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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 134, de 25/02/2019
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2019 XII LEGISLATURA Núm. 134
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 29
celebrada el lunes,
25 de febrero de 2019
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora presidenta del Tribunal de Cuentas (De la Fuente y de la Calle), para informar sobre:
Bloque I:
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000283 y número de expediente del Senado 771/000283) ... (Página3)
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000288 y número de expediente del Senado 771/000278) ...
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000290 y número de expediente del Senado 771/000284) ... (Página3)
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000286 y número de expediente del Senado 771/000276) ... (Página4)
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000284 y número de expediente del Senado 771/000280) ...
- Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000289 y número de expediente del Senado 771/000281) ... (Página4)
- Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000272 y número de expediente del Senado 771/000267) ... (Página4)
Bloque II:
- Informe de fiscalización del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, ejercicios 2015 y 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000280 y número de expediente del Senado 771/000287) ...
- Informe de fiscalización de los procesos de extinción de entidades de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio como consecuencia de la reestructuración de su sector público. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000291 y número de expediente del Senado 771/000282) ... (Página14)
Bloque III:
- Informe de fiscalización del Programa de Activación para el Empleo. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000278 y número de expediente del Senado 771/000275) ... (Página23)
- Informe de fiscalización de la actividad asistencial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000277 y número de expediente del Senado 771/000273) ...
- Informe de fiscalización de las ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes, subsidiación de préstamos y otros apoyos a la vivienda del Programa 261N 'Ayudas para la Rehabilitación y Acceso a la Vivienda', ejercicio 2016. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000282 y número de expediente del Senado 771/000285) ... (Página23)
Bloque IV:
- Informe de fiscalización de la contratación de la Fundación Escuela de Organización Industrial, ejercicios 2016 y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000275 y número de expediente del Senado 771/000266) ...
- Informe de fiscalización de la actividad de las sociedades públicas de integración del ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000292 y número de
expediente del Senado 771/000288) ... (Página31)
Bloque V:
- Informe de fiscalización del Fondo de Reserva de los Riesgos de Internacionalización, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000281 y número de expediente del Senado 771/000279) ...
- Informe de fiscalización del sistema de seguimiento de programas en el área de la Administración Económica del Estado, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000285 y número de expediente del Senado
771/000286) ... (Página38)
- Informe de fiscalización relativa al seguimiento de las principales recomendaciones incluidas en diversos informes de fiscalización aprobados en el periodo 2013-2016, sobre entidades del sector público estatal relacionadas con los ámbitos
financiero, regulatorio, de investigación y de la cultura. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000287 y número de expediente del Senado 771/000277) ... (Página38)
Bloque VI:
- Informe de fiscalización sobre el cumplimiento de la legalidad en las actuaciones realizadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Administración de la Seguridad Social, durante el periodo 2010 a 2015, para el
cobro, reducción y control de las deudas contraídas por los clubes de primera y de segunda división (categorías 'A' y 'No quinielas'), determinando su composición actual. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000273 y número de
expediente del Senado 771/000269) ... (Página46)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las anomalías detectadas en materia de ingresos,
así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000270 y número de expediente del Senado 771/000270) ...
- Informe de fiscalización de las sociedades mercantiles del sector público local en desequilibrio financiero. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000271 y número de expediente del Senado 771/000268) ...
- Informe de fiscalización relativa al seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en los informes de fiscalización, aprobados por su Pleno en los años 2013 y 2014, sobre la contratación celebrada por las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como en las Resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas respecto a dichos informes. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000276 y número de expediente del Senado 771/000271) ... (Página56)
- Informe de fiscalización del grado de cumplimiento por las empresas estatales no financieras de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en informes de fiscalización y en una nota de seguimiento, sobre procedimientos de
contratación, la ejecución de medidas destinadas a la racionalización y reordenación en los ejercicios 2012 y 2013 y provisiones relacionadas con el contrato de compraventa de Interinvest, S.A. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000279 y número de expediente del Senado 771/000274) ... (Página57)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (DE LA FUENTE Y DE LA CALLE), PARA INFORMAR SOBRE:
BLOQUE I:
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000283 y número de expediente del Senado 771/000283).
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000288 y número de expediente del Senado 771/000278).
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000290 y número de expediente del Senado 771/000284).
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000286 y número de expediente del Senado 771/000276).
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000284 y número de expediente del Senado 771/000280).
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000289 y número de expediente del Senado 771/000281).
- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000272 y número de expediente del Senado 771/000267).
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos esta Comisión, que será la penúltima, dando las gracias a la presidenta del Tribunal de Cuentas por su presencia aquí siendo conscientes del esfuerzo que hoy de verdad le pedimos y, sobre todo, de
capacidad de síntesis.
Sin más dilación, pasamos a debatir el orden del día. Para la exposición del bloque I, que consta del informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2016; de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
ejercicio 2016; de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2016; de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2016, y de la Comunidad autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2016, tiene la palabra la presidenta del Tribunal de
Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Buenas tardes, señorías.
Señor presidente, este primer bloque de la intervención de los informes que vengo hoy a presentarles está integrado, como ha señalado el presidente, por siete informes. Se trata de las fiscalizaciones anuales de las comunidades autónomas
que no cuentan con órgano de control externo propio y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Son fiscalizaciones de carácter integral y que se realizan por mandato legal. Estas fiscalizaciones, que afectan a las comunidades autónomas de
Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia, así como a las ciudades autónomas, tienen como objetivos los siguientes: la verificación de la rendición de cuentas por todas las entidades que componen el sector público y
que se hayan presentado conforme a los principios y normas contables y económico-presupuestarias; el análisis de los sistemas de control interno; comprobar si se han seguido los procedimientos establecidos para la determinación y cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto; la evaluación de la gestión de los recursos públicos mediante el análisis de las liquidaciones de presupuestos, las cuentas patrimoniales y las diferentes áreas de
gestión, tales como personal, morosidad de la deuda comercial, endeudamiento y avales, así como la gestión de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial. También se realiza un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones
formuladas en anteriores fiscalizaciones.
En estos informes se ha llevado a cabo por primera vez un análisis específico de un área concreta, cual es la de gastos en educación. Realizaré de forma conjunta la exposición de los resultados de estas fiscalizaciones respecto de cada uno
de los objetivos que acabo de señalar y a los que me voy a referir a continuación.
Respecto de las entidades que integran el sector público de la correspondiente comunidad o ciudad autónoma, en la definición del ámbito subjetivo de La Rioja y de la Región de Murcia, se han puesto de manifiesto diferencias entre el número
de entidades incluidas conforme a las leyes de presupuestos y la respectiva cuenta general. En cuanto a la rendición de cuentas, cabe indicar que la contabilidad de la Administración de Castilla-La Mancha y de Extremadura no se encontraba adaptada
al Plan General de Contabilidad Pública de 2010. Las cuentas generales se rindieron en plazo con la excepción de las relativas a las cuentas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se remitieron con un retraso de dos meses y quince días,
respectivamente. Por lo general, las cuentas generales rendidas respetaban las normas de aplicación respecto de su estructura y contenido. No obstante, la estructura de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Cantabria no respondía a lo
dispuesto en la Ley autonómica de finanzas al no recogerse las subcuentas que la debían conformar ni presentarse de forma agregada y
consolidada. Por su parte, las cuentas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia, La Rioja y Melilla no se presentaron completas al no incluir algunas de sus entidades dependientes. Se observan incidencias en la
elaboración de las cuentas por algunos organismos autónomos de Cantabria y La Rioja, así como en la cuenta de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por lo que se refiere a los sistemas de control interno, destacan los actos de convalidación de gastos por la omisión del trámite de fiscalización previo por incumplimiento del régimen previsto en la normativa contractual en Castilla-La
Mancha, Cantabria y Extremadura por valores de 8292, 582 y 472 miles de euros, respectivamente. Se pone de manifiesto la ausencia de controles financieros y/o de eficacia en las comunidades de Extremadura y Cantabria y en las ciudades autónoma de
Ceuta y Melilla. En estos dos últimos casos los puestos de interventor y secretario de la ciudad eran desempeñados de manera accidental por funcionarios que carecían de la habilitación nacional. Además, en el caso de la Ciudad de Melilla, no se
había procedido a separar las funciones de contabilidad y control.
Los presupuestos de Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y Melilla para 2016 se aprobaron ya iniciado el ejercicio económico; por tanto, se vieron prorrogados los del ejercicio anterior. La gestión presupuestaria se desarrolló
con carácter general conforme a las normas que la rigen. Se observan, sin embargo, algunos incumplimientos al principio de anualidad presupuestaria en Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Melilla e incidencias en la financiación de las
modificaciones presupuestarias en Castilla-La Mancha y Ceuta.
En general, las cuentas anuales de la respectiva Administración general se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables, si bien en todos los casos con salvedades y observaciones. Por su parte, el remanente de tesorería se
encontraba sobrevalorado en la Región de Murcia, La Rioja y Ceuta e infravalorado en Extremadura, resultando inexacto el de Cantabria y el de Melilla.
Por lo que se refiere al análisis del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se observa que las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia
superaron el objetivo de déficit del 0,7 % del PIB. La Región de Murcia no respetó la regla de gasto y en todos los casos se cumplió el objetivo de deuda. La Comunidad Autónoma de La Rioja se adhirió al Fondo de Facilidad Financiera previsto en el
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, habiéndosele asignado un importe total de 273 millones de euros, que han sido aplicados principalmente a cubrir las necesidades de financiación de déficit público y a atender vencimientos de deuda.
En cuanto al análisis de la gestión económico-financiera, se indica en el informe que el periodo medio de pago a la finalización del ejercicio superaba el plazo máximo de treinta días en Cantabria, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y
Melilla. En el caso de La Rioja, se observaron incidencias en el registro de facturas que dieron lugar a retrasos en sus tiempos de anotación. En la Comunidad Autónoma de Cantabria se valoraron en un importe próximo a los 18 millones de euros las
pérdidas en la que podrían desembocar los avales, préstamos y participación en capital de la comunidad en el proyecto Ecomasa, en liquidación desde 2015.
Por lo que respecta a los gastos de personal, en el ejercicio fiscalizado se reconoció la condición de indefinidos no fijos a 284 trabajadores que mantenían relaciones laborales previas con la Administración General de la Comunidad Autónoma
de Extremadura por contrato de obra o servicio, sin la previa resolución judicial exigida por la ley de presupuestos autonómica. Además, se procedió a la incorporación de personal por parte de las entidades dependientes de Cantabria, Extremadura y
Castilla-La Mancha sin ajustarse al régimen de autorización impuesto en las respectivas leyes de presupuestos, habiéndose superado así el límite de gasto anual de personal y de incremento interanual previsto en los presupuestos en algunas de las
entidades dependientes de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
En materia de subvenciones, las debilidades son generalizadas en las comunidades y ciudades autónomas en relación con el seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos de los planes estratégicos autonómicos de
subvenciones, objetivos en algunas ocasiones que no se encontraban definidos, como en el caso de la Ciudad de Ceuta, o su definición era insuficiente, como en Extremadura. Además, las bases de datos de subvenciones autonómicas presentaban carencias
de información relevantes. Entre las incidencias concretas en la gestión, justificación y control de determinadas subvenciones, se recogen las relativas a las concedidas a diferentes federaciones deportivas extremeñas, principalmente por la
admisión de determinados gastos, las deficiencias en la definición del objeto y de los
gastos subvencionables del convenio de colaboración suscrito entre la ciudad y la Federación de Fútbol de Ceuta. Respecto de la Comunidad Autónoma de Cantabria, aunque en acuerdo suscrito en 2016 se declara la inviabilidad de los objetivos
del convenio suscrito en 2006 con el Real Racing Club de Santander, no se han ultimado las actuaciones dirigidas a su resolución y reintegro.
Se observan también incidencias en el área de sanidad de todas las comunidades autónomas, tales como la presencia de un elevado volumen de personal interino o temporal. En relación con el gasto sanitario, se indica que en general su
crecimiento ha sido superior al PIB autonómico, dando lugar a una situación financiera insostenible a largo plazo. El Servicio Murciano de Salud, para el desarrollo de su actividad ordinaria y la prestación satisfactoria de los servicios de sanidad
pública de la región, precisa de la cobertura financiera necesaria por parte de la Administración autonómica, ascendiendo el déficit global acumulado a 31 de diciembre de 2016 a 665 millones de euros. En la Comunidad Autónoma de La Rioja, la
recurrente situación deficitaria de las fundaciones Hospital de Calahorra y Rioja Salud, determinada por el déficit de dotación presupuestaria respecto del gasto realmente incurrido, originó la adopción de una serie de acuerdos encaminados al apoyo
financiero y saneamiento de su situación económico-financiera, si bien las aportaciones destinadas a financiar la actividad ordinaria de estas fundaciones en 2016 han sido insuficientes.
Por su parte, no ha culminado la operación dirigida a constituir una fundación que integre los medios y se subrogue en las relaciones de la Fundación Marqués de Valdecilla, dependientes de la Comunidad de Cantabria. Se observan incidencias
en la gestión medioambiental relativas a falta de registros, expedientes sancionadores caducados e indemnizaciones pendientes de ingreso. También se produjo una falta de coordinación de los procedimientos de control en Cantabria, La Rioja,
Extremadura y Castilla-La Mancha. En la Región de Murcia, la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A.U., ha continuado presentando pérdidas significativas, hallándose su patrimonio neto negativo y encontrándose la sociedad, nuevamente, en causa
legal de disolución.
Sobre el servicio de educación, se indica en el informe que no existía en ninguna de las comunidades autónomas objeto de estas fiscalizaciones un plan de control propio o manuales aprobados para sistematizar las actuaciones verificadoras
sobre la gestión económica de los centros docentes.
En Castilla-La Mancha y Cantabria, no se acreditaron comprobaciones sobre procesos selectivos de contratación del personal de los centros concertados. No se habían aprobado en Cantabria, Castilla-La Mancha ni Extremadura los planes de
acción derivados de las distintas evaluaciones nacionales e internacionales. En La Rioja y en la Región de Murcia, no se dispuso de estudios sobre la fijación de los módulos de los conciertos educativos establecidos en los presupuestos de la
comunidad para 2016 ni sobre el coste de los puestos escolares, aspecto que impedía valorar si los módulos aprobados en el ejercicio fiscalizado fueron suficientes para la cobertura de los gastos asociados a la prestación del servicio de educación
en condiciones de gratuidad.
El análisis realizado sobre la aplicación de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial recoge una serie de deficiencias de distinta naturaleza según la comunidad autónoma. En Cantabria, en las obligaciones
vinculadas a los proyectos financiados por el fondo, no disponía de aplicaciones específicas asignadas por su registro en contabilidad, lo que dificulta el seguimiento del grado de avance. Relacionado con este aspecto, en la Región de Murcia y en
Melilla tampoco se puede conocer el grado de avance de los proyectos de inversión al haberse definido de manera muy general. También relacionado con el grado de ejecución de los proyectos vinculados al Fondo de Compensación Interterritorial, en
Castilla-La Mancha no responden al grado de avance físico. En Extremadura, en los casos de sustitución de proyectos inicialmente acordados, no se exigió la acreditación de la imposibilidad de ejecución de aquellos por motivos imprevistos. En
Ceuta, las subvenciones se contabilizaron de manera incorrecta y no se destinaron a la financiación de inversión nueva.
En cuanto al seguimiento de las recomendaciones, el informe refleja que su implantación ha sido heterogénea entre las comunidades y ciudades autónomas, si bien, con carácter general, ha sido reducida. En Cantabria y Castilla-La Mancha no se
han apreciado avances en las recomendaciones formuladas en los correspondientes informes anuales desde el ejercicio 2014. En el resto de comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas se apreciaron algunas mejoras en relación con ciertas
recomendaciones emitidas, pero sin que se puedan considerar totalmente cumplidas. Por lo que se refiere a las ciudades autónomas, como he señalado, también se han observado mejoras, sin que ello pueda considerarse que constituyen un cumplimiento de
las recomendaciones en todos sus términos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Quiero hacer una matización. Cuando expuse el orden del día, me olvidé de los informes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla del año 2016.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo de cuatro minutos, para exponer lo que estime oportuno.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente. Intentaré ser breve, pero la extensión de estos informes hace que sea bastante difícil.
Quiero agradecerle a la presidenta del Tribunal de Cuentas su exposición. Estos informes incluyen, básicamente, a aquellas comunidades que no tienen un órgano externo. Nos parece un ahorro de recursos, sobre todo porque los tribunales
autonómicos, como todos sabemos, cuestan, aproximadamente, 74 millones al año. Pero el Tribunal de Cuentas se podría plantear modernizar los planteamientos o habilitar un sistema de secciones territoriales que podrían suponer, además de un ahorro
considerable, una movilidad entre organismos, algo que puede ser muy beneficioso para entender todavía mejor e in situ cómo es cada una de estas comunidades.
Como tengo poco tiempo, voy a centrarme en dos comunidades: Cantabria y Murcia. Ambas, como bien ha dicho la presidenta, incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria por amplio margen. Para aquel año tenían un 0,7 y, en lugar de
eso, alcanzaron un 1,49 y un 1,68, respectivamente, y, por tanto, entraron en un proceso tutelado por parte de la AIReF. En 2017, Cantabria ya cumplía con el objetivo de déficit, pero, por desgracia, Murcia volvió a ser de las incumplidoras -otra
vez, la campeona de incumplir-. Esta incapacidad para cumplir con los presupuestos de estabilidad presupuestaria es un buen indicador de muchos otros problemas. Así, por ejemplo, los periodos medios de pago, como bien ha dicho la presidenta, han
seguido estando por encima de treinta días marcados, que es a lo que obliga la normativa. Detrás de esos indicadores de mala gestión pública están, lógicamente, los escándalos. Un ejemplo, que seguro que todo el mundo conoce, es el de la sociedad
Desaladora de Escombreras, que presentó pérdidas de 18 millones de euros, estando las obligaciones de pago y los compromisos asumidos por la misma muy por encima de su cifra de negocio, y eso que la planta ya había alcanzado, prácticamente, su
volumen máximo de trabajo y, por tanto, tenía un incremento importante de los ingresos. En Murcia, gracias a la comisión de investigación promovida por mi partido, quedó claro que el Ejecutivo de Valcárcel constituyó, sin concurso público y con
ayuda de bufetes privados y de abogados, un entramado societario para hacer realidad sus proyectos, asumiendo unos contratos leoninos hasta el año 2034 con empresas del Grupo ACS, que podían llegar a costar hasta seis veces más del valor real de la
sociedad.
En el caso de La Rioja, también incluida en estos informes, el presente informe atiende a la resolución del 15 de diciembre de 2017 de la presidencia del Parlamento autonómico de la Comunidad Autónoma de La Rioja, promovida también por
Ciudadanos en cumplimiento del acuerdo de investidura de esta comunidad. Damos la bienvenida a este informe -es un informe ampliado que hemos pedido durante mucho tiempo-, aunque tiene un fallo, y es que no puede ser de los últimos ocho años, que
era lo que solicitábamos en esa comisión, y no por capricho sino para evaluar la gestión y la planificación, así como para plantear las medidas de mejora y regeneración. No obstante, podemos decir que 2016 deja, de manera global, una buena
impresión en el caso de La Rioja, pero no tenemos los informes previos para poder comparar, lo que hace que no podamos conocer con detenimiento si se han paliado o no vicios recurrentes que hemos encontrado en la gestión de determinados entes
públicos, como la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, la Fundación Rioja Salud, la Fundación La Rioja Turismo. Son deficiencias que ya se habían puesto de manifiesto en informes de fiscalización de años precedentes de este tribunal y que,
por tanto, hubiésemos querido comparar con más profundidad. Esperemos que en próximos ejercicios lo podamos realizar. Cabe recordar, además, que esta comunidad ha sufrido más de veinte años de mayorías absolutas y que los preceptivos controles de
eficacia y economía a realizar sobre estos entes por las distintas consejerías han brillado por su ausencia. Para alejar cualquier sombra de duda sobre la gestión del Ejecutivo en la VIII Legislatura del Parlamento riojano, les animamos a todos
ustedes a que, ahora, cuando acabemos estas intervenciones, voten esta propuesta de fiscalización que hemos presentado Ciudadanos y el Grupo Popular y, así, ahuyentemos cualquier fantasma de sombra y de corrupción.
Como el presidente me ha pedido que sea muy breve, solo diré que, respecto a la educación no universitaria, se constata que existe una insuficiencia de medios personales para desarrollar eficazmente las labores de revisión y control de la
gestión económica de los centros docentes. Esto explica, en cierta medida, la ausencia de un plan sistemático y estructurado de revisión, algo que va en contra de un plan sistematizado
y que adquiere mayor importancia habida cuenta de que hay un reducido número de controles financieros, que han sido llevados, en este caso, por parte de la intervención general de la comunidad.
En definitiva, nos parece muy importante la continuidad de este tipo de informes. Creemos que tienen que seguir repitiéndose en los próximos planes de investigación y fiscalización. Estaremos muy atentos para ver si el cumplimiento de las
recomendaciones evitan, de una vez por todas, los reparos que seguimos teniendo respecto a estas comunidades.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez, por su brevedad.
La señora Cánovas, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra.
La señora CÁNOVAS ESSARD: Muchas gracias, señor presidente.
La señora presidenta ha dado un informe muy extenso. Nos lo hemos leído con tranquilidad y aquí lo ha resumido muy bien. Pero no me voy a ceñir solo a La Rioja. Soy de formación jurista, no soy de números, pero me ha llamado la atención
en todos los informes -son siete- que ninguna de las contabilidades o de la cuenta mayor -no sé cómo llamarlo porque, insisto, no soy de formación contable- de las comunidades refleje su estado real patrimonial. Creo que hay defectos en
Extremadura, por ejemplo, ya que las cuentas se entregan fuera de plazo y no se han adaptado al plan de contabilidad pública. Ceuta y Melilla tienen muchísimos defectos contables en sus partidas. Me gustaría que me aclarase, respecto a las cuentas
de Ceuta y Melilla, si esas cuentas que, teóricamente, se han verificado reflejan o no su situación patrimonial real. También me ha llamado mucho la atención la Comunidad de Murcia. Dice que se ha alterado el déficit y el superávit, pasando de un
déficit declarado de 95 700 miles de euros a 546 370 miles de euros por no haber contabilizado las aportaciones al Servicio Murciano de Salud, que, desde luego, se debe encontrar muy enfermo, por lo que ha manifestado en su informe.
En cuanto a la gestión, hay que decir que, a la vista de lo que se dice en los diferentes informes, es nefasta. Estamos hablando de una falta absoluta de eficiencia y de transparencia -prácticamente ninguna cumple con los criterios de
transparencia-. Además, se gasta dinero sin control. También creo haber leído que en muchas de las comunidades tampoco se controla dónde van las subvenciones, a qué se destinan o cuánto se gasta. Los fondos de compensación interterritorial
tampoco son correctamente fiscalizados; al menos me ha dado esa sensación y, si no, que me corrija la señora presidenta. A eso unimos que se ha hecho prácticamente caso omiso -porque creo que el informe, al menos por escrito, es más duro de lo que
ha manifestado la señora presidenta- y, prácticamente, ninguna comunidad ha dado cumplimiento a ninguna de las recomendaciones formuladas en esta Comisión mixta; lo cual, me hace poner de manifiesto -para que todo el mundo lo sepa, por si no lo
saben- la inutilidad o las pocas ganas que hay de cumplir con nada. Es decir, ¿para qué existe esta Comisión, para qué se emiten recomendaciones, si luego no se cumplen? Creo que esto exige un ejercicio por parte de todos los grupos parlamentarios
de esta Cámara y del Senado de intentar regular esta situación, mediante la normativa correspondiente para que esto no se produzca. Porque en el campo del derecho privado, por mi corta experiencia contable pero gran experiencia jurídica, estaríamos
hablando, como mínimo, de una administración desleal de caudales públicos.
Creo que la situación descrita es mucho más grave de lo que se dice. Estamos hablando de dinero público y, por tanto, hay que velar especialmente por que estas situaciones no se reproduzcan año tras año, porque no varían. Me he molestado
en leer el Diario de Sesiones de esta Comisión de ejercicios anteriores, y he visto que la intención de estas comunidades en concreto es la de no cumplir, o cumplir lo mínimo, con las recomendaciones y tampoco con las regulaciones específicas sobre
la contabilidad de las empresas públicas y de las comunidades.
Desde nuestro grupo parlamentario, instamos a que los grupos parlamentarios hagan un esfuerzo en controlar ese gasto público, que no debería ser gasto, sino inversión, para mejorar la vida de la ciudadanía, y no tirar dinero en saco roto
como parece que así está ocurriendo.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, hay una triple intervención por parte del Grupo Socialista, el señor Luena, el señor Quintana y el señor Rubio; ustedes sabrán cómo se distribuyen el tiempo. Señor Rubio, le recuerdo que la última intervención del señor
Bravo fue de treinta segundos y le fue bastante bien; hoy es consejero de Economía de Andalucía. (Risas). Así que, sin más, tiene la palabra el señor Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: Son muy estimulantes las indicaciones de tiempo que hace el señor presidente.
Señora presidenta del tribunal, gracias por los informes. Yo me voy a referir a La Rioja rápidamente. Me he leído el informe, la he escuchado atentamente, y quiero recordarle que en sesión del 7 de febrero -lo sabrá usted-, esta Comisión
aprobó, por veinte votos a dieciocho, que el tribunal haga un informe de fiscalización sobre contrataciones de personal de la Fundación Hospital de Calahorra. Le ruego que lo tenga en cuenta, le ruego que lo hagan; es del año 2016 también; 2015 y
2017, pero también 2016, y quería recordárselo.
En su informe nos habla de muchas cosas que vienen siendo citadas y recogidas en otros informes anteriores; sobre la gestión de las subvenciones de la comunidad autónoma; sobre la deuda que está desbocada, sube un 106 %, como pone usted en
la página 89; el déficit sanitario; las listas de espera que no paran de subir. En las páginas 113-115 usted habla de los efectos patrimoniales negativos del aparcamiento del Cibir. Le digo que en La Rioja no hay ninguna explicación ni se ha
asumido ninguna responsabilidad. Hay una comisión de investigación -lo debe usted saber- en el Parlamento de La Rioja; pero si usted me puede añadir ahora algo más o por escrito a esas páginas 113-115 se lo agradeceremos.
Ha hablado usted del descontrol de los conciertos educativos, algo que ha generado alarma en la comunidad. Aquí tengo una noticia de una página del periódico La Rioja que dice que el Tribunal de Cuentas afea a educación el bajo control
financiero de los conciertos. Hay alarma social y usted hace bien en indicarlo.
Sobre el seguimiento de las recomendaciones de 2015, en las páginas 152 a 168 del informe pide usted más control a fundaciones y consorcios públicos, pero dice que está suspendido, y quiero que esto quede claro en la intervención. Sobre el
control y la transparencia en los conciertos sanitarios también suspende usted al Gobierno de La Rioja; y, además, como acaba de decir la compañera de Unidos Podemos, no hacen caso a las recomendaciones de la Comisión.
Termino pidiéndole que tome usted nota de alguna de las cosas que me gustaría que me detallase, me ampliase o me aclarase. En primer lugar, la conclusión número 17 sobre los conciertos de sanidad, que son apenas cinco líneas, me gustaría
que usted me lo detallara más, porque viene a decir usted -hablando un poco coloquialmente- que la situación tampoco tiene un control todo lo exhaustivo que merece el control de los recursos públicos. Sobre las subvenciones de la ADER, le pregunto
directamente: ¿Cree usted o cree el tribunal que hay discrecionalidad, es decir, dedazo en esas subvenciones? Conclusión número 34.
De la conclusión número 35, sobre la deuda, lo que le pido es que les dé usted un aviso, aunque sea tocando la campana, a la Consejería de Hacienda del Gobierno de La Rioja, porque van tan desbocados con la deuda que algún día habrá más
porcentaje de deuda que de riojanos. En la conclusión número 38, sobre la fundación hospitalaria, se ha referido usted en su intervención y dice que, encima, es insuficiente la inyección que ponen. Sobre el artículo 44, de nuevo los conciertos, y
el artículo 55, sobre la gestión de las entidades de turismo, me gustaría, si usted puede ahora mismo aquí, que añadiera un poco más. Por último, antes alguna vez teníamos información, pero yo ahora no recuerdo que venga en el informe, ¿hay algún
indicio de responsabilidad contable que impute la fiscalía o la Abogacía General del Estado al Gobierno autonómico en relación con el informe de 2016?
