controles
sobre consumos excesivos fueron limitados, ya que solo se realizaron sobre trece medicamentos. El tribunal ha detectado consumos anuales en exceso en 1080 casos sobre las dosis máximas recomendadas en los prospectos. En 191 recetas de medicamentos
que contienen

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sustancias psicotrópicas no figura el DNI de la persona a la que se dispensó el medicamento, requisito que es obligatorio. Asimismo, los límites de control del consumo de medicamentos psicotrópicos fijados por Muface no tienen en cuenta las
dosis máximas recomendadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, habiéndose verificado 892 consumos superiores a las mismas. Adicionalmente, se han detectado 395 consumos de medicamentos no controlados por la mutualidad
que excedían las dosis máximas recomendadas en los prospectos.


En cuanto a la facturación y pago de las prestaciones de farmacia a los centros hospitalarios adscritos, Mugeju e Isfas efectuaron pagos por las facturas de medicamentos cuyos precios estaban sobrevalorados debido a las diferencias entre el
precio de venta al público y el precio de venta de laboratorio, que es menor al anterior. Muface había abonado facturas duplicadas por 55 998 euros que fueron remitidas dos veces por los hospitales. Tanto Muface como Isfas presentan importes
pendientes de descontar a las entidades de seguros por medicamento para el tratamiento de la hepatitis C abonadas a los centros hospitalarios concertados, para lo que el Ministerio de Sanidad había establecido unos techos máximos de gasto y de
número de envases para todo el Sistema Nacional de Salud. Finalmente, en el caso de Muface, no consta que los centros hospitalarios hayan efectuado con carácter general la deducción del 7,5% en los medicamentos para el tratamiento de la hepatitis
C. Así, de una facturación de 10,6 millones de euros correspondientes a estos medicamentos en el ejercicio 2015, los hospitales aplicaron esta deducción tan solo para una facturación de 0,5 millones, un 4,82% del total, de la que el 51,27
corresponde a centros hospitalarios privados y el 48,73 a hospitales públicos.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la exposición de los informes.


Tiene de nuevo la palabra el señor Ramírez, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias de nuevo, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Estamos en un bloque que contempla básicamente los gastos por prestaciones farmacéuticas en general y en las mutualidades. Iba a empezar por las mutualidades pero,
siguiendo el orden que ha establecido el presidente del tribunal, el informe número siete, que habla sobre la fiscalización de actividades económicas desarrolladas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para los años 2014 y
2015, justamente en el elemento de fiscalización de la actividad económica resalta, en cuanto a la inclusión de medicamentos en la financiación pública del Sistema Nacional de Salud y fijación de precios, la excesiva discrecionalidad en los
procedimientos y criterios para la financiación pública de medicamentos, aspecto que ya había sido denunciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en mayo de 2015, además de que la ley obliga a la Administración a garantizar la
máxima transparencia -volvemos a incidir en esa falta de transparencia- en los procesos de adopción de los precios de los medicamentos para evitar precisamente que se pueda influir en la decisión administrativa por intereses personales derivados de
la fabricación, comercialización, representación, distribución y venta de dichos medicamentos. El informe, como bien comentaba el presidente, presenta luces y sombras. En el caso de la atención primaria, la atención inicial de nuestro Sistema
Nacional de Salud habla de que hay un sistema informático, el Alcántara, que realmente armoniza la gestión informática farmacéutica. Nos parece algo elemental porque el gasto farmacéutico es uno de los primeros imputs que se valoran si se quiere
establecer un criterio de eficiencia en cuanto a ese gasto, sobre todo en lo que se refiere a la sanidad pública. Sin embargo, frente a ese elemento tenemos otro como es el gasto hospitalario, en el que también se incurre por miles de millones de
euros anuales, que no tiene la información de forma heterogénea, no hay una aplicación informática con la que se pueda hacer un proceso armonizado con la que se pueda comprobar si los gastos que se están produciendo en los distintos hospitales de
nuestra red pública son óptimos, son eficientes o se sigue cayendo en el dispendio. En ese sentido, le quería hacer una pregunta que realmente es retórica: ¿No cree el presidente y el tribunal que un modelo informático armonizado, un modelo
informático de control de gestión que pueda servir como modelo comparativo, igual que el que tenemos en nuestra atención primaria, sería lógico, sería consecuente y sería necesario en el sistema hospitalario? También incide este informe en que
había doce medicamentos por un importe de más de 1100 millones de euros que estaban bajo fiscalización y bajo observación extrema, sin embargo, no se produce un cruce de datos para confirmar la validez, la veracidad, la certeza de los datos que
aportan los laboratorios, algo que nos parece a todas luces impensable. Creemos que la Administración, cuando estamos hablando de

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gasto farmacéutico, que es uno de los principales elementos dentro del gasto sanitario, tiene que tener la máxima vigilancia sobre el mismo.


En relación con los informes sobre las mutuas, que suponen el 4,4% del total del gasto, en el caso de la Mutualidad General Judicial queremos resaltar que había una carencia de personal suficiente -así lo resalta el informe- para llevar a
cabo la adecuada gestión y control de las prestaciones farmacéuticas que, por cierto, representan el 48% de las obligaciones que recoge esta mutualidad, sin embargo, solo seis de los ochenta y siete funcionarios que se dedican a esa labor están para
el control de la gestión farmacéutica. Quizá por eso encontramos cosas como que se carece durante el año 2014 de instrucciones claras internas o manuales de procedimiento; quizá por eso solo se comprueba en el momento del alta a los beneficiarios
y los titulares pero luego no se hace un seguimiento de si figuran inscritos y si se benefician de otro régimen del sistema de Seguridad Social; quizá por eso encontramos que en el 44% de las recetas fiscalizadas no figuraba la posología, en el 60%
no constaba el número de envases y en el 96% no figuraba la población de residencia del facultativo. Es increíble, a estas alturas de la historia, encontrar que se pueda dispensar un medicamento sin saber básicamente la información del médico que
lo está prescribiendo.


En el caso del Isfas, el principal objetivo de la fiscalización fue el análisis desde la perspectiva de los principios de buena gestión y de los procedimientos implantados por Isfas para la comprobación de la facturación. Es sorprendente,
dentro del procedimiento que tenía el propio Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la destrucción de las recetas. Menos mal que han hecho caso de la recomendación del tribunal y han dejado de hacerlo porque no se entiende por qué el manual
interno tenía, dentro de su prerrogativa, destruir un documento que justificaba precisamente un gasto. Además, este organismo destaca que respecto a los beneficiarios y titulares por derechos derivados del instituto solo comprueban, igual que
pasaba con la mutua judicial, el derecho en la fecha de alta; no hacen un seguimiento de si se están beneficiando de otro régimen general o de otro régimen de la Seguridad Social, no se verifica, ni tampoco se verifican los requisitos de
convivencia con el titular o el nivel de ingresos; es decir, no se comprueba si hay duplicidad de afiliación. Nos parece muy sorprendente. Sé que el Tribunal de Cuentas ha recomendado mayor transparencia y sobre todo mayor control. Nos parece
fundamental porque, vuelvo a insistir, estamos hablando de gasto farmacéutico, que es el gasto principal a la hora de elaborar los presupuestos de lo que es la sanidad pública. Además, es el que siempre ha tenido puesta la lupa en la vigilancia
extrema y el que ha generado más alarma.


Por último, Muface. En cuanto al informe fiscal de la ficha de Muface, volvemos a insistir en lo mismo, el tribunal, y estamos de acuerdo, propone reforzar el control de sus beneficiarios y titulares. Hay un excesivo consumo de fármacos.
Nosotros ya hemos pedido explicación ante las numerosas deficiencias en la gestión y control de las prestaciones que se generan en Muface. El informe refleja lo que habíamos denunciado: 600 personas que se benefician pero que no cotizan y 900 con
consumo excesivo de productos psicotrópicos. Estamos hablando de productos que alteran el carácter, que actúan sobre el sistema nervioso central, es decir, productos que requieren una vigilancia extrema. El marco legal que tiene Muface es más laxo
en lo que se refiere a sus beneficiarios que el que tiene el resto del sistema sanitario.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Termino, presidente.


El Tribunal de Cuentas recomienda reforzar los controles y estamos totalmente de acuerdo. El concierto entre Muface y el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos adolece de no estar adecuado al decreto de 2010 y a este respecto le
queríamos pedir información al presidente.


Por último, insistimos en que identificamos posibles irregularidades indiciariamente, pero no se hace nada en la prescripción de fármacos y consumos excesivos, que en algunos casos superan el 200% de la dosis máxima. Entendemos que nuestras
mutualidades tienen que tener un sistema de control muchísimo más riguroso y tendrían que dedicar más personal a esto.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Palencia.

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La señora PALENCIA GARCÍA: Buenos días. Gracias, presidente.


Gracias, presidente del Tribunal de Cuentas. A lo largo de todo este bloque relativo a las prestaciones farmacéuticas, el Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades y anomalías, principalmente en la gestión y control del
sistema en todas las administraciones revisadas, en las cuatro.


Respecto a la Mutualidad General Judicial, el tribunal advierte de la falta de personal suficiente para llevar a cabo una adecuada gestión y control de las prestaciones farmacéuticas. El dato es suficientemente revelador; de las ochenta y
siete personas adscritas a los servicios centrales de la mutualidad solo seis se dedicaban a esta gestión, lo cual es manifiestamente insuficiente. No se dispuso ni de instrucciones internas ni de manuales de procedimiento reguladores de la gestión
y control de estas prestaciones. Esta carencia de medios humanos y de directrices claras sobre la regulación de la gestión y el control conllevaba no pocas deficiencias en la gestión de las prestaciones. También la gestión y control de los
talonarios de recetas médicas por parte de la Mutualidad General Judicial presentaba no pocas deficiencias. Esta mutualidad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos han suscrito un nuevo concierto de prestación farmacéutica que
entrará en vigor el 1 de enero de 2018. Le pregunto si conoce este nuevo concierto y si piensa que se garantizan, como así recomendaba el Tribunal de Cuentas en el informe que hoy analizamos, los plazos para la remisión y pago de facturación, así
como adecuación y simplificación de los procedimientos que realiza la mutualidad.


Los problemas de gestión antes mencionados se replican con matices en prácticamente todas las administraciones fiscalizadas. Así, en el caso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Tribunal de Cuentas detectaba que el
sistema de gestión y control hacía de difícil comprobación, por ejemplo, el cumplimiento del límite fijado en las resoluciones que fijan los tramos de precio y sus retornos al Sistema Nacional de Salud. Esto ha impedido, por ejemplo, la posibilidad
de establecer bonificaciones en suministros posteriores. Tampoco se han realizado cruces de datos con otros externos de los medicamentos sujetos a techo de gastos remitidos por los laboratorios a través de la plataforma Seguimed. Resulta
esclarecedor en este sentido que no exista procedimiento escrito alguno sobre los diferentes procesos que se realizan para la gestión de las aportaciones por volumen de ventas que deben llevar a cabo las compañías farmacéuticas. Similares
deficiencias ha encontrado el tribunal en la gestión de la información del procesamiento de recetas y del consumo hospitalario de medicamentos o en el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad que regula la financiación pública de la
prestación farmacéutica.


Este informe viene a insistir en varios aspectos que ya fueron denunciados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la excesiva discrecionalidad en los procedimientos y criterios para la financiación pública de
medicamentos. No se ha desarrollado ni se aplica la normativa, no están claros los elementos a considerar en la fijación de precios de medicamentos financiados de nueva comercialización, existe falta de transparencia y predictibilidad en la
actuación de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Este informe deja patente la necesidad de reforzar la solvencia del Sistema Nacional de Salud mediante cambios estructurales que aborden elementos de eficacia, transparencia
y rendición de cuentas en las políticas sanitarias y pone de relieve lo que muchísimos responsables de farmacia de comunidades autónomas, investigadores y otros expertos vienen denunciando desde hace años. Frente a la transparencia y la rendición
de cuentas, el Ministerio de Sanidad ha optado por la opacidad y por la discrecionalidad, y a más discrecionalidad y ausencia de transparencia más corrupción.


En relación con la gestión de las prestaciones farmacéuticas en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, aun cuando el Tribunal de Cuentas no pudo fiscalizar las recetas relativas al periodo de enero a junio porque fueron destruidas, se
llegaron a apreciar similares problemas de gestión que podrían conllevar duplicidades, falta de cumplimientos en los requisitos respecto a beneficiarios y titulares por derecho privado y falta de cruces periódicos con sus bases de datos y las del
Instituto Nacional de la Seguridad Social para detectar personas indebidamente afiliadas. Respecto a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Muface, las deficiencias de gestión conllevan, al igual que en los anteriores casos, la
falta de comprobación de los requisitos de convivencia con el titular, su nivel de ingresos respecto a beneficiarios y titulares por derecho privado y falta de cruces periódicos para detectar posibles afiliaciones indebidas, entre otras
deficiencias.


En definitiva, podemos establecer las siguientes conclusiones. El sistema actual de gestión y control de las prestaciones farmacéuticas que aplica la Administración es actualmente deficiente y con una falta de medios humanos, materiales y
de protocolos internos y coordinación con otras bases de datos que

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pueden conllevar duplicidades y desajustes del sistema. Cuando se nos motivaba por parte del Gobierno, con el pretexto de salvar nuestro sistema de salud, la necesidad de modificar y limitar el acceso a la prestación farmacéutica de gran
parte de la población, justificando dichas medidas en la insostenible situación del sistema, lo que en realidad se nos estaba escondiendo era la gestión deficiente del mismo, detectada por el propio Tribunal de Cuentas, que reiteradamente advertía
de estas deficiencias. El Gobierno del Partido Popular lo utilizó de manera torticera para realizar una reforma del Sistema Nacional de Salud totalmente regresiva y excluyente a través del Real Decreto 16/2012, cuando realmente lo que había que
corregir era esa gestión deficiente y no suspender derechos fundamentales como es el acceso a los medicamentos a una parte de la población. Les voy a recordar que, en este sentido, las encuestas señalan que las personas que por motivos económicos
no retiran de la farmacia medicamentos prescritos son un 14,76%, que el barómetro sanitario refiere que supone un 4,4% de la población, lo cual, trasladado a números redondos, supondría más de dos millones de personas que tienen dificultades para
acceder a su tratamiento farmacológico. El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de la gestión pública, ya ha sido lo suficientemente concluyente: hay que mejorar la gestión y el control, la coordinación entre las bases de datos y sobre todo la
transparencia. Esa es la solución para mejorar nuestro sistema, no la del Gobierno Popular, que es aprovechar esta deficiente gestión durante los años en los que ha gobernado para, de paso, justificándose en su propia inoperancia, aplicar políticas
de exclusión que no hacen más que erosionar nuestro Sistema Nacional de Salud gratuito, solidario y universal.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palencia.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella.


La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.


Abordamos hoy uno de los expedientes más complejos de las últimas sesiones porque entra dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud y el gasto farmacéutico, con la complejidad de que los gastos, en su mayor parte, son gestionados por
las comunidades autónomas y requieren de unos sistemas de información muy complejos en los cuales el Tribunal de Cuentas no ha dudado en entrar en profundidad. Debo transmitir en nombre de mi grupo nuestro reconocimiento al trabajo realizado por la
complejidad que ha tenido este informe. Me refiero especialmente al que corresponde al Ministerio de Sanidad porque los restantes informes relativos al mutualismo estatal suponen aproximadamente un 4% del gasto total, con lo cual la relevancia, el
diente de león, está en la parte que gestiona el ministerio. Para hacernos una idea de lo que estamos hablando recordaré que el gasto farmacéutico, tanto en régimen ambulatorio como hospitalario, constituye en torno al 27% del total del gasto
sanitario. En el año 2015 -el último ejercicio con datos disponibles-, el gasto farmacéutico -según los datos que tenemos e insisto siempre con precaución debido a la complejidad de los mismos- estaría en torno a los 16 000 millones de euros y en
su mayor parte, el 97% de este gasto farmacéutico, se encuentra descentralizado en las comunidades autónomas.


Una de las cuestiones a dilucidar en toda la legislación vigente y en el momento de luchar contra la crisis económica es si hablamos de racionalización del gasto farmacéutico o de contención del mismo. De los informes y de las conclusiones
a las que llega el Tribunal de Cuentas realmente aquí el ministerio responsable estaría hablando de la contención del gasto más que de la racionalización, y la contención a veces se ha hecho incluso a hachazos, con la lesividad que ha supuesto para
la ciudadanía, como se ha puesto de relieve. Baste decir que de 2010 a 2015, años que en uno u otro sentido el informe abarca, aunque el cuerpo central fuera 2012-2013, el gasto farmacéutico había disminuido un 11,3% en España mientras que la
población solo había disminuido un 0,07%, con lo cual las consecuencias para nuestra ciudadanía son evidentes. Queda reconocido en el propio informe cuando el tribunal dice que los créditos iniciales correspondientes al Ministerio de Sanidad se han
reducido en todo el periodo considerado en consonancia con el objetivo del control de gasto. En el cuadro número 2 se observa que las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio 2012 del Ministerio de Sanidad eran de 152 millones de euros cuando
en el ejercicio 2014 eran de 31 millones de euros, una caída en picado en solamente dos ejercicios. Sin embargo, llama la atención que esa contención versus racionalización no se haya hecho efectiva, porque la racionalización hubiera sido mejorar
todos los sistemas de gestión para conseguir librar fondos para aplicarlos al gasto farmacéutico. No ha sido así. La revisión de los grandes sistemas de información que maneja el ministerio deja muchísimo que desear y desde luego no nos sitúa al
nivel de un país desarrollado. Los dos grandes sistemas, como son el Alcántara -sistema de información para la gestión de la

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financiación de los medicamentos, donde se vuelca la base del nomenclátor de todo el conjunto de los miles de medicamentos que van a estar autorizados en España- y el Seguimed -sistema de información desarrollado, crucial para el
abastecimiento de los medicamentos en el mercado nacional-, tienen unas deficiencias que necesitaríamos todo el tiempo de que disponemos para poder exponerlas; solamente querría reseñar, para que la Comisión tenga constancia, que únicamente el 43%
del conjunto de los agentes que tienen que trabajar con Seguimed remitió información al sistema en 2015, lo cual representa casi la mitad de los laboratorios y mayoristas, todo ello unido a la heterogeneidad de los formatos en los que la información
se remite, el distinto contenido y la periodicidad de la información remitida repercute de forma sustantiva en la calidad de la información y convierten a Seguimed en un instrumento ineficaz para la finalidad perseguida. Es decir, el sistema de
información que mide el abastecimiento de los productos farmacéuticos en España adolece de estas carencias. Decían antes los compañeros que había que irse a las alegaciones. Efectivamente, en la alegación que manda el ministerio eso ya es
lacerante. La base de datos es de 2007, y uno podría pensar que ha quedado desfasada, pero no, ha quedado abandonada, que es diferente. Dice el ministerio: En todo caso parece oportuno indicar que para la plena operatividad de este sistema de
información en lo que respecta a su objetivo inicial, desabastecimiento del mercado, solo se requeriría proceder a restablecer su base legal a través del correspondiente reglamento y dotarlo de recursos humanos suficientes, ya que tecnológicamente
se encuentra prácticamente operativa. Y, finalmente, la elaboración de un estudio de oportunidad en relación con la puesta en marcha del proyecto. Pues, hágase. Realmente aquí el problema del sistema no es la falta de presupuestos, es la falta de
racionalización del gasto. Resulta muy preocupante y habrá que tomar, de cara a las propuestas de consideración, algunas medidas.


