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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 24, de 15/03/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 24
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 5
celebrada el miércoles,
15 de marzo de 2017
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Inclusión en el orden del día ... (Página3)
Elección de vacantes. Mesa Comisión:
- Elección de la Secretaría Primera de la Comisión. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 041/000041 y número de expediente del Senado 571/000006) ... (Página3)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:
- Informe de fiscalización de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, ejercicio 2008. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000008 y número de expediente del Senado 771/000007) ...
- Informe de fiscalización de las principales actuaciones realizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en ejecución del Plan de prevención del fraude fiscal, durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012. (Número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000041) ... (Página9)
- Informe de fiscalización de los planes estratégicos de subvenciones elaborados por los ministerios del área político-administrativa del Estado. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000063 y número de expediente del
Senado 771/000059) ... (Página17)
- Informe de fiscalización de las subvenciones concedidas por el Instituto de Salud Carlos III en el ámbito de la acción estratégica en salud (AES) del Plan Nacional de I+D+I. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000071 y
número de expediente del Senado 771/000070) ... (Página21)
- Informe de fiscalización de determinadas operaciones o áreas de gestión correspondientes a órganos u organismos pertenecientes al área de la administración económica del Estado, que han sido objeto de recomendaciones del Tribunal de
Cuentas en años anteriores. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000110 y número de expediente del Senado 771/000109) ... (Página27)
- Informe de fiscalización del cumplimiento al cierre del ejercicio 2015 de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas recogidas en informes aprobados en años anteriores relativos al área de la administración económica del Estado. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000157 y número de expediente del Senado 771/000157) ... (Página27)
- Informe de fiscalización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ejercicio 2014, y del proceso de integración en ella de los organismos públicos declarados a extinguir por la Ley 3/2013, de 4 de junio. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000139 y número de expediente del Senado 771/000138) ... (Página34)
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000141 y número de
expediente del Senado 771/000144) ... (Página39)
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000159 y número de expediente del Senado 771/000148) ... (Página45)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000015 y número de expediente del Senado
771/000013) ... (Página53)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000007 y número de expediente del
Senado 771/000006) ... (Página55)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2010 por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000049 y número de expediente del Senado 771/000050) ... (Página56)
- Informe de fiscalización de los contratos de servicios celebrados durante los ejercicios 2011 y 2012 por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000072 y número de expediente del Senado 771/000069) ... (Página57)
- Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por la Tesorería General de la Seguridad Social. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000111 y número de expediente del Senado 771/000110) ...
- Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000138 y número de expediente del Senado 771/000137) ...
(Página58)
- Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000179 y número de expediente del Senado
771/000179) ... (Página59)
- Informe de fiscalización de la contratación de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000052 y número de expediente del Senado
771/000052) ... (Página60)
- Informe de fiscalización de la contratación de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000056 y número de expediente del Senado 771/000056) ...
(Página60)
- Informe de fiscalización de la contratación de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000076 y número de expediente del Senado
771/000075) ... (Página60)
- Informe de fiscalización de la contratación de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000098 y número de expediente del Senado 771/000097) ...
(Página60)
- Informe de fiscalización de la contratación de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000123 y número de expediente del Senado 771/000121) ...
(Página61)
Se abre la sesión a las tres y treinta minutos de la tarde.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:
- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 041/000041 y número de expediente del Senado 571/000006).
El señor PRESIDENTE: Dado lo avanzado de la hora, si les parece a todos ustedes vamos a comenzar esta Comisión. Lo hago comunicándoles que, antes de proceder a tramitar el orden del día, se somete a consideración de esta Comisión incluir
un primer punto, la elección de secretario primero de la Comisión, al haberse producido la renuncia de don Samuel Ramírez. ¿Se aprueba esta modificación del orden del día? (Pausa). Nadie salva su voto. Queda aprobado por asentimiento.
¿Se aprueba que la elección se haga por asentimiento de los miembros de la Comisión? (Asentimiento). Queda aprobado.
En consecuencia, se propone a la Comisión la elección de don Vicente Ten Oliver como secretario primero. ¿Se aprueba la propuesta? (Asentimiento). Resulta elegido por asentimiento de los miembros de esta Comisión como secretario primero
de la Mesa don Vicente Ten Oliver, al que invito a ocupar su sitio en la Mesa. (Así lo hace).
Vamos a esperar un minuto para que entre el presidente del Tribunal. (Pausa).
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS, EJERCICIO 2008. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000008 y número de expediente del Senado 771/000007).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder con el siguiente punto del orden del día. Les quiero informar previamente de que los puntos quinto y sexto del orden del día que todos ustedes tienen se debatirán acumuladamente.
En primer lugar, quiero dar las gracias al presidente del tribunal por el esfuerzo, y creo que todos son bien conscientes del esfuerzo que se va a hacer aquí esta tarde. Sin más dilación le doy la palabra para la presentación del informe de
fiscalización de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, ejercicio 2008. Tiene la palabra don Ramón Álvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
El informe fue aprobado por el pleno del Tribunal en su sesión de 29 de noviembre de 2012. En el ejercicio fiscalizado la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas se encontraba integrada en el Ministerio de Cultura. En 2011,
tras la reorganización de los departamentos ministeriales, fue suprimida, repartiéndose sus funciones entre sendas direcciones generales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la de Política, Industrias Culturales y del Libro y la de Bellas
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. A finales de 2016, tras la última reorganización administrativa del ministerio dependen de la Secretaría de Estado de Cultura la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro y la
Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. En 2008 la dirección general fiscalizada participó en cuatro programas presupuestarios cuyo crédito, aprobado en la parte gestionada por dicho centro, ascendió a 83 millones de euros.
En el curso de la fiscalización no fue posible realizar el análisis de eficacia, eficiencia y economía sobre la gestión desarrollada, no habiéndose efectuado las comprobaciones previstas, debido a la inadecuada e incompleta definición de
objetivos e indicadores de los programas presupuestarios, y a la inexistencia de un sistema de información adecuado y fiable sobre la gestión realizada. La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas no contaba con instrumentos de
planificación complementarios o alternativos al presupuesto por programas, lo que supone una limitación. Se han observado importantes debilidades en el sistema de control interno. Entre ellas pueden destacarse las siguientes: no existía unidad
alguna que ejerciera funciones de control, seguimiento y coordinación sobre la actividad de la organización; no se disponía de manuales de procedimiento en ninguna de las principales áreas de gestión; los expedientes examinados pusieron de
manifiesto numerosas debilidades de control, siendo especialmente relevantes en la justificación del empleo de los fondos públicos en transferencias y subvenciones, y se observaron debilidades en el funcionamiento de la caja central del Ministerio
de Cultura y en las cajas de los archivos estatales, entre otras, por las deficiencias en las cuentas justificativas de los anticipos de caja fija.
Destaca la anómala ocupación de parte de los inmuebles adscritos a la dirección general por diversas entidades privadas relacionadas con el libro, sin habilitación jurídica ni contraprestación alguna. El centro informó de la regularización
de la situación a partir de 2011. En el área de personal varias sentencias de los juzgados de lo Social reconocieron a dieciséis demandantes una relación laboral permanente. Respecto al cumplimiento de la legalidad en el área de contratación, en
el examen de una muestra de sesenta y cinco contratos, por importe de 9 millones de euros, se encontraron numerosas deficiencias, tanto formales como materiales, en todas las fases de preparación, licitación, adjudicación y ejecución. En los
contratos de asistencia técnica y servicios, respecto a la preparación, se detectaron expedientes referidos a tareas no susceptibles de ser ejercidas por terceros; otros se tramitaron por un procedimiento erróneo, dada la naturaleza del objeto del
contrato, y en algunos casos se detectó fraccionamiento del gasto. En la licitación y adjudicación varios contratos se adjudicaron sin concurrencia de ofertas, careciendo de justificación. Se ha omitido cierta documentación y se han apreciado
errores e incongruencias en la aplicación de los criterios de valoración de las ofertas. Respecto a la ejecución un expediente se tramitó cuando las prestaciones ya estaban realizadas en gran parte, y asimismo en un
contrato se realizó un primer pago, por importe de casi un millón de euros, que no corresponde a servicios prestados, siendo en realidad un anticipo.
En los contratos de suministro destaca en especial un expediente en el que se ofreció la adquisición de una colección particular en dos entregas, aunque el mismo se refiere solo a la primera entrega, sin reserva o garantía alguna sobre el
resto, lo que supone el riesgo de no poder completar la colección o bien de que se empeoren las condiciones de la oferta. Además de otros defectos la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas se hizo cargo de los gastos de envío y
seguros, en contra de lo estipulado en el pliego. Por lo que se refiere al resto de contratos destaca en especial un expediente relativo al pago del arrendamiento de un local, en el que se ha observado un error en la revisión de la renta efectuada
en 2007, que generó un pago excesivo de la misma desde entonces.
Se examinaron también trece convenios suscritos con cargo a los capítulos 2 y 6 del presupuesto, por importe de 0,7 millones de euros. En general no se considera justificada la utilización de la figura del convenio en la mayoría de los
casos, cuya tramitación como contratos o subvenciones habría proporcionado más rigor jurídico y mayor control sobre la gestión de los fondos públicos. Entre las deficiencias observadas cabe destacar la insuficiente argumentación de su necesidad,
además de sus importes y previsiones, la definición excesivamente genérica del objeto y la actividad a realizar, la incorrecta imputación presupuestaria o la ausencia de documentación pertinente, como la relativa a estar al corriente de las
obligaciones tributarias o con la Seguridad Social.
Por lo que se refiere al cumplimiento de la legalidad, en el área de transferencias y subvenciones se examinaron doce convenios con comunidades autónomas aplicados en los capítulos 4 y 7 del presupuesto. En el examen de los relativos a las
actuaciones denominadas Confección del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español destaca su carácter excesivamente genérico, la no constancia de los criterios de distribución de la financiación estatal y la insuficiencia del sistema de
justificación establecido. Se examinaron también ciento sesenta y siete expedientes de subvenciones tramitadas mediante concurrencia pertenecientes a cinco convocatorias. Como observaciones más significativas cabe señalar que las convocatorias
eran excesivamente genéricas en relación con los criterios de valoración de las solicitudes y determinación de la cuantía de las subvenciones. En algunas convocatorias se omitieron requisitos de importancia, como la obligación de constituir
garantías o la exigencia de presentar la documentación en español. En dos de las convocatorias, relativas a ayudas a la edición de revistas y de libros, su naturaleza de subvenciones resulta dudosa, dado que presentan características de un
suministro.
En relación con la justificación de las subvenciones se aprecia la inexistencia de comprobaciones rigurosas y sistemáticas sobre la realización de las actividades subvencionadas, así como defectos y omisiones en los justificantes, lo que
pone de manifiesto que numerosas subvenciones no se pudieron considerar justificadas. Respecto a las subvenciones nominativas se examinaron cinco expedientes en los que se apreciaron significativos defectos, como la superación en todos ellos del
límite máximo previsto en la Ley General de Subvenciones para la subcontratación de las actividades, así como el incumplimiento de los requisitos exigibles.
En relación con el control sobre los reintegros de subvenciones se verificaron dos expedientes. En el primero se exigió un reintegro parcial de la subvención cuando procedía el reintegro total. En el segundo se admitió incorrectamente la
documentación justificativa que no fue presentada en plazo, y que además era defectuosa. Por último, los tres premios examinados presentaban como defectos comunes la inexistencia de referencias a las propuestas de candidatos, y la falta de
motivación en el fallo de los jurados.
Con eso termino, presidente. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Por el Grupo de Ciudadanos -entiendo que no quiere intervenir nadie antes-, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
La verdad es que, tras la descripción que nos ha hecho el presidente del Tribunal de Cuentas, estamos atónitos ante los grandes incumplimientos que tiene la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Evidentemente es un informe
muy lejano en el tiempo -es de 2008-; también son muy lejanas las cifras que hemos visto en el propio informe de lo que se estaba invirtiendo en cultura en el año 2008, y lo que se está haciendo aquí ahora en 2016, pero las dos conclusiones
fundamentales son, por un lado, la
reducción enorme en la inversión en cultura, y por otro -y nos preocupa muchísimo lo que nos ha indicado usted, presidente-, la mala gestión y los incumplimientos graves, formales y contables.
De las cifras que hemos visto aquí en el informe quisiera ahondar en que en el año 2008 se estaban invirtiendo aproximadamente 83 millones, como nos ha comentado usted. Por supuesto no tiene comparación con lo que se está invirtiendo en
2016, debido a esos recortes a los que el Partido Popular nos está acostumbrando en los últimos años; estamos hablando de 37 millones, es decir, se ha reducido aproximadamente más de un 60 % la inversión en cultura. No obstante ya no es tanto en
qué se gasta el dinero, sino cómo se gasta. Desgraciadamente el panorama que nos ha presentado es terrible. El grado de eficacia alcanzado en el cumplimiento de los objetivos establecidos, esa eficiencia y economía que el Grupo Parlamentario
Ciudadanos se empeña mucho en seguir, nos ha dicho usted que no ha podido ser, por la inadecuada e incompleta definición de los objetivos, por la insuficiencia de los instrumentos de planificación, por la inexistencia de un sistema de información
adecuado y fiable sobre la gestión realizada.
Aparte de ese cero en gestión, señor presidente, nos ha comentado unos problemas de los que detalladamente nos ha hecho una relación, pero voy a ir fundamentalmente a tres o cuatro. No hay una correcta formulación de los objetivos
contenidos en la memoria, nos ha dicho que no hay manuales de procedimiento, no existe correspondencia entre dichos objetivos. Además el control interno del empleo de los fondos públicos y la transferencia de subvenciones tiene grandes
deficiencias. Incluso nos ha puesto el ejemplo en la gestión de los recursos humanos con esas ocho sentencias en las que se estimaron las demandas. Nos ha dicho que hay problemas en licitaciones y adjudicaciones de contratos. Nos ha comentado el
caso de ese contrato que había ido a gastos y que realmente era un anticipo de un millón de euros.
Sinceramente las importantes deficiencias encontradas en este informe de 2008 y el enorme recorte -como le he comentado al principio de mi intervención- en inversión en cultura hacen necesario que el Tribunal de Cuentas realice una nueva
fiscalización de cómo se emplean realmente los fondos en cultura, que ahora son bien pocos, pero sobre todo de cómo se gestionan, porque son muy alarmantes, señor presidente, estos datos y estos incumplimientos por parte de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas, y más si se continúan en el tiempo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea el señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere partir de una reflexión previa. El sentido del Tribunal de Cuentas es que fiscalice estas entidades y así se puedan poner al día de estos errores que con
mucha asiduidad comenten. Qué sentido tiene traer un informe ocho años después de la fiscalización de un ejercicio, y que ahora le digamos a esta dirección general qué es lo que tiene que hacer puesto que en estos ocho años seguramente estos males
se han convertido ya en males endémicos. La primera pregunta es si usted, por la experiencia que tiene, sabe si hasta este informe de 2008, previamente, esta dirección general incumplía o caía en los mismos errores o bien ha tenido capacidad de
rectificación escuchando informes previos del Tribunal de Cuentas.
Hay tres elementos que para el Grupo de Unidos Podemos son fundamentales: el control interno de esta dirección general, la gestión de los recursos humanos y el cumplimiento de la legalidad en el área de la contratación. Intentaré ir
rápido. Respecto al control interno creemos que la dirección tiene la obligación de impulsar medidas internas para corregir estos males endémicos. Nos ha dicho que no existe ninguna unidad que ejerza funciones de control, de seguimiento, de
coordinación. No se disponen de manuales de procedimiento, deficiencias observadas en los expedientes examinados por el tribunal, debilidades especialmente relevantes en la justificación de los fondos públicos en transferencias y en subvenciones, y
también debilidades de control en el funcionamiento de la caja central del Ministerio de Cultura y en las cajas de los archivos estatales. Por tanto hace falta prácticamente una reestructuración interna de la dirección general para cumplir este
análisis de control interno. Hay un elemento que también es una barbaridad que se desprende de este informe, y es la gestión de los recursos humanos. Todas las empresas, pero especialmente las administraciones públicas y los organismos públicos,
deben dar ejemplo. Lo que se desprende de este informe es que en esta dirección hay un nivel de precariedad laboral y de temporalidad laboral que una Administración pública no debería permitir. La relación de
puestos de trabajo de la dirección con referencia al 1 de enero de 2008 indica que la ocupación efectiva de los puestos era del 83 %. Además en 2008 estuvieron vigentes setenta y cinco contratos de trabajo de carácter temporal y el 70 % del
personal prestaba servicios en los archivos estatales, y a esto hay que añadir, tal y como se decía anteriormente, las ocho sentencias de juzgados de lo Social que daban la razón a los demandantes. Un tercer bloque, fundamental para Unidos Podemos,
es el del cumplimiento de la legalidad en el área de la contratación. Nos damos cuenta de que este es un mal endémico del sistema financiero español, de los organismos públicos y de las empresas públicas. No consta en muchos expedientes la orden
de inicio del órgano de contratación. Algunos expedientes se refieren a tareas propias de la dirección no susceptibles de ser ejercidas por terceros, cuando han sido delegadas por la propia organización. Algunos pliegos no están firmados por los
contratistas. No consta el certificado de recepción final de los trabajos. Por tanto, o aquí hay una manifiesta incapacidad administrativa de hacerlo, lo que nos preocuparía muchísimo, o hay por parte de algunos estamentos una voluntad de esconder
y de disfrazar la transparencia que es exigible en nuestro sistema democrático. Por tanto quisiera manifestar la preocupación del Grupo de Unidos Podemos ante este informe.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.
Tiene a continuación la palabra el señor Mato, por el Grupo Socialista.
El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente, y gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas.
El Grupo Parlamentario Socialista se suma a lo que ya se ha dicho. Parece que tiene poco sentido que hoy estemos viendo un informe que data de la gestión llevada a cabo por la Dirección General del Libro en el año 2008, al menos con los
parámetros con los que se vio en su momento, después de los cambios que ha referido el propio presidente del tribunal. Asimismo a la vista de los datos que ha aportado el tribunal nos parece que la gestión era más que deficiente. La pregunta que
querría hacerle era si esto se podría extrapolar al propio Ministerio de Cultura en su momento o simplemente es una cuestión que ustedes detectaron en la Dirección General del Libro. Lo que parece también bastante sorprendente es que si en esos
informes, tal y como se decía, no aparecen ni manuales de procedimiento ni están detallados claramente los objetivos ni los indicadores de la propia gestión contable de la Dirección General del Libro, no se hubiera tomado alguna medida previa.
Quisiera saber si es posible que el Tribunal de Cuentas haga alguna recomendación en el sentido de un manual mínimo de procedimientos de gestión administrativa para poder dar cumplimiento a los requisitos legales.
En cuanto a la gestión de personal también hay cosas que nos parecen muy sorprendentes. Hay algunos apuntes referidos a las retribuciones en concepto de productividad fija y variable que parece que no están bien justificados. Sería
importante que en lo sucesivo, tal y como se dijo aquí, los organismos públicos dieran ejemplo respecto a la contratación y fueran escrupulosos en ese sentido. Nos ha sorprendido también que haya expedientes incompletos y una deficiente
justificación de transferencias y subvenciones. Quisiera saber si esto le parece algo propio de la actividad que desarrolla la propia Dirección General del Libro con tantas entidades vamos a decir independientes del propio ministerio, o cree que es
un defecto de la propia gestión administrativa que se está llevando a cabo en la dirección general. Respecto al personal parece bastante inaceptable y poco justificable desde el punto de vista de una Administración pública que haya habido ocho
sentencias recomendando y reconociendo una relación laboral permanente. Por último, ha habido insuficientes justificaciones en la concesión, justificación y control de las subvenciones y también una inconcreción en el objeto y finalidad de las
transferencias y subvenciones, que sin embargo se estaban pagando, y en las que se detectaron subcontrataciones indebidas. Parece que un organismo como la Dirección General del Libro, que no es el único, que tiene básicamente un papel de apoyo a
otras entidades, debería tener los procedimientos adecuados para verificar que esas subvenciones realmente responden a lo que se había solicitado. Estas eran las precisiones.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mato.
Tiene la palabra la señora Acedo, por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora ACEDO REYES: Buenas tardes.
En primer lugar, quiero agradecer al presidente del tribunal, como siempre, que acuda a las Cortes Generales a dar nota de los expedientes que han fiscalizado y a darnos la posibilidad de plantearle nuestras preguntas.
En las intervenciones del resto de grupos parlamentarios le han preguntado al presidente del tribunal sobre la Dirección General del Libro, pero es que ya no existe y sus funciones las han asumido otras direcciones o subdirecciones. Lo digo
a título informativo.
Ahora vamos concretamente al expediente. Quiero destacar, porque es verdad, que el expediente realizado por el Tribunal de Cuentas es demoledor y toca muchas aristas que han podido ser motivo de la desaparición de una dirección general de
estas características. Se refiere al control interno -ya lo han dicho el resto de grupos- y muestra que no está justificado el empleo de los fondos públicos en las transferencias y subvenciones, en la caja central del ministerio y en la caja de los
diferentes archivos estatales; que hay reiterativos incumplimientos y que no existe una unidad de seguimiento de la actividad propia del organismo que controle aspectos formales, materiales y jurídicos. Estas son cuestiones de control interno
fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier organismo y, por tanto, pueden ser la razón de la desaparición de esta dirección general.
En otro orden de cosas, como recursos humanos, nueve sentencias del juzgado de lo Social son suficientes. Con este tipo de cuestiones podemos abrir una vía de entrada en la Administración pública por la puerta de atrás. Hay que tener mucho
cuidado con este tipo de gestiones que se refieren a los empleados públicos, con la oferta de empleo público o con la externalización de determinadas contrataciones que son estructurales de la propia Administración, porque pueden dar lugar a una
cesión ilegal de trabajadores, como en este caso.
Con respecto a la legalidad en la contratación, el informe recoge, tanto en los contratos de asistencia técnica y servicios como en los de suministros que se analizan, errores comunes, pero parece ser que era la práctica habitual, puesto que
independientemente del tipo de contrato había errores en los procedimientos, no eran los procedimientos adecuados, y había incongruencias importantes en los propios expedientes y en los pliegos y en la aplicación de los criterios de valoración por
parte de los técnicos a la hora del análisis y posterior adjudicación a las ofertas. Incluso se habla de fraccionamiento de gasto, lo que conlleva un previo fraccionamiento de contrato.
Respecto a convenios y subvenciones nominativas, la conclusión es exactamente la misma que con los contratos, es decir, hay errores comunes que parece ser que eran la práctica habitual. Tanto en convenios como en instrumentos para conceder
una cantidad determinada de dinero o en las subvenciones nominativas aparecen objetos muy genéricos, modificaciones sobre la marcha de los propios objetos, subcontrataciones de subcontrataciones, etcétera. El procedimiento podía haberse llevado a
cabo a través de un contrato de suministros y, por tanto, no están justificados los instrumentos utilizados, en este caso convenios y subvenciones nominativas.
Así, todo lo que aparece en este informe de fiscalización -vuelvo a reiterar, y ya finalizo- es demoledor y puede ser una de las razones por las que la Dirección General del Libro ha desaparecido, distribuyéndose sus funciones entre
diferentes organismos del ministerio.
El Grupo Parlamentario Popular se adhiere a lo que viene recogido en este informe, puesto que hay deficiencias importantes, si bien entendemos que, dado el tiempo transcurrido desde el mismo, ha habido modificaciones legislativas importantes
en materia de contratación, en materia de gasto público y en materia presupuestaria y que las administraciones públicas se han adaptado a dichas modificaciones. En definitiva, y por dar una visión un poco más positiva, creo que la Administración
Pública, en general, cumple con la legalidad, cumple con los procedimientos establecidos y estos son aspectos muy específicos de organismos muy concretos.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Acedo.
Tiene la palabra, para contestar a las cuestiones planteadas, el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Intervendré con brevedad.
Efectivamente, este es un informe muy antiguo, ya que se refiere al ejercicio de 2008, pero he de indicar también que el Tribunal lo aprobó hace cuatro años y medio y, por tanto, ha ido perdiendo progresivamente actualidad. Ya en su momento
fue problemático aprobarlo, porque cuando se planificó y se llevó a efecto, la Dirección General del Libro era una dirección del Ministerio de Cultura que funcionaba, pero en mitad de la fiscalización, la Dirección General del Libro fue suprimida y
sus competencias se repartieron entre diferentes áreas. En aquel momento la alternativa era mantener o no la fiscalización,
pero consideramos que tenía interés valorar la gestión de la Dirección General del Libro, que, indudablemente, como han puesto de manifiesto los diferentes intervinientes en esta tarde, no fue buena en todos los aspectos que fueron
analizados: ni en la planificación, ni en los indicadores de gestión, ni en la gestión presupuestaria, ni en la gestión contractual. En definitiva, en todos los aspectos donde la Dirección General del Libro ha actuado se han detectado numerosas
cuestiones críticas que han quedado incorporadas en el informe. No creo que esto sea indicativo del funcionamiento normal de la Administración. Ustedes saben que el tribunal siempre hace informes donde se destacan los aspectos negativos y que en
la contratación hay numerosos aspectos negativos que en nuestros informes quedan señalados, pero ni con la profundidad, ni con la amplitud ni en la medida que este informe recoge. Creo que es un caso singular dentro del trabajo del tribunal.
En cuanto a las preguntas concretas, puedo indicar que tanto desde el punto de vista laboral, como de contratación y de incumplimientos el informe dice lo que dice y es muy crítico. Como he dicho anteriormente, no creo que se pueda
extrapolar. Es cierto que nuestros informes reflejan muchos aspectos cuestionados de la contratación administrativa, pero no en la medida en la que se recogen en este informe. En ese sentido, he de decir que no todos los informes son iguales, ni
mucho menos, y en este el tribunal se ha empleado con una contundente dureza porque así lo requería la gestión que hemos analizado. Asimismo, he de indicar que el Ministerio Fiscal solicitó diligencias respecto de este informe, que fueron
tramitadas en su momento a través también de su figura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS POR LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL, DURANTE LOS EJERCICIOS 2010, 2011 Y 2012. (Número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000041).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate sobre el informe de fiscalización de las principales actuaciones realizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en ejecución del Plan de Prevención del Fraude Fiscal,
durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012, que se corresponde con el punto número 2 del orden del día.
Tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Este informe se aprobó en febrero del año 2014. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria implantó un sistema de planificación estratégica mediante la aprobación del Plan de prevención del fraude, de 2005. Esta planificación se
desarrolló mediante dos nuevos instrumentos: la actualización del Plan de prevención del fraude de 2008 y el Plan de prevención del fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social de 2010. Además de esta planificación a medio y largo plazo, la
Agencia Tributaria elaboró anualmente otra planificación operativa que se concretó en los planes de objetivos y en los planes generales de control tributario de cada uno de los ejercicios fiscalizados. De este modo, durante el periodo fiscalizado,
la agencia aplicó un sistema de planificación por objetivos, atendiendo a las dos vertientes, la estratégica y la operativa. El análisis y la valoración de este sistema de planificación, de su realización y de los resultados obtenidos constituyen
el objeto del informe de fiscalización.
Existe, como conclusión sobre la planificación de la lucha contra el fraude, una correlación entre la aplicación de los planes estratégicos de la lucha contra el fraude y la mejora de los resultados obtenidos. Esta sería quizá la conclusión
más importante. Desde la aprobación del Plan de prevención del fraude fiscal, los resultados de la lucha contra el fraude crecieron de modo constante y significativo, duplicando en 2012 las cifras obtenidas en 2005. No obstante, el desarrollo de
la planificación estratégica se hizo simplemente aprobando nuevos planes que se agregaron a los anteriores, lo que constituye una sistemática no apropiada y dificulta la interpretación de su contenido. Así, durante el periodo fiscalizado, los
objetivos y las medidas a medio y largo plazo se encontraban dispersos en tres documentos distintos, todos ellos vigentes simultáneamente: el Plan de prevención del fraude fiscal, su actualización del 2008 y el Plan de prevención del fraude fiscal,
laboral y de Seguridad Social. Las líneas de actuación y prioridades
estratégicas se fueron incorporando a los sucesivos planes sin el suficiente esfuerzo de coordinación o sistematización con las de los planes anteriores.
