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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 41, de 12/06/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 41
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 9
celebrada el lunes,
12 de junio de 2017
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:
Bloque I: Electoral a Cortes Generales
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000164 y número de expediente del Senado 771/000167) ...
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000195 y número de expediente del Senado 771/000193) ...
Bloque II: Local
- Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. Ayuntamiento de Albacete. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000088 y número de expediente del Senado 771/000088) ... (Página13)
- Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. Ayuntamiento de Badajoz. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000103 y número de expediente del Senado 771/000102) ... (Página13)
- Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. Ayuntamiento de Santander. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000118 y número de expediente del Senado 771/000114) ... (Página13)
- Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 5.000 y 100.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000168 y número de expediente del Senado 771/000166) ... (Página13)
- Informe de fiscalización sobre los gastos ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000149 y número de expediente del Senado 771/000149) ...
(Página13)
- Informe de fiscalización de la contratación de las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, periodo 2013-2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000163 y número de
expediente del Senado 771/000162) ... (Página13)
Bloque III: General local
- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000142 y número de expediente del Senado 771/000140) ... (Página19)
Bloque IV: Fundaciones
- Informe de fiscalización de la ejecución de los acuerdos tomados por el Consejo de Ministros en lo que se refiere a la reestructuración del sector público en el ámbito de las fundaciones desde el 3 de junio de 2011. (Número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000135 y número de expediente del Senado 771/000131) ... (Página27)
- Informe de fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000185 y número de expediente del Senado 771/000183) ...
- Informe de fiscalización de la Fundación Biodiversidad, ejercicios 2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000154 y número de expediente del Senado 771/000154) ... (Página27)
- Informe de fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000091) ... (Página27)
- Informe de fiscalización de la gestión del patrimonio inmobiliario utilizado por las fundaciones del sector público estatal en la realización de su actividad, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000201 y número de expediente del Senado 771/000199) ... (Página27)
Bloque V: Electoral autonómico
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a la Asamblea de Extremadura de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000106 y número de expediente del Senado 771/000105) ...
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento de Cantabria de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000107 y número de expediente del Senado 771/000107) ...
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000108 y número de expediente del Senado 771/000106) ...
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento de La Rioja de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000109 y número de expediente del Senado 771/000108) ...
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000113 y número de expediente del Senado 771/000113) ...
Debate y votación de las propuestas de resolución:
Bloque I:
- Informe global del sector público autonómico, ejercicios 2010 y 2011. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000045 y número de expediente del Senado 771/000046) ... (Página42)
- Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000091 y número de expediente del Senado 771/000092) ... (Página42)
- Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000152 y número de expediente del Senado 771/000152) ... (Página43)
Bloque II:
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000067 y número de expediente del Senado 771/000067) ... (Página44)
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000129 y número de expediente del Senado 771/000128) ... (Página44)
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000188 y número de expediente del Senado 771/000184) ... (Página44)
Bloque III:
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000058 y número de expediente del Senado 771/000061) ... (Página45)
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000128 y número de expediente del Senado 771/000129) ... (Página45)
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000172 y número de expediente del Senado 771/000174) ... (Página45)
Bloque IV:
- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000065 y número de expediente del Senado 771/000064) ... (Página45)
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000130 y número de expediente del Senado 771/000127) ... (Página45)
- Informe qnual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000183 y número de expediente del Senado 771/000177) ... (Página46)
Bloque V:
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000133 y número de expediente del Senado 771/000134) ...
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000178 y número de expediente del Senado 771/000176) ...
Bloque VI:
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000075 y número de expediente del Senado 771/000073) ...
- Informe de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000136 y número de expediente del Senado 771/000130) ...
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000186 y número de expediente del Senado 771/000185) ...
Bloque VII:
- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000066 y número de expediente del Senado 771/000065) ... (Página48)
- Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000125 y número de expediente del Senado 771/000124) ... (Página49)
- Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000165 y número de expediente del Senado 771/000163) ... (Página49)
Bloque VIII:
- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000061 y número de expediente del Senado 771/000063) ... (Página49)
- Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/0000105 y número de expediente del Senado 771/0000103) ... (Página51)
- Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/0000166 y número de expediente del Senado 771/0000164).... (Página51)
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:
BLOQUE I: ELECTORAL A CORTES GENERALES
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000164 y número de expediente del Senado 771/000167).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES DE 26 DE JUNIO DE 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000195 y número de expediente del Senado 771/000193).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.
Quiero comenzar esta sesión dando de nuevo la bienvenida y las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas. Sin más dilación, vamos a pasar a analizar los diferentes puntos del orden del día, que, como todas sus señorías conocen, es
bastante intenso. El primer punto correspondería al debate del informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales del año 2015 y del informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes
Generales de 26 de junio de 2016.
Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda para exponer sendos informes.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.
Los informes de las contabilidades de las dos últimas elecciones a Cortes Generales de los años 2015 y 2016 fueron aprobados el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de marzo de 2017, respectivamente. Todas las formaciones políticas obligadas a
presentar al Tribunal de Cuentas su contabilidad electoral cumplieron con dicha obligación, si bien una de ellas, la coalición formada por Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular, en 2015 lo hizo fuera de plazo. En las elecciones de 2015 no
consta el reintegro del adelanto de la subvención por tres formaciones -Geroa Bai, Nós-Candidatura Galega y Unió Democràtica de Catalunya- que no obtuvieron representación parlamentaria.
Por lo que se refiere a la regularidad de los ingresos y gastos electorales con respecto a las elecciones de 2015, las formaciones políticas declararon recursos por un total de 57,7 millones de euros; según su naturaleza, 34 millones
procedían del endeudamiento bancario, 16 millones de los adelantos de subvenciones electorales, 7 millones de aportaciones realizadas por los respectivos partidos y un pequeño importe de aportaciones privadas. A este respecto, según la
documentación remitida por la formación Podemos, las aportaciones declaradas por el partido, por importe de 2,8 millones de euros, corresponden a las operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos para financiar la campaña electoral.
Los fondos se ingresaron en una cuenta distinta de las cuentas electorales a las que después fueron transferidas.
Para cada una de las formaciones políticas, el tribunal ha formulado la declaración del importe de los gastos regulares justificados, que ha ascendido a un total de 55 millones de euros, de los que 36 millones corresponden a operaciones
electorales ordinarias y 19 millones a gastos de envío de propaganda electoral. Como deficiencias respecto al cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales, no fueron debidamente justificados gastos por importe de 4258
euros; se realizaron fuera del periodo electoral gastos por 37 197 euros y no tenían naturaleza electoral gastos por importe de 537 683 euros. En relación con estos últimos, la formación política Ciudadanos declaró gastos por operaciones
ordinarias que no tenían la consideración de gasto electoral por 387 667 euros, vinculados a la sede del partido en Madrid. De la documentación aportada se desprende que por su naturaleza e importe la gran mayoría de tales gastos no
revisten una finalidad puramente electoral.
En el caso de las elecciones celebradas en 2016, las formaciones políticas declararon recursos por un total de 45 millones de euros; de ellos, 23 millones procedían del endeudamiento bancario, 15 millones de los adelantos de subvenciones
electorales, 7 millones de aportaciones realizadas por los respectivos partidos y una cuantía reducida de aportaciones privadas. El Tribunal de Cuentas también ha formulado para cada una de las formaciones políticas la declaración del importe de
los gastos regulares justificados, que ha ascendido a un total de 44 millones de euros, de los que 26 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y 18 millones al envío de propaganda electoral.
Respecto al cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales, el Tribunal de Cuentas observó que gastos por importe de 115 205 euros no tienen naturaleza electoral, por lo que no han sido admitidos para ser
financiados con las subvenciones. En relación con el cumplimiento de los límites de gastos electorales, con respecto a las elecciones celebradas en 2015 y considerando la información contenida en las contabilidades electorales presentadas, ninguna
formación política superó el límite máximo de gastos ni fueron sobrepasados los límites relativos a los gastos de publicidad exterior ni a los gastos de publicidad en prensa y radio.
Por lo que se refiere a las elecciones celebradas en 2016, ninguna formación política superó el límite máximo de gastos ni tampoco los límites relativos a gastos de publicidad en prensa y radio. En cambio, una formación, la Agrupación
Socialista Gomera, sobrepasó el límite de gastos de publicidad exterior con un exceso del 90,14 % sobre dicho límite.
Asimismo, se ha analizado el cumplimiento de otras obligaciones contempladas en la Ley electoral. Respecto de las operaciones de tesorería, se detectaron fondos no ingresados en cuentas electorales por un total de 24 000 euros en 2015 y 40
500 euros en 2016, así como gastos no abonados a través de tales cuentas por importe de 27 000 euros en 2015 y 46 000 euros en 2016. Siete formaciones políticas -la Agrupación Socialista Gomera, Cambio-Aldaketa, Ciudadanos, Compromís-Podemos-És el
Moment, En Comú Podem, En Marea y Geroa Bai- realizaron pagos con posterioridad a los noventa días siguientes al de la votación en las elecciones de 2015 por 517 000 euros en total, frente a seis formaciones -Ciudadanos, Coalición Canaria,
Compromís-Podemos-EUPV, Convergència Democràtica de Catalunya, En Marea y Unión Del Pueblo Navarro-Partido Popular- que lo hicieron en las de 2016 por 305 000 euros. Existían deudas pendientes de pago con proveedores o acreedores una vez superado
el límite temporal para disponer de los saldos de las cuentas electorales por importe de 393 000 euros en las elecciones de 2015, elevándose hasta 901 000 euros en las de 2016.
Entre los gastos pendientes de pago a la fecha de presentación de la contabilidad, destacan los correspondientes a las formaciones Unidos Podemos, por 566 165 euros, en las elecciones de 2016; Unió Democràtica de Catalunya, por 347 363
euros, en 2015; Compromís-Podemos-EUPV, por 260 908 euros, en 2016 y Partit dels Socialistes de Catalunya, por 71 383 euros, también en 2016. En relación con la obligación de los proveedores de remitir información detallada de la facturación
efectuada a las formaciones políticas por importes superiores a 10 000 euros, se concluye que en las elecciones de 2015 un total de cuarenta y cinco empresas no cumplieron con dicha obligación, resultando un saldo no informado de 3,7 millones de
euros, de los que 3 millones correspondían al Partido Popular y sus coaliciones. Sin embargo, en las elecciones del 2016 solo tres empresas no informaron al Tribunal de Cuentas por un importe de 81 014 euros. Ambos informes concluyen con las
propuestas en relación con las subvenciones electorales. No se ha procedido a efectuar propuesta alguna de no adjudicación de la subvención porque todas las formaciones obligadas presentaron su contabilidad electoral. Por su parte, únicamente se
propone la reducción de la subvención a una formación, Ciudadanos, por haber realizado gastos no autorizados legalmente en 2015, por emitir publicidad electoral en televisiones locales.
Con ello, termino, señor presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, en el turno de intervenciones, por el Grupo Mixto no aprecio que haya nadie. Por el Grupo Vasco, ¿la señora Etxano quiere intervenir? (Pausa). Señor Masih, por Esquerra. (Pausa). Por el Grupo Ciudadanos intervendría...
(Pausa.-El señor Ten Oliver pronuncia palabras que no se perciben).
El portavoz de Ciudadanos no está en estos momentos y lo que propone el señor Ten, de Ciudadanos, es si podemos alterar el orden de intervenciones. ¿Hay oposición por parte de algún grupo? (Denegaciones).
Pues bien, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas por su comparecencia. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo de todos los técnicos del Tribunal de Cuentas a la hora de realizar todos los informes de fiscalización; este
en concreto es sobre la contabilidad electoral, nos toca más de cerca y, por tanto, sabemos el esfuerzo que implica. Agradecemos el enorme trabajo que realizan. También hay que decir que nos gustaría que el Tribunal de Cuentas tuviera más
competencias y también más recursos no solo para analizar la contabilidad remitida por los partidos para su fiscalización, sino para fiscalizar todos los gastos que se realizan en las campañas, incluidos aquellos provenientes de presuntas tramas de
corrupción como los que afectan al PP, que, presuntamente, va a las elecciones dopado y se presenta con recursos que no están reflejados en la contabilidad.
En estos informes se reproducen y describen las prácticas habituales de financiación de las campañas electorales por parte de los partidos. En primer lugar, hay que señalar la financiación mediante endeudamiento con los bancos, que supone
más de la mitad de los ingresos con los cuales financiaron la campaña electoral tanto de 2015 como de 2016 por parte de la mayoría de partidos, excepto el que represento, que no recibe financiación bancaria de ningún tipo. En 2015, un total de 57,7
millones de gastos, 33,9 de los cuales fueron financiados mediante créditos bancarios. En 2016, pese a haber llegado a aquel acuerdo -que no fue un acuerdo muy de consenso, pero finalmente sí tuvo alguna repercusión práctica-, de 45 millones de
gastos totales, 22,8 fueron financiados mediante créditos bancarios. El problema que tiene la actual Ley Orgánica de Régimen Electoral General es que fomenta y genera incentivos perversos a los partidos para su financiación mediante créditos
bancarios, lo cual conlleva un gasto que consideramos excesivo -luego me referiré a ello- y un potencial endeudamiento de los partidos políticos con la banca. En el último informe del Tribunal de Cuentas sobre los stocks de deuda de los partidos
arrojaba que los principales partidos tienen un total de 205 millones de euros de deuda. Afortunadamente, en la penúltima reforma de la Ley sobre financiación de partidos, si no recuerdo mal, se prohibió la condonación de deuda por parte de los
bancos a los partidos. Esto es una buena noticia porque la práctica que se sucedía anteriormente era que los bancos condonaban parte de esta deuda que debían los partidos. Ahora, en lugar de condonarla, lo que hacen es refinanciarla de forma
sistemática. Nosotros creemos que la financiación bancaria de las campañas electorales, que conlleva posteriormente esta deuda de los partidos, puede suponer un condicionamiento de las políticas que realicen los partidos y de la vida política. Por
tanto, estamos proponiendo ya desde hace tiempo que se elimine o al menos se limite la financiación bancaria de las campañas electorales. Es algo que también proponía el último informe Greco, que ya señalaba que algunas recomendaciones que se hacen
se están cumpliendo, pero el exceso de deuda por parte de los partidos en España no se cumple. Queremos saber cuáles son las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en relación con el elevado endeudamiento de los partidos políticos y la
financiación mediante créditos bancarios de las campañas electorales. Nosotros ya hemos demostrado que se pueden financiar campañas electorales sin recurrir a deuda de los bancos.
Por otro lado, relacionado con lo anterior -una dinámica que está totalmente imbricada en el funcionamiento de los partidos-, constatamos el elevado gasto que se produce en las campañas electorales, lo cual supone una limitación de la
igualdad de oportunidades a la hora de concurrir a las elecciones, suponiendo una barrera de entrada para nuevos actores, que nosotros hemos sufrido. Afortunadamente, hemos conseguido financiar las campañas mediante microcréditos, etcétera, pero
este elevado gasto en el que incurren los partidos derivado del elevado techo de gasto que se plantea en la Ley electoral deriva en unos incrementos de gasto que creemos que son desproporcionados y muchos más de los necesarios. En 2015 el Partido
Popular se gastó 18 millones; el PSOE, 15; Ciudadanos, 6,4 y nosotros, 4,3. Esta diferencia de gastos entre unos y otros, habiendo podido concurrir a las elecciones de la misma manera -no creo que el gasto fuera determinante a la hora de obtener
el resultado-, demuestra que con mucho menos se pueden financiar campañas dignas y que puedan competir casi en igualdad de condiciones. Por eso creemos que hay que reducir también este límite de gasto en la Ley electoral para no suponer un coste a
los ciudadanos, porque, como todos sabemos, lo que los partidos gastan y después
entregan en la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas después es subvencionado por fondos públicos y reembolsado a los mismos partidos. Por tanto, queremos saber cuál es la opinión del Tribunal de Cuentas al respecto del límite de
gasto definido en la Ley electoral, si considera que es un límite de gasto razonable en comparación con otros países de nuestro entorno o si considera que quizás se podría ajustar un poco más para que no suponga un coste para los ciudadanos cada
campaña electoral.
En cuanto al mailing, que es una cuestión relacionada estrictamente también con el gasto electoral, supone en torno al 30 % o el 40 % de los gastos en los que incurren los partidos políticos en las elecciones. Nosotros, en la última campaña
electoral, propusimos que se hiciera un mailing conjunto. Estuvimos haciendo los cálculos y este mailing conjunto podría suponer un ahorro del 80 % del total de los gastos que supone el mailing electoral.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Sí, estoy terminando.
Por tanto, queríamos saber la opinión del Tribunal de Cuentas sobre esta u otras propuestas relacionadas con la reducción del gasto del mailing electoral para que suponga menor coste y también menos saturación a los ciudadanos que reciben en
cada campaña electoral las ocho papeletas en su casa con la correspondiente propaganda.
Con respecto a la recomendación que plantea y a la regulación de las nuevas tecnologías para la financiación de las campañas, estamos totalmente de acuerdo. También hay que decir que los sistemas que nosotros hemos desarrollado de
microcréditos, etcétera, se ajustan perfectamente a los requerimientos definidos en la Ley electoral y así se refleja en la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas. Creo que son interesantes estas opiniones del Tribunal de Cuentas porque una
de las asignaturas pendientes para esta legislatura -y ya se está empezando a trabajar en ello- es una reforma de la Loreg que tiene que afectar, sustancialmente, a la financiación de las campañas electorales por parte de los partidos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para retomar el orden lógico de la Comisión, por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.
Perdonen el retraso; estaba recuperando información que no tenía hasta ahora.
Haré una exposición muy breve. El informe, si lo comparamos con la fiscalización de las elecciones a Cortes Generales anteriores, produce mejoras ostensibles a la hora de presentar toda la documentación. Concluye el informe que de las
dieciocho formaciones políticas han presentado datos al Tribunal de Cuentas la totalidad, las dieciocho, y han cumplido claramente con la necesaria documentación de los gastos en los que habían incurrido. Nos gustaría que el Tribunal de Cuentas nos
dijese -ahondando un poco en lo que comentaba el portavoz de Podemos- si ese 41,6 % de gasto debido al envío electoral de forma unitaria, de forma monopartidista, no hubiese sido producente en este caso y, viendo que había una repetición electoral,
haberlo hecho -como nosotros también preconizábamos- con un mailing conjunto de todas las formaciones políticas y que ese ahorro se hubiese contemplado como un ahorro de cara a las arcas públicas.
Queríamos ahondar -ya que no ha realizado ninguna propuesta de no adjudicación, ni siquiera una propuesta de reducción de las mismas- en por qué esos 114 205,45 euros que el Tribunal de Cuentas recoge que no tienen naturaleza electoral al no
corresponderse con lo que contempla la Loreg en su artículo 130, no han sido elementos para una propuesta de reducción o de no adjudicación de subvenciones a los grupos que han incurrido en ellos. Quiero decir, nada más, que estamos totalmente de
acuerdo con las recomendaciones que contempla el informe de fiscalización. Creemos que habría que vincular el límite máximo de gastos electorales al número de electores y no al número de población. No tiene mucho sentido que no sea así.
También creemos que en la Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de partidos políticos, se podía estudiar prever esas donaciones privadas, pero que sean transparentes, que se vea claramente cuál es el origen y qué persona las está
realizando. Creemos que es un elemento fundamental para devolver la credibilidad a las instituciones, a los partidos políticos. También nos gustaría que, por parte de las formaciones políticas, pudiésemos contemplar una obligación en las empresas
con las que colaboran y
que, aquellas que tienen importes facturados por encima de 10 000 euros en las operaciones de las campañas electorales, faciliten toda esa información al Tribunal de Cuentas para que estos informes de fiscalización sean lo más transparentes
y completos, y que podamos sacar de ellos unas conclusiones más óptimas.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Botella tiene la palabra.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, hemos de congratularnos por estos dos informes de fiscalización en dos elecciones generales tan recientes. La mayor valoración que podemos hacer es de normalidad y cumplimiento generalizado de la legalidad, habida cuenta de
los sobresaltos a los que, por lo menos en lo que se refiere a la financiación de uno de los principales partidos de este país como es el Partido Popular, se ha visto sometida y por la que hay una Comisión de investigación abierta ahora mismo en el
Parlamento. Creo que en estas dos últimas elecciones la tarea de fiscalización es destacable. También quiero coincidir con el portavoz de Podemos en el agradecimiento al Tribunal de Cuentas y a todos sus técnicos por la rapidez con la que se ha
procedido a realizar esta fiscalización.