Se producen algunas disfuncionalidades muy graves, pero por razón de tiempo, para finalizar, me centraré en las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud. Se ha hecho ya hincapié en que no hay ningún procedimiento
escrito sobre los diferentes procesos y la falta de transparencia que ello supone, pero es que se detectan graves pérdidas de ingresos de las compañías farmacéuticas a los ingresos del Estado. Pérdidas de ingresos que vienen porque hay una
normativa, que no aparece determinado en qué momento se aprueba, que dice que cuando hay una discrepancia entre lo que aportan los sistemas de salud de las comunidades autónomas y lo que aporta la industria farmacéutica, siempre se tiene en
consideración, sea o no lesivo para los intereses del Estado, lo que aporta la comunidad autónoma, sin que se haga un contraste. Debería haber un contraste de oficio siempre que sea perjudicial para los ingresos del Estado; de hecho, se detectó un
caso en 2012 referente a una liquidación del tercer cuatrimestre de 2012 remitida por el Servicio Gallego de Salud, inferior en 21 millones de euros a la propiamente remitida por Farmaindustria, y sin embargo se dio por buena la del Servicio Gallego
de Salud, con la consiguiente pérdida de ingresos. Como de todas las aportaciones de esa liquidación hay unos porcentajes que son lo que tiene que aportar el sistema farmacéutico, habiendo una serie de deducciones si son compañías farmacéuticas que
están investigando, la pérdida de ingresos del Estado es acumulativa, con lo cual todo viene a decir que no solamente es reducción y contención, sino racionalización.


El señor PRESIDENTE: Señora Botella, tiene usted que ir acabando.


La señora BOTELLA GÓMEZ: Sí.


Respecto a lo que se llama el mutualismo del Estado o mutualismo administrativo, todas ellas, las tres que se han fiscalizado, adolecen de las mismas características, que procedimentalmente son muy destacables, aunque luego cuantitativamente
no tienen incidencia. De hecho, parece que ni el ministerio fiscal ni la Abogacía del Estado han abierto causa. Lo que sí que me gustaría saber, dado que su coordinación es necesariamente eficaz y han pasado muchos años, es de qué organismo del
Ministerio de Sanidad depende la supervisión, quién es el responsable de la supervisión y en consecuencia de la necesaria modernización porque no vamos a satanizar al sistema sin conocer si los responsables de que este sistema funcione -vía algo
tradicional como es el mutualismo de Estado- han tomado medidas en el asunto. Nos gustaría tener bien claro quién es el organismo del Ministerio de Sanidad del cual depende la supervisión del mutualismo de Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Antoñanzas.

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La señora ANTOÑANZAS GARRO: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, presidente del Tribunal de Cuentas. La Mutualidad General Judicial carecía en 2014, como se expone en el informe, de personal suficiente para llevar a cabo una adecuada gestión y control de esas prestaciones farmacéuticas.
Únicamente seis de las ochenta y siete personas adscritas estaban dedicadas a esa gestión y solo disponía de los manuales de usuario de las aplicaciones informáticas utilizadas. La explotación de los resultados obtenidos en el cruce informático de
los datos con los facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social fue parcial, así como la gestión y control de los talonarios de recetas médicas durante el periodo fiscalizado también presentó alguna incidencia. El concierto entre la
Mutualidad General Judicial y el Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos suscrito el 25 de julio de 1990 también ha quedado obsoleto y no obedecía a la gestión real de las prestaciones actuales. La aplicación informática para esa
gestión de los medicamentos de dispensación hospitalaria también presentaba alguna deficiencia. Teniendo en cuenta estas observaciones y las recomendaciones se está trabajando en estructurar formalmente las instrucciones internas y los manuales de
actuación sobre la base de los ya existentes y operativos en la actualidad. Esta Mutualidad General Judicial es consciente de esa necesidad de formalizar un nuevo concierto con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la deficiencia en la
explotación de resultados ha sido subsanada en el ejercicio 2015, de manera que en el mes en que se inicia el expediente de duplicidad se tiene en cuenta la información proporcionada por la Tesorería General de la Seguridad Social en todos los meses
anteriores. En relación con la aplicación informática de gestión de pagos a hospitales, se han implementado también las modificaciones sustanciales adoptadas en las conclusiones del Tribunal de Cuentas.


En relación con la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales no se ha observado ningún incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sería conveniente
una mayor integración de todos los sistemas de tratamiento de información de prestaciones farmacéuticas utilizados por los distintos agentes sanitarios, así como la elaboración de un manual de procedimientos en el que se definan las funciones y
responsabilidades de las distintas áreas de las unidades organizativas que las componen, así como la conveniencia de aplicar los estatutos y ampliar los estudios económicos que actualmente se realizan. Este centro directivo del ministerio está de
acuerdo en incorporar esa información necesaria para que los usuarios conozcan sus responsabilidades y las obligaciones que asumen. Se ha acordado también con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el acceso a la información relativa
al gasto farmacéutico hospitalario que proporcionan las comunidades autónomas en cumplimiento de las medidas establecidas para la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario de las comunidades autónomas.


En el control sobre las prestaciones farmacéuticas en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, el Tribunal de Cuentas aprecia mejorías en los sistemas de gestión y control, como efectuar periódicamente los contrastes en su base de datos,
modificar la aplicación informática que gestiona las prestaciones descentralizadas, mejorar y emplear los controles establecidos para la detección y prevención de consumo excesivo de medicamentos. Atendiendo a estas observaciones, se están
analizando los procesos para la distribución y reposición de existencias de talonarios con el fin de racionalizarlos, procurando que se ajusten a criterios de seguridad y mayor eficiencia. Asimismo, se abordarán las medidas correctivas para
facilitar el control automatizado de las existencias depositadas en el almacén, así como la revisión de la aplicación informática de gestión de visados.


En relación con las prestaciones a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, en breve se pondrán en marcha nuevos cruces periódicos de información con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con el
Instituto Nacional de Estadística para verificar el mantenimiento de los requisitos de la ausencia de rentas superiores al doble del Iprem y convivencia con el mutualista. El plan de impulso tendrá como actuación prioritaria el desarrollo e
implementación de un sistema de receta electrónica, la modificación de la Instrucción 1/1999 sobre el régimen de prestación farmacéutica en territorio nacional, así como la actualización de las previsiones mensuales de recetas, todo ello de acuerdo
con lo recomendado por este tribunal.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para finalizar, tiene la palabra de nuevo el señor Álvarez de Miranda.

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El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


En relación con los expedientes que les he presentado, quiero indicarles que el tribunal destaca la falta de actualización del concierto de las mutualidades con el Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos. El nuevo concierto que
ustedes me solicitan que valore todavía no ha entrado en vigor; lo podremos valorar por sus hechos, es decir, la verificación de cómo funciona, salvo que hubiéramos advertido la existencia de riesgos morales en la redacción del concierto, y no es
el caso; se podrá valorar la ejecución de este concierto cuando tengamos datos concretos de cómo ha operado. Me han preguntado también sobre dónde se encontraría en el ámbito del Ministerio de Sanidad y la señora Botella ha señalado que
efectivamente nos encontramos ante lo que constituye la parte más sustantiva de los expedientes que estamos abordando en esta sesión en la medida en que las otras tres mutualidades representan, desde el punto de vista económico, un importe muy
superior.


En el ámbito de lo que es el Ministerio de Sanidad, el tribunal lo que ha hecho fundamentalmente es recomendar en mayor medida propiciar una mayor integración de las respectivas aplicaciones y la existencia de un sistema único. En
definitiva, que entre la Dirección General de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios los sistemas actúen y funcionen de una manera más coherente, más centralizada y
que no se produzcan las deficiencias que el propio informe recoge y que usted ha señalado en su exposición.


Asimismo, me pregunta sobre cuáles son los órganos que controlan las mutualidades. Indudablemente, nos encontramos con que cada mutualidad depende de su respectivo ministerio de adscripción, pero la financiación pública de los medicamentos
requiere de la autorización expresa del Ministerio de Sanidad a través del nomenclátor. Por tanto, es una labor de carácter coordinado de diferentes ministerios las que podrían y las que deben producir mejoras concretas en el funcionamiento de este
tipo de mutualidades. Es indudable que las deficiencias señaladas por el tribunal van a propiciar que, en el tratamiento y revisión de todos los documentos que se manejan en este tipo de procesos, no se produzcan errores tan groseros como los que
se han manifestado en la revisión de expedientes realizado por el tribunal.


Yo agradezco a la señora Botella la felicitación que ha hecho al equipo; indudablemente, el equipo que ha trabajado en el desarrollo de estos informes ha hecho un trabajo muy concienzudo de revisión, lo que seguramente propiciará que en el
futuro las diferentes mutualidades públicas mejoren en su gestión. Usted ha dicho muy bien, porque lo conoce, que, tras haber visto presuntas irregularidades en todos estos expedientes, que no existe en tramitación en la actualidad ningún
procedimiento por responsabilidad contable derivado de todos estos informes. Únicamente quiero indicarle, eso sí, que en el ámbito del Instituto Social de las Fuerzas Armadas se ha formulado petición de responsabilidad penal por existencia de
indicios en la comisión de delitos contra la salud pública, advertida sobre el consumo excesivo de determinados medicamentos. Es una cuestión que se ha remitido como testimonio de particulares a la fiscalía correspondiente.


Me referiré a una última cuestión. Querría advertir -yo creo que es necesario decirlo- que el tribunal, en la gestión de todos estos institutos y en la gestión pública que ha revisado, ha señalado repetidas deficiencias, pero no creo que
pueda llegar a decirse que hemos calificado de deficiente el sistema; creo que eso no se recoge en nuestros informes, pero sí que parece importante señalarlo porque de lo que se trata en la realización de nuestro trabajo es de lograr que estas
deficiencias se superen. La superación de esas deficiencias está en la mejora de los procedimientos, entre ellos, como hemos dicho, en la implantación efectiva de la receta electrónica, que yo creo que propiciará que las posibilidades de
coordinación sean mucho mayores.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


BLOQUE III:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL TRANVÍA DE VÉLEZ-MÁLAGA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000205 y número de expediente del Senado 771/000202).


El señor PRESIDENTE: A continuación, entramos en el debate del bloque III, que contiene solo un informe -casi es una novedad en esta Comisión que haya un bloque con un informe-, que afecta a la

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fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Vélez-Málaga. Tiene la palabra de nuevo el señor Álvarez de Miranda para presentarlo.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.


El informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Vélez-Málaga ha sido aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de mayo de 2017 y tiene su origen en la iniciativa de las Cortes Generales mediante
resolución de la Comisión mixta. La primera parte del informe se refiere a los contratos para la construcción, instalación y explotación del sistema tranviario. En relación con la planificación del tranvía, los informes y estudios previos
elaborados para valorar la posible implantación de un tranvía en el municipio resultaron insuficientes al no compararse este medio de transporte con otros alternativos con distinta incidencia e impacto en la Hacienda pública ni prestarse la atención
necesaria a la viabilidad económico-financiera de este servicio. La ejecución de grandes proyectos de infraestructura requiere que su selección se motive razonadamente en función de un análisis de las alternativas existentes, circunstancias que no
tuvieron lugar en este caso, con las consecuencias ulteriores que ello conllevó.


En los convenios suscritos entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, tampoco se motivó suficientemente la elección de esta localidad para llevar a cabo el proyecto que se
presentaba como piloto frente a su posible localización en otros municipios. La consejería atribuyó la construcción e instalación del tranvía, en primer lugar, a la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Giasa, y a partir de su
creación en 2003 al Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces. A su vez estos entes instrumentales acudieron sistemáticamente a la contratación externa para el cumplimiento de las actuaciones que tenían atribuidas, lo que resultaba
cuestionable al alejar del titular originario de la competencia el control de la ejecución de la obra. En caso de haberse contratado directamente por la consejería la misma, hubiera quedado sujeta a la legislación contractual de forma plena, con
mayores garantías y sujeción a más controles que al haberse contratado por la sociedad mercantil Giasa, quedando únicamente sometida a los principios de publicidad y concurrencia.


El tranvía se construyó en dos fases. La primera incluía la redacción del proyecto con opción a la dirección de obra y la construcción y la segunda, la prolongación del trazado inicial. En los contratos celebrados para la ejecución de las
obras se han detectado prácticas que no resultan conformes a los principios de igualdad, objetividad, transparencia y economía en la gestión de fondos públicos, así como infracciones de la normativa contractual. Entre ellas cabe citar la admisión y
valoración de ofertas superiores al precio del tipo de licitación, la falta de motivación de puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas a la licitación, el empleo del procedimiento negociado sin publicidad, sin concurrir los requisitos legales
para ello, y la modificación de los contratos una vez finalizadas las obras por deficiencias en las actuaciones preparatorias y por nuevas peticiones de la entidad contratante. Como consecuencia de las modificaciones contractuales, el precio por
obra tranviaria se incrementó casi un 20% en la primera fase y un 17% en la segunda respecto del importe adjudicado. Los plazos de ejecución de las obras tuvieron importantes retrasos. También hubo grandes desviaciones en los contratos de
redacción del proyecto de trazado y construcción y de dirección de las obras. Por lo que se refiere al contrato de gestión del servicio de transporte público urbano de viajeros bajo la modalidad de concesión, no se llevó a cabo negociación alguna
con las empresas que participaron en la licitación, como hubiera sido perceptible.


Tras dos años y medio de funcionamiento de la primera fase del tranvía, en 2009 se recibieron las obras de la segunda fase, sin que existieran previsiones para su puesta en servicio. El concesionario planteó la suspensión o el
funcionamiento esporádico del tranvía, lo que se informó favorablemente por los técnicos municipales, debido al alto coste de explotación, concluyendo que la relación del coste de explotación por viajero era demasiado elevada e inasumible. En mayo
de 2012 se formalizó la modificación de la concesión del servicio y el plan de explotación de la nueva red de transporte urbano, interrumpiéndose la circulación del tranvía poco después, sin que haya vuelto a operar. La referida modificación puso
de manifiesto que los estudios que fundamentaron la implantación del tranvía y la viabilidad del mismo no estaban debidamente sustentados, resultando inviable en las condiciones convenidas. En el informe se evalúa el coste total del servicio de
transporte público, que incluye el servicio de autobuses y el de tranvía, durante el periodo en que este último permaneció en explotación, que ascendió a 12,5 millones de euros, de los cuales más de 8 millones correspondían al tranvía. La
financiación del servicio tranviario

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correspondía en un 36% a los usuarios y en un 64% al ayuntamiento, con una aportación municipal creciente a lo largo de los años debido al descuento de la demanda efectiva del servicio.


En relación con el régimen económico de explotación del tranvía, se han observado las incidencias que se indican a continuación. La recaudación de la tasa por el servicio de transporte urbano por parte del concesionario como parte de su
retribución se realizó indebidamente hasta marzo de 2011, dado su carácter de ingreso de derecho público. A partir de entonces el ayuntamiento debió cambiar la calificación de la referida tasa, lo que no tuvo lugar. Desde la entrada en
funcionamiento del tranvía y durante tres meses el concesionario exigió incorrectamente a los usuarios una tarifa por viaje inferior a la fijada en la ordenanza sin autorización del ayuntamiento, lo que supuso un mayor coste para este último. La
tarifa técnica no se revisó con la periodicidad anual exigible, lo que dio lugar al reconocimiento de atrasos al contratista y, además, los acuerdos de revisión se adoptaron por el alcalde y no por el órgano de contratación competente para autorizar
dicha revisión. El coste para el ayuntamiento del servicio de tranvía tras su suspensión está constituido por el coste de amortización y de financiación de la adquisición de los tranvías, que se estima en 1,5 millones de euros hasta el 31 de
diciembre de 2014. Para aligerar la carga financiera que representaba la amortización, se arrendaron las unidades tranviarias durante catorce meses, lo que generó unos ingresos de 233 000 euros para el municipio.


Por último, el informe se refiere a la repercusión sobre las haciendas de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de VélezMálaga de los compromisos adquiridos en relación con la gestión del tranvía, así como de los derivados de su
inactividad. Los costes netos totales en que incurrieron ambas administraciones hasta finales de 2014 por la preparación, construcción, gestión e inactividad del tranvía ascendieron a 42,3 millones de euros. El 85% de dicho importe -35,8 millones
de euros- correspondió a la Junta de Andalucía y fue muy superior a los 19 millones de euros que se había comprometido a financiar en los convenios iniciales. Los gastos presupuestarios asumidos por la consejería se imputaron incorrectamente al
capítulo 6 de inversiones reales, cuando deberían haberse aplicado al capítulo 7 de transferencias de capital por tratarse de infraestructuras financiadas por la Junta con la finalidad de entregarlas gratuitamente al ayuntamiento. Finalmente,
respecto a los efectos de la gestión del tranvía sobre la hacienda del Ayuntamiento de VélezMálaga, se detectaron incidencias en el reflejo contable de la actuación municipal, incumplimientos del principio de anualidad presupuestaria y la falta de
cumplimiento generalizado del plazo de pago de las obligaciones del servicio, lo que ocasionó el abono de intereses de demora.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente. Muy buenos días, señor Álvarez de Miranda.


Trataré de ser breve en este bloque porque solo hay un informe, cosa rara en esta Comisión, como anticipaba el presidente. Es un cúmulo de despropósitos el que usted nos ha hecho ver durante estos minutos que han precedido. Este informe se
añade a los de fiscalización del tranvía de Parla y el de Zaragoza y guarda similitudes con el primero por la falta de seriedad en la preparación y en la evaluación de la inversión y por la absoluta despreocupación por su sostenibilidad económica.
En el Grupo Parlamentario Ciudadanos siempre hemos insistido en la oficina nacional de evaluación, en los estrictos criterios técnicos y en ese baluarte de la independencia en este tipo de decisiones. Habida cuenta de la evidencia que el propio
tribunal nos ha marcado y de la insuficiencia de valoraciones, motivaciones y planificación, usted mismo antes ha comentado que son los propios responsables políticos los que deben justificar todas esas actuaciones. Evidentemente, si no tienen la
información y los informes correctos, no pueden tomar unas decisiones acertadas. Esto va en perjuicio de los ciudadanos, porque se dilapidan los recursos públicos que son tan escasos sobre todo en épocas de crisis.


Tan solo quería hacerle una pregunta, que quizá sea retórica. Señor Álvarez de Miranda, si los organismos públicos siguieran escrupulosamente las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, ¿usted piensa que todo esto pasaría?


Muchísimas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Mena.

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El señor MENA ARCA: Gracias, presidente, y muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.