Por lo que se refiere a la planificación operativa, tuvo importantes modificaciones a causa de las decisiones de la dirección general de la agencia durante el periodo fiscalizado, al margen de la planificación estratégica. Sin embargo, su
contenido, las líneas de acción, medidas y actuaciones incluidas en los planes estratégicos se recogieron adecuadamente en la planificación operativa.
Respecto a los cambios en la estructura de los planes de objetivos entre 2010 y 2012, se realizaron modificaciones en la composición y en los criterios de imputación de los ingresos, en los coeficientes de ponderación de las actuaciones, en
la inclusión de nuevas medidas o el abandono de otras y en la supresión en 2012 del denominado documento de compromisos de los servicios centrales. Los cambios en los indicadores incorporados a la planificación operativa provocaron que los datos
sobre los resultados y sobre la actividad de la Agencia Tributaria no fueran totalmente homogéneos durante los ejercicios fiscalizados, dificultando hacer comparaciones entre las cifras y valorar la evolución de los datos. Se consideran poco
precisas las informaciones de las memorias de la Agencia, los informes de resultados y los planes de objetivos.
Conclusiones sobre las actuaciones de la lucha contra el fraude. Los resultados obtenidos por la agencia cumplieron sobradamente los objetivos de planificación, ofreciendo porcentajes de realización superiores al cien por cien de las
previsiones de los resultados de la lucha contra el fraude y del número de actuaciones a realizar. La comprobación de las fechas, lugares de realización y resultados de las actuaciones de fomento del cumplimiento voluntario y apoyo del Plan de
lucha contra el fraude permite afirmar que fueron cumpliéndose adecuadamente las medidas previstas. Algunas de ellas, como las relativas al refuerzo de la conciencia fiscal, no se ejecutaron tal y como estaban establecidas por las restricciones
presupuestarias, si bien se sustituyeron por medios telemáticos. No se llegaron a realizar medidas de fomento del cumplimiento voluntario y apoyo al plan, como la interconexión de bases de datos entre el Tribunal Económico-administrativo Central,
el servicio jurídico de la Agencia Tributaria y la Abogacía General del Estado.
En relación con los planes parciales de gestión tributaria, con carácter general, se produjeron porcentajes de realización de las actuaciones planificadas por encima de las previsiones; no obstante, se modificaron tales previsiones durante
la vigencia de la planificación, lo que pone de manifiesto que los estudios previos y los propios planes se elaboraron con criterios poco fiables.
En cuanto a los planes parciales de inspección tributaria, se observa la complejidad de las actuaciones planificadas, que en ocasiones se extendieron durante varios años, así como su elevado número y su casuística. Con carácter general
también se obtuvieron porcentajes de realización superiores a las previsiones.
Respecto a los planes parciales de recaudación, reflejaron los problemas de incremento de morosidad y las dificultades para el cobro efectivo de deudas. Las cifras de recaudación ejecutiva se incrementaron durante el periodo fiscalizado,
pese a lo cual no se pudo contener el aumento de la deuda pendiente al final del ejercicio. Se potenciaron las actuaciones para incrementar la eficacia en la recuperación de deudas, así como las de investigación patrimonial, las de derivación de
responsabilidad y otras nuevas actuaciones, como las medidas cautelares contra el vaciamiento patrimonial, las peticiones de movimientos de cuentas o el seguimiento de deudores en situación de proceso concursal.
En relación con las conclusiones sobre los resultados económicos de la lucha contra el fraude, se puede confirmar, a partir del análisis con series de datos homogéneos, que se produjo una mejora y un crecimiento continuado de los resultados
de la lucha contra el fraude durante el periodo fiscalizado. Aunque se produjo una mejora anual de los resultados de la lucha contra el fraude, los resultados absolutos de la recaudación son aún insuficientes, a la vista de los análisis sobre la
deuda tributaria pendiente al final de cada ejercicio, la deuda cancelada sin ingreso y el resto de magnitudes económicas analizadas. En cada ejercicio fiscalizado se incorporaron nuevas deudas tributarias por un importe superior al de las deudas
que se recaudaron y cancelaron, dando lugar a un incremento de la deuda tributaria pendiente en periodo ejecutivo, que experimentó un incremento del 60 % durante los ejercicios fiscalizados. El incremento de la deuda tributaria pendiente se produjo
pese a que aumentaron tanto los importes de la deuda cancelada sin ingreso como los de las anulaciones de deuda y las insolvencias de los deudores tributarios. Los resultados ponen de manifiesto que una parte importante de las deudas que se
generaron como consecuencia de las actuaciones de control acabaron canceladas, anuladas o incrementando los importes crecientes de deuda pendiente al final de cada ejercicio. En definitiva, la mejora de los resultados
de la lucha contra el fraude exige, además de generar una nueva deuda aflorando actividades ocultas al fisco, mejorar la gestión de la deuda tributaria.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente.
Señor Álvarez de Miranda, le doy de nuevo la enhorabuena por el informe sobre la Agencia Tributaria, así como por el informe precedente. La pertinencia de este informe y la cercanía en el tiempo mejoran la información y los datos que nos
traslada. De igual manera, el Plan de prevención del fraude fiscal intenta desarrollar adecuadamente los objetivos de la Agencia Tributaria, evaluar esos resultados y evaluar las actuaciones. Cuando el tribunal habla de que se produjo una mejora
anual en los resultados de la lucha contra el fraude y que los resultados absolutos de la recaudación obtenida fueron insuficientes, me invade una preocupación por este tema. Durante estos últimos años, el Partido Popular nos ha vendido unas cifras
de lucha contra el fraude que no responden a lo que se está plasmando, porque además nos ha comentado usted, señor presidente, que ha habido unos cambios metodológicos de imputación por los cuales no se pueden calificar estas cifras porque no son
homogéneas y no son comparables. El tribunal, además, concluye que los ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria de las actuaciones de control representan el resultado más acotado de la lucha contra el fraude. Estos ingresos fueron
ascendiendo, fueron in crescendo durante estos años, y estamos contentos, la verdad, pero se plantean algunos inconvenientes. Estamos hablando de deuda cancelada sin ingreso en vía ejecutiva y en los cuadros que nos presenta en el informe se hace
referencia a 4.970 millones en 2010, 5.277 millones en 2011 y 6.141 millones en 2012. Este es el total de deuda cancelada sin ingreso y la mayor parte corresponde a crédito incobrable. Y a eso voy: Me gustaría saber su opinión, presidente, sobre
el porqué de esa elevada cifra, ya que hablamos de cerca de 6.000 millones de euros en deuda por crédito incobrable, es decir, que no somos capaces de cobrar. Me gustaría saber, según su opinión, si eso es porque hemos llegado tarde, porque la
Agencia Tributaria tiene medios insuficientes o si es porque faltan recursos en el departamento de recaudación -recursos humanos o materiales y técnicos-. La deuda tributaria pendiente pasó de 34.000 millones en 2010 a 40.000 millones en 2012.
Sabemos, por las últimas informaciones del presidente de la agencia, que en 2016 está en casi 46.000 millones de euros; es mucho dinero, presidente. De la mayor parte de la deuda pendiente, además de cobro en periodo voluntario, al final de cada
ejercicio aproximadamente la mitad se encontraba en estado de suspensión por litigio en los tribunales económico-administrativos. Es más, tanto en la Agencia Tributaria como en los tribunales económico-administrativos hemos visto que durante los
últimos años se ha reducido la plantilla, especialmente en los años de presidencia de Mariano Rajoy. Son buenos los datos; es buena, en principio, la lucha contra el fraude, pero la deuda tributaria pendiente sigue creciendo, también en periodo
voluntario en suspensión por litigio. Sin embargo, nos dedicamos a reducir las plantillas y los recursos humanos para la lucha contra el fraude. Nos ha comentado que el porcentaje de renta ha aflorado. El resultado de la lucha contra el fraude en
relación con la recaudación bruta es de un 5,5 % y, evidentemente, está muy lejos de todos aquellos informes que nos presentan de esa economía sumergida, que se puede estimar entre un 15 % o un 20 %. Esto preocupa a Ciudadanos.
Por último, el informe no hace mención alguna a la amnistía fiscal, al Real Decreto-ley 12/2012. Lo que queda de la lucha contra el fraude del Partido Popular es esa amnistía. El señor Montoro nos dijo que los amnistiados -los
defraudadores, para que nos entendamos-, iban a pagar el 10 %; se trata de personas que no pagan realmente los impuestos y además se les premia, máxime cuando se modificó el Código Penal para que esas regularizaciones fuesen consideradas dentro del
periodo voluntario. Muchos amnistiados no declararon todo el dinero negro que tenían y estamos dando un mal ejemplo a la sociedad.
De los 150 acuerdos que Ciudadanos firmó con el Partido Popular, hay dos medidas sobre las me gustaría que me diera su opinión -es la última pregunta que le hago-, porque firmamos que, por un lado, intentaríamos revisar a esos sujetos
pasivos, a esos malos contribuyentes que se acogieron a la regularización fiscal, es decir, a la amnistía de 2012, y por otro lado, firmamos que también deberíamos aprobar un estatuto de la Agencia Tributaria. Me gustaría saber su opinión, primero,
sobre si usted cree que ese estatuto de la agencia estatal para reforzar la gestión y la planificación, si esa independencia y esa profesionalidad mejorarían los resultados en la lucha contra el fraude y, por otro lado, si, en su
opinión, con más personas, con más medios, la Agencia Tributaria obtendría mejores resultados en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia tributaria.
Muchísimas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora Palencia.
La señora PALENCIA GARCÍA: Gracias, presidente. Buenas tardes. También quiero dar las gracias -como siempre- al presidente del Tribunal de Cuentas y darle la bienvenida a esta Comisión.
Este informe que estamos evaluando lo realiza el tribunal por propia iniciativa y lo incluye en el programa anual de fiscalizaciones. Tiene por objeto, según se manifiesta en las directrices técnicas aprobadas por el Pleno, la comprobación
de la planificación, la ejecución y los resultados de las medidas contenidas en la planificación estratégica de la agencia. Los análisis realizados en esta fiscalización no se extendieron, en consecuencia, a la valoración de si las actuaciones
planificadas eran las más adecuadas para la lucha contra el fraude ni a valorar si debieron adoptarse otras medidas y cuáles debieron ser, ni a cualesquiera otros criterios de oportunidad sobre las actuaciones que se comprobaron. En definitiva, si
el tribunal lo que hace es transcribir lo que hace la agencia sin valorar ni estudiar si la planificación es adecuada o no, nos preguntamos qué utilidad tiene el informe para la ciudadanía.
La lucha contra el fraude fiscal es sin duda una de las asignaturas pendientes en el sistema tributario español. A las dificultades que conlleva en ocasiones su detección hay que añadir las medidas discrecionales que han tomado los
Gobiernos en sus sucesivas amnistías fiscales, la última en 2012, en el periodo analizado, denominada eufemísticamente Plan de regularización extraordinaria de rentas ocultas, y que ofrece una imagen bochornosa a los ciudadanos que tributan
regularmente. A nuestro grupo le gustaría saber qué valoración hace el Tribunal de Cuentas de las amnistías fiscales que han tenido lugar en este periodo fiscalizado, porque en nuestro grupo nos preguntamos el significado que ha tenido el perdón de
2012 por las siguientes cuestiones. A la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en 2012 se acogieron 31.484 contribuyentes que tenían dinero oculto sin declarar; hizo aflorar unos 40.000 millones de euros y supuso una recaudación de 1.200
millones para las arcas del Estado, esto fue más o menos la mitad de lo que habían previsto. Entre quienes se acogieron a la amnistía hay nombres relevantes; además de Rato, en esa lista están el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y el
empresario Fernando Martín, estos dos últimos están implicados en el caso Gürtel. También están dos hijos del expresidente catalán Jordi Pujol, Josep y Oleguer, y el exsocio de Iñaki Urdangarín, don Diego Torres. Otros cinco imputados en Gürtel,
entre ellos un exconsejero y un exdiputado del Partido Popular madrileño, regularizaron el dinero que tenían en Suiza pero por vías distintas a la amnistía, ya que existían antes de 2012, según Hacienda.
La Agencia Tributaria anunció el pasado febrero que 705 de los 31.484 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal estaban siendo sometidos a una investigación específica al existir indicios de que podían haber cometido blanqueo de
capitales. Entre esos 705 investigados hay personas que han sido o son políticos, jueces, fiscales y embajadores. Por eso nos preguntamos a qué sujetos pasivos se ha beneficiado. Y nos preguntamos también si en estos procesos se ha recabado la
opinión de la Agencia Tributaria.
Por otro lado, y por terminar, el informe es muy denso, las conclusiones no ofrecen opiniones claras y concisas y, a nuestro entender, en la primera parte debería realizarse una síntesis de los resultados obtenidos y debería opinarse
claramente sobre cada uno de los objetivos de la fiscalización.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palencia.
Tiene a continuación la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Iglesias.
La señora IGLESIAS PARRA: Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.
En primer lugar, valoramos muy positivamente la decisión de fiscalizar estas actuaciones sobre un instrumento, la prevención del fraude fiscal, que es básico en la consecución de la equidad, la progresividad impositiva y la redistribución de
la renta y la riqueza; por tanto, todas las actuaciones que se realicen para avanzar en este objetivo nos parecen muy beneficiosas. Lo cierto es que desde el inicio de la planificación
estratégica, en el año 2005, se produjo una mejora continua en los resultados económicos de la lucha contra el fraude: hemos pasado de los aproximadamente 4.000 millones de euros recaudados en 2004 hasta alrededor de 10.000 millones
recaudados en 2012. También ha habido mejora en la asignación de los recursos humanos y técnicos de la agencia, especialmente relevante en el periodo fiscalizado, por haber continuado la mejora a pesar de la crisis económica y la restricción
presupuestaria; la plantilla se redujo entre 2010 y 2012 en unas 666 personas y los gastos de personal en 120 millones de euros. También se pone de manifiesto en este informe que mientras que la recaudación bruta y líquida de la agencia se estancó
en el periodo fiscalizado, los resultados de la lucha contra el fraude siempre fueron crecientes, pasando de representar el 5,97 % de la recaudación líquida al comienzo del período al 6,91 al final del ejercicio 2012.
A pesar de la mejora incontestable de los resultados de la lucha contra el fraude, el informe sostiene que son insuficientes por diferentes motivos. Además de las elevadas ratios de economía sumergida, el informe se refiere a un elevado
crecimiento de la deuda pendiente al final de cada ejercicio, incremento del 29,16 % en la deuda pendiente al cierre del ejercicio 2012 frente a la pendiente al cierre del ejercicio 2010. Este crecimiento está básicamente generado por el incremento
de la deuda pendiente en periodo ejecutivo y es posible que tenga mucho que ver, como dice el propio Tribunal de Cuentas, la crisis económica. Existe también un elevado porcentaje de la deuda pendiente en periodo voluntario y en suspensión por
litigio, en torno al 50 % de la deuda voluntaria y un elevado porcentaje de reclamaciones aceptadas de los contribuyentes, alrededor de un 40 % en primera instancia, lo que hace evidente que la vía administrativa en la resolución de los recursos no
funciona adecuadamente. Hay un elevado crecimiento de la deuda cancelada sin ingreso, por insolvencia en torno al 95 % de la deuda cancelada, anulación, prescripción y otras causas, pasando de 4.971 millones de euros en 2010 a 6.141 millones de
euros en 2012. Esto, que desde luego no es un buen dato, sí permite, a nuestro juicio, extraer buenas conclusiones respecto al comportamiento de la Administración, pues el 95 % de la deuda cancelada sin ingreso lo fue por insolvencia, es decir, por
falta de recursos del contribuyente para hacer frente a la deuda, no por prescripción, anulación o falta de diligencia de la agencia.
Por otra parte, el propio tribunal subraya que casi todas las actuaciones para incrementar la eficacia en la recuperación de la deuda aumentaron su ratios. Se incrementaron las actuaciones de investigación patrimonial, de derivación de la
responsabilidad, del número de expedientes fallidos revisados, de las medidas cautelares y de los importes trabados por embargo. Por lo demás, la agencia cumplió con sus obligaciones legales de informar sobre las actuaciones de lucha contra el
fraude y sus resultados.
Por último, los resultados obtenidos tanto en la lucha contra el fraude como en el número de actuaciones de control realizadas superaron con carácter general las previsiones incorporadas a la planificación operativa en más de un 20 % en la
mayoría de los indicadores y períodos fiscalizados. La persistencia de resultados superiores a previsiones puede poner de manifiesto la necesidad de mejorar el método de cálculo de previsiones, infravaloración que, aunque no lo ponga de manifiesto
el informe, podría tener que ver con el sistema de evaluación del cumplimiento de objetivos, el método de autorización de ampliaciones de crédito en el presupuesto de la agencia y el abono del complemento de productividad variable al personal de la
agencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para finalizar, tiene la palabra el señor Bravo, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, presidente del Tribunal de Cuentas, por el informe que nos trae de la fiscalización del funcionamiento de la Agencia Tributaria en cuanto al plan de prevención.
Viene ya siendo reiterado, y creo que ya no sorprende a nadie de la bancada del Grupo Popular, que cada vez que hablamos de la Agencia Tributaria y de impuestos todo el mundo aprovecha para hablar de lo que toque, en este caso la amnistía
fiscal. ¡Hablemos de la amnistía fiscal! Quiero recordarles una pequeña diferencia: no es lo mismo la amnistía fiscal que una regularización extraordinaria, y solamente por un concepto, y es que la amnistía es gratis y la regularización se paga.
No es exactamente lo mismo. Entiendo que, lógicamente, los compañeros no tienen por qué saberlo, pero, por si les sirve de algo, les apunto ese detalle para que no volvamos a repetirlo. Hablen con conocimiento de causa.
Me sorprende también que se hable de falta de recursos. Es cierto que la Agencia Tributaria, como bien dice el informe y como todos conocemos, tiene dificultades en los recursos humanos y materiales,
sobre todo humanos, pero hay que ponerlo todo en una balanza. Es decir, cuando el empleo público era cero, la Agencia Tributaria era una excepción y hoy tiene unas ofertas de empleo público más generosas de lo común. Con lo cual, creo que
el Gobierno de Mariano Rajoy, al que se ha hecho referencia anteriormente, tampoco ha hecho las cosas tan mal. Y cuando hablamos de los malos datos de Rajoy y algún compañero dice que son buenos los datos en principio, tengo que recordarle que
también son de Rajoy, lo son los malos y los buenos.
Me voy a centrar ya propiamente en el informe, señor presidente. Me sorprende, dentro de la cantidad de informes que uno puede haber leído, el hecho de ver un informe en el que se evalúa el plan de fraude; realmente lo que estamos
evaluando, si uno se lee con profundidad el informe, son los objetivos de la agencia y cómo los fija. Me gustaría conocer si hay alguna otra Administración a la que se le haya valorado cómo mide sus propios objetivos, porque yo hasta ahora nunca lo
había visto.
Entremos en el análisis concreto. Primero, cuando se fijan los objetivos, creo que hay un detalle muy importante en el que a lo mejor no hemos caído y al que ustedes sí hacen referencia en el informe, y es que estos objetivos que fija la
agencia los pone en conocimiento del Congreso para que la Cámara pueda opinar. Y no solamente eso, sino que el presidente de la agencia viene cada seis meses a dar cuenta de lo que tenemos, de cómo va y cómo no va.
Un elemento muy importante del que han hablado ha sido la deuda pendiente. Yo creo que cuando analizamos la deuda pendiente y, sobre todo, en el marco 2010-2012, tenemos que tener en cuenta muchas cosas: suspensiones, aplazamientos,
concursos. No sé si a alguien le suena, pero en esa época había bastantes concursos en España y algunos por importes muy grandes; es un detalle que tendríamos que tener en cuenta. Por si alguno de ustedes no lo sabe, los aplazamientos que se
pedían, por ejemplo, en el año 2007 eran 500.000; en el año 2011 hubo 1,6 millones de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento. Desde que se pide hasta que se resuelve, aunque sea negativo, imaginen lo que puede pasar en una administración
que no recibe más gente y que además tiene que gestionar tres veces más de papeles para conceder aplazamientos. Evidentemente, esto genera demoras. Le hablaba de la crisis. Pues bien, cuando hacemos un aplazamiento, por regla general, el plazo
para pagar puede oscilar entre dos y cuatro años.
Ustedes decían en el informe: Riesgo importante de la lucha contra el fraude. Yo creo que la afirmación que hacían ustedes respecto a la deuda pendiente ha demostrado que no ha sido un riesgo para la lucha contra el fraude. Quiero
recordarle también que el Gobierno del Partido Popular -ya que hemos tirado un poquito más para adelante- hizo un plan de pago a proveedores para intentar evitar la deuda pendiente que teníamos. Quiero recordarles que gran parte de la deuda
pendiente que había provenía de impagos de administraciones. Evidentemente, si a un señor no le pagaba la Administración, él no podía pagar las retenciones, ni podía pagar el IVA o ni siquiera el impuesto sobre sociedades, con lo cual la deuda era
bastante importante. Quería hacer un planteamiento en este sentido, y es que es verdad que hay una deuda pendiente que cuesta mucho cobrar, pero igual ocurre con las entidades bancarias, ¿o es que las entidades bancarias lo cobran todo? Yo creo
que las entidades bancarias, por desgracia para ellas, tampoco pueden recuperar todos sus créditos. A lo mejor alguien está planteando que si no se puede cobrar no se liquide; yo creo que ese no es el camino.
Usted habla de otra cuestión que creo que es importante. Entiendo que es muy complicado para alguien que no ha trabajado en la Agencia Tributaria entender cómo funciona, pero ustedes no pueden hacer la valoración cogiendo solo un parámetro.
Para valorar el funcionamiento de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude hay tres parámetros. Las nominales, que consisten -permítanme que se lo explique-, por ejemplo, en hacer cincuenta comprobaciones de IVA. Las ponderadas u
homogéneas, que son a las que les damos una valoración. Estarán de acuerdo en que no es lo mismo comprobar un IVA para quitarle la deducción exclusivamente de un coche, que hacer una comprobación completa de IVA. Evidentemente, no podemos darle el
mismo valor a esa ponderación en cuanto a la homogénea, porque automáticamente derivaríamos todos los esfuerzos en hacer la del coche, que es la que se puede hacer en una mañana, con lo cual sobrecumpliría mis objetivos, pero los efectos
recaudatorios -el económico, que creo que es el que nos interesa- no lo estaríamos cumpliendo. Ustedes sí reconocen que esa ponderación es pública, es decir, que no es que la agencia diga: Yo quiero poner esto porque me parece o porque me va a
hacer cumplir los objetivos. No; a principios de año se conocen las reglas del juego y se comunican al Congreso, con lo cual, cuando alguien quiera ver los objetivos de la Agencia Tributaria tiene que coger tres elementos: los elementos
nominales, cuántas operaciones hacemos; la valoración que les hemos dado, para entender en un
momento dado por qué hemos hecho menos nominales pero han precisado un mayor esfuerzo, y el efecto recaudatorio, porque al final de todo esto lo que importa es que la agencia siga creciendo y siga recaudando más para que nuestros
presupuestos, nuestros hospitales y nuestras carreteras se puedan seguir pagando. Ustedes ponen un ejemplo muy bueno en la página 65, apartado 3.67; lo digo por si alguien lo quiere ver.
Hablan de economía sumergida al mismo tiempo que reconocen la dificultad que entraña este aspecto. Hoy en día no hay un estudio válido reconocido internacionalmente sobre lo que es la economía sumergida. Vinculan los resultados de la lucha
contra el fraude a la economía sumergida, ¿pero hay alguien aquí que se atreva a decir el porcentaje que hay de economía sumergida con argumentos sólidos, porque no lo han hecho ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional? En este
sentido, hacen referencia al Consejo Económico y Social, pero, con todos mis respetos, hay instituciones de mayor calado que no son capaces de hacer esta valoración; unos hablan del 15, otros del 20 y otros del 25, pero cuando alguien lo tiene que
dar como algo cierto no lo puede hacer. Por tanto, me parece que vincular no es exactamente un acierto.
Señor presidente, le quería hacer una pregunta. Respecto al análisis de los objetivos que han realizado, ustedes, que han visto tantas administraciones o ministerios, ¿conocen algún ministerio en el que los objetivos sean tan fáciles de
analizar y tan accesibles? Usted habrá visto que pincha un enlace y tiene cerca de diez apartados; si los abre, se le abren pequeñísimos apartados y puede conocer las nominales, puede conocer las homogéneas, puede conocer la cantidad recaudada,
puede conocer hasta el más mínimo detalle. Creo que ese es un esfuerzo que merece la pena tener en cuenta.
Después hacen una valoración de las operaciones, que pueden distribuir en gestión, recaudación, inspección o aduana, pero la Agencia Tributaria no solamente hace eso y a ustedes se les ha olvidado ponerlo en el informe. Que yo sepa, la
Agencia Tributaria realiza una colaboración con el Ministerio de Justicia muy importante en peritajes, auxilio judicial, etcétera, lo cual no aparece aquí. Para que sus señorías se hagan una idea, aproximadamente un tercio de los inspectores se
dedican a eso, cuestión que priva a la agencia de personal pero que no se refleja en la recaudación ni cuenta en los resultados. Yo creo que hay que contarlo todo para que la gente sepa lo que hace mal la Agencia Tributaria y también lo que hace
bien. Ustedes dudan de la incorporación a resultados de las minoraciones de las devoluciones. Expliquémoslo. Como Gobierno, como país, ¿qué nos importa? Lo que la Agencia Tributaria es capaz de recaudar es muy importante, pero también lo es
cuando un señor me pide una devolución de IVA de un millón de euros y la dejo en 500.000 porque me estaba intentando engañar. ¿Por qué? Porque es medio millón que sale menos de las arcas del Estado, con lo cual me vale tanto lo que se ingresa como
lo que no sale, y creo que eso más o menos todo el mundo lo puede entender. En el bolsillo de cualquiera pasaría exactamente lo mismo.
Recordemos ¿lo importante es la cantidad? No, la calidad. Para eso la Agencia Tributaria -no lo he visto en el informe, pero seguro que ustedes lo saben- invierte muchísimo en tiempo y personal para planificar y acertar en el colectivo al
que te diriges, para conocer de antemano, si puede ser, cuáles son los resultados que se pueden conseguir, y eso es un valor que habría que poner encima de la mesa.
Hay una valoración positiva: la utilidad de la planificación estratégica para obtener los resultados. Creo que eso es bueno. Como decíamos en otras comparecencias -y yo lo agradecía-, es bueno que haya la posibilidad de la valoración
positiva.
Hablan de cambio de redacción en la página 28. Claro, es que no es lo mismo.
El señor PRESIDENTE: Señor Bravo, tiene que ir acabando.
El señor BRAVO BAENA: Acabo ya, presidente.
Si ustedes no están dentro de la agencia, entiendo que haya cuestiones de redacción que les parezca que son lo mismo, el mismo perro pero con distinto collar. No es así, son distintas cosas; depende del análisis que hagamos.
Y, por último -atendiendo al presidente-, me gustaría saber por qué en algunos informes del Tribunal de Cuentas disponemos de las alegaciones, ya sea al final o al pie de página y, sin embargo, en otros expedientes como en este no disponemos
de las alegaciones, que de alguna manera también nos permiten cotejar, para los que en un momento dado no conozcamos la materia, lo que propone o defiende la parte que está siendo objeto de la fiscalización.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo.
Para dar contestación a las cuestiones que han planteando sus señorías, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Por empezar con la cuestión final planteada sobre las alegaciones, el tribunal siempre remite el informe aprobado con todos los elementos que requiere el acuerdo de
aprobación del pleno, es decir, remite los votos particulares cuando se formulan y, en todo caso, siempre las alegaciones. Puede ocurrir, en determinados informes donde las alegaciones puedan tener un volumen muy grande, que figuren en un anexo, no
en el mismo tomo, sino en un anexo complementario, pero en todo caso se remiten, y siempre se hace. No conozco ningún caso en que el tribunal no haya aportado las alegaciones formuladas, porque además es una obligación establecida en este caso.