Me gustaría centrarme en que, efectivamente, estamos hablando de fiscalización de las dos elecciones generales, es decir, de todos los gastos que han tenido lugar. Por ello, no entraré en consideraciones de más calado y de más fondo, no
entraré en valoraciones legislativas y de nueva normativa porque considero que este no es el sitio y desvía la atención del asunto sobre el que tenemos que centrarnos, que es la fiscalización de los gastos. Por otra parte, también quiero considerar
que nosotros, al fin y al cabo, somos todos diputados pertenecientes a los partidos que han concurrido a las elecciones, con lo cual somos juez y parte. Es delicado que en nuestras apreciaciones vayamos metiendo el dedo en la llaga en si uno ha
tenido un percance en una partida o en otra y por ello mi valoración es más general; hemos querido ver cómo ha sido esa evolución. Al tener los dos informes nos permite ver en qué hemos mejorado y en qué hemos empeorado, con carácter general, los
diferentes partidos y prestar más atención a las recomendaciones. Llama la atención que a los nuevos partidos les falte coger dinámica de gestión de la fiscalización de los gastos, de la adjudicación, de los periodos en los que hay que hacerlo.
Como representante de uno de los grandes y veteranos partidos, veo que también los nuevos partidos que se suman al nuevo juego electoral tienen que ponerse las pilas en determinadas mejoras, sin entrar en consideraciones puntuales.
Me preocupa alguna de las constantes que hemos visto también respecto a las elecciones municipales, fiscalización que tuvimos de las recientes, como que el tema de los proveedores sigue sin resolverse, así que tendríamos, de alguna manera,
que tomar medidas porque son cuestiones muy objetivas. De hecho, en la recomendación del Tribunal de Cuentas propone que los proveedores de los partidos políticos que concurran a elecciones tienen que tener muy claro que han de tener total
transparencia y disponibilidad a la hora de aportar la información porque es exigible por la normativa. Asimismo, los periodos de pago en los que se tienen que realizar, porque algunos partidos no lo han tenido claro, así como las partidas de
gastos.
Me gustaría incidir en las siete recomendaciones que hace, tanto en el de 2015 como en el de 2016. Una, que es crucial -ya se ha hecho mención a ella-, es el envío a domicilio de los sobres con papeletas y propaganda electoral.
Consideramos que incide directamente en los derechos de información de los ciudadanos. No es una cuestión que pueda verse desde el punto de vista estrictamente económico, cayendo en el economicismo. Va directamente al fondo de los derechos y de la
igualdad de oportunidades de los ciudadanos, sean mayores o sean jóvenes, vivan en ámbito urbano o en ámbito rural, tengan más o menos movilidad; sobre todo, en un momento en el que la brecha digital está haciendo que haya diferencias en el
electorado en la forma de acceder a la información de una manera, unos con unos hábitos más clásicos y otros más modernos. En todo caso, eso debería ser tema de estudio en una comisión específica, pero no nos manifestamos a favor de que haya ningún
tipo de valoración negativa. De hecho, estamos a favor de que se haga porque es un derecho de información e de igualdad de oportunidades de los ciudadanos y, sobre todo, favorece e incentiva la participación en el proceso electoral. Ya hay
bastantes complejidades hoy en día como para que no tengan esa mínima facilidad de que les llegue. Además, puede mínimamente formar parte de una determinada estrategia electoral de
cada uno de los partidos. Desde luego, habría que ver, como marco global, que esto no suponga un incremento desmedido de los costes, pero no sería tema para el marco de esta Comisión, como he dicho.
Respecto a los gastos imputables a las subvenciones, el tribunal recomienda que haya mayor detalle y mayor especificidad normativa de qué gastos deben ser, porque el propio tribunal así lo ha detectado. Por tanto, agradeceríamos, ya que
nosotros tenemos capacidad legislativa, que nos indicara cuáles son las partidas o en qué punto se encuentran porque elección tras elección los partidos políticos presentan dificultad a la hora de saber qué gastos pueden ser imputables o no y en qué
partidas. Respecto a si debería considerarse la oportunidad de vincular el límite máximo de gastos electorales atendiendo al número de electores y a la población, incido en lo mismo. En esta Comisión del Tribunal de Cuentas entiendo que no tenemos
los criterios suficientes como para emitir una valoración, por lo que debería ser en una comisión debidamente constituida. Mientras eso no se produzca, no estaríamos a favor. Respecto a las donaciones privadas, máxima transparencia. Todo lo que
es en periodo electoral rápidamente está contaminado en un sentido o en otro por el proceso electoral y debería ser transparente e imputable al periodo electoral; es decir, estamos de acuerdo con la apreciación del tribunal.
No entendemos lo siguiente, por lo que le rogaría al presidente del tribunal que nos dijera qué quiere decir cuando se estima conveniente en la quinta recomendación considerar la oportunidad de promover el desarrollo normativo pertinente con
el objeto de precisar en mayor medida los conceptos, la imputación y la justificación de los gastos electorales a los que se refiere el artículo 130 de la Loreg.
El señor PRESIDENTE: Señora Botella, tiene que ir acabando.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Acabo ya.
Por último, respecto a las posibilidades de financiación debido a nuevas modalidades de financiación que en las elecciones de 2015 sí que hay una recomendación pero no en las de 2016, sí que debe ser tenida en cuenta y es un elemento
fundamental hoy en día por los nuevos métodos de financiación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno de intervenciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Juncal.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, quiero darle de nuevo la bienvenida a esta Comisión. La primera pregunta que quiero formularle -y no es porque usted lo haya citado, la verdad es que lo tenía apuntado- está motivada porque a mí me
surgen dudas con el tema de los microcréditos, al que hacía referencia. Yo he preguntado, ¿qué pasa, que, por poner un ejemplo, la formación política pide microcréditos a Vivus, esa empresa que anuncia créditos instantáneos, o son microcréditos que
obtienen los militantes haciéndose cargo de ese crédito? Si fuera así, desde mi punto de vista, y es mi duda, estaríamos ante aportaciones privadas, por lo menos la primera opción. En la documentación del informe del Tribunal de Cuentas se ha
hecho referencia a esto, pero yo no he sido capaz de ver más allá, por lo que me interesaría que profundizara un poco sobre este tema. Además, se da la circunstancia de que es la formación política que siempre incumple el tema de tesorería, es
decir, creo que el compañero representante de Podemos se olvidó de sumar las distintas candidaturas que conforman su formación electoral a efectos de gasto, no de una sola, algo que se refleja en todos los informes, vemos que no es una sola.
Además, vemos en prensa que son quienes nos acusan al Partido Popular -y perdone esta particularidad- respecto de nuestras campañas y resulta que la formación Podemos es la que no solamente no ha reducido el gasto electoral entre 2015 y 2016, como
hicimos la mayoría de los partidos políticos, sino que además lo ha incrementado de forma notoria. A mí me resulta extraño todo esto; se está incumpliendo con lo establecido y en el informe de las últimas elecciones municipales se recogía la misma
salvedad. Es decir, abren una cuenta, pero los ingresos no van directamente a esa cuenta, sino que van a través de distintas aportaciones que no se reflejan en esa cuenta electoral, como así ponía también de manifiesto el tribunal de forma
reiterada. A mí me surgen dudas con el tema de los microcréditos y, dado el incumplimiento continuo del 125.1 de la Loreg respecto del tema de la tesorería de campaña, querría que usted abundara sobre este tema.
Por otra parte, refleja unas pequeñas particularidades, que, desde mi punto de vista, tampoco creo que sean muy significativas, porque se hablaba del tema de proveedores y en una campaña en la que estamos hablando de costes de cuarenta y
pico millones de euros que cuatro o diez proveedores no lo
hayan comunicado, siendo los saldos poco significativos, pues estamos hablando de cantidades de 20 000 euros sobre un total de unos cuarenta millones, no tiene relevancia. Según los informes, todos los partidos han cumplido y podríamos
decir que son limpios y transparentes; los partidos que no han recibido la subvención -tres, concretamente- es porque no han obtenido representación parlamentaria y, por tanto, quedan fuera de las condiciones para recibirla. No obstante, salvo esa
aclaración que le pedía sobre los microcréditos y ese abuso por parte del Grupo Podemos respecto de la cuenta electoral, en la que no se reflejan los ingresos, sino que se hace a través de las distintas formaciones territoriales, creo que es de
general satisfacción para todos. Es decir, que los informes reflejan que las cuentas son limpias y transparentes.
Al igual que hacía la compañera del Grupo Socialista, quiero hacer mención también a los envíos a domicilio. Creo que no hay mayor garantía democrática que un ciudadano reciba en su casa sus papeletas y en la intimidad de su hogar y sin
presiones de ningún tipo decida qué es lo que va a votar. Por tanto, para mí, vuelvo a insistir, no hay mayor garantía para el funcionamiento del sistema democrático que mantener ese sistema de envíos para decidir sin ningún tipo de presión. Por
desgracia, también hemos visto en elecciones internas de algunos grupos, o de algunos partidos, cómo con la aplicación de sistemas informáticos han tenido que anular esas elecciones porque, por ejemplo, desde una dirección IP se mandaban
cuatrocientos votos, etcétera. Bueno, la ciencia y la tecnología irán avanzando e indudablemente tenemos que avanzar en sistemas de votación más ágiles o más acordes con el tiempo. Pero vuelvo a insistir en que tampoco es nada anacrónico que cada
uno en la intimidad de su hogar decida por quién quiere votar y quién quiere que gobierne sus designios en los siguientes años.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, para cerrar este punto del orden del día tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Quiero indicar -también brevemente-, en primer lugar, respecto de lo que ha manifestado el señor González sobre el equilibrio financiero de los partidos y el endeudamiento, abogando por la disminución de este endeudamiento financiero de los
partidos, que el tribunal donde ha centrado la especial atención es en la solvencia patrimonial de los partidos. Es decir, este es el grave problema, porque indudablemente aquel que pueda resolver o -a través de una gestión por supuesto ajustada a
la ley, pero una gestión adecuada- allegar fondos para financiar sus campañas electorales sin incurrir en situaciones de endeudamiento, sería el juego normal del funcionamiento de los partidos de acuerdo con las reglas establecidas. No es tanto el
endeudamiento como la solvencia; y me refiero a la solvencia patrimonial de los partidos. El problema de la solvencia patrimonial de los partidos es cuando un partido va para arriba, por decirlo de alguna manera o de una manera muy gráfica,
siempre va a estar en una situación de solvencia financiera o patrimonial, porque siempre va a tener recursos crecientes desde el punto de vista de las aportaciones públicas que recibe, que no hay que olvidar que es la parte más importante de
nuestro sistema de financiación, y de alguna manera eso va a ir generando un colchón de solvencia para el futuro.
¿Cuáles son las circunstancias que de pronto se producen en determinados partidos? Que se encuentran ante una disminución brusca de sus resultados electorales y entran en una situación de falta de solvencia financiera, de falta de solvencia
patrimonial, y esa situación de falta de solvencia patrimonial es la que yo creo que resulta altamente desaconsejable, y donde nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para advertir que no debe entrarse en esa senda. En todo caso respecto del
endeudamiento de los partidos está claro que desde el año 2001, cuando nadie se preocupaba de este problema, el Tribunal de Cuentas planteó que no podíamos estar en una situación en la cual se fuera a la condonación de la deuda bancaria. Yo
recuerdo que en aquellos momentos se defendía que si las condiciones de condonación se establecían en situación de mercado, es decir, que si eran asumibles a lo que pudiera ser una situación normal de mercado, debería ser admisible. Y el tribunal
no lo aceptó por considerar que un partido político no se comporta o no se le puede analizar como si fuera un deudor o un acreedor más, tiene una situación especial y por lo tanto las condonaciones de sus deudas deben estar absolutamente prohibidas.
¿La refinanciación? Pues habrá que atender a que esa refinanciación efectivamente esté en condiciones de mercado. Y por otra parte yo entiendo que normalmente cuando se refinancia se incrementa la deuda, y por lo tanto hay que volver a esa
situación de solvencia patrimonial.
Refinanciaciones de deuda en situaciones de insolvencia patrimonial creo que deberían estar muy controladas para impedir ahondar en situaciones que no son deseables para el funcionamiento de los partidos.
Usted también me plantea la reducción del límite de gasto. Esto lo ha planteado el Tribunal de Cuentas en sucesivas ocasiones. Entendemos que hay que ver las fórmulas más eficientes para los envíos de papeletas. Pero usted tendrá que
comprender que esto al fin y al cabo no es solo un problema económico ni es solo un problema de eficiencia; entran en juego otras muchas variables en las que creo que es precisamente su responsabilidad, la responsabilidad del Parlamento, decidir
cuál es el modelo que se considera más adecuado.
En relación con lo que me ha planteado el señor Ramírez sobre el límite de gasto vengo a decir lo mismo que ya he indicado. Usted me hace una pregunta, por qué estos 112 000 euros, cuál es su situación. Es que no se reducen porque no se
han tenido en cuenta, es decir, que no han sido admitidos como para ser financiados por las subvenciones, y por lo tanto no hay que restarlos; directamente no han sido tenidos en cuenta. En este sentido no existe ningún agujero; quédese usted
tranquilo porque esos 112 000 euros no entran dentro del cómputo. Usted también me habla, en relación con los proveedores, de algo que también otros intervinientes me han planteado: establecer esto como obligatorio, implementar cautelas
suplementarias en relación con los proveedores. Sobre este tema diré lo que dije también en la Comisión a la que fui llamado a comparecer hace una semana: lo importante en relación con los proveedores es tener un mecanismo, que generalmente nos
podría facilitar el Ministerio de Hacienda con cierta facilidad, que es darnos la información de las operaciones mantenidas con terceros, lo que se llama normalmente el 347 de declaraciones de operaciones con terceros, y comparar las que declaran
los partidos y las que declaran los proveedores. Si encontramos alguna falta de correspondencia entre lo que declaran los proveedores y lo que declara un determinado partido -que entiendo que normalmente eso no tendría que ocurrir, porque supongo
yo que el que hace trampas las hace bien, pero podría ocurrir que las hiciera mal y que por lo tanto se pudiera encontrar esa diferencia- eso sí que serviría. Porque lo que usted dice de la obligación establecida a los proveedores de dar la
información ya existe, y no solo existe, sino que nosotros, cuando terminamos nuestros informes, los remitimos a la Junta Electoral Central, y esta tiene un procedimiento del que ustedes creo que tuvieron información en la anterior comparecencia,
que va contra estos proveedores y les exige explicaciones sobre los gastos no declarados.
Me ha planteado este mismo problema la señora Botella y creo que lo he contestado con lo que ya he dicho. La clarificación de los gastos que usted me pide es fundamentalmente clarificar los conceptos admitidos en la ley como gastos
electorales, porque tienen una definición muy genérica, y esta definición muy genérica lleva a que tenga que procederse a una interpretación periódica por parte del tribunal sobre qué debe entenderse como gastos electorales. Creo que esto no es
bueno desde el punto de vista de la seguridad jurídica para los partidos porque tendrían que saber exactamente y decididamente cuál es esa situación. No debería estar a la interpretación que efectúe el Tribunal de Cuentas periódicamente. Para
nosotros lógicamente también sería mucho mejor, porque cuando uno hace ese tipo de labores puede equivocarse en su apreciación.
En relación con lo planteado por el representante del Grupo Popular le tengo que indicar que todas estas nuevas formas de financiación electoral que se han puesto de manifiesto de alguna manera son nuevas formas de algo muy viejo, porque ha
existido a lo largo de la vida de la fiscalización de los partidos políticos; por ponerle un ejemplo, las fiestas de un determinado partido hace muchísimos años eran un acopio importantísimo de fondos privados. Es decir, estas fórmulas de obtener
dinero en pequeñas cuantías se han puesto de manifiesto a lo largo de los años. Lo que el tribunal quiere que quede muy claro es que estas fórmulas de financiación tienen que ajustarse a la ley, y ello implica que deben utilizarse las cuentas
electorales que están establecidas para la obtención de financiación, que por otra parte deben quedar perfectamente identificadas. Con esto no estoy diciendo que presuma que haya una situación de irregularidad en todo este mundo, por una sencilla
razón, porque lo que ocurre con la propuesta de microcréditos es que se difiere su comprobación. La comprobación de todas estas financiaciones no se puede hacer en periodo electoral; como ustedes saben cuando finaliza el periodo electoral el
resultado de operaciones de la campaña electoral se integra en la contabilidad del partido, es decir, que los acreedores y deudores que se deriven de la campaña figuran como tales en los balances del partido, y cuando llega la fiscalización del
periodo correspondiente en contabilidad ordinaria de esa situación lógicamente se va a solicitar -se está solicitando en la actualidad- la acreditación de que todos esos acreedores estén debidamente registrados, que todos esos acreedores lo hayan
hecho a través de cuentas corrientes
habilitadas, y también si se ha demostrado o no que haya habido un reintegro de las cantidades percibidas. En definitiva lo que estamos pidiendo es que queden reguladas más claramente las condiciones de estas operaciones, y en todo caso el
Tribunal de Cuentas procederá a su fiscalización, como no podía ser de otra manera.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
BLOQUE II: LOCAL
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EN AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 100.000 HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000088 y número de expediente del Senado 771/000088).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EN AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 100.000 HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000103 y número de expediente del Senado 771/000102).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EN AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 100.000 HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000118 y número de expediente del Senado 771/000114).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EN AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON POBLACIÓN COMPRENDIDA ENTRE 5.000 Y 100.000 HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000168 y número de expediente del Senado 771/000166).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS GASTOS EJECUTADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES SIN CRÉDITO PRESUPUESTARIO, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000149 y número de expediente del Senado 771/000149).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, PERIODO 2013-2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000163 y número de
expediente del Senado 771/000162).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al debate correspondiente al II bloque, que contiene los informes de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100 000 habitantes de las
comunidades autónomas sin órgano de control externo propio; Ayuntamiento de Albacete. Otro informe por el mismo concepto que correspondería al Ayuntamiento de Badajoz. Otro por el mismo concepto: informe de fiscalización de la gestión
recaudatoria en ayuntamientos con población superior a 100 000 habitantes, que correspondería al Ayuntamiento de Santander. Otro informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos con población comprendida entre 5000 y 100 000
habitantes de las comunidades autónomas sin órganos de control externo. Otro informe de fiscalización sobre gastos ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario, del año 2013. Y finalmente otro informe de fiscalización de la
contratación de las entidades locales de comunidades autónomas sin órgano de control externo, periodo 2013-2014.
Tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda para explicar estos informes.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.
No volveré a repetir todos los informes que incluye este bloque y me excusarán ustedes de que haga referencia a cuándo fueron aprobados, por atender a la celeridad de funcionamiento de esta Comisión.
Por lo que se refiere a los informes de fiscalización sobre la gestión recaudatoria, dicha gestión de los ayuntamientos de Albacete, Badajoz y Santander era directa, salvo por los ingresos delegados a la respectiva diputación provincial o
algunas tasas gestionadas por empresas gestoras de servicios públicos. En el caso de Badajoz en 2012 resolvió el contrato con la empresa externa que gestionaba la recaudación desde el año 2000, y que vulneraba el reglamento general de recaudación.
Únicamente el Ayuntamiento de Santander disponía de ordenanza general de recaudación, y en general se carecía de manuales o instrucciones relativos a los procedimientos de recaudación. En el Ayuntamiento de Albacete 2 455 multas de tráfico y de
estacionamiento cobradas por importe de 171 000 euros se beneficiaron de la reducción del 50 %, aunque se abonaron con posterioridad al plazo máximo de veinte días. En el Ayuntamiento de Badajoz se han detectado deudas por un principal de 3 816
euros, cobradas después de la finalización del periodo voluntario, sin que se les haya aplicado el recargo del 5 %. Entre ellas figuraban principalmente deudas de entidades públicas a las que debía exigirse el recargo. La comisión técnica entre el
Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz declaró en 2012 la baja por prescripción de 37 451 deudas de 1994 a 2005, por un importe total de 4,2 millones de euros. En el Ayuntamiento de Santander no se han establecido procedimientos para trasladar al
citado servicio de recaudación la información necesaria para controlar si el ingreso se realiza con posterioridad a la finalización del periodo voluntario.