Lo primero que se deduce de este informe es que es absolutamente demoledor. La planificación en la línea, la gestión de la construcción y las soluciones pactadas con el concesionario han sido, en general, una desafortunada secuencia de
actuaciones que han significado un despilfarro de recursos públicos, un escándalo mayúsculo, como ya se denunciaba de manera más o menos explícita en la ciudad de Vélez. El auto que investiga estas irregularidades señala, entre otras perlas, que el
ministerio público había denunciado el reconocimiento del derecho del contratista a la revisión de precios o determinadas facturas relacionadas con intereses de demora, así como posibles irregularidades en la resolución e indemnización de la
concesión administrativa preexistente de transporte en autobús o en la presunta disminución de la recaudación durante los primeros meses de funcionamiento del tranvía, y que para este informe el Tribunal de Cuentas se encontró con informes previos
insuficientes. Fíjense cómo son las cosas. Con un informe tan demoledor y a pesar del apoyo insuficiente para su realización, tanto el Ayuntamiento de Vélez-Málaga como la Junta de Andalucía solicitaron el archivo de las actuaciones.
Afortunadamente, el Tribunal de Cuentas ha estimado el criterio de la fiscalía y ha ordenado que estos asuntos se trasladen a la sección de enjuiciamiento y que se proponga el nombramiento de instructor para la práctica de diligencias.


Seguimos con otras cuestiones que recoge el informe. La Junta no motivó suficientemente que se ejecutara la obra tranviaria y se eligiera Vélez-Málaga para este proyecto frente a otras localizaciones. Las decisiones para realizar una
inversión así han de sustentarse en análisis rigurosos basados en estudios de demanda realista y que se evalúe la sostenibilidad del servicio y la racionalidad del gasto que genere. La realidad es que el tranvía conectaba desde octubre de 2006 el
casco urbano principal de Vélez-Málaga con el núcleo de población de Torre del Mar, en un trazado de 4,7 kilómetros que debería haberse ampliado en una segunda fase a 1,2, que nunca entró en servicio y que quedó paralizado en junio de 2012 por el
déficit que acumulaba. Por si esto fuera poco, las tres unidades móviles de este transporte fueron trasladadas en julio de 2013 a Sídney, Australia, donde funcionaron en régimen de alquiler durante dieciséis meses hasta su vuelta a Vélez-Málaga,
donde permanecen almacenadas en unas cocheras. El ámbito de la fiscalización abarca, por tanto, al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, como administrador titular del servicio público del tranvía de esta ciudad, así como a las consejerías, entes o
entidades de la Junta de Andalucía que han participado en la gestión y contratación del citado tranvía; es decir, la fiscalización se realiza sobre entidades que pertenecen íntegramente al sector público andaluz.


Le pregunto, señor presidente, si para la realización de esta fiscalización ha contado con el apoyo y colaboración de la Cámara de Cuentas de Andalucía prevista en el artículo 29 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que
podría haber sido muy positiva para el desarrollo de la fiscalización toda vez que ha habido cierta documentación que no ha sido suministrada por las entidades fiscalizadas. Según consta en el informe, hay dos antecedentes de esta fiscalización:
el informe de fiscalización de regularidad de ferrocarriles, de la Junta de Andalucía, ejercicio 2006, aprobado por el pleno de la institución el 20 de mayo de 2008, en el que se exponen los resultados de la revisión del cumplimiento de legalidad y
de la ejecución de una muestra de contratos, entre la que se incluyen los contratos de dirección de obra, ejecución de obra y control de calidad de la fase II del tranvía de Vélez-Málaga; y el informe de fiscalización de regularidad sobre
determinadas áreas, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, ejercicio 2008, aprobado por el pleno de la institución el 27 de noviembre de 2012, en el que, entre otros aspectos, se analiza el contrato de gestión del servicio de transporte público de
viajeros. ¿Cómo ha utilizado -le pregunto- el Tribunal de Cuentas estos informes? ¿Ha habido duplicidades en las actuaciones fiscalizadoras? ¿En qué ha consistido la coordinación prevista en el artículo 29 de la Ley de funcionamiento? El informe
pone de manifiesto -y voy acabando- la falta de estudios comparativos de este medio de transporte con otros alternativos, con distinta incidencia y viabilidad económico-financiera e impacto en la Hacienda pública también, es decir, que prestaron
poca atención específica a la viabilidad económica del servicio. Nos encontramos, pues, una vez más con infraestructuras como aeropuertos, autopistas, palacios de justicia y otras obras que constituyen auténticos despilfarros de los recursos
públicos. Estamos ante un auténtico ejemplo de menoscabo de caudales públicos.


Para finalizar, señor presidente, quería hacer solo una reflexión a modo de preguntas. Según consta en el informe, las cuentas del ayuntamiento referidas a los ejercicios fiscalizados 2006, 2013 y 2014 no habían sido aprobadas a la fecha de
redacción del anteproyecto de informe de fiscalización. ¿Qué requerimientos y multas ha efectuado el Tribunal de Cuentas y la cámara de cuentas al ayuntamiento por

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la rendición de estas cuentas? ¿Se ha aplicado lo previsto dentro de la Ley de transparencia? E, incluso, ¿ha intervenido el ministerio de administraciones al ayuntamiento?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.


Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Moreno.


La señora MORENO RUIZ: Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente del Tribunal de Cuentas.


Este informe se incardina dentro de una actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre la construcción y explotación de tranvías construidos e impulsados por Gobiernos socialistas, ya que no ha habido forma de que el Grupo
Parlamentario Popular dé luz verde a la fiscalización de otros tranvías impulsados por Gobiernos del Partido Popular, como el de Murcia o el de Madrid, con lo cual estos informes claramente se han convertido en una excusa partidista para erosionar
al contrario. Y es lamentable, porque esta es una instrumentalización perniciosa del Tribunal de Cuentas y desde luego sería deseable que el tribunal, por la buena marcha de su imparcialidad -que nadie cuestiona-, nos ofreciera de oficio informes
de fiscalización de todos los tranvías construidos en los últimos años, en especial el de Murcia y el de Madrid, aunque solo sea para comprobar la brillante administración de las autoridades populares.


Dicho esto, no voy a entrar en la multitud de detalles técnicos, desajustes o dudas legales que presenta la ejecución y explotación del tranvía de Vélez-Málaga, que son muchas, y en este sentido poco puedo aportar que sea distinto de las
conclusiones del propio tribunal, que reconoce muchas deficiencias, pero también reconoce que muchas son de carácter formal, en general muy habituales en la contratación administrativa. También destaca el propio tribunal que estamos hablando de un
proyecto que comenzó a gestionarse hace veinte años, y resulta llamativo si no fuera porque se trata de un paquete antitranvías PSOE que ha impulsado el Partido Popular que se traiga aquí, lo que resulta bastante ineficaz, salvo por los titulares de
prensa que a título póstumo está consiguiendo estos días. Así, se pide que haya documentación, que se justifiquen absolutamente todos los términos por las distintas administraciones que se han ido sucediendo e incluso los cambios normativos que se
han producido a lo largo de estos veinte años.


Poco voy a añadir, pero sí quiero ilustrar a la Comisión sobre el contexto político y social de la gestación y del parto de este tranvía fallido, uno más de los fallidos. Quiero hablar de Vélez-Málaga, que es un municipio malagueño con
distintos núcleos de población; el principal, el que da su nombre al término, es Vélez-Málaga, con 40 000 habitantes, que se sitúa en el interior, a escasos kilómetros de la costa, donde un segundo núcleo, muy potente, Torre del Mar, es el núcleo
turístico de este término municipal, con 20 000 habitantes en invierno y casi 200 000 habitantes en verano, es decir, su población se multiplica, como la de tantos centros turísticos de la costa malagueña. Precisamente la pujanza económica y la
relevancia turística de Torre del Mar estimuló desde el año 1987 un potente grupo municipal pro la independencia de Torre del Mar, un grupo que pretende la segregación. Torre del Mar y Vélez-Málaga están separados por seis kilómetros hacia el
interior, seis kilómetros que se intentaron borrar del mapa con la línea de un tranvía que diera cohesión a estos dos municipios. Esa era la finalidad: dar cohesión, dar una salida al mar al principal municipio que está en el interior y evitar,
por lo tanto, segregaciones que son bastante inútiles en términos generales; además, el alcalde en aquel momento pensó que este proyecto urbanizaría la zona común que separa a Torre del Mar de Vélez-Málaga, y así se puso en marcha esta
infraestructura. Con esta intención nació el tranvía, en un momento económico muy distinto a este hace veinte años, cuando las circunstancias financieras eran otras, cuando el tranvía de Vélez-Málaga se convirtió además en un escaparate del impulso
que la Unión Europea daba al transporte tranviario como sostenible y muy digno de ponerse en marcha en las distintas ciudades de la Unión Europea. Después, como desgraciadamente solo se desarrollaron proyectos de larga ejecución y mucho más largo
desarrollo, hubo cambios de Gobiernos municipales, y allí donde una administración impulsaba el tranvía, otra lo zancadilleaba simplemente para enturbiar una gran inversión emblemática del adversario político.


Por eso -y termino ya- en el día de hoy no voy a entrar en los detalles del informe de fiscalización, todos los cuales me parecen muy dignos de ser tenidos en cuenta por las administraciones y por los tribunales, en su caso. Lo que no
acepto de ninguna manera es que el criterio económico-financiero sea el único que pueda sustentar una decisión política decente y oportuna, porque si fuera solamente por motivos económicos y financieros, hay miles de líneas deficitarias de
transporte público en este país, con

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lo cual estarían incomunicados los lugares más remotos de nuestra geografía, estaría despoblado el medio rural, no habría escuelas unitarias, no habría prestaciones farmacéuticas como las que acabamos de ver. Es decir, por favor, el
criterio económico-financiero es un criterio, pero no el único criterio, lo cual no tiene nada que ver con las eventuales regularidades o irregularidades que pueda haber en una gestión. Desde luego, no se puede descalificar un proyecto que fue
concebido en estos términos y mucho menos criminalizarlo, como se pretende aquí.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Marmolejo.


El señor MARMOLEJO SETIÉN: Gracias, señor presidente. Gracias al presidente del Tribunal de Cuentas.


Señora Moreno, compañera del Senado, hablar de pacto antitranvía PP no me parece coherente. Nosotros estamos defendiendo aquí un pacto antiderroche de las inversiones públicas en materia ferroviaria que tiene la Junta de Andalucía, y le
pongo como ejemplo el metro de Málaga, el tranvía de Jaén, el tranvía de Vélez, la inversión de 280 millones de euros enterrados en lo que iba a ser el AVE Málaga-Sevilla. Esa es la forma que ustedes tienen de actuar en inversiones ferroviarias en
Andalucía. Claro, les da coraje que el Tribunal de Cuentas le haya sacado las vergüenzas al Gobierno socialista por su forma de actuar.


Yo se lo agradezco al presidente del Tribunal de Cuentas y también que la fiscalía ya esté actuando denunciando el reconocimiento del derecho del contratista a la revisión de los precios en las facturas relacionadas con intereses de demora,
porque se pagaban las facturas a 260 días; pero es que no se pagaban, se dejaban sin pagar muchas. (La señora Moreno Ruiz: En Murcia). Hay 6 millones de euros de intereses de demora que están reconocidos aquí, y la indemnización a la concesión
administrativa, un lucro cesante que se establece de manera arbitraria como de 1 970 000 euros, cuando el Tribunal de Cuentas dice que no es eso, que es una cantidad aproximada de 1 100 000 euros, es decir, 700 000 euros menos de cantidad de lucro
cesante, que tampoco, por cierto, se había abonado a la empresa que antes realizaba de transporte colectivo en Vélez-Málaga.


El municipio de Vélez-Málaga es muy importante en la comarca de Málaga, en la comarca de la Axarquía. Cuenta con 78 000 habitantes, con dos núcleos de población: Torre del Mar y Vélez -usted lo ha dicho claramente- y, sin embargo, hasta
2004 no tenían acordado la implantación del servicio en el municipio. Lo asumía como competencia propia y, al final, en un convenio con la Junta de Andalucía se estableció, primero, que fuera una empresa mixta; después no, que fuera una concesión,
sin estudios previos, sin propuestas, sin antecedentes; y al final se decide que sea una concesión administrativa, y así lo ratifica el pleno en febrero de 2004. Pero seguimos, no se planifica el tranvía, y lo dice claramente el informe del
Tribunal de Cuentas; es insuficiente y desastrosa la planificación que se hizo del tranvía. Ya la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, marca que el establecimiento de nuevos servicios en materia de transporte se tiene que supeditar a
la existencia de un volumen de demanda acorde con los costes de inversión y mantenimiento. No lo realizó la Junta de Andalucía, no había ningún informe, al igual que la decisión de que fuera Vélez como experiencia piloto se acordó supongo que por
criterios políticos, porque desde luego estudios no había ninguno. Es más, en los municipios de menos de 250 000 habitantes queda claro que la ecuación de coste en función del servicio es deficitaria, es decir, que si se implanta el tranvía en un
municipio de 70 000 habitantes, los ayuntamientos no pueden asumir dicha inversión.


Luego vamos a la parte de la intervención municipal. La intervención municipal, por un informe de 2004, no admite opinión sobre el mismo, porque dice que los dos factores de mayor importancia que definen la rentabilidad económica, como son
la tarifa y el número de usuarios, estaban indeterminados, y así no se podía ver la rentabilidad económica de la implantación del tranvía en Vélez Málaga. La Junta se compromete a hacer obras por valor de 19 millones de euros una vez finalizada la
entrega al ayuntamiento, y después modifica en un segundo convenio las condiciones iniciales; algo que no autoriza el pleno -que es grave que no lo autorice el pleno-, y el juez tampoco fiscaliza la intervención. Es más, el secretario del
ayuntamiento declara nula la venta que modificaba esas condiciones previas. Alguna responsabilidad tiene que haber en este ámbito cuando se está diciendo que no se podía firmar esa venta, pero, en realidad, se firma el contrato y se ejecuta la obra
del tranvía. El primer contrato se construye en dos fases: en la primera fase se hace un trazado de más de 6 kilómetros donde se desvía, y aquí viene una de las cosas más graves que hay en este proyecto. Se detectan irregularidades que fueron
denunciadas en su día por el Partido Popular, y es que ese

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desvío se hizo compensando -metro cuadrado rústico por metro cuadrado urbanizable- a los propietarios de terreno por donde discurre el tranvía. ¿Qué significó eso? En los terrenos del SUB T-12, que es por donde discurría el tranvía, cerca
de Torre del Mar, estaba prevista la construcción de 2500 viviendas aproximadamente, que tenían un aprovechamiento medio del 10%, lo que quiere decir que correspondían al ayuntamiento 250 viviendas de VPO, que a un valor de mercado -son alrededor de
60 000 euros multiplicados por 250- significarían 15 millones de euros que las arcas del Ayuntamiento de Vélez han dejado de ingresar. Le digo al Tribunal de Cuentas que este es un punto que habría que investigar profundamente. Los contratos que
firmaron Giasa o Ferrocarriles Andaluces no se ajustaban a los principios de igualdad, objetividad, transparencia y economía de gestión de los fondos públicos. Los contratos se firmaban y los sobrecostes quedaban ocultos: de 18 millones en la
primera fase se pasó a 25 y en la segunda fase hay un incremento del 26% de los costes del proyecto; segunda fase que nunca se puso en marcha. Me parece bastante grave: 8 millones de euros enterrados. Pero, bueno, a ustedes parece que no les
importa mucho el dinero público que se pierde, solamente el paso...


El señor PRESIDENTE: Señor Marmolejo, dos precisiones: una, ha consumido su tiempo; otra, quiero dejar constancia de que esta no es una Comisión habitual. Aquí tenemos al presidente del tribunal y le ruego que si tiene que formular
preguntas se las formule al presidente y no requiera a la señora Moreno.


El señor MARMOLEJO SETIÉN: Gracias, presidente.


Continúo. También me parece muy grave -y así lo recoge el informe del Tribunal de Cuentas- que el ayuntamiento adquiera una tercera unidad sin contrato alguno, saltándose lo que recogía el pliego de condiciones administrativas, lo que le
ocasionó al ayuntamiento un nuevo problema, ya que tuvo que reconocer una deuda de más de 2 millones de euros cuando ya tenía una deuda con proveedores de más de 40 millones, con lo cual, la asfixia económica para el municipio de Vélez Málaga fue
importante. Lo que recoge la fiscalía es el lucro cesante. Lo he dicho antes: se estima una indemnización de 1 970 000 euros por el lucro cesante y, al final, tras las comprobaciones realizadas y los trabajos de fiscalización del Tribunal de
Cuentas, se concluye que la valoración final es de 1 187 000, o sea 782 000 euros menos. ¿Cómo se puede sostener un servicio que ha tenido un coste de 12 millones de euros y que, en atención al porcentaje de demanda del tranvía sobre la demanda
total del servicio de transporte y considerando los atrasos correspondientes al desequilibrio económico por el sistema de asistencia a la explotación, lo que era el SAE, para la tercera unidad asciende a 8 millones? Al final, ¿qué pasa?


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Marmolejo.


El señor MARMOLEJO SETIÉN: Acabo ya, señor presidente.


¿Qué pasa? Que del 18% que aportaba el ayuntamiento se pasa al 43%. Lo ha dicho el presidente: la recaudación de la tasa al final se salta el procedimiento y el ayuntamiento no cambia el criterio que marcaba la ley y es que fuera una tasa
de precios públicos; luego, se cobra a unos usuarios en vez de 1,30, que era lo que marcaba la tarifa técnica, 1 euro, es decir, 20 000 euros de déficit para el ayuntamiento. La diferencia de coste evidencia una falta de fiscalización. Quiero
dejar claro que esta obra no se incluyó en los Fondos Feder que tenía la comunidad para financiar esta infraestructura y, desde nuestro grupo político, pensamos que, ante el cúmulo de irregularidades que presentaba este proyecto, era mejor imputar
el coste a los andaluces y a las andaluzas.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marmolejo.


Para responder a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El Señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez De Miranda García): Gracias, presidente.


Como ustedes han dicho, quiero indicarles que esta es una fiscalización que se realiza a petición de la Comisión Mixta y, como otro tipo de fiscalizaciones formuladas en los mismos términos, el tribunal la ha llevado a efecto y la ha
cumplido en los términos solicitados. Es decir que se ha pedido fiscalizar todo un proyecto en su conjunto. No solo este tipo de peticiones se ha realizado con respecto a los tranvías, sino que recientemente tenemos formulada una para la minería
del carbón, donde, efectivamente, se nos solicita que revisemos del orden de veinte años de gestión pública. Claro, esto juega para todo. Una fiscalización de esa naturaleza es muy complicada de realizar. Si multiplicamos ese tipo de
fiscalizaciones

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y las hacemos extensivas a muchos ámbitos diferentes de la gestión pública, se nos sitúa en una misión imposible de cumplir. Y yo les quiero hacer ver que el tribunal ha cumplido de la mejor manera posible con lo que se le ha solicitado,
que si ustedes hacen más peticiones de esta naturaleza también las cumpliremos, pero hay que ver que los usos y los medios de los que dispone el tribunal si los dedica para una función o un determinado cometido los tiene que retirar de otro.