(El señor Bravo Baena: ¿Seguro?). Siempre se envían con alegaciones, lo que pasa es que no están en la página web del tribunal; eso es otra cuestión. Pero los informes que se remiten aquí y que son los que a ustedes se les entrega -se remite al
presidente del Congreso, al presidente del Senado, al presidente de la Comisión mixta- figuran con alegaciones, y son los informes que como miembros de la Comisión mixta entiendo que reciben porque es la documentación que incluso en muchas ocasiones
está en un apartado correspondiente en una mesa y figura con sus alegaciones. Otra cosa no podría ser, porque además lo hemos hecho desde el primer momento y no es habitual que no aparezcan. Es cierto que, si usted consulta en la página web el
informe, puede ser que no estén allí publicadas, eso es cierto, pero se publican permanentemente para el trámite parlamentario. En el caso de la página web, desde el año 2015 también se incluyen. Los años anteriores no, entre otras razones,
posiblemente por un problema de gestión de nuestro propio espacio de página web que no tenía la suficiente capacidad, pero desde el año 2015 se están publicando todas las alegaciones en la página web.
Me encuentro con intervenciones muy diferentes y contrapuestas. Muchos de ustedes me plantean que el tribunal tiene un insuficiente resultado en la presentación de su trabajo por no incorporar las suficientes críticas o los suficientes
análisis contrarios a lo que ustedes consideran que debería ser este informe y otros me plantean lo contrario, es decir, que no contiene los suficientes elogios. Comprendo que, lógicamente, esto por muy objetivo que se pretenda hacer siempre
depende de quién lo esté valorando. Me voy a intentar defender de una manera muy general, muy al común de las cuestiones que ustedes han planteado. En todo caso, creo que les daré a ustedes contestación a lo que me plantean.
Valorar -como se ha dicho por algún interviniente- que la deuda incobrable ha ido creciendo de una manera muy grande y que eso es incompatible con los planes de gestión contra el fraude es no tener en cuenta que los años de crisis económica
que hemos tenido generan esa deuda incobrable por los mecanismos de existencia de insolvencia, de concursos, de morosidad, que hacen que esas cifras hayan crecido. Y eso es compatible con una buena gestión de los planes, que es lo que el tribunal
ha incorporado en su informe.
El informe del tribunal no esconde ninguna opinión. La dice de manera clara, consideramos que la gestión de la Agencia Tributaria es positiva por mucho que a algunos les parece que los elogios que hemos hecho sobre esta gestión sean
insuficientes. El hecho de que no se hayan incorporado en el informe cuestiones relativas a amnistías fiscales o situaciones de ese tipo responde a un problema de la propia concepción del informe. No hemos hecho un informe de la gestión de la
Agencia Tributaria en los periodos fiscalizados, no hemos hecho una auditoría integral de la Agencia Tributaria, sino exclusivamente nos hemos dedicado a un apartado concreto, que es el de la planificación estratégica de la Agencia Tributaria. Y de
esa planificación estratégica de la Agencia Tributaria, las medidas puntuales que se han adoptado en ejecución de cuestiones que no están vinculadas con esa planificación estratégica no han sido valoradas por esa razón. De todas maneras, no estoy
de acuerdo con la apreciación que ha hecho la senadora Palencia cuando dice que nos hemos limitado a transcribir los planes. No coincido con usted, no hemos transcrito los planes, los hemos evaluado. Hemos evaluado su contenido y sus resultados.
Es indudable que en esa evaluación de la planificación no está toda la actividad que desarrolla la Agencia Tributaria ni tampoco podría estar.
También me plantean en relación con el informe del tribunal -y me lo ha planteado el representante del Partido Popular, señor Bravo- que hemos hecho unos análisis de objetivos y no hemos venido a decir que en la determinación de estos
objetivos y los resultados que se derivan de ellos son mucho mejor que en cualquier otro aspecto de la gestión pública que podamos haber visto de otras entidades. Señor Bravo,
usted se tiene que dar cuenta de que estamos fiscalizando la agencia. Al hacerlo, no entra esa valoración que usted tiene -es perfecto que la tenga- de que la Agencia Tributaria se planifica mucho mejor que en otros sitios porque se
incluyen los análisis de objetivos de forma más concreta y además el tribunal accede a ellos.
Por otra parte, dice que exclusivamente hemos hecho una evaluación correcta de la gestión de la cantidad de la deuda tributaria, de la lucha contra el fraude y no de la calidad. Comprenderá usted que los análisis del tribunal no pueden
tener ni la misma extensión ni la misma profundidad que los que la agencia hace en ejecución de su política de control interno. Estamos intentando suministrar al Parlamento una opinión técnica sobre la gestión de este sistema de planificación al
nivel que creemos que es oportuno ofrecer y, en mi opinión, hemos cumplido sobradamente con la responsabilidad que hemos tenido. Si ustedes quieren una mayor precisión -tienen perfecto derecho a ello- de la gestión de la Agencia Tributaria, siempre
tendrán la posibilidad de solicitarnos fiscalizaciones integrales en relación con esta materia o bien solicitar a la agencia que dé las explicaciones que normalmente da semestralmente, como se ha dicho aquí, en las comparecencias del director de la
agencia en relación con la política de la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES ELABORADOS POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000063 y número de expediente del
Senado 771/000059).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el punto número 3.º del orden del día: Informe de fiscalización de los planes estratégicos de subvenciones elaborados por los ministerios del área político-administrativa del Estado. Por el Grupo
Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
El informe que trae hoy el presidente del tribunal tiene un doble objetivo. El primero es revisar la elaboración y la ejecución de los planes estratégicos de subvenciones de los ministerios del área político-administrativa entre 2007 y
2012, que básicamente englobaba a seis: Asuntos Exteriores y Cooperación, Justicia, Defensa, Interior, Educación, Cultura y Deporte y Ministerio de la Presidencia. Por cierto, ahora se llama Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales, no vaya a ser que la senadora del Grupo Popular diga que ya no existe. El segundo objetivo de este informe de fiscalización -nos parece muy correcto- incluye el examen del grado de eficacia alcanzado por los planes estratégicos de
subvenciones en el cumplimiento de sus objetivos, así como la eficiencia en la economía de los mismos a la hora del empleo de los recursos. La realidad es que el informe fiscalizaba 1.974 millones de euros, que no es una cantidad baladí, pues
estamos hablando de que en aquel momento equivalía al 0,6 % de los Presupuestos Generales del Estado. Lo interesante es que de esos 1.974 millones se ejecutaron 1.891, lo que viene a ser un grado bastante aceptable, aproximadamente un 96 %. Sin
embargo, el tribunal concluye que los ministerios no desarrollaron los planes estratégicos, lo que impidió cumplir en su totalidad los objetivos de fiscalización en los términos señalados inicialmente y eso a todas luces es bastante frustrante,
sobre todo teniendo en cuenta que renuncia a hacer una auditoría de la gestión con tanta facilidad. Nosotros vamos a pedir que sea una práctica habitual y que se haga de forma sistemática una gestión del gasto público, que se revise de forma
racional, que los objetivos sean medibles y que se mejoren las prácticas, sobre todo porque cuando uno habla de dinero público, teniendo en cuenta que nos encontramos en un procedimiento de vigilancia por déficit excesivo dentro de la Unión Europea,
la gestión de los fondos públicos hay que hacerla con criterios de racionalidad y con objetivos medibles, cuantificables, que se puedan fiscalizar de forma correcta.
Voy a resaltar las conclusiones más interesantes. El Tribunal de Cuentas dice que no se aprobaron normas de elaboración en los planes estratégicos y que, por tanto, no hay homogeneidad entre los ministerios, es decir, que cada ministerio a
la hora de la elaboración de los planes estratégicos de subvenciones presentó las normas como le pareció bien y con múltiples deficiencias, como reconoce el tribunal. Además, volvemos a lo mismo, se incumple de forma sistemática un principio
básico, el de la publicidad. Otra vez se altera y se elimina la publicidad en el Boletín Oficial del Estado, en las páginas web de los ministerios o en las correspondientes si se enviara a Cortes. Volvemos a un fallo en los principios
básicos rectores de la gestión pública. Por otra parte, los planes estratégicos no tienen una planificación respecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, lo cual, viendo la situación actual de España, a todas luces nos
parece incorrecto. Con carácter general, existe una ausencia total de la labor de actualización o seguimiento de los planes estratégicos de subvenciones; es decir, los propios ministerios que elaboran los planes estratégicos ni siquiera hacen un
seguimiento para saber si están consiguiendo los objetivos, las metas o los fines que se pretendían conseguir a la hora de realizar ese plan estratégico.
En conclusión, desde nuestro punto de vista resulta alarmante la mala planificación estratégica y el seguimiento del gasto público. Vuelvo a insistir en que España se encuentra inmersa en un procedimiento de vigilancia decisivo, con lo cual
esta debería ser una de nuestras prioridades, sobre todo en el período en que empezó a sentirse la crisis. No nos podemos olvidar de que estos informes abarcan desde 2008 hasta 2012 y, por tanto, es vital ver dónde se estaba gastando hasta el
último euro de los fondos públicos. Debo decirle al presidente del tribunal que desde nuestro punto de vista resulta bastante decepcionante que haya incumplido su objetivo de examinar el grado de eficacia alcanzado con estos planes estratégicos de
subvenciones, el cumplimiento de sus objetivos y la eficiencia y economía del empleo de los recursos.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Palencia.
Quiero hacer una salvedad. Por un error de esta Presidencia, no le he dado la palabra al señor presidente para que presentara el informe. En cualquier caso, me dice que lo da por presentado, así que luego en el turno de respuestas se
explayará más. Perdón por el error.
Señora Palencia.
La señora PALENCIA GARCÍA: Gracias, presidente.
Voy a procurar ser breve para no repetir lo ya indicado por el portavoz que me ha precedido. Efectivamente, el informe pone de manifiesto el incumplimiento legal por parte de los ministerios de elaboración de estos planes, de realizar el
seguimiento de su planificación, la falta de desarrollo normativo de los preceptos legales y la inacción de la Intervención General de la Administración del Estado para controlar el cumplimiento de esta normativa. Este incumplimiento no solo afecta
a los ministerios fiscalizados. En informes realizados por el Tribunal de Cuentas a distintas entidades del sector público también se ha puesto de manifiesto la falta de elaboración de estos planes. Los planes estratégicos se introdujeron en la
legislación en el ejercicio 2003, pero parecen más un principio que una obligación del buen hacer.
Por otra parte, en el informe echamos en falta un análisis de las causas de este incumplimiento y de la inacción por parte de los poderes públicos y de los órganos que lo controlan. También echamos en falta la incidencia que tiene la
actividad subvencional de cada ministerio y de cada entidad dependiente respecto al total de la actividad que realiza. La actividad de fomento, materia de las subvenciones, es muy importante en la actividad del sector público no solo desde el punto
de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo, ya que puede favorecer a distintos sectores o personas y perjudicar a otras. Por ello, sería recomendable que en los informes que realiza el Tribunal de Cuentas sobre
subvenciones las clasificará también funcionalmente, teniendo en cuenta que el 77 % de las subvenciones otorgadas se conceden directamente sin concurrencia competitiva, según consta en el propio informe. La elaboración de los planes estratégicos
muestra las intenciones e inclinaciones de quienes conceden las subvenciones, por lo que en aras de la transparencia su falta de implementación debería sancionarse con la inhabilitación para el ejercicio de la actividad pública. Por último, ya que
la información que ha utilizado el Tribunal de Cuentas para realizar este informe tiene su fuente en las cuentas facilitadas por las propias entidades, nos gustaría saber si el Tribunal de Cuentas las ha contrastado con la información que ya existe
en la base de datos de subvenciones prevista en la Ley de Subvenciones.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Palencia.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.
El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente. Por supuesto, también agradecemos la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas.
Queremos recalcar desde el Grupo Socialista la gran labor del tribunal en este sentido, ya que los objetivos de la fiscalización abarcan todos los aspectos relacionados con los planes estratégicos: elaboración, contenido, seguimiento y
control de grados de eficacia y eficiencia alcanzados. Señorías, la necesidad de elaborar un plan estratégico de subvenciones conecta directamente con la preocupación social, ya que está claro que hay una sensibilidad social por conocer qué se hace
y qué resultados se obtienen con el dinero público, con el dinero de todos. Además, hay que añadir que en el Grupo Socialista consideramos que debemos tener en cuenta no solo qué se subvenciona y cómo, sino también en qué medida se da respuesta a
auténticas demandas sociales y económicas existentes, qué se pretende conseguir con ese tipo de subvenciones. En este sentido, debemos considerar de forma negativa que se han producido limitaciones en ocasiones derivadas de la inexistencia de los
propios planes estratégicos, del deficiente desarrollo de los indicadores de seguimiento de las distintas subvenciones, así como de la ausencia con carácter general de tareas de seguimiento y de control de la gestión realizada. No obstante, quiero
aclarar que ni el ministerio fiscal emitió dictamen alguno sobre la posible existencia o no de indicios de responsabilidad y tampoco la Abogacía del Estado apreció posibles responsabilidades en este sentido. En cuanto a los siete ministerios
incluidos en la fiscalización, reconocieron obligaciones en el ejercicio de 2012 y en concepto de subvenciones susceptibles de integrarse en estos planes por prácticamente un total de 1.900 millones de euros. No obstante, hay que destacar que
prácticamente el 83 % de este importe corresponde a las subvenciones concedidas por uno solo de los departamentos ministeriales, que es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esto no quiere decir que el resto de departamentos ministeriales
no tengan una relevancia cualitativa, pero sí al menos una no relevancia cuantitativa.
¿Qué conclusiones más relevantes queremos extraer en el Grupo Socialista en torno a este informe? Queremos destacar, en primer lugar, que durante el periodo fiscalizado -este periodo entre 2008 y 2012- no se aprobaron normas para la
elaboración de los planes estratégicos de subvenciones ni normas que determinaran el contenido de los informes de seguimiento de los mismos. De las subvenciones gestionadas en 2012, nos preocupa que quedaran fuera de la planificación de los planes
estratégicos porcentajes por encima del 90 % en prácticamente todas las áreas ministeriales, el cien por cien de las otorgadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el cien por cien del Ministerio de la Presidencia, el 96 % del Ministerio del
Interior, etcétera. Como han dicho también otros portavoces, resulta notoriamente negativo que los planes estratégicos y demás instrumentos de planificación elaborados no fueran publicados en el BOE ni en la página web de los ministerios
correspondientes, salvo los planes de I+D+i. Si bien es cierto que este hecho no suponía incumplimiento legal alguno, su publicación hubiese permitido sin lugar a dudas incrementar la transparencia en la gestión de estas subvenciones. Nos preocupa
también que los departamentos ministeriales no hayan realizado valoraciones de los resultados obtenidos por cada una de estas líneas de subvención. En definitiva, y tal y como comentaba al principio de mi exposición, son comportamientos que, al
menos por inacción, no van en la línea que preocupa al conjunto de la ciudadanía por el uso de ese tipo de subvenciones. En este sentido, debemos hacer autocrítica y considerar -hoy quizás no sea una pregunta que el Tribunal de Cuentas deba
responder- si el plan estratégico de subvenciones no ha quedado más bien en un instrumento administrativo, en un documento meramente administrativo con un carácter formal y no como un instrumento útil desde el punto de vista económico y social que
sirva para regular los objetivos de política pública de nuestra Administración.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fole.
El señor FOLE DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer la presencia del presidente para dar cuenta de este informe, que efectivamente da pie y señal de que hay instrumentos que fiscalizan el buen uso de los recursos públicos.
Señorías, planes estratégicos y subvenciones sin control ni fiscalización no tiene mucho sentido. En la introducción de este mismo informe en sus antecedentes de fiscalización hace referencia a que el mismo se aprueba en el año 2012, donde
se incluye el programa de fiscalización para el año 2013, que se aprueba en el año 2014 y se trae a las Cortes Generales en el año 2017, con ese cierto retraso y posiblemente ya se han ido produciendo modificaciones o actividades para corregir las
conclusiones
y deficiencias que se marcan en este claro y contundente informe. Hoy, en marzo de 2017, damos cuenta en las Cortes Generales dando aún más relevancia a las recomendaciones que este informe contempla.
Si analizamos el informe, en el punto que hace referencia a la naturaleza y régimen jurídico de los planes estratégicos, se expone claramente que la actividad subvencional de las administraciones públicas debe ser planificada con objeto de
realizar una asignación equitativa, eficaz, eficiente y económica de los recursos públicos. No podemos estar más de acuerdo con esta aseveración, haciendo absolutamente coherente el concepto establecido por este grupo en otra Comisión donde se
pedía la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Vemos que estos conceptos de eficacia y eficiencia son totalmente transversales y afectan a toda la acción de Gobierno en todas las administraciones.
Esta planificación, además, se hace mucho más relevante si se tiene en cuenta la cuantía cuantitativa -que decían otros ponentes- y cualitativa de la actividad subvencional como herramienta fundamental para llevar a cabo funciones y políticas
públicas. Estamos ahora mismo sin duda inmersos en una cultura de la subvención, tanto en lo público como en lo privado. Los planes estratégicos permiten establecer una conexión entre objetivos y efectos, costes previsibles y sus fuentes de
financiación, con objeto de adecuar las subvenciones con las previsiones de los recursos disponibles, de forma que aquellas subvenciones que no alcancen los objetivos previstos, si estos se analizan, puedan ser modificadas o sustituidas por otras
más eficaces y eficientes. Eso ya lo han planteado también otros ponentes analizando solo determinados ministerios, y entramos ya en una cuantía muy elevada. ¿Destinaríamos nosotros parte de nuestros sueldos a gastos que no nos solucionan o no
satisfacen nuestras necesidades? ¿Invertiría una empresa recursos de sus inversiones en algo que no haya sido viable? ¿Por qué entonces hacerlo con los recursos públicos? ¿Por qué no analizar la eficiencia y eficacia de los mismos cuando afectan
a los bolsillos de todos?
En el apartado de magnitudes económicas, estamos evaluando un importe de alrededor de 2.000 millones de euros, teniendo en cuenta varios ministerios. Si eso lo ampliásemos al resto de ministerios, al resto de administraciones, diecisiete
comunidades autónomas, cincuenta y dos diputaciones, ocho mil ayuntamientos, creo que consideraríamos que la cantidad se haría mucho más relevante para llevar a cabo este tipo de planes estratégicos. Los objetivos, alcance y limitaciones de la
fiscalización de los planes estratégicos de este ministerio se reflejan de una forma clara y contundente en las recomendaciones y conclusiones de este informe, con los que este grupo coincide plenamente.
Resumo las conclusiones para hacer hincapié en las mismas porque, de aquí en adelante, incluso con las alegaciones de los diferentes ministerios que ya dicen que han ido corrigiendo estas deficiencias que plantean en el informe, no se puede
entender que unos planes que se definen estratégicos no sean ajustados a la Ley General de Subvenciones, no sean publicados de forma correcta, no sean evaluados y no hagan un seguimiento de sus objetivos, con lo cual lo que es estrategia, esa
definición, queda entonces un poco colgada de su significado y de su eficiencia. Pero hacemos hincapié y asumimos como propias las recomendaciones del informe, donde debería garantizarse el cumplimiento estricto de la normativa subvencional,
definir indicadores de seguimiento de los objetivos previstos en los planes, que estos se cumplan y se corrijan -siempre van a dar mayor eficiencia y mayor rentabilidad a todos los recursos-, una aprobación anual de cómo deberían ser las normas para
evaluar esos planes, adaptándolos a la diferente legislación y a las diferentes realidades económicas y aconsejar que la Intervención General de la Administración del Estado ejerza una competencia de control y evaluación más eficaz sobre los mismos.
Todos los grupos estamos haciendo autocrítica. Creo que hay mucho que mejorar. Las diferentes administraciones están en la línea, pero yo creo que no queda solo en la mano de las administraciones centrales. Insisto, habría que adaptarlo y
aplicarlo a otras administraciones, también a la parte privada y a la sociedad, que nos reclama a nosotros como representantes siempre que seamos estrictos con el cumplimiento de los recursos. Ellos lo demandan y nosotros tenemos que cumplirlo,
pero el espíritu debe ser de toda la sociedad. Por eso creo muy acertadas las recomendaciones de este informe, que asumimos como propio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fole.
Ahora sí, a continuación tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda para dar respuesta y hacer las matizaciones que no tuvo ocasión de hacer al principio.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente.
Como creo que se ha podido explicar a lo largo de la intervención de los señores parlamentarios, este informe se aprobó en el año 2014, abarca el periodo 2007-2011 e incorpora una serie de cuestiones que ustedes han ido analizando y que no
voy a repetir. Sí que me gustaría matizar, en relación con las intervenciones que se han formulado, que, en primer lugar, yo creo que hay que advertir que en el informe se establece una crítica -entiendo que de una cierta relevancia- de que no hay
planes estratégicos de subvenciones que estén formalmente aprobados, pero esto no implica o no significa que no existieran instrumentos de planificación. Podríamos decir que el plan estratégico es el instrumento más elevado de planificación de una
entidad. En el caso concreto de la planificación de las subvenciones es de una actividad que desarrolla una determinada entidad, pero sí que existían en los diferentes ministerios diferentes grados de planificación sobre la actividad que se va a
desarrollar.
Otra cuestión que me gustaría aclarar, porque se me solicita, es hasta qué punto no se ha contrastado con las bases de datos de subvenciones por parte del tribunal. Yo creo que hay que tener en cuenta que la consulta de la base nacional de
datos de subvenciones es útil para comprobar la concurrencia o no de subvenciones en un mismo beneficiario, pero no lo es tanto -o por lo menos yo no le veo tanta relevancia- para evaluar los planes estratégicos que desarrolla cada una de las
entidades. Coincido con muchas intervenciones que han planteado que la aprobación de un plan estratégico no puede ser, exclusivamente, un documento administrativo o un trámite para intentar cumplir una obligación legal, sino si el plan estratégico
no se pregunta o no hace un verdadero balance de cuáles son los objetivos que se quieren perseguir. Necesariamente, para hacerlo de una actividad como la que estamos viendo, que es la actividad subvencional, también indirectamente lo tiene que
hacer el propio ministerio de la actividad que pretende desarrollar a medio plazo. Quiero decir que si no hay un verdadero análisis de los objetivos a conseguir, de las medidas que estos objetivos van a llevar aparejados y en qué grado responde
cada una de estas medidas a los objetivos y a un catálogo de indicadores, a un catálogo de instrumentos de medición previamente establecidos de cómo se va a medir la ejecución o no del propio plan estratégico. Yo creo que los instrumentos de
planificación estratégica son fundamentales en todas las organizaciones; lo son para las administraciones públicas, para las empresas privadas y lo es para el propio tribunal, ya que estamos inmersos en la plena elaboración de un plan estratégico y
sabemos perfectamente de lo importante que es determinar los objetivos generales y específicos y los indicadores y las medidas que se quieren poner en marcha, porque, indudablemente, después los resultados que se puedan obtener de la puesta en
marcha de los indicadores van a ser elementos fundamentales para valorar la gestión de cada una de estas medidas. En el terreno de las subvenciones lo es, fundamentalmente, porque muchas veces se está pretendiendo llevar a efecto una actividad
subvencional o una actividad de fomento sin saber efectivamente o sin tener una plena conciencia de qué es lo que se pretende obtener y de cómo se van a cuantificar esas medidas que se van a subvencionar.
Hay diferentes preguntas en relación con elementos como puede ser el volumen de fondos que se han ejecutado a través de estos planes de los siete ministerios. También se ha planteado la no homogeneidad de la elaboración de los planes, que
es cierta, la metodología puede ser no homogénea en la realización de estas cuestiones. A mí me gustaría incidir en una de las recomendaciones formuladas por el tribunal en el sentido de que sería aconsejable que el control interno ejerciera la
competencia atribuida al Reglamento general de subvenciones relativa al control y evaluación de los resultados derivados de la aplicación de los planes estratégicos de subvenciones, porque el tribunal puede hacer un informe en un periodo concreto,
pero tarda a lo mejor equis tiempo en volver otra vez a un departamento ministerial concreto. Sin embargo, el control interno tiene la responsabilidad -o debería tenerla- de analizar de una manera muy cuidadosa y con mucho detalle la aplicación de
los planes estratégicos, en este caso, como estamos viendo, de subvenciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD (AES) DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000071 y
número de expediente del Senado 771/000070).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate del punto número 4.º del orden del día, correspondiente al informe de fiscalización de las subvenciones concedidas por el Instituto de Salud
Carlos III en el ámbito de la acción estratégica en salud del Plan nacional de I+D+i. Para su presentación vuelve a tener la palabra el señor presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
El informe se aprobó en 2014, la fiscalización se realizó a iniciativa del propio tribunal y su objeto ha consistido en el análisis de los procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones aplicadas por el Instituto de Salud Carlos
III, como responsable de la acción estratégica en salud del Plan nacional de I+D+i desde la perspectiva de los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía. Las ayudas fiscalizadas, con carácter general, son subvenciones plurianuales.
Ello supone que para fiscalizar el ciclo completo de la actividad haya sido preciso remitirse a la convocatoria realizada en 2009 mediante resolución conjunta de la Secretaría de Estado de Investigación y del Instituto de Salud Carlos III, sin
perjuicio de las modificaciones introducidas en convocatorias posteriores.
En relación con los resultados de fiscalización, hay que indicar que no existía un manual que regulase las fases de procedimiento y de gestión para todas las líneas, estableciendo las pautas y criterios que deben seguirse en su desarrollo y
homogeneizando las actuaciones de las diferentes unidades que intervienen en el mismo. Respecto a la fase de presentación de las solicitudes, quiero indicar que en la convocatoria de 2009 no hubo ninguna solicitud por el sistema de registro
electrónico debido a la complejidad del procedimiento para cumplimentar y para cumplir con la firma. En convocatorias posteriores se simplificó, pidiéndose solo la firma digital del representante legal. Se aprecian deficiencias en los listados de
comprobación, en los checklist utilizados por las diferentes unidades para verificar en las solicitudes el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria tanto en lo relativo a su aprobación o validación como en lo referente a quien
realizó la revisión de las mismas, la fecha en que fueron cumplimentados y su supervisión, excepto en una línea. Por otra parte, al revisar las solicitudes presentadas, el instituto no consultaba la información disponible en la base nacional de
datos de subvenciones para verificar la inexistencia de otras fuentes de financiación ni suministró información a la referida base de datos sobre las concesiones de ayudas, incumpliendo la ley y el Reglamento general de subvenciones.
Respecto a la fase de evaluación de las solicitudes, en cuanto al funcionamiento de las comisiones técnicas de evaluación en la línea de recursos humanos, se observó la existencia de unas instrucciones que detallan el proceso de selección de
los evaluadores y formación de los paneles si bien no estaban fechadas ni firmadas, lo que impide precisar su entrada en vigor. En las líneas de proyectos de investigación y redes telemáticas de investigación cooperativa en salud, no consta la
existencia de instrucciones internas que regulasen este proceso. El instituto no aprobó formalmente los modelos de evaluación que deberían complementar los evaluadores. A este respecto, en los modelos de evaluación utilizados para la revisión no
figuraban criterios establecidos en la convocatoria que deberían estar incluidos en ellos para su valoración. Esta deficiencia se ha observado en varias modalidades de la línea de recursos humanos y en el subprograma de proyectos de investigación
de salud. En la línea de productos de investigación no se ponderaron ni baremaron los criterios de evaluación recogidos en la convocatoria analizada, situación que ha cambiado a partir de 2013. En las restantes líneas, los criterios de ponderación
y baremación utilizados en la evaluación de las solicitudes, recogidos o no en la convocatoria, no estaban soportados por estudio alguno. No existían actas de las reuniones de las comisiones técnicas de evaluación, lo que supone el incumplimiento
de lo dispuesto en la orden ministerial que regula su actividad. Tampoco existían actas de las reuniones de los paneles de evaluadores en las diferentes líneas, si bien ningún precepto obligaba a ello.