Creo que después de esta intervención no llegaré a consejero, pero no sé, señor presidente, si al menos a director general.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Lo que es evidente es que le ha dejado dieciocho segundos a sus compañeros, y les advierto que voy a ser poco tolerante con el exceso de tiempo.
Señor Quintana, tiene la palabra.
El señor QUINTANA MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señora presidenta, bienvenida una vez más a la Comisión. Yo voy a ser muy breve. Con respecto a los tres informes que he analizado, en Murcia vemos pocos avances respecto a los anteriores informes. Quiero destacar sobre todo lo que se
refiere a materia sanitaria, y también sobre las medidas en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
Con respecto a Ceuta, también me gustaría destacar que sí que hay algún avance más, pero adolece de todo lo referente a la falta de finalización de los procesos de liquidación de las sociedades municipales. Y en cuanto a Melilla, quiero
destacar que la verdad es que Melilla cumple poco, por no decir nada; ni la cuenta general se presentó dentro del plazo ni el presupuesto tampoco.
En relación con las diez recomendaciones anteriores del tribunal, se cumplió una, y de la Comisión no se ha cumplido ninguna. ¿Qué es lo que considera usted que se debería hacer?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quintana.
El señor Rubio tiene la palabra.
El señor RUBIO RUIZ: Gracias, presidente.
Con la brevedad de tiempo que me queda, pasamos a valorar los informes de Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura. Con respecto a Cantabria, en principio, como ha reconocido y ha puesto sobre la mesa la presidenta, quiero significar que
no se adaptan al criterio de anualidad. No hay un avance importante en el cumplimiento de las recomendaciones. En Cantabria, concretamente, quiero reseñar la falla que existe en las entidades públicas a efectos contables; hay un desfase de 18
millones de euros procedentes de avales de alguna sociedad en liquidación. Destacamos que no cuenta con un procedimiento debidamente aprobado para el análisis y tratamiento de los riesgos a los que están expuestos los sistemas de información, y que
el comité técnico de ciberseguridad, previsto en el artículo 8 del Decreto 31/2015, todavía no se ha constituido al cierre de ese ejercicio. Falta también la comisión de auditoría y control de la mayoría de las sociedades públicas regionales
obligadas.
Y en el sector público administrativo, aunque presentadas las cuentas correctamente, nos ha llamado la atención que las cifras recogidas en el estado de tesorería, el balance de situación y el estado del remanente de tesorería no muestran la
coherencia interna necesaria para interpretarla. Ello, debido a un problema de distorsión en el envío de la información entre las distintas aplicaciones informáticas.
En lo tocante a estabilidad presupuestaria, de la comprobación sobre el seguimiento de procedimientos establecidos para la determinación y cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, se deduce
que en octubre de 2017 Cantabria incumplió el objetivo de déficit del ejercicio 2016, establecido en un 0,7 % de su producto interior bruto, al alcanzar un déficit del 1,49 %. Por otra parte, la deuda de la comunidad autónoma al cierre de 2016
situada dentro del objetivo ascendía a 2890 millones de euros. En el análisis de la gestión, cabe destacar numerosísimas anomalías y deficiencias principalmente en los procedimientos de contratación de personal temporal e interino. Por otra parte,
tampoco se ha respetado el periodo medio de pago a proveedores de treinta días en todos los meses del ejercicio 2016, lo que afecta negativamente a la sostenibilidad financiera.
Por lo que respecta a Castilla-La Mancha...
El señor PRESIDENTE: Señor Rubio, tiene que ir acabando. Han duplicado el tiempo.
El señor RUBIO RUIZ: Yo he suprimido mucho, pero, en fin...
Por lo que se refiere a la rendición de cuentas, esta tampoco se ajusta al principio de anualidad. No hay avances significativos en el seguimiento ni en el cumplimiento de los requerimientos tanto del tribunal como de las resoluciones de
esta Comisión. Finalmente, quiero señalar que gran parte de la política de seguridad en la información está sin cumplir. Además, no hay análisis de riesgo realizados y la auditoría de seguridad sobre los sistemas informáticos brilla por su
ausencia.
En los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, cabe destacar que en el informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre el grado de cumplimiento del objetivo para 2016 se indica incumplimiento del
objetivo de déficit. Por el contrario, se cumplió con la regla de gasto y con el objetivo de deuda para 2016. La gestión en términos generales es positiva, salvo por anomalías importantes en la gestión de organismos públicos como Gicaman y
Sociedad para el Desarrollo de Castilla-La Mancha. Infraestructuras del Agua incrementó en 2016 sus gastos de personal en relación con los del ejercicio precedente en un 33 %, por encima del 1 % permitido por la ley. Finalmente, en materia de
transparencia, la información que ofrecía en abril de 2018 no cumplía con las premisas establecidas en su propia Ley de transparencia.
Termino con Extremadura, respecto de la que hay que decir que tampoco se adapta al criterio de periodicidad anual y no tiene un sistema de contabilidad pública realmente consolidado. Por el contrario, hay que decir que está en proyecto una
reforma de su Ley de hacienda con un nuevo título sobre contabilidad para implantar un nuevo sistema de gestión económico-financiero de la Junta, que va a permitir cumplir con numerosas recomendaciones tanto del tribunal como de esta Comisión que
venían arrastrándose.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Acedo tiene la palabra.
La señora ACEDO REYES: Gracias, señor presidente.
Habida cuenta del denso bloque del que hablamos, de lo limitado del tiempo y de lo que ya han esgrimido tanto la presidenta como los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, expondré sucintamente las cuestiones que he
considerado importante destacar dentro de las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas, con algunas matizaciones que considero importantes. Teniendo en cuenta la materia tratada, que hace referencia a la gestión y organización
económico-financiera global de las comunidades autónomas que no tienen un órgano de control propio y del sector público en general, he de decir que creo que en los últimos años en términos generales, y sin perjuicio de que haya cosas mejorables
respecto a cuestiones puntuales de cada una de ellas, hemos observado un avance importante en este sentido, dando lugar a una mayor transparencia. Será que soy una optimista empedernida, pero no estoy de acuerdo con los discursos catastrofistas.
Creo que se ha evolucionado muchísimo en la gestión administrativa y en el control económico-financiero tanto de los organismos dependientes del sector público como de las administraciones públicas. Se ha ido actualizando la normativa a las
necesidades reales del momento y se ha avanzado mucho en este sentido. Respecto a la afirmación que hacía la portavoz de Podemos sobre la inutilidad de la Comisión mixta o de la labor que hace el Tribunal de Cuentas, creo que en los últimos años se
ha avanzado mucho y quiero dejar constancia de ello. Entro ya en los informes.
Presidenta, disculpe y muchas gracias por su asistencia a la Comisión.
Con respecto a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el poco tiempo que tengo quiero hacer referencia a la contabilidad inadecuada, sobre todo, en cuanto a la financiación afectada, así como a la necesidad de depurar y regularizar los
derechos de cobro pendientes reconocidos. El hecho de no incorporar esta cuestión de manera conveniente a la contabilidad da lugar a una contabilidad inadecuada y a un presupuesto irreal, y creo que esta es una recomendación importante del tribunal
en este sentido.
Otra de las cuestiones que destacaría es la relativa a la contratación del personal en las empresas y fundaciones públicas de Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, contratación que entendemos que debe hacerse desde criterios objetivos
y públicos en pro de una mayor transparencia, pero tal y como señala el Tribunal de Cuentas hasta ahora no ha sido así, por lo que en este sentido recomiendo un manual para la contratación. Me gustaría que profundizase más en esta cuestión, porque
creo que es muy importante saber qué sistemas se están utilizando en cuanto a la contratación si es que esta no se está haciendo a través de ofertas de empleo público.
Sobre Castilla-La Mancha, quiero destacar, como ya he dicho, el tema de la contratación. En Extremadura, sin embargo, el informe recoge importantes recomendaciones, entre las que destacaría la necesidad de incluir la totalidad de las
entidades del sector público, así como que las cuentas vengan informadas para dar cumplimiento correcto a las obligaciones económico-financieras. El tribunal incluso propone una modificación de la Ley de hacienda pública precisamente en Extremadura
para que se contemple esta cuestión. Además, también se hace referencia -como en otras comunidades- a la necesidad de armonización de la normativa, de los textos legales, para evitar confusiones que den lugar a inseguridad jurídica. Asimismo, en
el caso de Extremadura el tribunal hace referencia a la necesidad de presentar una cuenta general consolidada que refleje con transparencia la situación presupuestaria y patrimonial real del sector público extremeño. Parece ser, por la situación en
la que nos encontramos, que no se refleja la situación real del servicio público extremeño, por lo que, si puede ser, me gustaría que la presidenta profundizase respecto a dos recomendaciones concretas del informe sobre Extremadura: la primera de
ellas es la relativa -igual que en Castilla-La Mancha y Cantabria- a la contratación del personal, y la segunda hace referencia a posibles duplicidades e ineficiencias en la prestación de servicios. Me gustaría saber en qué sentido se están
produciendo duplicidades e ineficiencias, o si solo se requiere una mayor definición de los objetos sociales.
Respecto a La Rioja, el informe habla de una mejor planificación para atender sin dificultad la necesidad de gasto previsto para cada ejercicio corriente; reforzar el control interno sobre todo en la gestión de tesorería; incorporar -como
dicen la mayoría de ellas- las entidades vinculadas sobre todo con relación al plan de subvenciones, por tanto, que haya un mayor conocimiento, control y transparencia. Destacaría, además, la necesidad de diseñar un sistema más efectivo para que
las deudas pendientes de cobro puedan ser satisfechas, porque al final esta es una de las funciones de toda Administración pública.
Con relación a Murcia, quiero destacar algo a lo que alude el tribunal también en otras comunidades, como es la homogeneización de la normativa reguladora en materia económico-presupuestaria para que aglutine a las entidades dependientes de
la administración autonómica, cuestión que parece ser bastante común a las comunidades autónomas, por lo que creo que sería importante que estas recomendaciones fuesen asumidas.
En cuanto a las ciudades de Ceuta y Melilla, por similitud y falta de tiempo, voy a englobar las dos en una, ya que su estructura jurídico-administrativa es similar, igual, y completamente diferente al resto de comunidades autónomas. Voy a
destacar algunas cuestiones que viene recomendando el Tribunal de Cuentas en los últimos años y que no se han podido asumir, pero no son cuestiones imputables a las dos ciudades autónomas; por ejemplo, la plaza de interventor y la de secretario en
las dos ciudades autónomas se han sacado durante todos los años que se ha podido, previo informe del Estado, con la intención de que fueran cubiertas, pero no se cubren. Esto no es óbice para considerar que se lleva a cabo una mala gestión por
parte de los funcionarios de la casa que asumen accidentalmente esos puestos, ya que tienen que ser cubiertos porque son esenciales para el funcionamiento de la Administración; se han intentado cubrir en multitud de ocasiones y se seguirá
intentando, pero siguen siendo cubiertos de manera accidental.
Respecto a la clarificación de los objetos sociales en las dos ciudades, a la que hace referencia el Tribunal de Cuentas, para evitar duplicidad entre estas y el Estado, me gustaría comentar que estas dos ciudades tienen, como he dicho, un
régimen jurídico-administrativo completamente diferente al resto de comunidades. Hay competencias que no están transferidas a las comunidades autónomas y, sin embargo, las ciudades autónomas sí las gestionan, por tanto, la titularidad de la
competencia es del Estado y la gestión la lleva la ciudad autónoma, así que no se producen duplicidades, sino que existe una colaboración a través de los diferentes instrumentos del tipo que sea y además se llevan a cabo compensaciones, lo que puede
dar lugar a confusión para aquellos que no conozcan concretamente -lo digo por lo que he oído de los que me han precedido en el uso de la palabra- la gestión de ambas ciudades autónomas.
Tengo poco tiempo, pero para finalizar, termino con lo que empecé, insistiendo y destacando la incorporación de las recomendaciones, algunas en mayor medida y otras en menor medida, y la importancia de esta Comisión y también de la labor del
Tribunal de Cuentas. Creo que en general se pone de manifiesto, en interés de todos, que cada día se hace una Administración pública más transparente para el ciudadano y un mejor y mayor control de los recursos para una racionalización de los
mismos que sea adecuada y permita una buena prestación de los servicios públicos. Creo que es importante la labor que aquí se hace, la que se ha hecho durante esta legislatura y la que hace el propio Tribunal de Cuentas.
Muchas gracias y buenas tardes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Acedo.
Tiene la palabra la presidenta del tribunal para contestarles.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, presidente.
Son muchas las cuestiones que se han suscitado y trataré de ser muy breve; igual que a ustedes les han dado cuatro minutos, yo procuraré también consumir este turno de la forma más breve posible.
En relación con la cuestión que planteaba el señor Ramírez, comparto con usted plenamente su reflexión sobre la importancia de este tipo de informes que dan una visión global sobre la situación del sector público autonómico específico.
Planteaba la conveniencia de que estos informes que realiza el tribunal también se extendieran a otras comunidades autónomas que tienen su propio órgano de control externo y hablaba de delegaciones territoriales en las comunidades autónomas. Sin
duda, usted sabrá que inicialmente la legislación, la exposición de motivos de la Ley del tribunal, establecía la creación de delegaciones territoriales del Tribunal de Cuentas en las distintas comunidades autónomas, lo cual quedó finalmente sin
efecto como consecuencia de la creación de los órganos de control externo de las comunidades autónomas debido al juego de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas que luego se quedó en la Ley de financiación de comunidades autónomas.
La razón de hacerlo es la que usted mismo ha determinado inmediatamente, y es que por razones de economía no vamos a duplicar el trabajo que hacen los órganos de control externo, porque precisamente el artículo 29 de la Ley de funcionamiento
establece la necesidad de que coordinemos nuestra actividad, que establezcamos puntos comunes, metodologías comunes, de manera que los resultados sean comparables. En cualquier caso, el informe global de fiscalización -precisamente el del ejercicio
2015 se lo presenté en mi anterior
comparecencia- realmente da una visión global del sector público autonómico y hace comparables los resultados tanto de los informes que hace el Tribunal de Cuentas como de los que hacen los órganos de control externo de las comunidades
autónomas.
Coincido con muchos de ustedes en la necesidad y la conveniencia de que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, así como las instancias que emite la propia Comisión mixta, se tuvieran en cuenta por los fiscalizados y, en ese sentido,
como vengo haciendo reiteradamente en todas las comparecencias, insto e insisto en la necesidad del cumplimiento de las recomendaciones. En cualquier caso, en el informe se ponen de manifiesto que estas recomendaciones se cumplen en diverso grado
por las distintas comunidades autónomas; en concreto, en el caso de Cantabria y Castilla La Mancha se han apreciado menos avances, sin embargo en el caso de Extremadura se observaron avances en relación con la reestructuración del sector público
local, la adopción de acuerdos para la adaptación al plan marco de contabilidad vigente y la aprobación de directivas en materia de personal; en La Rioja también se hicieron avances en cuanto a la aplicación en una primera fase de la nueva
plataforma informática de inventario, la implantación de aplicaciones técnicas para el cálculo de costes, la mejora de transparencia y la prestación sanitaria por medios ajenos; en la Región de Murcia también se aprecian avances en cuanto al
cumplimiento de las recomendaciones, fundamentalmente en materia sanitaria, y en Ceuta y Melilla hay una serie de mejoras en el cumplimiento de las recomendaciones. En cualquier caso, insisto como ustedes, que entretanto no se cumpla el cien por
cien de las recomendaciones hay demasiado campo para mejorar y sería muy deseable que así se hiciera.
La señora Cánovas me planteaba que el estado patrimonial real de ninguna comunidad autónoma es lo que refleja. Yo antes decía, cuando hacía la presentación, que resulta que todos los informes de las cuentas anuales de estas cinco
comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas se presentan de acuerdo con los principios y normas contables, si bien en todos ellos hay salvedades y observaciones, y en cada uno de los informes se dice cuáles son estas salvedades, pero no por
ello la opinión es negativa o de falta de representatividad de los estados financieros.
Por otra parte, señalaba la señora Cánovas que los fondos no habían sido correctamente fiscalizados. Quizás se haya referido a su gestión no a su fiscalización. Creo que sí han sido fiscalizados con todo detalle. También decía que la
situación descrita es mucho más grave de lo que se dice. La situación descrita recoge la situación que ha sido el resultado de la fiscalización efectuada.
El señor Luena me recordaba la solicitud de fiscalización del hospital de Calahorra. Efectivamente, hemos recibido la solicitud y naturalmente será objeto de consideración por el pleno del tribunal porque supondrá en su caso una
modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones que, como saben, aprobamos en diciembre del año pasado. Me pedía más datos sobre diversas conclusiones, sobre los conciertos de sanidad, la discrecionalidad de las subvenciones, la deuda y los
organismos de turismo. En la Comunidad Autónoma de La Rioja, con la información que tengo aquí en el informe, no le puedo facilitar más datos que los que ya se recogen ahí; esa es toda la información de la que yo puedo disponer en este momento.
Me preguntaba, además, si había indicios de responsabilidad contable en La Rioja: ni el fiscal ni la Abogacía del Estado han identificado de este informe indicio de responsabilidad contable.
La señora Acedo me planteaba una serie de cuestiones y fundamentalmente quería que profundizara más en la delimitación de las dos recomendaciones que se hacían respecto de Extremadura; por una parte, la relativa al manual de contratación de
personal. La recomendación dice: manual de procedimiento de contratación de personal en entidades dependientes. A las entidades dependientes no les son aplicables los principios generales de la contratación pública, de manera que la idea es que
queden más clarificadas a través de manuales las fórmulas de contratación de personal. Por otra parte, me preguntaba por la recomendación relativa a las duplicidades, a evitar duplicidades para que haya una mayor eficiencia de la gestión. Lo que
quisiera señalarle es que esta recomendación sobre duplicidades en la prestación de los servicios se refiere a la organización institucional de la correspondiente comunidad autónoma, de Extremadura, y se trata de que se eviten duplicidades en los
organismos que prestan los mismos servicios. Ese es uno de los motivos por los que se desarrollan los planes de reestructuración, precisamente el siguiente bloque de informes, en el que presentaré el relativo a la restructuración del sector público
autonómico.
Planteaba usted también la cuestión relativa a la cobertura de los puestos de intervención de Ceuta y Melilla por personal accidental. Yo, lógicamente, no tengo más consideraciones que hacer que señalar la importancia de que los puestos de
intervención siempre estén cubiertos por habilitados nacionales, porque la relevancia del control interno -esto es algo que viene poniendo de manifiesto el tribunal en todas sus recomendaciones- es fundamental para el ejercicio de la gestión y para
el propio desarrollo del control
externo, porque lo primero que hace el control externo es verificar la fiabilidad del control interno y, por lo tanto, utilizar los resultados del control interno.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE FINANCIACIÓN A COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EJERCICIOS 2015 Y 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000280 y número de expediente del Senado 771/000287).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTINCIÓN DE ENTIDADES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO COMO CONSECUENCIA DE LA REESTRUCTURACIÓN DE SU SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000291 y número de expediente del Senado 771/000282).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate correspondiente al segundo bloque, que integra dos informes: el informe de fiscalización del Fondo de Financiación a Comuniones Autónomas, ejercicios 2015-2016, y el informe de fiscalización de los
procesos de extinción de entidades de las comunidades autónomas sin órganos de control externo propio como consecuencia de la reestructuración de su sector público.
Para dar cuenta de estos informes tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente De la Calle): Muchas gracias, señor Presidente.
El primero de los informes que se recogen en este bloque es el relativo a la fiscalización del Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas, ejercicios de 2015-2016. Se trata de una fiscalización de cumplimiento y operativo de gestión.
Su objetivo es comprobar el cumplimiento de las disposiciones de aplicación al fondo y de proporcionar una valoración de las operaciones y de los sistemas y procedimientos aplicados en su gestión. El fondo fue creado por Real Decreto-ley 17/2014,
del 26 diciembre, y tiene la naturaleza jurídica de un fondo sin personalidad jurídica. Entre otras finalidades tienen la de garantizar la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas para compartir los ahorros financieros, priorizar la
atención del gasto social, ayudar a las administraciones que tienen dificultades de financiación e impulsar a otras, así como ser una medida de reducción y simplificación de los mecanismos de apoyo a la gestión implantada en años anteriores. Con
cargo a los recursos del fondo se formalizan operaciones de crédito para atender sus necesidades financieras previstas en el real decreto de creación.
En relación con el funcionamiento del fondo se observa -se recoge en el informe de fiscalización- que no existe un desarrollo reglamentario del referido Real Decreto-ley 17/2014, lo que hubiera favorecido la trasparencia de su gestión.
Asimismo, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local carece de manuales internos que serían necesarios para un control más adecuado. En cuanto a la financiación, se indica en el informe de fiscalización que las aportaciones
patrimoniales superaron las necesidades reales del fondo, existiendo un remanente de dotación presupuestaria relevante, que se anuló a finales de 2018. Por su parte, los recursos aportados al fondo fueron excesivos, como se refleja en el hecho de
que las aportaciones desembolsadas superaron las operaciones firmadas por las comunidades autónomas. El saldo medio de tesorería del periodo fue muy elevado.
En cuanto a la gestión financiera del fondo, que corresponde al Instituto de Crédito Oficial, y que ha de ser compensado por los costes en los que ha incurrido en el desarrollo de su función, se indica que el importe de esta compensación ha
sido realizada a tanto alzado, sin atender a los costes reales. En cuanto al procedimiento, se señala en el informe que se detectó un retraso en la adopción de los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que detallaban
la asignación de recursos y que supuso que en 2016 las comunidades autónomas debieran financiar 4088 millones de euros hasta la disposición. En el análisis de la disposición de los recursos se pone de manifiesto que el importe de la financiación
obtenida superó el de las solicitudes. Además, se han observado debilidades en el control de la información sobre el vencimiento de obligaciones que debían remitir las comunidades autónomas al ICO. Se recogen también deficiencias en las
herramientas informáticas de la Secretaría General de Financiación Autonómica, cuyo diseño no garantizaba la integridad, seguridad y trazabilidad de los datos consignados.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó un acuerdo, de 20 noviembre 2015, sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general.
Mediante este acuerdo se establecieron condiciones adicionales a las previstas en otros acuerdos con el fin de garantizar que la liquidez proporcionada por el Estado, a través de mecanismos adicionales de financiación, se destinara a la financiación
de los servicios públicos correspondientes a los programas presupuestarios en materia de política de protección social, sanidad, educación y otros servicios públicos. Este acuerdo prevé una excepción para utilizar estos recursos para otras
finalidades, lo que requiere autorización del Ministerio de Hacienda.
De la fiscalización se ha concluido que la documentación aportada para atender los gastos sometidos a dicha autorización de una entidad pública, que no estaba incluida en el sector administrativo, incluía certificados emitidos por el
representante legal de la entidad y de los proveedores, si bien en el caso de estos últimos los certificados representaron el 69 % del total de facturas abonadas. Algunos pagos a proveedores no incluían mención de la naturaleza económica del gasto,
no obstante ser ello obligatorio. Se produjeron retrasos en la emisión de los certificados por el interventor, aunque el importe no fue considerado relevante. El número de entidades incluidas en el certificado fue aumentando gradualmente, pero sin
superar el 50 % de todas las que debieron incluirse. Se expone en el informe que el fondo no tiene objetivos e indicadores exclusivos relacionados con esta actividad. Respecto de la evaluación que sobre el fondo realizaba el Ministerio de Hacienda
para cuantificar los beneficios que las comunidades obtuvieron de los mecanismos de financiación que han sido analizados, el informe señala que existe una concentración de los mismos en aquellas comunidades más endeudadas -Andalucía, Cataluña y
Valencia-, que obtuvieron el 75 % del total.
El segundo informe que se presenta en este segundo bloque de la comparecencia, es el relativo a la fiscalización de los procesos de extinción de entidades de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, como consecuencia
de la reestructuración de su sector público. En esta fiscalización se han analizado las entidades existentes en el periodo fiscalizado -2010-2016-, los procesos extintivos y constitutivos de conformidad con los planes o medidas de reestructuración
elaborados por las comunidades autónomas, así como los efectos que ha tenido la reducción, en su caso, en el número de empleados que han causado baja efectiva y en el destino del patrimonio de las entidades extinguidas. Se trata de una
fiscalización de cumplimiento y de gestión. La fiscalización ha abarcado los entes dependientes de las comunidades autónomas con participación autonómica superior al 50 %, en el capital o en los órganos de representación. Se han excluido de la
fiscalización las universidades y sus entidades dependientes, las corporaciones de derecho público y las asociaciones, ya que no cumplen la función instrumental en la comunidad autónoma.
Los principales resultados de la fiscalización son los siguientes: La evolución del sector público instrumental autonómico ha sido objeto de una reducción efectiva del número de entes, a 31 de diciembre de 2016, del 36,7 % en Cantabria;
60,8 % en Castilla-La Mancha; 22,2 % en Extremadura; 23% en La Rioja y 51 % en la Región de Murcia. En el periodo fiscalizado predominan -si bien no por igual en las distintas comunidades autónomas- las entidades de naturaleza privada, sociedades
y fundaciones, en relación con las entidades propias de naturaleza pública, a excepción de los consorcios, que aun participando de naturaleza pública son también mayoritarios, manteniéndose esta tendencia, no obstante, las medidas de reordenación
adoptadas hasta el ejercicio 2016. La creación de tales entidades, con carácter general, se ha venido utilizando por cuanto implica una mayor flexibilidad y menor exigibilidad en los procesos de contratación, en las políticas de personal y en los
controles económicos en comparación con aquellas entidades de naturaleza pública. La mayoría de las comunidades han adoptado planes o medidas tendentes a la racionalización de sus estructuras, aunque con un grado heterogéneo. Por su parte, los
procesos de reordenación respecto de las entidades afectadas se han efectuado en las cinco comunidades conforme a la planificación prevista en aquellas.
Por lo que se refiere a la determinación de entes que han causado baja o alta en el periodo 2010-2016, el informe indica que las bajas de las sociedades mercantiles representaron el 43,1 % del total, las de las fundaciones el 24,1 %, y las
de los consorcios el 15,6 %. Las altas producidas en el periodo corresponden a las fundaciones en un porcentaje del 42,1 % del total de altas producidas y a las sociedades mercantiles un 36,8 %. En lo relativo al cumplimiento de la legalidad
aplicable, se ha podido verificar la adecuación de los procedimientos de reordenación para la extinción y creación de las entidades tanto a la normativa estatal como a la normativa autonómica, si bien se han observado particularidades y deficiencias
en algunos de los procedimientos de reestructuración efectuados por las comunidades autónomas de Cantabria y de La Rioja.
La totalidad de las actividades realizadas por las entidades extinguidas se han asumido por las correspondientes consejerías de la Administración autonómica o por las entidades absorbentes, con excepción de aquellas entidades que se
extinguen por cumplimiento del fin para el que se crearon o por imposibilidad de hacerlo, y en los supuestos de separación de la comunidad autónoma de la entidad. Se ha verificado, por otro lado, la existencia efectiva de solapamientos y
duplicidades en el desempeño de las actividades que estaban atribuidas a algunos de los entes extinguidos respecto de los existentes en las cinco comunidades autónomas fiscalizadas, lo que ha motivado su extinción y ha dado lugar en determinadas
ocasiones a mejoras en la eficacia, en la eficiencia y en la economía de la gestión.
En lo relativo a la repercusión de la reestructuración en relación con el destino del personal y el patrimonio de las entidades que causan baja, se ha podido comprobar una reducción de personal de 427 efectivos, de los cuales se ha podido
verificar el ahorro de unos 9,5 millones de euros, correspondientes a 281 efectivos. Por otra parte, se ha verificado que la totalidad del activo y pasivo de las entidades extinguidas se ha traspasado a la comunidad autónoma o a las entidades
absorbentes que han asumido sus finalidades, o bien a la comunidad autónoma cuando tales finalidades no han sido objeto de asunción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente, y gracias, presidenta, por su exposición tan clara en estos informes.