Lo que sí les quiero dejar muy claro -porque yo creo que es una defensa que me corresponde realizar- es que el tribunal actúa y desarrolla su labor con absoluta imparcialidad, y en unos casos ese tipo de problemas afecta a unas determinadas
administraciones de un determinado signo y en otros a otras. Recientemente, en la última comparecencia, se me hizo la pregunta de si la fiscalización sobre la crisis financiera y bancaria había tenido problemas en su aprobación dentro del tribunal,
por considerar que, efectivamente, resulta un informe duro de oír para una determinada Administración pública. Ustedes pueden comprobar, y lo han hecho a lo largo de todos estos meses, que los informes del tribunal son críticos o señalan
deficiencias, pero la calificación de la gestión deficiente les corresponde muchas veces a ustedes. Nosotros señalamos deficiencias y señalamos maneras de poderlas evitar o de intentarlas superar, pero es indudable que la calificación de una
determinada gestión pública como deficiente muchas veces está en el ánimo suyo y no en el ánimo del tribunal.


En relación con las preguntas que me han formulado, el señor Ten me ha planteado una pregunta que decía que era retórica, aunque yo no creo que lo sea. Me decía: Si el tribunal hubiera revisado todo esto con carácter previo, ¿se habrían
producido estas circunstancias? Bueno, usted sabe perfectamente -y en ese sentido anticipa usted la contestación- que nosotros somos un control a posteriori y, como tal, no tenemos las funciones de revisión que le corresponden al control interno, y
yo quiero romper una lanza por el control interno. El control interno administrativo, el que le corresponde tanto a las intervenciones municipales, en los ayuntamientos, como a las intervenciones de las comunidades autónomas o a la Intervención
General de la Administración del Estado, sí realiza esa labor, y lo hace de la mejor manera posible. Por lo tanto, en muchas ocasiones, cuando hacemos nuestros informes nos encontramos con que, antes de la adopción de una determinada medida, había
alertas y señalamiento de falta de justificación en la realización de estos proyectos. En este caso concreto, las deficiencias que afectan a este proyecto de inversión están en la falta de una planificación adecuada que hubiera permitido en su
momento verificar su difícil sostenibilidad. Yo creo que la señora Moreno tiene toda la razón; no es exclusivamente un tema económico-financiero el que decide una inversión de esta naturaleza. En este caso el problema no es que se califique como
gestión deficiente desde el punto de vista económico-financiero, el gran fracaso de este proyecto es que el tranvía está parado. Es decir, lo que se ha repetido con determinadas infraestructuras desarrolladas durante toda esta época y que afecta a
todo tipo de administraciones y de todo signo político es que se han construido infraestructuras que no se han utilizado o que no se están utilizando, y yo creo que este sí que es un elemento de reflexión que debe llevar a que efectivamente se mire
adecuadamente la sostenibilidad futura de lo que se proyecta.


Me ha preguntado el señor Mena si hemos utilizado los informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Lo hacemos en todos los casos; es decir, los informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía se remiten al tribunal para que los pueda
analizar la fiscalía, pero también se remiten a los departamentos correspondientes; en el caso de ayuntamientos, al departamento séptimo de entidades locales, y en el caso de las comunidades autónomas, al departamento sexto. En todos los
expedientes fiscalizadores que hacen referencia a cuestiones que han sido vistas y que se desarrollan por parte de estos informes se tiene en cuenta. No hemos considerado la existencia de una duplicidad, entre otras razones, porque nosotros
teníamos un mandato de esta Comisión para evacuar un informe que, al mismo tiempo que pretendía analizar cada uno de los tranvías que se seleccionaron, tenía y seguramente tiene un sentido más general, que es poder efectuar comparaciones en la
gestión de estos proyectos de instalación de tranvías entre unas y otras. Por lo tanto, sí que se han utilizado esos informes.


Por otra parte, usted ha señalado que Vélez-Málaga es incumplidor en la rendición de cuentas de una serie de ejercicios, y el Tribunal de Cuentas, a los efectos de incumplimiento de la Ley de transparencia en los ejercicios en los que era
aplicable -porque de los que usted ha dicho no lo es en todos los casos- remite al Ministerio de Economía y Hacienda aquellos supuestos en los que no existe rendición de cuentas a los efectos del cumplimiento de las prevenciones que establece esa
ley respecto de las cuentas no rendidas.


Esto es todo. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

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BLOQUE IV:


- INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000208 y número de expediente del Senado 771/000204).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del IV bloque, que contiene un informe referido al sector público autonómico, ejercicio 2014.


Tiene de nuevo la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El pleno del tribunal aprobó el 29 de junio de 2017 el informe global del sector público autonómico correspondiente al ejercicio 2014, en el que se recogen los
resultados más relevantes de los informes realizados por los órganos de control externo de las comunidades autónomas y por el propio tribunal respecto de ese ejercicio. Este informe global pretende obtener y proporcionar la información con un
enfoque homogéneo al incluir a las administraciones generales, a los organismos, empresas, fundaciones, consorcios y universidades del sector público autonómico.


Por lo que se refiere a la rendición de cuentas, se han rendido en plazo todas las cuentas generales excepto las de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los principales retrasos e incumplimientos respecto de la rendición corresponden a los
consorcios, un 35%, a las empresas y entes públicos sujetos al Plan General de Contabilidad, un 29%, y a las fundaciones, un 31%. El porcentaje de las cuentas rendidas en plazo, similar al de los ejercicios anteriores, es del 73%, siendo el de las
rendidas fuera de plazo del 13% y las no rendidas del 14%. Por comunidades autónomas, la mayoría de las entidades que no han rendido cuentas corresponden a Cataluña, 38%, Comunidad de Madrid, 17%, Galicia, 15%, y Andalucía, 12%. Respecto a la
información contractual, el número de contratos recibidos en el tribunal y en los OCEX, excluidos los menores, ha aumentado significativamente, si bien su importe conjunto, de casi 9 millones de euros, representa un incremento de menor relevancia
respecto al del ejercicio anterior, que fue de 7 millones.


Entrando en el análisis de las cuentas de la Administración general, los organismos autónomos y los entes públicos, en cuanto a la liquidación presupuestaria existen diferencias entre los créditos finales y las previsiones finales debido a
que algunas comunidades no registran en el presupuesto de ingresos las modificaciones que deben financiar correspondientes al presupuesto de gastos. Para el conjunto de las administraciones públicas autonómicas, las modificaciones presupuestarias
han supuesto un 9% de incremento de los créditos iniciales, destacando en especial las de La Rioja, con un 24%, la Comunidad Valenciana, con un 28%, y Ceuta, con un 39%. El resultado presupuestario en su conjunto es negativo, por un importe un 11%
mayor que en el ejercicio anterior, mientras que el saldo presupuestario es positivo en un 51% más que en 2013.


Respecto a la situación patrimonial, con carácter general no se dispone de inventario de bienes y derechos completos y debidamente valorados, incluso no hay concordancia en algunos casos entre los datos contables y los del inventario. El
saldo del endeudamiento de las administraciones generales se ha incrementado en un 16% a lo largo del ejercicio hasta llegar a alcanzar 213 971 millones de euros a 31 de diciembre de 2014. El remanente de tesorería global fue negativo, por importe
de 6923 millones de euros, frente al del ejercicio anterior, también negativo, por un total de 10 447 millones. Tuvieron remanentes positivos Canarias, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias Región de Murcia y las ciudades de
Ceuta y Melilla. En cuanto a la participación de los Fondos de Compensación Interterritorial, cuya cuantía global ascendió a 432 millones de euros, ha descendido un 24% respecto a la dotación del ejercicio precedente como consecuencia del menor
gasto en inversión.


En el caso de las universidades públicas, el elevado importe de las modificaciones presupuestarias, que supusieron un incremento del 29% sobre los créditos iniciales aprobados, pone de manifiesto la necesidad de elaborar con rigor sus
presupuestos, incluyendo en los mismos toda su actividad docente e investigadora. Entre las que presentan mayores gastos de funcionamiento destacan las universidades de Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, por disponer de más
centros universitarios.


En el sector público empresarial el número de empresas disminuyó hasta 366 entidades frente a los 402 entes empresariales de 2013. Los resultados de explotación eran negativos antes de subvenciones públicas por un importe de 7236 millones
de euros. En algunas comunidades autónomas se observa la tendencia a sustituir la financiación mediante subvenciones por ampliaciones de capital y por

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autorizaciones de endeudamiento avaladas por la administración respectiva, subrogándose en varios casos en los préstamos y créditos de las entidades empresariales.


Respecto a las fundaciones y consorcios públicos, se aprecia una reducción de su número como consecuencia de las políticas de reestructuración del sector público institucional y de los entes instrumentales en varias comunidades. Se insiste
en la necesidad de completar y delimitar con precisión el registro de los consorcios que forman parte del sector público autonómico.


En cuanto al gasto sanitario correspondiente a todo el Sistema Nacional de Salud, ascendió a 61 947 millones de euros en el ejercicio 2014, lo que supone un 5,9% del PIB nacional. El gasto sanitario per cápita por término medio fue de 1332
euros por habitante frente a los 1309 euros del ejercicio anterior. Las comunidades con mayor gasto sanitario público con relación a su población son las del País Vasco, Extremadura y Navarra.


El objetivo de estabilidad presupuestaria para todas las comunidades fue de un déficit del 1% del PIB, a diferencia del ejercicio anterior, en el que se fijaron objetivos individualizados. El déficit global a efectos del cumplimiento de
dicho objetivo fue del 1,74% del PIB, por lo que no se ha cumplido para el conjunto del subsector, si bien lo han hecho las Comunidades de Galicia, Canarias, Navarra y País Vasco, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sí se cumplieron para
el conjunto del sector público autonómico los objetivos de deuda pública y de regla de gasto.


En el ámbito de la contratación administrativa se han observado incidencias similares a las de ejercicios anteriores en las fases de preparación, adjudicación y ejecución de los contratos.


Finalmente, en las comunidades y ciudades autónomas que fiscaliza directamente el tribunal se ha analizado el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y sobre transparencia; todas ellas, excepto
Melilla, elaboraron planes de igualdad de oportunidades y la mayoría de las comunidades han dictado su propia normativa de transparencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.


Señor Álvarez de Miranda, esta semana hemos aprobado el dictamen de las propuestas de resolución de la cuenta general del Estado de 2015. Es una oportunidad para valorar la gestión presupuestaria y patrimonial del Gobierno y estaría bien
poder contar con el informe global del sector público autonómico del mismo ejercicio. Me gustaría saber su opinión sobre si es técnicamente posible conseguir las cuentas generales del Estado y el informe global del sector público autonómico del
mismo año.


En todo caso, en mayo aprobábamos los informes de 2011, 2012 y 2013 y ahora tenemos los de 2014. Realmente estamos avanzando a marchas forzadas. Los de 2014 reflejan una situación en la que las cosas en las comunidades autónomas estaban
apenas empezando a mejorar. Es cierto que, respecto al objetivo de estabilidad, en el ejercicio de 2014 hubo un incumplimiento del 1% al 1,74%. Es cierto que algunas comunidades autónomas cumplieron, pero también es cierto que las condiciones
financieras de todas las comunidades no son exactamente iguales.


Las comunidades autónomas son una pieza clave en la defensa del Estado del bienestar. En 2014 la tensión sobre este gasto social proseguía con los nuevos recortes de servicios, que es otro modo de trasladar el coste de la crisis a los
ciudadanos, además de las subidas de impuestos. Esta es una de las reivindicaciones que mi grupo parlamentario ha puesto siempre de relieve. Es más, la mala previsión de ingresos provoca indisponibilidad de crédito y en el fondo son recortes
encubiertos de inversiones.


Resulta además preocupante que las comunidades autónomas, para apoyar el sector productivo, comenzaran a sustituir la concesión de subvenciones por el otorgamiento de préstamos, pues la concesión de créditos no tiene impacto en el déficit,
puesto que tiene una consideración de operación financiera. El tribunal advierte, y pienso que bien, que no se debe olvidar que estas operaciones sí pueden tener una repercusión en el futuro. Además, esta práctica -insistimos- debe estar evaluada
por organismos independientes; ya lo he comentado en la anterior intervención con la Oficina Nacional de Evaluación. Hemos visto hace un momento la política del 'y tú más', de si ha sido el Partido Popular o ha sido el Partido Socialista. Desde
luego, se han realizado inversiones saltándose todos los criterios. Es cierto que tiene que haber un criterio político, y así lo expresaba la señora Moreno, pero -insisto- las administraciones públicas tienen que tener toda la información para
tomar esas decisiones que, en definitiva, van en detrimento de los recursos.

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Me gustaría hacerle dos preguntas, y termino, señor presidente. Se ha detectado por el Tribunal de Cuentas que el saldo final de tesorería en 2013 no coincide con el saldo inicial de 2014 en Cantabria, en Madrid y en Melilla. Me gustaría
saber si hay alguna conclusión sobre ello.


Por último, llama la atención -esperamos que sea una cuestión que se remedie pronto- la verificación del cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Si he entendido bien, solo se puede afirmar con certeza en
aquellas comunidades autónomas que han sido fiscalizadas por el propio Tribunal de Cuentas, porque los socios, los organismos de control externos no lo hacen. ¿Tiene usted alguna información al respecto? ¿Realmente están cumpliendo esa normativa?


Muchísimas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a centrar mi intervención en un aspecto concreto del informe, que es la financiación autonómica, por su importancia para las cuentas de las comunidades autónomas. En primer lugar, refiriéndonos a la liquidación del presupuesto,
queríamos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas a qué se debe, en su opinión, la diferencia de cuatro puntos entre modificaciones netas del presupuesto entre ingresos y gastos en el conjunto de las comunidades autónomas. También
queremos preguntarle si el aumento final de crédito de las administraciones generales se debe a una presupuestación incial a la baja. Queremos indicar que nos satisfaría que hubiera una mayor preocupación por la elaboración de indicadores que
facilitaran el control, la fiscalización y finalmente la evaluación de los presupuestos por programas.


Nos preocupa enormemente el gran peso del endeudamiento en la financiación de las comunidades autónomas. Los recursos propios de las comunidades autónomas son un tercio del total y, de ese 33%, el 87% corresponde a endeudamiento. Esto
habla de un sistema de financiación autonómica que no respeta el principio de suficiencia de las comunidades autónomas. Queremos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si considera que es necesaria una reestructuración de la deuda de las
comunidades autónomas, tal como propone el informe de la Comisión de expertos sobre financiación autonómica publicado en julio.


Las conclusiones nos llevan directos a la necesidad de una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica. Ya existía esa necesidad en 2014, que es el ejercicio que audita este informe, pero es que en el año 2014 también era
cuando debía revisarse el sistema de financiación autonómica y, sin embargo, los intereses políticos del Partido Popular nos han llevado a alargar esta situación hasta el día de hoy con el consiguiente agravamiento de la situación financiera de las
comunidades autónomas. El fondo de pago a proveedores y el FLA han sido parches, no han sido soluciones. En el caso de diversas comunidades autónomas sirven además para traspasar en forma de deuda recursos que deberían estar incorporados a la
financiación autonómica. Estos fondos, además, son funcionales a la estrategia del Gobierno del Partido Popular, primero porque permiten tener comportamientos arbitrarios con respecto a las comunidades autónomas, pero sobre todo porque incorporan
mecanismos de control financiero sobre las comunidades autónomas en la línea de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La aplicación del reformado artículo 135 tiene, por tanto, no solo una dimensión
social en forma de recortes y austeridad, sino también de conculcación del principio de autonomía de las administraciones territoriales. Crisis social y crisis territorial son, por tanto, las dos caras de la misma moneda.


Quiero referirme ahora a la situación patrimonial. Los datos negativos en la situación patrimonial refuerzan lo dicho hasta ahora. Llama la atención que Cataluña y la Comunitat Valenciana sean las comunidades autónomas con mayores
compromisos de gasto. También es sintomático que Cataluña, la Comunitat Valenciana, Andalucía y la Comunidad de Madrid aparezcan como comunidades autónomas destacadas en el saldo final agregado de acreedores. A la falta de suficiencia del sistema
de financiación autonómica se unen las asimetrías injustificables provocadas por un modelo que no solo es opaco, sino que a través del fondo de suficiencia global y otros mecanismos induce a situaciones injustas como las atravesadas por Andalucía y
la Comunitat Valenciana. Por todo ello, queremos preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas si cree que las comunidades autónomas nombradas, por su importancia y número de competencias que gestionan, no deberían tener otro trato más justo.
¿No le parece paradójico que dichas comunidades autónomas sean las que arrojen peores resultados?

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En cuanto a la participación en los Fondos de Compensación Interterritorial, queremos preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas si no considera necesaria una reforma que refuerce el carácter reequilibrador del mismo. Según la Comisión
de Expertos sobre el Sistema de Financiación Autonómica, existe un incumplimiento fáctico de la Constitución a consecuencia de su escasa eficacia. Los Fondos de Compensación Interterritorial tienen una dotación insuficiente y quedan subordinados a
los fondos europeos. De hecho, según los datos de los que disponemos, en 1991, año en el que se establecieron por primera vez, superaban el 0,21% del producto interior bruto, mientras que en 2016 se situaron en su mínimo histórico, por debajo del
0,04%. Estaría bien que los representantes del Partido Popular nos dieran explicaciones sobre estos datos.


Voy acabando. Sobre la estabilidad presupuestaria, debemos empezar por denunciar, primero, que el Gobierno del Partido Popular ha hecho a lo largo de los años una distribución injusta de los objetivos de déficit y de deuda pública, que
resultaban especialmente gravosos para las comunidades autónomas y dejaban mayor margen al Gobierno central. Esto a pesar de que las comunidades autónomas se hacen cargo del núcleo del Estado del bienestar y, por tanto, su capacidad para reducir el
gasto es muchísimo menor. Por eso queremos preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas si no considera que la estabilidad presupuestaria se ha convertido en la centrifugadora de las obligaciones de la Administración General del Estado hacia las
comunidades autónomas. Cuando todas las comunidades autónomas excepto cuatro, dos de las cuales son las comunidades forales, no pueden cumplir el objetivo de estabilidad, significa que dicho objetivo no es asumible ni aplicable ni posible.


Acabo con una cuestión. Ayer tuve la oportunidad de leer este comentario del portavoz del Partido Popular, Pablo Casado. Decía: Estamos viendo cómo también en Valencia y Baleares se empieza con que el modelo de financiación no es justo,
se sigue con el 'España nos roba' y se acaba adoctrinado a los niños en los colegios. Este es el nivelazo del Partido Popular. La Comisión de expertos sobre financiación autonómica dice textualmente que el sistema de financiación es injusto, pero
para ustedes esto acaba en el adoctrinamiento de los niños en colegios. Pues bien, el próximo sábado se celebrará en Valencia una manifestación a favor de una financiación justa, en la que participarán los sindicatos, las organizaciones patronales,
todos los partidos del arco parlamentario, incluyendo a sus socios de Ciudadanos -todos menos el Partido Popular-, así como decenas de organizaciones sociales y patronales. Esperemos que por una vez el Partido Popular nos escuche...