Respecto a los ayuntamientos de entre 5000 y 100 000 habitantes el 65 % presentaban un modelo de gestión delegada en la diputación o comunidad uniprovincial, el 24 % llevaba la gestión directa y el 11 % restante mantenía fórmulas de
delegación parcial. De los ayuntamientos con gestión indirecta, diez de ellos contrataban servicios que recaudaban indirectamente los ingresos municipales, lo que no se ajusta a la normativa vigente. Por su parte veinticuatro ayuntamientos con
modelo de gestión directa o parcialmente delegada no asignaron la función de recaudación al titular de un puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, ni habían realizado actuaciones para ejercerse transitoriamente la
función de tesorería o la de supervisión por funcionarios de la diputación o comunidad autónoma unipersonal.
Por lo que se refiere al informe sobre los gastos ejecutados sin crédito presupuestario del año 2013, materia sobre la que ya se había efectuado una fiscalización anterior, se ha acreditado la existencia de tales gastos en el 79 % de las
entidades analizadas. Estas operaciones se siguieron generando a pesar de los mecanismos extraordinarios adoptados para atender al conjunto de las obligaciones pendientes de pago y aplicarlas a presupuesto. Además de ser un incumplimiento de la
normativa presupuestaria estos hechos afectan a la imagen fiel de la información contable y al equilibrio financiero y presupuestario, y ponen de manifiesto que de persistir la ausencia de medidas suficientes para evitar estas situaciones pueden
volver a producirse problemas de solvencia. El 31 % del importe pendiente de aplicar al presupuesto carecía de fecha de registro, mientras que el 39 % de aquellas cuya fecha se pudo identificar procedía de ejercicios anteriores a 2013. Únicamente
tres de las 159 entidades fiscalizadas indicaron que no había tenido lugar o estaba en curso algún procedimiento de responsabilidad por ejecutar gastos sin crédito presupuestario.
En relación con el informe de fiscalización de la contratación de las entidades locales de las comunidades autónomas sin OCEX propio, periodo 2013-2014, solo 910 entidades locales en 2013 y 1123 en 2014 enviaron motu proprio la información
contractual obligatoria. Tras la solicitud expresada por el tribunal la aportaron el 97 % y el 95 % del total de las entidades respectivamente.
Respecto a la preparación de los contratos no constan informes preceptivos de justificación de la necesidad de contratación o había una insuficiente determinación del objeto de los contratos. Existen deficiencias en la tramitación de
urgencia o de emergencia. La definición de los criterios de adjudicación presentaba carencias, no habiéndose definido adecuadamente los criterios de las mejoras. Se han observado incidencias en la valoración de las ofertas y en la ejecución de un
número significativo de expedientes, incluyendo demoras significativas y modificación sin tramitación alguna.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor Álvarez de Miranda. Muy buenas tardes. En un contexto de crisis como el actual, del que hablan los informes de 2014, en el cual los recursos son tan necesarios y la gestión recaudatoria es una función fundamental para
evitar esas subidas de impuestos, esos recortes que hemos padecido durante estos años, y valga el ejemplo que nos ponía usted de Badajoz, que ciertamente se cobraban deudas sin recargo cuando había pasado el plazo de pago voluntario, creo que todo
esto, junto con las noticias que tenemos esta semana del varapalo que daba al Partido Popular la sentencia del Tribunal Constitucional declarando vergonzosa, quizá injusta y además inconstitucional la amnistía fiscal, hace más que nunca necesario
hacer muy buenos informes -ustedes los están haciendo- para concluir sobre todo dónde deben ir los recursos financieros y dónde deben ir los recursos para gestionar mejor aquello que nos hace falta.
Quería destacar aquí tres conclusiones fundamentales. Una es la falta de medios personales. Lo reflejan todos los informes, hay un denominador común que es una infradotación de personal para realizar este trabajo. Además faltan
funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Hablamos de secretarios, de interventores, de tesoreros; hay cerca de 6000 profesionales y más de 8116 municipios, con lo cual desde luego este trabajo de informes, de
asesoría, de acuerdos, de labores de contabilidad y todas estas funciones es difícil de llevar a acabo. Esto no es una reivindicación nueva y sabemos perfectamente que hay órganos de recaudación de otros entes que gestionan el cobro de deudas
tributarias, como por ejemplo la Agencia Tributaria, y ha visto recortada sus plantillas durante estos últimos años. Echamos en falta en el informe la comparación de eficacia recaudatoria, señor Álvarez de Miranda, sobre otros organismos de
gestión. Nos gustaría que nos diese alguna información al respecto. Por ejemplo, el personal adscrito al negociado de control recaudatorio resulta insuficiente para atender el volumen de liquidaciones. Nos habla de sobrecarga de trabajo, por
ejemplo, que nadie controla, y en cuanto a las multas cuando se hace ese descuento de pronto pago fuera de plazo y da derecho a esa reducción. Es decir, hay un montón de elementos en los que no quiero ahondar aquí, pero que reflejan esa conclusión
que sacábamos de falta de personal.
Segunda conclusión, no hay un análisis de la eficiencia de la distribución de las competencias de gestión de recaudación. Nos ha hecho una separación de que el 65 % aproximadamente está delegado en la gestión recaudatoria, el 35 % lo ejerce
directamente y ese 11 % lo hacen en una delegación parcial. Sin embargo pensamos, y estamos de acuerdo con usted, que hay que avanzar en esa Administración digital. Por ejemplo, vemos que no hay domiciliación en las cuentas de los contribuyentes
en cuanto a los recibos, y me gustaría saber si a usted le parece que todas esas medidas podrían beneficiar la gestión recaudatoria.
Por último, la tercera conclusión es que pensamos que se pierden muchísimos millones de euros y muchísimos millones de recursos para servicios básicos en la gestión recaudatoria. Pensamos que es deficitaria y sin control. Tenemos el caso y
el ejemplo que nos ha puesto aquí en el informe del caso de Albacete. Albacete mantenía 55 cuentas bancarias de las cuales solo 22 eran operativas. Tenemos, por ejemplo, en el cuadro siete sobre el estado de notificación de las deudas
involuntarias, un 96,5 % de efectividad, pero en el cuadro ocho de tesorería dicen que solo han recaudado el 64,5 %. Además el resto de deuda tiene un 20 % anulada y luego se lleva más del 20 % a gestión ejecutiva. Por tanto desde Ciudadanos
pensamos que destinar recursos para una mayor gestión recaudatoria debe implicar antes unos buenos informes para saber dónde realmente se tienen que poner los recursos, allí donde realmente sean necesarios y eficaces. Desde luego nunca someter a
recortes esta materia, porque tiene un gran alto retorno. Es decir, por cada euro que invertimos en gestión recaudatoria vamos a recuperar muchísimo más, y así lo ofrecen otros datos de otros informes que usted mismo nos ha presentado.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco también la intervención inicial del presidente del Tribunal de Cuentas. Sobre el conjunto de los informes de fiscalización vistos consideramos importante resaltar algunas cuestiones. En primer lugar, en algunos casos se observa
la falta de manuales o instrucciones escritas en los que consten los procedimientos de recaudación de los periodos voluntario y ejecutivo, y es necesario que exista este tipo de protocolos escritos sobre los procesos para facilitar la gestión de los
periodos de recaudación. Nos
preocupa la falta de personal exclusivo dedicado a las unidades de recaudación de los ayuntamientos fiscalizados, así como el descontrol manifestado por el informe en los procedimientos de apremio, en los que se refleja cierta dejadez, y la
afectación en el cierre de los ejercicios. También nos preocupan las previsiones presupuestarias en el apartado de ingresos de dudoso cobro, puesto que en algunos casos puede producirse un efecto de bola de nieve importante, no reflejando con
exactitud los ingresos previstos para cada ejercicio económico. Además en numerosos casos no se cumple la normativa de cubrir determinados puestos con funcionarios del cuerpo nacional. Esto nos conduce a pensar que hace falta una normativa clara
de ámbito estatal para dejar claros los puestos a cubrir por dicho cuerpo, puesto que no es la primera vez que aparece este tipo de incumplimiento en los múltiples informes que hemos ido viendo en esta Comisión. Sobre esto quiero preguntarle al
presidente del Tribunal de Cuentas.
Por otra parte se debería ejercer un mayor control de la recaudación en cuestiones no gestionadas directamente por los ayuntamientos, como la tasa de alcantarillado, las multas de tráfico, el servicio de agua, etcétera. En numerosos casos
no se tiene un control claro de la recaudación de este tipo de impuestos, tasas o multas, y quiero preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas cómo puede hacerse efectivo este mayor control de la recaudación. Hace falta una apuesta decidida
por la aplicación de la Administración electrónica, otro punto que hemos visto en multitud de informes del Tribunal de Cuentas. Contribuiría a facilitar una mayor transparencia y las cuentas claras de la recaudación. Además en algunos casos no se
diferencian las funciones de fiscalización y contabilidad de los organismos públicos, puesto que ambas cuestiones a veces han recaído o bien en el tesorero o bien en el interventor, y este tipo de actuaciones no se ajustan a la normativa vigente.
Para terminar, por lo que respecta a la contratación, se observa según hemos leído en el informe cierto descontrol del seguimiento de los contratos. En numerosos casos existen prórrogas contractuales sin contrato en vigor, no hay envío de
la información requerida por el Tribunal de Cuentas de forma automática, no existen criterios de valoración técnica claros para que se pueda examinar de manera transparente, hay falta de rigor en las fases de preparación y adjudicación de los
contratos, y existe falta de seguimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Mixta. Y por último no se aplican las medidas para la correcta implantación de la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Todas
estas cuestiones referidas a la contratación también las hemos ido viendo en sucesivos informes del Tribunal de Cuentas, y en nuestra opinión requieren una acción decidida por parte del Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Moreno.
La señora MORENO RUIZ: Gracias, señor presidente.
Gracias una vez más, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su informe y por la exposición que acaba de hacer. Es imposible detallar la casuística concreta de la multitud de entidades locales que han sido fiscalizadas. Baste decir
que son muchas las deficiencias que se han detectado, y que desde luego la Administración local necesita más recursos y que se la dote de mejores procedimientos. Me voy a limitar a señalar los cuatro o cinco vectores más o menos comunes que
destacan para realizar propuestas que elevaremos en la próxima sesión para intentar coadyuvar desde esta Comisión a la solución de estos problemas.
Los elementos comunes -ya han sido destacados por otros portavoces- son los siguientes: falta la segregación adecuada de la función contable, de la función de control y fiscalización interna que normalmente debe ejercer la Intervención, hay
un déficit muy extendido de ordenanzas y manuales de recaudación, y se hace necesario seguir avanzando en la Administración electrónica. Tras la lectura de los diversos informes de fiscalización que hemos realizado, parece que, pese a las múltiples
deficiencias, no estamos ante grandes quebrantos que hayan motivado el inicio o la asunción de responsabilidades penales o ante grandes irregularidades contables.
Como decía, creo que también son necesarias dos mejoras legales que transcienden al quehacer de las propias entidades locales. Así, se hace necesario culminar la regulación estatal de los funcionarios con habilitación de carácter nacional,
lo que afecta especialmente a las funciones de tesorería y recaudación municipal. También es importante culminar a nivel estatal la regulación del régimen de control interno, precisando con carácter general el alcance de la función interventora y
el control financiero posterior a los ingresos. Todas estas líneas de mejora las traduciremos en propuestas de resolución para ayudar a que se solucionen estos problemas.
Termino. Aunque sin grandes quebrantos, como digo, las deficiencias son muchas; no merece la pena enumerarlas, porque ya lo han hecho el presidente y otros portavoces y figuran en los informes. Está claro que la Administración local
necesita mucho más apoyo, no solamente económico -que también-, sino de reformas legales y de dotación de personal especializado. Por tanto, conviene hacer lo necesario para solucionar estas cuestiones, en primer lugar, porque es obvio que mejorar
la recaudación se traduce en una mejora de los ingresos y, por tanto, de los servicios públicos, y en segundo lugar, porque las zonas oscuras tanto en recaudación como en materia de contratación solamente incuban gérmenes de ineficiencia en el mejor
de los casos o de corrupción en el peor de ellos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.
Por el Grupo Parlamentario Popular, y para finalizar, la señora Aparicio tiene la palabra.
La señora APARICIO CALZADA: Buenas tardes. Gracias, presidente.
Quiero dar las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por acompañarnos esta tarde en una nueva sesión de la Comisión dando cuenta de distintos informes de fiscalización; es una prueba más del trabajo constante que desarrollan en el
tribunal y del interés que demuestra su presidente. Voy a intentar no ser muy extensa en mi intervención, dado el gran número de informes que abarca este bloque.
Para empezar, en cuanto a la fiscalización de la gestión recaudatoria en los ayuntamientos de Albacete, Badajoz y Santander, quiero destacar los puntos comunes que tienen los tres informes. En los tres observamos deficiencias en cuanto a
los controles de recaudación en periodo voluntario y la no aplicación del recargo del 5 %. En cuanto a Albacete, se detecta la necesidad de mejoras organizativas y de funcionamiento para garantizar la suficiencia y la adecuación de las medidas
personales de la tesorería municipal, así como un reparto adecuado de las funciones tanto de gestión recaudatoria como de contabilización de las operaciones resultantes. En cuanto al ejercicio de las funciones de presupuestación, contabilidad,
tesorería y recaudación, se desconoce en este momento -no sé si el tribunal tiene constancia de que haya habido una evolución en positivo posterior- si ha sido creada una estructura del órgano de presupuestación y contabilidad con un puesto
reservado para funcionarios de habilitación nacional para hacer efectiva la adscripción a dicho órgano de las referidas funciones. Tampoco sabemos si se han adoptado las medidas necesarias para la aprobación de una ordenanza general de recaudación
y si la Intervención sigue sin emitir los informes de control financiero respecto a la función recaudatoria. Lo mismo sucede con respecto a los procedimientos del servicio de seguridad. En el momento de la fiscalización no existían procedimientos
de control de pagos sobre la reducción del 50 % del importe de la sanción ni un procedimiento que asegurara la existencia de ese recargo del 5 % por pago extemporáneo, como dije anteriormente. Asimismo, sería bueno detectar y corregir los fallos
que imposibilitan la comunicación de multas que hacen que las deudas correspondientes a esas multas lleguen a prescribir. Por último, quiero destacar la necesidad de revisión de los contratos con las empresas que prestan los servicios de agua de
alcantarillado y de estacionamiento de vehículos, estableciendo un régimen de retribución que no implique la cesión de los ingresos por las tasas derivadas de prestación de dichos servicios. Antes no mencioné la colaboración de estos tres
ayuntamientos con el Tribunal de Cuentas para elaborar los citados informes.
En cuanto a Badajoz, cuando leemos informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, resulta satisfactorio ver que las distintas administraciones hacen caso a las recomendaciones del tribunal, como ha sucedido en Badajoz con la resolución
del contrato de gestión de recaudación con la empresa que venía gestionando de forma indirecta la recaudación municipal en junio de 2012, habiéndose externalizado los servicios de gestión que garantizan la gestión directa de la recaudación por parte
del propio ayuntamiento. Al igual que en Albacete -es un hecho común-, sería necesaria la elaboración y aprobación de una ordenanza fiscal general de recaudación, si bien es cierto que anualmente la tesorería del ayuntamiento elabora una cuenta de
recaudación que permite conocer el estado real. Respecto a la gestión de las deudas, habrían de reforzarse los procedimientos de control de las fechas de notificación de las deudas impagadas en periodo voluntario, seguimiento y revisión de las
cartas de pago, etcétera.
En cuanto a Santander, aun no existiendo manuales o instrucciones escritas en las que consten los procedimientos de recaudación en periodo voluntario y ejecutivo, se está a lo previsto en el Reglamento general de recaudación y en la
Ordenanza general de recaudación, que en este ayuntamiento sí que existe. Anualmente es presentada una cuenta de recaudación al concejal de Hacienda para su aprobación, que es asimismo fiscalizada por la Intervención. Como he dicho anteriormente,
sería conveniente revisar
los acuerdos con las entidades que prestan servicios de agua y alcantarillado. Asimismo, los procedimientos del servicio de gestión de multas en el año 2012 no permitieron controlar de modo adecuado el funcionamiento del procedimiento,
pero, tal y como refleja el propio informe de fiscalización, ha habido una evolución en positivo en el año 2013, pues hubo mejoras considerables en los procedimientos de gestión de recaudación, lo que se puede deber principalmente a la implantación
de una nueva aplicación de gestión recaudatoria.
En cuanto a los gastos ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario en el año 2013, ha de ponerse de manifiesto que ya en otros informes el tribunal hacía mención a las deficiencias que se constataban. Del análisis
realizado se desprende que en numerosas administraciones locales no se desarrolla una actividad contable correcta que conduzca a que podamos tener una fotografía fiel de la realidad contable del ayuntamiento en cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señora Aparicio, tiene que ir acabando, por favor.
La señora APARICIO CALZADA: Sí, señor presidente.
Podrían ser múltiples las acciones a llevar a cabo: operaciones contables dirigidas a regular los pagos pendientes, registro de acreedores por resoluciones judiciales, fijación de fechas de referencia de cierres contables... Hay que tener
en cuenta que el 79 % de las entidades analizadas contaban con obligaciones pendientes de aplicar el presupuesto.
Los procedimientos de tramitación de facturas también deben ser mejorados en dieciocho de las entidades analizadas. En el 11 % se produjo aceptación de facturas fuera de los procedimientos ordinarios, si bien es cierto que existían
registros de facturas.
En cuanto al control interno de las administraciones locales, en el 34 % de las analizadas los órganos de intervención no interpusieron reparos con efectos suspensivos en ningún expediente del año 2013.
En lo referente a la gestión recaudatoria de ayuntamientos de entre cinco mil y cien mil habitantes, según el resultado del informe de fiscalización, el 65 % de estos ayuntamientos presentaban en 2013 un modelo de gestión delegada de su
recaudación... Voy a saltarme esta parte para no alargarme mucho más en mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Ya se ha alargado bastante, señora Aparicio, así que, por favor, vaya acabando.
La señora APARICIO CALZADA: Un momento, solo déjeme referirme un momento al último informe.
En cuanto a la contratación de las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio en 2013 y 2014, siguiendo recomendaciones del propio tribunal, sería necesario reformar los mecanismos de preparación de
los contratos en cuanto a la justificación de la necesidad del propio contrato, el cálculo de los presupuestos, la delimitación del objeto, etcétera, y a la hora de valorar las adjudicaciones se deberán explicar y motivar suficientemente los
informes técnicos.
Por último, quisiera hacer referencia al cumplimiento de la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, como normalmente hago en mis intervenciones. Me gustaría que en futuros informes del Tribunal de Cuentas y de todas las
administraciones no tengamos que exigir ese cumplimiento sino que sea real y efectivo.
Gracias y disculpe por la extensión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para finalizar este punto del orden del día, tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Intentaré resumir, porque son múltiples las cuestiones planteadas. Esta es una materia que da mucho de sí. El mundo local y el mundo municipal tienen múltiples problemas, pero están muy señaladas las posibles soluciones para superarlos
desde hace mucho tiempo. El Tribunal de Cuentas lleva aprobando prácticamente desde los años 2004 y 2005 sucesivos informes anuales en los que todas estas cuestiones que aquí han surgido ya se han planteado. Quizás la más relevante, la que todavía
sigue dando motivos de preocupación es la falta de funcionarios con habilitación de escala nacional. Esta es una reflexión que repetidamente se plantea. Su no convocatoria habría que situarla en la falta de entendimiento y de acuerdo existentes
entre la Administración central y las administraciones autonómicas, porque la determinación de
los requisitos para la convocatoria de estos puestos siempre lleva a que las convocatorias no respondan realmente a las necesidades sino que vayan muy por detrás. Por tanto, es muy importante que exista un gran acuerdo para resolver estos
problemas, porque las intervenciones locales, las tesorerías y los puestos de recaudación local o municipal son claves para gestionar adecuadamente la vida local.
Se me ha planteado que no existe en el informe una valoración sobre la eficacia recaudatoria. Creo que en el informe se da información sobre el grado de realización de notificaciones y sobre los plazos medios, así como sobre el
procedimiento de apremio. Obviamente, podría darse mucho más -en sucesivos informes intentaremos satisfacer esa demanda-, pero sí existen elementos que permiten analizar esta eficacia recaudatoria.
En relación con lo manifestado por la señora Moreno, quisiera decir que desde aquellas fechas del año 2005 y anteriores se señala esta falta de segregación contable e interventora en los ayuntamientos; es decir, que quien tiene que
contabilizar al mismo tiempo proceda a intervenir no es una adecuada segregación de funciones. Lo que ocurre es que, generalmente, este tipo de situaciones se dan por la falta de medios, es decir, quien tiene esta función tiene que asumir ambas
funciones, y lo que queda debilitado es el sistema en su conjunto, porque debería estar claramente separada.