Desde el año 2012 hasta la actualidad, el Estado ha adoptado distintas medidas extraordinarias de financiación con el objetivo de reducir los volúmenes de deuda comercial en el marco de las tres fases del denominado Plan de Pago a
Proveedores, Fondo de Liquidez Autonómica, y a través de los fondos liberados por el Fondo de financiación de comunidades autónomas y el Fondo de financiación de entidades locales. Hablamos de una cantidad de dinero enorme, ingente; según el
informe del Ministerio de Hacienda, 233 561 millones de euros que, como bien decía la presidenta, se supone que tenían como finalidad, primero, reducir la deuda comercial, pero, sobre todo, priorizar en gasto social. Además, este respaldo ha
supuesto un ingente ahorro financiero, clave para el mantenimiento de los servicios básicos en las comunidades autónomas. Cataluña ha sido la comunidad autónoma que más ha recurrido a estas ayudas, acaparando por sí sola más del 30 % de las mismas.
En total, Cataluña tiene una deuda pendiente de 57 513 millones y, además, en un informe que debatimos anteriormente se constató un ahorro gracias al FLA -Fondo de Liquidez Autonómica- de 18 229 millones en el coste de financiación, algo que nos
parece muy positivo. El informe fiscalizaba los ejercicios de 2015 y 2016, años de fuerte disposición de estas ayudas, por un montante de 37 780 millones y 31 184 millones respectivamente. Con el volumen de dinero público del que estamos hablando,
nos parece un escándalo que la primera conclusión que saca el Tribunal de Cuentas y que compartimos es que no existe un desarrollo reglamentario del Real Decreto-ley 17/2014, que es donde se recogen las finalidades del fondo. Asimismo, la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local carece de manuales internos, necesarios para un control adecuado. En este sentido, le quiero preguntar a la presidenta si esto explica que el Ministerio de Hacienda, que es el que gestiona el
Fondo de financiación de las comunidades autónomas, demostrara un trato de favor a Cataluña respecto al resto de comunidades autónomas difícil de explicar. Sobre todo porque, por desgracia, la Generalitat catalana, según un informe del tribunal, ha
usado para gastos no incluidos precisamente en esto de servicios públicos prioritarios, que es para lo que estaba constituido, fondos del FLA, sin aportar facturas justificativas y vulnerado los plazos de devolución del dinero al Estado, sin
penalización. El Gobierno de la Generalitat no ha devuelto a tiempo al Estado 5516 millones sobre un total de morosidad de las comunidades autónomas de 8150 millones.
Además, en este informe se destacan facturas de -y cito textualmente- una entidad pública cuya actividad está relacionada con telecomunicaciones y tecnologías de la información por 270 millones, pese a no formar parte de servicios públicos
prioritarios. Otra vez sin priorizar precisamente en el gasto social. Luego, estas entidades serían las primeras en ser investigadas por la Guardia Civil para determinar dónde está la malversación de dinero público, si existiera, en relación con
el 1 de octubre. Por esta razón también quiero preguntar a la presidenta del tribunal por qué no cita el nombre de esa entidad y sí la relata mediante una perífrasis que realmente empaña la transparencia de estas fiscalizaciones, que nosotros
creemos -y estoy seguro que la presidenta también- que deben ser cristalinas al leer los informes para cualquier ciudadano que quisiera interesarse. Además, según el tribunal, la Generalitat de Cataluña en
general no aportó facturas ni documentos acreditativos de las obligaciones a pagar, pese a estar previsto en el programa para la aplicación. Es más, pese a conocer estos hechos, el Gobierno de España ha autorizado que la Generalitat de
Cataluña abandone el FLA para financiarse con menores controles a través del Fondo de Facilidad Financiera, pese a no cumplir los requisitos legales y haber incumplido la regla de gasto en 2017. Precisamente hemos aprobado en esta Comisión un
informe del Tribunal de Cuentas para que se investigue el impacto del procés en el uso de recursos públicos. Por eso quiero preguntarle qué medidas y controles echa de menos el Tribunal de Cuentas para evitar que el dinero público del FLA se desvíe
a gastos ajenos a servicios públicos prioritarios. También, si cree que el Gobierno de España puede tener un trato de favor en el caso del FLA con la Generalitat de Cataluña. Por último, si con estas condiciones de falta de control y con un
expediente abierto por incumplir la regla de gasto considera el Tribunal de Cuentas que Cataluña cumple con los requisitos para acceder al Fondo de Facilidad Financiera sometido aún a menos controles.
El segundo informe trata de una responsabilidad frente a los ciudadanos que la crisis puso en evidencia. Si al final lo que hacemos entre todos a través de los impuestos es sostener el Estado y esto se hace por un deber cívico, cuando
pedimos a los ciudadanos que contribuyan con sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos -sanidad, educación, la seguridad de todos-, lo que está en el contrato social con los ciudadanos no es que el dinero público sirva para mantener a
amiguetes en los chiringuitos. Por eso la crisis impuso la necesidad de quitarnos esa grasa acumulada, esa Administración que no es productiva, que no sirve para tener servicios públicos para todos los ciudadanos. Estos entes públicos se usaban,
como el señor Errejón afirmó claramente, por algunos profesionales de la política para seguir cobrando cuando las urnas les expulsan del Gobierno. El tribunal constata que a 31 de diciembre de 2016 el número de entidades públicas se había reducido
en Cantabria, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en La Rioja y en Murcia en distintos porcentajes. Aun así, hay un cuadro dentro de este informe que nos parece muy revelador porque en sus conclusiones admite que, de acuerdo con la información
facilitada por las comunidades autónomas, se pudo comprobar una reducción de 427 efectivos en lugar de los 619 que teóricamente aparecen en las tablas, pero luego se ha podido verificar un ahorro de solo 9,5 millones de euros, que corresponden a 281
efectivos. Nos gustaría saber con qué nos quedamos, ¿con que se amortizaron 427 puestos y se subieron el sueldo los que quedaban? ¿Qué fidelidad le da el tribunal a este cálculo?
Por último, el tribunal comenta un asunto que nos parece capital para nosotros, que es la eliminación de duplicidades que hinchan el gasto público sin ninguna necesidad. La fiscalización ha verificado que en las cinco comunidades autónomas
analizadas existían solapamientos y duplicidades en la realización de actividades, que precisamente algunas estaban atribuidas a estas entidades extinguidas y este hecho ha motivado su extinción. Por eso preguntamos si todas las duplicidades
detectadas fueron eliminadas y a qué se refiere cuando dice que en determinadas ocasiones esto llevó a mejoras de eficiencia. ¿En otras no? Si no es así, ¿por qué?
En este último tramo de legislatura se ha formado una coalición de diputados de distintos partidos que parecían estar de acuerdo en al menos una cosa: subir y subir impuestos a los ciudadanos que pagan religiosamente. Por suerte, algunos
hemos logrado tumbar los Presupuestos Generales del Estado para 2019, vamos a elecciones y que sean los ciudadanos los que exijan y elijan la mayoría y que volvamos a ser reformistas, porque todavía hay mucho gasto superfluo que todavía no se ha
eliminado. Estoy seguro de que con el próximo Gobierno conseguiremos hacerlo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ RUÍZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la intervención de la presidenta del Tribunal de Cuentas. Y luego quiero aclararle al compañero de Ciudadanos que a lo que se refería Íñigo Errejón con esa intervención es a que la política no se acaba en
las instituciones, sino que también se hace política desde los espacios de la sociedad civil. Entiendo que usted no lo comprenda porque Ciudadanos no trabaja ni cuando gobierna -como estamos viendo en la Junta de Andalucía- ni muchísimo menos en la
sociedad civil. Además, creo que sería de agradecer que Ciudadanos dejara de hacer un monólogo en cada informe
sobre Cataluña y hablara también un poco del resto de comunidades autónomas, que es para lo que estamos aquí.
Respecto a los informes, tratamos dos informes de financiación importantes que explican cómo de mal ha entendido el bipartidismo lo que son los servicios públicos y los derechos que estos deben garantizar. Uno hace referencia al Fondo de
financiación de las comunidades autónomas entre 2015 y 2016 y el otro es relativo a la extinción de entidades derivada de la reestructuración del sector público. Antes de nada quiero destacar que ni en uno ni en otro se alude a si estas decisiones,
que fueron más políticas que técnicas, han tenido algún impacto en la garantía de los servicios que se han gestionado. Así pues, presidenta, quiero saber si usted considera adecuado que este tipo de informes puedan ir acompañados de un informe
sobre el impacto de estas medidas en los derechos de las y los ciudadanos.
En cuanto al primer informe, el de los fondos de financiación autonómica, hay que destacar, en primer lugar, que en todo el informe se pone el énfasis en la falta de recursos, especialmente informáticos, que presentan nuestras
administraciones. No ha habido intención por el Gobierno del Partido Popular ni por el Gobierno del Partido Socialista de poner al día en términos informáticos y tecnológicos a las administraciones públicas y eso perjudica a las y los ciudadanos de
nuestro país. En segundo lugar, el Ministerio de Hacienda debería desarrollar un reglamento que facilitara la gestión de esos fondos. Y, en tercer lugar, nos preocupa la falta de trazabilidad del dinero público, que se da especialmente en este
informe. Querríamos saber, presidenta, si usted considera que esta función la podría asumir el ICO.
Respecto al informe relativo a la extinción de entidades debido a la reestructuración del sector público, nos preocupan fundamentalmente dos aspectos. El primero, que no se dé información sobre la reducción de personal en ninguna de las
cinco comunidades autónomas analizadas y querríamos saber el impacto en pérdida de puestos de trabajo que medidas como esta han tenido. En segundo lugar, se obvia citar la normativa de igualdad en lo referido a los planes o medidas de
reestructuración del sector público. Es cierto que el informe no aprecia incumplimientos de la Ley de Igualdad, pero nos gustaría saber su opinión sobre qué mecanismos podríamos introducir en los informes de fiscalización para que las entidades
fiscalizadas aporten siempre toda la información relativa al impacto del género de las medidas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Alconchel.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Muchas gracias.
Es la primera vez que el Tribunal de Cuentas fiscaliza los fondos de financiación y quiero recordar que aquí hablamos de la fiscalización de 2015 y 2016, pero no tenemos la de 2012, 2013 y 2014.
Los mecanismos de liquidez extraordinarios han sido unos mecanismos bastante controvertidos que puso en marcha el anterior Ejecutivo y que han provocado distintas críticas; por ejemplo, la falta de transparencia en la adjudicación de los
fondos, las condiciones impuestas, los intereses cobrados por su disponibilidad, el trato desigual a las comunidades autónomas y que se han convertido en instrumentos permanentes cuando su naturaleza y configuración es precisamente de mecanismo
extraordinario. El anterior Ejecutivo confundió deliberadamente la financiación de las comunidades autónomas con el hecho de proporcionar liquidez a las mismas. Los fondos extraordinarios de financiación no pueden suplir la dotación de recursos
necesarios que las comunidades autónomas deben recibir del sistema de financiación autonómica. Estos fondos extraordinarios son préstamos por los que las comunidades autónomas deben pagar intereses y aceptar condiciones, mientras que los recursos
del sistema de financiación autonómica les pertenecen por derecho y por definición y son fondos incondicionados que permiten a las comunidades ejercer su autonomía política tomando decisiones soberanas. El Gobierno del Partido Popular utilizó los
fondos de financiación para controlar las políticas de las comunidades autónomas a través de la aceptación de las condiciones fiscales y particulares que se les imponían y se expresaban en los programas anuales de los mismos, que eran excesivos y
decididos de manera unilateral prácticamente por el Gobierno del Partido Popular vulnerando la autonomía política de las comunidades autónomas. El reparto desigual y la falta de transparencia en la asignación de las cuantías de los fondos,
castigando a las comunidades autónomas que no seguían a pie juntillas las recetas de austeridad que quería imponer el Partido Popular, se hicieron patentes sobre todo al principio, cuando algunas comunidades, entre ellas mi comunidad, Andalucía,
recibían menos de la mitad de lo solicitado y otras, por el contrario, recibían casi el cien por cien de su solicitud.
El Gobierno anterior siempre habló de los ahorros que generaban a las comunidades autónomas estos fondos de liquidez, pero nunca reconoció que estas tuvieron que abonar cuantiosos intereses que
mermaban las disponibilidades de recursos para financiar servicios públicos fundamentales para la ciudadanía, y es que desde 2012, cuando se ponen en marcha los fondos, hasta que se marcha el Partido Popular del Gobierno las comunidades
autónomas habían abonado en torno a 7700 millones de euros en intereses. El Gobierno de Rajoy en ocasiones aplicó tipos de interés más elevados a aquellas comunidades autónomas con más dificultades, de forma que las comunidades autónomas acogidas
al denominado Fondo de Facilidad Financiera gozaron de un tipo de interés del cero por ciento mientras que a otras comunidades, que tenían una situación manifiestamente clara de infrafinanciación con recursos procedentes del sistema de financiación,
no les quedaba más remedio que acogerse al FLA, al fondo de liquidez, y aceptar un tipo de interés siempre más costoso. Hay que añadir, además, los cambios de criterio en las condiciones económicas de manera unilateral por parte del Gobierno; por
ejemplo, para las disposiciones de 2017 Andalucía habría sido merecedora de un tipo de interés del cero por ciento como comunidad cumplidora del objetivo de déficit en 2016. Sin embargo, el Partido Popular decidió que ese año, cambiando lo hecho en
años anteriores, no habría tipo al cero por ciento para las comunidades cumplidoras, entre ellas Andalucía, sino del 1 %, con el consiguiente perjuicio económico para las cuentas de las comunidades en la financiación de los servicios públicos. Creo
que esto que estoy exponiendo ya se ha dicho y se refleja en el informe: falta un desarrollo reglamentario del fondo de liquidez, que ha sido sustituido por un manual que no garantiza los principios de publicidad y transparencia; no hay normas
internas necesarias de control apropiadas; la acreditación del cumplimiento de las condiciones -lo dice el informe del tribunal- fue de forma informal; hay debilidades de control en el momento del pago de los vencimientos; se han detectado pagos
excesivos a las entidades financieras y no se han corregido, y así un largo etcétera. Por incluir algo más, no se garantizan la integridad, seguridad y trazabilidad de los datos en la información que se vuelca. Por tanto, creemos que han sido
utilizados estos fondos como una herramienta para controlar y dirigir la actuación de las comunidades autónomas y de las entidades locales y de esta forma imponer la filosofía de recortes y abandono de la inversión en los servicios públicos. Y ante
la crítica a que este Gobierno no ha hecho nada, hay que decir que este Gobierno socialista precisamente ha facilitado a las comunidades autónomas saneadas, mediante el acuerdo con la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la
posibilidad de salir gradualmente de forma ordenada a los mercados financieros para captar fondos y gozar de nuevo de autonomía financiera, requisito para ejercer la autonomía política.
Respecto del segundo informe...
El señor PRESIDENTE: Señora Alconchel, tiene que ir acabando.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Sí, termino.
..., para valorar adecuadamente la repercusión del proceso de reordenación experimentado debe tenerse en cuenta no solo el número de entidades extinguidas sino también el destino del personal y del patrimonio de aquellas, así como el ahorro
que dichos procesos pueden generar. La política de reducción del sector público operada por el Gobierno central, en manos del Partido Popular, se centró en los entes dependientes y en la reducción de personal, una política que se acompañó de la
reforma laboral y de la Ley de racionalización y sostenibilidad, y lo cierto es que tanto en las comunidades fiscalizadas como en la mayoría de las restantes el personal ha pasado a la Administración Central y a la Autónoma sin finalmente poderse
calcular bien cuál ha sido el ahorro. Nosotros tenemos claro que el objetivo final de esta reestructuración debe ser buscar mayor productividad, máxima eficacia, eficiencia, agilidad en la gestión, más cercanía de la ciudadanía al sector productivo
-estamos de acuerdo con la reordenación de las estructuras-, búsqueda de sinergias, eliminación de duplicidades, simplificación de los procedimientos burocráticos, etcétera, pero siempre garantizando la prestación de servicios públicos de calidad y
el empleo público porque apostamos por un modelo público de prestación de servicios y rechazamos absolutamente los modelos liberalizadores que apuestan por la privatización y recentralización de competencias.
Para terminar, quiero decir que es necesario contar con todas las herramientas que permiten un estudio serio, objetivo y veraz que analice los objetivos y plazos, y que se realice un seguimiento efectivo de todos los efectos de esta política
en el conjunto del sector público y no solo un análisis de sus efectos en los entes dependientes, porque, además, el mayor conocimiento del sector público, sus recursos humanos y la situación financiera se garantizaran importantes avances en
términos de gobernanza.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Fole, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.
Como este humilde diputado no aspira a ser director general ni consejero, espero que el presidente no sea tan estricto con mi capacidad de síntesis, que sabe que además no es mucha.
El señor PRESIDENTE: Señor Fole, este presidente ha sido especialmente generoso con usted, así que le ruego que se ciña al tiempo.
El señor FOLE DÍAZ: Por eso, presidente.
Quisiera en esta posible última intervención mía como diputado en esta Comisión hacer una serie de agradecimientos. Primero, al Grupo Popular por confiar en mí para formar parte de esta importante Comisión. Seguidamente, al Tribunal de
Cuentas, a su actual presidenta y al presidente anterior y a su equipo, por el trabajo realizado, por su presencia en la Cámara para explicar con detenimiento todo este trabajo y la disponibilidad para aclarar cualquier tipo de dudas que todos los
grupos hemos presentado. También, al presidente de la Comisión y al resto de la Mesa por su tenaz, incansable y agotadora labor de trabajo y actualización, porque de esta manera se prestigia el trabajo de las Comisiones y de los diputados, que a
veces tan difícil es de demostrar, y porque hace que uno se sienta útil y valorado en su labor de diputado -como se decía, de aquí, de esta Comisión, ha salido un gran consejero de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mi compañero y
amigo, Juan Bravo-; y gracias al resto de los grupos porque, dentro de la discrepancia política, han sido un ejemplo de buena sintonía y ganas de aportar. Por último, gracias al departamento del Diario de Sesiones, taquígrafas y estenotipistas,
porque dejarán fiel reflejo de lo que aquí se trabajó, de lo que se dijo e incluso de lo que se quiso decir. Gracias a todos; a todos les echaré de menos.
Entrando ya en estos expedientes, se vuelven a poner de manifiesto aspectos que se detectan y repiten en otros informes de fiscalización: homogeneización de sistemas informáticos, homogeneización de plataformas, establecimiento de
protocolos, ratios o criterios de seguimiento y justificación, duplicidades, etcétera. Por eso quisiera ser un poco más concreto y hacer una serie de preguntas respecto de ambos expedientes, adelantando que nos parecen acertadas sus conclusiones y
recomendaciones.
Respecto al primer expediente, de extinción de entidades de comunidades autónomas, dice su conclusión número 28: Como resultado de las actuaciones fiscalizadoras, se ha verificado la existencia efectiva de solapamientos y de duplicidades en
el desempeño de las actividades que estaban atribuidas a algunos de los entes extinguidos respecto a otros existentes. ¿Debería quizás, presidenta, regularizarse o exigirse una mayor justificación de la creación de estas entidades sobre la
actividad que hacen, los servicios que desarrollan, el personal que contratan, su financiación, la justificación de su existencia? En la conclusión 35 se dice que en la mayoría de los casos el personal, como ocurre con la asunción de actividades,
ha pasado a depender de la Administración o bien no se han extinguido las relaciones laborales al subrogarse las entidades absorbentes en sus derechos y obligaciones laborales. ¿Debería regularse más el acceso del personal a estas entidades? Aquí,
al fin al cabo, hay una continua reclamación del cuerpo funcionarial, una discriminación negativa respecto al cuerpo funcionarial.
En las recomendaciones de este mismo expediente hacen referencia a necesidades de planes de reestructuración, a valoración de duplicidades del servicio, y vuelvo a hacer la misma reflexión que en la anterior sesión de la Comisión: se
realizan planes de reestructuración o valoración de las duplicidades de los servicios por la misma entidad que las crea. ¿No debería ser otra entidad la que hiciera estos planes de reestructuración o esta valoración?
Respecto al siguiente expediente, presidenta, en el apartado de análisis de dotación presupuestaria y su ejecución habla de desviaciones, de cubrir déficits de ejercicios anteriores, de excesos de financiación, y pregunto: ¿se debe ser más
estricto con el método de cálculo de la financiación al haber todo este tipo de variaciones y desviaciones hacia un lado o hacia otro? También, en cuanto a la disposición de recursos -y esto me gustaría que se reflejase literalmente-, y esto es
quizá un matiz más político: la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó un acuerdo sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general,
aprobado el 20 de noviembre de 2015. Mediante este acuerdo se establecieron condiciones adicionales a las previstas en otros acuerdos con el fin de garantizar que la liquidez proporcionada por el Estado a través de mecanismos adicionales de
financiación se destinara a la financiación de los servicios
públicos correspondientes a los programas presupuestarios en materia de política de protección social, sanidad y educación de la Ley 2/2015, de 11 de marzo, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2015, y otros servicios públicos
clasificados como prioritarios con autorización del Ministerio de Hacienda. Año 2015, Gobierno del Partido Popular, `España nos roba´. Ahí lo dejo, señorías, pero creo que claramente hay una serie de matices en estos informes que es bueno
resaltar.
Respecto a las recomendaciones, vemos dos clásicos. Primero, unas recomendaciones al Gobierno en cuanto a los vencimientos de los fondos de liquidez autonómica o de los fondos de pago a proveedores donde se requiere la no penalización en
caso de demora, sí la remuneración de estos plazos, y pregunto si no entramos en un círculo vicioso, porque realmente si la remuneración del plazo tampoco se hace efectiva, volveríamos a una penalización. No sé cómo se puede articular esto porque
parece un sistema que al final acaba pervirtiéndose a sí mismo. Y en las recomendaciones al Ministerio de Hacienda se vuelve a hablar del desarrollo de plataformas informáticas que homogeneicen todos los informes, de forma que se puedan hacer
estudios más exhaustivos y más fiables.
Para acabar, no sé si a modo de deberes, señora presidenta, pero le diré que del resumen y de la experiencia de estos dos años formando parte de esta Comisión y de la multitud de conclusiones y recomendaciones que a veces coinciden, ¿sería
conveniente hacer un informe transversal de toda la Administración, de todo el sector público, donde hubiera recomendaciones comunes y conclusiones comunes que pudieran mejorar de una forma más amplia los servicios, que al fin y al cabo es para lo
que trabajamos los políticos y para lo que también se fiscaliza la actividad en las administraciones públicas? No sé si efectivamente sería el Tribunal de Cuentas quien pudiera hacer este estudio; la información la tiene toda y la capacidad, en
manos de su presidente y de su equipo, creo que también.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fole.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias.
Han sido muchísimas las cuestiones que han suscitado aquí y voy a tratar de unificarlas para poder dar unas respuestas resumidas y coherentes a todo lo que han planteado. El señor Ramírez preguntaba por la cuestión relativa al trato de
favor que se pudiera haber dado a Cataluña como consecuencia de los fondos extraordinarios. En el informe que hoy se trae simplemente se hace referencia al propio fondo de financiación, en el que se establecen una serie de requisitos que tienen
como finalidad precisamente garantizar la sostenibilidad financiera, priorizar la atención de servicios sociales, garantizar a las administraciones que tienen dificultades de financiación y además tratar de racionalizar las medidas y mecanismos
previos de gestión implantados en años anteriores. En consecuencia, aplicando los criterios que establece la ley creadora del fondo, los fondos se distribuyen de la forma que corresponde y en los porcentajes que corresponde en función de unos
criterios objetivos que se establecen. Me imagino que lo planteaba usted en relación con la otra cuestión de la que habla el informe, el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015, sobre medidas
para garantizar a la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general. Quisiera señalarle que los motivos del acuerdo son, en primer lugar, el empeoramiento de la calificación crediticia de la
comunidad por parte de las agencias privadas de calificación y la restricción del acceso a los mercados y, en segundo lugar, el afloramiento de más de 1300 millones de euros de gasto con impacto negativo en el déficit de la comunidad en 2015 en
términos de contabilidad nacional, con las consecuencias del incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la Administración en su conjunto. El destino, efectivamente, de los fondos es la atención a los servicios públicos
fundamentales definidos en los programas presupuestarios de política de protección social, sanidad y educación y los llamados servicios públicos prioritarios, donde se supeditaba la concesión a la autorización por parte del Ministerio de Hacienda en
cada caso concreto. Las incidencias que se ponen de manifiesto en el informe son las incidencias ordinarias en la gestión del fondo, en los procedimientos del fondo. Lógicamente, el informe no puede entrar en decisiones que van mucho más allá de
lo que es la fiscalización de la gestión económico-financiera y que son decisiones políticas que se adoptan en un determinado momento. En todo caso, cinco de las recomendaciones del informe van destinadas a que el Ministerio de Hacienda mejore sus
actuaciones y a que, por otra parte -y con esto también respondo a otras de las preguntas que me han realizado-, siempre se evalúe el impacto de las medidas adoptadas de modo que a través del contraste con indicadores pueda verificarse la eficacia y
la eficiencia de las medidas y que, a
la vista de los resultados, pueda decidirse sobre la prolongación, modificación en su caso o la rectificación que sea necesaria en la aplicación de las medidas. Por tanto, la supervisión es una constante en las recomendaciones del tribunal,
tanto del Fondo de Financiación Autonómica como de las otras medidas extraordinarias adoptadas por los Gobiernos. En concreto, hoy traemos otros dos informes relativos a medidas extraordinarias y en ellas se pone de manifiesto esta misma
circunstancia.
También me preguntaba el señor Ramírez por qué no se cita el nombre de una entidad. En nuestras normas de fiscalización la regla es que no deben citarse nombres de entidades privadas porque no son entidades fiscalizadas, no constituyen
parte del sector público y no son perceptoras de subvenciones en este caso, sino que son las prestatarias de un servicio. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que mantener, según nuestras propias normas, la reserva respecto de esos nombres
de particulares.
También me han planteado, en cuanto al informe relativo a la reestructuración de sector público local, las diferencias que había en las cifras de reducción de entidades y de personal. Esto se debe a una discrepancia que hay entre los datos
relativos a la reestructuración recibidos por el Tribunal de Cuentas por una parte y los que se remitieron en su día al Ministerio de Hacienda. Así, el Tribunal de Cuentas ha podido comprobar una reducción de personal de 427 efectivos, de los
cuales solo se ha podido verificar el ahorro de 9 578 100 euros, correspondientes a 281 efectivos, dado que la documentación recoge una información global para el conjunto del personal de cada entidad, sin desglose del coste individual de cada
efectivo reducido, es decir, nos hemos encontrado con esa limitación de información. Por otra parte, la información dada al ministerio es que la reducción fue de 619 efectivos y no de 427, con un ahorro de 19 millones, y la verificación de los
datos o reducción del personal comunicados al ministerio se ha visto limitada también a las cinco comunidades fiscalizadas por falta de aportación de documentación justificativa. Es decir, estas son las razones que han condicionado nuestra
fiscalización en esa materia.
Respecto a algunas cuestiones que han planteado relativas a cuál ha sido el impacto de la reestructuración del sector público en lo que se refiere a personal y patrimonio, en el propio informe se pone de manifiesto que una parte del personal
se trasladó a la entidad absorbente y, por otra parte, el personal en ocasiones fue despedido y se ha recogido como coste asociado a la reestructuración la suma de las indemnizaciones por costes de personal, que ascendieron a 7 millones de euros.
Por su parte, el patrimonio pasó por completo a la entidad absorbente, como he puesto de manifiesto en la exposición del informe.
En cuanto al impacto de género que ponía de manifiesto el señor Martínez en su pregunta, que dice que no se recoge en el informe de fiscalización, nosotros tenemos como objetivo horizontal en todos nuestros informes de fiscalización incluir
aquellos aspectos que tienen relación con el objeto de la fiscalización y que afectan al impacto de género, al cumplimiento de la normativa relativa a la igualdad entre hombres y mujeres. Pero es que, como consecuencia de la modificación de la Ley
Orgánica del Tribunal de Cuentas de 1982, como consecuencia de la Ley Orgánica 3/2015, se incluyó como uno de los objetivos adicionales que debía verificarse en el ejercicio de las actuaciones del tribunal que la fiscalización se debía extender no
solamente a la legalidad, eficacia, eficiencia y economía, sino también a la igualdad; por eso en nuestros informes siempre tratamos de hacer hincapié en las cuestiones relativas a la igualdad.