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez, ha pasado con creces su tiempo y le hago la misma precisión que le he hecho antes al señor Marmolejo: no dialoguen entre ustedes y no se inquieran; es al presidente a quien hay que preguntarle.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: De acuerdo, señor presidente.


Termino solo diciendo que esperamos que el Partido Popular escuche por una vez la voz del pueblo valenciano y que pare ya el maltrato.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Iglesias.


La señora IGLESIAS PARRA: Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.


En primer lugar, queremos destacar como dato positivo de este informe la importante reducción que se produjo en el número de entidades del sector público autonómico, 1998 entidades frente a las 1294 del ejercicio anterior, reducción que se
ha ido produciendo en los años sucesivos y que ha dado lugar a que este proceso de reorganización del sector público autonómico que se inició en el año 2010 esté prácticamente concluido o ya concluido. Supongo que veremos más adelante el ahorro que
se ha producido en este sentido.


Vamos a destacar también un par de cuestiones puesto que el informe nos da una visión global del sector público autonómico, un par de cuestiones procedimentales que entendemos que son importantes porque nos podrían proporcionar una
información más completa. Se producen limitaciones al alcance -dice el Tribunal de Cuentas-, que además se vienen repitiendo en anteriores informes, que dificultan la labor de control de las cuentas públicas. Por un lado, la importante limitación
que supone la diferente estructura y conformación de las cuentas generales de las comunidades autónomas y la ausencia de homogeneidad en la estructura y contenido de los informes elaborados por los distintos órganos de control

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externo de las comunidades autónomas. Por otro, el hecho de que las cuentas generales no incluyen la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados. Deberíamos avanzar, aunque fuera poco a poco, en estas dos
cuestiones, pero entiendo que no se está haciendo puesto que el tribunal en su informe no dice nada. Consideramos que se desperdicia en parte el ingente trabajo que se realiza por los órganos de control.


Otra dificultad añadida y que también se señala año tras año por parte del Tribunal de Cuentas es la heterogénea fijación de los datos recogida en la normativa autonómica respecto a las cuentas generales. El pasado 21 junio, el Tribunal de
Cuentas y los OCEX firmaron una declaración en la que se ponía de manifiesto esta circunstancia y se explicaba además que varias comunidades autónomas habían realizado cambios normativos pero para retrasar el plazo de rendición de cuentas, en
sentido contrario precisamente a lo que marca la lógica de los tiempos y, como dice el tribunal, con los actuales sistemas de llevanza de la contabilidad y de tramitación electrónica. Esta declaración instaba a los poderes públicos competentes a la
adopción de las medidas legales oportunas encaminadas a homogeneizar y reducir los plazos de rendición de cuentas, estableciéndose como fecha recomendada para llevar a cabo esta rendición con carácter general el 30 junio del ejercicio siguiente al
que las mismas se refieran. Quiero preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si el tribunal ha tenido alguna respuesta por parte de alguno de esos poderes públicos y, si se ha producido, en qué sentido.


También en cuanto a la rendición de cuentas habla el tribunal del grave estancamiento en el nivel de rendición de cuentas que afecta fundamentalmente a entes, empresas públicas, fundaciones y consorcios, constituyendo un 14% las entidades
que no las han rendido. Estamos hablando, en palabras del propio tribunal, de un déficit democrático, de un deber básico para hacer efectiva la necesaria transparencia en la gestión. Por eso echamos en falta en este informe -no sé si los informes
de las comunidades autónomas lo contenían- alguna información relativa a las actuaciones coercitivas de los órganos de control -requerimientos conminatorios, multas- que pudieran haberse llevado a cabo por esta cuestión.


Ahora me voy a detener en un aspecto relevante de la gestión económico-financiera que tiene también importantes repercusiones políticas. Se pone de manifiesto en el informe el peligro existente por el excesivo endeudamiento por el gasto
sanitario que tienen las comunidades autónomas, hablando expresamente el tribunal de la existencia de una permanente insuficiencia estructural de los créditos iniciales para dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio, además de que se
recurre de forma periódica a generar gasto que excede de las consignaciones presupuestarias. Y alerta el propio informe de que este tipo de prácticas -cada vez más en aumento y especialmente en algunas comunidades autónomas- puede distorsionar la
sostenibilidad financiera del sistema autonómico de gestión sanitaria. Esto que se dice ahora con respecto a 2014 se dijo también por el tribunal respecto a 2010, 2011, 2012 y 2013, prácticamente con las mismas palabras. Se hablaba de permanente
insuficiencia estructural. El tribunal habla de que se debería partir del gasto del año anterior a la hora de presupuestar este capítulo, de este modo se evitaría en buena parte tener que acudir a modificaciones presupuestarias que en realidad no
introducen medidas de ahorro en la gestión administrativa. El Grupo Socialista propuso en Comisión también la consideración de créditos ampliables de determinados créditos sanitarios. Sea como fuere, lo que es evidente es que tenemos que abordar
este problema ya, importante desde el punto presupuestario y muy importante desde el punto de vista social o político. En este caso creemos que coincide lo urgente con lo importante. Sin embargo, parece que no vamos por ese camino. No se convoca
el consejo interterritorial monográfico que se solicitó para hablar de este tema y al que el Partido Popular se comprometió en el Senado y además se ha mandado una previsión a Bruselas de un presupuesto nacional para el año que viene que, entre
otras cosas, plantea reducir el gasto sanitario público hasta el 5,8 del PIB, frente al 5,95 del año pasado; un tajo de casi 1700 millones de euros que al final pagarán las comunidades autónomas y sus servicios de salud. Si esto se cumple, 2018
será el año con menor gasto de sanidad, una partida que lleva reduciéndose desde hace ocho años, desde 2009, cuando alcanzó el 6,7% del PIB.


Por lo tanto, con independencia de la lectura ideológica que hagamos de este asunto, no parece que este problema lo vayamos a solucionar sino que seguimos en este camino y seguirá incrementándose.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Acedo.

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La señora ACEDO REYES: Muchas gracias.


En primer lugar, quiero agradecer al presidente del tribunal su comparecencia hoy aquí para presentar el informe global del sector público, concretamente autonómico, del ejercicio 2014. Nos da una visión global sobre la gestión de las
diferentes comunidades autónomas, que también pone de manifiesto la estructura de nuestro sistema que, a priori, creo que funciona y va evolucionando a mejor, fundamentalmente en los últimos diez años.


Me gustaría aportar muchas cosas porque del informe se puede sacar muchísimas conclusiones muy interesantes. Dicho esto, creo que el sistema funciona y la primera descentralización a las comunidades autónomas y una segunda descentralización
a los ayuntamientos ha sido exitosa. Hay que seguir trabajando en mejorar la gestión y creo que vamos por buen camino.


Me encantaría contestar a todas sus señorías pero me va a resultar complicado, así que me voy a ceñir al informe. Con respecto a las cuentas generales, pone de manifiesto la ausencia en la mayoría de los casos de la memoria demostrativa y
la tendencia a no disponer de una contabilidad adecuada y de un mínimo seguimiento de los gastos con financiación afectada. También pone de manifiesto la falta de rendición de cuentas de determinadas entidades del sector público. Esto limita la
fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas en la verificación, la aplicación y el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos. Son los aspectos más destacados respecto de las cuentas
generales. Esto, hilado con la rendición de cuentas, pone de manifiesto esa desigualdad normativa respecto de los plazos y en veintidós comunidades autónomas y cuatro empresas públicas, concretamente de Extremadura, están indebidamente incluidas.
Pero, al fin y al cabo, las cuentas rendidas representan un porcentaje bastante elevado, el 73%, fuera de plazo, el 13%, y no presentadas, el 14%. Evidentemente, los porcentajes de fuera de plazo y no presentadas son muy inferiores al de las
presentadas correctamente. Además es un porcentaje similar al de los ejercicios anteriores. Son retrasos fundamentalmente en consorcios, empresas públicas y fundaciones. Ojalá llegásemos al cien por cien y posiblemente con la evolución de la
mejora de la gestión llegaremos al cien por cien; sobre todo, cada vez iremos reduciendo el número de las no presentadas y en eso debemos trabajar todos. Con respecto a la remisión de contratos, como en años anteriores la mayoría de los contratos
se centra fundamentalmente en suministros y servicios.


En el área de liquidación del presupuesto creo que lo más importante a destacar es la diferencia entre los créditos finales y las previsiones iniciales. No se registran las modificaciones presupuestarias que sería la financiación
correspondiente a esos gastos, dando lugar a desequilibrios presupuestarios. Al fin y al cabo, la modificación del crédito inicial es de aproximadamente un 9% en la mayoría de los casos, aunque sí es cierto que algunos otros superan el 20%. Es
importante destacar el grado de ejecución de los presupuestos que, en la mayoría de los casos, es de más del 95%.


Con respecto a la estabilidad presupuestaria, como ha dicho el presidente del tribunal, en el año 2014 estuvo fijada en un déficit del 1% del PIB y no se cumplió para el conjunto de las comunidades autónomas, aunque es importante destacar
que la situación difiere de una comunidad a otra porque las características no son las mismas. Me gustaría subrayar que las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cumplieron religiosamente el objetivo de estabilidad presupuestaria para entidades
locales.


En cuanto a la regla de gasto del 1,5%, ha sido cumplida por todas las comunidades autónomas, es decir, el fin está superado, y el objetivo de deuda pública, finalmente fijado en el 22,8%, también ha sido cumplido por parte de todas las
comunidades autónomas. Esto pone de manifiesto el grado de compromiso por parte de las comunidades autónomas, los diferentes organismos y los propios sujetos gestores de cumplir con lo que se indica para mantener la estabilidad presupuestaria.


En mi opinión, la contratación administrativa es uno de los aspectos más importantes a destacar porque la contratación administrativa es uno de los instrumentos más importantes con el que cuenta la Administración para prestar los mejores
servicios posibles y de calidad al ciudadano. No podemos perder la perspectiva de que tanto los gestores como la administraciones públicas tenemos que dirigir nuestro trabajo a prestar el mejor servicio al ciudadano. Se habla de poca concreción en
la justificación de la necesidad de los contratos y pliegos de cláusulas administrativas excesivamente genéricos. Esto es muy reiterativo en los diferentes informes del Tribunal de Cuentas, ya no solo concretamente este que es mucho más general ya
que se refiere a todo el sector público, sino que puntualmente en los diferentes informes que hemos ido tratando a lo largo del año hemos visto que se subraya que los objetos de contrato son muy genéricos y que también lo son los pliegos, impidiendo
ambos, de alguna manera, que pueda haber una mayor eficacia en la ejecución de los diferentes contratos.

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También se habla de motivaciones y declaraciones de urgencia genérica y demoras en proyectos de obras significativos y frecuentes pero no por modificaciones o nuevas necesidades que se detecten a posteriori, sino a priori. La contratación
ha sido uno de los aspectos en los que más ha evolucionado la Administración pública y eso lo ponen de manifiesto las diferentes modificaciones de la Ley de contratos llevadas a cabo y la próxima que va a entrar, ya que esas modificaciones en la Ley
de Contratos del Sector Público inciden en el necesario ajuste de dicha ley a esas necesidades que van reclamando los ciudadanos en las prestación de los servicios.


El señor PRESIDENTE: Señora Acedo, tiene que ir finalizando.


La señora ACEDO REYES: Termino, señor presidente.


Creo que se ha evolucionado bien, hay un mayor control y hay mayor eficacia y eficiencia en la gestión. Asimismo, hay que destacar la disminución del número de organismos públicos, por lo que creo que vamos por buen camino.


Por último, quisiera contestar al representante de Podemos. Si su planteamiento es que si cumplen todas e incumplen cuatro nada más el sistema es erróneo, de verdad que no tengo nada más que decirle porque ya lo ha dicho usted todo. Pero
sí le haré referencia a que la Airef -que a ustedes les gusta mucho y la nombran continuamente pero solo para lo que les interesa- considera que es adecuada la propuesta de reparto homogéneo del objetivo de déficit del 0,4% fijado para las
comunidades autónomas en el año 2018. No sé si eso le interesa o no pero, repito, si su planteamiento es que si incumplen cuatro y todas las demás cumplen el sistema es erróneo, usted con eso pone de manifiesto que gobiernan poco, han gobernado
poco, tienen poca idea de la gestión y de análisis de informes tampoco tienen mucha.


Muchas gracias. (Risas y aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Acedo.


Tiene la palabra de nuevo el señor presidente del Tribunal de Cuentas para responder a las cuestiones. Evidentemente, esta última me da la sensación de que no.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


Intervengo para contestar a algunas de las dudas planteadas por diversos portavoces parlamentarios respecto a la labor del tribunal y la elaboración de este informe.


El señor Ten me ha solicitado explicaciones sobre las diferencias entre saldos finales y saldos iniciales relativos a los ejercicios 2013 y 2014. Lo único que le puedo decir es que creo que se deben a errores en el cierre del ejercicio
contable y esos errores ponen de manifiesto una falta de control en las comunidades correspondientes. Este problema se conecta con un planteamiento formulado por la señora Iglesias cuando ha comentado las diferentes limitaciones al alcance que se
contienen en el tribunal y, entre ellas, ha puesto de manera destacada -y yo creo que con acierto- la diferente estructura y contenido de las cuentas generales de cada comunidad autónoma, que ha sido señalada repetidamente por el tribunal como una
de las dificultades para la elaboración de este informe y, por otra parte, como una de las dificultades para efectuar este tipo de análisis comparativo entre las diferentes comunidades. He de decirle que, indudablemente, esto es así porque cada
comunidad autónoma ha legislado, en el desarrollo de su régimen contable, cómo se rinde la cuenta general de cada comunidad autónoma y cómo se contabilizan y se registran los diferentes activos, pasivos, ingresos y gastos. En el caso autonómico
existe una cierta labor homogeneizadora en la medida en que los proveedores informáticos que elaboran las cuentas generales y que trabajan para diferentes comunidades autónomas pero, en el fondo, son el mismo, al final han acabado ofreciendo
soluciones que resultan perfectamente compatibles. Por ello, se han superado diversos problemas relativos a este tema. Pero, en definitiva, subsiste el déficit de lo que debería ser un formato normalizado de cuenta general de comunidad autónoma.
Ese déficit únicamente se podrá establecer, existiendo competencia legislativa por parte de cada comunidad autónoma en este ámbito, por acuerdo de las comisiones y de los organismos que tienen la capacidad para llegar a dicho acuerdo.


La capacidad técnica para resolver este problema no es tan complicada. Por ejemplo, en el ámbito de las corporaciones locales, de las entidades locales, el Tribunal de Cuentas, en colaboración con la Intervención General de la
Administración del Estado -que es la entidad pública encargada de establecer los criterios y valoraciones respecto de la contabilidad pública-, hicieron un convenio para establecer

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este formato normalizado de cuenta general de corporación local y los diferentes tribunales de cuentas regionales, los OCEX, asumieron el resultado de este formato normalizado de cuenta general. Por lo tanto, en la actualidad la instrucción
de contabilidad de las entidades locales y el formato informático, valga la redundancia, de cuenta general está perfectamente normalizado, es perfectamente integrable y sobre este instrumento se pueden hacer todos los análisis habidos y por haber.
Por tanto, ese camino realizado en el ámbito de las entidades locales se puede perfectamente recorrer por las comunidades autónomas si es que existe el consenso suficiente. La necesidad de llegar a un acuerdo sobre ese formato es evidente porque
permitiría que todos los análisis que se efectúan sobre la gestión autonómica tuvieran muchísimo mayor recorrido.


También me pregunta el señor Ten por qué, en definitiva, solo ofrecemos resultados sobre cumplimiento del plan de igualdad para aquellas comunidades autónomas que fiscalizamos directamente. Lo hacemos porque en todos los informes de
fiscalización se encuentra incluido como uno de los objetivos el cumplimiento de la Ley reguladora de la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que incorporar en cada informe lo que se pueda haber verificado en esa materia es algo automático. En
el ámbito de las comunidades autónomas que efectúan su propio informe de cuenta general no tiene por qué incorporarse este análisis en la cuenta general. No quiere decir que no se haga; hay comunidades que lo hacen en todos los casos y de otras no
tengo constancia de que lo hagan, pero es más un problema de coordinación, que esperemos que se pueda resolver. La próxima semana los tribunales de Cuentas, los OCEX, en definitiva todos los órganos de control externo de nuestro país, tenemos una
reunión preparatoria de los trabajos del año que viene y, lógicamente, se puede perfectamente solicitar que en el ámbito de la cuenta general y para la elaboración de este informe se pueda contar con los datos de cumplimiento de igualdad.


En relación con el plazo, me han preguntado por qué en cuenta general estamos en el año 2015 y en el informe anual del sector público autonómico estamos en el año 2014. Por una razón muy sencilla. Nosotros podemos trabajar este informe
cuando hemos recibido todos los informes de cada una de las comunidades. Eso quiere decir que somos los últimos de la cola. Por otra parte, como creo haber explicado en esta Comisión, en el ámbito autonómico la tendencia legislativa de rendición
de cuentas generales de cada comunidad ha ido ampliando el plazo de redacción y de elaboración de estos informes sin que exista una razón que lo justifique, porque no creo que exista una razón que justifique que las comunidades autónomas incluso
tengan mayor plazo que el Estado para presentar sus cuentas generales, además por una sencilla razón, porque en el ámbito del Estado está claro que la Intervención General de la Administración del Estado, al mismo tiempo que forma la cuenta general,
la está fiscalizando, cosa que estaría por ver que se haga en cada una de las comunidades autónomas. Seguramente, en las propias intervenciones dirán que sí, que efectúan esa labor de intervención, pero yo creo que no está justificado que la cuenta
general de cada comunidad autónoma tenga un retraso tan grande, que a nosotros nos lleva, efectivamente, a acumular un retraso de un año, el que estamos sufriendo en la cuenta general del Estado.


En relación con las diferentes preguntas que me ha formulado el señor Martínez, me ha pedido usted que rehaga el informe. Lo siento mucho, pero no lo puedo hacer. No le puedo dar todos los datos que me pide porque además son el guión de su
propia política. Usted quiere que yo le confirme lo que opina y no lo voy a hacer porque el Tribunal de Cuentas no tiene que dar opiniones al respecto. (El señor Martínez Ruiz: ¡No, no!). Quizá nos quedamos en una labor muy burocrática o muy
administrativa, pero comprenderá que la posibilidad de llegar a las conclusiones a las que ustedes llegan, que son diversas y tienen, lógicamente, una diversa ideología, está en su terreno y no en el nuestro. Hay elementos que yo tomo en cuenta por
si en futuros informes puedo dar mayores datos respecto a liquidación presupuestaria o sobre determinados aspectos que usted me plantea del sistema de financiación, pero se tiene que dar cuenta de que lo que usted en realidad está haciendo es una
crítica del enfoque y no del informe, del enfoque de gestión en el ámbito autonómico. Por otra parte, no me parece muy correcto que considere que el Fondo de Proveedores y el FLA son instrumentos arbitrarios cuando verdaderamente han sido
instrumentos muy poderosos para garantizar la solvencia y la capacidad de pago de las comunidades autónomas y atender situaciones que afectaban a un volumen importantísimo de empresarios de nuestro país que, si no hubieran tenido un fondo de pago de
proveedores, a lo mejor habrían tenido que cerrar sus negocios. No creo que esa sea la mejor manera de valorar esos instrumentos cuando verdaderamente han producido un efecto muy positivo en la gestión pública.