En todas las intervenciones ha existido una reclamación sobre un mayor uso de la Administración electrónica, que creo que es absolutamente clave. En ocasiones se plantea que en aquellos sectores en los que hay un menor desarrollo
administrativo o un desarrollo administrativo menos extendido no cabe la Administración electrónica; en este caso se ha demostrado que la rendición de cuentas de entidades locales a través de la Administración electrónica ha experimentado un
incremento muy notable. También lo ha experimentado con el envío a todos los órganos de control externo y al Tribunal de Cuentas de los acuerdos adoptados por las entidades locales contrarios a los reparos formulados por los interventores. Esta es
una herramienta poderosísima de conexión entre control interno y control externo que todavía no ha dado todos los frutos que podría dar, pero que en el futuro va a ser un elemento importantísimo de control. Recientemente se ha aprobado el
reglamento de control interno de las entidades locales, pero todavía es pronto para pronunciarse sobre su efectivo funcionamiento y, verdaderamente, en esta fiscalización no lo hemos comprobado.
También se observa que los gastos ejecutados sin crédito presupuestario han seguido existiendo a pesar de los mecanismos de pago a proveedores, que es otra de las cuestiones que es importante señalar. Por otra parte -y con ello termino-,
también es importante que la gestión indirecta de recaudación -y yo creo que ustedes lo han señalado- no puede ni debe suponer la cesión de competencias propias de las entidades locales, y que, en todos los casos en los que haya gestión indirecta,
este elemento debe quedar garantizado por un adecuado control y seguimiento por parte de la Administración local.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
BLOQUE III: GENERAL LOCAL
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000142 y número de expediente del Senado 771/000140).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del bloque III del orden del día, que tiene como objeto el análisis del informe de fiscalización del sector público local en el ejercicio correspondiente a 2014.
De nuevo tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda para exponer el informe.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
La cuentas generales en 2014 del sector público local se encontraban integradas por 13 521 entidades, constituyendo su estructura fundamental 8117 ayuntamientos, el 84 % de los cuales tenía una población inferior a 5000 habitantes. En el
ejercicio 2014 se puso en marcha la reorganización del ámbito de los consorcios locales, como consecuencia de la modificación introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Según
la misma, los consorcios deberán determinar en sus estatutos la Administración pública a la que están adscritos, quedando sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de aquella. El 61 % de las entidades locales, sin
tener en cuenta los consorcios, rindieron la cuenta general del ejercicio 2014 dentro del plazo establecido, porcentaje inferior al del año 2013, que fue del 64 %. A 31 de diciembre de 2015, este porcentaje de rendición de cuentas de 2014
era del 76 %, también inferior al de 2013, que resultó ser el 82 %. El 65 % de los ayuntamientos, el 87 % de las diputaciones y el 100 % de las áreas metropolitanas rindieron la cuenta general del ejercicio 2014 en el plazo legalmente establecido.
Los niveles más bajos de rendición en plazo son los de los cabildos y consejos insulares, 30 %; mancomunidades, 43 %; y agrupaciones de municipios, 25 %. Por comunidades, el menor grado de rendición, a 31 de diciembre de 2015, correspondía a las
entidades locales de Andalucía, con un 38 %. Le siguen a distancia las entidades locales de la Región de Murcia, con un 63 %, y de Castilla-La Mancha y Cantabria, con un 69 %. Por su parte, los niveles mayores de rendición de cuentas se encuentran
en Galicia y en las Islas Baleares, que fueron superiores al 90 %. Un total de 582 entidades no habían rendido las cuentas de ninguno de los ejercicios de 2012 a 2014; el 81 % fueron de las comunidades de Castilla y León, Andalucía, Castilla-La
Mancha y Cantabria.
En el desarrollo de las actuaciones realizadas para promover la rendición de cuentas de las entidades locales, el Tribunal de Cuentas mantiene actualizado al Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre los ayuntamientos, diputaciones
provinciales, cabildos y consejos insulares que no cumplen con la obligación de rendir la cuenta general del año 2014.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas inició en 2015 el Plan de actuaciones para promover e impulsar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2014, con un recordatorio a todas las entidades locales de comunidades sin OCEX del
vencimiento del plazo legalmente establecido para cumplir la obligación. La falta de homogeneidad en los plazos de rendición de cuentas generales de las entidades locales establecidos en la normativa estatal y en la de algunas comunidades autónomas
produce divergencias temporales en el cumplimiento de la obligación dentro del territorio nacional que impiden ofrecer una visión homogénea de los niveles de rendición en plazo de las entidades locales.
Por lo que se refiere a las principales magnitudes presupuestarias, económicas y patrimoniales agregadas del sector público local, la liquidación del presupuesto de gastos de las entidades locales del ejercicio 2014, sin incluir consorcios,
reflejó un presupuesto definitivo que ascendió a 57 280 millones de euros. El presupuesto inicial agregado se modificó en un 27 % a lo largo del ejercicio. El gasto total ejecutado fue de 47 704 millones de euros para el conjunto de entidades
locales de las que se dispone información, lo que supone un nivel de ejecución presupuestaria del 83 %. El grado de cumplimiento de las obligaciones reconocidas fue de un 90 %.
Respecto a la evolución del gasto en deuda pública, para pago de intereses y amortización de capital, fue en 2014 un 55 % superior que en 2013 y un 95 % mayor que el devengado en 2012. La carga financiera ascendió a 7 641 millones de euros
para el conjunto de entidades locales, repartido en un 15 % para el pago de intereses y un 85 % para la amortización del principal adeudado. El 65 % de este coste fue para los ayuntamientos de mayor tamaño.
En el sector público local había un total de 2369 entidades dependientes, de las cuales 954 eran organismos autónomos -el 40 %-, 51 entidades públicas empresariales -el 2 %- y 1364 sociedades mercantiles -el 58 %-. En 2014 se produjo una
disminución neta de 55 entidades dependientes. El 31 % de las sociedades mercantiles íntegramente dependientes y de las entidades públicas empresariales presentaron resultados negativos en sus cuentas de pérdidas y ganancias, poniendo de manifiesto
la existencia de un sector público empresarial local constituido por un elevado número de entidades con pérdidas.
En relación con la contratación administrativa, las entidades locales incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir motu proprio la información contractual. El plan de actuaciones logró un incremento sustancial del nivel de
remisión, llegando hasta el 92,84 % de las entidades locales, excluidas las menores.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para empezar el debate de este punto, tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos, el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
Señor Álvarez de Miranda, la verdad es que de nuevo nos encontramos con numerosos casos de deficiente gestión. Nos ha hecho relato de 13 521 entidades, de las cuales 8117 son ayuntamientos, y efectivamente hay entidades que no tienen
ninguna actividad y tampoco se han dado de baja. Mi pregunta es, ¿se está aplicando la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local correctamente?
En cuanto a la rendición de cuentas, se reduce al 69 % -antes estaba en el 64 %-, incluso habiéndose puesto en marcha por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externos de las comunidades autónomas, como en años anteriores, planes
de actuación para promover dicha rendición. Me gustaría saber si me puede concretar algo, señor presidente, sobre estos planes.
Además, continúan existiendo algunas entidades locales que incumplen reiteradamente la obligación de rendir cuentas; nos ha comentado que a finales de 2015 fueron un total de 3175. ¿Se está ejecutando realmente el artículo 36 de la Ley
2/2011, de Economía Sostenible? Es decir, cuando a una entidad se le puede sancionar reteniendo importes de entregas de tributos de los que participa dicha entidad local, ¿realmente se está ejecutando el citado artículo 36? Esto es muy importante;
si no están cumpliendo con su cometido no tiene sentido que no se aplique ese artículo 36.
En relación con el cumplimiento de los plazos para la aprobación del presupuesto, tenemos un 69 % prorrogado; es cierto que se ha reducido, pero nos parece excesivo. Precisamente en el Congreso tenemos los Presupuestos Generales del Estado
de 2016 prorrogados y a esto le damos muchísima importancia, porque significa no acometer nuevas inversiones, significa una inadecuada planificación presupuestaria y significa no hacer absolutamente nada de aquello para lo que estamos aquí. Se nos
enciende la sangre cuando no tenemos presupuestos para una entidad o una institución porque nuestro partido político o nuestro grupo parlamentario no puede realizar su cometido o, como en este caso, el Gobierno no puede hacer nada.
En relación con el análisis presupuestario de 2014, se ha aumentado la ejecución en función del año anterior un 9 %, pero me preocupa que la modificación de créditos suba hasta el 27 %; es cierto que en 2013 había un 21 %, pero ha aumentado
hasta el 27 %. Esto no puede tener ninguna planificación presupuestaria.
En cuanto a los días de pago, es cierto que se han reducido a sesenta y dos, pero lo legal es que sean cuarenta, es decir, que esto se está incumpliendo, lo que repercute sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, porque las entidades
locales se están quedando un dinero sin el cual no pueden funcionar los contribuyentes.
En relación con la contratación administrativa, se ha incumplido mayoritariamente la obligación de remitir de motu proprio al Tribunal de Cuentas esas relaciones certificadas de los contratos o incluso las certificaciones negativas; solo el
53 % lo hizo.
Las recomendaciones que nos plantea usted, señor presidente, nos parecen muy correctas: reformas legales oportunas para la rendición de cuentas, para ese requisito del que hablábamos -incidía en que hay que controlar la concesión de ayudas
o subvenciones-; en cuanto a los plazos, procurar la homogeneización en la normativa estatal y autonómica y fortalecer las diputaciones provinciales. En este sentido, cuando se refiere a fortalecer las diputaciones, ¿se trata de ayudar a las
entidades locales? ¿No llega realmente esa asistencia a las entidades locales? ¿Son efectivas las diputaciones provinciales?
Por último, me gustaría saber, señor Álvarez de Miranda, si cree que se mejoraría la efectividad de sus recomendaciones si estos informes fueran un poco más accesibles. He traído un informe que nos ha llegado y que posiblemente tengan
algunos de mis compañeros. Es un informe de una auditoría operativa de la concesión de la asistencia sanitaria integral en el departamento de salud de Manises, de la Sindicatura de Comptes, ejercicio 2009. No quiero comentarle el contenido del
informe, pero sí señalarle algo, porque, sinceramente, están ustedes haciendo un trabajo fabuloso, maravilloso, pero este es un informe que se resume en tan solo una página. En una sola página nos cuentan cuáles son las magnitudes claves y los
hechos relevantes, lo que facilita la comprensión de un ciudadano que no tiene estudios económicos para delimitar todos aquellos aspectos que ustedes desarrollan en esos grandes informes. En esa página hay una nota que me gustaría leer: Este
apartado pretende resumir los resultados de nuestro informe y facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. El Tribunal de Cuentas debería hacer un esfuerzo -y me gustaría saber si en su opinión es posible- para intentar poner
en una hoja las consecuencias más importantes para que los ciudadanos comprendieran el trabajo que están haciendo ustedes, que es fabuloso; el prestigio de una institución como el Tribunal de Cuentas mejoraría si llegara a todos y cada uno de los
ciudadanos, no solo a los miembros de esta Comisión o a los expertos económico-contables.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas.
Gracias señor presidente del Tribunal de Cuentas por su información sobre este informe de fiscalización. Partimos de una base que es compartida -hacen reflexiones en este ámbito en el informe-, y es que en la configuración del sector
público local en España se da una gran desigualdad en función del tamaño de los ayuntamientos. Hay un elevado número de entidades locales -ustedes lo dicen- que, en su gran mayoría, son de baja población, con lo cual, la primera pregunta que
queríamos hacerle desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es si usted nos puede aclarar la capacidad que tienen, tanto técnica como de recursos, los diferentes ayuntamientos en función del tamaño de esta Administración para hacer frente a las
exigencias que se les hace desde el Tribunal de Cuentas; es decir, si a pequeños ayuntamientos se les puede exigir lo mismo que se les exige a las grandes administraciones locales del Estado español y qué mecanismos podríamos aplicar para
garantizar que esta desigualdad en las administraciones no perjudica a unas y acaba beneficiando a otras. Hablan ustedes también del impacto que ha tenido la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local; en la misma línea,
¿piensan ustedes -no lo concretan en el informe- si esta afectación no es igual en los grandes ayuntamientos que en las administraciones más pequeñas?
En el informe parten ustedes -es un elemento en el que también nos gustaría poder trabajar- de los diferentes mecanismos presupuestarios como, por ejemplo, la prórroga presupuestaria. Nos gustaría saber de qué manera podríamos evitar que
estas prórrogas presupuestarias no se convirtiesen -por supuesto, no siempre lo son- en un mecanismo de falta de transparencia, es decir, que no los utilizasen determinadas administraciones locales para colar cosas que no se debieran colar y poder
aplicar una serie de mecanismos de exigencia de transparencia, incluso en aquellos ejercicios en los cuales los ayuntamientos han tenido que recurrir a la prórroga presupuestaria. Nos interesa también el gasto, es decir, en qué se gastan las
administraciones locales el presupuesto. Ustedes ya nos dicen que destinan el 57 % del gasto total en el ejercicio 2014 a gastos en bienes corrientes y prestación de servicios, en el 29 %, y a gastos de personal, en el 28 %, frente al 62 %
destinado a esos capítulos en el año 2013, con lo cual es verdad que el margen de inversión que tienen las administraciones locales es muy estrecho porque tienen una serie de gastos comprometidos. No obstante, creo que también se puede leer de este
informe que ustedes nos presentan que los ayuntamientos, las administraciones locales, los entes locales, hoy son una pieza fundamental, son la columna vertebral de la garantía de los servicios públicos en el Estado español y, por tanto, también de
la garantía de los derechos de ciudadanía. Tal y como ocurre en otros ejercicios -no solamente pasa en este-, el área a que más recursos se destinan en el 2014, el 34 %, es a los servicios básicos, es decir, que nuestros ayuntamientos hacen un
esfuerzo fundamental para garantizar políticas de bienestar, como puedan ser: programas de saneamiento, distribución de aguas, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, política de seguridad y movilidad, políticas de vivienda y
urbanismo, o sea, piezas fundamentales del Estado del bienestar, en este caso en España. Pero, claro, hacen todo ese esfuerzo nuestros ayuntamientos y, en cambio, también se evidencia en este informe que han recibido muchos menos ingresos en el año
2014 que en años anteriores, con lo cual no sé si el Tribunal de Cuentas podría ofrecernos alguna posibilidad para que la Administración central evitase que quien acabe pagando los menos ingresos de los ayuntamientos en cada ejercicio sean el
ciudadano y la ciudadana a partir de recibir menos derechos. Ustedes mismos nos dicen que obtuvieron unos ingresos medios de 7 millones de euros, de promedio, frente a los 6 millones de euros en 2013. Para nosotros es un elemento fundamental. Es
decir, en 2014 reciben estos millones de euros y tienen que seguir haciendo frente a todos los derechos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas y, por supuesto, a los servicios públicos que ofrecen los ayuntamientos, repito, de forma desigual en
función del tamaño de cada una de las administraciones.
Voy acabando. También nos preocupaba el tema del endeudamiento, que supuso en 2014 el 6 % de la financiación local, que no es menor. Las entidades locales, de acuerdo con el resultado de la ratio de autonomía, pudieron disponer del 80 % de
los ingresos del ejercicio 2014, con lo cual seguimos viendo cómo las diferentes modificaciones legislativas del Gobierno del Partido Popular lo que hacen es asfixiar la capacidad que tienen las organizaciones locales para poder desarrollar sus
políticas, que vuelvo a repetir y con eso acabo fundamentalmente van a garantizar los servicios públicos y los derechos de la ciudadanía en el concepto de Estado del bienestar que hemos tenido en los últimos años.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mena.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Agradezco la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas.
En este informe de fiscalización no hay ningún tipo de indicio observado por la Abogacía del Estado ni por el ministerio fiscal con relación a responsabilidad contable, lo que es de agradecer y es significativo. En este informe de
fiscalización se valoran tres cuestiones, creo yo, y afectan a distintos tipos de entidades locales. La primera es con relación a la rendición de cuentas, donde se especifica que siguen siendo claramente insuficientes los entes locales que las
rinden. Yo creo que esto afecta fundamentalmente a pequeños ayuntamientos. Coincido con una de las recomendaciones en la necesidad de unificar y de reducir plazos, pero por otra parte también coincido con algo que se ha señalado, y es la necesidad
de apoyo a los pequeños municipios de las diputaciones provinciales. Señor Ten, yo creo que por respeto no solamente a los ciudadanos, sino a los empleados públicos, deberíamos saber de qué hablamos. Yo he sido técnico asesorando a pequeños
municipios en la Diputación de Córdoba -soy funcionario- y me he dedicado a la asistencia económica financiera en los municipios. Yo he tenido que ir a pequeños municipios, abrir el cajón de facturas y ponerme a contabilizar porque el único
empleado público del que disponen es el policía local, que fue quien me abrió la puerta. Señor Ten, el Tribunal de Cuentas sabe de lo que se habla y sabe del contenido de esa sugerencia o recomendación, y es la necesidad de abordar porque el 49 %
de los municipios que no rinden cuentas suelen ser pequeños municipios, pequeñas entidades y potenciar la asistencia a esas entidades, que siguen manteniendo su estatus de ayuntamiento, de entidad local, no solamente porque así lo quieren los
vecinos, sino porque tienen el apoyo y la seguridad normativa, y requieren de un apoyo técnico, que es una recomendación que yo aplaudo. Hace otra recomendación con relación al papel de la Intervención, también fundamental, e incluso la necesidad
de que las intervenciones de fondos de grandes o medianos municipios puedan asistir, a través de las mancomunidades, al asesoramiento y al control interno que requiere la gestión de los presupuestos de los pequeños municipios. Coincido con esas
tres recomendaciones, y creo que son de valorar.
Hay una segunda cuestión, que es el endeudamiento. Se hace una valoración del nivel de endeudamiento del sector público local en el ejercicio 2014. Creo que este es un problema principalmente de los grandes municipios, porque los pequeños
municipios no están endeudados y no es un problema. Los datos son muy significativos, el endeudamiento son 29 100 millones de euros, y estamos hablando de que un sector público, las administraciones públicas de este país, tiene un nivel de
endeudamiento de un billón de euros, superando el cien por cien del producto interior bruto. Los ayuntamientos tienen un nivel de endeudamiento mínimo. Pero es que, además, tienen un remanente de tesorería de 18 100 millones de euros, según los
datos aportados por el propio Tribunal de Cuentas. Eso significa que si pudieran aplicar el remanente de tesorería -está muy limitada su aplicación- prácticamente saldaría la totalidad del nivel de endeudamiento que tienen las entidades locales.
Por tanto, en ese sentido, no hay ni tan siquiera recomendación por parte del propio Tribunal de Cuentas, puesto que el nivel de endeudamiento no es bajo, es muy bajo y además el nivel de solvencia o de superávit, de remanente de tesorería, es
elevadísimo; los entes locales están compensando el déficit público del resto de las administraciones públicas.
En tercer lugar, se habla de entidades dependientes. En este caso afecta más a los medianos municipios. También se hace mención a que su número ha bajado en, aproximadamente, 300. Las entidades dependientes que existen en estos momentos
son 2 300, de una importancia económica relativa también lo pone de manifiesto el propio tribunal- de en torno a los 4 300 millones de euros. Creo que también se está haciendo un esfuerzo. El tribunal aporta el dato de que un 19 % no tienen ningún
tipo de actividad y hay que abordar el que se disuelvan o se liquiden, si bien es cierto que es complicado. Yo, recientemente, me he tenido que dirigir al Ministerio de Hacienda porque sociedades mercantiles que están en proceso de liquidación -y
algunas de ellas en concurso de acreedores- tienen importantes dificultades para aportar la cuenta -que tienen que dar los liquidadores- y para liquidar, porque requiere de un procedimiento judicial largo y tedioso. Gran parte de estas entidades
que no tienen actividad y que no están disueltas o liquidadas son parte de ese 19 %, pero se está haciendo un esfuerzo considerable. También había un 31 % de resultados negativos, cuestión a considerar y que creo que hay que tener muy en cuenta,
aunque se está haciendo un importante esfuerzo.