La señora Alconchel me preguntaba por qué en este informe de fiscalización no se había fiscalizado o no se había incluido la reestructuración de todo el sector público, no solamente del sector público instrumental. Pues bien, este informe
se ha querido centrar -se lo he comentado en su introducción- en el sector público instrumental precisamente por lo que el maestro García de Enterría llamaba la huida del derecho administrativo. Muchas veces estas entidades instrumentales -como les
decía también anteriormente- se han creado no tanto por la necesidad de gestionar un servicio de forma más eficiente -que es lo que justificaría la creación de entidades adicionales-, sino para conseguir mayor flexibilidad en la gestión o menor
exigibilidad en los procesos de contratación pública, de contratación de personal y políticas de personal y de controles económicos. De ahí que esta fiscalización se haya centrado en este sector público instrumental y haya pretendido trasladar
todos los resultados de esta eliminación. De todas formas, una de las recomendaciones del tribunal en relación con este informe es que es un proceso que está en marcha, porque se siguen identificando duplicidades y se sigue identificando que
concurren distintos organismos e incluso organismos y administraciones que están desarrollando las mismas actividades, de manera que seguimos sumando deseconomías en la prestación de los servicios.
También es importante reflejar aquí que la cuestión de la reestructuración no se ha enfocado en el Tribunal de Cuentas como una simple eliminación indiscriminada de organismos, sino como aquella que pretende dar eficacia y eficiencia a la
gestión pública. Es decir, no se trata de prestar menos servicios al
eliminar organismos que los gestionen, sino de prestar los mismos servicios generando más eficiencia y más economía en la medida en que se evitan duplicidades en las entidades prestatarias de los servicios.
Por otra parte, me preguntaban por una recomendación relativa a los manuales sobre la contratación de personal en empresas y fundaciones, y esta recomendación, señor Fole, va dirigida a los casos de contratación pública de personal. Luego
también me preguntaba por los criterios del cálculo de estabilidad presupuestaria, pero es que están definidos en contabilidad nacional. Asimismo, el señor Fole me planteaba la cuestión relativa a la realización de un informe transversal de todo el
sector público donde hubiera recomendaciones comunes sobre la mejora de la gestión de los servicios. El Tribunal de Cuentas está desarrollando en los distintos ámbitos, tanto en el ámbito de la Administración del Estado, como en el ámbito
autonómico o el local, numerosas fiscalizaciones transversales por sectores. Antes de ser presidenta, yo estuve en el departamento de entidades locales, y nosotros entendíamos que, dado el enorme número de entidades que constituyen el sector
público local, la única forma de fiscalizar un mayor número de entidades y sobre todo de fiscalizar las distintas grandes áreas de gestión era desarrollar fiscalizaciones horizontales que pudieran dar lugar a recomendaciones que fueran aplicables
prácticamente a todas las entidades que se hallasen en la misma situación. En consecuencia, efectivamente, comparto que las fiscalizaciones transversales u horizontales -como las denominamos nosotros- aportan una información extraordinariamente
útil, sobre todo a efectos de la adopción de políticas y la adopción de decisiones. Como le digo, son bastantes las que estamos desarrollando. Por otra parte, lógicamente también, hay que fiscalizar en el ámbito de la Administración General del
Estado, donde las entidades tienen una gran dimensión en personal y en presupuesto, y también es importante fiscalizar entidades concretas. Tratamos de compaginar las fiscalizaciones sectoriales o de entidades con fiscalizaciones horizontales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Dejamos treinta segundos a la señora presidenta para que recoja los innumerables documentos que tiene.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000278 y número de expediente del Senado 771/000275).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000277 y número de expediente del Senado 771/000273).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS AYUDAS PARA RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN DE JÓVENES, SUBSIDIACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OTROS APOYOS A LA VIVIENDA DEL PROGRAMA 261N 'AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN Y ACCESO A LA VIVIENDA', EJERCICIO 2016. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000282 y número de expediente del Senado 771/000285).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del tercer bloque, que contiene el informe de fiscalización del Programa de Activación para el Empleo, el informe de fiscalización de la actividad asistencial del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, ejercicio 2016, y el informe de fiscalización de las ayudas para la renta básica de emancipación de jóvenes, subsidiación de prestamos u otros apoyos a la vivienda del Programa 261.N, ayudas para la rehabilitación y acceso a la vivienda,
ejercicio 2016.
Tiene de nuevo la palabra la señora De la Fuente.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, presidente.
Como ha señalado el presidente, este bloque está constituido por tres informes. El primero de ellos es el relativo a la fiscalización del Programa de Activación para el Empleo, el PAE, que es una fiscalización de cumplimiento y operativa,
con objeto de analizar dicho programa, cuya ordenación, desarrollo y seguimiento corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE. Este Programa es específico y
extraordinario, de carácter temporal, dirigido a personas desempleadas de larga duración, que comprende políticas activas de empleo e intermediación laboral con la finalidad de facilitar la reinserción laboral a los desempleados con cargas
familiares y mayores dificultades de colocación e incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo. Además de estas políticas activas de empleo, el programa ofrece una ayuda económica de acompañamiento vinculada a la participación en
las mencionadas políticas activas de empleo. En concreto, se han analizado los procedimientos de gestión, pago y contabilización de la ayuda económica de acompañamiento y la eficacia y eficiencia del programa, para lo cual se ha relacionado el
grado de mejora de la empleabilidad de sus beneficiarios con la totalidad de los recursos económicos utilizados en el programa, analizando los motivos que pueden haber dado lugar a la reducida ejecución del plan.
En cuanto al Sistema Nacional de Empleo y la acción protectora para desempleados de larga duración, en el informe de fiscalización se indica que las subvenciones correspondientes a la gestión de las competencias relativas al PAE del
ejercicio 2015, distribuidas entre las comunidades autónomas financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ascendieron a 129 millones de euros, que se ejecutaron en un 34 %. En este bajo nivel de ejecución pudo influir la demora de
las transferencias de los fondos a las comunidades. A diferencia de en 2015, en el año 2016 no se fijaron criterios específicos para la distribución de fondos para la ejecución del programa, por lo que no se ha podido efectuar su seguimiento y
valoración. En algunos supuestos, los compromisos de crédito sobre los fondos recibidos se justificaron con retraso por las comunidades autónomas. En todo caso, se ha verificado la corrección de los descuentos realizados por el Servicio Público de
Empleo Estatal respecto de las cantidades no comprometidas en el ejercicio.
En relación con la ayuda económica de acompañamiento en los ejercicios 2015 y 2016, los créditos definitivos para su abono ascendieron a 850 y 291 millones de euros respectivamente, habiéndose producido una reducida ejecución presupuestaria
-19 % y 43 % en 2015 y 2016, respectivamente- consecuencia de la desacertada estimación de los potenciales beneficiarios, que se cifraron en 403 795 para el programa inicial, frente a los 107 892 beneficiarios reales. La evaluación de los
resultados obtenidos por el Programa de Activación para el Empleo con el fin de determinar su eficacia y, en su caso, valorar la necesidad de prorrogarlo o de readaptarlo se efectuó incumpliendo el plazo establecido y sin la participación regulada
de los actores previstos. Los resultados de dicha evaluación suponen que, hasta el mes de marzo de 2016 y de 2017, un 16 % y un 18 %, respectivamente de las personas beneficiarias del programa habían encontrado trabajo y que tras la finalización de
la ayuda con compatibilidad únicamente el 1 % del total de beneficiarios han continuado trabajando.
En relación con la gestión desarrollada por el SEPE, el informe pone de manifiesto incidencias en los criterios interpretativos del Real Decreto-ley regulador del PAE inicial utilizados por aquel en la revisión de las solicitudes, así como
carencias en las aplicaciones informáticas que provocan debilidades en el control interno e incumplimientos de determinados aspectos de la regulación del programa. En los pagos de la ayuda económica de acompañamiento se han detectado cobros
indebidos, que no fueron oportunamente detectados al no existir mecanismos adicionales de revisión que complementaran los resultados de la aplicación informática utilizada para la gestión de los pagos. Por otra parte, la aplicación informática
presenta carencias y debilidades en lo referido a la información que proporciona para que se efectúe el registro contable, propiciando que se produzcan incidencias. El análisis de los procedimientos de gestión de la ayuda económica de
acompañamiento del PAE, llevado a cabo por una muestra de direcciones provinciales, permite concluir que prácticamente el 50 % de las reclamaciones estimadas lo han sido como consecuencia de errores por parte de los gestores y que existe
heterogeneidad para la realización de las comprobaciones sobre la percepción de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social, con las cuales el PAE es incompatible, en las que se debería actuar de manera uniforme.
En relación con la eficacia del Programa de Activación para el Empleo se concluye que en la práctica totalidad de las comunidades autónomas los beneficiarios del programa han recibido más servicios de formación que el resto de los
desempleados y que los beneficiarios del PAE inicial han mejorado su empleabilidad frente a su situación anterior. No obstante, los colectivos ajenos al programa obtuvieron relativamente mejores datos en lo que a colocaciones y número de días
trabajados se refiere.
El segundo de los informes de este tercer bloque se refiere a la fiscalización de la actividad asistencial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ingesa. Esta fiscalización es de cumplimiento y operativa. Extiende su ámbito objetivo
a los servicios de asistencia gestionados por la entidad, así como a las
prestaciones de transporte sanitario, todos ellos a través de las direcciones territoriales en Ceuta y Melilla y a la actividad desarrollada por el Centro Nacional de Dosimetría y Protección Radiológica. Los objetivos de la fiscalización
han comprendido el análisis de los procedimientos de gestión y control de la actividad asistencial desarrollada por el Ingesa; los procedimientos de gestión, facturación y revisión de las prestaciones farmacéuticas; los procedimientos de
facturación a las personas sin derecho a la asistencia sanitaria y otras obligadas a su pago, así como el tratamiento de los residuos generados en el Hospital Universitario de Ceuta y en el Hospital Comarcal de Melilla. El informe indica que los
procedimientos de gestión y control sobre la actividad asistencial del Ingesa están especialmente condicionados por las prestaciones dispensadas a la población extranjera no asegurada, debido fundamentalmente a la situación fronteriza de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, existiendo una diferencia significativa en la prestación de los servicios sanitarios. Como consecuencia de ello, la población transeúnte en Ceuta y Melilla tiene un gran impacto en los servicios de urgencias,
obstetricia y atención a menores de dieciocho años por estar relacionados con los supuestos en los que los extranjeros sin residencia legal tenían reconocido, durante el ejercicio 2016, el derecho a la asistencia sanitaria, evidenciándose
indicadores en estas poblaciones notablemente más altos que la media de conjunto del Sistema Nacional de Salud. Por su parte, las derivaciones de procesos hospitalarios a otros centros del Sistema Nacional de Salud efectuadas en Ceuta y Melilla
excedieron en el ejercicio 2016 en un 1490 % a la media nacional; sin embargo, no existieron convenios de colaboración con el resto de servicios de salud reguladores de estas derivaciones. Un significativo importe de los pagos realizados por el
Ingesa en 2016 es derivado de la contratación que se efectuó al margen de los procedimientos de contratación previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
En el análisis de la ejecución durante el período 2014 a 2016 del contrato para la realización de pruebas de diagnóstico por imagen suscrito en diciembre de 2011 por la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla y que incluía, asimismo, la
realización de pruebas de tomografía axial computarizada, se han detectado incumplimientos del contrato, pruebas no previstas en el contrato y otros hechos que suponen riesgo de exceso de facturación y ausencia de soportes documentales.
En relación con los procedimientos de gestión, facturación y revisión de las prestaciones farmacéuticas, se señala en el informe la obsolescencia del concierto vigente con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; la menor
implantación de la receta electrónica en Ceuta y Melilla frente a la media nacional, y determinadas incidencias en las aplicaciones informáticas utilizadas para la prescripción de medicamentos, fundamentalmente por no estar interconectadas. El 94 %
-aproximadamente 16 millones de euros- de las adquisiciones de medicamentos realizadas durante el ejercicio 2016 por las gerencias de atención sanitaria se efectuó mediante compra directa, al margen de los procedimientos de contratación previstos en
la normativa. Además, se observan incidencias en el precio abonado por la adquisición de medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C y en la financiación de pruebas de contraste.
El coste económico por las asistencias sanitarias prestadas a personas no aseguradas en 2016 ascendió a más de 14 millones de euros, lo que supone un 34 % más que el de 2012. En dicho coste destaca el referido a la asistencia dispensada a
extranjeros sin residencia legal en España que tienen reconocido el derecho a la misma. El importe total de deuda pendiente de cobro por prestaciones dispensadas a usuarios cuya asistencia sanitaria no está a cargo del Ingesa ascendió a 104
millones de euros, a 31 de diciembre de 2016, correspondiendo el 87 % a asistencia sanitaria prestada a usuarios sin derecho a la misma, que si bien fueron facturadas, no pudieron ser cobradas.
En lo que respecta a los procedimientos de facturación del Ingesa, se indica en el informe que la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla no efectuó ninguna actuación tendente al cobro de las asistencias sanitarias prestadas a mujeres
embarazadas y menores no asegurados, asumiendo el importe total de dicho coste con cargo a financiación pública, no facturando tampoco los episodios hospitalarios de extranjeros sin residencia legal en España. Por su parte, la Gerencia de Atención
Sanitaria de Ceuta únicamente efectuó actuaciones para el cobro de las urgencias y consultas externas prestadas a población no asegurada, asumiendo íntegramente el coste del resto de asistencias a dicha población. En el ejercicio 2017, el Centro
Nacional de Dosimetría y Protección Radiológica comenzó a facturar con carácter retroactivo a las entidades públicas, existiendo a fecha actual un importe pendiente de cobro de 14 millones de euros. La deuda facturada por el centro a entidades
privadas y pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2016 podría encontrarse prescrita, sin que se hayan realizado acciones para su cobro ejecutivo.
El Informe recoge determinadas incidencias en los procedimientos de gestión de los residuos sanitarios en las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla. Además, la empresa adjudicataria del servicio siguió prestando el mismo finalizada la
vigencia del contrato y, en algunas ocasiones, no realizaba ciertas prestaciones contratadas y no se efectuaban informes de control de calidad del servicio, como requería el pliego.
El tercero de los informes incluidos en este bloque se corresponde con la fiscalización de las ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes, subsidiación de préstamos y otros apoyos a la vivienda del Programa 261.N, ejercicio 2016.
Es una fiscalización integral, cuyo ámbito objetivo es la gestión económica y financiera de las referidas ayudas. Constituyen sus objetivos evaluar los sistemas y procedimientos de gestión económico-financiera, la adecuación del registro contable
de las operaciones derivadas de la gestión a los principios y normas contables y presupuestarias y el control interno aplicado a las referidas ayudas. Las mencionadas ayudas son financiadas por la Administración del Estado y su gestión corresponde
a la Administración estatal y a la autonómica, de forma compartida, habiéndose fiscalizado al órgano gestor de las mismas en el ámbito de la Administración del Estado, esto es, a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, dependiente de
la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento. Este órgano realiza las actuaciones de pago, control y seguimiento de las ayudas y la gestión de los reintegros.
En cuanto a los resultados de la fiscalización, el informe pone de manifiesto, respecto de las ayudas por renta básica de emancipación, que el Ministerio de Fomento tramitó en el ejercicio 2016 pagos cercanos a 2 millones de euros sin que se
hayan identificado incidencias significativas. No obstante, la aplicación del sistema de gestión compartida entre la Administración Estatal y Autonómica ha generado algunos conflictos, habiéndose planteado por distintas Comunidades Autónomas
conflictos de competencia que finalizaron con pronunciamientos del Tribunal Constitucional. La falta de concreción en la normativa reguladora y en los convenios de colaboración de la distribución de competencias entre la Administración Estatal y la
Autonómica, entre otras, en materia de gestión de reintegros, ha generado disfuncionalidades en la gestión de estas ayudas, principalmente en relación con el seguimiento y control del mantenimiento de los requisitos de los beneficiarios.
El procedimiento de verificación anual del mantenimiento del cumplimiento por parte del beneficiario del requisito relativo al umbral máximo de ingresos brutos anuales no ha resultado eficaz, dando lugar a un elevado número de incidencias
pendientes de resolver por las comunidades autónomas, que podría conllevar la incoación del procedimiento de reintegro, sin que el ministerio haya podido cuantificar el importe de los expedientes afectados por esta situación. Además, se producen
retrasos en el inicio de las actuaciones posteriores en la medida en que se realizan también con dilación por las comunidades autónomas las comunicaciones de jóvenes que superan el umbral del límite anual de ingresos brutos para mantener la ayuda.
La determinación de pagos indebidos se efectúa con mucho retraso por las comunidades autónomas, lo que condiciona la recuperación de la ayuda indebidamente percibida, causando la prescripción del plazo para reclamar el reintegro.
Se han identificado contradicciones entre las aplicaciones informáticas existentes. Por su parte, en la aplicación informática de gestión de ayudas se han detectado numerosas incidencias pendientes de resolver, debido a que las comunidades
autónomas no han emitido la revocación o suspensión de las ayudas. Las comunidades con más número de incidencias por resolver son Madrid, Cataluña y Andalucía.
Respecto a la revisión del procedimiento de reintegro, se indica en el informe que en el año 2016 se han iniciado 7655 expedientes por pagos indebidos, de los que 7174, por importe de más de 3 millones de euros, han sido impulsados de oficio
por el ministerio, y el resto han sido iniciados por las comunidades autónomas.
En lo que respecta a las ayudas por subsidiación y ayuda estatal directa a la entrada, abonadas en 2016, el informe indica que, en general, la revisión del procedimiento de autorización y pago de las ayudas de los planes de vivienda desde
2002 se considera conforme. Sin embargo, respecto de los planes más antiguos, la información reflejada en la aplicación informática no está completa. También los sistemas o procedimientos de control de las ayudas establecidos por el Ministerio se
consideran adecuados, aunque se observa un seguimiento insuficiente para exigir a las entidades financieras que cumplan con lo establecido en los convenios de colaboración.
Durante el ejercicio 2016, el ministerio ha iniciado la tramitación de expedientes de reintegro de estas ayudas, reclamando un importe muy próximo a los 8 millones de euros. No se cuenta con instrucciones internas en las que se determinen
los controles y supervisiones de los procedimientos. La gestión de estos expedientes de reintegro, en general, se considera correcta, excepto por lo relativo al cálculo de los intereses de demora y algunas debilidades. En particular, las
deficiencias relacionadas con el cálculo de
los intereses de demora en el caso de los expedientes de reintegro, derivados de la amortización anticipada parcial o total del préstamo de las ayudas de los Planes 2005-2008 y 2009-2012, se concretan en la aplicación del interés legal del
dinero, en lugar del interés de demora, y en el cómputo del plazo para el cálculo de dichos intereses.
Los convenios suscritos por las comunidades y ciudades autónomas para la aplicación de los planes estatales de vivienda continúan sin incluir protocolos de actuación para los casos en los que los beneficiarios de las ayudas vinieran
obligados al reintegro de estas, desarrollándose en documentos internos que carecen de validez normativa y que, en el caso de las ayudas de renta básica de emancipación, en la práctica no han resultado eficaces.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SEMPERE: Intervengo muy brevemente y así compenso un poco las grandes despedidas y los grandes mítines que se han marcado aquí.
Muchas gracias, presidenta del Tribunal de Cuentas. Aprovechando que es la última intervención, quiero decir lo mismo que venimos denunciando siempre y que comentaba también mi compañera Celia, y es la necesidad de repensar esta Comisión
mixta y, en general, la función del Tribunal de Cuentas, que debería ser un órgano que, además de fiscalizar y emitir estas recomendaciones, tuviera una cierta capacidad de seguir vigilante en los cumplimientos, porque vamos viendo informe tras
informe cómo las recomendaciones no son atendidas, no se cumplen y los informes son muy similares unos a otros. Es decir, hay mucho que cambiar y hay muchas recomendaciones que cumplir.
En el caso de los informes de fiscalización de empleo y renta básica, se viene hablando de que las autoridades no han reclamado la devolución de cantidades pagadas indebidamente. Esto no es nuevo; lo hemos visto en sucesivos informes a lo
largo de toda la legislatura. La pregunta es: ¿qué iniciativas va a desplegar el Tribunal de Cuentas, por supuesto, en el ejercicio de sus atribuciones, para exigir el cumplimiento de sus obligaciones a los gestores interpelados en esos informes
de fiscalización? ¿Se van a iniciar, efectivamente, los procedimientos de reintegro por alcance? Y en el caso de que así fuera, ¿en qué casos y por qué?
En el caso del informe de fiscalización de Ingesa, que es un horror profundo, se indican irregularidades tanto en la contratación de servicios de asistencia sanitaria como en pruebas diagnósticas y otros, como las cantidades y gestión, en
general, de la adquisición de medicamentos, en ambos casos al margen de los procedimientos previstos en la legislación sobre contratación pública y con el pago -que es verdaderamente grave- de cantidades en exceso o con gestión claramente
deficiente. Las preguntas vienen a ser las mismas que en el caso de los planes de empleo y de renta básica. En el caso concreto de la falta de control y cumplimiento del contrato por las empresas de gestión de residuos sanitarios, me gustaría
saber si no consideran que deberían recomendar directamente la finalización de contrato por incumplimiento si no se cumplen los criterios que recoge el pliego.
Hay una pregunta que hemos hecho en alguna ocasión y que en esta nos parece especialmente interesante. Cuando hacen ustedes estas recomendaciones, aparte de ser para el Gobierno, son para los gestores -en este caso de Ingesa- o los que
llevan la renta. ¿No sería importante una modificación en la cual estos mismos gestores, a los que se les hacen las recomendaciones, vinieran aquí a responder a las preguntas que tenemos los parlamentarios y parlamentarias? Porque, al final, se
las dirigimos al Tribunal de Cuentas y llegan hasta donde llegan, pero nos gustaría saber por qué estos gestores no cumplen o cumplen de una manera, digamos, libre.
Por último, en el caso del programa de activación para el empleo, resultan relevantes dos aspectos que citan en el informe y que para nosotros desde luego lo son. Una de las recomendaciones dirigidas al Gobierno sobre la participación de
los interlocutores sociales y de las comunidades autónomas, para promover una reflexión sobre la idoneidad de implementar distintos programas sucesivos de carácter temporal en relación con la acción protectora de los desempleados de larga duración,
pone un poco en entredicho que ese carácter temporal de programas sucesivos esté teniendo una verdadera eficacia y eficiencia en las políticas activas de empleo. La segunda se dirige al SEPE, al Servicio Público de Empleo Estatal, sobre las metas a
alcanzar y la necesidad de que haya una evaluación previa y una evaluación posterior para ver si realmente se ha aumentado la empleabilidad de inserción laboral. Realmente, el informe mantiene que la eficacia y la eficiencia tampoco han sido
precisamente para echar las campanas
al vuelo. En este sentido, quiero preguntar tanto al Gobierno como al Servicio de Empleo Estatal si consideran que estas recomendaciones no deberían dormir el sueño de los justos, sino que habría que emprender algunas medidas para que la
empleabilidad realmente fuera la necesaria y no nos quedásemos con esa cifra tremenda del uno por ciento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ortega tiene la palabra.
El señor ORTEGA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora presidenta del Tribunal de Cuentas. Sobre el informe de fiscalización del programa de activación para el empleo, lo primero que llama la atención -como bien ha dicho la señora presidenta- es la gran diferencia que arroja el
número de beneficiarios iniciales con los que finalmente han sido atendidos. También habla de disparidad de criterios en la concesión y denegación de ayudas dependiendo de la zona geográfica. Se habla también de la gran cantidad de reclamaciones
que han tenido que ser atendidas por tener distintos criterios. Se piden más y mejores medidas de gestión y de control en estas ayudas y otro tipo de cuestiones, como regular el concepto de búsqueda activa de empleo y unificar criterios de
interpretación. Habla también de falta de mecanismos de evaluación, de los resultados finales obtenidos en el programa de activación para el empleo con el fin de determinar la eficacia y la eficiencia del mismo. Con ese dato que hemos dado al
principio de la intervención, desde luego, vemos esa gran incoherencia.
Con respecto a la fiscalización de la actividad asistencial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se habla de un significativo importe de pagos que se efectuaron al margen de los procedimientos de contratación previstos en la Ley de
Contratos del Sector Público. Se habla también de pagos a empresas con contratos ya vencidos, y de determinados fraccionamientos de contratos así como de incumplimientos, de riesgo de exceso de facturación, y de pruebas que se realizan y que no
están previstas en el contrato. Asimismo me gustaría destacar respecto a transparencia, acceso a la información y buen gobierno que no se publican ni organigramas, ni responsables, ni información sobre estadística de pacientes, de personal, de
financiación o de gasto.
El último de los informes, relativo a renta básica y ayuda a la vivienda, habla varias veces de gestión compartida y de las ambigüedades que hay en el procedimiento, así como de problemas en el reintegro de las ayudas indebidas y problemas
de verificación del requisito relativo a los ingresos de los beneficiarios, con la incoherencia de estar utilizando requisitos de hasta dos años antes de la concesión de la ayuda. En definitiva me gustaría preguntarle a la señora presidenta
respecto a este expediente y al primero del que hemos hablado por los problemas en la cogestión de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas, para saber cómo se podrían evitar ese tipo de problemas y de conflictos sin que se
invadan competencias de las comunidades autónomas, que como bien ha destacado han llegado incluso ante el Tribunal Constitucional. Igualmente, respecto al segundo de los informes, me gustaría preguntar qué se podría hacer en el caso de los
incumplimientos manifiestos, más allá de reflejarlos en este tipo de informes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortega.
Por el Grupo Parlamentario Popular la señora Antoñanzas tiene la palabra.
La señora ANTOÑANZAS GARRO: Gracias, presidente.
Señora presidenta del tribunal, gracias por su comparecencia en esta Comisión y por dar cuenta de los distintos informes de fiscalización. Sobre el primer informe quiero comentar que desde el primer momento de la legislatura el Gobierno del
Partido Popular adoptó un ambicioso programa de actuaciones en materia de empleo. La reforma del mercado de trabajo constituye la renovación más profunda de las instituciones del mercado laboral de los últimos treinta años. Hemos desarrollado un
modelo de relaciones laborales que dota de la necesaria capacidad de adaptación a las empresas, para evitar que el despido sea el primer mecanismo de ajuste y frenar la sangría de destrucción de puestos de trabajo y conseguir una mayor estabilidad
en el empleo. Además se han introducido importantes incentivos dirigidos a que la recuperación económica fuera acompañada de la creación de empleo estable, como la tarifa plana en las cotizaciones sociales, a las que se ha dado continuidad
posteriormente con el mínimo exento de cotizaciones.
Hemos transformado las políticas activas de empleo para incrementar la eficacia y le eficiencia de los servicios públicos de empleo. Se ha reformado el modelo de formación profesional para el empleo, situando en el epicentro del mismo una
formación de calidad orientada a las necesidades del mercado de trabajo. Se han puesto en marcha mecanismos como la prórroga del Plan Prepara y el Programa de Activación para el Empleo, dirigidos a reforzar la cobertura económica y mejorar la
empleabilidad. Se han acometido planes específicos en la lucha contra el empleo irregular y el fraude, reforzando los instrumentos legales y organizativos. Este Programa de Activación para el Empleo se concibió como una actuación de carácter
específico, extraordinario y temporal, dirigida a desempleados de larga duración que reúnan una serie de requisitos, y fue puesto en marcha el 15 de enero de 2015 y finalizado el 30 de abril de 2018.
Sobre el segundo informe, relativo a la actividad asistencial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, los presupuestos de 2016 del Partido Popular trajeron la buena noticia de consolidar en plantilla orgánica treinta y dos puestos de
trabajo, que desde 2014 y 2015 han dado respuesta efectiva a las diversas necesidades asistenciales de forma eventual, pero efectiva y real, puestos que venían siendo cubiertos por trabajadores, tanto en el hospital como en la atención primaria.
Quiero señalar que en el periodo 2007-2011, cuando gobernaba en España el Partido Socialista, la plantilla aumentó en doce efectivos, mientras que durante el periodo 2012-2017 se crearon trece plazas, a las que había que añadir las treinta y dos que
venían siendo ocupadas de 2014 a 2016. Esta clara diferencia muestra cómo se atienden las necesidades reales, y en su caso las necesidades de la asistencia sanitaria.