Respecto a la fase de concesión, no existía un documento que recogiese la propuesta de resolución definitiva en la línea de proyectos de investigación ni en el subprograma redes telemáticas de investigación cooperativa en salud, lo que no se
adecúa a lo establecido en la convocatoria. Consecuentemente, no se pudo verificar en tales líneas el cumplimiento del plazo de quince días desde la elaboración de la propuesta por el órgano instructor para resolver la concesión.
Por otra parte, la convocatoria analizada no preveía que las propuestas de resolución definitivas fuesen notificadas a los solicitantes para que comunicasen su aceptación. Aunque no se trata de una exigencia legal, sí se notificarán las
propuestas a los solicitantes para que comuniquen su aceptación, se añadiría una mayor transparencia al procedimiento y una mayor garantía para los solicitantes especialmente en aquellos casos en los que la subvención concedida sea sensiblemente
inferior a la
solicitada. El instituto no publicó en el BOE las ayudas concedidas bajo la convocatoria Acción estratégica en salud 2009, en el subprograma Redes telemáticas de investigación cooperativa en salud y en la modalidad Miguel Servet, de la
línea de recursos humanos, incumpliendo el reglamento de la Ley General de Subvenciones. Por otra parte, la información publicada en el BOE sobre las subvenciones concedidas no reflejó adecuadamente el importe concedido en varias de ellas, pues se
omitió información del importe correspondiente a las anualidades siguientes relacionadas con la convocatoria de 2009 y se informó de los importes relativos a la segunda y siguientes anualidades de convocatorias de ejercicios anteriores sin
especificar. La entidad no realizó estudio alguno que fundamentase que la cifra de costes indirectos a financiar con fondos públicos debiera ser el 21 %, el 20 % y el 15 % del importe subvencionado, como se ha establecido en varias de las líneas o
subprogramas, por lo que se desconoce si se está generando un lucro en el beneficiario que no está permitido por la ley.
En las líneas analizadas, la decisión de prorrogar anualmente las ayudas se realizó básicamente en función de la evaluación científica, lo que podría no ajustarse a lo establecido en la convocatoria, que exigía también una evaluación
económica. Se produjeron pagos indebidos en diversos expedientes de la línea de recursos humanos, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar los sistemas de comunicación y control entre la unidad responsable del seguimiento de las ayudas de
esta línea y el área económico-financiera que realizó los pagos. El instituto ya había solicitado la devolución de los importes pagados en exceso.
Se verificó que no en todos los casos el instituto exigió intereses de demora a los beneficiarios de las ayudas por los fondos no utilizados. Esta falta de exigencia de los intereses resulta contraria a lo establecido en el Reglamento
General de Subvenciones. Destaca el caso de un beneficiario que recibió la ayuda durante tres años y que, al no realizar la actividad, se limitó a reintegrar el importe recibido sin liquidar intereses de demora. La Agencia Estatal de
Administración Tributaria autorizó a la Fundación pública andaluza para la gestión de la investigación de salud en Sevilla a considerar como deducible el IVA soportado en facturas imputadas previamente como coste de la subvención. En la medida en
que el IVA fue deducido por el beneficiario, dejó de formar parte del coste de la actividad subvencionada, por lo que se debería proceder al reintegro de los fondos junto con los intereses de demora. De acuerdo con el seguimiento posterior, a 31 de
diciembre de 2015 la fundación había devuelto 0,1 millones de euros y esta situación podría afectar a otros beneficiarios.
Nada más. Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
De nuevo, señor Álvarez de Miranda, le damos la enhorabuena por el informe que nos presenta hoy aquí.
El sistema de subvenciones del Instituto de Salud Carlos III destaca, entre todos los fiscalizados que han pasado hasta la fecha por esta Comisión Mixta, por ser claro y tomar en cuenta todo el ciclo de la vida del proyecto, como usted nos
ha indicado, desde 2009. Esa evaluación científica y económica, sinceramente, es esperanzadora, señor presidente. Los fondos fiscalizados que nos ha comentado ascienden a esos 15 millones de euros y además usted nos destaca posibles mejoras, que
realmente es la razón de ser del tribunal. Nos dice que no existían manuales de aplicación con unas instrucciones sistemáticas en las fases de presentación y evaluación de solicitudes; que tampoco existía un plan anual de actuación para comprobar
la realización de esa subvención por parte del órgano concedente. También nos ha indicado usted, presidente, que hubo pagos indebidos que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar los sistemas de comunicación y control entre la unidad responsable
del seguimiento de las ayudas en la línea de los recursos humanos y el área económico-financiera que realizó los pagos. También nos ha indicado algunos fallos respecto al tema de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el tablón de
anuncios, incluso en la página web. Quizá el instituto debería estudiar esa cifra óptima de costes indirectos a financiar, ya que los niveles establecidos que nos ha comentado del 21 %, del 20 % o del 15 % pudieran ser altos.
Sin embargo, señor presidente, aunque el Instituto de Salud Carlos III pensamos que se lo pone fácil al tribunal para que realice una favorable auditoría de gestión, en este informe falta un análisis respecto a si esos 15 millones realmente
cumplen los objetivos establecidos siguiendo los principios de eficacia, eficiencia y economía. En el Grupo Parlamentario Ciudadanos realmente estamos obsesionados por estas
cosas. Seguimos pensando que el tribunal tiene la enorme responsabilidad de dar transparencia a las instituciones, de transmitir la eficacia, eficiencia y confianza de estas a la ciudadanía para evitar esos infundios de mala praxis que a
veces los populismos e incluso los nacionalismos quieren trasladar a la opinión pública. Nuestro grupo parlamentario apostará siempre por el buen funcionamiento de los organismos reguladores, y en especial del Tribunal de Cuentas, presidente. Así
lo hemos establecido en el punto 12 del acuerdo que hicimos en agosto con el Partido Popular. Podemos reconocer que hay cosas que se hacen bien, pero nunca vamos a tener esa conducta complaciente y conformista que a veces nos ha trasladado el
Partido Popular.
Nos ha comentado hace un momento que había incumplimientos en el suministro de información, y quería preguntarle, presidente, si se ha abierto expediente sancionador y cómo han solucionado esos incumplimientos.
Nada más. Muchísimas gracias y le agradecemos el informe.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora Palencia.
La señora PALENCIA GARCÍA: Gracias, presidente.
De nuevo nos encontramos con un informe sobre subvenciones con incumplimientos reglamentarios, y además esta vez me gustaría destacar la importancia que el Instituto Carlos III tiene para el sector de la investigación, para la I+D en salud
y, en definitiva, para la economía. Como conclusiones relativas a cada fase, voy a destacar la falta de un manual regulador, tanto en la fase 1, de presentación de solicitudes, como en la fase 2, de evaluación de solicitudes. Esta falta de un
manual o de una hoja de ruta con carácter general para todas las líneas de ayuda perjudica la homogeneidad y puede conllevar nuevamente discrecionalidad y arbitrariedad en la actuación administrativa. Por otro lado, hasta 2013 no se establecía una
ponderación clara y fija sobre los criterios de evaluación en convocatorias de procesos de selección de los paneles de los evaluadores. También es reseñable la baja presencia femenina en la comisión técnica de evaluación y en las comisiones de
selección hasta 2014, lo cual no se ajusta al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres conforme a la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Por último, hay que advertir también que no existen actas de
las reuniones de las comisiones técnicas de evaluación en esta fase 2, en la de evaluación.
Con respecto a la fase de gestión y justificación de las ayudas, la fase 4, me gustaría destacar que el instituto, como dice el propio informe, carece de reglas generales y se ciñe a una revisión somera de la memoria económica presentada por
el beneficiario, a los efectos de verificar que no se producen desvíos notables con respecto a una ejecución regular del presupuesto de la ayuda. Nuestro grupo considera que se hace absolutamente necesaria una modificación del sistema de
digitalización, porque el actual, en determinados gastos como pueden ser las nóminas, obliga a los beneficiarios a grabar únicamente la información sobre su contenido en el sistema. Otros gastos, por su parte, no tienen apartado específico en
aplicación de justificación, como pueden ser los gastos aprobados por estancias de estudios o investigación, viajes o primas de seguro, etcétera, lo cual obliga a incluirlos en otros apartados. Esto no se corresponde con la realidad de las
operaciones. Obligan, además, a una segunda verificación por parte del instituto. Asimismo, varias de las pestañas de la aplicación informática necesitan un seguimiento paralelo por los mismos problemas de identificación de determinados gastos que
no aparecen específicamente en el sistema.
Por último, la constatación de que varios beneficiarios podrían estar deduciéndose a efectos del impuesto sobre el valor añadido cantidades que, a su vez, están siendo subvencionadas por el instituto, supone una duplicidad injustificada de
financiación pública vía ayudas directas y vía tributaria. Nuestro grupo considera que es una cuestión que debería ser objeto de un control exhaustivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palencia.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mato.
El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.
Gracias nuevamente al presidente del Tribunal de Cuentas. Señoría, después de haberle escuchado esta tarde y teniendo en cuenta que el Instituto de Salud Carlos III es un organismo fundamental para la mejora de la sanidad pública y un
elemento clave para el desarrollo tanto científico como sobre todo del
bienestar social de los ciudadanos, el informe presenta algunas desviaciones que nada tienen que ver con otros informes que hemos visto a lo largo de esta tarde, aunque son importantes y hay que tenerlas en cuenta. Sí querría hacer
referencia también a cómo ha ido evolucionando, en un instituto que es eminentemente tecnológico, el personal y la financiación a lo largo de los últimos años. Hoy le puedo decir, señoría, que hay más personal en gestión en el Instituto Carlos III
para gestionar subvenciones que personal tecnólogo. Esto me parece relevante porque es un instituto básico para mejorar la sanidad pública y, por tanto, también creo que habría que comparar estos requisitos, que sin duda son importantes -y que voy
a señalar en unos momentos-, con cómo ha sido la evolución del presupuesto destinado por los últimos Gobiernos al Instituto Carlos III, que ha perdido presupuesto y personal de una forma dramática a lo largo de los últimos años. Y digo dramática
porque no parece lógico que un instituto en el que se investigan las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades oncológicas y que tiene todos los centros de referencia, haya perdido, como lo ha hecho a lo largo de los últimos años, un 20 % de
personal y un 25 % del presupuesto.
Las conclusiones más relevantes del estudio que tenemos delante han sido, desde nuestro punto de vista, en primer lugar, que no parece razonable que el instituto no comunique las subvenciones concedidas a la base de datos nacional. Tampoco
nos parece razonable que no existan, como ya se ha mencionado, manuales de procedimientos o que sean insuficientes, como tampoco es lógico que no aparezcan todas las subvenciones o ayudas concedidas en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, es
bastante mejorable -es algo que pueden comprobar sus señorías y creo que también ha hecho referencia a este punto el presidente del tribunal- la posibilidad de hacer telemáticamente la solicitud de ayudas o incluso mejorar la información del portal
de la Carlos III, prácticamente inexistente, referida al cumplimiento de los cometidos del año anterior o de la concurrencia competitiva de las subvenciones que se otorgan. A nuestro grupo le parece muy relevante que haya unos costes indirectos que
representan del 15 al 21 % en algunos de los proyectos y que no se haga constar ninguna justificación de los mismos por parte de los responsables gestores del propio instituto.
Con respecto a las mejoras, parece necesario que haya un cuerpo de funcionarios de gestión porque aunque, como decía anteriormente, se haya visto mermado su número, se debería destinar un porcentaje de su personal administrativo a establecer
un plan anual de actuación, verificación y comprobación de las ayudas para que quede constancia pública de que efectivamente se están desarrollando las actividades subvencionadas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mato.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Aparicio.
La señora APARICIO CALZADA: Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer, como siempre, la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas, ya que últimamente es muy habitual que comparezca aquí para rendir cuentas sobre los informes de fiscalización que realiza.
Es objeto de fiscalización en este informe la actividad financiadora del Instituto de Salud Carlos III en el ámbito de la acción estratégica de salud que se enmarcó en el VI Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, vigente
durante el periodo 2008-2011 y que fue prorrogado hasta 2012. En este momento nos estamos remitiendo a la convocatoria del año 2009. Evidentemente, tal y como han dicho mis compañeros, estamos hablando de ejercicios anteriores, por lo que
esperamos que las medidas que en su momento se recomendaron hayan sido tomadas. A la hora de analizar este informe me resulta llamativo, a la par que preocupante, el hecho, como ya han mencionado mis compañeros, de la ausencia de un manual general
en el que se regule el procedimiento para todas las líneas de ayuda en sus diferentes fases y que establezca las pautas y criterios que deben seguirse en su desarrollo, homogeneizando las actuaciones de las diferentes unidades que intervienen en el
mismo, sin perjuicio de las específicas para cada una de ellas.
La consecuencia de la ausencia de este manual general, por ejemplo, es que los checklist utilizados por las diferentes unidades para verificar el cumplimiento de los requisitos en las solicitudes de las subvenciones no son formalmente
aprobados o verificados. Observamos también cómo en el presente informe de fiscalización no es consultada la base nacional de subvenciones para verificar si efectivamente ese solicitante ha obtenido otra fuente de financiación, al igual que tampoco
se comunica por el instituto a la base nacional de datos el hecho de la concesión de una solicitud. Yo aquí me planteo una pregunta
sobre un aspecto que me preocupa y es si todos esos beneficiarios de las subvenciones concedidas cumplían realmente con todos los requisitos y no se quedaron por el camino solicitantes que sí que los cumplían y no obtuvieron dicha
subvención.
Por otra parte, quiero destacar también que el instituto tampoco veló, como ya han dicho mis compañeros -esto de tener la última intervención lo que tiene es que quizá una resulta un poco aburrida por ser reiterativa-, por la existencia de
la transparencia en las solicitudes y en su evaluación, lo que además de ser una obligación también debería ser resultado de una buena práctica. Hablo, por ejemplo, de la no elaboración de actas de las reuniones de la comisión técnica de evaluación
y de los paneles de los evaluadores. También se detecta que existe una necesidad de mejora en los sistemas de comunicación y control entre la unidad responsable del seguimiento de las ayudas en línea de los recursos humanos y en el área
económico-financiera, ya que se ha podido detectar que ha habido pagos indebidos en distintos expedientes, como puede ser el pago de una nómina durante doce meses por un importe de 31.200 euros o tres meses de nómina en exceso por un importe de
7.221 euros. Por otra parte, tampoco en todos los casos han sido exigidos los intereses de demora correspondientes a la hora de proceder a la devolución de las subvenciones por los fondos no utilizados, contraviniendo el reglamento de la Ley
General de Subvenciones. En definitiva, estamos hablando, como he dicho al inicio de mi intervención, de periodos ya muy anteriores.
Sí que me ha gustado ver en el informe de fiscalización que, a la hora de analizar las bases reguladoras de las concesiones de subvenciones de la acción estratégica de la salud del periodo 2013-2016, se ha detectado que han sido corregidas
determinadas actuaciones. Todo esto es necesario porque no debemos olvidar que la Administración pública ha de velar por la eficacia y por la eficiencia y que a la hora de solicitar subvenciones todos los solicitantes estén en igualdad de
condiciones y que ninguna de estas actuaciones que han sido detectadas en este informe de fiscalización impidan esa igualdad real entre todos los solicitantes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aparicio.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Intervendré brevemente. Deseo indicar al señor Ten que, por supuesto, recojo lo que me plantea sobre lo que le pueden faltar a los informes del tribunal, en concreto a este, pero también quisiera hacerle ver que el trabajo del tribunal al
fiscalizar las subvenciones concedidas por el Instituto de Salud Carlos III no ha quedado en un mero análisis o una simple comprobación de las subvenciones concedidas en un ejercicio. Hemos hecho una revisión integral del ciclo de vida de una
subvención; cuestión que no es nada fácil, en la medida en que generalmente el ciclo de vida de una subvención desde su concesión hasta su eventual reintegro puede extenderse a lo largo de cuatro, cinco o seis ejercicios. El tribunal ha hecho una
labor de análisis desde el momento en que se anuncia la concesión de las subvenciones, incluso cuando se evalúan las subvenciones que se van a conceder, durante la presentación de las solicitudes, en la fase de la concesión, en la gestión y la
justificación de las ayudas por los receptores de estas subvenciones. Incluso también se analiza en el informe el ciclo de recuperación de las eventuales subvenciones cuando ha habido una mala praxis. ¿Que indudablemente tendríamos que poder
valorar los resultados de la actividad subvencional? Por supuesto, sería lo deseable, pero hay que tener en cuenta que los recursos de los que dispone el tribunal son escasos. Tenemos que atender múltiples informes y múltiples objetivos, y en el
caso concreto de esta fiscalización hemos hecho lo que estaba en nuestra mano.
Me plantea también la señora Palencia también la importancia de la falta de manuales reguladores e incluso la falta de actas de las reuniones indicativas sobre cómo se han gestionado estas cuestiones. Creo que tiene usted toda la razón en
decir lo que dice y, por supuesto, también se la doy en relación con la importancia que usted ha concedido a los problemas de deducción de IVA, que en las recomendaciones del tribunal tienen un apartado importantísimo porque se le plantea a la
fundación que obtuvo la autorización para la deducción de este IVA la devolución de los importes que haya recuperado de la Hacienda pública por este concepto en la parte que corresponda a la actividad subvencionada. Eso es importante resaltarlo.
Me plantea el señor Mato una valoración que él hace en función del presupuesto y del personal que el instituto tiene en la actualidad, así como sobre la diferencia de gestión de este instituto en la actualidad
respecto del pasado. Yo no puedo entrar a valorar el actual porque nos hemos quedado únicamente en valorar el ciclo completo de subvenciones que se derivan de la convocatoria de 2009 y que se ejecutan a lo largo de los años 2010, 2011, 2014
y 2015.
En relación con la intervención de la señora Aparicio, estoy de acuerdo con lo que ha manifestado y con la referencia que ha hecho a la ausencia de manuales de concesión de estas subvenciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE DETERMINADAS OPERACIONES O ÁREAS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES A ÓRGANOS U ORGANISMOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO, QUE HAN SIDO OBJETO DE RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS EN AÑOS ANTERIORES. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000110 y número de expediente del Senado 771/000109).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 DE LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS RECOGIDAS EN INFORMES APROBADOS EN AÑOS ANTERIORES RELATIVOS AL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000157 y número de expediente del Senado 771/000157).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los siguientes dos informes, el de fiscalización de determinadas operaciones o áreas de gestión correspondientes a órganos u organismos pertenecientes al área de la administración económica del Estado, que han
sido objeto de recomendaciones del Tribunal de Cuentas en años anteriores, y el del cumplimiento al cierre del ejercicio 2015 de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas recogidas en informes aprobados en años anteriores relativos al área de la
administración económica del Estado. Estos dos informes se verán conjuntamente, por lo cual el presidente tiene más tiempo para exponer los informes.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Ocuparé el tiempo mínimo indispensable, dado que lo que les voy a indicar es que en general, en relación con estos organismos autónomos, se han cumplido el 47 % de las recomendaciones objeto de seguimiento; un 34 % se consideraban
parcialmente cumplidas; no se han cumplido un 19 %, si bien en el caso de siete de las recomendaciones la falta de cumplimiento puede ser debida a que no ha tenido tiempo suficiente para su aplicación. No obstante, el hecho de que no se haya
atendido en absoluto una quinta parte de las recomendaciones y solo parcialmente una tercera parte lleva a la conclusión de que el cumplimiento por los organismos afectados no ha sido plenamente satisfactorio.
Mediante Real Decreto del año 2012 se suprimieron los organismos autónomos Fondo de regulación y organización del mercado de los productos de la pesca y los cultivos marinos, FROM y Parque de Maquinaria, con efectos de 1 de julio de 2012, de
acuerdo con las recomendaciones que en los informes de fiscalización sobre ambos organismos realizaba el tribunal. Además, los organismos Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición e Instituto Nacional de Consumo han sido respondidos en
un nuevo organismo autónomo denominado Agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición.
En los informes sobre diez organismos el tribunal recomendaba adoptar las medidas necesarias para que el inventario de inmovilizado recogiera información suficiente de los elementos en él incluidos, su conciliación con los registros
contables y cuantos datos fueran necesarios para la gestión y control de estos bienes. Todos los organismos, excepto el Comisionado para el Mercado de Tabacos, estaban adoptando las medidas o realizando las operaciones necesarias para migrar la
información de sus inventarios al módulo de gestión de inventarios del sistema de apoyo a la gestión económico-presupuestaria Sorolla2, gestionado por la IGAE, que reúne todos los requisitos para el registro de la contabilidad requerida a los
inventarios por el Plan general de contabilidad pública.
Por lo que se refiere a las recomendaciones en relación con el área de personal, en su mayor parte se dirigían a la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por las condiciones en las
que se desarrolla la actividad contratada puedan convertirse en personal laboral de la Administración, en virtud de sentencias judiciales, de acuerdo con la moción que en su día aprobó el tribunal. A este respecto, en diciembre de 2012, las
secretarías de Estado para las
Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos dictaron unas instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión, a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de
trabajadores para establecer los criterios comunes de aplicación. Los organismos han aplicado las instrucciones señaladas o han aprobado normas internas en consonancia con ellas y los contratos de servicios determinan con precisión las prestaciones
que deben realizar y que, en ningún caso, suponen el ejercicio de autoridad o de potestades administrativas. No ha habido por parte del personal externo que trabaja en los organismos a los que se les hizo estas recomendaciones demandas ni
reclamaciones judiciales de las que se deriven pretensiones relativas a acceder a un puesto de carácter fijo.
En los informes sobre cuatro organismos se recomendaba una presupuestación más rigurosa. Dos de ellos, la Oficina Española de Patentes y el Comisionado para el Mercado de Tabacos, han continuado manteniendo elevados remanentes de tesorería.
El organismo autónomo Parques Nacionales y la Agencia española de seguridad alimentaria y nutrición han reducido progresivamente el importe de las transferencias recibidas de sus propios ministerios.
Con respecto a los ministerios y al organismo autónomo Instituto de Salud Carlos III, en el caso del segundo informe, de las treinta y cinco recomendaciones objeto de seguimiento se han cumplido el 57 %; se consideran parcialmente cumplidas
el 26 %; no se han cumplido el 14 % y el 3 % no es aplicable. No obstante, veinte de las recomendaciones corresponden a informes aprobados en diciembre de 2014, lo que justifica que estén en proceso de aplicación.
En relación con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha atendido la mayor parte de las recomendaciones comunes realizadas. Ha de valorarse positivamente la elaboración del plan estratégico del ministerio, si bien se aprecian
carencias en la definición de los indicadores de seguimiento y sigue sin ser adecuado el sistema de seguimiento a través de los indicadores definidos en los programas presupuestarios en el que se encuadran ciertas líneas de ayuda. No se considera
cumplida la recomendación de establecer y de aplicar planes anuales de seguimiento, control y evaluación de las ayudas concedidas en los términos fijados por el reglamento de la Ley General de Subvenciones, ni la recomendación relativa a que se
realice propuesta de resolución provisional y definitiva debido a que se considera que, según la ley, puede prescindirse de este trámite.
Por lo que se refiere al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ha tenido en cuenta las recomendaciones respecto a la línea ICO Plan Avanza, si bien no
ha podido cumplir totalmente la relativa al seguimiento periódico de las cuentas bancarias destinadas de los fondos de las líneas de ayuda con el fin de controlar las amortizaciones y los préstamos excluidos de ellas. Por su parte, la Subdirección
General de Fomento de la Sociedad de la Información ha introducido numerosas mejoras en el procedimiento de ayudas en régimen de concurrencia competitiva.
En relación con el Instituto de Salud Carlos III, cabe destacar que ha recuperado un total de 0,7 millones de euros de la Fundación pública andaluza para la gestión de la investigación de salud en Sevilla y de otras cuatro entidades, por las
cantidades ingresadas de la Hacienda pública en concepto de devoluciones de IVA de la parte correspondiente a las subvenciones que se le concedieron.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
Desde luego, es mucho más sencillo cuando empieza el presidente del tribunal a la hora de establecer unas conclusiones.
Entiendo, señor presidente, que estos informes en los que se hace un análisis del cumplimiento de las recomendaciones que se han hecho por parte del Tribunal Constitucional se engloban dentro de la línea habitual que comentaba hace un
momento. Primero se hace un análisis fiscalizador sobre un organismo y luego, pasados una serie de años, se estudia si realmente se está cumpliendo. La valoración que se puede hacer del seguimiento de ambos informes es prudentemente satisfactoria,
así lo ha dicho y estoy totalmente de acuerdo. Casi todos los organismos afectados han adoptado medidas o se están realizando las operaciones necesarias para estudiar la información de sus inventarios, parece que desde la aprobación de estas
recomendaciones los organismos están aprobando normas internas en consonancia con esas instrucciones de las buenas prácticas para la gestión de la contratación de servicios y encomiendas de
gestión a fin de evitar incurrir en los supuestos de despido ilegal de trabajadores; nos ha referido que no hay ninguna demanda en este sentido. Y con carácter general no ha habido demandas ni reclamaciones judiciales por parte del
personal externo, algo que hay que tener en cuenta y desde luego es positivo.
En el primero de los informes llama la atención un juicio de valor que hace el Tribunal de Cuentas en su primera recomendación, que dice así: a juicio de este tribunal, la supresión de organismos realizada ha sido acertada y considera muy
recomendable, particularmente en situaciones de crisis económicas, que las administraciones públicas competentes analicen sistemáticamente la necesidad de mantener los organismos y entidades de ellas dependientes y decidan con agilidad su supresión
si el resultado del análisis así lo aconseja. Animamos al Tribunal de Cuentas a que haga este tipo de juicios, este tipo de enunciados valorativos, porque creemos además que es la forma de facilitar el trabajo de esta Comisión, aparte de que hacen
óptimos estos informes de fiscalización para el cumplimiento del control que hace esta Comisión de los órganos.
Por ponerle un pero, dentro de este análisis exhaustivo de información que están haciendo en aplicación de la fiscalización, estamos seguros de que tienen datos objetivos, cuantificables, incluso evidencias anecdóticas que pueden ser de
especial importancia, reseñables. Por poner un ejemplo, que además han incluido en su segundo informe, nos referimos a que de las treinta y cinco recomendaciones que han sido objeto de seguimiento en la presente fiscalización se han cumplido
adecuadamente -y lo reseñan- veinte, un 57 %; pueden considerarse parcialmente puestas en práctica o en proceso de cumplimiento nueve, un 26 %, y no se han cumplido cinco, un 14 %. Este es el tipo de información que a los miembros de esta Comisión
nos sería de mayor utilidad.
El segundo de estos informes analiza, como bien decía, la adopción de recomendaciones hechas en cuatro informes en concreto de 2014, uno sobre ayudas y subvenciones otorgadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en favor de
inmigrantes españoles no residentes en España o bien retornados; el segundo es un informe de fiscalización de subvenciones y préstamos dentro del Ministerio de Industria y Turismo, lo que se denominó el Plan Avanza, en las convocatorias de 2006 y
2007; el tercero de esos informes incluye subvenciones concedidas por el Instituto de Salud Carlos III en el ámbito de la acción estratégica de salud y el Plan Nacional de I+D+i, y el cuarto es un informe de fiscalización sobre la gestión realizada
por las consejerías del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Europa.
Desde luego, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tenía la mayor parte de las recomendaciones, no es de extrañar teniendo en cuenta el fracaso total de las políticas activas que ha tenido este ministerio en los últimos años. Y aunque
cumplió con la recomendación de elaborar un plan estratégico de subvenciones, desde luego el Tribunal de Cuentas sigue contemplando una clara deficiencia en la elaboración de marcadores a la hora de hacer un seguimiento. De hecho, en varios de
estos informes resalta la necesidad de hacer una acción transversal que englobe a todos los ministerios y que enseñe a hacer un plan estratégico, algo que desde luego resulta curioso pero que, tal como hemos visto en mi intervención anterior, es de
especial necesidad visto que cada uno hace grosso modo como le viene en gana, en lugar de tener unos criterios homogéneos y que además incluyan objetivos medibles, alcanzables, ambiciosos y concretos, que yo creo que es una de las partes
fundamentales a la hora de elaborar la gestión y sobre todo para concretar si se han cumplido los objetivos que se buscaban con esas subvenciones.