Concluyo, presidente. Creo que estos informes son los que ponen de manifiesto que si hay entidades que van por un buen camino, que están haciendo un esfuerzo extraordinario y una gran contribución son los entes locales y que no se merecen,
en absoluto, el apretarles a través de leyes que están siendo muy coercitivas, que están atentando contra los principios de autonomía y de suficiencia financiera y que están acosando a nivel de consolidación fiscal a administraciones públicas
solventes y que van, como he dicho, por el buen camino.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fole.
El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.
Quiero sumarme, cómo no, a la felicitación de mis compañeros y al agradecimiento al presidente del Tribunal de Cuentas, no solo por su presencia aquí y por sus aclaraciones, sino en representación del trabajo arduo, difícil y extenso que
hacen todos los trabajadores del mismo por aclarar lo que no funciona y por aclarar lo que funciona también; por presentar conclusiones que faciliten nuestro trabajo y por proponer recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Administración
local, en este caso. En las distintas comisiones del Tribunal de Cuentas nos hemos encontrado con la cruda realidad del funcionamiento de la Administración local, la más cercana y la más visible, aquello que todos sabemos que pasa y cómo pasa y
sobre lo que, pese a ello, no logramos ponernos de acuerdo para solucionarlo. No deberíamos desperdiciar el gran trabajo del Tribunal de Cuentas por intereses partidistas, como hacen algunos, y deberíamos forzarnos en hacer cumplir a fondo sus
recomendaciones.
Respecto a este punto en particular, nos encontramos en esta ocasión con la fiscalización del sector público local de 2014, quizá el más crítico y el más importante porque es, como decía antes, el de más visibilidad y el más cercano al
ciudadano. Voy a dar unos datos que, aunque ya los ha avanzado el propio presidente, creo que son de relevancia. El 60 % de las entidades locales son ayuntamientos, de los cuales el 84 % son de menos de 5000 habitantes, que suman solo el 13 % de
la población y, sin embargo, el 2 % son mayores de 50000 habitantes y suman más del 50 % de la población. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio representan el 28 %. Planteo la primera de las recomendaciones o conclusiones que
hace el informe, que el sector público local no ha experimentado variación alguna y creo que ahí deberíamos hacer especial hincapié, de qué forma podríamos mejorar estos datos. Respecto a la rendición de cuentas, también y como pone en muchos de
los anexos que acompañan a este informe, el 61 % de las entidades locales las rindieron en tiempo legal, aún así es bajo, estamos más cerca del 50 % que del 75 %. Casi el 20 % de los ayuntamientos de más de 100 000 habitantes no las presentan en
plazo. No será, como decían otros compañeros, por falta de recursos o funcionarios. En algunos de los anexos permítanme que haga especial referencia a uno que me atañe particularmente se especifica que, respecto las comunidades autónomas, por
ejemplo en Andalucía menos del 38 % de las entidades locales presentan sus cuentas generales. Sin embargo, en Galicia -por eso decía que me atañía especialmente- más del 90 % de los ayuntamientos presentan sus cuentas. Quizás sea un modelo de
gestión; en 2014 en Galicia más del 80 % de los ayuntamientos estaban gobernados por el Partido Popular y en Andalucía más del 80 % estaban gobernados por el Partido Socialista. Quizás, como reflexión, deberíamos tener en cuenta que algo debe
influir cómo afrontan la gestión unos ayuntamientos y otros. También quiero hacer mención en esta parte del informe a una sección novedosa referida a Canarias, en la que incrementaban en 12 puntos de 2014 a 2015, cuando se le aplica el Decreto
114/2015, por el que se regula el procedimiento derivado del incumplimiento del deber de colaboración con la Audiencia de Cuentas de Canarias, en aplicación del artículo 44 de la Ley 4/1989 -permítanme que sea rápido en la exposición de estas leyes;
no tiene gran importancia su conocimiento, pero sí tenerlas en cuenta-, por el que se puede instar a la Dirección General en materia de tesoro a retener el 2 % de los pagos que le correspondan de los presupuestos de las comunidades autónomas.
Entonces sí, si aplicamos restricciones y alguna medida correctora, algún ajuste -que a algunos partidos parece que les duele esta palabra-, entonces sí hay resultados positivos. Efectivamente, tendremos que tener un consenso -como decían las
recomendaciones del propio informe- sobre si las entidades que no presentan las cuentas deberían tener o no posibilidades de acudir a líneas de subvención de las comunidades autónomas o del Gobierno central. Creo que no es la forma correcta pero
parece que es la más efectiva y la que entendemos.
Respecto a los plazos de aprobación de presupuestos, el 70 % de las entidades locales que rindieron sus cuentas en 2014 lo hicieron con presupuestos prorrogados, casi el 70 %. Eso significa una inadecuada
planificación, según el propio informe -y yo que vengo de la Administración local lo he vivido en mi propia carne-, incumplimiento de los fines del presupuesto, falta de gestión en la ordenación, falta de gestión en la plena transparencia y
falta de equilibrio y sostenibilidad financiera. Todo ello sin tener un presupuesto en condiciones. Ahora sí, en otros momentos vemos que se pide para las entidades locales que les dejen aplicar el superávit en aquellos gastos que estimen
convenientes, ¿sin presentar cuentas?, ¿con presupuestos prorrogados? ¿No es una incoherencia, quizás? ¿Deberíamos plantear una mayor exigencia para que puedan aplicar el superávit, que tengan casi el 60 % de los ayuntamientos y entidades locales
no presentadas sus cuentas generales? Creo que ahí tendríamos que estudiar las peticiones de algunos partidos cuando enarbolan la defensa de las entidades locales para aplicar superávit y, sin embargo, permitimos que no presenten las cuentas. A
ver si tenemos un poco de coherencia todos.
No quiero insistir mucho más en el informe, señor presidente, pero para ir terminando, por lo que se refiere a las magnitudes presupuestarias, ingresos y gastos presupuestarios y endeudamiento, el informe declara que se está ejecutando o
reconociendo más gastos que reconociendo derechos, en un 2 o un 3 %, a lo mejor, de diferencia, pero si lo tenemos como normal, se aplicará un desfase presupuestario que no es bueno y que debemos corregir. Creo que con estos matices, presidente, no
hay más que concluir que las recomendaciones no es que sean buenas y acertadas, es que son imprescindibles de aplicar. Creo que tendríamos que ahondar en ellas, ampliarlas y ver de qué forma podrían hacerse más efectivas. Se ha hablado aquí, en
relación con las cuentas generales y su rendición, en las recomendaciones tres y cuatro, que son de importancia promover reformas legales oportunas para que la rendición de cuentas sea considerada requisito indispensable para el acceso de las
entidades locales a procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas. Concretamente, en lo que se refiere al refuerzo de la capacidad de las intervenciones locales, teniendo en cuenta, como decía antes, que el 80 % -no me acuerdo de la
cantidad exacta- de ayuntamientos son inferiores a 5000 habitantes y que sabemos que tienen dificultad, por no decir casi imposibilidad, de poder tener interventor tesorero o interventora tesorera entre su personal, habría que hacer un especial
esfuerzo en la asistencia a estos -ya que el tema de la fusión de municipios parece ser un tabú, no en Galicia, donde hemos dado ejemplo en algunas cosas en este sentido- dado que es cierta la existencia de una complejidad administrativa a la hora
de que los interventores y tesoreros puedan efectuar un trabajo más rentable, más efectivo, para que no tengamos tantas entidades locales sin presentación de cuentas.
En resumen, presidente, felicidades por estos informes que nos aclaran muchísimo el estado actual, en este caso de las entidades locales, como en anteriores comisiones, pero también del conjunto de la Administración. Creo que debemos
leerlos muy detenidamente los que estamos representando a los ciudadanos e, independientemente de que sea más o menos fácil, señor Ten, su entendimiento; para eso estamos nosotros, para traducírselo también a aquellos ciudadanos a los que les sea
complejo el poder hacerlo.
Muchísimas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fole.
A continuación, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Empezaré por el final, por las cuestiones planteadas por el señor Fole, porque ha puesto de manifiesto, al igual que los demás intervinientes, una situación que refleja la realidad no de este informe sino de la vida local de nuestros
ayuntamientos al señalar que el 70 % de los mismos viven en presupuesto prorrogado. Es más, en los sucesivos informes se ha puesto de manifiesto que muchos ayuntamientos no llevan una contabilidad regular -entiendo por contabilidad regular la
contabilidad llevada día a día en el momento de la producción de gastos- y simplemente van amontonando el conjunto de gastos y llegado un momento concreto del ejercicio e incluso terminado este, proceden al asentamiento regular de esas cuentas y
obtienen las cuentas finales, las cuentas anuales que tienen que aprobar. Muchas veces las obtienen, como creo que ha puesto de manifiesto muy acertadamente el señor Hurtado, gracias a la ayuda y el soporte que prestan los servicios de asistencia
de las diputaciones a los ayuntamientos. A la pregunta sobre si las diputaciones hacen algo o no hacen nada, tengo que responder que cada diputación es un mundo; y no solo esto, sino que el Tribunal de Cuentas ha hecho informes en ejercicios
anteriores sobre el grado de cumplimiento de las diputaciones en su labor de asistencia a municipios y ha señalado datos concretos donde se refleja que hay diputaciones provinciales que realizan esta labor de contabilización,
que elaboran las cuentas anuales de los ayuntamientos pequeños que con sus propios medios no han podido realizar y que, sin embargo, como bien se ha dicho, quieren seguir siendo entidades locales y no quieren desaparecer como
administraciones públicas. Por lo tanto, creo que las diputaciones tienen la obligación de prestarles ese asesoramiento y esa asistencia para poderlo realizar.
Me plantean ustedes diferentes preguntas en relación con este tema. Por ejemplo, una de ellas es si se está aplicando, por ejemplo, la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, en relación con la retención de los importes o en relación con la
aplicación de los descuentos de diferentes magnitudes. El Tribunal de Cuentas cuando finaliza su trabajo comunica todos los años al Ministerio de Hacienda los resultados de los incumplimientos acaecidos, es decir, la posibilidad de retenciones está
en manos del Ministerio de Hacienda. Lo que ocurre es que muchas veces la legislación aplicable a las entidades locales establece el cumplimiento de las obligaciones cuando se presenta ante el Ministerio de Hacienda la liquidación del presupuesto
-la liquidación del presupuesto aprobada por el ayuntamiento-, pero no con la presentación de las cuentas anuales. Es decir, hay muchos ayuntamientos que aprueban el presupuesto pero se olvidan desgraciadamente de iniciar el procedimiento para la
aprobación de las cuentas anuales y de presentar a 15 de octubre esas cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas. Esa diferencia de situación respecto a la rendición es la que de alguna manera sitúa en una posición de ventaja al Ministerio de
Hacienda para elaborar las cuentas nacionales, porque tiene los datos de la liquidación de presupuestos de un conjunto mucho más numeroso de ayuntamientos, y sitúa al Tribunal de Cuentas y a los órganos de control externo, en una situación de un
índice de rendición mucho más bajo. Yo quiero indicarles que el día 21 muy posiblemente todos los presidentes de órganos de control externo y el presidente del Tribunal de Cuentas vamos a proceder a hacer una declaración conjunta en relación con
este tema de la rendición de cuentas de entidades locales recogiendo gran parte de las cuestiones que se incorporan en nuestros informes y haciendo un llamamiento a la opinión pública para la mejora en este terreno. También la pensamos hacer en lo
de la reducción de plazos de rendición de cuentas, como yo creo que en otras ocasiones les he indicado; pero esto es otra cuestión diferente.
Me plantean también en qué consisten los planes de actuación para la rendición de cuentas. Los planes de actuación para la rendición de cuentas es un procedimiento que lleva más de siete u ocho años aplicándose en el tribunal y consiste en
el seguimiento individualizado de todos los ayuntamientos que no rinden cuentas, con los escritos correspondientes a los ayuntamientos, con las llamadas telefónicas correspondientes a los responsables, con la citación de estos responsables para que
den las razones justificativas -y a veces existen esas razones- para la no rendición de cuentas, y, lógicamente, con las advertencias de que de continuar en esa situación se procedería a la aplicación del régimen coercitivo establecido en la
legislación del tribunal. Bien es cierto que ese régimen coercitivo, como ustedes saben, puede producir multas coercitivas que no tienen un gran alcance, pero yo creo que sí tienen un gran impacto y, por tanto, finalizarán lógicamente con la
imposición de esas multas coercitivas. En el pasado, yo por lo menos como responsable en su momento de la fiscalización de las entidades locales, elevé al pleno más de 130 propuestas de imposición de ese tipo de multas coercitivas, que fueron
aprobadas por el pleno del tribunal y que llevaron a estos responsables -porque las multas van dirigidas contra los responsables, no contra los ayuntamientos-, llevaron a estos ayuntamientos a incorporarse en gran medida al procedimiento de
rendición de cuentas.
En cuanto a los bajos niveles de rendición, lo que indican es que no tenemos el mismo problema en todos los sitios. Indudablemente, hay comunidades autónomas con un grupo muy grande de entidades locales menores donde la rendición de estas
entidades locales menores no es tan elevada como en otros sitios; y luego, hay otras zonas geográficas como es Andalucía, donde existe una baja rendición de cuentas, que posiblemente esté asociada a que la Comunidad Autónoma de Andalucía se
incorporó al procedimiento de rendición de cuentas de la plataforma de Rendición de Cuentas que gestionamos el Tribunal de Cuentas y los OCE en el último momento. Por lo tanto, es un proceso que todavía está en fase de implantación, pero
indudablemente la Cámara de Cuentas de Andalucía está haciendo grandes esfuerzos por resolver esta situación y ofrecer en un corto plazo de tiempo resultados positivos. Hay que señalar una cuestión que creo que es capital. Puede entenderse -no
aceptarse, pero sí entenderse- que los ayuntamientos pequeños que no hayan recibido un adecuado apoyo por parte de las diputaciones provinciales resulten incumplidores. Lo que no cabe es que ayuntamientos de capitales de provincia no rindan
cuentas. Eso es algo que es inadmisible de todo punto, y creo que hay que hacer una llamada de atención a aquellos casos en los que se está produciendo esta situación para que inmediatamente se cumpla la legalidad y se cumpla con el deber de rendir
cuentas, que es el primer deber que tiene cualquier
gestor público. Por lo tanto, no es factible que se puedan acumular ejercicios sin rendición de cuentas en ese tipo de entidades.
Otra de las cuestiones que habría que plantearse es que las medidas no sean contradictorias. Me explico. La ley de presupuestos exigía en un momento determinado que los consorcios rindieran cuentas a una fecha concreta bajo la amenaza de
disolución. En el ejercicio siguiente la rendición de cuentas de los consorcios fue espectacular, pero, claro, era una ley de presupuestos y, como tal, en la siguiente ley de presupuestos no fue recogida esta misma amenaza de disolución. Por lo
tanto, los porcentajes de rendición de cuentas se volvieron a relajar. Quiero decir que la coherencia en el mantenimiento de este tipo de medidas debe plantearse porque es cierto que hay dificultades de rendición de cuentas, pero también tienen que
existir por parte de los poderes públicos medidas que garanticen que las cuentas se rindan y, si no se rinden, que haya consecuencias. La consecuencia de retenciones practicadas es necesaria y, como bien ha dicho el señor Fole, en Canarias
produjeron un crecimiento espectacular. También lo produjeron en otras comunidades cuando se implantaron, es decir, las comunidades autónomas han aplicado este tipo de medidas en diferentes momentos del pasado y el crecimiento de la rendición de
cuentas ha sido muy notable. Estas medidas hay que mantenerlas en el tiempo y hay que exigirlas con la plena colaboración de todos y con la principal tutela de las diputaciones provinciales.
Nada más y muchas gracias.
BLOQUE IV: FUNDACIONES
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO DE MINISTROS EN LO QUE SE REFIERE A LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE LAS FUNDACIONES DESDE EL 3 DE JUNIO DE 2011. (Número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000135 y número de expediente del Senado 771/000131).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000185 y número de expediente del Senado 771/000183).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, EJERCICIOS 2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000154 y número de expediente del Senado 771/000154).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000091).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO UTILIZADO POR LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL EN LA REALIZACIÓN DE SU ACTIVIDAD, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000201 y número de expediente del Senado 771/000199).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al bloque IV del orden del día, en el que se van a explicar los informes de fiscalización de la ejecución de acuerdos tomados por el Consejo de Ministros en lo que se refiere a la
reestructuración del sector público en el ámbito de las fundaciones desde el 3 de junio del año 2011; informe de fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, ejercicio 2014; informe de fiscalización
de la Fundación Biodiversidad, ejercicios 2013 y 2014; informe de fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ejercicio 2013, y por último, informe de fiscalización de la gestión del patrimonio inmobiliario utilizado por las
fundaciones del sector público estatal en la realización de su actividad, ejercicios 2014 y 2015.
Tiene la palabra de nuevo el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
El informe de fiscalización de los acuerdos referidos a la reestructuración de sector público en el ámbito de las fundaciones fue aprobado por el tribunal el 31 de marzo de 2016. Las actuaciones
fiscalizadoras se refirieron a las acciones llevadas a cabo por las fundaciones comprendidas en los tres acuerdos aprobados por el Gobierno entre los ejercicios 2011 y 2013. Ello dio lugar a unos procesos de reestructuración en treinta y
cuatro fundaciones estatales. Causaron baja en el inventario de entes del sector público un total de veinte fundaciones, de las cuales ocho se fusionaron, seis se extinguieron, una se integró en otro organismo y cinco dejaron de pertenecer al
sector público. Las otras catorce no habían finalizado las actuaciones de reestructuración, incumpliendo el plazo límite del 31 de diciembre de 2014 fijado en el acuerdo del Consejo de Ministros del 20 de septiembre de 2013. Los procesos no
culminados corresponden a tres casos de extinción, cuatro de integración en otro organismo, tres en los que estaba prevista la fusión y cuatro fundaciones que deberían haber dejado de pertenecer al sector público estatal. En el informe se exponen
los resultados más relevantes en relación con cada una de las fundaciones analizadas, concluyendo que, por la complejidad y falta de homogeneidad del proceso, no se pudo determinar el impacto global de las medidas adoptadas en la reestructuración de
las fundaciones del sector público estatal.
Respeto a los informes sobre las fundaciones Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, Fundación Biodiversidad y Colección Thyssen-Bornemisza, las cuentas anuales fiscalizadas reflejan en sus aspectos significativos la
imagen fiel del patrimonio y de su situación financiera, sin perjuicio de ciertas salvedades. En el primer informe en materia de contratación se observaron carencias en los expedientes, como la falta de precisión de las condiciones en los casos de
modificación de los contratos, así como los requisitos de solvencia económica y financiera técnica o profesional exigible a los licitadores. En la Fundación Biodiversidad, los expedientes cumplían la normativa, salvo la aplicación en algún caso de
criterios de selección poco adecuados.
Respecto a la Fundación Thyssen-Bornemisza, las obras prestadas supusieron el 22,66 % del total de la colección, excediendo el tope máximo del 10 % y afectando, por tanto, a su exhibición pública. Por otra parte, las retribuciones variables
abonadas en 2013 a los directores fueron similares a las satisfechas en 2012, aunque los objetivos obtenidos fueron notablemente inferiores. Además, se acordó con el director gerente una gratificación extraordinaria a todo el personal por importe
total de 67 105 euros, sin que hubiera sido sometida a la aprobación del patronato. En cuanto a la gestión de la Fundación Thyssen-Bornemisza, no era suficientemente adecuada para contribuir al cumplimiento de los objetivos y funciones. La
normativa interna para regular los distintos procedimientos se reveló insuficiente, en particular en lo referido a la gestión de ventas de entradas, ventas en la tienda o préstamos temporales de obras de arte a otras instituciones.
En el ámbito de personal de la Fundación Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, la novación del contrato con el director adjunto se hizo con seis meses de retraso, y no fueron aprobadas por el patronato las condiciones de un
investigador. La Fundación Biodiversidad no hizo pública toda la información preceptiva en materia de contratación y subvenciones recibidas, y en una encomienda se superaron los límites de una certificación de obra. En cada informe se efectúa el
seguimiento de las respectivas recomendaciones contenidas en fiscalizaciones anteriores, con un cierto avance en algunas de ellas, pero no en su totalidad.
Finalmente, en el informe de fiscalización de la gestión del patrimonio inmobiliario utilizado por las fundaciones del sector público estatal en la realización de su actividad, ejercicios 2014 y 2015, se constató que doce fundaciones no
registraban adecuadamente los derechos de uso de inmuebles de los que disponían. Además, once fundaciones presentaban registros contables inadecuados en cuanto a su naturaleza o sobre los que no disponían de la documentación que los sustentara.