Me gustaría también destacar los claros avances en la gestión sanitaria, como la receta electrónica o la cita electrónica, que han colaborado a bajar la frecuencia y mejorar la accesibilidad de los usuarios a los servicios de atención
primaria. A ello colaboran los pasos dados por una mejor coordinación asistencial de los dos niveles de primaria y especializada, que será una primera línea a promover desde las nuevas tecnologías. Con esto se aumentará la asistencia de
demandantes de los servicios hospitalarios, y se ha venido completando una plantilla más que razonable para atender a estas ciudades, cuya población ha aumentado mucho estos años. Hay que seguir trabajando en cuestiones de máximo interés, como el
incremento de personal necesario, la puesta en marcha del nuevo sistema de incentivos para atraer a nuevos facultativos y evitar su marcha, así como la colaboración entre administraciones y colegios de médicos en materia de homologación de la
formación profesional.
Sobre el tercer informe quiero comentar que lo fundamental es solucionar el problema de la vivienda ante situaciones de emergencia social. Y frente a la crítica constante por parte de otros partidos quiero recordar los logros cosechados por
las medidas puestas en marcha por los Gobiernos del Partido Popular. En el primer trimestre de 2017 se garantizó el descenso de las ejecuciones hipotecarias en un 30 % con respecto a 2016. Señorías, 40 000 familias se han beneficiado del Fondo
Social de Vivienda y 570 000 familias se han beneficiado igualmente de ayudas al alquiler y a la hipoteca, cumpliendo el Plan de Vivienda 2013-2016. También quiero recordarles que se aprobó una prórroga hasta 2020 para ampliar el margen de los
requisitos, y dar cabida a un mayor espectro de situaciones de vulnerabilidad. En este sentido se debe entender que las recomendaciones expuestas estén dirigidas también a los gestores futuros en programas de naturaleza y objetivos similares, con
el fin de que se subsanen las deficiencias y carencias observadas en la gestión del programa. Hablamos de mejorar la participación de los interlocutores sociales y de las comunidades autónomas; que se adopten las medidas oportunas para garantizar
el cumplimiento de los plazos para poner a disposición de las comunidades autónomas el crédito que les corresponda para poder gestionarlo; impulsar el registro de prestaciones sociales públicas de todas las rentas, salarios sociales y ayudas de
asistencia a fin de evitar posibles situaciones de incompatibilidad y concurrencia; analizar las causas que han motivado la desviación tan acusada entre los beneficiarios potenciales y reales; mejorar la planificación de los distintos programas de
ayudas que se gestionen, conociendo con carácter previo a la ejecución las metas a alcanzar y los objetivos para poder valorar los resultados.
Por último quiero destacar la mejora de las aplicaciones informáticas, algo que nos venimos encontrando en muchos informes del tribunal: la continua lucha por la adecuación y mejora en todas las aplicaciones informáticas.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra de nuevo la señora presidente del tribunal para responderles.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias.
Ciertamente me satisface que pongan de manifiesto la relevancia que tienen las recomendaciones del tribunal, y lo deseable que sería que se cumplieran en la medida en que no tienen otra finalidad que, a la vista de las incidencias
producidas, contribuir a la mejora de la gestión. Efectivamente la señora García me preguntaba qué iniciativas íbamos a tomar nosotros en el ejercicio de nuestras atribuciones en relación con el incumplimiento de las recomendaciones. Como la misma
palabra dice se trata de recomendaciones, por lo que nuestro objetivo es seguirlas haciendo y además mantener una homogeneidad en las mismas. En este bloque hay dos informes que se refieren a dos medidas extraordinarias, una para el fomento del
empleo y otra para favorecer la emancipación de los jóvenes ayudando al alquiler o a la adquisición de vivienda. Precisamente en relación con este tipo de medidas las recomendaciones son muy parecidas, sin perjuicio de las diferencias en los
resultados de fiscalización. La finalidad del tribunal es que la medida esté siempre bien pensada, que se evalúe bien, que se sopese si la medida debe rectificarse como consecuencia de los resultados que se van obteniendo o si debe prolongarse en
el tiempo. En todo caso las recomendaciones van en la línea de mantener una reflexión sobre la conveniencia e idoneidad de implementar distintos sistemas sucesivos de carácter temporal para fomentar determinadas políticas públicas.
Aquí tiene mucha importancia el principio de evaluación del resultado final de cada programa, con el fin de saber si es conveniente adoptar otras medidas, mantenerlas o no seguir adoptando medidas sobre la marcha. Asimismo es importante
planificar detalladamente las medidas, delimitar -y con esto doy respuesta al señor Ortega- adecuadamente las funciones cuando sean los programas de gestión compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. Hay que determinar las competencias
de unos y otros claramente, y además hay que redactar protocolos de actuación. Eran las últimas palabras de mi intervención en relación con el informe de la renta básica de emancipación de jóvenes. Es necesario no solamente determinar las
competencias, sino, durante el ejercicio de la gestión, mantener una coordinación entre las entidades implicadas, porque aquí se ha puesto de manifiesto la descoordinación. Si llega tarde la información se producen pagos indebidos, y no se pueden
seguir transfiriendo fondos.
Es fundamental también concretar la definición de los objetivos y de las medidas y fijar indicadores. En esto insistimos muchísimo, en la importancia de fijar indicadores, porque evaluamos también la eficacia y la eficiencia de la gestión y
no solamente la legalidad. Además, como decía la señora Antoñanzas, hacemos especial hincapié en la mejora de las aplicaciones informáticas, con el fin de facilitar el flujo de la información, y además en evitar que existan pagos indebidos como
consecuencia de descoordinación de informaciones. También hacemos mucho hincapié en el control interno, en el seguimiento periódico de la ejecución de los programas para realizar las necesarias correcciones, en el caso de que fueran necesarias, en
la evaluación de los resultados finales para determinar la eficacia y la eficiencia del programa, y a la vista de los resultados determinar la oportunidad de prolongar su aplicación.
También decía la señora García que sería conveniente que vinieran aquí a rendir cuentas los gestores de fondos públicos y el Tribunal de Cuentas solamente a presentar los informes; de hecho es lo que hace el Tribunal de Cuentas: presentar
los informes, no responder de la gestión de otros. Este es el modelo establecido y el que desarrollamos por parte del Tribunal de Cuentas; nosotros hacemos nuestra labor, debemos comparecer ante esta Comisión en el momento en que el presidente o
la presidenta sea llamado, porque el cauce de comunicación -siendo ustedes, las Cortes Generales, destinatarios directos de nuestros informes de fiscalización- es precisamente esta Comisión mixta.
Igualmente me preguntaba la señora García por las posibles responsabilidades que se hubieran pedido en relación con estos informes. Respecto al informe de fiscalización de las ayudas para renta básica de emancipación el ministerio fiscal ha
observado la concurrencia de responsabilidades contables, por pagos de las ayudas de renta básica de emancipación, por devolución de préstamos de ayudas a la fianza, por ayudas de subsidiación o ayuda estatal directa a la entrada, por
descalificaciones de la vivienda con reintegro de las ayudas, por devolución de ayudas, por autorización de venta -expedientes de reintegro que se derivan de amortización anticipada total o parcial del préstamo- y por cómputo del plazo para el
cálculo de los intereses.
En relación con el otro fondo, el Fondo de Activación para el Empleo, el ministerio fiscal apreció la existencia de indicios de responsabilidad contable por diversos hechos, existiendo diligencias preliminares abiertas a tal efecto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
BLOQUE IV:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, EJERCICIOS 2016 Y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000275 y número de expediente del Senado 771/000266).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DE INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL PARTICIPADAS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD, A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000292 y número de
expediente del Senado 771/000288).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasaremos al debate correspondiente al cuarto bloque, que conforma dos informes: uno, el informe de fiscalización de la contratación de la Fundación Escuela de Organización Industrial, ejercicios 2016 y
2017, y el otro, el informe referido a la fiscalización de la actividad de las sociedades públicas de integración del ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016. Tiene de nuevo la palabra la señora De la Fuente.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias.
El primer informe de este bloque se refiere a la fiscalización de la Escuela de Organización Industrial. Es una fiscalización de cumplimiento y parcialmente operativa y de gestión. Ha tenido por objeto verificar el cumplimiento de la
obligación de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas, analizar los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos y los pliegos de prescripciones técnicas, y examinar la preparación, adjudicación y ejecución de los
contratos de la entidad. Se han examinado también 75 contratos menores, lo que supone el 14 % del número total de expedientes y el 14 % del importe total contratado. En los resultados de la fiscalización se recogen diversas deficiencias e
irregularidades en relación con los contratos de la muestra.
Por lo que se refiere a los contratos de contenido docente se indica en el informe que en ninguno de ellos se justifica la adecuación del perfil profesional del adjudicatario propuesto a las exigencias que se derivan de la correspondiente
actividad, ni se motiva la razón específica para la elección del candidato propuesto. No se concretan la duración del curso, el número de alumnos y el perfil de los mismos, presentando las memorias un contenido genérico. En la casi totalidad de
los casos analizados los contratistas, además del importe de los honorarios, han cobrado también gastos de locomoción y dietas de mantenimiento, pese a que este derecho solo correspondía en los casos en los que la fundación requiriera expresamente
la realización del correspondiente viaje. En un número significativo de estos expedientes se han identificado carencias relevantes en la justificación de los servicios realizados en ejecución de los mismos.
En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se han detectado algunas incidencias, tales como la previsión de la posibilidad de subcontratar el cien por cien del contrato, lo que no permite la ley, y la inclusión, como elementos
de la oferta sujetos a juicio de valor, de componentes de la misma que son objetivables. En ninguno de los contratos examinados se acredita que la apertura de los sobres, conteniendo, por un lado, los elementos de la oferta sujetos a valoración
subjetiva, y por otro, los otros elementos susceptibles de la aplicación de fórmulas, se realizara de forma sucesiva. También se ha detectado en algunos casos falta de acreditación de la solvencia de los adjudicatarios.
En relación con la negociación de los contratos se han identificado contratos en los que no consta que se hubiera llevado a cabo dicha negociación. En relación con la ejecución de los contratos se indica que en algunos casos las cantidades
facturadas lo fueron con base en precios unitarios superiores a los de adjudicación, que el importe facturado fue superior a lo establecido en el contrato o que se facturó por unos conceptos que no procedían. En ciertos supuestos no se ha
acreditado suficientemente que el contrato se ejecutara con total cumplimiento de las obligaciones contraídas; en otros casos se han excedido los plazos de ejecución sin exigir penalizaciones.
Se han identificado una serie de contratos de servicios, todos ellos adjudicados al mismo empresario, en los que el adjudicatario presenta significativos defectos en lo que a su personalidad jurídica y representación se refiere, además de no
acreditar suficientemente estar en posesión de la solvencia exigida en los pliegos. Por otra parte, no consta que la firma adjudicataria haya llevado a cabo las actuaciones exigidas en el pliego de condiciones técnicas para la debida ejecución del
contrato, constando
por el contrario irregularidades con respecto a la actuación del accionista mayoritario de la sociedad y administrador único.
Por lo que se refiere a determinados contratos de asistencia celebrados con personas físicas se ponen de manifiesto incidencias e irregularidades en relación con la falta de acreditación de la solvencia, y con la utilización de la figura del
contrato mercantil de servicios. En los contratos menores analizados se han apreciado incidencias y supuestos en los que se identifican indicios de que la relación entre los contratistas y la fundación se desenvolviera bajo la nota de dependencia y
ajenidad propias de las relaciones laborales.
En relación con los contratos patrimoniales se han identificado varios supuestos de modificación de contratos de arrendamiento en vigor en los que no consta en el expediente justificación o motivación alguna de la modificación acordada ni su
aprobación por el órgano competente, sin que tampoco figuren los informes económicos o jurídicos correspondientes.
El segundo de los informes de este cuarto bloque es el relativo a la fiscalización de la actividad de las sociedades de integración del ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad. Se trata de una fiscalización integral. El ámbito
subjetivo comprende las trece sociedades de integración del ferrocarril constituidas entre las entidades del Ministerio de Fomento y las administraciones autonómica y local, en el marco de los convenios interadministrativos para la remodelación de
la red ferroviaria de diferentes ciudades, en cuyo capital ADIF-Alta Velocidad posee una participación mayoritaria, en ningún caso superior al 50 %. El ámbito objetivo de la fiscalización es el análisis de la actividad de estas sociedades a 31 de
diciembre de 2016. Los objetivos específicos han consistido en el análisis del cumplimiento de lo pactado en los convenios, la verificación de la adecuación de la actividad de las sociedades a su objeto social, y la comprobación del adecuado
registro contable de las operaciones derivadas de lo acordado en los convenios. El informe de fiscalización señala que las cuentas anuales de todas las sociedades de integración del ferrocarril, excepto las de Zaragoza y Almería, correspondientes a
2016, fueron remitidas a la IGAE con retrasos sobre el plazo legal. En 2017 todas, salvo las de Valladolid, se rindieron en plazo.
En cuanto al desarrollo de los convenios de integración ferroviaria el informe señala que la definición de las actuaciones incluidas en los convenios interadministrativos y su cuantificación económica adolecen de la necesaria concreción.
Además en la mayoría de ellos no se cuantificaron las actuaciones urbanísticas ni tampoco los costes operativos y financieros de las sociedades. A 31 de diciembre de 2016 las actuaciones de los diferentes convenios presentan un bajo nivel de
ejecución: las actuaciones de infraestructuras ferroviarias el 27 %, y las actuaciones urbanísticas el 21 %.
En cuanto a las desviaciones sobre los presupuestos iniciales el coste de los convenios se había incrementado en términos absolutos en 7637,33 millones de euros, como consecuencia del aumento del coste de las actuaciones cuando se
concretaron los proyectos iniciales descritos. También se ha observado que dichas descripciones contenidas en los convenios en ocasiones son genéricas y con estimaciones calculadas en función de estudios informativos, concretados con mayor
definición en los proyectos constructivos, y posteriormente en la ejecución contractual.
Cuando se suscribieron los convenios estaba previsto que las actuaciones de integración, por su forma de financiación, no generasen déficit. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2016, esta situación era diferente como consecuencia del
incremento del coste de las actuaciones, y de la existencia de gastos operativos y financieros no contemplados inicialmente en los convenios, así como de la disminución de la estimación de las plusvalías derivadas de los aprovechamientos
urbanísticos. A esta fecha la necesidad futura de financiación del total de los convenios ascendía a 2049 millones de euros. Esta situación deficitaria originó cambios en algunas sociedades, la modificación de los convenios y la demora de
actuaciones.
Por lo que se refiere al cumplimiento de su objeto social las SIF se crearon entre 2002 y 2010 con la finalidad de coordinar las obras de remodelación de las redes ferroviarias de cada ciudad, y la transformación urbanística derivada de la
misma. Respecto al primer objetivo, a pesar del tiempo transcurrido desde la creación de estas sociedades, solo en el caso de Zaragoza pueden considerarse prácticamente finalizadas. Los proyectos de remodelación del resto de las ciudades se
encuentran en diferente grado de ejecución, no alcanzando, salvo en Logroño, el 50 % de lo programado.
Asimismo la ejecución de las actuaciones de transformación urbanística es reducida, principalmente como consecuencia del retraso en la realización de las actuaciones ferroviarias. En este sentido en Almería, Vitoria, Palencia, Cartagena y
Murcia no se han iniciado por estar pendiente incluso el diseño de la nueva red ferroviaria. En definitiva, salvo en Zaragoza, el objeto social para el que fueron creadas las SIF no ha alcanzado un nivel satisfactorio de realización. El retraso en
la ejecución de las obras de integración ferroviaria impide la desafectación de los terrenos de uso ferroviario, y con ello la posibilidad de obtener
plusvalías por su aprovechamiento urbanístico, por lo que durante 2017, ante la imposibilidad de financiar la totalidad de las actuaciones programadas en los convenios, se hubieron de modificarse estos.
En cuanto a la financiación de las sociedades de integración del ferrocarril el informe indica que el importe del capital inicial de las mismas -aproximadamente 600 000 euros- es insuficiente para acometer las actuaciones previstas en cada
uno de los convenios iniciales. Por ello estas sociedades recurren a la financiación bancaria hasta que obtengan recursos derivados de las plusvalías generadas en los procesos de transformación y de liberación de suelo ferroviario. Al sustituir
las entidades bancarias las garantías inmobiliarias por garantías corporativas, y ante las dificultades financieras de las sociedades para hacer frente a la devolución de los créditos bancarios, los accionistas tuvieron que otorgarles préstamos
participativos para que pudieran cancelar el endeudamiento bancario, y contar con la liquidez necesaria para su funcionamiento y para el pago a sus proveedores. El registro contable de las actuaciones derivadas de los convenios se realizó de
acuerdo con las normas contables que le son de aplicación.
Con respecto a las repercusiones de estas sociedades en la estabilidad presupuestaria ha de indicarse que, a efectos de contabilidad nacional, al formar parte del sector de las administraciones públicas sus actuaciones afectan al cálculo del
déficit público, y su endeudamiento forma parte de la deuda pública. Así, el importe del endeudamiento bancario de estas sociedades, que a 31 de diciembre de 2016 ascendía a 1127 millones de euros, engrosa la deuda pública. Por otra parte, la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, extendió la obligación de presentar un límite de gasto, hasta entonces solo previsto para el Estado, a las comunidades autónomas y a las corporaciones
locales, de manera que el importe comprometido por el otorgamiento de los préstamos participativos, que a 31 de diciembre de 2016 asciende a 293 millones de euros, influye en el cálculo del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quería valorar positivamente la voluntad del presidente de la Comisión para debatir todos los informes que había pendientes, pero también hay que señalar que convocar la Comisión con una semana para debatir diecinueve
informes de esta magnitud quizá no sea lo mejor, en términos de rigor, a la hora de poder trabajar adecuadamente estos informes. Fruto de ello es que Ciudadanos no pueda ni siquiera estar presente, probablemente al no poder trabajar los informes en
tan poco tiempo. No obstante me centro en los informes a partir de ahora.
En este bloque se incluyen dos informes que poco tienen que ver entre sí. En primer lugar, el informe de fiscalización de la contratación realizada por la Fundación de Organización Industrial, en los ejercicios 2016 y 2017, lo que pone de
manifiesto es que existía un manifiesto descontrol en las contrataciones de la Escuela de Organización Industrial durante el periodo fiscalizado. En los expedientes fiscalizados se aprecia la existencia de numerosas incidencias que afectan a
aspectos como la justificación de las contrataciones realizadas, las bases de los concursos de adjudicación, los requisitos técnicos de los adjudicatarios o la ejecución final de los contratos. De esta manera vemos cómo no existe justificación de
la necesidad que ha motivado algunas contrataciones llevadas a cabo por la escuela. Igualmente no queda acreditado el perfil profesional del adjudicatario propuesto ni la motivación de su contratación. En la casi totalidad de los casos los
contratistas han facturado además conceptos como dietas y desplazamientos sin estar recogidos en los pliegos de la contratación.
Alude el informe a que se ven claras incidencias de un verdadero entramado de favores que, utilizando la plataforma de la entidad de organización industrial, ha derivado en un reparto de prebendas, sobre todo de carácter económico a
distintas personas y entidades, lo que normalmente se conoce como un chiringuito. Vemos en este sentido que el órgano fiscalizador aprecia indicios de fraude de ley en la relación mercantil que mantuvo la Escuela de Organización Industrial con su
director de estrategia entre 2014 y 2017, el que fuera también director de la Expo de Sevilla, Alfonso Seoane. Nos gustaría saber si el Tribunal de Cuentas tiene constancia de si la fiscalía ha incoado algún tipo de expediente sancionador a raíz
del informe. También llama la atención la adjudicación al exportavoz de la señora Cospedal en Castilla-La Mancha de un contrato cuyo objeto corresponde con otro que se estaba produciendo, con contenido y motivación similar, algo que también se
señala el informe.
Además vemos en el informe otras cuestiones como que no se justifica el contenido de los cursos a impartir ni los outputs requeridos a los alumnos, no se justifica la necesidad ni el método de adjudicación de los contratos realizados,
etcétera. En general, dada la gravedad de las incidencias reflejadas en el informe, nos llama la atención la levedad de las recomendaciones que plasma el Tribunal de Cuentas en el informe. Queríamos saber a qué se debe que estas recomendaciones no
sean más profundas, y si el Tribunal de Cuentas tiene constancia de si alguna de las observaciones y las incidencias reflejadas en el informe se han ido solventando.
En segundo lugar -intentaré ser breve-, en el informe de fiscalización de las sociedades públicas participadas por ADIF-Alta Velocidad lo que señalan es que, entre 2000 y 2010, el Ministerio de Fomento impulsó trece operaciones de
integración ferroviaria en toda España para preparar la llegada del AVE, con el mismo mecanismo. En cada ciudad se creaba una sociedad instrumental con un capital inicial de 600 000 euros, cuantía que luego se vería que era claramente insuficiente
para acometer las actuaciones millonarias previstas, como se pone de manifiesto en este informe. Lo que estaba previsto es que estas operaciones se pagaran con créditos bancarios y que luego las hipotecas bancarias se saldaran con la venta de los
suelos recalificados, pero el estallido de la burbuja llevó por delante estos planes. Es para echarse las manos a la cabeza que, como señala Tribunal de Cuentas, se haya detectado un sobrecoste de 7637 millones de euros en estos proyectos sobre el
presupuesto inicial, lo cual hace concluir que la gestión de Fomento al diseñar estas sociedades no fue muy acertada.
La crisis inmobiliaria impidió sacar provecho de las parcelas y las letras de los bancos empezaron a variar la caja. Finalmente el ministerio lo que ha hecho estos últimos años ha sido ir avanzando fondos para el desarrollo de determinados
proyectos, de manera discrecional, avanzando más unos en detrimento de otros. El resultado es el que se podía esperar, ninguna sociedad de integración ferroviaria ha conseguido a fecha de 31 de diciembre de 2016 alcanzar más de un 28 % de ejecución
de las actuaciones previstas, tanto en la integración del ferrocarril en el ámbito urbano como en las actuaciones urbanísticas aparejadas. El incremento del sobrecoste -lo señalábamos anteriormente- va desde un 27 % el que menos a un 546 % el que
más, como indica el informe de fiscalización, por la no previsión en los programas de actuación de las operaciones urbanísticas. El resultado es que tras casi catorce años de media de la constitución de las sociedades apenas ha llegado un 11 % de
la ejecución de los objetivos previstos. Se trata de obras muy necesarias y que están sin ejecutar por esta mala planificación de Fomento. Destaco el plan de vías de Gijón; como asturiano conozco muy bien la necesidad para la ciudad, al igual que
el resto de obras planificadas mediante estas sociedades. El modelo desde que se constituyeron las sociedades está en la base del programa, la no previsión real de dotación de fondos al dejar todo en manos de los créditos ofrecidos por el sector
bancario de cara a financiar con el suelo las infraestructuras ha llevado a que sea insostenible el funcionamiento de las sociedades.
Para terminar, quiero señalar que el informe del Tribunal de Cuentas es categórico al respecto. El Ministerio de Fomento debería abordar de forma realista los planes de integración de ferrocarril en los medios urbanos, tal y como se señala
en el informe. Me gustaría saber por parte de la presidenta del Tribunal de Cuentas si cree que ahora se están siguiendo las recomendaciones en las actuales actuaciones de Fomento con respecto a la integración ferroviaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Créame, admito todo tipo de críticas. Entiendo que a usted no le guste la configuración del orden del día. Quizás esta Presidencia también lo considera así, pero voy a decirle algo. La Mesa y junta de portavoces son el órgano habitual en
el que se plantean estas cuestiones y se debaten. Siento que ustedes no comparecieran y, por lo tanto, no pudieran expresar su opinión. Yo no hubiera tenido ningún inconveniente en convocar una Comisión en cuarenta y ocho horas. Ya les he dicho
alguna vez que no será porque este presidente no tenga ganas de trabajar.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Galeano.
El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.
De nuevo le doy la bienvenida a la señora presidenta. Es difícil el trabajo en esta Comisión, como puede ver, señora presidenta, y como tantas cosas en este país es difícil buscar un equilibrio entre trabajar los innumerables informes que
va desarrollando el Tribunal de Cuentas y, al mismo tiempo, tener los parlamentarios el suficiente tiempo para trabajarlos. Es la buena fe de todos de querer tener el tiempo
suficiente, pero, anteriormente, se nos criticaba que no íbamos al son del Tribunal de Cuentas. Esto es lo del chiste del burro, el niño, el abuelo, etcétera.
Entrando ya en los informes que vamos a tratar, el primero de ellos es el de la fundación pública. Aparentemente es un informe que puede no ser demasiado mediático. Esta fundación no es muy conocida en los medios, pero compartimos con el
tribunal la oportunidad de llevar a cabo este informe tanto por el volumen no monetario, pero sí de contratos públicos que ha llevado a cabo esta fundación y, por supuesto, la necesidad de transmitir a nuestra sociedad ese tipo de control que se
está realizando para esta fiscalización. Nos ha demostrado -y ha sido bastante claro el anterior portavoz- las innumerables deficiencias que ha habido en un asunto que es transversal al conjunto de poderes adjudicadores, sean Administración pública
o no, en cuanto al abuso de contratos menores sin una clara justificación, el uso de procedimiento negociado sin publicidad, etcétera. Me uno a la pregunta del anterior portavoz en relación con este tipo de adjudicaciones que ha nombrado con la
mercantil Selius. No sé si ha habido algún tipo de responsabilidad o en qué han quedado este tipo de actuaciones. Como ha dicho antes el portavoz de Unidos Podemos, el tribunal ha incidido en ese aparente fraude de ley que se deriva de esa
actuación.
Paso al siguiente informe por el bien de la Comisión, el relativo a las sociedades de integración de soterramiento. Es curioso porque este tipo de proyectos, que podríamos definir como grandes proyectos de ciudad en los que se mezcla el
gran proyecto, el político y el urbanístico y empiezan a aparecer los sudores fríos, es decir, el caso del soterramiento de las vías de ferrocarril, es muy típico español. En otros países no se da con tanta participación de la sociedad civil y con
tanta demanda este tipo de actuaciones como se ha dado aquí y, particularmente, a partir de la transición. Ha habido numerosas asociaciones vecinales, numerosos movimientos sociales, políticos y empresariales que demandaban acabar con esas
cicatrices urbanas que, en muchas ocasiones, además de un límite urbanístico, suponían una especie de segregaciones, de guetos sociales en algunas ciudades o zonas industriales. Por tanto, nos enfrentamos a una situación que supone una
infraestructura muy compleja y de una inversión monetaria muy alta que obliga, de alguna manera, a la participación y colaboración de diferentes administraciones; en este caso, se refiere no solo a la Administración local, sino también a la
autonómica e incluso a la central.
Cuando nos enfrentamos al nacimiento de esas sociedades o, al menos, cuando se empiezan a consolidar, se deriva una crisis inmobiliaria, un estallido de la burbuja inmobiliaria que afecta a estas sociedades que tenían su fuente de ingresos
en esas liberaciones de suelo para acometer esos otros planeamientos urbanísticos ya citados. Aquí sucede que a toro pasado todos somos muy buenos toreros, pero la misma falta de previsión que han tenido organismos públicos como los citados también
han sucedido en la empresa privada. Lógicamente, la gran diferencia es que la empresa privada maneja dinero de socios, cuestión no menor, al contrario de las que nosotros analizamos aquí, estas sociedades, que tienen dinero de todos, dinero
público. La falta de previsión está suficientemente vista en este informe, es decir, la falta de ingresos por los problemas que todos hemos visto en este informe y que no hace falta mencionar, pero incluso es más grave que se hayan disparado los
gastos de esos convenios, ya que para ello ya no hay una excusa como en los ingresos por el estallido de la burbuja inmobiliaria. No sé si, como decía el portavoz de Podemos, en este tiempo en el que ha habido un periodo de dos o tres años desde
que se llevó a cabo la fiscalización, que coinciden con una cierta recuperación del mercado inmobiliario, nos puede decir el tribunal si se han tomado medidas desde entonces a ahora que vayan en la buena dirección, como, por ejemplo, si se ha
procedido a la venta de parcelas o suelo que hayan paliado esto. Por otra parte, este es un dibujo bastante diverso entre las diferentes sociedades, hay un poco de todo.
Simplemente quería hacerle esas preguntas. Agradezco, como dije antes, el trabajo realizado por la Comisión y, por supuesto, del Tribunal de Cuentas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.