En el caso del informe de la Carlos III, que hemos visto en el anterior turno, el instituto ha dado cumplimiento a casi todas las recomendaciones, lo ha hecho con diligencia además y esto nos ahorrará tener que hacer propuestas, con lo cual
le tengo que dar la razón al presidente del tribunal, que ha hecho en el informe anterior un cuidadoso estudio de todo lo que estaba haciendo, las subvenciones y los gastos del Instituto Carlos III. Esto significa que cuando se hacen bien las cosas
desde luego el resultado final es óptimo.
He de poner un pero en el caso de algunas subvenciones, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que cumplió dos de las tres recomendaciones, aunque luego la sucesión de planes provocada por el cambio de
Gobierno -como bien dice- puede restar eficacia a estos programas y desde luego al dinero público invertido; y volvemos a resaltar que desde luego para nuestro grupo es fundamental que se pueda hacer una gestión eficiente de los recursos públicos.
También cabría resaltar el fracaso total de la Línea ICO Agenda Digital 2004, que estaba presupuestada inicialmente con una dotación de 30 millones, en la que solo se ejecutaron o se realizan préstamos por importe de 270.000 euros. Desde luego no
creo que este fuese el objetivo que se buscaba. Sguramente se equivocaron a la hora de prever las necesidades y de realizar el análisis de las necesidades previas.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
El señor Martínez, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchísimas gracias. Y gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por su intervención inicial sobre estos dos informes.
Sobre el primero de ellos, a pesar de que, como ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas, el cumplimiento de las recomendaciones no ha sido plenamente satisfactorio, se ha cumplido una parte importante y por ello el Grupo Parlamentario
de Unidos Podemos-en Comú Podem-En Marea felicita y anima al Tribunal de Cuentas y a los organismos referidos a seguir por el mismo camino. Sin embargo, existen algunas salvedades al respecto, entre las que destaca negativamente Turespaña, puesto
que tiene deudores importantes difícilmente recuperables por las cuantías y el tiempo transcurrido respecto a esa deuda. Por eso queremos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas qué propone para subsanar dicha anomalía. También se han
detectado retrasos significativos a la hora de aprobar las cuentas del organismo y queríamos preguntar la opinión del presidente sobre por qué se siguen dando esos retrasos, ¿quizá mala planificación o tal vez falta de previsión de la actividad del
organismo?
Con respecto a la gestión de inventarios de los diferentes organismos, en el anterior informe se recomendaba la migración de la gestión de la información a una aplicación determinada con cumplimiento generalizado de la recomendación excepto
en el caso del CMT. El FEGA no ha cumplido la recomendación de evitar la contratación de servicios externalizados debido a las medidas de austeridad y eficiencia en materia de empleo público dictadas por la Administración General del Estado, como
se ha dicho. Y finalmente, el CMT ha continuado manteniendo una presupuestación desequilibrada, por lo que únicamente puede considerarse parcialmente cumplida la recomendación de realizar una presupuestación más rigurosa.
En cuanto al segundo informe, en términos generales los organismos afectados están dando cumplimiento a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, lo cual es una buena noticia. Queremos plantear al respecto tres cuestiones. La primera,
respecto al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el ministerio ha tomado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la mayoría de las recomendaciones efectuadas en los anteriores informes, excepto una que pedía establecer y aplicar planes
anuales de seguimiento, control y evaluación de las ayudas concedidas. El ministerio debería definir, por tanto, con mayor precisión para cada línea de subvención los indicadores de seguimiento que permitieran conocer el estado de la situación y
los progresos conseguidos en el cumplimiento de objetivos para permitir una evaluación de su eficacia. En el caso del Ministerio de Energía, Industria y Turismo para con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, desde la perspectiva de eficacia cabe señalar el fracaso de la Línea ICO Agenda Digital 2014. Y en tercer lugar, respecto al centro de salud Carlos III, se ha dado cumplimiento a las recomendaciones hechas en el anterior informe, lo
cual es positivo.
Eso es todo. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.
El señor Hurtado, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor HURTADO ZURERA: Buenas tardes.
Quiero agradecer también la comparecencia del presidente para la presentación de estos dos expedientes singulares que se refieren al cumplimiento de anteriores recomendaciones procedentes de expedientes de fiscalización sobre organismos ya
fiscalizados. Creemos que es muy importante que se lleven a cabo este tipo de comprobaciones porque no nos podemos quedar simplemente en las recomendaciones y en la reiteración de las recomendaciones sin que se tome algún tipo de medida. Ya que no
existe posibilidad de establecer un régimen sancionador, por lo menos que la insistencia y el seguimiento en la comprobación de estas recomendaciones pueda servir para que sean atendidas.
Son dos expedientes que no presentan ningún tipo de indicio de responsabilidad contable por parte del ministerio fiscal ni de los letrados. En ese sentido, se trata de observaciones, recomendaciones de mejora, pero no se vislumbra ningún
tipo de indicio de responsabilidad contable al respecto. Por otra parte, son dos expedientes cuyo seguimiento se califica como de no satisfactorio. Se hace una valoración porcentual del nivel de cumplimiento de estas recomendaciones. En el caso
concreto de los organismos del área económica se dice que el grado de cumplimiento alcanza el 47 % y el de incumplimiento el 19 %,
y en el caso del área económica -no de los organismos-, el cumplimiento es de un 57 % y de un 14 % el incumplimiento. El porcentaje restante corresponde a cumplimientos parciales.
Ayer estuvo aquí precisamente el presidente del Tribunal de Cuentas Europeo. Se le preguntó por el nivel de cumplimiento de sus recomendaciones. Él dijo que el nivel de cumplimiento medio en ese tribunal europeo era del 20 %, nivel que se
consideraba satisfactorio. En este caso, es mucho más exigente el Tribunal de Cuentas español con un 14 % de calificación no satisfactoria. Me gustaría que nos diese información sobre qué porcentaje se considera satisfactorio y qué porcentaje
podemos considerar no satisfactorio conforme a las reuniones que se mantienen entre los distintos tribunales de cuentas.
En segundo lugar, son dos expedientes bien distintos. En uno se estudian en concreto diez organismos muy diversos, como el de Mercado de Tabacos, Patente y Marcas o Turespaña, entre otros. Las observaciones que se ponen de manifiesto son
repetitivas y se refieren, en primer lugar, a la eliminación de estos organismos. Incluso el propio tribunal hace mención a que desaparecieron dos organismos por indicación de informes anteriores del tribunal y que otro, como es el caso del
Instituto de Consumo, se ha llegado a fusionar con Seguridad Alimentaria. Mi pregunta con relación a esta cuestión es si cree que el trabajo que desarrolla la CORA, la Comisión de racionalización y liquidación de organismos, es un trabajo concluido
o si todavía se podría hacer un esfuerzo mayor con relación a la eliminación de estos organismos. ¿Sugiere el Tribunal de Cuentas algunos organismos en concreto? Me gustaría saber su opinión al respecto.
Una segunda problemática que se pone de manifiesto es la aplicación de remanentes de tesorería. Se expone en tres casos y se hace especial mención tanto respecto a Patente y Marcas como a Mercado de Tabacos y Turespaña. Me gustaría saber
por qué no se cuantifican esos remanentes de tesorería no aplicados. El Ministerio de Hacienda debería tomar cartas en el asunto para por lo menos tener una cuantificación de dichos remanentes, sobre todo cuando no se están aplicando a presupuestos
de ingresos ni tampoco se están transfiriendo a las arcas del Estado o de la Administración General del Estado. ¿Ha hecho el Tribunal de Cuentas alguna cuantificación de estos remanentes de tesorería positivos no aplicados y no transferidos?
Estamos en una lucha contra el déficit público y uno de los objetivos o materias prioritarias es la política hacendística, por lo que llama la atención que no estén ni tan siquiera cuantificados.
En tercer lugar está la cesión ilegal de trabajadores. Se habla de que ha habido una instrucción en este sentido que se está aplicando y que parece que está surtiendo efecto. Me gustaría saber su opinión al respecto, y espero que sea un
problema ya erradicado porque es una cuestión muy preocupante.
Por otra parte, nos encontramos también con el reiterado problema de los inventarios. Se habla de una aplicación que ha puesto a disposición la Intervención General, Sorolla 2, que en concreto gestiona inmovilizado, y que uno de los diez
organismos no la ha puesto en funcionamiento, como es el del Mercado de Tabacos. Este es un problema que se está dando en general. Mañana veremos en el Pleno las cuentas generales de los ejercicios 2013 y 2014, que ofrecen un patrimonio neto
negativo. Hay un problema de valoración de activos en todos los organismos, pero también en todos los ministerios, y en este caso es incomprensible que existiendo una herramienta, una aplicación puesta a disposición de todos, no se esté gestionando
de la forma debida. En cuanto al problema de la justificación de subvenciones y, en concreto, de la aplicación del reglamento general de subvenciones y de la Ley General de Subvenciones, esta es la parte que se pone en observancia en el segundo
expediente. En el caso del Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales, hablamos del programa de ayuda a emigrantes y a retornados, con un volumen de 65 millones de euros.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene usted que acabar.
El señor HURTADO ZURERA: Concluyo ya.
El segundo caso del que estamos hablando es el del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el que el ICO-Plan Avanza está dotado con 2.600 millones, y el tercer caso es el del Instituto de Salud Carlos III, respecto del que hablamos
de unos 123 millones aproximadamente.
En todos los casos se pone de manifiesto la no existencia del plan estratégico, pero sobre todo -y es lo que se apunta especialmente por el tribunal- la no existencia del plan de seguimiento y control de las subvenciones. ¿De qué forma el
Tribunal de Cuentas considera que se puede exigir de una vez por todas esta cuestión? Porque en este caso estamos hablando de incumplimiento de la ley y del reglamento de subvenciones, no de aplicaciones o de ayudas informáticas, y parece que se
podría derivar de ello hasta cierto punto algún tipo de responsabilidad contable.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero dar las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por la exposición conjunta de estos dos informes que creo que son la prueba más palpable de la extraordinaria labor que lleva a cabo el tribunal en relación con el control del
sector público y en la mejora de su gestión económico-financiera. Gracias a las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas incorpora en sus informes se produce una mejora continua y permanente en la gestión económica de ese sector público. El
tribunal, en su labor de control, va detectando deficiencias en la gestión económico-financiera y gracias a la precisión de estos informes, las distintas entidades que integran el sector público van subsanando y corrigiendo estas deficiencias. (El
señor vicepresidente, Priego Chacón, ocupa la Presidencia).
El resultado de estos informes pone de manifiesto, acerca del grado de cumplimiento de las recomendaciones que formula el Tribunal de Cuentas sobre el área económica y administrativa, que estamos ante un resultado ciertamente satisfactorio.
Basta para ello tener en cuenta las conclusiones del propio tribunal, las resume en una frase del informe 1.164 que señala que se puede concluir -ya lo dijo aquí expresamente el propio presidente- con carácter general que las entidades fiscalizadas
han atendido a las recomendaciones realizadas por el tribunal. Esta conclusión se reitera y se matiza cuando en el informe señala que con carácter general se han cumplido las recomendaciones en un porcentaje superior al 83 %, 57 % en su totalidad y
parcialmente o en proceso de cumplimiento el 26 %. También cuando de forma cuantitativa va señalando ese importante grado de cumplimiento que además hoy se ha reiterado por parte de todos los portavoces. Por tanto, resulta evidente un alto grado
de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que ha llevado a cabo el área de la administración económica del Estado. Resulta también evidente el importante papel pedagógico y de contribución a la mejora de esa administración
económica que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas gracias a su fiscalización externa. Por lo tanto, no solo hay que felicitar al Tribunal de Cuentas por su intenso trabajo y por su labor fiscalizadora sino por contribuir de una forma clara y
palpable a que la gestión económico-financiera del sector público vaya mejorando año tras año.
En el informe 1.122, el cumplimiento de las recomendaciones, a mi juicio, no difiere gran cosa. Creo que son cantidades bastante similares. De un total de 87 recomendaciones prácticamente la mitad se ha cumplido adecuadamente, es decir un
47 %; de las restantes, la mayoría se ha cumplido parcialmente, un 34 % del total y de las que quedan, en 7 casos no hubo tiempo para aplicarlas. De modo que únicamente no se han cumplido 9 de un total de 87. Estamos rondando un incumplimiento en
torno al 10 %. Dice el tribunal que el cumplimiento no ha sido plenamente satisfactorio, pero que no sea plenamente satisfactorio no significa que no sea satisfactorio. No lo es de forma plena porque queda alguna por cumplir, pero creo que el
principio al que llega el tribunal de que las entidades fiscalizadas han atendido las recomendaciones se puede aplicar a ambos informes. No hay que olvidar que alguna de las recomendaciones que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas se refiere a
cuestiones de oportunidad y no a cuestiones de legalidad -y se puede coincidir o no con el Tribunal de Cuentas-, de manera que tampoco se puede pedir un cumplimiento total. Pensemos, por ejemplo, sobre la conveniencia de suprimir algún organismo o
la implantación de medidas que pueden suponer un importante incremento del gasto y que lógicamente no se pueden ir cumpliendo de forma inmediata. Por tanto, no hay que perder de vista que el Tribunal de Cuentas es un órgano que propone, recomienda
pero no tiene facultades ejecutivas porque no es un órgano decisor. No se puede pedir a la Administración que cumpla el cien por cien.
En definitiva, un cumplimiento que supera el 80 % es una buena noticia; es un motivo para felicitar tanto al propio Tribunal de Cuentas como a las entidades del sector público que van dando cumplimiento a sus recomendaciones. Como decía el
portavoz socialista ayer, el presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea hablaba también de un porcentaje de cumplimiento en torno al 80 % de las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas por parte de los Estados miembros. Los
Estados miembros vienen a cumplir en el entorno del 80 %, unos porcentajes muy parecidos a lo que ocurre en la Administración española, que en este sentido puede decirse que se puede homologar a lo que ocurre en el resto de Estados de la Unión
Europea. Muchas veces en esta Comisión criticamos el hecho de que las deficiencias que aprecia el Tribunal de Cuentas en sus informes se van poniendo de manifiesto año tras año. Es una crítica lógica y razonable que se hace en muchas ocasiones.
Pues bien, esta labor de comprobar el grado de cumplimiento de las recomendaciones que se recogen en este tipo de informes
sirven, por un lado, para poder constatar que estamos ante grados de cumplimiento ciertamente elevados pero, por otro lado, sirven para que las distintas entidades del sector público puedan centrar sus esfuerzos en dar cumplimiento a
aquellas recomendaciones que por una u otra razón no se han cumplido. Dado que la labor del Tribunal de Cuentas es continua y permanente, a medida que este tipo de informes se vayan reiterando en el tiempo sin duda van a ser un instrumento muy útil
para que las entidades integrantes del sector público ya no puedan seguir haciendo oídos sordos a unas recomendaciones que no solo se formulan en un determinado ejercicio, sino que además en ejercicios posteriores se va comprobando su grado de
cumplimiento. Esta labor de control del grado de cumplimiento constituye un instrumento tremendamente útil para valorar incluso el nivel de eficacia que tiene la labor del Tribunal de Cuentas. Y a la vista de los resultados, creo que podemos
concluir afirmando que la labor fiscalizadora del Tribunal de Cuentas está siendo sumamente eficaz para mejorar la gestión económico-financiera del sector público y esto es algo de lo que podemos felicitarnos todos.
En este caso, estamos ante la posibilidad de ver un vaso medio lleno o medio vacío, se puede ver desde ambas perspectivas. Pero es difícil sostener y defender que el vaso está medio vacío cuando el hecho es que está lleno prácticamente al
80 % y cuando el responsable de juzgar si lo que se ha servido en ese vaso es o no suficiente, considera satisfactorio hasta dónde se le ha llenado el vaso. Me quedo con la idea de que estamos ante un vaso que tiene un contenido ciertamente
abundante y además por este camino acabará llenándose casi por completo. Y lo que es más importante, que la sociedad en su conjunto va a disfrutar de ese vaso casi lleno porque la sociedad será la gran beneficiaria del elevado grado de cumplimiento
de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas por parte del sector público, cuya gestión económico-financiera va mejorando año tras año, tal y como ponen de manifiesto estos informes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Muchas gracias, señor Fernández.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas para responder a los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Querría señalar algunas de las cuestiones que me han planteado en el turno de portavoces indicando. En primer lugar, el tribunal, desde siempre, incluye en todas sus fiscalizaciones el seguimiento de las recomendaciones de informes
anteriores. Suele ser un área de trabajo que normalmente figura en todos los objetivos de fiscalizaciones específicas que realiza el tribunal. ¿Qué ocurre? Lo que resulta especial en estos informes que presento hoy es que este seguimiento se ha
hecho de una manera transversal para una determinada área, como es el área de administración económica del Estado, siguiendo recomendaciones que, por otra parte, la propia comisión mixta y otros sectores nos han formulado. Es decir, hemos evaluado
en qué medida las recomendaciones de tribunal se cumplen, también respondiendo a una pregunta que en muchas ocasiones se ha repetido en esta Comisión, es decir, para qué sirve un órgano como el Tribunal de Cuentas si, de manera recurrente, estamos
viendo problemas que se repiten año tras año. Quería indicar que puede ser compatible -aunque parezca contradictorio- que el seguimiento de recomendaciones sea elevado y que, sin embargo, nos encontremos ante problemas recurrentes. Porque las
recomendaciones atienden a un porcentaje de la gestión administrativa o de la gestión pública que, efectivamente, está identificado y está evaluado, y además está propuesta una medida de mejora, porque esa medida de mejora se ve de una manera muy
clara. Por lo tanto, el seguimiento de recomendaciones puede ser -como en este caso se ve- positivo, pero también pueden existir recurrentemente incumplimientos en los informes de fiscalización que son recurrentes de unos informes a otros. Ambas
situaciones son compatibles y hay que intentar atinar en las recomendaciones adecuadas para que esos incumplimientos se puedan resolver. Esa es, evidentemente, la labor positiva en la que el tribunal puede intentar avanzar de cara al futuro.
La segunda cuestión que quería señalar es que agradezco que se felicite al Tribunal de Cuentas por el cumplimiento de las recomendaciones, pero, verdaderamente, es responsabilidad de los gestores. Los que tienen la responsabilidad de
cumplir con las recomendaciones que formula el tribunal son los gestores. Si lo han hecho ellos, creo que son ellos los que deben se felicitados y lo contrario también, es decir, si hay recomendaciones que no se cumplen -se me ha preguntado qué
puede decir el tribunal sobre el no cumplimiento de determinadas recomendaciones- es porque los gestores no han atinado; es responsabilidad suya. ¿Qué podemos hacer? Indudablemente, ponerlo de manifiesto aquí, volver en
sucesivos ejercicios a valorar en qué medida se cumplen las recomendaciones. Aquí me han hecho preguntas sobre cesión ilegal de trabajadores, inventarios, cuantificaciones sobre los estados de remanente de tesorería u otras parecidas. Por
cierto, quiero decir que en el informe que he presentado figuran datos de remanentes de tesorería de cuatro organismos -y una de sus señorías me lo ha preguntado concretamente-, el de Patentes y Marcas, Patrimonio Nacional, Comisionado de Tabacos, y
Seguridad Alimentaría y Nutricional. Es decir que se ha hecho un seguimiento concreto de esos remanentes de tesorería. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
También me preguntan en concreto sobre las recomendaciones que ha formulado el tribunal acerca del planteamiento de mantener la vigencia de determinados organismos y en qué medida esto puede seguir teniendo vigencia en función del programa
CORA. Las recomendaciones que hemos hecho de supresión de organismos son independientes del programa CORA. El programa CORA tiene una finalidad concreta y es el objetivo de una política concreta del Gobierno en función de unos parámetros. Las
recomendaciones que ha hecho el tribunal sobre eventuales juicios de mantenimiento o no de determinados organismos no van en función de la ejecución del programa CORA, sino porque entendemos que esos organismos no se encuentran justificados en su
definición ni en sus objetivos y que, por tanto, puede haber otras maneras mejores de gestionar los servicios públicos o los cometidos que tienen estas entidades a través de otros instrumentos. Así pues, no podemos vincular una cosa con la otra,
porque nosotros no tenemos ninguna vinculación con el programa CORA. Cuando lo evaluaremos -si lo evaluamos- podremos valorar si es positivo o negativo y qué resultados ha producido. Mi opinión personal es que el programa CORA, indudablemente,
debería tener un recorrido importante en el conjunto de los sectores territoriales, porque parece que solo ha existido la necesidad de plantearlo en el ámbito de la Administración General del Estado, cuando todos sabemos que en el mundo de las
administraciones territoriales la proliferación excesiva de organismos, agencias, fundaciones y otros instrumentos de esa naturaleza seguramente se podría haber ordenado de una mejor manera.
También me han preguntado en concreto sobre Turespaña. En cuanto a las recomendaciones específicas respecto a Turespaña, quiero indicar que en este apartado concreto los planteamientos de suspender la relación comercial con quienes
incumplan sus obligaciones de pago, acelerar el envío de las deudas pendientes a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y reforzar los medios de la Intervención Delegada para evitar retrasos en la aprobación de cuentas justificativas eran
los elementos más importantes señalados en nuestras recomendaciones.
Pero vuelvo al comienzo para resumir mi intervención diciendo que la mejora de las recomendaciones es responsabilidad de los gestores. Ellos son fundamentalmente los que deben ser felicitados. Lo que sí es importante es que haciendo
valoración del cumplimiento de las recomendaciones de manera transversal, hacemos un balance de la gestión común de lo que puede haber puesto encima de la mesa el Tribunal de Cuentas y en qué medida las administraciones tienen sensibilidad para
llevarlas a cabo.
En referencia a la pregunta que me hacen en relación con las diferencias que puede haber respecto del Tribunal de Cuentas Europeo, hay que tener en cuenta la gran diferencia entre la gestión presupuestaria y económica de la Comisión Europea
y unos presupuestos tan complejos como los de las administraciones públicas españolas. Por lo tanto, el cumplimiento de las recomendaciones en el ámbito del Tribunal de Cuentas Europeo no diría que es mucho más sencillo, pero sí posiblemente mucho
más directo de lo que puede ser el conjunto de recomendaciones que el tribunal ha formulado en relación con la Administración General del Estado y las administraciones territoriales que fiscaliza.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA, EJERCICIO 2014, Y DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN EN ELLA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DECLARADOS A EXTINGUIR POR LA LEY 3/2013, DE 4 DE JUNIO. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000139 y número de expediente del Senado 771/000138).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto 7.º, informe de fiscalización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ejercicio 2014, y del proceso de integración en ella de los organismos públicos declarados a extinguir
por la Ley 3/2013, de 4 de junio. Vuelve a tener la palabra el señor Álvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Me van a permitir ustedes que no haga un relato sobre la evolución de estas comisiones y su azarosa vida hasta el proceso de integración que han vivido y vaya
directamente a los resultados del análisis del proceso de integración. El proceso de integración supuso la asunción por la comisión de los medios humanos y materiales procedentes de los organismos extinguidos que se encontraban sometidos a distinta
legislación, a diferentes planes de contabilidad y a presupuestos estimativos o limitativos, habiéndose constituido el 25 de septiembre de 2013. En su ley de creación se estableció que la comisión continuaría desempeñando transitoriamente las
funciones que, conforme a la misma, deberían traspasarse a los departamentos ministeriales hasta que estos dispusieran de los medios materiales para ejercerlas sin determinar plazos para su ejecución. En la práctica la comisión ha continuado
ejerciendo en el año 2014 y hasta la actualidad la mayoría de las atribuciones de los organismos extinguidos, asumiendo los medios materiales y plantillas de personal de aquellos, además de nuevas competencias relevantes que le han sido atribuidas
con posterioridad. Los gastos de personal disminuyeron en 3,3 millones de euros en relación con la suma de los gastos de los organismos extinguidos, lo que supuso un ahorro del 10,6 % a 31 de diciembre de 2013. Al finalizar el ejercicio 2014, la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia superaba el límite máximo de diez directivos con contratos de alta dirección, alcanzando un total de veintidós puestos de esta naturaleza. No obstante, nueve de los contratos contaban con la
autorización excepcional de la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, otros cuatro estaban pendientes de consulta a la Abogacía General del Estado y tres perdieron su condición de personal de alta dirección en 2015.
Asimismo se celebraron dos procedimientos de contratación para la externalización del desarrollo de aplicaciones y aseguramiento de la calidad y seguridad de los sistemas de información, lo que indica que la comisión no disponía de personal técnico
propio para cubrir sus necesidades estructurales en la fecha de su creación.
Llegando a la representatividad de las cuentas anuales, estas fueron rendidas por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado el 22 de diciembre de 2015, fuera del plazo legalmente establecido. La opinión sobre las
cuentas anuales es favorable, excepto por la incertidumbre por las consecuencias que se puedan derivar de la falta de un inventario actualizado y de la conciliación entre la contabilidad y dicho inventario. Ello es debido a la existencia de
numerosos elementos totalmente amortizados por importe de 9,5 millones de euros y que por su antigüedad, inexistencia o, en general, por el hecho de que no existen expectativas de un posible rendimiento futuro deberían darse de baja del propio
inventario y también por la ausencia de procedimientos homogéneos de gestión del inmovilizado que procede de los organismos extinguidos. Hasta el mes de marzo de 2015 no se iniciaron los trabajos para la implantación en la entidad de la
contabilidad analítica prevista en su ley de creación. Asimismo, carecía en 2014 de procedimientos homogeneizados de gestión del inmovilizado y de gestión de la tesorería y tampoco se realizó la actualización de su inventario. La comisión disponía
de instrucciones y procedimientos para la liquidación de dietas, gastos de viaje y comisiones de servicio.
Respecto a la gestión en el ámbito de la contratación, cabe destacar la existencia de desajustes entre los listados y los contenidos de los programas informáticos que gestionaban la contratación, la detección de inexactitudes en relación con
los contratos facilitados por la entidad, así como la ausencia en la mayor parte de los expedientes examinados del acto formal de recepción. En general, existe un elevado nivel de cumplimiento de la normativa sobre contratación, excepto por la
existencia de un posible fraccionamiento en tres contratos menores de seguridad celebrados por meses y tramitados de forma separada, por las deficiencias en la tramitación de un contrato de obras y por la presentación en un mismo documento de las
propuestas evaluables mediante un juicio de valor y las de puntuación automática.
En materia de sistemas de información, la comisión no disponía del plan director de seguridad ni del documento de seguridad previsto en la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal. Tampoco se había llevado a cabo la
adaptación de los sistemas de información al esquema nacional de seguridad y al esquema nacional de interoperabilidad, si bien tales actuaciones se encuentran incluidas en el plan estratégico de sistemas de información de la comisión.
Adicionalmente, se observa la adopción de diversas medidas para el cumplimiento de la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como el número de mujeres de la plantilla, que suponía el 60 % del total. Se ha
efectuado el seguimiento respecto al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en anteriores informes del tribunal sobre varios de los organismos que se integraron en la entidad, como los relativos a la fiscalización de la Comisión Nacional de
Energía o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones correspondientes al ejercicio 2007 y a la propia Comisión Nacional de la Competencia, ejercicio 2008. En
los tres informes citados se recomendaba la implantación de un sistema de contabilidad analítica que aún no se había implantado en la comisión en el periodo fiscalizado, como ya he indicado. No obstante, en septiembre de 2015 se aprobó y
validó por la IGAE el modelo de contabilidad analítica mediante la adhesión al sistema estatal Canoa, si bien no se había llevado a cabo su implantación. Respecto a la recomendación de subsanación de las deficiencias del inventario indicadas en el
informe sobre la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, continuaban sin resolverse totalmente por la entidad fiscalizada.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Ciudadanos, el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, y actúa con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno. Precisamente por esta
autonomía tan amplia es interesante la opinión del Tribunal de Cuentas en este informe sobre la citada comisión. Nos ha comentado usted ciertas anomalías, realmente son pequeñas, pero las cuentas anuales de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia correspondientes al ejercicio 2014, en sus aspectos significativos, establecen una imagen fiel de esa situación financiera y patrimonial y de los resultados del ejercicio, de acuerdo, como nos ha comentado, con los principios y criterios
contables, excepto esa falta de inventario actualizado, que creo que se repite y se suele comentar en esta Comisión, y la existencia de elementos por importe, creo haber escuchado, de aproximadamente 9,5 millones de euros, que estarían totalmente
amortizados. Yo le quería preguntar, porque se repite constantemente cuando nos aporta usted los informes de fiscalización, si realmente es un problema menor y si es común en la Administración pública.