Por otra parte, tres fundaciones no tenían el instrumento jurídico previsto en la normativa patrimonial del Estado para autorizar el uso de algunos de los inmuebles donde desarrollaban su actividad, y cinco fundaciones presentaban diversas
deficiencias en la documentación acreditativa de su titularidad sobre los inmuebles o sobre la propia inscripción registral de los mismos. Se han observado algunas deficiencias en la gestión llevada a cabo por algunas fundaciones sobre determinados
inmuebles, dando lugar a que la misma no pudiera considerarse adecuada, conforme a los principios de eficacia y eficiencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su claridad en la exposición de los informes, como hace siempre.
En Ciudadanos venimos exigiendo que la Administración revise sus políticas y su gestión. Tenemos claro que hay que aumentar la eficiencia antes de pedir ningún esfuerzo más a los contribuyentes. Creemos que la clase media y trabajadora,
que ha estado solventando todos los gastos público, ya no puede más. Por eso, en nuestro acuerdo de gobierno con el Partido Popular en el punto 2 firmamos realizar una revisión integral e independiente del gasto público, lo que se denomina en
términos anglosajones el spending review, siguiendo las mejores prácticas internacionales para incrementar su eficiencia, identificar gastos superfluos y eliminar duplicidades administrativas. A todas luces nos parece necesario, sobre todo porque
cuando algunos portavoces inciden en que no se permite hacer uso de los ingresos que tiene por encima de los gastos en entornos locales, con lo cual compartimos que pueden ser utilizados, también es verdad que lo primero que hay que ver es si se
están produciendo duplicidades, si se está haciendo una buena gestión de esos recursos.
También hemos solicitado en varias propuestas que el Tribunal de Cuentas fiscalice los ahorros obtenidos del CORA, de la Comisión de Reforma de la Administración Pública, ya que el Gobierno ha anunciado en diversas ocasiones y ha cifrado
este ahorro en torno a los 33 900 millones de euros. Queremos saber exactamente si es así. Sentimos ser tan incisivos y tan insistentes, pero viendo estos informes no somos tan optimistas como parece que es el Gobierno con el ahorro que se está
produciendo con el CORA. En todo caso, el informe sobre los acuerdos tomados por el Consejo Ministros sobre la reestructuración del sector público en las fundaciones va en esta dirección y me voy a centrar especialmente en los acuerdos adoptados.
El informe fiscalizaba y afectaba a treinta y cuatro fundaciones de las cincuenta y nueva contabilizadas. De las treinta y cuatro, nueve debían cerrarse, cinco integrarse en otras, nueve privatizarse y once fusionarse. En el momento en que
el Tribunal de Cuentas concluye la fiscalización de sus trabajos, catorce de las treinta y cuatro fundaciones no habían concluido precisamente el proceso de reestructuración ordenado por el Gobierno. Esto viene a ser más o menos el cumplimiento del
60 % del objetivo inexplicablemente, teniendo en cuenta el transcurrir de los años en los que se había producido. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento lleva más de tres años sin aprobar el plan de redimensionamiento de las fundaciones AENA y
Ferrocarriles Estatales que deben unificarse en una nueva fundación del transporte. ¿Quién debe asumir el coste de que no se haya completado? Lamentablemente, el Tribunal de Cuentas, en la conclusión 31, vuelve a dar la espalda incomprensiblemente
a lo que para nosotros es el objetivo principal de este informe. Como bien ha dicho el presidente del Tribunal en esta explicación, debido a la complejidad del proceso de reestructuración y su falta de homogeneidad, tanto por la naturaleza de las
medidas como en su aspecto temporal, no ha podido determinar de modo global el impacto económico de las diferentes actuaciones llevadas a cabo en el proceso de reestructuración. Esa era precisamente la pregunta principal que debía contestarse en
ese informe.
Se me ocurren otras preguntas en la redacción del informe, por ejemplo, cuánto se ha ahorrado, si el esquema resulta más eficiente, si se ha perdido algún servicio de interés público, qué valoración merece el proceso de reestructuración y
qué lecciones podemos sacar de estos acuerdos. Aunque estas preguntas no están planteadas y no se responden, es cierto que de forma expresa podemos empezar a sacar conclusiones por algunas magnitudes. Los ahorros que se ven en la cuenta general
del Estado demuestran una reducción del 34 %, lo que representan 159 millones, esto teniendo en cuenta una ejecución del 34 %. Si hubiésemos avanzado al cien por cien, haciendo una regla de tres simple, obtendríamos unos ahorros de unos 265
millones de euros. Si comparamos esos ahorros con la amnistía fiscal, que solo supuso para los ingresos de las arcas públicas 1200 millones, una amnistía fiscal que a todas luces se puede considerar como ingresos vergonzosos y puntuales, y una
amnistía fiscal que el Tribunal Constitucional ha declarado que es inconstitucional en la forma, aunque cuando uno lee la sentencia también en el fondo, se ve que con una eficacia en la forma de gestionar obtendríamos en poco más de una legislatura
esos 1200 millones. Por tanto, entendemos que este es el camino y no tanto amnistías fiscales de todo punto vergonzosas.
Por último, me voy a detener en el informe particular de las fundaciones, en concreto en la irregularidad que para nosotros es más grave y que se detecta en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, donde la cuenta
equipos de laboratorio recoge un equipamiento que ha sido adquirido mediante arrendamiento con opción a compra y que se encuentra sobrevalorado en casi 9 millones de euros. Y los gastos de amortización están infravalorados en más de 1 millón de
euros. Esto se debe a que el citado equipo se está amortizando en diez años en lugar de en los cinco que se aplican
a los bienes de laboratorio. No sé si el presidente me podría ampliar si ha habido alguna sanción al respecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SEMPERE: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por venir aquí a rendirnos cuentas.
No quiero repetir lo que comentaba el compañero de Ciudadanos antes que yo y solo quiero hacer algunas consideraciones generales sobre los informes de fiscalización. Hay al menos dos consideraciones que nos gustaría hacer desde el Grupo
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea porque servirían para todos los informes de fiscalización de las fundaciones. Uno es si ha valorado poner en marcha las recomendaciones del informe entre pares del Tribunal de Cuentas Europeo y del Tribunal de
Cuentas de Portugal especialmente en dos cuestiones: la creación de una unidad de control de calidad o algo que se había comentado en el bloque anterior sobre la necesidad de acompañar de un breve informe que resuma el contenido de los informes de
fiscalización para que puedan llegar a todo el mundo.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que esto es algo que ya realiza el Tribunal de Cuentas Europeo, si no valoran el presidente y el Tribunal de Cuentas que cuando se trate de venir a actos de presentación de informes sobre fundaciones
deberían estar aquí los representantes de los órganos fiscalizados especialmente para que puedan rendir ellos también cuentas sobre si han cumplido sus recomendaciones o si piensan cumplirlas. Por ejemplo, para conocer lo motivos de estas catorce
fundaciones que no se han acogido en 2016 a la reestructuración prevista y, en su caso, para saber los plazos para que empiecen a hacerlo.
Me gustaría puntualizar algunas cuestiones respecto a tres informes de fiscalización. Con respecto a la reestructuración en el sector fundacional solo quiero señalar que las conclusiones no hace referencia a los objetivos, que es algo que
recogen las normas de fiscalización del propio tribunal y que nos parece que sería muy interesante que se pudiera responder a esto y tuviéramos la valoración tanto de la verificación del cumplimiento de lo recogido para las actuaciones derivadas de
la ejecución de los acuerdos, como la verificación del cumplimiento de las medidas establecidas en los acuerdos del Consejo de Ministros, como el análisis del cumplimiento de la normativa sobre igualdad entre hombres y mujeres. No es que no venga
exactamente, pero entendemos que viene bastante poco claro y nos gustaría tener la valoración de esos tres puntos.
Sobre la Fundación Thyssen, nos surgen algunas preguntas. Se expone dentro del informe que presenta incumplimientos legales en la contratación y nos gustaría saber si se han iniciado procedimientos de responsabilidad contable en la
contratación. En el propio informe, apartado 3.43, se dice que la fundación no remitió tres contratos de transporte de obras de arte y nos gustaría saber si se han fiscalizado con posterioridad. No aparece ninguna conclusión sobre el cumplimiento
de la normativa de igualdad. Lo he señalado antes en general pero en este nos parecía especialmente interesante.
Por último, sobre el informe de fiscalización de la Fundación Biodiversidad, tenemos una duda bastante razonable. No se presenta ningún juicio crítico en relación con la forma jurídica de esta entidad. Sus funciones son netamente públicas
y los miembro de su patronazgo son entidades públicas. A la luz de la nueva regulación del régimen jurídico del sector público, hay serias dudas sobre si debería seguir siendo fundación o entidad en gestión directa de un ministerio. Nos gustaría
saber cuál es su valoración o su opinión. La fiscalización de la Fundación Biodiversidad no aparece, no se incluye en ningún estado presupuestario y echamos de menos un análisis de la situación de gestión presupuestaria y una valoración por su
parte. Tampoco hay análisis desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, creemos que es interesante por lo menos una breve valoración, y tampoco se hace referencia al grado de transparencia
económico-financiera de esta fundación.
Por último, el propio Tribunal de Cuentas señala que la evaluación de la eficiencia y eficacia de la economía en la gestión de esta fundación no ha respondido a las expectativas esperadas y nos gustaría saber si se va a tomar algún tipo de
medidas para subsanar este déficit.
Una cuestión más. En el informe sobre gestión de patrimonio inmobiliario del sector público estatal aparece que, salvo honrosas excepciones, la mayor parte de las fundaciones presentan deficiencias en contabilización de inmuebles. Nos
gustaría saber si se van a plantear medidas y el grado de aplicación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.
El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, quiero darle la enhorabuena a los técnicos de esta casa por el trabajo realizado en estos informes de fiscalización que, aunque no son los más idóneos para una sobremesa veraniega como la que nos
ocupa, son objeto de reconocimiento.
En primer lugar, quiero hablar de los informes genéricos sobre la reestructuración del sector público y en su momento también de la gestión del patrimonio inmobiliario de estas fundaciones y luego puntualizar alguna cosa que también han
comentado de forma previa alguno de los portavoces que me han precedido.
Está claro que en el proceso de restructuración del sector público asistimos en esos acuerdos del Consejo de Ministros ya desde 2010 a una intención de racionalización cuando en el contexto de crisis y de ajuste presupuestario, social y
económico que vivió este país de alguna manera la ciudadanía demandaba ese tipo de racionalización de los entes públicos. En ese sentido, los diferentes acuerdos del Consejo de Ministros que se fueron sucediendo llevaron a cabo un proceso de
reestructuración que aquí se fiscaliza y que, al margen de algún tipo de irregularidad que se manifiesta de forma puntual, nos deja entrever el hecho de que no ha culminado con un éxito rotundo. Es decir, se ha efectuado un proceso de
reestructuración de forma más o menos lenta y coincido con otros portavoces en que es complicado en ocasiones aclarar -y lo manifiesta así también el tribunal- el ahorro de costes que se ha podido generar con este proceso de restructuración. No
obstante, antes hablábamos de alrededor de 159 millones de euros, lo que es una cifra considerable. Como decía anteriormente otro portavoz, siguiendo esa regla de tres y llevando a cabo una reestructuración completa, las cifras serían bastante
importantes. En este proceso que, como digo, todavía no ha culminado, ¿ve el Tribunal de Cuentas algún tipo de problemática si se sigue profundizando en esta restructuración en cuanto a que afecte al conjunto de los servicios públicos que se
dispensan a través de este tipo de fundaciones? Esa sería la pregunta en torno a este informe.
En cuanto a la gestión del patrimonio inmobiliario, agradecemos este informe rotundo. Hay cuarenta y ocho inmuebles de veinticinco fundaciones. Como han dicho también otros portavoces ya, se han manifestado irregularidades en cuanto al
conjunto de los inmuebles, que aparecen contabilizados de forma irregular, con registros inadecuados, etcétera. Nuestro grupo está de acuerdo en una consideración que hace el Tribunal de Cuentas en este informe que considera acertada la medida de
aplicar los parámetros que se aplicaron a través del Gobierno para la racionalización del conjunto del patrimonio inmobiliario de la Administración General del Estado también a ese conjunto de fundaciones. En ese sentido, es positivo que nos
planteemos esas cinco líneas de actuación que el tribunal apunta y que nosotros consideramos oportunas para la gestión inmobiliaria. En primer lugar, hay que determinar qué patrimonio se tiene y hacer un diagnóstico preciso de la situación. En
segundo lugar, hay que determinar qué coste tiene y si procede llevar a cabo actuaciones de negociación o de cambio de los alquileres o arrendamientos. En tercer lugar, nos parece básica la optimización en la ocupación de los espacios y determinar
cómo se tienen ese tipo de espacios. En cuarto lugar, hay que optimizar en caso de no uso; siguiendo esa tendencia al uso de lo público de los espacios públicos, hay que optimizar y desprenderse de lo inútil. Por último, en la construcción de
nuevos equipamientos hay que llevar a cabo una planificación futura adecuada. Estas son medidas que no responden a conceptos ideológicos, sino que serían bien acogidas por el ciudadano, que no entendería un derroche por la inutilidad de esos
espacios inmobiliarios.
En cuanto a aspectos más concretos de las fundaciones en sentido estricto que aquí nos ocupan, hay un eje transversal que afecta a este conjunto de fundaciones en cuanto a la problemática que se genera y que redunda en la falta de claridad y
transparencia en algunas de sus actuaciones. Aunque no son demasiado graves y, como dice el informe, incluso en alguna fundación se han acometido la mayor parte de las recomendaciones que se habían hecho con anterioridad en el informe del Tribunal
de Cuentas y en la propia Comisión, por ejemplo, hablando de la Fundación Carlos III podemos apreciar determinadas deficiencias en los pliegos y en las encomiendas de gestión que se llevan a cabo a través de la sociedad Tracsa. Tanto en esta
fundación como en otras -y el tribunal creo que también puede estar de acuerdo con esta valoración- influye, por un lado, la irregularidad en la gestión, pero también quizá la falta de claridad y la farragosidad de la propia Ley de Contratos del
Sector Público y las dudas que se pueden generar en algún momento sobre en qué medida se deben atener este tipo de entes a esa legislación o no. Actualmente está en fase de ponencia la tramitación de esta ley y no quiero ser pesimista, pero,
aunque creo que esa sería la propuesta del Tribunal de Cuentas, creo que va a ser difícil que lleguemos a un texto más claro y más conciso, porque vamos a seguir con unos niveles de complejidad y farragosidad que no van a facilitar la tarea
de este tipo de entes. Por ejemplo, en la Fundación Thyssen-Bornemisza también hay temas sobre los que se ha manifestado el tribunal como salvedades positivas, pero hay otros que preocupan como la falta de transparencia en la gestión de los
recursos públicos. En las alegaciones se dice que los pliegos de la Fundación Thyssen-Bornemisza no son muy concretos y el precio no se ha seguido al cien por cien porque se ha tenido en cuenta...
El señor PRESIDENTE: Señor Galeano, tiene usted que ir acabando.
El señor GALEANO GRACIA: Voy acabando ya.
Simplemente añado que las alegaciones de la Fundación Thyssen-Bornemisza se refieren a tener en cuenta criterios de calidad en la adjudicación o criterios de servicios intelectuales, como también los estamos teniendo en cuenta en la
redacción de esta nueva ley. En ese sentido, esas alegaciones vienen a profundizar en una tendencia que debemos adoptar en este país no solo en las fundaciones, sino en el conjunto del sector público. No es que ahora tengamos que tener en cuenta
solo la calidad y nada el precio, pero hay una tendencia hacia un cierto equilibrio entre ambos factores.
En la Fundación Biodiversidad, como ha comentado antes un compañero anteriormente, los modificados de obra o de proyectos son una problemática común a otro tipo de administraciones que aquí también han tenido cabida.
Gracias, señor presidente. Disculpe la demora.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, y para finalizar, la señora Antoñanzas tiene la palabra.
La señora ANTOÑANZAS GARRO: Muchas gracias, presidente.
La reforma del marco normativo de las fundaciones públicas tras la publicación de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, supone la modificación de aspectos sustanciales en cuanto a la justificación de la existencia de las
fundaciones públicas, su tutela, su control, sus órganos rectores, la gestión económica y la obtención de recursos. Existen veinte fundaciones cuyo proceso está culminando y que causaron baja en el inventario de entes del sector público estatal
entre los años 2011 y 2015. De ellas, ocho fueron extinguidas, seis se fusionaron, una se integró con otro organismo y cinco dejaron de pertenecer al sector público. Dada la complejidad del proceso de racionalización y su falta de homogeneidad, no
se puede determinar de modo global el importe económico de las diferentes actuaciones llevadas a cabo en el proceso de reestructuración de las fundaciones del sector público estatal, aunque el Tribunal de Cuentas reconoce que durante el primer año
de aplicación del acuerdo de reestructuración del sector público se cumplió el objetivo de reducir el número de directivos al menos un 10 %, ya que entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012 se pasó de 98 a 86, menos de un 12 %.
La Fundación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III pertenece al sector público estatal y tiene como un objetivo importante el fomento de la investigación en relación con las enfermedades cardiovasculares, su
prevención y la promoción de avances científicos y sanitarios en dicha área. Su capital fundacional ha sido íntegramente desembolsado por el Instituto de Salud Carlos III. Las cuentas anuales reflejan una imagen fiel del patrimonio y la situación
financiera de la entidad. En el área de personal cabe destacar que la fundación ha aplicado la reducción del 5 % exigida por el Real Decretoley 8/2010, por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. En el
seguimiento de las recomendaciones del anterior informe se aprecia que han sido implementadas con la excepción de la necesidad de elaborar un marco normativo interno que regule los diferentes tipos de convenios de colaboración, conciertos o acuerdos
y los criterios para determinar la solvencia económica, financiera, técnica y profesional de los licitadores.
En cuanto a la Fundación Biodiversidad, las cuentas de los ejercicios 2013 y 2014 presentan una imagen fiel de su situación financiera y patrimonial sobre la base de los criterios y normas contables, sin perjuicio de que hay una salvedad en
las referidas al registro del inmovilizado de las dotaciones a la amortización y a la aplicación de las subvenciones de capital que la financian en los resultados del ejercicio que señala. La Fundación Biodiversidad cumplió con la obligación de
remitir al tribunal la relación certificada de los contratos adjudicados, conforme a lo previsto en la institución general del Tribunal de Cuentas respecto a los expedientes de contratación que superaban las cuantías a que la propia institución
se refiere. Los expedientes de contratación analizados cumplen las previsiones contenidas en la legislación de contratos del sector público, así como las instrucciones internas de contratación. Tras la entrada en vigor de la Ley de
Transparencia, las bases reguladoras de las convocatorias de ayudas que gestiona la fundación no incorporan ninguna exigencia al definir las obligaciones de los beneficiarios de las mismas. Esta deficiencia se arregla, subsanándose en la
convocatoria de ayudas publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de marzo de 2016. Los procedimientos de selección de personal se adecuan a lo dispuesto en la Ley de Fundaciones y en la normativa interna con respecto al cumplimiento de los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Sin perjuicio de ello, el procedimiento de selección aplicado carecía de algunos requisitos mínimos de igualdad. No obstante, el 12 de junio de 2015, la dirección de la fundación dispuso
dejar sin efecto el proceso vigente hasta entonces para la cobertura de interinidades y resolvió que desde ese momento las convocatorias de las plazas se hicieran de manera externa, mediante la publicación en la web.
La resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del 16 de octubre de 2007 acordó instar al Gobierno diferentes medidas, de las cuales se ha cumplido, por ejemplo, la introducción de la metodología aplicada,
datos esencialmente cuantitativos que miran la eficacia de los programas que la fundación desarrolla, lo que ha supuesto una mejora respecto a la situación anterior. La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza tiene un resultado de fiscalización
positivo, aunque recoge algunas irregularidades relativas a los pagos de determinados complementos salariales abonados durante el ejercicio 2013. También se destacan los cumplimientos de la recomendación de introducir un procedimiento formal para
la regulación de los saldos de museos firmantes del convenio Abono Paseo del Arte y el procedimiento para el reparto de ingresos. La fundación sí ha cumplido con lo recomendado en relación con la tramitación del acceso al museo, así como con la
aprobación de tarifas y las medidas de control de tarifas aplicantes a la gestión de los espacios.