El señor Fernández tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Por supuesto, agradezco la comparecencia y las explicaciones de la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
Por lo que se refiere al primer informe, sobre la contratación de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial, se observan problemas que, en general, padecen la inmensa mayoría de las administraciones que se han fiscalizado. Es
hasta llamativo el caso de las incidencias en la justificación
de la necesidad de contratar. Esto parece un tema relativamente fácil de subsanar. Haría falta hasta una especie de informe sobre criterios para dejar claro cuál es la manera de llevar a cabo esa motivación adecuada de la necesidad de
contratación, porque estoy convencido de que es un tema que se puede solucionar y no tener de forma sistemática en todos los órganos fiscalizados este tipo de observaciones y reparos. Además, hay cuestiones muy específicas de esta entidad, por
ejemplo, la necesidad de establecer con claridad los criterios que en los contratos de docencia generan derecho a reembolso en los gastos de desplazamiento y locomoción, porque son reclamados en todos los casos y, sin embargo, no está justificado el
derecho a reembolso, y además establecer un sistema eficaz de abono porque hay cuantías debidas que son demasiado elevadas.
También llama la atención en esta entidad que parece clara la necesidad de llevar a cabo un mayor esfuerzo en la publicación de los contratos en el perfil del contratante; el porcentaje del 22 % la verdad es que es bajísimo y creo que
tienen que hacer un esfuerzo en este sentido. También resulta preocupante el nivel de cumplimiento en cuestiones tan importantes como son las relativas a los pliegos o a la subrogación de los contratos, porque en ocasiones se ha llegado a hablar en
algún caso del cien por cien.
Asimismo, parece claro que la entidad debería revisar la política de externalización de los servicios de asesoría en los términos que establece el informe del tribunal. Yo sí creo que estos informes, y siempre lo digo, tienen ese carácter
pedagógico y estoy convencido de que a base de reiterar este tipo de recomendaciones, se va mejorando y cualquiera que conozca la Administración desde hace muchísimos años se da cuenta de que todo contribuye a la mejora de la contratación. Aquí, a
veces, nos rasgamos las vestiduras, pero, si comparamos cómo se contrataba hace veinte años y cómo se contrata en actualidad, la mejora es sustancial y, en parte, desde luego ha contribuido no solo la legislación, cada vez más exigente, sino también
la labor de órganos de fiscalización externa, como el tribunal, u órganos de fiscalización interna, cada vez más profesionalizados.
Por lo que se refiere al otro informe, a la fiscalización de la actividad de las sociedades públicas de integración del ferrocarril, participadas por ADIF-Alta Velocidad, hay una cuestión de forma que también es llamativa, y es que
prácticamente las cuentas anuales de casi todas las sociedades, menos las de Zaragoza y Almería Alta Velocidad, fueron remitidas a la intervención fuera de plazo. Aunque a mí la cuestión que más me interesa es una cuestión de fondo, una cuestión
que pone de manifiesto el informe -y a la que creo que, además, se ha hecho referencia por parte de todos los portavoces- y es que son muy llamativos los problemas de financiación de estas sociedades, que luego se ponen de manifiesto y de relieve a
la hora de actuar. El funcionamiento y la financiación de estas sociedades de integración de los ferrocarriles está claro que debe revisarse y yo creo que el informe del tribunal es una llamada de atención en un tema tan importante como este. Se
hablaba de constitución de sociedades con un capital de 600 000 euros, claramente insuficiente, y de la necesidad de acudir a créditos bancarios con enormes dificultades porque en ocasiones las entidades de crédito se negaban a concederlos porque
tienen que ir avalados por futuros aprovechamientos urbanísticos con la incertidumbre que esto significa. Por tanto, es necesario que en el futuro el Ministerio de Fomento se ocupe de perfilar planes de financiación de estas actuaciones de
integración del ferrocarril atendiendo a criterios realistas y contemplando financiaciones a corto y medio plazo, no solo vinculadas a la generación de plusvalías urbanísticas, que son, como sabemos y como hemos visto, de realización incierta.
Como decía, estos problemas de financiación luego se plasman en las dificultades de cumplir los objetivos propuestos. Las cifras que señalan son realmente alarmantes; en cuanto a las actuaciones para la integración del ferrocarril -que es,
lógicamente, uno de los objetivos fundamentales- hablamos de unos niveles de ejecución del 27 % en las actuaciones de infraestructuras ferroviarias mientras que las actuaciones urbanísticas son del 21 %. Además, en el año siguiente, en el año 2017,
prácticamente estamos en términos similares, no se ha avanzado gran cosa, y eso refleja precisamente que hay un problema de base, que es el problema de financiación de este tipo de sociedades. Por eso, cuando se habla del cumplimiento del objeto
social, vemos que hay un escaso cumplimiento del mismo y que lo que está, como digo, en el fondo de todo ello es ese problema de financiación, pero para esto precisamente sirven este tipo de informes, para que se adopten mejores soluciones en el
futuro.
Y yo, como también es la última intervención, creo que sí merece la pena, después de tres años de legislatura, dedicar al menos un minuto a una serie de agradecimientos. En primer lugar, desde luego, al equipo del Tribunal de Cuentas, tanto
a la actual presidenta, señora De la Fuente, y a todo su equipo como al anterior presidente, al señor Álvarez de Miranda, y a su equipo también, que creo que han hecho una labor extraordinaria tanto a la hora de exponer los temas como por la labor
de realización de informes, que
yo creo que son fundamentales para la mejora de la contratación. También creo que hay que agradecer la labor de la Mesa y del presidente de forma especial y de la letrada porque hemos dado perspectivas distintas, pero aquí el objetivo de
esta legislatura yo creo que estaba claro, y es poner al día estos informes de fiscalización ante la Comisión. Creo que ha sido una labor ímproba y quizá habría que revisar si se ha batido una especie de récord parlamentario o récord mundial, que,
si no se ha hecho, estaremos a punto. Creo que esto ha merecido la pena porque va a permitir que en el futuro los informes del Tribunal de Cuentas se vayan viendo prácticamente según se van haciendo y vayan correspondiendo a ejercicios mucho más
próximos. Por lo tanto, aunque tenga algunas dificultades, creo que la labor ha sido magnífica y hay que agradecérselo y felicitar al presidente, a la letrada y, por supuesto, a todos los miembros de la Mesa y a todo el personal que colaboró
-servicios de audio, de video, de consejería- y por supuesto, también a las personas que lo reflejan, las taquimecanógrafas, que han tenido una labor tremenda.
También hay que felicitar a todos los miembros de la Comisión porque ese trabajo hubiera sido imposible sin el trabajo de todos los miembros de todos los grupos. Creo que aquí se ha conseguido realizar un enorme trabajo y, además, creo que
manteniendo, con nuestras diferencias y discrepancias obvias, un nivel de cortesía parlamentaria que a lo mejor se echa de menos en otras comisiones o en otros ámbitos del Parlamento. Quiero felicitar a todos los miembros de los distintos grupos de
esta Comisión y, por supuesto, de una forma muy especial a los miembros del Grupo Parlamentario Popular, a los que quiero agradecer todo su trabajo, toda su dedicación porque tanto a nivel personal como a nivel profesional han llegado a niveles de
auténtica excelencia, y de eso quiero dejar constancia en esta última intervención.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Si ustedes observan, no estoy contestando la parte que me toca respecto de las felicitaciones, fundamentalmente porque les recuerdo a sus señorías que queda una Comisión más, que será el miércoles, y ahí contestaré.
Tiene la palabra, de nuevo, la señora presidenta del tribunal.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, señor presidente.
La primera cuestión que querría abordar es la planteada por el señor González, cuando señalaba que las recomendaciones del informe de la Fundación Escuela de Organización Industrial eran poco intensas, a su juicio, dadas las incidencias que
se producían. En relación con esta cuestión, yo quisiera llamar su atención sobre la naturaleza de esta entidad. Estamos ante un poder adjudicador que no tiene la naturaleza de Administración pública y que, salvo en los contratos sometidos a
regulación armonizada, los contratos SARA, se rige por sus propias instrucciones; es decir, su forma de contratación deriva de lo que establecen sus propias instrucciones, de manera que no podemos pensar en los mismos términos respecto de esta
fundación que respecto de una Administración pública que tenga naturaleza de administración o poder adjudicador con carácter de Administración pública. La legislación es mucho más rigurosa, mucho más estricta y mucho más determinada en este último
caso que en el caso de la entidad fiscalizada. Por ello, en lo que hace fundamentalmente hincapié el informe del tribunal es precisamente en todas aquellas circunstancias que se recogían en su propia instrucción de contratación, fundamentalmente en
lo que se refiere a la obligación de negociar esos contratos para los que se establecía la obligación de negociar que o no se hacía la negociación o no se hacía con todos. Por eso se hace especial hincapié en todas aquellas incidencias que suponen
una vulneración de sus propias instrucciones, por el tipo de entidad que es. En cualquier caso, creo que se recoge una circunstancia esencial en la recomendación, y es que establezcan ustedes un protocolo para garantizar en mayor grado la
transparencia e igualdad de trato en el proceso de selección de los contratistas y que, además, justifiquen, como decía el señor Fernández, en mayor medida la necesidad y la idoneidad de los contratos y la insuficiencia o falta de idoneidad de los
recursos internos para llevarlo a cabo.
Además, se hace hincapié en los dos tipos de deficiencias fundamentales de esta entidad. Por una parte, respecto de los contratos docentes verá que son bastante claras y bastante contundentes las conclusiones y las recomendaciones relativas
a este tipo de contratos, como ponían de manifestó tanto usted, señor González, como el señor Fernández. Por otra parte, también los contratos de servicios adjudicados periódica y permanentemente a un mismo adjudicatario, con lo cual las
recomendaciones, estimo, que tienen la misma intensidad que otras recomendaciones, lo que pasa es que van dirigidas a un
tipo de entidad que no está sujeta a una regulación tan estandarizada, tan detallada y tan exigente como es la Ley de Contratos del Sector Público, en aquel momento, y de la nueva Ley de Contratos en el momento actual. Por ello, a lo mejor,
tienen la sensación de que no se recogen con tanta intensidad incidencias que resultan de la vulneración de la legislación de contratos a que nos referimos en otras ocasiones en que estamos hablando de una Administración pública o un poder
adjudicador que tiene la condición de Administración pública.
Por otra parte, me preguntan ustedes por las responsabilidades contables que se puedan haber deducido de este informe de la Fundación Escuela de Organización Industrial. En relación con esta cuestión, he de señalarles que el ministerio
fiscal ha apreciado indicios de responsabilidad contable en diez supuestos referentes a contratos de contenido docente y contratos de servicios. Luego, es evidente que los resultados de la fiscalización son bastante contundentes. Por otra parte,
el servicio jurídico del Estado también ha apreciado indicios de responsabilidad contable en seis supuestos relativos a contratos de servicios y facturaciones en acciones formativas y de apoyo administrativo. Esto en relación con el informe de
fiscalización de la contratación de la Fundación Escuela de Organización Industrial.
Sobre el otro informe, el de las sociedades públicas de integración del ferrocarril, me han preguntado tanto el señor González como el señor Galeano -que también me preguntó sobre las posibles responsabilidades derivadas de la fiscalización
de la Fundación Escuela de Organización Industrial-. En relación con la referencia que me hacían ustedes a si se han corregido con ulterioridad las deficiencias puestas de manifiesto en la integración del ferrocarril, he de comentarles que el
informe, como ven, está aprobado el 31 de enero de 2019, es decir, es extraordinariamente actual. Todos los hechos posteriores que se han producido desde la fiscalización propiamente dicha, es decir, los trabajos fiscalizadores hasta la aprobación
del informe o hasta el anteproyecto de informe se recogen como hechos posteriores en el propio informe de fiscalización que, como les digo, no puede ser más actual que del 31 de enero de este mismo año. En consecuencia, toda la información relativa
al periodo fiscalizado, que es la que se recoge en este informe, no a años ulteriores, está actualizada a la fecha de elaboración del informe, con lo cual no les puedo dar más datos porque el informe es de 31 de enero de 2019; está, si me permiten
ustedes, recién sacado del horno.
Muchas gracias, señor presidente.
BLOQUE V:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LOS RIESGOS DE INTERNACIONALIZACIÓN, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000281 y número de expediente del Senado 771/000279).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS EN EL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000285 y número de expediente del Senado
771/000286).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN RELATIVA AL SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN DIVERSOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN APROBADOS EN EL PERIODO 2013-2016, SOBRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL RELACIONADAS CON LOS ÁMBITOS
FINANCIERO, REGULATORIO, DE INVESTIGACIÓN Y DE LA CULTURA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000287 y número de expediente del Senado 771/000277).
El señor PRESIDENTE: Debate del bloque número V, que corresponde a tres informes: informe de fiscalización del Fondo de Reserva de los Riesgos de Internacionalización, ejercicios 2017; informe de fiscalización del sistema de seguimiento
de programas en el área de Administración económica del Estado, ejercicio 2017; e informe de fiscalización relativo al seguimiento de las principales recomendaciones incluidas en diversos informes de fiscalización aprobados en el período 2013-2016,
sobre entidades del sector público estatal relacionadas con los ámbitos financiero, regulatorio, de investigación y de la cultura.
Tiene la palabra, de nuevo, la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, señor presidente.
El primero de los informes que se incluyen en este bloque V contiene los resultados de la fiscalización del Fondo de Reserva de Riesgos de Internacionalización, ejercicio 2017. Se trata de una fiscalización integral, que se ha desarrollado
sobre las operaciones derivadas de la cobertura de riesgos de la internacionalización por cuenta del Estado, gestionadas por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, sociedad anónima, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Mercantil Estatal, Cesce; las operaciones de gestión y administración del fondo realizadas por el Consorcio de Compensación de Seguros; y las actuaciones de control y seguimiento de la Administración General del Estado realizadas por la Comisión
de Riesgos por Cuenta del Estado. La cobertura de riesgos de la internacionalización se efectúa mediante contratos instrumentados como pólizas de seguro o garantías irrevocables.
El informe señala que las cuentas anuales del fondo representan adecuadamente la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial y de los resultados del ejercicio, con algunas observaciones que no afectan a esta opinión favorable. El
análisis de las actuaciones realizadas por Cesce en cuanto agente gestor en relación con la cobertura de los riesgos de la internacionalización de la economía española ha puesto de manifiesto que la gestión de estos riesgos se ajusta a la normativa
que le es aplicable y a los mandatos recibidos de la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado. Las operaciones analizadas reflejan la utilización de procedimientos de gestión adecuados y la elaboración de informes con un carácter técnico. No
obstante, en la tarificación de la modalidad de fianzas a exportadores se han producido determinadas incidencias, derivadas de la aplicación de criterios distintos por parte de Cesce para operaciones similares. En ocasiones se aplicó una tasa
correspondiente a las fianzas de anticipo sin reducción y en otras con reducción, lo que ha originado diferencias en el importe cobrado a exportadores asegurados con las mismas condiciones. La fiscalización ha analizado también operaciones llevadas
a cabo por Cesce en relación con el pago y recobro de indemnizaciones y operaciones relacionadas con la deuda soberana reestructurada, dando como resultado que, con carácter general, la tramitación del pago de siniestros se ha hecho de forma
adecuada. Esta misma situación se producía también en las actuaciones realizadas para el recobro de la deuda y en el control de la deuda refinanciada. Entre las deficiencias observadas sobre el pago y recobro de indemnizaciones, se indica que las
cláusulas de los condicionados generales relativas a la subrogación de Cesce en el importe de los créditos indemnizados a los asegurados no eran acordes con lo establecido en la normativa de aplicación.
En el ejercicio 2017 las indemnizaciones a las que Cesce tuvo que hacer frente se debieron, en gran medida, a los procesos de refinanciación de deuda de dos grupos societarios. Se hace referencia, igualmente, a los acuerdos de
reestructuración de deuda soberana suscritos por Cesce con países con elevados importes de impagos, los cuales tienen su origen, en unos casos, en los acuerdos multilaterales adoptados en el seno del Club de París y, en otros, en acuerdos adoptados
bilateralmente entre el Estado español y el Estado acreedor. A 31 de diciembre de 2017, Cesce tenía deuda refinanciada con dieciséis países, los de mayor importe correspondían a Cuba, Argentina, Irak y Nicaragua.
La comisión cobrada por Cesce por la gestión de los riesgos de la internacionalización se situó dentro del límite establecido en la normativa, el 20 % de las primas abonadas netas. Además, el informe indica que Cesce ha cumplido con las
funciones establecidas en el convenio de gestión sobre la prestación del servicio de gestión de las coberturas de riesgos de internacionalización firmado por aquella, en cuanto agente gestor, con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
en 2015. También el Consorcio de Compensación de Seguros, en general, ha dado cumplimiento a lo prescrito en el convenio suscrito con el director general de Comercio Internacional e Inversiones para la gestión del fondo. Se ha constatado la
idoneidad del procedimiento establecido para la transferencia de fondos entre Cesce y el Consorcio de Compensación de Seguros. Además, se señala que la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado ha ejecutado adecuadamente las funciones que le
atribuye la normativa, tanto en el control de Cesce como en el de los riesgos asumidos.
El segundo de los informes de este bloque V es el relativo a la fiscalización del sistema de seguimiento de programas en el área de la Administración económica del Estado, ejercicio 2017. Es una fiscalización de cumplimiento y operativa o
de gestión. Su objetivo es valorar, respecto de los ministerios, organismos autónomos y otras entidades de dicha área, el sistema de seguimiento de objetivos de los programas presupuestarios y su adecuación a los fines que deben cumplir y a la
legalidad vigente. Respecto del análisis de los procedimientos, el ámbito temporal se ha extendido, además, al momento en el que se realizaron los trabajos fiscalizadores, es decir, no solamente el ejercicio 2017, sino hasta que se realizaron los
trabajos fiscalizadores en 2018.
En el informe se pone de manifiesto que, en conjunto, el sistema de seguimiento de programas diseñado por la normativa resulta adecuado para conseguir los fines que se propone, pero que no se realiza, con carácter general, un adecuado
seguimiento por los gestores de las oficinas presupuestarias y de la Dirección General de Presupuestos, de modo que permita una valoración sobre el cumplimiento de los principios de eficacia en la consecución de los objetivos y de eficiencia en la
asignación y utilización de los recursos públicos que recoge el artículo 69.1 de la Ley General Presupuestaria. Ello da lugar a que los datos que se facilitan a la Dirección General de Presupuestos no sean suficientes para realizar las asignaciones
presupuestarias atendiendo al cumplimiento de los objetivos por los centros gestores. Esta circunstancia se ha intensificado como consecuencia de la interpretación que lleva a cabo la Dirección General de Presupuestos y un número significativo de
gestores y de responsables de las oficinas presupuestarias en relación con la Orden de 1992, en la que se contiene su diseño. Entienden que solo es de aplicación a los programas de seguimiento especial; programas que no se han definido desde 2012;
por lo que la referida orden queda sin aplicación en la actualidad. Esta interpretación, unida al hecho de que no existe un desarrollo reglamentario en esta materia para aquellos programas presupuestarios que no tienen la consideración de especial
seguimiento, vacía de contenido uno de los objetivos recogidos en la Ley General Presupuestaria relativos al proceso presupuestario, cual es el del establecimiento de un sistema de gestión por objetivos en el marco de la programación plurianual. La
ausencia de seguimiento de programas tiene impacto en la elaboración de los presupuestos, pues sin él no se atiende a la asignación de los recursos en función del grado de consecución de los objetivos del año anterior, como requiere la ley.
Por otra parte, el procedimiento de identificación y establecimiento de objetivos e indicadores por parte de la consideración del carácter finalista e instrumental de los programas viene también recogido en el contenido del informe. Además,
los objetivos de los programas establecidos por los gestores tienen carácter genérico o abierto, lo que, unido a que los indicadores son en general poco representativos de los objetivos a los que se asocian, impide determinar su grado de consecución
y establecer la relación entre los fondos presupuestarios asignados a cada uno de los objetivos.
Los expedientes de modificaciones presupuestarias y las autorizaciones para adquirir compromisos de gasto con cargo a los ejercicios futuros no incluyen en su documentación referencia a las incidencias en los objetivos, los indicadores o los
proyectos de inversión con los que se relacionan. La Dirección General de Presupuestos, en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, no dispone de informes de gestión y balances de resultados. Esto dificulta que las
asignaciones presupuestarias de los centros gestores se efectúen teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento de los objetivos de los ejercicios anteriores. El control financiero por parte de la Intervención General de la Administración del Estado
en relación con los programas que gestionan, se ha realizado de manera muy residual al no considerarse prioritario este tipo de control tras dejar de fijarse en las leyes de presupuestos programas de especial seguimiento.
En el informe se indica que solo el 10 % de los gestores de programas afirma haber recibido de la Comisión de Análisis de Programas de su departamento ministerial algún tipo de propuesta de adaptación o reasignación de recursos
presupuestarios. Además, las comisiones no dejan constancia documental de las cuestiones tratadas, lo que impide comprobar la forma en que valoran el grado de cumplimiento de los objetivos y la causa de las desviaciones detectadas para adaptar así
los recursos presupuestarios asignados a los programas. Tampoco ha sido posible determinar las actuaciones de la Dirección General de Presupuestos en la asignación de recursos presupuestarios y si esta asignación se efectuó tomando en cuenta, entre
otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores.
El tercer informe de este bloque V ha tenido por objeto el seguimiento de recomendaciones incluidas en nueve informes de fiscalización aprobados, en el periodo 2013-2016, sobre entidades del sector público estatal relacionadas con el ámbito
financiero regulatorio de investigación y de la cultura. El mismo también abarca el cumplimiento de las resoluciones correspondientes a dichos informes aprobadas por esta Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas.
En los informes de fiscalización objeto de seguimiento se efectuaron un total de cuarenta y nueve recomendaciones a las entidades fiscalizadas y cinco al Gobierno. Por su parte, esta Comisión mixta, en tres de sus resoluciones, asumió las
recomendaciones recogidas en el informe correspondiente del Tribunal de Cuentas, y en otras seis resoluciones introdujo cuarenta instancias a las distintas entidades, entre ellas nueve al Gobierno y dos al propio Tribunal de Cuentas. En el informe
de fiscalización se pone de manifiesto cómo se ha observado que el mero hecho de iniciar esta fiscalización de seguimiento ha impulsado la aplicación de las recomendaciones contempladas en los informes mencionados por las entidades afectadas
y en las resoluciones de la Comisión mixta, lo que refleja en sí mismo la eficacia de este tipo de fiscalizaciones de seguimiento de recomendaciones. El nivel de implementación de las cuarenta y nueve recomendaciones efectuadas por el
Tribunal de Cuentas a las entidades fiscalizadas ha sido del 70 %, lo que supone el cumplimiento íntegro de treinta y cuatro de ellas. Dos de estas, el 4 %, no se han cumplido; una, representativa del 2 % de las recomendaciones, resulta
inaplicable en el momento de cierre de los trabajos de fiscalización; cuatro, el 8 %, están en proceso de implantación, y otras ocho, el 16 %, están cumplidas parcialmente. También ha sido mayoritario el número de instancias aprobadas por la
Comisión mixta en sus resoluciones que se llevaron a efecto; veinticinco de las cuarenta aprobadas, lo que supone un porcentaje del 63 %; parcialmente han cumplido el 22 %, y dos, el 5 %, se encuentran sin implantar; otra, el 3 %, resulta no
aplicable, y tres, el 8 %, se encuentran en proceso de implantación. De las cinco recomendaciones del Tribunal de Cuentas dirigidas al Gobierno, se considera cumplida una, el 20 %, dos están en proceso de aplicación, el 40 %, y otras dos, 40 %,
incumplidas. Sin embargo, de las nueve instancias aprobadas por la Comisión mixta, el Gobierno ha aplicado siete, esto es el 78 %; una está parcialmente implantada, el 11 %, y en otra, de nuevo el 11 %, se han observado avances en su implantación.
Asimismo, se instó en dos ocasiones al Tribunal de Cuentas, que ha dado cumplimiento a las dos.
Atendiendo a cada uno de los informes que han sido objeto de seguimiento, el nivel de cumplimiento resultó heterogéneo. En el informe de fiscalización de la Entidad Pública Empresarial Red.es, y de su filial, Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación, se estiman cumplidas todas las recomendaciones formuladas, así como las resoluciones de la Comisión mixta. Por tanto, han cumplido las recomendaciones cien por cien. En el resto de los informes se ha dado
cumplimiento a todas las recomendaciones e instancias de las resoluciones de la Comisión mixta. Además, se han detectado recomendaciones que no son aplicables en el momento actual.
Entre los informes con menor nivel de cumplimiento, se encuentra el informe de fiscalización del Instituto Cervantes, ejercicio 2012, que contenía doce recomendaciones, de las que 7, el 58 %, se encontraban parcialmente cumplidas o en
proceso de implantación al no haberse incorporado mejoras y actualizaciones en el inventario de bienes, elaborado un manual de organización y funcionamiento ni haberse atendido el resto de las recomendaciones dirigidas al instituto para la
elaboración de normas que afecten a los diferentes aspectos de su gestión. Las recomendaciones formuladas dieron lugar a veinticuatro instancias aprobadas por esta Comisión mixta, y en este caso se considera aplicado el 66 % de ellas, siendo ocho
las pendientes de cumplimiento. Por su parte, respecto del informe de fiscalización de las actividades liquidadora y agraria del Consorcio de Compensación de Seguros, ejercicio 2014, las recomendaciones dirigidas al Gobierno no se consideran
cumplidas; de las seis recomendaciones dirigidas al consorcio, este ha dado cumplimiento a todas ellas, así como a la instancia solicitada por esta Comisión mixta.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora De la Fuente. Como bien decía, el primer informe señala la adecuada gestión que ha realizado la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Cesce, en relación precisamente con los riesgos de la
internacionalización, algo que queremos aplaudir, así como insistir en la profesionalización de estos organismos y en la necesidad de acabar con la politización de los mismos. En el caso particular de Cesce, el cambio de Gobierno al menos mantiene
la dirección entre técnicos y economistas del Estado, y nos parece muy buena idea porque, a pesar de esa buena gestión, la actividad desempeñada conlleva riesgos. En el año 2017, tal y como está recogido en el informe, se materializaron con las
indemnizaciones que tuvo que pagar Cesce en gran medida debido a los procesos de refinación de la deuda de Isolux y Abengoa, ello supuesto que se hayan de pagar indemnizaciones a los bancos por la deuda del Grupo Isolux por importe de 110 millones
de dólares y, en el caso del Grupo Abengoa, por importe de 106 millones de dólares. En cualquier caso, nos parece que el informe no da especiales motivos de preocupación.
Respecto al segundo, en cambio, creemos que puede afectar al equilibrio constitucional recogido en el artículo 134.1 de la Constitución, aquel que dice que corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a
las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Parece que el equilibrio se rompe en cuanto los Presupuestos Generales del Estado aprobados comienzan a alejarse peligrosamente y dejan de parecerse a los efectivamente ejecutados. Nos
preocupan, en relación
con este informe, las dificultades que hay por las prácticas de la Administración de hacer un análisis moderno del ciclo de la vida del proyecto respecto a las políticas públicas y el gasto público. A pesar de que existe una normativa
específica que desarrolla las normas contenidas en la Ley General de Presupuestos, en materia de seguimiento de programas presupuestarios y con carácter general no se realiza ningún seguimiento adecuado de los programas presupuestarios por parte de
sus gestores, ni de la oficina presupuestaria ni de la Dirección General de Presupuestos, y eso no nos permite hacer una valoración sobre el cumplimiento de los principios de eficacia en la consecución de los objetivos ni de la eficiencia en la
asignación y utilización de los recursos públicos que, como bien saben todos, está recogido en el artículo 69.1 de la Ley General Presupuestaria. Esta deficiencia, además, se acumula y se agrava con el tiempo, ya que el insuficiente seguimiento del
cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios se traduce en que la información que la Dirección General de Presupuestos recibe para la valoración del presupuesto no es suficiente y, como bien ha dicho la presidenta del Tribunal de
Cuentas, hace imposible el adecuado cumplimiento de lo recogido en el artículo 31.2 de la vigente Ley General Presupuestaria, que establece que las asignaciones presupuestarias a los centros gestores de gasto se efectuarán siempre tomando en cuenta,
entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores. Así es como año tras año tenemos programas y partidas presupuestarias con recursos fantásticos que, por desgracia y debido a su baja ejecución, se
convierten en recursos fantasmas.