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La señora Iglesias me ha preguntado si ha habido actuaciones coercitivas en cada uno de estos informes. He de decirle que cada Tribunal de Cuentas, cada OCEX ha formulado en el ámbito de su actividad los correspondientes requerimientos. No
le puedo ofrecer mayores datos que los que da el informe; en todo caso, si los pudiera acopiar, se los haría llegar.


En la realización de todos estos informes, el Tribunal de Cuentas está fiscalizando directamente a una serie de comunidades autónomas y, por otra parte, recabando información de los OCEX y de los tribunales de Cuentas para que con las
aclaraciones que puedan ofrecer de sus respectivos informes se pueda elaborar un informe de esta naturaleza que resulta muy complicado de estructurar, fundamentalmente porque hay que darle esa visión global que es la adecuada en estos casos, es
decir, cumplimiento de objetivos en todos los terrenos, tanto de déficit como de endeudamiento y gestión pública. Y por lo que se refiere a algunas cuestiones que han planteado -tienen toda la razón- en relación con el déficit sanitario, lo que
hacen es volver a reproducir lo que el propio Tribunal de Cuentas ha formulado como una cuestión que debe de abordarse en el futuro y recogerse con un mayor rigor presupuestario.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


BLOQUE V:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000206 y número de
expediente del Senado 771/000205).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del último punto del orden del día en lo que a la presentación de informes se refiere: Bloque V, que afecta al informe de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el
Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca. Tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Este informe ha sido aprobado el 29 de junio de 2017 y yo creo que es muy afortunado venir a decir que estamos viendo informes relativamente novedosos. Es una
cuestión que quiero agradecer muy especialmente al presidente de la Comisión por el impulso que ha dado a la revisión de estos informes y que de alguna manera podamos estar mucho más cercanos a lo que es el trabajo corriente del tribunal durante
este ejercicio.


Esta fiscalización responde a uno de los objetivos recogidos en el programa de fiscalizaciones para el año 2016, que es la intensificación del seguimiento de las recomendaciones sobre la gestión económico-financiera pública. Asimismo,
permite hacer efectiva la resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas que se formuló sobre el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca, ejercicios 2004 y 2005, en la que se instaba a comprobar si se
habían corregido las deficiencias de funcionamiento recogidas en aquel informe. En la anterior fiscalización se formularon veintiséis recomendaciones en total, dirigidas a contribuir a la mejora de la gestión de la actividad económico-financiera
del Ayuntamiento de Cuenta.


Respecto del seguimiento de las recomendaciones relativas a los procedimientos de gestión y control, de las doce incluidas en el informe anterior se ha cumplido plenamente una de ellas al depurarse saldos acreedores y deudores y
reclasificarse valores de inmovilizado del patrimonio municipal del suelo y de elementos de transporte y de inversiones financieras, con el objetivo de ajustar la contabilidad a la realidad patrimonial y financiera del ayuntamiento.


De las otras seis recomendaciones, el 50%, se consideran cumplidas parcialmente en distinto grado. Así, se han elaborado, aunque con retraso, previsiones y planes de tesorería en la mayor parte de los ejercicios y se han implantado
aplicaciones informáticas en la mayoría de las áreas de gestión económico-financiera, aunque algunas aún carecen de ellas. Se ha mejorado el archivo y custodia de expedientes, aunque no cuentan con procedimientos ad hoc, así como se ha incrementado
el intercambio de información entre servicios de gestión, si bien no se han establecido procedimientos de conciliación. Se han implantado mecanismos automáticos de pase a ejecutiva de los derechos tributarios, pero un único administrativo continúa
introduciendo manualmente los cobros sin supervisión alguna. También se ha fortalecido la función interventora mediante reparos en los gastos de personal y otros referidos a la inexistencia de expedientes de crédito adecuado y suficiente; no
obstante, persiste la ausencia de fiscalización plena

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posterior, la no formulación de reparos en algunos gastos sin cobertura contractual y la omisión de la fiscalización previa de los derechos y su control posterior.


Las cinco recomendaciones restantes, es decir, el 42% de esta área de procedimientos de gestión, no se han cumplido. En concreto, el reglamento orgánico municipal no se ha adaptado a los requisitos legales. La relación de puestos de
trabajo que se estaba tramitando, al no fijar atribuciones y responsabilidades, no sirve como instrumento de organización y gestión. Siguen sin implantarse procedimientos normalizados para los distintos servicios, tampoco para la contratación, y
sin planificarse las necesidades de gasto. Asimismo, continúan prestándose servicios sin soporte contractual, con la consiguiente formulación de reparos.


Respecto al seguimiento de las recomendaciones relativas a la prórroga del presupuesto y su incidencia en la gestión, el ayuntamiento no aprobó el presupuesto para los ejercicios 2010, 2011 y 2015, y en el resto de los ejercicios lo hizo con
un retraso medio de 176 días, funcionando mucho tiempo con presupuesto prorrogado; además, en el periodo analizado estos se modificaron de media un 39%. Por ello, se considera que no se dispuso de un instrumento adecuado de planificación para el
desarrollo de su actividad económico-financiera conforme a los principios de eficacia, eficiencia y economía, no habiéndose cumplido la referida recomendación.


En cuanto al seguimiento de las recomendaciones relativas a las medidas de saneamiento adoptadas y su efecto en el remanente de tesorería, se ha incumplido la referida al sistema de seguimiento de los gastos con financiación afectada, puesto
que solo se realizan actuaciones de control de algunos gastos concretos y no se define la totalidad de las previsiones de ingresos y gastos a realizar. En el caso de la recomendación relativa a la elaboración de un plan sistemático de saneamiento,
el seguimiento se efectúa en un entorno diferente por las medidas extraordinarias de financiación adoptadas a favor de las entidades locales. Los planes adoptados, aunque han contribuido a mejorar la situación del remanente de tesorería, no han
dado lugar a reformas estructurales de la gestión, sino que han generado un incremento de endeudamiento que puede provocar dificultades de solvencia a largo plazo y un riesgo para la sostenibilidad económica y financiera del ayuntamiento. La única
recomendación cumplida es la relativa a la depuración de saldos deudores y acreedores mediante expedientes no periódicos, habiéndose mejorado los plazos de pago a proveedores. Del seguimiento de la recomendación relativa a las condiciones laborales
del personal al servicio del ayuntamiento se desprende que no puede considerarse cumplida. Así, no se ha llevado a cabo la modificación precisa del acuerdo-marco de 2004, cuyo contenido no se adaptaba en su totalidad a la normativa aplicable.


Respecto al seguimiento de las recomendaciones relativas a la creación y funcionamiento de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Cuenca, Empuser, se consideran cumplidas las dos. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se
modificó el objeto social de aquella, limitándose a los servicios relacionados con la gestión del ciclo integral del agua, y se fijó su régimen de relación con la corporación mediante una encomienda de gestión a la sociedad mercantil. El consejo de
administración de esta última, además, aprobó unas instrucciones de contratación.


Por lo que se refiere al seguimiento de las remuneraciones relativas a la gestión urbanística de la entidad, una de las siete recomendaciones se considera cumplida en su totalidad, en concreto la referida a la no concesión de licencias de
obra en las que se admitieran excesos de edificabilidad. No obstante, debe tenerse en cuenta la disminución de la necesidad de disposición de suelo y la reducción de la superficie rústica reclasificada como consecuencia de la contracción de la
actividad económica, y en especial de la actividad urbanística, desde el informe anterior. Otras dos recomendaciones se han cumplido en forma parcial al mejorarse la inspección y el control urbanísticos, si bien hubiera podido mejorarse mediante
herramientas informáticas específicas, y un mayor número de inspectores municipales. A su vez, el uso de la nueva aplicación e-licencias, sin llegar a permitir una gestión integral, ha fortalecido la tramitación de licencias urbanísticas y la del
impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Las cuatro recomendaciones restantes no se han cumplido. No se completó la tramitación del plan de ordenación municipal, lo que impide contemplar las previsiones de crecimiento que garantizarían
un desarrollo urbanístico ordenado. Continúan faltando procedimientos escritos para el registro y archivo de la documentación en la Gerencia de Urbanismo. Esta no ha asumido competencias de gestión del patrimonio público del suelo ni se ha formado
un inventario individualizado hoy mismo, conforme a las previsiones legales. Y no se han establecido procedimientos de supervisión y control de las valoraciones de los técnicos municipales.

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El informe concluye con un análisis del cumplimiento de la normativa sobre igualdad entre mujeres y hombres, habiéndose aprobado el primer plan de igualdad, si bien no se aprobó uno nuevo al finalizar su vigencia, y sobre la legislación en
materia de transparencia, cumpliéndose, en general, las normas de publicidad activa y del derecho de acceso a la información pública.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.


Este informe hace el seguimiento de las recomendaciones de otro aprobado en 2008, que fiscalizaba los periodos 2004-2005. Este informe, además, concluía importantes deficiencias y riesgos en el control, que afectan de forma directa a la
gestión económico-financiera. Entonces, el alcalde era don José Manuel Martínez Cenzano, del Partido Socialista. El informe que debatimos hoy concluye que el ayuntamiento ha incumplido cinco de las recomendaciones del tribunal, ha desatendido doce
y hay ocho cumplidas de forma parcial. En definitiva, solo han cumplido cinco de esas veintiséis recomendaciones. Este informe cubre el periodo de 2009 a 2016 y la inacción es tanto de Gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista, de
tres alcaldes, don Francisco Javier Pulido; don Juan Ávila, del PSOE, y don Ángel Mariscal, del PP. Le pregunto, señor presidente: ¿Este pobre cumplimiento se debe por igual a los alcaldes del PP o del PSOE? ¿El tribunal no hace ninguna
distinción? La pregunta es: ¿Se salva alguien o ambos?


Si buscamos antecedentes sobre el caso, se encuentra uno con noticias sobre la investigación judicial de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias... La verdad es que es clave la función de mejora de la eficacia del sector
público, y así se lo hemos transmitido en varias ocasiones. También aparecen notas de prensa de 2012 en la web del ayuntamiento, en las cuales el alcalde del PSOE, don Juan Ávila, informaba al Tribunal de Cuentas que había archivado el caso por la
gestión de José Manuel Martínez Cenzano. Quizá debamos ampliar las causas de enjuiciamiento, por la dejadez y la falta de negligencia. El artículo 179, de la Ley General Tributaria, habla del principio de responsabilidad en materia de infracciones
tributarias, y dice que las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad, entre otras cosas, cuando se haya puesto la diligencia necesaria. Lo que le pregunto es si sería interesante que nos planteáramos hacer algo
cuando hay esa dejadez o esa falta de negligencia, porque lo que estamos viendo aquí, aunque no constituya responsabilidad contable, está haciendo muchísimo daño a los recursos públicos. El Ayuntamiento de Cuenca no ha dado debido cumplimiento a
las recomendaciones formuladas para la elaboración y aprobación de presupuestos. El Tribunal de Cuentas, además, ve que es normal en comparación con otros ayuntamientos. Le pregunto: ¿Esta práctica ha mejorado en los últimos años? ¿Cómo ha sido
esta evolución?


Insistimos en proponer esa reforma que habilite muchísimos más medios para el Tribunal de Cuentas. Es un órgano fundamental no solo en la fiscalización, sino en la puesta de relieve de la gestión, de la eficacia y de la eficiencia de los
recursos públicos. Hoy mismo presentaremos una nueva proposición no de ley para que ustedes tengan muchísimo más acceso a los datos de las administraciones públicas, especialmente de la Agencia Tributaria, del Ministerio de Hacienda, cosa que nos
están reclamando. Termino con esa pregunta retórica, porque quizá no me expliqué bien. En estos informes vemos reiteradamente que las administraciones no cumplen las recomendaciones generales del Tribunal de Cuentas, es decir, que no hay buena
gestión tanto por parte de unos como de otros. Evidentemente, las recomendaciones hay que analizarlas con posterioridad, pero con todos los datos, con todas las indicaciones que nos hace el Tribunal de Cuentas, los responsables políticos deberían
actuar de distinta forma, porque estamos dilapidando recursos públicos, algo que no se merecen los ciudadanos, porque son recursos para sanidad, justicia y servicios públicos básicos.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena de nuevo.


El señor MENA ARCA: Gracias de nuevo, presidente.


Como ya se ha dicho, estamos ante un informe que tiene una historia detrás. En 2008 se hizo un primer informe de fiscalización, a petición en 2004 del Grupo de Izquierda Unida, que fue sometido a

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información del pleno municipal, y fue este organismo quien hizo las alegaciones pertinentes. En 2017 se acordó hacer una revisión de este informe para ver el grado de cumplimiento de estas veintiséis recomendaciones formuladas.
Sorprendentemente, esta vez el informe ha sido remitido al ayuntamiento, pero no al pleno municipal, de forma que las alegaciones las ha hecho directamente la alcaldía. Le pregunto, señor presidente, a quién compete hacer las alegaciones a este
informe, si al Pleno de la corporación, o al gabinete de alcaldía, y qué posibilidades existen para que el informe pueda ser reenviado para que sea el pleno de la corporación el que formule las alegaciones pertinentes, tal y como recoge el artículo
44 de la Ley del Tribunal de Cuentas. Partiendo de la base de que hay un alcalde que ya está condenado en un contencioso-administrativo por impedir el acceso a la información, entenderá que la oposición del municipio esté preocupada. Es evidente
que debemos respetar la autonomía municipal que mandata nuestro ordenamiento jurídico y que el Gobierno del Partido Popular ha pretendido saltarse por activa y por pasiva, a través de una legislación ad hoc o bien fruto de una intervención política
a determinados ayuntamientos sin ninguna justificación previa. Parece que el Partido Popular ya se ha hecho fan del artículo 155 impuesto en Cataluña; lo han visto como una herramienta para controlar las políticas económicas en aquellos
ayuntamientos que no les gustan, y además donde la ciudadanía les ha dado la espalda electoralmente. (Rumores). ¿Qué opina usted, señor presidente, porque entiendo que es un tema que también compete al Tribunal de Cuentas, de que el Gobierno del
Partido Popular, por ejemplo, tenga la desfachatez de intervenir las cuentas saneadas de un ayuntamiento, como el Ayuntamiento de Madrid, y que curiosamente quien mandate esta intervención sea el exalcalde de Jaén, hoy secretario de Estado de
Hacienda, uno de los ayuntamientos más endeudados de España? Este, el de Cuenca, es también un ayuntamiento intervenido por el Ministerio de Hacienda a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a petición del anterior consistorio socialista.
A fecha de 1 de enero de este año la deuda financiera del Ayuntamiento de Cuenca era de más de 66 millones de euros, cifra considerable si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el presupuesto de 2017 era de 56 millones de euros. Además, hay dos
informes adicionales, el de la consolidación del recinto ferial de Cuenca y el de la construcción de varias sedes, y quería saber, señor presidente, si conoce usted cuál es el estado actual de estos dos expedientes.


Respecto al presente informe, nos preocupan fundamentalmente aspectos de transparencia, de relaciones contractuales, de política presupuestaria y de urbanismo. En cuanto a transparencia, el informe requiere revisar y modificar el reglamento
orgánico del ayuntamiento en el que habrían de separarse las funciones de contabilidad y fiscalización, y completarse la información incluida en cada una de las aplicaciones informáticas utilizadas, porque entendemos que la idea es que no solamente
toda la información esté colgada en la web municipal, sino que sea accesible y entendible por el conjunto de la ciudadanía, tal y como mandata la Ley de transparencia, acceso a la información y buen Gobierno. Por tanto, señor presidente, nos
gustaría saber qué mecanismos existen para garantizar el acceso a la información que tiene regulado como derecho la ciudadanía.


Sobre las relaciones contractuales, hace falta una mayor planificación de las obligaciones contractuales del ayuntamiento y una mejor previsión financiera. El objetivo debe ser asegurar la racionalidad, la operatividad, la eficiencia y la
sostenibilidad en la actuación de la entidad. Una vez más, la contratación municipal puede ser el coladero de la corrupción en España, como hemos visto en muchos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. En ese sentido, presidente,
quisiéramos saber si podemos utilizar el Tribunal de Cuentas como herramienta para evitar una posible corrupción en el ámbito de las relaciones contractuales. Sobre la política presupuestaria, dice el informe que es conveniente establecer medidas
precisas para que el presupuesto del ayuntamiento sea una herramienta al servicio de la ciudadanía. Nos parece una obviedad que el Tribunal de Cuentas tiene que dejar por escrito en el informe. Así pues, se debe asegurar que sirve para gestionar,
planificar y tomar decisiones, y huir de la figura de la prórroga presupuestaria que altera esos tres principios. ¿Qué mecanismos podemos aplicar para evitar esa inestabilidad presupuestaria que se produce en el Ayuntamiento de Cuenca? Sobre
urbanismo, hace falta la aprobación de la revisión del Plan de ordenación municipal, como decía el presidente, como herramienta de planificación y reforzar el personal de inspección.


En definitiva, para acabar, solo está totalmente cumplida una de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, lo que evidencia la nefasta gestión de un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular y -hay que decirlo- apoyado en esta
legislatura una vez tras otra por su muleta de Ciudadanos, que es quien apoya una y otra vez cada una de las medidas del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, como también ocurre en otros consistorios municipales, y esa muleta del PP con
Ciudadanos sirve para imponer

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la dejadez del Partido Popular en la gestión municipal, la opacidad del Partido Popular en la gestión municipal y también la irresponsabilidad política y financiera en las administraciones locales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.


El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.


Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Me quiero unir a unas declaraciones que ha realizado usted al presentar este informe. Creo que el trabajo tanto de la Mesa como de su presidente y del conjunto de sufridos diputados y
senadores de esta Comisión está siendo considerable en los últimos meses, está siendo constante. En definitiva, creo que a quien beneficia es al conjunto de los ciudadanos de este país porque estamos, como decía su presidente, viendo informes
bastante actualizados para lo que era la norma habitual de esta Comisión.