En la gestión de patrimonio inmobiliario por las fundaciones hay que destacar que doce fundaciones no registraron adecuadamente en sus cuentas anuales los derechos de uso de catorce de sus inmuebles y que otras once presentaban registros
contables inadecuados. Tras esa fiscalización, el Tribunal de Cuentas formula una serie de recomendaciones. Una, con carácter general, que se dirige a la mejora de la gestión de inmuebles utilizados en su actividad por las fundaciones del sector
público estatal, y otras dos referidas a la Fundación Biodiversidad y a la Fundación Centro Nacional del Vidrio con objeto de que se adopten determinadas actuaciones para optimizar la gestión que llevan a cabo. Esperemos que todas estas
recomendaciones sean adoptadas para un mejor funcionamiento de todos.
Me gustaría aclarar, ya que se ha hecho referencia al tema del Tribunal Constitucional, que respetamos y acatamos la sentencia del Tribunal Constitucional, pero que declara únicamente la nulidad del proceso legislativo utilizado para aprobar
la declaración tributaria especial, porque entiende que la materia que se regula no debe aprobarse por decreto-ley. El Tribunal Constitucional no cuestiona la legitimidad de la regularización y esto no permite en ningún caso el encubrimiento de
rentas procedentes de actividades ilícitas debido a blanqueo. Los bienes y derechos que resultan de una actividad ilícita nunca se pueden regularizar fiscalmente y ninguna declaración tributaria puede salvar las responsabilidades que pudieran
derivarse judicialmente por el declarante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para finalizar, el señor presidente del Tribunal de Cuentas tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Se solicita del tribunal una revisión de modo global de la gestión realizada en este proceso de reestructuración de fundaciones y se dice que el tribunal ha dado la espalda al objetivo planteado inicialmente por no producir una declaración
en ese sentido. El informe está lleno de declaraciones y de conclusiones, lo que ocurre es que la complejidad del proceso de reestructuración mediante sucesivos acuerdos y de las medidas pendientes de ejecutar han hecho imposible cuantificar en
muchas ocasiones el posible ahorro. En la medida en que se ha podido realizar, se ha realizado. Por otra parte, eso sirve como apoyatura para venir a decir que medidas de este tipo podrían ser sustitutivas de otras, lo cual me parece
contradictorio con que hayamos dado la espalda a una valoración de carácter global.
Se plantea también que debería fiscalizarse el programa CORA, y estoy absolutamente de acuerdo. La iniciativa para producir una fiscalización de ese tipo puede surgir perfectamente de la Comisión Mixta.
La fiscalización del programa CORA implica la fiscalización de procesos de reestructuración de esta naturaleza en el conjunto de administraciones a las que el propio programa se dirigía. En este sentido, llama la atención que sea tan
crítica la gestión de este programa. El tribunal ha presentado un conjunto importante de críticas en su ejecución, pero me parece muy importante señalar que cuando hemos visto antes el sector público local y analizamos que en la reducción de entes
dependientes se había producido 55 reducciones sobre 2369 entidades dependientes, me parece que no guardan proporción esas valoraciones de fracaso absoluto y de falta de resultados en este tipo de reestructuración acometida en las fundaciones. Y
ello sin que quede en cuestión ninguna de las críticas, que son muchas, que los informes del tribunal recogen sobre este proceso que afecta a las fundaciones.
Me plantean también por qué no se ha cumplido la existencia de una unidad de control de calidad que se deriva del Informe entre Pares. Que no exista una unidad de control de calidad no quiere decir que no existan procedimientos ni sistemas
de control de calidad. El propio sistema de aprobación de los informes es en sí un sistema de control de calidad, porque tenga usted en cuenta que hay un ponente y, en este caso, doce consejeros que efectúan observaciones y que analizan el
contenido del informe detalladamente para dar su opinión respecto al contenido de esas conclusiones. En todo caso, el establecimiento de un control de calidad desde el punto de vista de unidad se está planteando mediante la aprobación del plan
estratégico del Tribunal de Cuentas, que está en una fase muy avanzada de aprobación. Lo que sí le quiero decir es que el Informe entre Pares dijo que los informes son adecuados, que tienen evidencia de auditoría suficiente y apropiada. Por tanto,
no situemos esta falta de la unidad de control de calidad como un elemento que deja fuera de sentido lo que ya dijo el Informe de control de Pares. Para el Informe de control de Pares se solicitó los papeles de trabajo de múltiples fiscalizaciones
y fueron revisados minuciosamente por los equipos revisores; y cuando dicen que son adecuados y que contienen evidencia de auditoría suficiente y apropiada yo creo que eso es un pronunciamiento profesional de una extraordinaria magnitud. También,
respecto a la petición de que exista un breve informe, como en su momento se planteó en la Revisión entre Pares, he de decirle -esto es una cuestión que en el punto anterior no contesté, y lo lamento- que con la aprobación de todos los informes
también se presenta una breve nota explicativa de estos informes, con lo cual se pretende hacer esa labor pedagógica que permita el conocimiento de las principales conclusiones de un informe, sin que quede, por otra parte, oscurecido el contenido
del mismo. Me piden mayores valoraciones sobre este proceso. Lo lamento, pero el informe contiene las valoraciones que contiene y yo no puedo hacer sobre el propio informe valoraciones adicionales. Creo que las valoraciones son múltiples, lo que
pasa es que siempre se está intentando efectuar determinadas cuestiones, y el tribunal ha llegado hasta donde ha llegado.
En relación con la Fundación Biodiversidad, hay que indicar que las cuentas incluyen el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, la información presupuestaria que debe figurar en la memoria, que también se analiza pero no a efectos de
emitir la opinión.
En cuanto al caso de sobrevaloración de la Fundación Carlos III, hay que indicar que los equipos no habían entrado en la fundación al cierre del ejercicio, y el defecto de amortización se debe al doble efecto de este hecho y a la
amortización en diez años, en lugar de cinco, que hubiera sido lo correcto, como aquí se ha señalado.
En relación con la responsabilidad contable o responsabilidad penal que se pudiera derivar de estos informes -cuestión que me han preguntado también-, hay peticiones de responsabilidad distinta de la contable en la Fundación Colección
Thyssen-Bornemisza aplicables a ascensos, promociones y gratificaciones extraordinarias, es decir, en el ámbito de la gestión de personal. No tengo más cuestiones que añadir.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
BLOQUE V: ELECTORAL AUTONÓMICO
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000106 y número de expediente del Senado 771/000105).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CANTABRIA DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000107 y número de expediente del Senado 771/000107).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000108 y número de expediente del Senado 771/000106).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LA RIOJA DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000109 y número de expediente del Senado 771/000108).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000113 y número de expediente del Senado 771/000113).
El señor PRESIDENTE: Para finalizar, se va a proceder a exponer el último bloque de este orden del día, que corresponde a los informes de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a la Asamblea de Extremadura en el ejercicio
2015; informe de fiscalización de contabilidades de elecciones al Parlamento de Cantabria de 2015; las mismas elecciones pero a la Asamblea Regional de Murcia del año 2015; informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al
Parlamento de La Rioja de 2015, e informe relativo a las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha del ejercicio 2015. De nuevo, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
El tribunal ha elaborado los informes de las elecciones autonómicas de 24 de mayo de 2015, correspondiente a las asambleas regionales de las comunidades autónomas de Extremadura, Cantabria, Murcia, La Rioja y Castilla-La Mancha, aprobados el
25 de diciembre de 2015.
Todas las formaciones políticas presentaron al Tribunal de Cuentas su contabilidad electoral, cumpliendo en plazo con dicha obligación. Para las formaciones que también concurrieron a las elecciones locales, el cálculo del límite conjunto
de gastos electorales se ha determinado en el informe relativo a dicho proceso electoral.
Por lo que respecta a las elecciones a la Asamblea de Extremadura, el gasto por operaciones ordinarias declarado por la totalidad de formaciones concurrentes a este proceso ha ascendido a un importe conjunto de 967 626 euros. No obstante,
una vez realizados los ajustes derivados de los gastos irregulares observados, el gasto considerado justificado es de 966 293 euros. Se recogen en el informe algunas deficiencias observadas respecto del cumplimiento de las restricciones legales en
materia de ingresos y gastos electorales, en particular un exceso en la estimación de intereses financieros, conceptos que no tienen la consideración de gastos electorales, y de un pago de una formación -la de Ganemos Extremadura Izquierda Unida-Los
Verdes-, realizado desde una cuenta no electoral. Además, dos proveedores han incumplido la obligación de informar al Tribunal de Cuentas por importe de 138 522 euros.
Por lo que se refiere a las elecciones al Parlamento de Cantabria, el gasto por operaciones ordinarias declarado por la totalidad de formaciones concurrentes ha ascendido a un importe conjunto de 558 170 euros. No obstante, una vez
realizados los ajustes derivados de los gastos irregulares observados, el total considerado justificado por el Tribunal de Cuentas es de 557 584 euros. En el informe se incluyen algunas deficiencias detectadas en relación con el cumplimiento de las
restricciones legales en materia de ingresos y gastos electorales, en concreto un exceso en el cálculo de la estimación de los intereses financieros y pagos realizados por dos formaciones -Partido Regionalista de Cantabria y Partido Socialista
Obrero Español- fuera del plazo máximo de noventa días. Un proveedor incumplió la obligación de remitir la información al Tribunal de Cuentas por importe de 49 262 euros.
En cuanto a las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia, el gasto por operaciones ordinarias declarado por la totalidad de formaciones concurrentes ha ascendido a un importe conjunto de 703 776 euros. No obstante, una vez realizados los
ajustes derivados de los gastos irregulares observados y de la reclasificación de gastos, y efectuando el incremento del gasto por envíos electorales justificados no cubiertos por la subvención específica, el gasto considerado justificado es de 758
370 euros. El gasto
declarado conjunto para la realización de la actividad de envío de propaganda electoral suma 391 770 euros. No obstante, una vez minorado el importe de los gastos no cubiertos por la subvención específica, resulta un importe considerado
justificado con derecho a subvención de 335 129 euros. Como deficiencia advertida respecto al cumplimiento de las restricciones legales en materia de ingresos y gastos electorales, una formación -Partido Socialista Obrero Español- presenta un
exceso en el cálculo de la estimación de intereses financieros. Se han observado grandes variaciones entre los costes unitarios de los envíos de sobres y papeletas por las distintas formaciones. Se advierte de la existencia de un proveedor que no
ha informado al Tribunal de Cuentas por importe de 10 600 euros.
Por lo que se refiere a las elecciones al Parlamento de La Rioja, el gasto por operaciones ordinarias declarado ha ascendido a un importe conjunto de 406 230 euros. No obstante, una vez realizados los ajustes derivados de los gastos
irregulares observados y efectuado el incremento del gasto por envíos electorales justificados no cubiertos por la subvención específica, el total considerado justificado por el Tribunal de Cuentas es de 383 125 euros. El gasto declarado conjunto
para la actividad del envío de propaganda electoral se eleva a 105 933 euros, si bien, una vez minorado el importe de los gastos no cubiertos por la subvención, el total justificado con derecho a subvención es de 97 097 euros. Se recogen en el
informe algunas deficiencias observadas respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de ingresos y gastos electorales, en particular determinados gastos de una formación -el Partido Riojano- cuyos conceptos no tienen la
consideración de gasto electoral, y pagos realizados por otra -Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía- fuera del plazo máximo. No hay proveedores que incumplieran su obligación de información.
En cuanto a las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha, el gasto por operaciones ordinarias declarado por un total de formaciones concurrentes ha ascendido a 980 818 euros. El considerado justificado es de 1 003 799 euros. El gasto
declarado conjunto para el envío de propaganda electoral suma 494 080 euros, y el gasto justificado con derecho a subvención, 471 100. Como deficiencia respecto al cumplimiento de las restricciones legales en materia de ingresos y gastos
electorales, hay gastos realizados por una formación política -Podemos- fuera del periodo electoral. También se recogen en el informe tres proveedores que no han informado al Tribunal de Cuentas por importe de 311 930 euros.
Finalmente, en todos los procesos autonómicos fiscalizados se constata que ninguna formación política ha superado los límites de gastos electorales, y respecto a las propuestas del tribunal, relativas a las subvenciones electorales, no
procede efectuar propuesta alguna de no adjudicación o de reducción de la subvención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pues bien, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez de nuevo.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente, y gracias de nuevo al presidente del Tribunal de Cuentas.
Como es de justicia, quiero decir claramente que le tengo que dar la enhorabuena porque este informe es muestra de una fiscalización realizada a tiempo. Aunque es verdad que, debido al año de interinidad que hemos tenido, su presentación se
produce dos años después de las elecciones, el Tribunal de Cuentas aprobó el informe en enero de 2016 cuando se estaba fiscalizando la contabilidad de las elecciones del 24 de mayo de 2015, por tanto, vaya por delante mi enhorabuena.
La legislación autonómica establece la cantidad de los gastos electorales subvencionables en cada una de las comunidades autónomas y, de los cinco procesos electorales que están contemplados y fiscalizados en este informe, todas las
formaciones políticas que debían presentar la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas lo realizaron sin superar los límites de gasto específico, lo cual conlleva lógicamente una propuesta por parte del tribunal de no adjudicación o reducción
de las subvenciones, tal y como contempla el artículo 134.2 de la Loreg.
Tampoco voy a entrar en el detalle, como decía antes la portavoz socialista no es momento de ponernos quisquillosos sobre quién cumple más o quién no cumple, pero como nos ha comentado la diferencia entre partidos nuevos y partidos viejos,
quiero decirle que según la tabla de cumplimiento de la hoja resumen del Tribunal de Cuentas en este informe de fiscalización, Ciudadanos se ajusta totalmente a la normativa y no hay ni una sola observación de irregularidad; por tanto, debería
referirse a otros partidos nuevos. En cambio, podemos decir que hay partidos viejos -yo prefiero decir partidos más antiguos- que sí presentan observaciones e irregularidades.
Las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se repiten. De hecho, este informe y el primero que hemos debatido en el día de hoy tienen recomendaciones muy parecidas. Voy a centrarme solo en las principales. Estamos totalmente de acuerdo
con adecuar los límites de gasto en publicidad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. No tiene hoy sentido que se haga un gasto superfluo en publicidad cuando hay otra serie de medios que son totalmente gratuitos, como puede
ser Internet en sus diferentes formas. Igualmente el tribunal -yo creo que este Congreso debe revisarlo- pone el foco sobre el gasto en publicidad institucional y de entes públicos precisamente en los periodos preelectorales. Habla concretamente
de la publicidad del Metro de Madrid, que pasó de 439 000 euros en 2013 a más de 2,5 millones de euros en el año 2014, y a nivel nacional el Gobierno aprobó 41 millones para campañas institucionales precisamente en 2014 junto con otros 106 millones
destinados a otras cuarenta y cuatro campañas en el conjunto de los organismos públicos. Creo que esto deberíamos revisarlo para que no pareciese que se está haciendo un gasto superfluo exclusivamente por motivos electorales.
También creemos -lo hemos dicho en el informe anterior- que hay que regular la financiación privada a través de los microcréditos y las famosas plataformas colectivas de financiación, el crowdfunding. Creemos que estas fórmulas, aunque el
presidente ha dicho antes que le parece que son antiguos usos con pieles nuevas, deben estar reguladas, y nos parece que así evitaremos esa opacidad que muestran.
Por último, coincidimos con el tribunal en que subvencionar a los partidos en el envío de sobres y papeletas es un gasto sin sentido. Es sorprendente cuando uno lee el informe y ve estas conclusiones. Antes he oído al presidente decir que
hay otro tipo de consideraciones, lo que comparto totalmente con usted. No solo son las consideraciones económicas, hay que ver también consideraciones políticas y cada una de las decisiones que tomen los partidos, pero es verdad que hay una
conclusión en este informe en esa dirección, y es que nos parece un gasto sin sentido, ya que las papeletas electorales van a estar disponibles en las mesas y colegios electorales cumpliendo además con su obligación legal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra de nuevo el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Me sumo a la felicitación por la prontitud con la que fue elaborado este informe por parte del Tribunal de Cuentas. Creo que esos plazos cortos son los que se deberían lograr en todos los informes y se agradece.
Voy a ser muy sintético porque, como comentaba el portavoz de Ciudadanos anteriormente, se reproducen gran parte de las observaciones del Tribunal de Cuentas, así como las recomendaciones sobre los informes de fiscalización de las elecciones
autonómicas. Esto es así porque las leyes electorales autonómicas están basadas en la Loreg y prácticamente son una réplica de ella. Es lógico que se repliquen por las mismas cuestiones. Por eso creemos que hay que practicar una reforma a nivel
de la Loreg para que luego en cascada se vaya replicando a nivel autonómico, precisamente para recoger algunas de las cuestiones que señala el Tribunal de Cuentas en su informe, como el exceso en el coste del mailing en muchos casos, mailings que
triplican otros envíos de propaganda electoral en la misma campaña. Creemos que eso tiene que estar regulado y tener una limitación mucho más estricta para evitar que se dilapiden recursos públicos. En la anterior intervención sobre fiscalización
de las elecciones generales se planteaba la duda de si es que algunos partidos no querríamos que llegara publicidad o papeletas a casa. En absoluto. Lo que queremos es que haya igualdad de oportunidades y que lleguen todas las papeletas por igual.
Por eso planteábamos un mail único que pudiera ser financiado por el propio Estado o por el conjunto de partidos, que creemos que es una solución mucho más eficiente y que hacia ello deberíamos avanzar.
En el informe se señalan otras cuestiones que son reiterativas en todos los informes de fiscalización, como las empresas que no remiten la información que se solicita por parte del Tribunal de Cuentas. Esta es una cuestión que creo que
deberíamos resolver porque se repite en casi todos los informes.
Por último, la cuestión relativa a los microcréditos. Como ya expliqué antes, son una herramienta de financiación que se ajusta perfectamente de hecho, están diseñados para ajustarse a la legislación vigente. Nosotros estamos de acuerdo
con que se avance en una regulación que mencione específicamente estas herramientas, como el crowdfunding y los microcréditos, pero tal como se utilizan ahora mismo se ajustan perfectamente a la legalidad. De ahí que no haya ningún cuestionamiento
al
respecto en los informes del Tribunal de Cuentas. De hecho, nosotros remitimos todos los datos relativos tanto a las donaciones como a los préstamos -los microcréditos son básicamente préstamos de particulares-, en total 25 396 entre las
elecciones autonómicas y generales, de una media de 243 euros, al Tribunal de Cuentas para que comprobara la proveniencia de esos fondos, como tiene que ser y como es debido. Se trataba todo de gente corriente. Desde luego no encontrarían por ahí
a Florentino Pérez ni a Villar Mir ni a García Pozuelo, no los encontrarán en los microcréditos de Podemos, quizás sí en la financiación del Partido Popular. Por tanto, no hay ningún tipo de opacidad en estas herramientas de financiación, todo lo
contrario. Creemos que estaría bien que en la próxima reforma de la Ley de Financiación, o incluso en la Loreg, se hiciera mención específica a estas herramientas, pero para reconocer su existencia, que por cierto ha sido avalada a nivel
internacional por instituciones como la OSCE, la OCDE o IDEA, que nos han llamado precisamente para que explicáramos las herramientas innovadoras de financiación, y creo que somos un ejemplo en ese sentido, así como de transparencia a nivel
internacional. Por tanto, en lugar de venir aquí a intentar rascar y encontrar cuestiones opacas donde no las hay en absoluto, deberían aprender un poco más de los nuevos partidos que buscan herramientas de financiación que son contrarias y ajenas
a las que ustedes vienen practicando o presuntamente venían practicando durante los últimos veinte años.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Como se ha dicho, las cuestiones que se ponen sobre la mesa en este expediente son las mismas prácticamente de las del primer expediente de las elecciones generales de 2015, las dos convocatorias electorales. Por una parte, la necesidad de
abundar y exigir mayor colaboración por parte de los proveedores. Una segunda sería una mayor definición en cuanto al propio concepto de gasto asumible por parte de los partidos políticos y que sean gastos más definidos y por tanto más concretos.
En tercer lugar, los gastos de envío de documentación electoral.