Ciudadanos ha apoyado los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, y en ellos se acabó con prácticas presupuestarias equivocadas que se venían aplicando tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista y acabamos con las
desviaciones de ingresos.
El objetivo del déficit se clavó en 2017, por primera vez, y se metió en los Presupuestos Generales del Estado en gastos que no aparecían, como los de defensa, que solían dejarse fuera. Queda mucho por hacer en materia de introducción y
seguimiento de beneficios fiscales o en materia de seguimientos, como evidencia este informe. -Le tengo que dar las gracias a al Tribunal de Cuentas y, en especial, a su presidenta por este tipo de informes-.
Respecto al último informe, como bien nos ha dicho, de las cuarenta y nueve recomendaciones que se realizaron a las entidades fiscalizadas un 70 % de las mismas están cumplidas al cien por cien y, en distintos grados, un 93 %,
aproximadamente. Nos parece un alto grado de cumplimiento. Algo similar pasa con las recomendaciones emitidas por esta Comisión. Quería preguntarle a la señora De la Fuente si le parecen especialmente reseñables algunos de los incumplimientos, y
si el resultado del informe sobre el seguimiento de las recomendaciones es tan positivo como aparece aquí.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ RUIZ: Gracias, señor presidente.
Estos informes son de temáticas tan diferentes que hemos optado por centrarnos en uno de ellos, el que me ha parecido que tiene unas conclusiones más graves: el informe de fiscalización del sistema de seguimiento de programas en el área de
la Administración Económica del Estado, del ejercicio 2017. En el informe se cita que no se realiza con carácter general un seguimiento adecuado de los programas presupuestarios por parte de los gestores de las oficinas presupuestarias ni de la
Dirección General de Presupuestos. La primera pregunta que queríamos hacerle es: ¿cuáles son los motivos de que no exista ese seguimiento adecuado?, ¿en su opinión, se debe a una mala planificación de la política presupuestaria o, más bien, a la
insuficiencia de recursos o a una combinación de ambas? Según el informe, hay una importante insuficiencia en la transmisión de datos a la DGP y se apunta a que esto es así especialmente desde el presupuesto del año 2011; sin embargo, no se
detalla por qué es precisamente desde ese año. Se hace importante para nosotros preguntárselo, si tomamos en consideración que entre los años 2010 y 2011 es cuando empiezan a aplicarse las políticas de recortes en España. Además, queríamos
preguntarle cómo ha afectado esa insuficiencia de datos a la eficiencia de política presupuestaria desde ese mismo año. Los programas de seguimiento especial han dejado de considerarse como tales desde el año 2012 y, por tanto, según el propio
informe, ningún programa presupuestario estaría sujeto al seguimiento de objetivos, según lo previsto en la Orden de 1992. Queríamos preguntarle a qué motivos responde que sucediera esto.
En la misma tónica de lo anterior, nos parece muy problemático que se establezcan objetivos genéricos, sin cuantificar, indicadores poco representativos de los objetivos y que, además, no sea posible
valorar las desviaciones entre el valor de los indicadores y su valor previsto. Según vemos en las conclusiones, los informes de gestión y balance de los resultados no se envían, en la mayoría de los casos, al ministro del departamento
correspondiente ni a la DGP. Además, los órganos analizados de la Administración General del Estado no elaboran dichos estados y, por tanto, la DGP no tiene la información necesaria sobre el cumplimiento de objetivos. Queríamos preguntarle de qué
modo afectan estas disfunciones a la elaboración de los presupuestos de los siguientes ejercicios.
Finalmente, en alrededor de un tercio de los programas presupuestarios examinados no se realiza el análisis del impacto por razón de género; solo se realiza sobre los que se ha considerado que tienen vinculación con los objetivos de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Quería preguntarle dónde se realiza esa consideración, quién toma la decisión sobre qué programas presupuestarios tienen que ver con un análisis de impacto por razón de género y cuáles no.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Alonso tiene la palabra.
El señor ALONSO JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señora presidenta, por su presencia y participación.
En primer lugar, respecto al primer punto, la fiscalización del Fondo de reserva de los riesgos de la internacionalización, 2016, queremos destacar, sobre todo, la labor de Cesce -Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación-
como agente gestor en relación con la cobertura de los riesgos de la internacionalización de la economía española. Creemos que ejerce una función importante en el desarrollo del comercio exterior, en la apertura de las empresas españolas y, sobre
todo, en la cooperación económica con el desarrollo con otros países. Nos gustaría que nos explicase la recomendación a la Administración General del Estado en la que solicita que se incluya en el artículo 16.4 del Real Decreto 1006, de 2014, de 5
de diciembre, la subrogación de Cesce en la titularidad del crédito para mejorar las opciones de recobro. Nos gustaría que nos explicase por qué ha habido un cambio de criterios aplicados por la Intervención General de la Administración del Estado,
porque han supuesto una reformulación de las cuentas anuales del Fondo de reserva de los riesgos de la internacionalización en los ejercicios 2016 y 2017. Por lo demás, creemos que el informe es favorable, deja patente la importancia de estas
instituciones y la trascendencia que tienen en el desarrollo de la economía nacional y, por supuesto, internacional.
En cuanto al segundo punto, fiscalización del sistema de seguimiento de programas en el área de la Administración Económica del Estado, como han dicho el resto de compañeros, y usted ha dejado patente, tengo que decir que no se realiza con
carácter general un seguimiento adecuado de los programas presupuestarios y, por tanto, no tenemos elementos para valorar si efectivamente se han cumplido los objetivos presupuestarios y si cumple la normativa vigente, la propia Carta Magna de lo
que es la eficacia de los recursos y de los servicios públicos. Como digo, no se realiza con carácter general un seguimiento adecuado de los programas presupuestarios por parte de los gestores de las oficinas presupuestarias ni tampoco de la
Dirección General de Presupuestos que permitan efectuar una valoración sobre el cumplimiento de los principios de eficacia en la consecución de objetivos y de la eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Este insuficiente
seguimiento se traduce en que los datos que se facilitan a la Dirección General de Presupuestos para la elaboración de los presupuestos no son suficientes, incumpliéndose gravemente el artículo 31.2 de la Ley General de Presupuestos, que establece
que las asignaciones presupuestarias a los centros gestores de gastos se efectuarán tomando en cuenta el nivel de cumplimiento de los objetivos en los ejercicios anteriores. Si bien nominalmente existe un presupuesto por programas, su finalidad
última, que es la posibilidad de controlar la eficacia del gasto a través del cumplimiento de los objetivos previstos en la programación presupuestaria y de utilizar esta información en la elaboración de los sucesivos presupuestos, sigue sin calar
en los órganos encargados de la gestión presupuestaria. Nos gustaría que nos dijera, desde su posición y su conocimiento, cuál entiende que deben ser las soluciones eficaces para salvar y resolver esta importante disfunción, soluciones que, como
digo, nos llevarían a saber objetivamente si nuestros presupuestos son eficaces y cumplen las exigencias establecidas en la ley.
Finalmente, en el tercer punto, tenemos que destacar la importancia de la fiscalización, que creo que empezó en el año 2016, de órganos tan importantes como la Fundación Teatro Real 2012, el Instituto Cervantes, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, o la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Están cumpliendo las
recomendaciones con un grado de seguimiento muy importante de eficacia. Eso contrasta -hay que manifestarlo- con la posición del Gobierno, que ha cumplido exclusivamente el 20 %. Hemos tenido una impresión un poco denostada y triste de
instituciones tan importantes como el Instituto Cervantes o el Teatro Real. Creemos que estas fundaciones tan importantes para la cultura han sido marginadas por la crisis económica y, por tanto, han sufrido una situación económica penosa,
reflejada en los propios informes.
Por lo demás, entendemos que hay que destacar esa disfunción entre lo que hacen las instituciones y lo que hizo el Gobierno precedente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Álvarez tiene la palabra.
El señor ÁLVAREZ CABRERO: Gracias, señor presidente.
Señora presidenta del Tribunal de Cuentas, pasaré a hablarle, en primer lugar, del informe 1303, de los riesgos de la internacionalización. Formulan ustedes siete recomendaciones: unas al Gobierno, otras a la Compañía Española de Seguros
de Crédito a la Exportación y otras a esa misma en conjunto con el Consorcio de Compensación de Seguros. Todas ellas lo son para que por el Gobierno se incluyan nuevos supuestos reglamentarios a las normas jurídicas actuales, y es con el objetivo
de evitar situaciones de dudosas opciones de recobro, como las ocurridas en ciertos casos. Por otro lado, recomiendan a los organismos mencionados que soliciten instrucciones del Gobierno, y nosotros entendemos que es para que finalmente se utilice
más la necesaria potestad reglamentaria constitucional en los vacíos que ustedes han comprobado. Por todo ello, hay que desarrollar las leyes que elaboramos en el Parlamento, para evitar las lagunas jurídicas de desarrollo de manera efectiva. Para
ello, sería una buena medida que el aún actual Gobierno utilizara menos el real decreto y mucho más su propia potestad principal, que es la reglamentaria, dictada por la Constitución.
Sobre el segundo punto que abordo, que es el informe de fiscalización sobre entidades del sector público estatal, son muchas y no puedo hablar lógicamente de todas, pero sí que me ha sorprendido el informe de la Fundación Teatro Real. Como
miembro de la Comisión de Igualdad del Senado y también proponente del pacto de Estado, me ha sorprendido el aspecto del cumplimiento de la normativa en materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Ustedes han descubierto que el Plan de
Igualdad suscrito con los representantes sociales en 2010 debió haber sido inscrito por la entidad en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo Estatal. Por lo tanto, señores de la izquierda, mucha fachada con la igualdad ante las
cámaras de televisión, pero luego así estamos en la trastienda.
Por otro lado, el punto tercero y final, el informe número 1299, destaca -ya lo ha dicho usted- la falta de un desarrollo normativo respecto del contenido de los estados provisionales y de las memorias de los programas presupuestados. Estas
deficiencias ya han sido puestas de manifiesto por la Administración, tanto por la propia Dirección General de Presupuestos, como por numerosos gestores de programas que hacen especial hincapié en una falta de desarrollo normativo de las
competencias de las oficinas presupuestarias. Hay unas divergencias entre la Orden del 14 de julio de 1992 y la Orden 657/2007. La primera regula el contenido de los expedientes de modificación de crédito, y establece el deber de adjuntar en todos
los expedientes presupuestarios que afectan a la definición, contenido o dimensión de los objetivos de proyectos de inversión, un estado explicativo de su participación e incidencia respecto a la configuración de activos; y otros que han dado pie a
estas objeciones medulares que han formulado ustedes.
Sin embargo, la Orden 657/2007 no hace mención a la argumentación necesaria en el caso de este tipo de expedientes presupuestarios. Gestores y responsables de departamentos presupuestarios afirman que esta orden sería solo de aplicación a
un número de programas que fueran de seguimiento especial. Bueno, ya lo ha dicho usted y realmente ya conozco su opinión. Esta opinión -también lo ha dicho usted- vaciaría de contenido los objetivos recogidos en la Ley General Presupuestaria, y
ustedes, con muy buen criterio, consideran que debe restablecerse el sistema de seguimiento de objetivos que permite evaluar el cumplimiento de los mismos. Recomiendan revisar configuración, número de programas presupuestarios, etcétera, y
consideran conveniente implementar una pestaña en las páginas web de los ministerios relativas a la transparencia; cosa que en las alegaciones -ya llego a las alegaciones- Hacienda y otros ministerios han dicho que ya lo hacen. En el caso de
Hacienda se ratifican los riesgos asociados a los programas presupuestarios que se consideran inferiores a los de otros ámbitos de gestión, como son la contratación pública, gastos de personal, subvenciones, etcétera.
No obstante, ellos destacan que seguían realizando, por parte de la Administración, la información de control y evaluación de los resultados derivados de la aplicación de sus planes estratégicos. En definitiva, la alegación es muy parecida
a la de Fomento y Política Territorial, pero he aquí que las alegaciones normales de un ministerio, aunque esté regido por diferentes Gobiernos, la continuidad la dan los funcionarios, que ponen en marcha la Administración cada día. Por eso, se
salen de contexto las alegaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación, ministerio refundido -perdóneme que lo diga, pero cuando lo estaba leyendo no sabía si había vuelto al informe de auditoría o estaba en esa alegación-, y por la carga política
y no técnica de esta alegación que nos está describiendo una auditoría de ellos mismos con conclusiones críticas, siempre despectivamente, mirando hacia atrás y, lamentablemente, con saña.
Este grupo está de acuerdo con las recomendaciones de este tribunal, ponderando las aclaraciones que realizaron -como he dicho- en sus alegaciones los departamentos correspondientes, excepto con las alegaciones políticas del departamento de
Ciencia, no válidas ni para un mal programa electoral, aunque se hayan subido la luna.
Finalmente, ánimo a que el Tribunal de Cuentas -se lo digo en tono genérico- demande al Estado todos los medios que sean precisos a ese tribunal, para que su labor y función encomiable siga siendo símbolo de garantía de una democracia
consolidada, limpia y estable, como es la española. Muchas gracias también a todos los miembros de esa institución por la labor que desarrollan. Ojalá que en un futuro se fiscalicen todas y cada una de las administraciones y organismos -la
tecnología creo que nos lo dará- y que no tengamos que hacer, en un futuro, elecciones aleatorias.
Ya para terminar, muchas gracias a todos; en especial a mi portavoz, Javier Fole, por su trabajo que he visto en esta Comisión cuando venía de sustituto, no como titular; y luego por su asistencia a los que somos novatos y que por primera
vez hemos intervenido hoy, y por última por ahora también.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la presidenta del tribunal para responder a las cuestiones planteadas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, señor presidente.
Veo que la mayor parte de las referencias se han hecho al informe relativo al sistema de seguimiento de programas en el área de la Administración Económica de la Administración del Estado. Por ello, voy a iniciar mis reflexiones y mis
consideraciones, precisamente, con este informe.
Me preguntaban ustedes, casi unánimemente, los motivos por los que no existe un seguimiento adecuado de los programas. A estos efectos, quiero señalarles que el sistema de seguimiento de los programas está establecido en la Ley General
Presupuestaria, siendo precisamente la orden que estamos mencionando tanto, la de 11 de julio de 1992, su principal norma de puesta en práctica en relación con el seguimiento de programas. Hay que señalar que en relación con esta orden, el informe
pone de manifiesto que solamente se entiende que es aplicable a los programas de seguimiento especial. En la medida en que desde 2012 no se adoptan estos programas de seguimiento especial -como pone de manifiesto el informe- el sistema de
seguimiento de programas queda vacío de contenido, y ello no solamente por la desaparición de los programas de seguimiento especial, sino porque no hay otra normativa que establezca cómo se ha de hacer el seguimiento de programas.
En el informe se pone de manifiesto que precisamente esa orden, aun cuando no fuera aplicable directamente, debería servir de guía -así se dice literalmente- para el seguimiento de programas. Desde luego, el informe apuesta decididamente
por que ha de realizarse y por la eficacia que tiene realizarlo. A esos efectos, me remito a sus recomendaciones. De hecho, en el mismo se recomienda que se promuevan los cambios normativos -esta es una de las recomendaciones- y se adopten las
medidas que sean necesarias, entre otras cosas, para que se recoja que todos los programas hayan de ser objeto de seguimiento.
Me han preguntado, además, cuáles son los efectos que resultan de la ausencia de seguimiento de los programas se presupuesto. En relación con esta cuestión, quisiera destacar, entre otros efectos, que el que no exista ese seguimiento del
programa de presupuestos hace que el presupuesto se elabore atendiendo a criterios diferentes al del cumplimiento de los objetivos de los centros gestores; impide que se motive la incidencia en los objetivos de las modificaciones presupuestarias;
no permite valorar el cumplimiento de la eficacia en la consecución de los objetivos y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos; dificulta el establecimiento de un sistema de gestión por objetivos en un marco
de programación plurianual; y, además, no atiende a la asignación de recursos en función del grado de consecución de los objetivos del año anterior.
Me preguntan ustedes por soluciones ante esta situación. Bueno, pues ¿soluciones? Las recomendaciones que efectuamos: la que les he comentado de promover cambios normativos para adoptar las medidas necesarias, entre otras cosas, para que
todos los programas sean objeto de seguimiento; que se analice la posibilidad de revisar la configuración y el número de programas presupuestarios, de forma que se facilite su seguimiento; que se promueva mediante la elaboración de instrucciones
una revisión de los objetivos de los programas presupuestarios y sus indicadores de forma que permitan evaluar el grado de consecución de los objetivos; que se intensifiquen el control financiero y las auditorías de seguimiento de los programas
presupuestarios por parte de la IGAE, y que se faciliten a los gestores de programas presupuestarios los medios para la implantación del sistema de control y gestión y la contabilidad analítica que permitan cuantificar los costes de las distintas
actividades desarrolladas y valorar los indicadores para facilitar la toma de decisiones. Es decir, permanentemente en las recomendaciones se aboga por un seguimiento de todos los programas presupuestarios.
En relación con Cesce, el señor Alonso me planteaba el porqué de la recomendación relativa a la inclusión en el Real Decreto 1006/2014 de un nuevo supuesto en el que Cesce pudiera subrogarse formalmente en la titularidad del crédito en el
caso de que en el proceso de recobro se considere aconsejable la subrogación en la titularidad del crédito. Quiero señalar que en la propia recomendación está la razón: para mejorar sus opciones de recobro, porque precisamente es una garantía
adicional a dicho recobro. Es decir, la propia recomendación explica el porqué, el contenido de por qué se efectúa.
Y en relación con el informe referido al seguimiento de recomendaciones, casi todos ustedes han puesto de manifiesto el carácter bastante satisfactorio del cumplimiento de las recomendaciones recogidas en estos informes. Efectivamente, el
cumplimiento es heterogéneo, como por otra parte no podía ser de otro modo, desde la propia entidad pública empresarial Red.es y la filial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, que cumplió el cien por cien de las recomendaciones del
Tribunal de Cuentas y de las resoluciones de la propia Comisión mixta. Ustedes hacían referencia al Teatro Real, que decían que no había cumplido satisfactoriamente. Tengo que decirles que el Teatro Real ha cumplido el 80 % de las recomendaciones
y el 20 % restante las tiene parcialmente cumplidas, con lo cual yo estimo que en su caso el cumplimiento es razonablemente satisfactorio. Menor es el cumplimiento en el caso de las resoluciones de la Comisión mixta, del 50 %, sin embargo el otro
50 % ha sido parcialmente cumplido. El Instituto Cervantes es el que tiene menor nivel de cumplimiento de las recomendaciones y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el caso de las resoluciones de la Comisión mixta. Creo que con esto he
dado respuesta prácticamente a todas sus consideraciones y a todas sus dudas.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De la Fuente.
BLOQUE VI:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DURANTE EL PERIODO 2010 A 2015, PARA EL
COBRO, REDUCCIÓN Y CONTROL DE LAS DEUDAS CONTRAÍDAS POR LOS CLUBES DE PRIMERA Y DE SEGUNDA DIVISIÓN (CATEGORÍAS 'A' Y 'NO QUINIELAS'), DETERMINANDO SU COMPOSICIÓN ACTUAL. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000273 y número de
expediente del Senado 771/000269).
El señor PRESIDENTE: Para finalizar con la exposición de informes, pasamos al bloque VI, integrado solamente por un informe, que es el de fiscalización sobre el cumplimiento de la legalidad en las actuaciones realizadas por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y por la Administración de la Seguridad Social durante el periodo 2010 a 2015, para el cobro, reducción y control de las deudas contraídas por los clubes de primera y de segunda división, categorías A y no
quinielas, determinando su composición actual.
Tiene la palabra de nuevo la señora De la Fuente.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de una fiscalización de cumplimiento realizada a iniciativa de las Cortes Generales, en virtud de la resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de 9 de febrero de 2017. Se dirige a verificar la
adecuación de las actuaciones desarrolladas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Administración de la Seguridad Social a la normativa aplicable en relación con las deudas de los clubs de fútbol. Se han analizado en concreto
las deudas en las que hubieran incurrido 227 clubs de fútbol que participaron en algunas de las competiciones oficiales en primera división, segunda división A y segunda división B en alguna de las temporadas del periodo fiscalizado, ejercicios 2010
a 2015. Las actuaciones fiscalizadoras se han referido a las actuaciones realizadas por la Agencia Tributaria y por la Seguridad Social en relación con las deudas posteriores a los planes de saneamiento de 1985 y 1991, por lo que su ejecución no ha
tenido reflejo en los resultados de fiscalización. Me refiero a la ejecución relativa a estos planes de saneamiento.
En relación con la deuda tributaria de los clubs de fútbol, el informe pone de manifiesto que esta ha ido disminuyendo de manera relevante y continua a lo largo del periodo fiscalizado, pasando de 635 millones de euros al cierre de 2010 a
menos de 218 millones a finales de 2017, lo que supone una reducción del 66 %. La mayor disminución la experimentaron los grandes clubs, dado que mientras en 2010 el 92 % de la deuda tributaria se concentraba en los equipos de primera y segunda
división, en 2017 la deuda de los clubs de primera división era inferior a la de los de segunda división B, que además presentaban la mayor deuda pendiente en vía ejecutiva, encontrándose gran parte de ella -el 91 %- en fase de embargo. Cabe
considerar que en los últimos años la deuda tributaria de los clubs de fútbol más que un problema del sector es consecuencia de un problema de insuficiencia financiera de ciertas entidades, al suponer la deuda de 10 clubs más del 75 % de la deuda
pendiente y la deuda de 13 clubs más del 85 % de la deuda en periodo ejecutivo de todos ellos. Tengan en cuenta que hemos analizado 227 clubs.
La cancelación de deuda tributaria durante el periodo fiscalizado supuso un total de 1927 millones de euros, el 85 % mediante su ingreso en la Hacienda Pública y el resto sin ingreso por alguna de las causas previstas legalmente. Respecto
de estas últimas, destacan las resoluciones judiciales favorables a los contribuyentes, las quitas en procedimientos concursales y la declaración de deudas como incobrables. El 89 % de los clubs declarados fallidos se encontraban en segunda B y
categorías inferiores, se habían extinguido o estaban en proceso de liquidación, concentrándose en 6 clubs el 95 % de los créditos incobrables a finales de 2017. No obstante, estos créditos pueden ser objeto de rehabilitación, por lo que a la deuda
activa al final del periodo fiscalizado, los 218 millones de euros, se puede sumar el saldo de los incobrables, los 31 millones de euros, para obtener el total de la deuda que podría cobrarse, 249 millones de euros.
En materia de aplazamiento y fraccionamiento de deuda, el informe señala que la Agencia Tributaria aplicó a partir de 2014 cambios normativos y criterios que hicieron mucho más restrictiva su concesión. Sin embargo, se han detectado
concesiones de aplazamientos de las retenciones de IRPF después de su prohibición así como deudas aplazadas con dispensa total de garantías sin haberse requerido la documentación prevista para ello.
Por lo que se refiere a las actuaciones de embargo y realización de bienes y derechos, se indica que la Agencia Tributaria dictó 5094 diligencias de embargo. Los clubes carecen en general de activos tangibles, puesto que en la mayoría de
los casos los estadios son de titularidad municipal, por lo que son escasos los embargos de bienes inmuebles. En ningún caso de embargo se llegó a la enajenación de los bienes trabados para el cobro de la deuda. Por otra parte, la Agencia
Tributaria dictó acuerdos de derivación de responsabilidad hacia los administradores y otros responsables del club, que afectaron a 12 clubes por un total de 23 199 millones de euros, por lo cual se lograron ingresar importes derivados de 5836
millones.
En cuanto a las actuaciones de inspección, se levantaron 198 actas correspondientes a un total de 36 clubs de fútbol inspeccionados por un importe total liquidado de 56,5 millones de euros. Del análisis de los convenios de la Agencia
Tributaria con los clubs en concurso se observa que en el periodo fiscalizado 46 clubs de fútbol estuvieron incursos en procesos concursales. Esto en cuanto a las deudas tributarias.
En cuanto a la deuda con la Seguridad Social, se señala en el informe que la misma tuvo un incremento relevante en la temporada 2011-2012 por los clubs de primera división, minorándose de forma paulatina hasta llegar a su nivel mínimo en
2017. En cambio, la deuda de los clubs de segunda división A y B se encontraba en niveles similares a los de 2010, habiéndose incrementado en dicho periodo la de los clubs de categorías inferiores a las anteriores. La deuda total pendiente de pago
de los clubs a 31 de diciembre de 2017, incluyendo la que estaba en situación de aplazamiento y los intereses de demora devengados, ascendía a 38 millones de euros, a la que cabe añadir la de los deudores calificados como incobrables provisionales
por valor de 6 millones, ascendiendo a un total de 44 millones. Prácticamente el 80 % de la
deuda contabilizada a finales del ejercicio 2017 se encontraba en vía ejecutiva, mientras que el 20 % restante corresponde a deuda en periodo voluntario, si bien deudas por valor de 2,6 millones estaban en dicha situación desde hacía cuatro
años. No obstante lo anterior, los registros contables de altas y bajas de deudas se encuentran sobrevalorados.
En relación con los aplazamientos vigentes, un total de 117 de los mismos fueron incumplidos por los clubs de fútbol, lo que supone más de la mitad de los concedidos en el periodo fiscalizado, cuestionándose su concesión como procedimiento
de cobro de deudas generadas. En ocasiones se ha detectado la concesión simultánea de dos aplazamientos a una misma persona jurídica por la transformación de los clubs en sociedades anónimas deportivas, puesto que tenían dos NIF distintos. En
tales casos, la deuda generada por la sociedad anónima no ha sido considerada a efectos de formar parte de la deuda aplazada como club de fútbol o para denegar su concesión.
Respecto del procedimiento de recaudación en vía ejecutiva, en numerosas ocasiones las actuaciones resultaron infructuosas -me estoy refiriendo a la deuda con la Seguridad Social-, lo que dio lugar a la declaración de créditos incobrables
con carácter provisional por 6 millones de euros o definitivo por 6,8 millones. En solo 2 de los 32 expedientes analizados se emitió la resolución administrativa de extinción definitiva del crédito incobrable, vulnerando en el resto de expedientes
la obligación de finalizar el procedimiento mediante resolución motivada prevista en la normativa.
En materia de deudores incursos en un procedimiento concursal, las aplicaciones informáticas de la Tesorería General de la Seguridad Social presentan debilidades en la actualización de la información, pudiendo generar falta de control de la
deuda en situación concursal. En la mayoría de los procedimientos concursales con convenios aprobados, el porcentaje de quita aprobado se eleva al 50 % de los créditos ordinarios y subordinados, llegando incluso hasta el 85 %, provocando pérdidas
en el patrimonio de la Seguridad Social, cuantificable en más de 6 millones de euros. En numerosas ocasiones los plazos de espera aprobados en los convenios superan los cinco años previstos en la Ley concursal y llegan a elevarse hasta treinta y
cuatro años, finalizando entre 2025 y 2037.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Ramírez tiene la palabra.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora De la Fuente. Hemos dejado el fútbol para el final y, parafraseando a Valdano, diré que es un reflejo de nuestra indiosincracia, porque nuestro fútbol también vivió de un pelotazo. En cuestión de dos décadas en el fútbol se
combinó un ascenso prácticamente ininterrumpido de los ingresos con la alegría a la hora de permitirse aplazamientos de los tributos, y la fiesta del apalancamiento financiero colapsó al llegar la crisis, disparando todavía más las deudas. Los
equipos más dañados eran aquellos que subían de categoría -aumentaban sus gastos en consecuencia- pero luego descendían de división y no podían mantener su estructura, lo que en el resto del mundo llamamos ajustarse el cinturón para dejar de vivir
por encima de nuestras posibilidades.