Centrándome ya un poco en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca, ejercicios 2004 y 2005, como algunos de los anteriores portavoces han manifestado, se aprueba en esa sesión de octubre de 2008 en el Pleno del Tribunal de
Cuentas y, posteriormente, se llevan a cabo las resoluciones de la Comisión mixta en 2009. Son un total de veintiséis recomendaciones que instan fundamentalmente al Ayuntamiento de Cuenca a modificar gran parte de sus procedimientos con el objetivo
de implantar dichas recomendaciones, y al tribunal a llevar a cabo la fiscalización durante el transcurso de ese periodo de tiempo y ver si se han corregido o no. En primer lugar, señorías, nos encontramos ante un informe que abarca un periodo
temporal bastante amplio, hasta prácticamente nuestros días desde el año 2004; periodo en el que han dirigido la corporación municipal Gobiernos del Partido Popular, del Partido Socialista y actualmente de nuevo el Partido Popular. Sobre estas
veintiséis recomendaciones formuladas en el informe, no voy a ser tan negativo como el anterior portavoz de Unidos Podemos porque en el informe se recoge que hay un cumplimiento muy dispar que se cifra en torno al 40% de las recomendaciones
enumeradas. Es cierto que todavía hay prácticamente un 50% de recomendaciones que no han sido bien gestionadas. No podemos considerar, lógicamente, viendo este informe, que las deficiencias en la gestión se puedan atribuir de forma exclusiva a uno
u otro partido de los que han gobernado, porque, como digo, han gobernado la corporación diferentes signos políticos. Más bien entiendo yo, sinceramente, que lo que se trasluce de esta gestión, de este informe, es una problemática de fondo; una
problemática que afecta al conjunto de la Administración local y que tiene como telón de fondo esa posible insuficiente financiación de nuestros ayuntamientos. Señorías, no creo que en los municipios podamos vivir continuamente tan pendientes del
ciclo económico, y más en concreto del propio ciclo inmobiliario. No puede ser que esta Administración, que es la más cercana al ciudadano, sea la que debe prestar la gran cantidad de servicios que estos le demandan y al mismo tiempo exigirle que
tenga unas arcas completamente saneadas, al menos con la financiación con la que cuenta actualmente. Lo digo como reflexión sincera. Aparentemente, no ha habido ningún tipo de supuestos, de indicios de responsabilidad contable o penal. Ni el
ministerio fiscal y la abogacía del Estado han considerado en este sentido estos aspectos. No se ha desarrollado ningún tipo de limitaciones para alcanzar los trabajos que ha llevado a cabo el tribunal, y, eso sí, destacamos algunas de las
cuestiones que el tribunal manifiesta que después de este periodo prolongado de tiempo todavía no han encontrado respuesta. Por ejemplo, hay una anómala situación contractual del servicio de ayuda a domicilio, un tema bastante reiterado en los
últimos meses y años; también cuestiones de pliegos, de recursos, etcétera. Lógicamente, lo que tampoco se puede hacer es suspender el servicio durante este período.


Aparecen temas de contratación pública, tan clásicos ya en esta Comisión, como el fraccionamiento de contratos, cuestiones relativas a la transparencia de estos contratos, como digo, no al Ayuntamiento de Cuenca sino al conjunto de
ayuntamientos y otras administraciones, que sabemos que son también protagonistas en este sentido. También, como ha manifestado algún otro portavoz, el tema de la RPT; y, en definitiva, como dice el tribunal, la problemática de una deuda
cuantiosa, una deuda cuyo incremento viene prácticamente desde el año 2004, en donde sufre una variación muy significativa; posteriormente, tuvo una ralentización, un estancamiento, sobre todo desde que el señor Draghi actuó -repito, desde el señor
Draghi actuó, no desde que el señor Rajoy actuó-. Me preocupa que, por algún dato que he visto, en el año 2016 aparece un nuevo repunte de la deuda. No sé si el tribunal nos puede responder si con la actual política que lleva a cabo el
ayuntamiento se vislumbra que en unos años se va a poder llegar a una situación de estabilidad financiera.

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Termino, señor presidente, con un último mensaje en plan político. Si no acometemos con rigor y con sentido municipalista una auténtica reforma de la financiación local, ahora que se habla del día de la marmota de la financiación
autonómica, si no dejamos un poquito de protagonismo a la financiación local, nuestros ayuntamientos no serán capaces de llevar a cabo una prestación adecuada de los servicios públicos y de calidad que demandan los ciudadanos, salvo que tengamos en
algún momento un ciclo económico sumamente bondadoso, o que el Banco Central Europeo acabe con su política acomodaticia en los próximos meses.


Nada más, señor presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Bonilla.


La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Muy buenos días.


Muchas gracias señor presidente y, como no podía ser de otra manera, nuestras primeras palabras, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, son para agradecer al señor presidente del Tribunal de Cuentas su presencia, su trabajo, su
exposición, así como el trabajo de todo su equipo.


Señorías, el Programa de fiscalización del Tribunal de Cuentas para el año 2016, aprobado -como aquí se ha dicho en la mañana de hoy- por el Pleno del 22 de diciembre de 2015, incluyó, entre las programadas a iniciativa propia, la
fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca, en los ejercicios 2004 y 2005; unos ejercicios en los que la Presidencia de ese ayuntamiento, su
alcalde, correspondía al señor Cenzano, perteneciente al Grupo Socialista.


Efectivamente, como aquí también se ha dicho, el periodo de fiscalización al que alude este informe, analizados los resultados y las recomendaciones practicadas en el mismo, abarca un periodo en el que, efectivamente, hay tres corporaciones
de Gobiernos diferentes: primero, el señor Cenzano; después, el señor Pulido, del Partido Popular; a continuación, el señor Ávila, del Grupo Socialista; y, en la actualidad, el señor Mariscal, del Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, es
cierto que a veces es difícil señalar dónde está la inacción o las actuaciones no debidamente eficaces. Pero lo cierto es que el propio informe recoge muchos datos que nos hacen precisar dónde están los incumplimientos y qué corporaciones han hecho
un ejercicio adecuado para llevar a cabo las recomendaciones del tribunal.


Desde el Grupo Popular, vamos a intentar hacer un análisis breve pero serio sobre las recomendaciones practicadas. Y aquí sí que tengo que hacer un llamamiento al portavoz del Grupo de Podemos, en el sentido de que hay que ser un poquito
más serios en las apreciaciones y ser rigurosos en las afirmaciones. No se puede mezclar ahora el artículo 155 como el baluarte en la actuación de las cuentas, cuando dicho artículo, como usted muy bien sabe, ha sido una actuación puntual,
excepcional ante una vulneración del Gobierno en Cataluña, y lo que pretende es devolver la legalidad a Cataluña.


También ha hecho aquí afirmaciones serias contra el secretario de Estado de Hacienda. Solo le invito a que vea su comparecencia del otro día, en la que expuso no solo los documentos de fiscalización con los que se encontró en el
Ayuntamiento de Jaén, que estaba prácticamente en quiebra, y la actuación que tuvo que realizar, quedando perfectamente delimitado y clarificado que los 400 millones los heredó, sino también las cuestiones específicas de ese informe. (Aplausos).
Con respecto a la señora Carmena, le invito a que vea esa comparecencia, en la que la propia señora Carmena reconocía que iba a adoptar las medidas necesarias -por tanto, no ponía pegas- para regularizar la situación en el Ayuntamiento de Madrid.
También le quiero recordar que también hay algún procedimiento de investigación abierto en ese aspecto.


Señorías, como muy bien ha expuesto el señor presidente, en ese informe se recogían veintiséis recomendaciones dirigidas a impulsar medidas para el fortalecimiento de las distintas áreas de actuación que fueron objeto de control y cuyos
principales resultados se recogieron en ese informe. Es importante saber de dónde partimos; y como muy bien recoge el propio informe, los aspectos en los que se identificaron deficiencias del 2004 y 2005 -repito, Gobierno del Grupo Socialista- se
referían a los procedimientos de gestión y control del Ayuntamiento; la prórroga del presupuesto y sus incidencias en la gestión; las medidas de saneamiento adoptadas y el efecto del remanente de tesorería; la contratación y las condiciones
laborales del personal del ayuntamiento; funcionamiento de la empresa pública; gestión urbanística de la entidad encomendada al organismo autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo. Pues bien, entendemos que estas fiscalizaciones -y partamos de
ahí- son muy importantes para el funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Es muy importante la labor que realizan

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ustedes, señor presidente, y es muy importante seguir las recomendaciones para continuar avanzando y mejorando en el cumplimiento de la legalidad, en el establecimiento de procedimientos encaminados a la mejora de la gestión económica y
financiera, y a la obtención de una imagen real y fiel a través de la contabilidad.


Pues bien, el informe analiza el grado de cumplimiento de las recomendaciones del tribunal; se analizan y se evalúan las modificaciones introducidas, y se analiza el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad realizada por las
entidades fiscalizadas. Además -y esto también es muy significativo-, aun a pesar de no ser objeto de recomendación, se evaluó la relativa a la transparencia en todo aquello que guarda relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. De
las conclusiones se desprenden varias cuestiones. Aquí se ha hablado, tanto por el señor presidente como por los portavoces, de que hay unas recomendaciones que han sido cumplidas de manera íntegra, otras a medias y otras que no han sido cumplidas.
En todo caso, quiero destacar el esfuerzo por parte del Gobierno actual del Partido Popular en cumplir las recomendaciones porque, además, eso es cumplir con la ley.


Quiero destacar y poner en valor cómo, por ejemplo, el ayuntamiento ha realizado las actuaciones dirigidas a la depuración de saldos acreedores y deudores, como muy bien ha dicho el presidente, así como a la reclasificación de valores de
inmovilizado del patrimonio municipal del suelo, y de elementos de transporte y de inversiones financieras, con el objetivo de ajustar la contabilidad a la realidad patrimonial y financiera de la entidad. También se aprobaron planes de ajuste,
consecuencia de la adhesión por el ayuntamiento a diversos mecanismos extraordinarios de financiación adoptados por el Estado por el contexto de la crisis. También se han elaborado informes de cumplimiento de dichos planes, en los que se ha ido
poniendo de manifiesto la situación económica y financiera del ayuntamiento. Dentro de este capítulo de gestión y control, se han elaborado previsiones y planes de tesorería en la mayor parte de los ejercicios comprendidos entre los períodos...


El señor PRESIDENTE: Señora Bonilla, tiene usted que ir acabando.


La señora BONILLA DOMINGUEZ: Sí, señor presidente.


Se han implantado, fundamentalmente entre 2013 y 2017, aplicaciones informáticas. Es de destacar la mejora en el archivo y en los expedientes. También se ha facilitado el intercambio de información. Se han implantado mecanismos
automatizados, etcétera.


Como tengo que ir terminando, quiero poner en valor, señorías, respecto a la última alusión del portavoz del Grupo de Podemos, que por parte del propio tribunal se ha puesto de manifiesto cómo se cumple la normativa en cuanto a transparencia
y publicidad.


En definitiva, señorías, el informe termina -como no tengo más tiempo no voy a entrar en más detalle- haciendo una serie de recomendaciones con el objeto de continuar contribuyendo a la mejora de estos procedimientos. Nosotros entendemos
que esto es importante, hay que seguir contribuyendo, es lo que han estado haciendo los Gobiernos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cuenca porque es fundamental reconocer lo que se ha hecho, las dificultades y de dónde partíamos, y también
es fundamental reconocer que, por ejemplo, en materia de presupuestos los años en los que no ha habido presupuesto municipal corresponden a Gobiernos socialistas, los fiscalizados primero: 2004 y 2005, y también 2015, 2014, 2010 y 2011, esos han
sido los años -2010, 2011 y 2015- en los que no ha habido presupuesto municipal, correspondientes al Grupo Socialista. Por tanto, reitero, es importante seguir mejorando, esa es la voluntad del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca y desde
luego queremos reconocer aquí el esfuerzo que han hecho por cumplir con las recomendaciones, porque responde al espíritu de cumplir con la ley y con la democracia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra para finalizar el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


La elección de Cuenca como ayuntamiento al que volver después de una fiscalización que en su día fue muy crítica, fue muy importante, está precisamente en la voluntad de cumplir con lo que ustedes en repetidas ocasiones nos han formulado,
que es necesario hacer un seguimiento de las recomendaciones, pero no un seguimiento de recomendaciones superficial, sino analizar de una manera más profunda hasta

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qué punto las recomendaciones que formuló en su día el tribunal se han cumplido. En su momento la elección del Ayuntamiento de Cuenca como uno de los ayuntamientos que se fiscalizó en el anterior periodo con especial atención tuvo una razón
de ser: el Ayuntamiento de Cuenca creo recordar -lo digo porque yo fui el autor como ponente del informe y creo no equivocarme- que llevaba del orden de nueve o diez años viviendo sin presupuesto municipal, acogiéndose a las prórrogas periódicas
del presupuesto y, por tanto, en unas circunstancias que llevaron a que el tribunal planteara no que Cuenca tenía un problema de financiación -que a lo mejor lo tiene indudablemente- ni un problema -podemos decir- de otro tipo, sino que lo que tenía
era una falta de ajustarse a la legislación financiera que le era de aplicación, que es la Ley de Haciendas Locales. La Ley de Haciendas Locales obliga a la elaboración de los presupuestos, a gestionar un ayuntamiento conforme a lo que cualquier
Administración pública tiene la obligación de realizar, y las dificultades financieras y las dificultades de gestión del Ayuntamiento de Cuenca llevaron a vivir en esa prórroga presupuestaria.


Luego hemos visto que efectivamente el Ayuntamiento de Cuenca no es una excepción. Cuando leemos aquí los informes que se presentan sobre el conjunto del sector público local comprobamos que hay muchos ayuntamientos que no aprueban los
presupuestos, que viven en prórroga presupuestaria, que hay incluso ayuntamientos -menos mal que son pequeños- que directamente no asientan en libros la gestión económica salvo determinados periodos donde de golpe y porrazo pretenden ponerse al día.
Es decir, que verdaderamente hay una dificultad en el conjunto del sector público local para cumplir con los requisitos de la Ley de Haciendas Locales y estar al día en la gestión pública de la entidad. Situación que puede ser explicable para
entidades pequeñas, pero que no lo es para entidades que tienen un volumen como puede tener en este caso el Ayuntamiento de Cuenca, y por eso precisamente en su momento se formularon unas recomendaciones muy contundentes.


En la revisión de estas recomendaciones nosotros no pretendemos salvar ni condenar a nadie, no es nuestra función. Lo que vemos es el estado de situación a un momento concreto, que es este. Es decir, en este momento no vamos a entrar a
valorar quién debe ser salvado o quién debe ser condenado porque yo creo que eso desde el punto de vista político les corresponde a ustedes, desde el punto de vista de la responsabilidad que puede haber en los ámbitos penales o contables
efectivamente les corresponde a las instancias correspondientes. Como ustedes saben, no ha habido acciones por parte de la fiscalía ni tampoco en la sección de enjuiciamiento del tribunal, y eso lleva a que el señor Ten se plantee la duda de si
está bien regulada la responsabilidad contable, y saca a colación la Ley General Tributaria y de alguna manera incluir esa falta de dejadez. Pues en nuestra ley ya se contempla esa falta de dejadez porque se establece como requisito de la
responsabilidad contable la eventual existencia de una negligencia grave. Indudablemente la negligencia grave ha sido diferentemente interpretada tanto por la sección de enjuiciamiento del tribunal como por parte del Tribunal Supremo, y puede haber
habido situaciones que a lo mejor no estaría mal que ustedes como legisladores pudieran precisar exactamente en el ámbito de la gestión económico-financiera qué debe entenderse por esa negligencia grave y en qué supuestos incumplimientos, que no son
ni dolosos ni culposos pero que también son importantes, podrían ser valorados por parte de esa jurisdicción.


También quiero indicar, en respuesta al señor Mena, que el tribunal ha remitido el anteproyecto de informe para alegaciones, se lo ha enviado a quien es su representante legal, es la obligación que nosotros tenemos: remitir los informes a
quienes son sus representantes legales o a quienes lo fueron en los periodos fiscalizados. Por tanto, a todos los representantes legales, a los tres alcaldes, a los que se ha citado aquí, se les ha remitido lógicamente el anteproyecto de informe.
Es responsabilidad de ellos la tramitación y la formulación de las alegaciones que, como usted bien ha dicho, deben hacerse con observancia de las normas reguladoras de la adopción de los acuerdos de la entidad correspondiente. Si esos acuerdos
corresponden al Pleno, si esos acuerdos corresponden al alcalde o no, es una cuestión que corresponde al Ayuntamiento de Cuenca y que en todo caso está sometida al régimen de recursos que, como usted bien sabe, ha dictado en ocasiones
pronunciamientos judiciales que están en la mente de todos; pero es una responsabilidad del alcalde o del representante, no es responsabilidad del tribunal plantear esa remisión a otra instancia que no sea al representante legal.


Ustedes me han preguntado si hay fiscalizaciones parecidas o en la misma línea que esta. Indudablemente he de indicarles que hay dos fiscalizaciones que son de seguimiento de recomendaciones de anteriores informes, que son las del
Ayuntamiento de Guadalajara y las del de Castro Urdiales, que ambas están en los programas de fiscalización y que llegarán en su caso también a esta Comisión.

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Me voy a detener en un punto que es el del endeudamiento -porque creo que es un tema importante-, para indicar que el ayuntamiento ha elaborado planes de saneamiento y ajuste por haberse acogido a los mecanismos extraordinarios de
financiación, pero la realidad es que el informe viene a concluir que no han servido de manera suficiente para la adopción de reformas estructurales y cambios en la gestión presupuestaria, y esto indudablemente puede causar dificultades en el futuro
de la gestión municipal.


El señor Galeano me planteaba que nos encontramos ante un problema de financiación local. Es decir, el déficit de financiación sería el que de alguna manera explicaría la situación de este ayuntamiento y también la situación de otros
ayuntamientos. En parte tiene usted razón, pero yo no creo que nos encontremos exclusivamente ante un problema de financiación local ni de déficit de financiación local, es un problema mucho más complejo, porque nos encontramos ante un déficit
estructural de la Administración pública local para atender sus compromisos y gestionarse de manera ordenada con estricto cumplimiento a las leyes financieras, presupuestarias y contables que le son de obligado cumplimiento. Y en esto tiene mucho
que ver un esfuerzo estatal de proveer funcionarios de habilitación de carácter nacional para que estas administraciones estén bien asesoradas y estén bien orientadas. Pero también tiene que ver con el cumplimiento por parte de estos ayuntamientos
de las obligaciones que les son propias, porque muchas veces existe quizá la mala práctica de que un representante elegido de una manera tan directa, como lo es un alcalde o como lo son los regidores de un determinado municipio, pueda en ciertos
momentos sentirse incluso por encima del cumplimiento de esas leyes financieras. Hay que recordar a todo gestor público que su obligación es cumplir la ley, gestionar el presupuesto público y el patrimonio público con estricta sujeción a la misma y
por tanto no innovar en ese terreno con procedimientos como estos de vivir en la permanente prórroga presupuestaria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Como viene siendo habitual, procedemos a interrumpir por tres minutos la Comisión para despedir al señor Álvarez de Miranda, agradeciéndole de nuevo el intenso esfuerzo que ha hecho hoy en esta Comisión. (Pausa).


DEBATE DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN:


- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN INTEGRAL SOBRE LAS AYUDAS A LA REACTIVACIÓN DE LAS COMARCAS MINERAS INCLUIDAS EN LOS PLANES DE LA MINERÍA
1998-2005 Y 2006-2012. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000014 y número de expediente del Senado 772/000013).


- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO 'COMPLEJO RESIDENCIAL DE MAYORES DE LA MINERÍA EN FELECHOSA, ALLER', ACORDADO DENTRO DE LA
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DEL PLAN NACIONAL DE RESERVA ESTRATÉGICA DEL CARBÓN 2006/2012 Y NUEVO MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS (PLAN DE LA MINERÍA 2006/2012), Y FINANCIADO POR EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE
LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000015 y número de expediente del Senado 772/000014).