Señor Álvarez de Miranda, nos hubiese gustado -quizás es complicado porque no son situaciones homogéneas- que este tribunal hubiera analizado si la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supuso una mejora respecto
a la pluralidad de organismos previos: la Comisión Nacional de Energía, del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia... Nos ha dado la cifra, aproximadamente -creo recordar- de un 10 % de ahorro, pero quisiera, si
es posible, que nos diera su opinión. Desde nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos estamos preocupados no solo por la despolitización de los organismos reguladores, sino además por esa eficacia de estos organismos, y así lo establecimos en el punto
trece de nuestro acuerdo con el Partido Popular, para separar, por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y, por otro lado, la Competencia. Por un lado, los mercados, en la cual asumiría funciones de supervisión y control de los sectores
económicos regulados, en especial el sector energético, telecomunicaciones, audiovisual, transporte, etcétera, y por otro lado, esa autoridad independiente en defensa de la competencia, que asumiría esas funciones de promoción de la competencia y
aplicación de la normativa española y europea.
Por último, nos resulta curioso, quizás irónico, que el Tribunal de Cuentas recomiende a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que en la contratación de pequeñas obras promueva la concurrencia y la competencia entre
licitadores. Lo trasladaremos a nuestras propuestas de resolución porque no tienen ningún sentido en una comisión nacional, en un organismo regulador que está velando por la competencia, esas pequeñas obras o esa fragmentación de contratos que ha
comentado usted. Creo que debería resolver esta cuestión.
Le agradezco su presencia aquí, presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Señor Ferrán Martínez, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco, una vez más, la intervención del presidente del Tribunal de Cuentas. Sobre el informe de fiscalización que nos atañe, hay algunas cuestiones que nos han llamado la atención. La primera de ellas es que hubiera más directivos de
alta dirección de los permitidos por ley. Queríamos saber a qué se debe, en opinión del presidente del Tribunal de Cuentas, que el Cecir autorizara esos contratos de más. Una vez
más, en los organismos que fiscaliza el Tribunal de Cuentas nos encontramos con la externalización de servicios que debieran ser prestados por personal propio, sobre todo aquellos que tienen que ver con servicios críticos de la entidad. Por
eso, queríamos preguntar si el presidente del Tribunal de Cuentas cree que empieza a ser este un ejercicio demasiado recurrente y que induce a sospecha. También queríamos preguntarle si piensa que las medidas de limitación de gasto, en general,
tomadas por el Gobierno en los últimos años limitan la actividad de algunos organismos.
Por otro lado, el informe cita la existencia de numerosos elementos inventariados que deberían darse de baja por un valor de casi 9,5 millones de euros y queríamos preguntar si, en opinión del presidente, la falta de un inventario
actualizado se debe a la necesidad de cuadrar las cuentas de la entidad. Respecto a los gastos de viaje, dietas y comisiones de servicio, queríamos preguntar cómo es posible que en una entidad de tal magnitud el presidente de la misma se autorizara
a sí mismo este tipo de gastos. Finalmente, en los aspectos relativos a la contratación, una vez más se detectan contratos que deberían ser a largo plazo y con concurso de libre concurrencia pero en los que se dan contratos fragmentados para evitar
dicho concurso. Por eso queríamos preguntar si, en opinión del presidente del tribunal, no empieza a ser esta una práctica demasiado recurrente en la Administración pública y si los errores en el proceso técnico o administrativo en algunos
concursos no empiezan también a ser demasiado recurrentes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Moreno.
La señora MORENO RUIZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por el trabajo de la institución que representa y por su exposición.
El Grupo Socialista parte de una idea, y es que todo proceso de integración, y más de una envergadura como esta -estamos hablando de siete organismos-, es un proceso muy complejo desde el punto de vista de la gestión, de la contabilidad, del
personal y de los medios materiales a integrar. Con todo, hay que reconocer que, a la luz del informe del Tribunal de Cuentas, la integración se ha realizado o se está realizando -porque no tenemos más información que la de 2014- de una manera
bastante pulcra, aunque hay algunos aspectos y cuestiones que mejorar claramente. Al ser el informe del año 2014, suponemos que ese proceso de integración habrá ido evolucionando. De hecho, nos ha aportado algún dato del año 2015, por ejemplo en
relación con la implantación del sistema de contabilidad analítica, que venía denunciado como una falta en el informe. Sin embargo, se nos ha aclarado que ese sistema se está implantando ya en la nueva comisión nacional resultante. Pues bien,
entre los aspectos a destacar, algunos de los cuales ya se han señalado por anteriores intervinientes, nos llama la atención el exceso de personal directivo, que no sabemos si ya se habrá resuelto. A la luz de la información que aporta el informe
pareciera que se estaba en trámites de solución, pero no sabemos si esto se habrá suprimido ya. También nos parece interesante destacar, porque es algo urgente, la existencia de un gran número de tecnologías, en ocasiones con la misma
funcionalidad, así como aplicaciones utilizadas por los servicios administrativos y sectoriales que restan operatividad al ente y que restan, como es natural, eficacia y eficiencia. Suponemos que con el transcurrir de los años todo esto se habrá
solucionado, pero no podemos saber, a la luz del informe, si se ha solucionado ya o no.
Además de otros informes y recomendaciones previas del Tribunal de Cuentas, ya en las propuestas de resolución nos referiremos a algunos aspectos concretos. Pero ahora mismo yo solamente quisiera reseñar dos preocupaciones que no dependen
tanto de la Comisión como del Gobierno. En primer lugar, que el Gobierno culmine, si no lo ha hecho ya, los cambios normativos necesarios para que los departamentos ministeriales ejerzan plenamente aquellas funciones que les fueron transferidas y
que se encargaron a la Comisión de manera transitoria, y en segundo lugar, que es muy importante, que el Gobierno, si acaso no lo ha hecho ya, proceda a la revisión de las dotaciones de personal precisamente para evitar las externalizaciones que se
han producido en muchos casos y que afectan a materias sensibles.
Termino destacando, porque no es demasiado frecuente, que en este caso hay un alto grado de cumplimiento, en nuestra opinión, de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Hay un alto grado de cumplimiento
que se materializa en la existencia de un convenio colectivo en el que figuran medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres; la implantación de un plan de promoción profesional para el personal
laboral que, en caso de empate entre candidatos, se prioriza a la mujer; se incluyen cursos para la promoción de la igualdad; se
incluye la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el ámbito del II Plan de igualdad entre hombres y mujeres. Hay distintas menciones y un trabajo que nos parece bastante serio. Es deseable que este compromiso se extienda
al conjunto de entes de la Administración General del Estado en cumplimiento de la Ley de igualdad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.
Para acabar este punto tiene la palabra el señor Juncal.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Le doy la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas a esta sesión.
Respecto a este informe, después de lo dicho por la señora portavoz del Grupo Socialista, no hay mucho más que añadir. El tribunal ha hecho análisis de la cuenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y refleja como
aspectos significativos la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y los resultados del ejercicio. Hay una salvedad en relación con el inventario actualizado, que hace referencia a que son elementos que, por tratarse de la suma de unos
organismos que han volcado todos sus activos, todo su personal y recursos en un nuevo organismo que nació en 2014, es un tema complejo, como también se ha reconocido, porque son organismos importantes, como la Comisión Nacional de la Energía -con
todas las liquidaciones del sistema eléctrico, hidrocarburos, etcétera-, que, indudablemente, vienen de antiguo. Además, por lo que sabemos de todos los informes, los inventarios dan problemas al Estado en todos sus organismos.
En cuanto a otras cosas que ya se han citado, como ha señalado el presidente, se ha producido un ahorro al producirse en 2014 la fusión en cuanto a diversas partidas de los organismos por separado. En relación con la partición de contratos,
lo explica en las alegaciones el presidente de la comisión; por ejemplo, en el contrato de seguridad cada ente tenía su sistema de control de seguridad, por lo que para buscar uno único hubo que esperar a que vencieran todos para poder hacer una
oferta. Se implanta la contabilidad analítica. Por tanto, insisto, salvo en el inventario de esos bienes antiguos -que, por tanto, están amortizados y tienen un valor neto de cero, por lo que no concuerdan con la contabilidad-, estamos ante un
informe limpio. No hay nada más que decir, teniendo en cuenta, eso sí, las recomendaciones que efectúa el tribunal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.
Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda para responder a las cuestiones planteadas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.
Hay cuestiones concretas, cuestiones más generales y peticiones de aclaración. Por ir a una de las concretas, se me pregunta si la existencia de bienes totalmente amortizados en el inventario es un problema menor o es un problema común. En
definitiva, me piden una opinión relativa a la importancia que pueden tener las cuestiones referidas al inventario y al inmovilizado respecto de la opinión que se puede dar en el ámbito de la auditoría pública. Usted sabe perfectamente que es un
tema verdaderamente nuclear, es decir, la gestión del inmovilizado de las administraciones públicas es muy compleja porque generalmente existe un importante acervo de patrimonio publico en manos de estas administraciones, cuyo registro, valoración o
amortización es muy difícil de llevar a efecto. Por lo tanto, a la hora de ofrecer no una imagen de liquidación presupuestaria -que es fácil-, sino una imagen de gestión o de contabilidad patrimonial, la gestión del inmovilizado y de las
amortizaciones es importantísima y genera los principales problemas que puede tener una administración como esta. En este caso concreto en el que usted me pregunta si es un problema menor, precisamente por eso indicamos que el inventario es algo
muy importante porque lo que verdaderamente tiene trascendencia es si estos bienes totalmente amortizados están en condiciones de funcionamiento o no. Si están en condiciones de funcionamiento y prestan servicio a la entidad, indudablemente no
tiene que adoptarse sobre ellos ninguna medida. Sin embargo, si están totalmente amortizados, pero o no están en condiciones de funcionamiento o verdaderamente no contribuyen a la adecuada gestión de la entidad, lógicamente deberían darse de baja
de la contabilidad. Ese es el problema que nuestra advertencia respecto de las cuentas señala.
También me han planteado que el tribunal no ha realizado un análisis de si este proceso representa una mejora o no en relación con el interés que puede tener la evaluación de determinadas medidas de carácter político, indicando si el
tribunal, en definitiva, entra en el ámbito de evaluación de la oportunidad de determinadas medidas. Usted sabe perfectamente que la evaluación de la oportunidad es algo propio del ámbito político, que es donde, efectivamente, se evalúa la
oportunidad de determinadas medidas. A veces, el tribunal entra con un estricto contenido técnico a evaluar aspectos de esa oportunidad. Pero no nos corresponde a nosotros evaluar la oportunidad de una determinada medida u otra porque ese es el
puro ámbito de decisión de la política, la oportunidad o no de acometer una determinada medida.
Lo que sí le puedo decir es que respecto a la existencia o no de una comisión o de varias comisiones, en el ámbito europeo hay muchos modelos. Hay modelos en los que existen diferentes organismos supervisores y modelos en los que solo hay
un organismo supervisor. La realidad es que en el caso de nuestra regulación, aunque exista un único supervisor, luego existen diferentes salas, una que se dedica a la competencia y otra que se dedica a la supervisión. Por lo tanto, verdaderamente
no ha variado tanto la situación. Aunque tengamos un solo organismo de esta naturaleza, lo que se establece es una competencia singularizada para unos casos y para otros.
Conexo a esto, me preguntan también a qué se debe la existencia de diferentes contratos de alta dirección dentro de la comisión. Hay un período transitorio, de adaptación, que la comisión ha necesitado. Ya les he indicado que en el año
2015 se cancelaron tres contratos que perdieron la condición de personal de alta dirección. Hay otros que tienen la autorización de la Comisión Interministerial de Retribuciones, entiendo que atendiendo a la propia redacción literal de los
contratos, la posibilidad de modificarlos está también en la redacción de los mismos. Por tanto, supongo que la comisión está arbitrando medidas para reducir ese número de directivos.
Me han planteado también cuestiones en relación con el cumplimiento de las medidas que establece la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Me gustaría señalar que este es un caso claro de que, cuando se adoptan políticas
activas en relación con estas medidas, la labor del tribunal puede evaluarlas. Cuando esas medidas de política activa no existen, y si existen no están lo suficientemente desarrolladas y explícitas en la gestión de la entidad, generalmente el
tribunal lo que hace es indicar que no lo ha podido evaluar. Indudablemente, en el caso concreto de esta comisión es una posibilidad que hemos podido utilizar y la hemos llevado a efecto.
También quiero indicarles que, efectivamente, como ha dicho el representante del Grupo Popular, lo que se ha emitido sobre este informe es una opinión limpia con algunas salvedades, que creo que las hemos indicado, en relación con la gestión
de los inventarios y con el inmovilizado. No tengo nada más que añadir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS DEUDORES POR PRESTACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000141 y número de
expediente del Senado 771/000144).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto número 8.º del orden del día, que corresponde al informe de fiscalización del procedimiento de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, ejercicio 2014.
Tiene la palabra, de nuevo, el señor Álvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Este informe se aprobó en junio de 2016, y se refiere al ejercicio de 2014. Además de los resultados de fiscalización relativos a la dirección general, se han realizado comprobaciones específicas en las direcciones provinciales de Madrid y
Sevilla.
Respecto al registro contable de los deudores por cobros indebidos de prestaciones, hay que indicar que la disposición final trigésima segunda de la Ley reguladora de medidas fiscales administrativas y de orden social habilita al instituto a
considerar los reintegros percibidos por prestaciones del sistema de la Seguridad Social, desde el punto de vista presupuestario, como minoraciones de obligaciones; es decir,
menor gasto del ejercicio en que los mismos se generan. Sin embargo, el registro inicial de los deudores por prestaciones realizado por el INSS no supone la correcta contabilización de un ingreso en la cuenta de resultados, puesto que la
contrapartida es una cuenta de pasivo del balance. En consecuencia, aunque la contabilización de estas partidas no afecta al resultado económico-patrimonial de la entidad hasta su cobro, dicha práctica no se ajusta a los principios contables de
devengo y de no compensación. El registro de los deudores por prestaciones detectadas no siempre cumple con los requisitos exigibles para su contabilización, debido a que en ocasiones esta se realiza con anterioridad a la emisión de la resolución
de reconocimiento de la deuda. Este proceder no afecta a la representatividad de la cuenta de deudores por prestaciones, siempre y cuando la resolución sea emitida en el mismo ejercicio. En otro caso, el inventario estaría sobrevalorado en el
importe de las deudas que carezcan de la citada resolución.
Respecto a la detección de los deudores por cobros indebidos de prestaciones, en virtud del procedimiento de control de la compatibilidad de los ingresos del pensionista con la percepción del complemento a mínimos establecido por el
instituto, se reclama lo indebidamente percibido en concepto de mínimos con dos años de retraso respecto de la fecha real de su percepción, lo que supone un riesgo de cobro indebido del complemento en años sucesivos, dado que no se prevé la
suspensión cautelar de aquel en caso de incidencia. Así, se han detectado 22.929 deudores por cobro indebido del complemento a mínimos, que fueron reincidentes en varios ejercicios, de los que 16.669 lo fueron por lo menos dos años, y los 6.260
durante al menos tres años.
Por otra parte, el control del fallecimiento de los perceptores de una pensión presenta deficiencias debido, fundamentalmente, a las carencias de la información sobre defunciones remitida por la Dirección General de Registros y del Notariado
y por el Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, los criterios establecidos por el instituto para efectuar el cruce informático no garantiza que se detecten ni se den de baja todos los pensionistas fallecidos. Además, el instituto no tiene
establecido un control de vivencia de los beneficiarios de una pensión, en tanto que las entidades financieras colaboradoras en el abono de las pensiones tampoco efectúan de manera sistemática dicho control al que están obligadas. Con independencia
del procedimiento de retrocesión bancaria, por el que se recuperaron algunas de las pensiones indebidamente percibidas, las mencionadas lagunas en el control de fallecidos han determinado que, durante el periodo 2012-2014, haya prescrito el derecho
a reclamar tales pensiones por un importe de, al menos, 10,3 millones de euros.
En el contraste realizado entre la información sobre fallecidos proporcionada por el INE y las nóminas del instituto relativas a diciembre de 2014 y a octubre de 2015, se ha constatado que figuraban 29.321 pensionistas con un DNI cuyo número
coincidía con el de personas fallecidas. No obstante -y esto es importante aclararlo-, ello no quiere decir que hubiera ese volumen de fallecidos percibiendo una pensión, debido, entre otros factores, a la existencia de números de DNI duplicados.
De ellos, en 766 casos coincidían también los nombres y apellidos con el siguiente detalle: en 222 casos coincide el nombre y los dos apellidos; en 112 es igual el nombre y el primer apellido; en 37 casos se corresponden el nombre y el segundo
apellido; y en los 395 restantes coincide el primer y el segundo apellido. Además de los anteriores casos, en 235 consta la misma o similar fecha de nacimiento con una diferencia de hasta treinta días.
Respecto a la tramitación de los deudores por cobros indebidos de prestaciones, el instituto no disponía de un manual interno para la tramitación de los cobros indebidos de prestaciones, en el que se contemplasen aspectos como los criterios
de gestión, controles a realizar, forma de efectuar estimaciones y cálculos y fuentes de datos disponibles. Además, la Dirección General del INSS no homogeneiza ni coordina las actuaciones de las direcciones provinciales, más allá de dictar
instrucciones sobre aspectos parciales de procedimiento. La aplicación informática Midas, utilizada por el INSS, solo permite registrar los expedientes, las variaciones y las amortizaciones de la deuda, por lo que a través de ella no es posible
efectuar trámites en la gestión de los cobros indebidos, tales como la emisión de comunicados y resoluciones de los respectivos procedimientos. Tampoco dispone de un campo para el registro de la fecha de inicio del expediente, lo que dificulta el
control de la caducidad del procedimiento. Debido a lo anterior, veinticinco de las cincuenta y dos direcciones provinciales cuentan con aplicaciones informáticas propias, no uniformes, para efectuar la tramitación y gestión de la deuda. El
inventario de deudores por prestaciones del INSS, a 31 de diciembre de 2014, presenta una serie de incidencias: no consta la fecha de resolución de expedientes que ya han sido resueltos; incluye expedientes sin saldo inicial ni movimientos en el
ejercicio; recoge expedientes con saldo negativo de deuda; y respecto a la información
remitida por la Tesorería General solo proporciona datos a la fecha de consulta sin conservar información histórica.
Por lo que se refiere a la gestión y el control de los deudores por prestaciones derivadas del denominado síndrome tóxico, se efectúan con una aplicación no integrada en Midas, lo que implica generar un inventario para estas deudas distinto
del general de deudores por prestaciones y su posterior integración. En cuanto a la recuperación de la deuda derivada del pago de un subsidio por incapacidad temporal, en la modalidad de pago directo u otros subsidios, las direcciones provinciales
aplican distintos criterios: el 57 % de las mismas emiten una resolución de deuda, mientras que el 43 % restante realizan compensaciones mensuales.
Según los datos del inventario de deudores a 31 de diciembre de 2014, la deuda comunicada por el instituto a la Tesorería General de la Seguridad Social para su gestión de cobro ascendía a 71,7 millones de euros, correspondiente a 58.133
expedientes. Durante la fiscalización se remitió este inventario de deudas para su confirmación a la Tesorería General, que comunicó que el importe de la deuda que estaba gestionando ascendía a 15,3 millones de euros, correspondientes a 174.047
expedientes. Esta diferencia pone de manifiesto la existencia de deficiencias de comunicación entre ambas entidades y el riesgo de que el saldo de inventario de deudores por prestaciones no refleje su situación real.
En las actuaciones fiscalizadoras realizadas en las direcciones generales provinciales de Madrid y Sevilla se ha observado una disparidad de criterios sobre la tramitación de la deuda por el INSS y la Tesorería General de la Seguridad
Social.
Eso es todo, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el señor Ramírez por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.
El objetivo del presente informe era analizar el procedimiento de gestión y control de las prestaciones indebidamente abonadas a los beneficiarios y la gestión de su recuperación. La primera duda que me surge es de cuánto dinero estamos
hablando -viene referido en el informe- y cuando uno piensa que tenemos que tener una Administración moderna y eficiente, uno piensa que serán unos pocos miles de euros. La realidad es que no es un problema menor: hablamos de cientos de millones
de euros. Las prestaciones económicas que concede el INSS en el 2014 -hay que ponerlas en contexto- suponen 116.069 millones de euros. Esto es lo que concedió el INSS en 2014 a las familias e instituciones sin fines de lucro. Los importes de las
deudas por prestaciones indebidamente percibidas, tal como refiere el informe a 31 de diciembre del 2013 y del 2014 fueron respectivamente 365 millones y 329 millones. Quiero hacerle dos preguntas al respecto, señor presidente del Tribunal de
Cuentas: cuando hablamos de estas cantidades, ¿hablamos de variables stock -que se redujeron desde el 2013 al 2014- o se trata de una variable de flujo que nos da las prestaciones recibidas indebidamente por los prestatarios anualmente? Tampoco me
ha quedado claro si se incluyeron en esas cifras los importes cobrados indebidamente del complemento a mínimos y quisiera que también me lo aclarase.
Sin embargo, los reintegros -es decir, la capacidad de recaudación o de reducción de esos importes indebidos- solo se miden en miles de euros: hablamos de 399.342 en el 2013 y de 373.871 en el 2014, lo que nos da un saldo aproximado en
porcentaje del 0,36 % y del 0,32 % de las obligaciones recobradas. ¿No considera usted que la gestión, la detección y la gestión del recobro se puede calificar, cuando menos, si no de nefasta, ni siquiera de eficaz? Estamos hablando de que solo el
0,36 % en 2013 y solo el 0,32 % en 2014 fueron recobradas.
Según su informe, la deuda comunicada por el INSS a la Tesorería General para ese recobro solo ascendía a 71,6 millones de euros, que correspondían a más de 58.000 expedientes sobre los 329 millones; esto en el 2013. ¿No le parece que es
una cantidad muy inferior a la que podrían haber transmitido? ¿Por qué no se ha dado mayor cantidad? ¿Por qué solo 71 millones del total de 329 fueron comunicados por parte del INSS a la Tesorería General para su gestión de cobro? Resulta
alarmante lo que nos acaba de indicar respecto a que hay una ausencia total de manual interno de procedimiento de la gestión del recobro. Es decir, nos parece increíble que se puedan producir pagos indebidos y que no haya un mínimo manual donde se
halle un procedimiento reglado, homogéneo, uniforme, para que la Administración pueda recuperar unos importes que se han pagado indebidamente y que, vuelvo a insistir, salen de los impuestos de todos los españoles y de la caja única, es decir, de
los fondos de la
Administración estatal y, por lo tanto, si ya con el dinero privado hay que tener un control muy estricto, con este dinero público hay que tenerlo más.
Por último, me resulta alarmante un dato que da el informe y es que, una vez efectuado el rastreo en los ficheros de los afiliados -tal y como ha referido-, había más de 1,2 millones de DNI duplicados en la base de datos de pensiones y se
contaban más de 430.000 pensionistas con un DNI con código de duplicidad dos o superior. Si a esto añadimos que hay una falta de datos en los expedientes, si a esto añadimos que desaparecen los saldos iniciales, que no hay un cómputo homogéneo de
cómo se está procediendo, y desde luego que el control del fallecimiento de los perceptores presenta claras deficiencias, como bien ha reconocido, por carencias en los medios de información sobre defunciones y que esto provoca a su vez que no se
pueda garantizar la detección y la baja de todos los pensionistas fallecidos, si lo sumamos a los 50.000 millones que tenemos pendientes en la deuda tributaria pendiente de cobrar, nos recuerda que lógicamente estamos muy lejos, por desgracia, de
una Administración moderna y eficiente.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Palencia.
La señora PALENCIA GARCÍA: Gracias, presidente.
Es indudable la importancia que supone el control de gastos sobre las prestaciones del INSS; y como ya las ha dicho el portavoz que me ha precedido, no voy a repetir las cifras. El importe de las deudas por prestaciones indebidamente
percibidas supone millones de euros, por lo que la gestión y control del gasto en las prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la recuperación de los pagos indebidos no podemos sino verlas desde nuestro grupo como una inversión
de futuro absolutamente necesaria.
Echamos de menos en el informe que aborde a su vez la fiscalización de los elementos de control sobre el reconocimiento de las distintas prestaciones del instituto: es decir, qué medidas y con qué rigor se adoptan por el ente para evitar
que los requisitos para la concesión de las distintas prestaciones son cumplidos y qué puede suponer un control preventivo de posibles fraudes en las solicitudes o concesiones indebidas. Entendemos que la fiscalización de la gestión sobre los
deudores hubiera requerido saber también cuántos de ellos devienen de una concesión indebida o de una prestación. Por eso nos parece que sería interesante saber si sería posible diferenciar en un informe cuántos deudores en procedimiento de
recuperación de deuda por cobros indebidos de prestaciones lo son por la indebida concesión de una prestación por solicitud inicial y cuántos por dejar de cumplir los requisitos de su concesión; y, si fuera posible, desglosarlos por provincias y
tipo de prestación.
Son innegables los esfuerzos realizados por el personal funcionario del INSS para la recuperación de la deuda, así que vaya por delante nuestro reconocimiento. Pero no podemos dejar de señalar que el porcentaje de cobro de la misma ronda el
37 % y es una cuantía que sin duda puede verse incrementada con mayores sistemas de control e inversiones para mejorar los sistemas informáticos para el registro y la tramitación de los cobros. Entre tales medidas serían necesarias una mayor
coordinación con la Agencia Tributaria; una mayor coordinación entre los sistemas de gestión y control de deudas del INSS respecto a los sistemas de recuperación de las mismas por parte de la propia Tesorería General de la Seguridad Social, que
vengan a homogeneizar la información entre ambos, y la inversión en un sistema informático que trascienda el Midas, y otros sistemas operativos en el INSS, que permitan, en sintonía con los ya existentes en el ámbito de la Administración tributaria,
la tramitación informatizada de los procedimientos de reintegro de una manera más eficaz y uniforme. Nos preocupa mucho que por las alegaciones formuladas por el INSS a este respecto, parece que a pesar de ser conscientes de tales deficiencias no
tienen demasiada voluntad de dar una solución.
Respecto a las deficiencias y necesidades de mejora en lo concerniente a la gestión de deudas, entendemos que un intercambio o la existencia de ficheros entre distintos organismos públicos es de vital importancia, por eso y pese a que no se
reconoce como recomendación en el informe, entendemos que la digitalización de los registros civiles es una tarea urgente. Aún quedan 3.011 registros civiles pendientes de digitalizar las defunciones, lo cual equivale a un 21,5 % de los titulares
de las pensiones. Por eso para nuestro grupo parlamentario se desprenden dos conclusiones principales de la lectura del informe. La primera es que faltan medios técnicos y humanos para una correcta gestión y control de las deudas por parte del
instituto, que requieren, en primer lugar, que se desarrolle un sistema informático que permita una mejor sistematización, control y tramitación de los procedimientos de recuperación de las deudas. Y,
en segundo lugar, hay una falta de coordinación interna y externa. Interna de cara a establecer procedimientos comunes en cada dirección territorial, y externa, en primer lugar, entre la propia tesorería y el instituto, por lo que deducimos
que esto también acontecerá respecto a otros organismos como puede ser el Servicio Público de Empleo Estatal respecto a los sistemas de recuperación de prestaciones indebidas. Y también, respecto a una información que se recaba de los registros
civiles o del INE, que tendría que adaptarse en su informatización; o de la que se pueda recibir de otras instituciones.