Yo creo que la primera de ellas es la más importante, y voy a decir por qué, la necesidad de que colaboren los proveedores. Aquí se pone de manifiesto curiosamente que los colaboradores que no han aportado la información suficiente son de
un partido regionalista cántabro y del Partido Popular. Son los dos partidos en los que en estas convocatorias electorales parece ser que los proveedores no han sido lo suficientemente colaboradores con el Tribunal de Cuentas. Yo creo que es muy
importante porque lo que estamos viendo, los escándalos de financiación ilegal que están ocurriendo en este país, va muy unido a la opacidad de los proveedores de los actos que se celebran en las campañas electorales. El presidente del tribunal ha
apuntado un sistema de control que podría ser una colaboración del Ministerio de Hacienda y cruzar la información que aporta el partido correspondiente con los datos que tiene Hacienda del respectivo proveedor. Yo creo que no sería suficiente,
sería claramente insuficiente, y a los hechos me remito. Con el control de las facturas del proveedor que colabora con un partido político y que está ocultando la aportación dineraria o en especie a unas elecciones generales no quedaría
suficientemente fiscalizado. Creo que probablemente haya que abundar aún más en el control efectivo de esas aportaciones mediante un sistema que estaría por definir, pero ese control debería ser más exhaustivo y más extensible a lo que puedan ser
servicios prestados y no exclusivamente facturas emitidas. Las facturas emitidas son fácilmente conciliables. La cuestión es si esas facturas corresponden realmente a los servicios prestados. Insisto, la financiación ilegal en este momento está
el Partido Popular imputado por financiación ilegal obedece a proveedores que han prestado servicios y de los que por muchas facturas que hayan presentado los servicios han superado con creces las facturas emitidas, y puede que estén hasta
conciliadas, partido político con proveedor. Este es el tema fundamental, en el que se está viendo la punta del iceberg porque en él estriba el meollo de la financiación ilegal de algún partido político. No voy a abundar al respecto.
En segundo lugar, los gastos de envío. Somos totalmente partidarios de ellos. Al igual que le decía antes al señor Ten que pisase un poco la calle y la realidad en relación con el papel que juegan las diputaciones provinciales, también les
voy a decir a Ciudadanos que no sé en su pueblo o ciudad, pero a mí me siguen requiriendo, como candidato, el voto en su casa, me lo siguen pidiendo. Me dicen: Oye, Antonio, no me ha llegado el voto. Y yo me he interesado en mi partido político
preguntando: ¿Cuándo va a llegar el voto por correo? Es una demanda ciudadana y lo es porque le da la garantía al elector ya que
él puede considerar -yo no, a mí me da exactamente igual- que prefiere llevar su voto desde casa en el bolsillo, sacarlo y entregárselo al presidente de la mesa. Eso es parte de ese derecho que tiene la ciudadanía porque es una demanda
ciudadana, no es de los partidos políticos. Los partidos políticos lo requerimos porque los ciudadanos nos lo requieren, no por otra cosa. Por tanto, es un asunto que vamos a seguir defendiendo, que es un gasto electoral necesario y que, por
tanto, debe ser sufragado como tal gasto electoral.
En tercer lugar, la definición y la concreción del tipo de gasto que tiene que asumir un partido político en una campaña electoral. Estamos totalmente de acuerdo, es inconcreto, es excesivamente generalista. Esa concreción nos va a
beneficiar a todos; por una parte, a los partidos políticos y, por otra parte, a quien controla la gestión de los gastos electorales, que en este caso es el Tribunal de Cuentas. Por tanto, somos partidarios también de abundar en la concreción y la
especificidad de esa naturaleza de los gastos electorales de los partidos políticos.
Para concluir, presidente, quiero hacerle una pregunta porque es una duda que tengo que me gustaría que me aclarase y no quiero desaprovechar este momento. Respecto de las cuentas restringidas de recaudación que actualmente se tienen para
las campañas electorales y que se utilizan mucho para el crowdfunding -que no es nada nuevo, simplemente la palabra es nueva, esto ha existido toda la vida, siempre ha habido aportaciones de empresas y personas para colaborar en una campaña
electoral, lo que pasa es que ahora se le llama crowdfunding y parece que hayamos inventado la pólvora, pero no se ha inventado nada, ha existido toda la vida- se exige, o por lo menos se nos está exigiendo, que los ingresos sean a través de
transferencias bancarias, cuando realmente no se están permitiendo los ingresos directos en esas cuentas de recaudación. Me gustaría conocer su opinión al respecto y si es un exceso de prudencia el que se está aplicando por parte de los partidos
políticos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
Para finalizar, tiene la palabra el señor Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.
En este caso, además de agradecerle al presidente del Tribunal de Cuentas y al propio tribunal su labor y felicitarles por ella, lo que procede en esta ocasión es que nos felicitemos todos por el resultado de la labor fiscalizadora, porque
esta vez el contenido de los informes pone de manifiesto, en términos generales, la buena salud de la que gozan, desde el punto de vista contable, las elecciones autonómicas del año 2015. En un momento en el que son continuos los ecos de la
corrupción política e incluso aquí se pretende traer este mismo tema, aunque las conclusiones del Tribunal de Cuentas nos llevan a un punto bien distinto y que, por desgracia, se está extendiendo una sombra de duda generalizada sobre los partidos
políticos y, por extensión, sobre toda la clase política española, merece la pena destacar la buena noticia que supone que en esta serie de informes del Tribunal de Cuentas sobre cinco procesos electorales correspondientes a las elecciones
autonómicas de 2015 el resultado sea muy positivo. Estoy convencido de que este mismo resultado se puede extender al resto de las convocatorias electorales de los últimos años. De hecho, hoy hemos analizado las correspondientes a las dos últimas
elecciones generales. Estos informes, en términos globales, reflejan que las cuentas de estos procesos electorales a las que se refieren son correctas y prácticamente carentes de irregularidades, sin perjuicio de pequeñas deficiencias que se dejan
claras también en los informes. Creo que donde hay que poner el acento es en la corrección de las cuentas, tanto desde el punto de vista formal o de procedimiento como desde el punto de vista material o de fondo.
Las conclusiones, que resultan comunes en todos los casos, señalan que, por un lado, todas las formaciones políticas que debían presentar la contabilidad electoral ante el Tribunal de Cuentas han cumplido correctamente con dicha obligación y
que, por otro, ninguna formación política ha superado los límites de gasto específicos previstos para las elecciones. Por todo ello, la principal conclusión es la ausencia de irregularidades, que se reitera en todos los informes por parte del
Tribunal de Cuentas. En algunos casos existen algunas deficiencias que deben ser tenidas en cuenta para futuras convocatorias electorales, pero que no modifican la conclusión principal a la que llega el Tribunal de Cuentas en todos los casos, que
es la ausencia de irregularidades. Por todo ello, cabe resaltar el balance claramente positivo que se desprende de los informes. Sin embargo, pese al contenido de los mismos, aquí los distintos grupos políticos parece que son incapaces de eludir
esa tendencia de poner de manifiesto las posibles irregularidades de los otros grupos respecto al suyo, cuando esas deficiencias se reparten por
igual. Podría decir que en el Partido Popular de Cantabria no hay ni la más mínima incidencia y, sin embargo, podría señalar las incidencias del Partido Socialista o del Partido Regionalista, pero la conclusión global es que son cuentas en
las que no se aprecian irregularidades importantes. Por eso creo que esta es una noticia por la que deberíamos felicitarnos todos.
Como las conclusiones a las que llegan los informes son, en términos generales, satisfactorias, lo que tiene una especial relevancia son las recomendaciones que formula el tribunal de mejorar en el futuro en esta materia. De todas las
recomendaciones que formula el tribunal, alguna ya se ha puesto aquí de manifiesto y algunas las compartimos -y que, además, son comunes a los cinco informes- como es que pide que se valore la oportunidad de, en primer lugar, promover el desarrollo
normativo pertinente con el objeto de precisar los conceptos y la imputación y la justificación de los gastos electorales. Usted, señor presidente, ya explicó aquí el alcance de esta propuesta. También se pide que se adecuen los gastos en
publicidad exterior y en la prensa periódica y en las emisiones de radio de titularidad pública a los nuevos soportes de publicidad existentes como consecuencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la publicidad en prensa
digital y los anuncios y otros usos en Internet. Asimismo, y ya se ha hecho reiteradamente referencia a ello, regular las nuevas formas de obtención de financiación privada a través de operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos y
mediante figuras de naturaleza análoga como la que se hace a través de plataformas de financiación colectiva. Son fórmulas que sí merecen una especial atención porque no están expresamente contempladas ni en la legislación de financiación de
partidos políticos ni en el ámbito de la actividad electoral. En mi opinión, sí sería necesario subsanar el vacío legal existente en esta materia.
Sin embargo, hay cuestiones que nos suscitan más dudas como la recomendación que formula el tribunal respecto a evaluar la conveniencia de seguir manteniendo la subvención específica para financiar los envíos directos y personales a los
electores de sobres y papeletas o propaganda electoral, que la práctica ha rebelado como un medio muy útil para favorecer el derecho de sufragio. El Tribunal de Cuentas propone evaluar la conveniencia de esta subvención, considerando que ya está
garantizada la disponibilidad de los sobres y papeletas para la votación en las mesas electorales y teniendo en cuenta el actual desarrollo de los medios y tecnologías de la información, lo que permitiría reducir los fondos públicos destinados a su
financiación. Esta cuestión merece una especial reflexión porque en este tema, junto al interés en reducir los gastos destinados a financiar esta actividad, hay que tener en cuenta también lo que significa facilitar la votación a los votantes,
mediante envíos directos y personales de los sobres y las papeletas electorales. No hay que perder de vista que en la práctica estos envíos facilitan la participación en las elecciones de determinados colectivos como personas mayores, personas con
dificultades de movilidad o incluso aquellos que votan por primera vez y, por tanto, resulta tremendamente útil. Yo creo que cualquiera que haya participado en una campaña electoral sabe perfectamente que son muchas las personas que aprecian y
valoran el hecho de poder contar con las papeletas con anterioridad al día de la votación y saben también que, por mucha disponibilidad de sobres y papeletas que haya en las mesas electorales y por mucha tecnología de la información que exista en la
actualidad, son multitud las personas que reclaman de forma previa la entrega de sobres y papeletas para facilitar su participación en los procesos electorales. Esta es una realidad que no se debe obviar y por eso el envío de sobres y papeletas es
una demanda que se debe seguir atendiendo. En cualquier caso, bueno es que en esta materia, y a la vista del contenido de estos informes, despierten más preocupación las propias recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas que las
irregularidades que puedan existir en una actividad tan importante para nuestra democracia como son las elecciones autonómicas de 2015, y eso gracias a la práctica ausencia de irregularidades en estos procesos electorales que se ponen de manifiesto
en los cinco informes.
A algunos partidos, y se ha visto en las intervenciones, siempre les preocupa la financiación de los demás partidos, siempre les generan algunas dudas cuestiones que afectan a la financiación de los demás. Podemos hacía referencia a quién
podía financiar al Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Termino, señor presidente.
También, incluso, señalaba en su intervención anterior que le preocupaba que se financiasen a través de bancos por la dependencia que eso podría suponer. Nosotros entendemos que no hay ningún tipo de dependencia cuando de lo que se trata es
de devolver los créditos o financiarlos. A nosotros sí nos preocupan más algunas cuestiones relativas a la financiación de los partidos como puede ser la
financiación, menos transparente al final, a veces de países extranjeros, que también financian de una forma un poco más oculta. (Rumores.-Risas). Ya se verá la cuestión. Eso nos preocupa bastante más. (Rumores). Y sobre todo, en este
caso, cuando aquí hablamos de dependencia, también nos suscitan algunas dudas porque a nosotros también nos cuesta pensar que no hay ninguna dependencia en estos casos cuando resulta que desde Podemos nos están planteando como modelo para instalar
en el sur de Europa algunos regímenes que desde luego no se caracterizan por sus éxitos ni económicos ni sociales. (Rumores.-Risas.-Aplausos). Y también nos llama poderosamente la atención que en Podemos exista una especie de resistencia
invencible a criticar y a cuestionar un régimen como es el régimen venezolano y no apoyar la defensa de los derechos humanos.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, tiene que ir acabando ya.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Ya termino, presidente. (Rumores).
Simplemente creo que algunos hoy se empeñan en desprestigiar continuamente nuestras instituciones y por eso, frente a ello, es bueno lanzar el mensaje de que algo tan importante como los procesos electorales y su régimen contable goza en la
actualidad de una buena salud y por eso, como decía al principio, creo que podemos y debemos felicitarnos todos. (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Para finalizar, tiene la palabra de nuevo el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muy brevemente, presidente, también para felicitarme de que lo polémico de la presentación de este informe sean las recomendaciones formuladas por el tribunal y no los
resultados porque coincido en que eso es indicativo de que las elecciones han discurrido en un buen proceso. (Rumores).
Para aclarar muy pocas cuestiones pero muy puntuales, es cierto que en la valoración inicial en el informe primero, de elecciones generales, cuando hablé de las fórmulas para evaluar los envíos de propaganda electoral, indiqué que, además de
los criterios de eficiencia, podrían valorarse otros criterios. Admití como posibilidad, y al hacerlo... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un poquito de silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): ... lógicamente me aparté de lo que era el contenido estricto del informe, que únicamente valora los criterios de eficiencia.
Por otra parte, en los otros criterios el tribunal no es competente para entrar, lo que pretendía señalar es que en muchas ocasiones tienen ustedes que tomar nuestros informes en el sentido en el que son formulados, que es en el terreno
económico-financiero y bajo criterios de eficiencia y economía, pero hay -y eso es indudable- variables políticas que ustedes son los que tienen que determinar para considerar si estos envíos son adecuados o podrían realizarse de otra manera. Y
también coincido con la apreciación generalizada que se ha hecho de que es necesario -porque además así lo ha dicho el tribunal- una mayor definición de los gastos que son o pueden ser susceptibles de financiación. Me remito a mi primera
intervención. La aclaración de estos conceptos permitirá mayor transparencia y también mayor seguridad jurídica para la vida de los partidos políticos.
Respecto de las fórmulas de financiación, las aportaciones mediante plataforma de financiación colectiva o crowdfunding ya están recogidas en la Ley orgánica de financiación tras su reforma de 2015, no así los microcréditos, por lo que hemos
recomendado que se efectúe una regulación detallada de estas figuras con arreglo al régimen general de financiación. Lo que se pide es que queden acreditados todos los elementos de las aportaciones, la identificación del donante, que sea persona
física. El tribunal plantea una reforma para que todas las donaciones realizadas en periodo electoral se consideren efectuadas para financiar el proceso electoral y, por lo tanto, con los requisitos de la Loreg. En particular -y esto es
importante-, que todos los ingresos y pagos se realicen a través de las cuentas corrientes electorales, cuestión que en los informes se ha visto que no siempre se produce; y que permite además tener la seguridad de que estamos ante operaciones
transparentes en las que no se confunde lo que es la financiación de múltiples personas con eventuales operaciones de carácter diferente. Y con eso termino, presidente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a interrumpir por unos minutos la sesión para despedir al señor Álvarez de Miranda, no sin antes agradecerle de nuevo el esfuerzo que ha hecho hoy, la capacidad de síntesis y, sobre todo, la capacidad de dar respuesta a las cuestiones
que han planteado sus señorías. Se interrumpe unos minutos la sesión. (Pausa).
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
BLOQUE I:
- INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000045 y número de expediente del Senado 771/000046).
El señor PRESIDENTE: Señorías, estoy convencido de que este procedimiento saldrá estupendamente bien, así que vamos a proceder a la votación del informe global del sector público autonómico, ejercicios 2010 y 2011. Propuesta de resolución
número 1 presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 26; en contra, 1; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A la vista de que ha habido algún problema en la Mesa, vamos a proceder a repetir la votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 2 a 4 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 5 a 7 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 8 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000091 y número de expediente del Senado 771/000092).
El señor PRESIDENTE: Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2012. Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 2 y 3 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 4 y 5 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000152 y número de expediente del Senado 771/000152).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al informe global del sector público autonómico, ejercicio 2013. Propuestas números 4 a 6, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 16; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Se vuelve a repetir la votación porque no se puede ponderar el voto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 30; a favor, 15; en contra, 15.
El señor HURTADO ZURERA: Señor presidente, nosotros le defendemos, pero queremos que nos aclare por qué no se puede ponderar. Me lo están preguntando y no lo entiendo.
El señor SECRETARIO (Mena Arca): Porque antes han votado diferente los del PP y, según el Reglamento, no se puede ponderar. (Rumores). Ahora han votado lo mismo y se puede ponderar.
El señor PRESIDENTE: Les ruego, por favor, silencio, porque, si no, es más complicado todo.
Ponderando el voto, gana el no. Son 283 votos en contra y 265 a favor, por lo que quedan rechazadas.
Propuesta número 7, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 8 a 11, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 12 y 13, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 14, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
BLOQUE II:
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000067 y número de expediente del Senado 771/000067).
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000129 y número de expediente del Senado 771/000128).
El señor PRESIDENTE: Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2012, e informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2013. Propuesta número 1, del Grupo
Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 2 a 5, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000188 y número de expediente del Senado 771/000184).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2014. Propuestas números 1 a 7, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 8, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 9 a 13, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
BLOQUE III:
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000058 y número de expediente del Senado 771/000061).
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000128 y número de expediente del Senado 771/000129).
El señor PRESIDENTE: Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2012, e informe de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2013.
Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas número 2 a número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000172 y número de expediente del Senado 771/000174).
El señor PRESIDENTE: Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2014.
Propuestas de resolución número 1 a número 6, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 7, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 27; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas número 8 a número 10, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
BLOQUE IV:
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000065 y número de expediente del Senado 771/000064).
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000130 y número de expediente del Senado 771/000127).
El señor PRESIDENTE: Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2012 y 2013.
Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000183 y número de expediente del Senado 771/000177).
El señor PRESIDENTE: Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2014.
Propuestas número 1 a número 3, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 4, del mismo grupo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 32; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 6, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 7, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
BLOQUE V:
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000133 y número de expediente del Senado 771/000134).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2013.
Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000178 y número de expediente del Senado 771/000176).
El señor PRESIDENTE: Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2014.
Propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, números 1 y 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 3, del mismo grupo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; en contra, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 4, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas número 6 a número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
BLOQUE VI:
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000075 y número de expediente del Senado 771/000073).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000136 y número de expediente del Senado 771/000130).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2012 y 2013.
Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 32; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000186 y número de expediente del Senado 771/000185).
El señor PRESIDENTE: Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2014.
Propuestas números 1 al 5, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 6, del mismo grupo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; en contra, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 7, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 27; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 8 a 13, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
BLOQUE VII:
- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000066 y número de expediente del Senado 771/000065).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente informe de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2012.
Propuestas números 1 a 4, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas números 5 a 7, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000125 y número de expediente del Senado 771/000124).
El señor PRESIDENTE: Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta correspondiente al ejercicio 2013.
Propuestas números 1 a 4, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas números 5 y 6, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000165 y número de expediente del Senado 771/000163).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2014.
Propuesta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 32; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 13 a 23, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 24 a 27, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas números 28 y 29, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
BLOQUE VIII:
- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000061 y número de expediente del Senado 771/000063).
El señor PRESIDENTE: Informe de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2012.
Propuestas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, número 1 y números 3 a 6, habiéndose retirado la número 2.
El señor HURTADO ZURERA: Señor presidente, la votación tiene que ser por separado porque hay posiciones de voto distintas.
El señor PRESIDENTE: En esta Mesa no consta petición de votación separada.
El señor HURTADO ZURERA: Prefiero que se voten una a una mejor.
El señor PRESIDENTE: Entonces, votamos la propuesta número 1 del informe de la Ciudad Autónoma de Melilla, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 3 -la 2 se ha retirado-, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 8; en contra, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 4, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 5 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 6 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas número 7 a número 12 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 13 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; en contra, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 14 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/0000105 y número de expediente del Senado 771/0000103).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente informe, que es el de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla del ejercicio 2013. Se votan las propuestas de una en una. Propuesta número 1 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La propuesta número 2 está retirada. Propuesta número 3 del mismo grupo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 4 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 5 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Por el voto ponderado, queda rechazada.
Pasamos a la propuesta número 7 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; en contra, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 8 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 9 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/0000166 y número de expediente del Senado 771/0000164).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último informe, que es el de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2014. Votamos las propuestas una a una. Propuesta número 1 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 3 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 4 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 5 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 6 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 7 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; en contra, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 8 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 9 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La última votación corresponde a dos propuestas con los números 10 y 11, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Muchas gracias. El próximo día acortaremos los periodos de votación.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y quince minutos de la tarde.