Es cierto, según relata el informe, que durante los últimos años se ha producido una disminución continuada y relevante de la deuda tributaria de los clubs de fútbol -algo que nos parece una muy buena noticia-, que ha pasado, tal y como nos
ha dicho la presidenta del Tribunal de Cuentas, de 635 millones de euros a finales de 2010 a los 218 millones a finales de 2017. Nos parecía fundamental para devolver la credibilidad en la Agencia Tributaria y sobre todo para devolver la convicción
al conjunto de la ciudadanía de que no hay privilegios para los equipos de fútbol, ni para los de primera ni para los de segunda, para ninguno. Esta reducción de la deuda de los clubs de fútbol se debe en gran parte al protocolo de medidas de
control económico, similares al fair play financiero, que firmó la UEFA, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Consejo Superior de Deportes y La Liga a finales de abril de 2012. Tal y como nos ha dicho la señora De la Fuente, de la
cancelación de la deuda solo una parte pequeña se debe a créditos incobrables y el 89 % de los clubs de fútbol que se encontraban declarados fallidos en 2017 están en proceso de liquidación o competían en categorías inferiores de las profesionales y
de la segunda B. El importe de estos créditos incobrables, que asciende a 31 millones, tal y como nos ha dicho la señora De la Fuente, estaba ya cancelado y no se reflejaba en los saldos de deuda activa pendiente, aunque sobre los clubs declarados
fallidos se puede todavía seguir realizando acciones legales y de comprobación e investigación en tanto no se haya producido la prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago y pudiendo ser, por lo tanto, objeto de rehabilitación.
Esperemos que se pueda cobrar el conjunto de la deuda.
Nos parecen especialmente preocupantes las debilidades de las aplicaciones de la tesorería y su posible efecto en el quebranto de las cuentas de la Seguridad Social en cuestión de los clubs de fútbol. Y esto, que nos parece bien para el
fútbol, a Podemos y al PSOE no les gusta nada para el Estado. Ustedes han intentado cargarse el marco de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fiscal durante toda la legislatura para poder gastar sin reglas, sin límites y a sus anchas. Desde
luego, para nosotros los ocho meses de Sánchez han resultado inquietantes porque con ese ministro de Economía y Hacienda, el señor Iglesias, es fácil frenar la recuperación económica; además, les digo una cosa: se puede ser keynesiano, por
supuesto que sí, pero hay que serlo en las dos partes del ciclo y, como ustedes saben, para poder sostener la economía y garantizar la red de apoyo social hay que rehacer reformas en la parte buena del ciclo, no como ustedes, que hicieron unos
presupuestos generales que subían impuestos, que disparaban aún más el gasto y que además no cuadraban las cuentas.
En cualquier caso y para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento a la presidenta del Tribunal de Cuentas y, por favor, hágalo extensivo al conjunto del equipo, a los miembros del Tribunal de Cuentas, porque han hecho y siguen haciendo
un trabajo ímprobo; ellos fundamentales para devolver un poco la cordura a la Administración de este país. Créame que cuando nosotros ponemos algún pero es en aras de mejorar, nada más; solo aportamos para intentar mejorar. Y, por supuesto, doy
las gracias a la Mesa de esta Comisión, a su presidente y a todos sus miembros, y, cómo no, a la letrada; así mismo, a los funcionarios de la Cámara, que nos han tenido que sufrir las largas y tediosas horas de sesiones que hemos tenido, y a todos
los compañeros de esta Comisión, con los que puedo tener discrepancias pero saben que les tengo un cariño especial a todos porque el tono siempre ha sido amable y espero que siga siendo así. Creo -lo digo de verdad- que nos podemos sentir muy
orgullosos del trabajo que hemos realizado estos tres años. Nos hemos puesto al día. Esta Comisión iba con un retraso de varios años y en tres años hemos hecho el trabajo de siete.
Muchísimas gracias a todos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Para finalizar tratamos el bloque acerca del informe de fiscalización sobre la deuda tributaria y con la Seguridad Social de los clubs de fútbol, y empezamos a hacerlo con una intervención por parte del señor portavoz de Ciudadanos que casi
es una falta dentro del área porque busca, sin venir a cuento, tratar de descalificar unos presupuestos que no salieron adelante, lamentablemente, por el bloqueo de las derechas de este país, que no miran las cuentas ni las políticas sino sus
intereses partidistas y lo único que pretenden es hablar de Cataluña, pero como creo que esta Comisión se caracteriza por el fair play, voy a continuar hablando del informe y no voy a hacer más referencia al resto de portavoces.
El informe muestra que en 2017 los clubes de fútbol debían a Hacienda 218 millones de euros y otros 31 millones a la Seguridad Social, una cifra que parece escandalosa a priori pero que es mucho menor que la que debían unos años antes, como
señala el informe; los 635 millones de euros que debían en el año 2010 se han reducido en un 66 %. Las obligaciones que generaron los clubes con Hacienda se deben fundamentalmente al impago de IRPF por parte de varios equipos que no cumplieron con
su obligación de retener, fundamentalmente a los jugadores de fútbol, sumado también al impago de IVA en el caso de Hacienda. Durante estos años la Agencia Tributaria parece que cercó estos comportamientos por parte de los clubes de fútbol y
consiguió reducir en gran medida esa deuda emitiendo 5000 diligencias por embargo, abriendo 51 expedientes y levantando 198 actas, cinco de ellas por delito fiscal, lo cual valoramos profundamente, pero nos gustaría que los clubes de fútbol que han
tenido estos comportamientos durante estos años hubieran sido más diligentes, ya que la rebaja de la deuda también vino en gran medida producida por la cancelación practicada por la propia Agencia Tributaria, por unas quitas de deuda que, si no
tengo mal anotadas, son 289 millones de euros en ocho años. Se trata de quitas muy importantes, que ascienden a más del 50 % en algunos casos en la deuda consolidada. Creemos que no es una buena práctica y nos gustaría conocer la opinión de la
presidenta del Tribunal de Cuentas sobre si este comportamiento, este procedimiento es normal o se trata de algún tipo de privilegio a determinadas entidades que desde que se promulgó la Ley del fútbol realmente funcionan como sociedades anónimas y
no tienen ningún tipo de calidad jurídica diferente a cualquier otra empresa, a pesar de que tengan un respaldo social mayor que la mayoría de las empresas.
Para terminar, como probablemente sea la última intervención en presencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas -no sé si tendremos oportunidad de intervenir el próximo miércoles-, querría valorar el trabajo que se ha hecho en esta
Comisión en materia de revisión y debate de los informes, así como el trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas. Ha sido un placer poder contribuir a desatascar el colapso que había en materia de revisión de informes en esta Comisión, pero
también tengo que señalar que ha sido una pena que no hayamos tenido la oportunidad de abordar en esta legislatura una necesaria reforma del Tribunal de Cuentas para asegurar un funcionamiento más independiente y dotarlo de herramientas para
realizar fiscalizaciones que vayan más allá de la mera revisión contable sino que puedan llegar a hacer un verdadero trabajo de auditoría de gestión en la línea de lo que planteaba el informe de revisión entre pares. Creemos que hay mucho por
avanzar en el Tribunal de Cuentas. Agradecemos también que la actual presidenta haya solventado algunos de los déficits que arrastraba el mandato del anterior presidente del Tribunal de Cuentas, caracterizado por la manga ancha con determinados
tratos de favor y de nepotismo dentro del propio Tribunal de Cuentas, que creemos que ya no son tan graves, aunque lamentamos que se sigan produciendo. También lamentamos que no se nos haya permitido por parte de la Mesa de está Cámara proceder a
solicitar comparecencias de la presidenta del Tribunal de Cuentas, o al menos tramitarlas, para hablar de cuestiones ajenas a los informes, comparecencias relacionadas con el procedimiento y funcionamiento interno del Tribunal de Cuentas. Creemos
sinceramente -y esto ya lo hemos dicho varias veces- que el Tribunal de Cuentas, como órgano fiscalizador, tiene que tener un comportamiento ejemplar porque es fundamental de cara a mejorar la eficacia del gasto público. Por lo tanto, cualquier
controversia interna tiene que ser explicada a la ciudadanía precisamente para recuperar la confianza en él.
Termino ya, simplemente agradeciendo a todos los diputados y diputadas, especialmente a los de mi grupo parlamentario, que semana tras semana han estado aquí trabajando muy duramente para defender los informes, a todos los técnicos y
técnicas que están detrás de esta Comisión, a las taquígrafas, a la letrada y también al presidente del Tribunal de Cuentas con el que, pese a nuestras diferencias, creo que hemos tenido un trato agradable y correcto durante estos años.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Voy a volver a decirlo otra vez, queda una Comisión y este presidente les dejara hablar en la próxima Comisión. (Risas). Yo no sé si es que no piensan venir, realmente me tienen preocupado, pero en cualquier caso les hago esta advertencia.
El señor Hurtado, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor HURTADO ZURERA: Sí, pero yo creo que lo va tener que decir otra vez (risas), porque en la próxima Comisión no vamos a tener aquí a la presidenta del Tribunal de Cuentas.
Buenas tardes, yo creo que tenemos que estar todos satisfechos del trabajo que hemos venido desarrollando, muy satisfechos. Se ha puesto de manifiesto que tenemos un Tribunal de Cuentas que desarrolla de forma adecuada las funciones que le
corresponden -las funciones de control- en momentos muy complicados, en momentos en los que han salido a la luz temas muy difíciles de comprender por parte de la ciudadanía, pero yo creo que el Tribunal de Cuentas ha estado a la altura de las
circunstancias. Yo, como portavoz socialista, quiero agradecer a todo el personal del Tribunal de Cuentas, no solamente a los consejeros sino también a los auditores, a los letrados y a todo el personal que tiene el Tribunal de Cuentas y -¡cómo
no!- a los que han sido sus dos presidentes en esta legislatura, al señor Álvarez de Miranda y a la señora De la Fuente, su trabajo. Han hecho una magnífica labor y siguen haciendo una magnífica labor porque es una cuestión de garantías
constitucionales para el ejercicio de la Función pública la que desarrolla este Tribunal de Cuentas. Por tanto, reconocemos esa magnífica labor y les animamos a que la sigan desarrollando igual o mejor, si es posible. Desde aquí queremos que se dé
traslado de nuestro agradecimiento a todo el personal del Tribunal de Cuentas.
También quiero agradecer a la Comisión en general, a esta Comisión mixta y señalo al presidente. Yo creo que él ha marcado un ritmo muy importante; se ha demostrado incansable y su objetivo lo ha cumplido porque todo se ha visto, no queda
nada pendiente. Ese ritmo lo ha marcado él; nosotros hemos seguido ese ritmo y creo que también tiene mérito el seguir ese ritmo marcado. Insisto, partíamos de muchísimos expedientes ya prácticamente olvidados en el cajón y hoy podemos decir que
estamos al día y que lo que llega a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas es lo último que ha visto en la última sesión el propio pleno del Tribunal de Cuentas. Por tanto, mi agradecimiento al presidente; cómo no, a la letrada,
porque le ha correspondido también un trabajo intenso, y a todo el personal de está Cámara, no solamente a las taquígrafas, al personal de sonido, a los ujieres y, en definitiva, a todo el mundo que de alguna forma ha contribuido al buen
desarrollo de este cometido. Y cómo no, al resto de portavoces y miembros de los distintos grupos parlamentarios en esta Comisión. El portavoz del PP decía que su grupo estaba en la excelencia; yo tengo que decir que mi grupo está más allá de la
excelencia en la calidad parlamentaria. (Risas). Por tanto, a mi grupo un cariño muy especial.
Voy al fútbol, porque se trataba de hablar de fútbol. Yo creo que justamente acabamos con un expediente que es muy significativo de cómo las cosas se pueden ir mejorando con un mayor control. Los datos son aplastantes. La deuda tributaria
de los clubes en 2010 era de 635 millones de euros y en 2017 quedaba en 218 millones de euros; la Seguridad Social bastante menos, porque la deuda es de 31 millones de euros. Se pone de manifiesto también en el informe que la deuda ha quedado
principalmente entre los clubes de inferior categoría. Los de primera división están prácticamente al día o han saneado sus cuentas sustancialmente. Eso se debe a algo que se ha impulsado con el control tanto interno como externo: las actuaciones
de seguimiento específicas sobre las deudas tributarias y la Seguridad Social de los clubes de fútbol. Gracias a ese seguimiento hoy en día podemos estar muy orgullosos de esos resultados. Pero el expediente -ahí está la importancia- sigue
diciendo que hay que mejorar, y nos indica perfectamente cómo se puede mejorar esta gestión recaudatoria, tanto de la Agencia Tributaria como de la Seguridad Social. Se pone de manifiesto que hay que seguir depurando deudas. Tanto en la agencia
como en la Seguridad Social sigue habiendo deudas que tienen que ser objeto de esa depuración técnica. Por otra parte, la mejora de la aplicación informática. Hoy en día toda la gestión recaudatoria está en aplicaciones informáticas, que en
algunos casos hay que mejorarlas, como pone de manifiesto el propio tribunal, pero en otros casos, por ejemplo en la fase concursal, hay que crearlas porque ni tan siquiera existen en estos momentos. Y también se pone de manifiesto algo que es muy
importante y en lo que quiero poner un especial acento, la transformación jurídica de los clubes. Hay que conseguir que se asuman las responsabilidades que corresponden y que esa artimaña que utilizan de liquidar y luego comprar la marca para crear
una nueva personalidad jurídica y estar liberado de esa deuda, tanto tributaria como de la Seguridad Social, no se dé y que las responsabilidades lleguen hasta su último término. Es muy importante que eso se consiga.
Por otra parte, poner en marcha la comisión de seguimiento. Por lo pronto, el Real Decreto 2/2018 creó esa Comisión de seguimiento de los derechos audiovisuales. Se ha tardado, pero ha sido este Gobierno quien por fin la ha constituido.
Es muy importante para poder saldar las deudas tanto de la agencia como de la Seguridad Social porque ahí hay un montante económico muy sustancioso de los ingresos de los clubes de fútbol. Particularmente se hace mención también a mejoras en lo que
puede ser, por ejemplo, Seguridad Social en cuanto no facilitar tanto el sistema de aplazamientos e incluso ser mucho más exigentes con las garantías de la deuda. O también, en el caso de la Agencia Tributaria, seguir desarrollando los expedientes,
en este caso electrónicos, y por otra parte reducir sustancialmente el tiempo de gestión de los acuerdos judiciales que se llevan a cabo. Yo creo que hay que seguir en ese sentido. Se ha conseguido mucho, hay que mejorarlo y estoy seguro de que en
esa línea el Tribunal de Cuentas dirige la atención de este Parlamento y del Gobierno. Por tanto, y concluyo, agradezco el trabajo desarrollado y creo que nos podemos sentir muy orgullosos todos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Juncal tiene la palabra.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora presidenta, bienvenida de nuevo a esta sesión de la Comisión, última de sus comparecencias. Nos queda otra sesión, como ha recordado el señor presidente, pasado mañana, pero su comparecencia es la última. Por lo tanto, quiero
despedirla felicitándola por el trabajo. Usted representa a todo el tribunal y, para no ser tan extensivo como el señor Hurtado, personalizó en usted todas las felicitaciones y los agradecimientos por el trabajo realizado en el Tribunal de Cuentas.
Con relación al informe, voy a ser bastante breve. Es un informe extenso y, por lo tanto, refleja claramente la situación. Quiero mostrar nuestra satisfacción por el funcionamiento de la Agencia Tributaria, como todos los datos reflejan:
disminución notable de la deuda en todos los conceptos. Indudablemente, donde hay problemas -en el sentido de que han quedado cantidades apuntadas en la barra de hielo- es en los clubes pequeños en situación de concurso. Preguntaba el señor
Rodríguez por el tema de las
quitas, y es que en los concursos judiciales, en las situaciones concursales, se dan las quitas que no se pueden dar en el régimen ordinario. Es evidente que la evolución durante estos últimos seis años ha sido muy favorable.
Hay una cuestión que quería preguntarle. Tras la lectura del informe -creo que también fue el señor González el que hizo la observación- me quedé un poco preocupado -aunque no sé si es que yo no lo he visto con claridad- por la efectividad
de la Seguridad Social. Tengo la impresión de que no tiene el mismo nivel de eficacia la Tesorería de la Seguridad Social que el Ministerio de Hacienda a través de la Agencia Tributaria. No sé si es una percepción mía equivocada o realmente la
Seguridad Social tiene -aunque es una deuda notablemente inferior- más dificultades, bien por eficiencia o bien por algún otro motivo.
El señor Ramírez ha hecho un comentario sobre Keynes que me ha gustado. Señor Ramírez, Keynes decía que en los ciclos con crisis el Estado tenía que tener un papel de endeudamiento y en los ciclos positivos tenía que aprovechar y recaudar
más para amortizar; el problema es que al Partido Popular le ha tocado, las dos veces que ha gobernado, la herencia de una deuda de caballo, por lo que no ha podido nunca disminuir la deuda al nivel que le hubiese gustado.
Por mi parte nada más. Agradezco a todos mis compañeros el trabajo realizado durante estos años. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.
Para responderles, tiene la palabra, de nuevo, la señora De la Fuente.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, señor presidente.
En relación con las cuestiones que han planteado, el señor González me preguntaba si las quitas practicadas constituyen un privilegio. Quiero decirle que, a veces, no hay activos realizables. Ya le he comentado anteriormente que los clubes
de fútbol no son ni siquiera titulares de los estadios, que suelen ser municipales. Por tanto, la única forma de resolver el pago de deudas es haciendo una quita, porque, si no, no es posible hacer el cobro.
El señor Juncal me pregunta si no es igual la eficacia de la Tesorería General de la Seguridad Social que la de la Agencia Tributaria, dado que se ha satisfecho en mayor medida la deuda tributaria que la deuda con la Seguridad Social. A
estos efectos, quiero señalar que en el informe hay dos partes diferenciadas y distintas, porque no se está fiscalizando a los clubes de fútbol, sino que se están fiscalizando las actuaciones que realizan las dos entidades implicadas en los dos
tipos de deudas que generan los clubes de fútbol. En consecuencia, estamos hablando de deudas distintas, procedimientos distintos, herramientas distintas. No es que sea más eficaz una entidad que la otra cobrando, es que tienen procedimientos
distintos y son diferentes las fórmulas que utilizan para obtener los reintegros y los aplazamientos. En definitiva, el régimen jurídico es diferente y, por lo tanto, me parece arriesgado decir si una entidad es más eficiente que la otra a la hora
de cumplir sus obligaciones.
El señor González se quejaba de un penalti, ya que estábamos hablando de fútbol, y quizás yo tenga que hacer lo mismo. Lo único que quiero poner de manifiesto al respecto es la absoluta independencia del Tribunal de Cuentas, y creo que se
ha demostrado en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal de Cuentas tiene que hablar a través de los informes, mociones y notas que realiza en los procedimientos que tramita; a través de la actualización de las tecnologías de la información y
de la racionalización de los procedimientos de régimen interior, y a través de la transparencia que representa el peer review, como el que usted hizo al inicio del mandato de mi predecesor, el señor Álvarez de Miranda; quedó totalmente al
descubierto -porque cubrió todas las áreas de gestión del tribunal- ante terceros, que hicieron de forma absolutamente independiente su fiscalización y que lo primero que pusieron de manifiesto fue que no había ningún elemento que hiciera dudar de
la independencia del tribunal. Esa fue la primera afirmación del peer review. También quiero destacar el trabajo enorme del tribunal por cumplir esas recomendaciones del peer review y el acto de transparencia que supuso por parte de mi predecesor
comparecer ante ustedes a petición propia para explicar las cuestiones que en aquel momento se pusieron de manifiesto respecto del Tribunal de Cuentas. En consecuencia, no puedo más que afirmar y dejar patente la independencia del tribunal y su
voluntad de mejorar -todos somos perfectibles-, pero también el respeto a los procedimientos en todos los ámbitos de su gestión interna.
No puedo más que unirme a las palabras que han tenido ustedes, precisamente porque esta es la última reunión de esta Comisión. He tenido ocasión de comparecer ante ella durante muy poco tiempo, porque mi primera vez fue en el mes de
septiembre. Créanme que tengo pena de que no siga en
funcionamiento, porque me he sentido extraordinariamente considerada por todos ustedes. Han sido muy amables conmigo, han demostrado en todo momento su interés por los informes del tribunal y han manifestado su curiosidad por saber,
profundizar y conocer más. También se han manifestado fervientes apoyos a las recomendaciones del tribunal, poniendo de manifiesto con ello que llevamos a cabo una función útil y que ustedes también lo entienden así. Les dije en mi primera
comparecencia que sería un fracaso para el control que las irregularidades se siguieran produciendo y, afortunadamente, en las últimas comparecencias hemos visto cómo las irregularidades se van superando.
Quisiera felicitar a esta Comisión y también al Tribunal de Cuentas por la parte que le toca en la enorme labor de actualización y aproximación de la presentación de los informes y la aprobación de las resoluciones de la Comisión mixta. Es
cierto que el hecho de que haya un retraso, un espacio entre la aprobación de un informe de fiscalización y la presentación ante el Parlamento, da la impresión de que se aleja todavía más el control de la gestión. Si al hecho de que nuestro control
es ex post -nos tenemos que sujetar a la rendición de cuentas que normalmente tiene lugar en octubre del siguiente año- añadimos retrasos en la emisión de informes y en la presentación ante la Comisión, realmente estamos quitando el valor de la
oportunidad que tienen nuestros informes. Por eso quiero poner en valor que en los últimos años se hayan presentado ante esta Comisión cuatrocientos informes, lo que es un récord, creo yo. Vuelvo a dar las gracias a todos ustedes por ese gran
trabajo que han hecho y también a los presidentes que ha tenido esta Comisión.
Asimismo, quiero agradecer muy cordialmente el trabajo realizado por mi predecesor, porque si para mí ha sido duro -se lo aseguro- traer dieciocho informes hoy, mi predecesor traía prácticamente dieciocho informes cada día que venía, porque
él ha sido quien ha presentado esos cuatrocientos informes. No puedo sino felicitar también, como hago con ustedes, a Ramón Álvarez de Miranda y señalar que el trabajo que nosotros les hemos traído solamente ha sido posible gracias a los grandes
profesionales que tiene el tribunal. En todas mis intervenciones pongo de manifiesto que tenemos la suerte de disfrutar de profesionales de altísima cualificación y de enorme dedicación, y se lo digo porque tengo experiencia; ingresé en el
tribunal en mi función pública hace casi veintiséis años y he vivido sobre el terreno cómo trabaja el personal del tribunal, aunque estoy segura de que es igual respecto del resto de la Administración. Quiero agradecérselo al máximo, así como
animarles desde aquí para que sigan con ese compromiso hacia la institución y hacia lo que representa, que es el control, como garantía de democracia y de Estado de derecho y como compromiso con los ciudadanos.
Así pues, señores parlamentarios, señor presidente, señora letrada, estenotipistas, todos lo que han hecho posible este tiempo, muchísimas gracias. Termino como empecé, diciendo que lamento que nuestra relación haya sido tan corta.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Antes de despedir a la presidenta del tribunal, entenderán ustedes que este presidente también se dirija a ella, sin perjuicio de que el próximo día, como ya he dicho, les conceda la palabra.
Quiero felicitar y agradecer el ingente trabajo que ha hecho el Tribunal de Cuentas en esta última legislatura. Cuando uno analiza el devenir en el tiempo de la institución, ve cómo en estos últimos años el trabajo se ha multiplicado de
forma exponencial; basta con mirar los informes que se hacían no hace muchos años y los que se hacen ahora, fundamentalmente, sin rebajar la calidad, es más, me atrevo a decir que la calidad de los informes ha mejorado de forma importante. Además,
incluso en momentos complicados se han traído a esta Comisión informes difíciles que, a juicio del que les habla, han mantenido la imparcialidad a pesar de las fuertes presiones que en momentos muy concretos había. De ahí, mi felicitación y
agradecimiento.
Asimismo, y como no puede ser de otra forma, quiero agradecer -y lo hago pensando en Ramón Álvarez de Miranda y, por supuesto, en la presidenta que aquí nos acompaña- la importante colaboración con esta Comisión. Quiero resaltar la buena
disposición, el esfuerzo tremendo que se ha hecho -lo decía ahora la presidenta-, porque resumir tantos informes es complicado, con tantos folios que hay detrás, pero al final era la única forma posible de hacerlo. También quiero destacar la buena
disposición para con este presidente. Yo creo que, al final, esta Comisión ha hecho un trabajo importante; todos ustedes saben el reto que teníamos al principio de esta legislatura, que sin esta colaboración y este esfuerzo no hubiera sido
posible.
Quiero desearle a la presidenta actual todo tipo de éxitos y que siga trabajando y perseverando de la misma forma que hasta ahora; evidentemente, todo es mejorable en la vida y a mí no me cabe la menor duda de que ella lo va a conseguir,
porque es una persona de firmes convicciones. Yo también pienso que el Tribunal de Cuentas hace las cosas mucho mejor de lo que pensamos a veces; muchas veces lo que se hace fuera nos impide valorar lo que aquí hacemos bien, y creo que el trabajo
del tribunal está muy reconocido y prestigiado en el exterior. Estoy convencido de que la señora De la Fuente todavía llevará ese prestigio más lejos. Por tanto, no me queda más que desearle lo mejor. También quiero felicitar a todos los equipos
que la han acompañado, que siempre están sentados ahí, en estas sesiones maratonianas, y que permanecen inmutables como si esto no agotara, cuando realmente es agotador. Al final ha sido una labor de todos, así que muchas gracias a todos.
(Aplausos).
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES CONTRARIOS A REPAROS FORMALIZADOS POR LOS INTERVENTORES LOCALES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA Y LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS,
ASÍ COMO SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON OMISIÓN DEL TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000270 y número de expediente del Senado 771/000270).
El señor PRESIDENTE: Señorías, procedemos a la votación de las propuestas de resolución del informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales de las entidades locales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, del ejercicio 2016.
Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 2, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada.
Propuesta número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada.
Propuesta número 4, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 16; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 5 a 8, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.
Propuesta número 9, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 11, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Les ruego un segundo a sus señorías. (Pausa). Hay que repetir la votación porque en el Grupo Parlamentario Popular no todo el mundo ha votado en el mismo sentido y, por lo tanto, no se puede aplicar la regla de la
ponderación.
Se repite la votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL EN DESEQUILIBRIO FINANCIERO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000271 y número de expediente del Senado 771/000268).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe de fiscalización de las sociedades mercantiles del sector público local en desequilibrio financiero.
Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 2, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; en contra, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 3 a 7, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.
Propuesta número 8, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 9 al 13, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.
Propuesta número 14, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Las propuestas números 15 y 16 se votarán con las modificaciones acordadas por Mesa y Junta de Portavoces en su reunión del 19 de febrero de 2019, así como el resto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 16; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas 17 y 18, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN RELATIVA AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN, APROBADOS POR SU PLENO EN LOS AÑOS 2013 Y 2014, SOBRE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LAS
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO EN LAS RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESPECTO A DICHOS INFORMES. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000276 y número de expediente del Senado 771/000271).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización relativo al seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en los informes de fiscalización aprobados por el Pleno en los años 2013 y 2014, sobre la contratación
celebrada por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como en las resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas respecto a dichos informes.
Propuestas número 1 a 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 16; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 8, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en los términos que se acordaron en la reunión de la Mesa celebrada el 19 de febrero de 2019 en el sentido de instar al Gobierno a que proponga
'dictar' en lugar de 'proceder'.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 16; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 9 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Resto de propuestas de Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO POR LAS EMPRESAS ESTATALES NO FINANCIERAS DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN INFORMES DE FISCALIZACIÓN Y EN UNA NOTA DE SEGUIMIENTO, SOBRE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN, LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DESTINADAS A LA RACIONALIZACIÓN Y REORDENACIÓN EN LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013 Y PROVISIONES RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INTERINVEST, S.A. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000279 y número de expediente del Senado 771/000274).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del grado de cumplimiento por las empresas estatales no financieras de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en informes de fiscalización, y en una nota de seguimiento sobre
procedimientos de contratación, la ejecución de medidas destinadas a la racionalización y reordenación de los ejercicios 2012 y 2013, y provisiones relacionadas con el contrato de compraventa de Interinvest, S.A.
Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 9; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 2 a 5 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 7 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 25; en contra, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 8 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas 9, 10, 12, 13, 14 y 15, advirtiendo que la 10 y la 12 tienen una modificación en el sentido de instar al Gobierno a proponer en lugar de proceder.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 25; en contra, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 11 en los mismos términos acordados en la Mesa de 19 de febrero de 2019.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 5; en contra, 27; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 6 de Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 32; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 16 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 25; en contra, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 17 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 16; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Les comunico que el plazo de presentación de las propuestas de resolución -lo vuelvo a repetir- finaliza mañana día 26 a las ocho de la tarde. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.