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder previamente al debate de las solicitudes de fiscalización introducidas. Son dos puntos y los haremos de forma conjunta y por el periodo de tiempo que está estipulado. Solicitud a la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal una fiscalización integral sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras incluidas en los planes de la minería 1998-2005 y 2006-2012, y una solicitud a
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la fiscalización del proyecto 'Complejo residencial de mayores de la minería en Felechosa, Aller', acordado dentro de la distribución de fondos del
Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012, y un nuevo modelo de

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desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, Plan de la Minería 2006-2012, y financiado por el Instituto para la reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras.


Entiendo que para su presentación, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes.


El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, presidente.


Brevemente. En primer lugar, agradezco la introducción de este punto en el orden del día. Sé que ha habido iniciativas similares anteriores que ya se han debatido y votado en esta Comisión, pero permítanme, como decía brevemente,
justificar por qué a mi grupo le parecía importante el debate de estos dos proyectos de fiscalización en este orden del día.


Lo que estamos planteando en la primera propuesta de fiscalización sobre los dos planes de la minería, el primer plan 1998-2005 y el segundo 2006-2012, es un programa completo de fiscalización. No estamos pidiendo única y exclusivamente un
análisis de la regularidad de la concesión de las tres líneas de ayudas que se recogían en ese plan, estamos hablando de un plan completo de fiscalización. ¿Qué quiero decir? Estamos hablando de una fiscalización que contemple el cumplimiento
financiero, también el cumplimiento operativo y un informe de gestión que analice rentabilidad y eficiencia, es decir, un estudio completo sobre las ayudas de los dos planes que ofrezca, tras más de dos décadas de su puesta en marcha, una reflexión
global sobre la utilidad y el modo en que se ha gestionado una cantidad importante de recursos públicos. Estamos hablando entre los dos planes de la minería de 3000 millones de euros. Es probablemente uno de los esfuerzos más importantes que ha
hecho la sociedad española, una de las mayores acciones de gestión pública y estrategia económica para revertir la situación de unas comarcas, las comarcas mineras, abocadas al declive económico y al despoblamiento. Esos importantes esfuerzos a
fecha de hoy -vuelvo a decir-, después de más de veinte años, aún no han sido evaluados. Hay serias dudas respecto a ellos y estoy seguro de que los habitantes de las comarcas mineras que hoy nos están escuchando saben perfectamente de qué estamos
hablando, de cómo se ha desarrollado la gestión de estos dos planes de la minería. Nos parece que el órgano más adecuado para llevar a cabo esta completa fiscalización es, precisamente, el Tribunal de Cuentas. Hasta ahora no se ha querido hacer
por ninguno de los responsables políticos de estos dos planes de la minería ese análisis completo sobre qué se ha hecho con estos dos planes; no se ha querido hacer a pesar de que ha habido diversas iniciativas, tanto en este ámbito de Cortes
Generales como en otros Parlamentos autonómicos. Vuelvo a decir, creo que es algo que les debemos, fundamentalmente, a los ciudadanos, a los habitantes de las comarcas mineras que después de más de veinte años, y a pesar de esa ingente cantidad de
dinero invertida, no han obtenido los frutos que esos planes planteaban y hoy son comarcas abocadas a ese declive y a ese despoblamiento que se trataba de combatir. Por lo tanto, nos parece absolutamente justificado ese programa completo de
fiscalización, que va más allá de lo que ya se había acordado previamente en esta Comisión.


La segunda fiscalización que se solicita es sobre un expediente concreto y particular, un expediente que quiero recordar que ahora mismo forma parte de un procedimiento penal, de una querella de la Fiscalía Anticorrupción y en el cual no se
ha completado todo el programa de ayudas previstas, precisamente porque la Intervención General del Estado ha planteado serias dudas sobre cómo se completó ese programa sobre una subvención a un complejo, el complejo residencial de mayores de la
minería en Felechosa, que además es un proyecto absolutamente singular dentro de los planes de la minería. ¿Por qué digo esto? Porque se adjudicaron treinta millones de euros destinados al programa de infraestructuras para subvencionar la
actividad de una entidad privada -el Montepío de la Minería-, una entidad absolutamente loable en sus fines y en su trayectoria -no lo dudamos- pero que se destinó a la construcción de una residencia de lujo, que finalmente fue un absoluto fracaso
económico. Vuelvo a decir que fue un proyecto absolutamente singular que requirió de la modificación de la normativa reguladora de esas ayudas para poder encajarlo en un plan, cuando no estaba previsto, y que requirió de una serie de complicidades
políticas y sindicales muy evidentes y -reitero- sobre los que hay cuestionada incluso la regularidad de cómo se concedió y la legalidad y los fines a los que se destinó.


Por eso, repito, nos parece que precisamente el órgano fiscalizador público, que es el Tribunal de Cuentas, tiene que intervenir en esta fiscalización. La función de esa fiscalización pública del Tribunal de Cuentas se justifica para dar
explicaciones, para poner luz en expedientes como estos que están, en este momento, absolutamente cuestionados. Por eso nos parece que esa fiscalización, mucho más acotada, mucho más breve y que es sencillamente un expediente de subvención, tiene
que hacerse con urgencia;

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puede hacerse con mucha más premura que el otro proyecto de fiscalización, que es mucho más complejo y más completo, somos conscientes de ello. Por eso pedimos el apoyo para estos dos proyectos de fiscalización. Reitero nuevamente el
agradecimiento a la Mesa de la Comisión por su flexibilidad para poder introducirlos en el orden del día.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Prendes.


A continuación tiene la palabra, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Agradecemos al Grupo Ciudadanos y al señor Prendes que traigan aquí esta iniciativa para instar al Tribunal de Cuentas a que realice una fiscalización de los diferentes planes de la minería, los fondos mineros y, una más concreta, sobre la
construcción de la residencia del Montepío. Nosotros creemos que esta es una iniciativa que es relevante y que el Tribunal de Cuentas la tiene que acometer dada la magnitud de las inversiones llevadas a cabo y la gravedad del caso del geriátrico
del Montepío por las implicaciones en materia de corrupción que tiene. No obstante, consideramos que es tan importante que esta solicitud ya se registró, ya se debatió en esta Comisión y ya se aprobó. Dice el señor Prendes que es más completa. La
verdad es que a mí me gustaría que quedara reflejado en el Diario de Sesiones la diferencia entre una iniciativa y otra y lo leo muy rápidamente.


La solicitud que aquí se debatió hace unas semanas en referencia al Montepío dice: Solicitud de la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización
específico de construcción de la residencia de mayores La Minería en Felechosa, en el ayuntamiento de Aller Nastias, acordado por la Mesa de la Minería y financiado por el Instituto de reestructuración de la minería del carbón y desarrollo
alternativo de las comarcas mineras.


La solicitud que hoy estamos debatiendo aquí dice: Complejo Residencial de Mayores de la Minería en Felechosa, Aller, acordado dentro de la distribución de Fondos del Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006/2012 y Nuevo
Modelo... Es exactamente la misma iniciativa. Y otro tanto de lo mismo con los fondos mineros. Obviamente, estamos totalmente de acuerdo con que esto se fiscalice y vamos a votar a favor, pero seguimos sin entender por qué se traen a esta
Comisión iniciativas duplicadas, cuando hay un montón de iniciativas pendientes de debatir relacionadas con informes de fiscalización que hay que solicitar al Tribunal de Cuentas. Algunas le pueden interesar también al señor Prendes, como puede ser
el caso de la variante de Pajares sobre la que nosotros hemos presentado también una solicitud de informe de fiscalización específica. No sé si lo hace porque se olvidó de venir la otra vez que lo debatíamos aquí o porque quiere un video para el
Twitter sobre este asunto. La verdad es que no lo entiendo. En todo caso, aunque nos parezca un poco reiterativo que se debatan por duplicado, obviamente votaremos a favor de esta iniciativa, como ya lo hicimos hace tres semanas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.


Es evidente que ha sido ya objeto de un debate anterior. Se aprobaron los expedientes de fiscalización, la encomienda al Tribunal de Cuentas, y lo que sí quiero es aclarar algo porque la intervención del señor Prendes me ha dejado un poco
descolocado; no sé si yo no me entero o no se entera él.


Una vez que vemos los planes de actuación del Tribunal de Cuentas, que lo define de oficio y de forma voluntaria en sus respectivas sesiones plenarias, nosotros analizamos ese plan de actuación, ese sistema de trabajo o concreciones de
expedientes que va a fiscalizar el propio Tribunal de Cuentas. Una vez que nosotros analizamos ese plan de actuación, podemos observar que, evidentemente, hay recursos públicos que no van a ser fiscalizados en ese plan de actuación y que nosotros,
como grupo parlamentario, consideramos que debiesen ser fiscalizados. Ese es el objeto de las propuestas de fiscalización en esta Comisión que se someten a debate y a votación; esto segundo es algo que cuestiono y su análisis ya ha sido objeto en
Mesa y Portavoces, pero se ha pospuesto esa posibilidad de cambio de criterio. En definitiva, se debaten y se aprueban estas encomiendas al Tribunal de Cuentas y luego, lo normal, es que

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el Tribunal de Cuentas las acepte y las incorpore modificando su plan de actuación. Pero, ¿qué es lo que quiero aclarar? Que nosotros no vamos a decirle al Tribunal de Cuentas cómo debe fiscalizar.


Evidentemente el Tribunal de Cuentas tiene muy claro, porque la ley orgánica y la ley de funcionamiento lo establece, que su control es un control externo, que obedece a criterios de legalidad, de eficiencia y de economía y que nosotros
estamos añadiendo -y así está aceptado, aunque requerirá de un cambio legislativo- el incorporar criterios de igualdad de género, de sostenibilidad y de transparencia. Pero, aclaremos, no somos nosotros los que le decimos a un órgano constitucional
cómo tiene que fiscalizar y cómo tiene que desarrollar su trabajo. Lo que sí le pedimos, y ese debe ser un objetivo compartido por todos, es que no debe de haber un céntimo de recursos públicos que no sea objeto de control. Ha habido debates aquí
en cuanto al 0,7% de la Iglesia, que en estos momentos no se está fiscalizando, o a los propios dos planes Miner que requerimos -y es normal porque son recursos públicos- que se incorporen como expedientes de fiscalización en el plan de actuación
del Tribunal de Cuentas. Pero, insisto, no entremos en ese error de decirle al Tribunal de Cuentas cómo tiene que fiscalizar, porque el Tribunal de Cuentas tiene sus propios criterios y, sobre todo, porque, como Parlamento, le debemos el máximo
respeto a su independencia y también, evidentemente, a su criterio propio como órgano constitucional.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado, por su intervención.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares.


La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señor presidente.


Señorías, sin que sirva de precedente, vamos a manifestar nuestro acuerdo con lo que ha sido planteado por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, tanto de Podemos como del Grupo Socialista. Estamos repitiendo
intervenciones y, previsiblemente, repetiremos unas votaciones que ya llevamos a cabo el pasado 10 de octubre. No sé muy bien por qué razón en su momento, si se sabía que se iban a someter a votación estas solicitudes de informes el pasado 10 de
octubre, el Grupo Parlamentario Ciudadanos no solicitó que se incorporasen las que ellos tenían. Quizá no dieran la suficiente importancia a estos estudios para las comarcas mineras, especialmente las de Asturias. Estamos hablando de un informe
concreto que hace referencia a un proyecto que se hizo en Asturias y que no sabemos por qué no se incorporó. Por otro lado, como ya ha dicho un portavoz anterior, en aquel momento tuvimos oportunidad de intervenir los diferentes diputados por la
comunidad autónoma de Asturias, por lo que no entiendo por qué se vuelve a traer hoy aquí, salvo que se le dé más importancia al marketing o a la venta de una iniciativa que al hecho de la propia fiscalización que ya está aprobada por esta Comisión.
Nosotros no vamos cambiar nuestra postura, porque entendemos que es necesario fiscalizar estos fondos, pero nos preguntamos si, una vez que se ha aprobado una iniciativa, tenemos que volver a traer la misma para sacarnos no sé si el video o la foto
o para poner un tuit o escribir en Facebook. Tenemos que ser más serios y hablar de la importancia de la fiscalización y del uso eficiente y eficaz de los fondos públicos y no quedarnos simplemente en esa foto de un grupo parlamentario, que no
sabemos si no se enteró o no quiso enterarse de que ya se había traído y votado en esta Comisión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López Ares.


Quiero hacer una precisión, porque, aunque ciertamente no me he dado por aludido, creo que sería bueno razonar las cosas. Estamos ante una situación un poco extraña en cuanto al transcurso de este tipo de comisiones donde se suscitan
informes de fiscalización. Es verdad que todos ustedes conocen la generosidad de esta Presidencia y de quienes me ayudan a dirigir esta Comisión y también que, previa consulta con todos los portavoces, ustedes decidieron introducir este punto en el
orden del día, supongo que entendiendo, como yo, que a instancias del Grupo Parlamentario Ciudadanos se había manifestado que su solicitud introducía algún matiz distinto. Evidentemente, no es cuestión de este presidente dirimir si se ha
introducido o no algún matiz diferente; sus señorías se han pronunciado suficientemente. Sin embargo, les recuerdo a todos ustedes que, por unanimidad, se decidió introducir esta cuestión en el orden del día.


Si les parece, sin más dilación, vamos a pasar a la votación. (El señor González García pide la palabra). Perdón, señor González.

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El señor GONZÁLEZ GARCÍA.: Simplemente quiero manifestar que este informe no se introdujo en el orden del día según el procedimiento ordinario, que es en reunión de Mesa y portavoces, sino que se introdujo a posteriori, a través de llamadas
telefónicas. Yo, concretamente, recibí la llamada en el último momento, cuando todos los portavoces ya habían decidido su introducción y, por lo tanto, no me iba a negar a que se añadiera un informe de fiscalización con el que estoy de acuerdo.
Sin embargo, no creo que contemple ninguna cuestión adicional y considero que fue un procedimiento totalmente extemporáneo.


El señor PRESIDENTE: Señor González, estoy convencido de que a usted, conociéndole, no le coaccionó ninguna posición previa de otros portavoces. (Risas y aplausos).


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:


BLOQUE I. ORGANISMOS, ENTIDADES Y OTROS ÓRGANOS PÚBLICOS:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000032 y número de expediente del Senado 771/000031).


El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar, en primer lugar, el informe de fiscalización sobre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. En primer lugar, propuestas de resolución números 1 a 4 del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 30; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 14; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuestas números 11 a 14 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 15 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL LLEVADA A CABO POR EL ENTE PÚBLICO RTVE CON MOTIVO DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000081 y número de expediente del Senado
771/000079).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la gestión de personal llevada a cabo por el ente público Radiotelevisión Española con motivo del expediente de regulación de empleo.

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Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 22; en contra, 2; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 6 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 7 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 27; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812, PERIODO 2007-2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000131 y número de expediente del Senado 771/000132).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, periodo 2007-2012.


Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuestas números 2 y 3 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 5.

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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 26; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 6 del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000156 y número de expediente del Senado 771/000156).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del organismo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, ejercicio 2013.


Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 9 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Propuesta número 11 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 5; en contra, 17; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas del mismo grupo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 15 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.

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Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 16 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000180 y número de expediente del Senado 771/000169).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del Consejo Superior de Deportes, ejercicio 2013.


Propuestas números 1 a 5 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 10 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 14 a 17 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 18 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO, EJERCICIOS 2009-2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000210 y número de expediente del Senado 771/000211).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, ejercicio 2009 a 2014.


Propuestas 1 a 4 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).

Página 54

Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 32; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta número 8 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 29; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 9 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


BLOQUE II. REESTRUCTURACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, EJERCICIOS 2009 A 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000174 y número de expediente del Senado 771/000180).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015.


Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea números 2 a 4. Recuerdo que la 1 no fue admitida por la Mesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 5; en contra, 19; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 5 a 8 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 9 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 29; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

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- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA FUNCIÓN SUPERVISORA DEL BANCO DE ESPAÑA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000193 y número de expediente
del Senado 771/000189).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del cumplimiento de la legalidad y de sistemas y procedimientos de la función supervisora del Banco de España, ejercicio 2015.


Propuestas números 1 a 8 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 9 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 5; en contra, 17; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 12 a 20 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 21 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


BLOQUE III:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA POR LAS CONSEJERÍAS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EUROPA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000070 y número de expediente del Senado 771/000071).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre la gestión realizada por las consejerías del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Europa.


Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 11; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuestas números 2 y 3 del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 4 a 10 del Grupo Parlamentario Socialista.

Página 56

Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


BLOQUE IV:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON LOS PLANES ECONÓMICO-FINANCIEROS, PLANES DE REEQUILIBRIO Y PLANES DE AJUSTE PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012,
DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, Y CON LA GESTIÓN DEL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000095 y número de expediente del Senado 771/000094).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente informe, que es de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas en relación con los planes económico-financieros, planes de reequilibrio y planes
de ajuste previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y con la gestión del Plan de pago a proveedores.


Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuestas número 3 a número 6 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuestas número 7 a número 10 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; en contra, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta número 11 del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuestas de Grupo Parlamentario Mixto. Número 12 y número 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 4; en contra, 17; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 14 del mismo grupo.

Página 57

Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; en contra, 17; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 15 del Grupo Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuestas 16 y 17 del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 9; en contra, 17; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


BLOQUE V:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR CESE DE ALTOS CARGOS Y DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE ALTOS DIRECTIVOS DE DETERMINADAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL, EJERCICIOS 2012
A 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000137 y número de expediente del Senado 771/000136).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público
estatal, ejercicios 2012 a 2014. Propuestas números 1 a 6 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas número 7 a número 10 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 17; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta número 15 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 17; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 26; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Página 58

VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN:


- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN INTEGRAL SOBRE LAS AYUDAS A LA REACTIVACIÓN DE LAS COMARCAS MINERAS INCLUIDAS EN LOS PLANES DE LA MINERÍA
1998-2005 Y 2006-2012. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000014 y número de expediente del Senado 772/000013).


El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a votar las solicitudes de fiscalización. Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal una fiscalización integral sobre las ayudas a la
reactivación de las comarcas mineras incluidas en los planes de la minería 1998-2005 y 2006-2012.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO 'COMPLEJO RESIDENCIAL DE MAYORES DE LA MINERÍA EN FELECHOSA, ALLER', ACORDADO DENTRO DE LA
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DEL PLAN NACIONAL DE RESERVA ESTRATÉGICA DEL CARBÓN 2006/2012 Y NUEVO MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS (PLAN DE LA MINERÍA 2006/2012), Y FINANCIADO POR EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE
LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000015 y número de expediente del Senado 772/000014).


El señor PRESIDENTE: Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la fiscalización del proyecto Complejo Residencial de Mayores de la Minería en Felechosa, Aller, acordado
dentro de la distribución de fondos del Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006/2012, y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, Plan de la minería 2006/2012, y financiado por el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Antes de finalizar y dar por levantada la sesión, recuerdo a Mesa y portavoces que vamos a celebrar ahora mismo una reunión. Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Era la una y treinta minutos de la tarde.