Como mencioné al principio, entendemos que invertir en el control y recuperación de deudas en el ámbito de las prestaciones sociales del INSS es una acción de futuro, que seguramente redunde en beneficio del mantenimiento y mejora de las
prestaciones. Hay que hacer inversiones en sistemas técnicos y probablemente en personal. Pero también hay que invertir en el diseño y desarrollo del propio sistema de gestión estableciendo criterios comunes y solventando las deficiencias que han
sido detectadas por el propio tribunal, y más seguramente que por el propio instituto.
Por último, una cuestión que usted ha mencionado sobre los 29.321 pensionistas fallecidos que continúan en nómina y que también están señalizados en el informe y cuyas cifras han sido contestadas por el instituto alegando, en lo sustancial,
que más del 93 % de los que aparecían eran un error por parte del INE, al registrar el DNI de terceras personas. El instituto destaca que tiene otras fuentes de información más fiables que el INE y nos gustaría preguntarle si esto es así, qué
cifras tenemos que creernos y a qué instituto, si ha profundizado en esto la fiscalización del Tribunal de Cuentas y, finalmente, si considera que la verificación por parte del instituto de los fallecimientos de beneficiarios por pensión es
suficiente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Iglesias tiene la palabra.
La señora IGLESIAS PARRA: Gracias, señor presidente.
Los deudores por prestaciones de la Seguridad Social ya fueron objeto de una primera fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, si bien estamos hablando de los años 1993 y 1994, con lo cual no podemos sacar conclusiones que nos sirvan
en este momento. Pero es verdad que en fechas más recientes sí se ha realizado un informe relativo a prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de octubre de 2015, en el que se ponen de
manifiesto algunas deficiencias que coinciden con las que vemos en este informe. Queremos destacar que tanto el ministerio fiscal como la Abogacía del Estado han apreciado existencia de posible responsabilidad contable y coinciden además en los
supuestos. Esto no nos parece una mala noticia en el sentido de que deficiencias siempre van a existir, lo importante es que los mecanismos de corrección o de compensación funcionen. No es en sí misma una mala noticia, pero sí es verdad que llama
la atención que existan 6.293 expedientes en los que se da de baja la deuda en contabilidad por prescripción; no es una cantidad muy importante, pero el número de expedientes sí es significativo.
En cuanto a las conclusiones más relevantes del informe, el Tribunal de Cuentas habla de graves deficiencias de índole contable y presupuestaria, por inadecuado registro contable de los deudores por prestaciones indebidamente percibidas y
por inadecuado registro presupuestario de los ingresos generados por la recaudación de las prestaciones indebidamente percibidas. Ambas deficiencias, como ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas, cuentan con respaldo normativo suficiente -la
Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y del orden social-, pero es verdad que han venido siendo criticadas sistemáticamente en la declaración de la cuenta general del Estado por el Tribunal de Cuentas. De forma reiterada también han
sido rebatidas por la Intervención General de la Seguridad Social, alegando el estricto cumplimiento de la normativa en vigor, que se expone de manera detallada en las alegaciones y que no vamos a reproducir. Pero, además, el artículo 27.4 de la
Ley General Presupuestaria ha sido modificado con efectos de 1 de enero de 2016 por la Ley de Presupuestos Generales del Estado en el sentido en que lo está aplicando el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por ello, quizás, el Tribunal de
Cuentas debería revisar, a partir del 1 de enero de 2016, su posición al respecto. En este mismo sentido, hay que señalar que la Intervención General de la Seguridad Social ha informado en trámite de alegaciones que ha incluido dentro de su plan de
acción 2015-2018 la revisión de la operatoria contable de los deudores por prestaciones para evaluar los posibles efectos de la aplicación del principio de devengo en este tipo de operaciones.
En cuanto al control de los pagos indebidos por complemento de mínimos, el informe dice que se han detectado deficiencias en el control de los deudores, dado que la Agencia Tributaria y las haciendas
forales informan con dos años de retraso sobre los ingresos de los pensionistas que perciben este complemento de mínimos. Entendemos que este problema tiene difícil solución, salvo hacer una especial vigilancia de los plazos en estos casos.
También pone de manifiesto los supuestos de cónyuges que optan por la declaración conjunta en la que, al no existir constancia de la atribución personal de rentas, el INSS adopta el criterio -el más beneficioso para las cuentas del INSS pero
posiblemente el más injusto- de imputar la totalidad de los ingresos al beneficiario de la prestación, con lo cual se puede generar una deuda improcedente a favor del INSS y además se desplaza la carga de la prueba hacia el perceptor, con lo que,
como muy bien dice el Tribunal de Cuentas, dadas las características del sector, muchos beneficiarios terminarán por no defenderse. En cuanto al control de los pagos indebidos por fallecimiento, se hace referencia en el informe a algunas
deficiencias en los datos facilitados al INSS por algunos organismos, especialmente en los números de DNI, que terminan en muchos casos en prescripción. El informe recomienda reinstaurar el control de vivencia, pero esta recomendación, a nuestro
juicio, es extemporánea, como bien argumenta el INSS en trámite de alegaciones, porque el propio INSS se compromete a instar la modificación de la orden que regula el control de vivencia para evitar el incumplimiento normativo, porque dice que no lo
va a implantar. Además, actualmente se exige a la entidad financiera que se haga responsable de la devolución a la Tesorería General de la Seguridad Social de las mensualidades que pudieran abonarse correspondientes al mes o meses siguientes al de
la fecha de fallecimiento y, además, este compromiso parece estar funcionando, porque en el año 2014 se tramitaron procedimientos de retrocesión por valor de 25.600 euros, se recuperó casi el 94 % de la deuda. El informe pone de manifiesto
deficiencias de coordinación entre el INSS y la tesorería. En algunos supuestos de insolvencia el INSS tramitaba la baja mientras que la tesorería seguía intentando gestionar su cobro en tanto en cuanto no incurría en prescripción. Las deudas
procedentes de pensionistas fallecidos eran registradas una sola vez por el INSS y tantas veces como herederos existían por parte de la tesorería. Estas diferencias de criterio, entre otras posibles, provocaba que mientras el INSS informaba de la
existencia de unos 58.000 expedientes en tramitación a 31 de diciembre de 2014 por 72 millones de euros, la tesorería confirmaba un total de 174.000 expedientes solo por un importe de 15 millones. Este desajuste es, desde luego, muy importante.
Por último, el informe pone de manifiesto la insuficiencia de recursos humanos. El INSS, en trámite de alegaciones, reconoce esta insuficiencia, pero informa que esto es a nivel general de la entidad y, con un criterio que nosotros
consideramos acertado, dice que dentro de sus prioridades no se encuentra la de potenciar los recursos humanos destinados al control de deudores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Aparicio.
La señora APARICIO CALZADA: Gracias, señor presidente.
Intentaré ser breve, debido a lo extenso del orden del día de esta Comisión y no aburrirles con mi exposición.
A la vista del informe de fiscalización a analizar, respecto de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, según el estado de la liquidación del presupuesto de gastos del Instituto Nacional de la Seguridad Social del ejercicio
2014, se observa que las obligaciones reconocidas netas por las prestaciones económicas concedidas a cargo del artículo 48 a familia e instituciones sin fines de lucro, supusieron un incremento de un 3,6 % respecto del ejercicio 2013, significando
las pensiones un 95,1 % de las prestaciones económicas abonadas por el INSS. Las pensiones de jubilación representaron un 69,3 % del total abonado por este concepto, incrementándose un 4,2 % en el ejercicio 2014. El INSS ha diseñado una serie de
actuaciones de control con el objetivo fundamental de detección de cobros indebidos mediante la comprobación de que los perceptores cumplen los requisitos establecidos y que estos se mantienen durante todo el periodo de percepción, evitando
situaciones de incompatibilidad o de irregularidad en su cobro. La dirección general, mediante el control del derecho a percepción del complemento a mínimos, hizo aflorar durante el ejercicio 2014 a 59.605 deudores. Por su parte, las direcciones
provinciales, en el ejercicio fiscalizado, detectaron 59.336 deudores, que representan un 49,9 % del total.
Respecto de las retrocesiones bancarias por abonos indebidos, cuando el INSS verifica el fallecimiento de un pensionista es comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social y esta, a su vez, a la entidad financiera colaboradora para
que suspenda el abono de la pensión, iniciándose el procedimiento
de retrocesión bancaria en el supuesto en que se hubiesen efectuado uno o más pagos tras el fallecimiento. Pues bien, tal y como alegó el propio INSS, respecto de este ejercicio 2014, se encontraba en una fase de diseño e implantación de un
procedimiento de reintegro para aquellos pagos indebidos que iban más allá de cuatro años y también tenemos que tener en cuenta que el propio INSS, también en la fase de alegaciones, indicó -si bien es cierto que todo es mejorable- el escaso peso
específico de las retrocesiones en relación con el importe anual de la nómina de las pensiones. Está claro que estamos en esta Comisión para analizar los informes de fiscalización y también para ser optimistas en cuanto a las actuaciones, que
tampoco significan un gran peso dentro del ámbito global.
No quiero extenderme más en mi exposición, ya dije que iba a ser breve. En definitiva, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular comparte las recomendaciones emitidas en general por el Tribunal de Cuentas que pretenden lo que es
importante en cualquier ámbito de la Administración: garantizar un funcionamiento ágil, eficaz y eficiente de la misma. Para todos aquellos porcentajes como, por ejemplo, en cuanto a la tramitación de la deuda por cobros indebidos de prestaciones
que en los ejercicios 2013 y 2014 se establece de una manera estable en torno a un 37 %, como he dicho antes, podamos ir mejorando y alcanzar el objetivo pretendido.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aparicio.
Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.
De manera breve, en cuando a la pregunta de si estábamos hablando en este caso de una magnitud de stock o de flujo, quiero indicar que las deudas se refieren a su situación a 31 de diciembre, es decir, que estamos ante una cifra de stock o
de inventario, no de flujo. Hay que indicar, cuando me plantean la problemática del procedimiento de concesión de prestaciones y todo lo que se deriva de este asunto, que el informe se refiere -lo estamos valorando en este informe- al control de
deudores y no tanto al control de prestaciones. Es un aspecto, podríamos decir, menos ambicioso del que ustedes han incluido en sus intervenciones. Hay otros informes del tribunal que han abordado esa problemática, pero aquí estábamos
exclusivamente abordando el control de deudores. Sacan a colación lo que ha sido un efecto no deseado de este informe, el aspecto de los 29.321 pensionistas como un cobro ilegítimo e ilegal de esas pensiones por parte de un colectivo tan importante
de pensionistas que se supone que son personas fallecidas. Lo único que ha hecho el tribunal es utilizar un contraste de bases de datos, y en ese sentido entiende perfectamente que por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social se han
planteado medidas alternativas de control que efectivamente sitúan esas cifras en unos importes muchísimo menores y, por tanto, únicamente nos encontramos ante un sistema de duplicación de documentos de identidad. Es importante señalarlo en los
informes de fiscalización del tribunal porque indudablemente tendrá que plantearse la resolución de DNI duplicados por parte de las administraciones públicas para que estas situaciones no se produzcan. Se ha planteado el tema de si la concesión ha
sido indebida o no y quiero aclarar que cuando estamos hablando de control de deudores no podemos entrar en la valoración de si la concesión es indebida o no. Hay informes del tribunal que han estudiado de manera detallada el sistema de concesión
de prestaciones y en este caso exclusivamente se alude a esta situación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES LOCALES DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000159 y número de expediente del Senado 771/000148).
El señor PRESIDENTE: Para finalizar, pasamos al informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales del año 2015.
Vuelve a tener la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El informe sobre fiscalización de contabilidades de elecciones locales se aprobó el 22 de julio de 2016. La fiscalización se realizó sobre las contabilidades de los
ingresos y gastos electorales presentados por las formaciones
políticas como consecuencia de su participación en las elecciones locales y en las elecciones a las asambleas de Ceuta y Melilla de 2015. Se extendió a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que habían alcanzado los
requerimientos exigidos para recibir subvenciones estatales o que habían solicitado adelantos con cargo a las mismas. La fiscalización tuvo por objeto examinar la regularidad de las contabilidades electorales remitidas por las formaciones,
analizando si las mismas se ajustan a los principios contenidos en el Plan General de Contabilidad adaptado a las formaciones políticas o, en su caso, al Plan General de Contabilidad, así como a las disposiciones específicas de la legislación
electoral, con especial referencia a los recursos, gastos y tesorería de campaña.
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, 2.075 formaciones políticas estaban obligadas a presentar su contabilidad electoral, de las que 1.172 cumplieron con dicha obligación y 903 no
lo hicieron. La mayoría de estas formaciones son de implantación territorial muy reducida, que solo han presentado candidatura en un municipio. Las formaciones políticas han declarado en sus contabilidades electorales recursos por un total de 56,4
millones de euros. En función de su naturaleza, procedían de aportaciones privadas 3,4 millones, del endeudamiento bancario 29,1 millones, de adelantos de subvenciones electorales 14 millones, de aportaciones del partido 9,8 millones y de otros
ingresos 0,1 millones. Del análisis de la justificación de los recursos declarados, cabe destacar que en una parte significativa de las formaciones políticas, especialmente en aquellas con menor implantación territorial, las aportaciones privadas
declaradas carecían de algunos de los requisitos identificativos exigidos en el artículo 126 de la Loreg. De entre las formaciones políticas que han percibido aportaciones privadas como recursos de campaña, en algunos casos, como pueden ser
Democracia Ourensana, Ilicitanos por Elche y Somos Lanzarote, se han detectado aportaciones por una cuantía que excede el límite de 10.000 euros contemplado en el artículo 129 de la Loreg. No han justificado los recursos de campaña tres
formaciones: Coalición por Melilla, Costa del Sol Sí Puede... Tic Tac e Independientes Coalición por Huelva, bien porque no figuran identificados los aportantes o bien porque no ha quedado suficientemente acreditado el origen de los fondos. Para
cada una de las formaciones que han presentado la contabilidad electoral, el Tribunal de Cuentas ha formulado la declaración del importe de los gastos regulares justificados que ha ascendido a un total de 55,2 millones de euros, de los que 32,5
millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y 22,7 millones al envío de propaganda electoral. De dichos gastos regulares justificados, 52,7 millones -un 95,5 % del total- corresponden a 63 formaciones políticas con representación
parlamentaria o actividad electoral relevante; 0,8 millones a 54 formaciones con gasto electoral entre 10 y 30.000 euros, y 1,7 millones a 1.055 formaciones con gasto electoral inferior a 10.000 euros.
Como deficiencia respecto al cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales, se han observado gastos que no han sido debidamente justificados por 132.951,84 euros, gastos que han sido realizados fuera del periodo
electoral por 111.149,41 euros y gastos que, conforme al artículo 130 de la Loreg, no tienen naturaleza electoral, por 1.165.526,37 euros. Tales gastos no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales, aun
cuando los gastos con justificación insuficiente o los no justificados se han tenido en cuenta a efectos de computar el cumplimiento del límite máximo. Dos formaciones políticas, Partido Socialista Obrero Español y Democracia Ourensana, han
incurrido en gastos electorales en emisoras de televisión local, que no están autorizados legalmente, sin perjuicio de la regularización que se contempla para los espacios gratuitos de propaganda en las emisoras gestionadas por los ayuntamientos en
relación con las elecciones municipales. Los gastos electorales que han sido abonados por los grupos políticos en los correspondientes ayuntamientos no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados, si bien se han considerado para el
cumplimiento del límite máximo de gastos. El límite máximo de gastos específico de las elecciones locales aplicable a cada formación política ha resultado superado en 566 formaciones, por un importe total excedido de 1,1 millones de euros. El
límite de gastos de publicidad exterior ha sido sobrepasado por 18 formaciones, con un total excedido de 195.487,31 euros, y el de publicidad en prensa y radio ha sido superado por 11 formaciones, por un importe total excedido de 41.768,81 euros.
Entre las formaciones que han concurrido a varios procesos electorales, una de ellas, la Agrupación Socialista Gomera, ha superado el límite máximo de gastos, con un exceso de 2.016,63 euros, y otra formación ha excedido el límite de publicidad en
prensa y radio en 54.020,51 euros, la formación Geroa Bai. La mayor parte de las formaciones políticas que han superado los límites de gasto -532 formaciones- presentan una escasa implantación territorial y un gasto declarado inferior a 10.000
euros, afectando dicho incumplimiento al límite máximo de gastos del proceso electoral, con un total excedido de 603.616,20 euros. Estas formaciones han concurrido en su
mayoría a un solo municipio y, por tanto, su límite de gastos es el resultado de multiplicar la población de derecho del municipio por 0,11 euros, sin que, en consecuencia, dispongan del complemento provincial por importe de 150.301,11
euros. Con frecuencia el límite máximo de gastos que les corresponde es inferior a la subvención que podrían percibir, atendiendo a sus resultados electorales.
Respecto a las operaciones de tesorería, numerosas formaciones políticas de escasa implantación territorial han incumplido la obligación de abrir cuentas bancarias específicas para los procesos electorales, efectuándose los ingresos y los
pagos a través de cuentas de la actividad ordinaria o a través de caja. En 27 de las formaciones políticas que presentaron gastos electorales superiores a 10.000 euros, tampoco consta la apertura de la cuenta electoral, representando las
operaciones de ingresos y pagos al margen de la misma un 3,5 del importe total de los recursos declarados y un 19,2 de los gastos declarados respectivamente por el conjunto de dichas formaciones políticas. La existencia de deudas pendientes de pago
con proveedores o acreedores, una vez superado el límite temporal para disponer de los saldos de las cuentas corrientes electorales, afecta a 25 formaciones de gasto superior a 10.000 euros, por un importe acumulado de 1,4 millones de euros, lo que
representa el 2,6 % de los gastos declarados justificados por las mismas. En tales casos se incumple el plazo de 90 días siguientes al de la votación para efectuar los pagos a través de la cuenta corriente electoral, así como la obligación de que
todos los ingresos y los pagos por gastos electorales se efectúen a través de las cuentas abiertas para los procesos electorales, al realizarse con cargo a cuentas bancarias no electorales. Un total de 24 formaciones políticas de gasto superior a
10.000 euros han realizado pagos por un importe acumulado de 226.656,50 euros con posterioridad a los 90 días siguientes al de votación, incumpliendo el artículo 125.3 de la Loreg.
En relación con la obligación de las entidades financieras y de los proveedores de remitir al Tribunal de Cuentas información detallada de las operaciones de crédito y de la facturación efectuada a las formaciones políticas, cabe señalar que
una entidad financiera y 25 empresas no han cumplido con dicha obligación. Finalmente, se ha formulado la propuesta de no adjudicación de la subvención electoral respecto de 903 formaciones políticas al no haber remitido su contabilidad al Tribunal
de Cuentas. Asimismo, se han realizado propuestas de reducción de la subvención respecto de 7 formaciones políticas -Coalición por Melilla, Partido Socialista Obrero Español, Costa del Sol Sí Puede...Tic Tac, Democracia Ourensana, Ilicitanos por
Elche, Independientes Coalición por Huelva y Somos Lanzarote- por un importe total de 30.146,63 euros por haber concurrido las irregularidades y deficiencias señaladas conforme a los criterios fijados por el tribunal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
A continuación, tiene la palabra por el Grupo de Ciudadanos, el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
Lo primero que quiero hacer en esta primera intervención es agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas su informe en un periodo de fiscalización tan próximo. Teniendo claro que es de 2015 y que se realizó el 22 de julio de 2016, ni
siquiera las imprecisiones ni las faltas más leves habrán prescrito, con lo cual quiero darle mi enhorabuena. Quizás un malpensado diría que esto es debido a que hay dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, que juntos representan
el 54 % del gasto ordinario. Como soy un optimista, tengo claro que esto no es así, sino que se debe a una gran diligencia por parte del Tribunal de Cuentas.
Eran dos los objetivos del informe: el primero, verificar el cumplimiento de la normativa en materia de ingresos y gastos electorales, así como de la normativa general aplicable, y el segundo, la representatividad de la contabilidad
electoral aportada, presentada al Tribunal de Cuentas. Ya le he dicho en la sesión de hoy que desde luego cuando el Tribunal de Cuentas quiere ser claro, lo es y, de hecho, le he felicitado en esos juicios valorativos que además creo que son
fundamentales a la hora de establecer un control riguroso por parte de los grupos, y desde luego le aplaudiré siempre que lo haga de esa forma. Lo que ocurre es que en este caso se ven indicios de que este informe es un poquito más opaco. La
verdad es que viendo el volumen del mismo, no se hace sencillo establecer conclusiones en la gestión y sobre todo en la fiscalización de las cuentas.
Otra cosa que le quería preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas es por qué la sección de fiscalización de los partidos políticos es la única sección con bicefalia. Otro malpensado volvería a decir que esto es debido a que se quiere
mantener un reparto de influencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Estoy seguro de que esto no es así y que realmente nos podrá explicar el motivo. Mi impresión
es que este informe no ayuda mucho a luchar contra la corrupción política. Como le digo, consigue enterrar entre una montaña de datos cualquier indicio que nos pudiera hacer luchar al resto de los grupos contra esa lacra que es la
corrupción política. Debo decirle que las conclusiones en este caso son muy ambiguas y además insuficientes para lograr una reprobación social de conductas irregulares. Las conclusiones me recuerdan un poco a este sketch del cómico señor Mota
cuando dice que alguien ha hecho algo en algún lugar, en algún momento, porque la verdad es que no concreta, no puede darnos un dato. Para ponerle un ejemplo concreto, habla en las conclusiones de que hay algunos casos de donaciones de más de
10.000 euros, pero no refiere ni cuántas ni a quién. Claro, uno tiene que ir a las 891 páginas y ahí sí hemos aclarado hoy que se refería a Democracia Ourensana y a Somos Lanzarote. En aras de que los informes puedan ser más útiles para esta
Comisión, podrían poner el nombre de las formaciones que infringen, porque no pasa nada y precisamente para eso se realizan estos informes. Otro ejemplo: 903 partidos locales pequeños no remitieron información al Tribunal de Cuentas y no podrán
disfrutar de ninguna subvención. No creo que cueste tanto remitir al cuadro 1 para conocer los nombres, porque la verdad es que el informe no da ninguna facilidad. El cuadro 1 tiene títulos, pero nos tenemos que leer las 891 páginas, como es
nuestra obligación, pero vuelvo a insistir, estoy seguro de que el Tribunal de Cuentas puede actuar con esa diligencia que he visto en otros informes y me encantaría que fuera así. La hoja de resumen de la sección tres no especifica ni el tipo de
infracción cometida -si es muy grave, grave o leve- ni tampoco informa de las multas que se derivan de esas infracciones, con lo cual nos gustaría que esto se pudiera producir en futuros informes. En los pueblos pequeños, en las candidaturas de
menos de 10.000 euros hay 532 candidaturas que se saltan los límites legales del gasto electoral. Uno al final piensa que si los gastos electorales están recogidos dentro de una ley lo mínimo es cumplir la ley, porque, si no, los eliminamos y así
todos concurrimos a las elecciones en condiciones de igualdad: no tengo un límite y hago lo que me marca la ley.
En resumen, gracias a este informe del Tribunal de Cuentas, sabemos que al PSOE se le van a retener 350 euros en subvenciones, que se proponen siete reducciones de subvenciones por exceder el límite de gasto a partidos menores más al PSOE
esos 350 euros; que en las elecciones de 2015 los partidos nos gastamos un total de 56,4 millones de euros, de los cuales 1,4 millones presentaban deficiencias. Casualmente es un 3 %; ya sabemos que es la cifra mágica que hemos oído y que
seguiremos oyendo. Menos mal que es el 3 y no el 4, aunque a lo mejor en el futuro oímos que es un 4. También sabemos que 1,16 millones carecen de naturaleza electoral y 132.000,9 euros por no estar debidamente justificados y otros 111.000 por
realizarse fuera del periodo electoral; que Izquierda Unida contabilizó mal 1.548.478 euros, que fueron transferidos a diferentes coaliciones en las que ha participado con Podemos y con otros partidos. Pero lo que no conocemos, por desgracia,
gracias a este informe, ya que en ningún momento se han escrito ni siquiera dos líneas seguidas, es un análisis sobre la gestión del gasto electoral que se ha producido por parte del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos, de
Podemos, de Izquierda Unida o de cualquier otro. Lo máximo que se puede encontrar en esas 891 páginas son tablas y desde mi punto de vista, señor presidente, deficientemente explicadas. Le quiero hacer también una pregunta muy concreta: ¿Realizó
el Tribunal de Cuentas alguna comprobación in situ? Lo que quiero saber es si se detectaron cuentas que no estaban incluidas en esa contabilidad y que fueron utilizadas para costear gastos electorales, como parece que se ha producido en las
elecciones de la Comunidad Valenciana en algunos partidos. Parece que el caso Taula nos lo va a clarificar.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra el señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias, señor presidente, de nuevo. Y gracias por el informe.
Al Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea hay dos elementos de este informe que le preocupan. El primero es la excesiva dependencia que tienen las formaciones políticas de las entidades bancarias. Ya se ha dicho antes que las
formaciones políticas han declarado en sus contabilidades electorales recursos por un total de 56,4 millones de euros. Atendiendo a su naturaleza 3,4 millones proceden de aportaciones privadas; 29,1 millones corresponden a endeudamientos
bancarios; 14 millones son adelantos de subvenciones electorales; 9,8 millones proceden de aportaciones del partido y 0,1 millones corresponden a otros ingresos. Seguramente esta dependencia de la deuda bancaria hace que la ciudadanía entienda
los casos que estamos viendo de puertas giratorias en los consejos de administración de determinadas entidades bancarias, y cómo se tuvo que eliminar la posibilidad de
condonar deudas en el ordenamiento jurídico del Estado español. El segundo elemento que nos preocupa es algo que se traduce de este informe de fiscalización: la complejidad que supone solamente para las pequeñas formaciones políticas.
Usted lo ha dicho. De 2.075 formaciones hay 903 que no han cumplido el artículo 133 de la Loreg. La mayoría son formaciones de implantación territorial muy reducida, que solamente han presentado una candidatura en un municipio, por lo que podemos
concluir que tenemos una ley y unos requisitos de justificación de los gastos que penalizan a las pequeñas agrupaciones de electores que se presentan en pequeños municipios que no tienen la ingeniería y la infraestructura de organización que tienen
los grandes partidos que se presentan a las elecciones. Lo que nos preocupa, señor presidente, es que hay dos herramientas que fallan en este sistema. La primera es la legislación. Tenemos la Loreg, que está anticuada y debemos adecuarla y
ponerla al día, y la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, en relación con la cual hay un compromiso por parte de diferentes formaciones políticas, y se está estudiando en otras comisiones de esta Cámara, como en la Comisión de Calidad
Democrática, su modificación. Esta herramienta en la actualidad no es hábil para fiscalizar y obligar al cumplimiento de determinadas normativas a las formaciones políticas. Y otra herramienta que está puesta en duda, señor presidente del Tribunal
de Cuentas, es la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos, responsabilidad de la entidad que usted preside.
Es muy difícil explicar que detectemos cómo determinadas formaciones políticas de pequeña implantación territorial no cumplen algunos objetivos de la ley y que el tribunal sea incapaz de detectar los innumerables casos de corrupción, de
financiación ilegal de los partidos políticos que se están dando en los grandes partidos de este país. Eso, señor presidente, es muy difícil de explicar a la ciudadanía. Ustedes tienen capacidad fiscalizadora y sancionadora en el ámbito de los
partidos políticos, por lo que le hago una pregunta con muchísima honestidad: ¿cree que el Tribunal de Cuentas sirve para fiscalizar y sancionar, y por tanto para evitar la corrupción que hoy se expande a sus anchas en muchos de los partidos
políticos? ¿Hubiera tenido el Tribunal de Cuentas posibilidades de detectar la financiación ilegal del Partido Popular que están detectando los estamentos judiciales en nuestro sistema democrático? ¿Qué modificaciones del Tribunal de Cuentas
deberíamos hacer? Otro elemento que no le voy a negar, señor presidente, que nos preocupa es que el órgano que fiscaliza a los partidos políticos tiene miembros nombrados a propuesta de dichos partidos. En estos momentos siete de los doce
consejeros del Tribunal de Cuentas son propuestos por el Partido Popular. Comprenderá usted que así es muy difícil que esos consejeros detecten la financiación irregular de determinados partidos. Esta misma tarde -supongo que le habrá llegado la
noticia- el diario El País ha destapado que hace ocho días el Tribunal Supremo les ordenó por sexta vez que convocasen la famosa plaza, acusándoles de favoritismo. Esto es, el Tribunal Supremo está acusando de favoritismo al órgano fiscalizador.
Más o menos, señor presidente, lo que viene a decir el Supremo es que hemos puesto al zorro a cuidar de las gallinas, y eso hace que todo el mecanismo de fiscalización de nuestros partidos políticos se derrumbe.
Tenemos pues un problema, un problema del que habla no solo Unidos Podemos, sino también los tribunales del ordenamiento jurídico español. Tenemos un organismo politizado por los partidos políticos que ha sido acusado por el Tribunal
Supremo de favoritismo. Señor presidente, ¿cómo corregimos esto? Ustedes tienen mucho que decir aquí y esperamos su respuesta como presidente del Tribunal de Cuentas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Botella.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales es una de las más sensibles que tiene encomendadas el Tribunal de Cuentas. La fiscalización de los procesos electorales está en el núcleo duro, en el centro del juego
democrático, y es una responsabilidad de este Congreso velar por que se cumpla y de ustedes como Tribunal de Cuentas garantizar que se compite en igualdad de condiciones en la contienda electoral.
Quiero hacer al inicio de mi intervención una reflexión al hilo de algunas de las intervenciones que me han precedido. Vaya por delante el reconocimiento del Grupo Parlamentario Socialista al esfuerzo que hacen como Tribunal de Cuentas en
esta fiscalización, pero la realidad de los gastos electorales y la casuística de algunas características de estos últimos años nos llevan por otros derroteros. Ese contraste implica una máxima exigencia por parte de la ciudadanía y nosotros como
diputados y representantes de los ciudadanos debemos tenerla. Esta reflexión está en línea con lo que se ha comentado acerca de los
casos tan impactantes que se están viendo ahora en los tribunales, aunque no solo en España. En Francia el expresidente Sarkozy está acusado de haber duplicado los gastos electorales de la última campaña presidencial, y está imputado para
ir a juicio. En España la credibilidad del partido que está en el Gobierno, del Partido Popular, está seriamente cuestionada por los casos que están en los tribunales. Yo soy de Valencia y en mi ciudad se habla claramente -aparece en todos los
medios- de dopaje electoral. Viene al hilo porque el dopaje electoral en la ciudad de Valencia se refiere a las elecciones locales del año 2015, fecha del informe de fiscalización que hoy atendemos aquí, y los jueces están yendo ya hacia atrás:
2015, 2011 y 2007. Se trata de importantes importes, y podría suponer que de los 150.000 euros que se declararon oficialmente en la contabilidad del Partido Popular en Valencia, el grupo municipal del Partido Popular allí, que está íntegramente
imputado, habría llegado a disponer de hasta 3 millones de euros. No se trata de que nos metamos el dedo en el ojo, como ha parecido que hacemos aquí, pues no sería edificante de cara a la ciudadanía que fuéramos unos partidos contra otros, sino de
abordar con responsabilidad y seriedad este problema para ver, como se ha propuesto, de qué manera el Tribunal de Cuentas puede no pasar formal y burocráticamente por estos informes de fiscalización, sino que tenga los medios necesarios para poder
detectar a tiempo esta realidad que desgraciadamente se da, como se ha dado en otras circunstancias, por ejemplo en el mundo del deporte: el dopaje. Aquí estaríamos hablando de dopaje electoral. Es algo, como decía al principio, que está en la
línea de flotación del sistema democrático, de la igualdad con la que todos los partidos, grandes o pequeños, podemos concurrir a las elecciones. En este sentido hago mi reflexión. Es imprescindible que se aborde y así lo vamos a hacer en nuestras
propuestas de resolución: queremos que se modifique el planteamiento de la fiscalización de las campañas electorales y que se establezca un plan especial, una estrategia de lucha contra el fraude y la financiación irregular en las campañas
electorales, porque aparte de que vulnera claramente la ley como digo distorsiona totalmente el sistema democrático de cara a la ciudadanía.
Como hemos repetido muchas veces aquí no nos vale decir que el Tribunal de Cuentas está para otra cosa, yo creo que hay que encontrar la fórmula para que no haya que elegir entre una fiscalización tradicional del Tribunal de Cuentas o tener
que enviar a la UCO para que abra las cajas A, B y siguientes de los partidos políticos. En este asunto hay una realidad que está en los tribunales, y es el caso del Partido Popular en las elecciones de 2015. Por otra parte, los ocho grandes
puntos en los que usted resume las recomendaciones que hace nos parece que globalmente reflejan medidas positivas y de futuro para mejorar las nuevas tecnologías y especificar más los gastos electorales que aparecen en la ley; en cualquier caso
adaptarse a la nueva realidad social y a las dificultades que ustedes se encuentran cuando los partidos, no de una manera distorsionada ni con voluntad de violentar la ley, incurren en gastos electorales -como publicidad en nuevas tecnologías,
etcétera- que pueden entender que serían ajustables pero, tal y como está redactada, la ley no recoge esa tipología de gastos. En ese sentido esos ocho puntos prácticamente serían asumibles, exceptuando el séptimo -que yo creo que es un punto que
ha sido ampliamente debatido-, que es el de reducir los fondos públicos destinados a los envíos postales de las papeletas y de la campaña electoral. En este caso el enfoque que se hace aquí en el informe de fiscalización habla de evaluar la
eficiencia material y económica de los envíos directos y personales, y lanza un mensaje economicista de ese tipo de envíos cuando creo que en realidad de lo que estamos hablando es de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos a la hora de
recibir en su casa algo que les anime y que les incite a participar en las elecciones de cualquier tipo, generales, autonómicas o municipales. En ese caso desde nuestro punto de vista no sería aconsejable reducirlo o por lo menos enfocarlo como si
fuera un coste económico, sino que en realidad es una inversión que se está haciendo para facilitar a los ciudadanos, en igualdad de condiciones, vivan en la ciudad o en el campo, sea cual sea su situación, que puedan acceder a ello y se les
facilite en este caso su participación. Estas serían las principales líneas de nuestra aportación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Botella.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Juncal.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Iba a decir viva la Santa Inquisición -me estoy refiriendo a Ciudadanos y a Podemos-, porque no creo que sea la forma de expresar o la manera de enjuiciar o de opinar sobre las cuentas del Partido Popular; creo que hay que mantener primero
presunciones, y dos, no generalizar. Cuando uno ve la paja en el ojo ajeno a lo mejor no ve la viga en el suyo. Yo quiero hacer una pregunta sin ninguna intención, más que nada por conocimiento personal, porque tengo una curiosidad. He visto las
más de 800 páginas del informe y de
las alegaciones -que también las he leído- y en cuanto a la formación de Izquierda Unida -que no se presenta como un solo partido, sino como múltiples formaciones, y no soy capaz de concretar el número de ellas, pues se presentan
coaliciones, Podemos, Izquierda Unida-Los Verdes, etcétera, es decir, muchísimas- había una observación reiterativa del Tribunal de Cuentas en todas esas participaciones electorales. Hacía referencia a que los gastos de campaña se hacían desde una
cuenta de Izquierda Unida Confederal, que así lo reconoce en las propias alegaciones. Tengo una de ellas como ejemplo; formación política integrante en la candidatura, CLM coalición, y efectivamente tiene razón Izquierda Unida: el 125 de la Loreg
no dice que haya que tener una única cuenta electoral, sino que se pueden abrir varias. Efectivamente, viendo cómo el tribunal en algunas fichas reconocía que en virtud de las alegaciones se había modificado la sanción o iba cambiando el criterio
del límite de gasto que correspondía, me extraña que no acepte la alegación de Izquierda Unida y que se mantengan -repito, al llegar a treinta deje de contar- situaciones en las que se justifica o el tribunal pone como incidencia. No me hablen aquí
de transparencia cuando ustedes utilizan veinte mil formaciones y veinte cuentas que no declaran para cubrir los gastos electorales. No quiero decirlo en ningún tono, pero me refiero a que los demás podemos utilizar también esos argumentos.
El señor PRESIDENTE: Señor Juncal, por favor, no se dirija a los intervinientes; el que comparece es el señor presidente, y por lo tanto la formulación de cuestiones tiene que ser referida a él.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: De acuerdo, señor presidente. Me atengo a la pregunta de por qué pasa eso con las cuentas de Izquierda Unida.
Indudablemente a la vista de la multitud de fichas ha habido incumplimiento de la ley, no sé si en el grado de delito o si en el grado de infracción. Por tanto me gustaría saber si la sección de enjuiciamiento ha iniciado procedimientos
respecto a esas incidencias detectadas y sobre las que, repito, yo no tengo la formación suficiente para delimitar si son delitos electorales o si son infracciones electorales. Coincido plenamente con la compañera del Grupo Socialista sobre la
séptima propuesta que hacen ustedes. Indudablemente hay que avanzar en el ejercicio del derecho al voto de una manera más ágil, pero este ha sido un acuerdo de los partidos políticos precisamente en la redacción de la correspondiente normativa para
garantizar que no haya absolutamente ninguna duda en cuanto al derecho a ejercer el voto en plena libertad, con independencia, sin ningún condicionante, etcétera. Por lo tanto en ese aspecto coincidimos. Probablemente los inquisidores dirán que es
la pinza PP-PSOE, pero el problema lo tiene el que se cree que es un inquisidor y considera que no lo es.
Por mi parte nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.
Para finalizar, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
En la presentación de este tipo de informes suelen ser recurrentes buena parte de las cuestiones que ustedes han planteado respecto de la labor del tribunal. Yo creo que no les voy a desvelar nada nuevo, porque en otras ocasiones también he
contestado de manera análoga manteniendo el criterio del tribunal. En primer lugar, me plantean que este informe les puede parecer opaco. Posiblemente lo sea por el grosor que tiene, indudablemente la luz no pasa a través de él, pero no es opaco
porque no dé información, da toda la información que se puede requerir respecto de los procesos electorales. Tampoco ha sido opaco el tribunal, porque en mi presentación usted me ha puesto de manifiesto que el informe no detalla los partidos
políticos que están afectados por las diferentes irregularidades, y sin embargo yo lo he dicho aquí de viva voz refiriéndome una a una a todas ellas. Por otra parte, en cada uno de los estadillos a los que usted hace referencia figuran los casos
concretos en los que efectivamente se encuentran afectadas las diferentes formaciones políticas con cuestiones que han sido señaladas, como incumplimientos de una normativa. Primero hay que darse cuenta de que tenemos una normativa de financiación
de campañas electorales y de financiación de partidos políticos llena de múltiples situaciones que requieren control, y además un control formal. Es fácil decir: ustedes no hacen un control más intenso, más estricto, más completo sobre cuestiones
podríamos decir más sustantivas; hacen un ingente trabajo de control formal. Pero quiero decirles que ustedes, que el Parlamento, que la legislación nos exige realizar ese control formal y si no lo hiciéramos nos lo podrían reclamar e incluso
echarnos en cara que no hiciéramos ese control estrictamente de cumplimiento de lo que son formalidades establecidas en la ley. Concediéndole
a la palabra formalidad la importancia que tiene, yo no considero que los controles formales sean innecesarios; creo que son muy convenientes y establecen el cumplimiento de los requisitos que establece la ley por parte de las formaciones
políticas.
Me pregunta usted si hacemos comprobaciones in situ. Por supuesto hacemos comprobaciones in situ en el sentido que le damos a la expresión in situ, en el sentido de que el tribunal desplaza equipos de fiscalización a todas las formaciones
políticas. Si lo que usted me pregunta es si vamos a todos los ayuntamientos importantes de España donde hay elecciones, la respuesta es no, no vamos porque no tenemos medios para hacerlo. Usted sabe que la campaña electoral se desarrolla en un
muy corto periodo de tiempo y carecemos de la infraestructura necesaria para tener en cada mitin electoral o en cada circunscripción un equipo de inspectores que puedan seguir a los diferentes candidatos y que puedan controlar la actividad. Eso es
lo que de alguna manera se le echa en cara al tribunal. Es decir, nosotros fiscalizamos una contabilidad que se nos rinde, es un control contable, es un control que efectivamente va a verificar lo que la contabilidad dice. Yo comprendo
indudablemente que la detección por un órgano de nuestras características de cuestiones que no están en las cuentas solo se puede resolver, o solo es posible realizarla si esa fiscalización o ese control se efectúa contra la realidad que esas
formaciones políticas desarrollan. Porque en una contabilidad comprobada con respecto a sus justificantes muy malos tienen que ser los contables para que no se corresponda, aunque también hay muchas veces que no se corresponde. De hecho el informe
está lleno de situaciones que se ponen en conocimiento de ustedes, porque ni siquiera esos mínimos de verificación entre lo que es la contabilidad rendida y los justificantes que se poseen tienen correspondencia.
Algunos de ustedes reclaman una labor de carácter superior, es decir, ir a verificar la realidad que hay detrás de las campañas electorales. Bien, ese es un modelo que posiblemente multiplica por diez el coste que representa la actividad de
control, y si eso es lo que efectivamente tuviéramos que hacer lo haríamos indudablemente. Si hay que poner verificaciones en cada uno de los mítines electorales para ver, por ejemplo, los grupos electrógenos que se utilizan se haría, se
verificaría la fiscalización de ese tipo de actividades, y por lo tanto se reducirían las posibles -porque aquí estamos hablando de posibles- situaciones irregulares que se den. En lo que yo no estoy de acuerdo y rechazo es en que se reclame que el
Tribunal de Cuentas sea un órgano anticorrupción. Los tribunales de cuentas están para una función concreta, que normalmente casa muy mal con los órganos anticorrupción. En aquellos casos de experiencias internacionales donde los tribunales de
cuentas ejercen esas funciones anticorrupción no suelen dar, desde mi punto de vista -es mi opinión particular y es la que digo aquí-, buenos resultados. Porque la lucha contra la corrupción exige fundamentalmente la utilización de medidas
excepcionales. Yo creo que la mayor parte de ustedes son excepcionales juristas y saben perfectamente que es entrar en el ámbito de la protección de las comunicaciones, de las actividades extraordinarias de vigilancia que tiene concedida la
Policía, que tienen concedida los jueces y fiscales, que tienen concedidos los órganos verdaderamente anticorrupción, y que son los órganos que se supone que funcionan. Entre otras razones no habría causas de corrupción en los juzgados si estos
órganos anticorrupción no hubieran actuado. No tiene mucho sentido que ustedes digan que el tribunal no lo ha detectado; se ha detectado como se ha detectado; se detecta, en el supuesto de que eso finalmente se compruebe en la vía judicial, por
quien tiene la capacidad y la habilitación para hacer escuchas telefónicas, para hacer intervenciones de correspondencia, para hacer intervenciones de sistemas informáticos. Eso es lo que los órganos anticorrupción realizan y tienen la función de
realizar. ¿Que hay tribunales de cuentas o cámaras de cuentas u órganos de esa naturaleza que tienen funciones anticorrupción? Las hay indudablemente, pero no suelen dar -desde mi punto de vista- buen resultado, entre otras razones porque también
hay garantías de todo ese proceso que tienen que estar perfectamente establecidas.
Por lo tanto les ruego que no desprecien el trabajo del tribunal, ese informe de ochocientas páginas que lleva muchísimas horas de trabajo del personal del tribunal, realizado sin restricciones y con el afán de intentar lograr el máximo
posible de claridad respecto de la contabilidad de las formaciones políticas, incluyendo la aplicación que estamos haciendo de rendición telemática de las cuentas, incluyendo un conjunto de medidas que el tribunal está desarrollando que yo creo que
van en la buena dirección de incrementar el control respecto de las formaciones políticas. Control de las formaciones políticas que hoy en día ustedes echan en cara al tribunal como insuficiente. Yo recuerdo que en esta Cámara el primero que puso
en cuestión la legislación sobre financiación de partidos y formaciones políticas fue el Tribunal de Cuentas, a través de una moción elaborada en el año 2001 en la que señalaba que la financiación de los partidos políticos tiene unas fallas
indudables en su formulación que deben ser corregidas. Indudablemente esas fallas que en aquel momento planteamos han sido progresivamente modificadas y aceptadas: cuando hemos dicho que no debe tenerse en cuenta, no debe admitirse la condonación
de
deudas, no deben admitirse otra serie de prácticas que han existido a lo largo de los años noventa y dos mil. Todos esos temas figuran en las mociones que el tribunal empezó a realizar en aquellos tiempos donde nadie prestaba a estas
cuestiones una importancia tan relevante como en la actualidad. Bien es cierto que el Tribunal de Cuentas ha recibido la calificación de Tribunal de cuentos -digo lo del Tribunal de cuentos porque esto se ha dicho en determinados periódicos- en dos
ocasiones. En las dos ocasiones en que se nos ha echado en cara al Tribunal de Cuentas que no fuimos capaces de detectar el caso Filesa, y que no hemos sido capaces de detectar la eventual caja B del Partido Popular, que está en fase judicial. Son
los dos casos en los que se nos ha señalado.
Indudablemente la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos tiene la dificultad que les he señalado; los procedimientos para llevar a efecto la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas -en este caso concreto del informe
que les presento- son rigurosos y completos, y en especial lo que ponemos de manifiesto en nuestro informe -y volvemos a decirlo- es una falla que contiene la actual regulación. Si aplicáramos estrictamente lo que la actual regulación sobre
contabilidades electorales de formaciones políticas propone, prácticamente tendríamos que multar a novecientos o a mil pequeños partidos políticos, porque el incumplimiento de límites de gastos deviene en imposible por la aplicación de la
legislación. Además, la sanción mínima sería de 50.000 euros para todos ellos.
Han planteado ustedes que el Tribunal de Cuentas resulta un órgano no válido para fiscalizar la corrupción ni válido para controlar a los partidos políticos porque el sistema de elección del Tribunal de Cuentas es por vía parlamentaria. Me
gustaría saber esos otros procedimientos alternativos superiores que en el derecho comparado existen. No sé si será mejor que los elija el Parlamento, que los elija el presidente de la República o el presidente de los Estados Unidos. Es decir, los
sistemas son todos válidos, indudablemente; son los legales. El establecer un Tribunal de Cuentas como órgano de relevancia constitucional, el establecer su estructura en la Constitución y el decir que será elegido por el Parlamento es plenamente
democrático y plenamente válido, y poner en cuestión el sistema de control del Tribunal de Cuentas entiendo que no es razonable y no puedo aceptarlo.
También es verdad una cuestión, y es que no hemos pedido nunca tener el control de partidos políticos. Jamás hemos reclamado esto. Es decir, la función del tribunal gestionando y controlando el sector público es lo suficientemente compleja
como para no tener ningún interés ni ninguna gana de fiscalizar los partidos políticos. Nos ha sido asignado por este Parlamento como una función propia del Tribunal de Cuentas, y lo aceptamos de mil amores y lo hacemos con nuestra mejor intención.
En el derecho comparado, la fiscalización de los partidos políticos no está bien resuelta en la mayor parte de los países. A mí que me cuenten dónde hay un modelo de fiscalización de partidos políticos que sea superior y más completo que el
nuestro. Indudablemente, el problema entiendo que no está en el modelo, está en el ejercicio concreto de los partidos políticos de su actividad de financiación y en que los tribunales, los organismos anticorrupción y los organismos que desarrollan
este tipo de controles funcionen correctamente. En este caso, perdónenme, pero no tiene nada que ver con el debate de esta materia la adjudicación de una plaza concreta de un puesto en el tribunal.
Me plantean además otra serie de cuestiones en relación con la reducción de envíos postales. Entiendo que, lógicamente, el tribunal establece sus formulaciones y sus criterios y ustedes son los que en última instancia con sus resoluciones
podrán llevar a efecto o no las propuestas que hemos presentado.
Nada más. Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Finalizado este punto del orden del día, vamos a interrumpir esta sesión por cinco minutos para despedir al señor Álvarez de Miranda, agradeciéndole, como no puede ser de otra forma, el enorme esfuerzo sintetizador de
tanto informe.
Muchas gracias. (Pausa).
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE LOS EJERCICIOS 2006 A 2009 POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000015 y número de expediente del Senado
771/000013).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la votación. Les advierto que la votación de las propuestas de resolución se hará en los términos de las correcciones presentadas por los grupos parlamentarios y en
los informes 251/7, 251/15/49/72/111 y 138. Las propuestas de resolución se votarán en los términos que se han repartido, según lo acordado en la Mesa. (El señor Bel Accensi pide la palabra). Señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: No lo tenemos. No se nos han repartido los términos de votación.
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Bel, se ha repartido, pero entiendo que usted no lo tenga porque seguro que estaba en otra Comisión.
El señor BEL ACCENSI: Efectivamente, presidente, estaba en otra Comisión, pero mi compañero no se ha movido de esta sala.
El señor PRESIDENTE: Señor Bel, cuando se ha reunido la Mesa y Junta de Portavoces se ha repartido. Ha habido Mesa y Portavoces previamente y ustedes no estaban.
El señor BEL ACCENSI: En todo caso, iremos sobre la marcha. No interrumpamos y continuemos.
El señor PRESIDENTE: De todas formas estoy convencido de que con su capacidad de síntesis y análisis resolverá rápidamente el problema.
Pasamos a votar el informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
En primer lugar, las propuestas de resolución números 2 y 3, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 1 y 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas números 6 a 8 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 9 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 10 del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (El señor De las Heras Muela pronuncia palabras que no se perciben).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 9.
El señor PRESIDENTE: La diputada del PNV se acaba de marchar. (Varios señores diputados: ¡No, no, se ha ido antes!-Rumores).
La votación es correcta. Han votado 9 del PSOE, 5 de Podemos, 2 por Ciudadanos y 2 por el Grupo Mixto, que suman 18, sin contabilizar al Partido Nacionalista Vasco.
Retomo la votación. La propuesta número 10 queda aprobada por 25 votos a favor y 9 en contra.
Propuesta número 11 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17, en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Se ha producido un empate. Convendría aclararse. Han faltado dos desde el principio, no uno. (Varios señores diputados y senadores del Grupo Parlamentario Popular pronuncian palabras que no se perciben). No, perdón,
han faltado dos. Si entramos en esta dinámica podemos estar hasta las doce de la noche. A mí me gustaría que hablase alguien del Grupo Parlamentario Popular.
El señor DE LAS HERAS MUELA: Yo mismo, presidente.
El diputado Bel Accensi, antes senador, ha votado en las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en las dos, en las propuestas 2 y 3 y en la 1 y en la 4, y a partir de ese momento se ha ausentado. Por tanto, de los
37 somos 35, con lo cual no puede haber empate. Somos 37, acabo de contar. Faltan 2.
El señor PRESIDENTE: Ahora faltan 3, antes 2.
El señor DE LAS HERAS MUELA: Con más motivo, en la votación de la 2 y de la 4 no puede haber 18 y 17, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Si somos 37 diputados y senadores y faltaban 2, somos 35. Hasta donde alcanza este presidente 18 y 17 son 35. Creo que están fuera de discusión estas cuestiones.
La propuesta número 11 queda aprobada por voto ponderado pues son 301 frente a 283.
Propuesta de resolución número 12 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas números 13 y 14 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (El señor de las Heras Muela pide la palabra).
El señor DE LAS HERAS MUELA: Señor presidente, vuelvo a pedir la palabra porque no somos 38, somos 37 y el senador de Ciudadanos ocupa tanto la Mesa como la viceportavocía, pero es una única persona y, por lo tanto, un único voto. Somos 37
en la Comisión y si no, cuéntenos usted.
El señor PRESIDENTE: ¿Y alguien le ha dicho que no somos 37? ¿Quién ha dicho que somos 38? Le acabo de recordar -y lamento estas intervenciones- que faltaban al principio dos personas y por tanto, éramos 35; y 17 y 18 son 35, hasta donde
me alcanza. Y creo que están ya fuera de discusión estas cuestiones.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE LOS EJERCICIOS 2006 A 2009 POR LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000007 y número de expediente del
Senado 771/000006).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. (Rumores). Pediría, por favor, silencio. En una votación tan complicada
es difícil aclararse si encima hablamos.
Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas número 2 y número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Por el criterio de voto ponderado, queda aprobada.
Propuestas número 6 a número 12 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Por el criterio de voto ponderado, queda aprobada.
Propuestas números 13 y 14 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 15 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Por el criterio de voto ponderado, queda aprobada.
Propuestas números 16 y 17.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 18, que comprende los dos puntos, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL EJERCICIO 2010 POR LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000049 y número de expediente del Senado 771/000050).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2010 por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Propuestas número 1 a 4, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 8 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 6, 7 y 9, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 10 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas números 11 a 13 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Por el criterio de voto ponderado, quedan aprobadas.
Propuesta número 14 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS CELEBRADOS DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012 POR LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000072 y número de expediente del Senado 771/000069).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de los contratos de servicios celebrados durante los ejercicios 2011 y 2012 por las entidades gestoras y de servicios comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social.
Propuestas números 1 a 4 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 6 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas números 7 a 9 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Por el criterio de voto ponderado, quedan aprobadas.
Propuesta número 10 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MENOR CELEBRADA POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000111 y número de expediente del Senado 771/000110).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 9.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Resto de propuestas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Por el criterio de voto ponderado, quedan aprobadas.
Propuestas número 10 y 11 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Por el criterio de voto ponderado, quedan aprobadas.
Propuesta número 12 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 13 y 16 del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Ramírez Freire pide la palabra). ¿Sí?
El señor RAMÍREZ FREIRE: Señor presidente, nos gustaría que se votase por puntos separados la 13 y la 16.
El señor PRESIDENTE: Propuesta número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Por el criterio de voto ponderado, queda aprobada.
Propuestas 14 y 15. (El señor Ramírez Freire pide la palabra). ¿Sí?
El señor RAMÍREZ FREIRE: Señor presidente, nos gustaría que también se votasen por separado la 14 y la 15.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, para próximas votaciones facilite usted, si es posible, la votación.
Propuesta número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La propuesta 17 entiendo que se vota conjuntamente con la 18.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 20, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MENOR CELEBRADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000138 y número de expediente del Senado 771/000137).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Propuesta número 3, del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Al producirse un empate y según el criterio de ponderación, queda aprobada.
Propuesta número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de propuestas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Por el criterio de ponderación, queda aprobada.
Propuestas números 10 y 11, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio de ponderación, queda aprobada.
Propuesta número 12, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Por el criterio de ponderación, queda aprobada.
Propuestas 14 y 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas 17 y 18.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 20, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MENOR CELEBRADA POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000179 y número de expediente del Senado
771/000179).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicios 2014 y 2015. Propuesta número 1 a 8, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos. La
número 9 ha sido retirada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 10, 11 y 12, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Por el criterio de ponderación, queda aprobada.
Propuesta número 14, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas 15, 18, 19 y 20, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas 16, 17 y 21, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 22, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000052 y número de expediente del Senado
771/000052).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000056 y número de expediente del Senado 771/000056).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000076 y número de expediente del Senado
771/000075).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000098 y número de expediente del Senado 771/000097).
El señor PRESIDENTE: Se agrupan, de acuerdo a lo pactado con los portavoces, los informes de fiscalización de la contratación de entidades locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2012, de La Rioja, ejercicio 2012,
y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2012, y el informe de fiscalización de la contratación de entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2012. Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 3 y 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas 5 a 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 16, del Grupo Confederal Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El resto de propuestas hasta la número 17, del Grupo Confederal Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas 18 a 39, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 40, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000123 y número de expediente del Senado 771/000121).
El señor PRESIDENTE: Por último, el informe de contratación de entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2012. Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas 3 y 4, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 5 a 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas números 9 a 30, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 31, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.